La fiscal Begoña García Boró ha solicitado la absolución de David Sánchez en un alegato en el que ha cargado contra las “conjeturas” en las que, a su juicio, se basan el Partido Popular y las acusaciones ultras que sustentan la causa contra el hermano del presidente del Gobierno. También ha defendido el papel de la Fiscalía “en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público” tras las críticas recibidas por parte de las acusaciones populares, que han calificado de “virulenta” la “defensa” que, a su juicio, ha realizado del familiar del jefe del Ejecutivo. La Fiscalía también pide la absolución del expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo y de los otros nueve acusados.

Respecto al objeto del procedimiento, la representante del Ministerio Público ha asegurado que en los escritos de las acusaciones populares no concretan “ningún acto de influencia” o de “presión” que motivara la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017. Y que, ante ese vacío, han tratado de “construir” durante el juicio esas “influencias de personas indeterminadas que no están ni siquiera en ese procedimiento”, en una posible alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, citado de forma reiterada por los letrados de la acusación popular. 

En el momento de crear la plaza (octubre de 2016), Pedro Sánchez ya había dimitido como secretario general del PSOE en el polémico comité federal del 1 de octubre y cuando se activó el proceso de selección aún no se habían celebrado las primarias que le enfrentaron a Susana Díaz y que acabó ganando. Aún faltaba un año para que el Congreso aprobara la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez tenía, cuando se creó la plaza, nulo poder orgánico o político.

Por otro lado, la representante del Ministerio Público ha defendido que no ha quedado acreditado que en el músico “no concurrieran las habilidades y los méritos exigidos en el contrato”. “No hay ninguna prueba de que se haya determinado de una forma grosera, arbitraria, injusticia y legal el nombramiento de David Sánchez como coordinador de las actividades de los conservatorios de música de Badajoz”, ha aseverado. 

La fiscal también ha mantenido, asimismo, que está “documentalmente acreditado” que David Sánchez ejerció su actividad: “Queda acreditado que desempeñó sus funciones, que tenía despacho, que acudía de la forma que se tendría que acudir, que tenía relaciones con los directores de los conservatorios”.

La fiscal se ha referido a los interrogatorios tanto del secretario general como del interventor, que defendieron que el expediente pasó por sus manos y que “no les suscitó ninguna sospecha ni reparo”. La representante del Ministerio Público ha recordado que ambos son funcionarios de la Administración General del Estado, después de que el PP y las acusaciones ultra trataran de atacar la credibilidad de los testigos que contradicen las tesis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. 

“Son funcionarios habilitados de carácter nacional. No están aquí designados de forma arbitraria, no han concurrido a una oposición de la Diputación, han concurrido a una oposición nacional. No podemos dudar de la veracidad ni poner entredicho lo que aquí se ha declarado y el ejercicio leal de sus funciones”, ha aseverado la fiscal. 

También se ha referido a Francisco Serrano, el representante de CSIF en la Mesa de Negociación de la Diputación pacense que se opuso a la creación de dicha plaza. Según la fiscal, su desacuerdo se debió que quería que fuera ofertada en el ámbito interno de la Administración, no a la generalidad de los ciudadanos“. En este sentido, la fiscal ha mantenido que no hubo ”ninguna alegación, reclamación, advertencia, ni siquiera un recurso posterior“ por parte de los diputados de otros partidos que conformaban el pleno de la Diputación sobre la creación del puesto. 

“¿Se va a condenar a un señor por un chascarrillo?”

Por la tarde ha sido el turno de los informes de las defensas. Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, ha reclamado la absolución de su cliente, que se enfrenta a una petición de hasta seis años de cárcel por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017. En una intervención que se ha prolongado durante algo más de media hora, el letrado ha defendido que no hay pruebas de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias que se le atribuyen al hermano del presidente del Gobierno. 

Así, ha desdeñado que sea una prueba la inclusión de la palabra “hermanísimo” en el asunto del correo que el exdirector del Conservatorio Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, envió el 19 de mayo de 2017 a la entonces directora del Conservatorio Profesional, Yolanda Sánchez, con las bases del proceso de selección, que se hicieron públicas ese mismo día. Ante el tribunal, Valentí dijo que usó ese calificativo porque era “llamativo”, si bien negó que hubiera rumores de amaño de la plaza. 

“¿Se va a condenar a un señor por un chascarrillo que han creado los demás? ¿De verdad que en esas estamos?”, se ha preguntado Cortés, quien en otro momento de su informe ha preguntado directamente a los magistrados si con la “prueba practicada” están en condiciones de decir si se produjo la “presión moral eficiente” que requiere la jurisprudencia para determinar que ha existido un delito de tráfico de influencias. 

El letrado también ha tenido palabras para el Partido Popular y el resto de acusaciones ultra que sustentan la causa, a quienes ha atribuido un “sesgo” absolutamente “unívoco”. “Aquí se acabaron las conjeturas, las filtraciones interesadas, el interés de los medios de comunicación, incluso las ganas de poder derrotar a un Gobierno”, ha aseverado el letrado, quien ha cuestionado el intento de las acusaciones populares de caricaturizar a la Diputación de Badajoz como si de una “banda facinerosa” se tratara y a su cliente como el toro de Miura que “mató a Manolete”. 

Se ha referido, asimismo, al intento de las acusaciones populares de atacar la credibilidad de los funcionarios, técnicos y peritos que, en las últimas sesiones, han puesto en entredicho las deducciones incriminatorias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “No sé qué razón hay para poner de manifiesto la vieja máxima de que si no me gustan los testigos, los tiro, que es lo que han dicho aquí, que si tienen miedo, que si tienen represalias, que si mintieron... Si esto fuera así, ganaríamos los pleitos todos los letrados siempre”, ha aseverado.

La defensa de Gallardo carga contra Balas

Previamente había tomado la palabra Juan José Torres Ventosa, el abogado del expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, acusado de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en esa institución. En su informe, el letrado ha cargado contra los informes de la UCO de la Guardia Civil que señalan a Gallardo como el presunto instigador político de las supuestas maniobras para que el músico obtuviera la plaza. 

Torres Ventosa ha afirmado que el teniente coronel de la UCO Antonio Balas hizo en el tribunal una “valoración” de sus atestados que “no coincide o se aparta” de lo recogido en los atestados realizados por esa unidad del instituto armado. En esos informes policiales, la UCO aseguraba desconocer de quién fue la decisión de crear la plaza y, sin embargo, en el juicio señaló directamente a Miguel Ángel Gallardo por una “visión holística” de los oficios y atestados incluidos en la investigación. 

El letrado ha rebatido la tesis expresada por este mando policial, según la cual como el diseño final de la plaza no se parecía a las conversaciones preliminares que había habido en el área de Cultura y el área de Recursos Humanos “carece de autoridad empaque o fuerza suficiente para imponer un diseño determinado”, era “evidente” que la orden debía venir de la presidencia y, por tanto, de Gallardo. 

El director de la estación invernal Valgrande-Pajares, Javier Martínez, ha presentado su dimisión tras meses de desencuentros con el Gobierno del Principado, según ha adelantado el diario La Nueva España.

Martínez, que lleva tiempo denunciado problemas de seguridad en la estación invernal, incluso en la Junta General del Principado, ha vinculado su renuncia a la presión sufrida y a un expediente sancionado que considera “injustificado”.

Pedir explicaciones

Tras la dimisión, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha advertido de que lo ocurrido con la estación invernal es “una vergüenza” tal y como denuncian los propios usuarios, y ha urgido a la consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, a dar explicaciones.

El diputado de Vox Javier Jové ha acusado a la consejera de haber forzado la dimisión de Martínez “tras desatar una campaña de acoso” y “una auténtica cacería” contra su persona.

Enfrentamientos con el Principado

Por su parte, el parlamentario del Grupo Mixto y secretario general de Foro, Adrián Pumares, ha denunciado que la Dirección General de Deportes haya sido incapaz de resolver una crisis “tras meses de enfrentamientos con el Principado”.

Apertura de investigación

La Fiscalía del Principado de Asturias presentó el pasado mes de marzo ante el Tribunal de Instancia de Lena una denuncia contra el jefe de explotación Valgrande-Pajares al apreciar indicios de un delito contra la seguridad en el trabajo en el desempeño de su actividad profesional.

La denuncia fue consecuencia de unas diligencias de investigación desarrolladas por la Fiscalía asturiana después de que el director de la estación, Javier Martínez, trasladara al fiscal el pasado 26 de febrero unos hechos que, a su juicio, podrían ser constitutivos de infracción penal.

La investigación del presunto soborno cometido por Alberto González Amador a un directivo del Grupo Quirón permanece detenida antes de arrancar. Los requerimientos de la Unidad Central Operativa (UCO) al juez Antonio Viejo para que le autorice a acceder a las cuentas bancarias y a la información societaria de la pareja de Isabel Díaz Ayuso cumplen seis meses sin que el magistrado instructor se haya prestado a autorizarlos, informan a elDiario.es fuentes próximas al caso. 

Las últimas semanas de retraso son especialmente llamativas. A instancia de los investigadores, el juzgado de Instrucción número 19 de Madrid albergó una reunión el pasado 30 de abril entre el magistrado Viejo, una representación de los agentes de la UCO y el fiscal del caso. En ese encuentro, Viejo se comprometió a librar los oficios en el plazo de una semana. Un mes y una semana después sigue sin hacerlo. 

La operación ha sido bautizada ya por los agentes de la UCO como ‘Cirbelia’, en alusión a Círculo de Belleza S.L, la empresa cuya compra por González Amador supondría en realidad el pago encubierto de una comisión a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. 

Cuando se cumplieron tres meses sin que el juez Antonio Viejo contestara al requerimiento de la UCO para empezar a investigar, un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) trasladó a elDiario.es que el magistrado no había tomado posesión de su nuevo cargo hasta octubre de 2025 y que tuvo que “empezar de cero” revisando todas las causas. 

Según la citada explicación, el juez Viejo habría dado prioridad a las causas con preso o a otras de especial complejidad que afectaban al día a día de las víctimas, como las grandes estafas o las que tienen que ver con herencias. La entrada en vigor de la Ley de Eficiencia en los juzgados, que ha cambiado el modelo que regía los juzgados, habría redundado en ese retraso, alegaba el mismo portavoz. 

La primera jueza del caso, Inmaculada Iglesias, se jubiló el verano pasado. A finales de junio dictó un auto en el que ordenaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil actuar como policía judicial del caso debido a la complejidad que había adquirido el mismo. El cambio de titular en el juzgado, que instruye en estos momentos varias causas complejas, retrasó la investigación a Alberto González Amador. El nuevo juez, Antonio Viejo, se incorporó durante el mes de octubre. Hasta el 31 de ese mes no llegó a la UCO la primera parte de la información de la causa por corrupción en los negocios y administración desleal contra la pareja de Ayuso. Una semana después, el 6 de noviembre, el juzgado completó la remisión de documentos a la Guardia Civil, según los datos recabados por elDiario.es.

Ocultar un “soborno”

El empresario y comisionista Alberto González Amador compró en 2020 una sociedad sin apenas valor por medio millón de euros a Gloria Carrasco, una farmacéutica de León casada con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Los dos jueces del caso, la Fiscalía y la acusación popular sospechan que el precio de la sociedad se hinchó para ocultar un “soborno”. 

Dos son las líneas de investigación que se siguen en este sentido. La primera de ellas sostiene que Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, ostentaba otro cargo además del que tiene en la empresa sanitaria. Camino era consejero de una empresa gallega llamada Mape y habría intercedido para que esta comprara 42 millones de euros en material sanitario de protección a una sociedad catalana. Lo habría hecho sabedor de que esa empresa de Cataluña habría acordado previamente pagar una comisión a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de un 4,5% por cada venta que obtuviera. 

La compra de la sociedad de la mujer de Camino por parte de Alberto González Amador habría sido la forma de ocultar el porcentaje de la comisión que se llevaría el presidente de Quirón por haber facilitado la operación de compraventa de material sanitario desde su silla en el consejo de administración de Mape. Una cuarta parte de los 1.973.000 euros del pelotazo de González Amador, cerca de 500.000, habrían acabado de esta forma en el bolsillo de Camino. 

La segunda tesis que estableció la primera jueza del caso pasa porque ese medio millón de euros por esa sociedad, llamada Círculo de Belleza SL, podía corresponderse con el “soborno” de Alberto González Amador por el incremento de la facturación a Quirón Prevención, que preside Fernando Camino. La sociedad apenas había facturado 30.000 euros en el ejercicio que precedió a la venta y su capital consistía en tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil.

González Amador trabaja con esta división de la empresa sanitaria desde 2017, pero el año que comenzó su relación con Isabel Díaz Ayuso aumentó su facturación por cuatro. El Grupo Quirón es el gran beneficiado de la política de gestión privada de la sanidad pública que desarrolla el Gobierno de Ayuso, con casi 1.000 millones de euros públicos de facturación al año. 

Pese a los indicios recabados en la instrucción, a fecha de hoy solo han declarado en el juzgado por el presunto soborno Alberto González Amador y la antigua dueña de la empresa, Gloria Carrasco, la mujer del directivo de Quirón. Sus comparecencias presentaron serias contradicciones entre ellas, principalmente cuando intentaron dar cada uno su versión de por qué Círculo de Belleza, con tan poco valor, costó medio millón de euros. Esas discrepancias fueron el desencadenante para que la Fiscalía solicitara a la jueza dar un salto en la investigación en implicar a la UCO.

Instrucciones precisas de la primera jueza del caso

Según las fuentes consultadas por elDiario.es, la primera jueza del caso, Inmaculada Iglesias concretó a la UCO dónde quería que escarbara. La magistrada pidió en julio aclarar el “incremento patrimonial” de González Amador, un empresario con discretos resultados hasta que la comisión en 2020 disparó su carrera. Los agentes, detalló la jueza, deberían centrarse en analizar la obtención de esa comisión y el resto de ingresos de Alberto González Amador.

Inmaculada Iglesias es la jueza que instruyó la pieza principal, por el fraude fiscal de 350.951 euros de González Amador, y que abrió una pieza separada a petición de las acusaciones populares, que ejercen PSOE y Podemos. Al poder acceder a todo el expediente tributario, los abogados de los partidos encontraron indicios de otros delitos que trascendían el fraude fiscal. 

Poco antes de abandonar el juzgado por su jubilación, la jueza Iglesias dio una instrucción precisa para que la UCO escudriñara la operación de compra de Círculo de Belleza SL por parte de González Amador a Gloria Carrasco. Con posterioridad a la compra, la pareja de Ayuso rebautizó la empresa con el rimbombante nombre de Masterman & Whitaker. La Agencia Tributaria y la Fiscalía creen que utilizó la sociedad para facturar encargos de Quirón que en realidad realizaba su empresa principal, Maxwell Cremona SL, y obtener así ventajas fiscales de forma irregular. La jueza pedía a la UCO que le informara sobre el posible “uso instrumental” de sociedades de González Amador. 

Asimismo, la jueza Iglesias solicitó a la UCO el análisis de todos los flujos financieros relacionados con González Amador y su empresa así como un posible delito de blanqueo de capitales, precisan las fuentes consultadas. Esta última instrucción de la jueza ofrecía una pista de por dónde puede crecer el caso, ya que esa dinámica delictiva no había sido contemplada hasta ese momento por la jueza. Ocurre igual con la mención a la trama compleja en la que participó presuntamente González Amador y que podría derivar en una nueva imputación por integración en grupo criminal.

La lista de objetivos del grupo liderado por Leire Díez y amparado por Santos Cerdán era larga. Jueces, fiscales y guardias civiles que, de alguna manera, habían agraviado en algún momento al PSOE, al Gobierno o a los colaboradores de la trama y sobre los que los imputados buscaban trapos sucios. Uno de los nombres sobre el que más información buscaron es el de Alejandro Luzón, el fiscal jefe de Anticorrupción, al que querían “apartar de su puesto”, según algunos testigos. Para ello recurrieron sin éxito a dos fiscales con un historial de polémicas que quisieron usar como grieta: José Grinda e Ignacio Stampa. El primero era odiado por buena parte de los compañeros de viaje de Leire Díez y el segundo estaba famosamente enfrentado con la Fiscalía General del Estado.

Las referencias a esta actividad de la trama son abundantes a lo largo y ancho del sumario del caso y permiten ver las razones por las que Alejandro Luzón se había convertido, en palabras de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en un “objetivo”. La principal era el supuesto pacto entre Anticorrupción y Víctor de Aldama que había permitido su excarcelación en noviembre de 2024 tras un mes y medio en Soto del Real. El empresario había confesado su participación en el caso Koldo de corrupción y fue sacado de la cárcel por la trama de hidrocarburos en la que también estaba envuelto.

Esa maniobra, a tenor de los mensajes incautados por la UCO, era el principal motor para intentar obtener información comprometedora de Luzón. Pero para entonces la relevancia de su figura había trascendido con creces a la salida de prisión de Aldama, al menos para las personas que integraban el grupo de Leire Díez. Era el fiscal que impulsaba las diligencias, acusaciones y juicios contra José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Y otros integrantes y satélites del grupo también le tenían la matrícula cogida desde hacía años por impulsar causas contra Javier Pérez Dolset (Zed), Nervis Villalobos, Sandro Rosell o Gaspar Zarrías (ERE). Luzón, dijo Leire Díez a un guardia civil, era además “afín al PP” y sería, según sus vaticinios, fiscal general con Alberto Núñez Feijóo.

Alejandro Luzón Cánovas empezó su carrera como fiscal ejerciendo en Toledo, en 1989. Lo hizo mientras su padre, José María Luzón, ejercía como fiscal en el Tribunal Supremo e impulsaba, entre otras medidas, la condena del exministro del Interior José Barrionuevo y su alto cargo Rafael Vera por el terrorismo de estado de los GAL. Luzón hijo fue nombrado fiscal jefe Anticorrupción en 2017, el último año de Mariano Rajoy en la Moncloa, después del escándalo de Manuel Moix, y tomó posesión amadrinado por Consuelo Madrigal. El nombramiento fue incluso celebrado por los fiscales progresistas y se entendió como el fracaso del PP en su intento por controlar, a través de Moix, el departamento más delicado del Ministerio Público.

Para cuando fue puesto al frente de Anticorrupción, Luzón ya se había trazado un perfil de doble cara. Incisivo al denunciar el “pillaje” de los consejeros de Caja Madrid que habían gastado 12 millones con las 'tarjetas black', pero sin querer escalar al Banco de España y la CNMV el juicio fallido por la ruinosa salida a bolsa de Bankia. O impulsando las acusaciones en causas de corrupción como Gürtel o Púnica y firmando los decretos de archivo de las investigaciones abiertas al rey emérito.

En lo relativo a Leire Díez y su grupo, además de las escaramuzas particulares de cada uno de sus miembros con Anticorrupción, el foco estaba puesto en su actuación en el caso Koldo, facilitando la salida de prisión de Víctor de Aldama, reclamando rebajas de condena para el empresario y propiciando la entrada de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. “Leire y Dolset estaban interesados en apartar de su cargo al fiscal jefe Anticorrupción, ya que habría desobedecido órdenes de su inmediato superior al proponer la puesta en libertad de Víctor de Aldama”, resumió como testigo el empresario extremeño Joaquín Parra ante la Guardia Civil. Una declaración que desliza otro aspecto fundamental del perfil actual de Luzón: su alejamiento progresivo e irremediable con la Fiscalía General durante los últimos años.

El juego era doble. Leire Díez hizo creer al abogado de José Manuel Villarejo, el centro de las cloacas del caso Tándem, que la Fiscalía Anticorrupción pactaría con ellos, cuando en realidad pretendían tumbar a su líder y varios de sus fiscales. Y después puso en marcha su mayor habilidad: encontrar a gente cercana al objetivo con alguna grieta por la que pasar. Pusieron el foco en dos fiscales vinculados con Anticorrupción y con una polémica que explotar: José Grinda e Ignacio Stampa.

El pasado del fiscal Grinda

José Grinda superó la oposición para ser fiscal en 1993, poco después de Luzón, en una promoción en la que tuvo como compañeros a investigadores como Susana Gisbert, Pedro Horrach o Pilar Rodríguez. Ejerció en Gipuzkoa y Barcelona antes de entrar en Anticorrupción en 2005 y su nombre empezó a estar asociado a causas de gran relevancia pública. En 2010 un cable de WikiLeaks desveló que Grinda había vinculado a la mafia rusa con el Kremlin dos años antes. Estuvo al frente de la operación Emperador, impulsó el caso del 3% de corrupción en Cataluña, el caso contra la familia Pujol y propició la entrada en prisión del exministro venezolano Nervis Villalobos por blanqueo, entre otros muchos hitos.

Grinda también tenía un pasado. En 2009 había sido imputado por un juzgado de la localidad jienense de Alcalá la Real acusado de enviar vídeos sexuales a una menor de 15 años de edad. La denuncia había sido presentada por la madre de la chica después de que su hermano encontrara las conversaciones en su ordenador. La causa se archivó en 2013 cuando el juzgado, con el apoyo de la Fiscalía, entendió que Grinda no sabía que la joven con la que mantenía conversaciones sexuales era ampliamente menor de edad. La madre de la afectada no se había personado en el caso y las diligencias, con la retirada de la Fiscalía, se archivaron. El sobreseimiento libre y definitivo del caso, a petición de Grinda, llegó en 2017.

El asunto nunca se hizo público en aquellos años, pero revivió en 2019 cuando la joven, ya entonces mayor de edad, volvió a los tribunales para tener acceso a todo el contenido de la causa. Grinda se opuso y ya entonces pidió “ser protegido frente a usos torticeros y desviados de la información”, aludiendo a “posibles fines espurios dirigidos a destruir su reputación personal y profesional”. El Tribunal Constitucional dio la razón a la joven en 2022 y se reactivó entonces el proceso judicial pero por la vía civil, para reclamar una indemnización. Para entonces el asunto ya había trascendido aunque sin demasiada fuerza. Grinda, por ejemplo, consiguió que el Tribunal Supremo condenara a las hijas del polémico abogado fallecido Ignacio Peláez por llamarle “pederasta reincidente” en un programa de televisión.

Grinda era, según la UCO y la documentación interna, uno de los grandes objetivos de Leire Díez y sus colaboradores y no por si vinculación por causas que afecten al Gobierno. “Fiscales, sobre todo Grinda”, habían escrito ellos mismos en la lista de nombres. “A mí me hace mucha falta arrear a Grinda”, escribió Leire Díez en un mensaje de 2024. Las fechas en las que el grupo había decidido “empezar por Grinda”. El contacto se produjo en febrero de 2025 cuando, según la UCO y el propio Grinda, el periodista Pere Rusiñol –a quien el juez no considera como parte del entramado– le trasladó el ofrecimiento: un destino jugoso en el extranjero y la retirada de la demanda civil de la joven de Jaén a cambio de que Grinda les trasladase trapos sucios de su superior Alejandro Luzón y propiciase el cierre de multitud de causas judiciales delicadas.

En otro punto del sumario se recogen las anotaciones de Leire Díez sobre cómo pensaban hacer que la joven retirase la demanda, aunque no consta que se llegase a ejecutar: darle 300.000 euros, mucho más de lo que hipotéticamente podía pedir en esa demanda civil. El ofrecimiento, según las conversaciones y la testifical de la propia joven, no se llegó a producir ni fue trasladado como tal a Grinda.

El sumario revela lo que había pasado en los años anteriores con respecto a ese asunto que el grupo de Leire Díez había detectado como punto de entrada para negociar con Grinda. Su talón de Aquiles. La propia joven declaró ante la Guardia Civil como testigo y explicó que ya en 2021, cuando ya había acudido al Constitucional para tener toda la documentación de su caso, fue contactada por dos personas: Yohir Akerman y otro hombre llamado “Vytenis”. No dijeron de parte de quién venían, pero tenían documentación de su caso y se ofrecieron a llevárselo como abogados. De hecho, según la propia joven, costearon su defensa pagando a un abogado de Jaén de cara al juicio civil contra Grinda.

Ella no supo explicar a la Guardia Civil por qué lo hicieron ni de dónde habían sacado los papeles. Pero sí reveló que poco antes del juicio civil contra Grinda a mediados de 2025 estos dos hombres le presentaron a Leire Díez en Madrid. En otro punto distinto del sumario, los indicios sobre quién urdió esa visita apuntan al venezolano Nervis Vilallobos. “Hemos conseguido que la chica de Jaén se desplace a Madrid única y exclusivamente para verse contigo”, dijo Villalobos a Díez, sin reconocer si esos dos hombres que asesoraban a la joven y pagaban su abogado trabajaban bajo sus órdenes. También le indicó el hotel donde iban a reunirse y hablaron varias veces por mensaje de cómo se había desarrollado el viaje y de la opción de ponerle un abogado.

La propia joven completó el relato en su testifical ante la Guardia Civil. Una vez en Madrid Leire Díez le dijo que estaba “interesada” en su caso y en ayudarla contra Grinda. “Que intentaría ir a por él para que saliera a la luz el caso”. Al día siguiente, añadió, visitó la sede del PSOE en la calle Ferraz y mantuvo un encuentro con Santos Cerdán “donde hablaron exclusivamente del procedimiento judicial contra Grinda”. Era octubre de 2024 y las conversaciones reflejan un gran intercambio de mensajes en los meses siguientes entre Leire Díez y la joven.

Para cuando el periodista trasladó al fiscal Grinda el ofrecimiento de librarle de ese juicio faltaban menos de dos meses para la vista en un juzgado de Majadahonda y Leire Díez, por mediación de Nervis Villalobos –uno de los grandes detractores de Grinda– llevaba ya meses hablando con la joven. Y dos hombres, cuya vinculación con el exmandatario venezolano no han quedado claras todavía, habían incluso pagado su defensa.

El fiscal José Grinda recibió la propuesta del grupo y, tras declinar el ofrecimiento, le comunicó la situación a sus superiores, pocos meses antes de poner rumbo a Bolivia en un nuevo destino. Hubo un segundo intento de contacto con el grupo, esta vez a través del expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, al que habían llegado a través de Santos Cerdán, pero el sumario no refleja si se llegó a celebrar. Sí refleja lo que Díez y sus colaboradores querían decirle: “Ya has trasladado a terceras personas que tienes documentación de Luzón”.

La segunda vía: el fiscal Stampa

Los distintos sumarios judiciales que han indagado en la actividad de Leire Díez desvelan que encontró un segundo fiscal al que acceder para intentar llegar hasta los supuestos secretos de Luzón: Ignacio Stampa. Uno de los primeros responsables de la investigación contra Villarejo en Anticorrupción que denuncia, incluso a través de un libro, que fue purgado de ese departamento y apartado del caso por una represalia ejecutada por Dolores Delgado y su entonces mano derecha, Álvaro García Ortiz.

En su caso, la oferta llegó en un encuentro a finales de abril de 2025, después de las comunicaciones con Grinda. Fue entonces cuando Leire Díez afirmó que ella era “la persona que ha puesto el PSOE” para sacar a relucir todas las irregularidades judiciales de múltiples causas. Y siguiendo con el doble juego, le pidieron información comprometida de Luzón, del juez Manuel García-Castellón, pero también del propio Grinda: “Pretendían sacarme información o algún comentario que le desprestigiara”. A cambio le ofrecieron recuperar su puesto en la Fiscalía, algo que parecía sencillo de prometer, pero difícil de ejecutar: en ese momento el fiscal general era Álvaro García Ortiz, considerado por Stampa como su mayor rival.

Stampa también acudió a sus superiores en la Fiscalía de Madrid y ambos asuntos acabaron en un juzgado de la Plaza de Castilla a la espera de saber si ahora es el juez Santiago Pedraz, en la Audiencia Nacional, quien acumula todas las diligencias. Con Grinda destinado temporalmente a miles de kilómetros en Bolivia, Anticorrupción ha pedido a Pedraz que entre de lleno en su parte del caso y ponga en marcha varias diligencias: llamar a declarar a la joven que le denunció para que aclare su trato con la trama y, en paralelo, que los juzgados remitan la documentación del juicio que Leire Díez ofreció suspender a cambio de que le ayudara a tumbar a Alejandro Luzón.

Esta semana, respondiendo a un requerimiento del pasado 29 de mayo, el Ayuntamiento de Errenteri,a representado por su alcaldesa Aizpea Otaegi (EH Bildu) ha puesto a manos de la Ertzaintza y de la Fiscalía de menores toda la información relativa a las supuestas agresiones machistas por un profesor de Xenpelar Bertso Eskola a alumnas menores de edad. Aunque, por el momento, no hay ninguna denuncia formal presentada ante la Ertzaintza por este suceso. “El Ayuntamiento ha obrado en todo momento con transparencia. Desde que por primera vez en mayo el Ayuntamiento tuvo conocimiento de los hechos que se denunciaban relacionados con la Xenpelar Bertso Eskola, comenzó a tomar medidas para abordar un tema tan grave y delicado”, informan desde el Consistorio.

La declaración de Otaegi se ha producido concretamente este jueves a petición de la Fiscalía de Menores y el objetivo de esta ha sido verificar el contenido de las informaciones enviadas previamente a la Policía judicial. Según ha aclarado el Ayuntamiento de Errenteria en un comunicado, “la Fiscalía de Menores es la encargada de garantizar la adecuada protección de las personas menores y el objetivo, además de aclarar las informaciones recibidas, es ayudar a identificar posibles víctimas”. “El Ayuntamiento ha procedido en todo momento atendiendo a los deseos de las víctimas. El Ayuntamiento ha actuado en todo momento con transparencia y colaboración con la Ertzaintza y la Policía Judicial desde que, por primera vez en mayo, tuvo conocimiento de los hechos denunciados en relación con Xenpelar Bertso Eskola. En este sentido, es voluntad de la alcaldesa seguir colaborando con las diferentes instituciones de la Fiscalía, la Ertzaintza y los diferentes órganos de Igualdad de la Diputación, como ha hecho hasta ahora”, ha asegurado.

Entre las medidas tomadas para abordar este tema, el Ayuntamiento se ha reunido con padres y madres del alumnado para que tuvieran conocimiento de las acusaciones que había de manera directa, antes de que se hiciera público, reuniones con la Ertzaintza para “abordar la manera en la que las víctimas pueden denunciar los hechos de manera formal atendiendo a sus necesidades” y una reunión con el Órgano de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Departamento de Gobernanza del Gobierno vasco y Emakunde, para compartir información y hacer una primera valoración sobre los hechos y los pasos dados hasta el momento.

Además, se ha decretado la suspensión de la Bertso Eskola, ya que es un servicio municipal que el Ayuntamiento ofrece mediante la asociación Xenpelar Bertso Eskola Elkartea, adjudicataria del servicio. Se espera retomar sus servicios pero sin la persona acusada de las agresiones, cuya identidad por el momento no se ha hecho pública, aunque se conoce que además de profesor en Errenteria, ha dado clases de bertsolaritza en otras escuelas de Gipuzkoa.

El Ayuntamiento ha confirmado que contra el presunto agresor se interpuso una denuncia en 2018 por violencia machista en Bertsozale Elkartea. Según ha podido saber, en aquella ocasión desde la citada entidad “se acordaron con el agresor una serie de medidas con el objetivo de que el bertsolarismo fuera un espacio seguro para la persona agredida y no se repitieran hechos de ese tipo”, que suponían “su alejamiento absoluto del bertsolarismo”. Algo que no se ha producido. “No ha cumplido con los compromisos adquiridos y se ha repetido la misma dinámica: desde su posición de profesor ha utilizado indebidamente su relación de poder, ha manipulado y, en algunos casos, ha acosado y agredido”, ha denunciado desde Bertsozale Elkartea, quienes también culpan a la dirección de Bertso Eskola por haber permitido que el profesor siguiera dando clase.

Desde el Ayuntamiento han aclarado que no han tenido conocimiento del caso hasta que las víctimas se han atrevido a denunciarlo en el movimiento feminista y en Bertsozale Elkartea. “El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de todo esto ahora. En mayo. Cuando las víctimas han sido capaces de dar el paso de denunciar y han acudido para ello al movimiento feminista y a Bertsozale Elkartea. Y, consciente de la gravedad de la situación, el ayuntamiento ha tomado decisiones, desde el primer momento, el mismo mes de mayo. A partir de ahora nos enfrentamos a una gestión compleja y difícil: poner en marcha cuanto procedimiento y proceso sea necesario para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño que se ha causado a jóvenes, padres y madres, en el entorno de la Bertso Eskola, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda que necesiten para que puedan superar la indefensión y la vulnerabilidad que hayan podido sentir, y poder rehacer así la confianza perdida”, han informado.

Según han detallado las agresiones denunciadas en la escuela, que consistirían en “abusos psicológicos y sexuales”, revisten “especial gravedad”, ya que se han producido “en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas, y se han repetido en el tiempo”. En ese sentido, la alcaldesa ha mostrado su “solidaridad con las chicas y mujeres jóvenes que han sido víctimas de estas agresiones”, así como con sus familias, y ha señalado que va a poner “todos los medios necesarios” para que el alumnado y las familias “tengan las herramientas necesarias para hacer frente a lo sucedido”. La denuncia recoge que el agresor “ha aprovechado su posición y referencialidad para hacer un manejo inadecuado del poder y abusar de su poder de forma sistematizada”. “Esta forma de agresión se ha repetido una y otra vez en las clases, en los espacios informales relacionados con la Bertso Eskola y más allá del bertsolarismo”, han concluido desde el Ayuntamiento.

La Justícia ha posat la lupa sobre la celebració de l'ascens de l'equip juvenil del Club de Futbol Base Bonrepòs i Mirambell (València), en la qual va participar una stripper als vestidors del camp municipal El Barranc.

Tal com va informar elDiario.es, el passat divendres 22 de maig una part de la direcció de l'equip, que ja ha dimitit, va organitzar un sopar amb pares i jugadors per celebrar que els joves, almenys tres dels quals menors d'edat, van aconseguir el títol de campions de lliga. Després de l'àpat, es van desplaçar a les instal·lacions del camp de futbol municipal, als vestidors del qual va tindre lloc una festa amb alcohol en què va participar la stripper.

Respecte a això, l'alcaldessa de la localitat, governada pel PSPV i Compromís, la socialista Raquel Ramírez, ha informat elDiario.es que aquest dimecres 3 de juny van traslladar tota la informació de què disposen a la Fiscalia de Menors després de tindre coneixement que la fiscal en cap estava estudiant el cas d'ofici.

Al mateix temps, ha explicat que, després de donar trasllat dels fets a la Guàrdia Civil, agents d'aquest cos es van personar aquest dijous a l'Ajuntament per recaptar informació: “Per la nostra part hem fet tot el possible perquè s'esclarisquen els fets amb la màxima transparència. Tant a la Guàrdia Civil com a la Fiscalia els hem facilitat tota la informació de què disposa l'Ajuntament i els hem advertit, per si ho consideren rellevant, que hi ha enregistraments de les càmeres d'accés al recinte esportiu en què es veuran les persones que van entrar i van eixir dels vestidors”, uns enregistraments que la primera edil assegura no haver vist perquè no està autoritzada a fer-ho.

Preguntada per la informació de què disposa el consistori sobre els fets, l'alcaldessa explica que, pel que saben, “la participació de la 'stripper' va ser iniciativa de l'entrenador i la decisió que l'actuació es fera als vestidors del camp municipal, del president”. En concret, el president, que ha dimitit del càrrec, era Jesús Hernández Motes, expresident de la Interagrupació de Falles, que va ser fotografiat en la contramanifestació il·legal de l'extrema dreta contra la manifestació vespertina del 9 d'Octubre de 2017, una jornada que va acabar amb agressions a diversos joves.

Sobre la possibilitat d'aplicar algun tipus de mesura disciplinària al club per l'ús indegut de les instal·lacions municipals, de moment l'alcaldessa, Raquel Ramírez, ho ha descartat en una decisió que, segons ha assegurat, comparteixen la resta de formacions polítiques: “Per una decisió equivocada que van prendre de manera unilateral dues persones no castigarem tot un club que fa una gran tasca amb una gran quantitat de joves; en tot cas, cal insistir en el foment dels valors de l'esport i del civisme”.

Comunicat del club

Després de conéixer-se els fets, la direcció del club, una part de la qual ja ha dimitit, va emetre un comunicat en què subratlla que “no va autoritzar ni va tindre coneixement previ de cap actuació d'aquesta naturalesa”, que considera “absolutament incompatible amb els valors esportius, educatius i de respecte que han de regir qualsevol activitat amb menors”.

En el comunicat, el club evita descriure els fets denunciats i afirma que ha iniciat una investigació interna, a més d'adoptar “mesures cautelars respecte de la persona que hauria organitzat o permés aquesta actuació”, a qui tampoc identifica.

Així mateix, el club “es posa a disposició de l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, de les famílies afectades i, si escau, de les autoritats competents per a aclarir els fets i depurar les responsabilitats que corresponguen (...). El club reforçarà els seus protocols interns de protecció de menors, ús d'instal·lacions i organització de celebracions per a garantir que una situació així no es repetisca”, conclou el comunicat.

La Justicia ha puesto la lupa en la celebración del ascenso del equipo juvenil del club de fútbol base de Bonrepòs i Mirambell (Valencia) en la que participó una 'stripper' en los vestuarios del campo municipal El Barranco.

Como informó elDiario.es, el pasado viernes 22 de mayo parte de la dirección del equipo, ya dimitida, organizó una cena con padres y jugadores para celebrar que los jóvenes, al menos tres de ellos menores de edad, obtuvieron el título de campeones de liga. Tras el ágape, se desplazaron a las instalaciones del campo de fútbol municipal, en cuyos vestuarios tuvo lugar una fiesta con alcohol en la que participó la 'stripper'.

Al respecto, la alcaldesa de la localidad gobernada por el PSPV y Compromís, la socialista Raquel Ramírez, ha informado a elDiario.es de que este miércoles 3 de junio llevaron toda la información de la que disponen a la Fiscalía de Menores tras tener conocimiento que la fiscal jefe estaba estudiando el caso de oficio.

Al mismo tiempo, ha explicado que tras dar traslado de lo sucedido a la Guardia Civil, agentes de este cuerpo se personaron este jueves en el Ayuntamiento para recabar información: “Por nuestra parte hemos hecho todo lo posible para que se esclarezcan los hechos desde la máxima transparencia. Tanto a la Guardia Civil como a la Fiscalía les hemos dado toda la información de la que dispone el Ayuntamiento y les hemos advertido, por si lo consideran relevante, de que hay grabaciones de las cámaras de acceso al recinto deportivo en las que se verán las personas que entraron y salieron de los vestuarios”, unas grabaciones que la primera edil asegura no haber visto al no estar autorizada.

Preguntada por la información que tiene el consistorio de lo sucedido, explica que por lo que saben “la participación de la 'stripper' partió del entrenador y la decisión de que se hiciera en los vestuarios del campo municipal del presidente”. En concreto, el presidente, quien ha dimitido del cargo, era Jesús Hernández Motes, en el pasado presidente de la Interagrupación de Fallas quien fue fotografiado en la contramanifestación ilegal de la extrema derecha contra la manifestación vespertina del 9 d'Octubre de 2017, que acabó con agresiones a varios jóvenes.

Sobre la posibilidad de aplicar algún tipo de medida disciplinaria contra el club por el uso indebido de las instalaciones municipales, por el momento la alcaldesa Ramírez lo ha descartado en una decisión que ha asegurado que es compartida por el resto de formaciones políticas: “Por una decisión equivocada que tomaron de forma unilateral dos personas no vamos a castigar a todo un club que realiza una gran labor con un montón de jóvenes; en todo caso lo que hay que insistir es en el fomento de los valores del deporte y del civismo”.

Comunicado del club

Tras darse a conocer los hechos, la dirección del club, parte de la cual ya ha dimitido, emitió un comunicado en el que subraya que “no autorizó ni tuvo conocimiento previo de ninguna actuación de esta naturaleza” que considera “absolutamente incompatible con los valores deportivos, educativos y de respeto que deben regir cualquier actividad con menores”.

En el comunicado, el club evita describir los hechos denunciados y afirma que se ha iniciado una investigación interna, además de adoptar “medidas cautelares respecto de la persona que habría organizado o permitido dicha actuación”, a la que tampoco identifican.

Asimismo, el club “se pone a disposición del Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell, de las familias afectadas y, en su caso, de las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y depurar las responsabilidades que correspondan (...) El club reforzará sus protocolos internos de protección de menores, uso de instalaciones y organización de celebraciones, para garantizar que una situación así no vuelva a repetirse”, concluye el comunicado.

“Que sepa usted, para su tranquilidad, que la denuncia que ustedes hicieron ante la Fiscalía por el uso de catéteres en el hospital de Elche ha sido archivada”. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha revelado este martes en su comparecencia en las Corts para explicar los presupuestos de su conselleria que ha sido desestimada que el PSPV llevó a la Fiscalía por la supuesta reutilización de catéteres de un solo uso en el hospital del Vinalopó del departamento de Elche-Crevillente que gestiona Ribera Salud.

La iniciativa judicial se fundamentó en la información avanzada por elDiario.es en la que se revelaron correos electrónicos internos del grupo Ribera Salud en los que se daba instrucciones para reutilizar hasta en 10 ocasiones catéteres de un solo en el mencionado centro sanitario, una práctica expresamente prohibida por la normativa europea y española por el riesgo que supone para la seguridad del paciente.

En concreto, un correo fechado el 6 de octubre de 2025, remitido por la jefa de auditoría del grupo, instaba a aplicar en el hospital de Torrejón prácticas que, según el propio mensaje, “ya se estaban realizando en Elche”, con el objetivo de ahorrar costes.

Fuentes de Sanidad han confirmado a preguntas de elDiario.es que fue el pasado 29 de abril cuando el ministerio fiscal archivó definitivamente las diligencias, es decir, dos meses después de que se pusiera la denuncia.

En cuanto al presupuesto de en materia de Sanidad, Gómez ha puesto en valor los aumentos en materia de infraestructuras, de atención primaria o de salud mental y adicciones, mientras tanto los representantes de Compromís, Carles Esteve, y del PSPV, Yaissel Sánchez, se han mostrado muy críticos con el exceso de derivaciones a la privada.

El presupuesto de la Conselleria de Sanidad para 2026 asciende a 9.453 millones de euros, lo que supone un aumento de 267 millones de euros respecto a las cuentas del pasado ejercicio, es decir, casi un 3% más.

Durante su comparecencia Gómez, ha afirmado que una vez más el presupuesto que se destina a su departamento “es histórico ya que este Consell año tras a año ha ido incrementándolo”. “Es más, -ha continuado- supone un 36% del total del presupuesto no financiero de la Generalitat, prueba evidente de que la sensibilidad hacia las políticas sanitarias es esencial en las decisiones de este Gobierno”.

Entre las medidas importantes en esta área, ha destacado la puesta en marcha de los Centros de Atención Urgente 24 horas, un compromiso adquirido por el presidente Pérez Llorca en su discurso de investidura. Estos centros mejorarán el rendimiento del resto del sistema sanitario. Por un lado, liberando capacidad en los centros de salud, y por otro, al reducir presión sobre las urgencias hospitalarias mediante protocolos de derivación eficientes. Se prevé una inversión total de 12 millones de euros, de ellos 5 se incorporan ya en las cuentas de 2026.

Las nuevas tecnologías también van a mejorar los resultados de la Atención Primaria y a facilitar la labor administrativa a los profesionales. En este ámbito destacan dos proyectos. Por una parte,  el asistente virtual , que va a permitir dar respuesta al 100% de las llamadas a los centros y a distribuir la demanda de los usuarios de manera más precisa para que sean atendidos por el profesional más adecuado en cada caso. Además, se completará la tramitación para la puesta en macha  del denominado Escriba Digital, con el que se agilizará la atención de los profesionales y, por tanto, se ganará en eficacia, eficiencia y humanización.

En cuanto al equipamiento, la Conselleria de Sanidad dota a los centros de salud de herramientas de última generación como ecógrafos, retinógrafos, dermatoscopios y equipos Doppler. Para Marciano Gómez, “esto permite a los médicos de Familia realizar pruebas diagnósticas sin necesidad de derivar al paciente al hospital, lo que contribuye a la reducción de las listas de espera y agiliza la detección de enfermedades crónicas o graves”.

Un 10% más de inversión en obras de Atención Primaria

El presupuesto de 2026 contempla 89 millones de euros para infraestructuras de Atención Primaria, un 10% más que en el ejercicio anterior, para construir nuevos centros, reformar o iniciar la tramitación administrativa de otros.

Entre las inversiones previstas destacan en la provincia de Alicante los centros de salud Elx-Travalón, Alicante-PAU 2, Alicante Garbinet, Pedreguer, Alicante-La Condomina, San Vicent del Raspeig, Elche San Fermín, Guardamar de Segura, Algorfa, Alcoy-La Bassa, CSI Alicante-calle Gerona entre otros.

En la provincia de Castellón, el CSI Vinaròs II; los centros de salud de Fernando el Católico de Castellón, Vila-real IV, Almassora, Forcall, Oropesa, Montanejos y el consultorio auxiliar de Sant Jordi, entre otras actuaciones.

En cuanto a la provincia de Valencia, cabe mencionar los centros de salud Valencia-Antonio Suárez, Valencia Benimámet, Valencia-Penya-roja Rafelbunyol, Godella, Puerto de Sagunto II, Requena, Xàtiva-La Murta, La Pobla de Vallbona y el CSI Alaquàs, entre otros.

Nuevas unidades en Salud Mental y Adicciones

Las políticas de Salud Mental y Adicciones reciben una dotación de casi 219 millones de euros, lo que supone un incremento de 26,6 millones de euros, un 14% más respecto al pasado año. En esta línea, el conseller ha manifestado que “los recursos presupuestados son los necesarios para poder afrontar los importantes retos que teníamos fijados en esta área y que se enmarcan en el Plan de Salud Mental y Adicciones 2024-2027 que cuenta con una dotación de 724 millones de euros”.

Entre las principales iniciativas que se van a llevar a cabo este año cabe señalar la apertura de nuevas unidades hospitalarias de atención a adolescentes; la puesta en marcha de 8 unidades de neurodesarrollo, específicas para la atención al TDAH y al autismo refractarios; la creación de 23 Unidades de Prevención Indicada de las Adicciones, dirigidas a adolescentes; la implantación de Hospitales de Día para Patología Dual; y la puesta en marcha de 18 hospitales de día de salud mental para adultos con una dotación global de 6,2 millones (1,6 millones en 2026) y otros 18 para niños y adolescentes con un presupuesto de 14,2 millones (3,6 millones en 2026).

En esta legislatura se ha incrementado en un 21,2% el número de plazas de formación en Salud Mental, un crecimiento que duplica al registrado en el conjunto de España, donde el aumento es del 9,7%. “La Comunitat Valenciana ha dejado de ser una autonomía con poca capacidad de atracción y retención de talento para convertirse en una de las grandes referencias nacionales en formación sanitaria especializada en Salud Mental. Hoy no solo formamos más especialistas, sino que conseguimos retenerlos y atraer a profesionales procedentes de otras comunidades autónomas, algo impensable hace apenas unos años”, ha remarcado Marciano Gómez.

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha denunciado a la exdirectora del IES Los Cristianos, Samira Tela, a su hija y a quien sería la pareja de esta última por el desvío de más de 85.000 euros mientras la primera ostentaba el cargo de directora del IES Los Cristianos, en Arona (sur de Tenerife), entre los años 2022 y 2024.

El Ministerio Público sostiene que se realizaron múltiples transferencias sin justificar o sustentadas en justificaciones falsas desde la cuenta bancaria del mencionado centro a otras cuyos titulares eran la propia Tela y las otras dos personas denunciadas. El importe total de esas transferencias excede los 85.000 euros y, de momento, no ha sido recuperado.

La denuncia ha sido presentada ante el Tribunal de Instancia de Arona, aunque todavía no ha sido admitida a trámite, confirman fuentes de la Fiscalía. Canarias Ahora se ha puesto en contacto con Tela para recabar su versión sobre estas acusaciones, sin éxito.

La exdirectora fue expedientada por la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado del Gobierno de Canarias a finales de agosto de 2024, tras recibir varios escritos críticos con su gestión en los que se aludía a “presuntos casos de acoso y malas formas”, tal y como reveló este periódico en exclusiva.

La apertura de ese expediente conllevó su suspensión provisional de funciones. En febrero de 2025, el Ejecutivo regional acordó finalmente inhabilitarla un año y nueve meses por abuso de autoridad, malos tratos y una función “negligente”. En solo dos años, más de cincuenta profesores con plaza definitiva abandonaron el instituto y un total de 78 estuvieron de baja.

La Fiscalía señala que la mayor parte de las transferencias desde la cuenta bancaria del centro a las de los denunciados se intentaban justificar mediante servicios “irreales”. Pone como ejemplo pagos mensuales a quien sería la pareja de la hija de Tela (por entonces estudiante de ingeniería informática) por supuestos servicios informáticos de los que ya se encargaba la Consejería de Educación a través de las plataformas Ciber Centro y CAU_CE.

La denuncia también revela que, “en múltiples ocasiones”, se registraban en el Sistema de Gestión Educativa de Canarias (SIGECO) transferencias dirigidas a empresas reales sin aportar las correspondientes facturas. Esos pagos se utilizaban como una “falsa justificación de otros apoderamientos de caudales públicos que debían haberse invertido en el interés del IES Los Cristianos”, apunta el Ministerio Público.

La Fiscalía considera que estos hechos presentan indicios de un delito de malversación de fondos, previsto y penado en el artículo 432 del Código Penal.

Una auditoría externa de las cuentas del recurso educativo correspondiente a 2022, 2023 y el primer semestre de 2024 afloró una enorme diferencia entre los gastos registrados en el SIGECO y la documentación existente en el centro.

Analizando solo las facturas, el descuadre neto fue de 340.000 euros. El instituto contabilizó pagos por casi 539.000 euros con 211 proveedores sin disponer de las facturas correspondientes. Sin embargo, también se hallaron facturas físicas por un importe superior al reflejado en las cuentas, con un exceso acumulado de 198.000 euros. Solo en el caso de 45 proveedores hubo una coincidencia exacta entre las facturas y el SIGECO, con desembolsos que suman 39.000 euros.

El informe también compara los apuntes contables del SIGECO con “todos los documentos” consultados por los auditores, incluidas facturas proforma o recibos que podrían corresponderse con gastos, aunque no estén respaldados por facturas válidas. En ese caso, el importe total de la documentación física y las facturas electrónicas alcanzó los 808.000 euros, frente a los 860.000 euros registrados en el SIGECO. La diferencia se situó en 51.829 euros.

Los peritos encontraron facturas que incumplen la normativa vigente en materia de facturación, al incluir de forma indebida el IGIC o carecer de datos obligatorios. También hallaron facturas emitidas a nombre de la Consejería de Educación, del IES Los Cristianos y de otras entidades o personas, como el IES El Sobradillo, CEIP José Pérez y Pérez, CEIP Buzanada o la propia Samira Tela.

La auditoría identificó asimismo a proveedores cuya facturación anual supera el umbral de 15.000 euros fijado para los contratos menores por la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, lo que podría implicar “posibles incumplimientos de la normativa vigente”. Entre la documentación supuestamente correspondiente al periodo 2022-2024, se colaron facturas antiguas de 2018, 2020 y 2021.

El informe concluye que, dadas las diferencias detectadas durante el análisis, resulta “necesario” elaborar una segunda auditoría más exhaustiva para obtener un mayor grado de exactitud. Esa segunda auditoría sí llegó a realizarse, según han confirmado fuentes de la Consejería de Educación.

En los últimos días, dos presuntos casos de violencia machista, uno de ellos a menores de edad, han sacudido el municipio guipuzcoano de Errenteria. Se trata, por un lado, de casos de violencia sexual en la Xenpelar Bertso Eskola, un asunto “repetido en el tiempo” y con víctimas de varias edades, también menores, y por el otro, de agresiones protagonizadas presuntamente por el coreógrafo y bailarín Jon Maya, director del grupo de danza Kukai y Premio Nacional de Danza en el año 2017.

El Ayuntamiento de Errenteria, gobernado por EH Bildu, ha comparecido este lunes por primera vez tras hacerse público lo ocurrido para mostrar su apoyo a las víctimas e informar de que, en ambos casos, “se llevará a cabo los procedimientos y procesos que sean necesarios para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño causado”. Según ha confirmado la alcaldesa Aizpea Otaegi, se encuentran en conversaciones con la Fiscalía de Menores de Gipuzkoa.

Sobre el caso de la Bertso Eskola, desde el Ayuntamiento han informado de que ha sido este mayo cuando han tenido conocimiento de lo ocurrido. “El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de todo esto ahora. En mayo. Cuando las víctimas han sido capaces de dar el paso de denunciar y han acudido para ello al movimiento feminista y a Bertsozale Elkartea. Y, consciente de la gravedad de la situación, el ayuntamiento ha tomado decisiones, desde el primer momento, el mismo mes de mayo. A partir de ahora nos enfrentamos a una gestión compleja y difícil: poner en marcha cuanto procedimiento y proceso sea necesario para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño que se ha causado a jóvenes, padres y madres, en el entorno de la Bertso Eskola, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda que necesiten para que puedan superar la indefensión y la vulnerabilidad que hayan podido sentir, y poder rehacer así la confianza perdida”, sostienen sobre uno de los dos casos, para el cual se han reunido con los padres y madres de las menores afectadas y una profesional experta en violencia machista, con el objetivo de “ofrecerles apoyo profesional ante una situación tan difícil de digerir y gestionar”.

Según han detallado las agresiones denunciadas en la escuela, que consistirían en “abusos psicológicos y sexuales”, revisten “especial gravedad”, ya que se han producido “en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas, y se han repetido en el tiempo”. En ese sentido, la alcaldesa ha mostrado su “solidaridad con las chicas y mujeres jóvenes que han sido víctimas de estas agresiones”, así como con sus familias, y ha señalado que va a poner “todos los medios necesarios” para que el alumnado y las familias “tengan las herramientas necesarias para hacer frente a lo sucedido”. La denuncia recoge que el agresor, cuyo nombre por ahora no se ha hecho público, “ha aprovechado su posición y referencialidad para hacer un manejo inadecuado del poder y abusar de su poder de forma sistematizada”. “Esta forma de agresión se ha repetido una y otra vez en las clases, en los espacios informales relacionados con la Bertso Eskola y más allá del bertsolarismo”, ha insistido.

A diferencia de la escuela, que es un servicio municipal que el ayuntamiento ofrece mediante la asociación Xenpelar Bertso Eskola Elkartea, adjudicataria del servicio, Kukai no gestiona ningún servicio público, aunque sí que trabajan en instalaciones municipales y hasta ahora han recibido subvenciones. “Kukai es considerada una compañía residente en Errenteria, lo cual se traduce en que tienen por sede y como lugar de trabajo instalaciones municipales y cuentan con una subvención nominativa, como muchos otros agentes municipales, mediante lo cual su labor es apoyada y sostenida. Kukai no gestiona ningún servicio municipal y el ayuntamiento tampoco interfiere en su labor”, ha informado la alcaldesa.

Según ha reconocido Otaegi, desde el Ayuntamiento de Errenteria han sido conscientes de las presuntas agresiones en el entorno de Kukai Dantza en 2024. “Hoy rompemos un principio que hemos tenido muy claro y que ha guiado toda la gestión de este tema desde que yo, como alcaldesa, tengo conocimiento de los hechos a los que nos referimos (en diciembre del 2024): el principio de confidencialidad que las víctimas de Jon Maya han solicitado y que el movimiento feminista en todo momento ha tratado de traer al centro. Como hemos dicho, el Ayuntamiento de Errenteria supo a través de canales informales, en diciembre del 2024, de las denuncias contra Jon Maya. Fuimos la concejala de igualdad y yo misma quienes supimos de estos sucesos: al principio parecía haber alguna denuncia, luego supimos que el Movimiento Feminista había recopilado los testimonios de varias víctimas. En cuanto supimos de todo esto, el Ayuntamiento de Errenteria se puso en contacto con Kukai. A su vez, nos pusimos en contacto con un equipo externo, experto en violencia machista. Como institución pública queríamos realizar la mejor gestión posible y queríamos incorporar la mirada experta, partiendo de que las conductas que se denunciaban son inaceptables y que como administración pública ni las podemos aceptar, ni les podemos dar cobertura”, han informado.

Según ha detallado Otaegi, en el momento en el que se enteran de las denuncias se ponen en contacto con Kukai, quienes les trasladan las decisiones tomadas. La primera de todas, que Jon Maya acepta las acusaciones e interrumpe su actividad. También que asume “la responsabilidad y la tarea personal de iniciar un proceso de revisión crítica de sus comportamientos”. “El ayuntamiento, en ese momento entiende que Jon Maya y Kukai han reaccionado desde la responsabilidad, han optado por respetar el deseo de las víctimas y puede hacerse un camino acorde a la voluntad no punitivista y sí restaurativa y reparadora que han solicitado las víctimas. Así, diferenciando a Jon Maya, apartado de la actividad pública, de la compañía Kukai, decidimos mantener el convenio y la subvención nominativa y, por tanto, abonar a Kukai su subvención nominativa de 53.600 euros para 2025 y desarrolla sus actividades habituales en el municipio, sin la presencia de Jon”, han reconocido.

Sin embargo, desde Kukai se comunica al Ayuntamiento en noviembre de 2025, meses después de su cese, que Maya intenta recuperar su actividad ordinaria en febrero de 2026. “El ayuntamiento decide entonces congelar su relación con Kukai, dejarla en stand-by, hasta tener información detallada de cómo es ese regreso y en función de ello qué postura tiene que adoptar el ayuntamiento, qué garantías exigir para que este tipo de sucesos como los denunciados no se vuelvan a producir”, han señalado.

El presunto agresor, Jon Maya pide “prudencia y respeto”

El propio Jon Maya se ha pronunciado después de que el caso se ha hecho público para pedir “respeto”, sin negar lo que ha hecho. “En ese momento, asumí la responsabilidad de reflexionar sobre mis acciones y de garantizar que no se repitieran”, ha confesado el presunto agresor en un comunicado remitido a la agencia Efe, en el que asegura que en enero de 2025 una asociación feminista le trasladó “el testimonio de varias mujeres sobre comportamientos inadecuados” en su relación con ellas. Según ha explicado, durante aquel proceso se le indicó “de manera explícita” que cualquier actuación relacionada con el asunto debía mantenerse “en un ámbito estrictamente privado y confidencial”.

En su comunicado, Maya realiza además un llamamiento a la “prudencia y al respeto” y considera que es momento de “proteger la privacidad y la dignidad de todas las personas implicadas”. Asimismo, apunta que más adelante podrá abrirse un espacio para reflexionar sobre “la rumorología, las difamaciones y la condena social” que, a su juicio, se han generado en torno a este caso. Aunque desde las asociaciones Bilgune Feminista y Asanblada Feminista de Errenteria defienden que han recibido directamente “testimonios de agresiones” y rechazan la caracterización de los hechos como conductas “leves”.

Jon Maya (Errenteria, 1977) se inició en la danza tradicional vasca a los seis años en el grupo Ereintza de Errenteria. Participó en festivales internacionales de numerosos países y fue siete veces Campeón de Euskadi de Aurreskularis. En 2002 fundó Kukai Dantza para “crear espectáculos contemporáneos a partir de la danza tradicional vasca”. Allí hasta la denuncia por las presuntas agresiones ha estado desarrollando este concepto y construyendo las bases de Kukai Dantza, actuando como bailarín, coreógrafo y director. También ha trabajado como director artístico de eventos como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, como asesor de movimiento en producciones teatrales, y ha desempeñado labores docentes en la Escuela Municipal de Danza de Errenteria y en talleres y masterclass en compañías y festivales de renombre. “El encuentro entre lenguajes artísticos y la capacidad de realizar colaboraciones con creadores de distintas disciplinas como la gastronomía, el teatro, el cine o los museos son el principal sello de su trabajo”, informan desde la Academia Española de Ártes Escénicas sobre el ganador del Premio Nacional de Danza en 2017 y de los Premios Max de las Artes Escénicas al Espectáculo revelación en 2008, al Mejor Elenco de Danza y Mejor Composición Musical en 2015, al Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Elenco de Danza y Mejor Vestuario en 2017, Mejor Coreografía en 2019 y Mejor Intérprete Masculino de Danza, un premio ex aequo con el bailarín Andrés Marín en el año 2024.

Desde el Ayuntamiento de Errenteria han explicado que el proceso con Kukai y con Maya, en particular, se ha construido sobre “principios muy firmes”: “La aceptación por parte del agresor de los hechos de los que se le acusa y su voluntad de hacer un camino reparador, con el compromiso de realizar una revisión crítica de sus comportamientos y un compromiso explícito de no repetición, la lealtad absoluta a la petición de confidencialidad de las víctimas y el consejo experto. Leales a este segundo principio de garantizar la confidencialidad solicitada por las víctimas, desde alcaldía y el área de Igualdad, que somos quienes hemos tenido conocimiento de estos hechos, decidimos actuar en consecuencia: no compartir información con nadie más, salvo que se nos pregunte”, han recalcado. Dentro de este proceso, se produce una reunión con Kukai que en un principio se iba a desarrollar en febrero de 2026 y, finalmente se celebra el 16 de abril.

Una crisis entre el Ayuntamiento y Kukai

Sin embargo, para aquel entonces, Maya ya ha regresado a la esfera pública sin acordarlo con el Ayuntamiento. Algo que ha abierto una crisis entre ambos “en lo que se refiere al proceso y a la confianza mutua”, según ha confesado Otaegi. Desde nuestro punto de vista, la manera de salir de esta crisis es volver al proceso, y volver al proceso, es volver a darles la centralidad que les corresponde a las víctimas. Entre tanto, la relación del Ayuntamiento con Kukai durante 2026 sigue suspendida“, ha asegurado.

Otaegi también ha aprovechado su intervención para criticar a la oposición, después de que el PP haya pedido su dimisión, el PSE-EE haya solicitado una comisión extraordinaria y la comparecencia de diferentes responsables políticos y agentes sociales y el PNV haya pedido una investigación o auditoria externa. Sobre los dos primeros, la alcaldesa ha denunciado que les han acusado de “falta de transparencia”. “Ambos, a favor de las víctimas, pero sin las víctimas y pasando por encima de ellas. Obviando la petición expresa de las víctimas, de confidencialidad, y por extensión, la petición de confidencialidad hecha por el Equipo de Gobierno, cuando se comparte la información de la que disponemos con la oposición”, ha recalcado.

“Solo quiero decir, que siempre estaremos dispuestos y dispuestas a mejorar la gestión municipal de este tipo de casos, a aprender de procesos como este, a favor de cualquier proceso del que podamos mejorar. Pero siempre que se garantice la perspectiva feminista y el rigor profesional y técnico. Llevo 7 años de alcaldesa y me ha tocado ver, vivir y gestionar muchas cosas. Pero ante estas dos realidades tan crudas y dolorosas para nuestro municipio que nos ha tocado afrontar, me resulta especialmente doloroso ver qué fácilmente se han dejado de lado las víctimas y qué fácil se ha dado prioridad al rédito político. Nuestra prioridad siempre serán la seguridad y bienestar de las víctimas, y siempre actuaremos atendiendo sus peticiones y respetando sus ritmos”, ha concluido la alcadesa.

El 1 de junio de 2018, hace ahora ocho años, estalló en Euskadi un caso que aún no ha sido resuelto en los tribunales, las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza. Opacado por la moción de censura contra Mariano Rajoy y la llegada de Pedro Sánchez al poder, que se produjo ese mismo día, ese día empezaron a brotar indicios de que aspirantes cercanos a los miembros de los diferentes tribunales -cada especialidad médica tiene su propio examen- tenían notas muy elevadas en pruebas de cierta complejidad. Ha sido una investigación sobre exámenes en la que consideró inoportuno revisar los exámenes y en la que no se ha accedido a ni una sola comunicación entre las partes. Y ha terminado en todo archivado salvo lo relativo a la categoría de Cirugía Plástica, donde a la buena nota de la opositora se unía una relación familiar con el vocal autor de una parte de las preguntas. Pero, tras el intento fallido de esta primavera, sigue sin haber fecha para el juicio.

El transitar judicial de este expediente ha sido verdaderamente tortuoso. Todo empezó con una preinvestigación de la Fiscalía en la que Carmen Adán no contó con todas las pruebas de que disponía el Servicio Vasco de Salud, ya que no se le entregaron las grabaciones de una investigación interna que se había ordenado a raíz del revuelo surgido. Ese proceso concluyó que no había pruebas de la existencia de filtraciones, pero quienes acudieron a comparecer como testigos sí exhibían sus dudas sobre el proceso y aludían a un problema estructural, como publicó después este periódico.

Durante estos años, hasta cuatro instructoras han dirigido la causa, residenciada en la plaza segunda de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vitoria, donde está la sede central de Osakidetza. Yolanda Varona fue la primera, una sustituta de la titular del juzgado en 2018, Ana Jesús Zulueta, por aquel entonces en otras funciones. Después llegaron Cristina Rodríguez Ruiz y Blanca Ester Díaz Pulido.

Ha sido una causa trufada de parones, prórrogas y denegaciones de pruebas. Se han revisado muy pocos exámenes aunque, cuando se vieron unos pocos de la prueba de Anestesia, se vio un patrón de respuesta muy similar entre los presuntos beneficiarios de las filtraciones, preguntas respondidas en el mismo orden, redacción similar y hasta fallos comunes dados por buenos.

Además de la Fiscalía, los sindicatos LAB y ESK han ejercido de acusación estos años. Y pidieron revisar todas las pruebas. “En relación a la aportación de los originales de los exámenes, no resulta necesario ni útil traer a este procedimiento un volumen de documentación que no será examinada por el tribunal por el escaso interés que tiene para la causa, así como por la innecesariedad de leer una sucesión interminable de preguntas médicas cuyo contenido y respuesta es totalmente ajeno a la función jurisdiccional y que no es objeto del presente procedimiento, ya que no se está enjuiciando una incorrecta valoración de los exámenes, sino una posible filtración”, llegó a argumentar como respuesta la juez Rodríguez Ruiz.

El 'caso De Miguel', la gran trama de corrupción investigada en Euskadi y que ha acabado con cuatro excargos del PNV en la cárcel y con otros condenados, ha solido aparecer como el gran espejo de una causa judicial compleja que se eternizó en los tribunales. Sin embargo, antes de que se cumplieran ocho años de las detenciones que dieron inicio al proceso, todos los imputados ya estaban en el banquillo. De marzo de 2010 a enero de 2018.

En detalle, el plazo inicial de investigación finalizó en el verano del 2021, a los tres años de los hechos, pero se acordó una prórroga de seis meses. En enero de 2022, 'in extremis', las acusaciones lograron seis meses más para que el asunto no muriera. Pero en ese período no se movió ni un papel y, terminado ese medio año, se acordó el final definitivo de la instrucción. Esto fue refrendado por otra instancia, la Audiencia de Álava, en abril de 2023. Desde entonces estaba pendiente que la magistrada Díaz Pulido hiciera público su auto de conclusiones. Esto llegó en diciembre de 2024 con un archivo total de la causa en la docena de categorías médicas bajo investigación.

Sin embargo, en septiembre de 2025, la Audiencia Provincial enmendó a la instructora y forzó a que, al menos en una categoría, sí hubiese juicio. ¿Por qué? Aquí, la examinanda logró 48 aciertos de las 50 preguntas realizadas por su allegado, el doctor Alfredo Martínez Flórez, pero bajó a 24 de 50 en la segunda mitad, ya con otra autoría. Era una prueba de alta dificultad y, a pesar del dato de la segunda parte, su nota fue de las más altas, “muy por encima del resto de opositores”. Fue tal el revuelo ya en ese momento que la dirección de Osakidetza intervino y la opositora, Thais Salas, terminó renunciando.

La Fiscalía ha solicitado dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor por “filtrar las preguntas” del examen. Y pide para ella un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, así como la imposibilidad de que obtenga ayudas públicas durante ocho años. Estimaba “probable”, al presentar su escrito de calificación, que se pudiera alcanzar una conformidad si ambos admitían los hechos, con lo que las penas quedarían moduladas, pero ahora las defensas de los imputados descartan de plano esa opción, según han trasladado a este periódico en varias ocasiones.

Hay otras dos acusaciones, los sindicatos LAB y ESK. Piden penas más severas. En el caso de LAB, por ejemplo, demanda tres años de prisión para cada uno de los dos imputados. Solamente aceptaría un acuerdo en caso de que los acusados entrasen a explicar que las filtraciones han sido históricamente una dinámica “estructural” dentro de Osakidetza. ESK, por su parte, pide dos años de cárcel para ambos.

El caso se llevó por delante al entonces consejero de Salud, Jon Darpón, del PNV. Fue en 2019. También a la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, o al responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, entre otros cargos. El exconsejero es ahora alto directivo de la compañía privada Keralty, la antigua Sanitas internacional. La exdirectora general, cuando fue citada como testigo en la instrucción, contó con ayuda de agentes de la Ertzaintza, incluido un comisario, para evitar a la prensa, lo que motivó una nueva investigación.

Estaba prevista para esta primavera la vista previa del juicio, la última antesala antes de la audiencia pública. Pero se suspendió a última hora por otro imprevisto. Los tres miembros del tribunal presentaron un incidente de abstención al sentirse 'contaminados'. Esta misma semana se ha aceptado una recusación que ninguna de las otras partes había considerado necesaria. Se remarca que la juez Zulueta fue parte de la investigación y que no debería serlo ahora de la resolución del caso y, respecto de los jueces Elena Cabero y Jesús Poncela, se ha entendido que ya habían entrado al fondo del asunto al enmendar el cierre total decretado por la última instructora y ordenar un juicio contra dos de los imputados.

Desde el palacio de justicia no se concreta cuál es ahora el calendario y cuándo habrá una nueva terna para celebrar el juicio. Procesos mucho más cortos han visto cómo las penas eran rebajadas por las conocidas como “dilaciones indebidas”. “Antes del verano seguro que no”, vaticina un letrado conocedor del sumario al ser preguntado por una posible nueva fecha para retomar el asunto.

“Este proceso está repleto de sobresaltos, de cambios de magistrada, ... Estamos ante el escándalo sobre el escándalo”, opina el sindicato LAB. Y abundan: “Que el asunto de las filtraciones de exámenes en Osakidetza termine acotado judicialmente en una única categoría es un escándalo quizás más preocupante que las propias filtraciones. Es una consecuencia de realizar una investigación muy débil”. Este sindicato sostiene que existía una “red clientelar de adjudicación de plazas” y que se debería haber investigado más a fondo tanto los propios exámenes como la gestión de la dirección política. Lamentan el portazo a algunas de sus propuestas en ese sentido.

Desde ESK, ven igualmente “decepcionante” la situación actual del proceso jurídico de lo que llaman “opes dopadas”. Sostienen que el proceso “se ha dilatado de manera innecesaria”, que ha sido “largo y tortuoso”, lleno de “decisiones cuanto menos cuestionables” y que “para rizar el rizo” ahora se conocido la abstención de los magistrados del tribunal. Coincide con LAB en que han sido las acusaciones las que han dado impulso a la investigación. Con todo, ESK extrae una conclusión positiva de estos años porque “el objetivo era acabar con un sistema clientelar” y el “cambio de modelo” en Osakidetza para las últimas convocatorias, que dificulta estas filtraciones, según exponen, es “fruto del trabajo de denuncia sistemático” iniciado en 2018. Añaden que el actual consejero, Alberto Martínez, era miembro del tribunal de una de las categorías de las que brotaron las primeras denuncias, Anestesia.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto una investigación contra el Ayuntamiento de Becerril de la Sierra, en manos del PP y con el apoyo de Vox, por mantener en el callejero municipal una vía dedicada a José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, tras una denuncia presentada por el Partido Comunista de España (PCE).

La Sección Especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha incoado las Diligencias de Investigación Preprocesal número 578/2026 para estudiar la permanencia de la denominada “Avenida de José Antonio”, según ha informado el Partido Comunista de Madrid (PCM) en un comunicado.

La denuncia fue formalizada por el secretario político del PCM, Miguel Montero, a raíz de una iniciativa impulsada el pasado mes de febrero por el Núcleo del PCE de la Sierra de Guadarrama, que denunció públicamente la permanencia de esta denominación en el municipio.

En el escrito presentado ante la Fiscalía, el PCE sostiene que el mantenimiento de esta vía responde a una “voluntad política expresa de desobediencia” por parte del Gobierno municipal y recuerda que en 2016 ya se acreditó que el nombre original de la calle era “Calle La Era”.

La formación considera que el Ayuntamiento incumple el artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática, que obliga a retirar elementos que exalten la sublevación militar, la dictadura o a sus dirigentes. Además, advierte de que esta inacción podría constituir un presunto delito de prevaricación administrativa.

El secretario del Partido Comunista de Madrid, Miguel Montero, ha valorado como “una buena noticia” la apertura de la investigación por parte de la Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos y ha señalado que desde el PCE consideran que “el ensalzamiento de aquellos líderes que atentaron contra las libertades y la vida de un montón de españoles son el caldo de cultivo para una extrema derecha que está en ascenso en el conjunto de Europa”.

Asimismo, ha defendido que quienes creen “en un régimen de libertades y de democracia conquistado en las calles por el pueblo español” deben seguir siendo “tenaces y contundentes en la erradicación de todos esos símbolos de la dictadura franquista”.

Por su parte, el PCM ha propuesto que la vía pase a denominarse “Avenida Abogados de Atocha”, coincidiendo con el próximo 50 aniversario del asesinato de estos referentes del movimiento obrero y la democracia.

Niños y niñas de 0 a 3 años permanecen expuestos a temperaturas extremas que este viernes se han movido en una horquilla entre los 33 y 36 grados en el Centro de Alojamiento de Menores 'Los Pilares', ubicado en Oviedo/Uviéu y dependiente del Gobierno del Principado de Asturias.

Pese a su alta vulnerabilidad, la administración autonómica no ha puesto remedio a una situación que ha colocado a bebés y a menores totalmente indefensos en una situación de grave riesgo, según han denunciado representantes de los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) e Izquierda Sindical Asturiana (ISA).

Un traslado provisional

Las organizaciones sindicales han comunicado inmediatamente esta situación al Principado y han pedido que los bebés y menores sean trasladados de forma provisional a un espacio seguro mientras se mantengan estas altas temperaturas que se registran en Asturias.

CCOO, CSIF e ISA han advertido a la administración regional del riesgo al que se está exponiendo a los menores. Además, recuerdan que con ello se vulnera la normativa de prevención de riesgos laborales y se compromete el bienestar integral de los menores, así como la seguridad y salud de los trabajadores.

Una situación “crítica”

Los representantes sindicales sostienen que todos los responsables de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar son “plenamente conocedores” de la situación denunciada.

“Las condiciones ambientales dentro del Centro de Alojamiento de Menores ‘Los Pilares’ han alcanzado una situación crítica”, aseveran.

Las mediciones

Las dependencias que albergan al Grupo de Urgencia de menores de 0 a 3 años han registrado temperaturas extremas, según las mediciones realizadas mediante dispositivos instalados por las propias trabajadoras para controlar la temperatura interior.

Sin embargo, según explican los sindicatos, desde la administración autonómica se sigue sin adoptar “medidas eficaces y definitivas” para corregir esta situación. Ante la gravedad de los hechos, se ha interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo y se ha realizado una comunicación verbal “urgente” ante la Fiscalía de Menores.

Las trabajadoras, también afectadas

“La situación afecta de manera directa a un colectivo de extrema vulnerabilidad: bebés y niños de entre 0 y 3 años que se encuentran bajo el sistema de protección e intervención inmediata de la comunidad autónoma. Las Técnicas de Educación Infantil (TEI), responsables de funciones de atención continuada y cuidados permanentes, desempeñan su labor en condiciones térmicas incompatibles con la normativa de prevención de riesgos laborales, que establece para este tipo de actividad una temperatura máxima recomendada de 25 °C”, señalan los representantes sindicales.

Denuncian que trabajar y residir bajo estas condiciones térmicas supone un posible incumplimiento del Real Decreto 486/1997, relativo a las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, además de constituir un riesgo evidente para la salud de los menores —incluyendo deshidratación o golpes de calor— y para la seguridad y salud de los trabajadores del centro.

Levantar acta

Ante la falta de actuaciones “efectivas” y la demora en las respuestas logísticas necesarias para climatizar adecuadamente las instalaciones —que recientemente habían modificado sus estructuras organizativas—, las organizaciones sindicales han optado por la vía legal y fiscal con el objetivo de salvaguardar el interés superior del menor e impulsar una intervención técnica inmediata por parte de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

“Esperamos que la Inspección de Trabajo realice una visita extraordinaria a las instalaciones de manera inminente para levantar acta de las condiciones ambientales denunciadas”, confían.

Red de protección infantil

Paralelamente, las organizaciones sindicales han solicitado al Principado la dotación urgente de sistemas de climatización adecuados.

El Centro de Menores ‘Los Pilares’ es una instalación pública integrada en la red de protección infantil del Principado de Asturias. El Grupo de Urgencia de 0 a 3 años tiene como función la acogida inmediata y la valoración diagnóstica de menores en situación de vulnerabilidad familiar o desamparo social.

El grupo 0 a 3 se integró hace apenas un mes al centro 'Los Pilares' y ya han surgido los primeros problemas por la falta de medidas preventivas ante las elevadas temperaturas que se registran este viernes en la comunidad autónoma asturiana. 

“Ninguna querella ni intento de amedrentar va a evitar que la vicepresidenta haga ejercicio de su libertad de expresión, en este caso concreto para referirse a una información periodística”. Estas contundentes declaraciones vienen del equipo de comunicación de Yolanda Díaz, y las informaciones periodísticas a las que hace alusión las publicó elDiario.es y Univision Noticias a partir del pasado 13 de enero.

Estamos hablando de la exclusiva en la que dos exempleadas de Julio Iglesias acusaron al cantante de agresiones sexuales. Muchas personas se preguntan en qué punto está este tema. Hay varios frentes judiciales abiertos, así que vamos uno a uno:

Iglesias contra la Fiscalía

Rebeca y Laura (nombres ficticios), extrabajadoras de Julio Iglesias (del hogar y fisioterapeuta, respectivamente) acudieron a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España para denunciar unos hechos presuntamente ocurridos en Bahamas y República Dominicana. Para ellas, se trataba de diversos delitos de violencia sexual y contra los derechos de los trabajadores. Después de tomarles declaración y tras un breve periodo de reflexión, la Fiscalía archivó esta denuncia al considerar que España no tiene jurisdicción para investigar estos hechos. Dijo que no había suficientes “vínculos” de Julio Iglesias con España como para abrir una investigación.

A pesar del archivo, Iglesias no ha parado de solicitar el texto de la denuncia. Como no se lo dieron, ha acudido a la vía judicial contencioso-administrativa. La Fiscalía se opone a ello. Se espera en breve una resolución de este caso.

Iglesias contra la vicepresidenta del Gobierno

Yolanda Díaz fue citada a un acto de conciliación esta semana, el martes. Iglesias consideró que había emitido unas declaraciones injuriosas y calumniosas, debido a un mensaje en Bluesky y una intervención en La Hora de la 1. No deja de ser curioso que de las miles de personas que dieron su opinión sobre los testimonios en aquellos días, la única contra la que se quiera demandar sea un alto cargo del Gobierno de España.

“Las declaraciones de la vicepresidenta han respetado en todo momento la presunción de inocencia de Julio Iglesias y se han limitado a calificar de escalofriantes los testimonios de las extrabajadoras del artista, que le acusaban, en el marco de la investigación llevada a cabo por elDiario.es, de agresiones sexuales, insultos y humillaciones durante su jornada laboral, y que denunciaban un ambiente de control y acoso continuo”, comentaban las fuentes del entorno de Díaz. Cabe recordar que Iglesias calificó las acusaciones de Rebeca y Laura como de “absolutamente falsas”. El cantante madrileño ya anunció en un comunicado que defendería su “dignidad” ante un “agravio tan grave”.

En el acto en sede judicial, la representación legal de Yolanda Díaz no se retractó. ¿Y ahora qué? Iglesias tiene un año para querellarse. La agencia Efe y la página web de agitación que habitualmente goza de exclusivas en relación a la representación legal de Julio Iglesias, aseguraron que el cantante se iba a querellar. Cuando elDiario.es se puso en contacto con su abogado, desde su despacho nos dijeron que no habían tomado ninguna decisión.

Iglesias contra las periodistas

Con el mismo procedimiento que Yolanda Díaz, Julio Iglesias ha puesto una demanda de conciliación a elDiario.es, a cuatro periodistas (Ana Requena, María Ramírez, Juanlu Sánchez y Elena Cabrera) y al director del periódico, Ignacio Escolar. Nos acusa falsamente de hacer “un montaje” con “personajes figurados”. Tenemos el acto de conciliación la semana que viene y, de igual manera, ya hemos anunciado que no nos vamos a retractar. Veremos si finalmente hay o no hay querella.

Los extrabajadores contra Julio Iglesias (y viceversa)

Son dos hermanos, Rogelio y Eleuterio Villanueva, que trabajaron para Iglesias en el mantenimiento de la villa de Punta Cana durante años y fueron despedidos de manera fulminante cuando llegó la pandemia. Ellos consideran que merecen una indemnización por despido improcedente y por eso le denunciaron en República Dominicana.

Los Villanueva perdieron el primer juicio, recurrieron y ganaron en la siguiente instancia, que fue apelada por Iglesias. Ahora están esperando la resolución pues la semana pasada acabó el plazo de conciliación del último juicio. La sentencia puede tardar dos o tres meses en llegar, según su abogado. En declaraciones a elDiario.es, Rogelio Villanueva dijo hace unos días: “Hasta ahora solo tenemos esperanza. Nada más”. La representación legal de Julio Iglesias rechazó comentar sobre este caso.

Las mujeres denunciantes contra Julio Iglesias

Aunque la fiscalía archivó la causa, tal y como dijeron sus abogadas Laura y Rebeca seguirán buscando una vía de acceso a la justicia. Su batalla no ha terminado.

El barrio ovetense de Vallobín sigue aún conmocionado por el doble crimen de María y José, la hermana y el cuñado respectivamente de Jesús L.A., 'Susi', el toxicómano acusado de matar a cuchilladas a sus familiares.

La Fiscalía del Principado considera que aún puede continuar su carrera delictiva después de que haya estado en prisión por dos asesinatos anteriores y esa posible reiteración unida al riesgo de fuga son los dos motivos de peso que le han llevado a solicitar esta mañana su regreso al Centro Penitenciario de Asturias.

La petición se ha efectuado ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza número 1, de Oviedo/Uviéu.

Los delitos imputados

La Fiscalía ha interesado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de 'Susi', a quien atribuye su presunta autoría en dos delitos de homicidio/asesinato.

El Ministerio Fiscal solicitó esta medida cautelar dada la gravedad de los hechos y lo elevado de la pena que, en caso de condena, puede imponerse al detenido.

Mostró los cadáveres a un toxicómano

A las once de la mañana llegaba el furgón de la Policía Nacional a la sede de los juzgados ovetenses y de su interior descendía el presunto autor del doble crimen para prestar declaración.

'Susi' fue detenido el pasado martes tras el hallazgo de los cadáveres de su hermana y su cuñado. Un toxicómano que había acudido a comprar droga a su domicilio, en el inmueble número 10 de la calle Vázquez de Mella, denunció los hechos a la Policía después de que él mismo le enseñara los cuerpos sin vida de sus familiares.

La Fiscalía de Asturias no se conforma con la condena a dos años y diez meses de cárcel que la Audiencia Provincial ha impuesto al matrimonio que durante cuatro años mantuvo aislados de todo contacto con el mundo exterior a sus tres hijos, dos gemelos que ahora tienen nueve años y su hermano de once, en la vivienda familiar, bautizada policialmente como 'la casa de los horrores', ubicada en la zona rural de Oviedo/Uviéu por miedo a que se contagiaran del covid.

El Ministerio Fiscal considera que el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias debería haber reflejado en la sentencia que con su comportamiento los padres habrían incurrido en tres delitos de detención ilegal, uno por cada uno de los menores, lo que habría elevado considerablemente la condena.

La Fiscalía solicitaba sendas penas de 25 años y cuatro meses de cárcel para los acusados, por lo que la diferencia entre su petición y el fallo es abismal.

Una pena más elevada

Por ello, la Fiscalía del Principado de Asturias ha decidido interponer ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) un recurso de apelación contra la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

En este recurso, la acusación pública solicita a la Sala que revoque el fallo y condene a la pareja también por los tres delitos de detención ilegal de los que fueron absueltos.

En su resolución, la Audiencia Provincial entendió únicamente que en su caso concurrían la existencia de un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y de un delito de abandono de familia.

El Principado también recurre

De la misma opinión es la administración del Principado, que ejerce actualmente la tutela de los tres hermanos que siguen evolucionando bien en el centro de menores donde están acogidos desde la detención de sus padres.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Marta del Arco, ya había anunciado el pasado día 15 de este mes que el Gobierno asturiano interpondría un recurso por la misma razón alegada ahora por la Fiscalía.

La detención ilegal

En aquella ocasión, la consejera se pronunció a favor de recurrir la sentencia para que el TSJA contemplara los delitos de detención ilegal.

La administración autonómica, que se personó en el procedimiento como acusación particular y solicitó para los padres al igual que la Fiscalía una pena de 25 años y cuatro meses de cárcel, advirtió de que la sentencia debería haber recogido la figura de la detención ilegal, al haber sido retenidos los menores, aislándolos de todo contacto.

La buena evolución de los niños

Marta del Arco reconoció que los tres hermanos siguen “una evolución lenta” por “todo lo vivido” y se encuentran en un centro de acogimiento residencial en el que conviven “perfectamente con otros niños”.

Los magistrados de la Sección Segunda impusieron al alemán Cristian S., de 53 años, y a su esposa Melissa A.S., de 48 años y con doble nacionalidad -alemana y estadounidense-, una pena individual de dos años y cuatro meses de cárcel por el delito de violencia psíquica habitual en el ambito familiar, a la que se suma otra condena de seis meses de prisión por el delito de abandono de familia.

Inhabilitados para la patria potestad

A estas dos penas se sumó igualmente su inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda y acogimiento durante tres años y cuatro meses, y se les prohíbe aproximarse a los menores a menos de 300 metros, a su domicilio, lugar de estudio o cualquier otro que frecuenten durante tres años y cuatro meses.

Asimismo, ambos fueron condenados a otra pena de privación a la tenencia y porte de armas durante cuatro años y seis meses y el pago de una indemnización para cada uno de los tres menores de 30.000 euros, en concepto de responsabilidad civil.

Cuatro años aislados

Durante los cuatro años que ha durado el aislamiento de la familia, en el período comprendido entre los meses de diciembre y abril de 2025, los menores no salieron de la vivienda, estaban sin escolarizar, continuaban con pañales, pese a su edad, y se movían por la casa con tres mascarillas cubriendo la boca para no contagiarse.

Los padres tenían secuelas de covid persistente y, según explicaron sus abogados defensores, ese “miedo insuperable” a que contrajeran la enfermedad les llevó a autoconfinarse y a mantener a los menores dentro de casa, sin dejarlos siquiera que pudieran salir al jardín.

La alerta de la vecina

Una vecina que vivía en los alrededores de la vivienda familiar se puso en contacto con el Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu ante su sospecha de que dentro del chalé convivían más personas que el padre, que era el único que estaba empadronado, y tras unas vigilancias discretas por parte de la Policía Local ovetense, se decidió intervenir.

Los agentes acudieron a la vivienda el 28 de abril de 2025 con autorización judicial y, tras liberar a los menores, los padres fueron detenidos.

Tras comparecer en el juzgado, ambos fueron trasladados a la prisión de Asturias, donde han permanecido ingresados como presos preventivos durante un año.

De la cárcel al juicio

Desde la prisión, el matrimonio fue trasladado a la sede judicial donde el pasado mes de marzo fue juzgado a lo largo de varias sesiones.

Finalmente, el tribunal les impuso una sentencia condenatoria que los padres de los menores conocieron a través de sus abogados en la cárcel.

Desde el centro penitenciario, la pareja mostró su satisfacción por no haber sido condenada por los delitos de detención ilegal, alegando que su comportamiento se debía exclusivamente a ese “miedo insuperable” al covid y sin que detrás de su actitud hubiera una intención real de aislar a los menores para quienes, según dijeron, “solo querían lo mejor para ellos”.

Con el anuncio de los recursos del Principado y la Fiscalía, la decisión del futuro de la pareja queda ahora en manos de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA.

Las elecciones al Consejo Fiscal, órgano asesor de la fiscal general del Estado, han consolidado el dominio de la derecha. La conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales ha mantenido sus seis vocales, mientras la Unión Progresista de Fiscales —que en el pasado presidió Teresa Peramato— se ha quedado con los dos representantes que tenía hasta el momento. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), que llegó a pedir seis años de cárcel en el juicio contra Álvaro García Ortiz, conserva también un vocal. 

Tras la nueva cita con las urnas, a la que fueron llamados este martes casi 2.800 fiscales, el órgano mantiene la misma correlación de fuerzas de la época de Dolores Delgado. Precisamente la percepción de García Ortiz como un fiscal continuista del trabajo de Dolores Delgado –que contó con la oposición fiera de la facción conservadora de la carrera– engrasó desde el principio una relación conflictiva con el Consejo Fiscal. 

La actual fiscal general se encontrará con la misma aritmética de una mayoría de vocales que se oponen de manera casi sistemática a cualquier propuesta de nombramiento que proceda de la Unión Progresista de Fiscales o su entorno. Hasta ahora, Peramato ha optado por ascender a antiguos colaboradores de su predecesor, aunque también ha nombrado a perfiles no asociados o próximos a la asociación conservadora. 

El órgano cuenta con 12 miembros, de los que 3 son natos: la fiscal general del Estado, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde; y la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite. En la jornada de este martes fueron elegidos los nueve vocales electivos propuestos por las asociaciones de fiscales. La participación alcanzó el 79,94%%.

Esta es la nueva composición del Consejo Fiscal:

Según una nota de prensa difundida por la Fiscalía General del Estado, los comicios se celebraron con normalidad en las 77 secciones electorales habilitadas, correspondientes a cada una de las fiscalías de comunidades autónomas, fiscalías provinciales y fiscalías de área.

La Sección de Madrid incluía a los fiscales de la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Supremo, ante el Tribunal Constitucional, de la Audiencia Nacional, del Tribunal de Cuentas, de la Fiscalía Antidroga, de la Fiscalía contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, a los Fiscales de Sala Coordinadores en materias específicas así como a los Fiscales adscritos a estos. No incluía los fiscales destinados en las Fiscalías de área.

La circunscripción electoral es única para todo el territorio nacional y los electores podían elegir un máximo de seis vocales de entre los 15 candidatos presentados. Los fiscales que así lo han deseado han podido votar por correo, de forma previa a la jornada de votación. El recuento de este voto por correo se realizó al inicio del escrutinio.

Este martes se ha celebrado la última sesión en la Audiencia Provincial de Bizkaia del juicio contra Nelson David Moreno Bolaños, acusado de la muerte de un hombre de 73 años en Bilbao en octubre de 2021. Tras el juicio, que comenzó el pasado 13 de mayo, tanto la Fiscalía como las acusaciones popular y particular han mantenido sus peticiones de cárcel. En el caso de la Fiscalía, 16 años por homicidio y estafa continuada, mientras que la acusación particular ha elevado a definitiva también su petición de 30 años por asesinato y robo con violencia con agravante de reincidencia.

La acusación popular ejercida por la Asociación de Gais, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, (Gehitu) también ha elevado a definitivas sus calificaciones y solicita casi 29 años de prisión por asesinato con alevosía con la agravante de discriminación por orientación sexual y estafa informática, mientras que la defensa ha pedido la libre absolución. En concepto de responsabilidad civil, las acusaciones demandan entre 42.000 y 65.000 euros de indemnización para los familiares del fallecido, así como la reposición de 3.000 euros que el encausado habría transferido de la cuenta de la víctima a la suya.

En la sesión de este martes se ha procedido a la reproducción de prueba documental y presentación de calificaciones finales e informes definitivos por las partes. En su informe, la representante del ministerio fiscal ha considerado “acreditado que, más allá de toda duda razonable, el acusado sí cometió los hechos y que, por lo tanto, es culpable de los delitos de los que se le acusa”. En este sentido, ha considerado acreditado que el acusado contactó con la víctima a través de una aplicación, acudió a su domicilio el 5 de octubre de 2021 y “con el ánimo de acabar con su vida y sin que pueda determinarse el modo, medio o forma empleada, le ocasionó una insuficiencia respiratoria que le provocó a muerte”.

Según han detallado las partes, la víctima y el acusado habrían contactado a través de una aplicación de citas y habrían quedado en verse en el domicilio de la víctima. Para justificarlo cuentan como prueba con la conversación entre ambos en la que acusado le envió un 'selfie'. La víctima, horas antes del encuentro, envió supuestamente un mensaje a un amigo con la foto enviada por el acusado y escribió a otros dos amigos para explicarles que esa tarde estaba ocupado y que se verían al día siguiente.

Así, el acusado llegó al domicilio de la víctima para llevar a cabo un encuentro sexual pactado previamente a las 20.20. Una vez allí, en el salón de la vivienda y por la espalda, presuntamente le practicó la técnica de estrangulamiento conocida como 'mataleón' provocándole la muerte. Después, realizó una primera transferencia bancaria desde el teléfono móvil de la víctima que fue confirmada con la entidad bancaria mediante una llamada y un mensaje de texto y una segunda transferencia de otros 1.000 euros confirmada a través de un mensaje de texto. Contando con el coste de las transferencias, el delito patrimonial asciende a 3.006 euros.

El jurado está compuesto por siete hombres y cuatro mujeres. Este miércoles está previsto que se realice la entrega del objeto del veredicto al tribunal del jurado y, posteriormente, se retire para iniciar las deliberaciones, que se espera que se resuelvan en las horas posteriores. Además de si el acusado es culpable o no de la muerte de la víctima, y de si se trató de un asesinato o un homicidio, el jurado deberá evaluar también la agravante de reincidencia tras haber sido condenado el pasado junio de 2025 a 25 años de cárcel, 23 años de cárcel por un delito de asesinato doblemente cualificado con alevosía y ejecución del hecho para facilitar la comisión de otro delito y a 2 años y 6 meses de cárcel por un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia. Además, en noviembre de 2024, se le condenó a 10 años de cárcel por intento de homicidio de un hombre que logró escapar con el mismo modus operandi.

Otra de las cuestiones que deberá deliberar es si, como sostiene la acusación popular, existe una agravante de discriminación por orientación sexual debido a que, el acusado “seleccionaba a sus víctimas a través de aplicaciones para encuentros con hombres” y si se trató de un asesinato con alevosía. En este sentido, el abogado de la familia de la víctima, que ejerce la acusación particular, ha asegurado en su informe final que la defunción “es compatible con una muerte homicida” y, además, eleva la pena a asesinato con alevosía, porque el fallecido estaba “confiado, relajado y esperando una agradable velada”, lo que “evita cualquier tipo de respuesta”. “La posibilidad de defensa era nula dadas las circunstancias físicas de uno y otro”, ha añadido.

La defensa del acusado, por su parte, ha pedido la absolución argumentando que en este caso, hay “una alineación conveniente de piezas que han ido encajándose con ciertos esfuerzos de las acusaciones”, que “no han probado absolutamente nada”. El abogado de Nelson David Moreno Bolaños ha asegurado que su defendido “no quedó con la víctima, no estuvo en su casa ni le realizó ninguna maniobra conocida como 'mataleón'”, que el acusado “siempre ha declarado exactamente lo mismo” y ha admitido que “recibía tarjetas de crédito y sacaba dinero, que había terceras personas implicadas y que el no era la persona en ningún caso que mató o asesinó a nadie” porque “ni siquiera estuvo” con las víctimas. Sin embargo, no ha podido justificar cómo llegó el teléfono de la víctima al apartamento del acusado ni por qué la Ertzaintza en sus investigaciones no ha averiguado nada sobre los supuestos atacantes que asegura Moreno Bolaños que fueron los culpables, a los que llama Maracucho, JJ y Antoni pero de los cuales no sabe decir nada más que sus motes.

A diferencia de en procedimientos anteriores, el acusado no ha querido hacer uso de su derecho a la última palabra. Sí que habló, al comienzo del juicio, cuando aseguró que era miembro de una banda compuesta por otras personas que cometía únicamente delitos económicos y en ningún caso provocó la muerte a ninguna de las víctimas mediante la técnica 'mataleón'. En cuanto a la muerte del hombre por el que se le está juzgando desde el 13 de mayo en la Audiencia Provincial de Bizkaia, aseguró no conocerlo, no saber dónde se encuentra su casa y no haber chateado nunca con él. “No lo llamé, ni le envié mensajes, ni WhatsApp. No contacté con él”, contestó a preguntas de su abogado.

También señaló que la cuenta de la app por la que se entabló la conversación con la víctima la gestionaban otros miembros de la banda, de la que ya había hablado en procedimientos judiciales previos: Antoni, Maracucho y JJ. Según Moreno Bolaños, él sería el eslabón más débil de la banda, quien solamente se encargaba de ser el “tarjetero”, es decir, a quien le entregaban las tarjetas de crédito una vez sustraídas a las víctimas y él se encargaba únicamente de ir al cajero a retirar el dinero. Sin embargo, estos extremos fueron desmentidos en los dos procedimientos judiciales anteriores en los que se probó que en el primero de los casos, en el intento de homicidio, el acusado entró en la vivienda y atacó a la víctima, que consiguió huir, mientras que en el segundo, finalmente provocó la muerte de la víctima que no pudo escapar tras el ataque. Los acusados tienen derecho a mentir o a no contestar a preguntas.

El acusado, más allá de por este delito, está siendo investigado por la muerte de un total de siete personas y el intento de homicidio de otras dos. Por el momento se han resuelto los procesos judiciales de uno de los intentos de homicidio y de uno de los asesinatos. Los procedimientos restantes se llevarán a cabo en distintos juzgados y se encuentran en distintas fases.

Las claves del caso

El mayo de 2022 salió a la luz el caso de un hombre que en 2021 presuntamente había intentado asesinar a varias personas con las que contactaba a través de una aplicación de citas. Las pocas informaciones que habían sido confirmadas en aquel momento apuntaban que se investigaba un único caso de presunto homicidio consumado con demostración de prueba toxicológica y positivo en GHB. Además de este, se investigaban otros dos casos de presunto homicidio en grado de tentativa, es decir, frustrados, y se había abierto una línea de investigación en tres fallecimientos más que, en ese momento estaban certificados como muerte natural.

Tras semanas de investigaciones, en las que se contó con el trabajo de otros cuerpos policiales tanto de España como de otros países, principalmente de América Latina, y en las que el que por aquel entonces era vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka y el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, realizaron varias comparecencias tratando de aclarar lo ocurrido, el sospechoso, al ver que su imagen estaba siendo distribuida por las redes sociales, se presentó de forma voluntaria en una comisaría de la Ertzaintza en Irún. Días después el juez titular del el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, José María Eguia, decretó prisión provisional. Desde entonces se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Basauri y acumula penas de 37 años de cárcel.

La Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha respondido en el Senado a las preguntas sobre la situación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ante la grave crisis por la apertura de una investigación de la Fiscalía por una presunta trama de corrupción. “El Gobierno de España nunca va a dejar caer al CNIO”, ha asegurado la ministra ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, al tiempo que ha llamado a la tranquilidad de trabajadores y pacientes. “Los problemas que hayan podido surgir y los problemas que puedan seguir surgiendo se van a afrontar con rigor, con transparencia y con responsabilidad institucional”. 

La titular de Ciencia ha defendido que el ejecutivo dará lo que necesite al centro para seguir garantizando su funcionamiento y “para seguir mejorando las esperanzas de cientos de miles de enfermos oncológicos y sus familiares”. Asimismo, Morant ha recalcado que el CNIO “necesita paz” y ha recordado a los senadores del PP que la gobernanza del centro es colegiada. “Ustedes están presentes en el Patronato por medio de cuatro de sus comunidades autónomas”, ha dicho. “Por eso yo les vuelvo a pedir por favor, que imiten a sus compañeros del partido en el Patronato y que se sumen a la solución, que contribuyan a esa estabilidad institucional”.  

En los últimos meses, el CNIO atraviesa la mayor crisis de su historia, con el foco en una presunta trama de corrupción en contratos, sobrepuestas millonarios y servicios de mantenimiento. La Fiscalía Anticorrupción investiga una presunta trama de corrupción en torno a la figura de Juan Arroyo, gerente del centro durante dos décadas y hombre de confianza de Mariano Barbacid, fundador de la institución.

El Partido Popular había pedido la comparecencia de la ministra junto a la de la exdirectora científica del CNIO, Maria Blasco, y el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, que han quedado subsumidas en la comparecencia de la ministra. La senadora popular Elena Castillo López ha insistido en que el Ministerio de Morant es el máximo responsable político de esta situación y ha acusado a la ministra de buscar el silencio sobre las irregularidades del CNIO, no la paz. “Ustedes eligieron a los peores gestores”, ha asegurado. “Y desde que entraron al Gobierno en 2018 se ha vivido el máximo despilfarro y descontrol”. También ha recalcado la salida reciente de 22 trabajadores del centro, en un “desmantelamiento a cámara lenta” y ha puesto en duda que el próximo director científico vaya a tomar posesión de su cargo.

Morant ha respondido acusando al PP de “seguir contribuyendo al escarnio de un centro como el CNIO” y de querer “derrocar al Gobierno de Pedro Sánchez” a través de este caso. “Esto ya no va de las personas, va de un centro público que ha perdido patronos, porque está perdiendo apoyos”, ha insistido, y ha concluido expresando su intención de “intentar que se ponga negro sobre blanco lo que haya podido ocurrir allí y que se dé parte a la justicia”. 

Durante un año utilizaron una nave industrial alquilada bajo un nombre legal para fabricar, manipular y vender cientos de armas ilegales y munición. Sus actividades tenían su base de operación en Hellín (Albacete) y las regentaba un hombre, con la colaboración de otro. Ambos van a ser ahora juzgados en la Audiencia Provincial, bajo la petición de 12 años de cárcel por media docena de delitos cada uno.

Según el escrito de la Fiscalía consultado por este medio, los hechos se produjeron entre 2012 y 2013 cuando el primero de los acusados mantenía alquilada una nave bajo la apariencia de la empresa Proyectiles Toro S.L., dedicada a la fabricación de proyectiles y en la que figuraba como administrador único.

La compañía se encontraba dada de baja desde hacía años y sin contratación de trabajador alguno. No obstante, y sin autorización legal como armero, ni instalaciones habilitadas, utilizó la maquinaria para realizar por encargo trabajos de fabricación y transformación de armas y piezas, entre ellos para la optimización y punzonado de rifles, por encargo de talleres y fábricas, a través de particulares o emisarios.

En estos casos, las armas eran enviadas al amparo de la guía de circulación de alguna armería, o eran cedidas tanto al acusado como a su esposa, mientras se realizaban esas modificaciones, dando así “apariencia de legalidad” a su actividad.

Venta y distribución ilegal de rifles

La Fiscalía también detalla que el primero acusado utilizaba recargas de cartuchería metálica para terceros, sin tampoco en este caso contar con la autorización necesaria. En estos casos usaba servicios de mensajería y colaboración de terceros.

Desde la nave se realizaba asimismo importación de armas, principalmente rifles, mediante diversas empresas pantalla con el objetivo de repararlos y comercializarlos de manera ilegal, ya fuera en España o fuera del país. No existía consentimiento previo por parte de la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE).

Las armas manipuladas y transformadas eran así objeto de venta y distribución, unas veces en España y otras en el extranjero, y se ponían en circulación de común acuerdo con el segundo acusado, a su vez administrador único de la mercantil denominada Armas Hispania S.L., de la que también era socio el principal acusado.

Para realizar todas estas actividades, ambos utilizaban vehículos de alquiler para el transporte y recogida de las armas y sus piezas a otras provincias, y servicios de mensajería para la recepción y envío de armas a otros países, eludiendo los controles legales establecidos.

Se publicitaban en internet y en redes sociales

Al mismo tiempo, publicitaban sus servicios a través de foros de armas de internet y desde una página web donde además ofertaban la venta de armas de segunda mano, en concreto, de rifles que carecían de grabados, pavón o barnizados, y que habían sido manipulados para su posterior venta. La publicidad de sus servicios se realizaba también a través de redes sociales y el principal acusado procedía a exponer estos rifles en armerías, dando así apariencia de normalidad.

Para evitar ser descubiertos en los movimientos económicos derivados de la venta de armas y proyectiles, utilizaban cuentas a nombre de otras personas, como la de la esposa del principal acusado.

Después de un año de actividad, este último fue interceptado en junio de 2013 cuando se dirigía a llevar medio kilo de pólvora y balas a la nave central de Hellín. Esto permitió poner al descubierto estas actividades, cuando el Juzgado de Instrucción número dos de la ciudad autorizó la entrada al domicilio de uno de los acusados y de la nave industrial.

De hecho, cuando los agentes realizaron la inspección de la nave industrial donde llevaban a cabo la fabricación y reparación de armamento, localizaron más de un centenar de armas de distinto calibre.

Ahora, ambos están acusados de media docena de delitos: tenencia de armas prohibidas, tenencia de armas reglamentadas sin licencia, delito de fabricación de armas y munición y tenencia, transporte y tráfico de explosivos. Por todas ellas, la Fiscalía pide para cada uno de los dos acusados, un total de 12 años de prisión.