El ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha arrancado aplausos con una intervención plagada de ironía y de datos en el encuentro que ha mantenido en la Cúpula del Milenio a la que ha acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escoltado por sus ministros vallisoletanos -además de Puente estaba la ministra de Igualdad, Ana Redondo- y por el secretario del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez. Con 50 minutos de retraso, Sánchez llegaba este lunes a Valladolid, donde le esperaban unas 2.800 personas, una parte ha tenido que seguir el mitin desde fuera al cubrirse el aforo.

Óscar Puente ha comenzado recordando que el sábado el PSOE tuvo “un acto precioso en Fuenlabrada, de reivindicación de muchas cosas y sobre todo del poder el amor, el que más consigue, el que más construye”. “Algunos han pretendido burlarse y yo lo reivindico, viva el partido del amor”, ha dicho. Según el ministro “el amor está detrás de las decisiones que tratan de beneficiar a las minorías”. Pero como advirtió a continuación, no toda su charla fue de amor. Ante la visita del presidente argentino Javier Milei, que estará en España este martes, y “haciendo un ejercicio de contención muy grande”, Puente ha optado por un discurso “didáctico” aunque Milei “canta como un gato afónico”, para hablar de sus políticas. Lo ha hecho tirando de tres cifras.

“España este año ha alcanzado el record de afiliados a la Seguridad Social, 26, 6 millones”, ha recordado. Por contra, Argentina ha batido un record más cuestionable: el 45% de trabajadores está en “situación de informalidad”, esto significa que están sin contrato, sin alta en la seguridad social y cobrando en negro. “Once millones de argentinos trabajan sin ningún derecho social.¿Eso quiere Abascal para España?”, ha preguntado el ministro.

La segunda cifra de Puente es referente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha crecido un 66% en España, mientras que en Argentina ha decrecido un 40% desde noviembre de 2023. “Hoy el PP se descuelga con que el SMI no pueda subirlo el gobierno sino que sea fruto del pacto de los empresarios, no es demagogia, la cosa es muy seria”, ha remarcado.

La tercera cifra es la de las 36.000 empresas que ha perdido Argentina desde que Milei llegó a la presidencia mientras que en España, desde que Sánchez está al frente del Ejecutivo “hay 100.000 empresas más”. ·“En esta democracia están en juego las cosas del comer, no entiendo que los argentinos en medio de una crisis sistémica se echen en brazos de cualquiera”, ha lamentado. Puente ha apostado por un SMI “más cerca de los 2.000 euros que de los 1.000” y “se puede conseguir”, ha dicho.

No ha olvidado el tema más candente gracias al “cerebro” de la portavoz del PP, la leonesa Ester Muñoz. “Ahora quieren echarle el guante a las pensiones, crean un problema que no existe igual que las ocupaciones. Va a petar, dice el cerebro de León, menudo análisis, sólo buscan generar miedo”, ha criticado.

“Las pensiones no son un gasto, son una conquista de la clase trabajadora de este país, no se va a ceder nunca, en el gobierno o en la oposición, que saquen sus sucias manos de las pensiones de este país. ¿Les vamos a entregar esa conquista a quienes se resistieron a que las tuviésemos?”, ha cuestionado entre ovaciones.

“Voy a hacer un millón de viviendas, dice el PP, ¿pero con qué mano de obra, si queréis expulsar a los inmigrantes. Pretenden resolver problemas muy complejos con decisiones testosterónicas tomadas de cintura para abajo y no de cuello para arriba”, ha ironizado.

La ministra Ana Redondo ha centrado su discurso en las mujeres. “Las mujeres ya nos hemos sacrificado mucho, no nos vamos a sacrificar más. Nosotras no estamos aquí para sacrificarnos; ya se han sacrificado demasiado nuestras madres y nuestras abuelas”, ha advertido. La ministra ha clamado por el derecho al aborto, que pretende que quede “blindado en la Constitución”. También ha citado el caso por presunto acoso del alcalde de Móstoles (PP) “Lleva más de cuatro meses ahí sentado, en un déjà vu del caso Nevenka de hace veinte años, y ahí está, como que no pasa nada. Acusado de acoso sexual a una compañera de listas y tan ancho”, ha añadido.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha situado las elecciones generales del 29 de noviembre en un contexto que trasciende al país y ha advertido de que en estos comicios también está en juego el “modelo de bienestar” ante una Europa que “parece a punto de implosionar”.

“Tenemos que entender que el 29N son unas elecciones muy importantes para España y para Europa”, ha defendido Martínez durante un mitin de precampaña socialista en Valladolid, en el que ha reivindicado el “posicionamiento valiente” y el “liderazgo político” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez -que también ha participado en el acto-, en el contexto internacional.

El dirigente socialista ha sostenido que es “fundamental” entender la respuesta de la Unión Europea ante el “ataque sin cuartel” que, según ha expresado, protagonizan “regímenes disfrazados de democracia como Rusia, Estados Unidos e Israel” contra el Estado de derecho y el Estado social, informa Efe.

En este contexto, ha advertido contra quienes plantean la necesidad de “sacrificios”, porque, a su juicio, buscan una salida a las crisis basada en “un retorno a 2008, a la austeridad compulsiva, a los hombres de negro” y a que los sacrificios recaigan “siempre” sobre la clase baja. “Europa es la solución y la salida a nuestros problemas. El modelo de bienestar, eso está también en juego”, ha resumido.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reprochado al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que se burlase de la grave lesión que sufrió en plena campaña de las elecciones locales de 2023, cuando durante la visita a unas obras, resbaló y se rompió el cuádriceps. En una entrevista en la Cadena Ser, Puente ha aclarado por qué le ha dolido especialmente la actuación de Carnero, con el que tuvo una relación más que cordial antes de que este le sucediese como alcalde.

La situación se inició a partir de un post de Puente en la que con cierta sorna recogía varias capturas de pantalla de Alberto Núñez Feijóo el mismo día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el adelanto electoral. “Se huele el miedo”, escribió el ministro.

El PP contestó desde su cuenta oficial con un “miedo le tenías tú a un esguince”, y un vídeo del momento posterior a la caída de Puente, difundido por el pseudo medio EdaTV en su momento y el que Puente gritaba de dolor.

Lejos de afear ese post, Jesús Julio Carnero lo reposteó, lo que ha provocado la decepción de Puente. El post del PP, ha dicho, es “su retrato de lo que son y de cómo son”. El ministro ha reconocido que el post le “fastidia” “desde el punto de vista de la pedagogía”, porque reírse del dolor físico de otra persona entra en ese concepto de maldad“ y ”es malo sobre todo por los críos, porque eso se reproduce luego en el patio del colegio“.

“Una de las personas que retuitean ese vídeo, para dolor profundo mío, es el actual alcalde de Valladolid”, ha comentado. “Para que veas que no somos iguales. El actual alcalde de Valladolid tuvo un problema muy serio en el COVID, estuvo muy grave, estuvo en la UVI, estuvo entubado. Yo llamaba todos los días preguntando por él, todos los días. Y si quiere desmentirlo, que lo desmienta. Yo le mandaba un mensaje por WhatsApp sabiendo que no lo podía leer, pero esperaba que lo leyera cuando se despertara”, ha recordado. Puente también le envió vídeos de su hija, aficionada a la música, cantando, porque sabe que Carnero es un “melómano potente”. Cuando salió del coma inducido, Carnero le agradeció esos mensajes.“

Siempre hemos sido adversarios políticos, él entonces era consejero de la Junta de Castilla y León, yo era el alcalde de Valladolid, pero siempre hubo un respeto, una relación“, ha explicado.”Verle retuitear el otro día el vídeo, sabiendo, como sabe, que yo, siendo alcalde, me rompí la pierna visitando una obra, es decir, trabajando, con las consecuencias que ha tenido para mí, que tengo la pierna destrozada y tengo tres operaciones en la pierna, entonces, no sé, me pareció tan terrible...“

El ministro ha añadido que nada se justifica por su estilo agresivo en redes. “Lo que intento es utilizar el ingenio. A veces es ácido, a veces es contundente pero hasta ahí. Yo no me río nunca del dolor de las personas porque no me parece que eso sea un argumento político”, ha zanjado.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que la actitud de PP y Vox por “vilipendiar” a Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada de su casa en Madrid fallecida días después y que ha sido un “revulsivo” para la sociedad, muestra su “maldad”.

“Vilipendiar a una persona de 87 años, discapacitada, expulsada de su vivienda y que muere en un hospital a los pocos días, es una muestra de maldad y esta sociedad no puede ser cómplice de eso”, ha respondido Puente en una entrevista en la Cadena SER desde el Colegio de San Gregorio, en Valladolid.

Respecto a la negativa del Ayuntamiento y de la Asamblea de Madrid a homenajear a la mujer en sus plenos y las acusaciones de manipulación política de la cuestión de la vivienda por parte del PP, el ministro ha reflexionado con que la derecha considera este caso “otro 11-M”, en referencia a los atentados de Atocha de 2004.

También ha asegurado que en España no está garantizado el derecho a la vivienda y ha destacado que resulta “intolerable” que se defienda el derecho a hacerse rico, en lugar de asegurar que “no haya pobres”.

“Esa es la disyuntiva que está detrás de la figura de Maricarmen: el derecho a una vivienda digna, a un salario digno, a una sanidad digna, a una educación digna, respetando el derecho de los demás a ser ricos, pero no anteponiéndolo o supeditándolo a que otros sean pobres”, ha afirmado.

Preguntado por lo que podía haber hecho este Gobierno, el ministro ha reconocido “probablemente no haya sido lo suficientemente previsor”, con otras urgencias como la pandemia, ante un problema que ha mostrado toda su crudeza durante los últimos tres años. Sin embargo, ha reconocido que su margen de maniobra es muy limitado al ser una competencia de las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos y estar en minoría en el Congreso, por lo que ha defendido el adelanto electoral.

El Partido Popular entra en precampaña. Y ha decidido hacerlo con un ataque directo a una rotura del cuádriceps que sufrió Óscar Puente mientras visitaba unas obras en su etapa como alcalde de Valladolid, en 2023.

El detonante fue un tuit del actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. “Se huele el miedo”, escribió, en una publicación en la que adjuntó varias instantáneas de Alberto Núñez Feijóo en su comparecencia posterior al anuncio del adelanto electoral.

Aquello fue pasadas las diez de la mañana. Más de doce horas después, a las once de la noche, la cuenta oficial del PP respondió a Puente: “Miedo le tenías tú a un esguince”. Y otro archivo: un vídeo difundido el 28 de abril de 2023 por el pseudomedio ultra EDA TV y replicado por otros medios, en el que el socialista se duele de una lesión.

La decisión de los 'populares' acumula dos millones de visualizaciones y ha recibido una gran cantidad de críticas en redes sociales. Entre ellas, la del propio ministro, que ha aportado una imagen de la cicatriz tras la operación: “Que esto iba a acabar sirviéndole a ese partido de miserables que es el PP para hacer campaña es algo que demuestra al nivel al que han llegado”

“Son la peor gentuza que habita este país. Por cierto, me rompí la rodilla trabajando, cosa que no hace el vago al que habéis puesto en la alcaldía”, ha criticado Puente, y ha resaltado que el actual alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se ha hecho eco de la burla del PP en sus redes sociales.

La 'número tres' del PSOE también ha salido en defensa del titular de Transporte. “Ni 24 horas con la convocatoria electoral sobre la mesa y ya demuestran el tipo de campaña sucia que van a hacer”, ha afirmado la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, que ha agregado: “Esta gente no puede gobernar, son la mezquindad en estado puro. Pero ni con sus malas artes llegarán”.

También la portavoz del PSOE, la diputada Montse Mínguez, ha cargado contra el PP. “Reírse del dolor ajeno no es humor. No es política. Y, desde luego, no es cristiano. Es miseria. Punto. La derrota moral ya la tenéis. La derrota electoral será solo la consecuencia”.

El propio PSOE se ha sumado a las respuestas al PP: “Un gran ejemplo de cómo ser unos miserables”.

El caso Leire Díez se enreda entre bulos y nuevas revelaciones bajo sospecha. La causa abierta en la Audiencia Nacional investiga la existencia de una trama vinculada al PSOE y dirigida por la exmilitante Leire Díez, quien supuestamente maniobró con ayuda de otros entre abril de 2024 y mayo de 2025 para “desestabilizar” procedimientos judiciales en marcha que afectaban a exdirigentes socialistas (José Luis Ábalos y Santos Cerdán) y a familiares del presidente del Gobierno (esposa y hermano). El juez Santiago Pedraz ha imputado a dos decenas de personas en este procedimiento, entre ellas a la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y a la gerente del PSOE, Ana Fuentes.

La unidad encargada de investigar el caso, la UCO de la Guardia Civil, es la misma a la que la trama de Leire Díez intentó desacreditar buscando trapos sucios de uno de sus jefes principales, el teniente coronel Antonio Balas.

El último informe de esta unidad incorporado al sumario del caso ha sido utilizado ahora por numerosos medios afines a la derecha para fabricar un nuevo bulo que implica a la actual secretaria general del ministerio de Justicia, Sofía Puente, en el intento de nacionalización del exviceministro de Energía venezolano, Nervis Villalobos, y de paso, su supuesta colaboración con la trama de Leire Díez. Ambas acusaciones son falsas.

El Mundo tituló inicialmente: “La hermana de Óscar Puente habría ayudado a la trama de Leire Díez, según una nota hallada por la UCO: 'Pregunta la directora'. Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica, se habría interesado por el proceso de nacionalización del exiliado venezolano Nervis Villalobos, quien habría colaborado con Díez en el acoso al fiscal Grinda”. Horas más tarde eliminó esa idea del titular, e incluyó una versión distinta dentro del texto. VozPópuli: “La hermana de Puente usó su cargo en Justicia para interesarse por la nacionalización de un exviceministro chavista. La UCO subraya que Sofía Puente seguía de cerca la tramitación del expediente de Nervis Villalobos, en la que pudo intervenir Leire Díez”. El Debate: “La UCO documenta el interés de Sofía Puente por la nacionalización de un exviceministro chavista en la que trató de influir Leire Díez”.

Todos estos medios, y otros como Libertad Digital u Onda Cero, basan su información tergiversada en el informe de la UCO, donde se recoge un correo electrónico que envía un funcionario del ministerio de Justicia contando que la entonces directora general de Seguridad Jurídica, Sofía Puente, se interesó por la situación del expediente de nacionalidad de Nervis Villalobos el 15 de julio de 2020. Ninguno de esos medios aclara que cuando Sofía Puente recibió la respuesta a su pregunta, con informes policiales sobre los antecedentes del exdirigente venezolano, la directora general ordenó expresamente el 17 de julio de 2020 que se le denegara la nacionalidad.

Pero es que, además, cualquier vinculación de esa actuación de Sofía Puente con la trama de Leire Díez, como se sugería en esos medios, es pura ciencia ficción porque cuando sucedieron los hechos —la denegación de la solicitud de Nervis Villalobos ocurre el 17 de julio de 2020— faltaban aún cuatro años para el nacimiento de la red delictiva vinculada al PSOE que ahora investiga la Audiencia Nacional. Ni siquiera estaba en proyecto. El primer contacto de Leire Díez con Nervis Villalobos se produce en el verano de 2024, según la propia investigación. 

La Guardia Civil pretendía conocer si hubo un trato de favor en la concesión de nacionalidad al exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos, quien residía en España desde 2014. La UCO citó como testigo a un subdirector general de Justicia encargado de esos trámites e incorporó junto a su escrito con la transcripción del interrogatorio un correo electrónico de 2020 que acreditaba el interés de Sofía Puente por el expediente del dirigente venezolano. Pero esos hechos en ningún caso podrían tener relación con la trama que dirigía Leire Díez y que empezó a funcionar en abril de 2024, tras una reunión mantenida en la sede socialista de la calle Ferraz con quien entonces era secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El interés del Gobierno del PP

Villalobos, según la investigación, colaboró a partir de 2024 con la trama de Leire Díez para desacreditar al fiscal José Grinda, quien a su vez había impulsado una causa penal que llevó al exdirigente venezolano a la cárcel, de la que salió posteriormente por decisión de instancias superiores.

Quién en realidad se interesó desde el principio por el expediente de Villalobos en Justicia fue el Gobierno del PP a través de la policía política que funcionó durante el mandato de Jorge Fernández Díaz en el ministerio del Interior. Villalobos solicitó la nacionalidad a mediados de 2017 y el Gobierno del PP acabó su mandato tras la moción de censura de julio de 2018 sin aprobar la solicitud del exdirigente venezolano. Desde entonces y ya bajo Gobierno socialista, el ministerio de Justicia ha denegado las distintas solicitudes de nacionalización de Villalobos hasta que en abril de 2025, a raíz de un recurso del venezolano demostrando que era nieto de española y acogiéndose a la Ley de 2022, el exviceministro de Energía en el Gobierno de Hugo Chávez consiguió la nacionalidad.

Villalobos fue captado por la policía política del PP en 2016 para que aportara información sobre el dinero que Jordi Pujol ocultaba en la Banca Privada de Andorra o sobre los pagos del régimen venezolano a los dirigentes de Podemos. Estos hechos están acreditados en diferentes investigaciones judiciales. El exviceministro venezolano llegó a declarar en el Congreso de los Diputados: “A mí se me ofreció que si yo podía colaborar con la policía española se me podía ayudar con los trámites de residencia y nacionalidad, tanto míos como de mi familia”. Pero Villalobos nunca tuvo la información contra Podemos o Jordi Pujol que buscaba la policía política durante el mandato del PP para desacreditar a sus adversarios. Esos hechos, ahora resucitados por el informe de la UCO, siguen impunes en los tribunales de Justicia.

A partir del año que viene, los abonos y los billetes de transporte de Renfe estarán operativos en los iPhone, los teléfonos de Apple, que emplean el sistema operativo iOS. Una opción que ya está activa en los dispositivos que funcionan con Android, como los de Samsung. No ha sido un paso sencillo, según explican fuentes de Renfe, porque ha conllevado el desbloqueo de “un desarrollo tecnológico que hasta ahora impedía avanzar de forma generalizada en esta dirección”, añaden.

Este movimiento también abre la puerta al uso de billetes, en móviles que emplean iOS, de otros operadores ferroviarios o consorcios con las administraciones regionales y supone “un paso decisivo”, según el operador, porque permitirá que no se tenga que depender de una tarjeta física para utilizar los trenes de Renfe, como los Cercanías.

“Nuevo paso en la modernización del transporte ferroviario. Renfe ya dispone de una solución tecnológica que nos permite entrar en la recta final para que se puedan usar en formato digital los billetes y abonos de transporte tanto en Android como en Apple. La innovación al servicio de los usuarios”, ha valorado el ministro de Transportes, Óscar Puente, a través de un mensaje en X.

Así en 2027 –aún sin fecha– estos billetes en el móvil estarán operativos en los dos principales sistemas operativos de los teléfonos, es decir, en iOS y en Android. 

Renfe asume que ha tenido que resolver una “dificultad técnica compleja” para lograr que “los sistemas de acceso y validación del transporte reconozcan correctamente los títulos guardados en el móvil”, diseñado por la multinacional californiana.

La operadora pública explica que sus equipos tecnológicos “han trabajado durante los últimos años en una solución que permite aprovechar la tecnología ya instalada en los sistemas de validación, evitando sustituciones innecesarias y facilitando una implantación más ordenada, eficiente y sostenible”. Es decir, manteniendo los mismos tornos y puntos de acceso, lo que permitirá que los sistemas sean operativos para otros tipos de abonos u operadores.

“Este desarrollo no es solo un avance interno de Renfe”, argumenta. “La compañía lo pondrá al servicio del conjunto del transporte público, de forma que consorcios, administraciones y operadores puedan beneficiarse de una base tecnológica común para avanzar hacia títulos digitales más cómodos, interoperables y fáciles de usar”.

La Audiencia Nacional ha acordado este miércoles paralizar momentáneamente el campamento instalado en el Puerto de Ceuta para acoger y atender a los migrantes que llegaron a la ciudad autónoma a finales de julio en la entrada masiva.

La resolución señala que, a raíz del recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) —donde se solicitaba la paralización cautelarísima, sin escuchar al Ejecutivo—, se deja en suspenso la orden ministerial que habilitaba dicho espacio. Esta medida se mantendrá hasta que el Ministerio de Transportes entregue el expediente de creación del asentamiento, para lo cual tiene de plazo hasta “las 12 del día de hoy”, en alusión a la medianoche miércoles.

En una providencia adelantada por El Español y a la que ha tenido acceso elDiario.es, los magistrados de la Sección 8 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo resaltan que antes de resolver sobre la medida cautelar del sindicato, esto es la paralización inmediata del campamento, deben requerir al Ministerio de Transportes “con la mayor urgencia” y por vía telemática la resolución u orden que habilitaba ese espacio del puerto para los migrantes habida cuenta que no consta en el BOE. “Hasta tanto se resuelva la presente medida cautelar urgente, no se puede ejecutar la resolución u orden referidas”, asevera.

La previsión del Gobierno era que a mitad de esta semana estuvieran por fin disponibles esos emplazamientos del Puerto, un lugar con capacidad para 1.700 personas que supondría un alivio, principalmente, para la playa de El Trampolín, donde miles de personas permanecen en asentamientos improvisados. El Gobierno pretendía trasladar este mismo jueves por la mañana a los primeros 800 de la playa a las nuevas carpas.

El SUP interpuso ese recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ministerio de Transportes que permite utilizar aproximadamente 16.000 metros cuadrados del Puerto de Ceuta para instalar un dispositivo temporal de acogida con capacidad para cerca de 1.000 personas.

En su recurso, el sindicato abogaba por alternativas de acogida que reduzcan la presión sobre la ciudad, “como la utilización temporal de un buque-hotel, frente a soluciones improvisadas en ubicaciones que pueden generar nuevos problemas de seguridad”.

El SUP aludía a los recientes incendios registrados en distintos asentamientos de Ceuta al entender que evidencian la necesidad de evaluar previamente los riesgos de incendio, evacuación y actuación ante una emergencia, tanto para las personas acogidas y los usuarios y trabajadores del puerto como para los policías que tendrán que intervenir.

El Ministerio de Transportes, a través de Adif, y el Gobierno de Cantabria han suscrito este miércoles el convenio de la terminal intermodal del Llano de La Pasiega (Piélagos), por el que ambas administraciones financiarán al 50%, y en un plazo de tres años, los casi 62 millones que costará esta infraestructura, cuyas obras está previsto que comiencen “a finales de 2028” y terminen en 2030, año en el que estará listo también todo este centro logístico.

En el acto de la firma, celebrado en la Delegación del Gobierno, tanto el ministro, Óscar Puente, como la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP), han destacado la importancia de la estación intermodal.

El ministro ha resaltado que este convenio “articula una apuesta personal” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la petición que le realizó Buruaga en su primera reunión con él en Moncloa en septiembre de 2024.

“No sé lo que hablarían en esa reunión pero nada más terminar cogió el teléfono, me llamó y me dijo que La Pasiega tenía que tener prioridad absoluta”, ha explicado el ministro, que ha señalado que este convenio supone un “compromiso firme, concreto”, con “plazos y financiación concreta” y “despeja cualquier duda que pudiera existir sobre la viabilidad y la ejecutividad” de la decisión adoptada por ambos gobiernos de ejecutar la terminal intermodal.

“Esto no es un papel mojado, este es un papel que vale”, ha destacado el ministro, que ha resaltado que la firma “da un nivel de certidumbre” sobre la actuación que no tiene “nada que ver con otro tipo de documentos, que son declaraciones”.

Según ha señalado, la terminal intermodal “reforzará el tándem existente entre la de Muriedas, recién ampliada, y el Puerto de Santander”, promoviendo así el transporte ferroviario de mercancías como eje vertebrador de las cadenas logísticas multimodales.

Para la jefa del Ejecutivo regional, la firma del convenio de la intermodal representa “un auténtico trampolín de oportunidades para Cantabria” pues se trata de una infraestructura “que marca la diferencia”.

Y es que esta estación “garantiza que las empresas van a poder disponer de esas posibilidades de logística e intermodalidad que nos demandan” y “da pleno sentido al Llano de la Pasiega porque ahora sí está llamado a convertirse en un polo de atracción para futuros desarrollos industriales y logísticos gracias a esa ubicación privilegiada en el corredor Santander-Torrelavega y a sus excelentes conexiones portuarias, ferroviarias y viarias tanto con la Cornisa Cantábrica como con la Meseta”.

Buruaga ha reconocido que llegar hasta esta firma “no ha sido nada fácil” pero, por ello, le deja “mayor satisfacción”. “Hemos pasado de escuchar que la intermodal no era de interés general del Estado, que no recibiría una financiación pública por parte del Gobierno de la Nación a la firma de un convenio para su construcción y financiación al 50% en los próximos tres años”, ha subrayado.

La presidenta ha resaltado que “el Gobierno de Cantabria nunca jamás se rindió, ni tiró la toalla y, sin ruido ni conflicto, con argumentos sólidos, con tenacidad y con muchos meses de trabajo técnico y también político hemos demostrado que la estación intermodal tenía todo el sentido, sacando adelante esta reivindicación que no solo es una gran oportunidad para Cantabria sino una necesidad vital para el Puerto de Santander”.

“Bien está, lo que bien acaba”, ha aseverado Buruaga, que ha agradecido tanto a Pedro Sánchez como al ministro que hayan sido “receptivos” al planteamiento del Gobierno regional y que se hayan podido “vencer todos los obstáculos” para esta infraestructura.

En el acto, también ha intervenido el delegado del Gobierno, Pedro Casares, que ha considerado que la intermodal supone un “determinante proyecto” que “marcará un antes y un después” en La Pasiega y hará que “deje de ser un polígono industrial más y se convierta en el centro logístico más importante de Cantabria y, por tanto, en un activo fundamental para la industria” de la comunidad.

Comisión de seguimiento

De esta manera, la futura instalación logística contará con una superficie de 14 hectáreas y estará conectada a la línea ferroviaria Palencia-Santander. El convenio, rubricado por el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, y el consejero de Industria, Eduardo Arasti, establece las condiciones de colaboración y financiación entre el Gobierno central y la comunidad autónoma y las bases para la futura explotación de las instalaciones.

De esta forma, el acuerdo, autorizado el pasado mes de junio por el Consejo de Ministras y Ministros, fija la inversión para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras en 62 millones de euros (IVA incluido), que serán financiados al 50% entre Adif y la sociedad Suelo Industrial de Cantabria (SICAN).

Asimismo, ambas entidades serán titulares de la terminal en igual proporción al término del proyecto, en régimen de copropiedad. Igualmente, el convenio también refleja la creación de una Comisión de Seguimiento formada por dos representantes designados por Adif, uno designado por el Gobierno de Cantabria y un último designado por SICAN para garantizar la correcta ejecución de las actuaciones recogidas.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (PSOE), ha asegurado que moverá “todos los obstáculos necesarios” para que las obras del tercer carril de la Autovía de la Meseta (A-67) en el tramo entre Bezana y Polanco “no paren”.

Así ha contestado el ministro este miércoles en Santander a la reclamación de la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), que le ha pedido “decisión y gestión” para desbloquear y reanudar esas actuaciones, “que comenzaron con dos años de retraso y ampliaron su plazo de 30 a 64 meses”.

Por otra parte, Puente ha avanzado que en octubre volverá a Cantabria para inaugurar las obras de acondicionamiento de la carretera del Desfiladero de La Hermida que, “tras décadas de expectativas defraudadas”, son una realidad.

También, ha recordado que su departamento aprobó en julio la Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto de ampliación de la S-10 en Santander, que incluye la remodelación del enlace del aeropuerto, “la carretera con mayor tráfico de toda la comunidad”.

Por otro lado, ha subrayado que su departamento va dando forma a la futura autovía A-73, que unirá Burgos y Aguilar de Campoo y que mejorará la comunicación de la zona oriental de Castilla y León y Cantabria y enlazará la A-1, que discurre de Madrid a Irún, con la A-67.

En este sentido, ha anunciado que entre este miércoles y el lunes estará en el Boletín Oficial del Estado, iniciando su información pública, el tramo entre Báscones de Valdivia y Aguilar.

“Es el tramo del esperado arranque de una autovía que entronca con la de Santander en Aguilar, pues extiende sus prestaciones en el itinerario directo de los cántabros para viajar a la meseta y de muchos castellanos y leoneses que viajan con mucha frecuencia a Santander”, ha apostillado.

Puente ha realizado estos anuncios durante el acto de firma del convenio entre el Ministerio y el Gobierno de Cantabria para la ejecución de la terminal intermodal de La Pasiega, que se ha celebrado este miércoles en la Delegación del Gobierno.

A dos semanas de su estreno, Renfe ha decidido retirar los nuevos trenes suizos que circulan desde hace poco en Madrid. La decisión, que avanza El Mundo y ha podido confirmar este periódico, advierte de la suspensión temporal de varios coches de la marca Stadler por un fallo en el sistema de frenos y otros problemas de comunicación interna. Desde Renfe rebajan la preocupación e indican que “ajustar y mejorar” sus vehículos forma parte de esta primera etapa, y es algo habitual.

La empresa española había encargado una flota de trenes de gran capacidad con un contrato cerrado en 1.306 millones de euros, pensados para la fabricación y el mantenimiento de 79 ejemplares. Las incidencias en la comunicación entre coches registrados con el modelo 453 y la cifra de trenes retirados aún no es definitiva, pero la compañía ferroviaria mantiene que estas incidencias iniciales permiten “incorporar en fábrica” nuevas mejoras para los que vienen.

“En este proceso, obviamente, estamos en contacto con el fabricante para incorporar las mejoras detectadas, como algunas actualizaciones de software, mejora en señalización frenado o información al viajero”, aseguran fuentes de Renfe, puntualizando que “todavía hay pocos trenes en servicio” y es en ese momento cuando, consideran, deben “introducirse cambios necesarios antes de su incorporación progresiva”.

Los nuevos vehículos, que se estrenaron en el último día de agosto, están pensados para alcanzar hasta los 200 metros de amplitud y alojar a unos 1.800 viajeros como tope, en su versión de dos plantas. En concreto, los dos primeros se incorporaron el 24 de agosto a la línea C-7 de Cercanías después de superar el proceso de homologación, algunas simulaciones comerciales o ensayos en diferentes condiciones. El mismo día de la inauguración, el 31, se añadió a la red una tercera unidad.

Con el color rojo como emblema y pasillo amplio para bicis o personas de movilidad reducida, el ministro Óscar Puente acudió junto al presidente de Renfe, Álvaro Heredia, y el CEO de Stadler España, Ignacio Parra, a presentar los trenes con un acceso inaugural desde la estación de Príncipe Pío. Para la C-5, una de las líneas más saturadas y en la que también está previsto incorporar estos modelos, se plantea una remodelación que también ampliará los andenes en las estaciones, de forma que quepan los nuevos trenes de Stadler.

Madrid es el núcleo de Cercanías que más viajeros mueve en España, con más de 730.000 usuarios del transporte público en cada jornada laborable. Las unidades, que pueden mejorar hasta en un 20% la capacidad de la flota actual, se han podido ver en líneas como la C-7 y se irán desplegando por otros trazados del núcleo madrileño con el objetivo de descongestionarlos.

El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde al tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) de Aena, el marco regulatorio que fija una inversión de 4.477 millones hasta 2031 en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Este gasto multimillonario busca cambios sustanciales en las terminales actuales, a la vez que prepara la llegada de dos nuevas líneas de Metro y del AVE.

Aena tiene intención de unificar las terminales T1, T2 y T3 del aeropuerto, a la que añadirá un nuevo edificio anexo para controles de seguridad. También ampliará la T4 en 500 metros para incrementar las puertas de embarque y las zonas de facturación y los controles. Además, en el satélite de la T4 será aumentado el número de controlos de pasaporte, muy saturados durante algunos momentos de las épocas con más viajeros.

Estas obras, que se desarrollarán entre los años 2027 y 2031, tienen como objetivo atender la necesidad urgente de adaptar la infraestructura española a la alta demanda de tráfico aéreo: el plan contempla una previsión de incremento anual medio del tráfico de pasajeros del 1,8% para los próximos cinco años.

A este incremento de la capacidad de Barajas también contribuirán las nuevas líneas que Metro de Madrid prevé enlazar con el aeropuerto. La lllegada de la línea 5 tendrá lugar previsiblemente en el año 2027 y para la línea 11 todavía habrá que esperar más, aunque su trazado ya ha sido aprobado. La intención del Ministerio de Transportes es preparar sus instalaciones para estos nuevos flujos de viajeros y también para la llegada del AVE, con una parada prevista en el aeropuerto.

Nuevas tarifas en la red de aeropuertos

La inversión será financiada en parte con las nuevas tasas aeroportuarias, aprobadas este martes junto con el DORA III en el Consejo de Ministros. El nuevo plan financiero establece un modelo tarifario que, en palabras del propio ministro, mantendrá a España con las tasas aeroportuarias “más competitivas de Europa”, con una subida media anual de las tarifas del 0,33%. La decisión del Gobierno ha estado más cerca de la recomendación de bajada del 0,59% anual que partió de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que de las pretensiones del gestor aeroportuario que solicitada una subida del 3,82% anual, mientras que las aerolíneas demandaban una rebaja del 4,9%.

Con ello habrá cinco años de práctica congelación tarifaria en la red de aeropuertos pese al aumento esperado de viajeros, cuyo volumen saltará desde los 321 millones de 2025 a 358 millones en 2031.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Puente ha destacado la relevancia histórica de este paquete inversor para el sector aéreo español. “Nos encontramos ante una ola inversora sin precedentes que permitirá acomodar nuestras infraestructuras al récord histórico de pasajeros, mejorando la competitividad de la economía y la movilidad de la ciudadanía”, ha subrayado el ministro en declaraciones recogidas por Europa Press.

Asimismo, ha recordado que “las costuras de algunos aeropuertos están ya muy al límite”, por lo que este plan resulta indispensable para garantizar la fluidez y el desarrollo operativo de la red en los próximos años.

Toda la estructura inversora mantendrá el principio de autofinanciación, por lo que los aeropuertos se financiarán íntegramente con sus propios recursos y no requerirán partidas procedentes de los Presupuestos Generales del Estado.

De los 13.000 millones de euros previstos en todos los aeropuertos espaoles, 9.900 millones de euros corresponderán a inversión regulada procedente de las tarifas aeroportuarias. Según explicó Puente, esto supone dar un salto desde una media anual de 450 millones de euros en el quinquenio anterior a más de 2.000 millones de euros al año en el DORA III. El importe restante hasta completar el volumen global se financiará mediante los ingresos comerciales del gestor (alquiler de espacios, locales y tiendas).

El DORA III supone un salto de escala respecto a sus predecesores, ya que el DORA I (2017-2021) y el DORA II (2022-2026) se centraron prioritariamente en la contención tarifaria y en la consolidación operativa del modelo tras la privatización parcial de Aena.

En total, el plan contempla una inversión cercana a los 13.000 millones de euros en la red aeroportuaria española para el periodo 2027-2031, una cifra que multiplica los volúmenes del periodo anterior para acometer la ampliación y modernización de los grandes nudos de la red, como Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Málaga y Alicante.

Frente a la etapa anterior, este nuevo quinquenio orienta la estrategia aeroportuaria hacia la capacidad a largo plazo, la digitalización de procesos y el cumplimiento de las exigencias regulatorias en materia de descarbonización.

Por partidas, el plan destinará 3.200 millones de euros a labores de mantenimiento y conservación de las instalaciones, 2.850 millones a las terminales de pasajeros y más de 1.650 millones de euros a actuaciones en materia de seguridad.

Asimismo, se presupuestan 937 millones de euros para los campos de vuelo y pistas, 660 millones para proyectos de intermodalidad y 400 millones de euros para la modernización de los sistemas de transporte de equipajes.

En el apartado medioambiental y de capacidad, el ministro de Transportes ha aclarado que no se acometerán ampliaciones de pistas que superen los planes directores vigentes. Paralelamente, Aena reafirma su objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones en 2030 a través de iniciativas de autoabastecimiento con energía renovable.

La aprobación del plan inversor aeroportuario del Gobierno para los próximos cinco años ha levantado ampollas entre los ministros de Sumar. Los socios del Ejecutivo han expresado su rechazo a un “modelo de crecimiento” que, a su juicio, agravará las emisiones y la presión turística. Una de sus principales quejas es además la inclusión, ya prevista, de las primeras partidas para preparar la ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a su vez portavoz de Sumar, ha tachado de “locura” la intención de extender la pista del lado mar del Prat para ganar capacidad operativa, un proyecto pactado por Aena y la Generalitat hace más de un año. Su rechazo se debe no solo a que afectará a los humedales de la Ricarda, que la Administración asegura que compensará, sino porque permitirá aumentar de 55 a 70 millones de pasajeros. 

“Nos oponemos a este plan para seguir haciendo crecer de forma indefinida la actividad aeroportuaria”, ha insistido Urtasun. En el caso barcelonés, además, desde Sumar han lamentado que se avance en la ampliación sin tener en cuenta que antes debe validarla la Comisión Europea, dado que afecta a zonas protegidas de la Red Natura 2000. 

Durante la presentación del Documento Regulador Aeroportuaria 2027-2031, que prevé 13.000 millones de inversión para todos los aeródromos, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha argumentado que las partidas para la ampliación del Prat son muy reducidas y, en cualquier caso, se destinan a trabajos previos a la espera del aval de Bruselas. 

De los 1.760 millones de euros que irán al Prat en los próximos cinco años, la mayoría va a mejorar y reconfigurar las terminales T1 y T2. De cara a la ampliación de la tercera pista del aeropuerto, ha manifestado Puente, se destinan 191 millones principalmente a actuaciones “preparatorias” para la terminal Satélite y a “compensaciones” medioambientales por el alargamiento de la pista “en caso de que la UE considere que son viables”. 

En concreto, y tal como pactaron la Generalitat y Aena cuando dieron el visto bueno a la ampliación, la partida de compensaciones sería para comprar suelo en zonas cercanas y desarrollar espacios naturales equiparables a los afectados en La Ricarda. 

A la espera del Plan Director para esta obra, ya en marcha y que se deberá trasladar a Bruselas, Puente ha añadido que el grueso de la inversión para las obras de la pista mar se incluirán en el próximo DORA, el IV. El objetivo del Goberno sigue siendo tener la infraestructura actualizada en 2033.

“La Ricarda no es compensable”, ha proclamado la alcaldesa del Prat, Alba Bou, en una comparecencia de urgencia. La edil lamenta que se haya aprobado el DORA III sin el consenso de corporaciones locales afectadas como la suya, y confía en que Bruselas acabe tumbando los planes del Gobierno. Tal como ha recordado, sigue sin resolver un expediente abierto por la Comisión por incumplir las compensaciones ambientales de la última ampliación de la infraestructura, a principis de siglo. 

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Documento de Regulación Aeroportuaria para el periodo 2027-2031, conocido como DORA III, que –como anunció el presidente del Gobierno hace un año– cuenta con la inversión más elevada de la historia, de cerca 13.000 millones de euros en toda la red de aeropuertos españoles gestionada por Aena. Incluye una subida de las tarifas aeroportuarias del 0,33% anual, lo que supone unos tres céntimos de euro por pasajero al año.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha destacado el “salto inversor” de este plan respecto a los anteriores, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Así, la inversión se ha más que quintuplicado respecto al DORA II, para el periodo 2022-2026, que contemplaba 2.250 millones de euros, recuerdan en Transportes.

El Ministerio subraya que los casi 10.000 millones de euros de inversión regulada –aquella directamente vinculada a la actividad aeronáutica– suponen una media de cerca de 2.000 millones al año.

Incremento de las tarifas “muy contenido”: 0,33%

El ministro de Transportes ha anunciado el aumento de las tarifas aeroportuarias del 0,33% al año, un incremento “muy contenido”, ha destacado Puente, que ha sostenido que mantiene a los aeropuertos españoles como los que tienen “tarifas más competitivas de la Unión Europea”.

El Ministerio explica que el incremento supone “apenas tres céntimos de euro por pasajero al año”. Las tarifas aéreas han sido criticadas por compañías como Ryanair, a pesar de que están entre las más bajas de Europa.

Óscar Puente ha explicado que el incremento de la tarifa se ha decidido en función de la previsión de pasajeros (del 1,8% de media anual), hasta los 358 millones de viajeros en 2031, y de los gastos estimados del sistema aeroportuario.

Finalmente, Transportes se ha decantado por las previsiones de un informe del Ministerio de Economía al respecto, “el más equilibrado”, ha afirmado Puente. El incremento medio anual de la tarifa propuesto inicialmente por Aena era del 3,82%, es decir de 43 céntimos de euros por pasajero, mientras que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomendó una reducción del 0,59% anual durante el quinquenio, recuerda la agencia EFE.

“Los aeropuertos se autofinancian. Ni un céntimo de lo que se va a gastar procede de los presupuestos ni de ningún impuesto”, ha destacado Óscar Puente, que ha recordado que su financiación parte de las tarifas de la actividad aeroportuaria, así como otros ingresos comerciales de Aena (como del alquiler de espacios o las tiendas comerciales de los aeropuertos).

Modernizar y ampliar los aeropuertos

Entre 2027 y 2031, Aena –propiedad del Estado en un 51%– sobre todo va a destinar esta inversión histórica a ampliar unas instalaciones que se están quedando pequeñas ante el creciente volumen de pasajeros y que tienen que mejorarse sin cesar en ellos las operaciones de vuelo.

Aena ya desglosó el pasado febrero las inversiones en cada una de los aeropuertos, entre las que destacan los 4.477 millones de euros de inversión para el aeropuerto de Madrid-Barajas y la inversión de 1.765 millones corresponden a Barcelona-El Prat, que tienen pendiente su ampliación.

Más de la mitad del total de presupuesto va a ir destinado precisamente a la ampliación de los grandes aeropuertos españoles, explicó Transportes hace meses, aunque a distintas velocidades. El motivo, por ejemplo, que los planes en Madrid están más avanzados que en Barcelona.

Puente ha desgranado algunas de las finalidades de los 13.000 millones del DORA III, como los 3.240 millones de euros para el mantenimiento y conservación de la red de Aena, los 1.650 millones de euros al refuerzo de la seguridad, cerca de 660 millones para potenciar “la intermodalidad” (con otros medios de transportes) y para avanzar en la descarbonización e impulsar la sostenibilidad del sistema aeroportuario, y casi 400 millones servirán para mejorar los sistemas de transporte de equipajes.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado este jueves que “la puta Renfe” no siempre tiene la responsabilidad de las demoras y paradas que sufren los trenes en España, alegando que una gran cantidad de las incidencias operativas se deben a causas ajenas a la propia infraestructura o al servicio ferroviario.

En declaraciones a RNE, el titular de Transportes ha lamentado la tendencia a responsabilizar de forma sistemática a la compañía pública ante cualquier tipo de contratiempo. “Hay un incendio al lado de las vías, hay que parar el servicio, la puta Renfe. Hay una incidencia de este tipo, la puta Renfe. Y la puta Renfe, por desgracia, pues en un porcentaje muy amplio del número de incidencias, muchas veces no tiene la más mínima culpa”, ha aseverado Puente que ha añadido que a él “le duele” porque “todo el mundo mete lo mismo en el mismo saco”.

El ministro ha puesto como ejemplo dos episodios recientes para ilustrar cómo condicionantes externos afectan de forma directa a la circulación. En primer lugar, ha explicado que, el jueves, en Cataluña un temporal “tremendo” provocó la caída de una catenaria, lo que obligó a suspender durante horas el tráfico en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona.

En segundo lugar, se ha referido a una avería registrada en Fuencarral (Madrid), provocada por trabajos ajenos al taller ferroviario: “En unas obras que se desarrollan al lado de nuestro taller y de la salida de los trenes, en una obra alguien tocó una conducción de gas, se produjo una gran fuga de gas, fueron los bomberos y tuvimos que parar. Y esto pasa todos los días”, ha argumentado.

Puente ha incidido en que el sistema ferroviario es “muy sensible” y muy diferente a la red viaria, lo que provoca que cualquier alteración en el entorno impacte inmediatamente en la operativa diaria. En este sentido, ha lamentado la sobreexposición mediática y política que sufren las incidencias en España en comparación con otros países o modos de transporte.

Como contrapunto, el ministro ha recordado el colapso puntual que sufrió recientemente el espacio aéreo del Reino Unido. “El otro día el tráfico aéreo de Reino Unido se paró en su totalidad por varias horas. Yo decía el otro día: Dios mío, si nos pasa esto en España, la avería lleva el nombre de Óscar Puente, porque esto es lo que pasa en nuestro país”, ha concluido.

“Quiero dar las gracias a los ceutíes por lo que han soportado, por la serenidad con la que han respondido y por haber demostrado, una vez más, que Ceuta puede ser un ejemplo de convivencia incluso en los momentos tan complejos como los que estamos viviendo”. Así cerró el jueves el presidente Pedro Sánchez una de las comparecencias parlamentarias más delicadas en uno de los momentos más difíciles de sus ocho años de Gobierno. Fueron más de seis horas en el Congreso para responder a un mes de vértigo, con Ceuta golpeada por una entrada masiva de inmigrantes que dejó al Ejecutivo sin respuesta en pleno inicio de vacaciones. Seis horas de debate parlamentario que evidenciaron la soledad del capitán del barco ante la tormenta perfecta.

Solo 36 horas antes de esa cita clave en el Congreso, una información adelantada por El Español sobresaltó al presidente y a medio gobierno. Un informe policial enviado a la jueza que investigaba lo ocurrido el 30 de julio en Ceuta apuntaba supuestamente a Marruecos como promotor de la entrada masiva de inmigrantes con la perversa intención de colapsar la frontera y los servicios sociales de la ciudad autónoma.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no sabía nada del informe y se movilizó ante un hecho que dejaba en ridículo al Ejecutivo español. Fue la madrugada más tensa tras un mes de sobresaltos casi diarios. “Estaban indignados y preocupados”, cuenta a elDiario.es una fuente próxima al Ejecutivo y conocedora de aquella situación. “Les estaban haciendo dudar y su preocupación no era tanto que aquella información policial complicara las relaciones con Marruecos, sino que habría que declarar poco menos que una guerra. Si hay un informe que tiene una prueba sólida, un mensaje, una llamada telefónica, algo que implique a un ministro del Gobierno marroquí en la organización o planificación de la entrada masiva de inmigrantes, te cambia la política exterior de este país para los próximos diez años”.

Entre la inquietud y la ignorancia, Sánchez, Marlaska y el resto de dirigentes del Ejecutivo que vivieron ese momento intentaron buscar una interpretación tranquilizadora. Alguien comentó que la información de El Español era incompleta. Que todo podía quedar, como al final ocurrió, en un informe policial sin pruebas definitivas y sin conclusiones claras. El documento, que conocieron horas después, no incluía ninguna afirmación sobre la participación directa del Gobierno de Marruecos en los hechos, pero hablaba de la posible connivencia de gendarmes marroquíes.

“Pero que diez agentes estuvieran en ello, como señalaba el informe, incluso demostrándose con pruebas de fuentes abiertas, no evidencia que el Gobierno de Marruecos ordenase, planificase o indujese la entrada masiva”, insisten fuentes del Ejecutivo. “El problema es de una complejidad extraordinaria pese a lo que cuenten supuestos expertos, porque cuando se producen los hechos el rey Mohamed VI está celebrando el Día del Trono a solo unos kilómetros de la frontera mientras decenas de miles de marroquíes cruzan la frontera gritando 'viva España' y repudiando al régimen marroquí. Vaya una manera de celebrar el Día del Trono promoviendo esta huida de sus compatriotas a suelo español”, ironiza un miembro del Ejecutivo de Sánchez.

El ministro del Interior intentó en aquella madrugada tensa del 2 de septiembre conocer todos los detalles del documento policial que podía dejar en papel mojado la intervención que el presidente Sánchez preparaba para su comparecencia en el Congreso. Fernando Grande-Marlaska difundió una carta que había enviado a su director general de la Policía pidiéndole explicaciones. “Pero fue imposible saber nada a esas horas porque ni siquiera el DAO [Director Adjunto Operativo] de la Policía había visto el papel”, explican fuentes próximas al Ministerio del Interior. “No hay providencia o al menos no la hemos visto. Nos dijeron que la jueza había dado una orden verbal por teléfono para prohibir informar a los superiores sobre el informe que había pedido”.

Sánchez acudió más tranquilo al Parlamento. Defendió la gestión de su Gobierno e hizo equilibrios para no responsabilizar a Marruecos de lo que él mismo denominó como una “violación a la integridad territorial de España”. Sus explicaciones no convencieron a nadie. Recibió insultos y descalificaciones desde la derecha y la ultraderecha, críticas sin matices de sus socios parlamentarios y duros reproches desde los partidos a la izquierda del PSOE. Todos le acusaron de “pusilánime” por evitar un mínimo reproche al país de Mohamed VI. “Por responsabilidad”, explican dirigentes próximos a Sánchez consultados por elDiario.es, “un presidente del Gobierno no pueda traspasar ciertas líneas ni lanzar según qué acusaciones contra otro país aunque ello implique quedarse solo frente a todo el arco parlamentario”. Y Sánchez no traspasó esas líneas. “El Gobierno de España no se puede permitir especular y acusar a un Gobierno extranjero sin pruebas”, insisten.

En el Palacio de La Moncloa son conscientes de que manejan una posición perdedora, porque la mayoría ve la mano de Marruecos tras los graves sucesos del pasado 30 de julio cuando más de 70.000 personas cruzaron la frontera de Ceuta con el beneplácito de la gendarmería marroquí.

“No se trata de taparlo. El Gobierno nunca ha dicho tajantemente que Marruecos sea inocente por lo ocurrido”, explica otro alto cargo del Ejecutivo. “No hay pruebas sólidas y los hechos constatados son de cooperación. El retorno del 90% de los que entraron el 30 de julio y regresaron un día después fue posible gracias a la cooperación de Marruecos tras una llamada del Gobierno”, explica.

Sánchez bajó del atril cabizbajo mientras la bancada del PSOE le aplaudía puesta en pie. Cuando segundos después la presidenta del Congreso dio por concluida la sesión, el presidente se fue directo hacia Ángel Víctor Torres, el ministro elegido para ejercer el mando único encargado de lidiar con la crisis en Ceuta. Abandonaron el hemiciclo juntos, conscientes del amargo trago parlamentario pero decididos a mantener que, sin pruebas, un Gobierno no puede acusar a otro de hechos tan graves como los que propiciaron la entrada de más de 70.000 personas en un solo día a una ciudad de unos 80.000 habitantes.

La “permisividad” que se atribuye a las fuerzas marroquíes y que acreditan las imágenes de la entrada masiva que se pudo ver en las televisiones de todo el mundo no es suficiente para responsabilizar a Marruecos. “Si tuviera pruebas de esa conducta”, explica otro dirigente socialista, “el Gobierno habría tenido que llamar directamente a la OTAN ante el riesgo prácticamente inevitable de un conflicto armado”.

Sin avisos previos, pero “Robles defiende a su gente”

“Lo sabía y lo tapó. Es un traidor”. La cantinela con la que PP y Vox zarandean a Sánchez desde hace semanas resonó en el Congreso. La entrada de decenas de miles de personas en la ciudad autónoma pilló por sorpresa al Gobierno. Los servicios de inteligencia no alertaron de esa posibilidad. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), se puso en contacto en los días previos a la crisis con Diego Rubio, jefe de Gabinete de Sánchez, para alertarle de una creciente presencia de menores extranjeros en la localidad, consciente de que la ley no permite su expulsión, como en el caso de los mayores, y sus servicios estaban colapsados.

“Rubio se lo comunicó a Marlaska, que adoptó las decisiones policiales pertinentes. Pero en ningún caso Vivas, por mucho que cuenten, alertó sobre lo que venía. Ni mucho menos. Su gran preocupación eran los menores, de su falta de capacidad para atenderlos”, señala otra fuente del Ejecutivo.

Para apuntalar la idea de que no existían avisos previos de lo que venía, Sánchez anunció en el Congreso que desclasificará y facilitará todos los informes de esos días. Margarita Robles, ministra de Defensa, no aplaudió el anuncio del presidente. Alguien quiere ver los síntomas de un desencuentro irremediable. “El CNI”, cuentan desde el Ejecutivo, “no alertó sobre esa entrada masiva. Y el presidente es comprensivo con esa situación porque tampoco lo hicieron los servicios de inteligencia europea. Si un servicio extranjero conoce que ese ataque se va a producir, está obligado a informar a España. Nadie nos informó”.

Sánchez siempre apoyó la versión de su ministro del Interior frente al relato de la ministra de Defensa. “Margarita Robles estuvo en todo momento difundiendo una media verdad porque eso le permitía defender a su CNI. Siempre cierra filas con su gente. Pero Sánchez le adelantó que iba a hacer en el Congreso el anuncio de los dosieres para demostrar que nadie les avisó de la entrada masiva de inmigrantes y ella estuvo de acuerdo. Su actitud de no aplaudir cuando se produjo el anuncio no es muy distinta a la que mantiene en otras ocasiones. No le gusta ir al Congreso”, señalan fuentes parlamentarias. De hecho, Robles se ha borrado la próxima semana de las sesiones de control del Congreso y del Senado con dos decenas de preguntas de la oposición sobre la crisis de Ceuta. Algunas debía responderlas la ministra de Defensa y le tocarán a sus compañeros.

El 30 de julio era jueves y Sánchez tenía una cita el viernes en la sede del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desde la que se coordinan los trabajos para la extinción de incendios. El fuego en Madrid estaba casi controlado y se había retirado el nivel 3. Pero esa tarde del 30 de julio se desencadena en Ceuta una crisis de seguridad nacional porque han entrado decenas de miles de personas y Sánchez habla por teléfono con los ministros de Interior y de Defensa. Podría haber convocado un Consejo de Seguridad Nacional, pero en su lugar decide visitar Ceuta a la mañana siguiente.

“Se va a un territorio invadido, según los términos utilizados por Vox, donde no sabíamos exactamente qué pasaba. Algunos le dijeron que tuviera prudencia porque en Ceuta había decenas de miles de inmigrantes que habían cruzado la frontera. Pero el presidente habló el día anterior con Vivas, y el jefe del Ejecutivo ceutí le transmite la gravedad de la situación”.

Pese a la entrada de decenas de miles de inmigrantes, Interior informó al presidente que durante la noche no se produjeron incidentes graves en las calles de la ciudad autónoma. Y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, llamó a su homólogo marroquí para pedirle que abriera la frontera y facilitara el regreso de decenas de miles de personas. “Marruecos se asustó como nosotros y aceptó”, señala una fuente del Ejecutivo. “Ese es el gran éxito y por eso no podemos culpar a Marruecos. ¿Nos pudo engañar? Sí, pero lo que nos transmitieron es que vino una riada de gente y no la pudieron parar, al igual que no la podíamos parar nosotros”.

“No fuimos conscientes de cuánta gente se quedaba”

La decisión de Sánchez de viajar el sábado al mediodía a Lanzarote para pasar las vacaciones en La Mareta —un gesto polémico y cuestionado a derecha a izquierda— fue un error de cálculo, cuentan fuentes del Gobierno. “No fuimos conscientes, porque no se veían, de cuánta gente se quedaba”, explican. Al constatar que había salido la mayor parte de los migrantes, el Gobierno consideró que se enfrentaba a “una crisis migratoria” como las de otras ocasiones, con unas 1.500 personas en la ciudad autónoma. “La sensación es que iban a salir todos. De ahí el comentario que escribe Óscar Puente en X. Pero había mucha gente escondida en el bosque y durante esa noche entre 1.000 y 1.500 niños fueron recogidos en casas de ceutíes. Al día siguiente solo se veía gente en la playa del Trampolín”.

Ese error de cálculo cogió a Sánchez de vacaciones. Su equipo remarca que La Mareta es una residencia oficial que cuenta con todas las medidas de seguridad y tecnológicas necesarias para estar presente en las conferencias telemáticas que hagan falta. Sánchez se mantuvo en contacto estrecho en todo momento con su equipo y tuvo decenas de llamadas diarias con Marlaska, Robles, la ministra de Migraciones, Elma Saiz o el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cuentan desde el entorno del presidente.

Los alojamientos agrietan la relación con Vivas

La comunicación fue fluida con Vivas, aunque los roces con el presidente ceutí se agudizaron cuando el Gobierno, muy tarde, comenzó a buscar alojamientos provisionales ante los miles de migrantes que se habían quedado en Ceuta. Fue un tira y afloja constante que produjo encuentros muy tensos con el Ejecutivo ceutí, que bloqueaba la ubicación de los migrantes en los lugares que le proponía el Gobierno.

Sánchez convocó el 25 de agosto el Consejo de Seguridad Nacional e invitó, algo inaudito hasta esa fecha, al presidente de Ceuta. Vivas se plantó en esa reunión y reprochó a los presentes que en el listado aprobado por el Gobierno sobre los futuros espacios para alojar a los migrantes estaban diversos polideportivos de Ceuta. Sánchez respondió: “No te preocupes. No se habilitará ninguna ubicación sin el acuerdo de la ciudad autónoma”.

El rechazo de Vivas es aceptado por todos. “Pero y si mañana graniza o diluvia en Ceuta, ¿dónde metemos a esas personas?”, se pregunta un alto cargo ministerial. “Habrá que buscar un sitio con techo”.

Ese mismo día, el presidente de Ceuta proclamó poco menos que se encadenaría a un polideportivo —“a mí y a los que vengan conmigo nos tendrán que sacar de los polideportivos”, declaró— antes que dejar que se utilicen para acoger a inmigrantes. “Y eso”, opina un dirigente del Gobierno que conoció aquellos hechos, “es la cerilla en el bidón de gasolina que provoca los altercados más serios que hemos vivido, que provoca que un grupo de vecinos impida que la Cruz Roja, en el reparto de alimentos de las siete de la tarde, entregue comida a los migrantes en uno de los tres puntos habilitados”.

Sánchez, explica, ya se había comprometido en persona con Vivas para que todos los nuevos alojamientos serían acordados previamente con el Ejecutivo autónomo, como finalmente ocurre aunque con nuevos contratiempos.

El Consejo de Administración del Puerto de Ceuta se reunió el viernes para tratar la cesión de terrenos en el muelle de Poniente donde instalar los campamentos de acogida de inmigrantes. Solo votaron a favor los cuatro representantes del Gobierno central en ese organismo. Los 11 vocales elegidos por la ciudad autónoma, entre ellos el presidente del Puerto, los sindicatos, la cámara de comercio y los empresarios, rechazaron ceder esos espacios. Un nuevo obstáculo que complicaba la gestión de la crisis. Finalmente el sábado el Gobierno decidió tomar el control del muelle de forma unilateral, pese al rechazo de Vivas, para poder levantar allí los alojamientos para los migrantes.

“La derecha, y es muy lamentable, no quiere que se normalice la situación en Ceuta y va a poner todo tipo de obstáculos para que podamos solucionar los problemas generados en esta crisis”, vaticina un miembro del Gobierno.

El rey Felipe y la inoportunidad de una visita a Ceuta

La misma tarde del 30 de julio que Sánchez decidió visitar la ciudad autónoma tras hablar con Vivas y con sus ministros sobre la entrada masiva de inmigrantes, su gabinete informó a Casa Real sobre las intenciones del presidente. Fuentes del Ejecutivo sostienen que en esa conversación y tras conocer que Sánchez se iba a desplazar a Ceuta al día siguiente Casa Real sugirió que “cuando sea oportuno” el monarca podría visitar Ceuta. “Ni anuncian que van a visitarla ni piden ir a visitarla. Pero, ¿era oportuno? Obviamente no. Ellos saben que la última vez que ocurrió, en 2007, hubo una crisis diplomática. ¿Es el momento de añadir otra crisis diplomática? La Casa Real sabía que no podían ir”, explican a elDiario.es fuentes del Ejecutivo.

El choque soterrado entre instituciones se agrava con la reunión que el rey mantiene en el Palacio de Marivent (en Palma) con el presidente Vivas. No tanto por la visita sino por la información que trasladaron algunos medios en aquel momento. Fuentes socialistas sospechan que la Casa Real comentó a algunos periodistas que si el rey iba a recibir a Vivas en Marivent y no había acudido a Ceuta pese a las dificultades que atravesaba la ciudad autónoma era porque Sánchez se lo había prohibido. OKDiario tituló así: “El Rey Felipe quiso ir a Ceuta en plena invasión pero Sánchez se lo prohibió”, atribuyendo la información a fuentes de toda solvencia. “Esa información era mentira”, señala un alto cargo de Moncloa.

A la búsqueda de autor

A la espera de que la investigación policial y judicial avance, el Gobierno enmarca lo ocurrido en la influencia de las nuevas tecnologías y los mensajes difundidos a través de las mismas. Moncloa sí cree que hay un responsable, pero aún no sabe quién es y tratará de que los servicios secretos españoles se formen más en el análisis de esas redes sociales.

Sánchez y su equipo confían en que pronto se consiga un alojamiento digno para las personas que aún deambulan por Ceuta, se aceleren las repatriaciones y la crisis amaine.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, liderado por Óscar Puente, ha decidido firmar una orden al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado para tomar el control del puerto de Ceuta y autorizar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a instalar carpas para acoger a más de un millar de personas migrantes que aún siguen en situación de calle en la ciudad autónoma. El anuncio se produce a pesar de la oposición de los vecinos, de la Autoridad Portuaria y de la Confederación de Empresarios

La orden del Ejecutivo permitirá, por un lado, continuar con los trabajos de instalación de tiendas temporales que fueron frenados el viernes por responsables del puerto de Ceuta y, al mismo tiempo, autoriza a la Secretaría de Estado de Migraciones la utilización temporal de esta superficie de 16.000 metros cuadrados. La zona está situada en la Ampliación de Poniente, Fase I, de la zona de servicio del puerto ceutí.

El Gobierno ya ha comenzado este sábado a acondicionar la explanada en el Muelle de Poniente de Ceuta para la instalación de tiendas de campaña y poder albergar migrantes que están acampadas en la playa del Trampolín o en el entorno de Loma Colmena. Según ha podido comprobar EFE, los trabajos se han puesto en marcha en la mañana de este sábado en una zona de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario. Además, en el entorno de esta explanada hay instalaciones como las del Banco de Alimentos, Dúcar, Endesa o la empresa de vehículos Aubensa.

La decisión del Gobierno, que ha adelantado El País y ha confirmado después elDiario.es, llega pocas horas después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta votase este viernes en contra de ceder terrenos para la instalación de un recurso provisional de acogida en la zona para estas personas migrantes. Más de un mes después de la llegada de más de 70.000 personas a la ciudad —de las que han regresado a Marruecos la mayoría según el Ministerio del Interior—, la emergencia humanitaria continúa con cientos de menores sin protección y miles de adultos viviendo a la intemperie, en condiciones insalubres, comida insuficiente y riesgo de agresiones.

Según recogió Ceuta al Día, el resultado de la votación fue de 11 votos en contra y 4 a favor. En contra, se pronunciaron los miembros de la ciudad, los sindicatos, la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios y el propio presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Manuel Doncel. A favor, han votado los cuatro representantes del Estado: Abogacía del Estado, Puertos del Estado, Capitanía Marítima y Delegación del Gobierno.

La decisión se produjo pocas horas después de que más de un centenar de ceutíes se manifestasen en contra de esta instalación en una ubicación que los concentrados rechazan al considerar que se trata del “cordón umbilical de Ceuta”. Durante la concentración, los asistentes han reclamado “retornos ágiles y efectivos ya” y han defendido que los esfuerzos materiales y humanos destinados a la acogida de los miles de migrantes que permanecen en la ciudad se dirijan a reforzar los servicios de triaje y la tramitación de las solicitudes de asilo.

La movilización se ha sumado a las protestas que se vienen sucediendo desde hace varias semanas en distintos puntos de la ciudad contra la instalación de recursos provisionales de acogida. Cada vez que trasciende una nueva ubicación, vecinos de la zona afectada salen a la calle para mostrar su rechazo a la decisión, una situación que está dificultando la búsqueda de espacios para sacar de la calle a los miles de migrantes que continúan en Ceuta.

“Este tren es el futuro porque se ha hecho a medida de lo que necesitamos: más capacidad, accesibilidad, comodidad y tecnología. Y los cambios se notarán desde el primer viaje”. Con estas palabras, pronunciadas en el interior de uno de los nuevos trenes Stadler, el ministro Óscar Puente ha hecho toda una declaración de intenciones: esta será su gran apuesta contra el deterioro de Cercanías Madrid, que concentra a la mitad de los usuarios de toda la red estatal. Una prueba del algodón para saber si este método puede extenderse a otras partes de España y, con el tiempo, sanear un servicio acostumbrado a la crítica.

A las puertas de septiembre, el titular del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha presentado los primeros trenes de la marca suiza, que se irán incorporando progresivamente a la red madrileña después de cerrar un acuerdo de 1.306 millones de euros con el fabricante para construir 79 nuevos vehículos de gran tamaño. Lo ha hecho desde la estación madrileña de Príncipe Pío, a la que ya han llegado dos ejemplares. Estos trenes están pensados para poder alcanzar hasta los 200 metros de amplitud y alojar a unos 1.800 viajeros, en su versión de dos plantas.

El color rojo impera en el exterior y, nada más entrar, pueden verse unas puertas algo más amplias de lo habitual. “Uno de los problemas que nos trasladaban era el poco espacio en los vestíbulos para personas con movilidad reducida o bicicletas, y estos trenes van a facilitar esas salidas. Ya sabemos que Madrid no lo pone fácil para moverse en bici”, ha destacado el propio Puente en un dardo al Partido Popular, que gobierna a nivel municipal y autonómico y a cuyos gobiernos atribuye parte del estancamiento de Cercanías.

Acompañado del actual presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y en presencia del CEO de Stadler España, Ignacio Parra, el ministro Puente ha lanzado un augurio: “Siento que los usuarios hayan tenido que esperar tanto para que esto ocurra, pero vienen buenos tiempos para Cercanías Madrid”. A su lado había también dos socialistas: el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto.

Puente ha recordado que esta inversión llevará tiempo hasta asentarse y será costosa: cifra en unos 4.000 millones de euros el presupuesto para sanear la red en toda España. Asegura que su éxito requerirá de una planificación “consistente y periódica” que “también dé garantías a los fabricantes”; en otras palabras, que otros gobiernos futuros no den marcha atrás a la renovación de la red. En su discurso inaugural, el ministro también se ha referido a las críticas por el traslado de 41 trenes Civia que operaban en Madrid para hacerlos funcionar en el núcleo de Cercanías Valencia.

Estos eran los vehículos más grandes de los que se disponía hasta ahora en la capital, pero el Ministerio considera que sus características ya no son aptas para la capital. “La justificación de que estos trenes vengan a Madrid es porque estos trenes son los que el núcleo de Cercanías de Madrid necesita. Son unos trenes pensados en el usuario que va a recibir el servicio, así que aquí no hay favoritismo por Madrid. Es una cuestión de funcionalidad”, alega.

Por su parte, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha reprochado en paralelo las incidencias de Cercanías que espera zanjar con los nuevos trenes: “Lo que deberíamos de saber especialmente es cuántos vehículos móviles de Cercanías van a ser puestos a disposición de todos los madrileños y desde luego que el servicio de Cercanías de Madrid funcione”,

Ampliar andenes en la C-5 para que quepan los nuevos trenes

Para la C-5, una de las líneas más saturadas, se prevé una remodelación que también ampliará los andenes en las estaciones para que quepan los nuevos trenes de Stadler. Madrid es el núcleo de Cercanías que más viajeros mueve en España, con más de 730.000 usuarios del transporte público en cada jornada laborable. Las unidades, que pueden mejorar hasta en un 20% la capacidad de la flota actual, se han podido ver en líneas como la C-7 y se irán desplegando por otros trazados del núcleo madrileño con el objetivo de descongestionarlos.

El propio presidente de Renfe ya vaticinó en sus redes sociales que estos nuevos trenes “permitirán descongestionar determinadas líneas” que, actualmente, están “al límite de su capacidad”. Por la estación donde esta mañana se han reunido los cargos públicos, la de Principe Pío, pasan tres líneas de Cercanías: la C-1, la C-7 y la C-10. La primera conecta con el aeropuerto y las dos estaciones de larga distancia, Atocha y Chamartín, mientras que la C-7 conecta con Alcalá de Henares y la C-10, con Villalba.

Los primeros trenes de gran capacidad que Renfe ha comprado al fabricante suizo comenzaron a prestar servicio el 24 de agosto, después de un proceso de homologación y ensayos operativos. A finales de abril, el ministro Óscar Puente participó en un viaje de prueba entre Albacete y Aranjuez. Ahora busca afianzar su legado en el Gobierno con la promesa de “un antes y un después” para Cercanías.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha acusado este jueves al ministro Óscar Puente de convertir la puesta en servicio de los nuevos tramos en un “acto de un partido político”. Para el consejero, la ausencia de representantes, tanto de la Junta como de la Diputación, y la presencia de cargos del PSOE responden a las aspiraciones de “suceder a Pedro Sánchez” del ministro de Transportes.

Carriedo ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al ser preguntado por el acto celebrado el pasado lunes con motivo de la apertura de los nuevos tramos de la A-11 en Valladolid. El portavoz autonómico ha señalado que, a su juicio, la inauguración estuvo más relacionada con el PSOE, como “un acto de partido” que con un acto institucional.

“Seguramente, está asociado a que la persona -Puente- que organizó ese acto, está ya más centrada sus intereses como candidato a suceder a Pedro Sánchez, que en pensar en los intereses generales de nuestra comunidad autónoma”, ha defendido Carriedo.

A pesar del dardo al ministro, el portavoz de la Junta ha indicado que el Ejecutivo autonómico está “otra dinámica: que es el interés general de los ciudadanos”. Según Carriedo, la Comunidad ha informado a los ciudadanos sobre qué carreteras autonómicas se pueden utilizar ser para que se haga con la máxima seguridad posible. Asimismo, desde la Junta se habría trasladado la información a los alcaldes que “no habían sido informados”, algo que tendría que haber hecho “el gobierno de España”.

El portavoz ha recordado además que el propio Puente ha reconocido que fue él quien decidió no invitar a representantes de la Junta, la Diputación de Valladolid ni a los alcaldes de los municipios afectados. “Es un dato a analizar”, ha apuntado Carriedo, que se ha preguntado si el ministro habría adoptado la misma decisión en una inauguración celebrada en otra comunidad autónoma.

La Junta defiende su papel en la apertura

Carriedo ha defendido que la Junta y la Diputación de Valladolid han tenido un papel activo para hacer posible la apertura parcial de la autovía. Según ha explicado, ambas administraciones han puesto a disposición del Gobierno sus carreteras para permitir la circulación mientras continúan las obras de los tramos que todavía no han podido ponerse en servicio.

“Se ha puesto a disposición estas carreteras”, ha señalado el portavoz, que ha insistido en que la colaboración ha sido necesaria porque parte del tráfico que hasta ahora circulaba por la N-122 se está desviando hacia vías de titularidad autonómica y provincial.

El aumento de circulación y el riesgo de la N-122, que cuenta con numerosos siniestros y fallecidos por su volumen de tráfico y peligrosidad, es uno de los argumentos utilizados por la Junta para reclamar cautela. Carriedo ha explicado que estas carreteras tienen un diseño local y comarcal y que la intensidad media diaria puede pasar de unos 2.200 vehículos a alrededor de 5.000.

Cambios en el tráfico del Valle del Cuco

La delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso, se ha reunido este jueves con alcaldes del Valle del Cuco para analizar las afecciones provocadas por la apertura parcial de la A-11. En el encuentro han participado también representantes de la Diputación y técnicos de ambas administraciones.

La Junta ha trasladado a los municipios la necesidad de adaptar la regulación del tráfico ante el aumento de vehículos previsto. Entre las medidas figura la modificación de la regulación de los giros en la intersección de la carretera autonómica VA-101 con la provincial VP-3017, por donde se espera que pase buena parte del tráfico que anteriormente utilizaba la N-122.

Según la información difundida por la Junta, la apertura de los nuevos tramos se ha producido sin que esté terminado el viaducto sobre el río Duero, lo que ha obligado a reorganizar la circulación y está generando afecciones en las carreteras del entorno. La intensidad del tráfico está siendo monitorizada diariamente.

Los alcaldes han trasladado durante la reunión su malestar por los inconvenientes derivados de estos cambios y por la falta de información que, según la Junta, habría acompañado a la puesta en servicio. También han advertido de que las modificaciones coinciden con el inicio de la vendimia y con un periodo de mayor actividad agrícola.

Puente y la Junta: “palos en las ruedas” contra “colaboración”

La polémica surge tras las palabras y mensajes en redes de Puente tras de la inauguración. El ministro acusó a la Junta y a la Diputación de Valladolid de haber puesto “palos en las ruedas” a la apertura completa de la autovía y defendió que fueron las administraciones gobernadas por el PP las que impidieron abrir el tramo entero en ambas direcciones por razones de seguridad.

“Todo esto se lo agradecéis a la Junta de Castilla y León y a la Diputación Provincial de Valladolid, es decir al PP, que son quienes han impedido que abramos el tramo entero en ambas direcciones, por supuestas razones de seguridad, como era nuestra intención y nuestro deseo. Las explicaciones que las den ellos, que son los perpetradores de este dislate”, apuntaba el ministro de Transportes en una publicación en la red social X.

Puente también respondió en redes sociales a las críticas del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sobre la ausencia de las instituciones autonómicas en el acto. El ministro calificó de “sectarismo” la posición del Gobierno autonómico y de la Diputación y sostuvo que estas administraciones habían dificultado la puesta en servicio de la infraestructura.

La versión de la Junta es distinta. Carriedo sostiene que precisamente la cesión y puesta a disposición de las carreteras autonómicas y provinciales ha permitido que el Gobierno pueda abrir parcialmente la A-11 antes de que estén terminadas todas las obras.

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, lamentó este miércoles también no haber sido invitada al acto. “El único motivo de nuestra ausencia es que no fuimos invitados”, afirmó, y aseguró que le habría gustado aprovechar la ocasión para reunirse con Puente y abordar las necesidades de Castilla y León.

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, ha señalado que le hubiera “encantado” participar este lunes en la inauguración de dos nuevos tramos de la Autovía A-11 junto al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y ha lamentado que ningún representante de la Junta de Castilla y León fuera invitado al evento.

“El único motivo de nuestra ausencia es que no fuimos invitados. Es triste decirlo”, ha señalado Sanchidrián durante una visita a las obras de un tramo experimental de la A-601 en la provincia de Segovia.

“Es una lástima porque no conozco además al ministro y me hubiese encantado estar con él y poder hablar de distintas necesidades que tiene nuestra comunidad, ha añadido Sanchidrián, quien ha concluido: ”Lo digo con pena, me da lástima que no fuéramos invitados“.

La titular de Movilidad ha hecho estas declaraciones durante su visita a las obras que la Junta desarrolla, en colaboración con la sociedad concesionaria Autovía del Eresma S.A., en un tramo de un kilómetro de la A-601, entre los puntos kilométricos 81 y 82 de la calzada en sentido Segovia.

La actuación tiene carácter experimental y permitirá probar una mezcla bituminosa que incorpora un 30 % de material procedente del fresado del propio firme de la autovía, junto con un aditivo rejuvenecedor destinado a recuperar las propiedades del material reciclado.

El objetivo es analizar la trabajabilidad de la mezcla y estudiar sus prestaciones y evolución a lo largo del tiempo, para comparar su comportamiento con otras soluciones, entre ellas las mezclas convencionales y aquellas que incorporan porcentajes de material reciclado dentro de los límites recomendados actualmente por la normativa.

Sanchidrián ha destacado que el tramo registra una intensidad de tráfico superior a los 10.000 vehículos al año y ha defendido que la apuesta por la reutilización de materiales no supone reducir las condiciones de seguridad de la vía.

La actuación se enmarca en el programa de renovación de firmes que la concesionaria desarrolla desde 2023 en el tramo segoviano de la A-601, entre Cuéllar y Valseca.

La experiencia da continuidad a otro tramo de prueba ejecutado durante el verano de 2024, en el que se utilizó un 15 % de material procedente del fresado, porcentaje máximo recomendado actualmente por la normativa para capas de rodadura de características similares a las existentes en la A-601.

La Junta pretende utilizar el seguimiento de ambas experiencias para comparar soluciones con distintos porcentajes de material reciclado y determinar su posible extensión a futuras actuaciones de conservación y rehabilitación de firmes.

La SG-500, pendiente del estudio ambiental

Durante su visita, la consejera también se ha referido al estado de la licitación de las obras de la SG-500 en El Espinar, una actuación que la Junta considera necesaria al tratarse de una vía alternativa a la autopista de peaje.

Sanchidrián ha explicado que la licitación se encuentra a la espera de un informe que debe elaborar una asociación ecologista impulsada desde la Delegación Territorial.

La previsión de la Junta es recibir este estudio “a principios de octubre”. A partir de sus conclusiones se actualizará el proyecto existente, principalmente para adaptar los precios, un proceso que podría prolongarse otros dos meses.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto este lunes en servicio los nuevos tramos de la A-11 entre los enlaces de San Bernardo, en Valbuena de Duero, y Tudela de Duero. La apertura incorpora 30,7 kilómetros en sentido Valladolid y 25,5 en sentido Soria y deja prácticamente completada la conexión entre Quintanilla de Arriba y Tudela de Duero, a falta del viaducto sobre el Duero y de los trabajos que todavía continúan en parte del trazado.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha presidido el acto de puesta en servicio, celebrado en el entorno del Monasterio de Santa María de Valbuena. Según las previsiones trasladadas por el Ministerio, el tramo completo entre Quintanilla de Arriba y Tudela de Duero estará terminado durante la primera mitad de 2027. Con su finalización se añadirán 34,7 kilómetros de autovía y la A-11 alcanzará los 90 kilómetros puestos en servicio desde 2018.

Puente ha afirmado que no existe actualmente ningún kilómetro de la A-11 que no esté ejecutado, en ejecución o en fase de redacción de proyecto. El objetivo final del Ministerio es completar el corredor del Duero hasta Portugal, como ha indicado.

La apertura llega, cono habitúa esta autovía, de forma parcial: el tramo entre Quintanilla de Arriba y Olivares de Duero, de unos 14,5 kilómetros, entra en servicio desde el enlace de San Bernardo, mientras que las obras continúan entre Quintanilla de Arriba y este enlace, aunque se encuentran en un estado avanzado de ejecución.

El segundo tramo, entre Olivares de Duero y Tudela de Duero, tiene una longitud total de 20,2 kilómetros y se pone en servicio prácticamente en su totalidad. La conexión del tronco principal con la A-11 existente en el enlace de Tudela queda pendiente, mientras que el enlace se habilita para el tráfico en sentido Valladolid a través de la conexión con la VA-3302 y las vías de servicio paralelas a la actual autovía.

Seguridad de la N-122

Puente ha defendido que la principal aportación de la nueva infraestructura no será únicamente reducir los tiempos de viaje, sino mejorar la seguridad vial. El ministro ha señalado que la N-122 registra una elevada siniestralidad en esta zona y que la nueva autovía permitirá sacar parte del tráfico local de la carretera convencional.

La previsión del Ministerio es que la A-11 permita canalizar por la autovía buena parte de los desplazamientos procedentes de las carreteras locales situadas al norte del Duero. De esta forma, se reducirían las maniobras de adelantamiento y las interacciones entre vehículos ligeros y pesados.

La N-122 seguirá siendo, no obstante, el itinerario principal para el tráfico de largo recorrido hasta que finalice completamente el tramo entre Quintanilla de Arriba y San Bernardo. Esto afecta especialmente a vehículos pesados, transportes especiales y conjuntos euromodulares.

Durante el acto, Puente ha señalado que en los últimos años se ha acelerado el ritmo de la A-11. El ministro ha recordado que desde 2018 se han puesto en servicio más de 55 kilómetros de esta autovía en las provincias de Soria y Burgos, a los que se suman ahora los nuevos kilómetros de Valladolid.

La infraestructura acumula más de dos décadas de historia. El proyecto comenzó a materializarse con la puesta en servicio de la variante de El Burgo de Osma en 2004 y posteriormente de la variante de Aranda de Duero. A partir de 2019 se sucedieron nuevas aperturas en el corredor soriano y burgalés, entre ellas Santiuste-El Burgo de Osma, La Mallona-Venta Nueva, San Esteban de Gormaz-Langa de Duero, Venta Nueva-Santiuste y El Burgo de Osma-San Esteban de Gormaz.

Protesta contra la apertura parcial

Varios miembros de la Plataforma A11 Pasos, de Peñafiel, han protestado durante el acto contra la apertura de la autovía de forma parcial. La organización ha reclamado una solución para el conjunto del corredor y cuestiona que determinados tramos entren en servicio antes de que esté completado todo el trazado.

Al acto tampoco han asistido representantes de la Junta de Castilla y León ni de la Diputación de Valladolid. Puente ha criticado la “deslealtad institucional” del PP en la Junta de Castilla y León y en la provincia de Valladolid por no acudir a este acto y por no apoyar inversiones que el Gobierno destina a la Comunidad, según recoge EFE.

Por su parte, el Partido Popular —que dirige ambas administraciones públicas— ha enviado un comunicado a los medios de comunicación en el que ha lamentado que esta inauguración se haya convertido “en un acto de partido” y ha defendido que no se ha invitado a ningún representante del Ejecutivo autonómico, la Diputación o los municipios.

Puente ha defendido que la infraestructura supone un avance para las comunicaciones entre Valladolid, Soria, Burgos, Zamora y Portugal y que contribuirá a mejorar la competitividad empresarial y la vertebración territorial.

Deberes pendientes

El Gobierno prevé que 2026 termine con más de 80 kilómetros puestos en servicio desde 2018 y que la cifra alcance los 90 durante la primera mitad de 2027, siempre que se cumplan las previsiones actuales. Para entonces deberán estar completados los dos tramos entre Tudela de Duero y Quintanilla de Arriba, que sumarán otros 9,7 kilómetros respecto a la situación actual.

El desarrollo de la A-11 continúa además en otras provincias. En Soria se encuentra en redacción el proyecto del tramo Los Rábanos-La Mallona, mientras que en Burgos están en ejecución las obras entre Langa de Duero y Aranda de Duero, con una licitación de 212 millones de euros. También se redacta el tramo entre Castrillo de la Vega y el límite provincial con Valladolid y se trabaja en el proyecto que conectará este punto con Quintanilla de Arriba e incluirá la variante de Peñafiel.

En Zamora, el Ministerio mantiene los trabajos para completar la conexión con Portugal, con la variante de Fonfría y Alcañices en fase de proyecto y el tramo entre San Martín del Pedroso y la frontera portuguesa actualmente en obras.