“Quiero dar las gracias a los ceutíes por lo que han soportado, por la serenidad con la que han respondido y por haber demostrado, una vez más, que Ceuta puede ser un ejemplo de convivencia incluso en los momentos tan complejos como los que estamos viviendo”. Así cerró el jueves el presidente Pedro Sánchez una de las comparecencias parlamentarias más delicadas en uno de los momentos más difíciles de sus ocho años de Gobierno. Fueron más de seis horas en el Congreso para responder a un mes de vértigo, con Ceuta golpeada por una entrada masiva de inmigrantes que dejó al Ejecutivo sin respuesta en pleno inicio de vacaciones. Seis horas de debate parlamentario que evidenciaron la soledad del capitán del barco ante la tormenta perfecta.

Solo 36 horas antes de esa cita clave en el Congreso, una información adelantada por El Español sobresaltó al presidente y a medio gobierno. Un informe policial enviado a la jueza que investigaba lo ocurrido el 30 de julio en Ceuta apuntaba supuestamente a Marruecos como promotor de la entrada masiva de inmigrantes con la perversa intención de colapsar la frontera y los servicios sociales de la ciudad autónoma.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no sabía nada del informe y se movilizó ante un hecho que dejaba en ridículo al Ejecutivo español. Fue la madrugada más tensa tras un mes de sobresaltos casi diarios. “Estaban indignados y preocupados”, cuenta a elDiario.es una fuente próxima al Ejecutivo y conocedora de aquella situación. “Les estaban haciendo dudar y su preocupación no era tanto que aquella información policial complicara las relaciones con Marruecos, sino que habría que declarar poco menos que una guerra. Si hay un informe que tiene una prueba sólida, un mensaje, una llamada telefónica, algo que implique a un ministro del Gobierno marroquí en la organización o planificación de la entrada masiva de inmigrantes, te cambia la política exterior de este país para los próximos diez años”.

Entre la inquietud y la ignorancia, Sánchez, Marlaska y el resto de dirigentes del Ejecutivo que vivieron ese momento intentaron buscar una interpretación tranquilizadora. Alguien comentó que la información de El Español era incompleta. Que todo podía quedar, como al final ocurrió, en un informe policial sin pruebas definitivas y sin conclusiones claras. El documento, que conocieron horas después, no incluía ninguna afirmación sobre la participación directa del Gobierno de Marruecos en los hechos, pero hablaba de la posible connivencia de gendarmes marroquíes.

“Pero que diez agentes estuvieran en ello, como señalaba el informe, incluso demostrándose con pruebas de fuentes abiertas, no evidencia que el Gobierno de Marruecos ordenase, planificase o indujese la entrada masiva”, insisten fuentes del Ejecutivo. “El problema es de una complejidad extraordinaria pese a lo que cuenten supuestos expertos, porque cuando se producen los hechos el rey Mohamed VI está celebrando el Día del Trono a solo unos kilómetros de la frontera mientras decenas de miles de marroquíes cruzan la frontera gritando 'viva España' y repudiando al régimen marroquí. Vaya una manera de celebrar el Día del Trono promoviendo esta huida de sus compatriotas a suelo español”, ironiza un miembro del Ejecutivo de Sánchez.

El ministro del Interior intentó en aquella madrugada tensa del 2 de septiembre conocer todos los detalles del documento policial que podía dejar en papel mojado la intervención que el presidente Sánchez preparaba para su comparecencia en el Congreso. Fernando Grande-Marlaska difundió una carta que había enviado a su director general de la Policía pidiéndole explicaciones. “Pero fue imposible saber nada a esas horas porque ni siquiera el DAO [Director Adjunto Operativo] de la Policía había visto el papel”, explican fuentes próximas al Ministerio del Interior. “No hay providencia o al menos no la hemos visto. Nos dijeron que la jueza había dado una orden verbal por teléfono para prohibir informar a los superiores sobre el informe que había pedido”.

Sánchez acudió más tranquilo al Parlamento. Defendió la gestión de su Gobierno e hizo equilibrios para no responsabilizar a Marruecos de lo que él mismo denominó como una “violación a la integridad territorial de España”. Sus explicaciones no convencieron a nadie. Recibió insultos y descalificaciones desde la derecha y la ultraderecha, críticas sin matices de sus socios parlamentarios y duros reproches desde los partidos a la izquierda del PSOE. Todos le acusaron de “pusilánime” por evitar un mínimo reproche al país de Mohamed VI. “Por responsabilidad”, explican dirigentes próximos a Sánchez consultados por elDiario.es, “un presidente del Gobierno no pueda traspasar ciertas líneas ni lanzar según qué acusaciones contra otro país aunque ello implique quedarse solo frente a todo el arco parlamentario”. Y Sánchez no traspasó esas líneas. “El Gobierno de España no se puede permitir especular y acusar a un Gobierno extranjero sin pruebas”, insisten.

En el Palacio de La Moncloa son conscientes de que manejan una posición perdedora, porque la mayoría ve la mano de Marruecos tras los graves sucesos del pasado 30 de julio cuando más de 70.000 personas cruzaron la frontera de Ceuta con el beneplácito de la gendarmería marroquí.

“No se trata de taparlo. El Gobierno nunca ha dicho tajantemente que Marruecos sea inocente por lo ocurrido”, explica otro alto cargo del Ejecutivo. “No hay pruebas sólidas y los hechos constatados son de cooperación. El retorno del 90% de los que entraron el 30 de julio y regresaron un día después fue posible gracias a la cooperación de Marruecos tras una llamada del Gobierno”, explica.

Sánchez bajó del atril cabizbajo mientras la bancada del PSOE le aplaudía puesta en pie. Cuando segundos después la presidenta del Congreso dio por concluida la sesión, el presidente se fue directo hacia Ángel Víctor Torres, el ministro elegido para ejercer el mando único encargado de lidiar con la crisis en Ceuta. Abandonaron el hemiciclo juntos, conscientes del amargo trago parlamentario pero decididos a mantener que, sin pruebas, un Gobierno no puede acusar a otro de hechos tan graves como los que propiciaron la entrada de más de 70.000 personas en un solo día a una ciudad de unos 80.000 habitantes.

La “permisividad” que se atribuye a las fuerzas marroquíes y que acreditan las imágenes de la entrada masiva que se pudo ver en las televisiones de todo el mundo no es suficiente para responsabilizar a Marruecos. “Si tuviera pruebas de esa conducta”, explica otro dirigente socialista, “el Gobierno habría tenido que llamar directamente a la OTAN ante el riesgo prácticamente inevitable de un conflicto armado”.

Sin avisos previos, pero “Robles defiende a su gente”

“Lo sabía y lo tapó. Es un traidor”. La cantinela con la que PP y Vox zarandean a Sánchez desde hace semanas resonó en el Congreso. La entrada de decenas de miles de personas en la ciudad autónoma pilló por sorpresa al Gobierno. Los servicios de inteligencia no alertaron de esa posibilidad. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), se puso en contacto en los días previos a la crisis con Diego Rubio, jefe de Gabinete de Sánchez, para alertarle de una creciente presencia de menores extranjeros en la localidad, consciente de que la ley no permite su expulsión, como en el caso de los mayores, y sus servicios estaban colapsados.

“Rubio se lo comunicó a Marlaska, que adoptó las decisiones policiales pertinentes. Pero en ningún caso Vivas, por mucho que cuenten, alertó sobre lo que venía. Ni mucho menos. Su gran preocupación eran los menores, de su falta de capacidad para atenderlos”, señala otra fuente del Ejecutivo.

Para apuntalar la idea de que no existían avisos previos de lo que venía, Sánchez anunció en el Congreso que desclasificará y facilitará todos los informes de esos días. Margarita Robles, ministra de Defensa, no aplaudió el anuncio del presidente. Alguien quiere ver los síntomas de un desencuentro irremediable. “El CNI”, cuentan desde el Ejecutivo, “no alertó sobre esa entrada masiva. Y el presidente es comprensivo con esa situación porque tampoco lo hicieron los servicios de inteligencia europea. Si un servicio extranjero conoce que ese ataque se va a producir, está obligado a informar a España. Nadie nos informó”.

Sánchez siempre apoyó la versión de su ministro del Interior frente al relato de la ministra de Defensa. “Margarita Robles estuvo en todo momento difundiendo una media verdad porque eso le permitía defender a su CNI. Siempre cierra filas con su gente. Pero Sánchez le adelantó que iba a hacer en el Congreso el anuncio de los dosieres para demostrar que nadie les avisó de la entrada masiva de inmigrantes y ella estuvo de acuerdo. Su actitud de no aplaudir cuando se produjo el anuncio no es muy distinta a la que mantiene en otras ocasiones. No le gusta ir al Congreso”, señalan fuentes parlamentarias. De hecho, Robles se ha borrado la próxima semana de las sesiones de control del Congreso y del Senado con dos decenas de preguntas de la oposición sobre la crisis de Ceuta. Algunas debía responderlas la ministra de Defensa y le tocarán a sus compañeros.

El 30 de julio era jueves y Sánchez tenía una cita el viernes en la sede del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desde la que se coordinan los trabajos para la extinción de incendios. El fuego en Madrid estaba casi controlado y se había retirado el nivel 3. Pero esa tarde del 30 de julio se desencadena en Ceuta una crisis de seguridad nacional porque han entrado decenas de miles de personas y Sánchez habla por teléfono con los ministros de Interior y de Defensa. Podría haber convocado un Consejo de Seguridad Nacional, pero en su lugar decide visitar Ceuta a la mañana siguiente.

“Se va a un territorio invadido, según los términos utilizados por Vox, donde no sabíamos exactamente qué pasaba. Algunos le dijeron que tuviera prudencia porque en Ceuta había decenas de miles de inmigrantes que habían cruzado la frontera. Pero el presidente habló el día anterior con Vivas, y el jefe del Ejecutivo ceutí le transmite la gravedad de la situación”.

Pese a la entrada de decenas de miles de inmigrantes, Interior informó al presidente que durante la noche no se produjeron incidentes graves en las calles de la ciudad autónoma. Y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, llamó a su homólogo marroquí para pedirle que abriera la frontera y facilitara el regreso de decenas de miles de personas. “Marruecos se asustó como nosotros y aceptó”, señala una fuente del Ejecutivo. “Ese es el gran éxito y por eso no podemos culpar a Marruecos. ¿Nos pudo engañar? Sí, pero lo que nos transmitieron es que vino una riada de gente y no la pudieron parar, al igual que no la podíamos parar nosotros”.

“No fuimos conscientes de cuánta gente se quedaba”

La decisión de Sánchez de viajar el sábado al mediodía a Lanzarote para pasar las vacaciones en La Mareta —un gesto polémico y cuestionado a derecha a izquierda— fue un error de cálculo, cuentan fuentes del Gobierno. “No fuimos conscientes, porque no se veían, de cuánta gente se quedaba”, explican. Al constatar que había salido la mayor parte de los migrantes, el Gobierno consideró que se enfrentaba a “una crisis migratoria” como las de otras ocasiones, con unas 1.500 personas en la ciudad autónoma. “La sensación es que iban a salir todos. De ahí el comentario que escribe Óscar Puente en X. Pero había mucha gente escondida en el bosque y durante esa noche entre 1.000 y 1.500 niños fueron recogidos en casas de ceutíes. Al día siguiente solo se veía gente en la playa del Trampolín”.

Ese error de cálculo cogió a Sánchez de vacaciones. Su equipo remarca que La Mareta es una residencia oficial que cuenta con todas las medidas de seguridad y tecnológicas necesarias para estar presente en las conferencias telemáticas que hagan falta. Sánchez se mantuvo en contacto estrecho en todo momento con su equipo y tuvo decenas de llamadas diarias con Marlaska, Robles, la ministra de Migraciones, Elma Saiz o el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cuentan desde el entorno del presidente.

Los alojamientos agrietan la relación con Vivas

La comunicación fue fluida con Vivas, aunque los roces con el presidente ceutí se agudizaron cuando el Gobierno, muy tarde, comenzó a buscar alojamientos provisionales ante los miles de migrantes que se habían quedado en Ceuta. Fue un tira y afloja constante que produjo encuentros muy tensos con el Ejecutivo ceutí, que bloqueaba la ubicación de los migrantes en los lugares que le proponía el Gobierno.

Sánchez convocó el 25 de agosto el Consejo de Seguridad Nacional e invitó, algo inaudito hasta esa fecha, al presidente de Ceuta. Vivas se plantó en esa reunión y reprochó a los presentes que en el listado aprobado por el Gobierno sobre los futuros espacios para alojar a los migrantes estaban diversos polideportivos de Ceuta. Sánchez respondió: “No te preocupes. No se habilitará ninguna ubicación sin el acuerdo de la ciudad autónoma”.

El rechazo de Vivas es aceptado por todos. “Pero y si mañana graniza o diluvia en Ceuta, ¿dónde metemos a esas personas?”, se pregunta un alto cargo ministerial. “Habrá que buscar un sitio con techo”.

Ese mismo día, el presidente de Ceuta proclamó poco menos que se encadenaría a un polideportivo —“a mí y a los que vengan conmigo nos tendrán que sacar de los polideportivos”, declaró— antes que dejar que se utilicen para acoger a inmigrantes. “Y eso”, opina un dirigente del Gobierno que conoció aquellos hechos, “es la cerilla en el bidón de gasolina que provoca los altercados más serios que hemos vivido, que provoca que un grupo de vecinos impida que la Cruz Roja, en el reparto de alimentos de las siete de la tarde, entregue comida a los migrantes en uno de los tres puntos habilitados”.

Sánchez, explica, ya se había comprometido en persona con Vivas para que todos los nuevos alojamientos serían acordados previamente con el Ejecutivo autónomo, como finalmente ocurre aunque con nuevos contratiempos.

El Consejo de Administración del Puerto de Ceuta se reunió el viernes para tratar la cesión de terrenos en el muelle de Poniente donde instalar los campamentos de acogida de inmigrantes. Solo votaron a favor los cuatro representantes del Gobierno central en ese organismo. Los 11 vocales elegidos por la ciudad autónoma, entre ellos el presidente del Puerto, los sindicatos, la cámara de comercio y los empresarios, rechazaron ceder esos espacios. Un nuevo obstáculo que complicaba la gestión de la crisis. Finalmente el sábado el Gobierno decidió tomar el control del muelle de forma unilateral, pese al rechazo de Vivas, para poder levantar allí los alojamientos para los migrantes.

“La derecha, y es muy lamentable, no quiere que se normalice la situación en Ceuta y va a poner todo tipo de obstáculos para que podamos solucionar los problemas generados en esta crisis”, vaticina un miembro del Gobierno.

El rey Felipe y la inoportunidad de una visita a Ceuta

La misma tarde del 30 de julio que Sánchez decidió visitar la ciudad autónoma tras hablar con Vivas y con sus ministros sobre la entrada masiva de inmigrantes, su gabinete informó a Casa Real sobre las intenciones del presidente. Fuentes del Ejecutivo sostienen que en esa conversación y tras conocer que Sánchez se iba a desplazar a Ceuta al día siguiente Casa Real sugirió que “cuando sea oportuno” el monarca podría visitar Ceuta. “Ni anuncian que van a visitarla ni piden ir a visitarla. Pero, ¿era oportuno? Obviamente no. Ellos saben que la última vez que ocurrió, en 2007, hubo una crisis diplomática. ¿Es el momento de añadir otra crisis diplomática? La Casa Real sabía que no podían ir”, explican a elDiario.es fuentes del Ejecutivo.

El choque soterrado entre instituciones se agrava con la reunión que el rey mantiene en el Palacio de Marivent (en Palma) con el presidente Vivas. No tanto por la visita sino por la información que trasladaron algunos medios en aquel momento. Fuentes socialistas sospechan que la Casa Real comentó a algunos periodistas que si el rey iba a recibir a Vivas en Marivent y no había acudido a Ceuta pese a las dificultades que atravesaba la ciudad autónoma era porque Sánchez se lo había prohibido. OKDiario tituló así: “El Rey Felipe quiso ir a Ceuta en plena invasión pero Sánchez se lo prohibió”, atribuyendo la información a fuentes de toda solvencia. “Esa información era mentira”, señala un alto cargo de Moncloa.

A la búsqueda de autor

A la espera de que la investigación policial y judicial avance, el Gobierno enmarca lo ocurrido en la influencia de las nuevas tecnologías y los mensajes difundidos a través de las mismas. Moncloa sí cree que hay un responsable, pero aún no sabe quién es y tratará de que los servicios secretos españoles se formen más en el análisis de esas redes sociales.

Sánchez y su equipo confían en que pronto se consiga un alojamiento digno para las personas que aún deambulan por Ceuta, se aceleren las repatriaciones y la crisis amaine.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, liderado por Óscar Puente, ha decidido firmar una orden al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado para tomar el control del puerto de Ceuta y autorizar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a instalar carpas para acoger a más de un millar de personas migrantes que aún siguen en situación de calle en la ciudad autónoma. El anuncio se produce a pesar de la oposición de los vecinos, de la Autoridad Portuaria y de la Confederación de Empresarios

La orden del Ejecutivo permitirá, por un lado, continuar con los trabajos de instalación de tiendas temporales que fueron frenados el viernes por responsables del puerto de Ceuta y, al mismo tiempo, autoriza a la Secretaría de Estado de Migraciones la utilización temporal de esta superficie de 16.000 metros cuadrados. La zona está situada en la Ampliación de Poniente, Fase I, de la zona de servicio del puerto ceutí.

El Gobierno ya ha comenzado este sábado a acondicionar la explanada en el Muelle de Poniente de Ceuta para la instalación de tiendas de campaña y poder albergar migrantes que están acampadas en la playa del Trampolín o en el entorno de Loma Colmena. Según ha podido comprobar EFE, los trabajos se han puesto en marcha en la mañana de este sábado en una zona de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario. Además, en el entorno de esta explanada hay instalaciones como las del Banco de Alimentos, Dúcar, Endesa o la empresa de vehículos Aubensa.

La decisión del Gobierno, que ha adelantado El País y ha confirmado después elDiario.es, llega pocas horas después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta votase este viernes en contra de ceder terrenos para la instalación de un recurso provisional de acogida en la zona para estas personas migrantes. Más de un mes después de la llegada de más de 70.000 personas a la ciudad —de las que han regresado a Marruecos la mayoría según el Ministerio del Interior—, la emergencia humanitaria continúa con cientos de menores sin protección y miles de adultos viviendo a la intemperie, en condiciones insalubres, comida insuficiente y riesgo de agresiones.

Según recogió Ceuta al Día, el resultado de la votación fue de 11 votos en contra y 4 a favor. En contra, se pronunciaron los miembros de la ciudad, los sindicatos, la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios y el propio presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Manuel Doncel. A favor, han votado los cuatro representantes del Estado: Abogacía del Estado, Puertos del Estado, Capitanía Marítima y Delegación del Gobierno.

La decisión se produjo pocas horas después de que más de un centenar de ceutíes se manifestasen en contra de esta instalación en una ubicación que los concentrados rechazan al considerar que se trata del “cordón umbilical de Ceuta”. Durante la concentración, los asistentes han reclamado “retornos ágiles y efectivos ya” y han defendido que los esfuerzos materiales y humanos destinados a la acogida de los miles de migrantes que permanecen en la ciudad se dirijan a reforzar los servicios de triaje y la tramitación de las solicitudes de asilo.

La movilización se ha sumado a las protestas que se vienen sucediendo desde hace varias semanas en distintos puntos de la ciudad contra la instalación de recursos provisionales de acogida. Cada vez que trasciende una nueva ubicación, vecinos de la zona afectada salen a la calle para mostrar su rechazo a la decisión, una situación que está dificultando la búsqueda de espacios para sacar de la calle a los miles de migrantes que continúan en Ceuta.

“Este tren es el futuro porque se ha hecho a medida de lo que necesitamos: más capacidad, accesibilidad, comodidad y tecnología. Y los cambios se notarán desde el primer viaje”. Con estas palabras, pronunciadas en el interior de uno de los nuevos trenes Stadler, el ministro Óscar Puente ha hecho toda una declaración de intenciones: esta será su gran apuesta contra el deterioro de Cercanías Madrid, que concentra a la mitad de los usuarios de toda la red estatal. Una prueba del algodón para saber si este método puede extenderse a otras partes de España y, con el tiempo, sanear un servicio acostumbrado a la crítica.

A las puertas de septiembre, el titular del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha presentado los primeros trenes de la marca suiza, que se irán incorporando progresivamente a la red madrileña después de cerrar un acuerdo de 1.306 millones de euros con el fabricante para construir 79 nuevos vehículos de gran tamaño. Lo ha hecho desde la estación madrileña de Príncipe Pío, a la que ya han llegado dos ejemplares. Estos trenes están pensados para poder alcanzar hasta los 200 metros de amplitud y alojar a unos 1.800 viajeros, en su versión de dos plantas.

El color rojo impera en el exterior y, nada más entrar, pueden verse unas puertas algo más amplias de lo habitual. “Uno de los problemas que nos trasladaban era el poco espacio en los vestíbulos para personas con movilidad reducida o bicicletas, y estos trenes van a facilitar esas salidas. Ya sabemos que Madrid no lo pone fácil para moverse en bici”, ha destacado el propio Puente en un dardo al Partido Popular, que gobierna a nivel municipal y autonómico y a cuyos gobiernos atribuye parte del estancamiento de Cercanías.

Acompañado del actual presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y en presencia del CEO de Stadler España, Ignacio Parra, el ministro Puente ha lanzado un augurio: “Siento que los usuarios hayan tenido que esperar tanto para que esto ocurra, pero vienen buenos tiempos para Cercanías Madrid”. A su lado había también dos socialistas: el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto.

Puente ha recordado que esta inversión llevará tiempo hasta asentarse y será costosa: cifra en unos 4.000 millones de euros el presupuesto para sanear la red en toda España. Asegura que su éxito requerirá de una planificación “consistente y periódica” que “también dé garantías a los fabricantes”; en otras palabras, que otros gobiernos futuros no den marcha atrás a la renovación de la red. En su discurso inaugural, el ministro también se ha referido a las críticas por el traslado de 41 trenes Civia que operaban en Madrid para hacerlos funcionar en el núcleo de Cercanías Valencia.

Estos eran los vehículos más grandes de los que se disponía hasta ahora en la capital, pero el Ministerio considera que sus características ya no son aptas para la capital. “La justificación de que estos trenes vengan a Madrid es porque estos trenes son los que el núcleo de Cercanías de Madrid necesita. Son unos trenes pensados en el usuario que va a recibir el servicio, así que aquí no hay favoritismo por Madrid. Es una cuestión de funcionalidad”, alega.

Por su parte, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha reprochado en paralelo las incidencias de Cercanías que espera zanjar con los nuevos trenes: “Lo que deberíamos de saber especialmente es cuántos vehículos móviles de Cercanías van a ser puestos a disposición de todos los madrileños y desde luego que el servicio de Cercanías de Madrid funcione”,

Ampliar andenes en la C-5 para que quepan los nuevos trenes

Para la C-5, una de las líneas más saturadas, se prevé una remodelación que también ampliará los andenes en las estaciones para que quepan los nuevos trenes de Stadler. Madrid es el núcleo de Cercanías que más viajeros mueve en España, con más de 730.000 usuarios del transporte público en cada jornada laborable. Las unidades, que pueden mejorar hasta en un 20% la capacidad de la flota actual, se han podido ver en líneas como la C-7 y se irán desplegando por otros trazados del núcleo madrileño con el objetivo de descongestionarlos.

El propio presidente de Renfe ya vaticinó en sus redes sociales que estos nuevos trenes “permitirán descongestionar determinadas líneas” que, actualmente, están “al límite de su capacidad”. Por la estación donde esta mañana se han reunido los cargos públicos, la de Principe Pío, pasan tres líneas de Cercanías: la C-1, la C-7 y la C-10. La primera conecta con el aeropuerto y las dos estaciones de larga distancia, Atocha y Chamartín, mientras que la C-7 conecta con Alcalá de Henares y la C-10, con Villalba.

Los primeros trenes de gran capacidad que Renfe ha comprado al fabricante suizo comenzaron a prestar servicio el 24 de agosto, después de un proceso de homologación y ensayos operativos. A finales de abril, el ministro Óscar Puente participó en un viaje de prueba entre Albacete y Aranjuez. Ahora busca afianzar su legado en el Gobierno con la promesa de “un antes y un después” para Cercanías.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha acusado este jueves al ministro Óscar Puente de convertir la puesta en servicio de los nuevos tramos en un “acto de un partido político”. Para el consejero, la ausencia de representantes, tanto de la Junta como de la Diputación, y la presencia de cargos del PSOE responden a las aspiraciones de “suceder a Pedro Sánchez” del ministro de Transportes.

Carriedo ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al ser preguntado por el acto celebrado el pasado lunes con motivo de la apertura de los nuevos tramos de la A-11 en Valladolid. El portavoz autonómico ha señalado que, a su juicio, la inauguración estuvo más relacionada con el PSOE, como “un acto de partido” que con un acto institucional.

“Seguramente, está asociado a que la persona -Puente- que organizó ese acto, está ya más centrada sus intereses como candidato a suceder a Pedro Sánchez, que en pensar en los intereses generales de nuestra comunidad autónoma”, ha defendido Carriedo.

A pesar del dardo al ministro, el portavoz de la Junta ha indicado que el Ejecutivo autonómico está “otra dinámica: que es el interés general de los ciudadanos”. Según Carriedo, la Comunidad ha informado a los ciudadanos sobre qué carreteras autonómicas se pueden utilizar ser para que se haga con la máxima seguridad posible. Asimismo, desde la Junta se habría trasladado la información a los alcaldes que “no habían sido informados”, algo que tendría que haber hecho “el gobierno de España”.

El portavoz ha recordado además que el propio Puente ha reconocido que fue él quien decidió no invitar a representantes de la Junta, la Diputación de Valladolid ni a los alcaldes de los municipios afectados. “Es un dato a analizar”, ha apuntado Carriedo, que se ha preguntado si el ministro habría adoptado la misma decisión en una inauguración celebrada en otra comunidad autónoma.

La Junta defiende su papel en la apertura

Carriedo ha defendido que la Junta y la Diputación de Valladolid han tenido un papel activo para hacer posible la apertura parcial de la autovía. Según ha explicado, ambas administraciones han puesto a disposición del Gobierno sus carreteras para permitir la circulación mientras continúan las obras de los tramos que todavía no han podido ponerse en servicio.

“Se ha puesto a disposición estas carreteras”, ha señalado el portavoz, que ha insistido en que la colaboración ha sido necesaria porque parte del tráfico que hasta ahora circulaba por la N-122 se está desviando hacia vías de titularidad autonómica y provincial.

El aumento de circulación y el riesgo de la N-122, que cuenta con numerosos siniestros y fallecidos por su volumen de tráfico y peligrosidad, es uno de los argumentos utilizados por la Junta para reclamar cautela. Carriedo ha explicado que estas carreteras tienen un diseño local y comarcal y que la intensidad media diaria puede pasar de unos 2.200 vehículos a alrededor de 5.000.

Cambios en el tráfico del Valle del Cuco

La delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso, se ha reunido este jueves con alcaldes del Valle del Cuco para analizar las afecciones provocadas por la apertura parcial de la A-11. En el encuentro han participado también representantes de la Diputación y técnicos de ambas administraciones.

La Junta ha trasladado a los municipios la necesidad de adaptar la regulación del tráfico ante el aumento de vehículos previsto. Entre las medidas figura la modificación de la regulación de los giros en la intersección de la carretera autonómica VA-101 con la provincial VP-3017, por donde se espera que pase buena parte del tráfico que anteriormente utilizaba la N-122.

Según la información difundida por la Junta, la apertura de los nuevos tramos se ha producido sin que esté terminado el viaducto sobre el río Duero, lo que ha obligado a reorganizar la circulación y está generando afecciones en las carreteras del entorno. La intensidad del tráfico está siendo monitorizada diariamente.

Los alcaldes han trasladado durante la reunión su malestar por los inconvenientes derivados de estos cambios y por la falta de información que, según la Junta, habría acompañado a la puesta en servicio. También han advertido de que las modificaciones coinciden con el inicio de la vendimia y con un periodo de mayor actividad agrícola.

Puente y la Junta: “palos en las ruedas” contra “colaboración”

La polémica surge tras las palabras y mensajes en redes de Puente tras de la inauguración. El ministro acusó a la Junta y a la Diputación de Valladolid de haber puesto “palos en las ruedas” a la apertura completa de la autovía y defendió que fueron las administraciones gobernadas por el PP las que impidieron abrir el tramo entero en ambas direcciones por razones de seguridad.

“Todo esto se lo agradecéis a la Junta de Castilla y León y a la Diputación Provincial de Valladolid, es decir al PP, que son quienes han impedido que abramos el tramo entero en ambas direcciones, por supuestas razones de seguridad, como era nuestra intención y nuestro deseo. Las explicaciones que las den ellos, que son los perpetradores de este dislate”, apuntaba el ministro de Transportes en una publicación en la red social X.

Puente también respondió en redes sociales a las críticas del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sobre la ausencia de las instituciones autonómicas en el acto. El ministro calificó de “sectarismo” la posición del Gobierno autonómico y de la Diputación y sostuvo que estas administraciones habían dificultado la puesta en servicio de la infraestructura.

La versión de la Junta es distinta. Carriedo sostiene que precisamente la cesión y puesta a disposición de las carreteras autonómicas y provinciales ha permitido que el Gobierno pueda abrir parcialmente la A-11 antes de que estén terminadas todas las obras.

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, lamentó este miércoles también no haber sido invitada al acto. “El único motivo de nuestra ausencia es que no fuimos invitados”, afirmó, y aseguró que le habría gustado aprovechar la ocasión para reunirse con Puente y abordar las necesidades de Castilla y León.

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, ha señalado que le hubiera “encantado” participar este lunes en la inauguración de dos nuevos tramos de la Autovía A-11 junto al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y ha lamentado que ningún representante de la Junta de Castilla y León fuera invitado al evento.

“El único motivo de nuestra ausencia es que no fuimos invitados. Es triste decirlo”, ha señalado Sanchidrián durante una visita a las obras de un tramo experimental de la A-601 en la provincia de Segovia.

“Es una lástima porque no conozco además al ministro y me hubiese encantado estar con él y poder hablar de distintas necesidades que tiene nuestra comunidad, ha añadido Sanchidrián, quien ha concluido: ”Lo digo con pena, me da lástima que no fuéramos invitados“.

La titular de Movilidad ha hecho estas declaraciones durante su visita a las obras que la Junta desarrolla, en colaboración con la sociedad concesionaria Autovía del Eresma S.A., en un tramo de un kilómetro de la A-601, entre los puntos kilométricos 81 y 82 de la calzada en sentido Segovia.

La actuación tiene carácter experimental y permitirá probar una mezcla bituminosa que incorpora un 30 % de material procedente del fresado del propio firme de la autovía, junto con un aditivo rejuvenecedor destinado a recuperar las propiedades del material reciclado.

El objetivo es analizar la trabajabilidad de la mezcla y estudiar sus prestaciones y evolución a lo largo del tiempo, para comparar su comportamiento con otras soluciones, entre ellas las mezclas convencionales y aquellas que incorporan porcentajes de material reciclado dentro de los límites recomendados actualmente por la normativa.

Sanchidrián ha destacado que el tramo registra una intensidad de tráfico superior a los 10.000 vehículos al año y ha defendido que la apuesta por la reutilización de materiales no supone reducir las condiciones de seguridad de la vía.

La actuación se enmarca en el programa de renovación de firmes que la concesionaria desarrolla desde 2023 en el tramo segoviano de la A-601, entre Cuéllar y Valseca.

La experiencia da continuidad a otro tramo de prueba ejecutado durante el verano de 2024, en el que se utilizó un 15 % de material procedente del fresado, porcentaje máximo recomendado actualmente por la normativa para capas de rodadura de características similares a las existentes en la A-601.

La Junta pretende utilizar el seguimiento de ambas experiencias para comparar soluciones con distintos porcentajes de material reciclado y determinar su posible extensión a futuras actuaciones de conservación y rehabilitación de firmes.

La SG-500, pendiente del estudio ambiental

Durante su visita, la consejera también se ha referido al estado de la licitación de las obras de la SG-500 en El Espinar, una actuación que la Junta considera necesaria al tratarse de una vía alternativa a la autopista de peaje.

Sanchidrián ha explicado que la licitación se encuentra a la espera de un informe que debe elaborar una asociación ecologista impulsada desde la Delegación Territorial.

La previsión de la Junta es recibir este estudio “a principios de octubre”. A partir de sus conclusiones se actualizará el proyecto existente, principalmente para adaptar los precios, un proceso que podría prolongarse otros dos meses.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto este lunes en servicio los nuevos tramos de la A-11 entre los enlaces de San Bernardo, en Valbuena de Duero, y Tudela de Duero. La apertura incorpora 30,7 kilómetros en sentido Valladolid y 25,5 en sentido Soria y deja prácticamente completada la conexión entre Quintanilla de Arriba y Tudela de Duero, a falta del viaducto sobre el Duero y de los trabajos que todavía continúan en parte del trazado.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha presidido el acto de puesta en servicio, celebrado en el entorno del Monasterio de Santa María de Valbuena. Según las previsiones trasladadas por el Ministerio, el tramo completo entre Quintanilla de Arriba y Tudela de Duero estará terminado durante la primera mitad de 2027. Con su finalización se añadirán 34,7 kilómetros de autovía y la A-11 alcanzará los 90 kilómetros puestos en servicio desde 2018.

Puente ha afirmado que no existe actualmente ningún kilómetro de la A-11 que no esté ejecutado, en ejecución o en fase de redacción de proyecto. El objetivo final del Ministerio es completar el corredor del Duero hasta Portugal, como ha indicado.

La apertura llega, cono habitúa esta autovía, de forma parcial: el tramo entre Quintanilla de Arriba y Olivares de Duero, de unos 14,5 kilómetros, entra en servicio desde el enlace de San Bernardo, mientras que las obras continúan entre Quintanilla de Arriba y este enlace, aunque se encuentran en un estado avanzado de ejecución.

El segundo tramo, entre Olivares de Duero y Tudela de Duero, tiene una longitud total de 20,2 kilómetros y se pone en servicio prácticamente en su totalidad. La conexión del tronco principal con la A-11 existente en el enlace de Tudela queda pendiente, mientras que el enlace se habilita para el tráfico en sentido Valladolid a través de la conexión con la VA-3302 y las vías de servicio paralelas a la actual autovía.

Seguridad de la N-122

Puente ha defendido que la principal aportación de la nueva infraestructura no será únicamente reducir los tiempos de viaje, sino mejorar la seguridad vial. El ministro ha señalado que la N-122 registra una elevada siniestralidad en esta zona y que la nueva autovía permitirá sacar parte del tráfico local de la carretera convencional.

La previsión del Ministerio es que la A-11 permita canalizar por la autovía buena parte de los desplazamientos procedentes de las carreteras locales situadas al norte del Duero. De esta forma, se reducirían las maniobras de adelantamiento y las interacciones entre vehículos ligeros y pesados.

La N-122 seguirá siendo, no obstante, el itinerario principal para el tráfico de largo recorrido hasta que finalice completamente el tramo entre Quintanilla de Arriba y San Bernardo. Esto afecta especialmente a vehículos pesados, transportes especiales y conjuntos euromodulares.

Durante el acto, Puente ha señalado que en los últimos años se ha acelerado el ritmo de la A-11. El ministro ha recordado que desde 2018 se han puesto en servicio más de 55 kilómetros de esta autovía en las provincias de Soria y Burgos, a los que se suman ahora los nuevos kilómetros de Valladolid.

La infraestructura acumula más de dos décadas de historia. El proyecto comenzó a materializarse con la puesta en servicio de la variante de El Burgo de Osma en 2004 y posteriormente de la variante de Aranda de Duero. A partir de 2019 se sucedieron nuevas aperturas en el corredor soriano y burgalés, entre ellas Santiuste-El Burgo de Osma, La Mallona-Venta Nueva, San Esteban de Gormaz-Langa de Duero, Venta Nueva-Santiuste y El Burgo de Osma-San Esteban de Gormaz.

Protesta contra la apertura parcial

Varios miembros de la Plataforma A11 Pasos, de Peñafiel, han protestado durante el acto contra la apertura de la autovía de forma parcial. La organización ha reclamado una solución para el conjunto del corredor y cuestiona que determinados tramos entren en servicio antes de que esté completado todo el trazado.

Al acto tampoco han asistido representantes de la Junta de Castilla y León ni de la Diputación de Valladolid. Puente ha criticado la “deslealtad institucional” del PP en la Junta de Castilla y León y en la provincia de Valladolid por no acudir a este acto y por no apoyar inversiones que el Gobierno destina a la Comunidad, según recoge EFE.

Por su parte, el Partido Popular —que dirige ambas administraciones públicas— ha enviado un comunicado a los medios de comunicación en el que ha lamentado que esta inauguración se haya convertido “en un acto de partido” y ha defendido que no se ha invitado a ningún representante del Ejecutivo autonómico, la Diputación o los municipios.

Puente ha defendido que la infraestructura supone un avance para las comunicaciones entre Valladolid, Soria, Burgos, Zamora y Portugal y que contribuirá a mejorar la competitividad empresarial y la vertebración territorial.

Deberes pendientes

El Gobierno prevé que 2026 termine con más de 80 kilómetros puestos en servicio desde 2018 y que la cifra alcance los 90 durante la primera mitad de 2027, siempre que se cumplan las previsiones actuales. Para entonces deberán estar completados los dos tramos entre Tudela de Duero y Quintanilla de Arriba, que sumarán otros 9,7 kilómetros respecto a la situación actual.

El desarrollo de la A-11 continúa además en otras provincias. En Soria se encuentra en redacción el proyecto del tramo Los Rábanos-La Mallona, mientras que en Burgos están en ejecución las obras entre Langa de Duero y Aranda de Duero, con una licitación de 212 millones de euros. También se redacta el tramo entre Castrillo de la Vega y el límite provincial con Valladolid y se trabaja en el proyecto que conectará este punto con Quintanilla de Arriba e incluirá la variante de Peñafiel.

En Zamora, el Ministerio mantiene los trabajos para completar la conexión con Portugal, con la variante de Fonfría y Alcañices en fase de proyecto y el tramo entre San Martín del Pedroso y la frontera portuguesa actualmente en obras.

Madrid estrena este lunes sus primeros trenes Stadler, una marca suiza con la que Renfe ha contratado hasta 79 coches de gran capacidad y junto a la que Cercanías pretende ampliar su flota más saturada en hasta un 20% de su capacidad actual. Así lo ha anunciado en sus redes sociales el propio ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ya a finales de finales concluyó un viaje de prueba entre Albacete y Aranjuez y aprovechó para arrojar algunos detalles sobre estos ferrocarriles: pueden llegar a los 200 metros de longitud y en cada uno de ellos caben 1.800 pasajeros, distribuidos en una o dos plantas y varios vagones.

El contrato de Renfe con la empresa de fabricación suiza se cerró por 1.306 millones de euros, aproximadamente unos 16 millones por tren. El acuerdo –parte de una inversión más amplia para adquirir nuevo material rodado en todo el país– contempla que los vehículos vayan llegando a la capital de forma progresiva, por lo que solo algunos se estrenarán esta semana.

Hasta ahora, los trenes más grandes de la flota eran los del modelo S450, con dos pisos y distintos remolques: cada uno de ellos cuenta con un centenar de asientos en la planta baja y 96 en la superior, según la página web de Renfe. A su vez, cada coche motor tiene 128 asientos. Dependiendo del número de vagones y de la composición de cada tren, esta serie puede albergar entre 1.200 y 4.000 plazas totales según la compañía pública, que incluye en el recuento a quienes puedan circular sentados y quienes han de hacerlo estando de pie.

Del contrato para los 79 trenes Stadler han trascendido dos modelos de diferente capacidad: los de 100 metros (que pueden ampliarse hasta 120 m) y los de 200, con posibilidad de extenderse hasta los 240. Estos últimos podrán acumular hasta 10 coches y reducirse hasta los 160 metros de longitud, con las unidades más grandes de toda la flota de Renfe en composición única.

Los trenes son de ancho ibérico y pueden alcanzar una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora, y disponen de sistemas de información al viajero. Todos los vehículos de este paquete absorben los últimos avances en accesibilidad y confort, con acceso y espacio para personas con movilidad reducida, todas las puertas de los coches de simple piso a nivel, áreas para bicicletas (zonas multifuncionales con capacidad para hasta seis bicicletas en T100 y 18 bicicletas en T200) y carritos infantiles, según la información difundida por Renfe.

Asimismo, las entradas a nivel de andén de seis de las diez puertas del T100 (12 de 20 puertas para T200) no tendrán escalones, por lo que se reducirá el tiempo de subida y bajada de pasajeros. Por otro lado, los trenes también cuentan con tomas de carga USB y enchufes en los asientos, un moderno sistema de información al pasajero y un sistema de video vigilancia CCTV de cobertura total.

La iluminación de los coches es LED, y cuentan con un eficiente sistema de calefacción y aire acondicionado y aislamiento térmico que garantizan un ambiente confortable a la vez que contribuyen a la sostenibilidad del transporte. Así, podrán ampliarse en sus longitudes en ambas modalidades en caso necesario, adaptándose a la demanda de la red de Cercanías, que transporta a diario a más de 730.000 viajeros, el 55% de los desplazamientos de servicio público en España.

Apoyo los rifirrafes en redes sociales del ministro Óscar Puente, incluso cuando los tiene con gente de mi gremio, esto es, periodistas, siempre que no salgan de ese ámbito de troleo y conversación pública. No soy tan ilusa de creer que el llamado cuarto poder, hoy en franca decadencia en cuanto a su verdadera utilidad social, puede enfrentarse en igualdad de condiciones al poder real, el que usa o puede usar los recursos del Estado para aplastar, callar o promocionar agendas, políticas y medios. Tampoco soy tan ingenua para pensar que los medios solo hacen periodismo y no política. Podríamos discutir años sobre quién de verdad manda en España y cantar relatos de David contra Goliat pero la realidad es la que es. El auge ultra en Europa y España, por un lado, y la incomparecencia o incapacidad de “las izquierdas” para combatirlo.

Quiero creer que Puente dice lo que piensa en sus redes y que eso no lo compagina con una llamada o un WhatsApp amenazante al director del medio que contrata al columnista que le disgusta. Si no es así, que se publique y dimita el ministro. Nadie es intocable, y menos en este aparente fin de ciclo. Si lo de Puente se queda en X es como si sucediera en Las Vegas: X es un sucedáneo algorítmico y dopado de la vida real. Más digno de debate es que “la izquierda” no tolere que “la izquierda” critique a Óscar Puente. Al ministro de Transportes le critican cada día, y con virulencia, desde la derecha, así que el tema es si la izquierda ha perdido la capacidad de autocrítica o si ya no se tolera tocar al PSOE porque Sánchez se percibe como el último bastión ante el avance ultra: cuando caiga él, caerá toda la izquierda y pueden peligrar todos los avances conquistados. El verdadero tema es, pues, si hemos sido psoeizados como táctica de supervivencia.

El PSOE siempre ha sido un partido atrapalotodo de la izquierda, y por eso ha conseguido gobernar tantos años en un país en el que existe la creencia de que el poder pertenece naturalmente a la derecha, esa derecha económica, política, judicial que combate contra un PSOE sociológico, de calle, que entendió siempre cómo era y es, en realidad, España. Al margen de las corrupciones de PP y PSOE, los dos partidos entendían a su electorado. En los últimos años, el PP se dejó fagocitar por la ultraderecha y el PSOE se comió a los votantes que no entendían el reino de egos y taifas a su izquierda. El encontronazo en redes entre el ministro Puente y el grupo Carolina Durante y las reacciones que provoca solo muestran una realidad, más allá del espectáculo de X: el votante no cree que haya alternativa de izquierda al PSOE, una izquierda crítica al servicio del ciudadano español y dispuesta a solucionar sus problemas y desarrollar sus ideas.

El diagnóstico está hecho hace ya tiempo: la izquierda española debe recomponerse y ofrecer una alternativa real al ciudadano progresista. Una alternativa que piense en la vivienda, la acción colectiva, los derechos laborales, el desempleo. Si no es así, y ante la alternativa de que gobiernen Feijóo y Abascal, votará al PSOE, y defenderá a Óscar Puente como si defendiera la última trinchera desde la que se dispara y no solo se recibe. Podemos tener disquisiciones eternas sobre la autocrítica de la izquierda o construir alternativas al PSOE que mejoren su capacidad para aprobar una reforma laboral o una subida del SMI. De momento, no existe. Y esa inexistencia es la razón última de que estemos siendo psoeizados.

El ministro de Transporte, el socialista Óscar Puente, anunció recientemente en una visita a Xàtiva que Renfe aumentará la capacidad de los Cercanías de València en un 30% en sus líneas electrificadas (C1, C2 y C6). La medida supondrá la sustitución progresiva del parque móvil actual por un total de 41 unidades renovadas del modelo Civia serie 465, unos trenes de mayor capacidad y con mejor equipamiento tecnológico.

En concreto, se retirarán de forma paulatina 34 ferrocarriles de la Serie 447 —en funcionamiento desde principios de la década de 1990 y con una capacidad de 549 plazas sumando las sentadas y las de pie— y de 7 convoyes de la Serie 464. Los modelos Civia 465 disponen de cinco coches por unidad, a diferencia de los tres coches de la serie precedente, lo que elevará el límite de plazas por vehículo hasta las 748, con vagones de piso bajo a nivel de andén para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida. De esta forma ya son dos las unidades que han empezado a dar servicio en València y a final de año se prevé que haya un total de 22.

Sin embargo, no se trata de trenes nuevos, sino que tal y como recoge la nota de prensa que remitió Transportes “estas unidades comenzaron a circular entre 2003 y 2012”, en concreto en la red de Cercanías Madrid hace entre 14 y 23 años, si bien es cierto que se han actualizado todos sus elementos, tanto asientos como accesorios, por ejemplo, ordenadores de a bordo o elementos para llevar bicicletas.

El hecho de que los trenes no sean nuevos, sino trasladados de Madrid, donde se llevarán los que precisamente se están fabricando en la planta de Stadler ubicada en Albuixech (Valencia) generó una importante bronca política en las redes sociales con el PP y Compromís como protagonistas de las críticas al PSOE y al ministro Puente.

El portavoz de Transportes e Infraestructuras del PP en las Corts, Joserra González de Zárate, ha denunciado que el Gobierno central “pretende presentar como una solución al grave problema de las Cercanías valencianas el simple reacondicionamiento de trenes con más de 20 años de antigüedad”.

Por su parte, Compromís ha presentado en el Congreso varias preguntas escritas dirigidas al Gobierno de España para reclamar, entre otros aspectos, los “criterios concretos” que han seguido Renfe y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible al decidir asignar a la red de Cercanías de València trenes procedentes de Madrid ya utilizados, en lugar de convoyes de nueva construcción.

En sus iniciativas, la diputada de la coalición, Àgueda Micó, pide explicaciones sobre el motivo por el que Renfe y Transportes han determinado “que las 41 unidades Civia 465 destinadas al núcleo de Cercanías de València procedan principalmente del servicio de Madrid” y cuestiona “por qué se ha optado por material con entre 14 y 23 años de antigüedad en lugar de incorporar material de nueva fabricación”.

Al respecto, fuentes ministeriales han explicado a elDiario.es que los trenes que se llevan a València tienen una vida útil de entre 35 y 40 años y que son “los mejores y más modernos de los que dispone Renfe para incrementar la capacidad en la red valenciana en hasta un 30%, teniendo en cuenta además que se han renovado por completo los interiores con nuevas butacas, nuevos accesorios, ordenadores de a bordo o elementos para llevar bicicletas”.

Además, han asegurado que Madrid cuenta y seguirá contando con un centenar de estos modelos y han explicado que “tanto la capital como Barcelona, por sus características y la altísima demanda, recibirá nuevos trenes de alta capacidad de dos pisos que no se pueden meter, por ejemplo, en una C3 de Valencia”.

De esta forma, cuando se planificaron las necesidades, se encargaron a Alstom y a Stadler los nuevos trenes de alta capacidad necesarios para dar respuesta a la demanda de Madrid y de Barcelona, mientras que a la Comunitat Valenciana se destinarán 9 de los 70 nuevos trenes de media distancia encargados a CAF: “El PP que no compró ni un solo tren nuevo en sus años al frente del Gobierno no nos va a dar lecciones de gestión”, han advertido desde Transportes.

El ministro Arcadi España considera que las críticas son “ruido”

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado este jueves que el envío de trenes para el servicio de Cercanías a Valencia desde Madrid supondrá aumentar la capacidad del servicio, algo que hacía falta en estas líneas, y que las críticas por parte de otros partidos son “conflicto y ruido”.

Así lo ha declarado en un encuentro con medios en la visita que ha realizado España a las instalaciones de Mercalicante, a la que ha asistido junto al alcalde de Alicante, Luis Barcala, el subdelegado del Gobierno en la provincia, Manuel Pineda, y el presidente de Mercasa, José Manuel Miñones.

A preguntas de los periodistas por las críticas desde Compromís por trasladar convoyes de más de veinte años de servicio al núcleo de Cercanías en Valencia desde Madrid, España ha sostenido: “Lo que es evidente es que vamos a tener en la Comunidad Valenciana mejores trenes y de más capacidad”.

Para el ministro, este envío de trenes viene a cubrir una necesidad de las líneas donde se va a prestar servicio, por lo que ha considerado que el mensaje debe ser ese y que “lo demás es conflicto y ruido”. Arcadi España se ha declarado un usuario más de la red de Cercanías en Valencia desde Carcaixent, por lo que ha afirmado que es consciente de las necesidades de esa y de otras líneas.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Francisco José Ramírez, ha enviado una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para solicitar una reunión bilateral “a la mayor brevedad posible”. El objetivo del Ejecutivo autonómico es analizar el estado de las actuaciones pendientes en la región y fijar un calendario preciso de ejecuciones, compromisos e inversiones.

La petición surge como seguimiento a la Conferencia Sectorial de Transportes celebrada el pasado 28 de julio. Ramírez ha subrayado que la iniciativa “no responde a ningún gesto político”, sino a la urgencia de resolver deficiencias que “condicionan las posibilidades de desarrollo económico, industrial y logístico” de la comunidad.

“Llevamos años esperando, meses solicitando reuniones y trasladando propuestas. Extremadura necesita pasar de las declaraciones a los compromisos y de los compromisos a los calendarios de ejecución”, ha subrayado, con la expectativa de que la misiva sea atendida en cuanto el ministro reanude su actividad tras el periodo vacacional.

De las mejoras en el tren de Extremadura a las autovías con Portugal

En el ámbito ferroviario, la Junta exige información detallada sobre los plazos reales de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura y los retrasos acumulados, así como la presentación del Plan Director del Corredor Atlántico. Entre las peticiones destacan adelantar la ejecución del tramo internacional Badajoz-Elvas (incluida la estación internacional de la EUROBEC), avanzar en la electrificación de los trazados Mérida-Puertollano y Mérida-Zafra, y presentar el estudio de viabilidad para la reapertura de la Ruta de la Plata. Asimismo, solicitan un ramal ferroviario de 16 kilómetros en ExpacioMérida para evitar el paso de mercancías por el casco urbano de Mérida.

Respecto al transporte aéreo, la Consejería reclama estudiar el déficit inversor acumulado en el Aeropuerto de Badajoz, conocer las previsiones de Aena para el periodo 2027-2031 y ampliar su horario operativo para mejorar su funcionalidad y atraer nuevas conexiones.

En materia de carreteras, el Gobierno regional urge actuaciones en la autovía Cáceres-Badajoz, la EX-A1 y las carreteras nacionales N-430, N-432 y N-435. Además, califica de estratégica la mejora de los enlaces por carretera con el país vecino mediante la firma de un acuerdo con Portugal para la construcción de un nuevo puente internacional y la integración de la vía en el corredor Madrid-Lisboa.

Ramírez ha concluido afirmando que la región mantendrá una postura de “lealtad institucional, pero también de exigencia”, recalcando que Extremadura no demanda “privilegios”, sino “las mismas oportunidades, infraestructuras modernas y una planificación seria”.

Renfe ha arrancado el proceso para homologar sus trenes de alta velocidad en Portugal con el objetivo de operar en un futuro en ese país, después de que la expansión de sus servicios en Francia se haya visto obstaculizada por varias trabas regulatorias.

Así lo ha avanzado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una entrevista a Europa Press, en la que ha detallado que Renfe está intentando homologar sus trenes de las series 106 y 107 de Talgo. “Son modelos muy adaptables al entorno portugués, que en parte es de ancho ibérico como España y estamos intentando homologarlos para poder trabajar allí”, ha añadido.

Puente ha señalado que se trata de un cambio de enfoque en el plan de internacionalización de Renfe, ya que su objetivo era seguir expandiéndose en Francia, donde está presente solo en la zona sur. Sin embargo, las trabas regulatorias están retrasando su llegada a ciudades clave como París.

“Hay que analizar la realidad y no empecinarse en cosas que parecen difíciles, por lo que estamos cambiando nuestras ideas, enfocándolas más hacia Portugal, que está en vísperas de desarrollar su red de alta velocidad y es un territorio en el que vamos a trabajar mucho más cómodos y vamos a tener una entrada más sencilla”, ha explicado.

Además, la sintonía de España en el ámbito del transporte es mayor con Portugal que con Francia: “Los dos países tenemos claramente el objetivo de estar vinculados a través de la red ferroviaria, pero, en el caso de Francia, la presión realizada en Europa para que impulse sus conexiones con España ha servido de muy poco”.

Puente ha reiterado el compromiso del Gobierno de tener listas ambas conexiones transfronterizas en 2030, a la espera de que los otros dos países desarrollen la infraestructura dentro de sus fronteras. De hecho, con los trenes 106 y 107, que pueden circular por distintos tipos de vías, se podrá poner el servicio en marcha de forma progresiva.

Multas a Talgo y llegada de trenes chinos

En cualquier caso, Renfe sigue esperando que Talgo le entregue los trenes de la serie 107 con dos años ya de retraso, después de que el operador le impusiera una multa de 116 millones de euros al fabricante de trenes por los retrasos de la serie 106.

En el caso de los 107, el ministro ha evitado hablar de nuevas sanciones y esperará a recibirlos y a analizar las circunstancias antes de imponer cualquier multa en aplicación de las cláusulas del contrato.

“Ahora estamos centrados en el proceso de evaluación y vamos a ver finalmente cuándo se produce la entrega para tener en cuenta todas las circunstancias”, ha añadido.

Óscar Puente ha afirmado que los problemas de capacidad industrial que han arrastrado a Talgo a dar esos trenes con retraso es algo generalizado en la industria europea, desde empresas como Alstom y Siemens a Stadler.

“No es de recibo que los tiempos medios de producción y puesta a disposición y certificación de un tren estén en torno a los seis años en este momento. Llegará un momento en el que si la industria no es capaz de fabricar a unos precios y plazos razonables, los chinos entrarán, y Europa tiene que tomar medidas para que no pase lo que ha pasado en la industria automovilística”, ha concluido al respecto.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado de “ignominia” el momento en el que Javier Negre, presidente del seudomedio EDATV, saluda al rey Felipe VI en Colombia y se hace una foto con él. Puente ha argumentado que el rey “es un símbolo” y, por tanto, no es “inocuo” junto “a quién se fotografía” o saluda “en un contexto que no es protocolario, ni forma parte de ninguna relación institucional”.

En el vídeo difundido en redes se ve a Negre acercarse al monarca en el marco de la toma de posesión del presidente de Colombia y pedirle una fotografía con él, a la que accedió. “Esta situación me parece una absoluta ignominia”, replicó Puente este lunes.

Negre —que ha criticado en varias ocasiones a la reina Letizia— respondió al mensaje de Puente con ataques al Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha calificado de “corrupto”. “Ignominia no es que el rey de todos los españoles salude al propietario del grupo de medios más viral en política de Hispanoamérica. Ignominia es que se vea obligado a saludar a representantes de un Gobierno corrupto que le bloquea su llegada a Ceuta. Eso sí que es ignominia”, escribió.

El titular de Transportes ha contestado que en ese tuit “hay una sola verdad”: “Que eres un virus”.

Posteriormente ha explicado que lo ve “una ignominia” porque Negre es “un activista de ultraderecha que practica el acoso a los políticos progresistas y a sus familias”, entre ellas la suya; y “ha insultado reiterada y gravemente” a la reina y al rey. “Su imagen se contamina y la del sujeto con el que se fotografía se limpia. Y ambas cosas son inaceptables”, ha argumentado.

La bronca política ha elevado decibelios este viernes, a costa de la gestión de los graves incendios declarados en España y, especialmente, el que aún asola la Comunidad de Madrid. El Partido Popular ha cargado este viernes con dureza contra la actuación del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y la del ministro de Transportes, Óscar Puente, por sus críticas a la Comunidad de Madrid por sus recortes en los dispositivos antiincendios coincidiendo con los fuegos que asolan la región. Puente, por su parte, ha publicado una serie de tuits con palabras gruesas contra los populares y, en especial, contra Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña.

“Yo creo que mientras todo el país observa con preocupación y con interés cómo las administraciones tienen que trabajar en contra del fuego, no se entiende que todas las fuerzas políticas no colaboren en el mismo objetivo”, ha dicho en declaraciones a la prensa la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra.

“Ya sabemos lo que hace este gobierno, ya sabemos lo que hace el el delegado del Gobierno y hemos visto lo que ha dicho Óscar Puente esta mañana criticando a los gobiernos del Partido Popular. Ellos ven bandos y ven muros donde nosotros solo vemos fuego, un fuego al que combatir porque hay gente que lo está pasando mal”, ha añadido. Se refería a las críticas que desde el Ejecutivo han realizado al hecho de que el Gobierno de Ayuso haya tenido que reclamar la declaración de emergencia nacional por los fuegos en Madrid tras recortar los fondos dedicados a la lucha contra los incendios y las bajadas de impuestos.

Para Ezcurra, “tanto la actuación del delegado del Gobierno como, por supuesto, y, sobre todo, la actuación del ministro Puente”, son “miserables”.

La dirigente del PP también ha rechazado hablar de un posible pacto de Estado contra los incendios. “El PP presentó un plan contra contra las emergencias naturales en septiembre del año pasado, que gustará más o menos, pero es un plan detallado que se tradujo además en algunas iniciativas parlamentarias, y, en cambio, el Gobierno se desmarcó con una propuesta de pacto de Estado que no cabía”, ha concluido.

El Gobierno central declaró anoche la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) como consecuencia de la evolución de los incendios forestales de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo. El avance las llamas ha llevado al desalojo de 11.500 personas.

Ayuso contra Puente

Ante la gravedad de tres fuegos simultáneos que afectan a Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a través de una escueta carta de su consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, había pedido este jueves al Estado la activación de la llamada “Situación Operativa 3”, el nivel más alto de la escala y que deja en manos del Gobierno central declarar la emergencia nacional.

Desde el mando central instalado en Cenicientos, Ayuso ha caldeado este viernes el ambiente a pesar de destacar la “coordinación” entre su Ejecutivo y el Gobierno central. Preguntada por la prensa por las críticas realizadas desde la izquierda a los recortes de la Comunidad de Madrid en servicios sociales y, en especial, en la lucha antiincendios, la presidenta madrileña respondía con las siguientes palabras: “El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, ahí su conciencia”. A media tarde, su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, publicaba un tuit asegurando que “la palabra del día es mamarracho”.

El ministro Puente se sintió entonces aludido y publicó un tuit dirigiéndose directamente a Ayuso: “De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda a ese gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú”.

La alcaldesa de Teruel y líder del PP en la provincia, Emma Buj, ha anunciado este lunes que ha solicitado formalmente una reunión urgente con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para abordar el futuro del Corredor Cantábrico-Mediterráneo tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de una alternativa que “condena a Teruel a convertirse en el cuello de botella” de esta infraestructura estratégica.

Buj ha realizado este anuncio tras la Junta de Gobierno Local y ha explicado que el Ayuntamiento también presentará alegaciones al proyecto para defender una infraestructura “ambiciosa” que responda a las necesidades de Teruel y del conjunto del eje ferroviario entre el Cantábrico y el Mediterráneo.

La alcaldesa ha mostrado su rechazo a una propuesta publicada en el BOE, que contempla una doble vía entre Zaragoza y Teruel, con pendientes máximas del 18%, mientras que entre Teruel y Valencia mantiene una única vía con pendientes de hasta el 23%. En su opinión, esta solución impide que el corredor cumpla la función para la que fue concebido. “No solo perjudica a Teruel, sino también a Zaragoza, Valencia y al conjunto del corredor, porque deja de ser una verdadera conexión entre el Cantábrico y el Mediterráneo”, ha afirmado.

Entre las alegaciones que presentará el Ayuntamiento figura la construcción de un 'bypass' ferroviario para mercancías que conecte el Puerto de Escandón con Platea y el aeropuerto, de manera que los trenes de carga no atraviesen el casco urbano. Buj ha recordado que esta propuesta ya fue planteada durante la fase inicial de alegaciones y que llegó a estudiarse, aunque finalmente fue descartada por su coste económico.

La alcaldesa ha calificado esa decisión de “auténtica barbaridad”, ya que, según ha explicado, el incremento previsto del tráfico ferroviario de mercancías supondrá un importante perjuicio para los vecinos de Teruel al discurrir la vía junto a numerosas viviendas. “Para nosotros era fundamental que la estación de mercancías se ubicara en Platea y que los trenes de carga no atravesaran la ciudad. El único motivo por el que se ha rechazado es el coste económico”, ha señalado.

El Ayuntamiento reclamará una doble vía electrificada entre Teruel y Valencia y la ejecución de ese bypass para mercancías, con el objetivo de que la ciudad no soporte un tráfico ferroviario de mercancías permanente junto a las zonas residenciales.

La alcaldesa ha insistido en que el Consistorio “irá a máximos” en sus alegaciones para reclamar una inversión que permita desarrollar un auténtico Corredor Cantábrico-Mediterráneo y no actuaciones puntuales que, en sus palabras, “no dejan de ser lo mismo que se está haciendo ahora, pero un poquito más”.

Ampliación de Pinilla

Durante su comparecencia, Emma Buj también ha informado de los avances en el proyecto de ampliación del campo Pinilla. La alcaldesa ha explicado que la Dirección General de Patrimonio ha emitido un informe favorable sobre una parte esencial del proyecto, concretamente la correspondiente a la zona de tribuna, donde se concentran buena parte de los servicios de la instalación.

Aunque todavía queda pendiente resolver algunos aspectos relacionados con la grada adyacente, Buj ha asegurado que el proyecto “va por muy buen camino” y ha señalado que, una vez se reciba la comunicación oficial, el Ayuntamiento trasladará el visto bueno a la empresa redactora para continuar con su desarrollo. “No dejamos de trabajar en agosto y, en cuanto tengamos la comunicación oficial, la empresa podrá avanzar en la redacción definitiva”, ha indicado.

Por otro lado, a Junta de Gobierno Local ha aprobado varios asuntos de gestión municipal, entre ellos la declaración de validez de la justificación de la subvención nominativa concedida al Centro Asociado de la UNED en Teruel correspondiente al ejercicio 2025, por importe de 40.000 euros.

También ha dado luz verde al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Teruel y la Comarca Comunidad de Teruel para la promoción turística durante 2026, con una aportación de 4.500 euros por parte del Ayuntamiento y de 3.000 euros por parte de la institución comarcal.

Además, se ha aprobado el proyecto correspondiente al modificado número 2 de las obras de mejora y acondicionamiento de la calle Cuesta de los Gitanos, con un presupuesto de 1.017.038 euros. La alcaldesa ha precisado que no se trata de una nueva actuación, sino de la aprobación formal de las modificaciones introducidas durante la ejecución de una obra ya en marcha.

Por último, la Junta de Gobierno ha tomado conocimiento del expediente de incorporación de remanentes de crédito al Presupuesto General de 2026 por importe de 325.551 euros, destinado a actuaciones que actualmente se encuentran en ejecución.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido este viernes la aplicación inmediata de la ley de amnistía y el regreso ya a España del expresidente de Catalunya Carles Puigdemont tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). “Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España sin ninguna duda”, ha afirmado Puente en una entrevista en RNE en la que ha añadido que el expresidente “lo tendría a huevo”.

En su opinión, «hay cosas que son insostenibles» y a las que “hay que plantar cara de una vez”, y ha señalado que el regreso sería un gesto de liderazgo político y una decisión coherente con lo que dice la legislación española, el TJUE y el Tribunal Constitucional.

Ha puntualizado que no sabe qué decisión va a tomar Puigdemont, una vez que el TJUE ha resuelto que la ley de amnistía es conforme al derecho comunitario, no menoscaba la directiva europea sobre terrorismo y que amnistiar la malversación no daña las finanzas europeas.

“Si yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido libremente que yo sea libre, pues chico, vamos a ponernos todos colorados de una vez, dicen que más vale un minuto colorado que toda la vida amarillo, yo lo haría”, ha insistido.

El ministro ha considerado “tremendamente complicado de entender que la justicia española intente incumplir” la ley de amnistía y que se sostenga que “no se va a aplicar con carácter inmediato”.

El fallo del TJUE acredita, a su juicio, que hay una parte del poder judicial en España que no respeta la legitimidad del poder legislativo, que cuestiona su capacidad para decidir cómo regula la vida del país y que cree que está por encima de él.

Turull tilda de “miseria y frivolidad” el comentario de Puente

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha criticado los comentarios del ministro: “Cuanta miseria y frivolidad”, ha escrito en la red social X.

Para que fuera posible la vuelta de Puigdemont a España, todavía habría que esperar a que el Tribunal Constitucional anule la decisión del Tribunal Supremo, recurrida por el expresidente, que determinó que el delito de este último no entraba dentro de los amnistiables por la ley.

CCOO denuncia “la lamentable situación” que se está viviendo en Alcázar de San Juan, cuya estación de tren no dispone de personal de Adif nada más que por la mañana, lo que obliga al personal de taquillas y al de vigilancia a realizar tareas de información a todo el personal que se encuentra en la estación “desamparado”, y con el consiguiente “malestar por los continuos retrasos y la falta de información”.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de Comisiones Obreras Ciudad Real achaca “el caos” en la línea ferroviaria Madrid-Alcázar-Jaén a la ausencia de una buena planificación por parte de Renfe, así como a la falta de inversiones.

La falta de material y las averías (la mayoría de ellas en la climatización) en los trenes, vienen dejando desde el pasado 2 de julio “un sinfín de retrasos, cancelaciones e incidencias que están sufriendo las personas usuarias”, explican desde el sindicato.

Inciden en que “políticas de recortes de plantilla, tanto de Adif como de Renfe, en la estación de Alcázar, está dejando en total desamparo a cientos de viajeros que pasan por esta estación diariamente”.

La pasada semana, la Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Centro de la Mancha y la Plataforma de Linares-Baeza, en la provincia de Jaén, pedían la comparecencia urgente del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso, para explicar la situación de “continuos retrasos, averías e incidencias” en los corredores y servicios ferroviarios que pasan por Alcázar de San Juan, en Ciudad Real.

Escaso personal

La plantilla del personal de Adif como factores de estación “ha sido suprimida hasta quedar un único agente de servicio en el turno de mañana”, describe CCOO, y el personal de taquillas trabaja “bajo mínimos, con la incertidumbre de que cualquier posible incidencia en el personal sea motivo de tener que cerrar el servicio de venta en algún turno por falta de personal”.

Desde el día 2 de julio se han producido retrasos que oscilan “entre los 38 y los 210 minutos” en diferentes trenes y estaciones; aseguran que ha habido que hacer transporte en autobús y en algunos casos se han suprimido trenes, por falta de material e incluso por falta de maquinista.

“Y todas estas incidencias se repitieron durante la pasada semana, de tal forma que el PAT (Plan alternativo de transporte por carretera) se han convertido en lo habitual estos días. Como guinda, el 11 de julio el tren de Ciudad Real-Alicante salió de Ciudad Real con 159 minutos de retraso, con 154 minutos en Alcázar y con 179 minutos al destino final”.

La FSC señala que este conjunto de retrasos y cancelaciones ha dejado un balance de cientos de viajeros “desatendidos y cabreados, viendo el personal de taquillas como la situación se convertía en insostenible por momentos, debido al número de quejas y el hartazgo de los viajeros”.

Trasladan que “para colmo, la estación de Alcázar no dispone de máquina autovending, para que las personas viajeras puedan comprar una botella de agua y aplacar los rigores de las temperaturas extremas que estamos sufriendo”.

Desde CCOO seguirán denunciando “las malas políticas de personal por parte de los operadores Renfe y Adif y reivindicando un servicio digno y de calidad para todos los viajeros y viajeras que a diario pasan por la estación de Alcázar de San Juan”.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria por el que se somete a información pública el estudio informativo de la conexión ferroviaria entre la estación de trenes de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla.

Con fecha 1 de julio de 2026, la Dirección General del Sector Ferroviario ha resuelto aprobar provisionalmente dicho estudio e iniciar el proceso de información pública y audiencia de administraciones, tal como recoge el BOE, y ha destacado el ministro de Fomento, Óscar Puente, en sus redes sociales, en un mensaje en el que señala que con una inversión de casi 300 millones, se reducirán los tiempos de viaje a once minutos, con una estación intermedia en Parque Alcosa.

De este modo, se abre un periodo para, quien lo desee, pueda formular observaciones “sobre la concepción global del trazado, en la medida en que afecte al interés general, y sobre el impacto ambiental”, ya que la presente actuación se encuentra sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario regulado por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

El trazado será en túnel

En un desayuno informativo de Europa Press, el pasado mes de febrero, la entonces vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba que el Ejecutivo aprobaría el estudio del proyecto de la conexión ferroviaria para someterlo a información pública antes del verano.

La alternativa elegida para el trazado es la 'Norte 3', que junto a la parada del aeropuerto, plantea una parada intermedia en Parque Alcosa. Montero aseguraba que el 92,5% del trazado será en túnel, que defendía como “la solución más acorde para provocar menos desorden en el urbanismo de la ciudad”, al tiempo que reconocía que supone una cuantía más elevada.

Con carácter previo a la aprobación definitiva del estudio informativo, se requiere la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Teniendo en cuenta el periodo vacacional que sucederá en el transcurso de este trámite, se establece un plazo para la información pública de 45 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, este trámite y plazo de información pública sirve para que las empresas ferroviarias y los administradores de infraestructuras ferroviarias puedan emitir informe acerca de la concepción global del trazado proyectado y de los aspectos funcionales o de explotación incluidos en el estudio informativo.

De acuerdo con el artículo 7.2 de la Ley del Sector Ferroviario, en las zonas afectadas por esta información pública las administraciones competentes en materia urbanística deberán suspender la aprobación de nuevas clasificaciones y calificaciones de suelo, los efectos de las ya aprobadas, y el otorgamiento de nuevas autorizaciones y licencias urbanísticas. Esta suspensión tendrá un plazo máximo de un año a partir de la fecha de publicación de este anuncio de información pública.

“Poco ambicioso”

Por su parte, la consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz, ha lamentado que, tres años y medio después del inicio de los trabajos, el Gobierno de España aún no tenga completado el estudio de la conexión Santa Justa-aeropuerto de Sevilla. “Una situación que prolonga la injusticia con la ciudad, que sigue siendo la única gran capital española sin conexión ferroviaria con su terminal aérea”.

Igualmente, la titular de Fomento ha advertido que el estudio ha sido “poco ambicioso”, con una solución de mínimos que no contempla una conexión ferroviaria clara y directa con Sevilla Este y Parque Alcosa, o con un potencial turístico de primer nivel como Fibes. “Cuestiones, todas ellas, que sí se recogieron en el estudio informativo que elaboró la Junta de Andalucía y que envío al Ministerio de Transportes hace dos años, en mayo de 2024, sin que hasta el momento hayamos recibido respuesta alguna”.

Al respecto, la Confederación Empresarial de Sevilla (CES) “valora positivamente” la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la aprobación provisional del estudio informativo para la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla: “Un nuevo paso que permite iniciar el periodo de información pública y avanzar en una infraestructura que el tejido empresarial sevillano viene reclamando desde hace años”.

No obstante, la Confederación considera que este avance “no debe hacer perder la perspectiva”, tal como señala en un comunicado. “Resulta inadmisible que una ciudad como Sevilla siga sin una conexión ferroviaria entre su principal estación y el aeropuerto, especialmente teniendo en cuenta el peso del turismo en la economía provincial y cuando las principales ciudades españolas ya disponen de este tipo de infraestructura”.

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Centro de la Mancha y la Plataforma de Linares-Baeza, en la provincia de Jaén, han pedido la comparecencia urgente del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso, para explicar la situación de “continuos retrasos, averías e incidencias” en los corredores y servicios ferroviarios que pasan por Alcázar de San Juan, en Ciudad Real.

Concretamente, José Damián García-Moreno, en representación de estos colectivos, se ha referido a los tramos Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén, Madrid-Alcázar de San Juan-Albacete y Ciudad Real-Alcázar de San Juan-Alicante.

“Hemos visto retrasos que han ido desde las dos hasta las cuatro horas en estos últimos días, incluso supresión de algunos trenes, con la gente esperando, o cambios de la salida del trenes desde Chamartín y a pasar por Atocha”, afirma.

Avisos “con muy poca antelación”

Según ha subrayado, los avisos de estas incidencias se realizan “con muy poca antelación” provocando que haya mucha gente “que se tiene que buscar la vida para llegar hasta la estación de Atocha”.

“Creemos que es una situación que es insostenible. El ministro tiene que explicar qué está pasando, pero sobre todo lo que tiene que hacer es dar soluciones porque se está perjudicando la vida de muchos ciudadanos”, recalca.

Esta petición se produce en mitad del encendido debate sobre futuro trazado del AVE Madrid-Jaén. Óscar Puente rechazó el pasado mes de mayo la parada en Alcázar de San Juan por razones “técnicas”, lo que provocó una oleada de rechazo social por parte de los ayuntamientos de la comarca de la Mancha, y también desde el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Renfe y la nueva Talgo que preside José Antonio Jainaga han llegado a un acuerdo para desbloquear el conflicto sobre la multa de 116 millones que pesa sobre la empresa por los retrasos en la entrega de los trenes Avril S106, un contrato suscrito en 2016, y que ha enfrentado a la empresa con la sociedad pública durante varios años hasta la imposición de la multa en 2024. El acuerdo que han suscrito y que se ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) fija un calendario de plazos para el pago de esta penalización que no empieza hasta 2032 y concede a partir de entonces a la compañía seis años para abonar los pagos, es decir, hasta 2037.

El acuerdo supone todo un balón de oxígeno para la empresa, que pasó a manos del consorcio encabezado por Jainaga con el Gobierno vasco y las fundaciones Kutxa y Vital, y en el que también está la SEPI, en diciembre del pasado año, ya que no sólo concede margen a la empresa para abonar la multa, sino que además desbloquea los pagos y avales pendientes. En concreto, la empresa recibirá de Renfe unos 200 millones de euros en los próximos tres meses. Por otro lado, abonará a Talgo 132 millones de euros por la transformación a rodadura desplazable de los 15 trenes Avril de ancho fijo, “lo que conferirá a la flota una mayor versatilidad y capacidad operativa para ser utilizada de manera extraordinariamente flexible en diferentes rutas de la península”.

El acuerdo contempla también mejoras en el contrato de mantenimiento que suponen, por un lado, que, ligado al cambio de bogies y rodales, Renfe, entidad pública que dependen del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, incremente el precio de mantenimiento en aproximadamente un 29% y, por otro, que asuma la compra de todos los recambios necesarios que cederá a Tarvia, sociedad conjunta propiedad de Talgo y Renfe especializada en el desarrollo y ejecución de trabajos de mantenimiento.

La empresa ha recordado que cerró el año 2025 con una cartera de pedidos de 4.466 millones de euros, que en estos momentos se eleva ya al récord histórico de 6.307 millones de euros, y que cuenta con oportunidades comerciales de 14.000 millones de euros en los próximos dos años, de ellas más del 80% en Europa.

En los primeros meses de gestión de Jainaga se han concretado diferentes adjudicaciones, como el de SAR (Arabia Saudí) para un proyecto de fabricación de 20 trenes de Muy Alta Velocidad y la actividad de mantenimiento por un importe conjunto de 1.332 millones de euros, cpn la administración de transporte de Suecia (Trafikverket) para el suministro y mantenimiento integral de una nueva flota de trenes diurnos y nocturnos de larga distancia por un valor aproximado de 756 millones de euros o la adjudicación de UTY (Uzbekistán) del servicio de mantenimiento de sus seis trenes Talgo durante 10 años por cerca de 80 millones de euros.

La multinacional china Gotion ha reforzado su intención de construir en Valladolid una gigafactoría compuesta por dos fábricas, en las que se pretende invertir 950 millones de euros y cuya construcción quiere arrancar en 2027. La multinacional china prevé dar empleo a 2.500 trabajadores durante la construcción de las plantas y mil empleos más en la operativa, según han informado representantes públicos y privados en la presentación, que se ha organizado este miércoles en Valladolid.

Gotion espera alcanzar una capacidad anual de 200.000 toneladas de reciclaje de baterías y recuperación de black mass -un residuo de las baterías de litio- en una de sus fábricas y 200.000 toneladas de cátodos, un elemento importante para la fabricación de vehículos eléctricos, en la otra planta. “No se trata solo de producir baterías, sino de hacerlo de forma más limpia, eficiente y más sostenible”, ha resumido el vicepresidente y CTO de Gotion High Tech, Fu Zhou, que en todo momento ha hablado de que esta es la primera fase de su proyecto. La compañía prevé instalarse en los terrenos de Palomares, detrás del cementerio del Carmen.

El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha anunciado que el PERTE V del Vehículo Eléctrico ha asignado 82,3 millones para la planta de reciclaje avanzado y recuperación de black mass y 55,9 millones de una nueva planta de fabricación de cátodos. Hereu ha destacado el “ecosistema industrial” vinculado a la automoción, que recibe “una magnífica noticia”: “Valladolid se convertirá en uno de los hubs de la movilidad eléctrica de Europa”, ha manifestado. Gotion es una empresa que lleva en funcionamiento casi veinte años y que ha conseguido ser la quinta empresa más importante del sector.

El ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha destacado que España y la UE vean a China como “una oportunidad y no una amenaza, lo que ha permitido convertir este proyecto en una ”realidad“. ”Lo que China hace es apostar por algo por lo que nadie ha apostado en Europa, y aprovechar también sus instalaciones y la extracción de las minas que tienen en este momento en Marruecos y construir esos cátodos de manera mucho más competitiva“, ha destacado.

Un proyecto “magnífico”

“España es líder en automoción, somos el segundo gran productor de Europa y el octavo mayor del mundo. Ahora tenemos la voluntad de seguir siendo un país líder de la movilidad eléctrica y conectada”, ha destacado Jordi Hereu, quien ha recordado el Plan Estratégico del Gobierno. Otras ciudades se están moviendo en la misma línea. Barcelona, por ejemplo, que abrirá la primera 'electrolinera' de carga ultrarrápida pública.

El titular de Industria ha agradecido el trabajo realizado hasta ahora y ha destacado “el alto nivel de calidad y técnica” del proyecto, que ha calificado como “magnífico”. “Esto ya tiene una resolución definitiva, es un hecho cierto”, ha reforzado Hereu. “Tienen en el ministro Puente no solo un gran embajador, sino un hombre con capacidad de perseverancia en lo que ha creído y en lo que cree”, ha destacado Hereu, que se ha dirigido así al consejero de Industria, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

El representante de Gotion ha anunciado que tiene previsto que Valladolid y España se conviertan en un “hub” para Europa de cara a los próximos años, cuando pretenden “construir una cadena de valor más resistente y global”, con más de 500 centros de trabajo en Europa.

Puente apremia al Ayuntamiento

“Hay mucho trabajo por hacer”, ha apremiado el ministro de Transportes, Óscar Puente, a la Consejería de Industria y al alcalde de Valladolid, a los que ha interpelado a través de una metáfora: “El pez está en la cesta. Os toca cocinar el pez y ponerlo en la mesa”. 

 Puente se ha mostrado “impresionado” por la “hospitalidad, rigor y magnitud” de una de las plantas de Gotion en China, donde viajó a finales del año pasado. “China es un país que está haciendo cosas verdaderamente increíbles”, ha manifestado en la presentación, a la que han acudido altos cargos de todas las Administraciones Públicas. El ministro de Transportes ha destacado lo “bien presentado” que estaba el proyecto de Gotion, que contará con 138 millones de euros de fondos europeos para desarrollar su iniciativa, un proyecto “muy serio” y de una “magnitud increíble”, en palabras de Óscar Puente. Jesús Julio Carnero no ha atendido a los medios después del acto.