La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado este lunes aceptar la competencia para investigar la entrada masiva de migrantes por la frontera de Marruecos con la Ciudad Autónoma de Ceuta al entender que se trata de un ataque contra la integridad territorial de España y afecta a la paz o independencia del Estado.

Da este paso tras recibir el informe del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, quien el pasado viernes señaló que este tribunal especial sí es competente para quedarse con la causa porque, de acuerdo con los indicios obrantes en las actuaciones, una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica de esa entrada se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español.

En su informe, el fiscal jefe también solicitaba a la magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 que decretara el secreto parcial de la investigación, algo que Tardón también acuerda en un auto fechado este 7 de septiembre. A juicio del fiscal, los hechos investigados serían constitutivos, a priori, de delitos cuya investigación “corresponde a órganos con capacidad para afrontar fenómenos criminales complejos y organizados”. Entiende el fiscal que pueden encajar en esta fase inicial en un delito de favorecimiento de la inmigración irregular agravado por la posible comisión en el seno de una organización y por en peligro la vida o la integridad física de las personas afectadas. Ese delito se daría en concurso con delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, con un delito de organización o grupo criminal.

Asimismo, consideraba Alonso que la investigación debe determinar si los hechos pueden integrar delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la paz o independencia del Estado. No obstante, en la nota facilitada por la Fiscalía no se indica que el fiscal jefe haya solicitado por el momento ninguna diligencia adicional a la del secreto parcial.

Tardón señala ahora que, a tenor de lo recogido por el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), es evidente que se está “ante unas actuaciones que no tienen una naturaleza incidental, de generación ocasional o espontánea, sino de un proceso que presenta determinados hitos previos, coetáneos y posteriores”. Y resalta que el informe policial sustenta sus pesquisas “en un minucioso, preciso y detallado análisis del abundante material gráfico, documentos, infografías, cuadros y esquemas analíticos e informes técnicos sobre diferentes extremos relevantes”.

La juez explica que, si bien “no ha sido posible aún determinar el número de personas (...) que entraron en la Ciudad de Ceuta” los días 30 y 31 de julio ni el de las que aún permanecen en ella, se habla de que accedieron entre 75.000 y 85.000 personas, sí pone sobre la mesa que el censo de esa población es de 83.595 habitantes. Y subsubraya que la finalidad migratoria de esa entrada masiva “opera sólo como cobertura formal que sirve para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la frontera de Ceuta”. Fundamenta esta tesis en el “hecho incontestable de que el perfil de la mayoría de los inmigrantes no buscaba (...) permanecer en territorio español”.

Al hilo, explica que las redes sociales tuvieron un papel preeminente en la movilización masiva y apunta a una “utilización y manipulación” de la sentencia del Tribunal Supremo que acotaba los casos en los que se podían llevar a cabo devoluciones en caliente. Entiende que no puede ser considerada “como un elemento narrativo dinamizador de la convocatoria”, pero lamenta que su contenido “se distorsiona y traduce a lenguaje viral como: 'Si entras nadando, no pueden devolverte'”.

Sobre lo que ocurrió durante la movilización masiva, la magistrada explica que se produjeron “oleadas de diferente intensidad y perfil que provocan un colapso de las capacidades de respuesta por parte del sistema de control fronterizo español”. Y recalca que se dio “una violación masiva de la soberanía territorial de España”.

La juez detecta que tras esos días hubo “efectos de desestabilización en el sistema de respuesta de España” que se proyectaron en planos como la seguridad pública, la sanidad, los servicios sociales o la defensa. Y añade que huno también casos de desinformación y contranarrativa con efectos de perfil internacional o geopolítico así como efectos en la política interna.

La “guerra híbrida”

Por otro lado, tras recoger párrafos del informe policial, explica que se dio “una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos”, y hace alusión expresa al comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos. Recoge que en las manifestaciones de los inmigrantes entrevistados en medios de comunicación se relata “de forma prácticamente unánime que los efectivos policiales -marroquíes- no sólo permanecían en actitud pasiva antes los intentos de entrada, sino que les ofrecían indicaciones para que accediesen a través del agua por la zona del Espigón de El Tarajal y no por otros accesos”.

Así, la juez explica que del examen provisional de los hechos se deduce que pudo existir un delito que compromete la paz o la independencia del Estado y resalta que hubo “una intencionalidad de atentar contra el Estado, vulnerando su integridad territorial como bien señaló el presidente del Gobierno” en su visita a Ceuta del 31 de julio cuando definió los hechos como “un ataque, una violación de la integridad territorial de España”. Considera que el método, un flujo migratorio masivo, constituye “uno de los métodos característicos de la guerra híbrida o zona gris, con la finalidad de alterar la vida y derechos de ciudadanos españoles”. Y puesto que el origen de ese método está en el extranjero “la competencia para investigarlos corresponde a la Audiencia Nacional”.

Además, también coincide con la Fiscalía en que los hechos también encajan en el delito contra ciudadanos extranjeros y en el delito de homicidio imprudente por el fallecimiento de al menos 83 personas cuyos cadáveres fueron recuperados en aguas españolas. Y añade que también se debe averiguar si los hechos encajan en el delito de organización criminal achacable a las mafias que operan en la zona. Si bien descarta que se esté “ante la autoría directa de ninguna de las organizaciones criminales de tráfico de inmigrantes (...) más allá del mero aprovechamiento oportunista por su parte de algunos de los efectos de la crisis sobrevenida”. Y esto porque “carecen de la capacidad de organizar un proceso de estas dimensiones, ni de movilizar, gestionar para convocar de forma efectiva e inmediata a tal inmenso volumen de personas”.

En definitiva, explica que en el presente caso las conductas objeto de investigación “sin duda han atentado contra la forma de Gobierno, ya que han supuesto un ataque, una violación de la integridad territorial de España”.

La investigación abierta en la Audiencia Nacional por el juez Santiago Pedraz en la causa penal que tiene como principal protagonista e imputada a la exmilitante del PSOE Leire Díez acumula ya varias declaraciones tanto de investigados como de testigos. El magistrado, de la mano de la Fiscalía Anticorrupción, busca acotar las pesquisas y valorar los indicios de delito existentes. Esas declaraciones van detallando la personalidad y las tareas desempeñadas por Leire Díez en los dos últimos años.

Por el momento, comparecencias como la de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, la de quien fuera el primer abogado del exministro José Luis Ábalos, José Aníbal Álvarez, o la de la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, dan cuenta de cómo se movía la presunta 'fontanera' socialista, a la que se atribuye un plan para desestabilizar causas judiciales que afectan tanto al PSOE como al entorno del presidente de Gobierno. elDiario.es ha tenido acceso a los audios de esas declaraciones celebradas el pasado julio.

El letrado José Aníbal Álvarez, a preguntas de una de las fiscales anticorrupción —el caso lo llevan las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen— explicó que estuvo presente en dos reuniones con Leire Díez. La primera tuvo que ver con el ex secretario de Estado de Interior durante el mandato del PP, Francisco Martínez, procesado y juzgado por la operación Kitchen. El abogado José Aníbal Álvarez asesoró en 2024 a Martínez de manera altruista y por amistad cuando se quedó sin abogado. “En aquella época a él le dejaron los letrados que le llevaban y yo lo cogí. Me firmó una hoja de encargo y luego lo cogió otro letrado que también conozco y nada más. Estuve con el año y pico”, recordó ante el juez.

Corría el mes de julio de 2024 cuando Leire Díez le contactó al fijo del despacho y se presentó “como una persona que venía del Partido Socialista y que era amiga del señor Ábalos”. Le comentó que quería reunirse con Martínez y se citaron en su despacho.

El abogado “entraba y salía” de esa reunión y no dio gran detalle de la misma, pero sí explicó que tras ese encuentro Francisco Martínez le indicó: “Una vez más me están tomando el pelo”. Ante Pedraz, José Aníbal Álvarez indicó que él entendió de sus palabras que habría tenido reuniones previas que ya habían sido infructuosas porque “le debían prometer el oro y el moro”. Según consta en la investigación y según la grabación de esos encuentros incautada a Leire Díez, la exmilitante socialista buscó un acercamiento a Francisco Martínez al que le habría prometido algún tipo de acuerdo con el Ministerio Fiscal en el caso Villarejo a cambio de determinada información relativa a operaciones orquestadas desde la policía política del PP.

La fiscal del caso se interesó entonces por saber si Leire Díez le transmitió a Martínez si pondría la información que le diera en conocimiento de “la calle Ferraz”, que son “los que gobiernan” —hizo varias alusiones a que tenía acceso a la grabación de ese encuentro—, pero el que fuera primer abogado de Ábalos indicó que no recordaba bien, pero sí que recordaba que Leire Díez “hablaba, y con perdón, por los codos”.

El letrado también explicó que Leire Díez se interesó por si Ábalos le pagaba por su defensa legal. Después de que él le dijera que no había cobrado nada por su labor —“me fui fiando, me fui fiando y nada”—, ella le dijo que iba a ver qué podía hacer. Al cabo de un tiempo le comentó que si quería cobrar por sus servicios a Ábalos le podía pasar la minuta “a través de una sociedad de ella”, pero él se negó porque si cobraba era al cliente y “no a una sociedad que no se sabe en qué condiciones está fiscalmente”. “No sé qué le dije. Sé que (dije) esto no es serio o la mandé por ahí, no lo sé, no me acuerdo”.

Narbona: “Santos tenía todas las atribuciones”

Otro de los interrogatorios que suscitó gran interés en julio y a cuyo audio ha tenido acceso este medio es el de la presidenta del PSOE. Cristina Narbona indicó que en abril de 2024, cuando se celebraron reuniones en Ferraz a las que asistió la exmilitante Leire Díez, ella ya era presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español.

Tras explicar su relación con Díez —la conoce desde 2017 cuando era responsable de prensa socialista en Cantabria— fue preguntada por la fiscal del caso sobre los contratos que se investigan en la causa y que tienen que ver con el pago a dos abogados (Ismael Oliver y Jacobo Teijelo) desde el PSOE por servicios que podrían haber sido una tapadera para canalizar retribuciones a favor de la presunta fontanera.

“El avance de la instrucción nos está permitiendo conocer algunos detalles no menores, como por ejemplo el hecho de que la señora Leire Díez presuntamente pudo recibir una retribución (...) que a la postre parece ser que habría salido de las cuentas bancarias del Partido Socialista a través de pagos de sociedades o de letrados”, indicó la fiscal, para luego preguntar a Narbona sobre quién puede autorizar ese tipo de pagos desde el Partido Socialista.

La presidenta del PSOE contestó entonces que eso “estaba dentro de las facultades muy amplias del secretario de Organización, que podía llevar a cabo los contratos que considerase necesarios para su propia tarea en el funcionamiento del Partido Socialista”. Y añadió: “Él tenía la capacidad de decidir y de instrumentar contrataciones”. Señaló así al entonces número tres del partido Santos Cerdán, quien también consta como imputado en esta causa.

“Hoy día la Secretaría de Organización tiene algunas competencias menos y, sobre todo, no puede actuar de forma individual. Necesita siempre la firma de otros dos miembros de la Comisión Ejecutiva Federal. Pero en ese momento Santos Cerdán tenía todas las atribuciones para hacer cualquier tipo de contratación”, indicó.

Por su parte, en el interrogatorio al exteniente fiscal de la Fiscalía General del Estado (FGE) Diego Villafañe, al que también ha tenido acceso este medio, la fiscal anticorrupción quiso saber sobre el detalle de las dos reuniones que mantuvo con el abogado Jacobo Teijelo y la exmilitante Leire Díez. Para arrancar, quiso matizar que en ambos encuentros no se trató “ningún asunto que fuese reservado, por cuanto el contenido de la reunión, o bien eran cuestiones de público conocimiento, o eran rumores o conjeturas, o incluso eran datos judicializados que en consecuencia están accesibles”.

Y aclaró un punto que suscitó interés mediático por cuanto la FGE mantuvo en una nota que Leire Díez fue presentada como una compañera del despacho de Teijelo mientras que el abogado negó que hubiera sido así. Villafañe reiteró en su declaración que en la Fiscalía se entendió que era “una colaboradora o una compañera”.

En todo caso, indicó que esas reuniones fueron “marcianas”, y que en las mismas se habló de un procedimiento de hidrocarburos que se sigue en la Audiencia Nacional, y que a raíz de ese caso se indicaron que podía haber nulidades que afectaban a otras causas.

También relató que se expuso en la reunión que podía haber ciertos beneficios para Repsol a raíz de esas causas de fraude del IVA en el sector, y que el jefe de la UCO Antonio Balas podía ser contratado por esa petrolera como jefe de Seguridad. “Rumores sin relevancia”, indicó.

Un interrogatorio hasta el llanto

Si bien en todas las declaraciones se hace patente que la responsable del Ministerio Fiscal mantiene un tono tenso con los interrogados, quizá en el que más tensión hubo fue en el de la letrada Leticia de la Hoz, que compareció como imputada y que respondió sobre cuándo conoció a la presunta fontanera. “Eso sí que lo tengo clarísimo. La conozco el 11 de marzo de 2025. ¿Y por qué me acuerdo? Me acuerdo porque el bulo de la señora Pano se publica el 10 de marzo”, dijo. Con el 'bulo' se refería a lo que la empresaria Carmen Pano ha sostenido en medios y ante el juez: que existió un intento por parte de la trama investigada para comprar su silencio. Una cantidad de dinero, un coche y los gastos de la boda de su hija a cambio de no sostener ante los tribunales que llevó dinero en metálico a la sede socialista de Ferraz.

La fiscal afeó a De la Hoz que hablara de bulo porque eran hechos que aún se investigaban, y para entonces la letrada, emocionada y a punto de echar a llorar, le explicó que era “una noticia falsa”. “Como comprenderá es que es lo que me sale, es lo que me sale. (...) yo entro en estado de shock tremendo. (...) Y el 11 de marzo ella (Leire Díez) entra por la puerta sin pedir cita y la recuerdo con mucho cariño. Ella venía a ver quién era yo, qué había pasado, por qué se había publicado eso”, recordó.

La fiscal del caso se interesó por si tuvo la intuición de que Leire Díez venía de parte del PSOE. “¿A quién conocía en el Partido Socialista?”, le preguntó, pero la abogada abundó en que la fontanera “preguntaba muchas cosas” y sintió que era “alguien que venía del PSOE para ver quién era yo”.

Leticia de la Hoz aseguró que el PSOE no pagó la defensa legal de Koldo García —exasesor de Ábalos—. “Puedo contestar que no me ha pagado el Partido Socialista ni directamente, ni indirectamente, ni por persona interpuesta. La respuesta es un no rotundo. No tengo absolutamente nada que ver con el Partido Socialista. Y no ha pagado la defensa de Koldo respecto de mi persona”, dijo.

Tras esto, y al ser preguntada por las conexiones de Leire Díez con altas instituciones del Estado, De la Hoz explicó que entendió que estaba bien relacionada. “¿Le parece a usted que esta persona está actuando por cuenta del Partido Socialista? Ella le habla de que tiene relación con gente del Partido Socialista, con Santos Cerdán, con la directora general de la Guardia Civil, que puede conseguir citas de alto nivel”, le preguntó la fiscal. De la Hoz contestó que “sí”.

A continuación, De la Hoz se matizó a sí misma y explicó que no sabía si lo que decía la exmilitante era verdad. “En las conversaciones yo llegaba a la conclusión de que ella conocía a todo el mundo, de que podía tener acceso a mucha gente”.

La ronda de declaraciones se retomará este mes de septiembre. El juez tendrá un intenso calendario dado que por su juzgado deberán pasar más de una veintena de investigados. La primera será la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes, quien el próximo 9 de septiembre deberá aclarar su papel en la investigación porque era quien emitía “las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez”, según la acusación. Ese mismo día está previsto que declare el letrado Ismael Oliver, quien supuestamente habría usado sociedades para canalizar esos pagos.

La Fiscalía informará en las próximas horas a favor de que la Audiencia Nacional investigue los hechos ocurridos los días 30 y 31 de julio en Ceuta. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, trasladará a la juez María Tardón que el tribunal especializado es competente para esclarecer la llegada de más de 70.000 personas a la ciudad autónoma procedente de Marruecos, según avanzan a elDiario.es fuentes jurídicas.

El Ministerio Público esgrimirá en su informe el carácter transnacional de los presuntos delitos cometidos, ya que los migrantes partieron de Marruecos y acabaron en España. Para defender la competencia de la Audiencia Nacional, Alonso también aludirá a la afectación a las instituciones españolas de los hechos y a que, al verse afectada una de sus fronteras, todo el territorio español acoge los presuntos delitos, precisan las fuentes consultadas.

El informe irá firmado por Jesús Alonso, quien ha asumido la actuación de la Fiscalía “dada la singularidad y trascendencia del mismo y en cumplimiento de su responsabilidad como jefe de la Audiencia Nacional”, ha informado este jueves el Ministerio Público.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) recoge en su artículo 23 que la jurisdicción española es competente para investigar hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando pueden ser tipificados como delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado.

Precisamente, el partido extraparlamentario Iustitia Europa -quien presentó la denuncia ante la Audiencia Nacional- señaló en un último escrito tras conocerse el contenido del informe policial remitido a la juez que el asunto era competencia de la Audiencia Nacional porque se habían aportado indicios “de una actuación planificada y dirigida desde territorio marroquí, con posible intervención de agentes o estructuras estatales extranjeras y con incidencia directa sobre la seguridad, la paz o la independencia del Estado español”.

A su juicio, esa circunstancia conecta el artículo 23 de esa norma con el artículo 65 de la misma ley que atribuye a la Audiencia Nacional el conocimiento de los delitos cometidos fuera de España cuando corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles.

La Audiencia Nacional abrió el pasado 31 de julio diligencias previas sobre la entrada a nado de decenas de miles de personas en Ceuta desde Marruecos. En el marco de esas pesquisas previas, el tribunal especial solicitó a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional un informe para averiguar si se trató de “una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal”.

La respuesta llegó esta misma semana en forma de un oficio del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la citada Comisaría General de Extranjería. En él, los agentes analizan una serie de vídeos y fotografías obtenidas de fuentes abiertas sin llegar a señalar la “autoría material e intelectual” del asalto, pero atribuyéndoselo a una entidad centralizada, con intereses distintos a los migratorios y que contó con la ayuda de miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes.

En su denuncia, Iustitia Europa exponía que los hechos podían ser constitutivos de delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, de favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas, de organización criminal y de omisión del deber de perseguir delitos. La denuncia iba dirigida “contra las personas físicas, integrantes de organizaciones criminales, funcionarios, autoridades, agentes, estructuras estatales o paraestatales extranjeras y autoridades de Marruecos o Españolas que resulten identificados”.

La misma denuncia pedía librar oficios al Ministerio del Interior, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Departamento de Seguridad Nacional y Ministerio de Defensa para obtener informes de entradas, análisis de redes sociales y posibles injerencias extranjeras; así como requerir a la Guardia Civil las grabaciones de cámaras térmicas y radares de la frontera del Tarajal.

La Guardia Civil solicitará a la jueza la práctica de diligencias

El auto de la jueza optó únicamente por reclamar a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para que realizara el citado informe. Unos días después dictó otro auto dirigiéndose a la Guardia Civil para que le informara del dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio, particularmente en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que hubieran realizado en aguas territoriales españolas.

El Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) última el oficio que entregará a la jueza. En el mismo debe incluir la información sobre personas fallecidas, si consta la causa y la data de la muerte y, en el caso de las personas supervivientes, su identidad y datos de localización que se hubiesen podido recabar. Información de la Guardia Civil también propondrá a la juez Tardón diligencias concretas que practicar para averiguar la autoría de la acción en Ceuta, precisan fuentes próximas al caso.

Las hermanas Ferrer, de 18, 20 y 21 años, fueron asesinadas en plena represión franquista, en septiembre de 1936, bajo la acusación de “incitar a los soldados a que no disparasen contra el pueblo, a que tiraran contra los jefes y así se acabara la guerra”. Sus restos fueron identificados en una fosa común en el cementerio de La Caridad/ A Caridá, en el concejo asturiano de El Franco, junto a los de otros tres varones que fueron identificados como Ramón Cuesta Blanco, Lorenzo Solís y Francisco Pena.

Noventa años después de su asesinato, el tribunal de Instancia, plaza número 1, de Castropol acaba de dictar cuatro autos independientes por los que declara a estos seis asturianos como “víctimas de la Guerra Civil”. Un reconocimiento que se extiende a sus familiares vivos más próximos, según ha confirmado a elDiario.es Asturias un portavoz de la Fiscalía del Principado.

Ejecución “violenta y arbitraria”

El fiscal delegado de Memoria Democrática de la Fiscalía asturiana, Javier Marqués Ouviaño, había emitido un informe, el pasado mes de julio, donde solicitaba al tribunal el reconocimiento de los seis asturianos como víctimas de la Guerra Civil y la consignación de la realidad de sus muertes por “ejecución violenta y arbitraria”.

En el caso de las tres hermanas, sobre las cuales pivotó el inicio del procedimiento, se sumaban además otros dos condicionantes: eran mujeres y con orientación ideológica.

Posible agresión sexual

Las tres hermanas habían sido detenidas, llevadas al calabozo, sin posibilidad de defenderse, y fusiladas. La Fiscalía asturiana asegura que incluso se sospecha que también pudieron ser agredidas sexualmente.

Su localización en la fosa permitió averiguar la identidad de otros tres varones, todos ellos víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del Derecho internacional humanitario. Estos tres hombres fueron “agredidos, ejecutados arbitraria y violentamente” y arrojados a la fosa común de La Caridad/ A Caridá.

Las labores de identificación

La Fiscalía instó al tribunal a esta declaración como víctimas de la Guerra Civil en los términos previstos en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

Su petición se producía tras los avances del trabajo de un equipo del que también formaron parte la Dirección General de Memoria Democrática y el Instituto Arqueos de la Universidad de Oviedo.

Los trabajos de este equipo de expertos permitió conocer que los restos hallados se correspondían con las hermanas Luz, Mercedes y Maura Ferrer Díaz, a los que siguieron las identificaciones de los tres varones: Ramón Cuesta Blanco, Lorenzo Solís y Francisco Pena.

Análisis antropológicos y genéticos

Los trabajos de exhumación comenzaron en el mes de diciembre de 2024 y han permitido localizar estos restos óseos en una fosa en la que inicialmente se buscaba a tres personas.

Los análisis antropológicos y genéticos realizados posteriormente han hecho posible identificar con certeza a cinco de las víctimas, lo que supone un índice de efectividad del 83 %, muy por encima de la media habitual en este tipo de procesos que ronda el 10 %, según explican desde la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos.

El consejero Ovidio Zapico, de Izquierda Unida (IU)-Convocatoria por Asturies, no pudo disimular su emoción el pasado mes de abril al anunciar la identificación de cinco de las seis personas exhumadas en la fosa común -faltaba por identificar con certeza una de las tres hermanas Ferrer-, ya que entre sus compromisos políticos se encuentra la culminación de estos procesos de identificación para avanzar en los principios de “verdad, justicia y reparación”.

La Plaza número 5 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria iniciará este jueves, 3 de septiembre, la vista oral del juicio contra el futbolista del Real Madrid Raúl Asencio y otros tres canteranos por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos y distribución de pornografía infantil, al ser menor una de las jóvenes afectadas.

En concreto, se trata de la grabación de un acto sexual consentido en un club de playa del municipio de Mogán, en el sur de Gran Canaria, el 15 de junio de 2023, y la supuesta difusión de las imágenes de ese encuentro.

En el caso de Raúl Asencio, se le procesa por los delitos de revelación de secretos, al exhibir el vídeo a una tercera persona, y por el de pornografía infantil, por hacerlo a sabiendas de que en las imágenes aparecía una menor.

El inicio del juicio, que continuará los días 4 y 7 de septiembre, estará marcado por la figura del perdón del ofendido, ya que las dos denunciantes deberán decidir si aceptan las disculpas de Raúl Asencio.

En junio de este año, la Fiscalía Provincial anunció que retirará la acusación contra Asencio por los delitos de revelación de secretos que se le imputan si las víctimas ratifican esa decisión ante la autoridad judicial, durante la vista oral.

La fiscal del caso recalcó que quiere que se cumplan las formalidades legales, que Asencio se siente en el banquillo y que sea en la vista oral donde pida perdón a las ofendidas y estas se pronuncien.

Así, la responsabilidad penal puede quedar extinguida por el perdón de las ofendidas, ya que al jugador del Real Madrid se le acusa de dos delitos contra la intimidad de carácter semipúblico, en los que la legislación española reconoce esa posibilidad. Además, el defensa tiene a su favor que las dos víctimas ya han retirado la acusación contra él, tras haber sido indemnizadas.

Hace un año, el futbolista del Real Madrid remitió a ambas una carta donde reconoce expresamente que cometió “el error” de enseñar a un amigo el vídeo.

Raúl Asencio ha sido condenado este miércoles en un jucio rápido por un delito contra la seguridad vial por conducir ebrio en la isla de Gran Canaria.

Además del jugador del Real Madrid están procesados también Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, los tres futbolistas a los que se les atribuye el hecho de haber grabado el vídeo durante una relación sexual consentida que mantuvieron con dos jóvenes en un club de la playa de Amadores y de haberlo difundido por WhatsApp a varios contactos y chats colectivo a pesar de las chicas les pidieron que lo borraran.

La solicitud de condena para ellos es más severa: cuatro años y siete meses de cárcel, porque la Fiscalía considera que filmaron y difundieron esas imágenes sexuales sin consentimiento y a sabiendas de que aparecía una menor, lo que le lleva a formular el cargo de distribución de pornografía infantil, delito este en el que un hipotético perdón de las víctimas no tendría efecto legal alguno.

La sociedad propietaria de los tres pisos que iban a ser destinados al alojamiento de ocho menores extranjeros tutelados por la administración autonómica en el barrio de La Florida, en Oviedo/Uviéu, tiene vinculación por lazos familiares con el jefe del Servicio de Infancia y Familias de Asturias.

Un informe elaborado por la Secretaría General Técnica del Principado así lo revela. Por ello, desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar se ha remitido toda la documentación que obra en poder de la administración autonómica a la Fiscalía asturiana para la apertura de diligencias de investigación que permitan esclarecer los hechos y, en su caso, depurar posibles responsabilidades.

Aunque la operación que se iba a llevar a cabo en La Florida finalmente se frustró, tras numerosas protestas ciudadanas que abrieron una importante brecha en la convivencia y provocaron la división en el barrio entre partidarios y detractores, el Gobierno asturiano ha puesto a disposición del Ministerio Fiscal toda la documentación sobre el caso.

La 'marcha atrás' en la decisión

El Principado había aducido “razones técnicas y jurídicas”, sin concretar más detalles, para justificar su renuncia a esta ubicación. El anuncio de que desistía de esta actuación en este barrio se hizo público coincidiendo con la incorporación de Nerea Monroy a su nuevo cargo como consejera de Derechos Sociales y Bienestar.

Ubicaciones alternativas

Esta misma semana, la administración autonómica confirmó que se estaba buscando otras ubicaciones alternativas para el traslado de estos ocho menores que “están plenamente integrados” en la sociedad asturiana desde el centro de Avilés, donde residen actualmente, tras descartar la opción principal de La Florida.

Este miércoles, el Principado ha sido mucho más explícito y ha dado un paso más para demostrar la transparencia que preside la actuación del gobierno regional. El propio presidente, Adrián Barbón, ha ofrecido las explicaciones en su perfil oficial en las redes sociales.

Las explicaciones

En este post, que reproducimos de su comentario en su perfil en X, detalla lo ocurrido y la inmediata reacción que ha tenido al remitir toda la documentación de la que dispone a la Fiscalía.

La vinculación familiar

En este informe, se aportan los datos sobre la actuación administrativa seguida en el caso del edificio número 32 del Paseo de La Florida -ya descartado para alojar a los menores tutelados- y se analizan diversas cuestiones relacionadas con las condiciones del inmueble y con la viabilidad de la actuación.

Asimismo, hace referencia a la existencia de una vinculación familiar entre el jefe del Servicio de Infancia y una de las personas relacionadas con la propiedad del inmueble.

Barbón: “Transparencia total y absoluta”

“Si bien el traslado de los menores jamás llegó a producirse, y aunque tampoco se arrendó el local –una cuestión que, en último caso, correspondería a la Fundación Diagrama, la entidad concertada-, Derechos Sociales considera necesario que se determine cualquier tipo de responsabilidad a la que hubiera lugar”, explica el presidente asturiano.

Barbón finaliza su explicación con la palabra que, según recalca, define a su Gobierno y, por tanto, su forma de actuar: “Transparencia total y absoluta”.

El Ministerio de Transición Ecológica ha pedido a la Fiscalía que investigue el tiroteo de una orca en aguas de Portugal el pasado agosto. La investigación llevada a cabo por el departamento que dirige Sara Aagesen aprecia “indicios de delito” en los disparos realizados “desde un barco español”.

La orca, bautizada con el nombre de Toñi, es el ejemplar más longevo del estrecho de Gibraltar y presentaba heridas de arma de fuego en su aleta dorsal. Transición Ecológica informa de que tanto el animal como su grupo nadan ahora en aguas gallegas donde “han sido avistadas”. Las orcas son una especie muy migrante.

Además, según cuentan desde el Ejecutivo, también se ha solicitado la intervención de la Guardia Civil para “la identificación, y en su caso toma de declaración, de los presuntos responsables. También, para la comprobación de la situación administrativa y documental en relación con la tenencia y uso de armas”.

La orca (Orcinus orca) es una especie protegida en España y su población en el estrecho y golfo de Cádiz está calificada como “vulnerable” en el Catálogo de Especies Amenazadas. Disparar contra un ejemplar podría entrar en el tipo penal de delito contra la fauna protegida cuya pena prevista en el Código Penal oscila entre seis meses y dos años de cárcel.

“Desde el ministerio seguiremos con las pesquisas, colaborando tanto con la Fiscalía como con la Guardia Civil y las autoridades portuguesas, para tratar de esclarecer lo ocurrido y evitar que este daño contra el medio ambiente quede impune. También, seguiremos de cerca la evolución de las heridas”, ha indicado la vicepresidenta del Gobierno y ministra del ramo, Sara Aagesen.

La Fiscalía de Valladolid ha denunciado al neonazi Alberto Pugilato, alias de Alberto González de Juan, por instigar al acoso desde sus perfiles de redes sociales contra figuras mediáticas vinculadas a la izquierda, como el cómico Héctor de Miguel, Quequé, o la periodista Sarah Santaolalla.

La denuncia, interpuesta por un particular y a la que ha tenido acceso EFE este lunes, incide en que González de Juan habría incitado, legitimado y reforzado el acoso contra personas por razones ideológicas a través de sus perfiles de X, @albertopugilat y @pugilato2014, que suman más de 85.000 seguidores y su canal de YouTube.

Asimismo, señala que en esas publicaciones se jalean estos actos, se emplea un lenguaje exhortativo que llama a la acción colectiva de terceros, se normaliza la violencia política, se validan los actos de acoso y se insertan en un contexto real de movilización ideológica.

En concreto, indica que el denunciado habría compartido fechas y localizaciones de las actuaciones de Quequé a través de X, donde invitaba a “aplaudirle” como “eufemismo de agresión”, y que se jactaba, en publicaciones posteriores y en su propio canal de YouTube, de que el cómico salmantino hubiera cancelado parte de su gira por las presiones recibidas.

Hace dos años, Pugilato agredió al cómico Jaime Caravaca durante una actuación. Antes ya había sido condenado por el Tribunal Supremo a un año de prisión y una multa de 1.800 euros. Hace menos de un mes, Pugilato conducía el coche de una empresa de cobros que un candidato leonés del PP destrozó con su tractor, motivo por el que fue detenido en El Burgo Ranero. También está vinculado a Núcleo Nacional, que este verano se ha constituido como partido político.

“Apreteu, que funciona”

La denuncia enumera numerosas publicaciones, también dirigidas a la comunicadora Elena Reinés y a la periodista Sarah Santaolalla, ambas vinculadas a posturas de izquierdas, así como la apelación a insistir en la presión contra estas figuras con comentarios como “Apreteu” o “Apreteu, que funciona”.

Por todo ello, la Fiscalía vallisoletana concluye que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizados por la Constitución, previsto y penado en el artículo 510 1.a) y 1.b) párrafos 3º y 5º del Código Penal.

Los delitos de odio, recogidos en el artículo 510, tienen penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.

El texto indica que el Ministerio fiscal remitió su denuncia a la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid y que el pasado 24 de julio incoó diligencias previas para investigar delitos que podrían haberse cometido desde su perfil de X.

El juez Juan Carlos Peinado encara sus últimas semanas en activo con un asunto que puede marcar el final de su trayectoria en la carrera judicial: su posible sanción disciplinaria. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) empezará a analizar en septiembre si las quejas que le trasladó el pasado julio el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueden acarrear una sanción leve para el juez que ha logrado sentar en el banquillo a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, según informan a elDiario.es fuentes jurídicas.

La jubilación forzosa de Peinado está prevista para el 27 de septiembre, cuando cumplirá la edad máxima que pueden tener los magistrados en activo, fijada en los 72 años. A partir de entonces, se extinguirá cualquier posibilidad de sanción disciplinaria. Tras el parón del mes de agosto, el tribunal madrileño empezará a analizar la documentación a partir de septiembre. En primer lugar, tendrá que decidir si le abre expediente disciplinario o rechaza de plano emprender cualquier actuación con las diligencias que le remitió el Consejo General del Poder Judicial.

En todo caso, teniendo en cuenta el protocolo a seguir y los plazos temporales tan ajustados, las fuentes consultadas auguran que Peinado solo podría ser reprendido con la sanción menos severa de entre todas las que tienen carácter leve si es que finalmente el tribunal decide imponerle algún correctivo. Se trata de la sanción de advertencia, una especie de reproche disciplinario formal sin ni siquiera multa económica.

El artículo 422.1 de la ley del Poder Judicial determina que la advertencia se impondrá “sin más trámite que la audiencia del interesado, previa una información sumaria”. Las fuentes consultadas explican que se trata de un procedimiento rápido, en el que se analiza la documentación remitida por el CGPJ y se da audiencia al juez afectado, con lo que daría tiempo a culminar el proceso durante septiembre.

Además, la decisión depende únicamente de la presidencia del tribunal, un cargo que actualmente ocupa en funciones la magistrada Aurora de la Cueva después de que el pasado 20 de julio su anterior presidente, Celso Rodríguez Padrón, tomara posesión de su nuevo puesto en el Tribunal Supremo. De la Cueva ocupa el cargo de forma interina dado que es la presidenta de Sala más antigua de ese órgano judicial.

El procedimiento más largo dificulta la sanción

Las faltas leves como las que el CGPJ sospecha que pudo cometer Peinado también pueden ser castigadas con multa de hasta 500 euros o con multa y advertencia de forma conjunta. Sin embargo, en ese caso la ley prevé un trámite más complejo. El procedimiento exige la designación de un instructor que debe recabar pruebas y, si ve materia, hacer después un pliego de cargos que el expedientado puede contestar en el plazo de ocho días, así como proponer más pruebas.

Transcurrido ese plazo y previa audiencia de la Fiscalía, el instructor formulará propuesta de resolución, en la que fijará con precisión los hechos, hará la valoración jurídica de los mismos e indicará la sanción que estime procedente. Dicha propuesta de resolución se notificará al interesado, que tendrá otros ocho días para hacer alegaciones.

Una vez concluido este trámite, el expediente se remitiría a la Sala de Gobierno del TSJM, que es la competente para imponer por mayoría este tipo de sanciones. Ese órgano tiene ocho miembros, de los que al menos cinco pertenecen a la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

En caso de sanción, el magistrado y la Fiscalía pueden recurrir en la vía administrativa, sin perjuicio de los que procedan en la vía jurisdiccional. La ley establece que la resolución sancionadora será ejecutiva cuando agote la vía administrativa, aún cuando se hubiere interpuesto recurso contencioso-administrativo, salvo que el tribunal acuerde su suspensión.

Aunque la ley da un plazo máximo de un año para resolver los expedientes por este tipo de sanciones, las fuentes consultadas ven muy complicado que se puedan cumplimentar todas estas garantías procesales y plazos de alegación en menos de un mes desde que el TSJM retome la actividad en septiembre hasta el día 27 del mismo mes.

Ataques a la Policía

La primera de las diligencias remitidas al tribunal madrileño se abrió después de que la Comisión Permanente del CGPJ acordara remitir al Promotor de la Acción Disciplinaria el auto en el que Peinado justificó su decisión de retirar el pasaporte de Begoña Gómez por la posibilidad de que los policías que trabajan como escolta de la mujer del presidente o sus jefes pudieran ayudar en una posible fuga.

Los vocales del bloque progresista y la presidenta del órgano, Isabel Perelló, consideraron que la autoridad disciplinaria debía valorar si esas expresiones podían suponer una falta de desconsideración. Pero el Promotor propuso archivar ambas investigaciones y dejar sin sanción a Peinado por estos hechos. Argumentó que el Consejo únicamente puede intervenir si lo solicita el tribunal superior del juzgado correspondiente, algo que no ha sucedido en este caso.

Sin embargo, de nuevo los vocales progresistas y la presidenta entendieron que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que permite sancionar este tipo de expresiones sin cumplir ese requisito. En concreto, una sentencia de la de lo Contencioso-Administrativo de 2014 que confirmó una sanción a un magistrado por una falta de desconsideración respecto de instituciones, al haber empleado en distintas resoluciones judiciales expresiones plagadas de descalificativos hacia la Generalitat de Catalunya. Al tratarse de una falta leve, la competencia en este caso es del TSJM, de quien decidirá si hay o no sanción.

La segunda de las diligencias remitida al tribunal madrileño fue abierta tras la denuncia presentada por un particular que denunció que Peinado había tardado un año y siete meses en tramitar un procedimiento. De nuevo, el Promotor propuso el archivo al considerar que los hechos no revisten carácter disciplinario, pero la misma mayoría de la Permanente estimó, sin embargo, que pueden ser constitutivos de una falta leve de retraso y acordó su remisión.

Otros jueces sin sanción

El órgano de gobierno de los jueces tiene competencias para exigir responsabilidad disciplinaria a jueces y magistrados si su conducta se desvía de una serie de principios tasados entre los que están la independencia, la imparcialidad o el respeto a las partes. Las sanciones por faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos pueden ir de multas económicas a traslados forzosos, suspensiones y expulsiones.

Sin embargo, las cifras evidencian que la mayoría de las investigaciones que se abren acaban sin sanción. En 2024, último año del que existen datos disponibles, el Promotor dictó 362 acuerdos de archivo de diligencias informativas y solo abrió 24 expedientes disciplinarios, de los que únicamente 11 acabaron en sanción.

Este año, el bloque conservador impuso su mayoría en la Comisión Disciplinaria y archivó sin sanción los expedientes abiertos al juez Manuel Ruiz de Lara, quien llamó “Barbigoña” a la mujer del presidente del Gobierno y al magistrado Eloy Velasco, que criticó a la exministra y eurodiputada de Podemos Irene Montero.

Además, la Permanente también archivó el pasado julio otras cuatro quejas contra Peinado. Entre ellas, las que presentó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por la actuación del juez cuando le interrogó como testigo en ese caso y cuando, después, pidió al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. Durante el interrogatorio, el juez acusó al ministro de contestar con “evasivas” y se permitió cuestionar alguno de sus gestos. Después, el juez tergiversó el testimonio del ministro para apuntalar su petición al Supremo de que abriera una causa contra él. El alto tribunal rechazó investigarle.

El archivo de esa queja se llevó a cabo con el voto favorable de los vocales conservadores y del consejero elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado que, no obstante, sí se mostró partidario de denunciar a Peinado por los delitos de revelación de datos reservados y prevaricación en relación con otras de las quejas presentadas contra él que también resultaron archivadas.

La Fiscalía de Valencia estudia la apertura de diligencias de investigación contra la actividad de las patrullas de extrema derecha autodenominadas 'Ángeles de la Noche', que han iniciado rondas de intimidación a personas migrantes en la zona de la Malva-rosa y el Marítim de la capital valenciana. La fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert, ha confirmado que el Ministerio Público analiza las grabaciones difundidas en redes sociales ante la posible comisión de delitos de coacciones y de odio.

“Están intimidando o coaccionando, y cuando hablamos de coacción podemos hablar de un delito, y puede ser un delito de odio si se refieren a personas migrantes, personas extranjeras, por el hecho de serlo”, ha explicado Gisbert en declaraciones a RTVE. La fiscal ha recordado además que la institución acumula “muchos procedimientos” contra la formación ultra España 2000, una organización “que está muy acostumbrada a jugar con el límite de la legalidad”.

La Policía Nacional mantiene identificados a varios de los miembros de los 'Ángeles de la noche', entre los que figura Ramón Castro, alias “Levis”, un histórico dirigente de extrema derecha con antecedentes penales, así como el ideólogo de España 2000, José Luis Roberto. Este último ha vinculado la creación de estas escuadras a la entidad Hogar Social Patriota María Luisa Navarro para ofrecer supuestos consejos de seguridad y retención de transeúntes.

El caso ha provocado la reacción del Ministerio del Interior y del Congreso de los Diputados. El ministro Fernando Grande-Marlaska ha remarcado que la persecución de los grupos violentos de extrema derecha constituye una prioridad dentro del plan nacional contra los delitos de odio, con previsión de “detenciones cuando las pruebas así lo puedan determinar”. Por su parte, el grupo parlamentario Compromís-Sumar, mediante el diputado Alberto Ibáñez, ha exigido explicaciones por escrito al Ejecutivo central sobre la apertura de expedientes sancionadores y la posible presencia de agentes infiltrados en la cúpula de estas organizaciones.

Discurso de inseguridad ligado a la inmigración

El despliegue de estos grupos pretende instalar un discurso de inseguridad ligado a la inmigración que no coincide con las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior. Según datos de la Subdelegación del Gobierno, las infracciones penales en el distrito del Marítim han experimentado una bajada del 1,4 % en el último año, con un descenso del 21,9 % en las faltas y delitos leves, una caída del 3,5 % en los robos en viviendas y un desplome del 75 % en la sustracción en trasteros.

Desde el punto de vista legal, la normativa española reserva de forma exclusiva el ejercicio de la seguridad pública y el uso de la fuerza a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Especialistas en derecho penal advierten de que la simulación de funciones policiales, la imposición de patrullas organizadas por particulares o el uso de indumentaria reflectante con vocación de uniformidad pueden incurrir en vulneraciones de la Ley de Seguridad Ciudadana, delitos de usurpación de funciones, detención ilegal y violaciones de la normativa sobre protección de datos por la grabación continua de viandantes.

La Fiscalía Provincial de Almería ha abierto diligencias de investigación para determinar si los siete concejales de Carboneras (Almería) -dos no adscritos y cinco ligados al PSOE- que en el Pleno municipal del 17 de junio acordaron posponer la votación sobre la nulidad de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico para recabar nuevos informes incurrieron en un delito de prevaricación administrativa.

El Ministerio Público ha adoptado esta decisión tras la denuncia recibida apenas dos días después de dicha sesión plenaria por la asociación ecologista Salvemos Mojácar, que consideró que la actuación de los ediles conformaba una “desobediencia inadmisible” y “un acto de prevaricación manifiesta” al incumplir el mandato del TSJA.

Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que, en el marco de sus diligencias preprocesales, la Fiscalía ha solicitado al Ayuntamiento de Carboneras la remisión del acta de Pleno en la que los siete concejales acordaron dejar sobre la mesa la propuesta avalada por el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) para la revisión de oficio de la licencia concedida a Azata del Sol en enero de 2003.

Posible comisión de un delito

Si bien la nulidad de la licencia se aprobó en un Pleno posterior celebrado el 7 de julio con los votos a favor del alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), y otros siete concejales -entre ellos dos expedientados por el PSOE por abstenerse en la primera ocasión-, la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía ve “presumible” conforme a la denuncia de los ecologistas la posible comisión de un delito.

A tenor de esta acción, el Ayuntamiento de Carboneras ha remitido a la Fiscalía la información solicitada, entre la que también se pedían informes jurídicos o ampliación, en su caso, de los ya existentes, según han confirmado fuentes municipales.

En concreto, el colectivo ecologista dirigió su denuncia, que también presentó ante los Juzgados de Vera, expresamente contra los concejales que votaron dejar sobre la mesa el expediente que se llevó a pleno: José Luis Amérigo, Ángeles Carrillo, Felipe Cayuela, Francisco Capel, Vanesa Fuentes, Mariana Esteban e Isabel Hernández.

En este sentido, rechazaron por “falsos” los argumentos de los concejales sobre la necesidad de nuevos informes de intervención antes de adoptar una decisión al contar ya con un dictamen favorable al acuerdo de parte del CCA Así, veían en su actuación una “mera triquiñuela inaceptable para seguir dilatando la cuestión” que, según sostuvieron, se prolonga durante “20 años” de “rebeldía institucional”.

Cabe señalar que el PSOE abrió un expediente disciplinario y comunicó la expulsión temporal de los cinco concejales implicados, entre ellos su hasta ahora portavoz José Luis Amérigo.

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha rechazado la denuncia presentada por el colectivo ecologista Turcón por la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y administración desleal en el Gobierno de Canarias por no cobrar multas medioambientales valoradas en 14,8 millones de euros.

El Ministerio Público, en un decreto firmado a mediados de abril de este año, ha archivado la denuncia sobre el “mal funcionamiento” de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), el órgano encargado de proteger el medio ambiente del Archipiélago y de sancionar las infracciones contra el territorio, por tratarse de una acusación “genérica” que, además, excede sus funciones.

La Fiscalía explica que “no es un órgano fiscalizador de ningún otro órgano”, salvo que su funcionamiento constituya en sí mismo un “hecho constitutivo de infracción penal”. Aclara que todo lo relacionado con la actividad contable de una institución (como las partidas presupuestarias, las sanciones que no se cobran o las medidas que no se ejecutan), cuando se denuncia de manera “genérica”, corresponde a una actuación de auditoría reservada que no le compete. Y añade que hacerlo constituiría una “investigación prospectiva” no amparada por el marco legal.

El Ministerio Público matiza en el decreto que todo cambiaría si se denunciara una “inactividad concreta” de la ACPMN o de otro organismo público, supuesto en el que sí podría valorar si se ha cometido un delito. Sin embargo, en este caso, “visto los amplios términos en que se expresa la denuncia, no es posible apreciar la existencia de un genérico dolo existente en la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural encaminado a dejar, de forma voluntaria y consciente, de cumplir sus funciones, causando de manera deliberada un quebranto al patrimonio público”.

La cifra de las multas sin cobrar a las que se refiere la denuncia de Turcón fue revelada en un informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias. El órgano encargado de fiscalizar la gestión económica del sector público canario señaló en ese documento que existen “múltiples deficiencias en el procedimiento recaudatorio” de la ACPMN que dejan entrever “elementos indiciarios de que se está ocasionando un perjuicio al erario público”.

Casi la mitad del importe de las sanciones, 6,6 millones de euros, procede de ejercicios anteriores a 2018. Pero la pasividad se repite año tras año: 1,1 millones en 2021; 2,8 millones en 2022; y 3,8 millones en 2023. La Intervención General de la Comunidad Autónoma remarca que se trata de “una falta de seguimiento del proceso recaudatorio”.

Las infracciones medioambientales “muy graves” en las Islas caducan a los tres años de adquirir firmeza administrativa. Las “graves” y las “leves”, a los dos y uno, respectivamente. Así que es más que probable que una buena parte de las sanciones pendientes de cobro ya haya prescrito.

Poco después de conocerse el informe de la Audiencia de Cuentas, la ACPMN, adscrita a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, dirigida por Manuel Miranda (Coalición Canaria), anunció en la Cadena SER un “plan de choque” para cobrar las multas, con un “refuerzo del servicio” y un programa de actuaciones previsto para seis meses, dijo la directora de la ACPMN, Montserrat Ortega.

En agosto, siete meses después de aquellas palabras, la Agencia asegura estar “formando” ahora a una persona para que se centre “exclusivamente” en esta labor desde septiembre, así como al nuevo jefe de servicio cuando se incorpore. Fuentes del organismo detallan que ese aprendizaje “tiene que ver con el manejo de los programas contables para incorporar los datos de los expedientes, analizar su estado e impulsarlos”.

Esto último parecía imposible hasta hace apenas unos meses. La ACPMN llegó a reconocer a Canarias Ahora, a raíz de una solicitud amparada por la Ley de Transparencia que pedía conocer los nombres de las empresas sancionadas, que identificar a esas compañías supondría una carga de trabajo tan extraordinaria que directamente paralizaría su actividad.

La Agencia se escudó en que cuenta con un programa informático obsoleto que no ha digitalizado los listados de los procedimientos sancionadores y que tendría que realizar un “análisis administrativo expediente a expediente” (destacó que eran “miles”) a partir de la documentación física, lo que el órgano llama el “legajo correspondiente”.

Por otro lado, fuentes de la ACPMN defienden que ya existe un informe jurídico favorable que permite al órgano firmar un convenio con la Agencia Tributaria para que esta se encargue de la gestión recaudatoria. Aunque habrá que esperar a enero de 2027 para impulsarlo de manera definitiva.

Esas mismas fuentes añaden que los procedimientos sancionadores en fase voluntaria de pago ya han sido incorporados al sistema, mientras que los que se encuentran en “vía ejecutiva” están siendo enviados a la Agencia Tributaria “en situación de apremio”. Hasta ahora, aseguran, se han remitido multas por valor de dos millones de euros.

Los dos juzgados que investigan al dramaturgo Ramón Paso en sendos procedimientos por violencia sexual han acordado imponerle medidas cautelares, según informan a elDiario.es fuentes jurídicas. Desde el pasado julio, el director de teatro tiene prohibido realizar actividades docentes de cualquier tipo, públicas o privadas, con menores de edad. Además, los instructores de ambas causas le han impuesto la obligación de comparecer en los juzgados cada 15 días, le han prohibido salir de España y han acordado retirarle el pasaporte.

Paso tiene una causa abierta desde 2024 por presuntas agresiones sexuales a 14 mujeres de entre 18 y 25 años tras una denuncia de la Fiscalía y desde mayo está inmerso en otro procedimiento por supuesta violencia sexual contra una menor de 15 años a la que daba clases de interpretación. El Código Penal fija en los 16 años la edad de consentimiento sexual.

La abogada Luisa Estévez, que ejerce la acusación particular en ambos casos en representación tanto de la menor como de las 14 mujeres, ha declinado hacer declaraciones a elDiario.es. La defensa de Paso tampoco ha querido hacer comentarios sobre las medidas cautelares acordadas.

La imposición de estas medidas se produjo después de que el dramaturgo, de 50 años, fuera detenido el pasado 23 de mayo tras realizar tocamientos a esta menor en plena calle en Madrid. Una pareja que paseaba por el céntrico Paseo del Prado se percató de la situación y alertó a una patrulla de la Policía Municipal, que procedió a su detención en las inmediaciones de Cibeles. Paso se identificó como su profesor de teatro y amigo de la familia. En un primer momento, el caso fue asumido por un juzgado de violencia sobre la infancia y la adolescencia, que impuso a Paso una orden de alejamiento sobre la menor, pero le dejó en libertad sin medidas cautelares.

Posteriormente, la investigación pasó a un juzgado de violencia sobre la mujer de Alcorcón, que convocó a las partes a una vista de medidas cautelares a petición de la abogada de la menor, que llegó a reclamar su entrada en prisión provisional sin fianza. Durante la comparecencia, el dramaturgo negó haber agredido sexualmente a la menor y aseguró que entre ellos había una relación de mentor-discípula, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Tras esa vista, el magistrado acordó la suspensión de actividades docentes de cualquier tipo públicas o privadas con menores de edad, le impuso la obligación de comparecer ante ese juzgado los días 1 y 15 de cada mes y acordó la prohibición de salir del territorio nacional con retirada del pasaporte. También extendió la orden de alejamiento a los padres de la menor y le prohibió comunicarse con cualquier persona relacionada con ella.

El juez se basó en la exploración de la menor y en el testimonio de los testigos que presenciaron los tocamientos en la calle para acordar esas medidas con el amparo de la Fiscalía. En este procedimiento, el Ministerio Público no se adhirió a la petición de prisión provisional sin fianza realizada por la acusación particular, pero sí al resto de medidas solicitadas.

Cuando fue detenido en plena calle, la Policía se incautó del teléfono móvil del dramaturgo. El análisis de este terminal, así como el de la menor, será clave para el avance de la investigación, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Causa abierta en 2024

Tras la apertura del nuevo procedimiento y la imposición de las citadas medidas, la letrada de las 14 mujeres reclamó que se establecieran también medidas cautelares contra el investigado en el primer procedimiento abierto, que avanza de forma lenta desde hace dos años. Finalmente, la titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid se basó en el hecho de que Paso presuntamente había vuelto a delinquir —lo que se conoce como reiteración delictiva— para acordar su libertad provisional con la obligación de comparecer en sede judicial los días 9 y 23 de cada mes, así como la prohibición de salir del territorio nacional y la retirada del pasaporte.

También le prohibió realizar actividades docentes y artísticas con menores de edad en procesos de selección y formación teatral. La jueza rechazó la medida de alejamiento y prohibición de comunicación solicitada por la abogada que ejerce la acusación particular en representación de las 14 jóvenes.

En ese procedimiento ya han declarado todas las víctimas y está pendiente que lo haga el dramaturgo, una diligencia que tendrá lugar “próximamente”. Los delitos denunciados habrían tenido lugar durante formaciones de teatro y, en algunos casos, se prolongan hasta el año pasado. Las víctimas son jóvenes de entre 18 y 25 años a las que Paso daba clases de interpretación.

En la denuncia que dio origen al caso, adelantada por El País, la Fiscalía sostenía que el director de teatro usaba violencia e intimidación para convertir a mujeres jóvenes en “objetos de su placer sexual”. La denuncia recogió las prácticas violentas que presuntamente llevó a cabo con al menos 14 mujeres jóvenes, la mayoría en situación precaria, pertenecientes a familias desestructuradas o que estaban solas en Madrid.

“Les exigía que fueran sin ropa interior y llevaran las bragas en la mano para entregárselas”, podía leerse en el texto presentado por el Ministerio Público, que incluía presuntos delitos de agresión sexual, acoso sexual y hostigamiento, así como contra la integridad moral y coacciones.

Tras trascender la denuncia de la Fiscalía, el equipo de programación del Teatro Infanta Isabel de Madrid decidió suspender definitivamente la exhibición de la obra Jardiel Enamorado, que dirigía Paso. La decisión del equipo, la productora Lola Teatro y los actores llegó después de que el actor Pepe Viyuela, que participaba con un papel protagonista, abandonara la obra. “No quiero llamarle. No quiero seguir con la función. Me voy”, dijo el intérprete.

También el Teatro Reina Victoria retiró de su cartelera la obra Sueño de una noche de verano, dirigida por Paso. Jesús Cimarro, fundador del grupo Pentación —propietario del Teatro Reina Victoria entre 2020 y 2025— aseguró que no volvería a programar “ningún espectáculo” de Paso hasta que hubiera una sentencia de este caso.

Además, asociaciones y profesionales de la dirección, producción y actuación mostraron su apoyo a las víctimas. Sin embargo, Paso no dejó de ejercer de profesor de teatro, ya que continuó con su actividad a través de la compañía Pasoazorín Teatro, que dirige junto a la actriz Ana Azorín. Ella fue una de las cinco compañeras del grupo de teatro que defendieron públicamente al dramaturgo cuando salieron a la luz las primeras denuncias.

La Fiscalía de la Comunitat Valenciana incoa diligencias de investigación preprocesal sobre la supuesta filtración de información sobre una investigación contra la trata de personas, de la que se jactó un diputado de Vox en las Corts Valencianes. A raíz de una denuncia del PSPV, que trasladó la sesión parlamentaria, el Ministerio Fiscal entiende que la competencia es de la Fiscalía de la Comunidad Valenciana y designa a un fiscal instructor para el caso.

Los socialistas llevaron a la Fiscalía Provincial la grabación de una sesión parlamentaria en la que un diputado de Vox contaba, cazado por un micro abierto en un receso, que unos datos sobre la situación personal de unos investigados los había obtenido porque se lo había dicho “la fiscal”. David Muñoz, en conversación con su compañero de partido Jesús Albiol, le dijo: “¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? Lo sé porque me lo ha dicho la fiscal”, conversación que captaron los micrófonos de la Cámara y se retransmitió por streaming en el canal de Youtube del Parlamento Valenciano.

En su intervención en la comisión, Muñoz dijo que la “concentración demográfica”, en referencia a la inmigración, “se ha convertido en caldo de cultivo para la delincuencia y el asentamiento de estructuras de crimen organizado”, para hablar de una trama contra la trata con fines de explotación laboral desmantelada en Nules. Cuando un diputado de Compromís preguntó quiénes eran los principales “beneficiarios” de esa trama, el diputado de Vox dijo que “todos pakistanís” y estaban “todos en proceso de regularización por las instrucciones del Gobierno de España”, en una intervención en la que buscaba vincular inmigración y delincuencia.

Posteriormente, la presidenta de la Cámara y diputada de Vox, Llanos Massó, aseguró que se trataba de una broma y que la información sobre la nacionalidad la había facilitado la Guardia Civil. En el comunicado de prensa sobre la operación, conjunta con la Fiscalía contra la trata de Castellón y la Inspección de Trabajo, no se hacía referencia al proceso de regularización. Sí se señaló que las víctimas “carecían de cualquier documentación que regularizara su situación, lo que incrementaba su vulnerabilidad” y que a los detenidos se les acusa de “favorecimiento de la inmigración irregular”.

El PSPV llevó esta intervención a la Fiscalía Provincial. “Nos pareció muy grave”, señala el portavoz socialista José Muñoz, que ha desvelado este jueves la apertura de diligencias. Los socialistas depositaron la grabación; es decir, trasladaron los hechos concretos, sin apuntar a nadie en la denuncia. La Fiscalía Provincial valenciana incoó un expediente gubernativo y, tras examinar las competencias, lo traslada a la Fiscalía de la Comunitat Valenciana, que ha abierto diligencias y designado un fiscal instructor.

De igual modo, Compromís presentó un escrito ante la inspección de la Fiscalía General del Estado, que también ha incoado un expediente gubernativo, un trámite de análisis previo para valorar si se inicia un expediente sancionador.

La Fiscalia de Balears ha obert diligències contra el vicepresident segon del Consell de Mallorca i dirigent de Vox, Pedro Bestard, pel suposat ús suposadament fraudulent de vehicles oficials de la institució insular.

La investigació parteix d'una denúncia presentada pel Grup Socialista al Consell centrada en la presumpta comissió dels delictes de malversació de cabals públics, prevaricació i falsedat documental, tal com ha avançat aquest dimarts el diari Última Hora i han confirmat a elDiario.es fonts pròximes al cas.

Els socialistes acusen el vicepresident d'haver utilitzat de manera “sistemàtica i reiterada” diversos vehicles del Consell per a usos privats i, en determinats moments, d'haver disposat d'aquests de manera exclusiva, generant despeses de combustible, manteniment i altres consums a càrrec de la institució i sense autorització.

No debades, el conflicte va esclatar després que transcendís que diversos dels cotxes oficials utilitzats per Bestard havien estat vistos estacionats al seu domicili particular. La presència dels vehicles fora de les dependències del Consell va obrir els primers dubtes sobre l'ús que el vicepresident feia dels mitjans públics. Bestard va defensar llavors que no es tractava d'un ús personal i va justificar que, quan la seva jornada acabava tard o tenia diversos actes, els duia a casa “per economia de recursos”. En la seva compareixença posterior també va reconèixer que hi acudia a curses hípiques i a reunions que no figuraven en la seva agenda.

La denúncia reclama a la Fiscalia que investigui l'ús que Bestard va fer dels vehicles adscrits al seu departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports i que determini si els desplaçaments i les despeses derivades de la seva utilització es van ajustar a la normativa. Així mateix, sol·licita que prengui declaració a diversos responsables del Consell, entre ells la Secretaria Tècnica del departament que dirigeix Bestard, la Secretaria Tècnica de Presidència, el secretari general i la interventora de la institució insular.

També reclama que s'incorpori a la investigació tota la documentació relacionada amb els vehicles oficials utilitzats per Bestard, inclosos els expedients administratius, els registres de desplaçaments, els consums de combustible, les factures de manteniment i els sistemes de geolocalització. Els socialistes han demanat expressament a la Fiscalia que requereixi al Consell el registre de tots els desplaçaments realitzats per Bestard amb vehicles oficials.

Almenys 20 desplaçaments fora d'agenda

La investigació del Ministeri Públic es produeix després que el mateix Consell encarregués un informe intern per aclarir l'ús d'aquests vehicles. Aquesta anàlisi va detectar almenys 20 desplaçaments realitzats entre maig de 2025 i abril de 2026 que constaven en els registres dels cotxes però no apareixien a l'agenda pública del vicepresident, a més de constatar que Bestard utilitzava de manera exclusiva tres vehicles adscrits al seu departament.

L'informe intern va concloure que aquesta conducta “no és apropiada”, encara que va considerar que no es podia determinar de manera categòrica que hagués existit un ús indegut dels cotxes. El Consell va decidir finalment no adoptar mesures contra el vicepresident i va anunciar que regularia mitjançant una nova instrucció l'ús dels vehicles oficials.

Ara serà la Fiscalia la que determini si existeixen indicis suficients de responsabilitat penal i si els fets denunciats pel PSOE poden encaixar en els delictes que planteja la seva denúncia.

Bestard, per la seva banda, ha defensat en compareixences anteriors que mai no va utilitzar els cotxes oficials amb finalitats personals i ha atribuït els desplaçaments qüestionats a la seva activitat institucional. També va justificar que, en determinades ocasions, els vehicles romanguessin al seu domicili quan acabava tard la seva jornada “per economia de recursos” i va reconèixer que alguns desplaçaments no quedaven registrats a la seva agenda.

La Fiscalía de Balears ha abierto diligencias contra el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y dirigente de Vox, Pedro Bestard, por el supuesto uso supuestamente fraudulento de vehículos oficiales de la institución insular.

La investigación parte de una denuncia presentada por el Grupo Socialista en el Consell centrada en la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental, tal como ha adelantado este martes el diario local Última Hora y han confirmado a elDiario.es fuentes próximas al caso.

Los socialistas acusan al vicepresidente de haber utilizado de manera “sistemática y reiterada” varios vehículos del Consell para usos privados y, en determinados momentos, de haber dispuesto de ellos de manera exclusiva, generando gastos de combustible, mantenimiento y otros consumos con cargo a la institución y sin autorización.

No en vano, el conflicto estalló después de que trascendiera que varios de los coches oficiales utilizados por Bestard habían sido vistos estacionados en su domicilio particular. La presencia de los vehículos fuera de las dependencias del Consell abrió las primeras dudas sobre el uso que el vicepresidente hacía de los medios públicos. Bestard defendió entonces que no se trataba de un uso personal y justificó que, cuando su jornada terminaba tarde o tenía varios actos, se llevaba los vehículos a casa “por economía de recursos”. En su comparecencia posterior también reconoció que acudía con ellos a carreras hípicas y a reuniones que no figuraban en su agenda.

La denuncia reclama a la Fiscalía que investigue el uso que Bestard hizo de los vehículos adscritos a su departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes y que determine si los desplazamientos y gastos derivados de su utilización se ajustaron a la normativa. Asimismo, solicita que tome declaración a varios responsables del Consell, entre ellos la Secretaría Técnica del departamento que dirige Bestard, la Secretaría Técnica de Presidencia, el secretario general y la interventora de la institución insular.

También reclama que se incorpore a la investigación toda la documentación relacionada con los vehículos oficiales utilizados por Bestard, incluidos los expedientes administrativos, los registros de desplazamientos, los consumos de combustible, las facturas de mantenimiento y los sistemas de geolocalización. Los socialistas han pedido expresamente a la Fiscalía que requiera al Consell el registro de todos los desplazamientos realizados por Bestard con vehículos oficiales.

Al menos 20 desplazamientos fuera de agenda

La investigación del Ministerio Público se produce después de que el propio Consell encargara un informe interno para esclarecer el uso de estos vehículos. Ese análisis detectó al menos 20 desplazamientos realizados entre mayo de 2025 y abril de 2026 que constaban en los registros de los coches pero no aparecían en la agenda pública del vicepresidente, además de constatar que Bestard utilizaba de manera exclusiva tres vehículos adscritos a su departamento.

El informe interno concluyó que esa conducta “no es apropiada”, aunque consideró que no podía determinarse de forma categórica que hubiera existido un uso indebido de los coches. El Consell decidió finalmente no adoptar medidas contra el vicepresidente y anunció que regularía mediante una nueva instrucción el uso de los vehículos oficiales.

Ahora será la Fiscalía la que determine si existen indicios suficientes de responsabilidad penal y si los hechos denunciados por el PSOE pueden encajar en los delitos que plantea su denuncia.

Bestard, por su parte, ha defendido en anteriores comparecencias que nunca utilizó los coches oficiales con fines personales y ha atribuido los desplazamientos cuestionados a su actividad institucional. También justificó que en determinadas ocasiones los vehículos permanecieran en su domicilio cuando terminaba tarde su jornada “por economía de recursos” y reconoció que algunos desplazamientos no quedaban registrados en su agenda.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido a un juzgado de Madrid cuatro denuncias presentadas en las últimas semanas en relación con la adquisición por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo en el barrio de Chamberí de Madrid por 6,3 millones de euros. Así consta en un decreto fechado este lunes, al que ha tenido acceso elDiario.es, y en el que el teniente fiscal José Luis García-Juanes ordena el archivo de las diligencias “preprocesales” abiertas en el Ministerio Público al constatar que esos hechos “están siendo ya objeto de investigación judicial”.

Se trata de las diligencias abiertas después de que el partido extraparlamentario Iustitia Europa presentara el pasado jueves una denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Madrid para que se investigara la adquisición de ese inmueble, que iba a utilizarse para “reuniones” y que finalmente será puesto en venta por 6,69 millones. La compra se llevó a cabo a través de la empresa pública Planifica Madrid. El asunto ha recaído en el juzgado de instrucción número 8 de Madrid, que ya ha abierto diligencias aunque no se ha pronunciado sobre la admisión de la denuncia, de acuerdo a las fuentes consultadas.

La resolución de la Fiscalía fundamenta el archivo de las diligencias “preprocesales” abiertas en el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y en la Circular 2/2022 de la Fiscalía General del Estado, que establecen el carácter subsidiario de la investigación del Ministerio Fiscal respecto a la judicial. Según esta regulación, los fiscales deben cesar de inmediato en sus diligencias en cuanto tengan conocimiento de la existencia de una causa judicial en curso para evitar “cualquier duplicidad”. Por ello, los “escritos y documentación” de los denunciantes serán remitidos al citado juzgado.

Según el decreto, en la Fiscalía Provincial de Madrid se han recibido en las últimas semanas denuncias de tres particulares y del PSOE, que denunció al consejo de administración de la empresa pública Planifica Madrid tras el escándalo del ático por posibles delitos de prevaricación y malversación. Tal y como adelantó elDiario.es, en la transacción se exigió a la parte vendedora del inmueble un acuerdo de confidencialidad con carácter previo a la adquisición.

Por su parte, la denuncia de Iustitia Europa solicitaba que se investigara si la operación pudo constituir malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, administración desleal de patrimonio público o cualquier otro delito que resulte de la instrucción.

La formación exigía que se requiriera el expediente completo de compra, los informes de necesidad, tasación, legalidad urbanística, financiación, así como los acuerdos de Planifica Madrid. También solicitaba que se investigara la posible intervención de la Consejería de Presidencia y se solicitara documentación sobre las obras de la Real Casa de Correos, la comisión inmobiliaria, los costes fiscales y la posterior decisión de venta.

La madre biológica de Miranda M.M., de cinco años, ha alegado en el juzgado que su intención inicial no era sustraer a la menor del punto de encuentro del centro de la administración del Principado de Asturias, donde se llevaba a cabo una visita supervisada por una educadora, pero decidió escapar con la niña cuando le comunicaron que se despidiera de ella ya que “no iba a volver a verla porque la iban a dar en adopción”.

Su alegato no ha convencido a la Fiscalía que solicitó ante la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Oviedo/Uviéu, plaza número 3, su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. La petición fiscal ha sido acogida y la mujer ya se encuentra ingresada en el Centro Penitenciario de Asturias.

La Fiscalía apreció la existencia de riesgo de fuga y consideró que la medida de internamiento era necesaria para proteger los bienes de la niña, a la que se considera que “se ha ocasionado una alteración en su estabilidad física y psíquica”.

La alerta ante posibles altercados

Poco después de su traslado a prisión, la abuela materna alertó a los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado de que estaba siendo víctima de amenazas por parte de la familia paterna. Según su versión, acusaban a la familia materna de “no haber sabido esconder bien a la niña”.

Agentes de la Guardia Civil se desplegaron por el poblado donde el pasado viernes fue localizada la menor, para prevenir posibles incidentes, si bien a última hora no se habían registrado altercados.

El rapto y la detención del padre

La menor permanecía en paradero desconocido desde el pasado mes de abril cuando los padres biológicos acudieron al punto de encuentro fijado por la administración regional para visitar a la niña. En el transcurso de la visita, de forma totalmente inesperada, la educadora fue empujada y los progenitores abandonaron de forma precipitada el centro llevándose con ellos a la niña.

A lo largo de estos casi cuatro meses se ha llevado a cabo una intensa búsqueda de la menor y su imagen ha sido difundida en carteles por la asociación SOS Desaparecidos.

Entre otras actuaciones, el padre fue detenido acusado de su presunta participación en la desaparición de la niña. En un primer momento, él culpó a la madre biológica de ser la presunta autora del rapto. Posteriormente, el hombre fue puesto en libertad.

El arresto de la madre y un hermano

En un operativo policial especial desplegado el pasado viernes en el poblado fue localizada la menor, tras un registro caseta a caseta. En una de ellas estaba la niña junto a su madre biológica y un hermano, también menor de edad.

En este vídeo que reproducimos a continuación, difundido por la Policía Nacional, se puede ver el operativo desplegado en el poblado ubicado en las inmediaciones del Polígono de Silvota, donde ha sido localizada la menor.

La investigación ha corrido a cargo de integrantes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Oviedo/Uviéu, que ha contado con la colaboración de unidades de la Jefatura Superior de Asturias y de los Servicios Centrales de la Policía Nacional.

La coordinación permanente con el órgano judicial, la Fiscalía de Menores y la Consejería de Servicios Sociales del Principado de Asturias ha sido clave para garantizar la protección de Miranda.

El 'boicot' a la investigación

Fuentes policiales han confirmado que la familia biológica de la menor ha estado entorpeciendo continuamente las labores de investigación.

Tras ser detenida, la madre pasó a disposición judicial y desde ayer se encuentra ingresada en la cárcel de Asturias. Su hijo ha pasado este lunes a disposición de la Sección de Menores de la Fiscalía y, en principio, “va a quedar bajo la supervisión de dos de sus abuelos mientras se tramita el procedimiento”, según ha confirmado un portavoz de la Fiscalía asturiana.

El estado de la niña

El abogado José Manuel Álvarez, que ejercita la defensa de la madre, ha asegurado que su representada nunca tuvo intención de secuestrar a su hija y que su reacción se debió al temor de no volver a verla después de que le anunciaran que iba a ser dada en adopción.

Miranda llevaba conviviendo 18 meses con una familia de acogida cuando fue sustraída del punto de encuentro. La defensa de la madre sostiene que el mismo atestado policial recoge que al ser localizada presentaba buen estado de salud.

Riesgo de fuga

Distinta versión aprecia la Fiscalía que pidió el ingreso en prisión de la madre por varias circunstancias: por un lado, en la existencia de riesgo de fuga de la mujer, dado lo elevado de la pena que se le podría imponer, en caso de condena, en principio por un delito recogido en el artículo 225 bis del Código Penal que castiga al progenitor que, sin causa justificada, sustrae a su hijo menor de edad, sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo del procedimiento, así como para proteger los bienes de la menor a la que, según su criterio, se le ha ocasionado “una alteración en su estabilidad física y psíquica”.

La Fiscalía actuará si hay comunidades autónomas que rechazan, muestran reticencias o retrasan la recepción de los menores que le corresponden por reparto solidario tras la crisis de Ceuta. Así lo recoge un decreto firmado este viernes por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que recoge instrucciones precisas para garantizar la “protección” de estos niños y adolescentes en los territorios de origen y de destino de los traslados.

El texto establece que, en caso de rechazo, el fiscal delegado de menores del territorio de destino hará un requerimiento urgente bajo la advertencia legal de las “posibles responsabilidades que pudieran deducirse” en virtud del real decreto sobre menores migrantes no acompañados y, en su caso, ejercerá las “acciones que correspondan”.

El Gobierno anunció esta semana una partida extraordinaria de 25 millones de euros dedicados a la atención de los niños y adolescentes que se encuentran solos en Ceuta. No obstante, todavía se está filiando a los menores y no hay una distribución adjudicada.

El PP asume que las autonomías cumplirán la ley para el reparto de menores de Ceuta, pero la futura distribución solidaria de los niños y adolescentes en la red de acogida de las comunidades autónomas anticipa un conflicto en los territorios en los que gobierna en coalición con Vox (Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y León). Vox ocupa las vicepresidencias de las cuatro, además de ostentar competencias de servicios sociales en varias de ellas, y ya ha manifestado su negativa.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, afirmaba este miércoles que todos los ejecutivos en los que esté Vox se opondrán “a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez” porque “lo ocurrido en Ceuta es una invasión”. Desde el Gobierno han recordado que, en cualquier caso, las comunidades no pueden negarse y lo único que sí podrían hacer es recurrir cada expediente, algo que podría retrasar los traslados unos pocos días.

Pautas de actuación

En este contexto, la fiscal general ha firmado un decreto con pautas de actuación para coordinar a los fiscales delegados de menores. El protocolo establece obligaciones específicas de información y coordinación entre las fiscalías de los territorios de origen y de destino de los traslados.

Así, el fiscal del lugar de procedencia tiene el deber de informar detalladamente a la fiscalía de destino sobre la identidad de los menores reubicados, especificando de forma clara si su expediente de determinación de edad ya está concluido o si continúa en trámite.

La fiscalía del territorio de destino, por su parte, debe abrir diligencias preprocesales o un expediente gubernativo para vigilar y controlar que la autonomía correspondiente presta una atención inmediata y asegura una acogida idónea para los menores. Además, el fiscal mantendrá en todo momento la función de vigilancia y control sobre estas medidas.

En caso de que la comunidad de destino “rechace o muestre reticencias” para acoger a los menores que le corresponden por reparto o se niegue a facilitar información sobre el recurso residencial de acogida, se realizará un requerimiento bajo la advertencia legal de las “posibles responsabilidades que pudieran deducirse” en virtud del real decreto sobre menores migrantes no acompañados y, en su caso, ejercerá las “acciones que correspondan”.

El Fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria, Carlos Yáñez, ha recibido en la sede de la Fiscalía a representantes de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) y de diversas organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la memoria democrática para exponer la revindicación de los colectivos y explorar la posibilidad de que la Ley de Memoria Democrática aborde también la situación de las víctimas saharauis.

Durante el encuentro se expusieron las consecuencias que supone que las graves vulneraciones de derechos humanos cometidas en el Sáhara Occidental, cuando este territorio se encontraba bajo administración española, queden fuera del ámbito de aplicación de la norma.

La reunión -desarrollada en un clima de diálogo y colaboración institucional, según las partes- permitió un intercambio de impresiones sobre esta cuestión y constató la conveniencia de seguir profundizando en el análisis de una situación que las entidades consideran contraria al espíritu de la Ley de Memoria Democrática, al impedir que las víctimas saharauis puedan acceder a los mecanismos de reconocimiento, verdad, justicia y reparación previstos en la misma.

Las organizaciones asistentes valoran muy positivamente la receptividad mostrada por el Fiscal Yáñez y consideran este encuentro “un primer paso en un proceso de trabajo encaminado a favorecer que los principios que inspiran la Ley de Memoria Democrática alcancen también a las víctimas saharauis, desde el respeto a los cauces institucionales y al ordenamiento jurídico”.

Entre las personas asistentes se encontraban el presidente de AFAPREDESA, Abdeslam Aomar, autor del informe 'Saharauis. Las otras víctimas del franquismo y postfranquismo. Memoria, desmemoria y responsabilidades del Estado español', publicado por el Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) con el apoyo de Euskal Fondoa; Eugenio Sánchez, miembro fundador de AFAPREDESA; los presidentes de Cantabria por el Sáhara y Alouda Cantabria, Gabriel Herrería y Ángel Oria, respectivamente; Raúl Conde, vocal de Derechos Humanos y Territorios Ocupados de Cantabria por el Sáhara, la presidenta de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara), Maite Isla; Javier Noriega, del Observatorio Cántabro para los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental; y Javier Merino, de la asociación memorialista Desmemoriados.