La Fiscalía de Cartagena ha remitido al Juzgado de Instrucción número 3 un dictamen en el que solicita el sobreseimiento provisional de la causa abierta por calumnias contra el responsable de Las Noticias RM, el portal que la investigación de ciberdelincuencia de la Guardia Civil terminó vinculando con Jesús Cobos, exsecretario de Comunicación del PSRM, y con su empresa Sistemas Informáticos Carthago S.L. El escrito, fechado el 22 de junio, responde a un Auto del pasado 1 de abril que consideraba que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de calumnia con publicidad.

Todo el caso arrancaba con la querella que Damiana García Soto, concejala de Festejos del PP en La Unión, interpuso el 27 de febrero de 2024 contra la página web Las Noticias RM. Dicho portal había publicado que García había participado, como parte del tribunal calificador, en el proceso selectivo en el que obtuvo su plaza de funcionaria, y que es prima del alcalde del municipio. Fue esa denuncia la que activó a la unidad de ciberdelincuencia de la Guardia Civil para identificar a los autores del portal, firmantes habituales bajo el seudónimo “Señor X”, para saber a quién dirigir en específico la querella.

La Fiscal argumenta ahora que ninguna de esas dos afirmaciones era falsa. La propia querellante, explica el auto, reconoció en su declaración que firmó la aprobación de la lista definitiva de aspirantes, estando su nombre incluido en ella, y que el alcalde de La Unión es, en efecto, familiar suyo (hijo de una prima), aunque la noticia hablara de forma genérica de un “primo” sin precisar el grado. El escrito subraya además que los artículos no imputaban ningún delito, solo señalaban esa participación y ese parentesco. Por eso, concluye la Fiscal, no existen elementos ni prueba suficientes para sostener la acusación.

La petición de archivo golpea la raíz de un caso que, desde que trascendió el informe policial, ha escalado por vía mediática y política. La identificación de Cobos como responsable del portal, por una factura de comunicación de su empresa al PSRM que, en principio, nada tenía que ver con la financiación de la web, derivó en titulares que vinculaban al partido con un “medio fantasma”, y en una información de The Objective que atribuyó antecedentes penales por tráfico de drogas a la mujer de Cobos, Carmen García Giménez, a raíz de una confusión de apellido con otra persona. La Guardia Civil rectificó después oficialmente ese error. La7, la televisión pública murciana, abrió sus informativos con la versión inicial, lo que llevó al PSRM a pedir la dimisión de su director general.

El dictamen de la Fiscalía no cierra el caso por sí solo: corresponde ahora al juzgado dictar el Auto de sobreseimiento, y la parte querellante podrá oponerse y mantener su acusación por su cuenta. Pero el razonamiento del Ministerio Fiscal, el de que la denuncia original carecía de base desde el principio, obliga a repreguntar sobre qué se sostuvo una investigación que terminó salpicando a una persona ajena a la política, y sobre la rapidez con la que esa investigación se convirtió en munición electoral. Cobos ha recibido la noticia con optimismo y ha declarado a elDiario.es Región de Murcia que “la verdad prevalece ante la mentira y nos hará libres”, pero que todavía hay que esperar que la justicia, esta vez de manos de los propios jueces, archiven definitivamente el caso.

La querella presentada por el abogado de Julio Iglesias contra elDiario.es relata hechos falsos, denuncia determinadas conductas de los profesionales del medio que nunca se produjeron y se apoya en jurisprudencia que no se corresponde con lo publicado sobre la denuncia de dos mujeres contra el cantante por supuesta agresión sexual. El escrito comienza considerando la investigación de elDiario.es como un “montaje periodístico” y sostiene que dicho trabajo “no puede encontrar amparo en los derechos fundamentales establecidos en el artículo 20 de la Constitución, de acuerdo con reiterada jurisprudencia constitucional, y que han supuesto una grave lesión de los derechos fundamentales de Julio Iglesias, al honor, a la imagen y a la intimidad personal”.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre este tipo de noticias ampara el trabajo desarrollado durante tres años por los periodistas de elDiario.es:

Relevancia pública para que prevalezca el derecho a la libertad de información

“La relevancia pública o interés general de la noticia constituye un requisito para que pueda hacerse valer la prevalencia del derecho a la libertad de información cuando las noticias comunicadas o las expresiones proferidas redunden en descrédito del afectado”. La relevancia pública de Julio Iglesias es más que evidente.

El requisito de la veracidad

“La libertad de información, dado su objeto de puesta en conocimiento de hechos, cuando comporta la transmisión de noticias que redundan en descrédito de la persona, para que pueda prevalecer sobre el derecho al honor exige que la información cumpla el requisito de la veracidad, a diferencia de lo que ocurre con la libertad de expresión, que protege la emisión de opiniones. Por veracidad debe entenderse el resultado de una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información, con el transcurso del tiempo, puede más adelante ser desmentida o no resultar confirmada”.

elDiario.es, junto a Univision Noticias, publicó una serie de reportajes que partían de los testimonios de varias de las extrabajadoras domésticas al servicio de Julio Iglesias en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. Estos reportajes se publicaron después de tres años de investigación periodística en los que los profesionales de elDiario.es y Univision acreditaron los datos incluidos en las informaciones e intentaron contrastar con todas las partes los principales detalles de lo difundido.

Dos mujeres que trabajaron para el cantante, identificadas para su protección con los nombres ficticios de Rebeca y Laura, interpusieron una denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual y trata de personas. Pese a los reiterados intentos para conseguir, durante los 11 días previos a la publicación del primer reportaje, una respuesta de Julio Iglesias, el cantante no respondió a las preguntas que le trasladaron los periodistas de elDiario.es y Univision Noticias. Posteriormente, emitió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram en el que negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

Investigación con la diligencia debida aunque no se declare probado el hecho

La jurisprudencia señala que “la protección de la libertad de información no resulta condicionada por el resultado del proceso penal, de modo que no es obstáculo que el hecho denunciado no se haya declarado probado en un proceso de esta naturaleza”. Y concluye: “De este modo el requisito de la veracidad deberá entenderse cumplido en aquellos casos en los que el informador haya realizado, con carácter previo a la difusión de la noticia, una labor de averiguación de los hechos sobre los que versa la información y la referida indagación la haya efectuado con la diligencia exigible a un profesional de la información. Es suficiente, por tanto, que exista una diligencia en la búsqueda de los datos para elaborar el trabajo periodístico. Es suficiente con demostrar la seriedad en la constatación de la existencia de las pruebas y en la recopilación de los materiales para la elaboración de la correspondiente información”.

Las dos mujeres supuestamente agredidas por Julio Iglesias presentaron una denuncia en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que decidió archivarla unos días después de admitirla a trámite por considerar que no tenía competencia sobre unos hechos ocurridos en el extranjero. Ni la Fiscalía ni ningún tribunal ha investigado los hechos denunciados por las dos mujeres.

Iglesias denuncia actuaciones de los periodistas que nunca se produjeron

La querella considera inveraz la información publicada por elDiario.es y para argumentar su acusación denuncia comportamientos de los periodistas que firmaron las noticias que nunca se produjeron. “No se trata de una acción penal contra un periodista que emite un reportaje neutral”, escribe el abogado que defiende a Julio Iglesias. “Los querellados han participado en la promoción y confección de la denuncia, y han difundido hechos a la opinión pública manipulando la información, reelaborando y recreando supuestas declaraciones de las víctimas de delitos graves, que no se identifican, y que, de acuerdo con la más reciente jurisprudencia, no pueden encontrar amparo en el derecho fundamental a la difundir información veraz”.

Los periodistas no recrearon supuestas declaraciones de nadie. Todas las declaraciones de las víctimas, cuyas grabaciones conserva este medio para acreditarlo, no se reelaboraron ni se recrearon; ni tampoco participaron en la confección de la denuncia hecha por un despacho de abogadas.

La querella acusa en falso a elDiario.es de usar actrices profesionales para presentar la denuncia contra Julio Iglesias: “Se produce la reelaboración de la noticia, ocultando la plena identificación de la fuente, manteniendo el anonimato de las supuestas denunciantes que cita como fuente de información, que mantiene indeterminada, y utilizando ficciones y la actuación de actrices profesionales para confundir a la opinión pública, haciéndolas pasar por declaraciones emitidas por las denunciantes”. Es falso que elDiario.es utilizase “actrices profesionales para confundir a la opinión pública”. Los vídeos que acompañaron a la información recogían la imagen (sin mostrar su rostro para evitar que su identificación pudiera ponerlas en peligro) y el testimonio, sin ningún tipo de manipulación, de las mujeres que habían denunciado las supuestas agresiones sexuales de Julio Iglesias. Tan sólo se dobló la voz de las dos mujeres, pero sin modificar ni una sola de las palabras que pronunciaron durante las entrevistas, para evitar un posible reconocimiento de las mismas, tal y como se explicó desde la primera información.

La querella señala que “era exigible a los querellados un deber de diligencia en su máxima intensidad, ya que la noticia que se transmitió suponía la atribución de la comisión de delitos graves”. La diligencia de elDiario.es fue de máxima intensidad, hasta el punto de dedicar tres años del trabajo de varias de sus periodistas a la investigación de los hechos denunciados por las mujeres y el intento infructuoso durante días para conocer la respuesta de Julio Iglesias a sus acusaciones. El cantante nunca quiso responder a las reiteradas llamadas, mensajes y el cuestionario enviado por correo y entregado en mano por elDiario.es y Univision. Sólo reaccionó a la denuncia de las mujeres una vez publicada por ambos medios.

La querella cita una jurisprudencia que elDiario.es respetó hasta el final: “La salvaguardia que el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos otorga a los periodistas en relación con la información sobre cuestiones de interés general está sujeta a la condición de que actúen de buena fe para proporcionar información precisa y fiable de acuerdo con la ética del periodismo”.

La Fiscalía Provincial de Valencia pide una multa de 3.000 euros para un joven por escribir en redes sociales mensajes injuriosos en abril de 2025, medio año después de la dana, contra el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón.

El mensaje, del 7 de abril de ese año, decía: “tú lo que eres es un sinvergüenza y un cabrón, 200 estudiantes estábamos esperándote fuera y tu solo sabes llamar a la policía a que te proteja. Eres un cobarde, lo fuiste el día 29 de octubre y lo eres ahora. La horca te espera y nosotros la ataremos a tu cuello traidor”.

Para la Fiscalía, este mensaje publicado en abierto en la red social X constituye un delito de injurias contra autoridad del que es responsable como autor un joven de 21 años, según ha informado a EFE este órgano.

La petición de la pena de multa de diez meses con cuotas diarias de 10 euros se incluye en las conclusiones provisionales de la Fiscalía en un procedimiento abreviado seguido en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València Plaza 21.

La Fiscalía pide el interrogatorio del acusado y la declaración de dos policías nacionales, según el escrito de fecha 21 de mayo de este año.

David Muñoz, el diputat de Vox a les Corts Valencianes que va presumir d'haver rebut “informació privilegiada” de la fiscal que, juntament amb la Guàrdia Civil, va desmantellar una organització criminal dedicada a l'explotació laboral d'éssers humans a Nules per criticar el procés de regularització d'immigrants impulsat pel Govern, ha posat en un compromís el Ministeri Públic. La responsable d'aquella operació va ser la fiscal delegada per al Tràfic d'Éssers Humans de la Fiscalia Provincial de Castelló, qui, preguntada per elDiario.es, ha declinat fer comentaris sobre l'assumpte.

Muñoz va fer aquest comentari després de les rèpliques a l'oposició en una comissió de les Corts Valencianes, després de deixar-se un micròfon obert, que va captar tota la conversa i va ser emesa al canal de YouTube de les Corts. El diputat ultra, elegit per la circumscripció de Castelló i llicenciat en Dret, va comentar al seu company d'escó: “Què t'ha paregut l'ús d'informació privilegiada? No sé si ho sap algú. Ho sé perquè m'ho ha dit la fiscal”. El parlamentari feia referència a una intervenció anterior en què va assegurar que els beneficiaris de la xarxa de tràfic de persones desmantellada a Nules eren ciutadans pakistanesos, “tots en procés de regularització per les instruccions del Govern d'Espanya”.

L'ús d'aquesta suposada informació, que el diputat atribuïx a “la fiscal”, tenia com a objectiu atacar el procés de regularització impulsat pel Govern i vincular la immigració amb la delinqüència. El diputat va dir en la comissió que la “concentració demogràfica”, en referència a la immigració, “s'ha convertit en caldo de cultiu per a la delinqüència i l'assentament d'estructures de crim organitzat”, per parlar de la trama desmantellada a Nules.

Després de conéixer-se aquestes paraules i davant la gravetat dels fets, diversos diputats de Vox, inclosa la presidenta de les Corts, Llanos Massó, també elegida per la circumscripció de Castelló, han tractat de llevar importància a l'assumpte, qualificant-lo d'“anècdota” i obviant la revelació de dades sensibles de la investigació, com la possibilitat que els detinguts pogueren acollir-se al procés de regularització per a treballar durant un any. El partit ultra tracta de llevar ferro a l'assumpte assegurant que la informació que revela Muñoz ja era coneguda. La Guàrdia Civil va emetre un comunicat en què apuntava que alguns beneficiaris de la trama eren d'origen pakistanés, igual que les seues víctimes, però no feia cap al·lusió al procés de regularització, en el qual se centra l'atac de Vox. Muñoz és vicepresident de Vox Castelló, número dos de la presidenta de les Corts, que forma part del nucli dur del partit a escala estatal.

Tant el PSPV-PSOE com Compromís han anunciat “accions legals” per a aclarir els fets i la suposada filtració. També ho ha fet la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, qui ha assegurat que l'actuació del diputat de Vox i les seues declaracions mereixen, com a “mínim”, una investigació, i que el seu partit està estudiant els mecanismes per a arribar “fins a les últimes conseqüències”. Compromís ha presentat una queixa a la Inspecció de la Fiscalia, i el grup Sumar, del qual forma part la coalició, ha registrat preguntes al Congrés reclamant una investigació sobre “l'ús de dades confidencials en el procés de regularització”.

Segons han explicat a elDiario.es fonts coneixedores del cas, correspondria a la Fiscalia Provincial de Castelló actuar d'ofici i elevar l'assumpte a la Fiscalia General de l'Estat (FGE), bé per a donar suport a la fiscal l'actuació de la qual ha sigut posada en qüestió, bé per a aclarir fins al final una possible filtració d'informació. Al tancament d'aquesta edició, la FGE no havia rebut cap escrit sobre aquest assumpte procedent de la Fiscalia de Castelló.

La informació difosa pel diputat podria ser falsa o, almenys, no ajustar-se del tot a la realitat dels fets, segons ha pogut saber aquest periòdic. No obstant això, fins al moment ni la Fiscalia Provincial de Castelló ni la mateixa fiscal al·ludida han eixit a desmentir el que podria ser un bàndol pronunciat per un diputat en seu parlamentària, encara que fora a través d'un micròfon obert. De fet, la difusió dels àudios de David Muñoz ha generat una notable preocupació en diferents sectors de la ciutadania, ja de per si alarmats per l'ús que alguns responsables polítics fan de la justícia.

Es va desmantellar una xarxa de tràfic amb fins d'explotació laboral i es va alliberar 80 persones

L'abril passat, la Guàrdia Civil va informar d'una gran operació contra el tràfic d''éssers humans amb finalitats d'explotació laboral. La investigació va ser duta a terme per la Policia Judicial de la Guàrdia Civil a Castelló en coordinació amb la fiscal delegada per al Tràfic d'Éssers Humans de la Fiscalia Provincial i amb el suport de la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social.

En la batuda es va detindre set persones i se'n va alliberar 80, la majoria homes, “en situació d'extrema vulnerabilitat que malvivien amuntegats en zulos, en molts casos sense aigua ni llum”. Gran part de les víctimes era d'origen pakistanés, igual que el matrimoni que es considera beneficiari de la trama.

Les víctimes eren captades als seus propis països mitjançant falses ofertes de treball difoses a través de les xarxes socials, aplicacions de missatgeria i contactes personals. Els prometien unes condicions laborals atractives a Espanya, amb salaris dignes, allotjament i manutenció. Això els generava un deute constant que s'utilitzava com a mecanisme de control. Les víctimes eren obligades a treballar llargues jornades al camp, principalment en la recol·lecció agrícola, amb jornades de fins a 12 hores seguides. A més, va destacar l'Institut Armat, “no tenien contracte laboral ni cap documentació que regularitzara la seua situació, la qual cosa incrementava la seua vulnerabilitat”.

La responsable de la Fiscalia delegada d'Estrangeria a Castelló porta més de 20 anys exercint aquestes competències. És una professional de reconegut prestigi, que ha rebut premis, mencions i felicitacions públiques per la seua trajectòria. Ha impartit cursos, xarrades i formacions. És també fiscal delegada de menors i ha participat en nombrosos fòrums contra la violència de gènere i com a experta en el Fòrum Valencià d'Abolició de la Prostitució, impulsat per la Generalitat Valenciana sota el govern socialista. Ara, Vox la posa en el punt de mira per a reforçar el seu discurs xenòfob al Parlament autonòmic.

David Muñoz, el diputado de Vox en las Corts Valencianes que se vanaglorió de haber recibido “información privilegiada” de la fiscal que, junto con la Guardia Civil, desmanteló una organización criminal dedicada a la explotación laboral de seres humanos en Nules para criticar el proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno, ha puesto en un brete al Ministerio Público. La responsable de aquella operación fue la fiscal delegada para la Trata de Seres Humanos de la Fiscalía Provincial de Castellón, quien, preguntada por elDiario.es, ha declinado hacer comentarios sobre el asunto.

Muñoz realizó ese comentario tras las réplicas a la oposición en una comisión de las Corts Valencianes, después de dejarse un micrófono abierto, que captó toda la conversación y fue emitida en el canal de Youtube de las Corts. El diputado ultra, elegido por la circunscripción de Castellón y licenciado en Derecho, comentó a su compañero de escaño: “¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? No sé si lo sabe alguien. Lo sé porque me lo ha dicho la fiscal”. El parlamentario hacía referencia a una intervención anterior en la que aseguró que los beneficiarios de la red de trata de personas desmantelada en Nules eran ciudadanos pakistaníes, “todos en proceso de regularización por las instrucciones del Gobierno de España”.

El uso de esa supuesta información, que el diputado atribuye a “la fiscal”, tenía como objetivo atacar el proceso de regularización impulsado por el Gobierno y vincular la inmigración con la delincuencia. El diputado dijo en la comisión que la “concentración demográfica”, en referencia a la inmigración, “se ha convertido en caldo de cultivo para la delincuencia y el asentamiento de estructuras de crimen organizado”, para hablar de la trama desmantelada en Nules.

Tras conocerse esas palabras y ante la gravedad de los hechos, varios diputados de Vox, incluida la presidenta de las Corts, Llanos Massó, también elegida por la circunscripción de Castellón, han tratado de restar importancia al asunto, calificándolo de “anécdota” y obviando la revelación de datos sensibles de la investigación, como la posibilidad de que los detenidos pudieran acogerse al proceso de regularización para trabajar durante un año. El partido ultra trata de quitar hierro al asunto asegurando que la información que revela Muñoz ya era conocida. La Guardia Civil emitió un comunicado en el que apuntaba que algunos beneficiarios de la trama eran de origen pakistaní, igual que sus víctimas, pero no hacía alusión alguna al proceso de regularización, donde se centra el ataque de Vox. Muñoz es vicepresidente de Vox Castellón, número dos de la presidenta de las Corts, que forma parte del núcleo duro del partido a nivel nacional.

Tanto el PSPV-PSOE como Compromís han anunciado “acciones legales” para esclarecer los hechos y la supuesta filtración. También lo ha hecho la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha asegurado que la actuación del diputado de Vox y sus declaraciones merecen, como “mínimo”, una investigación, y que su partido está estudiando los mecanismos para llegar “hasta las últimas consecuencias”. Compromís ha presentado una queja en la Inspección de Fiscalía, y el grupo Sumar, del que forma parte la coalición, ha registrado preguntas en el Congreso reclamando una investigación sobre “el uso de datos confidenciales en el proceso de regularización”.

Según han explicado a elDiario.es fuentes conocedoras del caso, correspondería a la Fiscalía Provincial de Castellón actuar de oficio y elevar el asunto a la Fiscalía General del Estado (FGE), bien para respaldar a la fiscal cuya actuación ha sido puesta en cuestión, bien para esclarecer hasta el final una posible filtración de información. Al cierre de esta edición, la FGE no había recibido ningún escrito sobre este asunto procedente de la Fiscalía de Castellón.

La información difundida por el diputado podría ser falsa o, al menos, no ajustarse por completo a la realidad de los hechos, según ha podido saber este periódico. Sin embargo, hasta el momento ni la Fiscalía Provincial de Castellón ni la propia fiscal aludida han salido a desmentir lo que podría ser un bulo pronunciado por un diputado en sede parlamentaria, aunque fuera a través de un micrófono abierto. De hecho, la difusión de los audios de David Muñoz ha generado una notable preocupación en distintos sectores de la ciudadanía, ya de por sí alarmados con el uso que algunos responsables políticos hacen de la justicia.

Se desmanteló una red de trata con fines de explotación laboral y liberó a 80 personas

El pasado abril, la Guardia Civil informó de una gran operación contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. La investigación fue llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Castellón en coordinación con la Fiscal Delegada para la trata de seres humanos de la Fiscalía Provincial y el apoyo de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

En la redada, se detuvo a siete personas y se liberó a 80, la mayoría hombres, “en situación de extrema vulnerabilidad que malvivían hacinadas en zulos, en muchos casos sin agua ni luz”. Gran parte de las víctimas era de origen pakistaní, como el matrimonio al que se considera beneficiario de la trama.

Las víctimas eran captadas en sus propios países mediante falsas ofertas de empleo difundidas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y contactos personales. Les prometían condiciones laborales atractivas en España, con salarios dignos, alojamiento y manutención. Ello les generaba una deuda constante que se usaba como mecanismo de control. Las víctimas eran obligadas a trabajar largas jornadas en el campo, principalmente en la recolección agrícola, con jornadas de hasta 12 horas continuas. Además, destacó el Instituto Armado, “carecían de contrato laboral y de cualquier documentación que regularizara su situación, lo que incrementaba su vulnerabilidad”.

La responsable de la Fiscalía delegada de Extranjería en Castellón lleva más de 20 años ejerciendo estas competencias. Es una profesional de reconocido prestigio, que ha recibido premios, menciones y felicitaciones públicas por su trayectoria. Ha impartido cursos, charlas y formaciones. Es también fiscal delegada de menores y ha participado en numerosos foros contra la violencia de género y como experta en el Foro Valenciano de Abolición de la Prostitución, impulsado por la Generalitat valenciana bajo el gobierno socialista. Ahora, Vox la pone en la diana para reforzar su discurso xenófobo en el Parlamento autonómico.

Un micrófono abierto en las Corts Valencianes caza a un diputado de Vox jactándose de tener “información privilegiada” sobre una investigación judicial. Los micrófonos y el sistema de streaming de la comisión de Presupuestos han captado a los diputados de Vox Jesús Albiol y David Muñoz comentando la primera parte de la sesión, en la que también han llamado “bruja” a una diputada socialista.

Muñoz, que ha efectuado las réplicas a Compromís y el PSPV, le dice a su compañero: “¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? No sé si lo sabe alguien. Lo sé porque me lo ha dicho la Fiscal”. El parlamentario hacía referencia a una respuesta anterior en la que aseguraba que los beneficiarios de una red de trata de personas desmantelada eran pakistanís “todos en proceso de regularización por las instrucciones del Gobierno de España”.

En concreto, se refiere a una operación de la Guardia Civil de abril de 2026, en las que se liberó a 80 personas migrantes en Nules (Castellón). La Policía Judicial desmanteló una organización criminal que operaba en el sector agrícola y detuvo a siete personas por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular. El diputado de Compromís Jesús Pla le había reprochado un discurso xenófobo y planteó “quiénes se benefician” de estas redes de trata.

Durante el descanso de la comisión, los parlamentarios de Vox bromean entre sí sobre el discurso y ese uso de información que menciona Muñoz. Acto seguido, comentan que la diputada del PSOE Alicia Andújar tiene un tono de voz “que la hace antipática” y se refieren a ella como “la bruja Andújar”. Al instante, el diputado Jesús Albiol recibe una llamada y corta de inmediato el micrófono.

Susana Gisbert és fiscal delegada de delictes d'odi i memòria democràtica a València, amb una llarga trajectòria també en matèria de violència de gènere. Escriptora i articulista habitual en diversos mitjans de comunicació, Gisbert (València, 1966) publica Contra l'odi (Vincle, 2026), una mena de guia enfocada a un públic ampli sobre una matèria de la qual s'ha convertit en una referència.

En aquesta entrevista amb elDiario.es, celebrada poques hores abans del partit de la semifinal del Mundial de futbol entre les seleccions francesa i espanyola, la fiscal dubta que les polèmiques declaracions de l'expresident Mariano Rajoy constituïxquen un delicte d'odi i celebra que els clubs de futbol cada vegada col·laboren més amb la justícia quan es produeixen incidents racistes.

La fiscal Susana Gisbert també destaca la recent sentència del Tribunal Suprem que fixa el criteri sobre l'existència de delicte d'odi per insults racistes i per raó de ser immigrants, dictada en una causa instruïda a València. “En els delictes d'odi, el nostre major entrebanc és la infradenúncia”, alerta Gisbert.

Quin balanç fa de la seua etapa com a fiscal delegada de delictes d'odi?

M'agrada molt la matèria, és molt enriquidora i tens possibilitat de fer coses que no s'havien fet per la novetat. Però després, la veritat és que també ho he viscut amb certa sorpresa, perquè encara que penses que aquestes coses passen, no et pots imaginar que passen tant, i coses tan grosses i tan inversemblants com que una persona pel carrer n'ataque una altra pel fet de veure-la besar-se amb algú del mateix sexe. La veritat és que és una matèria molt enriquidora, perquè reps molt feedback de les víctimes. Les víctimes de seguida estan molt agraïdes. També tens l'altra part, que reps molts haters de l'altre costat, però bé, en aquesta part molt contenta.

Quin balanç fa de la seua etapa com a fiscal delegada de delictes d'odi?

M'agrada molt la matèria, és molt enriquidora i tens possibilitat de fer coses que no s'havien fet per la novetat. Però després, la veritat és que també ho he viscut amb certa sorpresa, perquè encara que penses que aquestes coses passen, no et pots imaginar que passen tant, i coses tan grosses i tan inversemblants com que una persona pel carrer n'ataque una altra pel fet de veure-la besar-se amb algú del mateix sexe. La veritat és que és una matèria molt enriquidora, perquè reps molt feedback de les víctimes. Les víctimes de seguida estan molt agraïdes; també tens l'altra part, que reps molts haters de l'altre costat, però bé, en aquesta part molt contenta.

A poc a poc sembla que es va consolidant.

També tens aquest prurito d'anar creant coses que no s'han fet mai, com el de [la condemna pels insults racistes al futbolista] Vinicius. Ara ja hi ha més condemnes en el tema de la violència racista i homòfoba en el futbol i en els estadis, però fins aleshores no hi havia cap condemna. El de [les agressions ultres en] la manifestació del 9 d'Octubre també va ser molta faena, i tampoc hi havia prèviament una condemna per discriminació per ideologia en una manifestació pública. A poc a poc anem fent coses: l'última sentència que ha creat molta jurisprudència i doctrina és del magistrat Vicente Magro en matèria de delictes d'odi; també ve d'una causa que portem ací.

Sent fiscal delegada de delictes d'odi, també ha patit molts discursos d'odi en contra seua a les xarxes socials. Com ha viscut aquesta experiència?

La part dolenta és que, a més del feedback, reps una part considerable de haters. Si eres visible a les xarxes socials, jo ho soc (és una decisió personal i no canviaré per això), de tant en tant t'emportes un disgust, com el que ha passat amb [les amenaces de l'eurodiputat ultra] Alvise o amb algun altre. Però bé, crec que tant de bo no s'haguera de pagar, però és part del que toca. Si la gent et coneix i es dirigeix a tu perquè has fet determinada cosa, doncs era perquè aquesta cosa pica.

La part dolenta és que, a més d'un 'feedback' de les víctimes, reps una part considerable d'haters

Quin és el ventall de víctimes dels delictes d'odi?

Cal dir que guanyen per golejada la xenofòbia en totes les seves → seues vessants (homofòbia, antigitanisme, racisme i altres) i, per altra banda, l'homofòbia i la LGTBI-fòbia. Però sí que és veritat que, pel que fa a les víctimes, hi ha dos grups importants. Hi ha un grup de víctimes que estan més o menys empoderades i acudixen als serveis públics, manifesten, denuncien (o, si no denuncien, són conscients de les coses).

Això passa en una part important de les víctimes d'homofòbia, hi ha una part del col·lectiu LGTBI que està empoderat (i una altra part que no). I passa també amb les víctimes d'un altre tipus de delictes, com passa amb la ideologia. I hi ha un altre grup de víctimes, la població migrant, sobretot la que està en una situació de precarietat econòmica, que no té papers (amb l'aporofòbia i la discapacitat), que són persones molt vulnerables i que ni tan sols són conscients o → ni tan sols s'atrevixen a denunciar.

Però bé, una vegada venen sí que és molt important la tasca de les ONG que els acompanyen. En molts casos, si no hi haguera ONG o entitats del tercer sector acompanyant-los, no denunciarien.

Per lluitar contra la infradenúncia el primer que has de donar és confiança a les víctimes

Quin paper juga l'empatia?

Ací cal tindre empatia. Encara que la víctima, si està fora en el judici i no he anat jo a eixe judici o ha vingut per una altra via, jo sempre tracte de parlar amb ella i d'establir una relació personal i de donar-li una confiança. Perquè en els delictes d'odi, el nostre major obstacle és la infradenuncia. I per a lluitar contra això el primer que has de donar és confiança a les víctimes, que sàpien els drets que tenen i que tinguen un referent. Per exemple, el col·lectiu LGTBI durant el franquisme, no és que no podien defensar els seus drets, és que eren penats per això.

Cal canviar aquesta concepció, que ve de molt de temps: d'una desconfiança total al sistema a una confiança. Amb les persones migrants també pansa, moltes vegades tenen més por que emergisca la seua situació d'irregularitat que de defensar els seus drets.

Poc a poc, s'ha anat creant un cos de doctrina que cada vegada és més permeable als delictes d'odi

Com ha anat assentant-se la jurisprudència en matèria de delictes d'odi?

La veritat és que cada dia, afortunadament, es consolida més. Jo, al principi, deia moltes vegades que aquesta Fiscalia semblava la Fiscalia de pegar-se contra un mur. Era tot a base de recursos perquè tot ens ho arxivaven o tot ho declaraven delictes lleus. A poc a poc, s'ha anat creant un cos de doctrina que cada vegada és més permeable als delictes d'odi. I ja no es queda en el simple insult o en l'amenaça. La sentència de 'Magro' és molt coneguda, però ja n'hi ha diverses en aquest sentit en què els insults són constitutius, o poden ser constitutius, si es donen determinades circumstàncies, de delictes d'odi.

Què s'ha consolidat?

S'ha creat una important doctrina amb els delictes d'odi en els quals hi ha alguna part d'acció (un fet concret, unes lesions o unes amenaces). En el discurs d'odi encara ens queda camí. El xoc amb la llibertat d'expressió encara ha de recórrer molt de camí, perquè encara hi ha moltes absolucions. El tipus està redactat d'una manera que parla d'incitar (si això és incitació o no ho és, si la motivació no hi és i el límit amb la llibertat d'expressió...). Encara queda faena per fer.

A més, en un context d'auge global de l'extrema dreta.

És evident que es donen molts factors. Per una banda, un auge de l'extrema dreta a tot el món. Les persones que pensaven així no és que hagen aparegut com un bolet, hi havia gent que no se sentia legitimada i, en veure que hi ha persones exercint el poder que pensen aquestes coses, se senten legitimades per a determinats discursos. I després l'eina de les xarxes socials és un caldo de cultiu òptim perquè qui tinga aquests pensaments els aboque. Perquè, a més, encara que es manifesten a les xarxes socials amb el seu nom —també és un problema l'anonimat—, però fins i tot quan ho fan amb el seu nom (ho fan polítics i altres), el fet d'enfrontar-se a una pantalla i no a una persona, com que envalentona l'autor i diu coses que potser cara a cara no diria.

De fet, aquest límit amb la llibertat d'expressió ha propiciat absolucions com la de l'expolicia Ricardo Ferris, que va exposar les seues tesis racistes en un acte públic de Vox.

Està pendent del recurs de cassació de la Fiscalia. El discurs d'odi és més complicat. Sí que vam obtindre una sentència favorable en el cas de l'encarregat de xarxes d'Espanya 2000 (per relacionar la pigota del mico amb l'homosexualitat), que també està pendent del recurs interposat per ell.

Les tesis de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol podrien ser constitutives d'un delicte d'odi?

Anem a veure, aquestes coses s'han de pensar molt. És el que sempre diem: ni tot l'odi és delicte d'odi ni tan sols per a cometre un delicte d'odi cal odiar. Quan diuen “és que no és una persona racista”, no, no es jutja ningú per ser racista, es jutja per haver fet una manifestació racista. El que passa és que, és clar, estem parlant d'un discurs que no està escampant cap notícia ni cap fet que faça que la gent odie la selecció francesa o els integrants de la selecció francesa. Crec que s'hauria de pensar molt, però té un difícil encaix en el delicte d'odi; això no vol dir que no siga un acte discriminatori per racisme i reprovable, si més no a nivell moral, sens dubte, i potser a nivell polític.

Creu que ha millorat el panorama del racisme als estadis de futbol?

Potser soc molt optimista, però arran d'aquesta sentència els clubs s'han cuidat molt més. Han vist que la Llei de l'Esport és dura amb ells, amb coses que abans semblava que es mirava cap a una altra banda, els tanquen l'estadi, encara que els fets no siguen constitutius de delicte d'odi o no es troben els autors. I, per la seua pròpia conveniència, tant els clubs com les entitats esportives, com també els mateixos aficionats, jo crec que es tallen més. I, per un altre costat, crec que també s'és molt més col·laborador amb la justícia quan veuen que passa una cosa així. De fet, hi ha una causa oberta que és per l'activitat d'un periodista que, com a aficionat, va ser qui va interposar la denúncia [contra els crits racistes d'un aficionat a l'estadi de Mestalla].

La Llei de l'Esport és dura amb els clubs, amb coses que abans sembla que es mirava cap a una altra banda els tanquen l'estadi

Quins problemes plantegen les xarxes socials en relació amb els delictes d'odi?

Amb les xarxes socials els problemes que tenim són diversos. Primer, l'anonimat. Perquè hi ha gent que publica els seus posts amb el seu propi nom, però realment ni X ni cap xarxa social et demana més que un correu electrònic (i Gmail, per exemple, tampoc no et demana cap identificació). Sobretot tenim un problema processal, que és el de la competència: qui és competent, com ens dirigirem a Facebook o a X, com ens respondran (que normalment no responen o són molt reticents a respondre). És molt difícil obtindre la informació i, és clar, ací tenim unes dificultats tremendes. A més, la justícia té els seus temps, perquè la nostra justícia és garantista —afortunadament—, però la instantaneïtat de les xarxes socials és molt més ràpida que si obtenim un manament d'entrada i registre o de tancament d'un compte.

Moltes sentències de delictes d'odi inclouen un curs sobre igualtat. Per què s'inclou aquest tipus de cursos?

És molt important i el problema que tenim ací a València és que trobem molts problemes per veure on i qui realitza aquest curs. En el cas de la violència de gènere, que seria un cas parell, en ser obligatori per a concedir la suspensió de la pena, ja hi ha uns llocs concrets on anar, però en el cas dels delictes d'odi (que està previst, però no és obligatori) és una condició que es pot posar. Nosaltres la posem, a més per acord de les jornades de fiscals delegats en les quals així es va establir. Ho demanem, però moltes vegades ens trobem amb veritables problemes a l'hora d'executar-lo i això s'hauria d'implementar, perquè l'únic lloc on n'hi ha un que està clarament definit és a la presó. I si no entren a presó, és difícil que facen el curs. I si fan el curs per a evitar la presó, és difícil que vagen a la presó.

Com s'ha resolt a la pràctica?

Ací a València no està acabant de funcionar, estem trobant problemes en cada cas i, de vegades, cal buscar o improvisar una solució que vaja a tal lloc o que vaja a tal altre. Però caldria implementar un recurs concret que fora automàtic.

D'on va nàixer la idea de publicar l'assaig Contra l'odi?

M'ho va proposar Manolo Gil, que és el meu editor en molts dels llibres que he escrit des de fa temps. A més, per a l'editorial era un canvi complet de registre. Primer per l'idioma (Vincle sempre havia publicat en valencià) i després pel tema de l'assaig (no tenien una col·lecció) i pel format.

Aquesta realitat moltes vegades si no la veus, no te la creus

Es va pensar en un format que fora assequible, que no fora un assaig per a professionals, sinó que estiguera destinat a qualsevol persona, que el puguen llegir els juristes (i segur que els va bé), però sobretot està pensat per a persones no juristes, perquè qualsevol entenga aquestes idees que semblen essencials, però no sempre es saben: que no qualsevol persona que odie està cometent un delicte d'odi o que no es jutja el racisme, sinó que es jutja l'acte racista. Perquè es conega també aquesta realitat, que moltes vegades, si no la veus, no te la creus.

Susana Gisbert es fiscal delegada de delitos de odio y memoria democrática en València, con una larga trayectoria también en materia de violencia de género. Escritora y articulista habitual en varios medios de comunicación, Gisbert (València, 1966) publica Contra el odio (Vincle, 2026), una suerte de guía enfocada a un público amplio sobre una materia de la que se ha convertido en una referencia.

En esta entrevista con elDiario.es, celebrada pocas horas antes del partido de la semifinal del Mundial de fútbol entre las selecciones francesa y española, la fiscal duda de que las polémicas declaraciones del expresidente Mariano Rajoy constituyan un delito de odio y celebra que los clubs de fútbol cada vez colaboren más con la justicia cuando se producen incidentes racistas.

La fiscal Susana Gisbert también destaca la reciente sentencia del Tribunal Supremo que fija el criterio sobre la existencia de delito de odio por insultos racistas y por razón de ser inmigrantes, dictada por una causa instruida en València. “En los delitos de odio, nuestro mayor escollo es la infradenuncia”, alerta Gisbert.

¿Qué balance hace de su etapa como fiscal delegada de delitos de odio?

Me gusta mucho la materia, es muy enriquecedora y tienes posibilidad de hacer cosas que no se habían hecho por la novedad. Pero luego, la verdad es que también lo he vivido con cierta sorpresa, porque aunque piensas que estas cosas pasan, no te puedes imaginar que pasen tanto, y cosas tan gordas y tan inverosímiles, como que una persona por la calle ataque a otra por el hecho de verla besarse con alguien del mismo sexo. La verdad es que es una materia muy enriquecedora, porque recibes mucho feedback de las víctimas. Las víctimas están enseguida muy agradecidas, también tienes la otra parte, que recibes mucho hater del otro lado, pero bueno, en esa parte muy contenta.

Poco a poco parece que se va consolidando.

También tienes ese prurito de ir creando cosas que no se han hecho nunca, como lo de [la condena por los insultos racistas al futbolista] Vinicius, ahora ya hay más condenas en el tema de la violencia racista y homófoba en el fútbol y en los estadios, pero hasta entonces no había ninguna condena. Lo de [las agresiones ultras en] la manifestación del 9 d'Octubre también fue mucho trabajo, y tampoco había previamente una condena por una discriminación por ideología en una manifestación pública. Poco a poco vamos haciendo cosas: la última sentencia que ha creado mucha jurisprudencia y doctrina es del magistrado Vicente Magro en materia de delitos de odio, también viene de una causa que llevamos aquí.

Siendo fiscal delegada de delitos de odio, también ha sufrido muchos discurso de odio en su contra en redes sociales. ¿Cómo ha vivido esta experiencia?

La parte mala es que, además de un feedback, recibes una parte considerable de haters. Si eres visible en redes sociales, yo lo soy (es una decisión personal y no voy a cambiar por eso), de vez en cuando te llevas un disgusto, como lo que ha pasado con [las amenazas del eurodiputado ultra] Alvise o con otro tipo. Pero bueno, creo que ojalá no hubiera que pagarlo, pero es parte de lo que toca. Si la gente te conoce y se dirige a ti porque has hecho determinada cosa, pues era porque esa cosa pica.

La parte mala es que, además de un 'feedback' de las víctimas, recibes una parte considerable de haters

¿Cuál es el abanico de víctimas de los delitos de odio?

Hay que decir que ganan por goleada la xenofobia en todas sus vertientes (homofobia, anti-gitanismo, racismo y demás) y, por otro lado, la homofobia y la LGTBI-fobia. Pero sí que es verdad que en cuanto a las víctimas hay dos grupos importantes. Hay un grupo de víctimas que están más o menos empoderadas y acuden a los servicios públicos, manifiestan, denuncian (o si no denuncian son conscientes de las cosas).

Eso pasa en una parte importante de las víctimas de homofobia, hay una parte del colectivo LGTBI que está empoderado (y otra parte que no). Y pasa también con las víctimas de otro tipo de delitos, como pasa con la ideología. Y hay otro grupo de víctimas, la población migrante, sobre todo la que está en una situación de precariedad económica, que no tiene papeles (con la aporofobia y la discapacidad), que son personas muy vulnerables y que ni siquiera son conscientes o ni siquiera se atreven a denunciar.

Pero bueno, una vez vienen, sí que es muy importante la labor de las ONG que les acompañan. En muchos casos, si no hubiera ONG o entidades del tercer sector acompañándoles no denunciarían.

Para luchar contra la infradenuncia lo primero que tienes que dar es confianza a las víctimas

¿Qué papel juega la empatía?

Aquí hay que tener empatía. Aunque la víctima, si está afuera en el juicio y no he ido yo a ese juicio o ha venido por otra vía, yo siempre trato de hablar con ella y de establecer una relación personal y de darle una confianza. Porque en los delitos de odio, nuestro mayor escollo es la infradenuncia. Y para luchar contra esto lo primero que tienes que dar es confianza a las víctimas, que sepan los derechos que tienen y que tengan un referente. Por ejemplo, el colectivo LGTBI durante el franquismo, no es que no podían defender sus derechos, es que eran penados por ello.

Hay que cambiar esta concepción, que viene de mucho tiempo: de una desconfianza total al sistema a una confianza. Con las personas migrantes también pasa, muchas veces tienen más miedo de que emerja su situación de irregularidad que de defender sus derechos.

Poco a poco, se ha ido creando un cuerpo de doctrina que cada vez es más permeable a los delitos de odio

¿Cómo ha ido asentándose la jurisprudencia en materia de delitos de odio?

La verdad es que cada día, afortunadamente, se consolida más. Yo, al principio, decía muchas veces que esta Fiscalía parecía la Fiscalía de pegarse contra un muro. Era todo a base de recursos porque todo nos lo archivaban o todo lo declaraban delitos leves. Poco a poco, se ha ido creando un cuerpo de doctrina que cada vez es más permeable a los delitos de odio. Y ya no se queda en el simple insulto o en la amenaza. La sentencia de Magro es muy conocida, pero hay varias ya en este sentido de que los insultos son constitutivos, o pueden ser constitutivos si se dan determinadas circunstancias, de delitos de odio.

¿Qué se ha consolidado?

Se ha creado una importante doctrina con los delitos de odio en los que hay alguna parte de acción (un hecho concreto, unas lesiones o unas amenazas). En el discurso de odio aún nos queda camino. El choque con la libertad de expresión todavía tiene que recorrer mucha vía, porque todavía hay mucha absolución. El tipo está redactado de una manera que habla de incitar (si esto es incitación o no es, si la motivación no es y el límite con la libertad de expresión...). Todavía queda trabajo por hacer.

Además en un contexto de auge global de la extrema derecha.

Es evidente que se dan muchos factores. Por un lado, un auge de la extrema derecha en todo el mundo. Las personas que pensaban esto no es que hayan aparecido como un champiñón, había gente que no se sentía legitimada y, al ver que hay personas ejerciendo el poder que piensan estas cosas, se sienten legitimadas para determinados discursos. Y luego la herramienta de las redes sociales es un caldo de cultivo óptimo para que el que tenga estos pensamientos los vierta. Porque, además, aunque se manifiestan en redes sociales con su nombre —también es un problema el anonimato— pero incluso cuando lo hacen con su nombre (lo hacen políticos y demás), el hecho de enfrentarse a una pantalla y no a una persona, como que envalentona al autor y dice cosas que a lo mejor cara a cara no diría.

De hecho, ese límite con la libertad de expresión ha propiciado absoluciones como la del expolicía Ricardo Ferris, que expuso sus tesis racistas en un acto público de Vox.

Está pendiente del recurso de casación de la Fiscalía. El discurso de odio es más complicado. Sí que obtuvimos una sentencia favorable en el caso del encargado de redes de España 2000 (por relacionar la viruela del mono con la homosexualidad), que también está pendiente del recurso interpuesto por él.

¿Las tesis de Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol podrían ser constitutivas de un delito de odio?

Vamos a ver, estas cosas hay que pensarlas mucho. Es lo que siempre decimos: ni todo el odio es delito de odio ni ni siquiera para cometer un delito de odio hay que odiar. Cuando dicen 'es que no es una persona racista', no, no se le juzga a nadie por ser racista, se le juzga por haber hecho una manifestación racista. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un discurso que no está esparciendo ninguna noticia ni ningún hecho que haga que la gente odie a la selección francesa o a los integrantes de la selección francesa. Creo que habría que pensarlo mucho, pero tiene un difícil encaje en el delito de odio; que no quiere decir que no sea un acto discriminatorio de racismo y reprochable, por lo menos a nivel moral desde luego, y tal vez a nivel político.

¿Cree que ha mejorado el panorama del racismo en los estadios de fútbol?

Igual es que soy muy optimista, pero a raíz de esa sentencia los clubes se han cuidado mucho más. Han visto que la Ley del Deporte es dura con ellos, con cosas que antes parece que se miraba hacia otro lado les cierran el estadio, aunque los hechos no sean constitutivos de delito de odio o no se encuentre a los autores. Y, por la cuenta que les trae, tanto los clubes, como las entidades deportivas, como por otro lado los propios aficionados yo creo que se cortan más. Y, por otro lado, creo que también se es mucho más colaborador con la justicia cuando ven que ocurre algo así. De hecho, hay una causa abierta que es por la actividad de un periodista que, como aficionado, fue el que interpuso la denuncia [contra los gritos racistas de un aficionado en el estadio de Mestalla].

La Ley del Deporte es dura con los clubs, con cosas que antes parece que se miraba hacia otro lado les cierran el estadio

¿Qué problemas plantean las redes sociales en relación con los delitos de odio?

Con las redes sociales los problemas que tenemos son varios. Primero, el anonimato. Porque hay gente que pone sus posts con su propio nombre, pero realmente ni X, ni ninguna red social, no te pide más que un correo electrónico (y el correo electrónico Gmail, por ejemplo, no te pide tampoco una identificación). Sobre todo tenemos un problema procesal, que es el de la competencia: quién es competente, cómo nos vamos a dirigir a Facebook o a X, cómo nos van a responder (que normalmente no responden o son muy remisos a responder). Es muy difícil obtener la información y claro, ahí tenemos unas dificultades tremendas, y además la justicia tiene sus tiempos, porque nuestra justicia es garantista —afortunadamente— pero la instantaneidad de las redes sociales es mucho más rápida que si obtenemos un mandamiento de entrada y registro o de cierre de una cuenta.

Muchas sentencias de delitos de odio incluyen un curso sobre igualdad. ¿Por qué se incluye este tipo de cursos?

Es muy importante y el problema que tenemos aquí en València es que encontramos muchos problemas para ver dónde y quién realiza este curso. En el caso de la violencia de género, que sería un caso parejo al ser obligatorio para dar la suspensión de la pena, ya hay unos lugares concretos a donde ir, pero en el caso de los delitos de odio (que está previsto, pero no es obligatorio) es una condición que se puede poner. Nosotros la ponemos, además por acuerdo de las jornadas de fiscales delegados en las que así se estableció. Lo pedimos, pero muchas veces nos encontramos con verdaderos problemas a la hora de ejecutarlo y esto tendría que implementarse, porque el único sitio donde hay uno que está claramente definido es en la prisión. Y si no entran en prisión, es difícil que hagan el curso. Y si hacen el curso para evitar la prisión, es difícil que vayan a la prisión

¿Cómo se ha resuelto en la práctica?

Aquí en Valencia no está acabando de funcionar, estamos encontrando problemas en cada caso y, a veces, hay que buscar o improvisar una solución de que vaya a tal sitio o de que vaya a tal otro. Pero habría que implementar un recurso concreto que fuera automático

¿De dónde nació la idea de publicar el ensayo Contra el odio?

Me lo propuso Manolo Gil, que es mi editor en muchos de los libros que he escrito desde hace tiempo. Además, para la editorial era un cambio por completo de registro. Primero por el idioma (Vincle siempre había publicado en valenciano) y luego por el tema del ensayo (no tenían una colección) y por el formato.

Esta realidad muchas veces si no la ves, no la crees

Se pensó en un formato que fuera asequible, que no fuera un ensayo para profesionales, sino que estuviera destinado a cualquier persona, que la pueden leer los juristas (y seguro que les viene bien), pero sobre todo está pensada para personas no juristas, para que cualquiera entienda estas ideas que parecen esenciales, pero no siempre se saben: que no cualquier persona que odie está cometiendo un delito de odio o que no se juzga el racismo, sino que se juzga el acto racista. Para que se conozcan también esta realidad, que muchas veces si no la ves, no la crees.

Finalmente, será el 17 de septiembre cuando se celebre en el Tribunal de Instancia de Irún la vista que se tuvo que retrasar en primavera por el caso del agente de la Ertzaintza que propinó un puñetazo a un varón en esa localidad en 2023, según ha podido saber este periódico. El policía ya ha admitido los hechos y la Fiscalía pide para él una condena por atentado contra la integridad moral, que implica prisión e inhabilitación.

Lo que se trendrá que dilucidar en la vista es si hay una conformidad entre la acusación pública y el acusado. El ministerio fiscal ofrece la aplicación de la modalidad menos grave del delito, con penas de no más de dos años de cárcel, que no suelen ser efectivas si se carece de antecedentes, como es el caso. Sin embargo, esa modalidad “en todo caso” comporta la “inhabilitación especial” durante entre dos y cuatro años, lo que obligaría a su salida de la Ertzaintza. Fuentes judiciales agregan que una condena con admisión de responsabilidad en la fase de instrucción podría conllevar, incluso, una rebaja adicional de un tercio de la condena, tanto la de cárcel como la de inhabilitación.

Los hechos se produjeron hace justo tres años, en julio de 2023. Entre las 3.08 y las 3.17 horas -exactamente en el minuto 1 y 9 segundos de un vídeo de 3 minutos y 19 segundos que grabó todo-, el agente de la Ertzaintza, con número profesional 2514,5 “elevó el brazo izquierdo, increpó a una persona civil [que estaba tendida en el suelo] y le propinó una bofetada en la cara con la mano izquierda abierta”. “Cállate ya, coño. Se acabó la tontería. ¡Se acabo la tontería! ¡Venga! ¡Venga!”, espetó el uniformado. La persona agredida, de 30 años y cuyas iniciales son A.A.C., “por efecto del golpe cayó al suelo de espaldas”, mostrando “gestos de dolor”. Otros cinco ertzainas y cuatro agentes municipales presentes en el lugar, la calle de Zubiaurre de Irún, dieron la espalda al joven y se marcharon sin auxiliarle.

Un segundo hombre que estaba en la zona ayudó a la víctima unos minutos después y a las 3.36 horas se dio parte al 112: “No se puede mover”. La Ertzaintza envió a dos patrullas. Eran cuatro de los agentes que habían estado con él minutos antes, incluido el funcionario 25145. Los uniformados mintieron por radio al asegurar que el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol, que se había propasado con ellos y que las lesiones las había sufrido golpeándose con una pared. Dijeron que no era necesaria una ambulancia.

Este relato de los hechos lo hizo la comisión de control y transparencia de la Policía vasca, que emitió un dictamen sobre los hechos. El funcionario estuvo suspendido cautelarmente de empleo pero no de sueldo desde que trascendieron los hechos, en mayo de 2024, hasta febrero de 2025, cuando ganó un recurso de alzada interno.

Compareció el 23 de octubre de 2025 en el Tribunal de Instancia de Irún. La entonces titular de la plaza 1 de la sección de primera instancia e instrucción de ese partido judicial, Maider Imaz, tomó declaración en calidad de imputado al ertzaina. Según las fuentes consultadas, pidió disculpas, asumió que sus actos no fueron correctos e indicó que perdió los nervios, aunque también insistió en que existe un contexto que justificaba la actuación policial contra A.A.C., la persona que recibió el puñetazo.

Unas semanas después, en diciembre, el ministerio fiscal presentó un informe dejando constancia de este reconocimiento de los hechos y asumiendo que el delito de atentado puede ser considerado como “leve”, entendido como la modalidad menos grave del tipo penal del atentado contra la integridad moral. La vista que se celebrará en septiembre estaba programada para marzo, pero los problemas de salud de la víctima motivaron un retraso. Ha sido ahora, en las últimas semanas, cuando se ha realizado el nuevo señalamiento, ya para después del parón judicial de agosto. Tras la reincorporación, en un primer momento este policía estuvo en otro puesto, realizando “otras actividades en comisaría” sin contacto con la ciudadanía. Ahora, en cambio, ya está de nuevo en Seguridad Ciudadana, haciendo trabajo de calle.

Almudena Lastra, la fiscal que se enfrentó al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, ha recurrido ante el Tribunal Supremo su no renovación al frente de la jefatura del ministerio público en Madrid tras cinco años de mandato. Fuentes jurídicas informan a EFE de que Lastra ha interpuesto este jueves el anuncio de interposición de una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal contra el Real Decreto de nombramiento de María Isabel Martín López como nueva fiscal Superior de la Comunidad de Madrid.

El pasado 30 de abril, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, propuso al Gobierno el nombramiento de Isabel Martín como nueva fiscal superior de Madrid, desde 2018 en la Secretaría Técnica de la Fiscalía, órgano de apoyo de la fiscal general. Peramato destacó de Martín su “alto nivel de competencia técnica, rigor profesional y su acreditada capacidad para afrontar responsabilidades de especial complejidad y exigencia”, además de su plan de actuación “para transformar la Fiscalía Superior de Madrid bajo los principios de excelencia, cohesión y servicio público”.

Esta decisión supuso el relevo de Almudena Lastra, la fiscal que declaró contra Álvaro García Ortiz en el juicio en el que fue condenado por revelar datos reservados. Su salida de la Fiscalía Superior fue muy contestada por la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y de corte conservador, que arremetió contra Peramato por culminar “el plan de evacuación” del equipo de apoyo de García Ortiz, con la elección de una candidata que estaba 800 puestos debajo de Lastra en el escalafón.

De Lastra destacaron que cuenta con 35 años de carrera profesional, sin que su desempeño profesional pueda “ser objeto de reparo alguno”, y subrayaron que “tuvo la osadía de contradecir la doctrina oficialista con ocasión de los graves cargos penales que se imputaron a García Ortíz y por los que resultó condenado, siendo su testimonio uno de los elementos probatorios que fueron objeto de valoración en sentencia”. Según la AF, Almudena Lastra actuó con “una serena autonomía que es consustancial a la condición de fiscal”, que le permitió contemplar los hechos “desde la neutralidad”, sin atender previamente “al autor, a lo que alguien pueda esperar de nosotros o a las consecuencias de actuar honestamente”.

No obstante, la fiscal general negó que haya llevado a cabo ninguna “purga” de fiscales díscolos desde su llegada al cargo, y dijo que los cambios que se han producido “están dentro de la normalidad” porque los cargos de fiscal jefe son por cinco años.

El fiscal del caso de Begoña Gómez ha presentado su escrito de conclusiones antes del juicio y solicita la libre absolución. El representante del Ministerio Público analiza a lo largo de 26 folios la instrucción del juez Peinado y concluye que no se ha encontrado “infracción penal” alguna y que, por tanto, “sin delito no hay autor”.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía se va deteniendo en los hechos que dan pie a las acusaciones populares a imputar a Gómez, su asistente María Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés varios delitos que en el caso de la mujer del presidente supondrían 24 años de cárcel.

“Ni María Begoña Gómez, ni María Cristina Álvarez, ni Juan Carlos Barrabés Consul obtuvieron remuneración o beneficio directo o indirecto derivado de esta actividad, ni realizaron presión de ningun tipo sobre las empresas afectadas para la promoción de la Cátedra de Transformacion Social Competitiva [de la Complutense] y sus patrocinios”, recoge el fiscal.

Respecto al delito de apropiación indebida del software de la cátedra, el fiscal concluye igualmente que “ninguno de los investigados se ha beneficiado económicamente de las actividades de creación del software informático, ni consta que la UCM haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas”.

La creación de ese software para ayudar a pequeñas y medianas empresas era uno de los objetivos establecidos en la creación de la Cátedra. Para su creación participaron empresas “destacadas, que valoraban positivamente en sus corporaciones la promoción y apoyo a proyectos e iniciativas en materias como digitalización, sostenibilidad, impacto ambiental, y tenían dotadas amplias partidas y recursos para este tipo de proyectos e imagen corporativa”, añade el fiscal.

El Ministerio Público recoge la aportación de las empresas (Indra, unos 128.000 euros; Google, 180.000; Telefónica, 55.000). “Los trabajos en materia informática y tecnológica fueron finalizados por las entidades colaboradoras, si bien no consta que el citado programa se haya llegado a implementar ni se hayan verificado los resultados prácticos del mismo a pleno desarrollo, faltando definitivamente y ultimar las actividades de puesta a punto”.

En contra de lo que argumenta la acusación popular, el fiscal concluye que los trabajos “no llegaron a registrarse como propiedad intelectual o industrial de la UCM, legítimo destinatario del producto elaborado conforme al convenio de 30 de octubre de 2020 y la normativa regulardora de las cátedras extraordinarias”.

El trabajo de la asesora

Otro de los delitos que se imputan a Begoña Gómez y María Cristina Álvarez es el de malversación de fondos públicos por desviar las actividades de la asesora del que debería ser realmente su trabajo. La acusación se centra en que Álvarez envió unos correos electrónicos de parte de Gómez relacionados con su tarea en la Complutense.

La Fiscalía resume así cuáles son las funciones de Álvarez y por qué los hechos denunciados están enmarcados dentro de las mismas: “Tienen una disponibilidad permanente y jornada de régimen de especial dedicación, se basan en el desempeño de tareas de colaboración inmediata de carácter logistico y organizativo en el marco de la atención a la esposa del presidente del Gobierno, en las que predominan las notas de afinidad inherentes a la confianza”. En otro punto señala que ambas son amigas desde que coincidieron en una actividad profesional hace años.

Entre sus funciones, añade, están las de “de gestión de la agenda y la preparación de la presencia en reuniones, visitas y eventos, la gestión y administración de las comuniaciones, asistencia telefónica y documental, el acompañamiento en desplazamientos y la interlocución y coordinación con los equipos de protocolo, seguridad, asuntos exteriores y resto de departamentos implicados en la organización de actos y viajes del presidente del Gobierno o derivados de su propia agenda”.

Sin mencionar los correos, el fiscal expone: “Cristina Álvarez ha acompañado a Begoña Gómez a diferentes y numerosos actos, públicos y privados, algunos de ellos relacionados con la actividad que desarrollaba en la UCM. Y también en dicho ámbito y periodo temporal, ha realizado actividades puntuales de gestión y contacto entre diferentes personas d ela UCM que se relacionaban o debían relaciónar con María Begoña Gómez, así como con terceros patrocinadores de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, sociedades y entidades que firmaron adendas de colaboración y patrocinio con las mismas, figurando copia en correos electrónicos cruzados de María Begoña Gómez Fernández”

El fiscal del caso recupera toda la normativa que ampara la contratación de Álvarez como “personal eventual”, realizada según “los cauces legalmente previstos”. La propuesta de nombramiento correspondió al vicesecretario general de Presidencia del Gobierno y fue acordada por el subsecretario del mismo departamento el 16 de julio de 2018. Se trata de un puesto amparado en Estatuo Básico del Empleado Público y un Real Decreto posterior y ha estado “presente en todos los gobiernos de la etapa democrática de España desde 1978, en los que el cónyuge del presidente ha contado con la asistencia de, al menos, una persona con estas funciones de apoyo, y con este tipo de denominación, que no cuenta con una regulación normativa expresa”.

Respecto de Barrabés, el fiscal recuerda que tras conocer a Begoña Gómez y plantear ambos una colaboración que no fructíficó, el empresario y empleados suyos colaboraron en el máster que impartía la mujer del presidente en la Complutense, “recibiendo todos ellos la contraprestación reglada por la UCM por hora de docencia”.

Gómez cobró alrededor de 40.000 euros por su participación en el máster a lo largo de una década y ni un solo euro por la cátedra. El fiscal se detiene a remarcar que Juan Carlos Barrabés “no ha colaborado en la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la UCM ni ha sido patrocinador ni ha financiado ninguna actividad de la misma”.

La titular de la plaça número 16 de la Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de València, María Teresa de Vidiella García, ja ha identificat el policia antiavalots que va agredir per l'esquena una professora que es manifestava en el marc de la vaga educativa de la Comunitat Valenciana i l'ha citat a declarar com a investigat, segons ha confirmat la Fiscalia Provincial de València a elDiario.es. El Ministeri Públic ha informat favorablement sobre la querella presentada per la professora contra l'agent i considera que podria haver comés tres delictes que, per tant, s'han d'investigar: un delicte de lesions, amb l'agreujant de prevalença de funció pública; un delicte contra la integritat moral, i un delicte contra els drets individuals.

Les diligències parteixen de la querella presentada per la dona contra l'agent que, després de diverses perquisicions practicades pel jutjat, ja ha estat identificat. CCOO ha demanat personar-se en la causa, encara que la seua querella encara està pendent d'admissió, assenyala el Ministeri Públic. Segons ha pogut saber elDiario.es, el policia serà interrogat en qualitat d'investigat el pròxim 24 de setembre al jutjat d'Instrucció.

L'agent, segons les nombroses imatges gravades aquell dia, va espentar per l'esquena la manifestant. La violència del colp va fer que la víctima caiguera de morros, cosa que li va provocar una ferida a la barbeta que va requerir dos punts de sutura. Vint dies després, la dona encara no podia menjar amb normalitat i patia altres molèsties importants a la mandíbula.

Segons va explicar en exclusiva elDiario.es, l'atestat policial de l'actuació de l'antiavalots no reconeix cap error i conclou que l'agent “va fer ús de la mínima força reglamentària”. L'informe, elaborat en la matinada de l'1 de juny, unes cinc hores després de l'agressió, i que ja consta en la causa judicial, assegura que l'actuació va ser adequada i que els dos punts de sutura que li van haver d'aplicar a la barbeta, així com les diverses contusions al tòrax i la mandíbula, es van deure a una “caiguda accidental” provocada per una “pèrdua d'equilibri” quan l'agent va tractar d'“apartar-la” de la via.

Per la seua banda, es continua sense notícies de l'expedient intern obert per la Policia Nacional a l'agent, que va ser apartat del servei aquella vesprada, però que continua en actiu. Encara que les conclusions de l'expedient disciplinari no es podran emetre fins que finalitze el procés penal, el procediment intern podria continuar endavant i ser útil per a la instrucció de la jutgessa en cas que fora requerit.

Els fets van ocórrer la vesprada del passat 31 de maig, a l'avinguda de Pius XII de València. Segons l'atestat policial, mentre se celebrava una concentració autoritzada davant la Conselleria d'Educació, un grup de persones es va dirigir “en manifestació” cap a aquesta avinguda “amb la intenció de tallar la circulació”, en una acció que, puntualitza el mateix informe, no comptava amb autorització. Segons la Policia, aquest grup de persones “hauria trencat el cordó policial”. “En un moment donat, els manifestants decideixen fer una asseguda tallant la via, la qual cosa origina un greu perill per a la vida i la integritat física tant dels agents com dels mateixos manifestants i dels conductors”, afig.

Amb aquest argument, l'agent que redacta l'informe assegura que la unitat d'antidisturbis es va traslladar al lloc “a corre-cuita” per “arribar com més prompte millor i salvaguardar la integritat dels agents” i evitar el tall del trànsit. Entre aquest grup de persones es trobava la dona agredida, de qui el policia assegura que “es trobava al mig de la calçada encoratjant activament la massa a envair l'avinguda perquè efectivament es produïra aquesta invasió i el tall del trànsit”.

La descripció de la Policia contrasta amb els nombrosos vídeos del moment, en els quals es veu la dona d'esquena a la carretera i caminant per la calçada a diversos metres de la vorera. A més, la dona agredida, una docent jubilada de 68 anys, tampoc apareix en cap dels vídeos arengant la massa ni actuant de manera violenta. En aquesta actuació policial es van obrir altres quatre expedients a manifestants que van criticar l'actuació de l'agent i que podrien acabar en una multa en aplicació de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, coneguda com a llei mordassa.

La titular de la plaza número 16 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, María Teresa de Vidiella García, ya tiene identificado al policía antidisturbios que agredió por la espalda a una profesora que se manifestaba dentro de la huelga educativa de la Comunitat Valenciana y lo cita a declarar como imputado, según ha confirmado la Fiscalía Provincial de Valencia a elDiario.es. El Ministerio Público ha informado a favor de la querella presentada por la profesora contra el agente y considera que podría haber cometido tres delitos y, por tanto, se deben investigar: lesiones, con la agravante de prevalimiento de función pública, contra la integridad moral y contra los derechos individuales.

Las diligencias parten de la querella presentada por la mujer contra el agente que, tras varias pesquisas realizadas por el juzgado, ya ha sido identificado. CCOO ha pedido personarse en la causa, aunque su querella todavía está pendiente de admisión, señala el Ministerio Público. Según ha podido saber elDiario.es, el policía será interrogado en calidad de investigado el próximo 24 de septiembre en el juzgado de Instrucción.

El agente, según las numerosas imágenes grabadas aquel día, empujó por la espalda a la manifestante. La violencia del golpe hizo que la víctima cayera de bruces, provocándole una herida en la barbilla que requirió dos puntos de sutura. Veinte días después, la mujer todavía no podía comer con normalidad y sufre otras dolencias importantes en la mandíbula.

Según contó en exclusiva elDiario.es, el atestado policial de la actuación del antidisturbios no reconoce ningún error y concluye que el agente “hizo uso de la mínima fuerza reglamentaria”. El informe, elaborado en la madrugada del 1 de junio, unas cinco horas después de la agresión, y que ya obra en la causa judicial, asegura que la actuación fue adecuada y que los dos puntos de sutura que tuvieron que aplicar a la mujer en la barbilla, así como las distintas contusiones en el tórax y la mandíbula, se debieron a una “caída accidental” provocada por una “pérdida de equilibrio” cuando el agente trató de “apartarla” de la vía.

Por su parte, se sigue sin noticias del expediente interno abierto por la policía nacional al agente, que fue apartado del servicio esa tarde, pero que continúa en activo. Aunque las conclusiones del expediente disciplinario no se podrán realizar hasta que finalice el proceso penal, el procedimiento interno podría seguir adelante y ser útil a la instrucción de la jueza en caso de que fuera requerido.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 31 de mayo, en la avenida de Pío XII de València. Según el atestado policial, mientras se celebraba una concentración autorizada frente a la Conselleria de Educación, un grupo de personas se dirigió “en manifestación” a esa avenida “con la intención de cortar la circulación”, en una acción que, puntualiza el propio informe, no contaba con autorización. Según la Policía, este grupo de personas “habría roto el cordón policial”. “En un momento dado, los manifestantes deciden realizar una sentada cortando la vía, lo que origina un grave peligro para la vida e integridad física tanto de los actuantes como de los propios manifestantes y conductores”, añade.

Con este argumento, el agente que redacta el informe asegura que la unidad de antidisturbios se trasladó al lugar “a la carrera” para “llegar lo antes posible y salvaguardar la integridad de los actuantes” y evitar el corte de tráfico. Entre ese grupo de personas se encontraba la mujer agredida, de quien el policía asegura que “se encontraba en medio de la carretera alentando activamente a la masa a invadir la avenida para que efectivamente se produjera dicha invasión y corte de tráfico”.

La descripción de la policía contrasta con los numerosos vídeos del momento, en los que se ve a la mujer de espaldas a la carretera y caminando por la calzada a varios metros de la acera. Además, la mujer agredida, una docente jubilada de 68 años, tampoco se ve en ninguno de los vídeos arengando a la masa o de manera violenta. En esta actuación policial se abrieron otros cuatro expedientes a manifestantes que criticaron la actitud del agente y que podrían acabar en una multa aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015, la conocida como ley mordaza.

Antonio José García Cabrera, el abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha declarado como testigo este miércoles en la Audiencia Nacional que la exmilitante socialista Leire Díez le ofreció la posibilidad de reunirse con la Fiscalía porque a ella, según le dijo, le parecía injusta la acusación contra su representado.

García Cabrera ha comparecido esta mañana ante el juez del 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, y que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la propia Díez.

Así, fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que Cabrera se ha ratificado en su declaración como testigo ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado del pasado 28 de mayo en el marco de las pesquisas sobre esta causa.

Tal y como consta en el atestado de la UCO, Cabrera ha declarado que la exmilitante le contactó para ofrecerle la posibilidad de reunirse con la Fiscalía porque le parecía injusta la acusación contra su representado en la macrocausa 'Tándem', que investiga los negocios privados de Villarejo. El letrado de Villarejo aseguró a los agentes que ni él ni su representado se reunieron con el fiscal general del Estado ni con el fiscal de Anticorrupción.

García Cabrera afirmó que Díez le dijo que le iba a “recibir el FGE -- fiscal general del Estado--” en aquel entonces Álvaro García Ortiz, después de intentos infructuosos de acercarse a César de Rivas, fiscal anticorrupción en el 'caso Kitchen', según el informe de la UCO en el que se ha ratificado.

Asimismo, en el informe de la UCO consta que Cabrera afirmó haberse reunido con Díez en dos ocasiones para hablar sobre varias noticias publicadas contrarias a Villarejo y que el contenido de ambas conversaciones le pareció “muy poco creíble y muy fantasioso”.

La Fiscalía de Medio Ambiente ha remitido a los Juzgados de Telde (Gran Canaria) su investigación sobre los vertidos en la costa del municipio. Estas diligencias de investigación se incoaron por el Ministerio Püblico en octubre de 2025, tras la mortandad de peces detectada por la empresa titular de la concesión de acuicultura Aquanaria S.L. y que provocó el cierre de 17 playas en el sureste de la isla.

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha informado de que estas diligencias revelaron ''numerosas irregularidades'' en la gestión de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de Silva, por lo que el 25 de mayo de 2026 se acordó la toma de muestras de la misma y su remisión al Instituto de Ciencias Forenses con el fin de que se realizara una pericial analítica de impacto ambiental. Así, se podría determinar si los vertidos de las mismas al mar a través del emisario 222 pudieran constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Por el momento, esta pericial aún está en fase de elaboración. Cuando esté disponible, aclara la Fiscalía, se remitirán al Juzgado de Instancia de Telde (sección Instrucción), proponiendo la práctica de las diligencias que se estimen oportunas a los efectos de concretar la existencia o no de hechos con relevancia penal.

El Ministerio Fiscal explica también que Aquanaria S.L., como posible perjudicada por estos hechos, ha presentado una denuncia ante los Juzgados de Telde que ha dado lugar a la apertura de unas diligencias penales.

La Fiscalia acusa el germà d'Antonio Anglés, el desaparegut assassí de les xiquetes d'Alcàsser, de segrestar i torturar un home a qui exigia 200.000 euros. El Ministeri Públic, segons l'escrit d'acusació al qual ha tingut accés aquest diari, demana una pena de 27 anys de presó pels presumptes delictes de segrest, lesions, amenaces, robatori amb violència, danys per incendi i pertinença a grup criminal per a Joaquín Martins Monroig, que va canviar la seua identitat original —Mauricio Anglés, també conegut com El Mauri— per un altre nom i pel cognom matern per a evitar l'estigma que assegura arrossegar per l'assassinat de les adolescents Toñi, Miriam i Desirée, comés el 1993 pel seu germà Antonio i per Miguel Ricart, l'únic condemnat. La Fiscalia sol·licita la mateixa pena per als altres cinc acusats, tots amb antecedents penals, igual que el germà d'Anglés.

El Ministeri Fiscal aplica en el seu escrit de conclusions provisionals l'agreujant d'alevosia en el delicte de segrest i l'agreujant d'executar els fets mitjançant disfressa en la resta dels delictes que imputa als acusats.

Joaquín Martins Monroig s'asseu aquest dimecres al banc dels acusats davant la secció tercera de l'Audiència Provincial de València, en una vista oral per a la qual s'han reservat quatre sessions. En el judici declararan els agents de la Guàrdia Civil encarregats de la investigació i els metges forenses, entre altres testimonis i pèrits. Martins Monroig va deixar entreveure en una entrevista recent amb el diari Las Provincias que el denunciant és un “narcotraficant condemnat” i va al·legar que es trobava en un altre lloc en el moment dels fets.

El germà del famós delinqüent, la pista del qual es va perdre al port de Dublín el 24 de març de 1993, després d'una fugida que va mantindre en suspens un país encara profundament commocionat pel crim d'Alcàsser, afronta aquest judici després d'haver sigut absolt el 2020, per falta de proves, en el marc d'un altre procediment en què se l'acusava, juntament amb dos germans més, d'extorquir un empresari. El tribunal, per contra, va condemnar Carlos Martins Monroig a un any i tres mesos de presó per un delicte de tinença il·lícita d'armes, així com a altres tres anys i sis mesos de presó i al pagament d'una multa de 5.000 euros per un delicte contra la salut pública.

Aquell judici també va traure a la llum els negocis que Joaquín Martins Monroig gestiona a València juntament amb la seua germana Kelly, en àmbits empresarials com el sector immobiliari, la restauració o les clíniques capil·lars. A més, el germà d'Antonio Anglés manté un canal de YouTube en el qual repassa la seua biografia i ressenya les seues aparicions en programes de Telecinco i Antena 3, on sosté que va implantar empelts capil·lars a la seua clínica a l'exministre José Luis Ábalos i al seu assessor, Koldo García.

Un segrest amb “gran violència”

L'empresari, criat en una família lumpenproletària, s'enfronta aquest dimecres a una severa petició de pena de presó per part de l'acusació pública. El Ministeri Públic considera que, després de vigilar la víctima i estudiar-ne les rutines, els acusats van interceptar l'home a la carretera CV-415 minuts abans de les 18.45 del 29 de novembre de 2021, mentre conduïa un BMW X5. Els presumptes assaltants van col·locar dues furgonetes robades davant i darrere del vehicle de la víctima, evitant així qualsevol possible maniobra d'evasió.

Els acusats, vestits amb roba fosca i amb passamuntanyes i guants, van apuntar el conductor amb dues armes que mai no van ser localitzades i, “de manera violenta”, mentre trencaven el vidre davanter del vehicle, el van obligar a pujar a una de les furgonetes, segons la Fiscalia. Per a això, “van emprar una gran violència”, afirma l'escrit d'acusació.

Una vegada a la furgoneta, la víctima va ser emmanillada i traslladada a la cavallerissa propietat d'un dels processats, situada a Montserrat, on el segrestat va ser sotmés a tortures perquè pagara 200.000 euros a canvi del seu alliberament. Els acusats, davant la resistència de l'home a pagar, van anar reduint la quantitat exigida mentre continuaven colpejant-lo. Fins i tot van emprar unes cadenes per a assotar-lo.

La Fiscalia sosté que van cremar el segrestat amb brases

El germà d'Antonio Anglés i els altres cinc acusats, segons la Fiscalia, van acovardir l'home amenaçant de segrestar-li el fill i la dona, dient-li que li tallarien un dit i acostant-li unes tenalles a l'orella. De fet, li van arribar a fer un tall vertical a l'orella. La víctima va quedar en estat de semiinconsciència i, “en un moment determinat, el van cremar amb unes brases i després li van tirar un líquid per damunt perquè reaccionara”, segons relata l'acusació pública.

El segrestat només va oferir els 2.000 euros en efectiu que deia tindre a sa casa. Els acusats es van quedar la ronyonera que duia, amb un telèfon mòbil i diners en efectiu al seu interior, valorats en un import total de 393 euros.

Cap a les 21.37, després de més de dues hores de tortures, els acusats van substituir les manilles per brides, que li van lligar a les mans per darrere de l'esquena, i van introduir l'home a la furgoneta per abandonar-lo nuet. Poc després va ser localitzat per un home, que va alertar la Policia.

Vehicles incendiats per a esborrar pistes

Per a esborrar qualsevol indici de la seua participació en els fets, alguns dels processats —“seguint el pla establert prèviament”— van portar el BMW que conduïa la víctima, propietat de sa mare, a un camí d'accés a un camp de cultiu, on li van pegar foc fins a calcinar-lo completament.

Una de les furgonetes robades per a executar el segrest va ser abandonada després d'haver-ne ruixat l'interior amb un extintor. L'altra furgoneta va ser adquirida pel seté processat, que, malgrat conéixer-ne l'origen il·lícit, la va comprar per a desmuntar-la i aprofitar-ne les peces. Aquest acusat s'enfronta a una pena d'un any de presó per un presumpte delicte de receptació.

L'home segrestat va patir lesions que van tardar 17 dies a sanar. També li va quedar una cicatriu a la cama. Tots els acusats tenen antecedents penals i estan en llibertat provisional, amb una ordre d'allunyament respecte de la víctima.

Els investigadors van aconseguir acreditar la participació dels acusats en els fets gràcies a l'estudi del posicionament dels telèfons mòbils i a les imatges de les càmeres de videovigilància i dels lectors de matrícules.

La Fiscalía acusa al hermano de Antonio Anglés, el desaparecido asesino de las niñas de Alcàsser, de secuestrar y torturar a un hombre al que pedía 200.000 euros. El Ministerio Público, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario, pide una pena de 27 años de prisión por los presuntos delitos de secuestro, lesiones, amenazas, robo con violencia, daño por incendio y pertenencia a grupo criminal para Joaquín Martins Monroig, que cambió su identidad original —Mauricio Anglés, también conocido como El Mauri— por otro nombre y el apellido materno para evitar el estigma que dice arrastrar por el asesinato de las adolescentes Toñi, Miriam y Desirée, cometido en 1993 por su hermano Antonio y por Miguel Ricart, el único condenado. La Fiscalía solicita la misma pena para otros cinco acusados, todos con antecedentes penales (al igual que el hermano de Anglés).

[Actualización: Juicio al hermano de Antonio Anglés: “Me torturaron dos horas, me pegaban cadenazos y me quemaban con brasas”]

El Ministerio Fiscal aplica en su escrito de conclusiones provisionales la circunstancia agravante de alevosía en el caso del delito de secuestro y la agravante de ejecutar el hecho mediante disfraz en el resto de delitos que imputa a los acusados.

Joaquín Martins Monroig se sienta este miércoles en el banquillo de los acusados ante la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, en una vista oral que ha reservado un total de cuatro sesiones para la celebración de un juicio en el que declararán los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación y los médicos forenses, entre otros testigos y peritos. Martins Monroig deslizó en una reciente entrevista con el diario Las Provincias que el denunciante es un “traficante condenado” y alegó que se encontraba en otro lugar en el momento de los hechos.

El hermano del famoso delincuente, cuya pista se perdió en el puerto de Dublín el 24 de marzo de 1993, tras una fuga que mantuvo en vilo a un país aún tremendamente impactado por el crimen de Alcàsser, encara este juicio tras haber sido absuelto en 2020, por falta de pruebas, en el marco de otro procedimiento en el que se le acusaba, junto con otros dos hermanos suyos, de extorsionar a un empresario. El tribunal, por el contrario, condenó a Carlos Martins Monroig a un año y tres meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas, así como a otros tres años y seis meses de prisión y al pago de una multa de 5.000 euros por un delito contra la salud pública.

Aquel juicio también afloró los negocios que Joaquín Martins Monroig, junto con su hermana Kelly, maneja en València, en ámbitos empresariales como el sector inmobiliario, la restauración o las clínicas capilares. Además, el hermano de Antonio Anglés mantiene un canal de Youtube en el que repasa su biografía y reseña sus apariciones en programas de Telecinco y de Antena 3, al sostener que colocó injertos de pelo en su clínica capilar al exministro José Luis Ábalos y a su asesor, Koldo García.

Un secuestro con “gran violencia”

El empresario, criado en una familia lumpenproletaria, se enfrenta este miércoles a una severa petición de pena de prisión por parte de la acusación pública. El Ministerio Público considera que, tras vigilar a la víctima y estudiar sus rutinas, los acusados interceptaron al hombre en la carretera CV-415 minutos antes de las 18.45 del 29 de noviembre de 2021, mientras conducía un BMW modelo X5. Los presuntos asaltantes colocaron sendas furgonetas robadas delante y detrás del vehículo de la víctima, evitando así cualquier posible maniobra de evasión.

Los acusados, vestidos con ropas oscuras y con pasamontañas y guantes, apuntaron al conductor con dos armas que nunca fueron halladas y, “de manera violenta” mientras rompían la luna delantera, lo obligaron a subir a una de las furgonetas, según la Fiscalía. Para ello, “emplearon gran violencia”, afirma el escrito.

Una vez en la furgoneta, la víctima fue engrilletada y conducida a Catarroja. En la cuadra propiedad de uno de los procesados en Montserrat, el secuestrado fue sometido a torturas para que pagara 200.000 euros a cambio de su liberación. Los acusados, ante la resistencia del hombre a pagar, fueron reduciendo el montante mientras seguían golpeándole. Emplearon incluso unas cadenas para darle latigazos.

La Fiscalía dice que quemaron con brasas al secuestrado

El hermano de Antonio Anglés y los otros cinco acusados, según la Fiscalía, amedrentaron al hombre con secuestrar a su hijo y a su mujer, diciéndole que le iban a cortar un dedo y acercándole unas tenazas a la oreja. De hecho, llegaron a realizarle un corte vertical en la oreja. La víctima quedó en estado de semiinconsciencia y, “en un momento dado, le quemaron con unas brasas y después le tiraron por encima un líquido para que reaccionara”, según relata la acusación pública.

El secuestrado solo ofreció 2.000 euros en efectivo que decía tener en su casa. Los acusados se quedaron con la riñonera que portaba, con un teléfono móvil y dinero en efectivo en su interior valorados en un importe total de 393 euros.

Sobre las 21.37, tras más de dos horas de torturas, los acusados sustituyeron las esposas por bridas atadas a sus manos por la espalda y metieron al hombre en la furgoneta, para abandonarlo desnudo. Poco después fue localizado por un varón que alertó a la Policía.

Vehículos incendiados para borrar pistas

Para borrar cualquier indicio de su participación en los hechos, algunos de los procesados —“siguiendo con el plan establecido previamente”— llevaron el BMW que conducía la víctima (propiedad de su madre) al camino de acceso a un campo de cultivo, donde le prendieron fuego, calcinándolo totalmente.

Una de las furgonetas robadas para ejecutar el secuestro fue abandonada tras haber rociado su interior con un extintor. La otra furgoneta fue entregada por el séptimo procesado, que pese a conocer su origen ilícito, la adquirió para desmontarla y hacerse con las piezas desguazadas. Este acusado se enfrenta a una pena de un año de prisión por un presunto delito de receptación.

El hombre secuestrado sufrió lesiones que tardaron 17 días en sanar. También le quedó una cicatriz en la pierna. Todos los acusados cuentan con antecedentes penales y permanecen en libertad provisional, con una orden de alejamiento de la víctima.

Los investigadores lograron acreditar la participación de los acusados en los hechos gracias al estudio del posicionamiento de los teléfonos y a las cámaras y lectores de matrículas.

El juicio por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza se celebrará en la Audiencia Provincial de Álava finalmente los días 20 y 21 de octubre. Habrán pasado ocho años y cinco meses desde que se celebraron los exámenes que fueron investigados. En otros proceso de similar duración, las penas han quedado rebajadas por dilaciones indebidas.

La presidenta del tribunal, la magistrada Beatriz Eva Román Gobernado, ha aclarado en la vista preliminar celebrada este martes que no aceptará que sea un juicio “prospectivo”. Solamente se enjuiciará finalmente lo sucedido en la categoría de Cirugía Plástica y no todas las demás pruebas que quedaron archivadas en su día o a la cúpula del Servicio Vasco de Salud en aquella época. Quienes han estado presentes lo han entendido como un mensaje de que habrá que ceñirse a esos sucesos concretos y orillar toda la parte de controversia política que suscitó el caso en su día.

Un ejemplo: se ha desestimado la intención del sindicato LAB, personado como acusación, de que compareciese como testigo el exconsejero Jon Darpón, del PNV, que dimitió en 2019 por este mismo asunto, como también lo hicieron la entonces directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y otros cargos. Según recoge Efe, Román Gobernado ha señalado que algunas peticiones de LAB “no guardan relación con este proceso concreto sino con hechos ya sentenciados”, aunque nunca ha habido ninguna sentencia por estos hechos. Sí se han atendido otras peticiones las otras dos acusaciones, la Fiscalía y el sindicato ESK.

Como adelantó este periódico, las dos personas que se sentarán en el banquillo de entre la veintena de imputados que llegó a haber no han llegado a un acuerdo con la Fiscalía, representada por Cristina Vicente Briansó, en la vista previa y se celebrará contra ellos el juicio. Se exponen a penas de prisión e inhabilitación, variables en función de los escritos de cada una de las partes.

Los procesados son Thais Salas, opositora del examen de Cirugía Plástica, y Alfredo Martínez-Flórez, miembro del tribunal evaluador. En la parte del examen elaborada por este facultativo, la aspirante, con la que le unía un vínculo familiar, logró una nota altísima que contrastaba, claramente, con el resto de sus calificaciones. Declararán en el juicio todos los integrantes del tribunal. Las anomalías ya se detectaron 'in situ' ya que la opositora llegó a renunciar a sus notas allí mismo.

Un largo camino hasta el juicio

La investigación del presunto fraude en la OPE de Osakidetza arrancó en junio de 2018 con una primera revisión por parte de la Fiscalía de una veintena de exámenes en los que había las mismas sospechas que en Cirugía Plástica: notas anormalmente altas en personas próximas a los autores de las preguntas. Osakidetza no le entregó toda la documentación, pese a lo cual se elevó una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Vitoria, donde tiene su sede el Servicio Vasco de Salud. Durante años, cuatro instructoras han liderado la investigación, que ha sufrido todo tipo de avatares y retrasos.

Finalmente, se decretó el cierre total de las actuaciones, pero la Audiencia Provincial entendió que los indicios de Cirugía Plástica eran muy sólidos y pidió reabrir al menos esa especialidad y que hubiese juicio. Sin embargo, este paso se ha demorado igualmente por el relevo de todo el tribunal -sin que ninguna de las partes lo estimara oportuno- y por la elección de una terna completamente nueva. Ahora, entre la vista previa y el juicio transcurrirán de nuevo cuatro meses.

La fiscal Adoración Cano va aconseguir les condemnes en el procediment de l'accident del metro de València del 3 de juliol de 2006, una tragèdia que va deixar 43 morts i 47 ferits i de la qual aquesta setmana es compleixen 20 anys. Cano, una dona seriosa i discreta, es va incorporar a la causa juntament amb els fiscals Vicente Torres i Sandra Bonet després de la reobertura del cas, després de set anys d'arxivament, propiciada per les nombroses irregularitats en la gestió de la seguretat per part de l'empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) i espentada per l'impacte social que va provocar l'emissió del documental dedicat a l'accident del metro en el programa Salvados, dirigit per Jordi Évole.

La veterana fiscal, procedent de la secció de sinistralitat laboral, va aportar un enfocament que llegia els fets des d'un angle nou i que va acabar amb un pacte de conformitat amb quatre acusats, aportant així a les famílies de les víctimes una veritat judicial que contrastava de ple amb la versió oficial de FGV i de la Generalitat Valenciana: l'accident no va ser inevitable, com va martellejar fins a la sacietat el Govern de Francisco Camps. La sentència, per la qual van ser condemnats quatre directius de l'empresa pública, va ser la culminació de la incansable lluita de l'Associació de Familiars de les Víctimes de l'Accident de la Línia 1 de Metrovalencia.

Adoración Cano, actualment destinada en la Fiscalia Anticorrupció, rep elDiario.es al seu despatx de la Ciutat de la Justícia de València, armada amb una llibreta amb anotacions sobre la causa i amb la seua pròpia memòria. “A tots ens va colpejar moltíssim aquest cas”, diu.

A quina secció de la Fiscalia pertanyia en aquella època?

L'any 2014 jo despatxava el que nosaltres anomenem el penal general, que és la tasca pròpia d'un fiscal: el despatx dels delictes en general. En aquella època també estava adscrita a la secció especialitzada de sinistralitat laboral. Aquesta va ser, en part, la raó per la qual vaig entrar en aquest cas. Alguna vegada havia comentat amb la fiscal en cap d'aleshores, Teresa Gisbert, la possibilitat d'investigar aquest cas des del punt de vista de la sinistralitat laboral. Com que havien mort tant el maquinista com la interventora, podíem abordar-lo des d'aquesta perspectiva, perquè, si podíem acreditar que hi havia riscos que no havien sigut neutralitzats, en aquest cas per als treballadors d'una empresa de transport de viatgers com era FGV, els riscos que afectaven els treballadors també afectaven els viatgers.

Com es va incorporar a l'equip de fiscals que, inicialment, s'encarregava de la causa?

Els meus companys Vicente Torres i Sandra Bonet van aconseguir reobrir el cas arran del programa Salvados i de les deficiències que ja començaven a detectar-se pel que feia a les finestres i a les rodes. Quan van aconseguir la reobertura de la causa, la fiscal en cap em va preguntar si volia incorporar-me al cas per aportar aquesta perspectiva. Es veu que es va recordar d'aquell comentari que li havia fet. Era un cas que s'havia arxivat el 2007 i que es va reobrir oficialment el gener de 2014, és a dir, després de set anys arxivat. Vaig pensar que podia aportar-hi una mica de llum i, finalment, vaig dir que sí. Al principi hi érem Vicente Torres, Sandra Bonet i jo. Les primeres diligències les vam portar una mica entre els tres i, després, ja me'n vaig encarregar jo, aportant aquesta perspectiva de la sinistralitat laboral.

Els set anys que havien transcorregut des de l'arxiu era una circumstància a tenir molt en compte

Com va afectar l'arxivament inicial de la causa a la investigació dels fets una vegada es va reobrir?

Havien passat set anys des de l'arxivament i, és clar, això era una circumstància que calia tindre molt en compte. També calia veure com reaccionaria el jutge d'instrucció, perquè era un cas que ja estava tancat i que, en aquell moment, es reobria. Jo sabia que hi hauria dificultats naturals. Però sí que pensava que, donant-li aquesta nova perspectiva, la causa podria, almenys, discórrer pels tràmits normals d'una investigació. No obstant això, vam començar a veure que no era així, que la tesi de l'òrgan instructor era la mateixa.

Per tant, va ser una, diguem-ne, reinstrucció molt laboriosa, perquè era una mica anar a contracorrent. És veritat que l'òrgan instructor va accedir inicialment a practicar algunes diligències, però després, a mesura que anava resolent, també acordava arxivaments i havíem d'interposar recursos davant de l'Audiència Provincial de València. L'Audiència va estimar tant els recursos de la Fiscalia com els de les acusacions, que van tindre un paper molt important, encara que aquesta perspectiva de la sinistralitat laboral sí que era més pròpia de la Fiscalia.

Com va aplicar el nou enfocament des de la seua especialitat?

Des de la Fiscalia vam començar a estudiar tot el bloc normatiu i l'estàndard de seguretat que hauria d'haver tingut la línia. Per a això, calia fer un estudi, que també va resultar força laboriós, de la normativa autonòmica, de l'estatal i de l'europea, ja que en aquella època ja hi havia normativa europea aplicable. Calia analitzar tot aquest bloc normatiu i determinar si aquell estàndard de seguretat era aplicable a la línia que teníem ací.

Vam arribar a la conclusió que, efectivament, era aplicable perquè, d'una banda, teníem la Llei del sector ferroviari estatal que, d'acord amb la clàusula de supletorietat prevista en la Constitució, estableix que, quan hi ha una llacuna legislativa en una comunitat autònoma i aquesta mateixa matèria està regulada per la normativa estatal, s'ha d'aplicar aquesta última.

D'altra banda, la Llei del sector ferroviari estatal també permetia aplicar les directives de la Unió Europea sobre seguretat ferroviària, que en aquella època ja s'havien aprovat. En teníem una de l'any 2001 i una altra del 2004. La del 2001 ja abordava la seguretat ferroviària, però la del 2004 desenvolupava aquesta matèria d'una manera molt més detallada. Nosaltres vam arribar a la conclusió que aquesta directiva també era aplicable en aquest cas.

Hi havia un desequilibri molt important entre la directiva europea i la normativa autonòmica

Per què?

Perquè la Llei del sector ferroviari estatal havia incorporat la directiva del 2001, però no la del 2004. Quan una directiva no ha sigut transposada per l'Estat corresponent, en aquest cas és directament aplicable, sempre que no estiga sotmesa a condicions i siga prou precisa i detallada, i aquesta ho era. Nosaltres vam arribar a la conclusió que la directiva del 2004, la més desenvolupada, era, o podia ser, aplicable al cas de l'accident del metro.

Va ser aleshores quan vam comprovar que el bloc normatiu de la Unió Europea i de l'Estat no tenia res a veure amb la legislació autonòmica que teníem. Hi havia un desequilibri molt important.

En què es traduïa aquest desequilibri?

Teníem el Reglament General de Circulació, vigent des de la creació de FGV l'any 1986 i al qual només s'havia introduït una reforma l'any 2000. Aquest reglament, pràcticament, no era una norma en matèria de seguretat, perquè no preveia gairebé res en aquest àmbit. Hi havia una llacuna completa pel que feia a la seguretat.

Haguera passat el que haguera passat amb el maquinista, hi havia maneres d'haver neutralitzat el risc de velocitat

Com s'aplicava concretament als fets de l'accident del 3 de juliol de 2006?

Quan vam constatar aquest desequilibri de l'estàndard normatiu i el vam aplicar al cas que teníem del metro, en què el risc de velocitat no s'havia neutralitzat de cap manera, la meua perspectiva era que, passara el que passara o haguera passat el que haguera passat amb el maquinista, hi havia maneres d'haver neutralitzat el risc de velocitat. És a dir, si el maquinista arribava a la corba a 80 o 89 quilòmetres per hora, com va passar en l'accident, hi havia formes de neutralitzar aquest risc.

La famosa balisa...

Ja es reclamava en les directives i en la Llei del sector ferroviari estatal. La companyia havia de disposar d'un sistema de gestió de la seguretat que identificara tots els riscos. El que passava és que la llei estatal, com que no havia incorporat la directiva del 2004, no contenia tot el detall. Era una llei que ja podíem utilitzar, i així consta en la sentència, però el desenvolupament detallat estava en la directiva del 2004, que encara no havia sigut incorporada.

De fet, aquesta directiva es va incorporar posteriorment mitjançant el Reglament del sector ferroviari estatal. Però això ja va ser el 2007, quan l'accident ja s'havia produït. Per tant, calia interpretar tota la normativa tenint en compte també la data dels fets. Des del nostre punt de vista, i també d'acord amb la jurisprudència, aquesta directiva era directament aplicable. Era una norma molt detallada sobre com s'havia d'implantar un sistema de gestió de la seguretat en una línia ferroviària.

Com s'aplicava en altres comunitats autònomes?

Vam comprovar que, en aquella època, el País Basc, Catalunya o Andalusia ja disposaven de les seues pròpies lleis de seguretat del sector ferroviari per a les seues xarxes autonòmiques, inspirades en les directives europees. Això vol dir que, malgrat l'existència de la legislació estatal, aquestes comunitats ja havien aprovat normes que prenien com a referència les directives europees.

Això reforçava la tesi que la directiva del 2004 també era directament aplicable. Quan comparaves aquell estàndard de seguretat arribaves a la conclusió que no podíem saber què li havia passat al maquinista, però sí que podíem afirmar que, passara el que passara —si havia sigut una distracció seua o qualsevol altra circumstància, que no podíem determinar—, el risc de velocitat s'hauria d'haver neutralitzat. I aquest risc només es neutralitza amb un sistema de gestió de la seguretat adequat.

Què va tindre a veure la Inspecció de Treball?

També vam investigar la via de la Inspecció de Treball; és a dir, què deia sobre la mort de dos treballadors. La Inspecció havia alçat una acta d'infracció i també havia detectat el risc de velocitat. Per tant, calia comprovar quin era el pla de prevenció de riscos laborals de FGV.

Quan vam demanar aquest pla va ser quan vam veure que, pràcticament, no n'hi havia. Més enllà d'alguna referència a riscos psicosocials, no contemplava els riscos derivats de la prestació mateixa del servei, que era on apareixien el risc de velocitat, el de descarrilament i el de bolcada. Aquests tres riscos van quedar patents en l'accident. Perquè un tren pot circular a més velocitat i no descarrilar; pot circular a més velocitat i descarrilar; o pot circular a més velocitat, descarrilar i bolcar. Ací hi havia aquests tres riscos i cap dels tres estava neutralitzat.

Quins elements van augmentar el risc?

Pel que fa al material rodant i a les finestres, vam detectar defectes molt greus. Les rodes eren antigues i s'havien substituït sense l'homologació del fabricant. També hi havia un problema molt important amb les finestres, i explicaré per què.

S'havia augmentat el gruix de les finestres, però s'havia mantingut el mateix sistema de fixació. Per tant, quan el tren descarrila a causa de la velocitat i impacta contra la paret del túnel, que curiosament actua com un element de protecció, les finestres es desplacen perquè no estaven ben fixades ni s'havia homologat el sistema de subjecció.

Què va provocar que les finestres no estigueren homologades?

Les finestres es desplacen i, en aquell moment, alguns passatgers són expulsats per aquestes obertures. Això ho sabíem per les declaracions d'alguns supervivents. Era una línia molt perillosa. El tram entre Plaça d'Espanya i Jesús reunia diversos factors de risc. En primer lloc, perquè no hi havia una sola corba, sinó tres corbes de radi curt. A més, la velocitat no estava garantida en aquest tram. Hi havia una limitació de 40 quilòmetres per hora a la corba, però també una de 60 quilòmetres per hora al túnel, que tampoc no estava garantida.

Quan bolca és quan les finestres, que no actuen com a protecció en cap moment, ja no hi són i es produeix el resultat de més mortalitat i més horrible

Aquesta línia va primer en aeri i després va en subterrani i, quan entra en subterrani, té la paret que actua com a protecció, però arriba un moment que té la confluència en les línies 3 i 5, i allà hi ha un llit de vies. En el moment en què el vagó descarrila, es descorren les finestres, comencen a sortir [expulsats] viatgers, però la paret s'acaba per aquesta confluència de vies. I amb la confluència de vies llavors el comboi, que ja venia descarrilat, bolca. Al bolcar és quan les finestres ja no hi són i es produeix el resultat de més mortalitat i més horrible. La finestra no actua com a protecció en cap moment. Si hagués continuat la paret, no sabem què hauria passat, però una hipòtesi és que, si no es descorre la finestra, hi hauria hagut traumatismes, potser algun mort i algun lesionat. Però és que clar, en sortir les finestres, van quedar a mercè de les vies. Després passa el segon comboi i va passar el que va passar.

Va ser una mena de desgraciada tempesta perfecta?

En els accidents laborals, normalment, no falla una sola cosa, sinó que en fallen diverses. Quan llegies quin era l'estàndard de seguretat que s'exigia, t'adonaves que tot això ja hi estava previst. Jo venia de la secció de sinistralitat laboral i nosaltres sabem què és un pla de prevenció de riscos laborals: cal que totes les activitats s'hi reflectisquen amb detall.

Com era el pla de prevenció de FGV?

Ens vam trobar amb un pla de prevenció de riscos laborals de només dos folis, amb riscos sense avaluar —per descomptat, el de la velocitat no estava avaluat—, altres incorrectament avaluats i altres plantejats d'una manera frívola. Es podia dir que FGV no tenia un veritable pla de prevenció de riscos laborals, més enllà d'alguna referència a qüestions psicològiques dels maquinistes.

També vam esbrinar durant la investigació que hi havia hagut irregularitats en l'accés del maquinista a la conducció. Ell, desgraciadament, va morir en l'accident. Havia sigut primer agent, després interventor i, finalment, maquinista. Entre les deficiències de seguretat que també denunciava el Comité de Seguretat hi havia que el sistema d'accés dels maquinistes a la conducció era poc rigorós, que disposaven de molt pocs dies de pràctiques i que la formació era deficient.

Es podia dir que FGV no tenia pla de riscos laborals

Es va investigar l'accés del maquinista al lloc de treball?

Vam demanar els exàmens que havia superat el maquinista. Sí que sabíem que havia sigut declarat apte, però FGV no els va aportar. Per tant, no vam poder saber si, efectivament, havia passat les proves o no, perquè, tot i haver-les requerides, no ens les van facilitar.

El sistema era deficient perquè havia rebut molt pocs dies de formació i molt pocs dies de pràctiques. Una cosa que cridava molt l'atenció era que una persona amb poc més de dos mesos d'experiència en la conducció —en un cotxe encara portaria la L— ja estiguera destinada a la línia 1, que no disposava ni de protecció contínua ni de protecció puntual de la velocitat i que era una de les més perilloses de FGV. Per tant, era una situació difícil d'explicar. En realitat, era un continu d'infraccions i sorprenia que un conductor novell poguera ser destinat a una línia que no disposava de sistemes de protecció davant dels riscos.

Havia fet alguna cosa bé FGV?

FGV sí que havia implantat el 2005 un servei que s'anomenava Direcció per a l'Auditoria i la Seguretat (DASE). S'havia creat pocs mesos abans de l'accident, però no es va poder acreditar que aquest organisme haguera dut a terme cap actuació.

Quin paper va tindre el Comité de Seguretat de FGV?

Una altra de les tasques d'investigació més importants en aquest cas va ser l'estudi del Comité de Seguretat i del seu funcionament, perquè en sinistralitat laboral sabem que aquest és un element clau a l'hora d'analitzar com funciona la seguretat en una obra o en una indústria. Els comités de seguretat compten amb representants tant de l'empresa com dels treballadors o dels sindicats.

En aquest Comité de Seguretat també vam poder comprovar que es parlava dels riscos derivats de la velocitat en la línia i que es plantejava la necessitat d'instal·lar balises. Es debatia, però no es prenia cap decisió. També es va posar de manifest la coneguda reunió dels maquinistes en què reclamaven més seguretat en la línia.

Per tant, el Comité de Seguretat era l'únic òrgan de FGV al qual podíem, d'alguna manera, exigir responsabilitats per la seua conducta, des del punt de vista penal, pel fet de conéixer els riscos i no haver actuat, tenint en compte quin era l'estàndard de seguretat ferroviària vigent en aquell moment.

En la sentència de conformitat, FGV també va ser condemnada pel delicte contra la seguretat dels treballadors. Era molt important, i va quedar acreditat, que el risc que assumien els treballadors era també el risc que assumien els viatgers en una empresa de transport.

FGV també va ser condemnada pel delicte de sinistralitat laboral

Com es va arribar a les conformitats?

De totes les persones acusades, finalment quatre van resultar condemnades. A més, hi havia tres membres més del Comité de Seguretat que representaven la part sindical i també la gerent, que igualment en formava part. Quan van començar les negociacions per a arribar a la conformitat, nosaltres vam valorar atribuir la responsabilitat a les persones que tenien capacitat de decisió dins del Comité de Seguretat, no només pel fet de formar-ne part, sinó perquè realment tenien poder de decisió.

La raó per la qual, una vegada es va arribar a la conformitat, vaig retirar l'acusació contra les tres persones que representaven els sindicats va ser que, tot i conéixer el que passava, no tenien poder de decisió.

Per què es va excloure la gerent de FGV, Marisa Gracia?

Les quatre persones condemnades —el director de la DASE, el director d'Explotació, el director de l'Oficina Tècnica i el cap de la línia 1— sí que tenien poder de decisió. La gerent, efectivament, també en tenia, i, a més, formava part del Comité de Seguretat. Ara bé, ella sostenia que havia delegat totes les qüestions relacionades amb la seguretat.

Quan analitzes el funcionament dels comités de seguretat, era cert que ella només hi assistia l'endemà que s'haguera produït un accident i li informaven del que havia passat. Les quatre persones que finalment van ser condemnades van redactar un escrit —que també consta tant en l'escrit d'acusació de conformitat com en la sentència— en què reconeixien que no havien traslladat a la gerent les deficiències existents amb el grau de detall amb què ho haurien d'haver fet.

Això posava de manifest que la gerent podia no tindre el que, en dret penal, anomenem responsabilitat objectiva; és a dir, que no havia arribat a conéixer fins a aquell punt les deficiències de la línia com per poder implantar les mesures de seguretat corresponents. Aquesta va ser la raó per la qual vaig considerar possible, des del punt de vista tècnic i jurídic, que la gerent poguera quedar fora de la causa.

No van ser baixes o ínfimes les penes?

Jo no crec que les penes foren tan baixes. Això ho vaig tindre en compte a l'hora d'arribar a la conformitat. Eren penes per davall de dos anys de presó, però hem de tindre en compte que el cas va romandre set anys inactiu. El que sí que tenia clar era que no havia de quedar en una multa; havien d'arribar a penes privatives de llibertat, amb independència que després se'n poguera suspendre l'execució.

Jo crec que les penes no van ser tan ínfimes com s'ha dit. Que es consideren penes ínfimes per un homicidi imprudent no ho acabe de compartir.

Que es consideren penes ínfimes per un homicidi imprudent no ho acabe de compartir

Com va influir el fet que fora un assumpte tan delicat des del punt de vista social i polític?

Aquest judici tenia un interés públic indubtable, això no es pot amagar. Efectivament, era així, però en el moment en què es va plantejar aquesta negociació, aproximadament un mes abans del judici, com solen gestar-se aquestes conformitats, vaig tindre molt en compte totes aquestes circumstàncies.

Vaig ponderar a quines penes arribàvem, a quines persones mantenia l'acusació i a quines els la retirava. Crec que, des del punt de vista tècnic, en retirar l'acusació contra la gerent vaig valorar adequadament quin podia ser el resultat de la sentència. També havia de ponderar com podia transcórrer el judici, perquè tenia una càrrega mediàtica molt important i, també, una càrrega política molt rellevant, que nosaltres en cap moment vam traslladar a la investigació.

I quin paper van jugar en la conformitat les acusacions que representaven les víctimes de l'accident?

Sobretot vaig tindre molt en compte la postura de les víctimes, que van estar presents en totes les converses i van donar la seua conformitat a l'acord. Per tant, també vaig ponderar el seu consentiment, la seua conformitat i la dels meus superiors.

Les víctimes van estar presents en totes les converses i van accedir a la conformitat

Encara que siga una mera hipòtesi, què podria haver aportat la celebració del judici?

Els únics aspectes que jo crec que el judici sí que hauria posat damunt de la taula són, diguem-ne, les llacunes de la investigació: la desaparició del llibre d'avaries, la caixa negra o el lloc exacte on es van trobar els cossos de la interventora i del maquinista.

Això ho vaig saber perquè anava seguint el que passava en la segona comissió d'investigació de les Corts Valencianes, on hi havia testimonis que ens podien ser útils durant la instrucció. Allí em vaig trobar que, per exemple, la primera infermera del SAMUR que va baixar a les vies va assegurar que els cossos del maquinista i de la interventora estaven dins del vagó; en canvi, segons la instrucció, estaven a les vies.

Segons l'atestat policial, concretament.

Estaven a les vies. Això podria indicar que la Policia, efectivament, haguera baixat els cossos. Tot això hauria eixit en el judici, perquè la infermera, que estava embarassada de set o vuit mesos, va ser la primera a baixar a les vies i el seu testimoni era completament versemblant i creïble.

La Policia hauria hagut d'aclarir aquesta qüestió, igual que la del llibre d'avaries o la de si el comboi havia estat més o menys custodiat. Tot això ens hauria aportat indicis que l'empresa ocultava informació, però era l'empresa investigada i una empresa investigada, normalment, no et posa una catifa roja.

Ens hauria aportat indicis, però el que nosaltres necessitàvem acreditar era que l'estàndard de seguretat no es complia abans de l'accident. Això era el que necessitàvem demostrar i és el que jo crec que vam acreditar.

També calia comptar amb les tesis de les defenses. És clar, les defenses no consideraven aplicable aquella normativa ni tampoc l'òrgan instructor la considerava aplicable i, per això, tampoc no deduïa responsabilitats.

L'empresa investigada normalment no et posa una catifa roja

Com valora, retrospectivament, el pacte de conformitat?

Jo crec, en la meua modesta opinió, que cal posar en valor aquest tipus de conformitats. Arriben després de molta faena, d'una tasca molt important, podríem dir-ne a contracorrent, perquè l'òrgan instructor no compartia la nostra tesi. Tot va ser a força de recursos, recursos i més recursos. I, afortunadament, l'Audiència Provincial de València era qui anava marcant el camí, com de vegades passa en altres casos.

És clar, no és el mateix investigar un cas amb el suport de l'òrgan instructor, cosa que ho fa tot més lleuger, que fer-ho a contracorrent. Jo crec que va arribar un moment en què la nostra tesi també anava prosperant i que l'òrgan d'enjudiciament la validara era, des del punt de vista professional, molt important.

D'altra banda, jo no hauria tingut cap problema a celebrar aquest judici. És més, per a mi hauria sigut un repte professional molt important. Des del punt de vista tècnic, l'hauria gaudit molt, perquè era un cas que portava molt preparat per al judici. El que passa és que ens vam trobar amb un reconeixement dels fets per part d'aquestes quatre persones, que van assumir la seua responsabilitat.

Quin balanç fa del resultat de la investigació amb motiu del vinté aniversari de l'accident?

Amb la perspectiva del temps estic molt satisfeta, tant professionalment com personalment. La Fiscalia va complir la seua funció, que és fer allò que ha de fer, amb independència del resultat. Jo sempre he partit de la base que, com a fiscal, has de fer allò que consideres que has de fer, i vaig exercir l'acció penal d'aquesta manera perquè entenia que hi havia motius suficients per a fer-ho.

Els fiscals sempre comptem amb això: has de tindre la consciència molt tranquil·la, tant professionalment com personalment. També pel cas que era; crec que a tots ens va colpir moltíssim, perquè formem part de la societat.

El de l'accident del metro va ser el cas més complex que va portar en matèria de sinistralitat laboral?

Professionalment, per a mi no ha sigut el cas més complicat. Des del punt de vista tècnic he portat casos, en l'àmbit penal, més complexos. Vaig portar el cas de les morts per amiant al Port, que tenia una complexitat tècnica molt important.

Eren treballadors que morien deu o quinze anys després d'haver deixat l'empresa. El que passava era que patien asbestosi o desenvolupaven un carcinoma molt de temps després d'haver-ne eixit i, quan denunciaven —ja perquè es trobaven malament i els havien diagnosticat la malaltia, o perquè altres companys havien mort—, resultava que l'empresa no havia implantat les mesures de seguretat deu o quinze anys abans.

Aquell era un repte extraordinari. Hi havia una relació causal directa entre la falta d'implantació de mesures de seguretat i les morts, però havia transcorregut tot aquell període de latència de la malaltia. Vam concloure que hi havia un delicte de sinistralitat laboral en més d'una vintena de persones finades i en mig centenar de lesionats. També vam arribar a una conformitat.

La fiscal Adoración Cano consiguió las condenas en el procedimiento del accidente del Metro de València del 3 de julio de 2006, una tragedia que dejó 43 fallecidos y 47 heridos de la que esta semana se cumplen 20 años. Cano, una mujer seria y discreta, se incorporó a la causa junto con los fiscales Vicente Torres y Sandra Bonet, tras la reapertura del caso tras siete años de archivo, propiciada por las numerosas irregularidades en la gestión de la seguridad por parte de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y espoleada por el impacto social que provocó la emisión del documental dedicado al accidente del Metro en el programa Salvados, dirigido por Jordi Évole.

La veterana fiscal, proveniente de la sección de siniestralidad laboral, aportó un enfoque que leía los hechos desde un ángulo novedoso y que acabó con un pacto de conformidad con cuatro acusados, aportando así a las familias de las víctimas una verdad judicial que contrastaba de plano con la versión oficial de FGV y de la Generalitat Valenciana: el accidente no fue inevitable, como martilleó hasta la saciedad el Gobierno de Francisco Camps. La sentencia, por la que fueron condenados cuatro directivos de la empresa pública, fue la culminación de la incansable lucha de la asociación de familiares de las víctimas del accidente de la línea 1 de Metrovalencia.

Adoración Cano, actualmente destinada en la Fiscalía Anticorrupción, recibe a elDiario.es en su despacho de la Ciudad de la Justicia de València, armada con una libreta con anotaciones sobre la causa y con su propia memoria. “A todos nos golpeó muchísimo este caso”, dice.

¿A qué sección de la Fiscalía pertenecía en aquella época?

En 2014 yo despachaba lo que nosotros llamamos el penal general, que es la tarea propia de un fiscal (el despacho de los delitos en general), y en aquella época estaba adscrita a la sección especializada de siniestralidad laboral. Esa fue un poco la razón por la cual yo entré en este caso: alguna vez había comentado con la fiscal jefa en aquel momento, que era Teresa Gisbert, la posibilidad de poder investigar este caso desde el punto de vista de la siniestralidad laboral. Como había muerto el maquinista y también la interventora, podíamos tener esta perspectiva, porque si podíamos acreditar que había riesgos que no estaban neutralizados, en este caso para los trabajadores de una empresa de transportes de viajeros como era FGV, los riesgos de los trabajadores serían los riesgos de los viajeros.

¿Cómo se incorporó al equipo de fiscales que, inicialmente, se encargaba de la causa?

Mis compañeros Vicente Torres y Sandra Bonet consiguieron reabrir el caso como consecuencia del programa de Salvados y de las deficiencias que empezaban a verse ya en el tema de las ventanas y de las ruedas. Cuando consiguieron la reapertura de la causa, la fiscal jefa me consultó si quería entrar en el caso para darle esa perspectiva. Se ve que se acordó de aquel comentario que le había hecho. Era un caso que se archivó en 2007 y se reabrió oficialmente en enero de 2014, lo cual quiere decir que llevaba siete años ya archivado. Pensé que yo podía aportar alguna luz y al final dije que sí. Al principio estábamos Vicente Torres, Sandra Bonet y yo, las primeras diligencias fueron un poco entre los tres, y después ya me encargué yo, dándole esa perspectiva de siniestralidad laboral.

Los siete años que habían transcurrido desde el archivo era una circunstancia a tener muy en cuenta

¿Cómo afectó el archivo inicial de la causa a la investigación de los hechos una vez se reabrió?

Habían pasado siete años desde el archivo, y claro, esto era una circunstancia a tener muy en cuenta. Y también había que ver cómo iba a reaccionar el juez de instrucción, porque era un caso que ya estaba cerrado y en aquel momento se reabría. Yo sabía que iba a haber dificultades naturales. Pero sí que pensaba que dándole esta nueva perspectiva, la cosa podría, al menos, discurrir por los trámites normales de una investigación, aunque empezamos a ver que no, que la tesis del órgano de instrucción era la misma. Entonces fue una, digamos, reinstrucción, muy trabajosa porque era un poco ir a contracorriente. Sí que es verdad que el órgano de instrucción accedió a la práctica de algunas diligencias al principio, pero después ya, conforme iba resolviendo, también eran archivos y teníamos que ir interponiendo los recursos a la Audiencia [Provincial de Valencia], que estimó los recursos de la Fiscalía y también de las acusaciones, que tuvieron un papel muy importante, aunque esta perspectiva de siniestralidad laboral sí que era más propia de la Fiscalía.

¿Cómo aplicó el nuevo enfoque desde su especialidad?

Desde la Fiscalía empezamos a estudiar todo el bloque normativo y el estándar de seguridad que debería haber tenido la línea. Para lo cual tienes que hacer un estudio, que también fue bastante trabajoso, de la normativa autonómica y también de la estatal y de la europea (había ya en aquella época una normativa europea que se podía aplicar). Tienes que hacer un estudio de todo este bloque normativo y ver si este estándar de seguridad era aplicable a la línea que teníamos aquí. Y llegamos a la conclusión de que, efectivamente, era aplicable porque teníamos, por un lado, la Ley del Sector Ferroviario estatal que, conforme a la cláusula de supletoriedad estatal de la Constitución, cuando hay una laguna legislativa en una comunidad autónoma, y esa misma materia está normativizada estatalmente, se tiene que aplicar la normativa estatal. Y, por otro lado, la Ley del Sector Ferroviario estatal permitía también la aplicación de las directivas de la Unión Europea sobre seguridad ferroviaria, que en aquella época ya se habían dictado (teníamos una del 2001 y otra del 2004). La del 2001 ya era sobre seguridad, pero la del 2004 era muy detallada sobre esa materia. Nosotros llegamos a la conclusión de que esta directiva también era aplicable en este caso.

Había un desequilibrio muy importante entre la directiva europea y la normativa autonómica

¿Por qué?

Porque la Ley del Sector Ferroviario estatal había implementado la del 2001, pero no había implementado la del 2004. Y cuando una directiva no está implementada por el Estado en cuestión, en este caso la directiva es directamente aplicable, siempre y cuando no tenga condiciones y sea muy precisa y muy detallada (y esta lo era). Nosotros llegamos a la conclusión de que la directiva de 2004, la más detallada, era o podía ser aplicable al caso del accidente del Metro. Ahí fue cuando vimos que el bloque normativo de la Unión Europea y del Estado no tenía nada que ver con la legislación [autonómica] que teníamos. Había un desequilibrio muy importante.

¿En qué se traducía ese desequilibrio?

Teníamos el Reglamento General de la Circulación, desde el momento de la creación de FGV en 1986 y en el que solo se había introducido una reforma en el año 2000. El Reglamento General de la Circulación, prácticamente, no era una norma, no preveía nada en materia de seguridad. Había una laguna completa en materia de seguridad.

Hubiera pasado lo que hubiera pasado con el maquinista, había maneras de haber neutralizado el riesgo de velocidad

¿Cómo se aplicaba concretamente a los hechos del accidente del 3 de julio de 2006?

Cuando vimos este desequilibrio del estándar normativo y lo aplicamos al caso que teníamos del Metro, en el que el riesgo de velocidad no se había neutralizado de ninguna forma, mi perspectiva era que, pasara lo que pasara o hubiera pasado lo que hubiera pasado con el [fallecido] maquinista, había maneras de haber neutralizado el riesgo de velocidad. Es decir, si el maquinista llegaba en el tren a 80 o 89 kilómetros por hora, como pasó en el caso del accidente, había formas para poder neutralizar el riesgo de velocidad.

La famosa baliza…

Ya se reclamaba en las directivas y en la Ley del Sector Ferroviario estatal. La compañía tenía que tener un sistema de gestión de la seguridad que identificara todos los riesgos. Lo que pasa es que la ley estatal, como no había implementado la directiva de 2004, no tenía todo el detalle. Sí que era una ley, y está en la sentencia, que ya podíamos usar, pero realmente el detalle estaba en la directiva (la del 2004, que todavía no estaba implementada). De hecho, la de 2004 la asimiló o la implementó el Reglamento del Sector Ferroviario estatal. La de 2007 ya había pasado el accidente. Por lo tanto, se tenía que jugar con toda la normativa, teniendo en cuenta también la fecha del accidente. Pero esa directiva, desde nuestro punto de vista y jurisprudencialmente, era directamente aplicable. Era una directiva muy detallada de cómo tenía que hacerse un sistema de gestión de la seguridad en la línea.

¿Cómo se aplicaba en otras comunidades autónomas?

Comprobamos que, en aquella época, el País Vasco, Catalunya o Andalucía tenían ya sus propias leyes de seguridad del sector ferroviario de sus vías autonómicas, que se hacían eco de las directivas. Lo cual quiere decir que, a pesar de la legislación estatal, estas comunidades ya tenían dictadas leyes que tenían como referencia, o como estándar normativo, las directivas europeas. Por lo tanto, esto abonaba la tesis de que la directiva de 2004 también era directamente aplicable. Cuando veías el estándar es cuando llegabas a la conclusión de que no podíamos saber lo que le había pasado al maquinista, pero sí podíamos llegar a la conclusión de que, pasara lo que pasara (si había sido una distracción suya, no sabemos lo que pasó), se habría tenido que neutralizar el riesgo de velocidad. Y el riesgo de velocidad en la línea se neutraliza a partir de un sistema de gestión de la seguridad como es debido.

¿Qué papel tuvo la Inspección de Trabajo?

También investigamos esa vía de la Inspección de Trabajo; es decir, qué decía la Inspección de Trabajo sobre la muerte de dos trabajadores. Tuvo que levantar un acta de infracción y también detectó el riesgo de velocidad. Por lo tanto, se tenía que buscar cuál era el plan de prevención de riesgos laborales que tenía la propia FGV. Y cuando pedimos el plan de prevención de riesgos laborales de FGV, fue cuando vimos que prácticamente no había, más allá de algo de riesgo psicológico, pero no en lo que era la prestación de la actividad, que era donde estaba el riesgo de velocidad, de descarrilamiento o de volcado (estos tres riesgos se pusieron de manifiesto en el accidente). Porque un tren puede ir a más velocidad y no descarrilar. Puede ir a más velocidad y descarrilar. Y puede ir a más velocidad y descarrilar y volcar. Aquí había tres riesgos y ninguno de los tres estaba neutralizado.

¿Qué elementos aumentaron el riesgo?

En la parte del material rodante y de las ventanas detectamos que había defectos muy graves. Las ruedas eran antiguas y se habían cambiado sin homologación del fabricante. También estaba el problema muy importante de las ventanas y explicaré por qué. Se había ampliado el grosor de las ventanas, pero el sistema de fijación era el mismo. Por lo tanto, lo que pasó es que con el riesgo de la velocidad, cuando el tren descarrila, se va contra la pared, que, curiosamente, actúa como protección, pero claro, en aquel momento las ventanas se descorren, porque no estaban bien fijadas y porque no se había homologado el sistema de sujeción.

¿Qué provocó que las ventanas no estuvieron homologadas?

Se descorren y, en ese momento, ya salen pasajeros por las ventanas (lo sabíamos por algunas declaraciones de supervivientes). Era una línea muy peligrosa: ese tramo de Plaza de España a Jesús, era muy peligrosa por varias razones. Primero, porque no solo había una curva; había tres curvas de radio corto. Después, no estaba garantizada la velocidad en el tramo. Había una velocidad de 40 kilómetros por hora, que era la de la curva, pero también había una velocidad de 60 en el túnel, que tampoco estaba garantizada.

Al volcar es cuando las ventanas, que no actúan como protección en ningún momento, ya no están y se produce el resultado de más mortalidad y más horrible

Esta línea va primero en aéreo y después va en subterráneo y, cuando entra en subterráneo, tiene la pared que actúa como protección, pero llega un momento que tiene la confluencia en las líneas 3 y 5, y ahí hay un lecho de vías. En el momento en que el vagón descarrila, se descorren las ventanas, empiezan a salir [expulsados] viajeros, pero la pared se acaba por esta confluencia de vías. Y con la confluencia de vías entonces el convoy, que ya venía descarrilado, vuelca. Al volcar es cuando las ventanas ya no están y se produce el resultado de más mortalidad y más horrible. La ventana no actúa como protección en ningún momento. Si hubiera continuado la pared, no sabemos qué habría pasado, pero una hipótesis es que, si no se descorre la ventana, habría habido traumatismos, quizás algún muerto y algún lesionado. Pero es que claro, al salir las ventanas, quedaron a merced de las vías. Después pasa el segundo convoy y pasó lo que pasó.

¿Fue una suerte de desgraciada tormenta perfecta?

En los accidentes laborales, normalmente, no falla una cosa, suelen fallar varias. Cuando leías qué era el estándar de seguridad que se reclamaba, veías que todo esto estaba. Yo venía de siniestralidad laboral y nosotros sabemos lo que es un plan de prevención de riesgos laborales y todas las actividades están reflejadas al detalle.

¿Cómo era el plan de prevención de FGV?

Nos encontramos con un plan de prevención de riesgos laborales de dos folios, con riesgos no evaluados (por supuesto, la velocidad no estaba evaluada), otros que estaban incorrectamente evaluados y otros que eran frívolos. Se podía decir que FGV no tenía plan de riesgos laborales, más allá de alguna cuestión psicológica de los maquinistas. También averiguamos en la investigación que había habido infracciones desde el punto de vista del acceso a la conducción del maquinista (que, desgraciadamente, falleció en el accidente). Había sido primero agente, después interventor y, finalmente, maquinista. En los defectos de seguridad que se denunciaban, también por el Comité de Seguridad, se decía que la manera en que accedían los maquinistas a la conducción era poco rigurosa, que tenían muy pocos días de prácticas y que la formación era deficiente.

Se podía decir que FGV no tenía plan de riesgos laborales

¿Se investigó el acceso del maquinista al puesto de trabajo?

Pedimos los exámenes que había pasado el maquinista (sí que sabíamos que era apto) y FGV no los aportó. No supimos si, efectivamente, había pasado pruebas o no había pasado pruebas, porque les preguntamos y no las aportaron. El sistema era deficiente porque había tenido muy pocos días de formación y muy pocos días de prácticas. Una cosa que llamaba mucho la atención era que una persona que llevaba dos meses escasos de experiencia en la conducción (en un coche llevaría una L) estaba ya en la línea 1, que no tenía ni protección continua ni tampoco protección puntual de la velocidad y era una de las más peligrosas de FGV. Por lo tanto, era algo que no se explicaba. Realmente, era todo un continuo de infracciones y llamaba la atención como a un conductor novel lo pueden poner en una línea que no tiene protección de riesgos.

¿Había hecho algo bien FGV?

FGV sí que había implementado en 2005 un servicio que se llamaba la Dirección para la Auditoría y la Seguridad (Dase). Había sido creado meses antes del accidente y no pudieron acreditar que desde el organismo se había hecho algo.

¿Qué papel tuvo el Comité de Seguridad de FGV?

Otra de las tareas de investigación muy importantes en este caso fue el estudio del Comité de Seguridad, de cómo funcionaba, porque en siniestralidad laboral sabemos que para los accidentes esto es muy importante desde el núcleo, digamos, de cómo funciona la seguridad en una obra o en una industria. Los comités de seguridad tienen representación tanto de la empresa como de los trabajadores o de los sindicatos. En este Comité de Seguridad también pudimos ver que se hablaba de los riesgos de la velocidad en la línea y que se hablaba de que hacían falta balizas. Se debatía, pero no se decidía. Pero sí que se puso de manifiesto la famosa reunión que había habido de los maquinistas reclamando la seguridad en la línea. Por lo tanto, el Comité de Seguridad era el único organismo que tenía FGV al cual podíamos, de alguna manera, reprochar cuál había sido su conducta, desde el punto de vista penal, en conocimiento y que no había actuado, teniendo en cuenta cuál era la normativa o el estándar de seguridad ferroviaria en aquel momento. En la sentencia de conformidad, a FGV la condenaron también por el delito de siniestralidad laboral. Era muy importante, y quedó demostrado, que el riesgo de los trabajadores era el riesgo de los viajeros en una empresa de transportes.

FGV también fue condenada por el delito de siniestralidad laboral

¿Cómo se llegó a las conformidades?

De todos los que estaban acusados había cuatro personas que resultaron condenadas, pero después había tres más del Comité de Seguridad que pertenecían a la parte sindical y la gerente, que también formaba parte. Nosotros, cuando empezaron las negociaciones para la conformidad, lo que valoramos fue reprochar la conducta a las personas que tenían poder de decisión desde el Comité de Seguridad, no solo por el hecho de estar en el Comité de Seguridad sino porque tuvieron poder de decisión. La razón por la cual, cuando ya se llegó a la conformidad, retiré la acusación para las tres personas que representaban a los sindicatos era porque ellos no tenían poder de decisión: sabían lo que pasaba, pero no tenían poder de decisión.

¿Por qué se excluyó a la gerente de FGV, Marisa Gracia?

Las cuatro personas condenadas (el director de la Dase, el director de explotación, el director de la oficina técnica y el jefe de la línea 1) sí tenían poder de decisión. La gerente, efectivamente, tenía poder de decisión, es evidente, y además está presente en el Comité de Seguridad, pero ella decía que había delegado todo lo que tenía que ver con las tareas de seguridad. Y, cuando ves cómo se desarrollaban los comités de seguridad, era cierto que ella solo iba el día siguiente de que se produjera un accidente y le decían lo que pasaba. Las cuatro personas que resultaron condenadas redactaron un escrito (y consta también en el escrito de acusación de conformidad y en la sentencia) asegurando que no habían reportado a la gerente las deficiencias con el detalle que le tendrían que haber reportado. Y esto ponía de manifiesto que la gerente podía no tener lo que en derecho penal llamamos una responsabilidad objetiva (es decir, que ella no había conocido hasta este punto las deficiencias de la línea como para implementar las medidas de seguridad). Esa fue la razón por la que vi posible, desde el punto de vista técnico y jurídico, que la gerente pudiera quedar fuera.

¿No fueron bajas o ínfimas las penas?

Yo no creo que las penas fueron tan bajas, esto lo tuve en cuenta a la hora de llegar a la conformidad. Eran penas por debajo de dos años [de prisión], pero tenemos que tener en cuenta que el caso pasó siete años inactivo. Lo que sí que tenía claro era que no debía quedar en una multa, tenían que llegar a penas privativas de libertad, con independencia de que después podrían suspenderse. Yo creo que las penas no fueron tan ínfimas como se ha dicho, que se consideren penas ínfimas para un homicidio imprudente no lo acabo de compartir.

Que se consideren penas ínfimas para un homicidio imprudente no lo acabo de compartir

¿Cómo influyó el hecho que fuera un asunto tan delicado desde el punto de vista social y político?

Este juicio tenía un interés público indudable, esto no se puede esconder. Efectivamente era así, pero en el momento en que se planteó esta negociación, que fue un mes antes del juicio, como suelen gestarse estas conformidades, tuve mucho en cuenta todas estas circunstancias. Ponderé a qué penas llegaba, a qué personas dejaba y a qué personas retiraba la acusación. Creo que técnicamente, al retirar el caso de la gerente, ponderé bien cuál podría ser el resultado de la sentencia. Tenía que ponderar también como iría el juicio, porque este juicio tenía una carga mediática muy importante y, también, tenía una carga política muy importante, que nosotros en ningún momento hemos puesto de manifiesto en la investigación

¿Y qué papel jugaron en la conformidad las acusaciones que representaban a las víctimas del accidente?

Sobre todo tuve muy en cuenta también la postura de las víctimas, que estuvieron presentes en todas las conversaciones y accedieron a la conformidad. Por lo tanto, ponderé también su consentimiento, su conformidad y la de mis superiores.

Las víctimas estuvieron presentes en todas las conversaciones y accedieron a la conformidad

Aunque sea una mera hipótesis, ¿qué podría haber aportado la celebración del juicio?

Los únicos aspectos que yo creo que el juicio sí que habría puesto encima de la mesa son, digamos, las lagunas de la investigación: [la desaparición del] libro de averías, la caja negra o [el lugar exacto donde se encontraron] los cuerpos de la interventora y del maquinista. Esto lo supe porque yo iba viendo lo que pasaba en la segunda comisión de investigación de las Corts Valencianes (había testigos que nos podían servir en la instrucción) y entonces me encontré con que, por ejemplo, la primera enfermera del SAMUR que bajó a las vías aseguró que los cuerpos del maquinista y de la interventora estaban en el vagón; en cambio, según la instrucción, estaban en las vías.

Según el atestado policial, concretamente.

Estaban en las vías, esto podría ser que la Policía, efectivamente, hubiera bajado los cuerpos. Todo esto habría salido en el juicio, porque la enfermera estaba embarazada de siete u ocho meses, bajó la primera a las vías y el testigo era completamente verosímil y creíble. La Policía lo habría tenido que aclarar; también sobre el libro de averías o sobre si el convoy estaba más o menos custodiado. Todo esto nos habría aportado indicios que la empresa ocultaba, pero era la empresa investigada y la empresa investigada normalmente no te pone una alfombra roja. Nos habría aportado indicios, pero nosotros lo que teníamos que acreditar era que el estándar de seguridad no se cumplía antes del accidente. Esto era lo que teníamos que asegurar y esto es lo que yo creo que acreditamos. También había que contar con las tesis de las defensas. Claro, las defensas no consideraban la normativa aplicable ni el órgano instructor consideraba la normativa aplicable, por eso tampoco deducía responsabilidades.

La empresa investigada normalmente no te pone una alfombra roja

¿Cómo valora, retrospectivamente, el pacto de conformidad?

Yo creo, en mi modesta opinión, que hay que poner en valor este tipo de conformidades: se producen después de mucho trabajo, de una tarea muy importante, podríamos decir a contracorriente, porque el órgano instructor no participaba de la tesis. Fue todo a base de recursos, recursos y recursos. Y, afortunadamente, la Audiencia [Provincial de València] era la que iba marcando el camino, como a veces pasa en otros casos. Claro, no es lo mismo investigar un caso del lado del órgano instructor, que es más ligero como si dijéramos, que a contracorriente. Yo creo que llegó un punto en el que nuestra tesis también estaba prosperando y que el órgano de enjuiciamiento dijera que sí, desde el punto de vista profesional, era muy importante. Por otro lado, yo no habría tenido ningún problema en celebrar este juicio. Es más, para mí habría sido un reto profesional muy importante, desde el punto de vista técnico hubiera disfrutado mucho, era un caso que iba muy preparado para el juicio. Lo que pasa es que nos encontramos con un reconocimiento de hechos por parte de estas cuatro personas, que asumieron su responsabilidad.

¿Qué balance hace del resultado de la investigación con ocasión del vigésimo aniversario del accidente?

Con la perspectiva del tiempo estoy muy satisfecha profesional y personalmente. La Fiscalía cumplió con su función de hacer lo que tiene que hacer con independencia del resultado. Yo siempre he partido de la base, profesionalmente, de que como fiscal tienes que hacer aquello que consideras que tienes que hacer y ejercí la acción penal de este modo, porque consideraba que tenía motivos suficientes para hacerlo. Los fiscales contamos siempre con esto, tienes que tener la conciencia muy tranquila profesional y personalmente. También por el caso que era, creo que a todos nos golpeó muchísimo, porque formamos parte de la sociedad.

¿El del accidente del Metro fue el caso más complejo que llevó en materia de siniestralidad laboral?

Profesionalmente para mí no ha sido el más complicado. Técnicamente he estado en casos, desde el punto de vista penal, más complicados. Llevé el caso de los muertos por el amianto en el Puerto, que era de una complejidad técnica muy importante. Eran trabajadores que morían 10 o 15 años después de haber salido de la empresa; entonces lo que pasaba era que sufrían la asbestosis o desarrollaban el carcinoma mucho después de haber salido de la empresa y, cuando denunciaban, cuando ya se sentían mal y ya tenían la enfermedad o cuando otros habían muerto, la empresa no había desarrollado las medidas de seguridad hacía 10 o 15 años. Esto era un reto extraordinario y había una relación causal directa entre la falta de implementación de medidas y las muertes, pero había transcurrido todo ese periodo de latencia de la enfermedad. Concluimos que había un delito de siniestralidad laboral en más de una veintena de fallecidos y en medio centenar de lesionados. También llegamos a una conformidad.