El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que es “necesario” acabar con el problema de las bajas laborales cada vez más duraderas, después de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tachara de “cáncer” este asunto y apostase por recortar sueldo “y prestaciones” a los trabajadores ausentes por enfermedad.

El líder de la patronal ha asegurado que “la gran mayoría de las bajas son las viernes y los lunes”, aunque ha advertido de que “no hay que mezclar esas bajas con los jóvenes”, informa Europa Press. Eso sí lo hizo el líder de la patronal castellanomanchega, que tuvo que pedir disculpas tras llamar “memos” a los jóvenes que pedían bajas por salud mental.

Garamendi, que ha participado en la presentación de un estudio de la patronal catalana Foment del Treball, ha cifrado en 33.000 millones de euros el coste anual de las bajas laborales y ha asegurado que los empresarios lo que quieren es solucionar este problema.

Por ello, el presidente de CEOE ha planteado que es necesario trabajar en un acuerdo y ha criticado que en estos últimos años “no se ha hecho nada” y que el “Estado tiene que tomar medidas”.

Más allá ha ido el presidente de los empresarios madrileños, Miguel Garrido, que ha celebrado que haya “políticos responsables que propongan soluciones”.

“El absentismo es un problema grave que que perjudica a empresas, a la seguridad social y a los compañeros de trabajo. Se ha multiplicado injustificadamente en los últimos años. Nos alegra que haya políticos responsables que propongan soluciones. El Gobierno no hace nada”, ha dicho en un mensaje en la red social X el líder de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha exigido este lunes al Gobierno que apruebe unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, que llevan prorrogados tres años. Lo ha hecho durante la Asamblea General de la patronal de pequeñas y medianas empresas Cepyme, mientas el Ejecutivo da luz verde al techo de gasto para las próximas cuentas públicas: 226.032 millones de euros, la cifra más alta de la historia.

“No tiene mucho sentido que la primera empresa española, que es el Estado, no tenga presupuestos desde hace tres años”, ha afirmado Garamendi ante los representantes de las organizaciones empresariales de pequeñas y medianas empresas. “En cualquier empresa, grande, mediana o pequeña, un directivo no aguantaría ni un asalto sin presentar los presupuestos”, ha añadido el empresario vasco.

En un contexto marcado por el debate sobre el techo de gasto y con las elecciones de la patronal en el horizonte, el próximo 1 de octubre, el dirigente empresarial ha advertido de que la economía necesita “confianza” y ha cuestionado que el país funcione con unas cuentas prorrogadas desde hace tres años. “Sin confianza es muy difícil que un empresario o una empresaria tire para adelante”, ha resumido.

Del “diálogo social” al “monólogo social”

Garamendi también ha cargado contra la relación del Gobierno con los agentes sociales, una de las principales reivindicaciones de la patronal durante los últimos meses. “Llevamos una temporada en la que ese diálogo social cada día lo vemos más lejano. Muchas veces lo defino como un monólogo social”, ha afirmado.

El dirigente empresarial ha denunciado que el Ministerio de Trabajo ha modificado la reforma laboral “61 veces” desde que se firmó el acuerdo, y ha criticado el paso de las leyes debatidas en el Parlamento a los decretos-ley y, después, a los reglamentos (que no pasan por el Congreso), como muestra de una “hiperregulación” creciente.

El presidente de CEOE ha reclamado reducir la presión fiscal sobre las empresas. Citando al Instituto de Estudios Económicos (IEE), ha situado esa presión en el 34% y ha denunciado que la economía sumergida alcanza el 24% en España, frente al 14-15% de la media europea.

A su vez, ha vuelto a defender que se eluda a las empresas del pago de las bajas entre el cuarto y el decimoquinto día, para que lo asuma la Seguridad Social, ante el aumento de las incapacidades de trabajadores por enfermedad. Garamendi ha destacado el mayor aumento de las bajas entre los menores de 35 años, con mayor concentración los viernes y los lunes.

Cepyme denuncia que las pymes no son escuchadas

La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, había abierto previamente la Asamblea General de la patronal con un discurso centrado en las dificultades que afrontan las pequeñas empresas y en la pérdida de peso de las pymes dentro del diálogo social. “El diálogo solo funciona cuando existe una voluntad real de escuchar, negociar y construir consensos”, ha sostenido.

De Miguel ha defendido que la obligación de la organización “no es agradar, sino representar con honestidad a las pequeñas y medianas empresas españolas”, y ha denunciado que muchas decisiones públicas se adoptan sin tener en cuenta la realidad de estos negocios. Cepyme anunció hace unos días su apoyo a Antonio Garamendi en las elecciones para liderar la CEOE

La dirigente empresarial reclamó menos burocracia, mayor seguridad jurídica y una regulación adaptada al tamaño de las empresas mediante la aplicación del principio europeo Think Small First, que plantea diseñar las normas pensando primero en las pequeñas empresas.

Salario mínimo, costes laborales y relevo generacional

La presidenta de Cepyme ha vuelto a cuestionar las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI). Ha explicado que su coste para la empresa asciende a “1.900 euros al mes”, sumando las cotizaciones y los impuestos, de los que el trabajador recibe unos 1.200 euros.

De Miguel ha criticado el incremento de los costes laborales en los últimos años, con especial impacto en las microempresas. La empresaria vallisoletana ha alertado de la desaparición de pequeñas sociedades, con unas “25.000 microempresas” de menos de tres trabajadores que han cerrado desde antes de la pandemia.

A esto se suma el reto del relevo generacional: la mitad de las pymes españolas están dirigidas por personas mayores de 50 años, y una de cada cinco por empresarios de más de 60. Persisten, además, dificultades para cubrir vacantes y encontrar trabajadores cualificados, ha afirmado la empresaria.

Proyección europea e internacional

Cepyme ha reforzado este año su presencia institucional fuera de España. Ángela de Miguel ha sido elegida vicepresidenta de SME United, organización que representa a 26 millones de pequeñas y medianas empresas europeas.

La organización se ha reunido con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y ha intervenido en dos ocasiones ante la Organización Internacional del Trabajo en defensa del diálogo social tripartito.

De Miguel ha destacado también un encuentro con el papa León XIV sobre la importancia del diálogo social. A lo largo del año, según ha explicado, Cepyme ha visitado 55 organizaciones territoriales y mantenido reuniones con más de 40 organizaciones sectoriales.

Entre las prioridades planteadas por Cepyme figuran: el impulso de la formación profesional dual, la digitalización de las pequeñas empresas y una respuesta al absentismo laboral, cuyo coste la organización sitúa en 33.000 millones de euros, con una tasa que dobla la media europea.

La gran patronal española, CEOE, ha decidido este miércoles que celebrará el próximo 1 de octubre las elecciones a la presidencia de la organización empresarial. De momento, solo hay una candidatura, la del actual presidente Antonio Garamendi, que pretende alcanzar un tercer mandato y que ha denunciado una “campaña sucia” en su contra en las últimas semanas.

“El Comité Ejecutivo de CEOE reunido este miércoles ha acordado la celebración de la Asamblea General Electoral el próximo 1 de octubre, momento en el que la Confederación elegirá a su presidente y equipo directivo para los próximos cuatro años”, ha anunciado la organización empresarial.

La semana pasada, el presidente decidió acelerar, por sorpresa, el proceso para fijar los nuevos comicios, cuando convocó a los órganos directivos de la patronal a una reunión este miércoles con el objetivo de decidir la fecha en la que poner las urnas. En principio, la reunión estaba prevista para el próximo 15 de julio.

El anuncio de Garamendi sorprendió en varios sectores de la patronal, que daban por hecho que los comicios se celebrarían en noviembre. La versión oficial esgrimida por el jefe de los empresarios es que en noviembre se celebrará una importante Cumbre Iberoamericana con una relevante agenda empresarial, cita a la que quieren llegar con la incógnita sobre la presidencia despejada.

Sin embargo, el adelanto de la maquinaria electoral llegó solo días después de que resucitaran unas antiguas denuncias contra la cúpula de la CEOE, del empresario José Manuel de Riva, que ya habían sido publicadas en el contexto de la pugna de las elecciones de Cepyme de 2025, pero que ahora han resurgido tras ser reconocido como “informante protegido” por la AIPI (Autoridad Independiente de Protección del Denunciante).

Esta entidad, presidida por el catedrático Manuel Villoria, investiga el caso y lo más probable en estos casos es que se cite a las personas señaladas por el denunciante para dar su versión, señalan fuentes de la AIPI a elDiario.es. En este caso, De Riva ha señalado al propio Antonio Garamendi, entre otros miembros de la patronal de su entorno.

¿Solo una candidatura o nueva guerra en la patronal?

La semana pasada, Antonio Garamendi confirmó también un secreto a voces: que se presentará a las elecciones de CEOE, para intentar alcanzar un tercer mandato. En una intervención en los cursos de verano de la UIMP, el empresario vasco dijo contar con “el apoyo expreso de las organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener”.

Entre ellas, de la patronal vasca (Confebask), que emitió un comunicado de apoyo solo unas horas después, y de Foment, con un “apoyo sin fisuras” a Garamendi, según fuentes de la patronal catalana. También de la Asociación Española de la Banca (AEB), cuya presidenta, Alejandra Kindelán, pertenece a la directiva de la CEOE y avaló a Garamendi durante el curso de verano de la APIE. “Si él (Garamendi) quiere contar conmigo en el futuro, estaré encantada de seguir ahí”, aseguró. 

Otras patronales, como ATA, Cepyme, la patronal madrileña CEIM y la valenciana CEV indicaron a elDiario.es que se pronunciarán al respecto cuando aborden el tema de las elecciones dentro de sus organizaciones.

Una de las dudas es si la de Garamendi será la única candidatura o si tendrá alguna lista competidora. Esta tendría “hasta 40 días” antes de las elecciones para poder presentarse. Fuentes empresariales apuntan a este medio que, al contrario de lo que sucedió en otros momentos del pasado, ahora el empresario vasco llega a los comicios con menos patronales críticas.

Foment, con Josep Sánchez Llibre en el pasado enfrentado a Garamendi, ahora se sitúa de su lado, y Gerardo Cuerva, anterior líder de la patronal Cepyme, ya está fuera de la organización, tras perder –por la mínima– en los comicios de 2025 frente a Ángela de Miguel, la apuesta del empresario vasco.

No obstante, hasta hace poco, el empresario granadino era uno de los nombres que más sonaba para disputar el liderazgo a Antonio Garamendi, y según su entorno sigue con un pie en Madrid, como presidente de CIDE (Asociación de pequeñas distribuidoras-productoras de energía eléctrica).

Los últimos movimientos de José Manuel de Riva, acudiendo a la AIPI antes de las elecciones, han aumentado los rumores de quienes ven posible una nueva pugna en la patronal, que trate de desbancar de su puesto al empresario vasco.

Vuelven a agitarse las aguas en la patronal española. A unos meses de que se celebren las elecciones a la presidencia de CEOE, que Antonio Garamendi aspira a volver a ganar y en las que no suenan de momento candidaturas alternativas, esta semana CEOE ha acelerado por sorpresa el calendario electoral solo unos días después de que resurgieran varias denuncias de un empresario contra miembros de la cúpula de la gran patronal. El denunciante ha logrado la condición de “informante protegido”, adelantó El Confidencial, por lo que lo más probable es que Garamendi y otros cargos sean citados por la AIPI, que investiga el caso.

Las acusaciones no son nuevas, parten de un empresario segoviano y antiguo vicepresidente de la patronal de las pymes, José Manuel de Riva Zorrilla, que ya las denunció públicamente y en los órganos internos de CEOE y Cepyme –que no en los tribunales– en el contexto de guerra abierta en las elecciones en Cepyme celebradas el año pasado.

Antonio Garamendi promovió una candidatura alternativa al entonces líder de las pymes, Gerardo Cuerva, del que se había distanciado y que estaba erigiéndose como una figura crítica y más ultra frente al empresario vasco. De Riva era uno de los apoyos de Cuerva en la batalla electoral, que ganó finalmente por la mínima la candidata de CEOE, la vallisoletana Ángela de Miguel.

Antes de los comicios, se publicaron varias informaciones tachadas de “guerra sucia” por parte de CEOE sobre presuntas irregularidades que señalaban a varios miembros del entorno de Garamendi. Por ejemplo, contra Lorenzo Amor, presidente de la asociación de autónomos ATA, por “conflictos de intereses” y “facturar a nombre de su mujer” debido a contratos de ATA a una consultoría propiedad de la esposa de Amor.

También contra Ángela de Miguel, por supuesto “trato de favor” de su despacho de abogados a través de la Fundación pública de mediación laboral de Castilla y León (SERLA), entre otros. Las denuncias presentadas por José Manuel De Riva en las Comisiones de Régimen interno de las dos patronales fueron archivadas y hasta aquí parecía que habían llegado sus acusaciones. Hasta este lunes.

El “informante protegido” y sus consecuencias

El Confidencial publicó a comienzos de semana que José Manuel de Riva ha recibido el amparo de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), organismo público de protección de denunciantes de corrupción o irregularidades presidido por el catedrático Manuel Villoria, por un escrito presentado contra Antonio Garamendi y otros miembros de la cúpula de CEOE sobre las irregularidades denunciadas en el desarrollo de las elecciones de Cepyme.

Según este medio, la documentación, entregada en septiembre del año pasado, apunta a hechos que pueden referirse a eventuales delitos de corrupción en los negocios, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, de apropiación indebida y de administración desleal. Pero sin que haya, a día de hoy, ninguna denuncia presentada contra el presidente de la CEOE en ningún tribunal.

La AIPI certificó la condición de informante protegido a José Manuel De Riva, al entender que cumplía los requisitos para ello, aunque precisa que ese certificado “no prejuzga la veracidad de los hechos comunicados ni el resultado de las investigaciones futuras”, recoge El Confidencial.

Independientemente de si alguna de estas denuncias se considera finalmente veraz, el movimiento de De Riva va a suponer probablemente que Antonio Garamendi y otros miembros señalados de la patronal sean citados por la AIPI.

En los procedimientos de investigación del canal externo se cita a la parte denunciada para conocer su versión de los hechos, “salvo que excepcionalmente, bastara con la información por escrito”, responden fuentes de la AIPI a elDiario.es. En general, esta audiencia suele ser “una entrevista”, que puede realizarse de manera presencial y también online, indican en el organismo público.

“Durante la instrucción se da noticia de la comunicación con sucinta relación de hechos al investigado. Esta información puede efectuarse en el trámite de audiencia si se considera que su aportación con anterioridad pudiera facilitar la ocultación, destrucción o alteración de las pruebas”, explican desde el organismo público.

Por el momento, ni en CEOE, ni en Cepyme ni en ATA han recibido ninguna comunicación de la AIPI sobre ningún procedimiento abierto que les afecte, sostienen en estas organizaciones.

Adelanto electoral, de momento sin competencia a Garamendi

Solo unos días después de conocerse este procedimiento de la AIPI, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, dio por sorpresa el pistoletazo de salida al proceso electoral, con la convocatoria, el próximo miércoles, de los órganos directivos de la patronal que tendrán que fijar la fecha de los comicios. Hasta hace unos días, noviembre era el mes que se barruntaba en el mundo empresarial para esta cita con las urnas, pero ahora se prevé que sea antes.

Garamendi tildó de “campaña sucia” la remergencia de las denuncias de De Riva y se limitó a explicar que, dado que a principios de noviembre se celebrará la Cumbre Iberoamericana, quería llegar con el proceso interno ya zanjado. “No tiene ningún sentido que estemos en un espacio electoral cuando vienen miles de empresarios”, subrayó durante su intervención en el curso de verano que organizan la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander.

Y fue en esta cita donde confirmó el secreto a voces: aspirará a un tercer mandato. “He consultado con gente y sí, me voy a presentar a las elecciones de CEOE porque la gente me ha planteado que es el momento de seguir”, anunció. El empresario vasco dijo contar con “el apoyo expreso de las organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener”.

Entre ellas, de la patronal vasca (Confebask), que emitió un comunicado de apoyo solo unas horas después, y de Foment, con un “apoyo sin fisuras” a Garamendi, según fuentes de la patronal catalana. También de la Asociación Española de la Banca (AEB), cuya presidenta, Alejandra Kindelán, pertenece a la directiva de la CEOE y avaló a Garamendi durante el curso de verano de la APIE. “Si él (Garamendi) quiere contar conmigo en el futuro, estaré encantada de seguir ahí”, aseguró. 

En ATA, Cepyme, la patronal madrileña CEIM y la valenciana CEV indican que se pronunciarán al respecto cuando aborden el tema de las elecciones dentro de sus organizaciones.

Fuentes empresariales sostienen que no hay en estos momentos una oposición suficiente como para presentar una candidatura alternativa que dispute el liderazgo a Garamendi. El expresidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, que en el pasado dio a entender que podría dar el salto para diputar el liderazgo de CEOE, “de momento” no ha tomado ninguna decisión sobre si reabrir la batalla que dio hace un año, indican desde su entorno. Si bien el empresario granadino sigue con un pie en Madrid, como presidente de CIDE (Asociación de pequeñas distribuidoras-productoras de energía eléctrica).

Muchos han mirado a Gerardo Cuerva en este nuevo capítulo de las denuncias de su anterior vicepresidente. Sin embargo, fuentes empresariales consideran que José Manuel de Riva habría actuado por su cuenta y desvinculan su movimiento a una posible candidatura alternativa de Cuerva a los comicios de la CEOE.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha reclamado a las patronales que, si quieren negociar medidas para abordar el fenómeno de unas bajas laborales por enfermedad cada vez más largas y costosas, primero tendrán que abandonar el discurso de los “trabajadores de cristal” y del abuso de las incapacidades temporales.

“Si se quiere plantear la idea de que hay un abuso sistemático de las bajas porque los trabajadores son de cristal, con las bajas psicosociales, y que los médicos dan bajas al tuntún, nosotros no vamos a dar la partida”, ha dicho el líder sindical durante su intervención en el Seminario de verano organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander.

Si bien Sordo ha reconocido que el presidente de la gran patronal, Antonio Garamendi, no abunda en esta idea, “otros representantes patronales sí”. El secretario general de CCOO se refería a las desafortunadas declaraciones del presidente de CEOE en Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, que llamó “memos” a los jóvenes que solicitaban una baja por salud mental durante una jornada sobre “absentismo” –como denominan los empresarios este fenómeno– organizada por CEOE. Posteriormente se disculpó.

El líder sindical ha reconocido que este asunto es de gran complejidad y que, por ello, ya en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva firmado en 2017 plantearon, junto a UGT y las patronales, la puesta en marcha de un Observatorio que evaluara el “problema” de la eclosión de las bajas laborales por enfermedad. Para Sordo, este asunto tiene más que ver con una infrafinanciación de servicios públicos como la atención primaria, lo que dilata el adecuado diagnóstico de los procesos de incapacidad; además del progresivo envejecimiento de la mano de obra en el país, que hace más propensos a los trabajadores a tener que solicitar una baja por enfermedad.

Sordo ha criticado que la respuesta de la patronal para tratar de resolver este asunto sea “apretar las tuercas” a los trabajadores con la eliminación de los complementos por incapacidad temporal incluidos en los convenios colectivos, por los que las empresas complementan hasta el 100% la paga de sus empleados de baja, que corre a cuenta de la Seguridad Social.

Un factor que sería contraprudecente, a ojos del sindicalista, en tanto que gran parte de los permisos psicosociales –donde se incluyen las bajas por salud mental– por contingencias comunes “tienen una relación con el trabajo o con la relación del trabajo con el tiempo de vida de la gente”, bien sea por situaciones de estrés o ante dificultades de conciliación con el cuidado de hijos o personas mayores.

“Es una casuística súper amplia que estamos dispuestos a ver, pero siempre que se aquilate bien qué es lo que está pasando”, ha dicho el líder de CCOO, que ha advertido que no permitirán pérdidas de derechos o “lecturas simplistas” de lo que está pasando.

“La banca no puede seguir prescindiendo de plantillas”

Preguntado sobre los procesos de prejubilaciones y salidas voluntarias que se están produciendo en el sector financiero, Sordo ha vinculado esta pérdida de mano de obra con una mayor presión sobre la plantilla que se queda. Trabajadores que son llevados al límite y que acaban necesitando de estos permisos por salud mental.

“El sistema financiero no puede seguir prescindiendo de plantillas”, ha insistido, señalando que eso aboca a grandes sectores de la sociedad y del territorio a la exclusión. Y trabajadores que “han mutado en una especie de comerciales permanentes”, con objetivos cada vez más difíciles de cumplir.

El líder sindical ha participado en el tradicional curso de verano de la APIE, que este año versa sobre la energía, la Inteligencia Artificial y la situación del mercado de la vivienda. Para hablar de estos asuntos ha tirado de una metáfora: la película El bueno, el feo y el malo.

En la parte positiva, la transición ecológica y la electrificación del productivo, ha dicho Sordo, podrían acercar a España a la ansiada meta del pleno empleo y coloca al país ante una “oportunidad histórica” de competir por los bajos precios de la energía, en lugar de por los bajos salarios. Dar marcha atrás a estas políticas verdes por parte de quienes abanderan el “negacionismo climático” sería “la decisión estratégica más estúpida y errónea” de la historia del país, ha señalado.

El 'feo' sería la IA, “el gran elemento de riesgo” de las sociedades y que, ha reconocido, va a reconfigurar por completo las estructuras productivas del país, con la destrucción de miles de puestos de trabajo y la creación de otros nichos. En este sentido, Sordo ha advertido sobre el empleo de algoritmos a la hora de organizar el trabajo, con fórmulas desconocidas nutridas con todo tipo de datos que tomarán decisiones “aparentemente neutras” que “pueden poner en cuestion todo el marco de derechos laborales que hemos conocido con unos sesgos absolutamente inasumibles”.

El 'malo' sería la situación del mercado de la vivienda, para lo que ha reclamado una intervención completa, desde topar precios del alquiler en determinados espacios a incentivar la oferta de vivienda no especulativa, de tal manera que se construya más, pero esto no infle los precios.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha anunciado que aspirará a un tercer mandato al frente de la gran patronal, confirmando un secreto a voces, y ha dicho tener el “apoyo expreso” de organizaciones y empresas suficientes.

“He consultado con gente y sí, me voy a presentar a las elecciones de CEOE porque la gente me ha planteado que es el momento de seguir”, ha dicho el empresario vasco desde Santander, donde participa en el curso de verano que organiza la APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El líder patronal promovió una reforma de los estatutos de CEOE en julio de 2023 para eliminar el tope de dos mandatos en la presidencia de la organización, dando vía libre a presentarse a liderar a los empresarios españoles por tercera vez consecutiva, hasta 2030. Un extremo que no había confirmado hasta este miércoles.

Garamendi ha asegurado que cuenta con “el apoyo expreso de las organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener”.

El empresario vasco sorprendió ayer a varios sectores de la patronal al convocar, para el próximo miércoles, al Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva de la CEOE para dar el primer paso y fijar la fecha de los comicios en el seno de la organización, que estaban previstos para noviembre.

Sin embargo, Garamendi ha detallado que el movimiento busca dar el mes de julio para trabajar en las candidaturas, la suya propia o cualquier alternativa que se presente, y que la Cumbre Iberoamericana de principios de noviembre, que contará con una intensa agenda empresarial, no se vea afectada por el proceso electoral.

“Se abre un espacio donde, el que quiera se puede presentar y que pueda plantear un proyecto el que quiera”, ha detallado.

Una “campaña sucia” tras las elecciones de Cepyme

El anuncio llega después de que El Confidencial publicara que un antiguo vicepresidente de la patronal de las pymes, José Manuel de la Riva Zorrilla, ha recibido el amparo de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) por un escrito presentado contra Garamendi sobre el desarrollo de las elecciones de Cepyme. Según este medio, la documentación, entregada en septiembre del año pasado, apunta a hechos que pueden referirse a eventuales delitos de corrupción en los negocios, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, de apropiación indebida y de administración desleal. Eso sí: a día de hoy no hay ninguna denuncia presentada contra el presidente de la CEOE en ningún tribunal.

Preguntado por estas informaciones, Garamendi ha hablado de “campañas sucias que no van a ningún lado” y se ha referido a De la Riva como “el señor que denuncia, no denuncia o desdenuncia”.

El presidente de la patronal ha reclamado la limpieza del proceso y de los plazos, a diferencia de lo que sucedió hace un año en las elecciones de Cepyme, la 'hermana pequeña' de la CEOE. Hace un año, Garamendi avaló a una candidata alternativa, la empresaria vallisoletana Ángela de Miguel, que se hizo con el liderazgo de la organización de las pymes frente a su entonces presidente, Gerardo Cuerva.

Sin mencionarlo, el nombre de Cuerva –De la Riva era uno de sus vicepresidentes– ha estado presente. “Pido que si alguien cree que tiene un proyecto mejor, que plantee un proyecto en serio, pero no un proyecto donde se intente ensuciar a sus compañeros con temas que no van a ningún sitio. Y no doy más valor del que tiene”, ha dicho. Y, sin entrar en posibles candidaturas alternativas, ha evitado reabrir las heridas de una guerra patronal que, a todas luces, se cerró en falso. “De lo que pasara hace un año y medio, me olvido. Ángela de Miguel es la presidenta de Cepyme, lo está haciendo magníficamente bien y no voy a entrar en esos espacios”, ha insistido.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dado, por sorpresa y antes de lo previsto, el primer paso para celebrar las elecciones al liderazgo de la gran patronal, unos comicios que estaban previstos para otoño y que podrían tener lugar a la vuelta del verano. El empresario vasco ha convocado el próximo miércoles 1 de julio al Comité Ejecutivo, que es el organismo competente para fijar la fecha definitiva de las elecciones.

“Hay prevista una cumbre en noviembre y, teniendo en cuenta que los estatutos establecen un plazo mínimo de tres meses, no queríamos que los tiempos se solaparan con ese evento”, detallan fuentes de la CEOE consultadas por elDiario.es, que confirman la reunión de la dirección de la patronal la próxima semana.

En este sentido, las fuentes patronales apuntan que era “importante intentar que la convocatoria quedara cerrada durante el mes de julio, de manera que las organizaciones dispusieran de margen suficiente para realizar toda la tramitación y los procedimientos necesarios antes de agosto”.

La cita, adelantada por El Correo, podría tener lugar antes del tope legal de cuatro años para su celebración, el 23 de noviembre de 2022.

Garamendi podría aspirar a un tercer mandato

Garamendi promovió una reforma de los estatutos de CEOE en julio de 2023 para eliminar el tope de dos mandatos en la presidencia de la patronal, dando vía libre a presentarse a liderar a los empresarios españoles por tercera vez consecutiva, hasta 2030. Aunque el empresario vasco no ha confirmado aún sus pretensiones de presentarse, en el mundo patronal se da por hecho que concurrirá.

Las dudas están en si será un candidato único y por aclamación, o tendrá que fajarse contra otra lista, despertando los ecos de la dura guerra patronal del año pasado en Cepyme, la 'hermana pequeña' de la CEOE. En estos comicios la empresaria Ángela de Miguel, avalada por Garamendi, se impuso al entonces presidente, Gerardo Cuerva, que se había distanciado del vasco tras defender una línea más dura contra el Gobierno.

El anuncio llega después de que El Confidencial publicara que un antiguo vicepresidente de la patronal de las pymes, José Manuel de la Riva Zorrilla, ha recibido el amparo de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) por un escrito presentado contra Garamendi sobre el desarrollo de las elecciones de Cepyme. Según este medio, la documentación, entregada en septiembre del año pasado, apunta a hechos que pueden referirse a eventuales delitos de corrupción en los negocios, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, de apropiación indebida y de administración desleal. Eso sí: a día de hoy no hay ninguna denuncia presentada contra el presidente de la CEOE en ningún tribunal.

El presidente de la CEOE lleva tiempo endureciendo su discurso contra el Gobierno de Pedro Sánchez, tras un primer mandato salpicado de crisis, como la de la pandemia, en el que se cerraron numerosos acuerdos de diálogo social con los sindicatos y el Ejecutivo. Fruto de ese acercamiento se aprobaron la reforma laboral o la primera pata de la reforma de las pensiones, así como el primero de los aumentos del salario mínimo interprofesional (SMI) con Yolanda Díaz al frente del Ministerio (en 2020, de 900 a 950 euros).

Durante la Asamblea General de la CEOE que tuvo lugar la semana pasada, Garamendi dio un paso más y criticó el “brutal ataque” que se hace a los jueces desde el Ejecutivo, a su juicio, y mostró su apoyo a la judicatura, así como “a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

El líder de la gran patronal, Antonio Garamendi, ha elevado el tono contra el Gobierno en la Asamblea General de la CEOE, celebrada este miércoles en Madrid, por las causas judiciales que rodean al Ejecutivo. En concreto, el empresario vasco ha sostenido que “es brutal el ataque se está haciendo a los jueces”, a los que ha mostrado todo su apoyo, así como “a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Garamendi ha insistido en que es “lamentable” el contexto actual, que ha afirmado que deja “perplejo” a cualquier ciudadano.

“Levantemos las alfombras, porque los casos de corrupción son increíbles”, ha afirmado el dirigente empresarial, que ha subrayado que “fuera” están mirando a España. “Esto no nos viene nada bien”, ha dicho respecto a las empresas.

Critica la “inestabilidad institucional”

En su discurso al auditorio de la Asamblea General de CEOE, Antonio Garmendi ya había destacado que “la inestabilidad institucional a la que asistimos es el peor contexto posible para una buena marcha de la economía y el empleo”.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno apenas pueda aprobar leyes en el Parlamento y que el país lleva tres años sin Presupuestos Generales del Estado.

Preguntado por los medios de comunicación sobre si con estos mensajes está emplazando a un adelanto electoral, Antonio Garamendi ha evitado llamar a unas elecciones. Ha afirmado que hay varías “fórmulas” que tiene disponibles tanto el Parlamento y el Gobierno. “Ahí están, tómenlas”, ha afirmado.

Culpa a Yolanda Díaz de impedir un acuerdo de salaros

En la línea habitual de duros ataques al Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, Antonio Garamendi ha cargado contra la “asfixia normativa” de su departamento, el “continuo abuso” de la vía reglamentaria y la “desnaturalización” del diálogo social, que ha calificado de “irreal” e “interesado”.

Antonio Garamendi ha señalado específicamente a Trabajo y la “inseguridad” jurídica –“que no va a parar”– para sostener que así es “muy difícil” poder negociar un acuerdo con los sindicatos de negociación colectiva, el gran acuerdo de salarios y otras materias clave de los convenios colectivos que debería revalidarse este año.

Los sindicatos CCOO y UGT llevan meses emplazando a la patronal a sentarse a iniciar esta negociación, sin éxito. Garamendi ha rechazado que se les acuse de “bloqueo” y ha insistido en criticar la “intromisión” del Ministerio en cuestiones como las reglas de compensación y absorción de los complementos salariales, entre otras.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha desmarcado de las palabras del presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla La-Mancha (CECAM), Ángel Nicolás, que calificó de “memos” a los jóvenes que se dan de baja por problemas de salud mental derivados de “que les ha dejado la novia” o porque su jefe les pide que trabajen. Garamendi ya se desvinculó también ayer de estas palabras.

“Yo nunca diría eso”, ha afirmado hoy, al tiempo que ha precisado que se trata de una expresión de una persona “dentro de la múltiple gente” que hay en la patronal estatal. “CEOE, en este caso, no va en esa línea”, ha agregado el presidente de la patronal en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press.

En cualquier caso, Garamendi ha insistido en que la realidad es que cada día faltan a trabajar 1,4 millones de personas por incapacidad temporal (IT) no derivada de un accidente laboral, un problema que cuesta unos 33.000 millones de euros anuales, de los que las empresas asumen 17.000 millones y el Estado, el resto.

“Nosotros pagamos la baja del día cuarto al 14 y a partir del año también”, ha expuesto Garamendi, que ha propuesto que la Seguridad Social asuma también el pago de las bajas a partir del cuarto día.

Hay que retribuir mejor a los médicos. Estoy de acuerdo con los médicos que están en la calle

“Faltan médicos. Hay que retribuir mejor a los médicos. Soy el presidente de la patronal, pero estoy de acuerdo con los médicos que están en la calle. Necesitamos que la gente tenga la capacidad sanitaria para que se cuide. Lo que hace falta es que haya un sistema robusto, sanitario, para que esto funcione”, ha subrayado el dirigente empresarial.

En este sentido, ha afirmado que la CEOE está planteando muchas medidas, entre ellas que las mutuas puedan ayudar. Garamendi ha subrayado que, desde la pandemia de Covid, se han disparado las bajas de salud mental, pero no sólo en España, también en otros países, por lo que instado a reforzar la sanidad en este ámbito.

“Nos gastamos las empresas 17.000 millones. Lo que decimos es que mientras que esto no se arregle, no me hagan pagar a mí la broma”, ha indicado Garamendi.

El Tribunal Supremo rechaza los recursos de la gran patronal española, CEOE, y su organización de pequeñas y medianas empresas (Cepyme) y respalda la presencia de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) en el Consejo Estatal de la pyme y el Observatorio de la Morosidad. Entre otros argumentos, advierte de que limitar la pluralidad de interlocutores equivale en la práctica a un “monopolio” de la representación empresarial.

En dos sentencias fechadas el 19 y el 28 de mayo a las que ha tenido acceso EFE, la sala de lo contencioso rechaza los recursos de Cepyme y CEOE, respectivamente, contra el decreto de 2024 que crea y regula el Consejo Estatal de la pequeña y mediana empresa y se regula el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada.

Para rechazar la presencia de Conpymes en el Consejo Estatal, la CEOE alegaba que la representación institucional de las organizaciones empresariales en dicho consejo corresponde “exclusivamente” a las organizaciones empresariales de ámbito estatal y a las de ámbito autonómico de carácter intersectorial que alcancen los umbrales mínimos de representatividad que marca el Estatuto de los Trabajadores.

Asimismo, afirmaba que dichos umbrales de representatividad se determinan conforme a criterios objetivos vinculados al número de empresas asociadas y de trabajadores de estas, sin que resulte jurídicamente relevante el tamaño de las empresas. Así, consideraban que en estos órganos se estaba premiando en exceso a organizaciones de pymes y “discriminando” a sus patronales.

“Indebida monopolización” de la representación empresarial

El Supremo, en cambio, cree que de atender a los criterios de CEOE y Cepyme “conduciría, en la práctica, a una indebida monopolización de la representación institucional de las organizaciones empresariales, erigiéndolas en interlocutores exclusivos frente a las administraciones públicas”.

Tanto el Consejo y el Observatorio de la Morosidad son órganos colegiados de carácter no decisorio, y su función es esencialmente consultiva, destaca el Supremo.

Dada su naturaleza y las funciones que tiene atribuidas en materias que inciden directamente en las pequeñas y medianas empresas, “resulta razonable articular una composición que incorpore una pluralidad de interlocutores”.

Entre estos interlocutores cabe incluir “no sólo a las organizaciones empresariales más representativas de ámbito estatal, sin distinción por razón del tamaño de las empresas que integran, sino también a aquellas organizaciones específicamente representativas de las pequeñas y medianas empresas”.

Desde Conpymes valoran que la justicia confirme “de manera definitiva que las pymes tienen derecho a una voz propia e independiente en los órganos públicos de participación”, y rechace la pretensión de CEOE y Cepyme de concentrar en exclusiva dicha representación.

La resolución determina “con claridad que la representación de las pymes no puede quedar absorbida por las grandes estructuras empresariales”, añade Conpymes, que destaca que el Tribunal Supremo avala un modelo donde la pluralidad “es un derecho protegido por reglas concretas que impiden que una misma organización, o sus estructuras vinculadas, acumule puestos en órganos del Estado”.

No es la primera vez que Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, denuncia la falta de diálogo social. Esta vez ha ido más lejos. A cuenta de la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha afirmado: “Ya no hay proyectos de ley, ya no hay reales decretos ley y ahora son reales órdenes, es decir, ordenanzas como en la época de Franco”. No es una metáfora menor. Tampoco es casual. Quienes recuerdan que en su primera etapa al frente de la CEOE el PP le criticó en más de una ocasión su disposición al diálogo con el Gobierno, observan hoy, con cierta perplejidad, cómo ese mismo dirigente ha ido alineando su discurso con la estrategia de confrontación total que el partido de Feijóo ha hecho suya. El “a Sánchez ni agua” tiene, al parecer, muchos vasos comunicantes.

Garamendi reprocha al Ejecutivo de Pedro Sánchez, y en particular a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que legisle sin pasar por la mesa del diálogo social. Reclama negociación, acuerdo y respeto a la autonomía colectiva. Invoca incluso el papel constitucional de los agentes sociales. Es una posición razonable. Deja de serlo cuando ese principio solo aparece cuando no gobierna la derecha.

Porque de eso va, en realidad, la concertación social en España. No de su existencia, que nadie discute, sino de su uso. Cuando hablamos de concertación social no hablamos de un mecanismo consultivo, como ocurre en buena parte de Europa. Hablamos de otra cosa: de la capacidad de que Gobierno, sindicatos y patronal negocien acuerdos con efectos reales sobre el mercado de trabajo, la protección social o la negociación colectiva. Esa es su singularidad y su valor.

La concertación española tiene una historia valiosa. Cumplió una función estabilizadora en momentos decisivos y ayudó a ordenar conflictos en etapas complejas. Pero esa historia convive con una contradicción persistente que rara vez se reconoce: sus principios son intermitentes.

El patrón es conocido. Cuando gobierna la derecha, los sindicatos exigen, con razón, que cualquier reforma que afecte al mercado de trabajo o a la protección social pase por la mesa de negociación. La patronal recuerda entonces que el Gobierno tiene legitimidad democrática para aplicar su programa y que la concertación no puede convertirse en un derecho de veto.

Cuando gobierna la izquierda, el guion se invierte. La patronal descubre las virtudes del diálogo social y exige el acuerdo previo. Los sindicatos apelan a la legitimidad del programa de gobierno y rechazan que la patronal pueda ejercer un derecho de veto. No cambian los principios. Cambia cuándo conviene invocarlos.

Las declaraciones de Garamendi encajan exactamente en ese patrón. Lo llamativo no es que defienda el diálogo social; eso, en abstracto, es impecable, sino que lo haga como si fuera un principio constante y no una posición variable. Porque si hay algo que desmiente esa coherencia es la propia historia reciente.

En 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó por decreto una de las reformas laborales más profundas y perniciosas de nuestra democracia. No fue un ajuste menor. Alteró de forma sustancial la negociación colectiva, la vigencia de los convenios y el equilibrio entre empresa y representación sindical. Intervino, en suma, directamente en aquello que hoy se presenta como intocable: el espacio propio de la negociación colectiva.

Y hay un detalle aún más revelador. Aquella reforma no solo se aprobó sin acuerdo: también modificó el contenido de un acuerdo confederal firmado apenas unas semanas antes por los propios agentes sociales, CEOE incluida. El Gobierno no solo legisló sin negociación; alteró lo que la concertación acababa de producir. ¿Dónde estaba entonces la defensa del diálogo social? ¿Dónde la denuncia de autoritarismo? La respuesta fue sencilla: estaba en el programa de gobierno del Partido Popular. Y con eso pareció bastar. Sin una sola apelación a la autonomía colectiva.

Si se aspira a que la concertación social sea algo más que eso, no puede tratarse unas veces como un derecho de veto y otras como un mero instrumento de legitimación. No puede exigirse cuando frena y relativizarse cuando incomoda. Y no puede aplicarse de forma distinta según el color del Gobierno, sin erosionar con ello su valor y su credibilidad.

Si patronal y sindicatos quisieran tomarse en serio aquello que invocan, hay un debate pendiente: definir qué materias consideran propias de la capacidad de autorregulación de los agentes sociales y que por tanto deberían quedar a salvo de cambios unilaterales, sea cual sea la mayoría parlamentaria o el gobierno y cuáles reconocen como legítimas de la iniciativa política.

Ese acuerdo previo, difícil sin duda pero necesario, daría coherencia y consistencia a la concertación social, ese instrumento que nos hemos dado en España y que no necesita más hipérboles como las del presidente de la CEOE. Necesita reglas de juego estables. Para dejar de ser una coartada y convertirse, de una vez, en una herramienta y un principio compartido.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha calificado este martes de “sorprendente” que España esté gastando “mucho más que nunca” en prestaciones por desempleo habiendo más puestos de trabajo en España.

“¿Cómo es que tenemos más empleo y en paro gastamos más? Nos deberíamos de plantear muy bien todos estos temas”, ha dicho el dirigente empresarial durante la inauguración del VII Foro Emprendedores y Autónomos 2026 organizado por ATA en la sede de la CEOE.

En su intervención, Garamendi ha felicitado a los autónomos por los datos de paro y afiliación del mes de abril, pues el tirón del empleo ha venido de la mano de la hostelería y el turismo.

El dirigente de la CEOE ha resaltado que, en su gran mayoría, la creación de empleo viene a través de los autónomos y ha instado a “cuidar y mimar” especialmente a este colectivo, que ya alcanza los 3,5 millones de personas en España.

El líder de la CEOE ha subrayado que, en la problemática actual, los autónomos que “aguantan” son aquellos que tienen empleados, que tienen ya pequeñas empresas, y ha insistido en que hay que cuidarlos para que sigan con su actividad.

“Los trabajadores pueden estar protegidos de una manera u otra, pero el trabajo autónomo, los autónomos, el día que les falla esa buena idea que tenían, el día que las cosas no van tan bien, pues muchas veces pierden su casa, se van al paro y no tienen esos apoyos, esas cosas que pueden tener otros trabajadores que pueden estar en el propio Régimen General”, ha añadido.

Para los autónomos “que han caído”, Garamendi ha defendido una segunda oportunidad, al igual que ha emplazado a abordar otros problemas que sufre el colectivo, como los traspasos de negocios donde los titulares se jubilan ó de cómo gestionar esa misma situación en la España vaciada, en los pueblos.

“Eso significa trabajar en la formación, eso significa no ahogar más lo que ya se está ahogando”, ha señalado Garamendi, que también ha denunciado la difícil gestión a la que se enfrentan los autónomos con la “maraña permanente” de normas que están sobre la mesa.

“A ver quién puede gestionar algo con tantas normas, papeles, cuando tiene un pequeño negocio. ¿Cómo va a crecer ese pequeño autónomo a empresa? ¿Cómo va a poder crecer si al final va a tener que manejarse en esa maraña de normas permanentes que están encima de la mesa?”, ha argumentado.

Garamendi ha agradecido a ATA el trabajo que realiza en defensa “de la clase, de la casta más olvidada de este país”, los autónomos. “Nos guste o no nos guste estamos viendo muchas medidas que van encaminadas en sentido contrario, por las que están sufriendo los pequeños”, ha advertido.

“Vamos a estar con vosotros, que estamos para trabajar, en este caso, por los pequeños, y que, realmente, no os sintáis abandonados, porque la sociedad tiene claro que todo esto funciona, si tiene la capa más amplia, que son los tres millones y medio de autónomos, que son los que generan y dan y los que tiran para adelante”, ha concluido.

El Gobierno se reunirá mañana jueves con los agentes sociales, los líderes de los sindicatos y patronales mayoritarios, para seguir abordando las medidas para paliar el impacto de la guerra en Irán en empresas, familias y trabajadores, según ha desvelado este miércoles el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

“Ayer a la tarde teníamos una reunión inicial con la vicepresidenta tercera y ayer se ha ampliado y tenemos mañana una reunión que presidirá, entiendo, la vicepresidenta primera y estarán varios ministerios”, ha explicado Garamendi.

El Ministerio de Trabajo ya se reunió la semana pasada con los agentes sociales, en un encuentro liderado por Díaz en el que se acordó crear una mesa para monitorizar el impacto del conflicto en Oriente Medio en la economía española.

Fuentes de CCOO y UGT confirman el encuentro de diálogo social a elDiario.es, que estará encabezado por las tres vicepresidentas del Gobierno, María Jesús Montero (Hacienda), Yolanda Díaz (Trabajo) y Sara Aagesen (Transición Ecológica y para el Reto Demográfico) y a la que se prevé que asistan también más ministros.

El Gobierno está trabajando en un plan “trasversal”, con medidas coyunturales y estratégicas, para afrontar el impacto del conflicto en Oriente Próximo, que ha disparado los precios energéticos, con el petróleo mostrando un comportamiento volátil y el gas, al alza.

El Ejecutivo ha recordado que tiene sobre la mesa todas las medidas que se adoptaron durante la guerra en Ucrania, incluida una posible bonificación al combustible, y que no descarta aplicarla, aunque quiere consultar con los agentes sociales y los sectores económicos más afectados por esta crisis, así como al resto de formaciones políticas, para lo que se hará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios.

En este sentido, el presidente de la CEOE ha señalado que “son cosas a las que hay darle un poco más de tiempo” para saber exactamente hacia dónde se mueve el mayor impacto de la guerra en Irán.

Diferencias respecto a las bajadas de impuestos

En todo caso, Antonio Garamendi ha reiterado que, en el caso de que hubiera intervenir el precio de las gasolinas, la solución no es bonificar el combustible, sino aplicar rebajas en el IVA como piden los gasolineros.

Preguntado por si estaría a favor de rebajar el IVA de los alimentos al 0%, como ha sugerido el presidente de Mercadona, Juan Roig, Garamendi ha afirmado que “hoy por hoy no” y que sería, en todo caso, algo que habría que evaluar “en función también de cuáles son los ingresos”.

“También es verdad que lo que no puede pasar es que el Estado con esto gane más dinero”, ha reiterado el dirigente empresarial, que ha señalado que hay elementos que “sí pueden tocarse, aunque no vayan a cero” y que podría deflactarse el IRPF, como lleva pidiendo la CEOE desde hace tiempo.

Este martes, la vicepresidenta Yolanda Díaz rechazó aplciar bajas masivas de impuestos, como plantea también el Partido Popular. “Aquí no se lucra el Gobierno de España, lo que hace es tomar medidas para ayudar a las empresas, los trabajadores y los autónomos”, ha recordado Díaz. Ayudas con “un coste fiscal muy elevado” que requieren de “ingresos públicos”, destacó en una entrevista en Mañaneros (TVE).

Critica las propuestas de Sumar por “populistas”

En cuanto a las propuestas que ha hecho Sumar para paliar el impacto de la guerra en Irán, que pasan por intervenir los mercados de la vivienda, la alimentación y la energía, topar los precios del alquiler y el gas, grabar con un nuevo impuesto a las grandes empresas de distribución, recuperar el impuesto a las energéticas y bajar el IVA de los alimentos básicos, Antonio Garamendi ha criticado que son “populismo puro”.

“Es intervencionismo en estado puro, y realmente eso es la mayor maravilla para que nadie confiara en España”, ha denunciado el líder de la CEOE.

“¿Qué suele pasar con los populistas? Aprovecharse de las crisis para plantear estos temas, y me da igual los populistas de derechas, de izquierdas, es decir, realmente estas fórmulas ya se han utilizado en países de Iberoamérica o antes de la caída del muro. Sinceramente considero que intentar plantear un tema que va en contra de lo que es la economía”, ha sostenido el dirigente empresarial.

Garamendi ha afirmado que hay que cuidar de los ciudadanos, pero “eso no pasa por que alguien, que además, normalmente no sabe de qué va la economía, ni las empresas, ni nada, diga cómo se hacen las cosas”, ha subrayado.

Ayer, las patronales de empresarios anunciaron que no irán siquiera a negociar la propuesta de Trabajo que pretende ampliar la democracia en las empresas, por ejemplo, garantizando que los trabajadores tienen asientos en los consejos de administración de las compañías, como ocurre en muchos países europeos, como Alemania y Suecia. Ignorando esta extendida referencia comunitaria, CEOE y Cepyme también acusaron al departamento de Díaz de impulsar un modelo de “regímenes autoritarios del pasado”.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha rechazado este martes las peticiones de bajadas masivas del impuesto del IVA que han realizado en las últimas horas tanto el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, y el dueño de Mercadona, Juan Roig. “Aquí no se lucra el Gobierno de España, lo que hace es tomar medidas para ayudar a las empresas, los trabajadores y los autónomos”, ha recordado Díaz. Ayudas con “un coste fiscal muy elevado” que requieren de “ingresos públicos”, ha destacado en una entrevista en Mañaneros (TVE).

La responsable de Trabajo ha criticado el pronunciamiento del responsable de las empresas españolas, Antonio Garamendi, que ha señalado este martes a Hacienda por supuestamente “beneficiarse” del aumento de los precios derivado del conflicto en Oriente Medio, que ya se nota en el coste de los carburantes, por ejemplo.

Yolanda Díaz ha destacado que estas afirmaciones son “falsas” y ha enfatizado que el Gobierno de España “no se lucra” con la subida de precios en estas crisis, como la pasada por la guerra de Ucrania, sino que utiliza los recursos públicos recaudados para pagar ayudas y otras medidas para proteger a la ciudadanía, las empresas, los trabajadores y los autónomos, como los ERTE o las ayudas de paro extraordinarias para los trabajadores por cuenta propia.

“Medidas que van a tener un coste fiscal elevado y que, por tanto, van a necesitar de ingresos públicos”, ha insistido Díaz, para sufragar los llamados 'escudos sociales y laborales', con medidas como ERTE si son necesarios, ayudas a los hogares vulnerables o por el auge del precio de la energía.

Paquete de medidas “trasversal”

Aunque la parte socialista del Gobierno se mantiene de momento más cauta sobre qué medidas puede aprobar para hacer frente a la guerra en Irán, para lo que el presidente hará una ronda de contactos con el resto de formaciones políticas, Yolanda Díaz ha afirmado que el Ejecutivo de coalición está trabajando ya en “una panoplia” de medidas de carácter “trasversal” para hacer frente a las posibles derivadas de este conflicto armado, tanto “sociales”, como “ambientales” y “laborales”.

Entre ellas, Díaz no ha querido concretar ni descartar ninguna, y ha puesto como referencia la pasada crisis inflacionista por la guerra en Ucrania, que llevó al Gobierno a aprobar la llamada 'excepción ibérica' para contener los precios energéticos, también bonificaciones fiscales a los carburantes por su elevado precio, y un escudo social para proteger a la ciudadanía más vulnerable de los costes de la energía y de posibles aumentos en los alquileres, por ejemplo.

Yolanda Díaz también ha mencionado que “serían muy oportunas” medidas como “el control de precios” de los alimentos, en “un sector tan potente como es el de la distribución en España”, ha destacado, con amplios márgenes de beneficios.

“Tenemos todas las medidas en materia económica y social preparadas y listas”, ha insistido la líder de Sumar dentro del Gobierno, que ha mandado un mensaje de “tranquilidad”. “Confianza en el Gobierno de España, lo vamos a volver a hacer”, ha sostenido.

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha rechazado la intención del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz de legislar para aumentar la democracia interna de las empresas, con más participación de los trabajadores en su gobernanza, un proyecto apoyado por un informe encargado a un grupo de expertos y expertas internacional sobre la materia. “La empresa es democrática, cuidao, con sus accionistas, que son los que se juegan el dinero”, ha sostenido el empresario vasco.

“Si estáis tranquilos, nos viene la ley del intervencionismo en estado mágico y máximo, que le llaman la ley de la democracia en la empresa”, ha ironizado Garamendi durante un encuentro empresarial organizado en el Hotel Palace de Madrid, por la Fundación Conexus Madrid-Comunidad Valencia.

“Id preparando, tranquilos, el 10% vais a repartirlo, los sindicatos que nos van a dirigir la empresa, van a tener el 50% del Consejo (de Administración) y otras tantas cosas que parece que se plantean”, ha ironizado Garamendi, entre risas del público. El líder empresarial se ha referido a varias medidas del comité de expertos, como facilitar que los trabajadores accedan a la propiedad de las empresas y participen con un peso relevante en las decisiones de su gobernanza, con asientos en los consejos de administración.

El presidente de CEOE ha indicado que, aunque todo apunta a la dificultad de esta ley para salir adelante, “solo el anuncio provoca ya la desconfianza”.

Aunque esta mayor participación de los trabajadores en las empresas existe en la mayoría de países de la UE, como señalaba en esta entrevista la profesora Isabelle Ferreras, presidenta de la comisión de expertos, Antonio Garamendi ha afirmado espera que España no sea “el país del experimento” para estas medidas.

La vicepresidenta Yolanda Díaz anunció que iba a convocar la mesa de diálogo social para negociar esta regulación, pero Garamendi ha deslizado la posibilidad de no sentarse siquiera a hablar con los sindicatos y el Ministerio de Trabajo. “Cuando nos convoquen a esta otra mesa no sé lo que haremos, pero lo que no vamos a aceptar es una premisa que es falta”, ha sostenido. Este mismo argumentó justificó la patronal para no sentarse a negociar una modificación legal del despido improcedente.

Denuncia ahora el “ausentismo”: “Es un dumping a los compañeros”

El líder de los empresarios españoles ha criticado este jueves el aumento de las bajas médicas, ahora no con la palabra “absentismo”, sino con una nueva: “El ausentismo”. Con este término, Garamendi parecía señalar los comportamientos abusivos con las bajas, que no ha cifrado, pero que ha señalado “que existe”.

“Es un dumping, es un daño horrible que le hace una persona a su compañero, porque le está chuleando en algún caso”, ha afirmado el empresario vasco. A renglón seguido ha precisado que las patronales quieren “que la gente sane” y que no dicen que todos los trabajadores sean “ausentistas”.

“Va a ser que la desigualdad es culpa nuestra”

El líder de la CEOE ha mostrado también enfado y perplejidad por el debate sobre la desigualdad, que señala a algunas empresas y empresarios por no repartir la riqueza generada con sus trabajadores, pieza clave en la producción de estas ganancias, y con el conjunto de la sociedad, vía impositiva. También por su reticencia a alcanzar un acuerdo para subir salarios, cuando los márgenes empresariales están en máximos.

“Se habla de desigualdad y, curiosamente, va a ser que la desigualdad es cosa nuestra. Tiene su gracia. Porque se está planteando todo lo público que no se gestiona bien.... Pues al final, la culpa es nuestra. Más fácil, es más sencillo”, ha lamentado.

Garamendi ha denunciado “el mundo en estos momentos, que es terriblemente injusto para quienes creamos progreso, riqueza, que son las empresas”. El dirigente patronal ha señalado que los empresarios son verdaderamente “los progresistas” porque generan “progreso”.

El presidente de la gran patronal (CEOE), Antonio Garamendi, ha respondido a las críticas lanzadas ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no apoyar la subida del salario mínimo. “El gran drama es que no se pueden subir los salarios porque el Gobierno se está poniendo morado, y lo digo así de claro, a subir impuestos desde el punto de vista de lo que son los seguros sociales”, ha sostenido el empresario vasco, en referencia al dinero que utiliza el Estado para pagar las pensiones.

Sánchez señaló que “dónde está la patronal” cuando el IBEX 35 alcanza máximos históricos y cuando ocurre lo mismo con la escalada de los beneficios de las empresas. “Ahí sí está”, ha señalado Sánchez a CEOE y a Cepyme, pero no en el aumento del salario mínimo legal, algo que ha considerado que “no es admisible” en el actual contexto económico.

“No es admisible que, en un contexto de bonanza económica, se mire con lupa el salario de quien cobra el mínimo, mientras se mira hacia otro lado cuando se registran beneficios multimillonarios”, remató.

No es un impuesto, son cuotas para pagar pensiones

El dirigente empresarial ha señalado que, para el presidente del Gobierno, “parece que sólo hay 35 empresas en España”, las del Ibex, cuando hay más de dos millones de pequeños empresarios, y ha denunciado que el mensaje de Sánchez vaya “justamente contra la gente que crea riqueza”, ha sostenido en una entrevista en la Cadena COPE, recogida por la agencia Europa Press.

“El gran drama es que no se pueden subir los salarios porque el Gobierno se está poniendo morado, y lo digo así de claro, a subir impuestos desde el punto de vista de lo que son los seguros sociales (...) Todo al final se lo come el Gobierno, porque si no, estarían en los bolsillos de los trabajadores”, ha apuntado Garamendi en un discurso que mezcla lo que son los impuestos, las cotizaciones sociales y quién se queda este dinero de las arcas públicas.

El dinero que recauda la Seguridad Social en cotizaciones sociales no son un impuesto, sino una aportación de los trabajadores que genera derechos a futuro (cuanto más cotizan, mayores prestaciones reciben de maternidad, enfermedad o pensiones), y que además se utiliza en el presente para pagar prestaciones tan importantes como las pensiones públicas y las bajas por incapacidad temporal.

“Dan permisos por ahí”

El líder de la CEOE ha señalado que otro “gran drama” que al Gobierno “parece que le importa muy poco” es que todos los días faltan a trabajar 1.700.000 personas en España, en referencia al aumento de las bajas médicas de los trabajadores. “Todos los días (...) Y, en cambio, la ministra dando permisos por ahí, y el otro no sé qué”, ha afirmado Garamendi, que ha señalado que está “más que hiperenfadado” por esta situación.

Tras ampliar los permisos por cuidados familiares y aprobar los nuevos permisos climáticos, de hasta cuatro días para situaciones de alertas meteorológicas por las que no se pueda acudir al trabajo (como en la Dana de Valencia), la ministra de Trabajo ha puesto sobre la mesa ampliar el permiso de fallecimiento hasta los 10 días y crear un nuevo permiso de 15 días por cuidados paliativos.

“Desde luego el Gobierno no está a la altura de las cosas que tendría que estar, que es ver entre todos, ver cómo esas pequeñitas empresas, esos autónomos pueden subsistir, que no me cuenten batallas de lo bien que va todo como un cohete”, ha subrayado el líder de la gran patronal.

“Se buscan enemigos, se buscan estereotipos, cuando esto no tiene nada que ver. Aquí hay que hablar de la productividad, hay que hablar de la competitividad de las empresas, hay que hablar de cómo las empresas tienen que crecer, pero sin embargo parece que no quieren que crezcan porque te asfixian a impuestos. Estamos en récord de recaudación y ahí siguen y no se quiere hablar de lo que realmente hay que hablar”, ha reprochado Garamendi.

“Yo creo que todo el mundo tiene muy claro qué está pasando. Es decir, parece que aquí hay que seguir buscando enemigos, pues para tapar, no sé, alguna miseria”, ha deslizado también el líder empresarial.

El dirigente de CEOE ha vuelto a denunciar que el Gobierno utilice a la patronal y a los empresarios como “el muñeco de goma o de trapo” al que dar “golpes”, cuando ha sostenido que siempre han sido “la solución”. “Y seguiremos siendo la solución, porque somos las empresas las que realmente creamos esa riqueza”, ha declarado Garamendi.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que denunciará el polémico buzón de la patronal CEOE Canarias para señalar a trabajadores de baja supuestamente fraudulentas. La responsable de Trabajo llevará la iniciativa ante la Agencia Española de Protección de Datos. “Es ilegal”, ha reiterado.

Díaz ha criticado la iniciativa de la patronal canaria, que ha vinculado a Antonio Garamendi, el líder estatal de la patronal CEOE. “Ha sacado adelante una oficina con carácter anónimo para que los trabajadores denuncien a trabajadores enfermos. Le pido al señor Garamendi que retire con carácter fulminante esta oficina. Es ilegal”, ha sostenido.

La ministra de Trabajo ha afirmado que va a denunciar este buzón. “También le anticipo que vamos a poner este hecho por supuesto ante todas las autoridades que sea menester, pero ante una en singular: la Agencia Española de Protección de datos”.

Díaz ha afirmado que este buzón anónimo “no está amparado por la legalidad”, que “va contra los derechos humanos” y ha considerado la iniciativa como “gravísima”. “Es inhumano, esto es lo primero, pero segundo es ilegal”, ha rematado.

Quiere cerrar los permisos de duelo el lunes

La ministra de Trabajo ha cargado también contra los empresarios por rechazar la ampliación de los permisos por fallecimiento a diez días y la creación de un nuevo permiso para cuidados paliativos de familiares. “Estamos ante una patronal absolutamente inhumana”, ha sostenido Díaz.

La vicepresidenta ha anunciado que el próximo lunes celebrará la última reunión de diálogo social sobre esta materia, ya solo con los sindicatos, con el objetivo de cerrar un acuerdo y que el Gobierno pueda aprobar la iniciativa.

Al tratarse de una ley que modifica el Estatuto de los Trabajadores, la norma deberá pasar por el Parlamento y sumar los apoyos necesarios para salir adelante, una situación cada vez más compleja para el Ejecutivo ante la pérdida del respaldo de Junts.

En Trabajo esperan que estos “permisos de duelo” sean respaldados por el Congreso, como lo fue hace unos meses la ampliación del permiso por nacimiento de hijo. Sin embargo, en ese caso la retribución de las semanas de permiso las asume el Estado y en los permisos de duelo los pagarían las empresas, lo que dificulta el apoyo de la medida para ciertas formaciones próximas al empresariado.

“Tendría que ser cero”. Con estas palabras, el líder de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha sostenido que el salario mínimo interprofesional (SMI) no debería subir nada este año, aunque los empresarios han planteado un alza “más que generosa” del 1,5%. ¿Por qué? Porque, según la patronal, este sueldo mínimo ya está “bastante por encima de lo que debería”. En concreto, lo cifran en un 5%, con su propio cálculo de cuál es el salario medio en España. Una estimación que rebate la que realiza anualmente la comisión de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo y que está a punto de presentar su próxima valoración.

El nuevo planteamiento desplegado por la patronal de un SMI “sobredimensionado”, novedoso frente al de los últimos años, pretende romper con la referencia que ha estado guiando los aumentos del salario mínimo por parte del Gobierno de coalición, y que lo han situado en los 1.184 euros brutos al mes, en 14 pagas, en 2025. Supone un 61% más que en 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa.

El Ejecutivo de coalición ha vinculado el SMI a una meta: que alcance al menos el 60% del salario medio neto del país, siguiendo el criterio del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre la Carta Social Europea. Para ello, el Ministerio de Trabajo formó una comisión de expertos y expertas, que ha ido asesorando al Gobierno sobre cuál es esa referencia del 60% año a año, con alguna excepción.

En la comisión están presentes expertos independientes, así como miembros de varios ministerios económicos (Trabajo, Economía y Hacienda) y de los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT), mientras que la patronal CEOE se negó a formar parte del grupo.

Pelea de estadísticas

Los empresarios denuncian ahora que el salario mínimo está “sobredimensionado” porque critican la estadística con la que el comité de expertos ha venido estimando cuál es el salario medio del país, la Encuesta de Estructura Salarial (EES) del INE.

Se trata de una de las diversas fuentes estadísticas oficiales sobre salarios que tiene España, la que se suele considerar como la más completa y que ofrece más nivel de detalle, pero que tiene algunos inconvenientes –como reconocían los propios expertos en su primer análisis–, como que no incluye algunos sectores, caso del primario y el empleo doméstico, y que tiene más retraso en la publicación de resultados.

La patronal defiende que habría que utilizar la información sobre salarios que ofrece otra estadística del INE, la Encuesta de Población Aciva (EPA), que sí incluye estos sectores excluidos en la EES, muy afectados por el salario mínimo, y que tiene resultados más recientes (2024 frente a 2023). De ella, además, resulta un dato de salario medio bastante inferior y, en consecuencia, también un SMI más bajo.

“En cifras, el SMI, tomando los datos EPA como referencia para 2025, sería de 15.760 euros brutos anuales, esto es, 816 euros menos al año. Dicho de otro modo, el SMI sería en estos momentos un 4,9% superior a lo que realmente corresponde”, dicen los empresarios. Con la referencia de la patronal, el SMI sería de 1.126 euros al mes en 14 pagas.

Sin embargo, la estadística de salarios de la EPA que plantean los empresarios también tiene sus inconvenientes, como reflejó la comisión de expertos del Gobierno. De las más destacadas, que tiene una muestra mucho más pequeña que la Encuesta de Estructura Salarial. Esta última ofrece una imagen mucho más amplia de lo que ganan las personas asalariadas. Según los últimos datos disponibles, la muestra de salarios de la EPA alcanza a 27.000 asalariados, frente a los 250.000 de la Encuesta de Estructura Salarial.

El líder de los empresarios ha concluido así este miércoles que “parece ser que se ha elevado el SMI bastante por encima de lo que debería ser” y ha denunciado que “se juega con estadísticas que no son las que habría que trabajar”.

No obstante, Garamendi ha dicho que la patronal ha planteado la “más que generosa” propuesta de incremento del 1,5% del salario mínimo en 2026 para que “por lo menos sea la que se ha planteado con los funcionarios”.

Por su parte, los sindicatos han planteado que el SMI suba un 7,5% y el Gobierno, que no ha adelantado aún su postura a la espera del informe de los expertos, se inclina por una nueva alza relevante, según han expresado varios ministros.

El líder de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha cargado contra el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, al que ha acusado de “utilizar los fallecimientos para hacer política”, en su comparecencia en los Premios Cepyme. “Ahora vamos a ser los culpables de los fallecimientos”, ha afirmado el empresario vasco respecto a los accidentes laborales, una lacra silente en España, que deja alrededor de 800 víctimas mortales al año, y para la que la patronal no ha llegado a un acuerdo con Trabajo y los sindicatos en la mesa de diálogo social para renovar la ley de prevención tras 20 meses de negociación.

El presidente de la patronal de empresarios ha denunciado el “monólogo social” del Ministerio de Yolanda Díaz, como denomina desde hace meses a las mesas de diálogo social. Sin embargo, Garamendi se ha referido a la mesa de prevención de riesgos laborales, que el Ministerio ha alargado casi dos años intentando alcanzar un acuerdo este mes a tres bandas, con empresarios y sindicatos, sin éxito. Finalmente, Trabajo ha anunciado que pactará un texto legal solo con los sindicatos.

Sobre la prevención de riesgos laborales, Antonio Garamendi ha sostenido que las empresas son las primeras que quieren “defender a nuestro equipo” y a “nuestra gente”, y ha señalado que “especialmente las pymes”, donde en “un grupo de cuatro o cinco personas” “no están ni el jefe ni el otro, sino que están todos en una misma colectividad”.

Los datos demuestran sin embargo que hay una gran tarea pendiente en el mundo empresarial en materia de prevención de riesgos laborales, especialmente en las pymes, con mayor ratio de siniestralidad. Un solo dato: las empresas ni siquiera habían evaluado los riesgos laborales en más de un tercio de las muertes laborales de 2024.

Rechazo a ampliar los permisos por fallecimiento

Garamendi se ha referido también a otra de las disputas con el Ministerio de Trabajo que afecta a los fallecimientos: la intención de Yolanda Díaz de ampliar los permisos por muerte de familiares hasta los 10 días y crear un nuevo permiso para cuidados paliativos de familaires, que la vicepresidenta ha llevado a la mesa de diálogo social.

“Resulta que somos muy mala gente porque no somos capaces de tener sensibilidad con una persona que ha fallecido su padre o su madre”, ha sostenido este miércoles el líder de CEOE.

Cuando trascendió la propuesta de Trabajo, Garamendi tachó de “ocurrencia” la ampliación del permiso por fallecimiento: “Yo pediría 10 días para descansar de los anuncios de Trabajo”. Tras ello, y por su postura en la mesa de prevención de riesgos laborales, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha criticado la postura del dirigente empresarial y también le ha afeado su falta de sensibilidad en estas materias.

La patronal denuncia que no hay margen de negociación (la alusión al “monólogo social”), algo que tampoco se ajusta a lo que está sucediendo en la negociación de estos nuevos permisos. El Ministerio se abrió a discutir la posibilidad de que el Estado retribuya parte del permiso de cuidados paliativos, según fuentes del diálogo social, pero ni con ese escenario los empresarios han acercado posturas y siguen manteniendo su oposición y las críticas al Ministerio.

El líder de CEOE se ha quejado, en resumen, de que se intenta “culpar” a los empresarios de todo. “Si nieva, la culpa es de los empresarios y tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que pasa, porque somos los responsables de si nieva. Si alguien resulta que tiene una depresión, la culpa también es de la empresa y de los empresarios”, ha sostenido.