El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha reclamado al Tribunal Constitucional que anule la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal. En su recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, García Ortiz afirma que el Alto Tribunal “hizo una valoración irracional y arbitraria de los indicios” y vulneró sus derechos fundamentales durante el proceso y en la propia sentencia que suscribieron cinco de los siete miembros del tribunal. 

El Alto Tribunal consideró que García Ortiz o alguien de su “entorno” filtraron un correo del abogado de González Amador a la prensa, además de difundir su confesión de fraude fiscal en un comunicado. Su condena implicó una inhabilitación de dos años para ejercer como fiscal general –cargo que él mismo abandonó días después–, el pago de una multa y una indemnización.

La Abogacía del Estado, que representa en este proceso al fiscal general, denuncia que en la sentencia que firmaron los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela se hizo una valoración arbitraria de la prueba, dado que “la imputación de la autoría” se sustentó “en meras inferencias abiertas, omitiendo prueba de descargo”.

“La sentencia construyó la condena mediante un análisis fragmentado y parcial, prescindiendo de hechos y pruebas de descargo que cuestionaban la inferencia incriminatoria”, dice el escrito, que hace alusión, en este punto a los testimonios de los periodistas que aseguraron tener el correo electrónico de la confesión de fraude fiscal del empresario antes de que lo obtuviera el fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024 o que negaron categóricamente que el fiscal general fuera su fuente. 

Esos testimonios no fueron tenidos en cuenta en la sentencia, en lo que la defensa de García Ortiz considera “una nueva delimitación del ámbito del secreto profesional” que le permite omitirlos. Y recuerda que la jurisprudencia constitucional se centra en una concepción del secreto como un derecho a no revelar sus fuentes y a guardar silencio que es también una garantía al servicio del derecho a la información. 

Borrado del teléfono de García Ortiz

El escrito denuncia, por otro lado, que el Supremo infringió el derecho a la presunción de inocencia y a no declarar contra sí mismo de García Ortiz. Así, critica que el tribunal utilizara el borrado del teléfono móvil del entonces fiscal general como un indicio de autoinculpación. “La interpretación que recoge la sentencia vulnera el derecho a no declarar contra uno mismo, ya que el borrado equivale a un silencio por parte del acusado, más aún cuando no existe ninguna prueba de que la supuesta filtración fuera hecha por alguno de los terminales borrados”, sostiene el recurso. 

El recurso defiende, asimismo, que la nota de prensa que hizo pública la Fiscalía para desmentir un bulo propagado horas antes por el entorno de la Comunidad de Madrid fue un ejercicio legítimo de libertad de expresión. Sostiene que su objetivo no era incriminar, sino desmentir una información “absolutamente falsa e infundada” y que representaba una grave descalificación de la neutralidad política y servicio al principio de legalidad que deben caracterizar la actuación de la Fiscalía. 

El recurso también cuestiona el registro de la Guardia Civil en el despacho del fiscal general, que califica de “desproporcionado”. Sostiene que la orden del juez instructor de ordenar ese registro y la incautación de mensajes y correos, al principio con pocos límites temporales, fue una medida “de gran ambigüedad en cuanto al material concreto a incautar”. Critica, por ejemplo, que esta ausencia de modulación incrementó la desproporción, al no excluir ni siquiera aquello que claramente estaba protegido, como las comunicaciones privadas familiares, datos médicos o materiales ajenos al caso. 

Interpretación “expansiva y novedosa”

El recurso expone, por otro lado, que el objeto de la acusación “se ha modificado en varias ocasiones” a lo largo de la instrucción: fluctuó entre la filtración del correo, el envío a presidencia del Gobierno y la propia nota de prensa. Y que eso llegó hasta el punto de “no llegar a saberse en concreto qué hechos eran objeto de la investigación y posteriormente de enjuiciamiento e impidiendo su defensa”. 

Por último, la Abogacía del Estado acusa al Supremo de realizar una interpretación “expansiva y novedosa” del delito de revelación de secretos al considerar delictiva la mención en un comunicado oficial de datos que ya estaban en “el centro del debate mediático”, como la pretensión de la pareja de Ayuso de llegar a un acuerdo con la Fiscalía. 

La Abogacía sostiene que solo puede ser delito revelar algo “ignorado o secreto”, y en este caso es imposible revelar jurídicamente una información que ya era de conocimiento público, al haber sido previamente publicada por multitud de medios de comunicación y autodivulgada por el propio investigado. 

La Fiscalía reclama al Tribunal Constitucional que anule la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por la filtración de la confesión de culpa del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal.

El recurso solicita amparo al tribunal de garantías al sostener que los magistrados de la Sala Segunda vulneraron cinco derechos fundamentales de García Ortiz tanto durante la investigación judicial como en la sentencia. Y defiende que el ex fiscal general se limitó a ejercer su deber de “informar verazmente” sirviéndose de datos que ya eran conocidos frente a “imputaciones delictivas falsas aparecidas en los medios”. 

El Ministerio Fiscal denuncia que el Supremo vulneró el derecho a la presunción de inocencia de García Ortiz porque realizó una valoración “sesgada e irrazonable” de los testimonios de los periodistas que aseguraron tener el correo electrónico de la confesión de fraude fiscal del empresario antes de que lo obtuviera el fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024 o que negaron categóricamente que el fiscal general fuera su fuente. 

El recurso acusa a los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela de hacer una interpretación del derecho constitucional de los periodistas a no revelar sus fuentes que supone “una grave coacción moral” sobre los informadores. Y cuestiona que para el Supremo exista “una suerte de licencia constitucional para mentir que inhabilita de antemano la credibilidad del testimonio de descargo prestado por un periodista que se ha acogido a dicho secreto”.

El escrito argumenta, por otro lado, que la condena se basó en una prueba indiciaria débil, excesivamente abierta y con explicaciones alternativas mucho más razonables que la culpabilidad. Así, la Fiscalía trata de rebatir algunos de los principales indicios que sustentan el fallo. Uno de ellos es la llamada de cuatro segundos que realizó a García Ortiz Miguel Ángel Campos, el periodista de la Cadena SER al que, según la sentencia, filtró el correo. Según el Ministerio Público, esa llamada es compatible con un buzón de voz o una llamada no atendida. 

El periodista testificó en la vista que solo duró cuatro segundos, porque el fiscal general no respondió y saltó el buzón de voz. García Ortiz, por su parte, afirmó que en ese momento estaba hablando con la jefa de la fiscalía provincial de Madrid. 

El recurso ante el Constitucional se refiere también a la prisa por conseguir los correos, que es otro de los indicios que recoge la sentencia condenatoria. La Fiscalía defiende que la urgencia para reunir los correos se explica por la necesidad de desmentir un bulo propagado horas antes por el entorno de la Comunidad de Madrid, no por el deseo de filtrarlos. Y cuestiona la afirmación que hace la sentencia sobre el “círculo reducido” que pudo acceder al correo filtrado al sostener que circuló por multitud de carpetas compartidas a las que tuvieron acceso decenas de personas. 

El Supremo consideró que García Ortiz o alguien de su “entorno” filtraron un correo del abogado de González Amador a la prensa, además de difundir su confesión de fraude fiscal en un comunicado. En su recurso, la Fiscalía considera “impropia del razonamiento probatorio de una sentencia penal” esa “críptica referencia” al entorno del acusado y cuestiona que en la sentencia no se haga “el más mínimo esfuerzo en delimitar ese entorno”. 

El recurso también alega una vulneración del derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a un proceso justo en relación con el registro de la Guardia Civil en el despacho del fiscal general, que califica de “ilegal”. Sostiene que la orden del juez instructor de ordenar ese registro y la incautación de mensajes y correos, al principio con pocos límites temporales, fue una medida “indiscriminada y desproporcionada”, impropia para este tipo de delito y que no tuvo en cuenta la enorme sensibilidad de la información custodiada.

Asimismo, la Fiscalía considera que la sentencia vulneró el derecho de García Ortiz a conocer la acusación dado que introdujo de forma “sorpresiva” la condena como un delito autónomo por la nota de prensa que la Fiscalía emitió en marzo de 2024 para combatir los bulos del caso. Y también el principio de legalidad al haber condenado al entonces fiscal general por publicar una nota de prensa que contenía información que ya era de dominio público. A su juicio, eso desborda los límites del Código Penal, ya que no se puede “revelar” un secreto que ya circula en los medios. 

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, anunció este lunes en una entrevista en el programa La noche en 24 horas de TVE que la Fiscalía presentará su propio recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia que condenó a su predecesor, Álvaro García Ortiz.

“Recientemente, me planteó la teniente fiscal del Tribunal Supremo [María Ángeles Sánchez Conde] su intención de interponer un recurso de amparo y, por lo tanto, lo que he hecho es dictar un decreto designando a la teniente fiscal del Supremo para la interposición de ese recurso”, afirmó Peramato. En paralelo, la Abogacía del Estado, que representó a García Ortiz en el proceso, tiene intención de presentar su propio recurso antes de que acabe el mes de marzo, de acuerdo a las fuentes consultadas por elDiario.es. 

El pasado febrero, el Tribunal Supremo rechazó anular la sentencia que condenó a dos años de inhabilitación al ex fiscal general del Estado. El Alto Tribunal consideró que García Ortiz o alguien de su “entorno” filtraron un correo del abogado de González Amador a la prensa, además de difundir su confesión de fraude fiscal en un comunicado. Su condena implicó una inhabilitación de dos años para ejercer como fiscal general –cargo que él mismo abandonó días después–, el pago de una multa y una indemnización.

La sentencia del Supremo es firme y no se puede impugnar, por lo que solo cabía solicitar su nulidad para, después, poder acudir al tribunal de garantías, que es el paso que darán ahora la Fiscalía y García Ortiz. En su recurso de nulidad ante el Supremo, la defensa de García Ortiz argumentó que se habían vulnerado múltiples derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, la defensa y la tutela judicial efectiva y denunció siete motivos de nulidad. 

La teniente fiscal del Supremo, por su parte, sostuvo que los jueces de la Sala de lo Penal habían ignorado “sin explicación alguna” las pruebas que exoneraban a García Ortiz y que lo condenaron por una “filtración inexistente”. Afirmó que los jueces realizaron una “incompleta selección de los hechos” al omitir los testimonios clave de periodistas que aseguraron tener el correo electrónico de la confesión de fraude fiscal del empresario antes de que lo obtuviera el fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024.

García Ortiz se incorporó hace unas semanas como fiscal a la Sección Social del Supremo tras la decisión de Peramato de no expulsarle de la carrera tras su condena. La fiscal general argumentó que, al no haber sido condenado a prisión, debe aplicársele el mismo criterio que rige para los jueces, que solo pierden su condición si hay prisión.

La nueva fiscal general del Estado ha afrontado este viernes su primer gran pulso ante la cúpula fiscal con una batería de 17 nombramientos. Teresa Peramato, que llegó a la institución afirmando que contaría con “todos” para tratar de “sanar” la “profunda herida” generada por la condena a Álvaro García Ortiz, ha optado por ascender a antiguos colaboradores de su predecesor, aunque también ha nombrado a perfiles no asociados o próximos a la asociación conservadora. 

Tras oír al Consejo Fiscal, uno de los tres puestos de fiscal de Sala jefe de la Sección Penal del Tribunal Supremo ha sido para Ana García León, que fue fiscal jefa de la Secretaría Técnica con García Ortiz y una de las personas de máxima confianza del ex fiscal general. Otro lo ocupará la actual fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, que no está asociada aunque tiene un perfil progresista, de acuerdo a las fuentes fiscales consultadas por elDiario.es. 

Además, Peramato ha optado por mantener en la tercera de esas jefaturas a Javier Huete, que fue uno de fiscales de la máxima categoría que firmó un escrito que pedía formalmente la dimisión de García Ortiz tras su declaración como investigado en la causa abierta contra él por revelación de secretos tras la querella del comisionista Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. 

Esa misiva, entre otras, llevaba también las firmas de los cuatro fiscales del procés, que mantuvieron un enfrentamiento abierto con García Ortiz prácticamente desde su llegada a la cúpula de la Fiscalía. Dos de ellos —Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, que fue fiscal general del Estado con Mariano Rajoy (PP)— optaban a una de esas jefaturas, pero Peramato ha optado por otros perfiles. 

Del Consejo Fiscal de este viernes también han salido tres nuevos fiscales del Supremo, en este caso sin categoría de jefe. Uno de esos puestos es para Diego Villafañe, que fue teniente fiscal de la Secretaría Técnica con García Ortiz y a quien Peramato mantuvo en ese puesto. Villafañe, que estuvo imputado en la causa abierta tras la querella de la pareja de Ayuso y que declaró como testigo en el juicio, ha sido uno de los más estrechos colaboradores del ex fiscal general.

También ascienden al Supremo la actual fiscal jefa de Cuenca, Isabel Gómez, que desde junio de 2022 era vocal del Consejo Fiscal por parte de la conservadora Asociación de Fiscales. Y Antonio Colmenarejo, que estuvo en la Secretaría Técnica con García Ortiz y que está especializado en materias como el medio ambiente y urbanismo. A uno de esos puestos optaba la fiscal jefa de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, enfrentada a García Ortiz, que no ha resultado elegida.

Al frente de la Fiscalía de Sala de Discapacidad seguirá la ex fiscal general María José Segarra, que era la única aspirante al puesto. Segarra, que fue la primera fiscal general nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez, también firmó la carta en la que se pedía la dimisión de García Ortiz tras su declaración en el Supremo en enero del año pasado.

La Fiscalía de Sala de Medio Ambiente pasará a manos de Javier Rufino, que actualmente es teniente fiscal de la Inspección Fiscal, donde ha asumido la redacción de las actas de medio ambiente. Rufino no está asociado, aunque se le atribuye una sensibilidad conservadora, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Peramato también ha hecho dos nombramientos en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Una de las propuestas ha sido Raquel Muñoz, que también formó parte de la Secretaría Técnica con el ex fiscal general. El otro es Ignacio Rodríguez, que en la actualidad era letrado del tribunal de garantías y que formó parte del grupo de expertos que hizo un proyecto de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal durante el mandato del ministro Juan Carlos Campo (PSOE).

Además, en la Audiencia Nacional recalará Beatriz López Pesquera, que también formó parte del equipo de García Ortiz en la Secretaría Técnica y que está asociada a la Unión Progresista de Fiscales, asociación que presidió Peramato en el pasado. Por otro lado, logra una plaza fija en la Fiscalía Anticorrupción Virna Alonso, que era decana de la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid.

Tres meses después de tomar posesión tras la histórica sentencia que inhabilitaba a su predecesor, la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, afronta este viernes su primer gran pulso ante la cúpula del Ministerio Público. El Consejo Fiscal, que ejerce como órgano asesor y tiene mayoría conservadora, se pronunciará sobre la provisión de 19 plazas, si bien la última palabra sobre esas designaciones la tendrá Peramato. Fuentes fiscales dan por hecho que ascenderá a antiguos colaboradores de Álvaro García Ortiz, aunque también nombrará a independientes y miembros de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales. 

Peramato se enfrenta al reto de construir su liderazgo en un escenario complejo y tras una época marcada por la oposición a la cúpula de la Fiscalía por parte de los sectores más conservadores del Ministerio Público. Esa oposición la han encarnado, entre otros, los fiscales que ejercieron la acusación en el juicio del procés, que mantuvieron un enfrentamiento abierto con García Ortiz prácticamente desde su llegada a la cúpula de la Fiscalía. 

Ahora, dos de ellos —Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, que fue fiscal general del Estado con Mariano Rajoy (PP)— optan a ocupar alguno de los tres puestos de fiscal de Sala jefe de la Sección Penal del Tribunal Supremo. Por ese ascenso competirán, entre otras siete personas, con Ana García León, que fue fiscal jefa de la Secretaría Técnica con García Ortiz y una de las personas de máxima confianza del ex fiscal general. Tras su cese, García León fue sustituida por Julio Cano, que ejercía como fiscal superior en Baleares. 

En uno de esos puestos aspira a mantenerse Javier Huete, que fue uno de fiscales de la máxima categoría que firmó un escrito que pedía formalmente la dimisión de García Ortiz tras su declaración como investigado en la causa abierta contra él por revelación de secretos tras la querella del comisionista Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Esa misiva, entre otras, llevaba también las firmas de los cuatro fiscales del procés. 

Entre los aspirantes a una de esas jefaturas está también Álvaro Redondo, el fiscal que hizo el informe que descartaba que hubiera base para perseguir por terrorismo a Carles Puigdemont en el caso Tsunami Democrátic. Redondo, que pertenecía a la conservadora Asociación de Fiscales, se dio de baja después de que los seis vocales de esa asociación votaran en contra de otorgarle el amparo por los ataques que recibió de la prensa tras trascender el dictamen en el que descartaba el delito de terrorismo y la imputación de Puigdemont y que fue rechazado por la mayoría de los fiscales de lo Penal del Supremo. 

Esas tres jefaturas han quedado vacantes debido al puesto que dejó Peramato al asumir la plaza de fiscal general, a la próxima jubilación de otro de los fiscales del procés, Fidel Cadena, y a la finalización del mandato de Huete, que opta a la reelección. 

Colaboradores de García Ortiz

Del Consejo Fiscal de este viernes también saldrán tres nuevos fiscales del Supremo, en este caso sin categoría de jefe. A uno de esos puestos aspira Diego Villafañe, que fue teniente fiscal de la Secretaría Técnica con García Ortiz y a quien Peramato mantuvo en ese puesto. Villafañe, que estuvo imputado en la causa abierta tras la querella de la pareja de Ayuso y que declaró como testigo en el juicio, ha sido uno de los más estrechos colaboradores de García Ortiz. 

A una de esas plazas también concurre la fiscal jefa de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, enfrentada a García Ortiz. De hecho, ambos se lanzaron severos reproches durante la vista oral, en la que ella compareció como testigo y afirmó que sospechó desde el principio del entonces fiscal general como autor de la filtración del correo electrónico vinculado al empresario González Amador. 

También se renueva la Fiscalía de Sala de Discapacidad, en la que será renovada su actual titular, la ex fiscal general María José Segarra, que es la única aspirante al puesto. Segarra, que fue la primera fiscal general nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez, también firmó la carta en la que se pedía la dimisión de García Ortiz tras su declaración en el Supremo en enero del año pasado. También sale a concurso la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente tras la jubilación de su anterior representante, Antonio Vercher. 

En la sesión de este viernes se resolverán, asimismo, destinos en las Fiscalías Anticorrupción, Antidroga, ante el Tribunal Constitucional y en la Audiencia Nacional, además de varias jefaturas provinciales. En la relación de aspirantes aparecen otros tres integrantes de la Secretaría Técnica, lo que evidenciará hasta qué punto la nueva fiscal general opta por ascender a perfiles vinculados a la figura de su predecesor apenas tres meses después de afirmar que su voluntad era contar con “todos” los miembros del Ministerio Público para tratar de “sanar” la “profunda herida” generada por la condena a García Ortiz.

El Tribunal Supremo rechaza anular la sentencia que condenó a dos años de inhabilitación al ex fiscal general del Estado por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por dos delitos fiscales. En un auto, la Sala de lo Penal desestima los incidentes de nulidad promovidos por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado, esta última en representación de Álvaro García Ortiz y, por tanto, confirma la condena. El auto incluye el voto particular suscrito por las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que discrepan con la decisión mayoritaria.

En su recurso, la defensa de García Ortiz argumentó que se habían vulnerado múltiples derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, la defensa y la tutela judicial efectiva y denunció siete motivos de nulidad. La presentación de un incidente de nulidad es un trámite previo y obligado para interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La sentencia del Supremo es firme y no se puede impugnar, por lo que sólo cabía solicitar su nulidad para, después, poder acudir al tribunal de garantías, que es el paso que dará ahora García Ortiz.

La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, sostenía en su escrito que los jueces de la Sala de lo Penal habían ignorado “sin explicación alguna” las pruebas que exoneraban a García Ortiz y que lo condenaron por una “filtración inexistente”. Afirmó que los jueces realizaron una “incompleta selección de los hechos” al omitir los testimonios clave de periodistas que aseguraron tener el correo electrónico de la confesión de fraude fiscal del empresario antes de que lo obtuviera el fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024.

La mayoría del tribunal responde que sí valoró esa prueba de descargo, pero consideró que los testimonios debían ser “tamizados” por el derecho al secreto profesional de los periodistas y que existía un conjunto de “indicios” suficientemente sólidos como para sustentar la condena.

La Fiscalía también acusó a la Sala de lo Penal de introducir un “hecho novedoso que trastoca de modo radical el objeto del proceso” al considerar delictivo el citado comunicado de la Fiscalía sobre el caso, algo que no se debatió ni imputó durante la instrucción y que se introdujo en la sentencia “de un modo deliberadamente ambiguo”. Frente a esa queja, la Sala subraya que tanto la filtración del correo como la publicación de la nota informativa formaron parte del objeto del proceso penal desde el principio, por lo que el acusado pudo defenderse plenamente de ambos hechos.

En sus escritos, ambos recurrentes sostenían también que no se puede “revelar” un secreto que ya era público en los medios de comunicación. Su tesis era que como los datos habían sido difundidos previamente por radio, televisión y en prensa escrita habían dejado de ser secretos, por lo que no pueden integrar el delito de revelación de secretos conforme al tenor literal de la norma.

El Supremo rebate, sin embargo, que el deber de “confidencialidad” del fiscal general exigía no divulgar esos datos reservados obtenidos por razón de su cargo, y que hacerlo produjo una “lesión” a la presunción de inocencia del empresario, independientemente de las filtraciones previas.

El voto particular da credibilidad a los periodistas

El voto particular firmado por las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer expresa su discrepancia con la decisión de la mayoría y afirma que los incidentes de nulidad presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado deberían haber sido estimados. En esencia, las magistradas se reafirman en los argumentos que ya expusieron en la sentencia condenatoria, en la que consideraron que no había quedado probado que García Ortiz “o su entorno” filtraran el correo en el que la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía el fraude fiscal. Tampoco veían delito en la difusión de una nota de prensa para desmentir informaciones sobre el caso “no ajustadas a la verdad”.

Ambas magistradas denuncian que la mayoría no ha tenido en cuenta las pruebas de descargo. En concreto los testimonios bajo juramento de los periodistas. Subrayan que estos testigos afirmaron tener el correo antes de que se publicara la nota de la Fiscalía y que varios de ellos negaron de forma expresa que García Ortiz fuera su fuente. A juicio de las magistradas, los testimonios de estos informadores fueron “creíbles” por su contundencia, por no incurrir en contradicciones con sus declaraciones anteriores y, en especial, porque contaban con corroboraciones periféricas. 

El empresario y comisionista Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sostiene ahora que no cometió los delitos fiscales por los que será enjuiciado. Antes había admitido de manera oficial todo lo contrario: confesó a través de su abogado el doble fraude fiscal ante los inspectores de Hacienda en octubre de 2023 cuando descubrieron múltiples engaños en sus declaraciones tributarias, intentó devolver lo defraudado cuando ya no podía, y acordó con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en junio de 2024 un relato de hechos donde admitía dos delitos a cambio de ver rebajada la petición de cárcel a sólo ocho meses.

Entre la admisión de su culpa y la defensa de su inocencia ha pasado más de un año y un juicio en el Supremo donde cinco de los siete magistrados del Tribunal condenaron sin pruebas al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar datos reservados sobre Alberto González Amador. El fiscal general del Estado difundió una nota en la que informaba que el comisionista había propuesto un acuerdo de conformidad en el que admitía los delitos cometidos. De esa manera, el fiscal general desmentía el bulo lanzado por el entorno del novio de Ayuso y publicado por determinados medios de comunicación para denunciar en falso una cacería política de los poderes del Estado contra González Amador.

La defensa del novio de Ayuso dedica la mitad del escrito presentado el jueves en el juzgado a detallar la sentencia del Supremo que inhabilita al fiscal general del Estado por revelar el dato reservado de la confesión de culpa del empresario. Los abogados plantean esta circunstancia para denunciar que se ha vulnerado la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de su cliente ante el juicio que tiene pendiente por dos delitos fiscales.

El Tribunal Supremo dedicó dos páginas de su sentencia a argumentar por qué la condena al fiscal general no podía utilizarse para pedir la anulación del juicio a González Amador por el doble fraude: “Es precipitado e infundado alimentar la impresión de que los jueces llamados a resolver esa causa penal no podrán resolver con profesionalidad y en derecho sobre las pretensiones acusatorias, en su caso, articuladas. Hay que presumir que serán plenamente conscientes de la imposibilidad de utilizar como prueba en el proceso ese mensaje indebidamente difundido. Y que, en consecuencia, saldrán al paso de cualquier intento de introducirlo, de forma directa o indirecta, como elemento probatorio”, señala el fallo.

El origen de la causa penal abierta a González Amador es la declaración defraudatoria que presentó ante Hacienda en mayo de 2021, cuando ya mantenía una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. La declaración del Impuesto de Sociedades de Maswell Cremona, la empresa propiedad de González Amador, incluyó unos gastos de 620.000 euros en 2020 por el pago de una supuesta comisión a una empresa mexicana, MKE. El contrato de colaboración con MKE que González Amador aportó a Hacienda establecía que eran necesarios nuevos contratos para abonar comisiones por cada negocio logrado en México. Pero nunca hubo nuevos contratos, ni tampoco negocios por los que pagar comisiones. Cuando la Inspección pidió explicaciones sobre esa factura, González Amador decidió anularla. Entonces, la Agencia Tributaria concluyó: “Se hizo para eludir parte de la tributación”.

El empresario había logrado como comisionista en 2020 el negocio de su vida en los peores meses de la pandemia. Ganó casi dos millones de euros como consecuencia de intermediar en una compraventa de mascarillas por la que facturó el 4,5% del monto de la operación. González Amador puso en contacto a una empresa gallega, MAPE, con la firma catalana FCS, que adquiría el material en China. Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, la firma a la que facturaba sus servicios González Amador antes del pelotazo de las mascarillas, era a su vez consejero de MAPE, la sociedad que adquirió el material a FCS en una operación que enriqueció al novio de Ayuso.

Cuando González Amador ya sabía que Hacienda le había abierto una inspección por las facturas falsas de MKE, presentó la declaración del impuesto de Sociedades del año siguiente y perpetró un engaño parecido. En este caso, presentó una factura por 922.585 euros a nombre de Gayani, una firma de Costa de Marfil que supuestamente había intermediado para conseguir que el novio de Ayuso vendiera vacunas al Gobierno de aquel país. González Amador nunca hizo ese pago a favor de Gayani; el Gobierno de Costa de Marfil nunca aceptó comprarle vacunas. Pero el novio de Ayuso se desgravó ese gasto inexistente, y otros menores de varias empresas andaluzas que también resultaron falsos. Todo para ahorrarse 155.000 euros y 195.000 euros en las declaraciones del impuesto de Sociedades de 2020 y 2021 respectivamente.

Hacienda acreditó estos engaños tras una inspección exhaustiva que duró casi dos años: “Esta reiteración de situaciones similares acontecidas en 2020 y 2021 lleva a la Inspección a considerar que no nos encontramos ante meros errores de registros contables y deducciones fiscales de facturas recibidas de gran importe en los ejercicios en los que la mercantil incrementa de forma significativa su facturación. Sino que este actuar puede responder a un patrón organizado tendente a evitar la tributación que hubiera acontecido a la mercantil ante el incremento de la facturación, eludida mediante la búsqueda, registro y deducción de facturas relativas a servicios no acometidos, no relacionados con la actividad y no pagados que se han deducido indebidamente y justificado como errores corregidos en ejercicios fiscales en curso y en el momento en el que la Inspección requiere su acreditación, conseguidos mediante la utilización de facturas que se acreditan falsas o falseadas”.

Cuando González Amador se dio cuenta de que Hacienda descubrió sus reiterados fraudes, intentó evitar el juicio por los dos delitos fiscales devolviendo las cantidades que había defraudado a través de la declaración del Impuesto de Sociedades que presentó en 2023. Pero ya era tarde porque la Ley establece con detalle que ningún contribuyente puede regularizar su situación una vez que tiene abierta una inspección fiscal.

Octubre 2023. González Amador, ante Hacienda: “No intenté cometer un fraude delictivo, cuando entendí la gravedad de los hechos ingresé esas cantidades en Hacienda”

Los inspectores fiscales que analizaron las declaraciones de González Amador concluyeron que “con la finalidad de eludir el incremento del pago de impuestos por su empresa decidió deducir fiscalmente gastos que no respondían a prestaciones reales”, para lo que el novio de Ayuso había utilizado “facturas falsas y falseadas emitidas por mercantiles carentes de medios humanos y materiales para la prestación de los servicios facturados”.

González Amador respondió a través de sus abogados:  “Fue un error. No intenté cometer un fraude delictivo pero cuando entendía la gravedad de los hechos procedí a ingresar esas cantidades en Hacienda”.

Junio 2024. Ante la Fiscalía y Abogacía del Estado: “Declaré gastos en los que no incurrí para reducir el beneficio sujeto a tributación”

El novio de Ayuso pactó un escrito de conformidad con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en la víspera de su declaración ante el juez, prevista para el 24 de junio de 2024. En ese texto, González Amador asumía que debido al aumento de beneficios derivados del incremento del volumen de negocios que había experimentado en los ejercicios 2020 y 2021, había hecho constar en sus declaraciones “gastos en los que en realidad no había incurrido para reducir el beneficio sujeto a tributación”. Además, reconocía que  “había obtenido de los acusados Maximiliano Eduardo Niederer González y David Herrera Lobato facturas que no reflejaban servicios reales para documentar así gastos que fueran deducible para el obligado tributario”.

Ese acuerdo nunca se llegó a aplicar porque el juzgado decidió abrir una nueva investigación por corrupción en los negocios tras la reclamación que hicieron las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid. González Amador compró por 500.000 euros una empresa sin apenas valor a la mujer del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino. Esa operación, según las acusaciones populares, podría camuflar el pago de una comisión ilegal a Camino por haber facilitado al novio de Ayuso el negocio de dos millones de euros por la intermediación en la venta de mascarillas.

Febrero 2026. Ante el juez: “La deducción anticipada de un gasto real no merece reproche penal”

La mitad del escrito de defensa presentado por González Amador, procesado por un doble delito fiscal, defiende que no merece reproche penal el hecho de que el empresario comisionista incluyera en sus declaraciones gastos previstos pero que finalmente no tuvo pero que sirvieron para desgravárselos y pagar menos impuestos: “La Agencia Tributaria no considera que en estos casos de incorrecta contabilización temporal, el ingreso anticipado o la deducción anticipada de un gasto real merezca ningún reproche penal, como revelan las regularizaciones en vía administrativa de la activación de los gastos anticipadamente deducidos por BAYESIAN y por APA, lo que nos conduce a qué tratamiento tributario prevé el ordenamiento jurídico para estos supuestos. Respondiendo las facturas a servicios reales, esos gastos se habrían contabilizado (excepto en las cuantías abonadas) de forma incorrecta y anticipada por estar vinculados, al menos en parte, a la generación de ingresos que no se produjeron, debiendo haberse contabilizado cuando dichos ingresos se hubieran producido sin que lo anterior constituya actividad delictiva alguna”.

Para apuntalar su defensa, González Amador contrató los servicios de un perito, ex inspector de Hacienda, cuyos cálculos sitúan el fraude cometido por debajo de los 120.000 euros en cada ejercicio, lo que descarta el delito. Y concluye: “Los hechos realmente acaecidos no son constitutivos de delito alguno, ni de delito contra la Hacienda Pública tipificado en el artículo 305 del Código Penal, ni de falsedad documental, ni delito contable, ni de un delito de pertenencia a grupo criminal”.

Posdata: Los abogados de Alberto González Amador señalan en la cuestión previa del escrito de defensa que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reveló “a la Cadena Ser, al diario El País y a la opinión pública los correos electrónicos en los que se plasmaba la posición de conformidad de la defensa del ahora acusado D. Alberto González Amador y, específicamente, del email de 2 de febrero de 2024 en el que la defensa señalaba que ciertamente se han cometido dos delitos contra la hacienda pública”. Los periodistas de El País declararon en el juicio del Supremo que la información sobre el ofrecimiento de una conformidad por parte de González a cambio del pago de una multa y del reconocimiento de los delitos fue facilitada por personal de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, sin relación alguna con el fiscal general del Estado. Sobre esa circunstancia aportaron pruebas durante el procedimiento que acreditaban que El País conoció esa información mucho antes de que García Ortiz comenzara a recabarla. La sentencia no desmintió estos hechos.

Álvaro García Ortiz ha recurrido la decisión del Tribunal Supremo de fijar en 79.942,70 euros los honorarios del abogado del empresario Alberto González Amador que debe abonar en virtud de su condena. En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa del ex fiscal general del Estado argumenta que la cifra es “manifiestamente desproporcionada” y propone reducirla a 4.240 euros. 

Alega, entre otras cuestiones, que incluye costas de la fase en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid donde no estaba imputado o actuaciones referidas a la fiscal Pilar Rodríguez, que no se llegó siquiera a sentar en el banquillo. A su juicio, la cifra es “absolutamente incompatible con los reiterados criterios de proporcionalidad, moderación y razonabilidad exigidos de forma constante por el Tribunal Supremo para la inclusión de honorarios en una tasación de costas”. 

El Supremo asumió íntegramente los 64.778,78 euros en costas que habían sido reclamados por el letrado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, a los que añadió el IVA. Además, García Ortiz tendrá que pagar 1.560,38 euros a la procuradora. La cifra finalmente acordada cuadruplica la condena que impuso el Supremo a García Ortiz entre la multa y la indemnización después de declarar probado que él o alguien de “su entorno” filtraron a la prensa un correo con la confesión de fraude fiscal del comisionista.

La Sala de lo Penal, con dos magistradas en contra, condenó al ex fiscal general del Estado al responsabilizarle de la filtración. La condena fue a dos años de inhabilitación para ejercer como líder de la Fiscalía, a los que se sumaron dos sanciones económicas: una multa de 7.200 euros y la obligación de indemnizar con 10.000 euros a González Amador por las consecuencias de la filtración. Son cifras que están por debajo de los 300.000 euros de resarcimiento que había pedido la pareja de Ayuso y también de la multa de 108.000 euros solicitada.

Respecto a las costas, el Alto Tribunal sí acogió los argumentos del letrado de González Amador, que alegó el “innegable” esfuerzo realizado debido a la complejidad de un caso que, además, fue muy mediático. Así, argumentó que el procedimiento fue difícil porque tuvo que enfrentarse no solo a la defensa del acusado, sino a la maquinaria del Estado, dado que la Fiscalía, al no acusar a García Ortiz, no adoptó una posición “neutral” y, además, fue defendido por la Abogacía del Estado. 

La defensa de García Ortiz considera que la cifra de 79.942,70 euros es incompatible con la complejidad real del procedimiento y con la cuantía de la responsabilidad civil, fijada en 10.000 euros. Afirma, además, que la mayoría de las diligencias solicitadas por la acusación particular fueron rechazadas, carecieron de utilidad real o se refieren a actuaciones ajenas a la defensa del ex fiscal general. Y recuerda que el “contexto institucional” y la presencia en medios son elementos extrajurídicos que no aumentan la carga de trabajo legal y no pueden usarse para inflar la factura. 

Por otro lado, el ex fiscal general reclama que el Ilustre Colegio Abogados de Madrid no pueda realizar un informe sobre las costas. Argumenta su “falta de idoneidad” para pronunciarse sobre ello. La entidad profesional fue la primera en presentar una querella contra la Fiscalía por este asunto y, después, ejerció la acusación popular. Llegó a pedir una condena de cuatro años de cárcel para García Ortiz.

La Fiscal Jefa Inspectora, María Antonia Sanz Gaite, ha dirigido un escrito a todos los miembros de la carrera en el que justifica la decisión de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de no expulsar a Álvaro García Ortiz tras su condena por revelación de datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, argumenta que, al no haber sido condenado a prisión, debe aplicársele el mismo criterio que rige para los jueces, que sólo pierden su condición si hay prisión.

El Tribunal Supremo consideró que García Ortiz o alguien de su “entorno” filtraron un correo del abogado de González Amador a la prensa, además de difundir su confesión de fraude fiscal en un comunicado. Su condena implicó una inhabilitación de dos años para ejercer como fiscal general –cargo que él mismo abandonó días después–, el pago de la una multa y una indemnización.

Según una interpretación literal del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), un fiscal perdería su condición por cualquier condena por delito doloso [intencionado] superior a “seis meses”, incluso si la pena es solo una multa. En cambio, los jueces solo pierden su condición si la condena implica cárcel, de acuerdo a la ley del Poder Judicial. A juicio de la Fiscalía resulta “desigual e injustificadamente más gravoso el tratamiento dispensado a los miembros del Ministerio Fiscal”. 

El escrito explica que esta “sensible diferencia” entre las normas reguladoras de los estatutos de fiscales y jueces fue analizada por la Inspección Fiscal en el año 2019, que determinó que el “rigor” del Estatuto “podía salvarse con una interpretación integradora de su redacción para incorporar la referencia a las penas privativas de libertad”, tal y como establece la ley del Poder Judicial. Asegura que ese el criterio que se ha seguido desde entonces y que existe “al menos un precedente más referido a un fiscal condenado por delito doloso”.

Sanz Gaite recuerda que esa “interpretación” coincide con la realizada por la Sala de lo Contencioso-Administrativos, que determinó en una sentencia de 2017 que “si la condena por delito doloso no conlleva privación de libertad, entonces no habrá pérdida de la condición judicial o fiscal”.

La comunicación afirma, en este sentido, que la jurisprudencia constitucional y la doctrina científica administrativista ha establecido también que la Administración no puede imponer un “plus aflictivo”, esto es, un castigo adicional que vaya más allá de la sentencia penal, ya que esto vulneraría derechos constitucionales y la tutela judicial efectiva. 

El decreto por el que la actual fiscal general permitió el regreso a la carrera de García Ortiz ha sido recurrido por el empresario y comisionista González Amador. En su escrito defendió que la condena conlleva la pérdida de la condición de fiscal y no una mera suspensión o sustitución por una sanción menor. Los abogados de González Amador insisten en que García Ortiz ha “quebrado dolosamente el deber de secreto” y sostienen que eso es incompatible con mantener su plaza en la carrera fiscal.

La causa contra Álvaro García Ortiz ha llegado a un nuevo punto de conflicto después de ser condenado: las costas judiciales. La pareja de Isabel Díaz Ayuso, según ha adelantado esta mañana el periódico El Mundo, ha solicitado que el ex fiscal general del Estado pague casi 65.000 en costas por los honorarios generados por su abogado durante la tramitación de la causa. Una petición que cuadruplica la condena que impuso el Tribunal Supremo a García Ortiz entre la multa y la indemnización después de declarar probado que él o alguien de “su entorno” filtraron a la prensa un correo con la confesión de fraude fiscal del comisionista.

La Sala de lo Penal, con dos magistradas en contra, decidió condenar al ex fiscal general del Estado al responsabilizarle de la filtración. Una condena de dos años de inhabilitación para ejercer como líder de la Fiscalía añadida a dos sanciones económicas: una multa de 7.200 euros y la obligación de indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador por las consecuencias de la filtración. Muy por debajo de los 300.000 euros de resarcimiento que había pedido la pareja de Ayuso y también de la multa de 108.000 euros que había pedido.

El Supremo condenó a García Ortiz a pagar las costas de la acusación particular y la mitad de “las restantes” y ahora la defensa del empresario, ejercida por el letrado Gabriel Rodríguez-Ramos, ha presentado al Tribunal Supremo sus honorarios: 64.778 euros según sus propios cálculos. La cantidad final, en cualquier caso, será establecida por la Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y su decisión podrá ser recurrida tanto por González Amador como por García Ortiz.

Fuentes cercanas al ex fiscal general entienden que se trata de una cantidad desmesurada, sobre todo teniendo en cuenta que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estableció unas responsabilidades económicas más de diez veces inferiores a las solicitadas por González Amador. Los propios jueces consideraron desproporcionadas sus solicitudes de condena, también la de cuatro años de prisión, dejando el castigo en dos de inhabilitación. Ahora el Supremo tendrá que examinar el detalle de los gastos remitido por el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El caso contra Álvaro García Ortiz, después de haber sido condenado en firme, está a la espera de los últimos trámites antes de poder presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han presentado incidentes de nulidad contra la condena y la Sala de lo Penal tiene pendiente su resolución en las próximas semanas. Cuando ese incidente de nulidad quede previsiblemente rechazado por la misma mayoría que firmó su condena, García Ortiz podrá acudir al Tribunal Constitucional.

Mientras tanto el Ministerio de Justicia ya tramita varias peticiones de indulto presentadas por terceras personas para que la condena de García Ortiz sea perdonada. Por el momento, el departamento que dirige Félix Bolaños se ha limitado a pedir un informe al Ministerio Público en un proceso en el que también tendrá que dar su opinión el Tribunal Supremo. Un posible indulto, tal y como ha explicado elDiario.es, no le permitirá recuperar el dinero que ya ha pagado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Unión Progresista de Fiscales, asociación que presidió García Ortiz y que ha sido crítica tanto con la condena como con la instrucción del caso, hizo una colecta para conseguir todo el dinero que el ex fiscal general había sido condenado a pagar.

El posible indulto a Álvaro García Ortiz no le permitirá recuperar todo el dinero que ya ha abonado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso tras la condena de dos años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo por la filtración de su confesión de fraude fiscal. La ley del indulto excluye la obligación de responder civilmente, lo que deja fuera la indemnización de 10.000 euros para el empresario y comisionista que recoge la sentencia. Respecto a la pena de multa de 7.200 euros que García Ortiz también ha consignado ya, esa norma detalla que solo se le devolverá si lo recoge “expresamente” el decreto del Gobierno. 

Aunque el indulto es una prerrogativa del Ejecutivo, el perdón total —que supone la remisión de todas las penas no cumplidas— está supeditado a que haya un informe favorable del órgano sentenciador. En este caso, de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que condenaron a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a pagar las cantidades económicas que el ex fiscal general ya ha abonado ante el Tesoro Público. 

Además, aunque el Ejecutivo le concediera la medida de gracia total, se da por seguro que el ex fiscal general no regresará a la cúpula del Ministerio Público, donde le sustituyó Teresa Peramato. También seguirá abierta la vía del posible recurso de amparo al Tribunal Constitucional, donde su defensa buscará revertir la condena por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, procesado por dos delitos fiscales. 

Miguel Ángel Cabellos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Girona, explica que el recurso de amparo ante el tribunal de garantías mantendría el sentido si el indulto es parcial, al quedar “una parte de las penas en pie”. Pero también en caso de perdón total porque “esa totalidad no puede abarcar la indemnización”. 

Informe del Supremo

Precisamente esta semana, el Ministerio de Justicia activó el procedimiento para estudiar una primera petición de indulto al solicitar al alto tribunal que realice su informe. Tras recabar la posición de la Fiscalía, los magistrados expondrán si consideran que hay elementos que justifiquen la concesión de esta medida de gracia, regulada por una ley de 1870 y contemplada en la Constitución. 

En caso de informe desfavorable, seguirá existiendo la posibilidad de un indulto parcial, que supone el perdón de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas las todavía no cumplidas. La legislación establece también que se considera indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas en otras menos graves.

Algunas fuentes jurídicas consultadas dan por hecho que el informe de la Sala de lo Penal será contrario al indulto, por lo que solo podrá ser parcial. Así, estas fuentes auguran que la inhabilitación podría quedarse en seis o 12 meses en lugar de los 24 que fijó la sentencia. Se da por hecho que García Ortiz no regresará en ningún caso a dirigir el Ministerio Público, lo que limita las consecuencias prácticas del indulto en un caso como este, en el que no hay pena de cárcel. 

Otras fuentes creen que el posible indulto —aunque sea parcial— sí puede suponer su blindaje en su nuevo destino en la Fiscalía de la Sala de lo Social del Supremo ante las impugnaciones que ya han empezado a llegar a la Fiscalía General. Entre ellas, la del propio González Amador, que ha recurrido el decreto por el que Peramato permitió el regreso a la carrera de García Ortiz con el argumento de que la pena por un delito doloso conlleva la pérdida de la condición de fiscal, por lo que reclama su expulsión. 

Está por ver, además, si el empresario también recurrirá la concesión del indulto si finalmente se produce aunque fuentes del Supremo explican que su hipotético recurso no frenaría la ejecución del indulto. El catedrático Cabellos explica que podría hacerlo “alegando estar afectado en sus derechos e intereses legítimos”. Este jurista recuerda que el Supremo ha establecido en su jurisprudencia que quien ha ejercido en un proceso la acusación particular —como es el caso de González Amador— tiene un interés legítimo en que la pena se cumpla y, por tanto, tendría la necesaria legitimación para poder impugnar el indulto.

No sería el caso de las acusaciones populares personadas en la causa. El Supremo ya lo dejó claro en el caso de los indultos del procés tras los recursos presentados por varios partidos políticos. Entre ellos, Vox, que había sido acusación popular. “Haber sido parte en el previo proceso penal no entraña de manera ineludible que se produzca la afectación por la concesión del indulto, porque dicha afectación no surge (...) por la sentencia que impone la condena, sino de la resolución que otorga el indulto de la pena ya impuesta”, dijeron entonces los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. 

Además, el Supremo ha definido en varias sentencias hasta qué punto es recurrible esta medida de gracia. Por ejemplo, en la sentencia que anuló el indulto que el Gobierno de Mariano Rajoy había concedido a un conductor kamikaze, los magistrados de esa misma Sala afirmaron que su revisión no puede extenderse a “la decisión de indultar o no indultar”. 

En otra sentencia posterior, de 2018, la misma Sala dijo que el Gobierno es libre para elegir y valorar las razones de “justicia, equidad y utilidad pública” —los tres motivos recoge la ley— que les llevan aprobar esa medida. Y advirtieron, no obstante, que esas razones han de “guardar la necesaria coherencia con los hechos que constituyen su soporte fáctico” y esto sí puede ser comprobado para “descartar todo atisbo de arbitrariedad”. 

Estos días publican los medios de comunicación que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes comienza a tramitar el expediente de indulto del Ex Fiscal General del Estado condenado por el Tribunal Supremo en sentencia 1000/2025 de fecha 9 de diciembre de 2025 como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años. Además, incluía el pago de las costas y las indemnizaciones que se entendían que correspondían.

La solicitud de indulto realizada por dos ciudadanos, encuentra su amparo en lo que autorizan los artículos 62 de la Constitución Española, 130.4 del código penal y el artículo 19 de la ley 18/6/1870 reguladora para el ejercicio de la gracia de indulto, y corresponde al Gobierno, el ejercicio del derecho de Gracia del ya mencionado artículo 62 de la Constitución.

Y el indulto solicitado se basa, a juicio de los solicitantes, en evidentes razones de justicia, equidad y utilidad pública.

Y es aquí donde se puede analizar o razonar sobre los motivos que aconsejan su concesión.

En primer lugar, la solicitud del indulto y la eventual aceptación del mismo por parte de la persona condenada, no supone aceptar su responsabilidad en los hechos. La sentencia ha establecido unos hechos y unas consecuencias jurídicas de los mismos. Esto es así conforme a las normas de procedimiento y a las reglas del Estado de derecho. Pero la discrepancia con la sentencia, que no implica su no acatamiento, es, a su vez, un derecho de cualquier ciudadano, y especialmente del propio condenado. De modo que el aceptar el indulto no priva de que pueda ejercer su derecho a recibir amparo constitucional por entender que se han vulnerado, precisamente, sus derechos constitucionales en la sentencia.

En segundo lugar, los solicitantes entienden que es de justicia su concesión. La sentencia ha generado una amplia controversia jurídica, legítima en el Estado de derecho, que se pone de manifiesto por el voto particular que dos magistradas integrantes del Tribunal, y por el debate jurídico suscitado con respecto a haberse podido conculcar gravemente el principio constitucional de la presunción de inocencia y el principio general del derecho “in dubio pro reo”. Estas importantes dudas, o ausencia de certezas en un proceso penal, hacen necesario que en interés de la justicia se dé la respuesta que el derecho de gracia constitucionalmente reconocido, puede ofrecer.

En tercer lugar, hay razones de equidad. La equidad significa dar a cada uno lo que merece atendiendo a las circunstancias que concurren en la persona a quien se ha de aplicar. Esto que puede decirse de Álvaro García Ortiz como merecedor de que se aplique el principio de equidad, justificante de la gracia de indulto, lo manifiesta la propia sentencia condenatoria, cuando en el Fundamento Jurídico Sexto al individualizar la Pena y refiriéndose al fiscal acusado, expresa que éste posee una trayectoria en una carrera estrechamente ligada con la Administración de Justicia, cuya brillantez y dedicación no nos pasa desapercibida y no podemos dejar de tomar en consideración. Basta con atender a la propia valoración del Tribunal sentenciador para que sea adecuada la consideración de que la razón equitativa para aplicar la gracia de indulto está plenamente justificada.

Y, por último, existen razones de utilidad pública. El Ministerio Fiscal es una Institución Constitucional con el mandato de defender legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. Es, por lo tanto, sujeto de un interés público y lo es, también atendiendo a lo que dice la Sentencia, en el mismo Fundamento Jurídico citado, cuando afirma que el entonces Fiscal General, actuó con el deseo prevalente, de salir en defensa del prestigio de la institución que representaba, aunque, y esto lo dice también la sentencia, ello no anula su antijuricidad, porque, de lo contrario no podría condenar, aunque es evidente la duda que late en todo el razonamiento. Por lo tanto, es de utilidad pública reconocer el conflicto ante el que la Institución del Ministerio Fiscal pudo encontrarse ante noticias falsas, y el deseo del Fiscal General de defender la Institución, lo que hizo hasta el final con alto coste personal, familiar y profesional, en una actuación que el Tribunal considera antijurídica y que nuevamente siembra de dudas y abunda la discrepancia con su definitiva resolución.

La otra consideración a tener en cuenta se refiere a que la concesión de la gracia de indulto no perjudica a terceros, lo que queda suficientemente acreditado por su naturaleza de justa, equitativa y de interés público. Pretender que causa daño a terceros como obstáculo para su concesión, sería admitir el ensañamiento particular, y la bajeza moral de quien lo sostenga, y aunque estos conceptos puedan esgrimirse no deben ni pueden ser aceptables en una sociedad española democrática y acorde con los valores constitucionales que la informan desde su preámbulo. 

En definitiva, es justo, equitativo y de interés público que el Gobierno de España indulte al Sr. D. Álvaro García Ortiz totalmente, de la pena y accesorias impuestas. 

El Ministerio de Justicia ha activado el procedimiento para estudiar las primeras peticiones de indulto presentadas a favor del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, según ha publicado El País y ha confirmado elDiario.es. El Ministerio de Justicia ha solicitado al Tribunal Supremo el informe preceptivo, un primer paso en la tramitación de este tipo de medidas de gracia. Fuentes jurídicas aseguran a este periódico que la previsión era enviar el expediente al tribunal sentenciador la semana pasada. 

Tras recabar la posición de la Fiscalía, el tribunal determinará si hay elementos que justifiquen la concesión de esta medida de gracia, regulada por una ley de 1870 y contemplada en la Constitución. García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por dos delitos fiscales. 

Este informe, no obstante, no es vinculante porque la decisión final corresponde al Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños. En caso de que el informe del Supremo fuera desfavorable eso sí cerraría la puerta a un indulto total —que supone la remisión de todas las penas no cumplidas—, pues la ley establece que el indulto total sólo se otorgará en caso de existir un informe favorable del tribunal sentenciador. 

Sí existiría la posibilidad de un indulto parcial, que supone el perdón de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas todavía no cumplidas. La legislación establece también que se considera también indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas en otras menos graves.

En el caso de que el indulto sea favorable, deberá tramitarse a través de un real decreto —firmado por el rey Felipe VI— y publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Aunque la ley de 1870 establecía que el indulto debía plasmarse en un decreto “motivado”, la reforma de 1988 eliminó esa exigencia expresa de motivar la medida de gracia.

La Unión Progresista de Fiscales, asociación que llegó a presidir Álvaro García Ortiz y que cuenta con representación en el Consejo Fiscal, ha apoyado públicamente una petición de indulto para el ex fiscal general. “Llamamos a la ciudadanía a apoyar esta iniciativa”, dijo la asociación en su cuenta de la red social X mientras comparte una recogida de firmas difundida por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) para apoyar que el Gobierno otorgue la medida de gracia tras su condena.

Un total de 150 juristas entre magistrados, fiscales, abogados y catedráticos han firmado un manifiesto que, bajo el título “Una sentencia inquietante”, critica la decisión del Tribunal Supremo de condenar a Álvaro García Ortiz por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El documento, suscrito entre otros por antiguos miembros del propio tribunal como Alberto Jorge, Perfecto Andrés, Joaquín Giménez o José Antonio Martín Pallín, recuerda que en un proceso penal “no bastan las sospechas, ni las imaginaciones” y la sentencia del Supremo que condenó a García Ortiz “no cumple” con esas exigencias.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió, fraccionada, condenar al entonces fiscal general por la filtración a la prensa del email con el que el abogado de Alberto González Amador confesaba su fraude fiscal de 350.000 euros y ofrecía un pacto a la Fiscalía. El Supremo no contó con prueba directa sobre quién difundió el documento pero concluyó que el fiscal general o una persona de su “entorno” eran los culpables. Dos magistradas progresistas se quedaron en minoría apostando por la absolución de García Ortiz.

Este manifiesto firmado por 150 juristas, la mayoría considerados del espectro progresista, incide en lo que consideran debilidades de esta resolución. Por ejemplo, que el Supremo no creyera a los periodistas que afirmaron que García Ortiz no fue su fuente esa noche. “Prescinde del valor de sus testimonios sobre la base de una desconfianza genérica hacia el secreto profesional periodístico, lo cual invalida una garantía constitucional esencial para el buen ejercicio del periodismo en una sociedad democrática”.

El documento ha sido suscritos por varios exmagistrados de esa misma Sala del Supremo así como por jueces y fiscales en ejercicio y decenas de abogados y catedráticos. Los fiscales jubilados Félix Pantoja y Carlos Jiménez Villarejo, abogados como Enrique Lillo y Francisca Sahuquillo así como catedráticos como Javier Pérez Royo, María Loureiro o Ana Isabel Pérez Cepeda. También firma el documento Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid y exmagistrada.

El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado al Tribunal Supremo que anule la sentencia que le condena a dos años de inhabilitación por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por dos delitos fiscales. En su escrito, su defensa argumenta que se han vulnerado múltiples derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, la defensa y la tutela judicial efectiva y denuncia siete motivos de nulidad, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.

El texto sostiene que la nota informativa sobre el caso de fraude fiscal del empresario era una “respuesta institucional” que tenía como objetivo “evitar que cristalizara ante la ciudadanía la idea de una Fiscalía guiada por 'órdenes de arriba' o con fines prevaricadores”. Y advierte de las consecuencias que esta sentencia puede tener para el futuro: “Es un secuestro y acallamiento de la posibilidad misma de que la Fiscalía y su máximo dirigente emitan comunicados o desmentidos institucionales cuando la institución se ve gravemente atacada”, recoge el documento.

La presentación de un incidente de nulidad es un trámite previo y obligado para interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La sentencia del Supremo es firme y no se puede impugnar, por lo que sólo cabe solicitar su nulidad para, después, poder acudir al tribunal de garantías. 

El escrito alude asimismo al auto por el que el Supremo rechazó investigar al presidente del tribunal por su presencia y expresiones en unos cursos de la acusación popular del Colegio de Abogados de Madrid en plenas deliberaciones para apuntar a la pérdida de la apariencia de imparcialidad de los magistrados.

El escrito afirma que en ese auto “se examinan y ponderan una serie de hechos de conocimiento sobrevenido vinculados a determinados miembros del órgano situándolos expresamente en un plano distinto, y señalando que, de haberse conocido con anterioridad, habrían podido ser objeto de valoración plena previa denuncia en el momento previsto legalmente para ello”.

La Abogacía del Estado cuestiona que la sentencia “elude” los testimonios clave de periodistas que aseguraron tener el correo electrónico de la confesión de fraude fiscal del empresario antes de que lo obtuviera el fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024. “Esta forma de razonar, que dice creer al testigo mientras actúa como si no lo creyera, no constituye una valoración de la prueba compatible con la presunción de inocencia, ya que no pondera la prueba de descargo sino que la elude”, dice el escrito.

elDiario.es informó el pasado lunes de que, además del incidente de nulidad, su defensa iba a registrar otro escrito en el que reclamaría la suspensión de la ejecución de la sentencia. Con esa segunda petición, la Abogacía del Estado pretendía postergar la aplicación del fallo hasta que se resolviera el incidente de nulidad. Finalmente, ese escrito no se ha presentado dado que la actual fiscal general, Teresa Peramato, acordó la incorporación de García Ortiz a la Sección de lo Social del Supremo. 

El Tribunal Constitucional ha anulado las sentencias del Tribunal Supremo que frenaron, hasta en dos ocasiones, el ascenso del fiscal Eduardo Esteban a la categoría de fiscal jefe de sala de menores. El pleno, con el voto en contra de los conservadores, ha estimado los recursos de este antiguo portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y critica que el Supremo tumbara su nombramiento sin explicar por qué los criterios de la entonces fiscal general, Dolores Delgado, no eran adecuados. Esas sentencias, concluye el Constitucional, perjudicaron a Esteban frente al candidato que promovía la asociación conservadora.

El ascenso de Eduardo Esteban es el primero de los múltiples choques que se dieron entre la sala tercera del Tribunal Supremo y la Fiscalía General. Los jueces tumbaron su nombramiento como fiscal de sala de menores de Esteban, que entre otros destinos había trabajado en el Tribunal Constitucional y había sido fiscal provincial de Madrid, destino en el que el PP llegó a acusarle de “acosar” al partido. La fiscal general, Dolores Delgado, volvió a ascender a Esteban y el Supremo, en una segunda sentencia, volvió a tumbar el ascenso.

La sala de lo contencioso estimó los recursos tanto de otro aspirante, José Miguel de la Rosa, como de la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales que le había apoyado en varios intentos fallidos de ascenso. De la Rosa fue uno de los juristas invitados por el PP al Congreso de los Diputados en febrero del año pasado y fue fiscal jefe de la Secretaría Técnica, uno de los cargos más altos que se pueden ostentar dentro del Ministerio Público, con Consuelo Madrigal, José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar durante los últimos tres años de Mariano Rajoy en el Gobierno.

El Tribunal Supremo anuló los dos ascensos de Eduardo Esteban apuntando directamente a los criterios que había esgrimido la fiscal general para primar su candidatura por encima de la de José Miguel de la Rosa. “No elijo un candidato, elijo un modelo”, llegó a justificar entonces Dolores Delgado. La propia Consuelo Madrigal, recordó, había sido fiscal de sala de menores durante más de un lustro sin tener experiencia en la materia. La respuesta del Supremo fue cuestionar las prioridades de Delgado y anular el ascenso de Eduardo Esteban.

Esas decisiones del Supremo no fueron unánimes. Pilar Teso, por ejemplo, firmó votos particulares en los que acusó a sus compañeros de sala de condicionar los nombramientos discrecionales de la Fiscalía. Ahora es el Tribunal Constitucional el que corrige por partida doble a esta sala del Supremo al entender que sus sentencias rechazaron el criterio de la fiscal general “sin explicitar otro parámetro jurídico de control que el perfil bien determinado de la plaza”. Es decir, sin explicar qué impedía a Delgado valorar de forma conjunta más criterios que la especialización en materia de menores.

Las sentencias del Supremo que por dos veces anularon el ascenso de Eduardo Esteban, concluye el Constitucional, se saltaron “el régimen legal de nombramiento discrecional” y dio un trato “desigualitario” a este candidato por estar menos especializado en menores que otros. El Supremo, zanja ahora el Constitucional, decidió que la mayor especialización era un “mérito excluyente”, perjudicando a Eduardo Esteban. La decisión, con ponencia de Ramón Sáez, ha salido adelante con los votos en contra del sector conservador y tras las abstenciones de Cándido Conde-Pumpido, que fue superior de Esteban, y de César Tolosa, que era juez del Supremo en ese momento.

La batalla entre el Supremo y la Fiscalía

Las dos sentencias que ahora anula el Tribunal Consitucional fueron el primero de muchos enfrentamientos entre la Fiscalía y la sala tercera del Tribunal Supremo durante los mandatos de Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz. Estas dos resoluciones fueron recibidas con estupor en la calle Fortuny y fueron previas a las dos que anularon los ascensos de la propia Delgado, primero como fiscal de sala de lo militar y después de memoria democrática.

El mismo Constitucional tiene pendientes todavía los recursos que Delgado presentó contra las anulaciones de sus ascensos. Mientras tanto, el próximo paso será saber qué efectos prácticos tienen estas sentencias del tribunal de garantías en la situación de Eduardo Esteban, que tras su segundo ascenso fallido volvió a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. La sentencia explica que se le repone la categoría de fiscal de sala, pero no el puesto concreto de coordinador de menores que ya fue adjudicado a otro fiscal después.

La Fiscalía de Memoria Democrática, unidad adscrita a la Fiscalía General del Estado, ha abierto un expediente gubernativo para estudiar el manifiesto de 49 asociaciones memorialistas, la mayoría de Andalucía, que criticaba duramente la sentencia del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz, anterior jefe del Ministerio Público, condenado a una multa de 7.200 euros y dos años de inhabilitación por la filtración de la confesión de fraude fiscal por parte del comisionista Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

El manifiesto defiende la necesidad de una justicia democrática y respetuosa de todas las garantías procesales y concluye que los cinco magistrados del Supremo que firmaron la sentencia condenatoria contra García Ortiz no respetaron dichas garantías en el juicio contra el anterior fiscal general.

La apertura de un “expediente gubernativo” por parte de la fiscal de Sala Coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, es la respuesta a aquel manifiesto suscrito por medio centenar de asociaciones memorialistas de España, que el mes pasado hicieron llegar a la Fiscalía denunciando que la sentencia contra García Ortiz abría “una grieta” que hacía “peligrar” la credibilidad de las instituciones democráticas. “En democracia no se condena sin pruebas”, advertía el documento.

“No hay una sola prueba”

Las 49 entidades firmantes, que aglutinan a todos los colectivos memorialistas de Andalucía, se alinearon con la opinión discrepante de las dos magistradas del Supremo que emitieron los dos únicos votos en contra de la condena suscrita por los otros siete integrantes del Tribunal: “No hay una sola prueba que demuestre, sin equívocos ni especulaciones, la participación directa del fiscal general” en la filtración de la confesión de fraude de la pareja de Ayuso, advierten.

El manifiesto dirigido a la nueva fiscal general del Estado que sustituyó a García Ortiz, Teresa Peramato, es una dura denuncia del proceso judicial, pero no incluye ninguna petición específica al Ministerio Público, más allá de “reclamar una democracia efectiva que respete el mandato de la ciudadanía”. El texto recalca la “oposición” de las organizaciones firmantes “a que se condene a ningún ciudadano sin pruebas y a que se transgreda la presunción de inocencia, principio inspirador del orden penal recogido en tratados internacionales y regulado en la Constitución española como derecho fundamental”.

El pasado viernes, la Fiscalía de Memoria respondió a las 49 entidades memorialistas con un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, confirmando que analizarán el manifiesto: “Se ha procedido a incoar expediente gubernativo a los efectos de proceder al estudio de las medidas tendentes al cumplimiento de los fines señalados en el manifiesto remitido”.

Fuentes fiscales señalaron que la apertura del expediente gubernativo no significa la apertura de una investigación a los magistrados del Tribunal Supremo por la sentencia contra el fiscal general, sino una especie de acuse de recibo del manifiesto remitido a ese departamento.

Las entidades memorialistas exponían en el manifiesto su interés en que “se adopten las medidas necesarias para que en España se garanticen los derechos y los mecanismos judiciales que aseguren un proceso justo y equitativo para todos los ciudadanos”.

El Ministerio de Transición Ecológica ha remitido a la Fiscalía General del Estado un escrito sobre lo que llama “alarmante aumento de los discursos de odio” contra los meteorólogos. Transición Ecológica ha acompañado el documento con una batería de estudios académicos para sostener esta afirmación.

En un oficio firmado por la vicepresidenta tercera Sara Aagesen, el Gobierno considera “oportuno” poner en conocimiento de la Fiscalía el “incremento significativo de los mensajes de hostilidad dirigidos a estos profesionales” debido a la “relevancia social de la labor” que desempeñan “en la lucha contra la desinformación climática”.

Entre los informes que ha adjuntado el Ministerio aparece el VI informe del Observatorio de la Comunicación de Cambio Climático según el cual, el 17% de esos mensajes hostiles “contenían discursos de odio, ataques personales o descalificaciones contra profesionales cuya labor consiste en difundir información científica contrastada”.

Además, prosigue el escrito de Aagesen la Fiscalía General, “se evidencia una escalada en la intensidad, frecuencia y violencia de los ataques, lo que afecta a los profesionales de la meteorología”:

Lo cierto es que el acoso a los meteorólogos como arma por parte de los negacionistas del cambio climático ha ido en aumento en los últimos años. Una especie de matar al mensajero que avisa sobre la subida de las temperaturas a niveles peligrosos o el aumento de los episodios extremos como danas o sequías por causa del cambio climático.

En 2023, por ejemplo, el meteorólogo estadounidense Chris Goringer dejó tras 18 años de carrera, su puesto en una cadena de televisión, tras recibir amenazas de muerte como “vete al este y ahógate en el casquete polar derretido”.

Goringer le contó a elDiario.es que “fue terrorífico”. “Cuando empezaron a llegar los correos electrónicos temí no solo por mi seguridad sino también por la de mi esposa”, añadió.

Pero no se ha quedado en EEUU. En España, la Agencia Estatal de Meteorología tuvo que salir al paso de una auténtica campaña de odio en la que las amenazas les llegaban incluso por teléfono. La portavoz de la Aemet, Estrella Gutiérrez, explicaba que “nunca habíamos recibido estos insultos” por contar la verdad científica, es decir, que “el cambio climático es una realidad”.

Después, la cosa no se calmó. Gutiérrez también recordaba “solo uno de los últimos mensajes: sois basura”. Y en Gran Bretaña, por ejemplo, acusaron a su servicio meteorológico de cambiar la paleta de colores del mapa de temperaturas para “crear alarmismo”.

Ahora, el Ministerio de Transición Ecológica pide a los fiscales que tomen cartas en el asunto. “Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que la fiscalía considere oportuno”, remata el oficio de la vicepresidenta.

Las asociaciones Abogados Demócratas por Europa (Adade) y Defiéndete en Derecho, de ámbito progresista, han registrado un escrito de queja contra la actual Junta de Gobierno del Ilustre Colegios de Abogados de Madrid (ICAM) por su “sumisión” a “intereses políticos partidistas” vinculados al actual Gobierno de la Comunidad de Madrid que dirige Isabel Díaz Ayuso.

Solicitan que la corporación profesional facilite el expediente completo que llevó a la presentación de una querella contra la Fiscalía en el caso del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, y que se convoque una asamblea extraordinaria para debatir sobre la actuación del colegio. La entidad profesional fue la primera en presentar una querella contra la Fiscalía por este asunto y, después, ejerció la acusación popular. Llegó a pedir una condena de cuatro años de cárcel para Álvaro García Ortiz.

En una rueda de prensa, el presidente de honor de Adade, el letrado José Mariano Benítez de Lugo ha calificado de “insólito” el apoyo del colegio al empresario y comisionista González Amador, que está procesado tras haber reconocido sus deudas con Hacienda. “El ICAM siempre ha sido una institución integradora y respetuosa, nunca se había producido tal sectarismo, polarización y falta de pluralidad”, ha añadido el abogado Javier Ledesma, también vinculado a Adade. 

El escrito muestra la “radical disconformidad” y “crítica” de ambas asociaciones con la actuación del ICAM en la causa contra García Ortiz. Las asociaciones ponen el foco en la actuación del actual decano, Eugenio Ribón, que consideró que la condena de inhabilitación a García Ortiz es “un respaldo decisivo a los principios esenciales del Estado de Derecho” tras la publicación del fallo el pasado 20 de noviembre.

De hecho, reclaman “explicaciones” sobre su actuación y que la asamblea pueda censurar o ratificar su manera de proceder. “Nos sorprende que celebre y bendiga que puede darse a conocer un fallo sin los argumentos de la sentencia condenatoria, ni de la discrepancia que recojan los votos particulares”, recoge el escrito. 

También exigen que se fijen criterios sobre la conducta a seguir en el futuro en asuntos de alta trascendencia política que “eviten” la “instrumentalización” del colegio y que se ponga al servicio de “intereses particulares o de estrategias políticas ajenas a los intereses de la abogacía”. Las asociaciones muestran su “disconformidad” con el hecho de que el colegio presentara una denuncia contra la Fiscalía sin hacer “la más mínima referencia” a la “campaña de difamación” emprendida contra el Ministerio Público por el entorno de la presidenta regional.

Asimismo, las asociaciones hacen hincapié en la “singular circunstancia” de la simultaneidad de la posición del ICAM como acusación en el juicio contra el ex fiscal general y la autorización del proyecto de creación de un centro universitario adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.

A este respecto, el colegio ha mantenido que el proyecto de ICAM Centro Universitario nace, se diseña y comienza a tramitarse entre 2022 y 2023, es presentado a la Comunidad de Madrid en diciembre de 2023 y sigue su curso durante 2024 y 2025, mucho antes de la querella del ICAM y del propio juicio y posterior condena del fiscal general. 

Álvaro García Ortiz se incorporará como fiscal a la Sección Social del Tribunal Supremo tras ser condenado a inhabilitación como fiscal general del Estado.

Fuentes fiscales confirman a EFE la noticia, adelantada por 'El Mundo', de que el que fuera líder del Ministerio Público ha pedido incorporarse a esta sección, que aunque no deja de ser una plaza en la Fiscalía del Tribunal Supremo, es al mismo tiempo una de las más tranquilas del Ministerio Público y con menor exposición mediática, que es una de las intenciones que buscaba el propio fiscal.

García Ortiz, que tiene condición de fiscal de Sala, máxima categoría profesional en el Ministerio Público, llega al Supremo sin saber aún qué ocurrirá con su futuro en la carrera fiscal. La Inspección de la Fiscalía General deberá estudiar cómo afecta la sentencia a la condición de fiscal de García Ortiz, es decir, si le expulsa o le suspende como fiscal, en virtud del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, algo que el Supremo ve “excesivo”, aunque reconoce que “las consecuencias extraprocesales de la condena” no es competencia suya.

El Supremo impuso a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados así como una indemnización a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, de 10.000 euros.

En este sentido, la Abogacía del Estado, que ejerció la defensa de García Ortiz, tiene de plazo hasta mañana para presentar un incidente de nulidad contra la sentencia, un paso que escasamente prospera en el Supremo pero que es preceptivo para agotar la vía jurisdiccional y poder así acudir en amparo al Tribunal Constitucional.

Quien sí ha presentado ya ese incidente ha sido la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ha pedido al alto tribunal que anule la sentencia que condenó a Álvaro García Ortiz. En el escrito, María de los Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal de la Fiscalía del Supremo, sigue en buena parte los razonamientos recogidos en sus votos particulares por las dos magistradas que se opusieron a la condena.

Sánchez Conde cree que la sentencia debe ser anulada, entre otras cosas, porque vulneró el derecho a la presunción de inocencia de García Ortiz al prescindir del testimonio de los periodistas que declararon en la vista y que acreditaron que estaban en posesión del correo de 2 de febrero de 2024 -el que filtró, según la sentencia- con anterioridad a que lo tuviera el fiscal general.

Y recuerda que la difusión de la nota de prensa, en la que la Fiscalía trataba de desmentir una versión “sesgada y falaz” de la negociación entre González Amador y los fiscales que le investigaban por fraude fiscal, había quedado fuera de los hechos imputables, ya que la propia sala la había considerado no punible.