Tres contratos adjudicados a Madrid Network entre 2020 y 2024 por la Consejería de Sanidad del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso han vuelto a poner sobre la mesa el enigmático blindaje que desde hace 15 años protege a la asociación fundada por iniciativa de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y cuyos constantes impagos del macropréstamo público que recibió en 2011 ya han provocado un agujero de más de 70 millones en las cuentas regionales.

A la pregunta de si la Consejería de Sanidad considera ajustada a la ley la adjudicación de esos contratos relacionados con proyectos financiados por la UE a una asociación que desde 2018 no ha devuelto ni un euro a la Comunidad de Madrid, fuentes autorizadas respondieron lo siguiente: “No existe [señala también la respuesta] ninguna relación con préstamos o financiaciones de dicha entidad [Madrid Network]; la vinculación se limita exclusivamente a la contratación puntual de sus servicios como expertos en gestión de proyectos europeos”. “Estos contratos”, agrega la respuesta, “se realizaron conforme a la normativa de contratación del sector público mediante la figura del contrato menor, al tratarse de necesidades técnicas específicas y por un importe dentro de la legalidad”.

El Gobierno de Ignacio González puso en manos de Madrid Network en 2015 el reparto de 10,5 millones en subvenciones cofinanciadas por la UE pese a que la Comunidad tenía ya datos de que buena parte de los 80 millones del préstamo traspasados en 2011 iba cayendo en picado. En febrero de 2017 —mandato de la expresidenta Cristina Cifuentes—, la Comunidad firmó la extinción anticipada de aquellos dos convenios. Lo anuló de forma anticipada para “agilizar y acortar los plazos restantes de tramitación” de aquellos fondos.

Impagos recurrentes en perjuicio de la Comunidad

Más allá del aspecto jurídico así como de la contradicción que entraña dar adjudicaciones públicas a una entidad morosa aun tratándose de cuantías pequeñas —las tres adjudicaciones suman 34.912 euros—, el episodio desvela otra paradoja: porque los tres contratos, de los conceptuados como “menores”, tienen por objeto el asesoramiento a las fundaciones de tres hospitales públicos (12 de Octubre, Infanta Leonor y Sureste) en gestión económico-financiera. Y resulta que la encargada de prestar tal apoyo es la asociación que repartió 47 préstamos entre empresas “asociadas” de las que solo 19 han cumplido o están cumpliendo los plazos de amortización.

Los tres contratos comparten la condición de menores —aquellos cuya cuantía no supera los 15.000 euros si se trata de servicios y suministros— pero, sobre todo, comparten una circunstancia que alimenta los interrogantes sobre la relación del Gobierno madrileño con Madrid Network. Y esa circunstancia común se resume en lo que sigue: que se le otorgaron esos contratos cuando, lejos de ser un factor coyuntural, los impagos de las cuotas anuales de devolución del préstamo multimillonario ya se habían convertido en el patrón seguido por una entidad que en sus primeros años tuvo como presidente al consejero de Hacienda de Madrid, pagó por asesoramiento 1,8 millones a Equipo Económico —la mercantil del exministro Cristóbal Montoro— y para cuyo departamento de prensa trabajó Isabel Díaz Ayuso antes de desembarcar en el Parlamento regional en 2011.

Pese a la recurrencia de los impagos del préstamo de 2011, las fundaciones de investigación de los tres hospitales públicos antes citados eligieron a Madrid Network. Actuaron así porque —se lee en la respuesta de la Consejería de Sanidad— “tras realizar una prospección de mercado y valorar tres ofertas de diferentes empresas, se optó por Madrid Network por considerar que su propuesta se ajustaba mejor a las necesidades técnicas y económicas del servicio”. Y ese servicio “consistió en apoyo administrativo, económico-financiero y de gestión para la correcta ejecución y justificación de proyectos europeos” en los que participan la fundación vinculada a los hospitales Infanta Leonor y el del Sureste así como la del 12 de Octubre. Esas dos fundaciones —aduce el Ejecutivo madrileño— no disponen “de medios propios”. Ninguna de ellas mantiene “relación continuada” con Madrid Network. En el caso del contrato del 12 de Octubre, fechado en 2020, año de la pandemia, la adjudicación “obedece a circunstancias excepcionales, siendo la única colaboración” con Madrid Network.

Una entidad que nunca publica sus cuentas

Oficialmente, Madrid Network es en efecto una entidad privada cuyas cuentas nunca han sido de acceso general —ni parlamentario— porque solo las asociaciones de “utilidad pública” están obligadas a depositarlas en el registro. Y Madrid Network nunca ha adquirido ese rango pese a que, en mayo de 2011 y para su reparto entre terceros dedicados al amplio campo de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación), la Comunidad de Madrid le transfirió 80 millones aportados por el Ministerio de Ciencia y que necesariamente había que devolver al Gobierno central.

Dado que Madrid Network es un pagador moroso a gran escala, han salido del presupuesto público regional las cuotas de devolución al Ministerio de Ciencia. Es decir, al departamento que bajo el Gobierno de Zapatero asignó a la Comunidad de Madrid aquellos 80 millones que acabaron en manos de Madrid Network. Según fuentes del Ministerio de Ciencia, a fecha de 12 de febrero el Gobierno madrileño ya había desembolsado 85.381.122 euros, de los cuales 74.708.223 corresponden al principal del préstamo, y 10.748.624 a intereses. La última cuota se girará a final de 2026 con vencimiento en febrero de 2027. Su importe será menor que los ya cargados: 865.355 euros.

Los documentos oficiales remitidos por el Ejecutivo autonómico en respuesta a una pregunta del diputado socialista Daniel Rubio señalan que Madrid Network distribuyó 46 préstamos entre terceros y se reservó para sí misma uno de 2,58 millones sobre el que la tabla no facilita ningún dato. De esos 47 proyectos beneficiados con créditos a bajísimo interés (1,232%), más de la mitad —27— han acabado en los tribunales porque las prestatarias no han devuelto el dinero. En algunos casos, no han desembolsado ni un euro.

Entre las empresas beneficiadas figuran dos de Ildefonso de Miguel, que fue la mano derecha del sucesor de Aguirre al frente de la Comunidad, Ignacio González; y una asociación encabezada por Manuel Lamela, quien como consejero de Sanidad en la etapa de Aguirre lanzó una persecución inquisitorial contra los médicos del hospital Severo Ochoa, a los que acusó de matar a pacientes mediante “sedación irregular”.

De los 80 millones concedidos en 2011 por el Gobierno de Aguirre, Madrid Network solo ha devuelto 10,9 a través de dos cuotas de devolución, una abonada en 2016 y la segunda, en 2017. Y así consta en las memorias anuales que, pese a la escasa información en ellas ofrecida —esos documentos no equivalen a lo que conocemos como cuentas—, mantuvo ocultas el equipo de Ayuso hasta que el Supremo le obligó el pasado mes de octubre a difundirlas.

“Objetivos cumplidos”

Pese a que desde 2018 Madrid Network no ha devuelto ninguna cantidad al Gobierno madrileño y pese a que es la asociación la que ha llevado a los tribunales al Ejecutivo para cuestionar el calendario de amortización y bloquear así el preceptivo pago de las cuotas, la Comunidad no se ha planteado en ningún momento anular el convenio por el que en 2011 le transfirió 80 millones. De hecho, y cuando la Cámara de Cuentas de Madrid ya llevaba tres años avisando del creciente agujero provocado por los impagos, la Consejería de Educación volvió a subvencionar a Madrid Network: le dio 106.974 euros en 2023 y 229.877 al año siguiente. Hace un mes, portavoces de la Comunidad sugirieron, sin dar detalles, que se ha interpuesto una demanda judicial contra Madrid Network. De tal demanda no hay, de momento, ningún rastro.

La conexión oficial entre el Gobierno de Madrid y Madrid Network se mantuvo hasta que en septiembre de 2025 la Comunidad se desvinculó de la asociación a través de un escrito firmado por el entonces consejero de Educación, Emilio Viciana. Destituido por Ayuso en febrero, Educación tiene ahora como consejera a Mercedes Zarzalejo. Hace una semana, y ante la pregunta de la diputada de Más Madrid Marta Lozano sobre qué motivos habían conducido a la Comunidad a darse de baja como socia de Madrid Network, Zarzalejo dijo lo siguiente: “Muy sencillo. Hemos decidido darnos de baja en esta asociación porque hemos cumplido los objetivos que motivaron incluirnos en ella”. La bancada parlamentaria del PP celebró con risas la respuesta. Y la consejera sonrió.

El PP de Madrid ha perdido la cuenta de sus cargos públicos condenados por corrupción. El último juicio, una de las muchas ramas de la trama Púnica, envió a prisión hace unas semanas a media docena de alcaldes del partido en la región, condenados por cobrar mordidas de la empresa Cofely, a cambio de adjudicaciones en planes de ahorro energético a largo plazo. Dos de sus últimos secretarios generales, Francisco Granados e Ignacio González han pasado por la cárcel y están pendientes de nuevos juicios, aunque Granados ya ha recibido la primera condena por recibir un chivatazo de la Guardia Civil. El que fue gerente durante más de una década, Beltrán Gutiérrez, también se sentará en el banquillo previsiblemente este año: la Fiscalía Anticorrupción le pide tres años y seis meses de cárcel por llevar una contabilidad paralela en dinero negro. Sumarios como Púnica, Lezo, la Ciudad de la Justicia, indagaron en las diferentes formas de saqueo de dirigentes populares madrileños en empresas públicas como el Canal de Isabel II, que gestiona el agua, en la construcción de colegios concertados, en la adjudicación y privatización de hospitales, en la anterior Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, en la construcción de edificios judiciales, en la frustrada línea de tren a Navalcarnero, en el gasto en publicidad del Gobierno regional, en la contratación de actos públicos o fiestas patronales...

La Justicia acumula además pruebas sobradas de que durante más de una década las campañas electorales de Aguirre, la madrina política de Ayuso, se pagaron con dinero que salía de la Comunidad de Madrid. De que sus encuestas internas se sufragaron también con fondos públicos. De que la sede del PP madrileño también se pagó y se reformó con dinero negro.

Esta semana arranca otro juicio, el de Waiter Music, la empresa que organizaba a la vez fiestas en distintas administraciones gobernadas para el PP y montaba después los mítines del partido e incluso actos familiares para sus cargos públicos. No solo son escándalos del pasado. La actual número 3 del PP regional y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, fue ascendida a esos puestos por Isabel Díaz Ayuso cuando ya se conocía su imputación, está siendo investigada por cobrar de un empresario al que había adjudicado contratos desde el Ayuntamiento de Arroyomolinos. De momento, se le atribuyen cuatro delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública. Otro juzgado investiga el fraccionamiento de contratos en la construcción de centros de Formación Profesional, algunos de ellos ya bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso.

Con semejante historial delictivo, pasado pero también presente, el Partido Popular de Madrid intenta erigirse en látigo contra la corrupción. Lo repite la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, cada uno de sus consejeros y también los cargos del Partido. Definen a Sánchez como el presidente del “Gobierno más corrupto de la democracia”. Lo hacen desde la sede institucional de la Comunidad, en los mítines del partido y también en las redes sociales. Las ruedas de prensa del Gobierno de Madrid suelen iniciarse con ataques al Gobierno de Sánchez, antes incluso de que llegue el turno de preguntas. Lo hace casi a diario Ayuso, ajena a los escándalos protagonizados por el PP, pese a crecer políticamente a la sombra de Esperanza Aguirre, quien le proporcionó sus primeros sueldos. En mítines de partido pero también en actos institucionales.

Su elocuencia a la hora de atacar al PSOE contrasta con el silencio que mantiene sobre las condenas por corrupción de sus compañeros de partido y las investigaciones a altos cargos de su Gobierno en el caso de la FP o a su estrecha colaboradora y amiga, Ana Millán, que continúa como número 3 del PP regional y fue colocada como vicepresidenta en la Asamblea regional pese a los graves cargos que pesan contra ella.

Elocuente fue la visita hace unos meses a la Ciudad de la Justicia, donde casi 20 años después, Ayuso intenta recuperar el proyecto que supuso una condena de ocho años de cárcel a otro de los popes del PP, Alfredo Prada, vicepresidente de la Comunidad en su día. El proyecto faraónico consumió más de 300 millones de euros. Cuando los cargos populares, comandados por la presidenta, volvieron a la explanada de Valdebebas, al norte de la capital, donde solo se levantó uno de la docena de edificios que se habían proyectado, nadie habló del elefante en la habitación. Como si no hubieran pasado veinte años desde la primera piedra de Aguirre, no se hubiera despilfarrado una millonada y no hubiera cargos del partido condenados a prisión. Ayuso rodeada de alcaldes y altos cargos de la Comunidad presentó otra maqueta y una inversión de 700 millones más hasta 2029 para unificar allí todas las sedes judiciales de la capital. El redondeo del proyecto superará los 1.000 millones de euros.

Una historia similar a la del tren a Navalcarnero. Otro proyecto estrella del aguirrismo que embarrancó entre clamorosas sospechas de corrupción. El Gobierno de Aguirre, con María Dolores de Cospedal como consejera de obras públicas, decidió acometer la obra y de paso denunciar que el gabinete de Rodríguez Zapatero no cumplía con la red de transporte en su comunidad. El resultado: 300 millones de euros adjudicados a la empresa OHL, propiedad entonces de un amigo de la presidenta, Juan Miguel Villar Mir, y según la Fiscalía Anticorrupción una comisión de 2,5 millones para Ignacio González, en aquel momento vicepresidente de Aguirre, y a la postre su sucesor. El asunto se investiga en una de las ramificaciones del caso Lezo y Anticorrupción pide para González cuatro años de cárcel y para López Madrid, el yerno de Villar Mir, seis y medio. El juicio aún no tiene fecha.

Ahora que el Ministerio de Fomento se ha prestado a finalizar la obra, los consejeros de Ayuso aluden al proyecto sin mencionar aquellas primeras piedras como si fuera un mero incumplimiento del Gobierno central y apremian a Óscar Puente. Las desventuras de Aguirre, González y OHL con el tren son otro tabú para el gabinete de la presidenta.

Mientras urge al ministerio a completar la infraestructura o se felicita del futuro Campus de la Justicia sin mencionar los problemas en los tribunales de ambos proyectos, el portavoz de Ayuso, Miguel Ángel García Martín, alude al de Sánchez como “el gobierno más corrupto de la democracia”. Es costumbre en cada una de sus comparecencias públicas, antes incluso de que llegue la ronda de preguntas. Lo hizo también en su comparecencia del cierre del año el 23 de diciembre, tras el último consejo de Gobierno antes de vacaciones en el que ocultó a la prensa un acuerdo para pagar al grupo Quirón, el mayor adjudicatario de la Comunidad y donde trabaja con una identidad falsa la pareja de la presidenta, Alberto González Amador, 214 millones de euros que no figuraban en el presupuesto, y otros tantos para rescatar a otros hospitales privatizados que gestiona el grupo Ribera Salud. Como tantos miércoles, el portavoz de la Comunidad aludió al “peor gobierno de la democracia” y a las tramas de corrupción que sacuden al entorno de Sánchez.

La semana anterior, en el Pleno de Presupuestos, lo repitieron todos y cada uno de los consejeros de Ayuso y los diputados que salieron a la tribuna. El discurso monopoliza los actos del PP de Madrid, que pese a ser el que más condenados acumula en la organización, se puso de ejemplo en el último congreso nacional, que reeligió a Feijóo como presidente. En esa cita tomó la palabra, Alfonso Serrano, que ya formó parte del comité electoral de Esperanza Aguirre en 2011, una de las campañas que la Justicia considera bajo sospecha, y que acumula 14 años como diputado en la Asamblea de Madrid. Desde el atril Serrano, el lugarteniente más fiel de Ayuso, puso como ejemplo a su organización y se permitió impartir consejos al resto del partido.

El PP de Madrid cargan contra Sánchez, el PSOE y sus socios de Más Madrid, a los que llegan a acusar de ser cómplices de la corrupción mientras tratan de enterrar los problemas judiciales de su número tres y de dirigentes que fueron la columna vertebral del partido y apadrinaron a la actual dirección, con Ayuso y Serrano a la cabeza.

Púnica: un secretario general imputado y cinco alcaldes con condenas

La trama a la que dio nombre Granados, Púnica, como bautizó a la red la Guardia Civil, es la traducción del nombre de la flor en latín, mantiene 11 años después muchas ramificaciones en los juzgados. Con la construcción bajo mínimos en la resaca de la crisis inmobiliaria, David Marjaliza, empresario y socio de Granados, urdió una organización mafiosa para amañar contratos en sistemas de ahorro energético en municipios del PP. Marjaliza acabó confesando y acaba de ser condenado en diciembre. Junto a él tienen penas de prisión seis alcaldes de la época, cinco de ellos del Partido Popular (Collado Villalba, Móstoles, Torrejón de Velasco, Sevilla La Nueva y Moraleja de Enmedio), uno del partido socialista, en Parla, y un independiente (Serranillos del Valle).

Pero el grueso del caso sigue sin juzgar e indaga en la caja B que se descubrió en el PP de Madrid y en la fortuna del propio Granados, que acabó reconociendo la propiedad de un millón de euros encontrados en el altillo de una vivienda de sus suegros y al que la Guardia Civil atribuye varios millones más en cuentas de Suiza, individuales o compartidas con su ex socio David Marjaliza.

Granados, que ocupó la secretaría general, fue mano derecha de Aguirre y a quien nadie parece conocer hoy en el PP, está acusado de liderar una organización para amañar contratos y financiar irregularmente al partido en Madrid entre 2007 y 2011, en connivencia con el gerente Beltrán Gutiérrez. El que fuera secretario general está imputado además por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Este mismo enero se inicia el juicio por el amaño de contratos en la adjudicación de eventos en Madrid, en el que se pide a Granados seis años de cárcel.

Ignacio González: tres casos de amaño de contratos y comisiones ilegales

El sucesor de Granados en la secretaría general del PP, cuando Esperanza Aguirre lo destituyó en 2011 por “pérdida de confianza” fue Ignacio González, elegido además como el relevo al frente de la Comunidad cuando la presidenta decidió renunciar, también está involucrado en varios casos de corrupción. En la trama Lezo se le acusa de amañar la adjudicación de un campo de golf del Canal de Isabel II en el barrio de Chamberí. Su juicio en la Audiencia Nacional está fijado para septiembre de 2027, se le acusa de cohecho y de prevaricación.

En la pieza relacionada con el tren a Navalcarnero se le atribuye cohecho y falsedad documental, la petición es de cuatro años de prisión. Hay todavía una tercera ramificación del caso: la compra de una empresa brasileña a través del Canal de Isabel II por un precio inflado del que habrían salido también comisiones ilegales. La Justicia atribuye al que fue secretario general del PP de Madrid, presidente de la Comunidad y que hoy es otro apestado en el partido, malversación de caudales públicos y administración desleal por un supuesto desvío de fondos de más de nueve millones y medio de euros.

Gürtel, epicentro en Madrid

Si Ayuso y su mano derecha Alfonso Serrano, que aplaudieron durante cuatro años (entre 2011 y 2015) desde sus escaños en la Asamblea de Madrid a Ignacio González primero como vicepresidente de Aguirre y luego ya como presidente de la Comunidad, hacen ver ahora que no lo conocen de nada, cómo preguntarles por la cascada de condenas a su partido en Gürtel. Diferentes tribunales han probado que la red de Correa y cía tuvo como epicentro la Comunidad de Madrid y algunos de los ayuntamientos más emblemáticos para el PP: Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Boadilla del Monte. La gran trama de corrupción del PP llevó a prisión a Alberto López Viejo, consejero de Aguirre, condenado a 31 años de prisión por amañar contratos y cobrar sobornos, al que fue alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (38 años de cárcel) al de Boadilla del Monte Arturo González Panero, alias el Albondiguilla, 36 años, al de Pozuelo Jesús Sepúlveda (14 años) al de Arganda del Rey Ginés López (cinco años) junto a otros concejales y cargos de las agrupaciones locales del partido. El propio PP de Madrid fue condenado como persona jurídica en tres ocasiones por lucrarse de los delitos cometidos por la red corrupta liderada por Correa. En Boadilla del Monte, la Audiencia Nacional le obligó a devolver más de 200.000 euros con los que financió sus campañas electorales.

Caso FP: adjudicaciones a dedo y contratos troceados en la era Ayuso

Pero la sombra de la sospecha del amaño de contratos en adjudicaciones públicas por parte de la Comunidad de Madrid se extiende también sobre la gestión de la propia Ayuso y de dirigentes muy cercanos a ella como el presidente de la Asamblea regional, Enrique Ossorio, y su consejera de Economía, Rocío Albert. Una investigación de elDiario.es ha revelado cómo en la Consejería de Educación se adjudicaron obras a dedo bajo el sistema de fraccionar facturas para no convocar concursos públicos en la construcción de centros de FP, entre 2021 y 2023. Los responsables de la Consejería de Educación entonces eran el propio Ossorio y su número dos era Rocío Albert. Ambos están aforados como presidente del parlamento regional y consejera de la Comunidad, por lo que cualquier investigación sobre ellos debería llevarla a cabo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La jueza del caso, que investiga delitos de prevaricación, prorrogó el pasado septiembre durante seis meses el sumario.

La número 3 del partido, imputada por cobrar de un empresario

El ejemplo más paradigmático de la doble vara de medir de Ayuso y los suyos con los casos de corrupción es el de su colaboradora y amiga, Ana Millán. La exalcaldesa de Arroyomolinos está acusada de cuatro delitos por la jueza que investigó los contratos adjudicados en su etapa municipal a un empresario que a su vez le realizó pagos. A pesar de estar imputada desde 2022, y mientras ataca al Gobierno de Sánchez y a sus socios de izquierdas, Ayuso decidió ascender a Millán en el partido, donde ahora ejerce como secretaria de organización, además de blindarla en la Asamblea de Madrid, como vicepresidenta, con su correspondiente aforamiento.

La magistrada de Navalcarnero que investigó el asunto halló indicios de cuatro delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública y se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el único competente para investigar a un miembro de la Asamblea. A principios de diciembre, el Tribunal devolvió el caso a la magistrada para que complete sus pesquisas. La imputación por corrupción no impide a Millán ser un valor en alza en el partido: además de los ascensos en la asamblea y la organización, Ayuso le ha encomendado presidir la gestora del PP en Fuenlabrada.

El urbanismo de las ciudades es también una forma de memoria. Edificios y calles cuentan los relatos que conforman su historia, desde los pueblos que las habitaron hasta los grandes sucesos que las sacudieron. En Madrid, algunos ejemplos dispares son los restos de su muralla árabe, el legado del estilo arquitectónico neomudéjar o los icónicos grafitis de Muelle. Algunos vestigios, sin embargo, no retrotraen a épocas de esplendor. Tampoco a grandes logros artísticos. Son recuerdos accidentales del fracaso, la quiebra, la incompetencia o incluso la delincuencia. Reflejos de los aspectos más vergonzantes de un país.

Es lo que sucede en la capital con los estertores que resisten de la empresa Gowex, de cuya caída en desgracia se cumplen ya más de once años. La compañía que prometió wifi gratuito por toda la ciudad (y en muchas otras) aún está presente en muchos de los espacios públicos que su proyecto pensaba utilizar como parte de la infraestructura. Algunas marquesinas de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) y muchos quioscos todavía conservan carteles o láminas con el característico logo de Gowex: una mano blanca y curvilínea haciendo la señal de ok sobre un fondo azul, con el nombre de la compañía escrito al lado en el mismo color. Para muchos transeúntes pasará como una publicidad más, una que quizá se ha quedado antigua a tenor del desfasado diseño y del desgaste que acumulan estas cartelas. En realidad, es todo lo que queda de la gran mentira empresarial de la década pasada.

Creada y presidida por Jenaro García desde 1999, Gowex ofrecía algo tan futurista para la época como wifi gratis de forma masiva, declarando más de 100 millones de ingresos anuales y anunciando una red de puntos de conexión que superaba los 100.000 terminales. Hasta que el caso Gowex estalló el 1 de julio de 2014 con un informe de Gotham City Research. Este fondo bajista, que gana dinero apostando por la caída de empresas cuyas cuentas cuestiona, emitió un análisis que pinchaba la burbuja de la compañía. Gowex cotizaba por aquel entonces en el denominado Mercado Alternativo Bursátil (MAB), donde las empresas no están obligadas a detallar sus cuentas, pero sí a que existan unos asesores a modo de intermediarios.

El informe de Gotham City Research desveló que ni una sola de las cifras de ese supuesto éxito financiero y técnico era verdadera. Sus ingresos reales eran, como mucho, un 10% de lo que estaban declarando. La red de puntos wifi, según las estimaciones más optimistas, era tres veces menor de lo que afirmaba. Los créditos millonarios que afirmaban haber obtenido en Estados Unidos no existían. Y todo ese falso volumen de negocio, que un auditor había dado por bueno sin hacer comprobaciones, venía de un sistema de facturas falsas y compraventa de mercancías que no existían. Gowex, supuestamente, había recurrido al proveedor de sociedades fantasma que suministró a la Gürtel, a la operación Marsans y a la trama del caso Nóos.

Gowex, la promesa con pies de barro

Mientras tanto, los directivos se habían repartido tres millones en dividendos y habían engañado a los grandes bancos del país: Santander, Bankinter, la Banca March, Deutsche y Caixabank le dieron más de 22 millones en créditos y avales. Llegó a conseguir un préstamo subvencionado del Gobierno para un proyecto sobre la brecha digital en Cádiz con fondos europeos, según publicó El Confidencial.

En Madrid, Gowex había establecido un modelo de consorcio público-privado para impulsar a la capital española como ejemplo de Wireless Smart City junto con el Ayuntamiento de Madrid, que por entonces lideraba Ana Botella. Autobuses de EMT, quioscos de prensa, espacios abiertos... La ciudad había logrado, según aseguraba la compañía pocos días antes de que se revelaran sus cuentas reales, dotar de wifi gratis a más del 40% de Madrid, “convirtiendo la capital en una de las ciudades mejor conectadas del mundo”. Desde el consistorio precisaron luego que “la infraestructura técnica y la tecnológica pertenecen a la propia EMT” y que Gowex era “solo un patrocinador”, según recogía ABC. Botella dijo estar “sorprendida” por la noticia del fraude y anunció que rescindiría “inmediatamente” los contratos municipales si se demostraba que las cuentas eran falsas.

La Comunidad de Madrid también se sumó a esta fiebre tecnológica (y finalmente fraudulenta). El Gobierno autonómico que presidía Ignacio González firmó un contrato con Gowex para instalar wifi en toda la red de Metro. El proyecto estaba a punto de iniciarse en Nuevos Ministerios cuando trascendió mediáticamente la verdadera situación financiera de la compañía. El plan era ir ampliando progresivamente el servicio a las principales estaciones del suburbano, pero nunca llegó a completarse. Posteriormente, el suburbano modificó su apuesta y trabajó en mejorar la cobertura de datos móviles mediante un convenio de 16 millones de euros con los principales operadores móviles. Alcanzó la red completa en 2021, terminando de apuntalar el verdadero futuro de las conexiones digitales con el 4G.

No solo Gowex está en la calle, también su fundador: “Quiero entrar ya en la cárcel”

Jenaro García negó durante una semana que el informe que expuso la coyuntura real de su empresa fuera cierto, hasta que compareció en la Audiencia Nacional con un escrito titulado “manifiesto y confieso”. En él, reconocía que “las cuentas desde la salida a Bolsa no respondían a la realidad” y que toda la responsabilidad era suya. Se iniciaba entonces un periplo judicial que, más de una década después, todavía está pendiente de juicio.

El magistrado que investigó el caso en la Audiencia Nacional decidió enviar al fundador de Gowex y varios colaboradores al banquillo al entender que “las cuentas no respondían a la realidad, ni reflejaban la imagen fiel, lo que no impidió la captación de nuevos inversores”. La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación presentado en 2019, pidió hasta 18 años de cárcel para Jenaro García y multas que superan los 10,2 millones de euros.

El propio García aseguró, en una entrevista a El Mundo publicada en 2024, que deseaba una resolución cuanto antes: “Quiero entrar ya en la cárcel”, declaró. Pero de momento este histórico fraude no termina de cerrarse en los tribunales. Los juzgados, al igual que las calles de Madrid, se resisten a dar carpetazo definitivo a un caso que dice mucho sobre la España de la colaboración público-privada desatada. Sobre ese mundo que todavía veía en las empresas tecnológicas un halo de esperanza hacia el futuro. Así, puede que no esté mal conservar esas señales de Gowex, a modo de recuerdo permanente de los errores cometidos en el pasado que siempre pueden repetirse en el futuro.

La Audiencia Nacional juzgará a Ignacio González y otras cuatro personas por el campo de golf del Canal, una pieza del caso Lezo, 23 años después de que se produjera el amaño de la adjudicación de las obras. En un auto de la Sección Segunda, al que ha tenido acceso elDiario.es, se fija la fecha de celebración de la vista entre el 13 y el 30 de septiembre de 2027.

El entonces juez del caso Lezo, Manuel García-Castellón, acordó en agosto de 2021 la apertura de juicio oral contra González y otras cuatro personas por las irregularidades en la concesión del proyecto en terrenos de la empresa pública de aguas del Canal de Isabel II que, como vicepresidente de la Comunidad, el político presidía en aquel entonces.

“Examinadas las pruebas propuestas por el Ministerio Fiscal y por las defensas de los acusados se admiten y declaran pertinentes”, recoge el auto, cuyo ponente es el presidente de la Sección Segunda, Fernando Andreu. 

Además de a Ignacio González, se sentarán en el banquillo el director gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, así como los socios de la empresa TCT José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González González y Juan José Caballero Escudier. Estos dos últimos hermano y cuñado, respectivamente, del expresidente de la Comunidad de Madrid. Anticorrupción pide seis años de cárcel para González y el resto de acusados. La Comunidad de Madrid, personada como acusación particular, eleva la petición para el expresidente a 16 años de prisión.

La resolución judicial recoge un compendio de actividades corruptas para favorecer al hermano del entonces vicepresidente, Pablo González, al que se adjudicó de forma encubierta una parte del proyecto. En 2003, la empresa pública de aguas adjudicó a la constructora ACS —posteriormente, Dragados— la construcción del campo de golf. Pero, un año después, Ignacio González e Ildefonso de Miguel modificaron el proyecto “con el fin de beneficiar a familiares” del vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Esas variaciones, añade el auto, eran tan “sustanciales” que hubieran necesitado de una nueva licitación 

En el auto de apertura de juicio oral, el juez explicaba que González y De Miguel “convinieron con Dragados” que el Canal de Isabel II le adjudicaría directamente el modificado pero con la condición de que subcontratara a TCT, cuyos socios eran el hermano de González, Pablo Manuel, así como José Antonio Clemente y Juan José Caballero. Éste último es cuñado del exvicepresidente autonómico y, al igual que el hermano del político, “ostentaban su titularidad a través de personas interpuestas con el fin de ocultar sus vínculos familiares con él”.

TCT obtuvo de la subcontrata con Dragados más de tres millones de euros, pero no podía hacerse cargo del proyecto porque “carecía de capacidad” para ello, así que recurrió a otras dos sociedades —Onlygolf y Fieldturf— a las que impuso una mordida del 8%. Fueron finalmente 266.972 euros para el hermano Ignacio González, su cuñado y el socio de ambos, José Antonio Clemente, que recibieron en sobres de efectivo a través de 49 entregas. 

Con posterioridad a esta modificación, TCT también fue adjudicataria, junto a otras empresas, de la gestión, explotación y ajardinamiento del proyecto. Así, el juez concluye que “esa contratación de todo punto innecesaria e irregular, que supuso para TCT un beneficio total de 504.780 euros —381.029 en el primer caso y 123.751 en el segundo— fue solicitada e impuesta de común acuerdo por todos los acusados a las adjudicatarias como condición para obtener las adjudicaciones”. 

González, que estuvo más seis meses en prisión preventiva por esta causa, también está procesado en otras dos piezas del caso Lezo, por las que la Fiscalía pide ocho y cuatro años de prisión para él. En la actualidad, González desempeña las funciones de su puesto de funcionario público en la Subdirección General de Régimen Jurídico y Disciplinario, dependiente del área de Economía, Innovación y Hacienda que dirige Engracia Hidalgo. Por desempeñar ese cargo recibe un salario de 54.000 euros anuales. Entre sus competencias está realizar trabajos de redacción de informes jurídicos en materia de recursos humanos (RRHH) y sobre interpretación de normas de aplicación al ámbito de la función pública y el derecho laboral.

El acceso público a sus memorias anuales por orden expresa del Tribunal Supremo ha destapado nuevos agujeros en la opaca asociación Madrid Network, constituida en 2007 por iniciativa de Esperanza Aguirre, pagadora de 1,8 millones a la empresa del exministro Cristóbal Montoro, receptora en 2011 de un préstamo de 80 millones públicos cuya devolución ya ha costado 70 millones al Ejecutivo regional y sobre la que el PP acaba de vetar la investigación parlamentaria que reclaman Más Madrid y PSOE. Las memorias destapan que la relación del Ejecutivo regional con Madrid Network siguió avanzando viento en popa pese a que sus memorias anuales ya habían ido constatando desde 2012 un auténtico fiasco en el reparto de buena parte del préstamo de aquellos 80 millones públicos, concedidos por el Ministerio de Ciencia a la Administración madrileña para su distribución entre empresas de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). El viento sopló tan favorablemente para Madrid Network que, tras recibir en 2013 una subvención de 800.000 euros y en 2014 otra de 900.000, la Consejería de Economía y Hacienda le entregó en 2015 la gestión y distribución entre terceros de 10,5 millones de ayudas cofinanciadas por la UE para el fortalecimiento del tejido empresarial en el área del Corredor del Henares y el fomento del sector tecnológico en el conjunto de la comunidad.

Articulada a través de dos convenios a dedo, la encomienda a Madrid Network, que nunca ha depositado su contabilidad en el registro de asociaciones al no estar calificada como “de utilidad pública”, se llevó a cabo el 27 de marzo de 2015. O sea, en la recta final del mandato presidencial de Ignacio González, antiguo número dos de Aguirre y a la espera de juicio por supuesta corrupción en el denominado caso Lezo.

En febrero de 2017 –mandato de Cristina Cifuentes–, la Comunidad firmó la extinción anticipada de aquellos dos convenios, cuya duración estaba prevista hasta 2020, y asumió la tarea de administrar por sí misma los dos paquetes de ayudas. El documento de extinción, suscrito por la Consejería de Hacienda y por Madrid Network, atribuye el giro copernicano a “la necesidad de agilizar y acortar los plazos restantes de tramitación” de los fondos. A partir de ahí, Madrid Network quedaba obligada a devolver “la cantidad resultante de la liquidación que se practique”. “Devolverá”, agrega el texto, “toda la documentación que obre en su poder derivada de las actuaciones realizadas con las solicitudes recibidas”. Y “aportará memoria justificativa de las actuaciones realizadas”.

Así que en 2017 se acabó la gestión privada de aquellos fondos europeos y, en paralelo, se acabó la devolución del préstamo público de 80 millones. El periodo de amortización había comenzado en 2016, cuando Madrid Network abonó a la Comunidad una cuota de 3,63 millones el 8 de enero. Al año siguiente, exactamente el 13 de enero de 2017, la asociación le transfirió la segunda cuota: 7,27 millones. Y se acabó. Esos 10,9 millones que suman las dos cuotas es todo lo que ha abonado Madrid Network, a la que su prestamista -el Gobierno madrileño- subvencionó de nuevo en 2023 con 106.974 euros y en 2024, con 229.877.

La Consejería de Hacienda confirmó el viernes que no ha habido más pagos tras el cierre de 2024 -ejercicio de la última memoria anual disponible. Eso significa que a lo largo de los años la Administración madrileña, obligada a reintegrar los 80 millones que en diciembre de 2010 le prestó Ministerio de Ciencia y que de inmediato transfirió el Gobierno de Aguirre a Madrid Network, ha tenido que detraer de la cuenta general 70 millones para afrontar la devolución.

Los portavoces de Hacienda han eludido responder a la pregunta de por qué se encargó a Madrid Network, asociación privada, la gestión de 10,5 millones de subvenciones públicas sujetas al principio de concurrencia competitiva. Tampoco ha facilitado información sobre cuánto devolvió la asociación al erario madrileño una vez derogados aquellos dos convenios, si es que tal devolución ha existido.

2,56 millones ‘autoadjudicados’

Firmados por Enrique Ossorio, hoy presidente de la Asamblea de Madrid, entonces consejero de Hacienda y a quien Ayuso rescató en 2019 para su gobierno, donde llegó a ejercer como vicepresidente, de los dos convenios de 2015 no se menciona ni una palabra en las memorias anuales de Madrid Network. Entre 2008 y 2011 y con un sueldo de 4.200 euros netos al mes, la actual presidenta de Madrid había trabajado para el departamento de prensa de Madrid Network.

Las memorias sí mencionan, pero de paso y sin ofrecer detalle, que, con cargo a los mismos 80 millones otorgados en 2011, Madrid Network se autoadjudicó un préstamo de 2,56 millones para un “Centro de Servicios en Red de Apoyo a la Innovación” sobre el que a día de hoy nada se sabe. El intento de obtener respuesta de Madrid Network ha resultado de nuevo fallido.

No es factible, por tanto, resolver tampoco el misterio que planea sobre una de las empresas beneficiarias de aquel racimo de 80 millones y que, al igual que otras 16 mercantiles, terminó envuelta en un litigio con Madrid Network por impago: Centro de Imagen y Tecnología del Conocimiento Biomédico SL, destinataria de dos millones y que, según la memoria de 2024, aún se mantiene en batalla judicial con la asociación. Lo sucedido con esta mercantil se aborda con neutralidad y distancia en las memorias de Madrid Network. Pero una de las dos directivas primigenias de la entidad creada por Aguirre y cuya firma había validado en mayo de 2011 la recepción de los 80 millones, Alicia Hinojosa, aparecía hasta noviembre de 2013 como miembro del consejo de administración de Centro de Imagen.

La asociación, accionista de uno de sus deudores

Su presencia apuntaba a una relación de cercanía entre el prestamista y la empresa prestataria. Y en efecto, así lo certifica el Registro Mercantil. Constituida el 19 de septiembre de 2011 con un capital de 3.006 euros, Centro de Imagen y Tecnología del Conocimiento Biomédico SL firmó 11 días más tarde con Madrid Network un contrato de préstamo de 2 millones. La víspera, la empresa había llevado a cabo una ampliación de capital: de los 3.006 euros saltaba a 750.000 euros “con aportaciones no dinerarias”, según se lee en su balance contable de aquel ejercicio. A la ampliación -prosigue el documento- “acudieron” dos partes: la asociación Madrid Network, “que aporta el diseño del modelo de negocio y el plan de viabilidad del Centro de Imagen y Tecnología del Conocimiento Biomédico, por importe de 75.000 euros; y un particular que aportaba ”la tecnología del denominado Visor CX, por importe de 675.000 euros“. Madrid Network ostentaba el papel de accionista de la compañía con un 10% y el particular se reservaba el 90%.

De su participación accionarial en una de las beneficiarias de los préstamos que a bajísimo interés (1,232%) otorgaba Madrid Network solo a sus asociados nada dicen sus memorias anuales. El silencio en ese terreno plantea preguntas hasta ahora fuera de pantalla: ¿fue este un caso único o la asociación perteneció (o pertenece) al accionariado de más compañías a las que brindó financiación?

El secreto de sus cuentas y la negativa del PP a abrir en canal las actividades de Madrid Network mediante una comisión de investigación impiden saber, por ejemplo, por qué de las 46 empresas destinatarias de sus préstamos hubiese dos comandadas por antiguos altos cargos de la Administración madrileña: el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela (500.000 euros aún impagados al cierre de 2024) y la antigua mano derecha de Ignacio González en la empresa pública Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel (3,2 millones). En la memoria de 2019 figura una nota según la cual con las dos empresas de Ildefonso de Miguel que obtuvieron los préstamos se había alcanzado ya “un acuerdo transaccional en sede judicial”. En las memorias siguientes se incluía la misma nota. Y en la última, la de 2024, también. ¿Han desembolsado ya la deuda pendiente? Solo Madrid Network lo sabe.

Además, de los 47 proyectos financiados, Madrid Network solo calificaba al cierre de 2024 doce de ellos como “ejecutados correctamente”.

En medio de la incertidumbre sobre un asunto que sigue vivo por la dimensión de la deuda acumulada, el PSOE interpuso un recurso en el Tribunal Constitucional por la negativa del PP madrileño a crear una comisión de investigación sobre Madrid Network. Al día siguiente, Más Madrid remachó en el pleno de la Asamblea la resistencia a investigar a la controvertida asociación. No solo la portavoz de esta formación, Manuela Bergerot, reprochó al grupo de Ayuso su cerrojazo a la propuesta. Una de sus diputadas, Marta Lozano, se lanzó a degüello: “Quienes sacaron tajada del pastel fueron ultraliberales patrios, es decir, ustedes y sus amigos”.

Santos Cerdán ha pasado en pocas semanas de ser uno de los políticos con más poder en España a verse durmiendo en la cárcel. Es un nombre más, importante, en una larga lista de personas que quizá sintieron que nunca se verían entre rejas. Y muchos de ellos han pasado por una cárcel en concreto: Soto del Real. Hablamos del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, del ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González o del ex vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras. Algunos, incluso, coincidieron allí en el tiempo.

Hacemos un repaso a estos nombres y a cómo es la vida de un político en prisión con el periodista de elDiario.es Alberto Pozas.

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La entrada de Santos Cerdán en la cárcel de Soto del Real se ha convertido en el último capítulo de la serie de políticos del más alto nivel que ingresan en prisión provisional por orden de un juez en una causa por corrupción. El nombre del exsecretario de organización del PSOE se suma al de ministros como Eduardo Zaplana, altos cargos como Rafael Vera o políticos autonómicos como Francisco Granados o Ignacio González que pasaron tiempo entre rejas mientras la investigación contra ellos estaba en marcha. El magistrado que investiga el caso Koldo entiende que Cerdán, ya sin cargos políticos u orgánicos dentro del partido, podría destruir pruebas sobre la trama de contratos amañados y comisiones en la que comparte imputación con José Luis Ábalos y Koldo García.

Las grandes causas de corrupción de la última década han venido acompañadas, en muchos casos, de grandes operaciones policiales con decenas de detenidos. El filtro judicial, tradicionalmente en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, aplica criterios muy concretos para decidir quién tiene que empezar la investigación entre rejas: si hay riesgo de que se fugue o de que destruya pruebas. En el caso de Cerdán, el juez Leopoldo Puente intuye que el “botín” de la trama tuvo que ser mucho más alto que el que ha detectado la Unidad Central Operativa (UCO) y hay un peligro real, alega, de que el exdiputado pueda destruir las potenciales pruebas.

Santos Cerdán ostentó el cargo más importante que puede tener alguien dentro de un partido político por debajo del secretario general. Fue el de secretario de Organización del PSOE entre 2021 y 2025. Pero no es el único alto cargo enviado a prisión provisional durante una investigación. El preso preventivo con mayor rango político sigue siendo, a día de hoy, Eduardo Zaplana. Ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno de José María Aznar en su última legislatura, Zaplana pasó ocho meses y medio en la cárcel de Picassent después del estallido del caso Erial. Abandonó la prisión antes del juicio y después de que los magistrados entendieran que debía permanecer en libertad para recibir tratamiento contra el cáncer que padece.

Zaplana, también expresident de la Generalitat Valenciana, pasó 259 días en prisión entre 2018 y 2019 en un caso Erial que ha terminado, a la espera de un pronunciamiento del Supremo, en una condena para él: diez años de cárcel y multa de 25 millones de euros por cobrar comisiones en un proceso de privatización de las ITV. El terremoto político por su entrada en prisión provisional fue de una intensidad bastante inferior al provocado por el encarcelamiento de Cerdán. Fue detenido unos días después del décimo aniversario de su salida de la política para fichar por Telefónica.

Muchos altos cargos de Gobiernos ligados sobre todo al PP han entrado en prisión, pero después de ser condenados, en primera o en segunda instancia. A nivel de la administración, otros antecedentes previos a Zaplana se remontan a la década de los 90, cuando Rafael Vera pasó varios meses la prisión de Alcalá de Henares por su implicación en el caso del terrorismo de Estado de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y el secuestro de Segundo Marey. El exsecretario de Estado de Seguridad con Felipe González estuvo casi cinco meses entre rejas entre febrero y julio de 1995, de donde salió tras pagar una fianza de 200 millones de pesetas.

El Tribunal Supremo terminó confirmando condenas para Vera que sumaban más de 17 años de prisión por su relación con el secuestro y también con el uso de fondos reservados para pagar a dos policías de los GAL. El Gobierno de José María Aznar limitó su estancia en prisión por el primer caso tras indultar una parte importante de su condena y terminó entrando en la prisión de Segovia en 2005 para cumplir su segunda condena.

El listón de la prisión provisional también ha llegado en ocasiones al nivel parlamentario que también ocupó Santos Cerdán hasta pocos días antes de ser encarcelado. Luis Bárcenas, conocido y condenado por su actividad como tesorero del Partido Popular y gestor de la 'caja B' de la formación, sorteó la prisión provisional cuando era senador, estalló el caso Gürtel y el juez Antonio Pedreira entendió, tras dos años de imputación, que no había pruebas contra él. Su suerte cambió dos años después, cuando El País publicó su contabilidad paralela, que recogía las entradas y salidas de dinero negro de Génova 13, y el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional decidió enviarle a Soto del Real en el verano de 2013.

Bárcenas pasó 19 meses en prisión provisional hasta que salió en 2015 armado con su frase más lapidaria: “Luis ha sido fuerte de verdad”. Arrancó entonces para él un reguero de sanciones penales por corrupción, fraude fiscal y el pago de la reforma de la sede del PP en dinero negro que le devolvió a prisión aunque esta vez para cumplir condena. Quedó en libertad condicional en diciembre del año pasado, más de una década después de su primer ingreso en prisión.

La nómina de políticos encarcelados de forma preventiva por causas relacionadas con la corrupción se amplía descendiendo al nivel autonómico. Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, estuvo casi siete meses en prisión como cabecilla de la operación Lezo. Una causa por la que, ocho años después, sigue procesado y a la espera de juicio por corrupción en la construcción de un campo de golf o por cobrar una comisión de 1,8 millones cuando estaba al frente del Canal de Isabel II.

Francisco Granados, exsenador, pero sobre todo hombre fuerte de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, pasó dos años y medio en prisión preventiva por una trama Púnica cuyas piezas principales también están pendientes de juicio más de una década después del arranque de la operación. Años antes, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, el primero conseller y el segundo secretario general de Presidencia con Jordi Pujol, pasaron más de un mes en prisión provisional por el caso de corrupción urbanística 'Pretoria' por el que fueron finalmente condenados a casi dos años de cárcel tras reconocer que cobraron comisiones.

De los ministros de Aznar al procés

La lista de políticos que han pasado por la prisión crece drásticamente al analizar aquellos que han sido encarcelados después de ser condenados, todos evitando el presidio cuando la investigación todavía estaba en marcha. A nivel nacional, muchos de ellos integrantes de los gabinetes del PP y José María Aznar. Rodrigo Rato, uno de los hombres fuertes de los gobiernos del Partido Popular y considerado artífice del 'milagro económico español', fue detenido en 2015 durante los registros de su domicilio y su despacho, pero nunca fue enviado a prisión provisional.

El exvicepresidente del Gobierno no pasó por la prisión provisional, pero sí tuvo que entrar a cumplir condena por el uso de las 'tarjetas black' de Caja Madrid y Bankia y está por ver si tiene que volver a hacerlo si los tribunales declaran firme su segunda condena de casi cinco años de cárcel por ocultar su fortuna a Hacienda.

Jaume Matas, ministro con José María Aznar y también presidente del Govern de Balears por el PP, también optó por empezar a pactar sus condenas con la Fiscalía ante la amenaza de causas judiciales que le llevaron a la cárcel sin que antes hubiera pasado por prisión provisional. Desde su primera condena en 2012 por pagar con dinero público a un periodista que escribía sus discursos hasta el macro caso Palma Arena y dos años y medio entre rejas.

El caso de los GAL y la guerra sucia contra ETA no solo llevó a prisión a Rafael Vera. El exministro del Interior socialista José Barrionuevo no fue encarcelado de forma provisional, pero sí entró a cumplir los 10 años de cárcel que le fueron impuestos por su papel en el secuestro de Segundo Marey. Vera tampoco es el único secretario de Estado de Seguridad que ha pasado por la cárcel de forma preventiva: Francisco Martínez, procesado en la operación Kitchen, estuvo menos de una semana en prisión por su supuesta implicación en la 'operación Borraska' sobre la actividad del hacker Alcasec.

No todos los políticos que han sido presos preventivos o condenados han estado encarcelados por delitos relacionados con causas de corrupción política. El cargo orgánico de un partido con más categoría dentro de su formación que ha pasado tiempo entre rejas es Oriol Junqueras, líder de ERC que estuvo en torno a dos años en prisión preventiva por el procés. Desde que la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, decidió enviar a este político y varios miembros del Govern depuesto de Carles Puigdemont en 2017 hasta que el Supremo firmó su condena de 13 años de prisión y su encarcelamiento dejó de ser preventivo.

Junto con Junqueras pasaron meses o incluso años en prisión provisional varios políticos catalanes que ocupaban cargos públicos o de partido en el Govern como consellers o en ERC y Junts. En su caso, tanto Lamela en primer lugar como Pablo Llarena posteriormente en el Tribunal Supremo cimentaron su decisión de mantenerles entre rejas en el riesgo de que se fugaran o, incluso, de que siguieran adelante con el desafío soberanista si eran dejados en libertad.

Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, también pasó tiempo en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional. Entró en octubre de 2009 por el caso Bateragune, la causa en la que los tribunales europeos determinaron que no había tenido un juicio justo. Previamente, también había pasado por prisión provisional por participar, dentro de la banda terrorista ETA, en el secuestro del director de la fábrica de Michelín en Vitoria, Luis Abaitua, en 1979. Fue preso preventivo desde 1987 hasta que fue condenado en 1989.

Esperanza Aguirre tomó posesión de la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2003 y no la abandonó hasta casi nueve años después. En la primera de las tres veces en que juró el cargo, la lideresa prometió que contaba con “el mejor equipo” para gestionar la región de toda la “historia del estado autonómico de España”. Más de 20 años después, seis personas de su máxima confianza durante sus tres gobiernos han sido condenadas o están al borde del banquillo. Alfredo Prada, que entre 2003 y 2008 ocupó la segunda vicepresidencia y la Consejería de Justicia de su ejecutivo, acaba de sumarse a la lista que integran nombres como Francisco Granados o Ignacio González con una condena de siete años de cárcel por malversar 40 millones de euros públicos

Todos ocuparon algunos de los puestos de mayor responsabilidad que pueden ostentarse en un gobierno regional. Vicepresidencias a la diestra de la presidenta regional, consejeros de Presidencia y de Justicia, portavoces y gestores de empresas públicas por cuyas manos pasaban, año tras año, decenas de millones de euros. En el caso de Alfredo Prada, ocupó la cartera de Justicia y la vicepresidencia segunda desde el primer día de Aguirre en la Puerta del Sol hasta 2008, cuando apoyó a Mariano Rajoy en el congreso del PP en Valencia y se ganó su enemistad política sin matices.

Prada fue rápidamente puesto al frente de una de las grandes promesas electorales de Esperanza Aguirre: la Ciudad de la Justicia. Un complejo en Valdebebas, al norte de la región, para concentrar todos los juzgados y tribunales hasta entonces dispersos por la ciudad. El plan parecía no tener fisuras: la Comunidad conseguía los terrenos gratis, hacía caja vendiendo algunos edificios y levantaba una ciudad judicial a la altura de los que existen, por ejemplo, en Barcelona y Valencia.

Altos cargos de Esperanza Aguirre en la CAM condenados, o a la espera de juicio, por corrupción

Alberto López Viejo

Viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2007

Condenado a 27 años y 10 meses de cárcel por la pieza principal del caso Gürtel

Alfredo Prada

Vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2008

Condenado a 7 años de cárcel por la fallida Ciudad de la Justicia

Francisco Granados

Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid de 2004 a 2011

Condenado a 2 años de cárcel por el chivatazo de la Operación Púnica y a la espera de juicio en varias piezas de la trama

Ignacio González

Vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2012

A la espera de juicio en varias piezas de la trama Lezo

Isabel Gallego

Directora general de Medios de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2015

A la espera de juicio en una pieza de la trama Púnica

Beltrán Gutiérrez

Gerente del PP de Madrid hasta 2014

A la espera de juicio en la trama Púnica y condenado a 8 meses de cárcel por las tarjetas black de Caja Madrid

Ildefonso de Miguel 

Director gerente del Canal de Isabel II desde 2003 hasta 2009

A la espera de juicio en varias piezas del caso Lezo

Altos cargos de Esperanza Aguirre en la CAM condenados, o a la espera de juicio, por corrupción

Alberto López Viejo

Viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2007

Condenado a 27 años y 10 meses de cárcel por la pieza principal del caso Gürtel

Alfredo Prada

Vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2008

Condenado a 7 años de cárcel por la fallida Ciudad de la Justicia

Francisco Granados

Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid de 2004 a 2011

Condenado a 2 años de cárcel por el chivatazo de la Operación Púnica y a la espera de juicio en varias piezas de la trama

Ignacio González

Vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2012

A la espera de juicio en varias piezas de la trama Lezo

Isabel Gallego

Directora general de Medios de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2015

A la espera de juicio en una pieza de la trama Púnica

Beltrán Gutiérrez

Gerente del PP de Madrid hasta 2014

A la espera de juicio en la trama Púnica y condenado a 8 meses de cárcel por las tarjetas black de Caja Madrid

Ildefonso de Miguel 

Director gerente del Canal de Isabel II desde 2003 hasta 2009

A la espera de juicio en varias piezas del caso Lezo

Lo que sucedió en realidad, según la Audiencia Nacional, es que más de 40 millones de euros se invirtieron en promocionar y publicitar el proyecto mientras la Ciudad de la Justicia no era viable. Más de 13 millones de euros solo en contratar al arquitecto Norman Foster. Otros 100.000 euros más en presentar las maquetas. Más de un millón de euros en una exposición. Un autobús para recorrer Madrid dando a conocer el proyecto. Todo para que, al final, fuera abandonado.

La Audiencia Nacional hace máximo responsable a Alfredo Prada, no solo como consejero del ramo sino como gestor de la empresa creada para impulsar el proyecto, y le impone siete años de cárcel por prevaricación y malversación. Los jueces usan palabras como “esquilmar” o “suma gravedad” para definir lo que hicieron entonces Prada y sus colaboradores. En esos años, además, el vicepresidente de Aguirre ejercía de padrino político de Pablo Casado, que tuvo la idea de convertirle en el vigilante anticorrupción del PP poco antes de su imputación en esta causa.

La condena cuestiona de lleno una de las grandes promesas electorales del primer gobierno de Esperanza Aguirre. No solo por ser un proyecto fallido, sino por haberse hundido gracias a la malversación de sus responsables, que tendrán que poner 40 millones de su bolsillo para pagar el agujero. Y aunque los jueces destacan el “entusiasmo” de la propia presidenta regional, Esperanza Aguirre ha conseguido atravesar sin peligro un nuevo campo sembrado de minas en sus años dorados al frente de la política madrileña. Tal y como ha conseguido hacer en los casos Gürtel, Púnica o Lezo, donde sí ha tenido que declarar en un juicio lo ha hecho como testigo, a salvo de cualquier condena.

Tanto en el juicio que ha terminado en la condena de Prada como después, Aguirre ha centrado sus esfuerzos en blindarse con dos argumentos: ella nunca conoció ninguna irregularidad y el proyecto era un clamor judicial y político, no una ocurrencia suya. Palabras que llevan a lo que ha afirmado en otros procesos penales donde sus subordinados han acabado procesados e incluso condenados.

Alberto López Viejo es el caso más añejo en la nómina de lo que ella misma denominó “ranas”. Viceconsejero de Presidencia hasta 2007 y después Consejero de Deportes, en la actualidad cumple una condena de 27 años y 10 meses de cárcel por aprovechar sus cargos –primero en el Ayuntamiento y después en la Comunidad– para favorecer a las empresas de Francisco Correa a cambio de comisiones de cientos de miles de euros.

Buena parte de ese botín salió de los contratos que se adjudicaban para organizar actos a los que asistía Esperanza Aguirre. López Viejo, según los jueces, “diseñó una novedosa política de comunicación con mayor presencia de la presidenta”. Todos ganaban: ella tenía una visibilidad inédita y la trama Gürtel se llenaba los bolsillos. Entre varias decenas de actos, lleva el sello de la corrupción la toma de posesión de Esperanza Aguirre en junio de 2007 estrenando su primera mayoría absoluta. Ese día, según los apuntes del contable de la trama Gürtel, López Viejo se llevó una comisión del 50%.

Las distintas sentencias, autos de procesamiento y escritos de acusación de la Fiscalía apuntan en esa dirección: actos de corrupción que, supuestamente, beneficiaron la carrera política de Esperanza Aguirre sin que ella haya pisado un banquillo.

Francisco Granados también fue lo que en política se denomina “hombre fuerte” de Aguirre. Después de dominar la política en Valdemoro, al sur de Madrid, dio el salto al kilómetro cero como consejero, entre otras cosas, de Presidencia y Justicia. Fue detenido en 2014 como uno de los cabecillas de la bautizada como 'operación Púnica', término en latín que designa al granado.

En esa causa, por el momento, Granados ya ha recibido una sentencia firme: dos años de cárcel por intentar reventar la operación aprovechando un chivatazo de un guardia civil. Pero está a la espera de juicio en varias piezas separadas de la causa. Una por irregularidades en la adjudicaciones de suelo público de la Comunidad y otra por las ilegalidades que impulsaron económicamente la campaña con la que Esperanza Aguirre arrasó en las elecciones de 2011.

Granados, considerado uno de los grandes escuderos de Aguirre, dejó morir su relación con su antigua jefa a medida que avanzaba la causa judicial y empezó a lanzar acusaciones contra ella en las diligencias que investigaban si su campaña de 2011 se financió de forma irregular. Una causa en la que, a modo de excepción, el juez Manuel García Castellón imputó a Esperanza Aguirre antes de dejarla fuera del procesamiento y, en la práctica, a salvo de un juicio que todavía está por celebrar.

El auto de apertura de juicio oral, dictado hace unos meses y pendiente de ser ratificado en una futura sentencia, que el modus operandi del PP de Madrid en aquellos años era siempre el mismo cuando llegaban unas elecciones: autorizar gastos electorales que no eran declarados a la Cámara de Cuentas. Usar “empresarios afines” para hacer los trabajos pero después, con ingeniería contable, no hacer saltar las alarmas de las autoridades. Y todo a mayor gloria de una candidata que, según la Audiencia Nacional, no tenía por qué saber que cabalgaba a lomos de la supuesta corrupción de sus colaboradores.

El juicio estudiará cómo se pagó el buzoneo de sus papeletas, las banderas que ondeaban en sus mítines o el mismísimo coche usado para el transporte de Aguirre. Y en el banquillo no solo estará Granados. También estará Beltrán Gutiérrez, gerente del PP madrileño durante más de una década y condenado por las tarjetas black de Caja Madrid a quien el juez hace responsable de esta contabilidad ficticia, salvado por la prescripción de responder también por comicios anteriores. Encima de la mesa, entre otros, hay un delito electoral en su modalidad de falseamiento de las cuentas.

En la política no todo el poder está en las consejerías, las concejalías o los ministerios. Y en la Comunidad de Madrid, durante el reinado de nueve años de Esperanza Aguirre, la dirección general de medios también se ubicó a la diestra de la presidenta regional con Isabel Gallego a la cabeza, en ese departamento desde 2003 hasta 2015. En sus recursos y alegaciones, por ahora rechazados, Gallego se ha intentado desmarcar de esta 'caja B' del PP madrileño asegurando que “la encargada de Comunicación era Lucía Figar y la de redes sociales Isabel Díaz Ayuso”.

El último nombre de esta lista de altos cargos es el de Ignacio González. El único consejero que estaba allí el día en que Aguirre tomó posesión como presidenta por primera vez en 2003 y que seguía en Sol para, en 2012, coger el testigo después de su primera dimisión. González, presidente regional entre 2012 y 2015 después de Aguirre y antes de Cifuentes, fue detenido como uno de los cabecillas de la operación Lezo, sucesora de Gürtel y Púnica, centrada también en la Comunidad de Madrid pero en otros departamentos poco explorados por los jueces, sobre todo el Canal de Isabel II.

González tampoco ha sido condenado pero está a la espera de juicio en hasta tres piezas separadas del caso Lezo con la Fiscalía pidiendo condenas de cárcel para él. Después de ser exonerado en una causa por blanqueo, la Audiencia Nacional tiene pendiente juzgarle por la ruinosa compra de la empresa brasileña Emissao cobro de comisiones mediante, por las irregularidades en la construcción del eterno proyecto de llevar el tren a Navalcarnero y, finalmente, por las ilegalidades que también rodearon la construcción de un campo de Golf en Chamberí. Junto con él irá al banquillo Ildefonso de Miguel, director gerente del Canal de Isabel II en esos años.

La detención de Ignacio González en 2017 fue la gota que colmó el vaso de la capacidad de Esperanza Aguirre para afirmar que ella había destapado tramas que, en realidad, si fuera por su actuación nunca habrían llegado a manos de la Justicia. A las puertas de la Audiencia Nacional, tras declarar como testigo en el juicio del caso Gürtel donde Alberto López Viejo esperaba su condena, Aguirre rompió a llorar al ser preguntada por Ignacio González, otra de sus manos derechas engrilletadas: “Si es culpable, sería un gran palo”.

La declaración de Joaquín Barceló 'Pachano', testaferro confeso de Eduardo Zaplana, ha destapado otras derivadas presuntamente corruptas en el 'caso Lezo'. Pachano, amigo de la infancia de Zaplana, ha reconocido que la trama del 'caso Erial' compró un reloj valorado en 20.000 euros para el expresidente de la Generalitat Valenciana. La compra se hizo con el dinero sobrante de varias operaciones inmobiliarias que, en última instancia, provenía de comisiones escondidas en paraísos fiscales y retornadas a España. Sin embargo, el reloj acabó en manos de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid.

“Ese reloj se lo había regalado a Zaplana, no sé por qué lo tenia Ignacio González”, ha afirmado Barceló a preguntas del fiscal anticorrupción. El reloj lo adquirió, según ha declarado, Gregorio Fideo, histórico asistente de Eduardo Zaplana ya fallecido. Sin embargo, el cheque con el que se abonó lo entregó Pachano, testaferro confeso del exministro del PP.

Barceló ha desvelado que declaró como testigo en el marco del 'caso Lezo', una causa en la que Zaplana emergía en conversaciones telefónicas intervenidas con Ignacio González. Éste último y Zaplana mantenían una relación de amistad personal y de alianza interna en el seno del PP. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encargó de la investigación de ambas causas. “Ese reloj se lo cogieron al señor Ignacio González”.

Pachano reconoció ante la UCO —en el 'caso Lezo' y en condición de testigo— que ese reloj se había adquirido para Zaplana, a modo de regalo, pero desconocía por qué acabó en manos de González.

En su declaración, este martes ante el tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València, Zaplana destacó en varias ocasiones que nunca fue imputado en el 'caso Lezo' y enmarcó las conversaciones con Ignacio González en el ámbito político.

En el marco de la Operación Lezo, la Guardia Civil intervino conversaciones del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con Zaplana en las que quedaba patente el interés del político madrileño por tener a personas afines en la cúpula fiscal, concretamente en lo referido al fiscal General del Estado, al fiscal jefe en la Audiencia Nacional y al fiscal Anticorrupción. Hasta tal punto que los investigadores del caso consideraron que González actuó como el “crimen organizado” en sus maniobras sobre la justicia.

En el sumario del 'caso Lezo' la UCO también detectó una colección de relojes de lujo en el marco de su patrimonio oculto. Zaplana declaró que una vez estalló el 'caso Lezo', los miembros de la trama de 'Erial' se ponen nerviosos. “Cuando surge el 'caso Lezo', donde aprovecho para decir que nunca he sido citado como testigo, se filtran conversaciones de índole política con don Ignacio González, que había sido presidente de la Comunidad de Madrid”, relató el exministro del PP. “Tengo preocupación inicial por si me llamaban [a declarar]”, agregó.

“Francamente preocupados” por el 'caso Lezo'

En el sumario del 'caso Lezo' también emergió un personaje clave en 'Erial': el blanqueador uruguayo Fernando Belhot. “Estamos francamente preocupados porque en un titular en portada de un periódico importante nacional hemos salido Belhot y yo en el caso Lezo”. A partir de ese momento, Belhot y Zaplana contratan a una agencia de comunicación (a la que pagan cada uno más de 3.000 euros mensuales).

Las revelaciones de Lezo, antes de que estallara el 'caso Erial', pusieron en alerta a Zaplana. “Andamos seriamente preocupados”, relató. El expresidente valenciano lamentó el “daño” a su “imagen personal” del sumario del 'caso Lezo'.

Eduardo Zaplana explicó durante su declaración que contrató a la agencia de comunicación para “aclarar la verdad” y aseguró que “no tenia nada que ver con Lezo, como ha quedado demostrado”.

Su paso como presidente de la Comunidad de Madrid, entre septiembre de 2012 y junio de 2015 –cargo al que accedió tras la dimisión de Esperanza Aguirre–, ha caído en el olvido. Su nombre ya no es la comidilla de las conversaciones de sus antiguos compañeros del PP de Madrid, ni de los de la Asamblea regional. Desde hace años, en las últimas recepciones en la Casa de Correos con motivo de los aniversarios de la Constitución, el nombre de Ignacio González ha sido borrado de la lista de invitados. Ya no se cuenta con él. El exdirigente de Madrid tiene una pesada mochila repleta de casos de corrupción que, a día de hoy, aún colean en los tribunales.

Después de permanecer varios meses en prisión provisional por su implicación en el caso Lezo sobre las presuntas irregularidades realizadas en el Canal de Isabel II, organismo que presidió, en noviembre de 2017 González salió de la prisión de Soto del Real (Madrid) tras pagar una fianza de 400.000 euros. Poco después, en julio de 2018, pidió su reingreso en el Ayuntamiento de Madrid de donde es funcionario del grupo A con un nivel 30.

Al no pesar sobre él ninguna inhabilitación para ejercer un puesto público, se admitió su solicitud y comenzó su nueva vida en el Consistorio de Madrid, donde en un principio ni siquiera tenía un despacho propio asignado y fue ubicado en un espacio común, según las fuentes consultadas. Una vez instalado, el exdirigente madrileño comenzó a desempeñar su labor en las dependencias municipales de la calle Bustamante, en el distrito de Arganzuela, como consejero técnico de la Subdirección General de Régimen Jurídico y Disciplinario, dependiente del área de Economía, Innovación y Hacienda que dirige Engracia Hidalgo. Por desempeñar ese cargo recibe un salario de 54.000 euros anuales. Entre sus competencias está realizar trabajos de redacción de informes jurídicos en materia de recursos humanos (RRHH) y sobre interpretación de normas de aplicación al ámbito de la función pública y el derecho laboral.

Una vida “discreta” de 'probo' funcionario

“Es muy discreto. Llega muy temprano y cumple estrictamente con su horario, de ocho de la mañana a tres de la tarde, como cualquier otro trabajador de la casa. Y dos días a la semana teletrabaja. Es un tío serio”, aseguran quienes le ven a diario en su nuevo cargo. Estas fuentes señalan que aunque tiene poca relación con los compañeros del ayuntamiento esta es “cordial”.

El expresidente de la Comunidad de Madrid se estrenó como funcionario del ayuntamiento hace casi tres décadas cuando trabajó de director de Servicios Generales de la Primera Tenencia de Alcaldía. Sus competencias eran de comunicación, servicios informativos, documentación y publicidad institucional. Para esa tarea fue nombrado el 1 de agosto de 1995. Pero unos años después, el 13 de mayo de 1996, pidió una excedencia al ser nombrado subsecretario de Educación y Cultura en el ministerio que entonces ocupaba Esperanza Aguirre.

Ante su regreso de nuevo al consistorio tras salir de prisión se especuló con la posibilidad de que se reincorporase como asesor del grupo municipal del Partido Popular. Pero el PP no quiso. El partido que en la ciudad lidera José Luis Martínez Almeida debería haber solicitado la adscripción del expresidente madrileño al grupo, pero no lo hizo, tal y como entonces confirmaron desde la formación conservadora a este diario.

Diversas causas pendientes en los tribunales

Mientras tanto, en la Audiencia Nacional siguió abierto el caso Lezo y varias de sus diversas ramificaciones. La justicia continuó investigando si el expresidente madrileño cobró comisiones millonarias a cambio de contratos públicos como presidente del Canal de Isabel II, así como la supuesta red de corrupción que se fraguó dentro. Unas comisiones que él negó una y otra vez ante el juez. No obstante, la Audiencia Nacional logró decomisar parte de la fortuna que González amasó durante sus actividades irregulares y que escondía en Colombia, unos 5,4 millones de dólares en metálico que el político ocultaba en cuentas a nombre de sociedades tituladas por testaferros, además de varios bienes inmuebles que tenía en aquel país sudamericano. Para ello los jueces contaron con la ayuda de las autoridades colombianas y también de las de Panamá, que lo acreditaron.

El hallazgo de este 'botín' resultó decisivo para que el político pudiera salir en libertad condicional, ya que el juez consideró que disminuía el riesgo de destrucción o alteración de prueba y, sobre todo, el riesgo de fuga.

En 2021 se supo que la Fiscalía pedía para él seis años de cárcel por delitos de cohecho por los supuestos amaños en la construcción del campo de golf del Canal de Isabel II. A eso hay que sumar los otros ocho años de cárcel pedidos por inflar el precio de la compra de una sociedad brasileña con el dinero público. En su escrito de acusación de la pieza sobre la compra Emissao, dentro del caso Lezo, el Ministerio Público atribuyó a González los delitos de fraude a la Administración en concurso medial con malversación de caudales. Por si fuera poco a su abultado currículo judicial hay que añadir la petición anterior de otros cuatro años más de prisión por la adjudicación de las obras del tren a Navalcarnero y el supuesto cobro de comisiones.

Pero su historial presuntamente delictivo se remonta a años anteriores. También estuvo implicado en el caso Púnica, Sin embargo, a finales de noviembre del año pasado, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decidió archivar la pieza, fundamentalmente debido a la prescripción y a la falta de pruebas sólidas, sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid entre 2007 y 2011 que se achacaba tanto a Esperanza Aguirre como a González a través de Fundescam.

Entre julio y agosto de 2011, Ignacio González también fue investigado por la Policía por el uso de un ático de lujo en Marbella, un caso que derivó en otra investigación, ya que en unas grabaciones intervenidas por los agentes, González pedía que no saliera a la luz que él, según un confidente, era el propietario de una empresa pantalla radicada en Estados Unidos que poseía un ático en Estepona (Málaga) que había sido un regalo entregado a dicha sociedad. El juzgado de instrucción número 5 de Estepona le imputó entonces los delitos de cohecho y blanqueo de capitales.

A finales de 2018, cuando González acababa de incorporarse a su trabajo, la Fiscalía Anticorrupción solicitó el embargo de su salario como funcionario para cubrir las posibles responsabilidades de los delitos que se le imputaban en el caso Lezo, pero poco después el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, volvió a dictar una resolución a su favor rechazando dicho embargo. El expresidente por entonces tenía la totalidad de sus bienes requisados por orden judicial.

Según publicó El Mundo en mayo de 2022, ese mismo juzgado de la Audiencia Nacional le exculpó del delito de blanqueo de capitales. El juez acordó de esta manera el sobreseimiento de la pieza abierta para investigar el posible lavado de fondos en relación con González pero también en lo referente a su mujer, Lourdes Cavero.

Declaración en la Comisión de Investigación sobre el espionaje a Ayuso

Una de las última apariciones publicas de Ignacio González fue en mayo del 2022, durante su comparecencia en la Comisión de Investigación abierta en el Ayuntamiento de Madrid para esclarecer el supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso desde la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV). Su comparecencia fue pedida por los ediles del desaparecido grupo Mixto. González, que vivió en sus carnes el espionaje interno que él sufrió a través de varias agencias de detectives, como descubrió por medio de la agenda del comisario Villarejo, dio durante aquella comparecencia una auténtica lección de cómo se llevaban a cabo esas prácticas en el PP, su antiguo partido, prácticas que no dudó en calificar de “deleznables”. Una de esta agencias casualmente era Mira, dirigida por Julio Gutiez, y es a la que supuestamente se acudió para intentar espiar a Ayuso. “Los espionajes no son aislados, son recurrentes y hay mucha más gente implicada”, “son prácticas deleznables y mafiosas que hay que erradicar”, soltó el exdirigente del PP madrileño.

El año pasado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso lo excluyó de su lista de invitados para asistir al pleno extraordinario de la Asamblea regional con motivo del 40 aniversario del Estatuto de autonomía, aprobado en febrero de 1983, y también aniversario de la sede parlamentaria de Vallecas. La presencia de González en ese acto institucional al que no faltaron otros expresidentes madrileños, habría resultado muy incómoda para Ayuso y los dirigentes del PP. En ese acto tomaron la palabra solo los presidentes que fueron elegidos por las urnas al figurar como cabeza de cartel en las elecciones, como Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. González fue también borrado de la galería de fotos que se montó con motivo de la efeméride.

El turbio pasado de González ha propiciado también que el nuevo estatuto de expresidentes que planea impulsar Ayuso incluya alguna fórmula para que su antecesor en el cargo no se pueda acoger a él. El problema es que si se aludiera a su negro expediente judicial podría afectar también a Cristina Cifuentes que tuvo que dimitir acuciada por el caso Máster –que destapó elDiario.es– y tras descubrirse que hurtó unas cremas de un supermercado.

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Nota de rectificación remitida por Ignacio González

En cumplimiento de la ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, publicamos esta nota enviada por Ignacio González González a la redacción de elDiario.es:

“1.– La Audiencia Nacional no ha decomisado a D. Ignacio González ninguna fortuna -ni cantidad alguna- de procedencia ilícita, siendo completamente falso que escondiera en Colombia 5,4 millones de dólares en metálico.

2.– D. Ignacio González jamás ha tenido testaferros ni ha poseído bienes inmuebles en ningún país de Sudamérica.

3.– La investigación relativa a D. Ignacio González y un ático en la localidad de Estepona está archivada de manera definitiva desde el año 2020, cuando la decisión de sobreseimiento acordada por el Juzgado fue confirmada por la Audiencia Provincial.“

La Comunidad de Madrid tiene un parque público de vivienda que incluye 21.927 casas, 17.742 plazas de garaje y 1.287 locales por toda la región, más de la mitad concentrados en la capital. Pero estos datos oficiales de la Agencia de Vivienda Social –antiguo IVIMA– no reflejan la nefasta gestión que los distintos gobiernos regionales del Partido Popular han hecho de una parte importante de estas viviendas protegidas y que en varias ocasiones ha terminado en derrotas judiciales con coste para las arcas públicas.

En la actualidad, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso gestiona la anulación judicial de la venta de 32 promociones de vivienda pública a un fondo buitre mientras, como ha revelado elDiario.es, la administración regional pierde decenas de pleitos por valor de más de 30 millones de euros por haber intentado pagar de menos durante años a las constructoras que levantaron vivienda protegida por toda la Comunidad.

“Se cumplió con todo el procedimiento que marca la Ley. La operación respetaba los objetivos de equilibrio económico y respetaba todos los derechos de los beneficiarios”. Así defendió Ignacio González en 2015, en la Asamblea de Madrid, la enajenación de 2.935 viviendas, 3.084 garajes, 1.865 trasteros y 45 locales a Azora Gestión dos años antes por parte de su Ejecutivo regional. En ese momento todavía quedaban dos años para su detención por orden de la Audiencia Nacional, y un año más para que un vecino de Navalcarnero y su abogado de oficio consiguieran que la Justicia anulara la operación. El objetivo, explicó también González, era económico y no tenía nada que ver con los que vivían allí: conseguir ingresos, reducir el presupuesto y cumplir con los objetivos de déficit marcados desde Bruselas.

Esa sentencia, confirmada posteriormente por el Tribunal Superior de Madrid y en última instancia por el Tribunal Supremo, dejó en evidencia las explicaciones de la Comunidad de Madrid. Porque, según todos los jueces que han estudiado el asunto, el Ejecutivo regional nunca explicó o justificó por qué esas viviendas eran innecesarias, requisito primordial para enajenarlas. Ni informe ni análisis técnico, económico, financiero o legal.

La venta de casi 3.000 viviendas públicas a un fondo buitre fue en dirección contraria a la razón de ser de la vivienda protegida. Esas viviendas, recordó el juzgado de Madrid, “cumplen una función social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna”, y la venta masiva que perpetró el Ejecutivo regional con Ignacio González al frente no cuadra con “el fin fundamental del IVIMA, proporcionar el acceso a una vivienda digna a clases desfavorecidas”. Hasta llegar a este punto, los afectados tuvieron que atravesar un periplo judicial y conseguir que se les permitiera recurrir.

Esa sentencia no solo certificó la ilegalidad de la operación. También fue el primero de una avalancha de problemas judiciales con consecuencias, por ahora, difíciles de medir. Sobre el papel, el casero de los inquilinos ya no era un fondo buitre y volvía a ser la administración regional. Pero el precio de la millonaria factura todavía está por determinar y la Justicia, por ejemplo, tiene que determinar qué compensación recibirá Goldman Sachs.

Por el momento el fondo de inversión, que pagó 201 millones de euros en 2013 por las casi 3.000 viviendas públicas de toda la región, reclamaba 198 millones de euros. La actual Agencia de la Vivienda Social aceptó pagar 107 millones por las 1.700 viviendas que había tenido que recuperar pero el caso ha terminado en manos de los tribunales, tal y como reveló este periódico.

Además, tal y como explicó elDiario.es el pasado mes de enero, el Tribunal Supremo tiene pendiente decidir si el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso está obligado a dar respuesta habitacional a unas familias afectadas por la venta fallida. Según los cálculos del letrado que lleva el pleito, “alrededor de 600 personas se tuvieron que ir por la venta”, fueron echadas de sus casas y algunas siguen en situación de vulnerabilidad. El mismo Supremo, por ejemplo, ha dejado claro que el fondo buitre ya no es el propietario y, por tanto, no puede instar desahucios de los inquilinos como sí venía haciendo hasta ahora después de hacerse con esta porción del parque de vivienda pública madrileña.

La venta de vivienda pública a este fondo de inversión también fue estudiada por la vía penal, pero los jueces decidieron archivar el caso al entender que no había indicios de delito. Un caso en el que llegaron a estar imputados dos antiguos directores del IVIMA considerados responsables de la decisión. Un caso en el que la Fiscalía, antes de pedir el archivo de la causa, denunció que el proceso de enajenación había estado “trufado de irregularidades”.

La venta no fue el único punto cuestionado. En 2019 el Tribunal Supremo declaró que el IVIMA se había saltado la Ley de Protección de Datos al publicar, en abierto, datos personales de los inquilinos durante el proceso de venta a Azora.

Pagar de menos a las constructoras

Los datos oficiales de la Comunidad de Madrid revelan que el número de viviendas, locales y plazas de garaje de su parque público se ha mantenido estable desde que hay datos. En 2015, por ejemplo, había 21.688 viviendas en manos del entonces denominado IVIMA y hoy Agencia de la Vivienda Social. La venta fallida de casi 3.000 de ellas supuso, por tanto, la enajenación ilegal de en torno a un 10% de toda su vivienda pública. A la espera de saber si tiene que indemnizar al fondo de inversión beneficiado por la operación. Los datos de la Comunidad de Madrid reflejan también que en este momento tiene 3.144 viviendas en derecho de superficie, más de la mitad en la ciudad de Madrid y el resto repartidas entre Arganda, Collado Villalba, Parla, San Sebastián de los Reyes y Valdemoro.

Pero tal y como revela este periódico, no es el único fleco de la factura que sigue engordando con el paso de los años. En las últimas tres décadas, los distintos gobiernos regionales de la Comunidad de Madrid bajo el mandato del Partido Popular han adjudicado la construcción de vivienda pública a cambio de un canon anual de cientos de miles de euros a cobrar durante dos décadas.

Hasta la fecha, el Ejecutivo regional madrileño ha perdido más de 30 millones de euros en pleitos porque las constructoras denuncian que, en un momento dado, la Comunidad de Madrid entendió que no era una operación sujeta al pago de IVA y empezó a descontar una parte proporcional del dinero que recibían anualmente. Desde el Ejecutivo regional reconocen que, además, todavía quedan al menos seis pleitos pendientes con constructoras, lo que puede aumentar el coste de haber pagado de menos durante años por estas promociones repartidas por toda la región.

El ex alto cargo del gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha recurrido su procesamiento en la pieza de la trama Púnica que investiga la financiación supuestamente irregular del Partido Popular de la región en varias campañas electorales. Un recurso, según informa Europa Press en el que Granados considera una “contradicción” que vaya a sentarse en el banquillo mientras varios de sus superiores quedan exonerados cuando ostentaban un cargo “muy superior” al suyo. También apunta directamente a Ignacio González y Esperanza Aguirre: eran ellos dos quienes, según Granados, controlaban “en dicha campaña todos los actos derivados de la misma”.

En un recurso de reforma de 115 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, Granados solicita al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, que corrija su decisión del pasado viernes, con la que le procesó --junto a otras siete personas-- al mismo tiempo que archivó la investigación judicial para otras 71, entre ellas Aguirre y González.

Granados defiende que los presuntos delitos electorales que se le imputan por los comicios de 2011 están prescritos, al igual que los relativos a las de 2007 y 2008, dos votaciones respecto a las que el instructor ya apreció que la eventual responsabilidad penal se había extinguido por el transcurso del tiempo. “Todo ello con independencia de mantener, en todo momento, la inocencia de mi representado quien ha actuado siempre acorde a derecho, conforme no podía ser de otra forma y manera en relación al cargo que ostentaba en dicho periodo meramente testimonial y político”, afirma su abogado en el escrito.

Sostiene que, como director de campaña, estaba “al margen de cualquier gestión económica o posibilidad de mediar en estos aspectos, con proveedores, donantes, y terceros que pudiesen ostentar posición alguna en el partido popular o en la campaña referida”, lo que --alega-- “imposibilita la comisión de cualquier ilícito”. En este sentido, señala que el juez confunde las funciones del director de campaña con las del administrador electoral, en ese entonces Beltrán Gutiérrez --otro de los ocho procesados--, “que es el que efectivamente gestiona todo lo que pudiera tener relación con aspectos económicos en pagos, contratos, etc”.

“Incluso el director de campaña está imposibilitado para desacreditar, controlar y contradecir al administrador electoral, siendo los órganos ordinarios del partido única y exclusivamente los que pueden tutelar la función del señor Beltrán como nombrado administrador”, detalla.

Una función “decorativa”

En este contexto, el letrado ve una “contradicción” en el hecho de que el juez archive para “la mayoría de investigados inclusive los que por rango en el partido y en las propias elecciones están en plano muy superior a mi defendido en base al cargo que ostentaban y que son los que realmente y por esas mismas circunstancias, podían haber gestionado o conocido por entrar dentro de sus facultades”.

En este punto, recuerda que el secretario general del PP de Madrid en noviembre de 2011 era González, “que además salió electo como 'número uno' de la lista en esa campaña y presidente, a la vez, del comité electoral, además de vicepresidente del Gobierno y persona que controlaba por su interés en dicha campaña todos los actos derivados de la misma, en unión a la presidenta del partido”, Aguirre.

Por ello, enfatiza, les parece “un contrasentido” procesar a “alguien que funcionalmente y por organigrama carece de potestad y competencia para gestionar la tesis de acusación máxime cuando los mencionados son los que tienen dicha competencia y realizan dichas funciones, en unión al administrador electoral referido, el señor Beltrán”.

Añade asimismo que “es un hecho no controvertido, objetivo y notorio” que Granados “fue cesado en todos los cargos que ostentaba dentro del partido y en el Consejo de Gobierno y Comunidad precisamente en ese año y con posterioridad a esas elecciones, junio y noviembre de 2011, es decir, inmediatamente después, cuando estaban todavía calientes estos comicios y sus resultados”.

“Esto acredita sin más que inclusive la función que como director de campaña le conservaron lo fue, testimonial, decorativa o meramente de pantalla, para evitar antes de las elecciones rumores, dimes y diretes o especulaciones políticas que pudieran utilizarse por el partido de la oposición y que se respiraban en el ambiente político y mediático del Gobierno”, indica.

El “artista principal”

Con todo, la defensa de Granados desliza que su procesamiento se debe solamente a que se le ha perfilado como “el artista principal desde el año 2014 en lo que se ha denominado la trama 'Púnica' en todas sus piezas testimoniadas, que bien se podían proyectar en una secuencia prolongada de distintos capítulos o sesiones por como empieza, se desarrolla o pudieran terminar”.

Al hilo, aprovecha para reprochar que “Granados cumplió preventivamente casi tres años de prisión por un desfalco económico que el Ministerio Fiscal llegó a mantener hasta la saciedad y sin prueba alguna ni más ni menos en 700 millones de euros, para que luego escasamente hace un año modificase esta cantidad a cinco millones de euros en el patrimonio del investigado en el que se incluye incluso su parte hereditaria”.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entregado su informe definitivo sobre una de las piezas del caso de corrupción Lezo y las comisiones salidas del proyecto de llevar el tren hasta la localidad madrileña de Navalcarnero. Un documento, adelantado por la Cadena SER y al que ha tenido acceso elDiario.es, que apuntala la acusación de que la constructora OHL pagó comisiones de más de un millón de euros destinadas al expresidente madrileño, Ignacio González, e Ildefonso de Miguel, exdirector del Canal de Isabel II, a cambio de la adjudicación.

La investigación sobre la corrupción que supuestamente rodeó la adjudicación de este proyecto fallido de llevar el tren hasta Navalcarnero, localidad de más de 30.000 habitantes del sur de la Comunidad de Madrid, es una de las que está a las puertas de juicio dentro de la causa Lezo. Anticorrupción ha pedido ya cuatro años de prisión para Ignacio González, tal y como adelantó elDiario.es en diciembre de 2020, además de seis años para Javier López Madrid, entonces consejero de la constructora.

Para la fiscal del caso, Ana Cuenca, la orden fue que OHL pagara 2,5 millones de dólares desde una cuenta de la empresa en el Banco Santander hasta sus cuentas en México poco después de que el proyecto fuera adjudicado a la constructora. Después fue Adrián de la Joya, según la Fiscalía, quien movió ese dinero por Panamá hasta Suiza para después retirarlo en efectivo y ponerlo en manos de Ildefonso de Miguel para que el botín fuera repartido en condiciones desconocidas. Para De Miguel, la Fiscalía pide cuatro años de presidio y para De la Joya tres años y medio.

El informe que la UCO ha aportado al procedimiento apuntala esta acusación. “Se trató de una operación gestada desde España y el hecho de que los fondos viajasen a Suiza a través de dos empresas mexicanas del grupo OHL permite inferir que se trató de evitar ordenar unas transferencias desde las cuentas de OHL en España a la cuenta en Suiza del intermediario en las comisiones para velar el rastro de los fondos”, dice el documento sobre el papel de OHL.

Los pagos, según este informe, eran comisiones y uno de sus destinatarios era el expresidente de la Comunidad de Madrid. “Se han recabado elementos que apuntan a Ignacio González como uno de los destinatarios”, dice la UCO. Entre otras cosas, apuntan a conversaciones entre Francisco Granados y Javier López Madrid, la declaración del empresario David Marjaliza o el conocimiento “extraño” que González tenía de toda la operativa corrupta.

González, explica la UCO, era el contacto con López Madrid en la Comunidad. El empresario pidió trato de favor, explica el informe, “como por ejemplo para tratar de sortear las presiones de la Comunidad de Madrid para que se iniciasen las obras del tren o en relación con la adjudicación del contrato de la Ciudad de la Justicia”.

La Justicia ha anulado la norma de la Comunidad de Madrid que restringe la posibilidad de que las víctimas de violencia machista accedan a determinadas ayudas públicas para casos de mujeres sin trabajo y de difícil empleabilidad. El Tribunal Superior de la región ha decidido tumbar el artículo de una orden puesta en marcha en 2013 que obligaba a las mujeres a presentar una sentencia condenatoria de su agresor, una orden de alejamiento o un informe de la Fiscalía para acreditar su condición de víctimas de violencia machista, unos requisitos mucho más duros que los que establece la Ley nacional. Los jueces anulan la norma madrileña y dan la razón a una mujer que, sin éxito, pidió la ayuda a la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid presentando un informe de la propia Consejería que acreditaba que era víctima de violencia machista.

La citada resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, no ha sido hecha pública por la Comunidad de Madrid. El fallo fue dictado hace dos meses y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido no recurrirlo ante el Tribunal Supremo. Según fuentes de la Consejería afectada, se ha limitado a dar instrucciones a los puntos municipales de atención a las víctimas para que actúen en base a la normativa estatal mientras elabora una nueva ley que se ajuste a las exigencias judiciales y sea menos restrictiva.

El caso corresponde a una mujer que en 2021 acudió a la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso solicitando las ayudas económicas que la Ley estatal de violencia machista establece para víctimas en situación vulnerable. Entre otros documentos, la mujer aportó una resolución que la misma Consejería había emitido en 2019 a través de la Dirección General de Igualdad y que declaraba que era víctima de violencia machista. Entre otras pruebas, en 2019 la Consejería había tenido en cuenta los informes médicos que acreditaban las secuelas del maltrato: un trastorno ansioso depresivo de larga evolución derivado de la violencia machista que había sufrido y la remisión a los servicios sociales del Ayuntamiento desde un centro de salud mental de Vallecas.

La Comunidad de Madrid consideró en 2019 que esas pruebas acreditaban que la mujer era víctima de violencia machista, pero cambió de criterio dos años después, cuando tuvo que decidir si además podía tener acceso a una ayuda pública. La misma Consejería le denegó la condición de víctima de violencia de género en junio de 2021, en los últimos días de Enrique Ruiz Escudero como encargado provisional de ese departamento tras la convocatoria de elecciones en Madrid y la salida de Ciudadanos del Gobierno regional. Dos semanas después de denegar esta ayuda, Concepción Dancausa fue puesta al frente de la nueva Consejería de Familia. La Comunidad de Madrid es de las que menos ayudas de este tipo ha dado a víctimas de violencia machista desde su creación en 2004.

Ahora ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que ha dado la razón a esta mujer víctima de violencia machista y no solo ha declarado su derecho a cobrar una ayuda pública: también ha declarado la nulidad del artículo de la ley madrileña de 2013 que actúa como embudo y restringe las opciones de estas víctimas para acceder a estas ayudas. Las magistradas que han resuelto el caso entienden que la norma madrileña era mucho más restrictiva que la norma nacional al exigir una sentencia condenatoria, una orden de alejamiento un informe favorable de la Fiscalía a las mujeres que pedían esta ayuda económica. Ese artículo, dice el TSJM, es “nulo de pleno derecho” porque vulnera “el principio de jerarquía normativa”.

Una restricción “injustificada”

La Orden que ahora ha anulado la Justicia fue dictada en marzo de 2013 por la Comunidad de Madrid, poco después de que Ignacio González sustituyera a Esperanza Aguirre al frente del ejecutivo regional y con el exsenador Jesús Fermosel como consejero del ramo. Allí donde la Ley de Violencia de Género aprobada en 2004 ofrecía hasta siete posibilidades para que las mujeres acreditaran su condición de víctimas ante la administración, la norma madrileña de 2013 redujo la lista a las tres posibilidades más restrictivas: una sentencia condenatoria, una orden de alejamiento o, excepcionalmente, un informe de la Fiscalía. En Madrid, por tanto, se quedaban fuera los informes de los servicios sociales o de acogida.

Las magistradas del TSJM entienden que esta norma de la Comunidad de Madrid suponía una restricción “injustificada” de la capacidad de las mujeres de acreditar su condición de víctimas y reclamar una ayuda económica. “Es claro que no puede admitirse la limitación probatoria para la acreditación de la condición de víctima de violencia de género” de esta Orden de 2013. Una Orden que, según las juezas, “vulnera de manera evidente el principio de jerarquía normativa, por lo que en este caso debe considerarse ejercitada una impugnación indirecta de una disposición general, además de la impugnación de la resolución”. Extienden por tanto la queja de la víctima de violencia machista a toda la Orden y no sólo a su caso concreto.

La Orden que usaba la Comunidad de Madrid desde hace casi una década, y hasta hace unas semanas, no sólo va en contra de la normativa estatal de violencia de género, sino que también contradice e la propia normativa regional. La Ley de violencia de género de la Comunidad de Madrid de 2005, por ejemplo, aplica la condición de víctima a quien presente informes de los servicios sociales municipales y no acepta sólo sentencias condenatorias. La Orden de 2013, según el TSJM, “se aparta” de la normativa nacional y regional y lo hace “restringiendo los medios de acreditación de forma injustificada”.

La crítica es contundente en esta sentencia. Esa Orden, que ha estado en vigor los últimos nueve años, impone un “limitadísimo catálogo de medios” para que las víctimas de violencia machista puedan acreditarse como tal ante la administración. En el caso de la Ley nacional el catálogo “es mucho más amplio”, reprochan a la Comunidad de Madrid. En el caso de la mujer que ha recurrido su caso, entienden que tenía documentación suficiente para ser considerada como víctima y para poder acceder a estas ayudas. Un informe de los servicios sociales que “debe estimarse apto y bastante para la acreditación de la condición de víctima de violencia de género”.

Las directrices del TSJM son claras. Basta con que estos documentos se expidan una vez para que una mujer sea acreditada ante la administración como víctima. Un trámite que no sólo sirve para obtener una ayuda económica en caso de especial vulnerabilidad económica sino también para, por ejemplo, acceder a programas de vivienda. Las juezas explican que el objetivo es evitar que las mujeres tengan que acreditar su condición de víctima en cada caso y sin que un informe como este “pueda desconocerse por la misma administración que lo ha emitido”. Esta mujer puso sin éxito encima de la mesa de la Consejería un informe de la misma Consejería que le reconocía la condición de víctima.

“Nulidad de pleno derecho”

El fallo no ha dejado margen a la interpretación: “Declaramos la nulidad de pleno derecho del artículo 4 de la Orden 218/2013 de 13 de marzo, por vulnerar el principio de jerarquía normativa”, dice el Tribunal Superior de Madrid además de condenar en costas a la administración madrileña. Una Comunidad de Madrid que, según fuentes del organismo, ha optado por no llevar el caso hasta el Tribunal Supremo y, por tanto, asume la nulidad del precepto.

La Comunidad no ha hecho público el fallo ni sus consecuencias a la generalidad de la población, pero sí se ha informado a los 54 puntos municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid para que no se tenga en cuenta ese artículo. Es decir, que cuando acuda una mujer solicitando estas ayudas se tengan en cuenta los criterios de la ley estatal, mucho menos rígidos y más asequibles. Estas fuentes recuerdan que se está elaborando una modificación legal para adaptarse a la Ley de 2004 después de la obligación establecida de facto por la sentencia.

Los datos demuestran que estas ayudas a mujeres de “difícil empleabilidad” introducidos por la Ley de 2004, gestionadas por las comunidades autónomas y con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, ha tenido escasa implantación en muchos territorios, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Entre 2006 y 2020, tal y como explicó elDiario.es en este reportaje de Marta Borraz, en total fueron concedidas 8.235 de estas ayudas, una cifra muy inferior a las 1.7 millones de denuncias interpuestas en ese periodo y las 30.000 mujeres al año que percibieron la renta activa de inserción.

Los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para ese periodo revelan que el acceso es dispar entre los distintos territorios. Madrid concedió 174 de estas ayudas específicas mientras que el País Vasco superó las 1.500 ayudas y Galicia las 1.200, entre otros ejemplos. La Ley de 2004 explica que están destinadas a las mujeres que cada mes ingresan menos del 75% del Salario Mínimo Interprofesional cuando “debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional”.

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha propuesto juzgar por un delito de blanqueo de capitales en la pieza separada 5 del 'caso Lezo' al ex director gerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, al tiempo que ha archivado esta línea de investigación para el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y otras tres personas.

A partir de ahora, en este procedimiento en el que se ha investigado la ocultación y afloramiento de capitales ilícitamente obtenidos, se da un plazo a las acusaciones de treinta días para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o bien soliciten el sobreseimiento.

El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 señala que entre los años 2011 y 2014, De Miguel realizó diversas maniobras con el fin de aflorar en España fondos de origen desconocido. Para ello, detalla, otorgó contratos simulados de préstamos en los que sus sociedades se interponían como prestamistas o prestatarias y realizó otras inversiones.

Asimismo, el instructor recuerda los seis delitos prescritos, que se habrían cometido entre los años 1999 a 2008, con los que De Miguel habría defraudado a la Hacienda Pública 1.517.027 euros, y por los que no se ha formulado acusación.

Gadea entiende que, de lo investigado, cabe inferir la actuación desplegada entre 1999 y 2014 por De Miguel –director gerente del Canal de Isabel II entre 2003 y 2009– para “ocultar ganancias cuyo origen lícito se desconoce e introducirlas en el circuito legal dotándolas de apariencia lícita”.

La tensión va creciendo a medida que se acerca el final de la comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso y las lagunas y contradicciones sobre el caso se van ampliando. A la espera de Ángel Carromero y del propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, este miércoles ha acudido el expresidente regional Ignacio González, procesado por corrupción y que vivió en sus carnes el espionaje interno del PP. Durante su comparecencia ha dado una lección de cómo se llevaban a cabo esas prácticas en su partido, que ha calificado de “deleznables”; lo ha hecho después de que compareciera Andrea Levy, que ha mantenido un enfrentamiento con varios portavoces. Entretanto, la comisión ha sumado una nueva sesión, y ya son nueve, sin que haya avances significativos sobre el supuesto intento de espionaje a la presidenta regional.

Este miércoles se han celebrado las comparecencia de la portavoz del Gobierno, Inmaculada Sanz; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid y expresidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy; y el director general de Comunicación de Almeida, Daniel Hidalgo. Pero el plato fuerte ha sido el testimonio que ha aportado el ex dirigente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que fue vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre –a la que en 2012 sucedió en el cargo, tras su dimisión– y fue espiado por compañeros de su propio partido a través de varias empresas de detectives. Entre ellas, Mira, a la que ahora se presupone que alguien desde la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) le encargó también el espionaje a Díaz Ayuso. “Un rumor no probado”, según han coincidido en señalar tanto Sanz como Levy en sus respectivas declaraciones.

A pesar de que la delegada de Cultura ha acaparado su dosis de protagonismo al enzarzarse con los portavoces de los grupos de la oposición a cuenta del expediente informativo que tramitó a Ayuso desde Génova, González ha sido el centro de atención de la nueva sesión.

Los espionajes son “prácticas mafiosas” y “deleznables”

González, cuya presencia en la comisión fue solicitada por el Grupo Mixto, ha dado toda una lección a los portavoces de los grupos de cómo son estas tramas y cómo se las gastan en su partido, dando prolijos detalles de los espionajes que él sufrió a través de varias agencias de detectives, como se descubrió por medio de la agenda del comisario Villarejo. Una de esta agencias, Mira, dirigida por Julio Gutiez, es supuestamente a la que se acudió para intentar espiar a Ayuso. “Los espionajes no son aislados, son recurrentes y hay mucha más gente implicada”, “son prácticas deleznables y mafiosas que hay que erradicar”, ha lanzado, para añadir luego que “han venido funcionando así con el consentimiento de alguna parte de la Justicia”. “Este funcionamiento hace un daño tremendo al Estado de Derecho y no puede ser utilizado para tratar de destruir la reputación de muchas personas. No soy el único que los ha sufrido”, ha afirmado.

“Yo me entero de que me espían por un vídeo que se publica en la prensa y entonces me voy al juzgado a formular una denuncia”, ha relatado. “Si hay sospechas, hay que ir a los tribunales y no enredar”, ha sentenciado. No obstante, ha reconocido que no sabe si Ayuso puede haber sido también víctima de espionaje por orden de alguien del PP, aunque ha considerado “curioso” que “habiendo miles de detectives” aparezca, en su caso y en el de la presidenta regional, “esa misma persona”, en referencia a Julio Gutiez, dueño de la empresa Mira, que se ha negado a acudir a declarar al Ayuntamiento.

Sea como sea, cree que este tipo de prácticas, las haga un partido u otro, siempre tienen como fin “acabar con algún compañero y adversario con vías absolutamente impresentables”, ha dicho. De hecho, también ha denunciado que ha habido “montajes” para inculpar a cargos públicos y destruirles.

En su turno de preguntas, el portavoz del PP, José Fernández, ha ironizado con que González ha ido a la comisión solo para “hablar de su libro” y le ha preguntado si “forma parte del Ayuntamiento de Madrid” y qué funciones tiene asignadas en la actualidad, con la intención de demostrar que no pintaba nada en esa comisión. González ha aclarado que es funcionario del Consistorio y realiza labores jurídicas en el área de Hacienda.

Durante su comparecencia, ninguno de los portavoces ha repasado el turbio historial de González, que fue detenido y encarcelado en 2017 por su implicación en el caso Lezo, una de las muchas tramas de corrupción del PP, permaneciendo en prisión incondicional cerca de un año y medio y logrando quedar en libertad tras el pago de una fianza. Ahora espera juicio en varias de las piezas separadas de esa trama.

Sanz dice que el espionaje son “rumores sin fundamento”

No obstante, la primera en declarar en esta novena sesión ha sido la portavoz del Gobierno de Almeida, Inmaculada Sanz, que ha reconocido, a preguntas de los grupos municipales, que fue el propio alcalde de Madrid quien, en diciembre del año pasado, le informó personalmente de que una “fuente cercana y de confianza” de Ayuso le había alertado de que se estaba intentando investigar a la presidenta regional desde el propio Ayuntamiento.

Sin embargo, Sanz ha negado, a preguntas de la portavoz del Grupo Mixto, Marta Higueras, haber acudido entonces a la sede del PP de la calle Génova a informar a la dirección de la antigua cúpula del partido, presidida entonces por Pablo Casado, de que se estaba intentado ese espionaje desde el ámbito de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). “No sé quién es Génova. Me resulta un poco chocante... es un edificio. Yo no hablé con nadie del PP, solo hablé con el alcalde de Madrid”, ha contestado Sanz a Higueras.

Según su versión, Almeida le consultó cómo abordar el caso y le dijo que iba a hablar con el presidente de la EMVS, Álvaro González, para que investigara el asunto. Y este posteriormente le verifica que no ha pasado nada. Por eso sentenció que todo era “un rumor sin fundamento”. La portavoz de Almeida ha reconocido que el caso está enmarcado dentro de “la crisis política interna” que ha vivido el partido, “que se ha resuelto de una determinada manera”, y no ha tenido reparos en reconocer que ella apoyó a Casado en las primarias.

Según ha afirmado más adelante, ese asunto “nunca se trató en la Junta de Gobierno” y ha justificado que no se pusiera en conocimiento de Ciudadanos, socio del Gobierno, al tratarse tan solo de “un rumor”. A su juicio, además, no es posible que desde la EMVS se hayan utilizado recursos públicos para encargar ese espionaje por los férreos controles que hay en la empresa pública.

Tensión entre los portavoces municipales y Andrea Levy

Con todo, el momento más tenso lo ha protagonizado la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid y expresidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy, que ha centrado su comparecencia en el “expediente informativo” que ella tramitó sobre los contratos cerrados por la Comunidad de Madrid con una empresa relacionada con el hermano de Ia presidenta, Tomás Díaz Ayuso –por el que este se llevó una sustanciosa comisión–, y que fue el detonante de la grave crisis interna que se abrió en el PP. Según ha dicho, ella abrió ese expediente a petición del entonces secretario general del partido, Teodoro García Egea, y lo cerró por orden del propio Pablo Casado, después de que el Comité de Dirección del partido considerara que las informaciones que habían aportado al respecto tanto la propia Ayuso como sus consejeros de Sanidad y Hacienda eran “suficientes”, motivo por el que el caso fue “archivado”.

Durante su intervención, la delegada de Cultura ha protagonizado momentos de fuerte tensión con varios portavoces de los grupos municipales de la oposición, especialmente con el de Vox, Pedro Fernández, y con la portavoz del PSOE, Mar Espinar, a cuenta de dicho expediente cuyo archivo ella misma firmó después de anunciar su dimisión de la dirección del PP en Twitter, el 1 de marzo. Hoy, en su declaración, ha asegurado que nunca llegó a materializar dicha dimisión al convocarse el Congreso Nacional extraordinario del PP y “decaer” toda la cúpula del partido.

Levy dijo el otro día que consideraba “un descontrol” que dentro del propio Gobierno de Pedro Sánchez se espiaran entre sí a través del sistema Pegasus. Pero este miércoles se ha mostrado muy enfadada con los portavoces por recordarle esas palabras y relacionarlas con el presunto espionaje a la presidenta madrileña, dos casos “que no tienen nada que ver”, en su opinión, ya que lo de Pegasus está “acreditado” y “reconocido” por el propio Gobierno de Sánchez y lo de Ayuso se basa en “rumores sin contrastar”, ha respondido. “No entiendo por qué me han llamado a declarar”, ha lamentado. “No estamos en una tertulia”, ha llegado a espetar Levy, que como la mayoría de los cargos que han ido pasando por la comisión, ha insistido en que se enteró por la prensa del escándalo del espionaje, no por Almeida.

El director de Comunicación de Almeida no supo tampoco nada

El tercer compareciente ha sido el director general de Comunicación de Almeida, Daniel Hidalgo, que ha afirmado que él se enteró también de esa “trama” por la prensa, la víspera de que salieran las primeras informaciones en el diario El Mundo, el 17 de febrero. Y pese a haber sido contratado para el cargo por el propio alcalde, no fue informado del asunto ni por Almeida ni por su superior, Inmaculada Sanz, el pasado mes de diciembre, cuando ambos se enteran. Según ha afirmado, tampoco ningún periodista le llamó para alertarle de que iba a salir esa información.

Hidalgo también ha rechazado haber mantenido reuniones para hablar del supuesto espionaje con David Fernández, responsable de prensa de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), que dimitió nada más estallar el caso. Según ha dicho, no fue un nombramiento de su responsabilidad, como ningún otro del área de comunicación. En su opinión, el Consejo de Administración de esta empresa le debió nombrarle “por considerar que era idóneo para el cargo, por su trayectoria profesional”.

Al igual que los anteriores comparecientes –Inmaculada Sanz y Andrea Levy–, el jefe de comunicación de Almeida ha afirmado que desconoce los motivos por los que dimitió Ángel Carromero, con el que tenía la relación normal por trabajar los dos en el Ayuntamiento, pero con el que “no despachaba”. “Hasta donde yo sé”, ha afirmado Hidalgo, Carromero no se va porque esté implicado en la trama, ni por “una prueba no publicada”, es decir, una información que previsiblemente iba a salir en breve en algún medio de comunicación que podría comprometerle, sino para defenderse y no implicar al Ayuntamiento, como justificó el excoordinador de la Alcaldía.

El espectáculo fraticida en el PP ha abierto una ventana a varios expresidentes madrileños para volver a opinar sobre la actualidad del partido, a pesar de las sombras de corrupción que planean sobre sus gestiones. Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes han entrado estos días en el debate sobre el cisma interno y, aunque piden que se resuelva ya, se muestran más preocupados por el supuesto espionaje a la dirigente madrileña que por las sospechas de irregularidades en el contrato adjudicado a dedo a un amigo de su familia. 

No parece casualidad que de las primeras en hablar tras abrirse el conflicto fuese una de las principales valedoras de Isabel Díaz Ayuso en el último tiempo. Esperanza Aguirre, que durante sus años al frente de la Comunidad de Madrid también protagonizó un enfrentamiento con la dirección nacional, ha hecho unas declaraciones este sábado en Catalunya Ràdio en las que afirma estar pensando si pide dimitir a Casado e insiste en la salida de Teodoro García Egea.

“Está tardando en dimitir”, ha dicho sobre Egea en la entrevista. Para dar su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha asegurado que los datos por los que se acusa a Ayuso son falsos: “Todos los ciudadanos, madrileños sin ninguna duda, pero de toda España, están del lado de Ayuso”.

Aguirre, además, ha hecho hincapié en que se trata de la crisis más grave que ha habido nunca en el Partido Popular, y que “no se está comentando nada de Castilla y León porque han metido esta historia falsa de que Isabel Díaz Ayuso es una corrupta”.

También ha añadido que el candidato del PP para las próximas elecciones generales “será quien decida el Congreso Nacional del PP que se tiene que celebrar en julio”, y ha acusado textualmente a García Egea de contravenir la ley de partidos políticos y los estatutos por querer aplazarlo.

Aguirre ya había salido este jueves a arropar a la presidenta madrileña con alguna alabanza hacia ella pero sobre todo con un ataque poco diplomático al secretario general, Teodoro García Egea, a quien responsabilizó del punto al que ha llegado el partido. 

“No ha traído más que malestar y lo que hace falta es centrarnos en sacar a este Gobierno”, dijo Aguirre, para luego añadir: “Si yo estuviese en su lugar, dimitiría”. La expresidenta afirmó esto poco después de la rueda de prensa de García Egea el jueves, en la que el secretario general anunció que expedientaría a Ayuso. Aguirre le reprochó que tomase esa decisión sin explicar la razón. “He escuchado la rueda de prensa de Ayuso y me ha parecido impecable”, defendió. “Casado se está debatiendo entre hacer caso a Teo [García Egea] o no hacerle caso. A mí ya no me hace caso. Yo no le haría caso”, recomendó a continuación.

Aguirre también aprovechó su aparición mediática para criticar a uno de sus antiguos pupilos, Ángel Carromero, fontanero del PP y, hasta su dimisión este jueves, director general del Ayuntamiento de Madrid. Carromero era uno de los principales asesores del alcalde y una persona de confianza para Pablo Casado. Es a quien señalan las informaciones que el miércoles hablaron sobre el supuesto espionaje a Ayuso, organizado desde el entorno de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). “Carromero ha sido una enorme decepción. Más que decepción. Me alegro que haya dimitido y espero que dimita de todos sus cargos en el partido también”, dijo Aguirre. 

Aguirre se siente decepcionada ahora, porque en su momento defendió al entonces secretario general de Nuevas Generaciones del PP en Madrid. En concreto, en 2012, cuando fue condenado en Cuba por homicidio imprudente. Carromero conducía el coche cuando ocurrió el accidente en el que fallecieron los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero. 

“Para todos los amigos de Ángel, para todos los militantes del PP y para mí especialmente por ser la presidenta del PP de Madrid, es un día de enorme alegría porque por fin Ángel pisa territorio español”, dijo Aguirre al visitarlo en una cárcel de Segovia, después de ser trasladado a España para terminar su condena en territorio nacional. “Ángel Carromero no es un delincuente según la ley española”, argumentó entonces. Su visión sobre él ha cambiado radicalmente en estos años. “Hay muchos chiquilicuatres en el PP, uno ya ha dimitido”, dijo esta semana la todopoderosa expresidenta madrileña, que está imputada en la pieza del caso Púnica que investiga la financiación irregular del PP de Madrid.

“Servicios turbios” 

Carromero habría desarrollado un papel nuclear en el supuesto espionaje, que es lo que más ha afectado emocionalmente al expresidente Ignacio González, investigado y procesado por corrupción. González, que asumió en 2012 el Gobierno de la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Aguirre, ha sostenido que a él le espiaron los mismos detectives que los fontaneros de Génova quisieron contratar para rastrear la vinculación del hermano de Ayuso y el contrato de las mascarillas. 

“Yo fui objeto de espionaje en 2008 en un seguimiento en Colombia. Fui seguido durante una semana por esta agencia que me realizó a mí espionaje y esta misma agencia no solo ha actuado contra mí en ese momento sino que otros dirigentes del PP, como consta acreditado en las causas que se están siguiendo en la Audiencia Nacional en relación a mi persona, también recurrieron a ellos para contratarles para investigarme en el famoso tema de mi ático, que tras ocho años quedó archivado”, ha dicho. 

González se refiere a la causa que investigaba si Enrique Cerezo le regaló un ático de lujo en la localidad malagueña de Estepona como prebenda a cambio de la concesión de licencias de televisión en la Comunidad de Madrid o beneficios en la venta a Telemadrid de derechos televisivos del Atlético de Madrid. La causa fue archivada en 2020 tras siete años de instrucción al no poder acreditar el juez los hechos. El expresidente está procesado no obstante por corrupción cuando estaba al frente del Canal de Isabel II y sigue investigado por su implicación en el caso Púnica, la principal trama de corrupción que afecta al PP madrileño.

Este jueves, el exdirigente se mostró muy preocupado, sin embargo, por los “servicios turbios” que usaron contra él en su momento, según dice, y que ahora usan también contra su compañera de partido para “poner en duda la honorabilidad de las personas y atacarles personal y políticamente”. Para González, no es tan importante lo que rodea al contrato de la Comunidad de Madrid sino el supuesto espionaje: “Lo que me parece es que la historia no se debe centrar en eso, que sin excluir el tema del contrato, aquí es mucho más importante acabar con esas prácticas de acudir a este tipo de servicios turbios para generar un tipo de cuestiones”. 

También le suena la historia del espionaje a su sucesora en el cargo, Cristina Cifuentes, quien abandonó el Gobierno regional en 2018, después de que se publicara un vídeo de años atrás en el que aparecía robando unas cremas en un supermercado. Aquellas imágenes filtradas fueron la puntilla que terminó con su vida política después de meses presionada por la investigación de elDiario.es sobre el caso Máster. “Ayer cuando lo vi por la noche se me revolvió el estómago, porque efectivamente tuve la sensación de estar viviendo el día de la marmota”, dijo este jueves sobre las informaciones que hablan del espionaje. 

La expresidenta no ha sido tan contundente en su defensa de Ayuso como Aguirre, pero ha reconocido que lo sucedido estos días es algo “tremendamente disparatado” y “perjudicial” para la dirección nacional del Partido Popular en su conjunto y para la propia dirigente madrileña. “[Pedro Sánchez] llevará todo el día tocando las castañuelas en la Moncloa en un momento en el que se acaba de producir una derrota sin paliativos del PSOE en Castilla y León”, ha zanjado. 

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha tenido que abonar 39,1 millones más tras la demora en el pago por el litigio del tren a Navalcarnero y alega que la causa de corrupción por la que Ignacio González se sentará en el banquillo ha influido en el retraso. La Constructora OHLA, la antigua OHL fundada por Juan Miguel Villar Mir, ha comunicado este 28 de diciembre que la Comunidad de Madrid le ha abonado más de 162 millones de euros por un proyecto que nunca acabó, el tren a Navalcarnero, según consta en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

El despropósito alrededor de este proyecto de infraestructuras de Esperanza Aguirre no ha acabado con ese desembolso millonario de dinero público; aún resta que la Audiencia Nacional juzgue a Ignacio González, número dos de aquel Ejecutivo y luego presidente del Gobierno madrileño, por haber cobrado presuntamente una comisión a cambio de adjudicar el proyecto a la empresa fundada por Juan Miguel Villar Mir, empresario donante de la caja B del PP, según los papeles de Bárcenas.

En la comunicación de la CNMV se especifica que de esos 162.389.692,28 euros a cargo del bolsillo de los madrileños, un total de 39,1 millones corresponden a intereses de demora del pago que debía efectuar la Comunidad de Madrid por la “liquidación del contrato” de la obra pública correspondiente a la “Nueva Línea de Transporte Ferroviario entre Móstoles Central y Navalcarnero”.

Las obras nunca acabaron y ahora el Gobierno de la Comunidad de Madrid pretende que sea el Ministerio de Fomento y el Gobierno central quienes terminen de financiar la infraestructura, según adelantó El País. El actual Ejecutivo autonómico argumenta que si en su momento fue el Gobierno de Esperanza Aguirre el que acometió en 2005 el fracasado plan del tren a Navalcarnero fue porque el gabinete que presidía José Luis Rodríguez Zapatero se negó. 

“Se tenía que dar una infraestructura de transporte público a los vecinos de los municipios afectados”, alega un portavoz de la Consejería de Transportes. En el momento de aprobación del plan para el tren a Navalcarnero la consejera de Transportes madrileña era María Dolores de Cospedal. elDiario.es ha preguntado también al Ministerio de Fomento por su postura sobre el futuro de las obras pero al cierre de esta edición no había obtenido contestación. 

¿Y los más de 39 millones por las demoras en el pago? El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso justifica ese recargo que saldrá de las arcas regionales porque ha tenido que esperar “un estudio de informe técnico” y otro de naturaleza jurídica, éste último por estar afectada la obra por la pieza del caso Lezo que investiga las tramas de corrupción de Gobiernos regionales anteriores de su propio partido. 

La del tren a Navalcarnero es solo una de las piezas del caso Lezo y está aún pendiente de sentencia. En junio, el juez Manuel García-Castellón abrió juicio oral contra Ignacio González y el exresponsable del grupo de construcción Francisco Javier López Madrid, yerno de Villar Mir. La Fiscalía pide para González cuatro años de cárcel por un delito de tráfico de influencias en concurso con otro de cohecho. Anticorrupción eleva a seis años la pena de cárcel que solicita para López Madrid. 

A petición de la Fiscalía, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dejó fuera del caso al fundador del grupo, el exministro Juan Miguel Villar Mir y circunscribe la responsabilidad del caso de corrupción a su yerno, López Madrid. En total se sentarán seis personas en el banquillo de los acusado, entre ellas Adrián de la Joya, histórico colaborador del comisario Villarejo y quien recibió los 2,5 millones de euros en comisiones procedentes de una cuenta de OHL en México. 

El dinero de las comisiones no ha aparecido y todos los acusados niegan su participación en los hechos. De la Joya asegura que ese dinero que fue a parar a una de sus cuentas en Suiza corresponde a un dinero que le adeudaba OHL por un proyecto en África. Ignacio González pide la nulidad de las actuaciones porque toda la investigación internacional habría partido de un chivatazo con datos manipulados del comisario Villarejo, cumpliendo, según su defensa, órdenes de los “rivales políticos” del expresidente de la Comunidad. 

El tren a Navalcarnero es hoy un conjunto de 14 kilómetros de obras abandonadas desde 2010. La adjudicación se había producido tres años antes en aquella era en que Aguirre presentaba obras faraónicas una tras otra. Las máquinas comenzaron a hacer su trabajo pero el proyecto se detuvo porque la concesionaria quebró, lo que dio pie a a los litigios que la empresa mantiene con la Administración. OHL defiende una reclamación judicial de 370 millones de euros a la Administración, una cifra que según el Ejecutivo autonómico no corresponde a las “valoraciones técnicas” realizadas, que lo rebajan a los 122 millones abonados, más el recargo por la demora en el pago. Las acciones de OHLA se impulsaron este martes más de un 3% tras la comunicación de la CNMV del pago de los 162,5 millones de euros por la Comunidad de Madrid, informa Europa Press.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González se sentará en el banquillo de los acusados por el supuesto amaño para construir un campo de golf en pleno centro de Madrid. El juez del caso Lezo, Manuel García-Castellón, ha acordado la apertura de juicio oral contra González y otras cuatro personas por las irregularidades en la concesión del proyecto en terrenos de la empresa pública de aguas del Canal de Isabel II que, como vicepresidente de la Comunidad, el político presidía en aquel entonces.

En su auto, que recoge los escritos de acusación de Fiscalía, Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II, PSOE, CCOO de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, el magistrado abre juicio oral en la pieza 2 del denominado caso Lezo por delitos de cohecho, tráfico de influencias en concurso con cohecho, prevaricación administrativa y dos delitos de fraude a las administraciones públicas. 

Además de a Ignacio González, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 abre juicio oral al director gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, así como a los socios de la empresa TCT José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González González y Juan José Caballero Escudier. Estos dos últimos hermano y cuñado, respectivamente, del expresidente de la Comunidad de Madrid. Anticorrupción pide seis años de cárcel para González y el resto de acusados. La Comunidad de Madrid, personada como acusación particular, eleva la petición para el expresidente a 16 años de prisión.

La resolución judicial recoge un compendio de actividades corruptas para favorecer al hermano del entonces vicepresidente, Pablo González, al que se adjudicó de forma encubierta una parte del proyecto. En 2003, la empresa pública de aguas adjudicó a la constructora ACS —posteriormente, Dragados— la construcción del campo de golf. Pero, un año después, Ignacio González e Ildefonso de Miguel modificaron el proyecto “con el fin de beneficiar a familiares” del vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Esas variaciones, añade el auto, eran tan “sustanciales” que hubieran necesitado de una nueva licitación 

El juez explica que González y De Miguel “convinieron con Dragados” que el Canal de Isabel II le adjudicaría directamente el modificado pero con la condición de que subcontratara a TCT, cuyos socios eran el hermano de González, Pablo Manuel, así como José Antonio Clemente y Juan José Caballero. Éste último es cuñado del exvicepresidente autonómico y, al igual que el hermano del político, “ostentaban su titularidad a través de personas interpuestas con el fin de ocultar sus vínculos familiares con él”. 

TCT obtuvo de la subcontrata con Dragados más de tres millones de euros, pero no podía hacerse cargo del proyecto porque “carecía de capacidad” para ello, así que recurrió a otras dos sociedades —Onlygolf y Fieldturf— a las que impuso una mordida del 8%. Fueron finalmente 266.972 euros para el hermano Ignacio González, su cuñado y el socio de ambos, José Antonio Clemente, que recibieron en sobres de efectivo a través de 49 entregas. 

Con posterioridad a esta modificación, TCT también fue adjudicataria, junto a otras empresas, de la gestión, explotación y ajardinamiento del proyecto. Así, el juez concluye que “esa contratación de todo punto innecesaria e irregular, que supuso para TCT un beneficio total de 504.780 euros —381.029 en el primer caso y 123.751 en el segundo— fue solicitada e impuesta de común acuerdo por todos los acusados a las adjudicatarias como condición para obtener las adjudicaciones”. 

González, que estuvo más seis meses en prisión preventiva por esta causa, también está procesado en otras dos piezas del caso Lezo, por las que la Fiscalía pide ocho y cuatro años de prisión para él; y figura como imputado en el caso Púnica, en la rama donde se investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid. Recientemente, Pablo González fue eximido de responsabilidad en la causa que investigaba la ocultación de dinero de procedencia ilícita junto a su hermano en el extranjero.

La Fiscalía pide seis años de cárcel para el expresidente madrileño Ignacio Gónzalez y su hermano Pablo por una de las piezas del caso Lezo, por el que fue detenido y enviado a prisión en 2017, que investiga las irregularidades en la adjudicación de las obras de un campo de golf en instalaciones del Canal de Isabel II.

Una rama de la causa por la que el juez de la Audiencia Nacional que lo investiga, Manuel García Castellón, propuso hace poco más de un mes llevarle a juicio junto con su hermano Pablo Manuel y otros tres procesados, uno de ellos también cuñado de González.

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido ahora su escrito de conclusiones provisionales en el que pide seis años de cárcel para los cinco por dos delitos de cohecho.

González, que estuvo más seis meses en prisión preventiva por esta causa, también está procesado en otras dos piezas del caso Lezo, por las que la Fiscalía pide ocho y cuatro años de prisión para él; y figura como imputado en el caso Púnica, en la rama donde se investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid.