Las distintas velocidades a la que avanzan los procedimientos judiciales afecta de forma positiva a los intereses de Fernando Camino Maculet, el alto directivo de Quironsalud sospechoso de haber camuflado el cobro de una comisión por la compraventa de mascarillas junto a Alberto González Amador. Un escrito presentado ante el juzgado por el fiscal del caso revela que la imputación “material” del directivo no se produjo este mes, como se creía, sino en el mismo momento que se abrió la investigación por corrupción en los negocios y administración desleal, hace 30 meses. En todo este tiempo, Camino no ha sido llamado a declarar y solo en junio pasado el magistrado autorizó a la UCO a revisar sus cuentas bancarias.

A la confusión sobre la situación judicial de Fernando Camino ha contribuido el hecho de que la anterior jueza del caso, Inmaculada Iglesias, citara a declarar en un primer momento a González Amador y a Gloria Carrasco, pero no al directivo de Quirón, pese a la solicitud de la acusación popular, que ejercen PSOE y Más Madrid. Las sospechas sobre la participación de Camino en los hechos crecieron tras las comparecencias de ambos, en abril de 2025, pero tampoco eso motivó la citación del miembro del consejo director del gigante de la sanidad privada. 

Alberto González Amador, conocido por su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dio un salto en su carrera empresarial cuando obtuvo casi 2 millones de euros en 2020 por la comisión de una venta de material sanitario en los inicios de la pandemia del Covid-19. Había pactado con una empresa catalana un porcentaje previo por cualquier operación y entonces llegó la oferta de Mape, sociedad gallega a cuyo consejo de administración pertenecía Fernando Camino. Este directivo lleva dando trabajo desde su puesto en Quirón a las empresas de González Amador desde hace 15 años. La Fiscalía cree que ambos ocultaron un pacto para que Camino facilitara la compra del material por Mape y luego repartirse la comisión de esa operación con González Amador. Con posterioridad este habría disfrazado el pago a Camino comprando por medio millón de euros una empresa de la mujer del directivo de Quirón, pese a que apenas tenía valor. 

El cambio de titular en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid no hizo más que ralentizar el caso del presunto “soborno”. Antonio Viejo tardó seis meses en autorizar la solicitud de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de acceder a las cuentas de González Amador, Gloria Carrasco y Fernando Camino. En el mismo auto negaba a los investigadores manejar la información societaria y tributaria de los tres. Ahora, la Audiencia Provincial ha corregido a Viejo y ha dado vía libre para que los agentes emprendan una investigación completa e indaguen en todos los ámbitos solicitados. La UCO ha bautizado sus pesquisas como Operación Cirbelia.

El pasado junio, el fiscal Diego Lucas presentó un escrito en el juzgado pronunciándose sobre varias cuestiones que le reclamaba el juez. En ese escrito aclara la confusión durante todo este tiempo: “Fernando Camino Maculet tiene materialmente la condición de investigado en este procedimiento desde el 23 de octubre de 2024”. Ese documento de junio fue adelantado por elDiario.es el pasado miércoles.

El fiscal explica que la imputación “material” de Camino está en el auto por el que la jueza abrió una pieza separada del caso de fraude fiscal contra González Amador. Esa pieza está destinada a investigar el presunto “soborno” a Camino por parte de González Amador a través de la compra de Círculo de Belleza SL, como se llamaba la sociedad de Gloria Carrasco.

“En el fundamento tercero del auto se identifica a Fernando Camino por su nombre –párrafo 7– y su cargo –presidente de Quirón Prevención–, y a lo largo de los seis folios de extensión se razonó con apoyo en varios indicios por qué la situación profesional de Fernando y el cobro de la ilícita comisión de medio millón de euros no pueden separarse del pago de la comisión sin prescindir de las reglas de la lógica y la experiencia”, escribió el fiscal el 18 de junio. 

Por si hubiera alguna duda sobre los indicios contra Camino y su situación de investigado, la UCO “solicitó en diciembre de 2025 recabar toda la información bancaria, tributaria y de Seguridad Social, no solo sobre Alberto González Amador y Gloria Carrasco Fernández, sino también sobre el único nexo entre ambos: Fernando Camino, quien es a la vez amigo, socio y jefe de Alberto, y marido de Gloria”, recupera el fiscal. A continuación, Diego Lucas recuerda que ya en ese momento el juez había autorizado a que la UCO accediera a los datos bancarios de los tres. 

Una vez expuesto todo ello, el fiscal concluye que “procede sin más demora que este investigado sea formalmente llamado al proceso para ser oído”. El juez accedió a la declaración de Camino este mismo octubre, tres meses después de que se lo pidiera el fiscal. La comparecencia está fijada para el 3 de diciembre, casi medio año del escrito de la Fiscalía diciendo que no cabía “más demora”.

Camino y su puesto directivo

La revelación del fiscal sobre la imputación de Camino en 2024 no modificará su situación en la compañía. “Nuestra posición es clara”, explica un portavoz de Quirón. “Estar investigado no es estar condenado se trate de quien se trate. Nuestro propio código ético lo recoge así. Cualquier medida se toma garantizando el derecho de defensa y la presunción de inocencia”. 

Cualquiera puede consultar el código de conducta del gigante sanitario en su página web.“Rechazamos todas las formas de corrupción y no participamos en tales actividades. Evitamos todas las situaciones en las que pueda surgir el más mínimo atisbo de corrupción”. La aplicación del mismo no afectaría únicamente a Fernando Camino. El texto indica que se aplica también a “colaboradores personal externo”, así como a “aquellas personas y/o sociedades que presten sus servicios a través de contratos de prestación de servicio”.

La relación laboral de Alberto González Amador con Quirón no ha estado nunca clara. Cuando elDiario.es desveló la querella de la Fiscalía contra él, el empresario tenía una cuenta de correo electrónico corporativo de la compañía. Por su parte, Gloria Carrasco dijo en su declaración que su marido trabajaba en las oficinas a escasos metros de González Amador. 

Alberto Gonzalez Amador multiplicó por siete sus ingresos procedentes de Quirón cuando empezó, alrededor de 2021, su relación con Isabel Díaz Ayuso. En los últimos meses, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el empresario han dejado de convivir, sin que haya trascendido si siguen manteniendo algún tipo de relación. 

Ayuso comenzó a vivir con González Amador en julio de 2023, un año después de que él comprara un piso en el distrito de Chamberí para el que adelantó una cantidad casi idéntica a la que Hacienda le acusa de haber defraudado, 350.000 euros. Ambos disfrutaron también de un ático en la planta superior por el que el empresario pagaba 5.000 euros mensuales con derecho a una compra que terminó ejecutando a finales del verano de 2025. El pasado verano de 2026, Alberto González Amador puso en venta las dos propiedades. Ha trascendido que Díaz Ayuso se ha mudado a un piso en Puerta de Hierro. 

A las 14.49 horas, el juicio por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza de 2018 ha quedado visto para sentencia. Una terna de magistrados de la Audiencia Provincial de Álava, encabezados por Beatriz Eva Román Gobernado, se ha retirado ahora a deliberar y emitirá en breve una sentencia. Finalmente, solamente se ha revisado lo ocurrido en el examen de Cirugía Plástica y no se ha permitido hablar de la otra docena de especialidades donde, en su momento, se vieron igualmente indicios de irregularidades.

En la segunda y última sesión, los dos acusados, el doctor Alfredo Martínez Flórez y la opositora Thais Salas, han tomado la palabra. Las acusaciones —la Fiscalía y los sindicatos ESK y LAB— sostienen que el primero, autor de la mitad de las preguntas del examen teórico, le dio las cuestiones a la segunda, que obtuvo la mejor nota. Eran suegro y nuera, y trabajaban juntos en el hospital Donostia. La prueba fundamental que se esgrime contra ellos es que ella acertó casi todas las que redactó su familiar, mientras que tuvo un resultado mucho peor en el resto.

Un elemento muy llamativo es que Salas fue 'interceptada' al poco de terminar el examen teórico —en el descanso hasta el práctico— por dos altos cargos del Gobierno vasco que, al ver la nota alta, le invitaron a que no continuara. Ella siguió, pero a los pocos días esos mismos altos cargos se reunieron con Martínez Flórez para recalcar que dejarían el asunto en nada si ella se retiraba. Y, finalmente, accedió y presentó por escrito su renuncia, mostrando que ambos operaban de modo coordinado. En paralelo, en aquellos días de la primavera de 2018 florecían denuncias de filtraciones en los otros exámenes que ahora se han dado por buenos. Se inició una investigación penal, primero en la Fiscalía y luego ya en el Tribunal de Instancia de Vitoria. Pero Osakidetza nunca informó del problema en Cirugía Plástica. Si se incorporó al sumario es por la denuncia de otra opositora, Penélope Calzacorta, y mucho más adelante.

¿Quiénes eran esos altos cargos? Uno, el director de Recursos Humanos de Osakidetza en aquella época, Juan Carlos Soto. Y, dos, el secretario general del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), Fulgencio Aledo. El IVAP es otro organismo autonómico que entró a colaborar precisamente porque los sindicatos exigieron más garantías contra las filtraciones estructurales que habían denunciado en ocasiones anteriores. Osakidetza externalizó la confección de las pruebas teóricas, pero al no tener el IVAP expertos en especialidades médicas de elite acabó pidiéndole al Servicio Vasco de Salud un listado de profesionales. Así terminó el doctor Martínez Flórez haciendo las preguntas aunque, formalmente, se había abstenido como miembro del tribunal de la OPE por tener una familiar entre los examinandos.

“Joder, esto me extraña mucho”

El primero en declarar ha sido Martínez Flórez. Su señoría le ha recordado que podía no contestar y hasta mentir. Él se ha avenido a responder a todas las preguntas. Ha explicado que siendo Salas la novia de su hijo pidió retirarse del tribunal, pero que le llamaron más tarde de Osakidetza para pedirle el “favor” de hacer en un corto espacio de tiempo las preguntas. “Acostumbrados a decirles siempre que sí, no les dije que no”, ha razonado.

El abogado del sindicato LAB, Iñigo Santxo, ha dudado de que ese fuera el orden real de los hechos, asegurando que hay documentos que acreditan que fue justo al revés:

—Confucio decía que más vale el papel más pequeño que la cabeza más grande...

—Me da igual. Ya le digo que primero renuncié al tribunal. Se lo puedo garantizar.

—El folio 97 del PDF...

—Absolutamente convencido de que fue al revés.

—El orden de los factores...

—...no altera ningún producto. Les doy mi palabra de honor. Joder, esto me extraña mucho.

El “joder” lo ha repetido el doctor varias veces. También ha querido despejar la idea de era un examen difícil pensado para premiar a su nuera y tumbar al resto. Ella es excelente, “la mejor residente” que ha tenido nunca y una cirujana “muy competente”. “Estudió la carrera sin libros porque no tenía dinero para comprarlos”, ha señalado, asimismo. Iba en “transporte público” a Leioa desde Vitoria. Y ha ironizado: “Y, sí, además era la novia de mi hijo, pero de eso no tengo yo la culpa”. Aprobó por su talento, no por ninguna filtración, ha repetido. ¿Y los suspensos generalizados del resto? Por no haber estudiado. “Mire, los del tribunal no aprobarían una oposición ni hartos de grifa. Se lo garantizo”, ha rematado sobre sus colegas, médicos en ejercicio en la Sanidad pública.

“Hicieron la manera de deshacerse de mí”

Después ha tomado la palabra Salas. Ella tampoco ha renunciado a contestar a ninguna pregunta, aunque ha habido un momento en que se ha echado a llorar por el daño que, según ha manifestado, este asunto ha causado en su carrera. La juez le ha ofrecido un receso, pero ha ella ha optado por proseguir. “No estoy por novia, estoy por cirujana”, ha dejado claro sobre su posición en el mundo relativamente reducido de la Cirugía Plástica en Euskadi, donde casi todos se conocen.

Salas ha titubeado algo con datos básicos que le han pedido, como su edad en 2018. También se ha vendido como una profesional con gran currículum, incluido el “más alto” nivel de euskera. Pero LAB ha querido interrogarla en ese idioma y ha dicho que la “mintza” la tenía olvidada.

Ya en castellano, ha repetido con firmeza que no sabía que su suegro ponía las preguntas. Ambos han negado, asimismo, que hablar de la bibliografía fuese una forma sutil de dirigirla o beneficiarla. Salas es la única opositora imputada por lo sucedido en 2018 siendo, a la vez, la única de todas las personas que han sido investigadas por ser presuntas beneficiarias de filtraciones que renunció antes de lograr la plaza. En otros casos hasta han tenido promoción a altos cargos de Osakidetza. Y ella ha usado un discurso de mano negra muy similar al que han empleado denunciantes de irregularidades.

Ha sido muy gráfica. Ha contado que salió “contenta” del teórico y que la recogieron para llevarla a una salita donde le esperaban Soto y Aledo, “dos señores a los que no conocía”. Su suegro ha llegado a calificar el espacio de “cuarto oscuro”. Dice que le dijeron que había una “denuncia previa” de posible favoritismo y que su nota descollante alimentaba las sospechas. Ha añadido que la situación “les podía dar problemas” y le “invitaron” a “no continuar”. “Salí no temblando, lo siguiente. Agobiadísima. Acojonada. Yo tenía que terminar el examen. Me jugaba mucho”, ha contado. Ha repetido varias veces lo de “acojonada”.

El asunto no quedó ahí, porque luego Soto y Aledo se reunieron con su suegro por el mismo motivo. Ahí es cuando se cocinó su retirada. “Entendían que les hacía un favor y [nos dijeron] que lo iban a tener en cuenta”, ha señalado, en una grave acusación. Preguntada si ha querido decir que Osakidetza le garantizó estabilidad laboral a pesar de no tener la plaza a cambio de sepultar el episodio, ha dicho claramente que sí. “Pensé que renunciando se acababa todo. Es lo que me habían dicho. Ellos son los que mandan. Es el director de Recursos Humanos y yo quería trabajar en Osakidetza”, ha añadido.

Pero Osakidetza, al parecer, no cumplió su parte. “Si quieren hacerte la vida imposible, te la hacen. Esto me ha jodido mucho. A toro pasado no hubiese renunciado, pero me dio miedo. Me dio pánico. La que se estaba liando con el santo examen. Joder, la directora de Osakidetza y todo...”, ha señalado sobre María Jesús Múgica, que también estaba al tanto del episodio de las notas anómalas. Y ha seguido: “He intentado olvidarme de todo este tema estos años. Lo tengo aplastado en el cerebro. Me han hecho la vida imposible en Osakideza. Ahora no trabajo en Osakidetza. Recursos Humanos, Contratación, Dirección, todos. No querían que siguiese en el hospital [Donostia]. Hicieron la manera de deshacerse de mí. Osakidetza tiene sus métodos para que se quede quien quieran y salga quien no quieran”. Su abogado, Eduardo Peche, ha lamentado que Múgica, por ejemplo, no haya comparecido en el juicio. Ella y Soto, al igual que el consejero Jon Darpón, del PNV, dimitieron en su día por este caso.

No es sólo un examen, dice la Fiscalía

Después, tras un descanso, ha llegado la parte de las conclusiones. La Fiscalía pide dos años de cárcel para el doctor y uno para la opositora, además de otras penas accesorias. La fiscal Cristina Vicente Briansó ha dicho que es cierto que no hay una “grabación” o pistola humeante con el momento de la filtración, pero la da por hecha. Los indicios son muy consistentes, ha manifestado.

Y ha avisado de la trampa de Osakidetza en la OPE de 2018 al externalizar al IVAP la confección de exámenes ante los rumores de filtraciones permanentes en estas convocatorias cuando en realidad seguían siendo sus jefes de servicio los autores de las preguntas. El “cortafuegos” no era tal, ha asegurado la fiscal. Ha agregado que este caso no trata únicamente de “un examen” aislado de una pequeña especialidad médica sino de la “confianza” que la ciudadanía puede tener en un sistema de empleo público limpio.

ESK pide dos años para ambos procesados. Es la acusación que menos protagonismo ha tenido en el juicio. Su letrado, Julio Sánchez, ha sido claro en la última intervención: “El delito está consumado por mucho que la opositora haya renunciado”. Y ha añadido: “Aquí no estamos analizando si Osakidetza actuó de una manera o de otra. Pero son llamativas esas conductas”.

LAB pide tres años de cárcel para cada uno de los imputados. Su abogado, en el alegato final, ha citado a Juan Alberto Belloch y Manuel Marchena, la corrupción del 'caso De Miguel' y hasta que coincidió en tertulias de televisión con el doctor Martínez Flórez. Pero también ha recordado todo el recorrido del caso poniendo en valor a tres anestesistas que denunciaron filtraciones en su examen y que eran de ESK, Marta Macho, Manoel Martínez y Roberto Sánchez, a la vocal de Cardiología Izaskun Obieta que vio lo propio en la suya y que contó que la exconsejera Nekane Murga una vez le dijo “qué bien has hecho el examen y eso que no lo tenías” y hasta las sospechas esgrimidas por el Sindicato Médico, al que ahora mismo LAB está enfrentado laboralmente.

En la otra parte, el letrado Rubén Múgica, defensor del facultativo, ha pedido escapar de “runrunes” y “chismes” y ha buscado sembrar la duda razonable en el convencimiento de que puede suponer la absolución de sus clientes. ¿Alguien ha podido acreditar qué preguntas del examen puso realmente Martínez Flórez para concluir que en esas su nuera fue la mejor? Él cree que no y así lo ha repetido machaconamente en un vehemente alegato final.

Peche, el último en tomar la palabra, ha empezado diciendo que el asunto se planteó en 2018 como una “investigación prospectiva” y terminado lamentando que no hayan declarado gentes como Múgica. Y ha seguido glosando el excelso currículum de su patrocinada para, después, decir que su nota real en el examen bajo sospecha no fue para tanto, 72 de 100. “Un siete es un aprobado bajo”, es lo último que han escuchado sus señorías antes de retirarse a deliberar y redactar la sentencia.

La Fiscalía ha vuelto a pronunciarse sobre los indicios contra Alberto González Amador en la investigación por corrupción en los negocios que mantiene imputados también al presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, y a la mujer de este, Gloria Carrasco. El Ministerio Público, en un escrito enviado al juzgado, mantiene que “es muy alta la probabilidad” de que la pareja de Ayuso comprara una empresa de Carrasco por medio millón de euros “para retribuir un favor recibido” de parte de Fernando Camino.

El “favor” que estaría pagando González Amador comprando por ese precio una sociedad que “carecía de actividad” sería “la intermediación” de Camino para que la pareja de Ayuso hiciera el gran negocio de su carrera, casi 2 millones de comisión por la compraventa de material sanitario en la pandemia.

La Fiscalía también valora que el “favor recibido” fuera el notable incremento de facturación que las sociedades de Alberto González Amador tuvieron respecto de Quirón Prevención tras la operación de las mascarillas y haber transferido de forma camuflada a Camino los casi 500.000 euros, una parte de la comisión.

En su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el Ministerio Público también se plantea que la compra de Círculo de Belleza SL por parte de González Amador estuviera en realidad recompensando “ambas cosas”.

“La realidad negocial, por tanto, es diferente de la realidad formal plasmada en los contratos manuscritos. Es claro que González Amador no pagó medio millón de euros a Carrasco Fernández porque pensaba que iba a obtener algo de esa empresa –la cual carecía de actividad–, y es muy alta la probabilidad de que lo hiciera para retribuir un favor recibido”, escribe el representante del Ministerio Público.

La Fiscalía hace estas consideraciones en un escrito al juzgado en el que se posiciona a favor de la petición de la Agencia Tributaria de no seguir adelante, por ahora, con la inspección fiscal a los investigados, así como a Quirón Prevención y su matriz, Helios Healthcare Spain SL. La existencia de un procedimiento judicial afectaría al resultado de la indagación de Hacienda, según el fiscal.

Razona la Fiscalía: “La determinación por la jurisdicción penal si el precio recibido por la esposa de Fernando Camino por la venta de su empresa Círculo de Belleza SL es en realidad el objeto material de un delito de corrupción entre particulares tiene una relevancia evidente en el procedimiento inspector seguido por la Agencia Tributaria (...) como los son también la sustitución por Alberto González Amador de Maxwell Cremona por Masterman & Whitaer (nombre que dio a Círculo de Belleza) en la facturación de los servicios a Quirón Prevención”.

Por otra parte, la Fiscalía solicita en su escrito, del pasado junio, la declaración como investigado de Fernando Camino, lo que ya acordó el juez a principios de este mes de octubre. El Ministerio Público corrige la percepción de que Camino pasa a estar investigado ahora y asegura que la redacción del auto de la anterior jueza del caso, Inmaculada Iglesias, por el que abrió en 2024 una pieza separada del caso de fraude fiscal de González Amador (para investigar la corrupción en los negocios), ya advertía de la investigación contra el presidente de Quirón Prevención.

La Fiscalía recuerda que la jueza Iglesias –que se jubiló en verano de 2025– dejó encomendada a la UCO de Guardia Civil la investigación de las cuentas y sociedades no solo de González Amador y Gloria Carrasco sino también de Fernando Camino, quien es de la pareja de Ayuso “amigo, socio y jefe”, al tiempo que “marido de Gloria”.

El fiscal recuerda que el juez ya había accedido a que se investigaran los productos bancarios de los tres. Este martes trascendió que la Audiencia Provincial ha corregido al actual juez del caso, Antonio Viejo, y ha accedido a que no solo se investiguen sus cuentas bancarias sino toda su información societaria.

“Procede sin más demora que este investigado formalmente llamado al proceso para ser oído”, escribió en junio el fiscal. El juez Viejo ha citado a declarar como imputado al presidente de Quirón Prevención el próximo 3 de diciembre.

La Audiencia Provincial de Madrid ha corregido al juez que investiga a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y ha autorizado que la Unidad Central Operativa (UCO) acceda no solo a sus datos bancarios sino a toda su información financiera para investigar si ejecutó un “soborno”, como dice la Fiscalía, a un directivo del Grupo Quirón. Los jueces toman esta decisión tras estimar un recurso de la Fiscalía al que ni siquiera la defensa del propio Alberto González Amador se había opuesto tras la petición de la propia unidad de élite de la Guardia Civil.

El juez Antonio Viejo asumió la doble investigación contra el comisionista sanitario después de la jubilación de la anterior titular del juzgado. La causa por fraude fiscal, en el que tanto la Fiscalía como la Abogacía piden condenas de cárcel por defraudar 350.000 euros usando un sistema de facturas falsas, se encuentra solo a la espera de fecha para el juicio. La segunda causa, en fase de instrucción, analiza si el empresario compró por medio millón de euros una empresa sin actividad ni medios de la esposa de Fernando Camino, un directivo de Quirón imputado desde hace dos semanas, a modo de “soborno” como sospecha la Fiscalía.

Esta segunda ramificación del caso ha avanzado con lentitud en el juzgado de Viejo, hasta el punto de que la propia UCO solicitó al instructor tener acceso a toda la información bancaria y financiera de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La respuesta del instructor, medio año después, fue autorizar solo el acceso a la información bancaria pero no a la relacionada con sus impuestos o sus pagos a la Seguridad Social. La Fiscalía recurrió al entender que acceder a esa información denegada era algo necesario y “mucho menos invasivo” que lo que ya había aceptado el juez. No tener acceso a la información tributaria de Alberto González Amador, dijo el Ministerio Público, “dificulta enormemente” la investigación.

La defensa de González Amador y sus empresas no se opuso a esta medida y la Audiencia Provincial de Madrid acaba de aceptar las alegaciones. “Resulta necesario cotejar la información bancaria con la información tributaria y de la Seguridad Social referente a dichas personas físicas y jurídicas”, razona el tribunal madrileño que supervisa la instrucción. El propio González Amador, recuerda este auto, “ha mostrado ya no sólo su conformidad sino incluso su interés en que se recabe dicha información tributaria y de la Seguridad Social con la finalidad de que se finalice con la mayor celeridad posible la investigación”.

Acusaciones de fraude fiscal y soborno

La investigación judicial contra Alberto González Amador es doble. En un primer momento, tal y como reveló en exclusiva elDiario.es, la Fiscalía acusó al comisionista sanitario de eludir el pago de 350.000 euros en los impuestos de sus empresas usando un sistema de facturas falsas por servicios no realizados. Una causa que avanzó lenta y en la que la magistrada intentó varias veces sin éxito tomar declaración a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El empresario ya fue procesado y se abrió juicio oral contra él con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, en representación de Hacienda, solicitando hasta tres años y nueve meses de cárcel para él. La causa se encuentra pendiente de que los tribunales pongan fecha al juicio.

Una segunda ramificación del caso, ahora impulsada por la Audiencia de Madrid, se centra en la relación de González Amador con Quirón, el gigante sanitario para el que trabaja a través de una de sus filiales. La Fiscalía considera que ejecutó un “soborno” al pagar medio millón de euros por una empresa fantasma de la esposa del directivo Fernando Camino, citado a declarar a principios del próximo mes de diciembre.

El jugador del Real Betis Héctor Bellerín ha interpuesto una querella contra el youtuber y creador de contenidos Iñaki Angulo tras las manifestaciones “de contenido homófobo” realizadas por el comunicador sobre la figura del futbolista durante la emisión de uno de sus directos, en las que llegó a tildarlo de “maricón encubierto”.

Según ha podido conocer Europa Press, la querella le imputa un delito de odio en concurso ideal con un delito de injurias graves hechas con publicidad y ha sido interpuesta ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla.

Los hechos se produjeron durante una retransmisión en directo en YouTube en la que Angulo analizaba el partido disputado entre el Real Betis y el Real Madrid el pasado 4 de septiembre, en el que Bellerín tuvo que enfrentarse al jugador del Real Madrid Vinícius Júnior.

En ese contexto, el creador de contenido hizo referencia a la apariencia y los gustos personales del futbolista, aludiendo a que “se pinta las uñas” y “solo lee libros de mujeres”, para posteriormente proferir insultos de carácter homófobo.

Además, el club verdiblanco ha presentado una denuncia ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte por este mismo episodio.

El club sevillano, sujeto como el futbolista al ámbito de aplicación de la Ley 19/2007, de 11 de julio, detalla en su escrito que el artículo 23.1 c) de esta norma tipifica como infracción muy grave “la difusión por medios técnicos, materiales, informáticos o tecnológicos vinculados a información o actividades deportivas de contenidos que promuevan o den soporte a la violencia, o que inciten, fomenten o ayuden a los comportamientos violentos o terroristas, racistas, xenófobos o intolerantes por razones de religión, ideología, orientación sexual, o cualquier otra circunstancia personal o social, o que supongan un acto de manifiesto desprecio a los participantes en la competición o en el espectáculo deportivo o a las víctimas del terrorismo y a sus familiares”.

Al detalle, la denuncia subraya que el precepto atribuye la condición de posible infractor a “cualesquiera sujetos”, sin exigir que el autor tenga licencia federativa, pertenezca a una entidad deportiva o participe en la organización de la competición.

La entidad verdiblanca precisa que, sin perjuicio de la calificación definitiva que se haga en el expediente, el artículo 24 de la ley contempla para las infracciones muy graves multas de entre 60.000,01 y 650.000 euros.

Además, cuando el responsable sea una persona física, podrán imponerse sanciones accesorias, como la prohibición de acceso a recintos deportivos.

Por todo ello, el Real Betis ha solicitado a la Comisión Antiviolencia que analice y valore las manifestaciones de Iñaki Angulo y que, si aprecia indicios suficientes de infracción, impulse o proponga, según corresponda competencialmente, la incoación del expediente sancionador.

Cabe recordar que la Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado diligencias de investigacion contra el youtuber tras la denuncia presentada por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, a la que se han adherido posteriormente cerca de un centenar de personas, que investiga la posible comisión de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas.

En un principio, eran solo dos mujeres que venían de países y pasados muy distintos, y que habían coincidido encerradas durante la pandemia en la lujosa villa de Julio Iglesias en Punta Cana, trabajando en condiciones muy duras. Dos entre muchas. Ahora las conocemos como Rebeca y Laura, dos nombres ficticios para proteger a las extrabajadoras que se han querellado contra el cantante por delitos de violencia sexual y abuso laboral.

El relato de lo que vivieron en ese tiempo lo hemos dado a conocer en elDiario.es: acoso, abuso, agresiones sexuales y humillaciones, así lo han contado ellas. “No merecíamos el maltrato físico, psíquico y sexual que sufrimos”, dijeron.

Esos hechos fueron puestos en conocimiento de la justicia ya dos veces. La primera, en forma de denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, sucedió en los primeros días de enero. Los propios fiscales cerraron la vía, decidieron no querellarse. Ni siquiera valoraron los hechos, se quedaron en el paso previo: ¿puede España tener conocimiento de unos hechos ocurridos en el extranjero?

Había “cuatro puertas independientes” para acceder a la jurisdicción española, como las representa el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Juan Antonio Lascuraín. “Si ya entras por una, no necesitas ni llamar ni que te abran otra. Ya estás dentro”. Y cada una tiene sus requisitos. Los portales son, en su orden legal: la territorialidad, la personalidad activa —que el autor del delito sea español—, la protección —intereses básicos españoles— y justicia universal (delitos considerados internacionalmente como graves).

Para decir que no, la Fiscalía aplicó el principio de territorialidad: como no hay los suficientes “vínculos” territoriales ni personales que exige la ley, los hechos deben ser perseguidos por los Estados donde ocurrieron los hechos. Se plantó en la primera puerta e intentó abrir la segunda, el de la personalidad activa.

Para esa vía, había tres requisitos: ¿es español la persona señalada? Sí. ¿Los hechos también son delitos en el país en el que fueron cometidos? Sí. ¿Sería España el primer país que juzgue estos hechos? Sí. Triple positivo. Y, a pesar de eso, la Fiscalía dijo no y el caso fue archivado.

Catedráticos especializados en derecho penal y justicia universal criticaron abiertamente la interpretación del Ministerio Público. “Esta decisión era clara y sorprendentemente errónea”, explica Juan Antonio Lascuraín, señalando que el caso cumple los tres requisitos citados. Incluso “doblemente errónea” pues a su juicio se podía haber abierto también la puerta de la justicia universal, la cual “no exige la doble incriminación” en los dos países y “lo que se denuncia son delitos de trata de seres humanos y de agresión sexual”, crímenes reconocidos en los tratados internacionales.

A pesar de las grandes restricciones que tiene la justicia universal desde el año 2014, que la hacen “ya casi irreconocible” para la catedrática de Derecho Penal en la Universitat de València Lucía Martínez Garay este caso también cumple los requisitos. “Puede ser fuente de conflictos políticos y diplomáticos internacionales, y por ello los Estados tienden a recortarla a veces aunque se pague el precio de dejar impunes algunos delitos graves”, señala. La jueza Victoria Rosell, quien también explicó de manera rotunda por qué hay competencia, analizó que los tratados internacionales firmados por España incluyen las delitos de trata y violencia contra las mujeres entre aquellos perseguibles fuera del territorio.

El desconcierto de los juristas

“En contra de lo que afirma la Fiscalía, los tribunales españoles sí son competentes para conocer de las acusaciones que van dirigidas contra el señor Iglesias”, escribió con rotundidad a los pocos días del archivo Martínez Garay en este periódico. “De lo que sí estoy seguro, con la seguridad que da la ley en la mano y la obligación de los jueces y fiscales de aplicarla, es que España sí tiene jurisdicción”, fue igualmente tajante Lascuraín en El País. O Ramón Soria, el catedrático emérito de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que escribió en Público que los argumentos para el carpetazo eran “extraordinariamente endebles”.

La Fiscalía archivó tan sumamente rápido el caso que le ardía entre las manos, en tan solo 18 días, que dejó a las abogadas que representan a Rebeca y Laura con tres preguntas clave sin responder. Y esa no fue su única consecuencia: a pesar del archivo, el abogado de Julio Iglesias, José Antonio Choclán, peleó para conseguir una copia de la denuncia y del expediente completo, incluidas las declaraciones de las denunciantes que se habían tomado otorgándoles la condición de testigos protegidas.

Al negarse la Fiscalía a proporcionarle acceso, el cantante decidió denunciarla. Así, se inició un contencioso que ha estado abierto varios meses y que ganó Julio Iglesias. Pocos días después, todo el mundo pudo leer, ver y escuchar las declaraciones de las denunciantes, que fueron publicadas por la web Okdiario.

No ha sido el único frente judicial que el cantante ha abierto en España en el intervalo de tiempo entre la denuncia de enero y la querella de octubre. Mientras tanto, Iglesias ha puesto una querella por los supuestos delitos de injurias con publicidad, calumnias y un delito contra la integridad moral a cinco periodistas de elDiario.es por la investigación periodística publicada en exclusiva por este medio y por el canal de noticias estadounidense Univision, pidiendo hasta penas de cárcel por los presuntos delitos de injurias y calumnias.

También arremetió contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por sus opiniones sobre los testimonios de Laura y Rebeca. La demandó pidiéndole una indemnización de 500.000 euros, pero el caso ha sido archivado por el Tribunal Supremo, que no se encontró competente. Si Iglesias quiere volver a demandar a Díaz, tendrá que recurrir a un juzgado ordinario.

Llega el otoño, segundo intento

En realidad, había un cuarto requisito para que España pudiera investigar a Julio Iglesias: interponer una querella. Era solo un formalismo, puesto que podría haberlo hecho la propia Fiscalía. La última condición se cumplió el 3 de septiembre: la querella contra Iglesias se selló en la Audiencia Nacional por las propias Rebeca y Laura.

Ahora es un juez, Antonio Piña, el que toma las decisiones. Lo primero que hace es consultar a la Fiscalía. Esta encarga a Vicente González Mota, un conocido fiscal experto en casos de terrorismo, que elabore un informe. A principios de octubre, ya se sabe que va a contradecir el que se emitió en enero.

La cúpula de la Fiscalía debe decidir después si respalda la opinión de González Mota. Si firma su informe, será como admitir que la primera vez se equivocó. Si no lo hace, se haría difícil justificar que lleva la contraria a uno de sus fiscales más respetados. Para no contaminar la decisión, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y la teniente fiscal, Marta Durántez, que habían participado del primer informe, deciden abstenerse.

La sorpresa llega el pasado miércoles 14 de octubre: la Fiscalía avala a González Mota y entiende que sí hay competencia. Es eso lo que le dice al juez.

Cómo se come el cambio de idea

El razonamiento legal por el que la Fiscalía cambia de idea, 224 días después de que archive la denuncia, es porque decide mirar el caso con otro principio. Es el de la personalidad activa, “sobre el que se había pasado de puntillas” la vez anterior —señala la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona Mercedes García Arán— “diciendo que no era aplicable porque la víctima no es española”.

Pero, como dice esta jurista, acompañada de otros como José Antonio Lascuraín o Lucía Martínez Garay, el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice claramente que España puede perseguir delitos cometidos por españoles en el extranjero, sin importar la nacionalidad de la víctima. En este caso tenemos una víctima dominicana, otra venezolana y un querellado que tiene doble nacionalidad, la española y la dominicana.

“Creo que el criterio anterior, el de entender que los tribunales españoles no son competentes para conocer de este caso, era jurídicamente insostenible”, analiza Lucía Martínez Garay.

José Antonio Lascurían escribió que sentía “dolor y rubor” al pensar qué le diría a sus alumnos de Derecho sobre el escrito de la Fiscalía de enero. Ahora, tiene algo diferente que decirles. “Que rectificar es de sabios y que es sabia y correcta la aplicación que hace ahora la Fiscalía del ámbito de la jurisdicción española. Se ha perdido tiempo, pero bienvenido sea el nuevo informe”, dice. “'¿Suspendería usted entonces a la fiscal (del primer caso)?', me preguntaban. 'Por ese decreto, sí, y os suspenderé a vosotros si resolvéis así un caso similar'. Ahora tengo un ejemplo de lo que es un informe correcto, acorde a la legalidad. Y de cómo tienen que interpretar la ley y aplicarla si quieren aprobar”, añade el profesor.

¿Y ahora qué?

El juez Antonio Piña ha dado cinco días a las partes para que aleguen lo que consideren. Por tanto, a finales de la semana siguiente se sabrá si hay caso o no. El catedrático Lascuraín cree que no hay margen para que el juez vaya en contra del criterio de la Fiscalía. “Es que si no se hace no solo se vulnera la ley sino el derecho fundamental de las querellantes a la tutela judicial efectiva”. El profesor recuerda que el Tribunal Supremo había rechazado que la jurisdicción española fuera competente en el caso Rigoberta Menchú. Lo hizo invocando el incumplimiento de un requisito que no figuraba entonces en la ley —la conexión del delito con España—, y el Tribunal Constitucional tuvo que enmendarle.

“Podemos discutir si los criterios legales que delimitan la jurisdicción penal española deben cambiar. Pero ese es un debate político, de política criminal. Aquí se trata de aplicar la ley. Y es verdad que la interpretación de las leyes es discutible en muchos casos, entre otras cosas por la propia vaguedad del lenguaje. Pero aquí no. Aquí las reglas son claras: si se dan los requisitos, y se dan sin margen a la duda semántica o metodológica, la querella debe admitirse en cuanto a la competencia de los tribunales españoles para conocer de la causa”, añade.

Amnistía Internacional pidió una reconsideración

Desde Amnistía Internacional celebran el cambio de criterio. “Es muy buena noticia que la Fiscalía considere que los tribunales españoles son competentes, en línea con la carta que enviamos hace unas semanas”, asegura Virginia Álvarez, responsable de investigación en la organización. En la misiva, enviada después de que las dos extrabajadoras presentaran su querella, Amnistía se dirigía a la Fiscalía General del Estado para pedirle que reconsiderara su postura e hiciera posible que las víctimas de violencia sexual “accedan a la justicia”. 

Women’s Link elevó en septiembre el caso a diferentes organismos de la ONU, debido a la gravedad de los delitos, a la especial protección que requieren las denunciantes y la necesidad de aplicar perspectiva de género a este caso. Women’s Link ha valorado “positivamente” este viernes el informe de la Fiscalía.

Coincidiendo con los juristas consultados, Amnistía Internacional siempre consideró que el Ministerio Público había hecho en enero una interpretación “muy restrictiva de la norma y de lo que dice el Convenio de Estambul”. “Le pedíamos que había que garantizar la no impunidad y, por otro lado, un enfoque interseccional y de género con este tipo de delitos en los que, además, cuando las mujeres son migrantes y racializadas suelen tener muy difícil el acceso a los sistemas de justicia”, apunta Álvarez.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha hecho este viernes un llamamiento al respeto de la presunción de inocencia y del desarrollo del proceso judicial ante la apertura de juicio oral contra la consejera Inés Miranda y otros seis acusados por supuestas irregularidades cometidas en las Jornadas de Paisaje entre 2016 y 2019.

El auto del juez, conocido el pasado 3 de octubre, apuntaba a una posible fragmentación de la organización de las jornadas mediante varios contratos menores. Esta fórmula habría permitido mantener las adjudicaciones sin dar publicidad suficiente para que otras empresas pudieran presentar sus ofertas.

Según el auto, gran parte del dinero abonado a dos de estas entidades habría terminado en Imaco 89, empresa administrada por la esposa del entonces interventor general del Cabildo.

En un comunicado remitido a EFE, Morales ha recalcado que la acusación formulada por la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas no es una sentencia y que la fase judicial que ahora se abre permitirá a los acusados ejercer su derecho a la defensa, pues así lo ampara y lo prevé el marco jurídico sobre el que se levanta el Estado de Derecho español.

El presidente del Cabildo ha recordado el daño que producen los juicios mediáticos paralelos y ha señalado que políticos canarios de distinto signo como Carlos Sánchez (PP), Pedro Sanginés (CC) o el actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), han vivido procesos judiciales con acusaciones de la Fiscalía de parecida índole que luego fueron sobreseídos o en los que resultaron absueltos.

En todos los casos, ha recalcado Morales, se sufrió un juicio mediático paralelo, con el consiguiente daño personal y familiar, por lo que ha insistido en dejar actuar a la justicia y en garantizar la presunción de inocencia.

La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas aprecia en los siete acusados delitos continuados de malversación de caudales públicos, fraude en la administración y prevaricación administrativa y pide también que seis de los procesados indemnicen al Cabildo con 15.717 euros.

El fiscal reclama para la consejera Inés Miranda una condena de cinco años de cárcel y diez de inhabilitación, pena que también solicita para los directores en esos años de Política Territorial y del Desarrollo Estratégico del Plan Insular de Ordenación, Rafael Pedrero y Víctor Quevedo, que también figuran en la causa.

A cinco años de prisión se exponen también la administradora de la empresa Imaco 89, María Ángeles Horna -que figura en la causa junto a su marido, el interventor del Cabildo en esos años, José Juan Sánchez Arencibia-, y para el periodista y empresario Michel Jorge Millares.

José Juan Sánchez Arencibia se enfrenta a dos años de prisión, una multa de 10.950 euros, y siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, mientras que para la acusada Mónica del Pino Torres, titular de otra mercantil implicada en la causa, se solicitan tres años de prisión.

En su escrito, de 97 folios, el fiscal describe un supuesto plan concertado entre los acusados para predeterminar las adjudicaciones de las Jornadas del Paisaje de Gran Canaria entre 2016 y 2019, ocultar a quien habría ejecutado materialmente las prestaciones y utilizar el procedimiento de contratación pública como una apariencia formal de legalidad. 

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la apertura de juicio oral contra la consejera de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, Inés Miranda, y otros seis cargos insulares y empresarios por las supuestas irregularidades cometidas en la Jornadas del Paisaje de entre 2016 y 2019 y reclama penas de hasta cinco años de prisión.

Entre los siete investigados figuran, además de la consejera de Política Territorial, el entonces interventor general de la corporación, José Juan Sánchez Arencibia, y el entonces director general de Política Territorial, Rafael Pedrero, y el director de Desarrollo Estratégico del PIO/GC, Víctor Quevedo, además de empresarios.

Según ha informado en un comunicado la portavoz de la Fiscalía, en su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal Javier Ródenas aprecia en los acusados delitos continuados de malversación de caudales públicos, fraude en la administración y prevaricación administrativa. En el caso del entonces interventor general, el auto del juez conocido el 3 de octubre también señalaba posibles negociaciones prohibidas a funcionarios públicos por los expedientes relacionados con su esposa.

La presentación del escrito de la Fiscalía se ha producido tras concluir la investigación el magistrado de la plaza 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria y dar traslado a las partes para que formularan sus acusaciones, para lo cual tenían 10 días.  

El auto del juez, conocido el 3 de octubre, apuntaba a una posible fragmentación de la organización de las jornadas mediante varios contratos menores. Esta fórmula habría permitido mantener las adjudicaciones sin dar publicidad suficiente para que otras empresas pudieran presentar sus ofertas.

La investigación se centra en los eventos celebrados entre 2016 y 2019 y en el papel de distintas empresas que recibieron fondos del Cabildo de Gran Canaria para organizar las jornadas.

Según el auto, gran parte del dinero abonado a dos de estas entidades habría terminado en Imaco 89, empresa administrada por la esposa del entonces interventor general del Cabildo.

En concreto, Imaco 89 habría recibido 44.503,75 euros de los 67.217,40 euros percibidos del Cabildo por el Instituto Canario de Telecomunicaciones, así como 14.924,24 euros de los 14.950 euros abonados a Yedra Comunicación por la organización de las jornadas de 2019.

El juez también aprecia indicios de un perjuicio para las arcas públicas de al menos 11.000 euros relacionado con el reparto de los patrocinios de los eventos.

Qué pide la Fiscalía para cada acusado

El fiscal reclama para la consejera Inés Miranda una condena de cinco años de cárcel y diez de inhabilitación, pena que también solicita para los directores en esos años de Política Territorial y del Desarrollo Estratégico del Plan Insular de Ordenación, Rafael Pedrero y Víctor Quevedo.

A cinco años de prisión se exponen también la administradora de la empresa Imaco 89, María Ángeles Horna -que figura en la causa junto a su marido, el interventor del Cabildo en esos años, José Juan Sánchez Arencibia-, y para el periodista y empresario Míchel Jorge Millares.

Para estos dos procesados pide que se les inhabilite durante seis años para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

José Juan Sánchez Arencibia se enfrenta a dos años de prisión, una multa de 10.950 euros, y siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, mientras que para la acusada Mónica del Pino Torres, titular de otra mercantil implicada en la causa, se solicitan tres años de prisión y otros tantos de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

El plan, según la Fiscalía: fraccionar contratos

En su escrito, de 97 folios, el fiscal describe un supuesto plan concertado entre los acusados para predeterminar las adjudicaciones de las Jornadas del Paisaje de Gran Canaria entre 2016 y 2019, ocultar a quien habría ejecutado materialmente las prestaciones y utilizar el procedimiento de contratación pública como una apariencia formal de legalidad.

De acuerdo con la acusación, la organización y ejecución efectiva de los eventos habría recaído en María Ángeles Horna a través de la mercantil Imaco 89, mientras que otras sociedades habrían figurado formalmente como adjudicatarias de los contratos.

Así mismo, sostiene que determinadas prestaciones integrantes de una misma unidad funcional y económica se habrían dividido artificialmente para evitar que su importe superase los límites del contrato menor.

La Fiscalía Anticorrupción considera que esta fragmentación habría permitido eludir los requisitos de publicidad, concurrencia y tramitación del procedimiento de contratación que, según su tesis, correspondía por razón de la cuantía y naturaleza de las prestaciones.

En relación con las Jornadas del Paisaje de Gran Canaria de 2019, la Fiscalía señala una supuesta vulneración de las normas esenciales de contratación pública, con referencia al artículo 118.2 de la legislación de contratos del sector público.

En escrito de conclusiones provisionales expone que se habrían segregado artificialmente prestaciones para realizar gasto público prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.

Además, mantiene que el procedimiento negociado sin publicidad se habría utilizado para proporcionar cobertura administrativa a una prestación previamente ejecutada, en relación con el contrato de asistencia técnica para la organización de las terceras Jornadas del Paisaje de Gran Canaria, las de 2018.

Según la acusación, la adjudicación y formalización del contrato se habrían producido después de que la prestación estuviera ya ejecutada, de modo que la tramitación administrativa no habría precedido a la realización efectiva del servicio.

El escrito describe un mecanismo similar respecto de las jornadas de 2019, en las que un contrato menor de servicios se habría adjudicado después de que la organización material del evento estuviera ya avanzada o ejecutada.

La Fiscalía expone que determinadas sociedades habrían actuado como adjudicatarias formales de los contratos de las jornadas, mientras que Imaco habría asumido, según la acusación, la ejecución efectiva de las prestaciones.

En concreto, el escrito identifica al Instituto Canario de Telecomunicaciones SL, vinculado a Michel Jorge Millares, como adjudicatario formal de los contratos correspondientes a 2016, 2017 y 2018, y a Yedra Comunicación SL, vinculada a Mónica del Pino Torres, como adjudicataria del contrato de 2019.

Según Anticorrupción, las sociedades adjudicatarias habrían percibido fondos públicos y transferido posteriormente cantidades a Imaco.

El escrito también describe operaciones económicas relacionadas con proveedores y pagos por servicios cuya inclusión en los contratos principales sería relevante para determinar si se produjeron duplicidades.

La Fiscalía afirma que los ingresos obtenidos mediante acuerdos de patrocinio debían aplicarse, según las condiciones contractuales descritas en el escrito, a reducir el coste soportado por el Cabildo, y que los contratos de 2017, 2018 y 2019 se abonaron íntegramente sin descontar esas cantidades y cifra en al menos 11.000 euros el perjuicio atribuido a este concepto (3.000 euros correspondientes a 2017, 4.000 euros a 2018 y 4.000 euros a 2019).

La Fiscalía recoge, además, la existencia de aportaciones en especie de entidades colaboradoras que, según el escrito, tampoco se habrían aplicado a reducir el coste contractual.

En cuanto al papel del interventor del Cabildo, centra su presunta participación en la tramitación y fiscalización de gastos relacionados con las jornadas, pese a conocer la existencia de intereses económicos vinculados a Imaco, según recoge el escrito de la Fiscalía. 

Un hostelero de Oviedo/Uviéu tuvo que admitir que tenía trabajando a seis camareros, cinco djs y la persona encargada del guardarropa sin estar dados de alta en la Seguridad Social cuando efectivos de la Policía y de la Inspección de Trabajo se personaron en el discobar del casco antiguo. Los empleados no tenían contrato y estaban trabajando cuando los funcionarios y policías aparecieron en el local el 5 de marzo de 2023 a las 06:30 horas.

Tres años y siete meses después, el administrador general y encargado del discobar ha vuelto a reconocer los hechos, pero en esta ocasión delante de los tres magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, que le han impuesto una condena de seis meses de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Sin contratos

El acusado reconoció ante el tribunal los hechos imputados por la Fiscalía. Dijo que era el administrador y encargado de un discobar en la calle Ildefonso Martínez de Oviedo/Uviéu, propiedad de una sociedad limitada. En el cargo de administrador único figuraba desde el 18 de mayo de 1999.

La situación era clara. No podía probar con documentación que las 12 personas que estaban en sus puestos de trabajo en el discobar estuvieran dados de alta en la Seguridad Social en el curso de una inspección en materia laboral y extranjería efectuada conjuntamente por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Oviedo y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Asturias.

La condena

Tras reconocer los hechos, el acusado aceptó una condena de seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y el pago de una multa de 6 meses con una cuota diaria de 8 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

En concepto de responsabilidad civil, se comprometió a indemnizar a la Tesorería General de la Seguridad Social en las cantidades que se han dejado de satisfacer en concepto de cuotas de cotización a la Seguridad Social que se acrediten en ejecución de sentencia, más los intereses legales correspondientes.

Además, tendrá que abonar a cada uno de los trabajadores que se encontraban en el local en el momento de la inspección con 200 euros por los perjuicios morales ocasionados.

Plot twist! La Fiscalía ha cambiado de opinión: España sí tiene jurisdicción para juzgar delitos que hayan podido cometer españoles en el extranjero. En enero dijo lo contrario, en contra de la opinión de diversos catedráticos expertos en derecho penal, que no entendían la decisión.

Y no es un español cualquiera el que fue primero denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional y ahora es objeto de una querella ante el mismo tribunal: es famoso, es millonario, es marca España, es Julio Iglesias.

El caso Julio Iglesias siempre ha cumplido con los requisitos que exigen nuestras leyes para que sea juzgado aquí, que es donde se le ha denunciado: él es español, no ha sido juzgado por estos hechos en un tercer país y los delitos que se le imputan están incluidos en la lista que los organismos internacionales consideran que tienen la suficiente gravedad como para que esto ocurra.

Recordemos de qué delitos hablamos: contra la libertad sexual, por la imposición de condiciones abusivas, lesiones y trato vejatorio, de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre.

Las denunciantes son dos mujeres de nombre ficticio Rebeca y Laura. En elDiario.es conocemos sus nombres reales, así como el detalle de los terribles hechos que relatan sobre el tiempo que pasaron trabajando en las mansiones del cantante en el Caribe.

Lo conocemos, porque durante tres años hicimos un trabajo de periodismo de investigación en el que las entrevistamos a ellas en diferentes ocasiones a lo largo del tiempo y a muchas personas más. Gracias a esas entrevistas hemos podido asentar los testimonios de Rebeca y Laura, nos han dado toda la veracidad que el periodismo necesitaba para creer en sus palabras.

Muchas de esas entrevistas se hicieron off the record. Otras se hicieron con la grabadora encendida, pero algunas personas cambiaron de idea posteriormente, debido al miedo que sentían ante las represalias que una persona tan poderosa podría desatar hacia ellas.

Desde España no somos muy conscientes del peso que tiene Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas, pero yo he estado allí y he podido comprobarlo de primera mano. Aquí, Julio Iglesias es la voz cuyas cintas nuestros padres ponían durante los largos viajes en coche de nuestra infancia. Es el meme del verano. Es el artista español que más discos vendió.

Allí, es el gran inversor inmobiliario de Punta Cana. Es el hombre que da cobijo en su casa a presidentes y hace llamadas para arreglar los líos diplomáticos. Es el rostro sonriente que aparece dibujado en el mural que da entrada al pueblo donde viven muchos de los trabajadores de su mansión dominicana. Es el patrón que contrata a empleadas domésticas y les dice: yo soy Julio Iglesias y tú quién eres, tú no eres nadie.

Es por ese gran poder que ostenta Julio Iglesias en República Dominicana que muchas mujeres que quieren hablar, no lo hacen. Y las que han hablado, viven con miedo.

Ese miedo no es solo psicológico, es real. En elDiario.es publicamos que Rebeca fue objeto de vigilancia y seguimiento por parte de detectives privados. También contamos —y todo el mundo lo vio— que a pesar de la protección que les concedió la Fiscalía como denunciantes de violencia sexual, sus nombres, sus rostros, sus fotografías personales, sus conversaciones privadas, fueron publicadas en las redes sociales. Incluso él mismo lo hizo, Julio Iglesias lo hizo.

Muchas víctimas de abusos no denuncian por miedo a las consecuencias, a que su vida fuera aún peor que antes. Otras muchas no lo hacen porque no creen en la justicia. Durante nueve meses, Laura y Rebeca recibieron razones tanto para lo primero como para lo segundo.

Lo que despierta toda mi admiración es que, a pesar del primer no, ni Rebeca ni Laura ni la organización que hace su representación legal, Women’s Link Worldwide, han tirado la toalla. Cuando la Justicia española les dio un portazo a su denuncia en enero y les dijo: aquí no, ellas optaron por exponerse aún más y presentar una querella, con todas las consecuencias.

Ahora, la Fiscalía ha cambiado de idea y avala la jurisdicción. En los próximos días, un juez instructor tendrá que evaluar si, con el Código Penal en la mano, nuestro país puede conocer o no la conducta presuntamente delictiva de un español en sus mansiones de otros países.

El juez instructor de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha acordado archivar provisionalmente las diligencias previas de investigación que abrió tras recibir la denuncia del partido político Iustitia Europa contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por la detención de un sargento del Ejército español en Líbano. Piña asume el criterio de la Fiscalía acerca de que la Audiencia Nacional no es competente para investigar si, como alega, ya hay procedimiento abierto en el seno de Naciones Unidas y por las propias autoridades israelíes.

El auto del magistrado, al que ha tenido acceso elDiario.es, apela al artículo 23.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y al principio de subsidiariedad. No consta, por el contrario, dato alguno que permita afirmar la “inactividad de dichas autoridades o la necesidad actual de una intervención subsidiaria de la jurisdicción española”, escribe Piña.

El magistrado advierte en su resolución que el archivo se produce “sin perjuicio de que una eventual modificación sustancial del estado de las investigaciones actualmente en curso o la aparición de nuevos elementos relevantes pueda justificar una nueva valoración de la cuestión”.

Piña abrió diligencias por una denuncia de Iustitia Europa y ahora archiva tras el informe de la Fiscalía. El informe del Ministerio Público se refiere a los hechos investigados como “una retención realizada por el Estado de Israel, en el contexto de un incidente operacional producido durante el desarrollo de las funciones encomendadas a la misión UNIFIL, sin que 'a priori' conste, pese al tenor de la denuncia, el empleo de violencia física, ni la prolongación de la privación de libertad más allá del referido lapso temporal”.

Sobre la existencia de investigaciones en la ONU e Israel, la Fiscalía en su informe especifica que la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas informó el 21 de julio de 2026 que los hechos habían sido puestos “formalmente en conocimiento de Naciones Unidas, que los mismos fueron trasladados por UNIFIL a las autoridades del Estado de Israel y que la propia Organización inició una investigación interna conforme a sus procedimientos”.

“Asimismo, se informa de la existencia de actuaciones desarrolladas por las autoridades israelíes en relación con los hechos denunciados, sin que conste comunicación alguna que permita concluir, en este momento, la inexistencia de una investigación efectiva por parte de dichas autoridades”, recoge la Fiscalía en su informe al juez.

Iustitia Europa tiene previsto recurrir la decisión del juez directamente ante la Sala de lo Penal y pedir que declare como perjudicado el sargento español retenido por el Ejército israelí, informan fuentes jurídicas.

La Fiscalía cambia de criterio y sostiene ahora que la Audiencia Nacional sí es competente para investigar la querella por agresión sexual presentada contra el cantante Julio Iglesias por dos extrabajadoras de sus mansiones del Caribe. Fuentes jurídicas confirman a elDiario.es que Vicente González Mota, el fiscal al que le ha correspondido por reparto pronunciarse sobre esa querella, ya ha enviado un informe en ese sentido al magistrado a cargo del caso, Antonio Piña. El juez tendrá que decidir ahora si abre una investigación contra el artista. 

Antes de ser trasladado a la causa, el informe del fiscal debía ser visado por un superior. En este caso ha sido supervisado por la fiscal de Sala Coordinadora de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía General del Estado, Beatriz Sánchez Álvarez. Esta fiscal ha respaldado el criterio de González Mota, que considera que los tribunales españoles sí son competentes para analizar los hechos denunciados por las dos trabajadoras.

La querella de Rebeca y Laura (nombres ficticios para proteger su identidad), que trabajaron en las mansiones de Iglesias en República Dominicana y Bahamas en 2021, acusa al cantante de varios delitos: trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones abusivas, lesiones y trato vejatorio.

La postura de González Mota se aparta de la fijada hace unos meses por la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez. Esta fiscal archivó el pasado enero una primera denuncia que estas trabajadoras presentaron ante el Ministerio Público, no en el juzgado como en esta ocasión.

Esa denuncia fue archivada diez días después de anunciar la apertura de diligencias y sin entrar al fondo del asunto. La fiscal Durántez consideró que los tribunales españoles carecían de jurisdicción para examinar el caso dado que los hechos ocurrieron en el extranjero y no se daban los “vínculos” territoriales ni personales que exige la ley para que la Justicia española pudiera intervenir. 

Tras otorgarles la condición de testigos protegidos y tomarles declaración, la fiscal Durántez concluyó que las extrabajadoras no son españolas, “ni viajaron con el denunciado en algún momento a España”, por lo que no había “vínculo personal o territorial con nuestro país”. Respecto al artista, afirmó que “ni reside en España, ni mantiene en este país su centro de vida, intereses, actividad” a pesar de que tiene nacionalidad española y mantiene aquí propiedades inmobiliarias. El caso nunca llegó a estar en un juzgado: ahora será el juez Piña quien decida si España tiene competencia para investigarlo o no.

Durántez es la superior de González Mota y a ella o al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, les habría correspondido supervisar su informe tras la nueva querella. Sin embargo, ambos decidieron apartarse dado que fueron denunciados por la defensa del cantante por la decisión de no facilitarle esa primera denuncia. 

Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional falló contra la Fiscalía y obligó al Ministerio Público a entregarle las diligencias preprocesales que llevó a cabo, así como la denuncia de las dos mujeres, convenientemente anonimizada para evitar su identificación. Esa decisión está recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

La querella presentada por Women's Link, la organización que representa a ambas trabajadoras, incluye el mismo relato de hechos y la misma calificación de delitos que ya se presentaba en la denuncia ante la Fiscalía, aunque con un añadido: un delito de trato degradante. El texto recoge también una amplia recopilación de jurisprudencia para reforzar la tesis de que la Justicia española sí es competente para indagar estos hechos.

Los dos policías nacionales, adscritos a las Jefaturas Superiores de Policía de Asturias y Galicia, acusados de su presunta implicación en una trama delictiva dedicada al narcotráfico y el blanqueo de capitales que operaba en el Principado, han ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Ambos pasaron este miércoles a disposición judicial junto a otras cinco personas a las que se imputa su supuesta pertenencia a esta organización criminal.

El magistrado que instruye la causa ha dictado orden de prisión para un tercer detenido y ha decretado la puesta en libertad provisional de otros cuatro presuntos miembros de la red, que siguen unidos al procedimiento y a los que se ha retirado el pasaporte.

Además, como medida cautelar, se les ha impuesto la obligación de comparecer cada 15 días en sede judicial, según ha confirmado un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) a elDiario.es Asturias.

Las sospechas sobre los agentes

El caso está bajo secreto de sumario, por lo que apenas han trascendido detalles oficiales del operativo policial que se ha llevado a cabo con una gran discreción. No en vano, las investigaciones que han derivado en el arresto de estas siete personas comenzaron a finales de 2025.

Las detenciones de los dos policías nacionales fueron practicadas por compañeros de Asuntos Internos desplazados expresamente desde Madrid que habían sido advertidos por los mandos policiales asturianos de que podría haber agentes involucrados en un asunto de tráfico de estupefacientes que se estaba investigando.

La investigación interna

Los grupos provinciales de Policía Judicial estaban investigando el caso y, a medida que avanzaban las pesquisas, detectaron los primeros indicios de la presunta implicación de componentes del cuerpo.

El inspector Pedro Aguado, portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, ha ratificado que la presunta implicación de ambos agentes colocaba a la institución policial en una situación muy delicada, por lo que se comunicó esta circunstancia a la Dirección Adjunta Operativa, de la que depende la Unidad de Asuntos Internos, que asumió las diligencias.

La intervención de Asuntos Internos

“Somos los primeros interesados en que dentro de la Policía Nacional no haya ningún comportamiento fuera de lo legal”, ha corroborado el portavoz policial.

Efectivos de Asuntos Internos se desplazaron para interrogar a los policías -uno de ellos destinado al Aeropuerto de Asturias, y el otro en la Jefatura Superior de Galicia- pero ambos se negaron a declarar. Alegaron que desconocían el contenido del sumario, al estar declarado secreto.

Arrestos y registros domiciliarios

Los arrestos se practicaron el pasado lunes durante un operativo especial desplegado en Avilés y el concejo asturiano de Castrillón.

Al mismo tiempo, se fueron realizando de forma sucesiva registros domiciliarios que corrieron a cargo de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES).

Además de los dos policías nacionales fue arrestada una empresaria que regenta un negocio en el concejo de Castrillón. Uno a uno fueron detenidos los otros cuatro presuntos miembros de la red. Todos ellos fueron trasladados a los calabozos de dependencias policiales y esta mañana pasaron con asistencia letrada a disposición judicial en Avilés.

La petición de la Fiscalía

La Fiscalía solicitó el ingreso en prisión de tres de los siete detenidos dada la gravedad de los hechos imputados y lo elevado de la pena a la que se enfrentan en caso de condena, y al considerar que existe riesgo de fuga.

Sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción del procedimiento, el Ministerio Fiscal incidió en que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de pertenencia a organización criminal, un delito de tráfico de drogas relativo a sustancias que causan grave daño a la salud, un delito de blanqueo de capitales derivado del tráfico de drogas, un delito de revelación de secretos, así como delitos contra la salud pública, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.

La orden de prisión

Un portavoz de la Fiscalía ha puntualizado que todos estos delitos son los que encajan en los hechos que están siendo investigados, sin que ello signifique que se atribuyan a todos y cada uno de los arrestados, ya que esta circunstancia se decidirá a lo largo de la instrucción, según avancen las investigaciones.

La petición fiscal se realizó ante el titular de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Avilés, plaza número 5. Posteriormente, el magistrado titular de la plaza número 1, en funciones de sustitución de la guardia de la plaza número 5, dictó los autos de prisión contra tres detenidos, entre los que figuran los dos policías nacionales, siguiendo el criterio de la Fiscalía.

Fuentes cercanas al caso aseguran que algunos de los detenidos podrían estar relacionados con la organización de narcotráfico que asesinó por una deuda a Emiliano Bruke, apodado 'El Panameño', de 44 años. El crimen se atribuyó inicialmente a un ajuste de cuentas después de que la víctima fuera acusada de haber robado a la banda para la que trabajaba 14 kilogramos de cocaína.

La Fiscalía también reclama que se levanten las medidas cautelares y el Tribunal Supremo permita votar a todos los nacionalizados por la ley de nietos. Fuentes del Ministerio Público afirman que en las alegaciones presentadas, la Fiscalía ha reclamado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que “sopese la posibilidad” de no revisar las concesiones de nacionalidad otorgadas mediante la ley de nietos, tal y como había pedido realizar en el auto en el que frenó el derecho al voto de miles de descendientes de represaliados. 

“Se ha sugerido a la Sala que esta nueva situación puede haber cambiado el escenario de ponderación de intereses en conflicto que ha de valorarse para adoptar medidas cautelares, para que se sopese la posibilidad de no llevar a cabo esas acciones de revisión del censo al menos durante este proceso electoral”, aseguran estas fuentes. 

Según la postura fijada por el Supremo, los consulados debían expedir certificados a quienes acreditaron con documentos el exilio de sus antepasados para acceder a la nacionalidad y diferenciarlos así de quienes recurrieron a la instrucción que presumía dicha condición para todos los españoles que salieron de España entre 1936 y 1955 sobre la que han puesto el foco los magistrados. 

De esta forma, solo los primeros podrían votar de acuerdo a estas medidas cautelares. Este jueves, los servicios jurídicos del Estado insistieron en que la convocatoria de elecciones hacía “materialmente imposible” revisar esos expedientes a tiempo y solicitaron el levantamiento de las medidas cautelares. 

La Fiscalía se une también a esta petición al constatar las “serias dificultades que puede crear y posibles incompatibilidades” entre las medidas cautelares del Supremo y el adelanto electoral. Así, el Ministerio Público sostiene que “la ejecución del auto puede generar una continua y progresiva suspensión de altas en el censo desde este momento hasta el de las elecciones y con posterioridad”.

CSIF ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla para que se abra una investigación sobre la gestión económica del antiguo equipo de gobierno de la Universidad de Sevilla (US), encabezado por Miguel Ángel Castro, del que formaba parte la actual rectora, Carmen Vargas.

La responsable autonómica de Universidades de CSIF, Beatriz Hortigón, ha explicado que tras la toma de posesión de Vargas, en diciembre de 2025, comenzaron a circular “noticias alarmantes” sobre el déficit de la institución. “Un déficit que desgraciadamente se está haciendo palpable en el impago, desde enero, de determinados complementos a toda la plantilla, con el profesorado como el colectivo más perjudicado”, ha añadido.

Transcurrido casi un año desde entonces, y después de la realización de una auditoría externa, ni la rectora, ni la nueva gerente, Rocío Román, “han conseguido justificar a dónde han ido a parar los fondos de la Universidad de Sevilla; ni presentar, a la parte social, un calendario de pago para la deuda existente con sus trabajadores, deuda que se acrecienta a medida que pasan los meses”, según denuncia la central sindical.

Por todo ello, CSIF ha decidido solicitar esta investigación judicial, “para aclarar, de una vez por todas, qué ha ocurrido y para que se depuren responsabilidades, incluso penales, si la Fiscalía encontrase indicios de delito”, concluye la responsable autonómica de Universidades de la organización sindical.

Déficit y recortes en la Hispalense

La Universidad de Sevilla ya aprobó el pasado mes de abril un plan de ajuste para recortar 16 millones de euros del presupuesto, con medidas como la reducción de grupos docentes, el cierre del turno de tarde en algunas facultades o restricciones en la contratación de profesorado.

Un mes después, la propia institución sevillana alertó de un desfase de casi 13 millones de euros entre el coste previsto de su plantilla para 2026 (462 millones) y la financiación asignada por la Junta en el último reparto de fondos autonómicos (449 millones), una cuantía que el Rectorado calificó de “claramente insuficiente”.

Finalmente, la Gerencia de la US informó en julio sobre los resultados de la auditoría externa relativa al ejercicio 2025, que arrojó un déficit de 14,8 millones de euros, elevando el déficit estructural del conjunto del sistema universitario público a unos 57 millones de euros en total.

La asociación de Getxo Adi HAPO, un colectivo nacido para denunciar posibles excesos en el plan general de ordenación urbana o PGOU (HAPO en euskera), ha planteado a la Fiscalía un posible resquicio legal para reactivar la investigación penal por el derribo del edificio protegido Irurak Bat. Jurídicamente, entienden que se ha podido dar por hecho que no hay indicios de los delitos urbanísticos previstos en los artículos 320, 321 y 322 del Código Penal, pero argumenta que hay base para mantener viva la causa en aplicación del 323, que recoge penas de prisión “de seis meses a tres años” para “el que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos”.

El instructor del Tribunal de Instancia de Getxo Marcos Amor decretó en septiembre el cierre de la causa por el derribo del Irurak Bat, entre cuyos imputados estaban tres ediles del PNV local. Dos de ellos habían decidido ir a vivir a las casas de lujo que iban a levantarse tras demoler el antiguo palacete. La decisión judicial llegó sin tomar declaración a los imputados y testigos y sin revisar los dispositivos decomisados por la primera instructora, Neus Galobardes, y se escuda, como pedían las defensas, en que una sentencia de lo contencioso-administrativo sobre otro edificio protegido de Getxo, La Aldea, sentaba un precedente sobre los derribos. El cierre, celebrado ya como una victoria por el PNV aunque no sea firme, está recurrido por la Fiscalía y por las otras dos acusaciones, los partidos de la oposición PP y EH Bildu, y la Audiencia de Bizkaia puede ordenar la reapertura de las actuaciones.

El intento de Adi HAPO, en cambio, es diferente. Pone sobre aviso del ministerio fiscal que hay base para analizar los hechos desde otra perspectiva. Señala que uno de los testigos que nunca declaró, el arquitecto municipal Urko Balciscueta, hablaba en sus informes precisamente del “valor histórico o cultural” del Irurak Bat desde 1986. “Existe dentro del propio procedimiento un elemento pericial que atribuye expresamente al inmueble valor histórico o cultural, precisamente uno de los elementos normativos contemplados por el artículo 323 CP. La cuestión que se solicita valorar no consiste, por tanto, en determinar nuevamente la concreta categoría administrativa del inmueble, sino en resolver una cuestión jurídico-penal distinta: si, atendiendo a los elementos ya incorporados a la causa, Irurak Bat podía constituir un bien de valor histórico o cultural a efectos del artículo 323 del Código Penal”, defienden.

Incluso sugieren, con carácter subsidiario, que podría investigarse igualmente un delito del artículo 324, que habla de “imprudencia grave” en la gestión urbanística. En este caso no hay pena de prisión, pero igualmente se sancionan los “daños, en cuantía superior a 400 euros, en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de valor artístico, histórico, cultural, científico o monumental, así como en yacimientos arqueológicos”.

La Fiscalía Superior de Andalucía ha llamado la atención en su memoria anual sobre el “incremento alarmante” de los delitos de agresiones sexuales en el último año entre menores, que ha vinculado al “consumo desbordado” de las redes sociales y, en particular, de las páginas de pornografía. También han subido los delitos de acoso escolar y de violencia de género en este colectivo.

Concretamente, el año pasado se incoaron 421 expedientes por delitos contra la libertad en indemnidad sexual cometidos por menores frente a los 244 del año anterior, un 72% más. Dentro de ello, los delitos de agresiones sexuales ascendieron el año pasado a 373, cuando en el año 2024 se incoaron 206.

Respecto al delito de abusos sexuales se han incoado 48 frente a los 38 del año 2024. En lo que respecta a los delitos de agresión sexual llama la atención los 183 incoados en Sevilla o los 75 de Almería, frente a los nueve de Córdoba o 14 de Granada; en materia de abusos sexuales destaca por su importancia los 43 de Málaga o los 5 de Jaén, según se desprende de la memoria, consultada por Europa Press.

Violencia doméstica y violencia de género

En la violencia doméstica se ha registrado un descenso en el último año, pues se han incoado 821 expedientes de reforma frente a los 1.059 de 2024, destacando los 418 de Sevilla, los 139 de Málaga o los 86 de Cádiz. La Fiscalía resalta que la violencia doméstica es el hecho que provoca más detenciones durante las guardias y en la gran mayoría de los casos la adopción de medidas cautelares, principalmente la medida de convivencia con otra persona, familia o grupo educativo; o la libertad vigilada.

Respecto a la violencia de género, se han incoado 125 expedientes frente a los 45 de 2024. A juicio de la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, la lucha contra esta forma delictiva “debe tener como fundamental el aspecto educativo”. Por una parte en el seno de la familia, “con la trasmisión de valores como el respeto, el esfuerzo, el sacrificio y a veces con la imposición de límites ante determinadas realidades perjudiciales para la evolución del menor”.

Pero también en el sistema educativo, con una educación en valores, y “en la propia sociedad en general tomando contacto con la realidad del problema con políticas de apoyo a la igualdad entre las personas, campañas de publicidad tendentes a difundir la igualdad y no discriminación entre seres humanos”.

Acoso escolar y menores de 14

En el ámbito de la violencia y el acoso escolar se han incoado 150 Expedientes de Reforma, que representan la mitad más del año 2024, 75, lo que supone un aumento considerable. Destacan los 66 incoados en Málaga, seguidos de los 39 incoados en Almería, 11 de Huelva, los 16 de Jaén y los 17 de Cádiz.

Muchos de los delitos se cometen en los centros educativos, o en su entorno o con motivo de aspectos relacionados con la actividad escolar. Por ello, la Fiscalía reclama una “actuación diligente y proactiva por aquellos para evitar tales conductas y un despliegue efectivo y real de los Protocolos Antiacoso ante la más mínima sospecha”, así como actividades tendentes a fomentar la convivencia de los menores en las aulas.

En cuanto a los actos delictivos que comenten los menores de 14 años -que a tenor de su edad son inimputables en España- se han incoado y archivado 1.482 diligencias preliminares, lo que supone un aumento respecto de 2024.

Matiza la Fiscalía andaluza que, en líneas generales, los menores de 14 años no cometen delitos graves, sino más bien delitos menos graves y delitos leves. No obstante, ve necesario que los distintos Servicios de Protección de Menores de las Delegaciones Territoriales de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad implanten programas específicos que den respuesta a la actividad delictiva cometida por estos menores que no pueden ser llevados ante la justicia por su corta edad.

A partir del año 2022 se ha observado en este colectivo un aumento en la comisión de delitos sobre la libertad e indemnidad sexual, lo que a juicio de Ana Tárrago “exige una máxima atención por parte de las entidades públicas”.

Un hombre de 34 años ha admitido este jueves en la Audiencia Provincial de Asturias, en Oviedo/Uviéu, que hace tres años ofreció regalos, drogas y alcohol a dos adolescentes a cambio de sexo durante los periodos de tiempo en que permanecían fugadas de las instalaciones del centro de menores donde permanecían bajo la tutela de la administración del Principado de Asturias por su situación de vulnerabilidad.

Tras su reconocimiento explícito de los hechos imputados por la Fiscalía, el acusado ha sido condenado a tres años y dos días de cárcel y siete años de libertad vigilada por sendos delitos de corrupción de menores.

Sabía que eran menores

El acusado llegó a mantener relaciones sexuales con una adolescente de 17 años, mientras que no logró su propósito con una menor de 15 años ante la negativa de la joven a tener sexo con él.

La vista oral del juicio se ha celebrado esta mañana ante los magistrados de la Sección Tercera, en Oviedo/Uviéu y, en sede judicial, el acusado ha admitido que sabía que las víctimas eran menores de edad y residían en un centro de la comunidad autónoma.

Entradas a discotecas y alcohol

Con la intención de mantener relaciones sexuales con ellas durante los periodos en que éstas permanecían fugadas recurría a la entrega de regalos. En otras ocasiones, les ofrecía bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes.

El acusado ha reconocido que a la adolescente de 17 años le pagó entradas a discotecas y bebidas alcohólicas para tener sexo.

Orden de alejamiento

El tribunal ha impuesto al acusado por el delito de corrupción de menores hacia esta joven una pena de un año y un día de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante cinco años.

El acusado también ha sido inhabilitado para cualquier empleo, profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante seis años y prohibición de comunicarse por cualquier medio y de aproximarse a menos de 500 metros a ella, a su domicilio y lugar de estudio o trabajo durante seis años.

Asimismo, tendrá que indemnizar a esta joven con el pago de una indemnización de 6.000 euros por los daños morales que le ha ocasionado.

Porros, cocaína y tatuaje

En el caso de la adolescente de 15 años, el acusado ha sido condenado por un delito de corrupción de menores con la agravación de menor de 16 años. La pena impuesta es de dos años y un día de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante seis años, inhabilitación especial para cualquier empleo, profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante ocho años.

Además tendrá prohibido comunicarse por cualquier medio y de aproximarse a menos de 500 metros a ella, y a su domicilio y lugar de estudio o trabajo durante seis años.

La causa que dirige la jueza María Tardón por la crisis de Ceuta va camino de convertirse en otro frente judicial para el Gobierno. La autoría de los delitos más graves apunta en dirección a Marruecos, pero esa parte de la instrucción permanece secreta y así seguirá por mucho tiempo, dado el volumen de las diligencias dictadas por la magistrada y la dificultad de que colaboren en ellas el país vecino o las tecnológicas responsables de las redes sociales. Por contra, las presuntas responsabilidades del Ejecutivo central por no haber reaccionado a tiempo a la avalancha de migrantes tendrán una publicidad inmediata: este miércoles inaugura las declaraciones en el juzgado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al día siguiente comparecerá el que fuera jefe de gabinete del recién dimitido delegado del Gobierno.

La jueza Tardón ha citado en primer lugar a Vivas porque la ciudad autónoma está personada en la causa como perjudicada y es habitual que el instructor tome declaración a los afectados en primer lugar. En cualquier caso, la declaración del presidente de Ceuta promete convertirse de inmediato en munición política. Vivas recibió la noticia de su citación concediendo sendas entrevistas a Susanna Griso y Ana Rosa Quintana en las que adelantó que ofrecería a la magistrada todas las alertas que, según él, trasladó al Gobierno central en los días previos a la llegada masiva de migrantes. El presidente ceutí llegó a decir que desde el Ejecutivo le habían contestado que era “muy pesado”, aunque después rectificó esta afirmación.

El jueves está citado a declarar Gonzalo Sanz, jefe de gabinete la Delegación del Gobierno hasta la publicación de las comunicaciones que mantuvo con un oficial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en las horas previas a la riada de migrantes. Sanz dimitió porque considera incompatible su afirmación de que trasladó el aviso al delegado del Gobierno con la postura de su entonces jefe entonces, Miguel Ángel Pérez Triano, quien niega que le hubiera informado.

La citación de Gonzalo Sanz como testigo es una iniciativa de la jueza Tardón que no responde a una propuesta de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Su declaración motivará previsiblemente la de Pérez Triano, toda vez que el exjefe de gabinete mantenga ante la jueza la versión de los hechos que ha ofrecido hasta ahora.

A su vez, un documento que no se encuentra entre los desclasificados por el Gobierno muestra que el delegado del Gobierno avisó a la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, del riesgo que vivía Ceuta en los días previos al gran asalto. Aun sin que se pueda determinar el delito que se podría atribuir a las autoridades del Ministerio del Interior, la citación de testigos o investigados dotará de gran relevancia política y mediática al caso.

Un solo párrafo de entre 26 folios sirvió de aviso al Gobierno central de las consecuencias que puede acarrearle la orientación que la jueza Tardón pretende darle a su investigación. Tardón mencionó en su auto de admisión a trámite que “habrán de investigarse todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español relacionadas con la entrada masiva e irregular de decenas de miles de inmigrantes”.

Para ello, despliega la jueza en el mismo párrafo, serán analizadas “la articulación de adecuados medios de respuesta en el territorio español, en relación con la información y alertas de su posible acaecimiento, y la incidencia que estas actuaciones hubieran podido tener en los efectos producidos por esta entrada masiva”.

La doctrina de Marchena

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es descartan que la jueza pueda adentrarse en una acusación contra el Gobierno central por el fallecimiento de al menos 83 migrantes que intentaron llegar a Ceuta a nado. Esgrimen la doctrina del Tribunal Supremo durante la Covid-19, expresada en un auto del que fue ponente el entonces presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, por el que se rechazaron las querellas que atribuían las muertes a la actuación, o inacción, del Ejecutivo.

En dicho auto, Marchena escribió: “Nuestro sistema no conoce un tipo penal en el que se castigue a la autoridad o funcionario público que, de forma intencionada o negligente, oculte información relevante para conocer el verdadero alcance de una pandemia que amenaza con causar un grave peligro para la sanidad colectiva”. “La imputación de actos homicidas o lesivos no puede construirse en términos estadísticos, sino estrictamente probatorios, ligados a la muerte o a las lesiones padecidas por cada una de las víctimas”, añadía el auto del Supremo.

En otro auto del pasado 16 de septiembre, dedicado a acordar diligencias, la jueza Tardón acepta, con matices, la propuesta de la Fiscalía para ahondar en el origen de la entrada masiva de migrantes. Una de ellas es la apertura de una pieza separada que se denomine “de investigación tecnológica”.

La Policía deberá identificar los llamamientos originales realizados desde Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram y Telegram para que la Audiencia Nacional pueda dirigirse a través de comisiones rogatorias internacionales y órdenes europeas de investigación a las empresas dueñas de esas redes. La experiencia dicta que las respuestas se eternizarán y su contenido resultará insatisfactorio para la investigación. La jueza Tardón dictó que esa pieza permanezca en secreto y solo la Fiscalía, y no el ramillete de acusaciones populares, conozcan sus avances.

Otra instrucción de la jueza va dirigida a que las unidades especializadas de Policía y Guardia Civil identifiquen a los agentes marroquíes que por acción u omisión contribuyeron a la llegada masiva de migrantes. En el remoto caso de que puedan hacerlo su declaración en calidad de investigados por los delitos contra la Nación que se instruyen se antoja imposible.

Algo similar ocurre con la orden de Tardón de que el Centro Nacional de Inteligencia identifique a los “dinamizadores” de la marcha hacia España, supuestos miembros de los servicios de Información marroquíes que se mezclaron entre los migrantes y sobre los que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la Policía dibujó la sospecha. Con esta petición, Tardón está pidiendo al servicio de Inteligencia español que sacrifique la identidad secreta, uno de los secretos mejor guardados por los estados, de los colegas de un país considerado aliado en asuntos tan relevantes como la lucha contra el terrorismo yihadista.

Un exrecluso de 27 años, considerado en medios policiales como un “peligroso depredador sexual”, ha regresado al Centro Penitenciario de Asturias acusado de dos tentativas de agresión sexual que no logró consumar gracias a la resistencia ofrecida por las víctimas. El joven apenas llevaba un mes en libertad tras haber cumplido una condena por hechos similares y pudo ser detenido en un amplio operativo policial desarrollado de forma conjunta por efectivos de Policía Nacional y Local.

Los investigadores establecieron un discreto dispositivo de vigilancia que ha permitido su captura en apenas 72 horas. Tras su detención, ha pasado a disposición de la magistrada titular del Juzgado número 5 de Avilés, especializado en materia de Violencia de Género y Agresiones Sexuales, quien ha acordado su ingreso en prisión provisional y sin fianza.

Actuó “con extrema violencia”

El detenido es conocido policialmente por su reincidencia en delitos de índole sexual. El pasado lunes, día 21, a primera hora de la mañana abordó a una joven “con extrema violencia” cuando se encontraba en el portal de un edificio del barrio de Puerta de la Villa, en Avilés.

El asaltante llevaba oculto el rostro para evitar ser identificado y no logró consumar la agresión porque se encontró con “la feroz resistencia de la víctima”, según ha explicado la Jefatura Superior de Policía de Asturias. Seguidamente, emprendió una huida a la carrera.

Operativo policial de vigilancia

Unas horas más tarde, intentó agredir sexualmente a otra joven residente en la zona, aunque tampoco logró su propósito y finalmente escapó.

Efectivos de la Comisaría de Policía Nacional de Avilés, en estrecha colaboración con la Policía Local, establecieron un discreto dispositivo de vigilancia en la zona.

“Observaba a nuevas víctimas”

El pasado jueves, día 24, los agentes lograron localizar al joven cuando “observaba adoptando una actitud de acecho a posibles nuevas víctimas”. Esta circunstancia desencadenó la rápida intervención policial para su detención.

Durante el arresto, el exrecluso negó rotundamente su participación en los hechos imputados.

Reiteración delictiva y riesgo de fuga

La Jefatura Superior de Policía de Asturias ha confirmado que el detenido apenas llevaba un mes en libertad tras haber cumplido una condena por delitos de la misma naturaleza.

Una vez finalizado el atestado policial, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado. El representante de la Fiscalía solicitó su ingreso en prisión sin fianza al considerar la gravedad de los hechos denunciados y al apreciar que en su caso concurría una alta reincidencia delictiva y riesgo de fuga. Su petición fue estimada por la magistrada y el arrestado ha regresado de nuevo al Centro Penitenciario de Asturias.