Duro discurso del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en la apertura de la Asamblea Plenaria del episcopado, la última antes de la visita del papa León XIV. En sus palabras, Argüello arremetió contra el Gobierno, al acusarle de “intervenir” la vida civil, no respetar la división de poderes y controlar los medios. Y es que, para el arzobispo de Valladolid, el Ejecutivo socialista “tiene una mirada selectiva sobre las víctimas” de la pederastia, y “un deseo desmedido de intervenir en la sociedad civil”.

“El Estado es aconfesional, pero el Gobierno tiende a tomar posturas 'confesionales' en materia antropológica, definiendo el comienzo y el final de la vida, la definición del matrimonio y de la familia, y el significado de la sexualidad humana con criterios de fe ideológica, al margen de la ciencia y de las experiencias humanas más elementales. Tiene también una mirada confesional sobre la historia, y selectiva sobre las víctimas”, denunció el presidente de la CEE, quien lamentó la voluntad del Gobierno “de controlar las instituciones que aseguran la división de poderes en lo político y la libre concurrencia en lo económico, además de una doble vara de medir, según a quién afecten los asuntos de abuso de poder o de corrupción”, así como “asegurar el control sobre los medios de comunicación”.

Aunque Argüello renovó su “compromiso de colaboración respetuosa y crítica con el Gobierno y los gobiernos”, lamentó que pese a haber negociado “en estos meses de inmigración, de vivienda, de educación”, el “interés prioritario de este Gobierno, el único en el que ha querido forzar acuerdos, ha sido el asunto de los abusos a menores cometidos únicamente en el seno de la Iglesia y la resignificación del Valle de los Caídos (Cuelgamuros)”. “Es justo reconocer la leal colaboración actual en la preparación de la visita del Papa”, concedió. Un viaje que tendrá lugar los día 6 a 12 de junio.

Antes del mismo, los obispos necesitan solucionar un conflicto enquistado, el del Valle. “Quiero, desde aquí, invitar al Gobierno y a los monjes de la abadía del Valle de Cuelgamuros a alcanzar un acuerdo razonable y satisfactorio para ambas partes que, además, sea un testimonio de que es posible superar la polarización y encontrar vías de encuentro”, apuntó al final de su discurso Argüello, en una apelación al acuerdo inédita, pues la Conferencia Episcopal se había mantenido, hasta ahora, al margen, dejando la negociación primero al cardenal de Madrid, José Cobo, quien asumió el acuerdo alcanzado entre el ministro Bolaños y el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, tal y como adelantó en primicia elDiario.es hace ya un año.

Un acuerdo que conllevó la salida del prior Cantera y el aval eclesial a la resignificación de Cuelgamuros. Poco después, los monjes se bajaban del acuerdo y planteaban un recurso judicial, que está a la espera de ser admitido, rechazado, o retirado, con el consiguiente enfado del Ejecutivo, que llegó a plantearse regresar al 'punto de partida' (antes del acuerdo con el Vaticano), y expulsar a los monjes. Algo que nadie (ahora, sabemos, tampoco el presidente de los obispos) quiere que suceda. Según pudo saber elDiario.es, la retirada del recurso presentado por la Abadía ante el acuerdo Vaticano-Gobierno (respaldado por el arzobispo de Madrid), evitaría la salida de los monjes y mantendría sacralizado el complejo.

“¿Por qué han llegado a un acuerdo sobre la reparación integral de víctimas de abusos?”, se preguntó Argüello, destacando el trabajo llevado a cabo, desde hace años, por la CEE y CONFER, y anunciando un posible “decreto general sobre sanciones a clérigos causantes de delitos, además de lo que los posibles procedimientos penales pudieran establecer” (¿incluirá esto a Zornoza?). Tras admitir que la pederastia clerical “es un escándalo gravísimo ante el que es preciso cualquier exceso en el reconocimiento de una obligación espiritual y moral, aunque los delitos hayan prescrito o el victimario haya fallecido”, Argüello defendió el acuerdo para abrir la vía del Defensor del Pueblo.

Con todo, “nos preocupa la insistencia del Gobierno, al comentar el acuerdo, en no reconocer las reparaciones ya realizadas e insistir en que todo comienza ahora, así como en reducir toda la reparación a indemnización económica”. Argüello fue especialmente crítico con las palabras de Bolaños, que citó textualmente (‘El Gobierno decide y la Iglesia paga’), y recalcó que la Iglesia “ha escuchado y acogido a las víctimas, ha puesto en marcha caminos de reparación, de justicia restaurativa, y ha indemnizado, en muchos casos, sin necesidad de que ningún gobierno ni sentencia se lo haya impuesto”.

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Un día después del escándalo, y al rebufo de los apoyos recibidos por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (a los 'católicos' de Vox no se les espera), el presidente de la Conferencia Episcopal española, Luis Argüello, ha salido en defensa del Papa León XIV frente al “ataque burdo” de Donald Trump, a quien con cierta sorna calificó de “anticristo”.

Trump acusó al Papa de ser “terrible en política exterior” aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela, y le insta a “dejar de complacer a la izquierda radical”. “El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior”, escribió el mandatario en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a “concentrarse en ser un gran papa, no un político”, porque “está perjudicando a la Iglesia católica”.

“No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que considere terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela (...). Y no quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos cuando estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido”, añadió Trump. “No le tengo miedo a la administración de Trump. Seguiré hablando en voz alta del mensaje del Evangelio, por el que trabaja la Iglesia”, respondió León XIV.

En declaraciones a los medios tras un debate con la portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, organizado por la Fundación Pablo VI, Argüello subrayó su “comunión y apoyo al Papa” saliendo al paso de “ataques tan burdos” como el del presidente de los Estados Unidos. “En nombre de la Iglesia en España, de cada una de sus diócesis, de las realidades de todo tipo de la Iglesia en España, doy nuestro apoyo al Papa en su búsqueda de caminos de diálogo, de justicia, que hagan posible la paz”, según recoge Europa Press.

Cuestionado por la imagen en la que Trump se presentaba como Jesucristo, Argüello se preguntó: “¿Cristo o Anticristo?”, lamentando que “hoy a veces el Cesar parece querer presentarse como Dios, con actitudes totalitarias”.

Antes de Argüello, lo cierto es que solo tres obispos españoles habían salido a la esfera pública para apoyar al pontífice, de visita en Argelia estos días. El de Sant Feliú, el dominico Xabier Gómez; el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo; y el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, quien se mostró muy crítico contra Trump en su espacio 'Sexto Continente' de Radio María. “Las palabras profundísimas del Papa han molestado a la fiera como el agua bendita a la niña del exorcista”, subrayó el prelado, ubicado ideológicamente a la derecha política, pero muy contundente contra el apoyo del líder MAGA tanto al genocidio de Gaza como a los ataques contra Irán.

“Hemos tocado el trigémino al hombre que se cree el más poderoso del mundo”, constata Munilla, quien lamenta cómo “la droga del poder, de pretender ser el dueño del mundo es muy seductora”, y denuncia el “delirio de omnipotencia” de Trump.

Junto a ello, Munilla confía en que esta polémica “decante definitivamente los corazones de muchos católicos que han estado coqueteando con las ideologías y defendiendo que lo que hace Trump es un bien al mundo”, algo que seguramente no hará la ultraderecha 'católica' española, encerrada en un enigmático silencio desde ayer. “Yo confío en que este ataque a cara descubierta decante los corazones de muchos católicos en el tema de dejarse de tonterías”, señaló.

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El pasado 8 de enero, el Gobierno y la Iglesia firmaron un acuerdo para crear un sistema de reparación mixto para las víctimas de pederastia. Aquello fue solo el inicio de una larga y delicada negociación para plasmar aquel pacto genérico en un protocolo concreto para atender a las víctimas que quisieran algún tipo de reparación cuando no era posible acudir a la Justicia.

Desde aquel 8 de enero, los representantes del Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo –quien tendrá la última palabra en las reclamaciones– se han reunido en casi una decena de ocasiones y ha mantenido innumerables llamadas. Fuentes conocedoras de las negociaciones relatan a elDiario.es semanas de muchas tensiones que cristalizaron el pasado sábado, cuando el acuerdo estuvo a punto de romperse.

No rebasar las “líneas rojas”

Durante aquellas conversaciones quedó patente que los representantes de la Iglesia, pese a haber firmado aquel acuerdo del 8 de enero, querían ahora revertir algunas de las cuestiones que contenía. Fuentes presentes en las negociaciones señalan que eso era una “línea roja” para el Ministerio y que la negociación podría resumirse en un intento constante de que el acuerdo ya firmado no se desvirtuara.

Desde el inicio, los principales desacuerdos han estado centrados en dos cuestiones: que esta nueva vía permitiera a las víctimas que ya habían obtenido una compensación de la Iglesia reclamar más dinero. Por otro, que ante la falta de acuerdo sobre la compensación, la última palabra la tenga el Defensor del Pueblo.

Las reticencias de la Iglesia eran, en resumen, que el acuerdo suponía que el control que había tenido ellos en exclusiva a través del PRIVA –Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales– pasaba ahora a ser compartido con el Estado. Y con obligación de acatar lo que establezca el Defensor del Pueblo.

“Hubo un momento en el que se rompió todo”

Estos escollos ya impidieron hace diez días la firma del acuerdo, cuando se daba prácticamente por hecho. Aquello solo fue un retraso, en parte también relacionado con la inmediata visita de los reyes y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al Vaticano un día después. Pero ese retraso se tornó en una crisis total el pasado sábado.

“El sábado por la mañana hubo un momento en el que se rompió todo”, cuenta una fuente presente en las conversaciones. Ese día, ya con el borrador encima de la mesa, hubo un momento “crítico” en el que parecía que no iba a ser posible el acuerdo. Y es entonces cuando resultó fundamental el papel del mediador más importante de todas estas semanas: el Vaticano.

El Gobierno ha recurrido al Vaticano para engrasar el acuerdo con la Iglesia desde el inicio. Ya lo hizo para el acuerdo inicial de enero –hubo dos reuniones con la Santa Sede– y durante estas negociaciones han continuado las llamadas entre Bolaños y el secretario de Estado, Pietro Parolin.

El pasado viernes 20 de marzo, durante la visita al Vaticano, ambos mantuvieron un encuentro de trabajo para tratar los reparos de la Iglesia española. Ese día el ministro de Justicia trasladó a Parolin las dificultades a las que se estaba enfrentando y los puntos de discordia. El secretario de Estado del Vaticano contestó que no sabía nada. La Iglesia española no le había informado de su rechazo a firmar el acuerdo en los términos previstos.

Un intento de “revertir” lo ya firmado

Bolaños y Parolin mantuvieron contactos todo el tiempo, cuando el acuerdo pendía de un hilo. La presión del Vaticano y los esfuerzos de Justicia para medir hasta el extremo la redacción algunas frases del texto consiguieron poner de acuerdo a todas las partes.

La Iglesia había estado poniendo muchas pegas al hecho de que las víctimas ya indemnizadas con el plan PRIVA pudieran ahora pedir compensaciones más altas. A veces las pegas eran a la forma en la que quedaba escrita alguna frase del texto, pero en otras ocasiones su rechazo era a los postulados generales del acuerdo. Había un intento de “revertir” lo ya firmado.

De hecho, en la nota informativa enviada este lunes por los obispos no figura este punto. En rueda de prensa, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha eludido el asunto en su intervención inicial y a preguntas de los periodistas ha insistido en que cuando las víctimas ya indemnizadas reclamen se intentará “evitar duplicidades” y se tendrá en cuenta “la situación anterior”, en referencia a una posible indemnización ya recibida.

Bolaños ha sido más directo al aclarar que todas las víctimas que hayan acudido al mecanismo que la Iglesia había puesto en marcha puede ahora acogerse a esta nueva vía, aunque hayan recibido una indemnización.

Las fuentes presentes en las conversaciones señalan que han sido semanas de tensiones constantes, en las que los negociadores del Ministerio han tenido que “tirar del carro” frente a los obispos, que no tenían ninguna prisa por llegar a un acuerdo. De hecho, el acuerdo se debería haber firmado a principios de febrero, que fue el plazo que se dio en el primer pacto y el que se trasladó a las asociaciones de víctimas.

Aunque los obispos han obviado plazos y compromisos, el Ministerio si tenía a su favor una fecha marcha en rojo: la visita del papa el próximo mes de junio. Para la Iglesia hubiese sido un desastre acercarse a esa fecha sin haber alcanzado un acuerdo.

“Sería insostenible, no nos lo planteamos” responden desde del Ministerio cuando se les pregunta sobre si, constatadas las resistencias de la Iglesia, hay temor a que no cumplan ahora el acuerdo. Insisten en que se ha fijado una fecha –el 15 de abril– para que se ponga en marcha el proceso, se ha establecido un plazo y hay unos documentos firmados: “Todo eso nos da mucha tranquilidad”.

El plan, que no ha fijado baremos ni horquillas para las reparaciones a las víctimas, estudiará caso por caso para establecer una indemnización. En caso de acuerdo entre las partes, se sellará sin mayor problema, pero si hay discrepancias será el Defensor del Pueblo quien tenga la última palabra. También para aquellas víctimas que estén descontentas con la compensación que ya les haya pagado la Iglesia. Tras meses de negociaciones, los obispos han tenido que claudicar en este punto.

El Gobierno, la Iglesia española y el Defensor del Pueblo han alcanzado un acuerdo sobre las indemnizaciones a víctimas de pederastia tras meses de negociaciones. La Conferencia Episcopal Española (CEE) pierde de esta manera el monopolio sobre los procesos de reparación a las víctimas y claudica con su principal rechazo al pacto: que las víctimas ya indemnizadas puedan reclamar más dinero con este nuevo sistema. El nuevo protocolo se pondrá en marcha a mediados de abril y el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra en caso de que no haya acuerdo, pero no se han fijado horquillas ni baremos.

El presidente de los obispos, Luis Argüello, ha comenzado la rueda de prensa diciendo que “en un lunes santo, es bueno poder plasmar un acuerdo y al mismo tiempo como es tiempo de pasión, que ese acuerdo sirva para aliviar la pasión de tantas víctimas de abusos”. “Somos conscientes de que este paso ha sido necesario porque algunas de las víctimas de abusos no han confiado en las diócesis, en las congregaciones religiosas para ofrecer desde ahí esta este cauce para entrar en esta senda. Nosotros insistimos en que sí que es posible confiar y ahora hacemos un ejercicio de confianza. Confiamos en el equipo del Defensor del Pueblo. Confiamos en que sea posible una colaboración. Confiamos en que podamos caminar rostro a rostro”, ha añadido.

Sobre la posibilidad de que recurran las víctimas ya indemnizadas, Argüello ha dicho: “Una vez que se abre una ventanilla, pueden acudir a ella todos los que lo deseen, pero se dice explícitamente en el acuerdo que tratamos de evitar duplicidades. Habrá de tener en cuenta cuál ha sido la situación anterior si esto se ha producido”. El acuerdo, ha aclarado Argüello, no se establecen horquillas ni baremos para la indemnización de las víctimas.

Tras Argüello ha comparecido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños: “Ceo que hoy es un día de justicia, de justicia con las víctimas, de esas miles de víctimas que en su día sufrieron abusos sexuales en el seno de la iglesia católica y que no solo nadie les acompañó, sino que se puso en duda lo que dijeron, fueron olvidadas. Y eso aumentó el dolor casi tanto como el propio abuso que habían sufrido”.

Sobre la ausencia de unos baremos para las indemnizaciones, Bolaños ha dicho que “una reparación justa no debe de estar determinada por ninguna cifra ni mínima ni máxima”. “Lo que sí establece el protocolo son cuáles son los criterios que han de dar lugar a la reparación económica, la gravedad del daño, la reiteración, la edad, todo tipo de criterios objetivos para poder llegar a una reparación justa”, ha añadido.

Además, Bolaños ha sido mucho más contundente que Argüello sobre la reclamación de víctimas ya indemnizadas: “Todas las víctimas que acudieron al plan PRIVA y que fueron reparadas por la iglesia tienen ahora la oportunidad de volver a hacer la solicitud de reparación en el nuevo plan del sistema mixto estado iglesia que creamos con este protocolo”.

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha indicado que “este procedimiento pretende la recuperación de las personas, la reparación de los daños y entender la reparación como un proceso no es un mero trámite burocrático, no es una ventanilla bancaria”.

El acuerdo inicial se firmó el pasado 8 de enero pero todas las partes tuvieron entonces que ponerse a negociar los detalles de esas indemnizaciones y los protocolos para atender a las víctimas, en un proceso que hasta ahora había estado únicamente en manos de la Iglesia. Ese pacto incluía un punto fundamental y crítico para los obispos: que las víctimas ya indemnizadas por la Iglesia pudieran reclamar al Defensor del Pueblo para obtener más dinero.

Hace diez días la Iglesia bloqueó la firma del acuerdo justo antes de la visita de los reyes al Papa León XIV, en parte por ese desacuerdo. Los obispos se negaron entonces a firmar un acuerdo que otorgará a las víctimas un papel protagonista a la hora de determinar las indemnizaciones a percibir, y que supera los acuerdos alcanzados a través del plan PRIVA, un organismo creado de manera unilateral por la Iglesia española para reparar a los supervivientes de la pederastia clerical.

Un año y medio después de su entrada en vigor, apenas ha emitido 83 dictámenes de reparación que asumen las congregaciones o diócesis, con una cuantía acordada de dos millones de euros, y que ha cosechado críticas, casi unánimes, de las asociaciones de víctimas. La Iglesia española no informó a la Santa Sede de su decisión de bloquear la firma del convenio regulador.

Las claves del acuerdo

La nueva vía para la reparación de las víctimas, que se tramitará a través del Defensor del Pueblo, entrará en vigor el próximo 15 de abril con la principal novedad de que las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán reclamar más dinero. El proceso se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

Según los detalles del acuerdo que ha facilitado el Ministerio de Justicia, una vez que se presente una solicitud se estudiara el caso, se escuchará a las partes y la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y también económica) en un plazo máximo de tres meses. Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA) para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución.

Si no hay acuerdo, se convocará la comisión mixta en la que estarán representadas todas las instituciones firmantes así como asociaciones de víctimas. Ahí se intentará alcanzar un acuerdo por consenso en un plazo máximo de un mes. Si eso no ocurriera prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo.

La Iglesia católica deberá hacerse cargo de la indemnización. Si no lo hace directamente la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.

La Iglesia española no informó a la Santa Sede de su decisión de bloquear la firma del convenio regulador que permitirá las indemnizaciones a las víctimas de abusos, un rechazo que provocó que no estuviera suscrito antes del encuentro del Papa con los Reyes de España. Según han explicado a elDiario.es fuentes conocedoras del evento, el secretario de Estado, Pietro Parolin, aseguró “desconocer” que el acuerdo no se había rubricado, durante un encuentro mantenido en Roma con la delegación española. Varios obispos fueron informados de esta situación, tal y como ha podido confirmar este periódico.

La cuestión de los abusos, y la respuesta de la Iglesia a las víctimas, ha sido uno de los caballos de batalla de las relaciones Iglesia-Estado en los últimos meses, y fuente también de “incomprensiones” entre parte de la Iglesia española y la diplomacia de la Santa Sede. De hecho, y pese a que la Conferencia Episcopal Española (CEE) niega haber sido “forzada” por el Vaticano a llegar a un acuerdo para que las víctimas tuvieran voz, y voto, en la resolución de sus indemnizaciones, lo cierto es que, tal y como adelantó elDiario.es, la presión de Secretaría de Estado hizo posible que, el pasado 8 de enero, los obispos firmaran junto al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, un acuerdo que dotaría al Defensor del Pueblo de un mecanismo que, en caso de desacuerdo, podría arbitrar baremos de indemnizaciones que habrían de ser aceptadas por todas las partes.

En aquel momento, y tras la firma, Bolaños agradeció “al Vaticano su impulso imprescindible”, destacando el papel del cardenal Parolin, quien “ha impulsado la existencia de este acuerdo”. “Quiero agradecer a los dos papas y al cardenal Parolin su esfuerzo y trabajo (…). En los momentos de dificultad máxima, el Vaticano ha tomado partido”, añadió el ministro. Al día siguiente, 9 de enero, y tras una reunión con Secretaría de Estado, el cardenal Cobo anunciaba que León XIV visitaría España del 6 al 12 de junio.

De hecho, se esperaba que el itinerario definitivo de la visita papal, que ha de detallar la Santa Sede, hubiera sido publicado antes del encuentro de los Reyes con el Papa del pasado viernes, lo que no se produjo. La propia CEE organizó un briefing el pasado martes con medios de todo el mundo, donde se filtró la visita de León XIV a Montserrat, que no estaba anunciada en principio, así como otros detalles. El descontento de la Santa Sede podría llevar a que no se publicara el íter definitivo hasta después de Semana Santa.

Pese a los desacuerdos, todas las partes coinciden en que apenas restan “flecos” para la firma del convenio. El principal no es meramente el económico, sino la posibilidad de que las víctimas que ya han acudido al proceso de indemnización auspiciado por la Iglesia (el Plan PRIVA), y no estuvieran satisfechas, pudieran recurrir al modelo liderado por el Defensor del Pueblo, en una suerte de 'segunda instancia' jurídica para los casos no prescritos, algo a lo que, por el momento, se oponen los obispos.

Esta petición, una 'línea roja' para las asociaciones de víctimas, es lo que por el momento bloquea un acuerdo para cuya firma definitiva aún no hay fecha. Y, al menos oficialmente, no hay previstas reuniones esta semana, lo que impediría que el sistema pudiera implementarse antes de mediados de abril. La próxima semana es Semana Santa, y la siguiente, la de Pascua, es tradicionalmente una semana de 'vacaciones' para la Iglesia. Conscientes de ellos, las asociaciones de víctimas, reunidas este fin de semana online, acordaron, por unanimidad, ejercer presiones para tratar de arrancar de Iglesia y Gobierno el compromiso de una firma que no se dilate.

Las víctimas han asegurado a elDiario.es que “habrá movilizaciones si no se firma el acuerdo esta semana, o si por lo menos no se anuncia la firma esta semana”. De hecho, si esto no se produce, las asociaciones de víctimas han anunciado concentraciones de protesta ante las sedes de la Conferencia Episcopal española y la Nunciatura Apostólica. Algunas asociaciones, incluso, han instado al Papa a suspender su visita a España, al tiempo que exigen al Gobierno que apruebe sin demora el acuerdo, o que lo implemente “unilateralmente”.

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“Nos preocupa que la polarización y la tensión que hay en España y en el mundo sea un peligro para la comunidad cristiana”. El portavoz de la Conferencia Episcopal, César García Magán, evitó cualquier referencia a sobre si el Papa habló o no de ultraderecha durante su encuentro con la cúpula de la Iglesia española el pasado mes de noviembre. En rueda de prensa, el obispo auxiliar de Toledo repitió, hasta en cuatro ocasiones, el clásico “me remito a la nota” publicada el martes por la Comisión Ejecutiva en respuesta a la información adelantada el lunes por El País acerca de los riesgos de la ultraderecha en España

“Yo entiendo que hay una lógica mediática y política, que no termino de entender”, quiso explicar Magán, quien apenas añadió que “tuvimos un encuentro de carácter privado con el Papa” y que los obispos “no hablamos de las conversaciones que mantenemos a ese nivel”.

“En algunas informaciones se dice que se han recibido de obispos. A nosotros no nos consta”, insistió. Preguntado directamente sobre si a los obispos les preocupa la ultraderecha, Magán incidió en que “nos preocupa la evangelización, y la polarización”. En este sentido, añadió, “la diversidad es rica en democracia, pero cuando esa diversidad convierte al otro en un enemigo a abatir, cuando el otro me estorba, es un riesgo que nos preocupa. Y eso pasa en España y en otros lugares. Nos preocupa que esa polarización pase a las comunidades cristianas”. “Pero esto no es nuevo de hoy, esto es tan antiguo como la Iglesia”, matizó, intentando, infructuosamente, de dar protagonismo al anuncio de la visita del Papa León XIV a España. Tanto fue así, que incluso aseguró que los obispos no han hablado del escándalo del ex obispo Zornoza.

“Ayer tuvimos la confirmación oficial de las fechas del viaje, es un motivo de gozo, de esperanza y alegría”, destacó el portavoz episcopal, recordando que “sin comunión efectiva y afectiva con el Papa, no hay Iglesia católica”. Lo que sí negó, con cierta vehemencia, fue que se aguardara a anunciar el viaje a la aprobación del acuerdo con el Gobierno para la indemnización de las víctimas de abusos, o a la regularización de migrantes. “En ningún momento se condicionó la visita del Papa a estas cuestiones”, insistió. “No es cierto que la Santa nos había obligado a firmar ese acuerdo con el Gobierno”.

Sobre el citado acuerdo con las víctimas, firmado hace un mes, el portavoz de la CEE apuntó que tanto la CEE como CONFER “hemos actuado en comunión”, y se pidió “el tema de la fiscalidad (que las reparaciones estuvieran exentas de fiscalidad)” y que “la reparación se abriera a todas las víctimas”. En este sentido, se está hablando de activar “un protocolo a tres bandas (Gobierno, Iglesia y Defensor del Pueblo)”, proclamó García Magán.

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La Iglesia católica se ha volcado con San Valentín y ha creado un videojuego con el que “mostrar la belleza del matrimonio cristiano”. La historia trata de un chico y una chica —cómo no— que se conocen y forjan su relación. Y, para subir de nivel (en el juego y en la vida en pareja), solo hay un cometido: superar dificultades. “Porque el matrimonio es la aventura más épica”, dicen en un comunicado.

El procedimiento es similar a Los Sims, pero con muchas menos opciones. La toma de decisiones es limitada en esta iniciativa de la Conferencia Episcopal. Una paloma cruza la pantalla y 'riega' los objetos que serán determinantes en la trama: aquellos que esconden 'dones', que sirven para construir “una buena relación”. Estos son: la integridad, la paciencia, la modestia o la empatía, entre otros. Pero, ¡cuidado! Porque no todo es tan sencillo. Debes obrar bien; de lo contrario, te expones a perder tus vidas (que en este juego no se llaman vidas, sino inocencia). Y, si pierdes la inocencia, empiezas de nuevo. Hasta que lo hagas bien.

El videojuego se llama Level UP! El juego de dos y forma parte de 'Matrimonio es+', una iniciativa que los obispos ponen en marcha por quinto año consecutivo en torno a la fecha de San Valentín, que se celebra el próximo sábado 14 de febrero. Ha sido ideado por alumnas de publicidad de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) —un centro católico y privado— y desarrollado por el diseñador Federico Peinado y Artax Games.

La campaña ha sido promovida, concretamente, por la Subcomisión Episcopal de Familia y Defensa de la Vida, que en 2022 criticó la “colonización ideológica” y la “perversión” de la 'teoría queer' con la Ley Trans a punto de ser aprobada, en un mismo comunicado en el que cargaba contra la “imposición” de un “adoctrimaniento” por parte del Gobierno de coalición.

El propósito, según declara el director del secretariado de la subcomisión episcopal, Miguel Garrigós, es promover el matrimonio como “vocación”, debido al descenso de bodas por la Iglesia, que ha caído hasta las 31.462 en 2024 —una caída de más del 6% respecto a 2023). Unos datos “innegables”, según ha dicho Garrigós en una rueda de prensa, que vincula con dificultades económicas y problemas de vivienda, principalmente.

Esta vez, la Iglesia ha optado por un videojuego. Pero se trata del quinto año que lo llevan a cabo en lo que llaman 'semana del matrimonio'. Antes, habían apostado por otras opciones, como un cuento animado, un 'tinder' en el que preguntaron en la calle la opinión de jóvenes sobre el “amor para siempre”, una receta para el amor “para siempre” o una iniciativa para mostrar los “valores esenciales” del matrimonio. Sin embargo, el número de bodas por la Iglesia sigue mermando.

“Esto es puro Evangelio”. 84 instituciones vinculadas a la Iglesia católica, entre ellas la propia Conferencia Episcopal, la Confer, Cáritas o Redes, formaron parte, “desde el principio”, del proceso que germinó en la mayor Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la historia de nuestra democracia para solicitar al Congreso la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de migrantes. Una medida que, finalmente, verá la luz a través de un Real Decreto, tras un pacto entre el Gobierno y Podemos, y que desde la Iglesia ven como “una gran noticia”.

“Es un reconocimiento de la dignidad humana, una oportunidad para colaborar en el bien común”, señalaba el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que durante meses mantuvo encuentros personales con los principales líderes políticos para lograr su adhesión a un pacto social sin precedentes.

Sin embargo, otros ‘católicos’, tanto dentro como fuera de la Iglesia, se han sacudido ante la reforma migratoria. Algunos, muy sonoros, por su cargo, como los obispos ultras de Oviedo y Orihuela, Jesús Sanz y José Ignacio Munilla, que se quejaban de que “todos no caben”, rompiendo la unidad episcopal.

Católicos pidiendo eliminar la X de la Iglesia

También, desde la denominada ‘fachosfera eclesial’, calificando a los obispos de “traidores” por permitir la “invasión” de extranjeros (obviando que la norma regulará solo los casos de migrantes con arraigo, ya residentes en España), y asumiendo (falsamente) que se trata de una medida para otorgar millones de votos para lograr un vuelco en las próximas generales. Son casos tan estrambóticos como el de ‘Universitarios católicos’, que ha lanzado una campaña para pedir “la eliminación de la casilla para la Iglesia Católica en el IRPF” por el apoyo a la regularización extraordinaria por parte de los obispos, a los que acusan de estar “una vez más, alejados de los católicos españoles y cercanos a los políticos anticlericales”.

O como algunos de los curas que rezaron por la muerte del Papa Francisco y que, en sus redes sociales, denuncian la “traición continua” de la Conferencia Episcopal. Y es que, de un tiempo a esta parte, la deriva antiepiscopal de la ultraderecha y sus pseudomedios es evidente. Entre los adalides de esta estrategia se sitúa el filósofo cercano a Vox, Miguel Ángel Quintana Paz, quien no ha dudado en arremeter contra los obispos, mezclando convenientemente la resignificación de Cuelgamuros y la regularización de migrantes para llamar a los buenos católicos a desobedecer a sus obispos. O, al menos, a los que disienten de las verdades oficiales de lo que el teólogo Juan José Tamayo denomina “neocristofascismo”. Así, el director del think tank de la sobrina de Le Pen (ISEEP) apunta que “la visible incompetencia de nuestros obispos al abordar asuntos políticos (inmigración, Valle...) tiene algo bueno: que el resurgir católico actual no derive en clericalismo. Que el clero no se vea como «jefes» de los católicos. Pues no lo son”.

En el trasfondo del desencuentro entre obispos y ultraderecha está la ‘guerra cultural’ de la que hacen gala todos estos grupos, curiosamente enfrentados entre sí (en las autonómicas de Aragón, HazteOír está haciendo campaña contra Vox), disputándose la autoridad moral del rigorismo. En esta tesitura, ha causado desazón entre los obispos un tuit de la Falange Española en la que muestra el presidente de la Conferencia Episcopal transformándose en un demonio, en un proceso de conversión que le hace aparecer, primero, como George Soros. “La inmigración es mafia, explotación, salarios indignos, desarraigo y disolución cultural. Lo más lejano a la Doctrina Social de la Iglesia. Si la patronal, Podemos, Soros y la CEE están de acuerdo en promoverla, igual la Conferencia Episcopal está más con el demonio que con los pobres”.

¿Y qué pasa con el PP?

Todo esto en la ultraderecha patria. Pero, ¿qué sucede con la derecha tradicional, con la democracia cristiana supuestamente inserta en las filas del Partido Popular? Porque el PP rechaza la regularización aprobada por el Gobierno, al igual que, durante mucho tiempo, se opuso a la ILP promovida por un millar de asociaciones civiles y religiosas. De hecho, solo votaron ‘sí’ a la admisión a trámite por la presión de la jerarquía eclesiástica y de las bases del partido que participan en las organizaciones, cristianas o no, que promovieron la recogida de firmas de la iniciativa informa Aitor Riveiro.

En 2024, cuando la propuesta llegó al Congreso, el PP titubeó sobre qué votar. Entonces, reconocieron que Cáritas había presionado para lograr un apoyo al texto. En el debate parlamentario, la diputada Sofía Acedo criticó al Gobierno por “la hipocresía” de promover una ILP que no llegó desde el Ejecutivo, sino desde la sociedad civil, conminando al Gobierno a usar la vía del Real Decreto. “Hoy mismo, sin esta tramitación, podría aprobar un real decreto reglamentario y aplicarse desde mañana”, la regularización. Ahora que el Ejecutivo ha recurrido a esa vía ante el bloqueo de las derechas en el Congreso, el PP da la vuelta al argumento, critica que se haga así, y reclama una ley.

El discurso que relaciona directamente a las personas migrantes con la “inseguridad” en los barrios fue asumido por Alberto Núñez Feijóo y, ahora, vuelve a ser esgrimido como razón para rechazar la regularización, junto al ‘efecto llamada’ y una supuesta estrategia para querer inflar el censo electoral de cara a las próximas generales, que es falsa.

Y es que el voto a favor de la ILP fue un gesto fugaz expresamente dirigido a la Iglesia y a la patronal, que reclama la regularización para obtener mano de obra legal. El proceso finalmente aprobado por el Gobierno ya no exige el apoyo del PP. Fuentes cercanas a Añastro (sede de la CEE) confirman que Núñez Feijóo comunicó telefónicamente su negativa a apoyar la regularización al arzobispo Argüello. Después, el silencio de un PP que evita criticar directamente a la Iglesia, pero se esfuerza (al menos en este campo) por no forzar unas relaciones que Vox hace tiempo que dio por rotas.

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La Diócesis de Huelva anunció el pasado miércoles 22 de enero por la mañana la celebración de una misa por las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz. La fecha: el jueves 29 por la tarde. Buena parte de los fallecidos procedían de dicha provincia, cuya capital iba a acoger también el homenaje de Estado previsto para el día 31. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se dio por enterada de ninguno de los dos actos y reclamó la tarde del mismo miércoles el suyo propio “en nombre de todos los españoles”, que se celebrará en La Almudena casi a la vez que el de Huelva entre críticas de “instrumentalización”.

Los homenajes oficiales por las víctimas de Adamuz se sucederán en las próximas horas, con Huelva como punto central al ser la provincia más afectada por el siniestro, ya que era el destino del tren Alvia que se chocó con un Iryo que había descarrilado unos segundos antes. El obispo, Santiago Gómez Sierra, oficiará una misa a la que ha convocado “a todas las personas que lo deseen”, según recoge la web de la Diócesis.

El anuncio llegó cuatro días después del accidente como parte de los homenajes en recuerdo de las víctimas. Al acto católico asistirá el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Los reyes de España confirmaron su asistencia unos días después, así como la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. El PP había pedido la ausencia del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Pero el mismo día 22 por la tarde, con la misa de Huelva ya convocada, Ayuso anunció en una entrevista en Onda Madrid que iba a pedir personalmente al Arzobispado de Madrid una misa propia en la capital del país y en “nombre de todos los españoles”. “Es el mejor homenaje que se le puede hacer a estas víctimas que son de todos”, dijo la presidenta regional.

Aunque Ayuso dijo que todavía no había mandado la carta donde solicitaría la convocatoria de la misa, ya dio por hecho que se iba a celebrar, así como el lugar. “Al celebrarse en La Almudena representaría un testimonio de condolencias y solidaridad en nombre del conjunto de todos los españoles, no solo de los madrileños”, aseguró en la misma entrevista.

Dicho y hecho. El Arzobispado de Madrid respondió con otra misiva en la que se plegaba a los deseos de Ayuso y le anunciaba la celebración del funeral en la catedral madrileña y con presencia del arzobispo, José Cobo, así como de los tres obispos de la provincia eclesiástica.

La jerarquía eclesiástica madrileña ha contraprogramado así a sus colegas de Huelva a petición de Ayuso. De hecho, el arzobispo ha hecho extensiva la invitación al homenaje a los familiares de las víctimas.

La estrategia de Ayuso ha sido denunciada por la oposición. Desde Más Madrid han criticado a la presidenta regional por “instrumentalizar el dolor de las víctimas para ganar protagonismo y atacar a los adversarios políticos”. Fuentes del partido aseguran que este miércoles todavía no habían recibido una invitación formal al evento. Los grupos de PSOE y Vox en el Ayuntamiento han confirmado su asistencia.

En la misma entrevista en la que pidió la misa, Ayuso arremetió contra la “ley del silencio” que, dijo, había impuesto el Gobierno central al decretar tres días de luto oficial. La presidenta de Madrid decidió no suspender su agenda tras el accidente.

Los reyes, el Gobierno, Feijóo y la Conferencia Episcopal, con Moreno

El funeral católico de Huelva se celebrará este jueves a las 18 horas, y estará presidido por Felipe de Borbón y Letizia Ortiz. Los reyes confirmaron su asistencia el pasado lunes, 26 de enero, unas horas después de que el Gobierno y la Junta de Andalucía acordaran suspender el homenaje de Estado previsto para el día 31 también en Huelva.

En representación del Gobierno asistirá la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, candidata del PSOE a las próximas elecciones andaluzas previstas para la primavera. También ha anunciado su presencia el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.

A la misa de Huelva asistirá el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que estará acompañado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Ayuso se quedará así sola en su misa, convocada una hora después que la andaluza, a expensas de que el Gobierno decida si envía a su delegado en Madrid, Francisco Martín. Ni ella ni el Ejecutivo autonómico han pedido mover el día del funeral de La Almudena.

A la rabia, impotencia y sentimiento de injusticia que se suelen atisbar en las lágrimas de José Luis Velasco se le ha sumado un mínimo de alegría. Esta semana, él y tantos otros españoles se han convertido de nuevo en el foco de una noticia que nunca debió existir. Víctima de abusos sexuales por parte del párroco de su barrio cuando era menor, no ha sido hasta la firma este jueves del acuerdo entre la Conferencia Episcopal Española (CEE) y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que este abogado de profesión ha sentido por primera vez una mínima reparación al daño sufrido.

Todo comenzó cuando tenía unos 15 años. Cursaba 4º de la ESO y se empezó a involucrar en temas de la parroquia San José Obrero, en Móstoles (Madrid). Por ejemplo, era el encargado de organizar los autobuses y los asistentes a las peregrinaciones que realizaban. “Este tío aprovechaba que yo lideraba aquello para decirme que le tenía que ayudar y me hacía ir con él”, introduce refiriéndose al sacerdote en cuestión, Alberto Arrastia Cebrián, fallecido en 2021.

Le obligaba a confesarse, y en ese momento tenían lugar los abusos en los que Velasco prefiere no profundizar. Se repitieron desde el año 2001, con 16 años, hasta el primer trimestre de 2004, cuando acababa de cumplir los 19, en lugares como la sacristía o la capilla, delante del Santísimo. “Poco después de tener la mayoría de edad pude salir de ahí”, comenta. Aquella figura en un primer momento leída como referente en su vida le truncó los años venideros. Lo mismo le sucedió a otra víctima de Arrastia que junto a Velasco han sido recibidos este viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en el Palacio de la Moncloa.

Poner nombre a lo sucedido

Sin embargo, tuvieron que pasar algunos años hasta que Velasco pudo poner nombre a lo que le había ocurrido en su adolescencia. No fue hasta sufrir un episodio cotidiano en su vida familiar que su pareja le recomendó ir al psicólogo y al psiquiatra. Era 2023 y terminó ingresado en una clínica. “Ahí empecé a entender de dónde venían mis males, por qué me había intentado suicidar tantas veces, y todas las cuestiones médicas que me acompañaban”, se explica a sus 40 años.

Hacía años que le incomodaba gravemente cualquier información relativa a los numerosos casos de abuso sexual infantil en el seno de la Iglesia Católica española. Las evitaba. “Ni siquiera he podido leer ningún testimonio recogido en el Libro Gordo de Petete, que es como llamo yo al increíble informe elaborado por el Defensor del Pueblo”, dice con cierta sorna. Se nota que a Velasco el humor es una de las cosas que le han salvado de la oscuridad, tal y como él mismo confiesa.

La Iglesia no responde a sus necesidades

De todas formas, las víctimas han tenido que sortear todo un camino, a veces minado, hasta llegar a ese informe. Fue Rafael Arrabé, la otra víctima de Arrastia, quien le pidió ayuda como abogado profesional que es. “Él solo venía a pedirme consejo sobre cómo hacer las cosas y lo que se encontró es que me dio un ataque de ansiedad, porque a mí me había ocurrido lo mismo que él relataba por parte de la misma persona”, señala Velasco.

Juntos decidieron denunciarlo ante la curia de Getafe. No era la primera vez que Velasco intentaba poner en conocimiento de la Iglesia los abusos que había sufrido. Allá por 2002, en una peregrinación a Roma, se acercó a Rafael Zornoza, por entonces ligado a la Diócesis de Getafe, para intentar contarle lo que ocurría. “Me quitó de encima de malas maneras. Me quedé en shock, sin saber a dónde acudir”, asegura. Zornoza fue apartado como obispo de Cádiz el pasado noviembre, investigado por el Vaticano por presuntos abusos sexuales.

Arrabé y Velasco denunciaron a Arrastia en 2023, y les dijeron que no airearan demasiado el tema. Les tomaron testimonio, pero no les dieron copia notarial de aquello. “Luego me enteré que así debía haber sido según la legislación canónica”, apuntilla el mismo Velasco. En la siguiente comunicación le reconocieron como víctima, y le ofrecieron acudir al centro de orientación familiar católico. Aquello le exasperó. 

Recibió otra comunicación, informándole de que el Plan PRIVA estaba activo y que podrían acudir a él. Este plan fue creado por la CEE “para ofrecer una reparación integral a quien haya sido víctima de abusos sexuales siendo menores de edad o personas mayores equiparables en derecho en la Iglesia Católica (diócesis, congregaciones religiosas y otras entidades eclesiales), en los casos en que dichos abusos ya están prescritos o ha fallecido el victimario”, explica la Conferencia en su web. “Pero no es garantista, así que no fui”, añade Velasco.

Llega la reparación oficial

Después llegó el arduo trabajo realizado por el Defensor del Pueblo, con Ángel Gabilondo a la cabeza. El documento cifra en 440.000 las víctimas de abusos sexuales por parte del clero, es decir, un 1,13% de la población española. Además, recomendaba que el Estado también asumiera su indemnización. Así hasta este jueves, 8 de enero, que la CEE y el Gobierno han suscrito un acuerdo por el que reparar a todas las víctimas de la pederastia en la Iglesia cuyos agresores estén muertos o los casos hayan prescrito para la justicia ordinaria.

Velasco admite que esto ha sido posible gracias al Vaticano. “Hace poco estuvimos allí representantes de víctimas y les dijimos que no íbamos a hablar más con la Conferencia Episcopal, que queríamos que ellos fueran los interlocutores”, agrega. Por eso, considera que si no hubiera sido por el Ejecutivo liderado por Sánchez y algunos obispos y cardenales como José Cobo la situación no sería como la que se da ahora.

Tal y como dice esta víctima de pederastia por parte de la Iglesia, un motor roto siempre va a ser un motor roto, pero algo se puede resarcir. “Que nos haya recibido el presidente del Gobierno ya es una forma de reparación por parte del Estado. Es probable que la herida nunca se cierre, pero tenemos que intentar que esto nunca se repita, por difícil que parezca”, desarrolla el propio Velasco.

Un paso para la democracia en España

Él se encerró en los libros para huir de este tortuoso pasado que también le ha granjeado dos ingresos psiquiátricos, cambios de carácter y una gran desconfianza en la gente. También era muy creyente, pero hace tiempo que perdió la fe. “Muchas personas piden a Dios cuando necesita ayuda. Yo ya no puedo hacer eso, me repugna la idea”, detalla. De cara a la gente que le rodea, algunos saben su historia, otros no tanto. “Algo así deja a la familia hecha polvo, con secuelas. Esto es una mierda. A los niños no se les toca, joder”, remarca con enfado.

Sus ojos siguen llorando, como queda patente en esta conversación con elDiario.es, pero aclara que ahora con algo más de felicidad y alegría que hace apenas unos días. “Este paso es enorme para la democracia en este país”, apunta. Todavía guarda algunas palabras para Zornoza, aquel sacerdote que le quitó de en medio cuando de chaval, con 17 años, le intentó contar lo que pasaba: “Que me mire a la cara y me diga por qué no me escuchó. Hubo una serie de personajes que nos cortaron la voz, y éramos niños, y nos jodieron la vida. Ahora quién me devuelve a mí y a mi familia todo lo sufrido”, se pregunta.

Por el momento, el acuerdo suscrito entre la CEE y el Ministerio de Félix Bolaños tiene que materializarse en un convenio que también cuente con la opinión de las víctimas. En él se deberán definir las distintas formas de reparación integral, tales como de carácter restaurativo, de reparación psicológica y/o psiquiátrica que podría extenderse a la familia y reparación moral del daño causado.

Acuerdo histórico para la reparación de las víctimas de la pederastia clerical. Tal y como puede avanzar elDiario.es, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y los presidentes de la Conferencia Episcopal (Luis Argüello) y CONFER (Jesús Díaz Sariego) han consensuado la creación de un sistema de reparación mixto Iglesia-Estado, con la participación de las víctimas y el arbitraje del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. En la práctica, supone que la Iglesia deja de tener el control total sobre las indemnizaciones a quienes no podían acudir a la vía judicial. El pacto será sellado esta mañana con la firma de las partes.

Se cumple así con la principal reivindicación de las asociaciones de víctimas de la Iglesia, que este viernes serán recibidas por Bolaños en la sede del ministerio para ser informadas de los detalles del acuerdo, que, sostienen las fuentes consultadas, facilitará que las reparaciones vayan a buen ritmo.

Fuentes de la negociación han mostrado su satisfacción tras la firma del acuerdo, que supone el cuarto al que el Ministerio liderado por Bolaños llega con los obispos, después de la resignificación del Valle de Cuelgamuros, el pacto para las inmatriculaciones y el acuerdo de modificación del Concordato para que las instituciones religiosas pagaran el ICIO (impuesto de contribuciones especiales y sobre construcciones). Un acuerdo para el que Bolaños ha contado con el respaldo del secretario de Estado, Pietro Parolin, y que podría allanar el camino para el viaje de León XIV, el próximo mes de junio, a España.

Claves del acuerdo

El acuerdo, al que ha tenido acceso elDiario.es, ofrece varios ámbitos de seguridad para los supervivientes. El primero, que las víctimas no tendrán que volver a pasar, si no lo desean, por el filtro de la comisión episcopal y su polémico plan PRIVA, que en más de un año de funcionamiento apenas ha reparado a medio centenar de supervivientes de la pederastia, con indemnizaciones que han ido de los 3.000 a los 100.000 euros, unos formularios revictimizantes y sin la participación de las víctimas ni de sus representantes en el proceso. En principio, se establece el plazo de un año (prorrogable) para que los casos prescritos puedan presentarse ante las instituciones. También podrán reclamar una revisión de las cantidades abonadas aquellas víctimas que, acogiéndose al plan PRIVA, no hayan quedado satisfechas con la resolución final.

En segundo lugar, la rúbrica, por parte de obispos y religiosos de que, en caso de discrepancia, la decisión final recaerá en el Estado, a través de la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, encargado de tomar una decisión definitiva. En tercer lugar, que tanto CEE como CONFER se comprometen a abonar las cantidades acordadas en el caso de que la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable no lo hicieran.

El nuevo sistema, acordado después de más de un año de duras negociaciones (y filtraciones interesadas) entre Gobierno e Iglesia, y cumple con las recomendaciones incluidas en el informe llevado a cabo por el Defensor del Pueblo, que será la institución encargada de elaborar las propuestas de reconocimiento y reparación integral de las víctimas. El acuerdo, tal y como reclamaba la institución dirigida por Ángel Gabilondo, se refiere a las víctimas cuyos procesos han prescrito y, por tanto, no pueden acudir a la vía judicial.

¿Cómo se implementará el nuevo mecanismo de reparación? A diferencia de lo ocurrido hasta la fecha, en la que la víctima debía pasar, obligatoriamente, por el filtro de la Iglesia, a partir de ahora el procedimiento arrancará ante una unidad de tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Será este organismo público el que realizará una propuesta de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica), en función de lo solicitado por la víctima, que desde el principio podrá plantear sus necesidades.

Una vez elaborada la propuesta, se enviará al plan PRIVA, dependiente de la Iglesia, que hará su propia evaluación. Si hay conformidad entre las partes, la propuesta tendrá carácter definitivo. Si la víctima o la Iglesia muestran su disconformidad con la misma, se convocará una Comisión Mixta, con la participación de las asociaciones de víctimas (otro gran logro del acuerdo), que deliberará hasta alcanzar un acuerdo unánime. Si persiste el desacuerdo, será el Defensor del Pueblo, a través de la Unidad de Víctimas, adoptar una resolución definitiva, a la que la Iglesia habrá de dar cumplimiento en plazo.

Del “pocos casos, o ninguno” a la aceptación de la realidad

Por parte de la Iglesia, la firma del pacto supone el reconocimiento del fracaso de su gestión respecto al drama de la pederastia. Y es que los obispos han pasado, en los últimos años, de negar la existencia del problema (“hay pocos o ningún caso”, llegó a decir el hoy presidente Argüello) a encargar una auditoría –nunca publicada, pese a haber costado 1,2 millones de euros– a Cremades, mientras impedían sistemáticamente la participación de las víctimas, o que el Estado pudiera intervenir en las indemnizaciones de supervivientes de abusos en la Iglesia. Finalmente, aprobaron por unanimidad el plan PRIVA (Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos) para indemnizar a los supervivientes de la pederastia cuyos casos hubieran prescrito.

Un plan que se puso en marcha sin contar con las víctimas, que no estaban representadas en el mismo ni forman parte del proceso de decisiones, y en el que tampoco participaba el Gobierno, porque los obispos entendían que la suya debía ser una vía “unilateral”, sin atender (como pedía la auditoría de Cremades, el Ejecutivo y las víctimas) a las recomendaciones del Defensor del Pueblo, quien propuso la creación de un órgano administrativo especial, una suerte de comisión mixta Iglesia-Estado para reconocer y reparar a las víctimas. En definitiva, la propuesta finalmente acordada.

Desde el principio, la Iglesia se negó a colaborar aportando recursos. A comienzos del pasado año, Félix Bolaños advirtió a la CEE que el Ejecutivo no consentiría que los obispos indemnizaran de manera unilateral a las víctimas de abusos. Sin embargo, pasaron los meses y las víctimas seguían sin respuestas. De hecho, las principales asociaciones de víctimas optaron por dejar de considerar a la Iglesia española un interlocutor válido tras una reunión con la Comisión de Tutela Minorum del Vaticano, que aceptó negociar directamente con ellas. Ahora, por fin, logran una comisión mixta en la que estarán representadas desde el principio, y la garantía de que, en caso de discrepancia, será el Defensor del Pueblo quien tome una decisión que la Iglesia estará obligada a cumplir.

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Hoy toca hablar de la Iglesia. Del presidente de la Conferencia Episcopal. De sus análisis políticos. Y de sus anhelos, que nada tienen que ver con recuperar fieles, ni con acabar con la pederastia, ni con impartir su doctrina social, sino con un cambio de gobierno. “Cuestión de confianza, moción de censura o elecciones”, ha declarado un reincidente Luis Argüello, que ya en junio pasado pidió al Gobierno que llamara a las urnas de forma inmediata. 

La Iglesia toma así de nuevo partido. Lo de perder su papel central en el Estado, tras el final del franquismo, no es algo que haya superado pese a los casi 50 años de democracia, un trato más que privilegiado respecto a otras confesiones y una Constitución que, en su artículo 16, establece que España es un estado aconfesional y que ninguna religión tendrá carácter estatal. 

Lo curioso es que su jerarquía nunca levanta la voz cuando gobierna la derecha ni cuando la corrupción salpica al PP. No lo hizo con Mariano Rajoy ni cuando la Audiencia Nacional condenó en 2018 a su partido como beneficiario de un “sistema de corrupción institucional” por el caso Gürtel, pero sí salió a la calle para protestar contra las leyes progresistas aprobadas por los gobiernos de Zapatero entre 2004 y 2011. Contra el matrimonio Igualitario, contra la ley del divorcio exprés, contra la reforma de la ley del aborto, contra la ley de Libertad Religiosa…. Ya sabes, todo rompía España, la tradición y el modelo de familia.

Ahora, con el Gobierno de Pedro Sánchez, vuelve a la carga. Y el motivo no es otro que el empeño del Ejecutivo para que se indemnice a las víctimas de la pederastia, algo a lo que la Iglesia se resiste como gato panza arriba. La negociación hasta el momento entre el Ministerio de la Presidencia y la Conferencia Episcopal ha sido baldía. De hecho, ante la falta de respuestas, el ministro Félix Bolaños, y también el presidente del Gobierno, amenazan con plantear mecanismos legales que obliguen a los obispos a asumir el coste de las reparaciones.  

No en vano, han sido años, incluso décadas, de silencio. De negación. De encubrimiento. De obstrucción. De indignidad. De infamia. En muchos países, pero España no fue una excepción, sino donde hubo más casos de pederastia en el ámbito de la iglesia católica, pese a que la Conferencia Episcopal y las instituciones públicas cerraron los ojos a una realidad abyecta. 

El informe de octubre de 2023 del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, encargado por el Congreso de los Diputados, consiguió helar la sangre y zarandear la conciencia de muchos con una cifra: 440.000 ciudadanos habían sufrido abusos sexuales desde 1945. La mitad de las agresiones fueron cometidas por sacerdotes y religiosos. La otra mitad, por laicos. Son datos escalofriantes, brutales y aterradores. 

El diagnóstico no gustó a la Conferencia Episcopal, que invocó la prescripción de los delitos, cuestionó los datos y se negó a cooperar con las recomendaciones que proponía el texto, especialmente con la de crear un organismo independiente que estudiara caso por caso y fijase los baremos de las indemnizaciones. Los obispos crearon su propio plan con el nombre de PRIVA, que estaba compuesto por un grupo de expertos elegidos a dedo, sin la participación de las víctimas y cuyo trabajo —el de investigar cada denuncia y establecer una cuantía— no es de obligado cumplimiento para los responsables subsidiarios, es decir, para cada uno de los 70 obispados y las más de 300 congregaciones religiosas. 

A las asociaciones de afectados les pareció una broma, recelaron de su mecanismo y denunciaron una premeditada dilación del procedimiento. E, igualmente, el Gobierno la rechazó por tratarse de una fórmula unilateral que no contaba con la supervisión y el control del Estado. 

Solo en este contexto, el de una negociación que no avanza por la resistencia de los obispos, hay que entender las declaraciones de Argüello y la inmediata exigencia del Gobierno a la Conferencia Episcopal para que respete el principio de neutralidad política al que se debe la jerarquía de la Iglesia que, dicho sea de paso, con este Gobierno ha alcanzado acuerdos relevantes que han dado respuesta a cuestiones que llevaban años enquistadas.

Ha sido desde que el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, se hizo cargo de las relaciones con las confesiones religiosas en 2021 cuando se han cerrado asuntos nucleares, después de 16 años sin que el Estado y la Iglesia suscribieran un solo acuerdo. 

Bienes inmatriculados. En enero de 2022, tras varios meses de negociación con la CEE, la Iglesia hizo públicos los listados de bienes inmatriculados y reconoció que en torno a mil bienes no le constaban como propios, comprometiéndose a colaborar en su devolución.

Supresión de exenciones fiscales. El 29 de marzo de 2023, el ministro Bolaños y el nuncio de la Santa Sede suscribieron un canje de notas que supuso la renuncia de la Iglesia católica a las exenciones del ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras) y de las contribuciones especiales, exenciones que no tienen otras entidades sin ánimo de lucro, equiparándose así al régimen de exenciones de estas últimas.

Resignificación del Valle de Cuelgamuros. En marzo de 2025, se alcanzó un acuerdo entre el ministro Bolaños y el cardenal Cobo, designado por el Vaticano, para la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Este acuerdo ha permitido la celebración de un concurso internacional y la selección de un proyecto ganador que supondrá una resignificación democrática del conjunto monumental del Valle compatible con el mantenimiento del culto dentro de un espacio en el interior de la Basílica. 

Pero nada de esto hubiera sido posible sin la fluida relación que el ministro Bolaños ha mantenido con la Santa Sede, que no con la Conferencia Episcopal Española. Solo así se explica que el Gobierno haya logrado que la Iglesia cediera en cuestiones clave. Hasta en cuatro ocasiones tuvo encuentros el ministro con el Papa Francisco, incluyendo una audiencia privada. Y en este año 2025 ya se ha reunido en dos ocasiones de forma discreta con el Secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, para abordar la situación del Valle de Cuelgamuros y de los abusos sexuales en la Iglesia española. 

Abusos sexuales y el último viaje de Bolaños a la Santa Sede. Sin duda el asunto más difícil y sensible, en el que aún se trabaja con la propia Iglesia para sumar un acuerdo más que dé respuesta a la reparación que tanto tiempo llevan reclamando las víctimas. Pero, después de más de un año de trabajo de los equipos, el pasado 24 de octubre de 2025 el ministro hizo un viaje exprés a la Santa Sede para abordar el asunto. Pocas semanas después, el Vaticano hizo público el caso de abusos del obispo de Cádiz y el pasado 17 de noviembre el Papa convocó a una reunión a la jerarquía española, exhortándoles a alcanzar un acuerdo cuanto antes con el Gobierno. 

El objetivo del Ejecutivo es claro: que la Iglesia asuma la responsabilidad de reparar a aquellas víctimas de abusos sexuales que fueron encubiertos y no denunciados, y sobre los que ya no puede actuar la justicia, en línea con las recomendaciones del Defensor del Pueblo y del Plan aprobado por el Gobierno. 

Argüello y la neutralidad política. El ministro Bolaños ha respondido con firmeza a la incursión política de Argüello y le ha recordado el compromiso de la Conferencia Episcopal de mantenerse neutral ante procesos electorales y el debate propiamente político y de partidos. Dos veces ha hecho declaraciones en ese sentido el presidente de la CEE en sendas entrevistas en ABC en junio y el pasado fin de semana en La Vanguardia. En ambos casos, Bolaños tuvo que enviar sendas cartas a Argüello recordando la lealtad institucional que debe presidir las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia católica, en el marco del respeto a los principios constitucionales de separación y cooperación. La última no tiene desperdicio. Aquí van algunos de los fragmentos más suculentos:

“He leído con atención la entrevista que ha concedido al diario La Vanguardia en el día de hoy donde, por segunda vez en un corto periodo de tiempo, se pronuncia a favor del fin del actual Gobierno, rompiendo una vez más la neutralidad política de la Iglesia. En mi anterior misiva del 20 de junio ya me extendí sobre por qué este tipo de pronunciamientos partidistas no son adecuados en un Estado aconfesional basado en una doble neutralidad y respeto: la de los poderes públicos hacia la libertad de culto de cada persona y de las propias confesiones y la de cada confesión religiosa sobre los titulares del poder político (...).

“Deseo, no obstante, referirme a una apreciación que realiza en su entrevista de hoy sobre su relación con el Gobierno que intuyo que puede ser el verdadero motivo por el que ha decidido romper la neutralidad política. Afirma que, en la actualidad, ”muy a su pesar“, las relaciones con el Ejecutivo han estado centradas en ”el Valle de los Caídos“ (obviando que desde la entrada en vigor de la actual Ley de Memoria Democrática su nombre es ”Valle de Cuelgamuros“) y ”la reparación a las víctimas de abusos de la pederastia eclesial“. Entiendo que son asuntos que para la Iglesia española tienen especial complejidad, dada la claridad y el compromiso del Gobierno en ambos (...)”.

“En cuanto a Cuelgamuros, este Gobierno lo está resignificando por completo para convertirlo en un lugar de interpretación de la Guerra Civil y la dictadura y de homenaje a sus víctimas, algo que comenzó con la salida de los restos mortales del propio dictador. Y, respecto al reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia, usted conoce de primera mano nuestra intención de que se cumplan las recomendaciones del Defensor del Pueblo, desarrolladas por el Consejo de Ministros: un sistema de reparación mixto entre Iglesia y Estado, con procesos seguros para las víctimas y reparaciones a cargo de la propia Iglesia en aquellos casos donde ya no sea posible una reparación judicial (...)”

“De sus declaraciones parece deducirse que preferiría que su interlocutor fuesen fuerzas políticas diferentes (Vox y PP), entendiendo que un Gobierno de la derecha y la extrema derecha, que públicamente defendieron la permanencia de los restos de Francisco Franco en una basílica y no han mostrado el menor interés en las víctimas de abusos, sería más comprensivo hacia las posiciones de su organización. Pero dicha preferencia personal no es razón suficiente para romper la neutralidad partidista que se le debería presuponer a la Iglesia. Por ello, le pido expresamente que se abstenga de romper su neutralidad política y actúe con respeto hacia la democracia y el Gobierno. Y en este sentido, le emplazo a abordar los retos a los que se enfrenta la Iglesia y la relación con el Gobierno con ánimo constructivo y respetando todas las sensibilidades que existen en nuestro país”.

Con Bolaños ha topado la Iglesia. Que ese dios al que rezan a diario, les pille confesados.

Parecía que todos los que podían hacer ya estaban movilizados: políticos sin límites, congresistas deslenguados, pseudo sindicatos, asociaciones policiales, medios de comunicación, jueces varios, influencers de todo pelaje… Pero faltaba él: Luis Javier Argüello, arzobispo de Valladolid desde julio de 2022 y presidente de la Conferencia Episcopal Española desde marzo de 2024. Por lo visto, no pudo estarse más tiempo quieto y se ha sumado públicamente a la campaña para tumbar al presidente del Gobierno. A su juicio, en la actual coyuntura política solo hay tres opciones: moción de censura, cuestión de confianza o “dar la palabra a los ciudadanos”, que, por si alguien no lo ha pillado, significa convocar elecciones anticipadas. “Es decir, lo que prevé la Constitución”, añadió. Omitió incluir una cuarta opción no menos constitucional: que los presidentes concluyan sus mandatos. En el caso de Sánchez, que siga en la Moncloa hasta julio de 2027. Una perspectiva indigesta para muchos.

Que la Iglesia intervenga en política no es nuevo en España. Lo hizo durante 40 años paseando a Franco bajo palio y adoctrinando a generaciones de españoles en una fe al servicio de la dictadura. Lo hizo durante la Segunda República, atizando desde los púlpitos el clima de enfrentamiento en el país. Y lo ha venido haciendo en la nueva etapa democrática, interviniendo con más frecuencia de lo deseable en los grandes asuntos políticos, económicos y sociales, casi siempre como reacción a iniciativas de expansión de derechos civiles impulsadas por gobiernos progresistas. Todo este historial explica que la religión y, en particular, la Iglesia sean hoy un factor de división, incluso de confrontación, en la sociedad española. Pero en vez de aprovechar el resquicio abierto por el papa Francisco para la reconciliación de muchos progresistas con la Iglesia, el presidente de la Conferencia Episcopal ha preferido apostarle a la España de cerrado y sacristía.

¿Es aceptable que las instituciones religiosas intervengan en política? Jesús no lo creía. Con su mensaje de “dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”, se inclinó por mantener la religión al margen de los asuntos del Estado, encarnado entonces por el todopoderoso imperio romano. Pero la Iglesia creció y, cuando se sintió fuerte, entró a saco en política. Hasta el día de hoy. En España y en muchas otras partes. El fenómeno no es exclusivo del catolicismo: véase el peso desmedido que tienen en este momento en la política la religión protestante, la musulmana y la judía en los países donde esos credos tienen arraigo.

No seré yo quien le diga al arzobispo de Valladolid que se abstenga de hacer política. No lo criticaré si se toma en serio la sugerencia del presidente Sánchez de que monte un partido con Abogados Cristianos y concurra a las elecciones. Tan solo le diría que entrar en política tiene consecuencias. Una vez se abandona la neutralidad –o el simulacro de neutralidad–, sobre todo con la contundencia con que lo ha hecho el jefe máximo de la jerarquía eclesial española, no vale protestar después si la política acaba interfiriendo en la religión.

Desde una perspectiva progresista, hay mucho para interferir: poniendo fin a la educación concertada, un modelo que quizá fue necesario en los primeros años de la democracia por la sencilla razón de que bajo la dictadura se había consolidado una poderosa infraestructura educativa gobernada por los curas, pero que hoy es una anomalía en el mundo desarrollado; retirando a la Iglesia de la casilla de asignación voluntaria en la declaración del IRPF; comenzando a cobrar a las iglesias los impuestos de Sociedades o el IVA, o aplicando de una vez por todas la ley de la memoria democrática en el Valle de Cuelgamuros, que el presidente de la Conferencia Episcopal, por cierto, sigue llamando Valle de los Caídos como si las leyes no fuesen con él. Otra cosa es que el Gobierno se atreva a llegar tan lejos ante el desafío de monseñor Argüello.

Lejos de retractarse de sus declaraciones en La Vanguardia, el arzobispo de Valladolid ha vuelto este lunes a la carga con un tuit envalentonado en respuesta a las críticas que le hicieron la víspera el presidente Sánchez y el ministro Bolaños: “Ante el respeto a la vida y la dignidad, la comprensión y el apoyo en materia de vivienda y educación, la acogida de inmigrantes, el servicio a los pobres, la libertad religiosa y de conciencia y el respeto a las reglas básicas del Estado de Derecho, no soy neutral”. ¿Habla en serio el prelado –que lo jure sobre la Biblia– cuando sugiere que en España no hay libertad religiosa? Si tanto le preocupa el problema de la vivienda, ¿por qué no predica con el ejemplo desafectando solo una pequeña parte de la colección inmobiliaria que atesora el clero en España? Cuando incluye la falta de respeto a las reglas básicas del Estado de Derecho entre los motivos para echar a Sánchez, ¿no se le viene a la cabeza al menos una transgresión de esas reglas por parte del PP y Vox, partidos que se beneficiarían de la caída del presidente?

Evidentemente, monseñor Argüello no es neutral, pero quizá debería ser más prudente en sus declaraciones, como le ha recomendado el arzobispo de Tarragona. El problema de meterse hasta el cuello en política, como lo está haciendo el presidente de la Conferencia Episcopal en esta coyuntura de España, es que ya no podrá quejarse si le llueven pinchos del cielo. La política es un juego muy endiablado.

“Un error, un nuevo error que vamos a pagar todos”. Así resume un obispo español la última polémica del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. El jefe de los obispos españoles ha vuelto a reclamar, por segunda vez en los últimos meses, que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza, dimita o convoque elecciones anticipadas.

Argüello hizo que lloviera sobre mojado. En las páginas de La Vanguardia reiteró: “En julio me pronuncié en estos términos. La situación está más bloqueada aún. Así que reitero (...): cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos. Es decir, lo que prevé la Constitución”. 

“Nos ha vuelto a meter en un lío enorme”, subraya otro prelado consultado por elDiario.es porque las palabras de Argüello suscitaron una avalancha de reacciones en el Gobierno. Comenzando por Pedro Sánchez, que le recordó que “el tiempo en que los obispos interferían en política acabó cuando empezó la democracia”. El presidente le animaba a presentarse él mismo a las elecciones en unas hipotéticas listas de grupos como Abogados Cristianos.

La vicepresidenta María Jesús Montero también censuró a Argüello, como miembro de la “Iglesia progresista”. Pero fue el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien, de manera formal –mediante una carta–, exigía al presidente de los obispos españoles que “se abstenga de romper su neutralidad política y actúe con respeto hacia la democracia y el Gobierno”, con “ánimo constructivo y respetando todas las sensibilidades que existen en nuestro país”. 

El mismo obispo crítico recuerda que, pese a que el propio Argüello matizó que hablaba a título personal porque este “no es un asunto que haya estado nunca en primera línea” de la reflexión como Conferencia, lo cierto es que la Oficina de Comunicación de la CEE tardó pocos minutos en contestar, a través de sus redes sociales, a la carta de protesta del Ejecutivo.

La Oficina justificó las palabras de su jefe. “El hecho mismo de que los medios pregunten a la Iglesia su opinión sobre la actualidad desmiente que la Iglesia deba ser un agente ausente de la vida pública y la opinión social. Ser miembro de la Iglesia no impide opinar sobre la vida pública ni dar entrevistas” señalaba un tuit de la CEE, que, como ha podido confirmar elDiario.es, fue obra del jefe de prensa de la Casa de la Iglesia.

“No consultó con nadie”, aseguran fuentes conocedoras del caso, que atribuyen la respuesta a “un calentón” del sacerdote Josetxo Vera. Sea como fuere, lo cierto es que, en otra decisión que fuentes episcopales califican de “incomprensible”, el propio Argüello volvió a utilizar su perfil en X para azuzar aún más la polémica, asegurando que “ante el respeto a la vida y su dignidad, la comprensión y el apoyo a la familia en la vivienda y la educación, la acogida de inmigrantes, el servicio a los pobres, la libertad religiosa y de conciencia y el respeto a las reglas básicas del Estado de Derecho, no soy neutral”.

¿Por qué?

¿A qué se debe la reacción de Argüello? Fuentes consultadas por este medio aseguran que el prelado “no terminó de medir” las repercusiones de sus declaraciones, que rompen, de nuevo, con la tradicional neutralidad de la Iglesia, en un momento especialmente delicado para las relaciones Iglesia-Gobierno. Con Argüello de presidente, el Ejecutivo de Sánchez ha optado por otra vía de negociación con la Iglesia, especialmente en los temas más delicados: Cuelgamuros y la pederastia. 

En el primer caso, como adelantó en primicia elDiario.es, el ministro de la Presidencia negoció directamente con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, quien posteriormente delegó en el cardenal de Madrid, José Cobo, todo lo relativo a la resignificación del complejo. Una negociación en la que la Conferencia Episcopal no intervino.

Bolaños también acudió al Vaticano, ya con León XIV al mando, para arrancar a la Iglesia un nuevo modelo de reparación para las víctimas de la pederastia clerical que no quisieran formar parte del plan PRIVA auspiciado por Argüello y que, un año después, se ha demostrado un rotundo fracaso. Tras la visita del ministro a Roma y el posterior encuentro de la Ejecutiva de la CEE con el Papa Prevost, los obispos admitieron abrir un nuevo canal de indemnizaciones, liderado por el Defensor del Pueblo.

En privado, Argüello lamenta las “interpretaciones de trazo grueso” hechas a sus palabras y reivindica la “transversalidad” de su discurso, que le hace capaz de reunirse con adalides de la ultraderecha como Miguel Ángel Quintana Paz (cuyo libro presentó, junto a Santiago Abascal, hace meses) o mantener un debate con el president Salvador Illa, uno de los católicos más reputados de los socialistas.

“Tan pronto puede defender posturas de la izquierda, como en la regularización masiva de migrantes, como se posiciona con los postulados más radicales de la ultraderecha y su guerra cultural”, señala un eclesiástico que conoce a Argüello desde hace años.

Lo que parece claro es que su función como interlocutor de los obispos españoles no es, ni mucho menos, unánime. De hecho, en las últimas horas más de un obispo se ha dirigido en privado al Ejecutivo para tratar de ‘disculpar’ al arzobispo de Valladolid y asegurar que su posición “no refleja” el sentir de la Conferencia Episcopal. Sin embargo, como ya sucediera en julio pasado, la única voz entre el colegio de los obispos en mostrar su discrepancia con Argüello ha sido la del arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, quien ha pedido “prudencia” al presidente de la CEE. “Creo que tenemos que ser muy cuidadosos en la Iglesia con decir que hay que ir a nuevas elecciones o que hay que hacer una moción de censura”, señaló Planellas.

En público, sí que ha habido algún ostensible apoyo. El más relevante, el del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, quien en sus redes sociales aprovecha para arremeter, una vez más, con suma dureza, contra el Gobierno. “Dentro de la decadencia moral, corrupción, prevaricación, indecencia de saunas-prostíbulos, robos, mentiras flagrantes y control de la discrepancia judicial y mediática, disparan los mandamases contra la Iglesia una vez más. Están acabados. Dice bien Luis Argüello: pasar página, ya”, sostiene el prelado ovetense.

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“Vamos a llegar hasta el final”. Esta es la sentencia de Eduardo Torralbo, una de las víctimas de la pederastia clerical que vieron cómo parte de sus datos personales se filtraban a través del informe 'Para dar luz', elaborado de manera precipitada por la Conferencia Episcopal española para omitir la auditoría encargada al despacho Cremades & Calvo Sotelo. Ambos documentos, a día de hoy, son 'de carácter privado', y solo pueden ser consultados por los obispos.

Tal y como informó este diario, al menos 45 víctimas de abusos sufrieron la filtración de sus datos personales a través de la web de la Conferencia Episcopal. Hace unas semanas, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) consideraba que los obispos, que tardaron meses en deshacer la filtración, actuaron “con diligencia”, y ordenaba archivar esa investigación. Ahora, las víctimas han planteado un recurso potestativo de reposición contra esta medida.

“Estoy totalmente defraudado con la AEPD”, sostiene, en conversación con elDiario.es la víctima, quien denuncia que la Agencia Española de Protección de Datos “no ha tenido la misma vara de medir con nuestro caso en comparación con otros”.

“La mano negra existe y ha hecho su trabajo en favor de la CEE”, fundamenta Torralbo. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la representación de las víctimas considera que el archivo de las indagaciones “no es ajustada a Derecho, al basarse en una investigación insuficiente y en una valoración jurídica que minimiza la gravedad de los hechos y que se ha llevado a cabo al margen de los afectados y sin darles participación en el mismo, todo ello de un modo sospechosamente desconsiderado”.

Así, el recurso sostiene que la actuación de la AEPD tiene varios errores. El primero, la “falta de verificación independiente del alcance real de la brecha”, que pudo afectar a 45 víctimas, durante un periodo prolongado de tiempo. “La obligación de la AEPD no es constatar la falta de acreditación, sino agotar todas las vías de investigación para determinar quién realizó esa descarga”, subraya el recurso, que lamenta la “pasividad” de la Agencia “en este punto crucial”, lo que en opinión de las víctimas “constituye una clara omisión de su deber de investigación”.

A su vez, se estima una “investigación insuficiente sobre las medidas de seguridad previas”, incidiendo en que “la AEPD se ha limitado a valorar la reacción de la CEE, ignorando la causa originaria de la brecha, que radica en una negligencia del encargado del tratamiento”. 

“Al impedir el acceso al expediente durante la fase de investigación, la AEPD ha privado a esta parte de la posibilidad de ejercer una defensa efectiva de sus intereses, convirtiendo el trámite de alegaciones en un mero formalismo. Sin conocer la totalidad de las pruebas y documentos en los que la Agencia ha basado su convicción, resulta imposible rebatir adecuadamente la decisión de archivo”, constata el recurso de las víctimas, que exigen la revocación del archivo de las investigaciones, y “acuerde la retroacción de las actuaciones para que se practiquen las diligencias de investigación omitidas, en particular, las tendentes a identificar el origen de la descarga del fichero que contenía los datos personales”. 

“Subsidiariamente, y para el caso de no estimar lo anterior, dicte resolución por la que se acuerde el inicio de procedimiento sancionador contra la Conferencia Episcopal Española y/o Cremades & Calvo Sotelo por existir indicios racionales de la comisión de infracciones de la normativa de protección de datos”.

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“Hay un respeto a la presunción de inocencia, que también tiene un obispo, y que sería bueno que se diera en los medios”. El portavoz de la Conferencia Episcopal, César García Magán, abroncó este mediodía a los medios por la gestión del caso de abusos sexuales en el que se investiga al obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, durante la rueda de prensa de culminación de la Asamblea Plenaria de la CEE.

El obispo auxiliar de Toledo quiso resaltar este aspecto, al menos, al mismo nivel que “el derecho de las víctimas a presentar sus casos”, al tiempo que trató de evitar cualquier afirmación que se alejara de lo que ya pronunciado tanto por el presidente Argüello como por el propio Papa León XIV. A la espera de la inminente jubilación de Zornoza (se espera que se dé este sábado, una vez finalizada la Plenaria), García Magán recordó que “hay un procedimiento judicial abierto en el Tribunal de la Rota”, y pidió “respetarlo”.

Sobre su dimisión, el portavoz de la CEE se limitó a subrayar: “Es una decisión del Santo Padre, no está en nuestra mano. Cuando la Santa Sede lo comunica, lo comunicaremos”. Sobre la diferencia de criterios entre este caso y otros que afectan a sacerdotes, y sobre los que se han tomado medidas cautelares, Magán resaltó “una diferencia de autoridad: la competencia en el caso de un sacerdote es del obispo diocesano; en el caso del obispo, la competencia es de la Santa Sede”. Algo que, en su opinión, también vale en el caso de las acusaciones contra el obispo Munilla: “Hay que partir de la base de la presunción de inocencia. Las investigaciones dirán lo que tengan que decir”.

Sí confirmó el obispo auxiliar de Toledo el aval de la Iglesia española a la propuesta del Ministerio de Justicia para “recibir, a través del Defensor del Pueblo, los casos de víctimas que no deseen acudir al plan PRIVA”. Una negociación que va “a buen ritmo” y que los obispos esperan concluir pronto. Según ha podido saber elDiario.es, el nuevo modelo permitirá a las víctimas que no quieran volver a contar su horror en instituciones eclesiales, que sea Ángel Gabilondo quien lidere una comisión paralela, que se encargará de proponer indemnizaciones, en el caso de los abusos en congregaciones religiosas, a la Confer, y en el de sacerdotes diocesanos, a la Conferencia Episcopal. “¿Se fía del Gobierno?”, le preguntaron: “Yo sí me fío”. También se está avanzando para que, como en el caso de las víctimas del terrorismo, las de la pederastia no tengan que pagar impuestos por sus reparaciones.

El otro gran tema 'político' de esta Plenaria fue la resolución del concurso para la resignificación del complejo de Cuelgamuros (que los obispos continúan denominando 'Valle de los Caídos'), y el cincuenta aniversario de la muerte de Franco. En el primero de los puntos, Magán volvió a subrayar que “la CEE no tiene nada que decir”, al ser “un proceso de diálogo a tres partes entre el Gobierno de España, la Abadía y la Archidiócesis de Madrid”.

El portavoz episcopal no quiso dar voz a los que hablan de 'profanación' del Valle. “En la CEE no estábamos sentados en esa mesa. Los actores sabrán. Ni hemos seguido los proyectos presentados, ni hacemos valoración sobre el tema”, culminó. Tampoco quiso hablar del “obispos traidores” de algunos jóvenes, ayer, en la misa en homenaje a Franco.

“Han pasado 50 años, y tal vez merecería la pena recuperar actitudes de determinados actores políticos en el proceso constitucional. Eran personas con altura de miras, y deseo de abrir un horizonte nuevo de convivencia, de libertad, desarrollo y esperanza en el futuro”, proclamó Magán, quien recordó a “Juan Carlos I, un actor imprescindible para la recuperación de las libertades”.

“Él heredó todos los poderes del general Franco, y Su Majestad, con ayuda de otros colaboradores como Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez, llevó a cabo una Transición impecable”, trazó el portavoz episcopal, quien añadió que “en esos 50 años la monarquía parlamentaria ha sido, y es, un pilar fundamental para la democracia y el Estado de derecho, institución que encarna ahora de forma impecable Felipe VI”.

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El sacerdote jesuita José Antonio García Quintana, que ejerció como capellán de la cárcel de Asturias entre los años 2015 y 2024, está siendo investigado por una denuncia de presuntos abusos a un menor. Al parecer, los hechos habrían ocurrido entre los años 2000 y 2010 en Alicante y Zaragoza.

García Quintana nació en Venezuela el 2 de julio de 1962, ingresó en la Compañía de Jesús el 23 de septiembre de 1982 y fue ordenado sacerdote el 1 de julio de 1995.

Profesor y entrenador de fútbol

Llegó a Asturias en 2007 y, ocho años después, el arzobispo de Oviedo Jesús Sanz Montes y el que, por aquel entonces, era obispo auxiliar, Juan Antonio Menéndez, le propusieron que se hiciera cargo de la Delegación Episcopal de Pastoral Penitenciaria en la Archidiócesis de Oviedo y de la capellanía del Centro Penitenciario de Asturias.

García Quintana formó parte de la comunidad jesuita del Natahoyo, en Gijón, y estuvo vinculado al colegio de la Inmaculada de la villa de Jovellanos como sacerdote y párroco. También fue profesor y entrenador de fútbol.

Compromiso con la institución

En el año 2020, fue reconocido con la Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario, que concede la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

La propuesta de condecoración fue emitida desde la prisión asturiana que, entre sus méritos, destacó “su labor asistencial y compromiso personal con los fines de la institución, su excelente disposición y eficaz gestión de coordinación de los voluntarios del Centro Penitenciario de Asturias”.

El reconocimiento se entregó en la sala de juntas del centro penitenciario asturiano, con motivo del día de la Virgen de la Merced, patrona de la institución, en un acto sencillo y privado a causa de la pandemia.

Sorpresa ante la denuncia

Posteriormente, la Conferencia Episcopal Española decidió poner al frente del Departamento de Pastoral Penitenciaria a José Antonio García Quintana en 2024 durante su Asamblea Plenaria.

La Compañía de Jesús ha trasladado los hechos denunciados a la Fiscalía y a la Conferencia Episcopal, según recogía ayer la Rtpa.

La denuncia que se ha interpuesto contra él por abusos a un menor ha sorprendido tanto en el Arzobispado de Oviedo como en medios penitenciarios, donde el sacerdote jesuita había colaborado con los sectores más desfavorecidos de lo que él mismo llamaba “el mundo social”.

Un sacerdote jesuita, que actualmente desarrollaba un cargo de responsabilidad en la Conferencia Episcopal Española (CEE), ha sido apartado por la Compañía de Jesús después de comprobarse la verosimilitud de una denuncia de abusos a menores, que habrían ocurrido en Alicante y Zaragoza. Los jesuitas lo han apartado de su puesto y, tal y como añaden en un comunicado, tras informar a la CEE, también ha sido alejado “de todas sus responsabilidades en espera de que se clarifique la situación”. La sensación de abatimiento, tanto entre los jesuitas como en los responsables episcopales, es evidente, y más en un momento en que la Iglesia negocia con el Gobierno un nuevo marco de relación con las víctimas de la pederastia clerical.

“Actualmente permanece en una comunidad de la Compañía, sin relación ni actividad pastoral y sujeto a medidas cautelares de limitación y supervisión”, constatan los jesuitas, que recibieron en julio de este año, a través de su canal interno de denuncias, el testimonio “de unos hechos presuntamente constitutivos de abusos a menores que se situarían en la primera década de este siglo”.

“Tras las primeras verificaciones internas, en septiembre de 2025 se pudo recabar un testimonio verosímil”, informa la nota, que añade que, de inmediato, se puso la información “a disposición de la Fiscalía”, para que determine si los posibles abusos “están o no prescritos”.

“Si no lo estuvieran, la Compañía confía en el trabajo de la Justicia para esclarecer la verdad, y colaborará en todo lo que se le requiera. En cualquier caso, recordamos que, en el ámbito del derecho canónico, los delitos de abusos no prescriben en los mismos términos que en la jurisdicción civil, por lo que el procedimiento canónico podría continuar aunque la vía penal no tuviera recorrido”, recalca el comunicado.

Sin perjuicio del derecho a la presunción de inocencia del jesuita acusado, “la Compañía está poniendo todos los medios a su alcance para esclarecer los hechos”, sostiene el escrito. Así, “continúa la recogida de testimonios que pudieran confirmar, aclarar o añadir información relevante sobre este u otros hipotéticos casos”, al tiempo que “manifestamos nuestra disposición a colaborar en todo lo que sea necesario con las autoridades judiciales y eclesiásticas”.

“Nuestro compromiso es escuchar, acoger y acompañar a quienes puedan haberse visto afectados”, señala la Compañía de Jesús, que reafirma su “inequívoco” compromiso para crear “entornos seguros” de protección a los menores, así como de “prevención, formación, sensibilización y detección de cualquier tipo de abuso o conducta inapropiada que pueda producirse en nuestras obras”.

La nota termina manifestando “el profundo dolor que situaciones como estas nos causan al pensar en las víctimas de abusos, y nuestro deseo de saber responder con justicia y con verdad”.

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Nuevo giro de guion en la política de la Iglesia española respecto a las víctimas de la pederastia. La Conferencia Episcopal está dispuesta a volver a ceder, de nuevo, para aceptar las bases del plan del Ministerio de Justicia para crear un “lugar de reparación” para las víctimas que se negaran a acudir al plan PRIVA: una comisión liderada por el Defensor del Pueblo, cuyo dictamen respetarían todas las partes y que, por primera vez, incluiría a las asociaciones de víctimas –totalmente ninguneadas por la Conferencia Episcopal– en la toma de decisiones.

La cúpula de la Iglesia durante años negó la realidad –“Son pocos casos, o ninguno”, llegó a decir el entonces portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), y hoy presidente, Luis Argüello– para luego admitir los hechos y encargar una auditoría, que se presuponía independiente, a Cremades y Calvo Sotelo.

Un estudio que tras año y medio (y 1,2 millones después) quedó escondido en un cajón para lanzar el ambicioso (y chapucero) informe ‘Para dar luz’ que filtró los datos personales de al menos 45 víctimas (esta semana Protección de Datos ha archivado, inexplicablemente, la investigación) y que ha vuelto a convertirse en una publicación “de uso interno”, pero que sirvió como apunte para la aprobación, por unanimidad (al menos pública) de diócesis y congregaciones religiosas, del plan PRIVA (Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos) para indemnizar a los supervivientes de la pederastia cuyos casos hubieran prescrito.

El papel del Defensor del Pueblo

Un plan que se puso en marcha sin contar con las víctimas, que no están representadas en el mismo, ni forman parte del proceso de decisiones, y en el que tampoco estaba representado el Gobierno, porque los obispos entendían que la suya debía ser una vía “unilateral”, sin atender (como pedía la auditoría de Cremades, el Ejecutivo y las víctimas) a las recomendaciones del Defensor del Pueblo, quien propuso la creación de un órgano administrativo especial, una suerte de comisión mixta Iglesia-Estado para reconocer y repara a las víctimas.

Desde el principio, la Iglesia se negó a colaborar aportando recursos. A comienzos de este año, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, advirtió a la CEE que el Ejecutivo no consentiría que los obispos indemnizaran de manera unilateral a las víctimas de abusos. Sin embargo, pasaban los meses y las víctimas seguían sin respuestas. Mientras tanto, el Plan PRIVA sacaba pecho, y anunciaba que había atendido a 89 víctimas, de las cuales apenas la mitad habían recibido indemnizaciones, que alcanzaban el millón de euros.

El plan PRIVA, “una chapuza”

En vano. Un año después, las víctimas que aceptaron encontrarse con los expertos del PRIVA (designados por la Conferencia Episcopal y la CONFER, y cuyo dictamen es vinculante y no recurrible) son residuales. Y no solo eso: tal y como puede confirmar elDiario.es, varios obispos y congregaciones religiosas se han quejado de las resoluciones del equipo de ‘reparadores’, que en muchas ocasiones difieren de los propios compromisos alcanzados por los responsables eclesiásticos a los supervivientes que, confiados, aceptaron vincularse a PRIVA. En algún caso, como en Barcelona o Pamplona, los obispos han reaccionado y mejorado las indemnizaciones planteadas inicialmente. “Pero esto, como siempre, depende de la buena voluntad del jerarca de turno” se queja, amargamente, una víctima que acudió al PRIVA y no ha visto satisfechas sus reivindicaciones. “El plan es una chapuza, y la prueba es que muy pocas víctimas, las más necesitadas, han recurrido a él. La mayoría siguen esperando una respuesta, también del Gobierno”, apuntan a este medio.

Lo cierto es que, desde hace un año, Iglesia y Ejecutivo mantienen abierto un canal de diálogo, necesariamente discreto, en el que han ido avanzando en distintas propuestas. Hasta la fecha, frenadas por la jerarquía episcopal, que en ningún momento quería dar su brazo a torcer, y permitir que el Gobierno entrara a “fiscalizar” las reparaciones de la Iglesia.

El punto álgido de la crisis Iglesia-Gobierno vino en abril del año pasado, cuando los socialistas anunciaron que seguirían la recomendación Ángel Gabilondo, y animarían la creación de un órgano independiente, coordinado por el Defensor del Pueblo, que escuche a las víctimas y decida las indemnizaciones que recibirán, para que posteriormente fuera la Iglesia quien las abonara. “Confío absolutamente en que la Iglesia asumirá el coste”, adelantó Bolaños en su día, sin aclarar qué sucedería si los obispos se negaran. Al poco, tuvo la respuesta en forma de una durísima nota en la que la CEE anunciaba que se negaría a secundar el plan si no se resarcía a todas las víctimas de la pederastia, no solo a las de la Iglesia. “No se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a nueve de cada diez víctimas. La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales”, recalcaba la Iglesia española.

El viaje de Bolaños a Roma y la filtración de Añastro

Sin embargo, esta misma semana, tras un sorpresivo viaje del ministro Bolaños a Roma para encontrarse con el secretario de Estado, Pietro Parolin, en el que se habló de la cuestión (y en el que, según nuestras fuentes, el cardenal recordó al ministro que este tema debía ser negociado con la Iglesia local, y no con el Vaticano), la Conferencia Episcopal filtró la existencia de una reunión –que ya estaba prevista con antelación– entre los secretarios generales de la CEE y la CONFER, acompañados por algunos miembros del plan PRIVA, y el Ministerio de Justicia, que se celebró el miércoles. Incluso, llegó a asegurarse la presencia del propio Bolaños, quien no acudió al tener la agenda repleta, en un día especial por el aniversario de la DANA, funeral de Estado en Valencia incluido.

La filtración generó “bastante sorpresa e incomodidad” en Justicia. ¿A qué se debió? Tal y como puede confirmar elDiario.es, a dos razones. De un lado, el encuentro de Bolaños con Parolin, del que no se informó a los obispos. Del otro, la queja de algunos prelados y provinciales religiosos que motivó que, por primera vez en mucho tiempo, la Iglesia estuviera dispuesta a volver a cambiar su estrategia y ceder, de nuevo, para aceptar las bases del plan de Justicia para crear un “lugar de reparación” para las víctimas que se negaran a acudir al plan PRIVA.

Una comisión liderada por el Defensor del Pueblo, cuyo dictamen respetarían todas las partes y que, por primera vez, incluiría a las asociaciones de víctimas –totalmente ninguneadas por la Conferencia Episcopal– en la toma de decisiones.

En esta tesitura, la filtración –tanto de la reunión como de su contenido– se inserta en un nuevo intento de la jerarquía episcopal de “cambiar el relato” y posicionarse –como intentó hacer cuando aprobó el plan PRIVA– como la única institución que toma medidas efectivas para resarcir a los supervivientes. En la misma línea, fuentes episcopales temen que, “una vez más”, el Gobierno quiera sacudir el enjambre de las relaciones Iglesia-Estado, como, aseguran, ya se hizo en el tema de la resignificación de Cuelgamuros.

Que nadie se quede fuera

Desde Justicia, se vive el cambio en el episcopado con tranquilidad, conscientes de que desde hace un año se llevan a cabo reuniones “operativas y efectivas” tendentes a lograr “el objetivo real”, que no es otro que “sostener y reparar a todas las víctimas”. “Que nadie se quede fuera”, es la tesis que, ahora, también parecen haber comprado los obispos, que quieren que el Gobierno les presente un borrador de acuerdo para debatirlo en la próxima Asamblea Plenaria, que se celebrará dentro de tres semanas y que arrancará con un encuentro de la Comisión Ejecutiva con el Papa en Roma.

Con todo, quedan muchas preguntas pendientes. En primer lugar, cuál será realmente el papel de las víctimas, que oficialmente no han sido informadas del contenido de estas negociaciones, y exigen estar presentes antes de cualquier decisión que las afecte. En segundo término, qué pasará con aquellas víctimas que han acudido al Plan PRIVA, y han aceptado una indemnización, pese a parecerles insuficiente, o a aquellas cuyos expedientes todavía no están resueltos. ¿Podrán acceder también al nuevo sistema? Finalmente, una cuestión no aclarada: ¿quién pagará? ¿Solo la Iglesia, o también la Administración?

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El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello García, se ha referido a la “masacre” en Gaza y ha considerado que esta situación pide el “clamor” de la sociedad.

En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la apertura del curso académico de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), Argüello ha apuntado que no hay que esconderse detrás de las palabras y ha criticado la polarización política que existe en este asunto.

El también arzobispo de Valladolid ha expresado que no quiere “entrar en el juego de las palabras” debido a que considera que éstas se han convertido en un objeto de polarización.

En este sentido, ha manifestado que la Iglesia a través del Papa Francisco y del Papa León XIV se han referido insistentemente desde hace ya mucho tiempo a lo que estaba ocurriendo en esta tierra, como también en otros lugares del mundo, como una “expresión de indignidad”, como una “verdadera masacre”.

Ha expuesto que la regulación incluso del delito internacional y el genocidio le corresponde a la Corte Suprema Internacional aunque ha afirmado que es “evidente” que lo que está ocurriendo en Gaza, también en Sudán o en Haití, es algo que pide el clamor a la sociedad pudiendo realizar la presión moral en todo lo que pueda hacerse en el futuro.

Argüello se ha referido al logos, a la razón, al estar asistiendo a una situación tan tremenda como la que se vive en la que parece que el fin justifica los medios. El presidente de la Conferencia Episcopal Española ha opinado que solo desde el poder de un diálogo se puede superar la polarización política.