La Conferencia Episcopal lanzaba una cifra mágica, casi divina, para caldear el ambiente ante la visita del papa León XIV: 150 millones de euros. Es lo que, sostienen, generará el viaje del Santo Padre por Madrid, Barcelona y Canarias. Una cantidad que compensaría con creces los 25 millones estimados de inversión.

Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario de asuntos económicos de la CEE, alardeaba de unos números que han respaldado en públicos políticos como la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz. Pero, en medio de los avisos para limitar desplazamientos o fomentar el teletrabajo por parte de todas las administraciones, la posible influencia de los cientos de miles de inscritos se ve mermada por el efecto en otras actividades. Incluso por una afluencia que no ha cumplido las expectativas.

Es lo que traslada a este medio una trabajadora de Costello, restaurante próximo a Matadero Madrid, en el distrito de Arganzuela. “Lo que hemos notado es que ha venido menos gente el fin de semana”, dice. “Por estas fechas ya pasa habitualmente que los findes son más flojos que entre semana, mucha gente se va fuera. Pero con esto de reducir desplazamientos ha sido más heavy”, añade. Una compañera puntualiza que lo que más han percibido a colación de la visita de Robert Prevost han sido “retrasos de los proveedores”. El refuerzo en los controles o los cortes de tráfico explican estas demoras.

Carlos, responsable del cercano bar Tobogán, cuenta que en su caso apenas han detectado cambio alguno: “Quizá este lunes ha venido un poco menos de gente a comer, pero también esperamos más actividad a última hora de la tarde porque el recorrido del Papa pasa por Pirámides. Pero vamos, el finde fue como siempre, nosotros tenemos tirón sobre todo de noche y lo que nos influye es que hagan cosas en Matadero”.

Claro que estos establecimientos no se han lanzado a la tendencia papal que sí han abrazado algunos comercios de la capital, como la tarta de queso en honor a León XIV de la pastelería La Caracola, de Antón Martín. Esther, su dueña, también admite a este diario que la afluencia habitual el fin de semana ha estado un poco interrumpida por los cortes de movilidad“, aunque matiza que tiene una ”apreciación positiva“ del viaje. ”No estamos justo en los puntos de efecto, pero hemos trabajado dentro de nuestras posibilidades Mucha gente curiosa ha probado la tarta, nos gusta aprovechar novedades a partir de eventos. A nuestra clientela le gusta y a nosotros aportar nuestro granito de arena. Tenemos un público variopinto, así que un evento que mueve tantas personas pensamos que debemos sumarnos a él, como hacemos en el Orgullo, San isidro o el Día de la Madre. Eso aporta dinamismo“, concluye.

El diagnóstico es similar, o más duro si cabe, en áreas todavía más céntricas. Gurgen es el propietario de Greek Shop, establecimiento de Malasaña situado en la corredera Alta de San Pablo: “Hemos notado un bajón”, sentencia, sobre la afluencia de clientela desde el pasado 6 de junio. Aprovecha para clamar contra los andamios que cubren el edificio del local desde hace seis meses: “Está siendo un caos”.

Incluso en pleno distrito de Chamartín, uno de los centros neurálgicos de actividad, hay quien dice que “no se ha notado nada”. Lo dice un trabajador de La Quinta de Chamartín, restaurante de la calle de Colombia. Desde la agrupación Comerciantes de Chamartín valoran eso sí el impacto del encuentro de la comunidad diocesana del lunes en el Santiago Bernabéu, convertido de nuevo por una noche en sede de todo un macroevento con conciertos y la participación de varias personalidades.

Su portavoz, Daniel Caparrós, expone que “el perfil de cliente ha sido diferente, pero interesante”. “El consumo en el Bernabéu y los alrededores en Chamartín ha sido importante”, sostiene. Resalta por encima de todo la “convivencia, frente a los conflictos que ha habido en el barrio [en referencia a la batalla vecinal contra los conciertos en el estadio del Real Madrid]. El consumo de la hostelería se ha llevado a cabo sin inconvenientes, con una salvaguarda el descanso vecinal pero es a la vez que se ha aprovechado una locomotora comercial”. Indica que “en algunos sitios se ha triplicado la cifra de ventas”, aunque en otros se ha mantenido “estable”. Su resumen es que “el barrio y el distrito han estado a la altura” en “un evento para recordar”.

Voto de silencio en la patronal hostelera

No es solo una cuestión de sensaciones. Hostelería Madrid, patronal del sector en la capital, no ofrece un análisis concreto sobre el impacto concreto de este acontecimiento: “No teníamos previsión de ingresos por lo del Papa”, afirman en una escueta respuesta a las preguntas de Somos Madrid. En contraste, la entidad ha trasladado a los medios de comunicación que los diez conciertos de Bad Bunny generarán un impacto de entre 14 y 28 millones de euros en la ciudad.

Unas actuaciones musicales que dificultan más si cabe medir con exactitud el efecto real de la estancia de León XIV, ya que parte del alza generada en estas fechas es achacable al público que acude al Metropolitano. La ocupación hotelera en los primeros días de junio es del 82% en Madrid, en torno a un 3% más que el pasado año (son datos de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid). Un aumento reseñable pero no drástico, que podría explicar por sí solo la residencia del artista puertorriqueño.

Menos tráfico y más bicis

Algunas estadísticas dejan ver igualmente un ajustado aumento de la actividad, cuando no su retroceso. Según datos del Ayuntamiento de Madrid, los viajes en buses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) descendieron un 21% el domingo 7 de junio respecto al mismo día de la semana anterior. Eso sí, los cortes y los cambios en algunas líneas explican en parte este porcentaje. Este lunes, de hecho, la bajada apenas rebasaba el 2% hasta las 11.15. Por contra, Bicimad (que opera estos días en régimen de semigratuidad) aumentó un 86% su uso el domingo y este lunes hasta las 11 el aumento era del 26%. En cuanto al tráfico de vehículos dentro la M-30, retrocede un 13%.

Las basuras también dicen mucho sobre la afluencia a un evento, aunque a la hora de estudiar los datos hay que tener en cuenta el perfil del acto o la hora de celebración. El Consistorio informa de que el sábado 6 de junio, día de la vigilia, se recogieron 19 toneladas en los contenedores de plásticos, metal y brik. El domingo, jornada de la misa, fueron 18,9. Por comparar, las fiestas de San Isidro generaron 25 toneladas el 15 de mayo de 2023 solo en los puntos de la ciudad habilitados para los festejos. No obstante, esa cifra ha ido descendiendo paulatinamente en las últimas ediciones y se corresponde con un evento ligado al consumo de alcohol.

Las comparaciones con la JMJ y el Orgullo

La milagrosa cifra de 150 millones de euros nace de una extrapolación que Giménez Barriocanal elabora a partir de lo ocurrido durante la Jornada Mundial de la Juventud de 2011. En aquel entonces, casi dos millones de personas se concentraron en Madrid para vivir una experiencia que implicaba mucho más que la visita de Benedicto XVI.

El dirigente de la Conferencia Episcopal lo explica así: “Es verdad que entonces había bastantes peregrinos internacionales cuyo impacto económico es más grande, pero el número de inscritos esta vez es bastante parecido, tenemos más de 450.000 personas que van a participar en alguno de los actos, es el mismo número que manejamos en la JMJ de 2011 cuando vino Benedicto XVI. Entonces el impacto económico fue de 240 millones de euros según los cálculos que hizo PriceWaterhouseCoopers”. Un matiz importante es que aquella cita se concentró en Madrid, mientras que en este caso las cantidades se dividen entre las cuatro ciudades donde se detendrá el Sumo Pontífice.

Con independencia de las interpretaciones de las cifras, lo que parece claro es que la visita del Papa a Madrid no será el principal evento de la ciudad en impacto económico, ni siquiera a corto plazo. La Conferencia Episcopal prevé unos 175 millones de gastos a nivel nacional (resultado de sumar 25 de inversión y 150 de beneficios), por lo que el peso del gasto solo en Madrid quedaría sensiblemente por debajo del que ha dejado en sus últimas ediciones el Orgullo LGTBIQ+. Según Hostelería Madrid, la cita ha reportado unos ingresos por encima de los 160 millones de euros en sus últimas dos ediciones.

Es la vertiente material de un viaje que, pese a su fuerte componente espiritual, ha dejado molestias bien palpables a muchos ciudadanos a nivel de tráfico o cortes en el tráfico y el transporte público. Giménez Barriocanal puntualizó que el menoscabo de las cuentas públicas no será una de ellas, ya que “más del 95% del gasto estimado ya está cubierto por las diferentes fuentes de financiación”. En gran parte, gracias a donativos particulares: “Está habiendo muchos donativos pequeños de cinco, 50 o 100 euros, otros de 1.000 o 3.000. Todos son igual de importantes”. En cuanto a los esfuerzos económicos de las administraciones, los atribuye sobre todo a las partidas de seguridad, orden público y movilidad urbana. Después de todo, el dinero todavía no cae del cielo.

Vox cimienta gran parte de su programa y, sobre todo, sus planteamientos más xenófobos, en apelar a la “herencia cristiana” de España y de la Unión Europea. Es su forma de criminalizar a otras religiones, especialmente la musulmana, y de cargar contra lo que llama “estercoleros multiculturales”, los barrios de todo el país en los que conviven personas de distintos orígenes, razas y creencias. Pero la principal fuerza de la extrema derecha española se sitúa al margen de la cúpula de la Iglesia católica, a la que no duda en criticar si, por ejemplo, defiende la paz o denuncia el genocidio en Gaza. También si habla de la dignidad de los migrantes, el grupo que Vox sitúa en la diana tratando de que la ciudadanía lo responsabilice de todos los males que afectan a su día a día.

Esos encontronazos están marcando desde este sábado los actos oficiales a los que acudirán Santiago Abascal y los suyos con motivo de la visita del Papa a España. Este mismo domingo, ante más de 1,2 millones de fieles, León XIV aprovechaba su misa del Corpus en Madrid para la lanzar un claro mensaje contra las políticas de los ultras. En el acto, el Papa criticó abiertamente a aquellos que van a misa pero olvidan a los pobres, una clara referencia a la política antinmigratoria de Vox. “Os pido arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano”, dijo.

El sábado, en el Palacio Real, el Papa ya había hecho un discurso llamando a “huir de esos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos”, en otra referencia a los mensajes ultranacionalistas de Vox y otras fuerzas políticas de extrema derecha en Europa. Además, agradeció a España “su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos”, justo cuando Vox se ha posicionado contra ese derecho internacional respaldando a Donald Trump en sus actuaciones en Gaza o Irán.

En ese contexto, este lunes Vox acudirá a escuchar el discurso del Papa en el Congreso. “Celebramos que el Papa venga a España, a una tierra tan importante que ha hecho tantísimo por la cristiandad en todo el mundo”, aseguraba recientemente la portavoz del partido en el Congreso, Pepa Millán, que acudió con la cabeza cubierta a su recibimiento en el Palacio Real.

Abascal ha asegurado que acudirá al Congreso a “escuchar al Papa, un líder espiritual que reza por la paz en el mundo” aunque en una reciente entrevista en El Debate, lanzó una advertencia: “Ahora bien, si un líder religioso, sea el Dalai Lama, el Papa, un rabino, un obispo, un cardenal, nos da igual, nos dice que tenemos que aceptar un proceso de inmigración masiva y un avance del islamismo en la sociedad, nosotros vamos a decir 'no”.

Es precisamente en el asunto de la inmigración y la defensa de los derechos humanos de todos los habitantes del planeta en el que más chocan la extrema derecha española y la Iglesia que dirige León XIV. Uno de los enfrentamientos más sonados tuvo que ver con la postura de ambas partes respecto al proceso de regularización masiva aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La iniciativa llegaba respaldada por 84 instituciones vinculadas a la Iglesia católica, entre ellas la propia Conferencia Episcopal, Cáritas o Redes. Y nada más conocerse la decisión del Ejecutivo, la Conferencia Episcopal española la consideró como “una gran noticia”. “Es un reconocimiento de la dignidad humana, una oportunidad para colaborar en el bien común”, señaló su presidente, Luis Argüello.

La invitación a que vayan a Molenbeek

En cambio, Abascal se mostró fervientemente en contra de esta postura de la Iglesia. “Algunos (obispos) que hacen negocio con la inmigración ilegal deberían salir del palacio y bajar a ver las consecuencias que tiene para los españoles. Para la sanidad, la seguridad, los salarios y los impuestos”, dijo, después de que el obispo de Canarias cargara contra la idea de “prioridad nacional” que Vox trata de imponer en todas aquellas instituciones en las que es determinante y que precisamente busca despojar de los derechos más básicos y del acceso a los servicios públicos a las personas migrantes.

En pleno debate sobre esa “prioridad nacional” el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, llegó a abroncar a los sectores de la Iglesia contrarios a ese principio xenófobo. A finales de abril, este dirigente de la extrema derecha emplazó a los obispos “a ponerse una sotana y meterse en Molenbeek”, uno de los barrios de Bruselas con mayor presencia de la religión islámica. “No estamos contra la Iglesia ni los católicos, Vox no es un partido confesional, pero muchos de los que estamos con Vox nos identificamos como católicos”, dijo en ese momento, tratando de marcar distancias con la cúpula eclesial.

En febrero, el propio Abascal se mostraba sorprendido de la “deriva de algunos pastores” de la Iglesia por criticar los postulados xenófobos y excluyentes de Vox. Y les dijo: “Que digan misa”. Coincidiendo con un mitin de la campaña en Castilla y León, el líder de Vox invitó a esos obispos a preguntar a los españoles si están de acuerdo con la “invasión migratoria” que, según él, algunos prelados defienden. O si también están de acuerdo con la supuesta “islamización” del país del que alerta una y otra vez la extrema derecha.

Pese a los choques, en las últimas declaraciones públicas los dirigentes de Vox han tratado de calmar las aguas en su relación con la Iglesia, precisamente para allanar las relaciones con el Papa durante su visita a España. No obstante, hace tan solo un mes el propio Abascal se mostraba “encantado” de hablar con la Conferencia Episcopal “para explicar que la regularización masiva es una invasión encubierta” o para decirle “que todas las instituciones que la avalen son responsables del daño directo que se causa a los españoles”.

La pasada semana, en cambio, nada más conocerse que el Papa realizaría su bendición de la nueva Torre de Jesús de la Sagrada Familia de Barcelona íntegramente en castellano, Vox salió en defensa de León XIV. “No tendría que ser noticia que el Santo Padre utilice la lengua mayoritaria de los catalanes en Catalunya, es decir, el español, y también si quiere el catalán”, afirmó Ignacio Garriga, portavoz de la extrema derecha en Catalunya. También tildó de “absolutamente inaceptables” las “injerencias” del independentismo en los actos de León XIV. “Para controlar qué lengua se utilizó en las mezquitas, equipamientos públicos y plazas donde se celebró recientemente la Fiesta del Cordero no les vimos tan preocupados”, zanjó.

León XIV ya está en España. Es la primera vez en 15 años que un pontífice visita nuestro país, uno de los favoritos por sus antecesores. Juan Pablo II vino hasta en cinco ocasiones, Benedicto XVI, en tres. La última, para clausurar, junto al entonces todopoderoso cardenal Rouco Varela, conocido por su dura oposición al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid de 2011.

Desde entonces, ningún Papa ha venido a España. Francisco no quiso hacerlo. ¿Por qué? “Primero tienen que ponerse ustedes de acuerdo”, afirmó en varias ocasiones, subrayando no tanto la creciente polarización social y política en nuestro país, con el creciente papel de la extrema derecha de Vox, sino la profunda división en el interior de la Iglesia. Quince años –y un pontificado– después, la brecha no ha hecho sino aumentar.

La España que acogerá a Prevost está más dividida que entonces. También la Iglesia. De hecho, como adelantó elDiario.es, uno de los ejes de los discursos que el Papa dará en estos días girará en torno a la necesidad del diálogo en el interior de la Iglesia, al respeto de la diversidad y a la unidad de acción dentro de una sociedad donde los cristianos tienen que ser parte de la solución, y no –como ha sucedido en demasiadas ocasiones en los últimos tiempos– del problema.

¿Qué Iglesia se encontrará León XIV? El panorama, contra las tesis de quienes apuntan a un ‘giro católico’ en la sociedad española, sigue siendo “desolador”, pese a reconocerse ‘brotes verdes’ entre algunos sectores de la juventud. Movimientos sobre los que advirtieron recientemente los obispos por el riesgo de “abuso espiritual” o “bombardeo emocional”, como los ‘retiros de impacto’ (Effetá, Emaús) o Hakuna (omnipresente en este viaje, al igual que el Opus Dei –los máximos responsables de la organización de la visita, entre ellos su coordinador general, Yago de la Cierva, forman parte de la prelatura–), ocupan buena parte de la agenda eclesiástica, orillando a movimientos sociales como la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) o la Iglesia de base. Y también es evidente la fuerte presencia de una férrea doctrina en lo moral que, en ocasiones, opaca la ingente labor social de Caritas, Manos Unidas u otras ONG católicas.

La Iglesia española está presidida por el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, quien en su etapa como secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) argumentaba que apenas había “unos pocos casos, o ninguno”, al referirse al drama de la pederastia y que ahora, como su máximo representante, asegura que la Iglesia es ejemplo de lucha contra los abusos, cuando la realidad muestra que estamos ante la Iglesia más refractaria a asumir su responsabilidad, junto a la italiana o polaca, de todo el continente.

Este viernes por la noche el Vaticano ha anunciado que el Papa se reunirá con supervivientes de la pederastia eclesial en España. Pese al anuncio, la Santa Sede ha evitado ofrecer más detalles de cómo y cuándo se producirá. Ante la ausencia de noticias, varias asociaciones de víctimas tenían previsto concentrarse ante las puertas de la ‘casa del Papa’ en Madrid. “León XIV, no recibiendo a las víctimas, ni siquiera fuera de agenda, ni siquiera veinte minutos de su poblada lista de actos, algunos irrelevantes, comete un error mayúsculo que las víctimas nunca olvidaremos ni por supuesto perdonaremos”, explicaba hace unos días a elDiario.es Juan Cuatrecasas, portavoz de ANIR Infancia Robada.

Conservadores y contra el Gobierno

La mayoría episcopal continúa estando, como hace década y media, alineada en el sector más conservador de la Iglesia, en materia de moral sexual, y también política, con declaraciones de varios prelados reclamando, desde hace meses, la dimisión del Gobierno y elecciones, y cuestionando acuerdos firmados, incluso, con la propia jerarquía, como el de la resignificación de Cuelgamuros o el nuevo sistema de reparaciones a víctimas de la pederastia.

Con todo, León XIV, al igual que hizo Francisco, ha mostrado sus preferencias. Y lo ha hecho en la figura del cardenal de Madrid, José Cobo, actual vicepresidente de la Conferencia Episcopal y miembro del dicasterio de Obispos, el encargado de diseñar el ‘mapa’ de futuros obispos. Un Cobo que, en la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, sigue teniendo una notable minoría de apoyos, apenas una veintena frente a los 70 obispos residenciales en las diócesis de nuestro país.

La tesis de Roma, con Bergoglio y ahora con Prevost, es la de buscar prelados que puedan contribuir a generar en la Iglesia española el espíritu de la sinodalidad y de la apertura social. Prueba de ello ha sido la participación de entidades eclesiales en el proceso de regularización extraordinaria, pese a que ello conllevara duras acusaciones por parte de la ultraderecha, supuestamente católica, de Vox.

Aun así, siguen siendo mayoría los obispos que, en la actual situación, ven con buenos ojos la llegada de los más ultras al Gobierno. “Está bien que Vox controle al PP, que no deja de ser el PSOE de hace diez años”, constata un prelado perteneciente al sector más rigorista del episcopado español y que entiende, como muchos, que la “prioridad nacional” también pasa por reivindicar los valores ‘católicos’ de la sociedad española. Un movimiento identitario en el que grupos como Abogados Cristianos o HazteOír han vuelto a lograr, pese a la cercanía de algunos de ellos con El Yunque (sociedad secreta prohibida por la Iglesia) volver a tener altavoz en las parroquias.

El Papa hablará, y mucho, a la clase política y social. Desde su llegada este sábado al histórico discurso en el Congreso de los Diputados, o sus gestos con los migrantes en el muelle de Arguineguín. Pero sus mensajes también estarán orientados hacia el interior de una institución que necesita, con urgencia, trabajar para aflojar el ambiente de crispación generalizado, y ofrecer respuestas a las víctimas de abusos, los migrantes y las realidades históricamente olvidadas por la institución, y que el pontificado de Francisco ayudó a visibilizar en el interior de la Iglesia. Bergoglio lo intentó, pero no tuvo éxito en España. Tal vez por ello no quiso visitar nuestro país. ¿Lo logrará Prevost? Este viaje marcará la pauta del futuro de la Iglesia española. ¿Hacia dónde? Lo veremos.

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El viaje del papa León XIV a España costará, según ha informado este martes el coordinador general adjunto de la visita y vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, 25 millones de euros. Se trata de una cifra muy superior a la dada por esta misma entidad a principios de abril, cuando la calculó en unos 15 millones. Dos meses más tarde, el dato ya es un 70% más elevado.

“Estamos estimando ahora mismo que el presupuesto consolidado, sin tener todas las cifras cerradas evidentemente, va a ascender en dinero a 25 millones de euros”, ha explicado Giménez Barriocanal, en un encuentro con los medios de comunicación para explicar los aspectos económicos de la visita.

Según ha puntualizado, el 85% de este presupuesto se destinará directamente a los eventos y el resto, a los aspectos de logística, comunicación y preparación.

En cuanto a la procedencia de estos fondos, ha indicado que un 45% del presupuesto, aproximadamente, lo van a cubrir los benefactores, es decir, empresas y otras entidades como fundaciones; un 30% de recursos propios de las diócesis y de la propia Conferencia Episcopal -que a su vez proviene las aportaciones de los fieles-; un 20% de las administraciones públicas -en concreto, de los gobiernos de Canarias y Cataluña, que son los que han realizado aportaciones monetarias- y un 5%, de pequeños donativos que se están realizando por Bizum y las cuentas corrientes abiertas para la visita.

En el caso de Canarias, los cabildos insulares de Tenerife y Gran Canaria ya han anunciado unos 500.000 euros cada uno, más lo que aportará el Gobierno regional, que anunció este lunes que pondrá otros dos millones de euros del dinero de los contribuyentes para estos actos de carácter religioso.

Sobre el retorno de la visita, Giménez Barriocanal ha explicado que estiman que genere un imapcto económico de “más de 150 millones” de euros en la economía española.

¿Se verá el Papa con las víctimas de abusos? “Pues está pensado, está planteado. Es un tema que le preocupa, y del que está cerca. Nosotros hemos hecho la propuesta y estaremos preparados”. El cardenal de Madrid, José Cobo, es sin duda el hombre del Papa en España. Ya lo fue de Francisco y lo sigue siendo de Prevost, que llegará en menos de dos semanas a Madrid. Mal que les pese a los sectores más ultraconservadores, que lo tachan de “traidor” o “profanador” por el acuerdo alcanzado, como adelantó en primicia elDiario.es hace un año, para la resignificación de Cuelgamuros.

 “Tenemos que superar la polarización y apostar por el bien común”, sostiene Cobo al ser preguntado por la posible instrumentalización del viaje de León XIV y su esperado discurso en el Congreso de los Diputados. Sobre la prioridad nacional de Vox, el vicepresidente de la CEE también es tajante. Y recuerda que el Papa piensa lo mismo: “Gracias a Francisco, el discurso de la migración está asentado. ¿Por qué va León a Canarias? Por la misma razón que Francisco fue a Lesbos o a Lampedusa (…). Apostamos por la dignidad, aquí no hay ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda”.

El lunes estuvo con el Papa en Roma. ¿Cómo está Prevost en la cuenta atrás para el viaje?

Muy animado. Este Papa tiene una seguridad muy grande. Desde que fue elegido hace un año ha ido ocupando un espacio. Va creciendo en el ‘oficio’ de Papa, y eso da mucha tranquilidad. Transmite mucha seguridad en lo que dice y hace.

¿Qué Madrid se encontrará el Papa?

Un Madrid muy grande, muy diverso, con un entusiasmo que nos ha desbordado a todos. Quisiéramos enseñarle al Papa un Madrid muy real. Una ciudad que sea tal y como es, con una Iglesia que camina, con sus dificultades, entre la gente.

Hay una parte muy ‘política’ de la visita, desde su encuentro con los reyes, la reunión con Sánchez, el discurso ante el Congreso… ¿El Papa sabe de la situación en España? ¿Qué piensa?

La conoce perfectamente. El Papa no está aislado en una cápsula. Tiene sus relaciones, habla con unos y con otros, conoce perfectamente la situación española. Lo que ocurre es que éste no es un viaje político, es un viaje apostólico, y aunque hable con la política, la propuesta que puede hacer un Papa es la del lema del viaje: ‘Alzar la mirada’. El Papa hablará de política, aunque no de partidos políticos.

“El Papa conoce perfectamente la situación de España (…): éste no es un viaje político, es un viaje apostólico, y aunque hable con la política, la propuesta que puede hacer un Papa es la del lema del viaje: ‘Alzar la mirada’. El Papa hablará de política, aunque no de partidos políticos”

Vivimos en un país en el que todo lo político se examina con lupa, en una realidad marcada por la polarización, y en el que se desentrañarán todos los gestos, tanto en su encuentro con los reyes como con Sánchez, y especialmente lo que diga en el Congreso de los Diputados. Es la primera vez que un Papa habla ante la sede de la soberanía española en democracia…

Todo eso se mirará, pero hay que entender que el Papa que hablará a los políticos no pertenece a un partido político, sino que representa a una tradición religiosa que está en sociedad. Vivimos en una sociedad, como la española, con una tradición católica, que está enraizada. En este contexto, el Papa dialogará, hablará con los políticos, pedirá la dignificación de la política y agradecerá el trabajo de los políticos…

Usted ha dicho que el Papa no viene a hacer política ni a quitarle votos a nadie, pero también ha alertado de la posibilidad de que se instrumentalice todo lo que diga, como ocurrió en el caso de Trump. ¿Qué riesgos reales ve?

Tenemos que mirar más allá. Hay un defecto en nuestro mundo: estamos todo el rato con los móviles y en nuestro pequeño espacio ideológico, y analizamos todo desde esa óptica. La postura de la Iglesia es la de abrir puertas y estar con otra gente que piensa distinto. ¿Qué luego hay gente que quiera hacer de la Iglesia un pequeño espacio ideológico? Pues sí. ¿Qué pueda haber gente que quiera aprovechar el viaje para su propia causa? Pues también. Pero quedarán retratados ante la bondad de una mirada más amplia.

Existe una realidad innegable: Francisco nunca vino a España porque decía que estábamos peleados, tanto dentro como fuera de la Iglesia. La situación no ha mejorado. ¿Puede haber en esas palabras del Papa una llamada a superar esta polarización?

Sí. Tenemos que superar la polarización y apostar por el bien común. Ir a la búsqueda de la dignidad humana y redefinirla con los criterios de nuestro tiempo. El viaje del Papa va a ser, para la Iglesia y para la sociedad, un viaje de puntos de encuentro, no de resaltar las diferencias, y es un ejercicio que nos hace falta. Hay mucho entusiasmo en la gente, porque hemos querido que este viaje no sea solo para dentro de la Iglesia, sino que manifieste una Iglesia que está dialogando, dejándose interpelar por el resto. Hay un anhelo de poder hacer algo juntos. El Papa quiere que hablemos mejor de nosotros mismos, que reconozcamos a buena gente entre los que piensan de otra forma.

“Gracias a Francisco, el discurso de la migración está asentado. ¿Por qué va León a Canarias? Por la misma razón que Francisco fue a Lesbos o a Lampedusa”

Hablemos de la realidad migratoria. Usted ha trabajado durante años con migrantes. ¿Cómo se sitúa ante polémicas como la ‘prioridad nacional’ planteada por Vox?

Como siempre. La voz y el mensaje son siempre los mismos: la dignidad humana. No hay ni ciudadanos de primera ni de segunda. El ADN del cristiano nos hace reconocer la dignidad de todos. También hay que reconocer que no estamos afrontando todo el fenómeno migratorio, que tiene muchos aspectos. Pero gracias a Francisco, el discurso de la migración está asentado. ¿Por qué va León a Canarias? Por la misma razón que Francisco fue a Lesbos o a Lampedusa.

El Papa llega el día 6 de junio. Cuatro días antes, el expresidente Zapatero declarará ante el juez como imputado. ¿Cómo se encajan estas realidades en el viaje de un jefe de Estado como es el Papa?

Vamos a alzar la mirada. La contingencia política de cada país es grave, pero a la gente también le preocupa qué pasa con sus hijos, saber si sus chavales van a tener piso o no, si con el sueldo que tienen van a poder pagarse el alquiler… Necesitamos buscar un sentido a la vida, una llamada a la esperanza. El Papa no va a entrar en la contingencia concreta, no nos va a decir ‘Mirad al cielo’, no, no, pero en estos tres días sí podemos decidir hacia dónde vamos. Y ofrecer respuestas ante esa desorientación, ese desarraigo, esa desesperanza. La contingencia política estará y hay que barajarla. Yo creo que el Papa la integrará, porque es lo que nos pasa, y es nuestra preocupación.

¿Se verá el Papa con las víctimas de abusos?

Pues está pensado, está planteado. Dentro de las peticiones de entrevistas privadas, que ha habido miles, de muchas víctimas, de muchas causas... A lo largo de su pontificado, el Papa ha tenido, y tendrá, encuentros con las víctimas. Es un tema que le preocupa, y del que está cerca. Nosotros hemos hecho la propuesta y estaremos preparados.

Sobre Cuelgamuros: “Ahora mismo, es necesario el diálogo entre el Gobierno, la Santa Sede -que algo tiene que decir- y la comunidad benedictina. Yo si pido, igual que hizo el presidente de la Conferencia Episcopal, un diálogo entre las partes, que trabajen más en clave de diálogo que de confrontación”

Usted está sufriendo, desde hace muchísimo tiempo, ataques y persecuciones en torno a un relato, desde el tema de la resignificación de Cuelgamuros. ¿Sería conveniente que esto se quedara solucionado antes de que la visita del Papa? ¿Hasta qué punto le perturban este tipo de situaciones?

A ver… este es un problema en el que yo no tengo jurisdicción. Yo he hecho el trabajo que se me ha pedido, en el momento en que se me ha pedido. No es nuestra la idea de empezar con este tema, ni yo he intervenido más de lo que se me ha pedido. Ahora mismo, es necesario el diálogo entre el Gobierno, la Santa Sede –que algo tiene que decir– y la comunidad benedictina. Yo si pido, igual que hizo el presidente de la Conferencia Episcopal, un diálogo entre las partes, que trabajen más en clave de diálogo que de confrontación. No tengo yo la llave de esto

Entiendo que esté cansado de que le llamen traidor o profanador…

En la historia de la Iglesia, y en la reciente también, he visto cómo los obispos de Madrid siempre tenían que pasar por tragos parecidos. Son precisas prudencia y templanza para que en estos temas se pueda llegar a un acuerdo, y no crispar. Ahora mismo, se trata de no crispar, provocar diálogo entre las partes y buscar una buena solución. Pero ya digo, no está en mi mano, ni en el origen ni en el final. 

León XIV no ha venido todavía. Pero, cuando se marche, ¿qué? ¿Qué Iglesia se tiene que construir después de la visita del Papa? 

La que estamos construyendo. La visita del Papa no es un evento y no hemos querido hacerlo así. El Papa va a ver la Iglesia que hay, sin más maquillaje. Ahora llega el momento de la recepción de las palabras del Papa, pero después estas experiencias quedan, y hay que trabajarlas. El año que viene, cuando empecemos el curso, recogeremos los guantes que nos haya lanzado el Papa y seguiremos trabajando. Sería precioso que el año que viene, por estas fechas, la gente que haya venido diga 'yo estuve ahí, y lo recuerdo’. Y que les haya alentado a transformar su vida. Ese será es el mejor fruto de este viaje.

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“Hay una reflexión que se hace desde Estados Unidos y que quizá, aquí, Vox acoge. Es el 'ordo amoris' (...). Pero no es verdad una lectura parcial de que la caridad bien entendida comienza con uno mismo, y no es legítimo hacer trampas por el pan de los hijos. En el movimiento MAGA hay una lectura del 'ordo amoris' para poder decir America First o 'prioridad nacional'”. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha señalado así los vínculos entre la ultraderecha española y el movimiento ultra, responsable del ascenso de Trump y las deportaciones masivas de migrantes.

Lo hizo durante su intervención en el Nueva Economía Fórum con motivo de la visita de León XIV a España. Preguntado sobre la inmigración y la supuesta ruptura de relaciones entre Vox y la Iglesia, Argüello señaló que “no hay posturas irreconciliables con nadie”. Entre los presentes, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y Pepa Millán.

Eso sí, advirtió: “Nuestro mundo es un mundo global en trance de constituirse en un mundo multipolar. No podemos dejar de decir que por las reglas de juego y las situaciones de unos y otros, hay lugares en los que se está diciendo a la gente: Sal, y otros, como el nuestro, en el que se está diciendo a la gente: Ven”. En este punto, el presidente de la CEE insistió en las palabras pronunciadas por León XIV a su regreso de África, en el sentido de mirar “en qué medidas colaboramos en las causas que provocan que la gente salga”.

“Hay que plantearse las causas, pero lo cierto es que los flujos migratorios suceden. El Estado tiene derecho a regularlos. Una vez que las personas han llegado, tenemos un deber que brota de la sagrada dignidad de cada vida, que debe de movilizarnos. Esta es la cuestión”, planteó Argüello, quien calificó esta cuestión de “asunto mayor” para que “el Estado español, solo no puede, y precisa hacerlo, cuando menos, en la Unión Europea”.

En las últimas semanas, Madrid ha vivido un auténtico auge de encuentro multitudinarios de movimientos evangélicos, en su mayor parte procedentes del mundo pentecostal estadounidense, vinculado al movimiento MAGA. Una situación que preocupa, y mucho, a los obispos españoles, que también miran su propia realidad, con los riesgos de los emotivismos estilo Hakuna, Emaús o Effetá. Así lo planteó esta mañana el presidente de la Conferencia Episcopal, quien advirtió que “las búsquedas de espiritualidad son peligrosas, porque ante una situación de fragilidad, aparecen gurús espirituales”.

“Algunas propuestas también pasan en el interior de la Iglesia, que manipulan la conciencia”, admitió, aunque sí resaltó que “hay una búsqueda. Y hay acercamientos a la Iglesia y a Jesucristo”. Especialmente con la música y las emociones, de un lado, y con la acción social, del otro. “Son puertas de entrada, nosotros deseamos enseñar la casa entera”.

Preguntado sobre el 'Festival de la esperanza', que protagonizará en Madrid Franklin Graham, hijo del histórico predicador Bill Graham, muy cercano a Trump, en lo que algunos ven una suerte de 'contraprogramación' del viaje del Papa. Argüello constató que “hay formas de expresión desde el tronco evangélico pentecostal, con el riesgo grande de propuestas meramente ideológicas”.

“Los católicos también tenemos el riesgo del pelagianismo, pero en la otra orilla existe este otro riesgo”, apuntó Argüello, quien subrayó de “los riesgos de otro tipo de desembarco de dos teologías dominantes en América. Una, la teología de la descolonización, que cuestiona toda la presencia evangelizadora de España en América (...). La otra, la teología de la prosperidad, que enlaza bien con el capitalismo, por un tipo de evangelización que te vaya bien con el dinero”.

“Este tipo de corrientes nos preocupa”, aseveró. “Enseñemos la casa entera”, repitió. Porque “en ese barco pueden llegar algunos virus”, dijo, en una fallida comparación con el crucero del hantavirus.

En lo tocante a la visita papal, Argüello confió en que la llegada de León XIV “nos ayudará a pensar que una democracia necesita algo más que periodos de cuatro años”, instando a “revisar sus fundamentos, y no mirar solo por los intereses demoscópicos y electoralistas”. Sobre el drama de los abusos, el presidente de la CEE reconoció que “en la Iglesia sentimos un dolor y una responsabilidad especial ante las víctimas que se han producido en nuestro ámbito, por eso hemos dado en estos años diversos pasos, nunca suficientes, por el dolor escandaloso provocado por este tema”. Aunque, ante la atenta mirada del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pidió que “no haya unas víctimas de primera, y otras de segunda”.

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A falta de un mes para que el papa León XIV llegue a España, la Santa Sede aún no ha confirmado el programa oficial del viaje apostólico del pontífice, que recorrerá Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife entre el 6 y el 12 de junio.

El cuarto viaje internacional de su reciente pontificado será la primera estancia de un pontífice en territorio español en 15 años, tras el último viaje realizado por Benedicto XVI en 2011, y supondrá también el primer viaje de un papa durante el reinado de Felipe VI.

Aunque el Vaticano aún no ha confirmado de forma oficial todos los actos de la agenda de León XIV, ya han trascendido algunos detalles del itinerario.

A continuación, un listado con lo que se sabe por ahora de este viaje.

Calendario y sedes

León XIV llegará a Madrid por la mañana el 6 de junio y permanecerá en la capital hasta el día 9 por la mañana, cuando viajará a Barcelona.

En la ciudad condal estará hasta el día 11 por la mañana, y desde allí se desplazará hasta Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife, donde permanecerá hasta el 12 por la tarde, cuando regresará a Roma

Madrid 6-8 de junio

El avión papal aterrizará el sábado 6 de junio en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde será recibido por los reyes como jefe de Estado.

Ese mismo día tendrá lugar una gran vigilia de oración con jóvenes que previsiblemente será en los alrededores del estadio Santiago Bernabéu, contará con la participación directa de los jóvenes y culminará con unas palabras del pontífice y la celebración de una adoración eucarística. Previamente, el papa recorrerá la zona saludando a los peregrinos desde el papamóvil.

Al día siguiente, el domingo 7 de junio, el papa oficiará en la plaza de Cibeles una misa por la festividad del Corpus Christi y tras su celebración presidirá una procesión eucarística por las zonas aledañas.

De la agenda del lunes 8 de junio, se conoce que la presidenta del Congreso de los Diputados y el presidente del Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, han enviado sendas cartas al León XIV para invitarle a sus sedes y se espera que se celebre una sesión conjunta de ambas cámaras.

Entre los actos y encuentros que Robert Francis Prevost llevará a cabo en la capital está previsto que visite la sede de la Conferencia Episcopal Española, que este año conmemora su 60º aniversario, y el lunes se perfila como una de las fechas idóneas.

Barcelona 9-10 de junio

El pontífice llegará el martes 9 de junio a Barcelona, que este año celebra el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, fallecido el 10 de junio de 1926 en la ciudad condal.

Coincidiendo con ese aniversario, el miércoles 10 de junio se inaugura la Torre de Jesucristo, la más alta de la basílica de la Sagrada Familia, y, aunque no está confirmado de forma oficial, está previsto que León XIV participe en ese acto.

Otros de los eventos que se barajan en la agenda del papa es su visita a la Abadía de Montserrat el próximo 10 de junio y un encuentro multitudinario con jóvenes en el Estadio Olímpico Lluis Companys de Montjuic.

Canarias 11-12 de junio

Recogiendo el deseo de su antecesor el papa Francisco de conocer de primera mano el drama migratorio que vive el archipiélago canario, el pontífice cerrará su viaje a España en Canarias, donde visitará Gran Canaria y Tenerife.

En cada una de las islas está prevista la celebración de una misa multitudinaria: en el estadio de Gran Canaria, y en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, como cierre a su viaje apostólico.

Asimismo, León XIV tendrá algún tipo de encuentro con personas migrantes, aunque por el momento no han trascendido los detalles del mismo. La Iglesia de Canarias sí ha manifestado en varias ocasiones que le gustaría organizar un acto de ese tipo en Arguineguín (Gran Canaria).

En Canarias, la Consejería de Educación está baranjando la suspensión de clases presenciales en algunas zonas de ambas islas con el objetivo de facilitar la moviliad del pontífice.

Más de 3.000 periodistas acreditados y 21.500 voluntarios

La asistencia a todos los actos que realizará el papa León XIV será gratuita, aunque los que deseen asistir deberán inscribirse previamente, de manera individual o través de un grupo (parroquias, colegios, institutos de vida consagrada, movimientos, etc.), en la web del viaje del papa (www.conelpapa.es), lo que permitirá a la organización distribuir mejor a los asistentes, así como tener una previsión para cuestiones logísticas.

Son 21.500 los voluntarios que se han inscrito para echar una mano durante la visita del papa León XIV. En concreto, según han detallado a EFE fuentes del comité organizador, en Madrid se han registrado 18.000; en Tenerife, 1.300; en Gran Canaria, 1.200, y en Barcelona, 1.000 personas.

La visita del pontífice movilizará a una parte importante de la prensa nacional e internacional para cubrir el viaje. De hecho, en el plazo previsto se han acreditado 3.307 profesionales -la mayoría españoles-, aunque, según las fuentes consultadas, hay casi otros 3.300 que lo han hecho más tarde.

La visita costará al menos 15 millones de euros

La visita del papa tendrá un coste de al menos 15 millones de euros y un impacto económico superior a los 100 millones de euros, según los cálculos de los organizadores, que prevén cubrir el presupuesto con benefactores.

Existen tres tipos de financiadores: los fieles, con aportaciones pequeñas; las empresas, fundaciones y patrocinadores, y las administraciones públicas. En este sentido, ha habido críticas porque los grandes benefactores que donen entre medio millón y un millón de euros mantendrán un encuentro personal con el papa.

Himno y logotipo de la visita

El lema elegido para el viaje es 'Alzad la mirada' y el himno creado para la ocasión es una canción titulada 'Alza la mirada', compuesta por once compositores y con coros de más de 1.700 voces grabados en las cuatro ciudades que visitará León XIV.

Por su parte, el logotipo es obra de la diseñadora gráfica María del Mar Chapa y está construido como “un círculo abierto en acción” en el que aparecen la Virgen de la Almudena en el centro “como eje y corazón del movimiento” y lugares icónicos de las sedes del viaje: la puerta de Alcalá (Madrid), la Sagrada Familia (Barcelona), y el mar (Canarias).

Duro discurso del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en la apertura de la Asamblea Plenaria del episcopado, la última antes de la visita del papa León XIV. En sus palabras, Argüello arremetió contra el Gobierno, al acusarle de “intervenir” la vida civil, no respetar la división de poderes y controlar los medios. Y es que, para el arzobispo de Valladolid, el Ejecutivo socialista “tiene una mirada selectiva sobre las víctimas” de la pederastia, y “un deseo desmedido de intervenir en la sociedad civil”.

“El Estado es aconfesional, pero el Gobierno tiende a tomar posturas 'confesionales' en materia antropológica, definiendo el comienzo y el final de la vida, la definición del matrimonio y de la familia, y el significado de la sexualidad humana con criterios de fe ideológica, al margen de la ciencia y de las experiencias humanas más elementales. Tiene también una mirada confesional sobre la historia, y selectiva sobre las víctimas”, denunció el presidente de la CEE, quien lamentó la voluntad del Gobierno “de controlar las instituciones que aseguran la división de poderes en lo político y la libre concurrencia en lo económico, además de una doble vara de medir, según a quién afecten los asuntos de abuso de poder o de corrupción”, así como “asegurar el control sobre los medios de comunicación”.

Aunque Argüello renovó su “compromiso de colaboración respetuosa y crítica con el Gobierno y los gobiernos”, lamentó que pese a haber negociado “en estos meses de inmigración, de vivienda, de educación”, el “interés prioritario de este Gobierno, el único en el que ha querido forzar acuerdos, ha sido el asunto de los abusos a menores cometidos únicamente en el seno de la Iglesia y la resignificación del Valle de los Caídos (Cuelgamuros)”. “Es justo reconocer la leal colaboración actual en la preparación de la visita del Papa”, concedió. Un viaje que tendrá lugar los día 6 a 12 de junio.

Antes del mismo, los obispos necesitan solucionar un conflicto enquistado, el del Valle. “Quiero, desde aquí, invitar al Gobierno y a los monjes de la abadía del Valle de Cuelgamuros a alcanzar un acuerdo razonable y satisfactorio para ambas partes que, además, sea un testimonio de que es posible superar la polarización y encontrar vías de encuentro”, apuntó al final de su discurso Argüello, en una apelación al acuerdo inédita, pues la Conferencia Episcopal se había mantenido, hasta ahora, al margen, dejando la negociación primero al cardenal de Madrid, José Cobo, quien asumió el acuerdo alcanzado entre el ministro Bolaños y el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, tal y como adelantó en primicia elDiario.es hace ya un año.

Un acuerdo que conllevó la salida del prior Cantera y el aval eclesial a la resignificación de Cuelgamuros. Poco después, los monjes se bajaban del acuerdo y planteaban un recurso judicial, que está a la espera de ser admitido, rechazado, o retirado, con el consiguiente enfado del Ejecutivo, que llegó a plantearse regresar al 'punto de partida' (antes del acuerdo con el Vaticano), y expulsar a los monjes. Algo que nadie (ahora, sabemos, tampoco el presidente de los obispos) quiere que suceda. Según pudo saber elDiario.es, la retirada del recurso presentado por la Abadía ante el acuerdo Vaticano-Gobierno (respaldado por el arzobispo de Madrid), evitaría la salida de los monjes y mantendría sacralizado el complejo.

“¿Por qué han llegado a un acuerdo sobre la reparación integral de víctimas de abusos?”, se preguntó Argüello, destacando el trabajo llevado a cabo, desde hace años, por la CEE y CONFER, y anunciando un posible “decreto general sobre sanciones a clérigos causantes de delitos, además de lo que los posibles procedimientos penales pudieran establecer” (¿incluirá esto a Zornoza?). Tras admitir que la pederastia clerical “es un escándalo gravísimo ante el que es preciso cualquier exceso en el reconocimiento de una obligación espiritual y moral, aunque los delitos hayan prescrito o el victimario haya fallecido”, Argüello defendió el acuerdo para abrir la vía del Defensor del Pueblo.

Con todo, “nos preocupa la insistencia del Gobierno, al comentar el acuerdo, en no reconocer las reparaciones ya realizadas e insistir en que todo comienza ahora, así como en reducir toda la reparación a indemnización económica”. Argüello fue especialmente crítico con las palabras de Bolaños, que citó textualmente (‘El Gobierno decide y la Iglesia paga’), y recalcó que la Iglesia “ha escuchado y acogido a las víctimas, ha puesto en marcha caminos de reparación, de justicia restaurativa, y ha indemnizado, en muchos casos, sin necesidad de que ningún gobierno ni sentencia se lo haya impuesto”.

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Un día después del escándalo, y al rebufo de los apoyos recibidos por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (a los 'católicos' de Vox no se les espera), el presidente de la Conferencia Episcopal española, Luis Argüello, ha salido en defensa del Papa León XIV frente al “ataque burdo” de Donald Trump, a quien con cierta sorna calificó de “anticristo”.

Trump acusó al Papa de ser “terrible en política exterior” aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela, y le insta a “dejar de complacer a la izquierda radical”. “El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior”, escribió el mandatario en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a “concentrarse en ser un gran papa, no un político”, porque “está perjudicando a la Iglesia católica”.

“No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que considere terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela (...). Y no quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos cuando estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido”, añadió Trump. “No le tengo miedo a la administración de Trump. Seguiré hablando en voz alta del mensaje del Evangelio, por el que trabaja la Iglesia”, respondió León XIV.

En declaraciones a los medios tras un debate con la portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, organizado por la Fundación Pablo VI, Argüello subrayó su “comunión y apoyo al Papa” saliendo al paso de “ataques tan burdos” como el del presidente de los Estados Unidos. “En nombre de la Iglesia en España, de cada una de sus diócesis, de las realidades de todo tipo de la Iglesia en España, doy nuestro apoyo al Papa en su búsqueda de caminos de diálogo, de justicia, que hagan posible la paz”, según recoge Europa Press.

Cuestionado por la imagen en la que Trump se presentaba como Jesucristo, Argüello se preguntó: “¿Cristo o Anticristo?”, lamentando que “hoy a veces el Cesar parece querer presentarse como Dios, con actitudes totalitarias”.

Antes de Argüello, lo cierto es que solo tres obispos españoles habían salido a la esfera pública para apoyar al pontífice, de visita en Argelia estos días. El de Sant Feliú, el dominico Xabier Gómez; el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo; y el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, quien se mostró muy crítico contra Trump en su espacio 'Sexto Continente' de Radio María. “Las palabras profundísimas del Papa han molestado a la fiera como el agua bendita a la niña del exorcista”, subrayó el prelado, ubicado ideológicamente a la derecha política, pero muy contundente contra el apoyo del líder MAGA tanto al genocidio de Gaza como a los ataques contra Irán.

“Hemos tocado el trigémino al hombre que se cree el más poderoso del mundo”, constata Munilla, quien lamenta cómo “la droga del poder, de pretender ser el dueño del mundo es muy seductora”, y denuncia el “delirio de omnipotencia” de Trump.

Junto a ello, Munilla confía en que esta polémica “decante definitivamente los corazones de muchos católicos que han estado coqueteando con las ideologías y defendiendo que lo que hace Trump es un bien al mundo”, algo que seguramente no hará la ultraderecha 'católica' española, encerrada en un enigmático silencio desde ayer. “Yo confío en que este ataque a cara descubierta decante los corazones de muchos católicos en el tema de dejarse de tonterías”, señaló.

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El pasado 8 de enero, el Gobierno y la Iglesia firmaron un acuerdo para crear un sistema de reparación mixto para las víctimas de pederastia. Aquello fue solo el inicio de una larga y delicada negociación para plasmar aquel pacto genérico en un protocolo concreto para atender a las víctimas que quisieran algún tipo de reparación cuando no era posible acudir a la Justicia.

Desde aquel 8 de enero, los representantes del Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo –quien tendrá la última palabra en las reclamaciones– se han reunido en casi una decena de ocasiones y ha mantenido innumerables llamadas. Fuentes conocedoras de las negociaciones relatan a elDiario.es semanas de muchas tensiones que cristalizaron el pasado sábado, cuando el acuerdo estuvo a punto de romperse.

No rebasar las “líneas rojas”

Durante aquellas conversaciones quedó patente que los representantes de la Iglesia, pese a haber firmado aquel acuerdo del 8 de enero, querían ahora revertir algunas de las cuestiones que contenía. Fuentes presentes en las negociaciones señalan que eso era una “línea roja” para el Ministerio y que la negociación podría resumirse en un intento constante de que el acuerdo ya firmado no se desvirtuara.

Desde el inicio, los principales desacuerdos han estado centrados en dos cuestiones: que esta nueva vía permitiera a las víctimas que ya habían obtenido una compensación de la Iglesia reclamar más dinero. Por otro, que ante la falta de acuerdo sobre la compensación, la última palabra la tenga el Defensor del Pueblo.

Las reticencias de la Iglesia eran, en resumen, que el acuerdo suponía que el control que había tenido ellos en exclusiva a través del PRIVA –Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales– pasaba ahora a ser compartido con el Estado. Y con obligación de acatar lo que establezca el Defensor del Pueblo.

“Hubo un momento en el que se rompió todo”

Estos escollos ya impidieron hace diez días la firma del acuerdo, cuando se daba prácticamente por hecho. Aquello solo fue un retraso, en parte también relacionado con la inmediata visita de los reyes y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al Vaticano un día después. Pero ese retraso se tornó en una crisis total el pasado sábado.

“El sábado por la mañana hubo un momento en el que se rompió todo”, cuenta una fuente presente en las conversaciones. Ese día, ya con el borrador encima de la mesa, hubo un momento “crítico” en el que parecía que no iba a ser posible el acuerdo. Y es entonces cuando resultó fundamental el papel del mediador más importante de todas estas semanas: el Vaticano.

El Gobierno ha recurrido al Vaticano para engrasar el acuerdo con la Iglesia desde el inicio. Ya lo hizo para el acuerdo inicial de enero –hubo dos reuniones con la Santa Sede– y durante estas negociaciones han continuado las llamadas entre Bolaños y el secretario de Estado, Pietro Parolin.

El pasado viernes 20 de marzo, durante la visita al Vaticano, ambos mantuvieron un encuentro de trabajo para tratar los reparos de la Iglesia española. Ese día el ministro de Justicia trasladó a Parolin las dificultades a las que se estaba enfrentando y los puntos de discordia. El secretario de Estado del Vaticano contestó que no sabía nada. La Iglesia española no le había informado de su rechazo a firmar el acuerdo en los términos previstos.

Un intento de “revertir” lo ya firmado

Bolaños y Parolin mantuvieron contactos todo el tiempo, cuando el acuerdo pendía de un hilo. La presión del Vaticano y los esfuerzos de Justicia para medir hasta el extremo la redacción algunas frases del texto consiguieron poner de acuerdo a todas las partes.

La Iglesia había estado poniendo muchas pegas al hecho de que las víctimas ya indemnizadas con el plan PRIVA pudieran ahora pedir compensaciones más altas. A veces las pegas eran a la forma en la que quedaba escrita alguna frase del texto, pero en otras ocasiones su rechazo era a los postulados generales del acuerdo. Había un intento de “revertir” lo ya firmado.

De hecho, en la nota informativa enviada este lunes por los obispos no figura este punto. En rueda de prensa, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha eludido el asunto en su intervención inicial y a preguntas de los periodistas ha insistido en que cuando las víctimas ya indemnizadas reclamen se intentará “evitar duplicidades” y se tendrá en cuenta “la situación anterior”, en referencia a una posible indemnización ya recibida.

Bolaños ha sido más directo al aclarar que todas las víctimas que hayan acudido al mecanismo que la Iglesia había puesto en marcha puede ahora acogerse a esta nueva vía, aunque hayan recibido una indemnización.

Las fuentes presentes en las conversaciones señalan que han sido semanas de tensiones constantes, en las que los negociadores del Ministerio han tenido que “tirar del carro” frente a los obispos, que no tenían ninguna prisa por llegar a un acuerdo. De hecho, el acuerdo se debería haber firmado a principios de febrero, que fue el plazo que se dio en el primer pacto y el que se trasladó a las asociaciones de víctimas.

Aunque los obispos han obviado plazos y compromisos, el Ministerio si tenía a su favor una fecha marcha en rojo: la visita del papa el próximo mes de junio. Para la Iglesia hubiese sido un desastre acercarse a esa fecha sin haber alcanzado un acuerdo.

“Sería insostenible, no nos lo planteamos” responden desde del Ministerio cuando se les pregunta sobre si, constatadas las resistencias de la Iglesia, hay temor a que no cumplan ahora el acuerdo. Insisten en que se ha fijado una fecha –el 15 de abril– para que se ponga en marcha el proceso, se ha establecido un plazo y hay unos documentos firmados: “Todo eso nos da mucha tranquilidad”.

El plan, que no ha fijado baremos ni horquillas para las reparaciones a las víctimas, estudiará caso por caso para establecer una indemnización. En caso de acuerdo entre las partes, se sellará sin mayor problema, pero si hay discrepancias será el Defensor del Pueblo quien tenga la última palabra. También para aquellas víctimas que estén descontentas con la compensación que ya les haya pagado la Iglesia. Tras meses de negociaciones, los obispos han tenido que claudicar en este punto.

El Gobierno, la Iglesia española y el Defensor del Pueblo han alcanzado un acuerdo sobre las indemnizaciones a víctimas de pederastia tras meses de negociaciones. La Conferencia Episcopal Española (CEE) pierde de esta manera el monopolio sobre los procesos de reparación a las víctimas y claudica con su principal rechazo al pacto: que las víctimas ya indemnizadas puedan reclamar más dinero con este nuevo sistema. El nuevo protocolo se pondrá en marcha a mediados de abril y el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra en caso de que no haya acuerdo, pero no se han fijado horquillas ni baremos.

El presidente de los obispos, Luis Argüello, ha comenzado la rueda de prensa diciendo que “en un lunes santo, es bueno poder plasmar un acuerdo y al mismo tiempo como es tiempo de pasión, que ese acuerdo sirva para aliviar la pasión de tantas víctimas de abusos”. “Somos conscientes de que este paso ha sido necesario porque algunas de las víctimas de abusos no han confiado en las diócesis, en las congregaciones religiosas para ofrecer desde ahí esta este cauce para entrar en esta senda. Nosotros insistimos en que sí que es posible confiar y ahora hacemos un ejercicio de confianza. Confiamos en el equipo del Defensor del Pueblo. Confiamos en que sea posible una colaboración. Confiamos en que podamos caminar rostro a rostro”, ha añadido.

Sobre la posibilidad de que recurran las víctimas ya indemnizadas, Argüello ha dicho: “Una vez que se abre una ventanilla, pueden acudir a ella todos los que lo deseen, pero se dice explícitamente en el acuerdo que tratamos de evitar duplicidades. Habrá de tener en cuenta cuál ha sido la situación anterior si esto se ha producido”. El acuerdo, ha aclarado Argüello, no se establecen horquillas ni baremos para la indemnización de las víctimas.

Tras Argüello ha comparecido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños: “Ceo que hoy es un día de justicia, de justicia con las víctimas, de esas miles de víctimas que en su día sufrieron abusos sexuales en el seno de la iglesia católica y que no solo nadie les acompañó, sino que se puso en duda lo que dijeron, fueron olvidadas. Y eso aumentó el dolor casi tanto como el propio abuso que habían sufrido”.

Sobre la ausencia de unos baremos para las indemnizaciones, Bolaños ha dicho que “una reparación justa no debe de estar determinada por ninguna cifra ni mínima ni máxima”. “Lo que sí establece el protocolo son cuáles son los criterios que han de dar lugar a la reparación económica, la gravedad del daño, la reiteración, la edad, todo tipo de criterios objetivos para poder llegar a una reparación justa”, ha añadido.

Además, Bolaños ha sido mucho más contundente que Argüello sobre la reclamación de víctimas ya indemnizadas: “Todas las víctimas que acudieron al plan PRIVA y que fueron reparadas por la iglesia tienen ahora la oportunidad de volver a hacer la solicitud de reparación en el nuevo plan del sistema mixto estado iglesia que creamos con este protocolo”.

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha indicado que “este procedimiento pretende la recuperación de las personas, la reparación de los daños y entender la reparación como un proceso no es un mero trámite burocrático, no es una ventanilla bancaria”.

El acuerdo inicial se firmó el pasado 8 de enero pero todas las partes tuvieron entonces que ponerse a negociar los detalles de esas indemnizaciones y los protocolos para atender a las víctimas, en un proceso que hasta ahora había estado únicamente en manos de la Iglesia. Ese pacto incluía un punto fundamental y crítico para los obispos: que las víctimas ya indemnizadas por la Iglesia pudieran reclamar al Defensor del Pueblo para obtener más dinero.

Hace diez días la Iglesia bloqueó la firma del acuerdo justo antes de la visita de los reyes al Papa León XIV, en parte por ese desacuerdo. Los obispos se negaron entonces a firmar un acuerdo que otorgará a las víctimas un papel protagonista a la hora de determinar las indemnizaciones a percibir, y que supera los acuerdos alcanzados a través del plan PRIVA, un organismo creado de manera unilateral por la Iglesia española para reparar a los supervivientes de la pederastia clerical.

Un año y medio después de su entrada en vigor, apenas ha emitido 83 dictámenes de reparación que asumen las congregaciones o diócesis, con una cuantía acordada de dos millones de euros, y que ha cosechado críticas, casi unánimes, de las asociaciones de víctimas. La Iglesia española no informó a la Santa Sede de su decisión de bloquear la firma del convenio regulador.

Las claves del acuerdo

La nueva vía para la reparación de las víctimas, que se tramitará a través del Defensor del Pueblo, entrará en vigor el próximo 15 de abril con la principal novedad de que las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán reclamar más dinero. El proceso se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

Según los detalles del acuerdo que ha facilitado el Ministerio de Justicia, una vez que se presente una solicitud se estudiara el caso, se escuchará a las partes y la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y también económica) en un plazo máximo de tres meses. Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA) para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución.

Si no hay acuerdo, se convocará la comisión mixta en la que estarán representadas todas las instituciones firmantes así como asociaciones de víctimas. Ahí se intentará alcanzar un acuerdo por consenso en un plazo máximo de un mes. Si eso no ocurriera prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo.

La Iglesia católica deberá hacerse cargo de la indemnización. Si no lo hace directamente la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.

La Iglesia española no informó a la Santa Sede de su decisión de bloquear la firma del convenio regulador que permitirá las indemnizaciones a las víctimas de abusos, un rechazo que provocó que no estuviera suscrito antes del encuentro del Papa con los Reyes de España. Según han explicado a elDiario.es fuentes conocedoras del evento, el secretario de Estado, Pietro Parolin, aseguró “desconocer” que el acuerdo no se había rubricado, durante un encuentro mantenido en Roma con la delegación española. Varios obispos fueron informados de esta situación, tal y como ha podido confirmar este periódico.

La cuestión de los abusos, y la respuesta de la Iglesia a las víctimas, ha sido uno de los caballos de batalla de las relaciones Iglesia-Estado en los últimos meses, y fuente también de “incomprensiones” entre parte de la Iglesia española y la diplomacia de la Santa Sede. De hecho, y pese a que la Conferencia Episcopal Española (CEE) niega haber sido “forzada” por el Vaticano a llegar a un acuerdo para que las víctimas tuvieran voz, y voto, en la resolución de sus indemnizaciones, lo cierto es que, tal y como adelantó elDiario.es, la presión de Secretaría de Estado hizo posible que, el pasado 8 de enero, los obispos firmaran junto al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, un acuerdo que dotaría al Defensor del Pueblo de un mecanismo que, en caso de desacuerdo, podría arbitrar baremos de indemnizaciones que habrían de ser aceptadas por todas las partes.

En aquel momento, y tras la firma, Bolaños agradeció “al Vaticano su impulso imprescindible”, destacando el papel del cardenal Parolin, quien “ha impulsado la existencia de este acuerdo”. “Quiero agradecer a los dos papas y al cardenal Parolin su esfuerzo y trabajo (…). En los momentos de dificultad máxima, el Vaticano ha tomado partido”, añadió el ministro. Al día siguiente, 9 de enero, y tras una reunión con Secretaría de Estado, el cardenal Cobo anunciaba que León XIV visitaría España del 6 al 12 de junio.

De hecho, se esperaba que el itinerario definitivo de la visita papal, que ha de detallar la Santa Sede, hubiera sido publicado antes del encuentro de los Reyes con el Papa del pasado viernes, lo que no se produjo. La propia CEE organizó un briefing el pasado martes con medios de todo el mundo, donde se filtró la visita de León XIV a Montserrat, que no estaba anunciada en principio, así como otros detalles. El descontento de la Santa Sede podría llevar a que no se publicara el íter definitivo hasta después de Semana Santa.

Pese a los desacuerdos, todas las partes coinciden en que apenas restan “flecos” para la firma del convenio. El principal no es meramente el económico, sino la posibilidad de que las víctimas que ya han acudido al proceso de indemnización auspiciado por la Iglesia (el Plan PRIVA), y no estuvieran satisfechas, pudieran recurrir al modelo liderado por el Defensor del Pueblo, en una suerte de 'segunda instancia' jurídica para los casos no prescritos, algo a lo que, por el momento, se oponen los obispos.

Esta petición, una 'línea roja' para las asociaciones de víctimas, es lo que por el momento bloquea un acuerdo para cuya firma definitiva aún no hay fecha. Y, al menos oficialmente, no hay previstas reuniones esta semana, lo que impediría que el sistema pudiera implementarse antes de mediados de abril. La próxima semana es Semana Santa, y la siguiente, la de Pascua, es tradicionalmente una semana de 'vacaciones' para la Iglesia. Conscientes de ellos, las asociaciones de víctimas, reunidas este fin de semana online, acordaron, por unanimidad, ejercer presiones para tratar de arrancar de Iglesia y Gobierno el compromiso de una firma que no se dilate.

Las víctimas han asegurado a elDiario.es que “habrá movilizaciones si no se firma el acuerdo esta semana, o si por lo menos no se anuncia la firma esta semana”. De hecho, si esto no se produce, las asociaciones de víctimas han anunciado concentraciones de protesta ante las sedes de la Conferencia Episcopal española y la Nunciatura Apostólica. Algunas asociaciones, incluso, han instado al Papa a suspender su visita a España, al tiempo que exigen al Gobierno que apruebe sin demora el acuerdo, o que lo implemente “unilateralmente”.

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“Nos preocupa que la polarización y la tensión que hay en España y en el mundo sea un peligro para la comunidad cristiana”. El portavoz de la Conferencia Episcopal, César García Magán, evitó cualquier referencia a sobre si el Papa habló o no de ultraderecha durante su encuentro con la cúpula de la Iglesia española el pasado mes de noviembre. En rueda de prensa, el obispo auxiliar de Toledo repitió, hasta en cuatro ocasiones, el clásico “me remito a la nota” publicada el martes por la Comisión Ejecutiva en respuesta a la información adelantada el lunes por El País acerca de los riesgos de la ultraderecha en España

“Yo entiendo que hay una lógica mediática y política, que no termino de entender”, quiso explicar Magán, quien apenas añadió que “tuvimos un encuentro de carácter privado con el Papa” y que los obispos “no hablamos de las conversaciones que mantenemos a ese nivel”.

“En algunas informaciones se dice que se han recibido de obispos. A nosotros no nos consta”, insistió. Preguntado directamente sobre si a los obispos les preocupa la ultraderecha, Magán incidió en que “nos preocupa la evangelización, y la polarización”. En este sentido, añadió, “la diversidad es rica en democracia, pero cuando esa diversidad convierte al otro en un enemigo a abatir, cuando el otro me estorba, es un riesgo que nos preocupa. Y eso pasa en España y en otros lugares. Nos preocupa que esa polarización pase a las comunidades cristianas”. “Pero esto no es nuevo de hoy, esto es tan antiguo como la Iglesia”, matizó, intentando, infructuosamente, de dar protagonismo al anuncio de la visita del Papa León XIV a España. Tanto fue así, que incluso aseguró que los obispos no han hablado del escándalo del ex obispo Zornoza.

“Ayer tuvimos la confirmación oficial de las fechas del viaje, es un motivo de gozo, de esperanza y alegría”, destacó el portavoz episcopal, recordando que “sin comunión efectiva y afectiva con el Papa, no hay Iglesia católica”. Lo que sí negó, con cierta vehemencia, fue que se aguardara a anunciar el viaje a la aprobación del acuerdo con el Gobierno para la indemnización de las víctimas de abusos, o a la regularización de migrantes. “En ningún momento se condicionó la visita del Papa a estas cuestiones”, insistió. “No es cierto que la Santa nos había obligado a firmar ese acuerdo con el Gobierno”.

Sobre el citado acuerdo con las víctimas, firmado hace un mes, el portavoz de la CEE apuntó que tanto la CEE como CONFER “hemos actuado en comunión”, y se pidió “el tema de la fiscalidad (que las reparaciones estuvieran exentas de fiscalidad)” y que “la reparación se abriera a todas las víctimas”. En este sentido, se está hablando de activar “un protocolo a tres bandas (Gobierno, Iglesia y Defensor del Pueblo)”, proclamó García Magán.

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La Iglesia católica se ha volcado con San Valentín y ha creado un videojuego con el que “mostrar la belleza del matrimonio cristiano”. La historia trata de un chico y una chica —cómo no— que se conocen y forjan su relación. Y, para subir de nivel (en el juego y en la vida en pareja), solo hay un cometido: superar dificultades. “Porque el matrimonio es la aventura más épica”, dicen en un comunicado.

El procedimiento es similar a Los Sims, pero con muchas menos opciones. La toma de decisiones es limitada en esta iniciativa de la Conferencia Episcopal. Una paloma cruza la pantalla y 'riega' los objetos que serán determinantes en la trama: aquellos que esconden 'dones', que sirven para construir “una buena relación”. Estos son: la integridad, la paciencia, la modestia o la empatía, entre otros. Pero, ¡cuidado! Porque no todo es tan sencillo. Debes obrar bien; de lo contrario, te expones a perder tus vidas (que en este juego no se llaman vidas, sino inocencia). Y, si pierdes la inocencia, empiezas de nuevo. Hasta que lo hagas bien.

El videojuego se llama Level UP! El juego de dos y forma parte de 'Matrimonio es+', una iniciativa que los obispos ponen en marcha por quinto año consecutivo en torno a la fecha de San Valentín, que se celebra el próximo sábado 14 de febrero. Ha sido ideado por alumnas de publicidad de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) —un centro católico y privado— y desarrollado por el diseñador Federico Peinado y Artax Games.

La campaña ha sido promovida, concretamente, por la Subcomisión Episcopal de Familia y Defensa de la Vida, que en 2022 criticó la “colonización ideológica” y la “perversión” de la 'teoría queer' con la Ley Trans a punto de ser aprobada, en un mismo comunicado en el que cargaba contra la “imposición” de un “adoctrimaniento” por parte del Gobierno de coalición.

El propósito, según declara el director del secretariado de la subcomisión episcopal, Miguel Garrigós, es promover el matrimonio como “vocación”, debido al descenso de bodas por la Iglesia, que ha caído hasta las 31.462 en 2024 —una caída de más del 6% respecto a 2023). Unos datos “innegables”, según ha dicho Garrigós en una rueda de prensa, que vincula con dificultades económicas y problemas de vivienda, principalmente.

Esta vez, la Iglesia ha optado por un videojuego. Pero se trata del quinto año que lo llevan a cabo en lo que llaman 'semana del matrimonio'. Antes, habían apostado por otras opciones, como un cuento animado, un 'tinder' en el que preguntaron en la calle la opinión de jóvenes sobre el “amor para siempre”, una receta para el amor “para siempre” o una iniciativa para mostrar los “valores esenciales” del matrimonio. Sin embargo, el número de bodas por la Iglesia sigue mermando.

“Esto es puro Evangelio”. 84 instituciones vinculadas a la Iglesia católica, entre ellas la propia Conferencia Episcopal, la Confer, Cáritas o Redes, formaron parte, “desde el principio”, del proceso que germinó en la mayor Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la historia de nuestra democracia para solicitar al Congreso la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de migrantes. Una medida que, finalmente, verá la luz a través de un Real Decreto, tras un pacto entre el Gobierno y Podemos, y que desde la Iglesia ven como “una gran noticia”.

“Es un reconocimiento de la dignidad humana, una oportunidad para colaborar en el bien común”, señalaba el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que durante meses mantuvo encuentros personales con los principales líderes políticos para lograr su adhesión a un pacto social sin precedentes.

Sin embargo, otros ‘católicos’, tanto dentro como fuera de la Iglesia, se han sacudido ante la reforma migratoria. Algunos, muy sonoros, por su cargo, como los obispos ultras de Oviedo y Orihuela, Jesús Sanz y José Ignacio Munilla, que se quejaban de que “todos no caben”, rompiendo la unidad episcopal.

Católicos pidiendo eliminar la X de la Iglesia

También, desde la denominada ‘fachosfera eclesial’, calificando a los obispos de “traidores” por permitir la “invasión” de extranjeros (obviando que la norma regulará solo los casos de migrantes con arraigo, ya residentes en España), y asumiendo (falsamente) que se trata de una medida para otorgar millones de votos para lograr un vuelco en las próximas generales. Son casos tan estrambóticos como el de ‘Universitarios católicos’, que ha lanzado una campaña para pedir “la eliminación de la casilla para la Iglesia Católica en el IRPF” por el apoyo a la regularización extraordinaria por parte de los obispos, a los que acusan de estar “una vez más, alejados de los católicos españoles y cercanos a los políticos anticlericales”.

O como algunos de los curas que rezaron por la muerte del Papa Francisco y que, en sus redes sociales, denuncian la “traición continua” de la Conferencia Episcopal. Y es que, de un tiempo a esta parte, la deriva antiepiscopal de la ultraderecha y sus pseudomedios es evidente. Entre los adalides de esta estrategia se sitúa el filósofo cercano a Vox, Miguel Ángel Quintana Paz, quien no ha dudado en arremeter contra los obispos, mezclando convenientemente la resignificación de Cuelgamuros y la regularización de migrantes para llamar a los buenos católicos a desobedecer a sus obispos. O, al menos, a los que disienten de las verdades oficiales de lo que el teólogo Juan José Tamayo denomina “neocristofascismo”. Así, el director del think tank de la sobrina de Le Pen (ISEEP) apunta que “la visible incompetencia de nuestros obispos al abordar asuntos políticos (inmigración, Valle...) tiene algo bueno: que el resurgir católico actual no derive en clericalismo. Que el clero no se vea como «jefes» de los católicos. Pues no lo son”.

En el trasfondo del desencuentro entre obispos y ultraderecha está la ‘guerra cultural’ de la que hacen gala todos estos grupos, curiosamente enfrentados entre sí (en las autonómicas de Aragón, HazteOír está haciendo campaña contra Vox), disputándose la autoridad moral del rigorismo. En esta tesitura, ha causado desazón entre los obispos un tuit de la Falange Española en la que muestra el presidente de la Conferencia Episcopal transformándose en un demonio, en un proceso de conversión que le hace aparecer, primero, como George Soros. “La inmigración es mafia, explotación, salarios indignos, desarraigo y disolución cultural. Lo más lejano a la Doctrina Social de la Iglesia. Si la patronal, Podemos, Soros y la CEE están de acuerdo en promoverla, igual la Conferencia Episcopal está más con el demonio que con los pobres”.

¿Y qué pasa con el PP?

Todo esto en la ultraderecha patria. Pero, ¿qué sucede con la derecha tradicional, con la democracia cristiana supuestamente inserta en las filas del Partido Popular? Porque el PP rechaza la regularización aprobada por el Gobierno, al igual que, durante mucho tiempo, se opuso a la ILP promovida por un millar de asociaciones civiles y religiosas. De hecho, solo votaron ‘sí’ a la admisión a trámite por la presión de la jerarquía eclesiástica y de las bases del partido que participan en las organizaciones, cristianas o no, que promovieron la recogida de firmas de la iniciativa informa Aitor Riveiro.

En 2024, cuando la propuesta llegó al Congreso, el PP titubeó sobre qué votar. Entonces, reconocieron que Cáritas había presionado para lograr un apoyo al texto. En el debate parlamentario, la diputada Sofía Acedo criticó al Gobierno por “la hipocresía” de promover una ILP que no llegó desde el Ejecutivo, sino desde la sociedad civil, conminando al Gobierno a usar la vía del Real Decreto. “Hoy mismo, sin esta tramitación, podría aprobar un real decreto reglamentario y aplicarse desde mañana”, la regularización. Ahora que el Ejecutivo ha recurrido a esa vía ante el bloqueo de las derechas en el Congreso, el PP da la vuelta al argumento, critica que se haga así, y reclama una ley.

El discurso que relaciona directamente a las personas migrantes con la “inseguridad” en los barrios fue asumido por Alberto Núñez Feijóo y, ahora, vuelve a ser esgrimido como razón para rechazar la regularización, junto al ‘efecto llamada’ y una supuesta estrategia para querer inflar el censo electoral de cara a las próximas generales, que es falsa.

Y es que el voto a favor de la ILP fue un gesto fugaz expresamente dirigido a la Iglesia y a la patronal, que reclama la regularización para obtener mano de obra legal. El proceso finalmente aprobado por el Gobierno ya no exige el apoyo del PP. Fuentes cercanas a Añastro (sede de la CEE) confirman que Núñez Feijóo comunicó telefónicamente su negativa a apoyar la regularización al arzobispo Argüello. Después, el silencio de un PP que evita criticar directamente a la Iglesia, pero se esfuerza (al menos en este campo) por no forzar unas relaciones que Vox hace tiempo que dio por rotas.

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La Diócesis de Huelva anunció el pasado miércoles 22 de enero por la mañana la celebración de una misa por las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz. La fecha: el jueves 29 por la tarde. Buena parte de los fallecidos procedían de dicha provincia, cuya capital iba a acoger también el homenaje de Estado previsto para el día 31. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se dio por enterada de ninguno de los dos actos y reclamó la tarde del mismo miércoles el suyo propio “en nombre de todos los españoles”, que se celebrará en La Almudena casi a la vez que el de Huelva entre críticas de “instrumentalización”.

Los homenajes oficiales por las víctimas de Adamuz se sucederán en las próximas horas, con Huelva como punto central al ser la provincia más afectada por el siniestro, ya que era el destino del tren Alvia que se chocó con un Iryo que había descarrilado unos segundos antes. El obispo, Santiago Gómez Sierra, oficiará una misa a la que ha convocado “a todas las personas que lo deseen”, según recoge la web de la Diócesis.

El anuncio llegó cuatro días después del accidente como parte de los homenajes en recuerdo de las víctimas. Al acto católico asistirá el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Los reyes de España confirmaron su asistencia unos días después, así como la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. El PP había pedido la ausencia del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Pero el mismo día 22 por la tarde, con la misa de Huelva ya convocada, Ayuso anunció en una entrevista en Onda Madrid que iba a pedir personalmente al Arzobispado de Madrid una misa propia en la capital del país y en “nombre de todos los españoles”. “Es el mejor homenaje que se le puede hacer a estas víctimas que son de todos”, dijo la presidenta regional.

Aunque Ayuso dijo que todavía no había mandado la carta donde solicitaría la convocatoria de la misa, ya dio por hecho que se iba a celebrar, así como el lugar. “Al celebrarse en La Almudena representaría un testimonio de condolencias y solidaridad en nombre del conjunto de todos los españoles, no solo de los madrileños”, aseguró en la misma entrevista.

Dicho y hecho. El Arzobispado de Madrid respondió con otra misiva en la que se plegaba a los deseos de Ayuso y le anunciaba la celebración del funeral en la catedral madrileña y con presencia del arzobispo, José Cobo, así como de los tres obispos de la provincia eclesiástica.

La jerarquía eclesiástica madrileña ha contraprogramado así a sus colegas de Huelva a petición de Ayuso. De hecho, el arzobispo ha hecho extensiva la invitación al homenaje a los familiares de las víctimas.

La estrategia de Ayuso ha sido denunciada por la oposición. Desde Más Madrid han criticado a la presidenta regional por “instrumentalizar el dolor de las víctimas para ganar protagonismo y atacar a los adversarios políticos”. Fuentes del partido aseguran que este miércoles todavía no habían recibido una invitación formal al evento. Los grupos de PSOE y Vox en el Ayuntamiento han confirmado su asistencia.

En la misma entrevista en la que pidió la misa, Ayuso arremetió contra la “ley del silencio” que, dijo, había impuesto el Gobierno central al decretar tres días de luto oficial. La presidenta de Madrid decidió no suspender su agenda tras el accidente.

Los reyes, el Gobierno, Feijóo y la Conferencia Episcopal, con Moreno

El funeral católico de Huelva se celebrará este jueves a las 18 horas, y estará presidido por Felipe de Borbón y Letizia Ortiz. Los reyes confirmaron su asistencia el pasado lunes, 26 de enero, unas horas después de que el Gobierno y la Junta de Andalucía acordaran suspender el homenaje de Estado previsto para el día 31 también en Huelva.

En representación del Gobierno asistirá la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, candidata del PSOE a las próximas elecciones andaluzas previstas para la primavera. También ha anunciado su presencia el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.

A la misa de Huelva asistirá el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que estará acompañado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Ayuso se quedará así sola en su misa, convocada una hora después que la andaluza, a expensas de que el Gobierno decida si envía a su delegado en Madrid, Francisco Martín. Ni ella ni el Ejecutivo autonómico han pedido mover el día del funeral de La Almudena.

A la rabia, impotencia y sentimiento de injusticia que se suelen atisbar en las lágrimas de José Luis Velasco se le ha sumado un mínimo de alegría. Esta semana, él y tantos otros españoles se han convertido de nuevo en el foco de una noticia que nunca debió existir. Víctima de abusos sexuales por parte del párroco de su barrio cuando era menor, no ha sido hasta la firma este jueves del acuerdo entre la Conferencia Episcopal Española (CEE) y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que este abogado de profesión ha sentido por primera vez una mínima reparación al daño sufrido.

Todo comenzó cuando tenía unos 15 años. Cursaba 4º de la ESO y se empezó a involucrar en temas de la parroquia San José Obrero, en Móstoles (Madrid). Por ejemplo, era el encargado de organizar los autobuses y los asistentes a las peregrinaciones que realizaban. “Este tío aprovechaba que yo lideraba aquello para decirme que le tenía que ayudar y me hacía ir con él”, introduce refiriéndose al sacerdote en cuestión, Alberto Arrastia Cebrián, fallecido en 2021.

Le obligaba a confesarse, y en ese momento tenían lugar los abusos en los que Velasco prefiere no profundizar. Se repitieron desde el año 2001, con 16 años, hasta el primer trimestre de 2004, cuando acababa de cumplir los 19, en lugares como la sacristía o la capilla, delante del Santísimo. “Poco después de tener la mayoría de edad pude salir de ahí”, comenta. Aquella figura en un primer momento leída como referente en su vida le truncó los años venideros. Lo mismo le sucedió a otra víctima de Arrastia que junto a Velasco han sido recibidos este viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en el Palacio de la Moncloa.

Poner nombre a lo sucedido

Sin embargo, tuvieron que pasar algunos años hasta que Velasco pudo poner nombre a lo que le había ocurrido en su adolescencia. No fue hasta sufrir un episodio cotidiano en su vida familiar que su pareja le recomendó ir al psicólogo y al psiquiatra. Era 2023 y terminó ingresado en una clínica. “Ahí empecé a entender de dónde venían mis males, por qué me había intentado suicidar tantas veces, y todas las cuestiones médicas que me acompañaban”, se explica a sus 40 años.

Hacía años que le incomodaba gravemente cualquier información relativa a los numerosos casos de abuso sexual infantil en el seno de la Iglesia Católica española. Las evitaba. “Ni siquiera he podido leer ningún testimonio recogido en el Libro Gordo de Petete, que es como llamo yo al increíble informe elaborado por el Defensor del Pueblo”, dice con cierta sorna. Se nota que a Velasco el humor es una de las cosas que le han salvado de la oscuridad, tal y como él mismo confiesa.

La Iglesia no responde a sus necesidades

De todas formas, las víctimas han tenido que sortear todo un camino, a veces minado, hasta llegar a ese informe. Fue Rafael Arrabé, la otra víctima de Arrastia, quien le pidió ayuda como abogado profesional que es. “Él solo venía a pedirme consejo sobre cómo hacer las cosas y lo que se encontró es que me dio un ataque de ansiedad, porque a mí me había ocurrido lo mismo que él relataba por parte de la misma persona”, señala Velasco.

Juntos decidieron denunciarlo ante la curia de Getafe. No era la primera vez que Velasco intentaba poner en conocimiento de la Iglesia los abusos que había sufrido. Allá por 2002, en una peregrinación a Roma, se acercó a Rafael Zornoza, por entonces ligado a la Diócesis de Getafe, para intentar contarle lo que ocurría. “Me quitó de encima de malas maneras. Me quedé en shock, sin saber a dónde acudir”, asegura. Zornoza fue apartado como obispo de Cádiz el pasado noviembre, investigado por el Vaticano por presuntos abusos sexuales.

Arrabé y Velasco denunciaron a Arrastia en 2023, y les dijeron que no airearan demasiado el tema. Les tomaron testimonio, pero no les dieron copia notarial de aquello. “Luego me enteré que así debía haber sido según la legislación canónica”, apuntilla el mismo Velasco. En la siguiente comunicación le reconocieron como víctima, y le ofrecieron acudir al centro de orientación familiar católico. Aquello le exasperó. 

Recibió otra comunicación, informándole de que el Plan PRIVA estaba activo y que podrían acudir a él. Este plan fue creado por la CEE “para ofrecer una reparación integral a quien haya sido víctima de abusos sexuales siendo menores de edad o personas mayores equiparables en derecho en la Iglesia Católica (diócesis, congregaciones religiosas y otras entidades eclesiales), en los casos en que dichos abusos ya están prescritos o ha fallecido el victimario”, explica la Conferencia en su web. “Pero no es garantista, así que no fui”, añade Velasco.

Llega la reparación oficial

Después llegó el arduo trabajo realizado por el Defensor del Pueblo, con Ángel Gabilondo a la cabeza. El documento cifra en 440.000 las víctimas de abusos sexuales por parte del clero, es decir, un 1,13% de la población española. Además, recomendaba que el Estado también asumiera su indemnización. Así hasta este jueves, 8 de enero, que la CEE y el Gobierno han suscrito un acuerdo por el que reparar a todas las víctimas de la pederastia en la Iglesia cuyos agresores estén muertos o los casos hayan prescrito para la justicia ordinaria.

Velasco admite que esto ha sido posible gracias al Vaticano. “Hace poco estuvimos allí representantes de víctimas y les dijimos que no íbamos a hablar más con la Conferencia Episcopal, que queríamos que ellos fueran los interlocutores”, agrega. Por eso, considera que si no hubiera sido por el Ejecutivo liderado por Sánchez y algunos obispos y cardenales como José Cobo la situación no sería como la que se da ahora.

Tal y como dice esta víctima de pederastia por parte de la Iglesia, un motor roto siempre va a ser un motor roto, pero algo se puede resarcir. “Que nos haya recibido el presidente del Gobierno ya es una forma de reparación por parte del Estado. Es probable que la herida nunca se cierre, pero tenemos que intentar que esto nunca se repita, por difícil que parezca”, desarrolla el propio Velasco.

Un paso para la democracia en España

Él se encerró en los libros para huir de este tortuoso pasado que también le ha granjeado dos ingresos psiquiátricos, cambios de carácter y una gran desconfianza en la gente. También era muy creyente, pero hace tiempo que perdió la fe. “Muchas personas piden a Dios cuando necesita ayuda. Yo ya no puedo hacer eso, me repugna la idea”, detalla. De cara a la gente que le rodea, algunos saben su historia, otros no tanto. “Algo así deja a la familia hecha polvo, con secuelas. Esto es una mierda. A los niños no se les toca, joder”, remarca con enfado.

Sus ojos siguen llorando, como queda patente en esta conversación con elDiario.es, pero aclara que ahora con algo más de felicidad y alegría que hace apenas unos días. “Este paso es enorme para la democracia en este país”, apunta. Todavía guarda algunas palabras para Zornoza, aquel sacerdote que le quitó de en medio cuando de chaval, con 17 años, le intentó contar lo que pasaba: “Que me mire a la cara y me diga por qué no me escuchó. Hubo una serie de personajes que nos cortaron la voz, y éramos niños, y nos jodieron la vida. Ahora quién me devuelve a mí y a mi familia todo lo sufrido”, se pregunta.

Por el momento, el acuerdo suscrito entre la CEE y el Ministerio de Félix Bolaños tiene que materializarse en un convenio que también cuente con la opinión de las víctimas. En él se deberán definir las distintas formas de reparación integral, tales como de carácter restaurativo, de reparación psicológica y/o psiquiátrica que podría extenderse a la familia y reparación moral del daño causado.

Acuerdo histórico para la reparación de las víctimas de la pederastia clerical. Tal y como puede avanzar elDiario.es, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y los presidentes de la Conferencia Episcopal (Luis Argüello) y CONFER (Jesús Díaz Sariego) han consensuado la creación de un sistema de reparación mixto Iglesia-Estado, con la participación de las víctimas y el arbitraje del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. En la práctica, supone que la Iglesia deja de tener el control total sobre las indemnizaciones a quienes no podían acudir a la vía judicial. El pacto será sellado esta mañana con la firma de las partes.

Se cumple así con la principal reivindicación de las asociaciones de víctimas de la Iglesia, que este viernes serán recibidas por Bolaños en la sede del ministerio para ser informadas de los detalles del acuerdo, que, sostienen las fuentes consultadas, facilitará que las reparaciones vayan a buen ritmo.

Fuentes de la negociación han mostrado su satisfacción tras la firma del acuerdo, que supone el cuarto al que el Ministerio liderado por Bolaños llega con los obispos, después de la resignificación del Valle de Cuelgamuros, el pacto para las inmatriculaciones y el acuerdo de modificación del Concordato para que las instituciones religiosas pagaran el ICIO (impuesto de contribuciones especiales y sobre construcciones). Un acuerdo para el que Bolaños ha contado con el respaldo del secretario de Estado, Pietro Parolin, y que podría allanar el camino para el viaje de León XIV, el próximo mes de junio, a España.

Claves del acuerdo

El acuerdo, al que ha tenido acceso elDiario.es, ofrece varios ámbitos de seguridad para los supervivientes. El primero, que las víctimas no tendrán que volver a pasar, si no lo desean, por el filtro de la comisión episcopal y su polémico plan PRIVA, que en más de un año de funcionamiento apenas ha reparado a medio centenar de supervivientes de la pederastia, con indemnizaciones que han ido de los 3.000 a los 100.000 euros, unos formularios revictimizantes y sin la participación de las víctimas ni de sus representantes en el proceso. En principio, se establece el plazo de un año (prorrogable) para que los casos prescritos puedan presentarse ante las instituciones. También podrán reclamar una revisión de las cantidades abonadas aquellas víctimas que, acogiéndose al plan PRIVA, no hayan quedado satisfechas con la resolución final.

En segundo lugar, la rúbrica, por parte de obispos y religiosos de que, en caso de discrepancia, la decisión final recaerá en el Estado, a través de la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, encargado de tomar una decisión definitiva. En tercer lugar, que tanto CEE como CONFER se comprometen a abonar las cantidades acordadas en el caso de que la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable no lo hicieran.

El nuevo sistema, acordado después de más de un año de duras negociaciones (y filtraciones interesadas) entre Gobierno e Iglesia, y cumple con las recomendaciones incluidas en el informe llevado a cabo por el Defensor del Pueblo, que será la institución encargada de elaborar las propuestas de reconocimiento y reparación integral de las víctimas. El acuerdo, tal y como reclamaba la institución dirigida por Ángel Gabilondo, se refiere a las víctimas cuyos procesos han prescrito y, por tanto, no pueden acudir a la vía judicial.

¿Cómo se implementará el nuevo mecanismo de reparación? A diferencia de lo ocurrido hasta la fecha, en la que la víctima debía pasar, obligatoriamente, por el filtro de la Iglesia, a partir de ahora el procedimiento arrancará ante una unidad de tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Será este organismo público el que realizará una propuesta de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica), en función de lo solicitado por la víctima, que desde el principio podrá plantear sus necesidades.

Una vez elaborada la propuesta, se enviará al plan PRIVA, dependiente de la Iglesia, que hará su propia evaluación. Si hay conformidad entre las partes, la propuesta tendrá carácter definitivo. Si la víctima o la Iglesia muestran su disconformidad con la misma, se convocará una Comisión Mixta, con la participación de las asociaciones de víctimas (otro gran logro del acuerdo), que deliberará hasta alcanzar un acuerdo unánime. Si persiste el desacuerdo, será el Defensor del Pueblo, a través de la Unidad de Víctimas, adoptar una resolución definitiva, a la que la Iglesia habrá de dar cumplimiento en plazo.

Del “pocos casos, o ninguno” a la aceptación de la realidad

Por parte de la Iglesia, la firma del pacto supone el reconocimiento del fracaso de su gestión respecto al drama de la pederastia. Y es que los obispos han pasado, en los últimos años, de negar la existencia del problema (“hay pocos o ningún caso”, llegó a decir el hoy presidente Argüello) a encargar una auditoría –nunca publicada, pese a haber costado 1,2 millones de euros– a Cremades, mientras impedían sistemáticamente la participación de las víctimas, o que el Estado pudiera intervenir en las indemnizaciones de supervivientes de abusos en la Iglesia. Finalmente, aprobaron por unanimidad el plan PRIVA (Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos) para indemnizar a los supervivientes de la pederastia cuyos casos hubieran prescrito.

Un plan que se puso en marcha sin contar con las víctimas, que no estaban representadas en el mismo ni forman parte del proceso de decisiones, y en el que tampoco participaba el Gobierno, porque los obispos entendían que la suya debía ser una vía “unilateral”, sin atender (como pedía la auditoría de Cremades, el Ejecutivo y las víctimas) a las recomendaciones del Defensor del Pueblo, quien propuso la creación de un órgano administrativo especial, una suerte de comisión mixta Iglesia-Estado para reconocer y reparar a las víctimas. En definitiva, la propuesta finalmente acordada.

Desde el principio, la Iglesia se negó a colaborar aportando recursos. A comienzos del pasado año, Félix Bolaños advirtió a la CEE que el Ejecutivo no consentiría que los obispos indemnizaran de manera unilateral a las víctimas de abusos. Sin embargo, pasaron los meses y las víctimas seguían sin respuestas. De hecho, las principales asociaciones de víctimas optaron por dejar de considerar a la Iglesia española un interlocutor válido tras una reunión con la Comisión de Tutela Minorum del Vaticano, que aceptó negociar directamente con ellas. Ahora, por fin, logran una comisión mixta en la que estarán representadas desde el principio, y la garantía de que, en caso de discrepancia, será el Defensor del Pueblo quien tome una decisión que la Iglesia estará obligada a cumplir.

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Hoy toca hablar de la Iglesia. Del presidente de la Conferencia Episcopal. De sus análisis políticos. Y de sus anhelos, que nada tienen que ver con recuperar fieles, ni con acabar con la pederastia, ni con impartir su doctrina social, sino con un cambio de gobierno. “Cuestión de confianza, moción de censura o elecciones”, ha declarado un reincidente Luis Argüello, que ya en junio pasado pidió al Gobierno que llamara a las urnas de forma inmediata. 

La Iglesia toma así de nuevo partido. Lo de perder su papel central en el Estado, tras el final del franquismo, no es algo que haya superado pese a los casi 50 años de democracia, un trato más que privilegiado respecto a otras confesiones y una Constitución que, en su artículo 16, establece que España es un estado aconfesional y que ninguna religión tendrá carácter estatal. 

Lo curioso es que su jerarquía nunca levanta la voz cuando gobierna la derecha ni cuando la corrupción salpica al PP. No lo hizo con Mariano Rajoy ni cuando la Audiencia Nacional condenó en 2018 a su partido como beneficiario de un “sistema de corrupción institucional” por el caso Gürtel, pero sí salió a la calle para protestar contra las leyes progresistas aprobadas por los gobiernos de Zapatero entre 2004 y 2011. Contra el matrimonio Igualitario, contra la ley del divorcio exprés, contra la reforma de la ley del aborto, contra la ley de Libertad Religiosa…. Ya sabes, todo rompía España, la tradición y el modelo de familia.

Ahora, con el Gobierno de Pedro Sánchez, vuelve a la carga. Y el motivo no es otro que el empeño del Ejecutivo para que se indemnice a las víctimas de la pederastia, algo a lo que la Iglesia se resiste como gato panza arriba. La negociación hasta el momento entre el Ministerio de la Presidencia y la Conferencia Episcopal ha sido baldía. De hecho, ante la falta de respuestas, el ministro Félix Bolaños, y también el presidente del Gobierno, amenazan con plantear mecanismos legales que obliguen a los obispos a asumir el coste de las reparaciones.  

No en vano, han sido años, incluso décadas, de silencio. De negación. De encubrimiento. De obstrucción. De indignidad. De infamia. En muchos países, pero España no fue una excepción, sino donde hubo más casos de pederastia en el ámbito de la iglesia católica, pese a que la Conferencia Episcopal y las instituciones públicas cerraron los ojos a una realidad abyecta. 

El informe de octubre de 2023 del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, encargado por el Congreso de los Diputados, consiguió helar la sangre y zarandear la conciencia de muchos con una cifra: 440.000 ciudadanos habían sufrido abusos sexuales desde 1945. La mitad de las agresiones fueron cometidas por sacerdotes y religiosos. La otra mitad, por laicos. Son datos escalofriantes, brutales y aterradores. 

El diagnóstico no gustó a la Conferencia Episcopal, que invocó la prescripción de los delitos, cuestionó los datos y se negó a cooperar con las recomendaciones que proponía el texto, especialmente con la de crear un organismo independiente que estudiara caso por caso y fijase los baremos de las indemnizaciones. Los obispos crearon su propio plan con el nombre de PRIVA, que estaba compuesto por un grupo de expertos elegidos a dedo, sin la participación de las víctimas y cuyo trabajo —el de investigar cada denuncia y establecer una cuantía— no es de obligado cumplimiento para los responsables subsidiarios, es decir, para cada uno de los 70 obispados y las más de 300 congregaciones religiosas. 

A las asociaciones de afectados les pareció una broma, recelaron de su mecanismo y denunciaron una premeditada dilación del procedimiento. E, igualmente, el Gobierno la rechazó por tratarse de una fórmula unilateral que no contaba con la supervisión y el control del Estado. 

Solo en este contexto, el de una negociación que no avanza por la resistencia de los obispos, hay que entender las declaraciones de Argüello y la inmediata exigencia del Gobierno a la Conferencia Episcopal para que respete el principio de neutralidad política al que se debe la jerarquía de la Iglesia que, dicho sea de paso, con este Gobierno ha alcanzado acuerdos relevantes que han dado respuesta a cuestiones que llevaban años enquistadas.

Ha sido desde que el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, se hizo cargo de las relaciones con las confesiones religiosas en 2021 cuando se han cerrado asuntos nucleares, después de 16 años sin que el Estado y la Iglesia suscribieran un solo acuerdo. 

Bienes inmatriculados. En enero de 2022, tras varios meses de negociación con la CEE, la Iglesia hizo públicos los listados de bienes inmatriculados y reconoció que en torno a mil bienes no le constaban como propios, comprometiéndose a colaborar en su devolución.

Supresión de exenciones fiscales. El 29 de marzo de 2023, el ministro Bolaños y el nuncio de la Santa Sede suscribieron un canje de notas que supuso la renuncia de la Iglesia católica a las exenciones del ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras) y de las contribuciones especiales, exenciones que no tienen otras entidades sin ánimo de lucro, equiparándose así al régimen de exenciones de estas últimas.

Resignificación del Valle de Cuelgamuros. En marzo de 2025, se alcanzó un acuerdo entre el ministro Bolaños y el cardenal Cobo, designado por el Vaticano, para la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Este acuerdo ha permitido la celebración de un concurso internacional y la selección de un proyecto ganador que supondrá una resignificación democrática del conjunto monumental del Valle compatible con el mantenimiento del culto dentro de un espacio en el interior de la Basílica. 

Pero nada de esto hubiera sido posible sin la fluida relación que el ministro Bolaños ha mantenido con la Santa Sede, que no con la Conferencia Episcopal Española. Solo así se explica que el Gobierno haya logrado que la Iglesia cediera en cuestiones clave. Hasta en cuatro ocasiones tuvo encuentros el ministro con el Papa Francisco, incluyendo una audiencia privada. Y en este año 2025 ya se ha reunido en dos ocasiones de forma discreta con el Secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, para abordar la situación del Valle de Cuelgamuros y de los abusos sexuales en la Iglesia española. 

Abusos sexuales y el último viaje de Bolaños a la Santa Sede. Sin duda el asunto más difícil y sensible, en el que aún se trabaja con la propia Iglesia para sumar un acuerdo más que dé respuesta a la reparación que tanto tiempo llevan reclamando las víctimas. Pero, después de más de un año de trabajo de los equipos, el pasado 24 de octubre de 2025 el ministro hizo un viaje exprés a la Santa Sede para abordar el asunto. Pocas semanas después, el Vaticano hizo público el caso de abusos del obispo de Cádiz y el pasado 17 de noviembre el Papa convocó a una reunión a la jerarquía española, exhortándoles a alcanzar un acuerdo cuanto antes con el Gobierno. 

El objetivo del Ejecutivo es claro: que la Iglesia asuma la responsabilidad de reparar a aquellas víctimas de abusos sexuales que fueron encubiertos y no denunciados, y sobre los que ya no puede actuar la justicia, en línea con las recomendaciones del Defensor del Pueblo y del Plan aprobado por el Gobierno. 

Argüello y la neutralidad política. El ministro Bolaños ha respondido con firmeza a la incursión política de Argüello y le ha recordado el compromiso de la Conferencia Episcopal de mantenerse neutral ante procesos electorales y el debate propiamente político y de partidos. Dos veces ha hecho declaraciones en ese sentido el presidente de la CEE en sendas entrevistas en ABC en junio y el pasado fin de semana en La Vanguardia. En ambos casos, Bolaños tuvo que enviar sendas cartas a Argüello recordando la lealtad institucional que debe presidir las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia católica, en el marco del respeto a los principios constitucionales de separación y cooperación. La última no tiene desperdicio. Aquí van algunos de los fragmentos más suculentos:

“He leído con atención la entrevista que ha concedido al diario La Vanguardia en el día de hoy donde, por segunda vez en un corto periodo de tiempo, se pronuncia a favor del fin del actual Gobierno, rompiendo una vez más la neutralidad política de la Iglesia. En mi anterior misiva del 20 de junio ya me extendí sobre por qué este tipo de pronunciamientos partidistas no son adecuados en un Estado aconfesional basado en una doble neutralidad y respeto: la de los poderes públicos hacia la libertad de culto de cada persona y de las propias confesiones y la de cada confesión religiosa sobre los titulares del poder político (...).

“Deseo, no obstante, referirme a una apreciación que realiza en su entrevista de hoy sobre su relación con el Gobierno que intuyo que puede ser el verdadero motivo por el que ha decidido romper la neutralidad política. Afirma que, en la actualidad, ”muy a su pesar“, las relaciones con el Ejecutivo han estado centradas en ”el Valle de los Caídos“ (obviando que desde la entrada en vigor de la actual Ley de Memoria Democrática su nombre es ”Valle de Cuelgamuros“) y ”la reparación a las víctimas de abusos de la pederastia eclesial“. Entiendo que son asuntos que para la Iglesia española tienen especial complejidad, dada la claridad y el compromiso del Gobierno en ambos (...)”.

“En cuanto a Cuelgamuros, este Gobierno lo está resignificando por completo para convertirlo en un lugar de interpretación de la Guerra Civil y la dictadura y de homenaje a sus víctimas, algo que comenzó con la salida de los restos mortales del propio dictador. Y, respecto al reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia, usted conoce de primera mano nuestra intención de que se cumplan las recomendaciones del Defensor del Pueblo, desarrolladas por el Consejo de Ministros: un sistema de reparación mixto entre Iglesia y Estado, con procesos seguros para las víctimas y reparaciones a cargo de la propia Iglesia en aquellos casos donde ya no sea posible una reparación judicial (...)”

“De sus declaraciones parece deducirse que preferiría que su interlocutor fuesen fuerzas políticas diferentes (Vox y PP), entendiendo que un Gobierno de la derecha y la extrema derecha, que públicamente defendieron la permanencia de los restos de Francisco Franco en una basílica y no han mostrado el menor interés en las víctimas de abusos, sería más comprensivo hacia las posiciones de su organización. Pero dicha preferencia personal no es razón suficiente para romper la neutralidad partidista que se le debería presuponer a la Iglesia. Por ello, le pido expresamente que se abstenga de romper su neutralidad política y actúe con respeto hacia la democracia y el Gobierno. Y en este sentido, le emplazo a abordar los retos a los que se enfrenta la Iglesia y la relación con el Gobierno con ánimo constructivo y respetando todas las sensibilidades que existen en nuestro país”.

Con Bolaños ha topado la Iglesia. Que ese dios al que rezan a diario, les pille confesados.

Parecía que todos los que podían hacer ya estaban movilizados: políticos sin límites, congresistas deslenguados, pseudo sindicatos, asociaciones policiales, medios de comunicación, jueces varios, influencers de todo pelaje… Pero faltaba él: Luis Javier Argüello, arzobispo de Valladolid desde julio de 2022 y presidente de la Conferencia Episcopal Española desde marzo de 2024. Por lo visto, no pudo estarse más tiempo quieto y se ha sumado públicamente a la campaña para tumbar al presidente del Gobierno. A su juicio, en la actual coyuntura política solo hay tres opciones: moción de censura, cuestión de confianza o “dar la palabra a los ciudadanos”, que, por si alguien no lo ha pillado, significa convocar elecciones anticipadas. “Es decir, lo que prevé la Constitución”, añadió. Omitió incluir una cuarta opción no menos constitucional: que los presidentes concluyan sus mandatos. En el caso de Sánchez, que siga en la Moncloa hasta julio de 2027. Una perspectiva indigesta para muchos.

Que la Iglesia intervenga en política no es nuevo en España. Lo hizo durante 40 años paseando a Franco bajo palio y adoctrinando a generaciones de españoles en una fe al servicio de la dictadura. Lo hizo durante la Segunda República, atizando desde los púlpitos el clima de enfrentamiento en el país. Y lo ha venido haciendo en la nueva etapa democrática, interviniendo con más frecuencia de lo deseable en los grandes asuntos políticos, económicos y sociales, casi siempre como reacción a iniciativas de expansión de derechos civiles impulsadas por gobiernos progresistas. Todo este historial explica que la religión y, en particular, la Iglesia sean hoy un factor de división, incluso de confrontación, en la sociedad española. Pero en vez de aprovechar el resquicio abierto por el papa Francisco para la reconciliación de muchos progresistas con la Iglesia, el presidente de la Conferencia Episcopal ha preferido apostarle a la España de cerrado y sacristía.

¿Es aceptable que las instituciones religiosas intervengan en política? Jesús no lo creía. Con su mensaje de “dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”, se inclinó por mantener la religión al margen de los asuntos del Estado, encarnado entonces por el todopoderoso imperio romano. Pero la Iglesia creció y, cuando se sintió fuerte, entró a saco en política. Hasta el día de hoy. En España y en muchas otras partes. El fenómeno no es exclusivo del catolicismo: véase el peso desmedido que tienen en este momento en la política la religión protestante, la musulmana y la judía en los países donde esos credos tienen arraigo.

No seré yo quien le diga al arzobispo de Valladolid que se abstenga de hacer política. No lo criticaré si se toma en serio la sugerencia del presidente Sánchez de que monte un partido con Abogados Cristianos y concurra a las elecciones. Tan solo le diría que entrar en política tiene consecuencias. Una vez se abandona la neutralidad –o el simulacro de neutralidad–, sobre todo con la contundencia con que lo ha hecho el jefe máximo de la jerarquía eclesial española, no vale protestar después si la política acaba interfiriendo en la religión.

Desde una perspectiva progresista, hay mucho para interferir: poniendo fin a la educación concertada, un modelo que quizá fue necesario en los primeros años de la democracia por la sencilla razón de que bajo la dictadura se había consolidado una poderosa infraestructura educativa gobernada por los curas, pero que hoy es una anomalía en el mundo desarrollado; retirando a la Iglesia de la casilla de asignación voluntaria en la declaración del IRPF; comenzando a cobrar a las iglesias los impuestos de Sociedades o el IVA, o aplicando de una vez por todas la ley de la memoria democrática en el Valle de Cuelgamuros, que el presidente de la Conferencia Episcopal, por cierto, sigue llamando Valle de los Caídos como si las leyes no fuesen con él. Otra cosa es que el Gobierno se atreva a llegar tan lejos ante el desafío de monseñor Argüello.

Lejos de retractarse de sus declaraciones en La Vanguardia, el arzobispo de Valladolid ha vuelto este lunes a la carga con un tuit envalentonado en respuesta a las críticas que le hicieron la víspera el presidente Sánchez y el ministro Bolaños: “Ante el respeto a la vida y la dignidad, la comprensión y el apoyo en materia de vivienda y educación, la acogida de inmigrantes, el servicio a los pobres, la libertad religiosa y de conciencia y el respeto a las reglas básicas del Estado de Derecho, no soy neutral”. ¿Habla en serio el prelado –que lo jure sobre la Biblia– cuando sugiere que en España no hay libertad religiosa? Si tanto le preocupa el problema de la vivienda, ¿por qué no predica con el ejemplo desafectando solo una pequeña parte de la colección inmobiliaria que atesora el clero en España? Cuando incluye la falta de respeto a las reglas básicas del Estado de Derecho entre los motivos para echar a Sánchez, ¿no se le viene a la cabeza al menos una transgresión de esas reglas por parte del PP y Vox, partidos que se beneficiarían de la caída del presidente?

Evidentemente, monseñor Argüello no es neutral, pero quizá debería ser más prudente en sus declaraciones, como le ha recomendado el arzobispo de Tarragona. El problema de meterse hasta el cuello en política, como lo está haciendo el presidente de la Conferencia Episcopal en esta coyuntura de España, es que ya no podrá quejarse si le llueven pinchos del cielo. La política es un juego muy endiablado.