La patronal CEOE finalmente no impugnará la convocatoria de la huelga general por la vivienda antes de su celebración, el próximo 11 de noviembre, confirman a elDiario.es fuentes de la organización empresarial. El marco que se impone, por tanto, es el de la legalidad del paro, pese a lo que había expresado su líder, Antonio Garamendi.

El empresario vasco afirmó hace unos días que la huelga era “electoral” y confirmó que la patronal la impugnaría en los tribunales.

Sin embargo, preguntada por la fecha de impugnación del paro, desde la CEOE responden a este medio que no se va a recurrir “antes de la huelga”.

Es decir, que no se impugnará previamente su convocatoria, sin cuestionar así la legalidad de la misma, que los sindicatos han vinculado con la vivienda, pero también con varios elementos puramente laborales, como la subida de salarios, las horas extra ilegales y los beneficios empresariales récord.

Los empresarios confían en que la huelga sea “pacífica”

La CEOE recuerdan que su visión sobre la huelga es que los empresarios son los “paganos o damnificados” de una huelga que va contra algo que no es su responsabilidad, consideran, que es el tema de la vivienda.

La organización empresarial afirma que “también existe un derecho al trabajo, a unos servicios mínimos garantizados y confiar en que la huelga suceda de una forma pacífica y cívica”.

“A partir de ahí, haremos un seguimiento de la misma y en función de lo que ocurra adoptaremos las medidas que correspondan”, añaden en la CEOE, con lo que no cierran la puerta a una posible acción judicial a posteriori.

Por su parte, este jueves, desde los sindicatos mayoritarios se ha lanzado una advertencia a las empresas para no utilicen el teletrabajo como “esquirolaje moderno” el 11N.

Los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han recordado que la huelga del 11N señala también a la patronal, a la que exigen que se siente a negociar el gran acuerdo estatal de negociación colectiva (AENC), con el que reclaman dar un empujón a los salarios de entre el 4% y el 7% anual los próximos tres años.

Antonio Garamendi, presidente de la gran patronal española, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha confirmado este lunes que impugnará la huelga general por la vivienda del próximo 11 de noviembre por considerar que tiene carácter “electoral”. Garamendi ha añadido que se ha revestido de reivindicaciones laborales para intentar darle una cobertura legal que no tiene, según el dirigente empresarial.

“Tenemos unas próximas elecciones generales, pero sin embargo, por primera vez en la historia de España, tenemos una huelga electoral. No, perdón, creo que es general. Yo no sé si es general o no, pero electoral, seguro”, ha señalado el líder empresarial durante la clausura de los XXV Premios ATA 2026, como recoge la agencia Europa Press.

Justo este lunes, los sindicatos mayoritarios y varios minoritarios se han unido para presentar el registro formal de la huelga general del 11N ante el Ministerio de Trabajo, de la mano del Sindicato de Inquilinas, que ha impulsado esta movilización laboral y social histórica contra la crisis de la vivienda. “Esta es una huelga de la gente, de las calles”, ha celebrado Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas.

Antonio Garamendi ha censurado que este “no es el camino” y ha quitado responsabilidad a empresarios y autónomos de los problemas que atraviesa actualmente el país, como la vivienda o la escalada de precios. “¿Es que las empresas y los autónomos tienen la culpa de que no haya viviendas en España? Tenemos el problema de inflación: ¿Somos los empresarios los responsables de esto?”, ha preguntado.

Por ello, el representante de los empresarios ha confirmado que la organización impugnará la huelga general, ya que cree que se “ha trufado de temas laborales para intentar que sea legal”. “Nosotros consideramos que no lo es”, ha recalcado Garamendi, quien ha pedido que se garantice el derecho a trabajar y que “no se incendien las calles” ese día.

Garamendi también ha cargado de nuevo contra el anuncio del Gobierno de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027 y ha acusado al Ministerio de Trabajo de invadir competencias de las organizaciones empresariales con cambios en el Consejo Económico y Social (CES), destaca la agencia EFE.

“Me preocupa España”

“Me preocupa mi país. Me preocupa España. ¿Y por qué me preocupa? Pues me preocupa porque creo que estamos o parece que vamos hacia una deriva que no es la nuestra”, ha lamentado el presidente de la CEOE en la clausura del evento, recoge Europa Press.

Garamendi ha abogado por encontrar espacios de escucha, con ganas de aportar y con ganas de hacer crecer a las empresas, el empleo, la riqueza y, en definitiva, al país.

“Vamos a estar con esa España democrática, nosotros nos sentimos muy hijos de la democracia y no nietos de la guerra. Y nosotros vamos a seguir trabajando por esa España de la transición, por esa España constitucional que es la que nos ha traído los mejores años”, ha afirmado.

Por último, Garamendi ha trasladado su solidaridad a Ceuta porque, según ha lamentado, “no ha visto en Madrid todavía una bandera” de la ciudad autónoma. “Veo banderas de todos los colores, de Ceuta ninguna”, ha criticado.

El presidente de la gran patronal, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha criticado al Gobierno por usar su “poder” para promover una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en periodo electoral, un movimiento que ha tachado de “increíble” e incomprensible, recoge la agencia Europa Press.

“Es increíble que el Gobierno esté utilizando el poder que tiene en plena campaña electoral para actuar de una manera que nosotros no entendemos”, ha denunciado el empresario vasco este jueves en un acto en la sede de la CEOE, donde se celebraba un evento por el 25 aniversario de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel).

El dirigente empresarial ha señalado que los sindicatos piden un aumento del 7% del SMI y exigen, además, “la famosa absorción”, en referencia a la reforma para que las empresas no absorban la subida del salario mínimo a través de los pluses y complementos retributivos.

Mientras, ha denunciado el Gobierno mantiene la desindexación de los contratos públicos a las subidas del SMI, un veto de la época de Rajoy (y en vigor) que impide repercutir las subidas de salarios en los presupuestos de las licitaciones.

Crítica a los expertos sobre el SMI: “No han tenido un empleo en su vida”

“Nuestra querida ministra [de Trabajo, Yolanda Díaz], como bien sabéis, ha llamado ya a lo que ella denomina los expertos en el salario mínimo, porque no han tenido un empleo en su vida”, ha afirmado también Antonio Garamendi.

La Comisión Asesora para la subida del SMI del Ministerio de Trabajo, presidida por Begoña Cueto, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, está formada principalmente por catedráticos, académicos y profesores universitarios, así como altos cargos técnicos del Ministerio de Trabajo, Economía y Hacienda, así como profesionales de los equipos económicos de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT.

La patronal CEOE, invitada a formar parte de este organismo, ha venido rechazando participar en él.

Indignado de que culpen a los empresarios “de que los salarios no suban”

Por otro lado, Garamendi ha apuntado al “absentismo” –en referencia a las bajas médicas de trabajadores– como la “gran preocupación” para las compañías, sumado al problema de las vacantes, pues asegura que “no hay gente” en sectores como la hostelería y que la gestión de este asunto es “harto complicada”.

Garamendi también se ha mostrado indignado de que “encima” los empresarios sean “los culpables de que los salarios no suban”, cuando el Estado, según ha defendido, se ha quedado con 17.000 millones de euros por no deflactar el IRPF, un dinero que debería estar “en los bolsillos de los trabajadores”, recoge la agencia EFE.

El dirigente de la patronal ha afirmado este jueves que los sindicatos “se han negado en rotundo a hablar” sobre el acuerdo nacional de convenios: “Esa mesa sigue parada” y son ellos quienes “no han querido sentarse”, ha señalado el empresario vasco, en contra de la denuncia reiterada de los sindicatos CCOO y UGT desde hace un año, en el que han reclamado a la patronal que se siente a negociar este gran acuerdo de negociación colectiva, sin éxito.

En estos meses, Antonio Garamendi ha defendido en varias ocasiones no sentarse a negociar con los sindicatos por múltiples motivos. Entre ellos, el apoyo de los representantes de los trabajadores a reformas del Ministerio de Trabajo como la reducción de la jornada laboral y la reforma de la compensación de pluses, que en su opinión van en contra de la negociación colectiva.

Antonio Garamendi se ha coronado este jueves líder de los empresarios españoles para los próximos cuatro años, proclamado por la Asamblea General de la CEOE sin rivales. El empresario vasco ha cargado con dureza contra los decretos de vivienda del Gobierno que se votan este jueves, que ha rechazado de plano en todas sus medidas, incluida la extensión del escudo social antidesahucios. “Algunos van de Robin Hood y son en realidad el sheriff de Nottingham”, ha criticado.

Garamendi ha elevado el tono contra el Gobierno en su primer discurso al frente de la CEOE en lo que ha parecido una declaración de intenciones del que será su tercer mandato, tras haber suprimido el límite de dos aprobado por su antecesor, Juan Rosell (y que en su día apoyó el empresario vasco).

En un momento en el que todas las miradas se dirigen al problema de la vivienda tras el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años que se ha convertido en símbolo de este problema social, Garamendi ha denunciado la “inacción” del Gobierno –aunque las Comunidades Autónomas tienen gran parte de las competencias– y ha criticado que se intente ahora “proteger un derecho atacando otro derecho”.

Así, ha afirmado que se está “invadiendo” la propiedad privada y ha rechazado todas las medidas planteadas por el Gobierno en estos decretos: desde las que se dirigen a los grandes tenedores y a los fondos buitre, hasta la propia prohibición de los desahucios de personas vulnerables.

“Toda la regulación que se está haciendo es para evitar que se saquen pisos a la calle”, ha sostenido Garamendi, que ha sostenido que “votaría que no” al decreto si fuera parlamentario. El empresario en cambio ha defendido el derecho de los propietarios a ahorrar a través de los alquileres, por ejemplo para “complementar su jubilación”, y se ha limitado a mencionar como solución “que se construyan más casas”.

De manera más amplia, Antonio Garamendi ha realizado varias críticas al Ejecutivo por lo que ha considerado “un deterioro institucional ante el que no podemos quedarnos de brazos cruzados”. Aunque no ha llamado directamente a un adelanto electoral, ha afirmado que “hay gente que considera que debe haber elecciones”.

Además, ha criticado la “invasión nacional” de Ceuta, tema que ha ocupado también un papel central en su intervención, que ha calificado como “intento de desahucio de 80.000 españoles”.

Sobre el debate aún pendiente del gran acuerdo de negociación colectiva (AENC), que orienta las mesas de diálogo de sindicatos y empresas de todo el país, Antonio Garamendi ha afirmado que ya ha habido “alguna reunión” con la representación de los trabajadores.

El presidente de CEOE ha afirmado que además de hablar de cuánto deben subir los salarios, los empresarios reclaman que se aborden “otros costes laborales”, como las cotizaciones sociales, la “presión fiscal” y “el absentismo”, en referencia a las bajas médicas de trabajadores.

“Unidad” tras neutralizar a su principal rival

A diferencia de los pasados comicios, en los que Garamendi se enfrentó a una candidatura alternativa impulsada por la patronal catalana Foment, de la empresaria Virginia Guinda, en esta ocasión el empresario vasco se ha encaminado a la reelección sin ningún rival, por lo que ha sido elegido por aclamación.

Así, la patronal y Garamendi han destacado “la unidad” de la patronal española. Una unidad que en 2025 saltó por los aires. A comienzos de ese año, el vasco planteó un liderazgo alternativo a uno de sus mayores rivales entre los empresarios más conservadores y uno de los nombres con aspiraciones a ocupar su asiento, el del granadino Gerardo Cuerva, ahora expresidente de Cepyme.

Esto abrió una guerra directa y pública –poco frecuente en la patronal– en la que finalmente salió vencedora la candidata de Garamendi, Ángela de Miguel. Y Cuerva no se presentó finalmente a la carrera electoral de CEOE.

A la espera de los movimientos en su equipo

Si en el pasado las patronales madrileña (CEIM), dirigida por Miguel Garrido, y la catalana Foment, liderada por Josep Sánchez Llibre, han sido más críticas con Garamendi, de cara a este último mandato han arropado al vasco. A cambio, se espera un refuerzo de ambos en la organización patronal. Algo que ya sucedió en el pasado mandato con el madrileño –para el que creó una vicepresidencia “primera”, diferenciada del resto–, pero no con Sánchez Llibre, castigado tras haber amenazado su liderazgo con la candidatura de Guinda.

Por ello, el catalán perdió su puesto como interlocutor oficial de la patronal en el Congreso de los Diputados, que pasó al valenciano Salvador Navarro y que también ejerce José Luis Ayllón, que fue diputado con el PP y jefe de gabinete del presidente Rajoy. No obstante, Sánchez Llibre ha seguido siendo clave en su función de lobby con los parlamentarios, y habrá que ver si se le vuelve a reconocer de manera formal en la estructura orgánica de la CEOE.

Todavía hay que esperar a la primera reunión de la nueva Junta Directiva de CEOE para conocer los detalles del equipo de Garamendi para los cuatro próximos años. Esta tendrá lugar el próximo 21 de octubre, ha anunciado este jueves la patronal.

A día de hoy puede parecer casi imposible, pero hace unos años Antonio Garamendi encabezaba su perfil de Twitter con una foto sonriente junto a Pedro Sánchez. Corría 2018, cuando el empresario vasco fue elegido por primera vez presidente de la gran patronal española CEOE. Con fama de “amable” y “dialogante” así como de “conservador”, un carácter que se ha confirmado en sus años al frente de los empresarios españoles. En unos días, iniciará su tercer mandato al frente de CEOE envuelto en un contexto político mucho más hostil en España y el mundo, que se ha dejado notar también en su gestión. Frente a una larga lista de pactos en un inicio, ahora está sumido en la sequía de acuerdos con el Gobierno y los sindicatos.

Garamendi (Getxo, 1958) es licenciado en Derecho, proviene de una familia de empresarios y tiene más un perfil de directivo. Ha formado parte de la dirección o de los consejos de administración de varias empresas, como REE (Red Eléctrica de España), Bankoa (entidad ahora integrada en Abanca), Albura, Tubos Reunidos y Grupo de Negocios de Ediciones y Publicaciones (La Gaceta de los Negocios, Radio Intereconomía y Revista Dinero), entre otras.

“Hay que concienciar a la sociedad de que haya más vocaciones empresariales”, defiende Garamendi en el perfil de su cuenta en X, ahora con una foto de apertura con el rey Felipe VI en un acto institucional.

Larga carrera como dirigente empresarial

Esa defensa de la figura del empresario –ante los ataques “injustos” y “populistas” que suele denunciar– le ha llevado a impulsar junto a la exministra de Trabajo Fátima Báñez (en la Fundación CEOE) un cómic para niños de Primaria de un duende llamado Olegario, así como a involucrarse en distintas organizaciones empresariales desde que era joven y hasta la actualidad.

Fue uno de los fundadores y el primer presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios del País Vasco (Ajebask), en 1996, y ha ocupado la presidencia de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje), y de la Confederación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (Cije).

También fue presidente de la Comisión de Energía de CEOE y de la organización empresarial del Metal (Confemetal), así como líder de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme), hasta que logró –al segundo intento– alcanzar la presidencia de la gran patronal, tras el catalán Juan Rosell.

Rosell le disputó el puesto la primera vez, pero no la siguiente, ya que había aprobado una limitación de dos mandatos en los Estatutos de CEOE, que apoyó Garamendi. Después, el vasco eliminó este límite cuando llegó a liderar la organización y ahora se presenta a su tercera elección como presidente de CEOE.

Esta labor de representación ha considerado que tenía que ser remunerada. Como presidente de Cepyme, se puso un sueldo –de 120.000 euros anuales, según publicó El Confidencial– que enfadó a varios empresarios, como Joaquim Gay de Montellà, hasta ese noviembre responsable de la patronal catalana Foment del Treball. Después, volvió a levantar ampollas con su salario al frente de CEOE, muy superior, de casi 400.000 euros anuales en 2023.

Garamendi defendió su sueldo como una decisión “privada” y “en libertad” y tildó las críticas de “campaña de descrédito” a los empresarios. “Es como cuando en una violación dicen que la chica iba en minifalda”, se quejó.

Un directivo “afable” y “moderado” que ha endurecido el tono

Al líder empresarial le suelen definir, tanto las personas próximas como quienes que difieren con él, como alguien de “trato fácil”, “afable” y “simpático”. También como una persona “conservadora” en lo ideológico y económico, pero “moderada” dentro de la patronal frente a otros perfiles mucho más situados en la derecha o ultraderecha. El vasco es poco amigo de “los extremos”, dicen desde su entorno y ha afirmado él en varias ocasiones.

“Frente al ruido y la polarización, conviene recordar una idea sencilla: alzad la mirada”, destacó el empresario vasco de la visita del Papa León XIV a España, en el que realizó un acto con los líderes sindicales y patronales en Madrid.

Esa afabilidad de Garamendi se mantuvo en un inicio con la ministra de Trabajo y el Gobierno progresista, aun con diferencias y choques frecuentes, pero se fue diluyendo ante las críticas externas –con una dirección del PP de Pablo Casado abiertamente hostil varias ocasiones– y también internas en las patronales, que alimentaban perfiles más duros, como el granadino Gerardo Cuerva, expresidente de Cepyme y que quería disputar el puesto a Garamendi al frente de CEOE.

El año pasado, el vasco planteó un liderazgo alternativo a Cuerva en Cepyme, lo que abrió una guerra directa y pública –poco frecuente en la patronal– en la que finalmente salió vencedora la candidata de Garamendi, Ángela de Miguel. Y Cuerva no se presentó finalmente a la carrera electoral de CEOE. Así, el próximo 1 de octubre, Antonio Garamendi será revalidado como presidente por tercera vez por aclamación, sin ningún rival.

Lo hará un Garamendi que ha endurecido claramente el tono respecto al Gobierno y a Yolanda Díaz, a la que acusa de haber “dinamitado” el diálogo social por firmar varios acuerdos solo con los sindicatos –como las subidas del salario mínimo– ante las negativas de la patronal y haber legislado en solitario varias medidas laborales.

En medidas del Ejecutivo que su dirección comparte, pero que generan controversia o rechazo en la derecha, como la regularización extraordinaria de migrantes, Garamendi ha optado por mantener un perfil bajo, sin grandes respaldos al Gobierno.

Por el contrario, los gestos y alabanzas se repiten con varios cargos del PP de Alberto Núñez Feijóo, con el que se superó la crisis de la época de Casado, así como respecto a Isabel Díaz Ayuso, de la que suele celebrar “los impuestos a la madrileña”.

Sequía de acuerdos en contexto electoral

Esta deriva no va solo del tono, sino de hechos. Hay un “no a todo”, resumía un dirigente sindical a este medio hace un año. Una situación que perdura en la actualidad y que ya deja cada vez más en el pasado las fotos de pactos tripartitos en materias tan complejas como la reforma laboral –que muchas voces consideraban “impensable” con un gobierno progresista y, más aún, una ministra de Trabajo comunista, como es el caso de Yolanda Díaz– o la primera de pensiones, la Ley Rider y la de teletrabajo, entre muchas otras que situaron a España como referencia mundial de diálogo social.

El bloqueo patronal –incluso para sentarse a negociar con los sindicatos mayoritarios el nuevo gran pacto de negociación colectiva (AENC)– se explica por varios motivos. Entre los que los sindicatos y en el Ministerio de Trabajo destacan los procesos electorales. Primero, el interno en la CEOE que Garamendi está a punto de superar y, en 2027, los comicios políticos en el conjunto del país, en los que la patronal no quiere dar victoria alguna al Ejecutivo progresista.

Desde la CEOE, y el propio Garamendi, defienden con frecuencia su derecho a diferir y rechazar propuestas que no comparten. Ahora, el vasco –que se caracteriza por su pragmatismo– tiene menos alicientes para negociar, ya que, al contrario que al inicio de su mandato, el Gobierno es mucho más débil y apenas puede sacar adelante leyes en el Parlamento.

Una vez se proclame de nuevo presidente, el tiempo dirá cómo es el tercer mandato de Garamendi, marcado también por una fuerte inestabilidad internacional y el reto económico de los precios de la energía al alza. Fuentes sindicales consideran que el bloqueo perdurará hasta que se aclare qué gobierno sale de las urnas en las próximas elecciones generales. “Hasta entonces, no van a dar ni agua”, resume.

El presidente de la Confederación Española de Asociaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha cargado este miércoles contra el Real Decreto-ley del registro público de lobbies, que obliga a la patronal a inscribirse, y ha anunciado que no mantendrá contactos con el Gobierno hasta el 16 de septiembre, cuando la norma se someterá a votación en el Congreso, como ha adelantado ABC.

“Hoy he transmitido a nuestras organizaciones, casi 4.500 organizaciones en la CEOE, que no vamos a hablar con el Gobierno porque acaban de sacar la ley de lobbies y nos han incluido en la ley”, ha explicado el presidente de la patronal en declaraciones a los medios de comunicación desde Ceuta.

El Real Decreto-ley que regula los lobbies en España, aprobado recientemente por el Gobierno, obliga a las organizaciones empresariales y sindicales a inscribirse en el llamado 'Registro de Grupos de Interés' siempre que realicen actividades destinadas a influir en la elaboración de políticas públicas o proyectos normativos.

Un agente social según la Constitución

Pero Garamendi ha recordado que la CEOE se incluye en la Constitución Española como agente social. “Nosotros defendemos a las empresas con sentido de Estado”, ha remarcado.

Por ello, y dado que el día 16 de septiembre la norma se somete a convalidación en el Congreso de los Diputados, el líder de los empresarios ha decidido congelar los contactos con el Ejecutivo, esperando que sea rechazada. “Ni nos pondremos al teléfono”, ha advertido el empresario vasco.

Molestia también en los sindicatos

Preguntado por este registro como lobby, el líder de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que “no conoce a ningún país del mundo que sitúe a las organizaciones sindicales como lobbies. Porque los intereses generales no son un lobby, y la Constirución nos faculta a las organizaciones sindicales para que seamos defensores del interés general. Los lobbies son defensores de intereses particulares”.

“Vamos a valorarlo, ahora no tengo cerrada una valoración, la estamos trabajando jurídicamente”, ha afirmado el secretario general de UGT, que ha sostenido que el sindicato puede “aceptar” esta consideración y registrarse en este nuevo listado o no hacerlo. “Lo mismo nos declaramos en rebeldía”, ha sostenido.

La patronal española, CEOE se opone a la candidatura de España para que Yolanda Díaz lidere la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha afirmado su presidente, Antonio Garamendi. El dirigente vasco ha sostenido que está en contactos con las entidades que forman la Organización Internacional de Empleadores (OIE) para que se rechace la apuesta española y, por tanto, se vote a favor de alguno de los otros dos candidatos (de Togo y de Perú).

“(Yolanda Díaz) ahora está en su campaña con la OIT, que lógicamente nosotros no podemos compartir. Y desde luego nosotros votaremos que no a ese espacio en el que quiere entrar”, afirmó este martes por la noche Garamendi en una entrevista en TreceTV.

Más adelante en la entrevista, al ser preguntado por ese voto contrario a Díaz, el líder de CEOE explicó que los empresarios votan en la elección de la Dirección General de la OIT a través de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), con sede en Ginebra. Los empresarios tienen 14 votos en estos comicios al igual que la representación sindical internacional y, por otro lado, hay 28 votos de países miembros de la entidad de Naciones Unidas sobre los derechos laborales.

“No quiero meter ruido ni para arriba ni para abajo, pero evidentemente los empresarios no vemos esta presidencia, lógicamente. ¿Cómo voy a verla si me estoy quejando en España de lo que se está haciendo? Sería imposible”, afirmó Antonio Garamendi.

Así, la patronal española defenderá el voto de los empresarios a alguno de los dos contrincantes de la apuesta del Gobierno: Gilbert F. Houngbo, actual director general, presentado de nuevo por el Gobierno de Togo, o el exministro de Relaciones Exteriores de Perú Javier González-Olaechea, presentado por el Gobierno conservador de Keiko Fujimori.

CEOE ya trabaja en el rechazo a Díaz del empresariado internacional

Fuentes de CEOE clarifican a elDiario.es que los votos empresariales en esta elección a la dirección de la OIT “se consensúan” y que aún “no hay decisión” al respecto por parte de la Organización Internacional de Empleadores.

Además, precisan que la CEOE es miembro “adjunto”, no titular, por lo que estrictamente no votará en esta elección a menos que se quedara algún puesto titular vacante que les permitiera ejercer directamente esta acción.

“Nosotros tendremos una reunión con la OIE, que ya lo estamos haciendo, con nuestra opinión”, sostuvo Antonio Garamendi en la entrevista, donde defendió la campaña en contra de Díaz, aunque sea una candidatura española.

“Te dicen: ”Es una española“. Bueno, ellos tampoco votarían a alguien si es muy de derechas”, argumentó el empresario vasco. “Yo lo digo sin acritud, pero no se entendería que aplaudiéramos con las orejas el nombramiento”, añadió.

Desde la patronal recuerdan las muchas diferencias de los empresarios con la gestión de Yolanda Díaz. No solo en el fondo, por su defensa del refuerzo del registro horario o de la reducción de la jornada laboral por ley, sino también “en las formas”, indican en CEOE, por lo que suelen denunciar como un “monólogo social”, por aprobar medidas con los sindicatos y con el rechazo de los representantes empresariales.

Antonio Garamendi apuntó que los sindicatos, al menos los españoles, apoyarán la candidatura de Yolanda Díaz al frente de la OIT, lo que la convertiría en la primera mujer al frente de este organismo de Naciones Unidas. “Es normal, les da lo que quiere”, valoró el empresario vasco.

“Vamos a ver los Estados dónde juegan el partido. Esto es una votación en noviembre, se verá lo que tenga que pasar”, sostuvo el dirigente empresarial.

Antonio Garamendi se presentará sin ningún rival a la elección de la presidencia de CEOE. La gran patronal española no ha recibido ninguna candidatura alternativa a la suya para hacerse con el liderazgo de la organización empresarial, que podían presentarse hasta este lunes 24 de agosto. Por ello, no habrá votación y se prevé que Garamendi será elegido por aclamación el próximo 1 de octubre, como recogen los Estatutos de la patronal.

El empresario vasco se encamina así a su tercer mandato al frente de la organización de empresarios españoles después de que CEOE eliminara en 2023 el máximo de dos establecido bajo la presidencia de su predecesor, Juan Rosell, y que entonces Garamendi defendió.

En la presidencia de CEOE desde hace ocho años, a finales de 2018, esta próxima elección colocará a Antonio Garamendi en su puesto —en principio— hasta entrado 2030.

Sin rival frente a las críticas del pasado

Las patronales españolas congregadas en la CEOE apuestan por tanto por el continuismo en su dirección para los próximos cuatro años, al no plantear dirigentes alternativos a Antonio Garamendi, que no siempre ha contado con un aval cerrado a su liderazgo.

En 2018, el empresario se hizo con el liderazgo de la patronal por aclamación, al ser también el único candidato en esos comicios tras la marcha de Rosell (que había cumplido el máximo de dos elecciones).

Su primer mandato estuvo marcado por la formación del primer gobierno de coalición progresista en España desde la II República, así como por la pandemia de COVID. En este marco, su dirección se caracterizó por la firma de varios acuerdos con el Gobierno y los sindicatos, tanto de medidas como los ERTE durante la crisis, pero también de normas de gran calado como la reforma laboral de 2021.

Debido a estos acuerdos, crecieron las críticas de ciertos empresarios y patronales contra Garamendi por “moderado”, mientras que en varias patronales le acusaban también de “autoritario” y excesivamente “personalista”. Estas críticas encontraban ecos en importantes organizaciones, como la madrileña CEIM y la catalana Foment, así como en la patronal de pymes (Cepyme).

Así, en las elecciones de 2022, sonaron varios nombres para dar la pelea a Antonio Garamendi al frente de CEOE, especialmente en estas tres patronales, como el de Gerardo Cuerva, entonces presidente de Cepyme.

Finalmente, los nombres más sonados en los corrillos no dieron el paso adelante y, aun así, desde Foment se impulsó una candidatura alternativa al vasco a través de Virginia Guinda, vicepresidenta de la patronal catalana. Garamendi ganó con el 83% de votos, pero ya tuvo que enfrentarse a las urnas y asumir cierto descontento con su gestión.

De cara a estas elecciones de 2026, todo indicaba que Antonio Garamendi pretendía sumar un tercer mandato y que Gerardo Cuerva, de perfil más conservador y con el que las relaciones se habían deteriorado cada vez más, podría —ahora sí— disputarle el puesto. Pero las elecciones de Cepyme eran previas a las de CEOE y Garamendi impulsó una candidatura alternativa a la de Cuerva, la de Ángela de Miguel, que logró hacerse con la presidencia de la patronal de pymes.

De Miguel ganó, no obstante, por la mínima y tras una campaña muy dura que había sembrado una auténtica división en muchas patronales. Por ello, había dudas sobre si Gerardo Cuerva daría la batalla a Antonio Garamendi en los comicios para dirigir CEOE. Aunque estas fueron alimentadas por las denuncias de un empresario próximo a Cuerva contra la dirección de CEOE este mismo junio, finalmente no ha sido así.

Con varios gestos de Garamendi en los últimos años a las patronales que habían sido más críticas en el pasado, como la madrileña y la catalana, fuentes empresariales indicaban a este medio que las relaciones habían mejorado y mostraban su apoyo al actual presidente de CEOE, que ha endurecido su tono y actitud contra el Gobierno en los últimos años, especialmente contra la vicepresidenta Yolanda Díaz.

A la espera de elecciones en la política

La próxima dirección de la patronal tiene que lidiar con un importante contexto de fondo: las elecciones políticas que se avecinan en España en 2027, con comicios en ayuntamientos, comunidades y el gobierno central.

Así, Antonio Garamendi será el encargado de tratar y negociar con el próximo Ejecutivo que salga de las urnas del país, ya sea continuista del actual progresista o —como desean muchas patronales— que implique un cambio a la derecha.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han sostenido en varias ocasiones que la política está afectando cada vez a las negociaciones con la CEOE, con su veto a cualquier medida que involucre al Gobierno a la espera de la llegada del próximo ejecutivo.

Los representantes de los trabajadores exigen además a la patronal negociar ya un gran pacto de negociación colectiva (el llamado AENC), tras caducar el último en 2025, para marcar una senda de aumentos salariales para los próximos años. Un importante acuerdo bilateral para la marcha económica del país y que, en caso de mantenerse el bloqueo actual, CCOO y UGT ya han advertido de que combatirán con un aumento de la conflictividad en las empresas y sectores que negocien sus convenios colectivos.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que es “necesario” acabar con el problema de las bajas laborales cada vez más duraderas, después de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tachara de “cáncer” este asunto y apostase por recortar sueldo “y prestaciones” a los trabajadores ausentes por enfermedad.

El líder de la patronal ha asegurado que “la gran mayoría de las bajas son las viernes y los lunes”, aunque ha advertido de que “no hay que mezclar esas bajas con los jóvenes”, informa Europa Press. Eso sí lo hizo el líder de la patronal castellanomanchega, que tuvo que pedir disculpas tras llamar “memos” a los jóvenes que pedían bajas por salud mental.

Garamendi, que ha participado en la presentación de un estudio de la patronal catalana Foment del Treball, ha cifrado en 33.000 millones de euros el coste anual de las bajas laborales y ha asegurado que los empresarios lo que quieren es solucionar este problema.

Por ello, el presidente de CEOE ha planteado que es necesario trabajar en un acuerdo y ha criticado que en estos últimos años “no se ha hecho nada” y que el “Estado tiene que tomar medidas”.

Más allá ha ido el presidente de los empresarios madrileños, Miguel Garrido, que ha celebrado que haya “políticos responsables que propongan soluciones”.

“El absentismo es un problema grave que que perjudica a empresas, a la seguridad social y a los compañeros de trabajo. Se ha multiplicado injustificadamente en los últimos años. Nos alegra que haya políticos responsables que propongan soluciones. El Gobierno no hace nada”, ha dicho en un mensaje en la red social X el líder de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha exigido este lunes al Gobierno que apruebe unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, que llevan prorrogados tres años. Lo ha hecho durante la Asamblea General de la patronal de pequeñas y medianas empresas Cepyme, mientas el Ejecutivo da luz verde al techo de gasto para las próximas cuentas públicas: 226.032 millones de euros, la cifra más alta de la historia.

“No tiene mucho sentido que la primera empresa española, que es el Estado, no tenga presupuestos desde hace tres años”, ha afirmado Garamendi ante los representantes de las organizaciones empresariales de pequeñas y medianas empresas. “En cualquier empresa, grande, mediana o pequeña, un directivo no aguantaría ni un asalto sin presentar los presupuestos”, ha añadido el empresario vasco.

En un contexto marcado por el debate sobre el techo de gasto y con las elecciones de la patronal en el horizonte, el próximo 1 de octubre, el dirigente empresarial ha advertido de que la economía necesita “confianza” y ha cuestionado que el país funcione con unas cuentas prorrogadas desde hace tres años. “Sin confianza es muy difícil que un empresario o una empresaria tire para adelante”, ha resumido.

Del “diálogo social” al “monólogo social”

Garamendi también ha cargado contra la relación del Gobierno con los agentes sociales, una de las principales reivindicaciones de la patronal durante los últimos meses. “Llevamos una temporada en la que ese diálogo social cada día lo vemos más lejano. Muchas veces lo defino como un monólogo social”, ha afirmado.

El dirigente empresarial ha denunciado que el Ministerio de Trabajo ha modificado la reforma laboral “61 veces” desde que se firmó el acuerdo, y ha criticado el paso de las leyes debatidas en el Parlamento a los decretos-ley y, después, a los reglamentos (que no pasan por el Congreso), como muestra de una “hiperregulación” creciente.

El presidente de CEOE ha reclamado reducir la presión fiscal sobre las empresas. Citando al Instituto de Estudios Económicos (IEE), ha situado esa presión en el 34% y ha denunciado que la economía sumergida alcanza el 24% en España, frente al 14-15% de la media europea.

A su vez, ha vuelto a defender que se eluda a las empresas del pago de las bajas entre el cuarto y el decimoquinto día, para que lo asuma la Seguridad Social, ante el aumento de las incapacidades de trabajadores por enfermedad. Garamendi ha destacado el mayor aumento de las bajas entre los menores de 35 años, con mayor concentración los viernes y los lunes.

Cepyme denuncia que las pymes no son escuchadas

La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, había abierto previamente la Asamblea General de la patronal con un discurso centrado en las dificultades que afrontan las pequeñas empresas y en la pérdida de peso de las pymes dentro del diálogo social. “El diálogo solo funciona cuando existe una voluntad real de escuchar, negociar y construir consensos”, ha sostenido.

De Miguel ha defendido que la obligación de la organización “no es agradar, sino representar con honestidad a las pequeñas y medianas empresas españolas”, y ha denunciado que muchas decisiones públicas se adoptan sin tener en cuenta la realidad de estos negocios. Cepyme anunció hace unos días su apoyo a Antonio Garamendi en las elecciones para liderar la CEOE

La dirigente empresarial reclamó menos burocracia, mayor seguridad jurídica y una regulación adaptada al tamaño de las empresas mediante la aplicación del principio europeo Think Small First, que plantea diseñar las normas pensando primero en las pequeñas empresas.

Salario mínimo, costes laborales y relevo generacional

La presidenta de Cepyme ha vuelto a cuestionar las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI). Ha explicado que su coste para la empresa asciende a “1.900 euros al mes”, sumando las cotizaciones y los impuestos, de los que el trabajador recibe unos 1.200 euros.

De Miguel ha criticado el incremento de los costes laborales en los últimos años, con especial impacto en las microempresas. La empresaria vallisoletana ha alertado de la desaparición de pequeñas sociedades, con unas “25.000 microempresas” de menos de tres trabajadores que han cerrado desde antes de la pandemia.

A esto se suma el reto del relevo generacional: la mitad de las pymes españolas están dirigidas por personas mayores de 50 años, y una de cada cinco por empresarios de más de 60. Persisten, además, dificultades para cubrir vacantes y encontrar trabajadores cualificados, ha afirmado la empresaria.

Proyección europea e internacional

Cepyme ha reforzado este año su presencia institucional fuera de España. Ángela de Miguel ha sido elegida vicepresidenta de SME United, organización que representa a 26 millones de pequeñas y medianas empresas europeas.

La organización se ha reunido con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y ha intervenido en dos ocasiones ante la Organización Internacional del Trabajo en defensa del diálogo social tripartito.

De Miguel ha destacado también un encuentro con el papa León XIV sobre la importancia del diálogo social. A lo largo del año, según ha explicado, Cepyme ha visitado 55 organizaciones territoriales y mantenido reuniones con más de 40 organizaciones sectoriales.

Entre las prioridades planteadas por Cepyme figuran: el impulso de la formación profesional dual, la digitalización de las pequeñas empresas y una respuesta al absentismo laboral, cuyo coste la organización sitúa en 33.000 millones de euros, con una tasa que dobla la media europea.

La gran patronal española, CEOE, ha decidido este miércoles que celebrará el próximo 1 de octubre las elecciones a la presidencia de la organización empresarial. De momento, solo hay una candidatura, la del actual presidente Antonio Garamendi, que pretende alcanzar un tercer mandato y que ha denunciado una “campaña sucia” en su contra en las últimas semanas.

“El Comité Ejecutivo de CEOE reunido este miércoles ha acordado la celebración de la Asamblea General Electoral el próximo 1 de octubre, momento en el que la Confederación elegirá a su presidente y equipo directivo para los próximos cuatro años”, ha anunciado la organización empresarial.

La semana pasada, el presidente decidió acelerar, por sorpresa, el proceso para fijar los nuevos comicios, cuando convocó a los órganos directivos de la patronal a una reunión este miércoles con el objetivo de decidir la fecha en la que poner las urnas. En principio, la reunión estaba prevista para el próximo 15 de julio.

El anuncio de Garamendi sorprendió en varios sectores de la patronal, que daban por hecho que los comicios se celebrarían en noviembre. La versión oficial esgrimida por el jefe de los empresarios es que en noviembre se celebrará una importante Cumbre Iberoamericana con una relevante agenda empresarial, cita a la que quieren llegar con la incógnita sobre la presidencia despejada.

Sin embargo, el adelanto de la maquinaria electoral llegó solo días después de que resucitaran unas antiguas denuncias contra la cúpula de la CEOE, del empresario José Manuel de Riva, que ya habían sido publicadas en el contexto de la pugna de las elecciones de Cepyme de 2025, pero que ahora han resurgido tras ser reconocido como “informante protegido” por la AIPI (Autoridad Independiente de Protección del Denunciante).

Esta entidad, presidida por el catedrático Manuel Villoria, investiga el caso y lo más probable en estos casos es que se cite a las personas señaladas por el denunciante para dar su versión, señalan fuentes de la AIPI a elDiario.es. En este caso, De Riva ha señalado al propio Antonio Garamendi, entre otros miembros de la patronal de su entorno.

¿Solo una candidatura o nueva guerra en la patronal?

La semana pasada, Antonio Garamendi confirmó también un secreto a voces: que se presentará a las elecciones de CEOE, para intentar alcanzar un tercer mandato. En una intervención en los cursos de verano de la UIMP, el empresario vasco dijo contar con “el apoyo expreso de las organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener”.

Entre ellas, de la patronal vasca (Confebask), que emitió un comunicado de apoyo solo unas horas después, y de Foment, con un “apoyo sin fisuras” a Garamendi, según fuentes de la patronal catalana. También de la Asociación Española de la Banca (AEB), cuya presidenta, Alejandra Kindelán, pertenece a la directiva de la CEOE y avaló a Garamendi durante el curso de verano de la APIE. “Si él (Garamendi) quiere contar conmigo en el futuro, estaré encantada de seguir ahí”, aseguró. 

Otras patronales, como ATA, Cepyme, la patronal madrileña CEIM y la valenciana CEV indicaron a elDiario.es que se pronunciarán al respecto cuando aborden el tema de las elecciones dentro de sus organizaciones.

Una de las dudas es si la de Garamendi será la única candidatura o si tendrá alguna lista competidora. Esta tendría “hasta 40 días” antes de las elecciones para poder presentarse. Fuentes empresariales apuntan a este medio que, al contrario de lo que sucedió en otros momentos del pasado, ahora el empresario vasco llega a los comicios con menos patronales críticas.

Foment, con Josep Sánchez Llibre en el pasado enfrentado a Garamendi, ahora se sitúa de su lado, y Gerardo Cuerva, anterior líder de la patronal Cepyme, ya está fuera de la organización, tras perder –por la mínima– en los comicios de 2025 frente a Ángela de Miguel, la apuesta del empresario vasco.

No obstante, hasta hace poco, el empresario granadino era uno de los nombres que más sonaba para disputar el liderazgo a Antonio Garamendi, y según su entorno sigue con un pie en Madrid, como presidente de CIDE (Asociación de pequeñas distribuidoras-productoras de energía eléctrica).

Los últimos movimientos de José Manuel de Riva, acudiendo a la AIPI antes de las elecciones, han aumentado los rumores de quienes ven posible una nueva pugna en la patronal, que trate de desbancar de su puesto al empresario vasco.

Vuelven a agitarse las aguas en la patronal española. A unos meses de que se celebren las elecciones a la presidencia de CEOE, que Antonio Garamendi aspira a volver a ganar y en las que no suenan de momento candidaturas alternativas, esta semana CEOE ha acelerado por sorpresa el calendario electoral solo unos días después de que resurgieran varias denuncias de un empresario contra miembros de la cúpula de la gran patronal. El denunciante ha logrado la condición de “informante protegido”, adelantó El Confidencial, por lo que lo más probable es que Garamendi y otros cargos sean citados por la AIPI, que investiga el caso.

Las acusaciones no son nuevas, parten de un empresario segoviano y antiguo vicepresidente de la patronal de las pymes, José Manuel de Riva Zorrilla, que ya las denunció públicamente y en los órganos internos de CEOE y Cepyme –que no en los tribunales– en el contexto de guerra abierta en las elecciones en Cepyme celebradas el año pasado.

Antonio Garamendi promovió una candidatura alternativa al entonces líder de las pymes, Gerardo Cuerva, del que se había distanciado y que estaba erigiéndose como una figura crítica y más ultra frente al empresario vasco. De Riva era uno de los apoyos de Cuerva en la batalla electoral, que ganó finalmente por la mínima la candidata de CEOE, la vallisoletana Ángela de Miguel.

Antes de los comicios, se publicaron varias informaciones tachadas de “guerra sucia” por parte de CEOE sobre presuntas irregularidades que señalaban a varios miembros del entorno de Garamendi. Por ejemplo, contra Lorenzo Amor, presidente de la asociación de autónomos ATA, por “conflictos de intereses” y “facturar a nombre de su mujer” debido a contratos de ATA a una consultoría propiedad de la esposa de Amor.

También contra Ángela de Miguel, por supuesto “trato de favor” de su despacho de abogados a través de la Fundación pública de mediación laboral de Castilla y León (SERLA), entre otros. Las denuncias presentadas por José Manuel De Riva en las Comisiones de Régimen interno de las dos patronales fueron archivadas y hasta aquí parecía que habían llegado sus acusaciones. Hasta este lunes.

El “informante protegido” y sus consecuencias

El Confidencial publicó a comienzos de semana que José Manuel de Riva ha recibido el amparo de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), organismo público de protección de denunciantes de corrupción o irregularidades presidido por el catedrático Manuel Villoria, por un escrito presentado contra Antonio Garamendi y otros miembros de la cúpula de CEOE sobre las irregularidades denunciadas en el desarrollo de las elecciones de Cepyme.

Según este medio, la documentación, entregada en septiembre del año pasado, apunta a hechos que pueden referirse a eventuales delitos de corrupción en los negocios, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, de apropiación indebida y de administración desleal. Pero sin que haya, a día de hoy, ninguna denuncia presentada contra el presidente de la CEOE en ningún tribunal.

La AIPI certificó la condición de informante protegido a José Manuel De Riva, al entender que cumplía los requisitos para ello, aunque precisa que ese certificado “no prejuzga la veracidad de los hechos comunicados ni el resultado de las investigaciones futuras”, recoge El Confidencial.

Independientemente de si alguna de estas denuncias se considera finalmente veraz, el movimiento de De Riva va a suponer probablemente que Antonio Garamendi y otros miembros señalados de la patronal sean citados por la AIPI.

En los procedimientos de investigación del canal externo se cita a la parte denunciada para conocer su versión de los hechos, “salvo que excepcionalmente, bastara con la información por escrito”, responden fuentes de la AIPI a elDiario.es. En general, esta audiencia suele ser “una entrevista”, que puede realizarse de manera presencial y también online, indican en el organismo público.

“Durante la instrucción se da noticia de la comunicación con sucinta relación de hechos al investigado. Esta información puede efectuarse en el trámite de audiencia si se considera que su aportación con anterioridad pudiera facilitar la ocultación, destrucción o alteración de las pruebas”, explican desde el organismo público.

Por el momento, ni en CEOE, ni en Cepyme ni en ATA han recibido ninguna comunicación de la AIPI sobre ningún procedimiento abierto que les afecte, sostienen en estas organizaciones.

Adelanto electoral, de momento sin competencia a Garamendi

Solo unos días después de conocerse este procedimiento de la AIPI, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, dio por sorpresa el pistoletazo de salida al proceso electoral, con la convocatoria, el próximo miércoles, de los órganos directivos de la patronal que tendrán que fijar la fecha de los comicios. Hasta hace unos días, noviembre era el mes que se barruntaba en el mundo empresarial para esta cita con las urnas, pero ahora se prevé que sea antes.

Garamendi tildó de “campaña sucia” la remergencia de las denuncias de De Riva y se limitó a explicar que, dado que a principios de noviembre se celebrará la Cumbre Iberoamericana, quería llegar con el proceso interno ya zanjado. “No tiene ningún sentido que estemos en un espacio electoral cuando vienen miles de empresarios”, subrayó durante su intervención en el curso de verano que organizan la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander.

Y fue en esta cita donde confirmó el secreto a voces: aspirará a un tercer mandato. “He consultado con gente y sí, me voy a presentar a las elecciones de CEOE porque la gente me ha planteado que es el momento de seguir”, anunció. El empresario vasco dijo contar con “el apoyo expreso de las organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener”.

Entre ellas, de la patronal vasca (Confebask), que emitió un comunicado de apoyo solo unas horas después, y de Foment, con un “apoyo sin fisuras” a Garamendi, según fuentes de la patronal catalana. También de la Asociación Española de la Banca (AEB), cuya presidenta, Alejandra Kindelán, pertenece a la directiva de la CEOE y avaló a Garamendi durante el curso de verano de la APIE. “Si él (Garamendi) quiere contar conmigo en el futuro, estaré encantada de seguir ahí”, aseguró. 

En ATA, Cepyme, la patronal madrileña CEIM y la valenciana CEV indican que se pronunciarán al respecto cuando aborden el tema de las elecciones dentro de sus organizaciones.

Fuentes empresariales sostienen que no hay en estos momentos una oposición suficiente como para presentar una candidatura alternativa que dispute el liderazgo a Garamendi. El expresidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, que en el pasado dio a entender que podría dar el salto para diputar el liderazgo de CEOE, “de momento” no ha tomado ninguna decisión sobre si reabrir la batalla que dio hace un año, indican desde su entorno. Si bien el empresario granadino sigue con un pie en Madrid, como presidente de CIDE (Asociación de pequeñas distribuidoras-productoras de energía eléctrica).

Muchos han mirado a Gerardo Cuerva en este nuevo capítulo de las denuncias de su anterior vicepresidente. Sin embargo, fuentes empresariales consideran que José Manuel de Riva habría actuado por su cuenta y desvinculan su movimiento a una posible candidatura alternativa de Cuerva a los comicios de la CEOE.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha reclamado a las patronales que, si quieren negociar medidas para abordar el fenómeno de unas bajas laborales por enfermedad cada vez más largas y costosas, primero tendrán que abandonar el discurso de los “trabajadores de cristal” y del abuso de las incapacidades temporales.

“Si se quiere plantear la idea de que hay un abuso sistemático de las bajas porque los trabajadores son de cristal, con las bajas psicosociales, y que los médicos dan bajas al tuntún, nosotros no vamos a dar la partida”, ha dicho el líder sindical durante su intervención en el Seminario de verano organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander.

Si bien Sordo ha reconocido que el presidente de la gran patronal, Antonio Garamendi, no abunda en esta idea, “otros representantes patronales sí”. El secretario general de CCOO se refería a las desafortunadas declaraciones del presidente de CEOE en Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, que llamó “memos” a los jóvenes que solicitaban una baja por salud mental durante una jornada sobre “absentismo” –como denominan los empresarios este fenómeno– organizada por CEOE. Posteriormente se disculpó.

El líder sindical ha reconocido que este asunto es de gran complejidad y que, por ello, ya en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva firmado en 2017 plantearon, junto a UGT y las patronales, la puesta en marcha de un Observatorio que evaluara el “problema” de la eclosión de las bajas laborales por enfermedad. Para Sordo, este asunto tiene más que ver con una infrafinanciación de servicios públicos como la atención primaria, lo que dilata el adecuado diagnóstico de los procesos de incapacidad; además del progresivo envejecimiento de la mano de obra en el país, que hace más propensos a los trabajadores a tener que solicitar una baja por enfermedad.

Sordo ha criticado que la respuesta de la patronal para tratar de resolver este asunto sea “apretar las tuercas” a los trabajadores con la eliminación de los complementos por incapacidad temporal incluidos en los convenios colectivos, por los que las empresas complementan hasta el 100% la paga de sus empleados de baja, que corre a cuenta de la Seguridad Social.

Un factor que sería contraprudecente, a ojos del sindicalista, en tanto que gran parte de los permisos psicosociales –donde se incluyen las bajas por salud mental– por contingencias comunes “tienen una relación con el trabajo o con la relación del trabajo con el tiempo de vida de la gente”, bien sea por situaciones de estrés o ante dificultades de conciliación con el cuidado de hijos o personas mayores.

“Es una casuística súper amplia que estamos dispuestos a ver, pero siempre que se aquilate bien qué es lo que está pasando”, ha dicho el líder de CCOO, que ha advertido que no permitirán pérdidas de derechos o “lecturas simplistas” de lo que está pasando.

“La banca no puede seguir prescindiendo de plantillas”

Preguntado sobre los procesos de prejubilaciones y salidas voluntarias que se están produciendo en el sector financiero, Sordo ha vinculado esta pérdida de mano de obra con una mayor presión sobre la plantilla que se queda. Trabajadores que son llevados al límite y que acaban necesitando de estos permisos por salud mental.

“El sistema financiero no puede seguir prescindiendo de plantillas”, ha insistido, señalando que eso aboca a grandes sectores de la sociedad y del territorio a la exclusión. Y trabajadores que “han mutado en una especie de comerciales permanentes”, con objetivos cada vez más difíciles de cumplir.

El líder sindical ha participado en el tradicional curso de verano de la APIE, que este año versa sobre la energía, la Inteligencia Artificial y la situación del mercado de la vivienda. Para hablar de estos asuntos ha tirado de una metáfora: la película El bueno, el feo y el malo.

En la parte positiva, la transición ecológica y la electrificación del productivo, ha dicho Sordo, podrían acercar a España a la ansiada meta del pleno empleo y coloca al país ante una “oportunidad histórica” de competir por los bajos precios de la energía, en lugar de por los bajos salarios. Dar marcha atrás a estas políticas verdes por parte de quienes abanderan el “negacionismo climático” sería “la decisión estratégica más estúpida y errónea” de la historia del país, ha señalado.

El 'feo' sería la IA, “el gran elemento de riesgo” de las sociedades y que, ha reconocido, va a reconfigurar por completo las estructuras productivas del país, con la destrucción de miles de puestos de trabajo y la creación de otros nichos. En este sentido, Sordo ha advertido sobre el empleo de algoritmos a la hora de organizar el trabajo, con fórmulas desconocidas nutridas con todo tipo de datos que tomarán decisiones “aparentemente neutras” que “pueden poner en cuestion todo el marco de derechos laborales que hemos conocido con unos sesgos absolutamente inasumibles”.

El 'malo' sería la situación del mercado de la vivienda, para lo que ha reclamado una intervención completa, desde topar precios del alquiler en determinados espacios a incentivar la oferta de vivienda no especulativa, de tal manera que se construya más, pero esto no infle los precios.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha anunciado que aspirará a un tercer mandato al frente de la gran patronal, confirmando un secreto a voces, y ha dicho tener el “apoyo expreso” de organizaciones y empresas suficientes.

“He consultado con gente y sí, me voy a presentar a las elecciones de CEOE porque la gente me ha planteado que es el momento de seguir”, ha dicho el empresario vasco desde Santander, donde participa en el curso de verano que organiza la APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El líder patronal promovió una reforma de los estatutos de CEOE en julio de 2023 para eliminar el tope de dos mandatos en la presidencia de la organización, dando vía libre a presentarse a liderar a los empresarios españoles por tercera vez consecutiva, hasta 2030. Un extremo que no había confirmado hasta este miércoles.

Garamendi ha asegurado que cuenta con “el apoyo expreso de las organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener”.

El empresario vasco sorprendió ayer a varios sectores de la patronal al convocar, para el próximo miércoles, al Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva de la CEOE para dar el primer paso y fijar la fecha de los comicios en el seno de la organización, que estaban previstos para noviembre.

Sin embargo, Garamendi ha detallado que el movimiento busca dar el mes de julio para trabajar en las candidaturas, la suya propia o cualquier alternativa que se presente, y que la Cumbre Iberoamericana de principios de noviembre, que contará con una intensa agenda empresarial, no se vea afectada por el proceso electoral.

“Se abre un espacio donde, el que quiera se puede presentar y que pueda plantear un proyecto el que quiera”, ha detallado.

Una “campaña sucia” tras las elecciones de Cepyme

El anuncio llega después de que El Confidencial publicara que un antiguo vicepresidente de la patronal de las pymes, José Manuel de la Riva Zorrilla, ha recibido el amparo de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) por un escrito presentado contra Garamendi sobre el desarrollo de las elecciones de Cepyme. Según este medio, la documentación, entregada en septiembre del año pasado, apunta a hechos que pueden referirse a eventuales delitos de corrupción en los negocios, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, de apropiación indebida y de administración desleal. Eso sí: a día de hoy no hay ninguna denuncia presentada contra el presidente de la CEOE en ningún tribunal.

Preguntado por estas informaciones, Garamendi ha hablado de “campañas sucias que no van a ningún lado” y se ha referido a De la Riva como “el señor que denuncia, no denuncia o desdenuncia”.

El presidente de la patronal ha reclamado la limpieza del proceso y de los plazos, a diferencia de lo que sucedió hace un año en las elecciones de Cepyme, la 'hermana pequeña' de la CEOE. Hace un año, Garamendi avaló a una candidata alternativa, la empresaria vallisoletana Ángela de Miguel, que se hizo con el liderazgo de la organización de las pymes frente a su entonces presidente, Gerardo Cuerva.

Sin mencionarlo, el nombre de Cuerva –De la Riva era uno de sus vicepresidentes– ha estado presente. “Pido que si alguien cree que tiene un proyecto mejor, que plantee un proyecto en serio, pero no un proyecto donde se intente ensuciar a sus compañeros con temas que no van a ningún sitio. Y no doy más valor del que tiene”, ha dicho. Y, sin entrar en posibles candidaturas alternativas, ha evitado reabrir las heridas de una guerra patronal que, a todas luces, se cerró en falso. “De lo que pasara hace un año y medio, me olvido. Ángela de Miguel es la presidenta de Cepyme, lo está haciendo magníficamente bien y no voy a entrar en esos espacios”, ha insistido.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dado, por sorpresa y antes de lo previsto, el primer paso para celebrar las elecciones al liderazgo de la gran patronal, unos comicios que estaban previstos para otoño y que podrían tener lugar a la vuelta del verano. El empresario vasco ha convocado el próximo miércoles 1 de julio al Comité Ejecutivo, que es el organismo competente para fijar la fecha definitiva de las elecciones.

“Hay prevista una cumbre en noviembre y, teniendo en cuenta que los estatutos establecen un plazo mínimo de tres meses, no queríamos que los tiempos se solaparan con ese evento”, detallan fuentes de la CEOE consultadas por elDiario.es, que confirman la reunión de la dirección de la patronal la próxima semana.

En este sentido, las fuentes patronales apuntan que era “importante intentar que la convocatoria quedara cerrada durante el mes de julio, de manera que las organizaciones dispusieran de margen suficiente para realizar toda la tramitación y los procedimientos necesarios antes de agosto”.

La cita, adelantada por El Correo, podría tener lugar antes del tope legal de cuatro años para su celebración, el 23 de noviembre de 2022.

Garamendi podría aspirar a un tercer mandato

Garamendi promovió una reforma de los estatutos de CEOE en julio de 2023 para eliminar el tope de dos mandatos en la presidencia de la patronal, dando vía libre a presentarse a liderar a los empresarios españoles por tercera vez consecutiva, hasta 2030. Aunque el empresario vasco no ha confirmado aún sus pretensiones de presentarse, en el mundo patronal se da por hecho que concurrirá.

Las dudas están en si será un candidato único y por aclamación, o tendrá que fajarse contra otra lista, despertando los ecos de la dura guerra patronal del año pasado en Cepyme, la 'hermana pequeña' de la CEOE. En estos comicios la empresaria Ángela de Miguel, avalada por Garamendi, se impuso al entonces presidente, Gerardo Cuerva, que se había distanciado del vasco tras defender una línea más dura contra el Gobierno.

El anuncio llega después de que El Confidencial publicara que un antiguo vicepresidente de la patronal de las pymes, José Manuel de la Riva Zorrilla, ha recibido el amparo de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) por un escrito presentado contra Garamendi sobre el desarrollo de las elecciones de Cepyme. Según este medio, la documentación, entregada en septiembre del año pasado, apunta a hechos que pueden referirse a eventuales delitos de corrupción en los negocios, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, de apropiación indebida y de administración desleal. Eso sí: a día de hoy no hay ninguna denuncia presentada contra el presidente de la CEOE en ningún tribunal.

El presidente de la CEOE lleva tiempo endureciendo su discurso contra el Gobierno de Pedro Sánchez, tras un primer mandato salpicado de crisis, como la de la pandemia, en el que se cerraron numerosos acuerdos de diálogo social con los sindicatos y el Ejecutivo. Fruto de ese acercamiento se aprobaron la reforma laboral o la primera pata de la reforma de las pensiones, así como el primero de los aumentos del salario mínimo interprofesional (SMI) con Yolanda Díaz al frente del Ministerio (en 2020, de 900 a 950 euros).

Durante la Asamblea General de la CEOE que tuvo lugar la semana pasada, Garamendi dio un paso más y criticó el “brutal ataque” que se hace a los jueces desde el Ejecutivo, a su juicio, y mostró su apoyo a la judicatura, así como “a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

El líder de la gran patronal, Antonio Garamendi, ha elevado el tono contra el Gobierno en la Asamblea General de la CEOE, celebrada este miércoles en Madrid, por las causas judiciales que rodean al Ejecutivo. En concreto, el empresario vasco ha sostenido que “es brutal el ataque se está haciendo a los jueces”, a los que ha mostrado todo su apoyo, así como “a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Garamendi ha insistido en que es “lamentable” el contexto actual, que ha afirmado que deja “perplejo” a cualquier ciudadano.

“Levantemos las alfombras, porque los casos de corrupción son increíbles”, ha afirmado el dirigente empresarial, que ha subrayado que “fuera” están mirando a España. “Esto no nos viene nada bien”, ha dicho respecto a las empresas.

Critica la “inestabilidad institucional”

En su discurso al auditorio de la Asamblea General de CEOE, Antonio Garmendi ya había destacado que “la inestabilidad institucional a la que asistimos es el peor contexto posible para una buena marcha de la economía y el empleo”.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno apenas pueda aprobar leyes en el Parlamento y que el país lleva tres años sin Presupuestos Generales del Estado.

Preguntado por los medios de comunicación sobre si con estos mensajes está emplazando a un adelanto electoral, Antonio Garamendi ha evitado llamar a unas elecciones. Ha afirmado que hay varías “fórmulas” que tiene disponibles tanto el Parlamento y el Gobierno. “Ahí están, tómenlas”, ha afirmado.

Culpa a Yolanda Díaz de impedir un acuerdo de salaros

En la línea habitual de duros ataques al Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, Antonio Garamendi ha cargado contra la “asfixia normativa” de su departamento, el “continuo abuso” de la vía reglamentaria y la “desnaturalización” del diálogo social, que ha calificado de “irreal” e “interesado”.

Antonio Garamendi ha señalado específicamente a Trabajo y la “inseguridad” jurídica –“que no va a parar”– para sostener que así es “muy difícil” poder negociar un acuerdo con los sindicatos de negociación colectiva, el gran acuerdo de salarios y otras materias clave de los convenios colectivos que debería revalidarse este año.

Los sindicatos CCOO y UGT llevan meses emplazando a la patronal a sentarse a iniciar esta negociación, sin éxito. Garamendi ha rechazado que se les acuse de “bloqueo” y ha insistido en criticar la “intromisión” del Ministerio en cuestiones como las reglas de compensación y absorción de los complementos salariales, entre otras.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha desmarcado de las palabras del presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla La-Mancha (CECAM), Ángel Nicolás, que calificó de “memos” a los jóvenes que se dan de baja por problemas de salud mental derivados de “que les ha dejado la novia” o porque su jefe les pide que trabajen. Garamendi ya se desvinculó también ayer de estas palabras.

“Yo nunca diría eso”, ha afirmado hoy, al tiempo que ha precisado que se trata de una expresión de una persona “dentro de la múltiple gente” que hay en la patronal estatal. “CEOE, en este caso, no va en esa línea”, ha agregado el presidente de la patronal en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press.

En cualquier caso, Garamendi ha insistido en que la realidad es que cada día faltan a trabajar 1,4 millones de personas por incapacidad temporal (IT) no derivada de un accidente laboral, un problema que cuesta unos 33.000 millones de euros anuales, de los que las empresas asumen 17.000 millones y el Estado, el resto.

“Nosotros pagamos la baja del día cuarto al 14 y a partir del año también”, ha expuesto Garamendi, que ha propuesto que la Seguridad Social asuma también el pago de las bajas a partir del cuarto día.

Hay que retribuir mejor a los médicos. Estoy de acuerdo con los médicos que están en la calle

“Faltan médicos. Hay que retribuir mejor a los médicos. Soy el presidente de la patronal, pero estoy de acuerdo con los médicos que están en la calle. Necesitamos que la gente tenga la capacidad sanitaria para que se cuide. Lo que hace falta es que haya un sistema robusto, sanitario, para que esto funcione”, ha subrayado el dirigente empresarial.

En este sentido, ha afirmado que la CEOE está planteando muchas medidas, entre ellas que las mutuas puedan ayudar. Garamendi ha subrayado que, desde la pandemia de Covid, se han disparado las bajas de salud mental, pero no sólo en España, también en otros países, por lo que instado a reforzar la sanidad en este ámbito.

“Nos gastamos las empresas 17.000 millones. Lo que decimos es que mientras que esto no se arregle, no me hagan pagar a mí la broma”, ha indicado Garamendi.

El Tribunal Supremo rechaza los recursos de la gran patronal española, CEOE, y su organización de pequeñas y medianas empresas (Cepyme) y respalda la presencia de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) en el Consejo Estatal de la pyme y el Observatorio de la Morosidad. Entre otros argumentos, advierte de que limitar la pluralidad de interlocutores equivale en la práctica a un “monopolio” de la representación empresarial.

En dos sentencias fechadas el 19 y el 28 de mayo a las que ha tenido acceso EFE, la sala de lo contencioso rechaza los recursos de Cepyme y CEOE, respectivamente, contra el decreto de 2024 que crea y regula el Consejo Estatal de la pequeña y mediana empresa y se regula el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada.

Para rechazar la presencia de Conpymes en el Consejo Estatal, la CEOE alegaba que la representación institucional de las organizaciones empresariales en dicho consejo corresponde “exclusivamente” a las organizaciones empresariales de ámbito estatal y a las de ámbito autonómico de carácter intersectorial que alcancen los umbrales mínimos de representatividad que marca el Estatuto de los Trabajadores.

Asimismo, afirmaba que dichos umbrales de representatividad se determinan conforme a criterios objetivos vinculados al número de empresas asociadas y de trabajadores de estas, sin que resulte jurídicamente relevante el tamaño de las empresas. Así, consideraban que en estos órganos se estaba premiando en exceso a organizaciones de pymes y “discriminando” a sus patronales.

“Indebida monopolización” de la representación empresarial

El Supremo, en cambio, cree que de atender a los criterios de CEOE y Cepyme “conduciría, en la práctica, a una indebida monopolización de la representación institucional de las organizaciones empresariales, erigiéndolas en interlocutores exclusivos frente a las administraciones públicas”.

Tanto el Consejo y el Observatorio de la Morosidad son órganos colegiados de carácter no decisorio, y su función es esencialmente consultiva, destaca el Supremo.

Dada su naturaleza y las funciones que tiene atribuidas en materias que inciden directamente en las pequeñas y medianas empresas, “resulta razonable articular una composición que incorpore una pluralidad de interlocutores”.

Entre estos interlocutores cabe incluir “no sólo a las organizaciones empresariales más representativas de ámbito estatal, sin distinción por razón del tamaño de las empresas que integran, sino también a aquellas organizaciones específicamente representativas de las pequeñas y medianas empresas”.

Desde Conpymes valoran que la justicia confirme “de manera definitiva que las pymes tienen derecho a una voz propia e independiente en los órganos públicos de participación”, y rechace la pretensión de CEOE y Cepyme de concentrar en exclusiva dicha representación.

La resolución determina “con claridad que la representación de las pymes no puede quedar absorbida por las grandes estructuras empresariales”, añade Conpymes, que destaca que el Tribunal Supremo avala un modelo donde la pluralidad “es un derecho protegido por reglas concretas que impiden que una misma organización, o sus estructuras vinculadas, acumule puestos en órganos del Estado”.

No es la primera vez que Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, denuncia la falta de diálogo social. Esta vez ha ido más lejos. A cuenta de la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha afirmado: “Ya no hay proyectos de ley, ya no hay reales decretos ley y ahora son reales órdenes, es decir, ordenanzas como en la época de Franco”. No es una metáfora menor. Tampoco es casual. Quienes recuerdan que en su primera etapa al frente de la CEOE el PP le criticó en más de una ocasión su disposición al diálogo con el Gobierno, observan hoy, con cierta perplejidad, cómo ese mismo dirigente ha ido alineando su discurso con la estrategia de confrontación total que el partido de Feijóo ha hecho suya. El “a Sánchez ni agua” tiene, al parecer, muchos vasos comunicantes.

Garamendi reprocha al Ejecutivo de Pedro Sánchez, y en particular a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que legisle sin pasar por la mesa del diálogo social. Reclama negociación, acuerdo y respeto a la autonomía colectiva. Invoca incluso el papel constitucional de los agentes sociales. Es una posición razonable. Deja de serlo cuando ese principio solo aparece cuando no gobierna la derecha.

Porque de eso va, en realidad, la concertación social en España. No de su existencia, que nadie discute, sino de su uso. Cuando hablamos de concertación social no hablamos de un mecanismo consultivo, como ocurre en buena parte de Europa. Hablamos de otra cosa: de la capacidad de que Gobierno, sindicatos y patronal negocien acuerdos con efectos reales sobre el mercado de trabajo, la protección social o la negociación colectiva. Esa es su singularidad y su valor.

La concertación española tiene una historia valiosa. Cumplió una función estabilizadora en momentos decisivos y ayudó a ordenar conflictos en etapas complejas. Pero esa historia convive con una contradicción persistente que rara vez se reconoce: sus principios son intermitentes.

El patrón es conocido. Cuando gobierna la derecha, los sindicatos exigen, con razón, que cualquier reforma que afecte al mercado de trabajo o a la protección social pase por la mesa de negociación. La patronal recuerda entonces que el Gobierno tiene legitimidad democrática para aplicar su programa y que la concertación no puede convertirse en un derecho de veto.

Cuando gobierna la izquierda, el guion se invierte. La patronal descubre las virtudes del diálogo social y exige el acuerdo previo. Los sindicatos apelan a la legitimidad del programa de gobierno y rechazan que la patronal pueda ejercer un derecho de veto. No cambian los principios. Cambia cuándo conviene invocarlos.

Las declaraciones de Garamendi encajan exactamente en ese patrón. Lo llamativo no es que defienda el diálogo social; eso, en abstracto, es impecable, sino que lo haga como si fuera un principio constante y no una posición variable. Porque si hay algo que desmiente esa coherencia es la propia historia reciente.

En 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó por decreto una de las reformas laborales más profundas y perniciosas de nuestra democracia. No fue un ajuste menor. Alteró de forma sustancial la negociación colectiva, la vigencia de los convenios y el equilibrio entre empresa y representación sindical. Intervino, en suma, directamente en aquello que hoy se presenta como intocable: el espacio propio de la negociación colectiva.

Y hay un detalle aún más revelador. Aquella reforma no solo se aprobó sin acuerdo: también modificó el contenido de un acuerdo confederal firmado apenas unas semanas antes por los propios agentes sociales, CEOE incluida. El Gobierno no solo legisló sin negociación; alteró lo que la concertación acababa de producir. ¿Dónde estaba entonces la defensa del diálogo social? ¿Dónde la denuncia de autoritarismo? La respuesta fue sencilla: estaba en el programa de gobierno del Partido Popular. Y con eso pareció bastar. Sin una sola apelación a la autonomía colectiva.

Si se aspira a que la concertación social sea algo más que eso, no puede tratarse unas veces como un derecho de veto y otras como un mero instrumento de legitimación. No puede exigirse cuando frena y relativizarse cuando incomoda. Y no puede aplicarse de forma distinta según el color del Gobierno, sin erosionar con ello su valor y su credibilidad.

Si patronal y sindicatos quisieran tomarse en serio aquello que invocan, hay un debate pendiente: definir qué materias consideran propias de la capacidad de autorregulación de los agentes sociales y que por tanto deberían quedar a salvo de cambios unilaterales, sea cual sea la mayoría parlamentaria o el gobierno y cuáles reconocen como legítimas de la iniciativa política.

Ese acuerdo previo, difícil sin duda pero necesario, daría coherencia y consistencia a la concertación social, ese instrumento que nos hemos dado en España y que no necesita más hipérboles como las del presidente de la CEOE. Necesita reglas de juego estables. Para dejar de ser una coartada y convertirse, de una vez, en una herramienta y un principio compartido.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha calificado este martes de “sorprendente” que España esté gastando “mucho más que nunca” en prestaciones por desempleo habiendo más puestos de trabajo en España.

“¿Cómo es que tenemos más empleo y en paro gastamos más? Nos deberíamos de plantear muy bien todos estos temas”, ha dicho el dirigente empresarial durante la inauguración del VII Foro Emprendedores y Autónomos 2026 organizado por ATA en la sede de la CEOE.

En su intervención, Garamendi ha felicitado a los autónomos por los datos de paro y afiliación del mes de abril, pues el tirón del empleo ha venido de la mano de la hostelería y el turismo.

El dirigente de la CEOE ha resaltado que, en su gran mayoría, la creación de empleo viene a través de los autónomos y ha instado a “cuidar y mimar” especialmente a este colectivo, que ya alcanza los 3,5 millones de personas en España.

El líder de la CEOE ha subrayado que, en la problemática actual, los autónomos que “aguantan” son aquellos que tienen empleados, que tienen ya pequeñas empresas, y ha insistido en que hay que cuidarlos para que sigan con su actividad.

“Los trabajadores pueden estar protegidos de una manera u otra, pero el trabajo autónomo, los autónomos, el día que les falla esa buena idea que tenían, el día que las cosas no van tan bien, pues muchas veces pierden su casa, se van al paro y no tienen esos apoyos, esas cosas que pueden tener otros trabajadores que pueden estar en el propio Régimen General”, ha añadido.

Para los autónomos “que han caído”, Garamendi ha defendido una segunda oportunidad, al igual que ha emplazado a abordar otros problemas que sufre el colectivo, como los traspasos de negocios donde los titulares se jubilan ó de cómo gestionar esa misma situación en la España vaciada, en los pueblos.

“Eso significa trabajar en la formación, eso significa no ahogar más lo que ya se está ahogando”, ha señalado Garamendi, que también ha denunciado la difícil gestión a la que se enfrentan los autónomos con la “maraña permanente” de normas que están sobre la mesa.

“A ver quién puede gestionar algo con tantas normas, papeles, cuando tiene un pequeño negocio. ¿Cómo va a crecer ese pequeño autónomo a empresa? ¿Cómo va a poder crecer si al final va a tener que manejarse en esa maraña de normas permanentes que están encima de la mesa?”, ha argumentado.

Garamendi ha agradecido a ATA el trabajo que realiza en defensa “de la clase, de la casta más olvidada de este país”, los autónomos. “Nos guste o no nos guste estamos viendo muchas medidas que van encaminadas en sentido contrario, por las que están sufriendo los pequeños”, ha advertido.

“Vamos a estar con vosotros, que estamos para trabajar, en este caso, por los pequeños, y que, realmente, no os sintáis abandonados, porque la sociedad tiene claro que todo esto funciona, si tiene la capa más amplia, que son los tres millones y medio de autónomos, que son los que generan y dan y los que tiran para adelante”, ha concluido.