La infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de profesores no está documentada. Así lo ha trasladado la policía catalana al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que argumenta que no puede presentar la orden operativa que precedió al espionaje porque no se puso por escrito.

Seguir la cadena de mando es una de las mayores dificultades con la que habitualmente se encuentran los denunciantes de actuaciones policiales que vulneran derechos fundamentales. El caso del espionaje a una asamblea de profesores que preparaba una de las huelgas docentes en Catalunya del pasado curso no está siendo una excepción.

El espionaje encendió todavía más los ánimos ya caldeados entre los docentes por su conflicto laboral con el Govern, que sigue sin cerrarse (hay una huelga convocada para este martes, primer día de curso).

Hasta tres sindicatos han interpuesto demandas, por la vía administrativa, para reclamar que se condene a la policía catalana por vulnerar los derechos de los docentes. Antes de dictar sentencia, los jueces deben recabar la documentación del caso y, si lo creen conveniente, escuchar a testigos.

A petición de la CGT, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC requirió a los Mossos d'Esquadra que aportaran el expediente completo administrativo del espionaje.

La documentación reclamada por los jueces era muy concreta y debía incluir la orden de servicio u operativa en la que se basó la infiltración policial en una asamblea docente de Barcelona del 6 de mayo; las instrucciones impartidas a las agentes que acudieron a la reunión; la valoración del riesgo y la ponderación policial de la actuación en relación con su afectación en los derechos fundamentales de reunión y de huelga; y el parte policial de la actuación.

La respuesta de los Mossos a los jueces ha sido parca en palabras y documentos y genérica, sin referirse al caso concreto del espionaje a la asamblea docente. En síntesis, el expediente no existe.

En un escrito de cinco párrafos, el jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra, Carles Hernàndez, informa a los jueces que el “carácter confidencial y reservado” de las funciones de sus agentes hace que sus actividades policiales “no se materialicen en protocolos escritos de actuación ni en documentación que refleje formalmente todas y cada una de las actuaciones de obtención y tratamiento de la información”.

Según Hernàndez, el “único destino” de los datos obtenidos por los agentes de Información es “ser tenidos en cuenta por los mandos policiales a los efectos de dimensionar el dispositivo necesario y adoptar las medidas operativas pertinentes en cada caso”.

El mando indica a los jueces que las funciones de su comisaría son “estrictamente preventivas” y están orientadas a “la obtención, tratamiento, análisis e integración de información relacionada con conflictos sociales y laborales en tanto que fenómenos susceptibles de generar escenarios de tensión u alteración del orden público”.

Las vías para obtener la información, agrega el mando, responden a una “metodología predefinida” y son de dos tipos: las “fuentes abiertas” que no implican afectación en derechos fundamentales y “la toma en consideración de antecedentes”.

El comisario Hernàndez evita concretar a los jueces en cuál de los dos “ejes” para obtener información que tienen los Mossos se enmarca el acudir a una asamblea de docentes sin identificarse como agentes de policía.

“No se puede aportar ninguna documentación relativa a órdenes de servicio o de planificación y valoración, ni de partes de intervención ni, en definitiva, ningún expediente, porque no se elaboró”, concluye el escrito de Hernàndez.

En un escrito posterior, la jefa de servicio de protección de la seguridad ciudadana de la conselleria de Interior, María Paz Martí, agrega que la infiltración policial “vino motivada” por las “numerosas movilizaciones” de docentes a lo largo del curso, que en algunos casos habían provocado “alteraciones”.

“Esta situación —agrega el escrito de Martí— justificaba la necesidad de recoger y disponer de información, vía fuentes abiertas, para poder dimensionar y planificar los dispositivos policiales pertinentes”.

En ninguno de sus informes a los jueces la policía catalana da respuesta a si policialmente se evaluó la afectación en los derechos de reunión o de huelga de los docentes que suponía enviar a dos agentes a una asamblea.

A nivel político, el Govern pidió perdón por la infiltración “mal planteada” de los Mossos, aunque también la tildó de “democrática”, al tiempo que descartó cesar al director general, el major Josep Lluís Trapero, como le exigió la oposición.

Los socios parlamentarios del Ejecutivo, ERC y los Comuns, también reclamaron en un principio la dimisión de Trapero, aunque evitaron ponerla como línea roja y terminaron aprobando los presupuestos en plena crisis educativa.

Lo único que concedió el Ejecutivo es que revisaría el operativo para analizar dos parámetros: si el espionaje fue oportuno y si respondió a criterios de proporcionalidad. Insuficientes explicaciones para los docentes. El conflicto educativo en Catalunya sigue abierto y la infiltración policial espera sentencia.

El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha quedado retratado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha censurado, con elegancia, pero con contundencia, la interpretación contraria al derecho de reunión y a la libertad de expresión que impuso el juez al condenar a los manifestantes de ‘Aturem el Parlament’.

Han pasado 15 años de los hechos. El movimiento 15-M rodeó la Cámara catalana para protestar contra los recortes que Artur Mas aprobó de la mano del PP. Fue una jornada caótica y una muestra de la conflictividad social que provocan las políticas de austeridad (algo a tener en cuenta para próximas crisis económicas y sus consecuencias penales contra los manifestantes).

En el recorrido judicial del caso hay dos togados a recordar. El primero es Marchena, seguramente el juez más famoso del país. El segundo es menos conocido para el público, pero es uno de los mejores penalistas de España: Ramón Sáez, hoy en el Tribunal Constitucional tras pasar buena parte de su carrera en la Audiencia Nacional, donde se juzgó la causa ‘Aturem el Parlament’.

Sáez absolvió a los acusados al considerar que debía primar su derecho de reunión. Marchena, en cambio, los condenó a tres años de cárcel. Las dos sentencias de las que fueron ponentes sendos togados ejemplifican dos visiones opuestas del ejercicio de la magistratura.

La de Sáez fue una resolución profundamente garantista, propia de jueces que aspiran a que el respeto a los derechos fundamentales de los acusados presida el proceso y que las penas sean el último recurso, y que saben que el castigo no soluciona los problemas sociales. La de Marchena, en cambio, resultó punitivista y fue un aviso a manifestantes del poder del Estado: el que proteste, puede acabar en la cárcel.

El lenguaje de ambas sentencias da cuenta de esas dos maneras de entender y ejercer el tercer poder.

Sáez basó la absolución en que la libertad de expresión y el derecho de reunión y manifestación están “íntimamente vinculados como cauces de la democracia participativa” y gozan de “especial protección”. Una de sus argumentaciones es larga, pero merece leerse en su totalidad:

“Cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica, como mecanismos de imprescindible contrapeso en una democracia que se sustenta sobre el pluralismo, valor esencial, y que promueve la libre igualdad de personas y grupos para que los derechos sean reales y efectivos, como enuncia la Constitución en su título preliminar”.

En consecuencia, la sentencia de la que Sáez fue ponente absolvió a los 19 acusados que gritaron o se encararon con los diputados, y condenó tan solo al activista que pintó con spray la chaqueta de la diputada Montserrat Tura, extremo violento que sí rebasó los límites del derecho de reunión.

Solo uno de los tres jueces del tribunal de la Audiencia Nacional discrepó de las tesis de Sáez y abogó por una condena a parte de los acusados (aunque, al mismo tiempo, propuso su indulto). El nombre también sonará: Fernando Grande-Marlaska, hoy ministro del Interior.

Al llegar al Supremo, el caso dio un giro. La sentencia condenatoria por un delito contra las instituciones del Estado a ocho acusados de la que fue ponente Marchena censuró con contundencia el “patente error” en el que, a su juicio, había incurrido Sáez al no priorizar el derecho constitucional de participación política –la asistencia de los diputados al Parlament– sobre el derecho a la protesta de los manifestantes.

Señaló Marchena en su sentencia que los manifestantes de ‘Aturem el Parlament’ crearon una “atmósfera intimidatoria” y un “clima hostil” que contribuyó a su “propósito colectivo” de impedir la labor de la Cámara.

El TEDH concluye que, en realidad, el que estaba equivocado era Marchena y que Sáez tenía razón.

Los jueces europeos censuran en especial la argumentación de Marchena de que los insultos y gritos y la presencia física en la manifestación eran suficientes como para fundamentar una condena por un delito contra las instituciones del Estado, aunque los acusados no ejercieran actos de violencia concreta contra los diputados.

En la sentencia del TEDH se oyen los ecos del voto particular del magistrado Perfecto Andrés, el padre del garantismo penal en España, y único miembro del tribunal que discrepó de Marchena: “El objeto de esta causa tiene connotaciones políticas tan intensas, que difícilmente podría darse una aproximación de derecho que no comporte o traduzca también una previa toma de posición del intérprete en ese otro plano”.

El TEDH destaca que el Supremo consideró que los manifestantes “contribuyeron a crear un ambiente intimidatorio, pero no les atribuyó ninguna acción violenta concreta”. Este fue el principal error de Marchena.

“Una persona no deja de gozar del derecho a la libertad de reunión pacífica a consecuencia de actos de violencia esporádicos u otros actos punibles cometidos por terceros durante la manifestación”, recuerda el tribunal con sede en Estrasburgo.

La mala labor del Supremo no terminó aquí, según el TEDH, pues su fallo contra ‘Aturem el Parlament’ desalentó el derecho a la protesta de toda la población al castigar con penas “severas” de cárcel el ejercicio de derechos fundamentales.

Es el denominado chilling effect (efecto desaliento), un clásico de las condenas de Estrasburgo a España. El TEDH impone muy pocos reveses a los tribunales españoles, pero son casi siempre tropiezos con la misma piedra: la restricción desproporcionada de los derechos de reunión o la libertad de expresión. Ya sea por quemar fotos del rey o acudir a una manifestación.

El TEDH lo tenía fácil para quitarse de encima el caso 'Aturem el Parlament' sin dar un tirón de orejas a España: los activistas no llegaron a entrar en prisión y las penas de tres años de cárcel que les impuso el Supremo están prescritas. Además, en los últimos tiempos los jueces europeos restringen sus condenas y confían más en los tribunales nacionales.

Asimismo, Estrasburgo ha ahorrado una humillación total al Supremo al no entrar a valorar el hecho de que el Alto Tribunal revocó la absolución de los activistas sin un nuevo juicio, algo que ya había motivado condenas a España como en el caso Atutxa.

La sentencia del TEDH debe presidir desde ahora todas las interpretaciones de los tribunales españoles sobre la protesta social.

Aunque sectores independentistas, en un nuevo ejercicio de voluntarismo, confían en que el fallo de ‘Aturem el Parlament’ sea la antesala de otra condena del TEDH a España en el caso del procés, la realidad es que son causas distintas. Y no solo porque algunos presos del procés como el actual secretario general de Junts, Jordi Turull, quisieran meter en la cárcel a los activistas del 15-M. Igual que Marchena.

‘Aturem el Parlament’ fue el grito de rabia de miles de ciudadanos contra los recortes, mientras que las manifestaciones del procés se concertaron desde el poder político (aunque su reproche penal pueda ser igualmente desproporcionado tan solo en el caso de los exlíderes de Òmnium y la ANC; no en el de los exconsellers). La victoria de este jueves es la del derecho a la protesta de los de abajo.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por vulnerar el derecho de reunión y a la libertad de expresión al castigar con tres años de cárcel a los manifestantes de 'Aturem el Parlament', la protesta que el movimiento 15-M que en 2011 rodeó la Cámara catalana en contra de los recortes que aprobó el Govern de Artur Mas.

La sentencia, muy esperada por los activistas, defendidos por el abogado Eduardo Cáliz, y sus familias, supone un revolcón a la tesis que arguyó el Tribunal Supremo para revocar sus absoluciones dictadas por la Audiencia Nacional.

El Alto Tribunal minusvaloró el derecho de reunión de los manifestantes, que había sido la llave de su absolución en primera instancia, y les condenó a tres años de cárcel por haber acudido a la protesta, aunque no realizaran actos concretos de violencia contra los diputados.

Esta condena, a juicio del TEDH, fue “desproporcionada” y, además, fue perjudicial para el conjunto de toda la sociedad (no solo a los activistas), al suponer una “disuasión” para acudir a manifestaciones y “participar en un debate político abierto”.

Las penas de prisión impuestas a los activistas “no eran proporcionales a los objetivos legítimos de proteger la seguridad pública y los derechos y libertades de los demás, o de prevenir el desorden”, remarca el tribunal europeo.

Los jueces europeos remarcan que la protesta de 'Aturem el Parlament' “perturbó” la normal actividad de la Cámara catalana, pero que a la hora de imponer penas de cárcel a los manifestantes se debe exigir un “rigor especial”.

Y eso es lo que no tuvo el Supremo, según se desprende de las conclusiones del TEDH. A los jueces europeos les llama la atención que el Alto Tribunal condenara a los manifestantes por su “contribución” a crear una “atmósfera intimidatoria”, pero que no atribuyera actos específicos de violencia a cada uno de ellos.

Un manifestante mantiene su derecho de reunión aunque un tercero haya cometido actos de “violencia esporádica”, argumenta el TEDH.

Gritar a los diputados mientras entraban en el Parlament, advierten los jueces europeos, no es un acto de violencia suficiente para fundamentar una condena penal.

En estas circunstancias, concluye el TEDH, la argumentación del Supremo para justificar una condena “severa” a tres años de cárcel “resulta insuficiente”.

En declaraciones a este diario, el abogado de los demandantes, Eduardo Cáliz, ha celebrado la sentencia del TEDH porque “protege el derecho de manifestación” y “pone un límite muy claro a los supuestos contextos de intimidación para justificar penas de prisión que ejercen su derecho a la protesta”.

El Tribunal Supremo anuló en 2015 la sentencia de la Audiencia Nacional que había absuelto a los acusados de la protesta alrededor del Parlament y condenó a ocho de ellos a tres años de cárcel por un delito contra las altas instituciones del Estado.

Los magistrados no contradijeron los hechos probados de la primera sentencia, pero consideraron que la Audiencia Nacional incurrió en un “patente error” al priorizar el derecho de protesta de los manifestantes al derecho de participación política de los diputados para asistir a la Cámara.

En su sentencia, el entonces presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, atendió los recursos de la Fiscalía y del Parlament de Catalunya y de la Generalitat, comandada entonces por Convergència bajo el Govern de Artur Mas.

Como ponente del fallo, el magistrado Marchena dio un revolcón a la fundamentación jurídica de la absolución, en la que la Audiencia Nacional, en una sentencia de la que fue ponente el magistrado Ramón Sáez (hoy en el Constitucional) había primado el derecho de reunión de los manifestantes.

Giro inesperado. El padre de Francesc Augé, que desde hace dos años mantiene paralizada la eutanasia de su hijo mediante un recurso en los tribunales, ha desistido en su objetivo de impedirle la muerte digna. El cambio de opinión del padre abre la puerta a que Francesc A. pueda materializar por fin su derecho a morir.

Según ha explicado a elDiario.es el abogado del padre, Valentín Gómez, el hombre, que tiene 96 años y varios problemas de salud, ha rechazado seguir con la batalla judicial contra la eutanasia de su hijo que ya habían avalado los médicos y juristas encargados de evaluar su solicitud.

La decisión llega después de que el Tribunal Supremo concediera al padre habilitación legal para recurrir la eutanasia de su hijo tras dos años de batalla en los juzgados. El progenitor había hecho caso omiso a las distintas solicitudes de Augé para que se dejara de alargar su sufrimiento y permitiera su muerte digna.

A la espera de que el juzgado conozca formalmente la decisión del padre, el desistimiento de continuar con el pleito permite que, tras dos años en suspenso, se pueda proceder a la eutanasia de este vecino de Barcelona de 55 años, que sufrió dos ictus y dos infartos y tiene reconocida una discapacidad del 75% y un grave sufrimiento psicológico.

El intento de frenar la eutanasia a Augé impulsado por su padre había llegado hasta el Tribunal Supremo, que el pasado junio le dio la razón y le permitió impugnar la eutanasia de su hijo. Los magistrados lo acordaron tras un intenso debate que no se saldó con unanimidad.

La mayoría del Supremo consideró que el padre sí podía recurrir, pero una minoría de jueces advirtió a sus compañeros que su decisión menoscaba la eutanasia y la convertía en un “derecho a una mala muerte o una muerte sin dignidad” en la medida que se permitía a un familiar recurrirla y alargar el sufrimiento del paciente.

Permitir a un padre, una madre o una pareja impugnar una eutanasia, razonó el voto particular, resultaba contradictorio, pues se trata de un recurso que no busca “restaurar un derecho vulnerado”, sino “impedir al titular del derecho a la muerte digna la prestación de la ayuda para morir”. En lo que sí estuvieron de acuerdo todos los magistrados es en reclamar al Congreso cambios legales para acortar al máximo los trámites de resolución de los casos.

La decisión del Supremo obligaba al caso a Augé a volver a la casilla de salida de un juzgado de Barcelona, en un pleito que se alargaba ya dos años. De haber continuado hasta la última instancia, el caso podría haber durado, por lo menos, otro año más, ya que los recursos a la eventual demanda podrían reiterarse hasta el Tribunal Supremo. No será así.

La aprobación de la ley de eutanasia en 2021 ha permitido morir dignamente a 1.668 personas, según los datos disponibles hasta final de 2025. La mayoría de solicitudes se han tramitado con normalidad, con solo dos excepciones, los casos de Francesc y Noelia.

En agosto de 2024, dos juezas de Barcelona paralizaron sus eutanasias ya avaladas por el comité catalán de médicos y juristas que estudia todas las peticiones. Lo hicieron a raíz de sendos recursos de sus padres. El de Noelia, representado por los ultracatólicos Abogados Cristianos. El de Francesc, por un letrado particular.

Las distintas respuestas judiciales iniciales sobre si los familiares podían recurrir explican por qué Noelia pudo morir tras un largo procedimiento el pasado marzo, mientras que Augé todavía debe esperar. Se trata de una cuestión técnica, pero que ha incidido de forma relevante en la resolución de las causas (y en alargar el sufrimiento del hombre).

La jueza del caso Noelia admitió, en un primer momento, la posibilidad de que el padre recurriera. Pero al tratarse de una cuestión controvertida, decidió celebrar la primera vista de la historia de España sobre el recurso de un familiar contra una eutanasia. En su sentencia concluyó, tras estudiar todos los argumentos, que el padre de la joven no tenía habilitación legal para impugnar la eutanasia.

Por el contrario, la magistrada que estudió el recurso del padre de Augé rechazó, de entrada y sin celebrar un juicio, que su progenitor pudiera impugnar su eutanasia. El Supremo consideró “prematura” la decisión de la jueza, ya que, según el Alto Tribunal, “no se puede negar de manera genérica e indiscriminada la legitimación del padre”.

El planteamiento del Alto Tribunal obligaba al juzgado del caso de Augé a seguir el camino del caso Noelia: vista judicial en la que el padre pudiera argumentar por qué debía frenarse la muerte digna y decisión (recurrible primero ante el TSJ catalán y después ante el Supremo) sobre el fondo. El cambio de opinión del padre le ahorra a su hijo más meses de sufrimiento.

El Campamento Dignidad nació en Extremadura en plena resaca de la crisis económica y financiera de 2008. Trece años después, las tiendas de campaña ya no ocupan las calles como entonces, pero algunas de las preguntas que dieron origen al movimiento siguen abiertas: qué ocurre cuando una familia no puede acceder a una vivienda, cuando una prestación no llega, cuando una persona sin hogar no puede empadronarse o cuando incluso cubrir una necesidad fisiológica se convierte en un problema. La actualidad ha devuelto al colectivo a uno de los escenarios donde comenzó una de sus principales batallas: la vivienda.

En Badajoz, Campamento Dignidad trabaja hoy para que se regularice la situación de diez familias que recuperaron viviendas vacías en el barrio de Suerte de Saavedra, antiguos inmuebles vinculados a la Guardia Civil que quedaron abandonados tras el traslado de los agentes. La Junta de Extremadura plantea actuar sobre esos inmuebles, pretende recuperar y rehabilitar parte de las viviendas, mientras las familias reclaman una alternativa habitacional antes de cualquier desalojo. Para el movimiento, el conflicto representa la continuidad de una reivindicación que atraviesa más de una década de actividad: que las viviendas vacías se utilicen para garantizar el derecho a un techo. “Estamos intentando que se legalice la situación de diez familias que recuperaron su vivienda en el barrio de Suerte de Saavedra”, explica Juan Viera, uno de sus portavoces históricos.

El origen del conflicto se encuentra en un conjunto de 90 viviendas que quedaron vacías tras la salida de la Guardia Civil del barrio. Primero quedaron bajo la titularidad del Ministerio del Interior y, con el paso del tiempo, la Junta de Extremadura asumió su gestión. En ese intervalo, cuando los inmuebles llevaban años abandonados, diez familias entraron a vivir en diez de esas casas. Viera recuerda aquel momento como el inicio de una reivindicación que no ha cesado: viviendas públicas sin uso frente a familias sin alternativa. Desde entonces, Campamento Dignidad ha defendido que esos inmuebles pasaran definitivamente a manos de la Administración autonómica y que se reconociera la situación de quienes ya los habitaban. “Empezamos la batalla para que, en primer lugar, las viviendas del Ministerio pasasen a la Junta de Extremadura y después que la Junta de Extremadura legalizara la situación de las familias”, resume.

Destino de los inmuebles

El movimiento cuestiona ahora el destino de parte de los inmuebles. Según Viera, la Junta ha habilitado 40 viviendas y las ha entregado a Cáritas para su gestión, mientras el colectivo reclama participar en las decisiones sobre la adjudicación. “La Junta de Extremadura ha habilitado y preparado 40 y no sabemos por qué se las ha entregado a Cáritas. Cáritas hará lo que le parezca con ellas. Nosotros estamos pidiendo participar en la decisión, en la concesión de esas viviendas”, afirma. La Junta ha planteado actuar sobre las viviendas pendientes y reservar diez para una actuación posterior, según la reconstrucción del colectivo. Las familias ocupantes reclaman que su situación sea tenida en cuenta antes de cualquier salida. Campamento Dignidad ha anunciado nuevas movilizaciones: “Tenemos el día 15 una movilización en Badajoz y seguiremos con ello para que se asignen por parte de la Junta de Extremadura las viviendas a estas familias”, avanza Viera.

El conflicto actual tiene una particularidad: la Administración autonómica también pretende que los inmuebles formen parte de la solución al problema de la vivienda, pero el desacuerdo está en quién debe acceder a ellos y qué debe ocurrir con quienes ya viven allí. Para Campamento Dignidad, la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas sociales de Extremadura. Desde sus primeros meses, el colectivo denuncia la contradicción entre promociones vacías y familias sin alternativa residencial. Durante los años más duros de la crisis señaló viviendas inacabadas, inmuebles de entidades financieras y promociones públicas sin uso. En Mérida, uno de los focos fue la urbanización Los Álamos; en Badajoz, Suerte de Saavedra se convirtió en uno de los escenarios más prolongados. Su posición se ha mantenido: aumentar el parque público, utilizar las viviendas vacías y garantizar que ningún desalojo deje a una familia sin alternativa. Viera considera que el problema continúa agravándose. “La cuestión de la vivienda es un problema fundamental ahora mismo en Extremadura y estamos haciendo todo lo que podemos”, sostiene.

La reivindicación enlaza con la evolución del mercado inmobiliario: la dificultad no afecta solo a personas sin ingresos, sino también a trabajadores con salarios insuficientes para afrontar los precios del alquiler. Campamento Dignidad ya advertía que el problema extremeño no era únicamente el precio, sino la insuficiencia del parque disponible para quienes no pueden competir en el mercado privado.

Sinhogarismo

La agenda del movimiento se ha ampliado desde aquellos primeros años. Uno de los nuevos frentes es el de las personas sin hogar. “En Mérida, en Cáceres y en las grandes localidades hay muchas personas sin hogar que viven en la calle, en los portales, debajo de las obras”, relata Viera. Pero el problema no termina con la falta de un techo: las personas que viven en la calle encuentran dificultades para acceder a espacios básicos de la vida cotidiana, entre ellos algo tan elemental como utilizar un aseo. “Cuando tienen necesidad fisiológica, en algunos restaurantes no les dejan entrar porque están estigmatizados por una circunstancia o por otra y en la calle, la Policía los multa. Entonces, ¿dónde van?”, plantea. De ahí surge una de las reivindicaciones más llamativas del movimiento: la instalación de aseos públicos gratuitos y accesibles. La demanda parte de una cuestión de dignidad, pero también de salud pública, convivencia e igualdad en el uso del espacio urbano. El colectivo considera que no basta con reclamar ciudades turísticas, accesibles y cuidadas si quienes viven en ellas en las condiciones más extremas no tienen siquiera un lugar donde cubrir sus necesidades fisiológicas. “Y no es solo por ellos, sino también por la cuestión turística. Tanto que hablan del turismo, pues que se preocupen por este tema”, señala Viera.

La reivindicación coloca en el debate una dimensión poco visible del sinhogarismo: no se trata solo de dónde duerme una persona, sino de cómo puede desarrollar las actividades más básicas de la vida cotidiana cuando no dispone de un espacio privado.

La escena que describe Viera —una persona sin hogar buscando un lugar donde simplemente poder orinar o asearse, recibiendo negativas en los bares y multas en la calle— revela hasta qué punto la ciudad puede volverse hostil cuando no se dispone de un espacio propio. La necesidad fisiológica, que en cualquier hogar se resuelve sin pensarlo, se convierte en un recorrido humillante y, a veces, sancionable. No es solo un problema de higiene o de salud pública: es la constatación de que la vida urbana está diseñada para quienes pueden pagar por cada gesto cotidiano. Campamento Dignidad insiste en que esta vulneración silenciosa de derechos básicos muestra la crudeza del sinhogarismo en su forma más íntima, allí donde la dignidad se juega en lo más elemental: poder ir al baño sin ser expulsado, señalado o castigado.

Empadronamiento

Otro frente abierto es el del empadronamiento. El colectivo acompaña a personas vulnerables ante los servicios sociales y denuncia especialmente las dificultades de quienes viven en la calle para figurar en el padrón municipal. “Estamos batallando para que se empadrone a la gente”, explica Viera. La inscripción padronal acredita la residencia y es esencial para acceder a prestaciones, servicios y derechos. El colectivo denuncia que algunas personas sin hogar permanecen sin empadronar. “Por ley es una obligación de los municipios, pero así y todo muchos municipios se oponen a empadronar a gente que vive en la calle”, sostiene. Campamento Dignidad mantiene este conflicto especialmente con el Ayuntamiento de Mérida. La consecuencia, según Viera, es una cadena de exclusión: “Si no tiene empadronamiento, pues no hay nada”.

Acompañamiento

El acompañamiento constituye una de las señas de identidad del movimiento desde su nacimiento. No se limita a convocar concentraciones: acompaña a familias ante los servicios sociales, participa en negociaciones y ayuda a personas vulnerables a realizar trámites. “Estamos acompañando a muchas familias a los servicios sociales, sobre todo de Mérida”, explica Viera. Ese papel no siempre resulta cómodo para las administraciones. El portavoz asegura que el colectivo ha encontrado dificultades para acompañar a familias en los servicios sociales municipales. “Tenemos problemas en los servicios sociales municipales cuando acompañamos a familias porque no nos dejan”, afirma. La presencia de una organización junto a una persona usuaria cambia la relación con la Administración: ya no acude sola, sino acompañada por un colectivo que conoce sus derechos y reclama explicaciones. Es una práctica heredada de los movimientos sociales surgidos durante la crisis hipotecaria y que Campamento Dignidad ha convertido en parte estable de su actividad.

Histórico

El movimiento nació el 20 de febrero de 2013 en Mérida. Personas desempleadas y demandantes de prestaciones sociales se concentraron ante las oficinas del Servicio Extremeño Público de Empleo y decidieron instalar allí un campamento para reclamar trabajo, protección social y una renta básica. La experiencia conectaba con el 15M y con las Plataformas de Afectados por la Hipoteca. La acampada se extendió a Plasencia, Almendralejo y Badajoz. Las tiendas se convirtieron en una imagen de la crisis social extremeña. Pero el movimiento no se limitó a permanecer en la calle: construyó una red de apoyo mutuo que combinaba protesta, acompañamiento y organización comunitaria. Su idea central era que las personas afectadas por la pobreza no fueran consideradas únicamente receptoras de ayudas, sino sujetos activos de las reivindicaciones.

La primera gran batalla política fue la renta básica. La Asamblea de Extremadura aprobó en mayo de 2013 la Ley 3/2013, de 21 de mayo, de renta básica extremeña de inserción, que reconocía un derecho subjetivo vinculado a requisitos económicos y a un Proyecto Individualizado de Inserción. La fecha requiere una precisión: la ley fue aprobada el 21 de mayo y publicada en el DOE el 23. El modelo estaba lejos de la renta básica defendida por el movimiento, que reclamaba una prestación universal, individual, incondicional y suficiente. La Administración articuló una renta mínima condicionada. Ahí apareció uno de los debates centrales: si la protección frente a la pobreza debe plantearse como una prestación asistencial sometida a condiciones o como un derecho económico universal.

Continúa el debate

La aprobación de la ley no puso fin a las movilizaciones. Campamento Dignidad denunció retrasos, obstáculos burocráticos y falta de recursos. La crítica se dirigió tanto al Gobierno del PP de José Antonio Monago como al Ejecutivo socialista de Guillermo Fernández Vara. El problema iba más allá del dinero disponible: se trataba de si una persona en situación de pobreza podía realmente ejercer el derecho reconocido. Las protestas se sucedieron y el movimiento reclamó más recursos para garantizar el pago de las prestaciones. La regulación ha cambiado desde entonces: la Renta Básica Extremeña de Inserción fue sustituida por otros modelos y hoy existe la Renta Extremeña Garantizada. Pero el debate sobre suficiencia, requisitos, burocracia y capacidad real de las prestaciones para sacar a una persona de la pobreza permanece.

La vivienda se incorporó pronto a la agenda. Campamento Dignidad acompañó a familias amenazadas por desahucios y señaló viviendas vacías. En Mérida puso el foco en promociones sin terminar; en Badajoz, en Suerte de Saavedra. El repertorio de acción fue directo: concentraciones, acampadas, ocupaciones reivindicativas, acompañamientos, encierros y protestas ante responsables políticos. El objetivo era desplazar al espacio público conflictos que habitualmente permanecían encerrados en expedientes administrativos o procedimientos judiciales. El movimiento asumió así una de las características fundamentales de los movimientos surgidos tras el 15M: transformar un problema individual en un conflicto colectivo.

También recurrió a los escraches. En 2013, varios integrantes protagonizaron acciones de señalamiento ante responsables políticos durante la tramitación de la renta básica. Uno de los episodios judicializados fue el escrache ante el domicilio del dirigente del PP Carlos Floriano. Los seis integrantes juzgados fueron absueltos. La estrategia generó una intensa controversia sobre los límites entre la protesta política y las conductas sancionables. El movimiento defendía la legitimidad de señalar a responsables políticos cuando consideraba que las instituciones no respondían a situaciones de emergencia social.

El episodio judicial más conocido fue la entrada de activistas en el Centro Territorial de TVE en Mérida el 11 de febrero de 2014 durante la emisión del informativo regional. Pretendían reivindicar los retrasos en la renta básica. La acción interrumpió la emisión y acabó en los tribunales. Las primeras diligencias hablaron de 19 detenidos, aunque el procedimiento que llegó al TSJEx quedó referido a 18 activistas. Nueve aceptaron una conformidad con una multa de 540 euros; los otros nueve rechazaron el acuerdo. Entre ellos estaba Eugenio Romero, posteriormente diputado de Podemos. El TSJEx condenó a los nueve a multas de 900 euros por desórdenes públicos. El Supremo confirmó la condena. La causa se convirtió en uno de los episodios más emblemáticos del colectivo y en un ejemplo de la tensión entre la acción directa y la respuesta penal del Estado.

Nuevos retos

La actividad actual demuestra que Campamento Dignidad no se ha quedado anclado en 2013. La inflación, el encarecimiento de la vivienda, el sinhogarismo, la precariedad laboral, el acceso a los servicios públicos y la burocratización de las prestaciones han ampliado su agenda. En 2022, Viera denunciaba que la legislación de vivienda no abordaba suficientemente el problema extremeño y reclamaba utilizar viviendas vacías de entidades bancarias y organismos públicos para alquiler social. En 2023 volvió a situar la pobreza, las prestaciones sociales y la vivienda en el centro de las protestas. Y en 2026 el conflicto de Suerte de Saavedra demuestra que la vivienda sigue siendo una de sus principales líneas de actuación. RTVE recogía este mes la posición del colectivo en defensa de las familias y su petición de que no se produzcan expulsiones sin alternativa habitacional.

Existe además una dimensión asistencial que convive con la protesta. Viera recuerda la colaboración histórica con Cruz Roja y el reparto de alimentos que llegó a alcanzar cerca de 100.000 kilos anuales. El apoyo material constituye otra parte de la red construida por el movimiento. Pero para sus integrantes la ayuda directa no sustituye la reivindicación política: ambas se complementan. Se atiende una necesidad concreta mientras se denuncia la estructura que la provoca. Ese modelo —apoyo mutuo, acompañamiento y movilización— constituye una de las principales herencias del Campamento Dignidad.

Más de trece años después de aquella primera acampada, Campamento Dignidad sigue ocupando un espacio particular en la política social extremeña. No es una institución pública. No es una ONG asistencial convencional. Tampoco funciona exclusivamente como plataforma de protesta. Es una combinación de acompañamiento, denuncia, movilización, negociación y acción directa. Su historia permite observar la transformación de las demandas sociales en Extremadura: en 2013, el principal reclamo era una renta básica; después llegaron los desahucios y la vivienda; ahora se suman el sinhogarismo, el empadronamiento, el acceso a los servicios sociales, los aseos públicos, la atención administrativa y la defensa del parque público. La pregunta de fondo apenas ha cambiado: ¿qué ocurre cuando un derecho existe sobre el papel pero una persona no puede ejercerlo en la práctica?

En Suerte de Saavedra, diez familias esperan una solución mientras la Administración prepara viviendas públicas. En las calles de Mérida y Cáceres, personas sin hogar necesitan un lugar donde dormir, pero también un lugar donde hacer algo tan básico como utilizar un aseo. Y en los servicios sociales, Campamento Dignidad sigue acompañando a personas que intentan abrir la puerta de un sistema del que, en demasiadas ocasiones, se sienten expulsadas. “Nosotros nacimos en la batalla y siempre estamos ahí, en la batalla por las cuestiones sociales”, resume Viera. Trece años después, aquella batalla ya no tiene una sola tienda de campaña ni una única reivindicación: tiene diez familias esperando una vivienda, personas sin hogar buscando un baño, ciudadanos intentando empadronarse y una organización que sigue intentando convertir esas situaciones individuales en una cuestión colectiva. La acampada terminó, pero el conflicto social que la hizo posible, para Campamento Dignidad, todavía no.

A primera hora del 2 de agosto, el balance oficial mantenía en 72 el número de cuerpos recuperados por la Guardia Civil en el mar y las costas de Ceuta durante los recientes intentos de entrada. Pero no se trata todavía de una cifra definitiva ni permite atribuir todos los fallecimientos a las horas centrales del 30 de julio. Los buzos continuaban rastreando el fondo marino y algunos cadáveres presentaban un grado de descomposición compatible con entradas producidas durante las dos semanas anteriores. Fuentes españolas aseguran, además, que las autoridades marroquíes también están recuperando víctimas al otro lado de la frontera, sin que Marruecos haya publicado un balance conjunto.

La identificación apenas ha comenzado. Según una fuente funeraria que ha visto los cuerpos, entre las víctimas hay numerosos adolescentes y «bastantes chiquillos» que aparentan entre 12 y 14 años, aunque todavía no existe un desglose forense oficial por edades. Hasta el sábado sólo se tenía constancia de una mujer entre los cadáveres recuperados; la mayoría parecían jóvenes marroquíes, pero también había personas subsaharianas, incluido algún menor. Las familias continúan difundiendo fotografías de desaparecidos y aportando datos para cotejarlos con huellas, imágenes, ropa y muestras de ADN. La investigación e identificación de las víctimas continúa mientras se teme que haya más cuerpos en el mar.

Tampoco conocemos todavía con precisión cuántas personas entraron. El Ministerio del Interior calcula que fueron algo más de 50.000, concentradas principalmente durante el jueves 30, mientras el Gobierno ceutí eleva la estimación por encima de 60.000 (e incluso 70.000) durante tres días. En cualquier caso, hablamos de una ciudad de unos 84.000 habitantes. La mayor parte eran jóvenes marroquíes, aunque también había argelinos y una presencia aparentemente muy minoritaria de personas subsaharianas.

La extraordinaria dimensión de lo sucedido ha favorecido dos explicaciones contrapuestas, ambas demasiado cómodas. Para unos, Ceuta habría sufrido una «invasión». Para otros, se habría producido poco más que una concatenación espontánea de decisiones individuales, estimulada por unos vídeos en redes sociales y por una interpretación equivocada de una sentencia del Tribunal Supremo. La primera explicación convierte a personas desarmadas —muchas de ellas menores y familias— en un ejército. La segunda convierte una movilización de decenas de miles de personas hacia una de las fronteras más vigiladas de África en una especie de fenómeno meteorológico. Es posible rechazar ambas.

No fue una invasión. En el lenguaje jurídico internacional, una invasión no se determina calculando el número de quienes cruzan una frontera ni comparándolo con la población del territorio al que acceden. La definición de agresión adoptada por Naciones Unidas en 1974 sitúa la invasión dentro del uso de la fuerza armada: consiste en la entrada de las fuerzas armadas de un Estado en el territorio de otro Estado. También contempla el envío estatal de grupos armados o fuerzas irregulares, siempre que sus actos alcancen una gravedad equiparable. La Resolución 3314 de la Asamblea General de la ONU no establece ningún porcentaje de población a partir del cual una entrada civil se transforme en invasión.

En Ceuta no hemos visto tropas marroquíes ocupando territorio español ni grupos armados actuando por cuenta de Marruecos. Las imágenes muestran algo muy distinto: personas desarmadas en su inmensa mayoría que avanzaban a pie, sorteaban el espigón o se arrojaban al mar. Hablar de «invasores» borra sus historias personales, facilita su deshumanización y convierte la respuesta militar en la reacción aparentemente natural ante un enemigo. Negar esa calificación no obliga, sin embargo, a minimizar lo ocurrido. Fue una entrada irregular masiva, una pérdida temporal del control efectivo de la frontera y una emergencia humanitaria y de seguridad de dimensiones excepcionales. Afectó gravemente a la vida de Ceuta, desbordó sus recursos y produjo temor entre sus habitantes. Reconocerlo no es xenofobia. La protección de los derechos humanos no exige negar los hechos, sino describirlos sin convertir a las personas en armas por el mero hecho de que alguien pueda haber instrumentalizado su sufrimiento.

La espontaneidad tampoco lo explica todo. El Gobierno español atribuye el episodio a redes de tráfico de personas que habrían difundido una interpretación falsa de la reciente sentencia del Tribunal Supremo. Según ese relato, miles de jóvenes creyeron que entrar a nado les garantizaba permanecer en España. La desinformación pudo actuar como desencadenante y las redes sociales permiten hoy movilizaciones súbitas que hace algunos años hubieran requerido estructuras organizativas mucho más visibles.

Ya se han localizado mensajes en TikTok y otras redes que aseguraban que «la frontera está abierta y se puede pasar sin papeles». Algunos jóvenes reconocen que se dirigieron a Ceuta después de recibirlos. Pero una publicación viral puede extender una expectativa falsa; no explica por sí sola cómo decenas de miles de personas procedentes de diferentes lugares llegaron casi simultáneamente a las proximidades del Tarajal. Tampoco aclara quién originó los mensajes, qué redes facilitaron los desplazamientos, si hubo transportes colectivos organizados ni por qué los servicios de inteligencia españoles y marroquíes fueron incapaces de detectar una concentración humana de semejante tamaño.

El Gobierno español ha reconocido que no disponía de información previa suficiente: «Si la tienes, no entran 50.000 personas de la forma en que lo han hecho en 24 horas», admitió un miembro del Ejecutivo. Pero sí existían señales. Los intentos de entrada habían pasado de aproximadamente 500 entre el 29 de junio y el 12 de julio a unos 1.300 durante las dos semanas siguientes. El presidente de Ceuta había advertido de la presión creciente y la Guardia Civil había informado del aumento de llegadas a nado. La reconstrucción de los días anteriores muestra que no se previó la magnitud del acontecimiento, pero sí existían indicios.

La situación de los menores era una de esas señales. El 28 de julio Ceuta tutelaba a 472 menores extranjeros no acompañados. El jueves 30 ya eran alrededor de 700 y, antes de que pudiera calcularse el efecto completo de la entrada masiva, las instalaciones municipales llegaron a acoger a 770. No existe todavía una estimación de cuántos menores formaban parte de las 50.000 o 60.000 personas que cruzaron. El CETI, con capacidad aproximada para 520 personas, llegó a alojar a unas 900, mientras centenares permanecían en sus inmediaciones o dormían en las calles. Los servicios de menores reconocieron que carecían de capacidad para registrar y atender a todos los niños y adolescentes.

La actuación marroquí plantea todavía más interrogantes. Periodistas presentes en Castillejos observaron tres líneas de gendarmes, vehículos antidisturbios, tanquetas y un camión lanzaagua. Al mismo tiempo, miles de personas avanzaban por la playa hacia Ceuta, pasando a escasa distancia de los agentes sin ser interceptadas. Un funcionario local llegó a explicar que quienes descendían hacia la costa seguirían pasando porque aquello era «un problema que tiene España» y «cosas de la diplomacia». Las fuerzas marroquíes comenzaron a cargar y a dispersar a los grupos posteriormente. La crónica desde el lado marroquí describe esa tolerancia selectiva.

Esto no demuestra que el Gobierno de Marruecos planificara la operación. Entre la orden directa de Mohamed VI y la absoluta espontaneidad existen varias posibilidades: descoordinación, saturación de los servicios, retraso en la transmisión de órdenes, permisividad de autoridades locales, conocimiento previo sin intervención o una tolerancia temporal destinada a enviar un mensaje político. Afirmar cualquiera de ellas como certeza sería irresponsable. Negarse a investigarlas también lo sería. La palabra connivencia no tiene que significar necesariamente que una operación fuese diseñada desde el palacio real. Puede consistir en saber que algo va a suceder, disponer de capacidad para impedirlo y decidir no actuar durante un periodo determinado. Los datos disponibles no permiten dictar sentencia, pero sí convierten esa hipótesis en una posibilidad razonable que debe ser examinada.

La eficacia posterior no borra la pasividad anterior. Marruecos demostró después una capacidad extraordinaria para detener nuevas salidas, restablecer el control y aceptar el regreso de decenas de miles de personas. Fernando Grande-Marlaska ha agradecido esa cooperación y le atribuye, junto con el despliegue español, que la situación se revirtiera en menos de 48 horas. El agradecimiento puede estar justificado respecto de la resolución de la crisis. España necesitaba la cooperación marroquí para impedir nuevos cruces y facilitar los regresos. Mantener un canal diplomático abierto y permitir que Rabat encontrase una salida institucional resultaba probablemente indispensable.

Pero ese reconocimiento describe solamente la segunda mitad de la historia. Si Marruecos pudo controlar con tanta rapidez el flujo y recibir en pocas horas a quienes regresaban, resulta todavía más necesario explicar por qué no empleó esa capacidad cuando las personas se estaban concentrando y dirigiendo hacia el mar. La eficacia posterior no demuestra la connivencia anterior, pero tampoco la desmiente.

Algo parecido sucede con la cifra de regresos. El Ministerio del Interior informó el viernes de que 48.300 personas habían vuelto a Marruecos. Horas después, fuentes policiales elevaron la estimación a unas 53.000, mientras el Gobierno español mantenía en 50.000 el número total de entradas y el Ejecutivo ceutí hablaba de más de 60.000. Las propias fuentes policiales reconocían que era más fácil contar las salidas por el paso fronterizo que las entradas producidas por diferentes lugares. Todo ello hasta las 73.000 personas reingresadas de las que se ha informado.

La discrepancia puede deberse a personas que entraron y salieron más de una vez, a intentos anteriores incluidos en el cómputo o, sencillamente, al carácter aproximado de todas las estimaciones. Por ello, tampoco puede afirmarse con exactitud cuántas permanecen en Ceuta. El Gobierno habló inicialmente de menos de 2.000, mientras los últimos controles localizan todavía a centenares escondidos en colinas y zonas alejadas de los puntos más vigilados.

La mayoría parece haber regresado sin que se empleara directamente la fuerza contra ella. En esos casos no estaríamos propiamente ante una «devolución en caliente»: un adulto que decide cruzar de nuevo hacia Marruecos está ejerciendo su libertad de salida y no necesita necesariamente ser sometido a un expediente de expulsión para que España le permita marcharse. No obstante, convendría emplear con prudencia la palabra voluntario. Ceuta estaba prácticamente cerrada, no había alimentos ni alojamiento suficientes, la salida hacia la península resultaba imposible y policías y militares comunicaban a las personas que debían regresar. Algunos menores declararon que los militares los estaban «echando» o conduciendo hacia la frontera. Ausencia de violencia física no equivale siempre a una decisión plenamente libre.

La formulación más rigurosa sería afirmar que decenas de miles de personas cruzaron de nuevo hacia Marruecos sin que hasta ahora se haya documentado contra ellas una coacción física generalizada, pero dentro de unas condiciones materiales y policiales que restringían severamente sus alternativas. Además, incluso ante salidas espontáneas debe existir un mecanismo mínimo que permita detectar a menores no acompañados, posibles víctimas de trata, personas necesitadas de asistencia médica, ciudadanos de terceros países y quienes manifiesten su voluntad de solicitar asilo. Sin identificación o al menos un cribado básico tampoco podremos saber cuántos menores cruzaron, cuántas personas entraron más de una vez ni qué ocurrió con quienes ahora son buscados por sus familias.

Los derechos humanos exigen conocer la verdad. Amnistía Internacional, CEAR y otras organizaciones actuaron correctamente al recordar la prohibición de las expulsiones colectivas, la necesidad de garantizar el acceso al asilo, la protección de los menores y la obligación de evitar un uso excesivo de la fuerza. Amnistía pidió expresamente que España y Marruecos situaran la dignidad y los derechos humanos en el centro de su respuesta. Esas advertencias siguen siendo necesarias. Pero las organizaciones de derechos humanos deberían también actualizar su análisis a medida que se conocen nuevos datos. No todo regreso espontáneo constituye una devolución ilegal, como tampoco toda presencia policial equivale a represión. Del mismo modo, proteger a las personas migrantes no consiste únicamente en vigilar la actuación española: exige reclamar información a Marruecos, investigar las circunstancias de las muertes, reconstruir la cadena de movilización y determinar qué autoridades conocían lo que estaba sucediendo.

Pedro Sánchez tiene razones para criticar a los gobiernos europeos que han presentado la entrada en Ceuta como si decenas de miles de personas hubieran accedido automáticamente al continente. Ninguna llegó a la península y Ceuta mantiene controles específicos en sus comunicaciones con ella. La propuesta de excluir a España del espacio Schengen carece de una base jurídica clara y los controles introducidos por Italia parecen tener una finalidad principalmente política. Sin embargo, Sánchez se equivoca al mezclar todas las reacciones europeas. La carta firmada por 22 gobiernos reclama también coordinación, refuerzo de Frontex y una evaluación de la cooperación con Marruecos; en parte, solicita la misma reunión extraordinaria que el presidente español. Las posiciones no son idénticas, aunque el debate político tienda a presentarlas como dos bloques enfrentados.

La crítica a Europa tampoco debería servir para ocultar los fallos españoles de prevención ni para aceptar sin pruebas suficientes que unas «mafias» indeterminadas pudieron movilizar por sí solas a decenas de miles de personas. Si el Gobierno sostiene esa acusación, debe identificar las redes, explicar su capacidad logística y presentar los resultados de las investigaciones. No tenemos que escoger entre denominar «invasores» a quienes se arrojaron al mar y aceptar que todo ocurrió espontáneamente. Tampoco entre defender la soberanía fronteriza y reconocer el derecho de cada persona a no morir, no ser golpeada y solicitar protección. Una democracia debe ser capaz de proteger simultáneamente la frontera, la dignidad humana y la verdad.

Las preguntas fundamentales continúan abiertas: quién inició y amplificó los mensajes, cómo llegaron decenas de miles de personas casi al mismo tiempo, qué instrucciones recibieron las fuerzas marroquíes y cuándo cambiaron, por qué España no fue advertida, cuántas personas murieron a cada lado de la frontera, cuántos menores siguen desaparecidos, quién identificará los cuerpos y responderá ante sus familias. No formular esas preguntas por temor a alimentar a la extrema derecha sería un error. La xenofobia crece también cuando las instituciones parecen ocultar o minimizar lo evidente. Pero responderlas mediante acusaciones sin pruebas sería reproducir la misma lógica que debemos combatir.

Los al menos 67 muertos no pueden quedar reducidos al coste inevitable de una crisis que, según el Gobierno, fue «revertida» en 24 horas. Algunos eran apenas niños. El número definitivo puede ser mayor y quizá nunca conozcamos a todas las víctimas. Proteger a quienes cruzaron y esclarecer quién hizo posible un cruce masivo y mortal forman parte de una misma obligación ética. La defensa de los derechos humanos comienza reconociendo a las víctimas como personas; continúa devolviéndoles su nombre y averiguando por qué murieron y quién pudo evitarlo.

El Manifiesto por el Bien Común, que empezó a circular en Canarias a finales del pasado mes de junio, ya ha alcanzado las 8.000 firmas, según ha dicho a este periódico una fuente de la organización. De él se pretende que actúe como catalizador para movilizar a personas de todas las islas para una manifestación a celebrar el próximo 26 de septiembre, sábado, a las 12.00, “en defensa de la democracia real, la vida digna y la defensa de lo común”.

El manifiesto, que se puede firmar a través de un correo electrónico (canariasporlapaz1@gmail.com), reclama recuperar la confianza en “lo común” y exigir que derechos básicos como la vivienda, el trabajo y el cuidado estén garantizados ante las amenazas que se ciernen sobre ellos en la actual coyuntura política y la que amenaza con constituirse.

Los promotores denuncian una erosión sistemática de los derechos fundamentales y que la actual situación no responde a prohibiciones explícitas, sino a un “vaciamiento” de derechos que convierte el acceso a una vida digna en una “carrera de agotamiento” administrativa y vital.

El texto critica el modelo vigente, que prioriza los intereses económicos sobre la dignidad humana, afectando especialmente a los colectivos más vulnerables, incluyendo mujeres, personas pobres, migrantes, personas racializadas, trans y mayores.

El movimiento pone el foco en la precariedad específica que padece Canarias, donde fenómenos como la crisis de vivienda, las dificultades laborales y la burocracia impiden que gran parte de la población desarrolle un proyecto de vida sólido.

Moverse por Ankara ser ha convertido en misión casi imposible. La posibilidad de hacer una manifestación contra la cumbre de la OTAN en la capital turca hace días que es motivo de detención. A pesar de que los mínimos derechos democráticos han saltado por los aires en Turquía ante la operación del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan por evitar cualquier conato de protesta ante la reunión de los principales líderes de la Alianza Atlántica, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha pasado de puntillas ante las preguntas de la prensa sobre las presiones sobre la oposición política: “La democracia también significa que las personas puedan organizar manifestaciones si así lo desean. Es decir, es mucho más que unas elecciones libres”.

El secretario general de la OTAN, sin nombrar a Turquía ni al Gobierno de Erdogan, ha señalado que “en lo que respecta a la democracia, es mucho más que la celebración de elecciones. Las elecciones, por supuesto, son fundamentales en una democracia, pero la democracia también implica la existencia de medios de comunicación libres, que ustedes, los presentes en esta sala, puedan formular todas las preguntas que deseen, escribir los artículos que consideren oportunos y realizar sus investigaciones”.

Los medios de comunicación turcos han publicado que desde la semana pasada decenas de activistas de partidos opositores y organizaciones de izquierda críticos con la Alianza Atlántica fueron detenidos de manera preventiva con el argumento de mantener la seguridad por la cumbre de la OTAN.

“¡Continúan las Operaciones 'Jardín de Rosas sin Espinas' de la OTAN! Esta mañana se llevaron a cabo numerosos allanamientos domiciliarios en Esmirna, Estambul, Kocaeli, Antioquía, Adana, Hatay y Urfa”, según publicó “Toplumsal Muhalefet” (Oposición Social), un grupo que engloba una amplia variedad de movimientos, iniciativas y partidos, mayoritariamente de izquierdas, que protestan contra el Ejecutivo de Erdogan.

A pesar de las detenciones arbitrarias, Rutte no ha condenado estas prácticas y se ha limitado a decir que “por supuesto, la democracia también significa que las personas puedan organizar manifestaciones si así lo desean. Es decir, es mucho más que unas elecciones libres”.

Seguidismo a Trump

Del resto de la comparecencia ante los medios de comunicación, Rutte ha seguido su política de alabanzas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pese a sus ataques constantes contra países europeos. Incluso, el secretario general de la OTAN no ha sido capaz de criticar el aviso de la Administración estadounidense de que va a castigar o premiar a los países según el seguidismo que haga de las políticas de EEUU.

“En última instancia, corresponde a cada aliado, incluido Estados Unidos, decidir cómo desarrolla su relación con los otros 31 miembros de la Alianza. Y, por responder a su pregunta de forma más general, creo que Estados Unidos está alentando —y quizá 'alentando' sea un término demasiado suave—, en realidad, está presionando con firmeza a los aliados para que alcancen el objetivo del 5% del PIB en gasto en defensa y para que aumenten la capacidad de producción de la industria de defensa. Creo que eso solo puede ser positivo. En cuanto a las medidas concretas, corresponde a cada aliado decidir cómo desarrollará sus relaciones bilaterales con los demás miembros de la Alianza. Pero, en términos generales, resulta de gran ayuda que el presidente de Estados Unidos esté plenamente implicado en este asunto”, ha explicado Rutte.

El 26 de abril, Rumanía lanzó su primer programa de regularización para migrantes en situación irregular. En teoría, una oportunidad. En la práctica, para muchos, una ruleta rusa. “A Akila lo van a deportar. Literalmente nos engañaron”, dice Andrei* por teléfono, la mañana del 11 de mayo, un estudiante de Cluj que acompaña voluntariamente a migrantes a las oficinas de inmigración.

La primera vez que Akila acudió a la ventanilla, los funcionarios le dijeron que tenían que verificar si era elegible para la nueva ordenanza. La ley era “demasiado nueva”, había que “aclarar” algunos aspectos. Le dieron una cita para regresar. Una semana después, Akila ni siquiera llegó a hacer fila. Lo llevaron directamente a la sala de aislamiento. Meses antes ya se había emitido una orden de retorno en su contra. La notificación se había enviado a una dirección donde ya no vivía. Como nunca se enteró, no pudo recurrirla.

A diferencia del procedimiento de regularización español, que anula las órdenes de retorno una vez que la solicitud del migrante es admitida, al programa rumano solo pueden beneficiarse quienes no hayan recibido una orden de retorno. En lugar de entrar en el programa, algunas personas que desconocen que la tienen, acaban encerradas en centros de custodia y deportadas cuando van a solicitarla.

“Mi sospecha es que todavía no tenían preparada la deportación y, básicamente, programaron un día para hacerlo. Sentí que nos habían tendido una trampa, que lo llevábamos directo a la boca del lobo”, dice Andrei. Akila regresó a la oficina de inmigración con la esperanza de regularizar su situación. En cambio, fue detenido y deportado. Mientras él estaba allí, sus amigos recogían sus pertenencias y se las llevaban a la oficina, de donde solo salió para subir al avión de regreso a casa. Su historia explica el miedo de decenas de miles de migrantes que podrían dejar atrás la extrema vulnerabilidad a la que los empuja su condición de indocumentados, pero que no acuden a las oficinas de inmigración porque no saben qué les espera.

“Mi sospecha es que todavía no tenían preparada la deportación y, básicamente, programaron un día para hacerlo. Sentí que nos habían tendido una trampa, que lo llevábamos directo a la boca del lobo”

El miedo a acudir a la ventanilla

“Yo no iría a declarar mi dirección si tuviera miedo de que me metieran en un centro de detención y luego me deportaran”, dice Sonia Bujor*, activista que acompaña a migrantes en varias ciudades. La deportación no significa simplemente subir a un avión y volver a casa. “Significa regresar con una montaña de deudas que no has podido pagar y que probablemente no podrás pagar en años”, explica Bujor. 

Los costes de reclutamiento y traslado a Rumanía pueden llegar hasta 10.000 euros, a los que se suman intereses mensuales. “Regresas además con una prohibición de entrar al espacio Schengen”, añade. Akila dice haber pagado alrededor de 4.600 euros, dinero obtenido mediante préstamos bancarios y de conocidos. Nunca pudo devolverlos porque jamás consiguió un empleo formal en el país. “He sobrevivido haciendo pequeños trabajos ocasionales. Todavía no he terminado de pagar mis deudas. Por eso, pido que se me dé la oportunidad de trabajar legalmente en Rumanía para poder devolver los préstamos”, lamenta.

“Perdí mi pasaporte. ¿Todavía puedo solicitar la regularización?”. “Me fui a Italia después de quedar ‘ilegal’. ¿Puedo volver?”. “¿Cómo puedo saber si tengo una orden de retorno?”. Preguntas como estas circulan todos los días en grupos de WhatsApp, mientras los voluntarios trabajan contrarreloj para intentar dar respuesta.

Falta de información

En ausencia de una campaña oficial clara, un grupo de jóvenes voluntarios rumanos, junto con personas migrantes que se encargan de las traducciones, intenta hacer el trabajo del Estado y de las organizaciones financiadas con dinero público. En grupos de WhatsApp recogen información, la traducen, responden dudas, acompañan a migrantes a las ventanillas y tratan de ejercer presión pública sobre las autoridades.

Aunque el programa se anunció meses antes, en la primera semana muchas oficinas de inmigración apenas habían oído hablar de él y las grandes ONG financiadas con fondos europeos para la “integración de nacionales de terceros países” no emprendieron acciones visibles de información o acompañamiento, denuncian los colectivos implicados. Dos semanas después del inicio del programa, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en colaboración con la Inspección General de Inmigración, publicó su primer vídeo explicativo en Facebook, en el que asegura a las personas migrantes que, si acuden a la oficina de inmigración, “no tendrán problemas”, no serán detenidas ni enviadas de vuelta a su país, “salvo que se hayan hecho previamente los arreglos para su retorno”.

Sin embargo, Georgiana Bădescu, de la organización Centro de Recursos Jurídicos, considera que estos materiales omiten información esencial sobre los riesgos y emplean un lenguaje difícil de comprender. “En mi opinión, los materiales han llegado demasiado tarde, son recortados, obtusos y nada transparentes”, afirma. “La gente no sabe en qué situaciones puede acogerse al programa ni cómo comprobar de manera segura su situación, y no hay procedimientos claros para quienes no tienen pasaporte, lo tienen caducado o se lo ha retenido el empleador”.

Además, los mensajes oficiales chocan a menudo con lo que ocurre en las ventanillas. “Las autoridades repiten que la estancia irregular no será sancionada con multa, pero en la práctica hay personas que reciben multas cuando intentan inscribirse en el programa”, añade.

Suneth, un migrante de Sri Lanka, como muchos otros, no sabe si existe una orden de retorno en su contra. No escribe muy bien en inglés, así que Ruany, una mujer esrilanquesa que vive en Chipre y participa voluntariamente a distancia junto con este grupo informal, traduce su mensaje: “Este chico trabajó solo un mes. El jefe le hizo firmar papeles en rumano, le quitó el billete de regreso y le dijo que tenía que volver a casa. Huyó a otra ciudad y ahora pregunta si todavía puede ir a inmigración para regularizarse”, explica. En este contexto, incluso un solo caso de deportación ligado al programa pesa enormemente dentro de la comunidad y disuade a muchos otros de presentarse a regularizar su situación, agrega Georgiana.

Georgiana Bădescu acompañó a migrantes durante los primeros días del programa. “Los funcionarios improvisaban los procedimientos y las comunicaciones. A veces imponían condiciones extralegales: declaraciones escritas, contrato de alquiler, copia del documento de identidad, incluso multas, aunque nada de eso aparece en la ley”, indica.

Las experiencias varían según la oficina y la persona que atiende. “Algunos oficiales responden de forma burlona y hacen preguntas como: ‘¿Cómo que son ilegales? ¿Cómo han sobrevivido hasta ahora? ¿Dónde viven?’”, cuenta Sonia. “Son preguntas intimidatorias y van en contra del espíritu de la ley, que debería regularizar a las personas independientemente de cómo hayan terminado en situación irregular.”

El 5 de mayo, a raíz de una solicitud de información de elDiario.es, la Inspección General de Inmigración publicó un vídeo explicativo y anunció instrucciones internas y materiales informativos traducidos. Un mes después del inicio del programa, la oficina de inmigración empezó por fin a repartir trípticos oficiales, bastante más tarde que el grupo de voluntarios.

En busca de mano de obra

Cientos de miles de personas llegaron en los últimos años con visados de trabajo, llenas de esperanza y endeudadas, para acabar empujadas a la irregularidad administrativa. Según datos oficiales, actualmente viven en Rumanía unas 150.000 personas de países no pertenecientes a la UE con derecho a trabajar. La tasa de retención de quienes reciben visados laborales es inferior al 50%.

Tras años de abusos, fraudes y explotación laboral documentadas— la mayoría vinculados a la dependencia casi total del trabajador migrante respecto a su empleador— el Gobierno aprobó una nueva ley para regular la actividad de reclutamiento. El programa de regularización forma parte de esa reforma.

Después de pasar de un visado de trabajo a una situación irregular, muchos optan por migrar hacia otros países europeos. En palabras de Rafi, un trabajador bangladesí entrevistado en Italia, “vivir ilegalmente en Rumanía es un infierno”. En un país donde la policía es la única autoridad migratoria, sin organizaciones de base que ofrezcan servicios relevantes a las personas en situación irregular y con deudas pendientes en sus países de origen, estos trabajadores se han convertido, según Bădescu, en uno de los grupos más vulnerables de Rumanía.

Contactamos con Akila mientras hacía escala en el aeropuerto de Estambul, de camino a Sri Lanka. Akila relata que, tras llegar a Rumanía con un visado de trabajo, fue enviado a un empleador distinto del prometido y se le exigieron pagos adicionales para tramitar sus documentos. Cuando algunos compañeros acudieron a las autoridades de Inmigración para recoger los permisos prometidos, recibieron órdenes de retorno.

Mensajes como el suyo no solo llegan a periodistas a través de WhatsApp, sino también a instituciones del Estado mediante correos electrónicos oficiales. Este medio ha recibido uno de esos correos, enviado colectivamente por 24 trabajadores en situación irregular que afirmaban ser víctimas de trata de personas. Según uno de ellos, la respuesta de las autoridades de Inmigración fue emitir órdenes de retorno para los 24.

“Eso, si tienes amigos”

Según el Inspectorado General de Inmigración, desde 2020 se han emitido más de 16.500 órdenes de retorno; 6.344 se han traducido en expulsiones efectivas. El Centro de Recursos Jurídicos ha pedido que se hagan públicas las listas de órdenes de expulsión, que actualmente solo se exhiben durante un tiempo limitado en las oficinas territoriales. La probabilidad de que un migrante en situación irregular se exponga visitando repetidamente estas sedes para comprobar su situación es casi nula.

“El objetivo de estas disposiciones transitorias es llevar a los migrantes a una situación legal, no detectar a migrantes irregulares. Esto no debería ser un mecanismo de detección”, afirma Bădescu. “Sin esas listas, la gente acude a inmigración sin saber si entrará en un procedimiento de regularización o directamente en uno de expulsión”.

“Es un proceso humillante llegar lleno de esperanza y que allí te digan que, en realidad, no tienes derecho, luego te encierren en aislamiento administrativo y tus amigos tengan que traerte las maletas. Eso, si tienes amigos… es muy humillante”, concluye. Mientras el avión de Akila despega rumbo a Sri Lanka, en los grupos de WhatsApp otros migrantes siguen preguntándose si vale la pena arriesgarse.

Mientras el debate se centra a menudo en cuántas horas trabajamos, el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universitat de València Adrián Todolí abre el marco y señala al 'cómo' lo hacemos. En España, la mitad de las personas sostienen que están expuestas a “presiones de tiempo o sobrecarga de trabajo” y, en paralelo, somos de los países europeos con más estrés y depresión por el trabajo. Estos datos empujaron a este jurista a investigar el problema y a dedicarle un libro a las posibles soluciones. Porque, defiende, “la sobrecarga de trabajo es una vulneración de derechos fundamentales”.

Se trata de abordar un problema de salud, pero no solo. “La sobrecarga de trabajo también está generando una sociedad cansada” y “cabreada”, advierte Todolí. Incapaz de desconectar, de tener ocio de calidad cuando termina su jornada laboral, de movilizarse en su barrio o de salir del sofá, sostiene en esta entrevista con elDiario.es tras la publicación de La huida del trabajo: sobrecarga de trabajo, salud mental y derechos fundamentales (Aranzadi La Ley, 2026).

Como jurista especializado en Derecho del Trabajo, ¿por qué decidió hacer un libro sobre salud mental y, en concreto, sobre sobrecarga laboral?

Hay varias razones. Una es jurídica: se empiezan a ver sentencias que establecen la sobrecarga de trabajo como concepto jurídico, tras demandas de personas que consideran que sus derechos fundamentales han sido afectados. Pero es secundaria. La razón principal, que lleva precisamente a estas sentencias, es que vivimos en una sociedad sobrecargada de trabajo. Y lo demuestran los datos. 

El 51% de los trabajadores consideran que están sobrecargados en el trabajo, de acuerdo con los estudios de OSHA (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo). Hay un aumento de incapacidades temporales por salud mental que prácticamente se ha triplicado en los últimos ocho años. Intento investigar cuáles son las razones que hay detrás de eso, para dar soluciones al problema.

¿Qué soluciones se pueden dar a esta sobrecarga desde el mundo del Derecho? 

El marco preventivo es jurídico. En la historia, los sindicatos siempre han buscado que sus reivindicaciones sean norma, que es lo que garantiza los derechos en un Estado democrático. 

La cuestión es que históricamente se ha regulado la jornada de trabajo, porque se entendía que si trabajabas ocho horas, luego tenías tiempo para disfrutar de la vida. Y ahora nos estamos dando cuenta de que, incluso trabajando ocho horas, por el hecho de haber trabajado muy intensamente o porque la carga de trabajo es muy grande (y cuando estás en casa estás pensando que al día siguiente te espera un montón de trabajo, de correos…), al final tu tiempo libre no queda a tu disposición. Estás tan cansado mentalmente o físicamente, o tan estresado, que no puedes disfrutar de la vida. 

Creo que esto hace 30 años no pasaba, pero hay una serie de causas que provocan que ahora mismo el límite histórico de 'ocho horas de descanso, ocho horas de trabajo y ocho horas de ocio' sea insuficiente. Hay un problema de sobrecarga de trabajo y hace falta darle soluciones jurídicas.

Muchas personas acaban el trabajo tan cansadas mentalmente o físicamente, o tan estresadas, que no pueden disfrutar de la vida en su tiempo libre

Entre las propuestas que plantea está establecer límites máximos de carga de trabajo. ¿Cómo se puede hacer esto?

Ahora mismo, la empresa recoge todos tus datos para poder exigirte más velocidad y más intensidad, y la tecnología también se puede utilizar en sentido inverso, para establecer límites. Hay ya ejemplos muy interesantes, como el caso de Polonia, donde en los trabajos físicos se establece un mínimo y un máximo de kilojulios de energía consumidos en una jornada. Hace 15 años, para medir las kilocalorías probablemente se necesitaba unos electrodos o mucha tecnología. Ahora mismo, todo el mundo mide cuántas calorías ha quemado en el día simplemente con un reloj.

Es decir, ahora la tecnología permite de manera muy fácil establecer esos controles. Y se podría incluso individualizar. Por ejemplo, hay personas que, porque su corazón va más acelerado, consumen más calorías sin cansarse, y a lo mejor su límite podría ser superior. O al revés. Ahora la Ley de Prevención ya exige que esta sea individual, no general.

Y respecto a los trabajos del conocimiento, aunque está menos desarrollado, también hay ejemplos de que se puede medir la carga mental y el cansancio por el trabajo.

¿Como cuáles?

Se ha hecho históricamente con los pilotos de avión. Porque se entiende que un avión es muy caro y está la vida de muchas personas en juego, por lo que es importante medir la carga mental de esa persona para que no haya un accidente.

Así que me pregunto: ¿por qué no se hace con los médicos? También tienen la vida de muchas personas en sus manos. Y más allá: ¿por qué no pensamos en la vida del propio trabajador que, si está sobrecargado puede acabar con un ataque al corazón, con una depresión, un burnout o un accidente de trabajo? Existe la tecnología para hacerlo, pero no se está poniendo en práctica.

Hay también mucho temor de dar acceso a las empresas a tantos datos personales. ¿Esto no puede acabar penalizando a trabajadores, por ejemplo al revelar quiénes pueden asumir menos carga de trabajo de cara a un despido?

Legislativamente, esto está bastante resuelto. La Ley de Protección de Datos ya establece que los datos no pueden ser utilizados para fines incompatibles respecto a aquellos para los que se recogieron. Entonces, si se recogen datos para medir y limitar la carga de trabajo, no se podrían utilizar para un ERE. La cuestión sería que las empresas que lo hicieran realmente fueran sancionadas y perseguidas por ello.

Luego hay un argumento quizá más sociológico o incluso práctico: las empresas ya están utilizando la tecnología y ya están recogiendo datos, solo que ahora mismo lo están utilizando para los ERE y para los despidos. Así que lo mínimo es que se utilice también para proteger a la salud de las personas.

Las empresas ya están utilizando la tecnología y los datos para los ERE y los despidos, así que lo mínimo es que se utilice también para proteger a la salud de las personas

¿Cómo ve el Anteproyecto de Ley que aprobó el Gobierno para modernizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? Hay también pendiente un reglamento sobre riesgos psicosociales comprometido.

El Gobierno puede aprobar el reglamento de riesgos psicosociales, no necesita mayoría parlamentaria. Viendo la situación política, podría ser el momento de hacerlo. Ahí se podría incluir la necesidad de medir las cargas de trabajo, porque creo que tiene amparo de la ley, sin necesidad de cambiarla.

Respecto a los cambios que se proponen en la Ley de Prevención, considero que están muy bien, porque se da mayor especificidad a los riesgos psicosociales, a la digitalización y a que se tenga en cuenta la perspectiva de género, entre otras cuestiones. Todo lo que se aclare va a ser positivo, pero creo que la clave está en el reglamento. Ahí es donde se detallará qué cosas habrá que medir, cómo medirlas, qué validamos y qué no.

¿Qué está pasando en los casos que ya han llegado a los tribunales? ¿Cuándo se considera que los trabajadores han sido sobrecargados por sus empresas?

Los tribunales están siendo bastante sensibles a esto, creo que en parte porque los jueces han sido los primeros que han demandado por su propia sobrecarga de trabajo. Al Tribunal Supremo han llegado solo tres sentencias de este tema: una de jueces y dos de médicos en hospitales públicos.

Se están valorando varios indicios de sobrecarga. Por ejemplo, cuando un trabajador lleva tiempo diciendo por correo electrónico a sus jefes que tiene mucha carga o que necesita que se contrate a más personas, sin que esto suceda. También cuando hay varios compañeros que están de baja o que dimiten y la empresa no los sustituye, porque se entiende que la carga de trabajo ha tenido que aumentar para el resto. O cuando ya hay otros compañeros que han dimitido por la sobrecarga de trabajo.

Hay otro caso interesante, que afecta a los derechos de conciliación, que sobre todo ejercen mujeres. Estas se reducen la jornada, pero se les mantiene la carga de trabajo o se reduce muy poco. Al final tienen que hacer el trabajo en la mitad de tiempo, cobran la mitad, pero luego se les exige prácticamente lo mismo.

En el libro defiende que no hace falta que las personas afectadas lleguen a una situación de burnout o de baja médica por salud mental para poder demandar la situación de sobrecarga laboral.

El Tribunal Constitucional ha sido bastante protector, dice que hay vulneración de derechos fundamentales cuando una actitud o una forma de funcionar en la empresa pone en riesgo la vida o la salud de la persona, sin necesidad de que se produzca el daño.

Entonces, aunque no se llegue a un burnout, simplemente que haya un riesgo para la salud por situaciones objetivamente de sobrecarga es suficiente para entender que se vulnera el derecho fundamental. Tiene todo el sentido, porque la ley y la Constitución no quieren simplemente castigar a posteriori, cuando ya ha producido el daño, sino proteger antes de que pase.

Debido al aumento de bajas médicas, hay cada vez más críticas al "absentismo" en el lado empresarial. ¿Cómo les convencería ded este marco que plantea, de limitar las cargas de trabajo?

Hay argumentos que podrían ser humanitarios, de protección de las personas, pero quizá a estos grupos les apela más la cuestión económica. Hay muchos estudios académicos que demuestran que la sobrecarga de trabajo perjudica la productividad, porque normalmente produce pérdidas de calidad del trabajo, más rotación de personal, menos capacidad de formación... Así que, desde una perspectiva puramente económica, también es bueno limitar la carga de trabajo.

Una sociedad cansada o estresada es incapaz de reaccionar como ciudadanos ante todo lo que está pasando y es también una sociedad cabreada, que busca un objetivo contra el que volcar su enfado

¿Cuáles son los riesgos de no abordar este problema de sobrecarga de trabajo?

Estamos viendo el incremento de incapacidades temporales por salud mental, que aunque muchas veces no se califiquen como accidentes de trabajo, sí están relacionados con él. Esto es importante porque estamos hablando de la vida de las personas.

Y no es necesario que a una persona le dé un ataque al corazón o que muera por el trabajo, que por supuesto hay que luchar contra ello. Simplemente es que hay muchas personas que acaban el trabajo tan cansadas que no disfrutan de su vida, de sus hijos o del ocio, porque lo único que hacen es ponerse en el sofá mirando Instagram o con un programa de la tele porque han consumido totalmente su energía.

Estamos generando una sociedad cansada, que es incapaz de tomar acciones políticas o apuntarse a asociaciones vecinales... Una sociedad estresada es incapaz de reaccionar como ciudadanos ante todo lo que está pasando y también es una sociedad cabreada, que busca un objetivo contra el que volcar su enfado, que a veces es la propia clase política o la inmigración.

Todo ocurrió muy rápido. La gente parecía sorprendida. Pero, en realidad, casi nadie hizo nada para evitar que los Hijos de Torquemada llegaran al poder. Es más, las derechas sistémicas les sirvieron de trampolín, como en el siglo XX. Y las izquierdas les facilitaron la victoria atomizándose en torno a innumerables tribus y liderazgos, como siempre.

Los ministros fueron sustituidos por 'comandantes', aunque casi ninguno de ellos, todos hombres, había hecho el servicio militar. Nunca habían ocultado sus propósitos. En cuanto llegaron al poder, cancelaron representaciones, censuraron publicaciones, aherrojaron los medios, prohibieron partidos y sindicatos, suspendieron el derecho de huelga y deportaron del país a millones de inmigrantes. Esto último provocó el colapso del mercado laboral y generó una crisis económica sin precedentes.

La patronal, que había saludado el cambio de régimen con indisimulada satisfacción, expresó su malestar. Fue entonces cuando el nuevo gobierno, muy amante, por otro lado, de referencias nostálgicas, procedió a resucitar el Patronato para la Redención de Penas. Miles y miles de hombres y mujeres encarcelados por sus ideas fueron obligados a trabajar como esclavos para intentar reflotar la productividad en los sectores más afectados por la Gran Expulsión. Además, participaron en la construcción de monumentos megalómanos como la Cruz de Santiago gigante levantada sobre la mole rocosa de las Peñas de San Pedro, en Albacete, destinada a convertirse en mausoleo del Jefe Supremo (también conocido como el Reconquistador por haber evitado el reemplazo de la religión cristiana por la musulmana). Allí murieron muchas personas como consecuencia del agotamiento, las palizas o la falta de atención médica. Sus cuerpos, como los del resto de víctimas de la violencia política, permanecen en cunetas y fosas comunes.

Para solventar el problema demográfico, las nuevas autoridades recurrieron al clásico robo de bebés de mujeres de izquierdas internadas en establecimientos penitenciarios. Fueron decenas de miles. Así, además, se contribuía a la extirpación del célebre 'gen rojo', que supuestamente provocaba delirios de justicia y libertad. Pero no fue suficiente para compensar el efecto de las deportaciones masivas, de modo que se optó por restablecer el Patronato de Protección a la Mujer, en cuyo seno legiones de muchachas jóvenes fueron reprogramadas para convertirse en madres fecundas al servicio del estado.

Aunque las comunidades autónomas habían sido suprimidas, la vocación vagamente folklórica y regionalista imperante alentó a las delegaciones territoriales a crear su propia nomenclatura. Así, en nuestra región, esas pobres chicas, que se distinguían de las demás por llevar en la cabeza el típico pañuelo aldeano y una toquilla o pelerina sobre los hombros, eran conocidas como 'las chachas'. Los hombres armados que las vigilaban eran 'los gañanes' y siempre se presentaban en público ataviados con la tradicional boina.

El orden público siempre fue una de las grandes preocupaciones de los Hijos de Torquemada, que no se limitaron a recuperar la Dirección General de Seguridad y el Tribunal de Orden Público, sino que repristinaron (uno de sus verbos preferidos) la institución que mejor representaba su espíritu fundacional: el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición.

El aumento exponencial de la represión, sin embargo, no disuadió a los sectores más comprometidos de la sociedad. Las chachas manchegas empezaron a forjar lazos de solidaridad en el interior de los correccionales. Durante sus salidas controladas, lograron comunicarse con líderes feministas que, pasado un tiempo, habían logrado recomponer sus organizaciones en la clandestinidad.

El caso más notable quizá sea el de Ágora, en Albacete. A ellas se unieron veteranos luchadores antifranquistas, jóvenes indignados con la deriva del régimen o arrepentidos por haberlo apoyado en algún momento, cristianos heterodoxos, sindicalistas, activistas sociales, miembros del colectivo LGTBIQ+, personas defensoras de los derechos humanos, demócratas en general, brigadistas extranjeros de toda clase, condición y sexo… Cualquier espacio servía como lugar de reunión. Cualquier momento era bueno para conspirar contra la nueva dictadura.

Y así nació la Resistencia.

(*) El Colectivo Puente Madera está formado por Esteban Ortiz, Vanessa Pérez, Elías Rovira y Javier Sánchez.

Ha sido tema de conversación de media España las últimas semanas. ¿Jonathan Andic es inocente o culpable de la muerte de su padre? Es posible que nueve de los ciudadanos de la provincia de Barcelona que hayan respondido a esta pregunta en una sobremesa tengan que hacerlo de nuevo en unos meses, pero esta vez como integrantes del jurado popular que (salvo que la defensa logre antes el archivo) resolverá el futuro del hijo del fundador de Mango.

El caso Andic es un ejemplo de manual de juicio paralelo. Este fenómeno se produce en muchas causas mediáticas y no se refiere a la información de tribunales en sí, sino a la pretensión y la carga valorativa (a favor o en contra del investigado) que se proyecta tras una fotografía, un vídeo o un titular. En suma, enfocar hacia un veredicto mucho antes de que se celebre el juicio. Así lo han hecho ya tanto los Mossos d'Esquadra como la defensa de Jonathan Andic.

“Es más fácil contaminar a un jurado que a un juez profesional”, valora la magistrada jubilada Montserrat Comas d'Argemir. “Los juristas estamos en contra de los juicios paralelos porque son muy delicados, el derecho a un tribunal imparcial y el derecho a un juicio con todas las garantías son fundamentales”, remarca.

Para el director de la cátedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona (UdG), Jordi Ferrer Beltrán, en casos mediáticos como el de Andic el juicio paralelo es “casi inevitable”, lo que no quita la responsabilidad a jueces, policías y medios de comunicación. “Andic es el presunto inocente, no el presunto culpable. Cómo usamos las palabras importa”, advierte.

“Un juicio paralelo se impulsa cuando, en una resolución en un estado todavía inicial de la investigación, la jueza señala prácticamente la autoría del investigado o cuando la policía hace inferencias que van mucho más allá de las pruebas realmente existentes”, asevera Ferrer Beltrán.

El jurista remarca que ante un auto tan contundente, si el acusado no tuviera los medios económicos para defenderse de los que dispone Andic, en otra causa que no fuera mediática su abogado de oficio le recomendaría admitir los hechos y pactar una condena rebajada más que defender su inocencia en un juicio.

La fotografía esposado

Cuando el caso todavía estaba bajo secreto de sumario (lo que, en teoría, sirve para blindar una investigación de las filtraciones), la policía catalana empezó a tirar migas de pan. Las supuestas “contradicciones” que los Mossos atribuían a Jonathan Andic en las dos declaraciones que prestó como testigo se divulgaron en la prensa ya en 2025 y han terminado en el auto judicial con el resto de indicios en su contra del pasado mayo.

Pero si algo ha alarmado a muchos juristas es la fotografía de cinco agentes de los Mossos d'Esquadra escoltando a un Jonathan Andic esposado a su entrada en el juzgado. Para empezar, porque contraviene la directiva europea sobre presunción de inocencia, que obliga a las autoridades a “abstenerse de presentar a los sospechosos o acusados como culpables, ante los órganos jurisdiccionales o el público, mediante el uso de medios de coerción física como esposas”.

“La fotografía es una irregularidad por parte de los Mossos”, advierte Comas d'Argemir, que recuerda que la policía catalana dispone de una instrucción “muy acertada” para evitar este tipo de situaciones. “Hay mucha jurisprudencia que recuerda que hay que evitar una fotografía así, porque viola la presunción de inocencia no solo para un futuro juicio y su influencia en el jurado, sino también por el mal que provoca en la honorabilidad de la persona”, agrega Ferrer Beltrán.

Con años de experiencia presidiendo juicios (también con jurado), Comas d'Argemir recuerda que la norma general es que un acusado no debe entrar esposado en el juicio, aunque sea un preso preventivo. Solo en casos excepcionales, donde se constata un peligro (por ejemplo, con bandas violentas), se permite.

Comas d'Argemir incide en que en todos los juicios por jurado, el magistrado o magistrada que lo preside recuerda a los integrantes del tribunal que “lo importante es que partan de cero y se abstraigan de todo lo que saben del caso a través de los medios”. Hay mecanismos, explica, para que luego el juez profesional valide si la motivación del jurado “se ve que no está referida a lo que ha dicho un testigo o un perito en el juicio, sino a lo que recuerda haber visto en la televisión”.

La respuesta de la defensa

Una vez el caso ya no está bajo secreto, la defensa de Jonathan Andic ha empezado a replicar, no solo en el juzgado, el relato incriminatorio. Lo ha hecho a través de un vídeo de una caída del fundador de Mango en un entorno (la entrada de un edificio) y momento (10 meses antes de su muerte) que poco se parecen con el sendero de Montserrat donde sucedieron los hechos.

Con la potencia de las imágenes, la defensa intenta instalar, una vez la investigación se ha encaminado hacia el homicidio, la tesis de que Andic pudo caer de forma “fortuita”, con un tropiezo inicial y un resbalón en “tobogán” al vacío.

Así lo sostiene la prueba pericial de la defensa realizada por el detective Francisco Marco, que dirigió la polémica agencia Método 3; un doctor en Medicina Legal y una especialista en Medicina tras reconstruir en 3D y con maniquíes el “patrón” de la caída que sufrió Andic meses antes, al fallarle las rodillas por una artrosis.

El detective es colaborador de algunos grandes despachos. Pese a que al mismo tiempo firma uno de los informes clave del caso, Marco también ha entrado de lleno en la batalla mediática para defender a su cliente.

Marco ha asistido ya a dos programas líderes en su franja, El Món a RAC-1 y Col·lapse de TV3, en los que cargó sin contemplaciones contra el sargento de la investigación, al que acusó de “inventarse pruebas”. También menospreció a la jueza al mantener que tiene “poca experiencia” y que es sustituta (como se cubren varias plazas judiciales en Catalunya), pese a que la togada, jurista de dilatada experiencia, ha ocupado distintos juzgados en los últimos años.

Ferrer Beltrán enmarca las apariciones mediáticas “inhabituales” del perito de la defensa en “la perversión del sistema” que supone el juicio paralelo. “La defensa ahora también juega mediáticamente contra lo que antes el juzgado y los medios tendrían que haber evitado”, diagnostica.

Igual que Ferrer Beltrán, Comas d'Argemir no olvida que los medios juegan un papel: “Hay que exigir responsabilidad a los medios, como a todas las partes. De los casos judiciales se puede y debe informar, faltaría más, pero es muy perjudicial que las personas que tienen que testificar en una causa vayan desfilando antes por los platós, y los medios tendrían que pensárselo”. 

Mientras Marco se despachaba en televisión, de fondo se alternaban las imágenes de la otra caída de Isak Andic y de su hijo esposado. Dos imágenes que ilustran dos estrategias. Quedan meses —tal vez años— para que la Justicia determine si Andic fue culpable, pero el juicio paralelo está en plena ebullición.

Luigi Ferrajoli (Florencia, Italia, 1940) es una leyenda: jurista, antiguo magistrado y uno de los filósofos del Derecho más leídos del mundo. Además de ser el padre del garantismo penal moderno —proteger al máximo de los derechos fundamentales frente al poder punitivo del Estado—, en los últimos años impulsa una Constitución de la Tierra.

Se trata de un proyecto que sacude la actual gobernanza mundial en favor de la paz y de los derechos sociales y que tiene un punto clave: el desarme de los ejércitos. “La utopía es pensar que podemos seguir como ahora”, señala en una entrevista con elDiario.es en Girona, donde Ferrajoli ha sido premiado, junto al exmagistrado Perfecto Andrés Ibáñez, por la Cátedra de Cultura Jurídica de la UdG.

¿Son malos tiempos para el garantismo?

¡Malísimos! La humanidad está gobernada por un pequeño número de autócratas y multimillonarios que desprecian el derecho. Sufrimos dos absolutismos. Uno de tipo político, cuya expresión más clara es el presidente de los EE. UU., Donald Trump, y ha declarado que no tiene más límite que él mismo. El otro es económico, y todavía es más peligroso.

¿Por qué?

Porque financia y corrompe a los políticos y porque existe una asimetría entre el carácter global de la economía y el carácter local de la política. Los poderes económicos pueden transferir sus inversiones a Estados donde no pagan impuestos y deslocalizar el trabajo hacia países donde pueden explotar sin límites a los trabajadores y destruir el medio ambiente. Vivimos una evolución neofeudal del capitalismo y la utopía es pensar que podemos seguir como si nada en vez de cambiar las cosas.

Después de la Segunda Guerra Mundial entramos, al menos en Europa, en una etapa de libertades y derechos, que ahora parece, contra todo pronóstico, reversible. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

A nivel nacional, se ha producido una involución de la democracia en detrimento del dominio de los mercados. Los derechos de los trabajadores se han ido laminando para intentar mantener la producción de las empresas en territorios nacionales, y ni así se han evitado deslocalizaciones. La política fiscal impuesta por las grandes corporaciones y la disminución de los impuestos ha reducido la garantía de los derechos sociales. Y todo ello se ha mezclado con esta concesión populista al líder que dice representar la omnipotencia de la mayoría y ha desconstitucionalizado nuestros ordenamientos.

¿Las guerras que vive el mundo son un resultado de este absolutismo o un intento de consolidarlo?

La situación dramática y el riesgo de un holocausto nuclear debido a la carrera armamentística que todo el mundo, incluso Europa, ha emprendido es real. No solo es por la guerra de Rusia contra Ucrania. También me preocupa el calentamiento global. No hemos iniciado ninguna transición ecológica hacia modelos más sostenibles. Cada año producimos más emisiones contaminantes que el año precedente. Esto significa que en dos siglos, puede que menos, la Tierra será inhabitable.

En la academia existen voces que consideran que la idea de que el derecho internacional esté muerto y sea inútil ante los nuevos autoritarismos es absurda. ¿Qué opina usted?

La guerra de Putin en Ucrania, la guerra de Netanyahu en Gaza o las guerras producidas por Trump sin ninguna justificación han destruido el derecho internacional. Tampoco lo fomentan los grandes poderes económicos internacionales. Vivimos un golpe de Estado internacional que propugna la ley del más fuerte y el desprecio por el derecho. Frente a esta situación no hay otra alternativa que una constitucionalización de la ONU. Tomarse en serio el derecho internacional vigente significa introducirle garantías de cumplimiento.

Creo en una refundación de la Unión Europea y de la ONU sobre la base de la Constitución de la Tierra

¿El individualismo de esos líderes y corporaciones traspasa también al ciudadano corriente?

Creo que nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos, no podrán ya no perdonar, sino tan siquiera comprender, nuestra estupidez y nuestra irresponsabilidad que ha transformado este planeta en un infierno. Nuestra herencia está siendo dejar una Tierra con mucho sufrimiento y literalmente inhabitable, porque no se puede vivir en un sitio donde se alcanzan los 50 o 60 grados centígrados. Los países más ricos pueden intentar bajar sus termostatos, pero dejan un rastro de injusticia ecológica en los países pobres.

Y además, en los países ricos crecen las actitudes contra los migrantes. ¿Europa ya no es un continente de acogida?

Europa tiene una deuda enorme hacia los países de donde provienen migrantes y las políticas de algunos países, como Italia, contra ellos, son una vergüenza y un escándalo para Europa. El derecho a emigrar fue inventado por Francisco de Vitoria en 1539 para legitimar la conquista de América, donde los países europeos produjeron un genocidio. De los 100 millones de personas que habitaban en el continente americano, solo cinco millones sobrevivieron.

El derecho a emigrar ha sido la base del colonialismo y también ha formado parte de las ideas de pensadores liberales como John Locke, que defendía el derecho a emigrar a las“tierras incultas” de América. Hoy en día la transformación en delito de la migración de esta gente, que son los descendientes de los que han sido depredados y esclavizados, es una verdadera vergüenza.

¿Cómo se le ponen límites a estos millonarios y tiranos que no aceptan los límites?

Los límites se ponen introduciendo garantías. Ante todo, se tiene que transformar la Carta de la ONU en una Constitución rígida, que esté por encima las otras constituciones, también las estatales, y que sea capaz de anular las leyes o tratamientos liberticidas de los estados. Toda Constitución se basa en límites y vínculos desde la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789. No hay Constitución sin garantía de los derechos y separación de los poderes, que son las dos cosas que el fascismo y todos los populismos tienden a negar.

¿Cuál sería el primer objetivo de esta transformación de la ONU?

La paz y la garantía de los principios universales. La paz se debe garantizar a través de la prohibición y castigo como crimen contra la humanidad, severamente punido, de la producción y comercio de armas. No solamente las armas nucleares, sino todas las armas. Sin armas, la guerra sería imposible. No tener armas es una garantía de la seguridad.

En cada guerra, en cada asesinato y en cada acto de terrorismo está la corresponsabilidad moral de estos productores de muerte, porque las armas se producen para matar. Citando la teoría de Hobbes, tenemos que pasar del estado de naturaleza al estado civil, y esto se produce con el desarme y la desaparición de los ejércitos nacionales. La fuerza correspondería a la ONU y a las policías estatales y municipales. Esta es la norma fundamental de un nuevo ordenamiento jurídico y de una democracia constitucional. Un mundo pacificado podría resolver otros conflictos.

No tener armas es una garantía de seguridad

¿Cómo se puede forzar a los Estados a creer en esta constitucionalización de la ONU?

Creo que en este sentido España tiene un papel importante a jugar. España es el país más avanzado de Europa en la defensa del derecho internacional. Sería una contribución histórica a la salvación de la humanidad y un factor de prestigio que España propusiera una reforma en el sentido de la constitucionalización de la ONU, para tomarse así en serio el derecho positivo que ha sido violado por la falta de garantías.

La verdadera polis hoy es el mundo, la humanidad entera. Y sus verdaderos adversarios son los poderes salvajes y los que defienden las fronteras, expulsar a los inmigrantes. Por ello hay que constitucionalizar los derechos fundamentales una Constitución de la Tierra.

¿Cómo se garantizarían en su proyecto los derechos sociales como la Educación o la Salud?

Se puede articular con una Federación de la Tierra, que es un federalismo diferente al tradicional. No es un federalismo estatal, no tenemos necesidad de un Estado global, sino que lo que se debe universalizar son las garantías, los vínculos y los controles. La función del gobierno y el mercado es la esfera que debe ser confiada a los Estados, pero con la obligación de garantizar la alimentación básica, la educación o la salud. Una renta pública de ciudadanía universal, con un salario mínimo garantizado, sería una manera de emancipar el trabajo de la mera supervivencia.

¿En su propuesta, el Tribunal Internacional de Justicia tendría poder coercitivo para imponer sus decisiones?

Naturalmente, se prevé como garantía secundaria. Las garantías secundarias son las garantías jurisdiccionales, cuya jurisdicción debe ser obligatoria y debe decidir sobre medidas de protección de los derechos y de los bienes fundamentales. La Corte Penal Internacional también debe ser transformada en una jurisdicción obligatoria para algunos crímenes, como por ejemplo el apartheid de género: a las mujeres, que son media humanidad, se las oprime y discrimina por ser mujeres en países como Afganistán o Irán.

Nuestros nietos no nos podrán perdonar la irresponsabilidad que ha transformado este planeta en un infierno

Me gustaría terminar con unas preguntas sobre su país. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha sido derrotada en el referéndum sobre la reforma de la judicatura. ¿Cómo ha visto todo este proceso?

La derrota de la primera ministra, afortunadamente, ha sido un respaldo a la razón. Su reforma era un primer paso hacia la subordinación del poder judicial al ejecutivo y contra la separación de los poderes. Aunque el texto de la reforma era confuso, ella misma [Meloni] dejó claras sus intenciones al asegurar que después de la reforma no existirían “sentencias absurdas”, es decir, que ya no habría sentencias que desagradaran al Gobierno.

Su derrota y su alianza con Trump están desvelando el carácter autoritario de su Gobierno, cuyo partido es heredero del fascismo. El Ejecutivo de Meloni no ha hecho ninguna reforma en favor de los ciudadanos pobres, sino que está aplicando medidas de seguridad de forma compulsiva para limitar el pensamiento y el libre ejercicio de derechos. Su política hacia los migrantes es vergonzosa.

¿Tiene algo de esperanzador esa derrota de Meloni?

¡Sí! Creo que llega un momento donde la gente ve que la mistificación del gobierno sin límites y del autoritarismo solo conduce al colapso. La gente, al final y puede que no toda, pero ve que hay cosas que son inmorales. Y las acciones de muchos líderes autoritarios alimentan la inmoralidad. Además de tomar conciencia, hay que proponer: yo creo en un replanteamiento y una refundación de la Unión Europea y de la ONU sobre la base de la Constitución de la Tierra. Una Europa social, que abriera sus fronteras por la deuda que tiene con el resto de la humanidad, que fuera garantía de derechos y con una renta de ciudadanía por todos cambiaría las tornas del continente y contestaría a los nacionalismos y los populismos.

As Conchas es un embalse sometido a una degradación ambiental de tal calibre que los derechos fundamentales a la vida, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y la propiedad, vinculados al disfrute del agua, de los vecinos se están viendo vulnerados. La situación aparece descrita en estos términos en una sentencia judicial que quienes viven en el entorno de la presa califican de histórica, pero que, pese a que pronto cumplirá un año, no ha provocado cambios palpables. Los residentes siguen con preocupación los avisos sobre la llegada del calor estos días porque saben que eso favorece los episodios de proliferación de algas y los olores insoportables. Pero la inquietud no se disuelve tampoco cuando las temperaturas bajan: las bacterias peligrosas siguen ahí.

“Si me meto al agua, estoy tomando una cucharada de veneno”, compara uno de los vecinos de pueblo de As Conchas (Lobeira, Ourense), Pablo Álvarez, que vuelve a hablar con elDiario.es poco más de un año después de que la demanda contra las administraciones públicas por el estado del embalse tomase forma. Él es uno de los siete residentes en la zona que participó en el proceso judicial, junto a la Federación de Consumidores y Usuarios (Cecu) y con el apoyo de Amigas de la Tierra y ClientEarth.

El enfoque no fue el habitual: lo que se exponía era que lo que se estaban vulnerando eran los derechos básicos de las personas y que las responsabilidades estaban repartidas entre administraciones por no haber frenado una proliferación de granjas -algunas de ellas, macrogranjas- en la comarca de A Limia que derivó en la grave contaminación de las aguas. Ganaron los vecinos. La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se dio a conocer a principios de julio de 2025 y, en febrero de 2026, quedó confirmada en el Tribunal Supremo. Ahora está pendiente que la Justicia ordene su ejecución.

Y, a la espera de esa ejecución, los vecinos denuncian que todo sigue igual. Pablo Álvarez critica que se sigan organizando competiciones deportivas en aguas del embalse y que no se haya actuado en el origen de la contaminación, que está en los residuos de las explotaciones -de cerdos y pollos-, que pasan a las aguas del río Limia y resultan en nitratos que alimentan a las bacterias que proliferan en la presa y que producen, a su vez, toxinas peligrosas. Pasada la mitad de mayo, este vecino indica que las aguas se ven turbias, sin que haya asomado el verde de las cianobacterias, pero da por hecho que, con el calor, habrá alguna floración. Cuenta que le consta que en noviembre había terrenos “encharcados de purín” aguas arriba.

Coincide en la ausencia de medidas útiles uno de los expertos que mejor conoce lo que ocurre en As Conchas y que más se implicó en el caso, como uno de los peritos responsables de los informes presentados en la causa por los demandantes, Serafín González, que es biólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). “Las administraciones no se han movido. En la Xunta esta es la estrategia recurrente: ir posponiendo las cosas”, dice. Para ejemplificarlo, señala que siguen pendientes de declarar las zonas vulnerables por contaminación de nitratos. No hay ninguna en Galicia. “Marean la perdiz, dicen que hacen falta más datos, quieren más estudios, cuando la situación está muy clara”, protesta.

El silencio de la Xunta

La Consellería do Medio Rural no ha contestado a las preguntas de esta redacción sobre el punto en el que se encuentra el proceso, después de que, en julio de 2025, el presidente gallego, Alfonso Rueda, anunciase la exposición pública del anteproyecto de decreto sobre la contaminación por nitratos procedentes de origen agrario.

Tampoco ha contestado a las cuestiones planteadas la Consellería de Medio Ambiente, que no ha aclarado si ha adoptado alguna medida tras la sentencia, que condena la inacción tanto de la Xunta como del Gobierno estatal, a través de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS). Sobre el caso, la responsable del departamento autonómico, Ángeles Vázquez, lamentó en unas declaraciones en febrero, tras la confirmación de la sentencia por parte del Supremo, que no había la “coordinación” que le gustaría con la CHMS. Por su parte, el órgano que gestiona las cuencas del Miño y del Sil sostiene que remitió varias propuestas para reunirse a la Xunta: el 16 de febrero y el 3 de marzo le escribió al delegado en Ourense, aunque no se llegó a cerrar una fecha. El 17 de marzo y el 14 de abril la misiva se dirigió al presidente gallego, pero “continua sin fecha”.

La CHMS pone el foco en la administración autonómica por ser la que autoriza la actividad que genera la contaminación y asegura que, por su parte, hace analíticas cada 15 días desde 2011 y que, en los episodios de proliferación de cianobacterias pasan a ser semanales. Tras la sentencia, asegura que tomó otras medidas, entre las que están intensificar la vigilancia de posibles vertidos o acumulaciones de purines, el desarrollo de modelos para predecir los episodios de proliferación o iniciar los trámites para pagar las indemnizaciones.

González considera que, “al menos”, la CHMS ha admitido el problema que representa para el medio ambiente y la salud humana la multiplicación de macrogranjas en la comarca de A Limia, que es de donde parte la contaminación que afecta a As Conchas. La Xunta, por la contra, “pretende seguir negando que son el origen”, opina sobre la intención del Gobierno gallego y los retrasos en el proceso.

Advertencias desde finales de los 90

El experto se remonta a finales de los 90. La Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), que él preside, avisó en 1998 a un ayuntamiento de los severos impactos negativos que iba a tener la multiplicación de granjas y apunta que el problema procede de las medianas y no solo de las de tamaño macro. Desde entonces, protesta, se ha duplicado la carga ganadera en la cabecera del río Limia, que es el que llena el embalse de As Conchas.

“Está claro que hay una relación de causa-efecto”, afirma. Hay demasiadas granjas para el terreno disponible y eso se traduce en grandes cantidades de nitrógeno y fósforo que pasan a las aguas subterráneas, en las que los nitratos aumentan hasta hacer que no sean potables. Y esto provoca la eutrofización de As Conchas, que son esas proliferaciones de algas que tiñen de verde el agua. Añade que la “pésima gestión” de los últimos 15 años ha provocado que se hayan arrastrado también bacterias fecales, algunas de ellas resistentes a antibióticos y “muy peligrosas”. En su momento, recuerda, pidieron una moratoria para que no se autorizasen más explotaciones. Ahora, eso sería “insuficiente”. Es decir, considera que habría que cerrar algunas.

Estos días, en los que empiezan a subir las temperaturas, Pablo Álvarez cuenta que ya teme que el verde empiece a asomar, pero recalca la preocupación por las sustancias relacionadas con algunos tipos de cáncer y estas bacterias resistentes. Dice que no se explica cómo en el censo de aguas de baño de la Xunta para la temporada de 2026 aparecen como aptas dos zonas del embalse de As Conchas, una en el municipio de Bande y otra en el de Muíños, mientras que una tercera, en Lobeira, figura con una prohibición permanente del baño. Critica que la Consellería de Sanidade -la competente en control de la calidad de las aguas- está “engañando y confundiendo a la población” sobre la situación real: “¿Acaso el problema desaparece al cambiar de término municipal?”.

En busca de una fórmula contra los olores insoportables

La CHMS expone que desde agosto de 2025 hasta ahora se han hecho inspecciones a 72 granjas de A Limia y está previsto que la cifra llegue a 178 en diciembre de este año. Añade que desde enero de 2025 resolvió 25 expedientes sancionadores a explotaciones de la zona por vertidos de aguas residuales, daños al dominio público hidráulico o actividades que pueden causar contaminación.

El órgano de cuenca indica que son 60 los puntos de control, sumados los de aguas superficiales, subterráneas y el propio embalse, en busca de toxinas. Además, asegura que ha contactado con universidades y empresas para tratar de cerrar algún tipo de convenio a través del cual se busque una solución para otro de los problemas que persigue a los vecinos: los fuertes olores cuando hay un boom de cianobacterias.

La Cátedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona (UdG) ha entregado su V Premio Internacional a los juristas y Luigi Ferrajoli y Perfecto Andrés Ibáñez, por ser “faros imprescindibles en la defensa de la democracia y los derechos humanos”.

Así los ha ensalzado el director de la Cátedra de Cultura Jurídica de la UdG, Jordi Ferrer Beltrán, durante el acto de entrega del premio de este viernes, que ha culminado unas jornadas en las que se ha repasado la obra de los dos juristas, de referencia internacional en todas las facultades de Derecho y para los jueces, juezas, abogados y abogadas. Ferrajoli, tras una primera etapa como magistrado, se ha convertido en una referencia académica de la filosofía del derecho y se le considera el padre del garantismo penal. Perfecto Andrés Ibáñez aplicó muchos de estos principios como magistrado del Tribunal Supremo, donde se convirtió en un referente para la judicatura.

Ferrer Beltrán ha recordado que la obra de Ferrajoli y Andrés Ibáñez, que fue clave en momentos de consolidación democrática en varios países a la hora de definir su sistema penal, se encuentra de plena actualidad ante el nuevo auge de los movimientos autoritarios. Por ello, ha agregado, ambos juristas no solo son “padres fundadores” de la defensa de los derechos fundamentales.

“La consolidación democrática se ha puesto desgraciadamente en crisis no solo en nuestros países, también a nivel global, y por eso hay que volver a bajar a las trincheras de defensa de los derechos humanos y la democracia”, ha aseverado Ferrer Beltrán.

En su laudatio que ha precedido a la entrega del premio, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, Daniel Pastor, ha recordado la formidable obra de Ferrajoli Derecho y Razón, que ha definido “un sistema explicativo completo acerca del funcionamiento legítimo del poder de castigar en una democracia constitucional, con una crítica a las experiencias judiciales desviadas”.

Sobre Perfecto Andrés Ibáñez, Pastor ha recordado su abundante obra académica en la que perfila “el modelo de juez garantista, con sus limitaciones y miserias que todos los seres humanos tenemos, no solo los delincuentes”, y que es todo lo contrario a la visión autoritaria que a veces se puede tener de la judicatura.

Las jornadas de la Cátedra de Cultura Jurídica de la UdG en la que se ha entregado el premio han reunido a expertos internacionales para debatir sobre los aspectos centrales de la obra de ambos juristas: constitucionalismo, garantismo, prueba y decisión judicial. Ferrajoli, considerado el padre del garantismo penal moderno, ha analizado las tres fases históricas del garantismo, mientras que Perfecto Andrés Ibáñez ha expuesto su conferencia sobre la convicción judicial y la teoría penal.

“La cultura jurídica hoy tiene la responsabilidad de analizar los procesos que conducen a este nuevo absolutismo y defender el papel de garantía del derecho”, ha dicho Ferrajoli en sus palabras de agradecimiento, mientras que Andrés Ibáñez ha incidido en que, más allá de técnica, la cultura jurídica “debe tener un contenido humano para hacer la vida de personas lo más grata posible”.

El acto de entrega del premio ha contado con las intervenciones del rector de la UdG, Josep Calbó; la decana de la facultad de Derecho, María Jesús Gutiérrez del Moral; la directora general de Derechos, Entidades Jurídicas y Gestión Adecuada de Conflictos, Immaculada Barral; y el presidente de la Diputación de Girona, Miquel Noguer.

Calbó ha elogiado a ambos juristas por situar “el derecho al servicio de la dignidad humana y la libertad”. Por su lado, Barral y Noguer han coincidido en destacar que actos de la UdG son “imprescindibles para acercar el derecho a la ciudadanía y reivindicarlo como herramienta de cohesión social”.

¿Basta con ser padre para poder recurrir la eutanasia de un hijo avalada por los médicos? El Tribunal Supremo empezará a responder esta semana a esa pregunta al estudiar el caso de Francesc A., un barcelonés de 56 años cuya muerte digna está en suspenso desde agosto de 2024 por un recurso de su progenitor.

La ley de de muerte digna española, una de las más avanzadas de Europa, se viene aplicando con normalidad en la gran mayoría de casos desde su aprobación en 2021. Pero colectivos ultracatólicos como Abogados Cristianos hallaron una grieta en la norma. Solo se han registrado dos recursos de familiares en casi un lustro. Pero la instrumentalización de los casos por parte de los grupos ultras, que incluso se han querellado contra los médicos y juristas que dieron su visto bueno a la eutanasia, ha generado preocupación.

El primer recurso de un padre contra la eutanasia ya concedida a su hija fue el caso de Noelia Castillo, la joven barcelonesa que pudo morir tras año y media de batalla judicial que ganó a su progenitor, defendido por Abogados Cristianos. El segundo, que el Supremo resolverá esta semana, afecta a Francesc A., un barcelonés de 56 años cuyo padre, a través de un abogado particular, recurrió la concesión de la muerte digna.

Todos los tribunales que han examinado ambos casos no han dudado del derecho de los solicitantes a poder materializar su eutanasia. La discusión jurídica no es el derecho a morir, sino la legitimación para recurrir de los familiares. Es decir, si el mero parentesco basta para impugnar o si es necesario algo más, como que el familiar demuestre un vínculo real con el solicitante o aporte informes médicos para contradecir el aval a la muerte digna.

“Es como si se quisiera abrir la puerta a que un padre recurra el derecho de su hija a abortar. El derecho es de la hija, aunque a su padre no le guste”, comparan fuentes jurídicas.

La ley de eutanasia ya plantea varios límites a la hora de acceder a este derecho. Para empezar, solo pueden ejercerlo los mayores de edad. Además, los sufrimientos graves e irreversibles de los solicitantes deben constatarse primero por un equipo médico, y después por una dupla de médico y jurista de la Comisión y Garantía de la Evaluación de la eutanasia que hay en cada una de las comunidades autónomas.

Además de este doble control, en cada procedimiento el paciente debe confirmar hasta tres veces que quiere ejercer su derecho a la eutanasia. Es en el segundo de estos consentimientos en los que el solicitante puede decidir o no comunicárselo a sus familiares (en el caso de Francesc A., decidió no hacerlo).

Lo que no aparece en ninguna disposición de la ley es que un familiar pueda impugnar un aval de la Comisión a la eutanasia. En cambio, la norma sí dispone expresamente que los solicitantes puedan recurrir la negativa de los expertos a concederles la muerte digna. Los familiares que recurren se han agarrado a la generalidad de que todo acto administrativo se puede impugnar ante los juzgados.

Las dos instancias que han examinado el recurso del padre de Francesc A. han dado respuestas contradictorias. La magistrada que vio el caso en primera instancia concluyó que su padre no estaba legitimado para impugnarla y que no bastaba con el mero vínculo familiar, ya que la relación entre padre e hijo era en la actualidad casi inexistente.

La jurisprudencia europea, recordó la jueza, requiere que, para recurrir la eutanasia, el familiar tenga un “vínculo real” con el paciente que quiere morir dignamente, algo que no se daba en este caso. 

Por el contrario, la Sala de lo Contencioso del TSJ catalán no solo avaló el derecho del padre a impugnar la eutanasia de su hijo, sino que abrió la puerta a que las impugnaciones fueran generalizadas. “Incluso en situaciones de desencuentro o conflictos familiares prolongados podría permanecer la esencia de la preocupación paternofilial que justifica”, según el TSJC, la “integridad” del derecho de un familiar a recurrir la eutanasia.

Con estos mimbres el caso llega al Supremo. La Abogacía de la Generalitat pide en su recurso que el Alto Tribunal corrija la sentencia del TSJC, que a su juicio “reconoce un derecho incondicionado vinculado a la condición familiar” y “prescinde” tanto de lo que recoge la ley de eutanasia como de la jurisprudencia del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

La Generalitat solicita al Supremo restringir al máximo la legitimación para recurrir y que no pueda acreditarse ante un juez con la “simple constatación” de una relación de familiaridad con el solicitante de eutanasia.

Los servicios jurídicos del Govern consideran que debe corresponder al familiar presentar, desde el primer momento, prueba suficiente que contradiga al expediente administrativo avalador de la eutanasia (cabe recordar que, en el caso de Noelia, su padre alargó su sufrimiento sin entregar al juzgado un dictamen pericial que justificara que siguiera viviendo).

En cambio, la Fiscalía discrepa de la Generalitat y pide mantener la sentencia del TSJC al avalar los planteamientos de los jueces catalanes. Según el fiscal, debe reconocerse “por regla general” el interés de un padre o cónyuge en recurrir una eutanasia “siempre que el vínculo familiar esté acompañado por un vínculo afectivo vigente”.

Sí reclama el fiscal que el Supremo declare que carecen de legitimación para recurrir las “asociaciones o grupos” favorables o contrarios a la eutanasia (algo que nunca ha ocurrido en el caso de las asociaciones partidarias de la muerte digna y solo ha pasado con Abogados Cristianos).

A la crisis educativa enquistada en Catalunya se le ha sumado una crisis política y policial. La infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea docente para preparar la macrohuelga de las próximas semanas ha puesto bajo el foco al director general de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, de quien los socios parlamentarios de Salvador Illa, ERC y los Comuns, exigen su dimisión.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha cortado de raíz la reclamación de sus socios y ha reafirmado a Trapero en el cargo, además de “reconocer la labor de los Mossos ante quienes pretenden poner en duda la profesionalidad del cuerpo”.

Este sábado, Junts, primer partido de la oposición, ha ido un paso más allá y ha reclamado no solo el cese de Trapero y Parlon, sino también el de la consellera de Educación, Esther Niubó.

El Govern sigue sin dar con la tecla que pacifique unas aulas dispuestas a mantener el pulso en la calle para reclamar más recursos: el próximo martes arranca un mes de movilizaciones, con tres huelgas convocadas en toda Catalunya, más otras dos jornadas de paro por regiones. En pleno conflicto laboral, además, el Govern ha iniciado un plan piloto, sin consenso sindical, para enviar a mossos de paisano a institutos.

Este es el contexto en el que se enmarca la actuación reciente más polémica de los Mossos d'Esquadra: enviar a dos agentes de la comisaría de información, dedicada en teoría a la prevención de los delitos violentos y de los extremismos políticos y el yihadismo, a una asamblea de huelga docente. Pese a todo, los sindicatos docentes han insistido en pedir al Govern que se siente en la mesa de negociación.

Catalunya está acostumbrada al debate político y social sobre las actuaciones policiales. Hasta ahora, las discusiones se centraban en los operativos de los Mossos en materia de orden público, no en actuaciones de agentes de información. En esta legislatura, en la que Trapero se ha estrenado como cargo político tras su etapa como jefe policial, Interior ha superado sin demasiados aprietos la polémica por el uso del gas pimienta en manifestaciones.

Tras poner orden y apostar por la mediación para acabar con los desmanes de los antidisturbios de los Mossos hace 15 años, Trapero afronta ahora una crisis con el espionaje policial de una asamblea de maestros. Una práctica que retrotrae a la polémica infiltración sin aval judicial de la Policía Nacional en movimientos sociales de la que, a nivel de imagen, los Mossos siempre se han querido distanciar.

Después de casi 24 horas sin confirmar ni desmentir el espionaje, la dirección general de la Policia, que ocupa Trapero, ha emitido un comunicado para “aclarar el marco legal y la finalidad de las actuaciones que han generado debate público en los últimos días”, en velada referencia al espionaje policial de una asamblea docente. La nota no incluía la petición de disculpas a los profesores exigida por ERC, los Comuns y la CUP.

Interior ha alegado que la Comisaría General de Información de los Mossos tiene atribuidas por ley funciones específicas de recogida y tratamiento de información de carácter operativo “referida a la conflictividad laboral y social”.

El objetivo de estas funciones, añade la nota de Interior, es llevar a cabo una “valoración de amenazas y riesgos”, por lo que no se trata de una decisión “discrecional” del cuerpo policial, sino del “cumplimiento de una obligación normativa”.

En el mismo artículo de la norma se incluyen las funciones de recogida de datos sobre extremismos violentos y toda “actividad criminal que suponga una amenaza para el ejercicio colectivo de las libertades”.

“Los Mossos d'Esquadra respetamos y defendemos el derecho de reunión, el derecho de huelga y la libertad sindical como respetamos el resto de derechos individuales y colectivos”, agrega la nota de Interior, que sitúa como “obligación legal” la garantía de todos los derechos y se pone “a disposición” de los grupos parlamentarios para dar cuenta de la actuación policial.

Las primeras explicaciones de Interior sobre el espionaje han sentado igual de mal a los socios de Illa y a los sindicatos docentes que el silencio durante un día. “Seguimos sin saber quién ordenó la recogida de información en una asamblea, bajo qué justificación y si se ponderó en la decisión de llevar a cabo una actuación policial prospectiva la incidencia en los derechos fundamentales de huelga y asociación”, asevera Mireia Salazar, abogada del sindicato CGT Ensenyament.

La letrada, que junto al resto de abogados de los sindicatos educativos estudia emprender acciones legales contra Ios Mossos, insiste en que una “investigación policial prospectiva” como la llevada a cabo por los Mossos “genera un efecto disuasorio y represivo” de un derecho fundamental como es el de huelga.

Fuentes policiales han confirmado a este diario que la infiltración policial se circunscribió a una labor preventiva, sin orden judicial y sin perspectiva de abrir una investigación formal a los docentes.

Antes de que Interior emitiera su comunicado, ERC, Comuns y la CUP han pedido el “cese inmediato” de Trapero por la infiltración policial en una asamblea de docentes. Aunque no ha querido vincular explícitamente esta petición con la negociación que ERC mantiene con el Govern sobre los presupuestos de la Generalitat, el portavoz adjunto de los republicanos en el Parlament, Jordi Albert, sí ha advertido de que “es evidente que hay que tomar decisiones” con la “máxima contundencia”, porque en esta ocasión “no servirán las medias tintas”.

“El Govern debe ser implacable ante la vulneración flagrante de derechos fundamentales”, ha remarcado el parlamentario de los Comuns, Andrés García Berrio, que ha alertado: “Si no toma medidas contundentes, tendremos un problema”. Por su parte, el diputado de la CUP Xavier Pellicer ha enmarcado el espionaje de docentes en “una campaña de acoso contra las movilizaciones sociales”.

Lejos del corporativismo que habitualmente se asocia a los cuerpos policiales, el exjefe de los Mossos Eduard Sallent, en excedencia tras ser cesado por el Govern de Illa e histórico rival de Trapero en la cúpula del cuerpo, ha cargado contra la infiltración, ya que no se planificó “correctamente” y además no es una “buena opción” porque puede “erosionar” la confianza con la ciudadanía.

Sanción revocada. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha estimado el recurso del abogado Eduardo Cáliz y ha dejado sin efecto la multa de 400 euros que le impuso un juez de Barcelona por no acudir a un juicio al secundar la huelga por Palestina del pasado mes de octubre.

En un acuerdo, al que ha tenido acceso elDiario.es, la sala de gobierno del TSJC no solo revoca la multa que impuso el juez Ricardo Yáñez al letrado, sino que también corrige los argumentos esgrimidos por el magistrado para imponer la sanción.

El juez había llegado a mantener que “un Poder del Estado no puede optar por la huelga”, pero los magistrados del TSJC le recuerdan que se trata de un derecho fundamental y que el paro por Palestina del 15 de octubre de 2025 estaba debidamente convocado. “La huelga era lícita y seguirla o no una opción del letrado trabajador”, zanja la sala de gobierno del alto tribunal catalán.

Los jueces no son ajenos a que, como en otros sectores, el ejercicio del derecho a huelga en la Justicia provoca “necesariamente la suspensión de aquellas actividades” en las que tienen que intervenir cualquier profesional que se sume a una huelga, como ocurrió con el juicio que no se celebró, en el que Cáliz ejercía de abogado defensor.

Pese a que la huelga de un abogado pueda importunar el funcionamiento habitual de un juzgado, el TSJC remarca que el derecho de huelga es un derecho fundamental, por lo que “debe ser causa justificada de la inasistencia a un juicio oral”.

Las razones de la huelga, insiste el TSJC, “no importan si son de tipo político, nacional o internacional, por reclamaciones salariales, o por mejoras en las condiciones de trabajo”. “Lo realmente importante es que esa huelga general no había sido desautorizada, pues fue recibida con total normalidad por parte de la administración pública, que, cuando menos, en el ámbito de la administración de justicia, dictó unas normas para que los funcionarios cumplieran servicios mínimos”, apostillan los magistrados.

Tampoco “importan” a la sala de gobierno del TSJC las otras razones esgrimidas por el juez Yáñez para multar al abogado Cáliz, como que el magistrado celebrase juicios orales durante las huelgas de los letrados de la administración de justicia de años pasados o de otros funcionarios, o que el juicio al que no asistió el letrado fuera consecuencia de otro anterior que se había suspendido por un retraso superior a media hora.

Hay líneas que no deberían cruzarse y, sin embargo, se están cruzando. Los acuerdos que avanzan en algunas comunidades, que unos llaman “arraigo” y otros “prioridad nacional”, esconden en realidad lo mismo: la pretensión de poner a unas personas por delante de otras en el acceso a derechos básicos por su nacionalidad. No estamos ante una política discutible; estamos ante una negación del ser humano, incompatible con la democracia, con la Constitución, con Europa y con cualquier idea de derecho natural. Y eso está generando una alarma creciente en la sociedad, en cualquiera que entiende que los derechos no pueden depender del origen.

Porque en España los derechos fundamentales no dependen del pasaporte. Ese ha sido uno de los consensos más valiosos de nuestra convivencia. Lo que ahora se plantea no lo matiza: lo rompe. Y al hacerlo abre algo más grave: una grieta en la que la dignidad deja de ser universal para convertirse en condicional. Cuando se empieza a decidir quién tiene derechos, se cuestiona al propio ser humano y se activa una lógica que la historia ha demostrado devastadora.

Como advirtió Hannah Arendt, el derecho esencial es el derecho a tener derechos. Cuando ese principio se quiebra, la democracia deja de ser igualdad y empieza a convertirse en un sistema que separa, clasifica y excluye.

Ese deslizamiento ya está en marcha. Se construye un relato que presenta a las personas migrantes como problema o amenaza, cuando la realidad demuestra lo contrario. España necesita inmigración para sostener su mercado de trabajo, su relevo generacional y su sistema de protección social. Las personas extranjeras trabajan, cotizan, cuidan, producen y sostienen sectores enteros de nuestra economía. Son parte de nuestra sociedad, aunque algunos se empeñen en situarlas fuera para convertirlas en un chivo expiatorio.

La gravedad alcanza su punto más extremo cuando afecta a menores. Los niños y niñas extranjeros no son una categoría política ni un instrumento de confrontación. Son sujetos de derechos cuya protección debe ser absoluta. Convertirlos en objeto de disputa no solo es una quiebra ética; sitúa a quienes lo hacen fuera del consenso internacional más básico —jurídico, político y humano— que obliga a proteger a la infancia sin condiciones. Apartarse de ese consenso no es una opción política más: es un paso atrás que erosiona los fundamentos mismos de una sociedad civilizada.

También desde el plano moral el mensaje es claro. El Papa ha recordado que las personas migrantes no son una amenaza, sino seres humanos con dignidad. Y la dignidad no se relativiza, no se gradúa, no se negocia. Ese recordatorio conecta con la base ética de cualquier sociedad democrática.

La llamada “prioridad nacional” no resuelve ninguno de los problemas reales —la vivienda, la desigualdad, la precariedad—. Lo que hace es desviar la atención y dirigir el malestar hacia quienes menos responsabilidad tienen. Es, en definitiva, una coartada que simplifica lo complejo a costa de debilitar lo esencial.

Pero hay una paradoja que debería incomodar. España ha sido un país de emigración, también interior. Durante décadas, miles de personas dejaron regiones como Extremadura o Aragón para buscar oportunidades en otros territorios. Esa movilidad forma parte de nuestra historia y explica buena parte de nuestro desarrollo. ¿Qué ocurriría si quienes se marcharon regresaran hoy y se encontraran con un sistema que les exige “arraigo” para acceder a derechos básicos? ¿Qué ocurriría si se les dijera que no cumplen, que hay otros “más de aquí” que deben pasar por delante?

La lógica de la exclusión no se detiene. Cuando se acepta, se expande.

Porque cuando los derechos dependen del origen o del tiempo de permanencia, la frontera deja de ser un límite jurídico y se convierte en una línea arbitraria que puede moverse en cualquier momento. Hoy son otros. Mañana puede ser cualquiera.

Por eso la conclusión es inevitable: cuando se decide quién tiene derecho a tener derechos, lo que está en juego no es solo la vida de otros, sino el fundamento mismo de la democracia. Y frente a eso no cabe la indiferencia. Defender la democracia, la libertad y los derechos no es una opción: es una obligación cívica. Es defendernos a nosotros mismos frente a una deriva que, si no se frena, termina por arrasarlo todo.

El próximo sábado, día 18 de abril, la Archidiócesis de Toledo quiere convertir la ciudad en lo que ha llamado “epicentro del compromiso con la vida”. Se trata de una jornada antiabortista a la que denomina 'Fiesta por la Mujer y la Vida'. Tiene como objetivo principal la “defensa de la vida humana” y la recaudación de fondos para Proyecto Mater, una iniciativa toledana coordinada por Cáritas Diocesana para ayudar a mujeres “en riesgo de aborto o postaborto”.

No obstante, la Unión Popular de Estudiantes de la ciudad se ha movilizado para hacer frente a esta iniciativa y, ese mismo día, ha convocado una “contramanifestación” en la Puerta de Bisagra de la ciudad, a las 16.00 horas. Es una respuesta que coincide con la marcha antiabortista, con el objetivo concreto de responder a la jornada religiosa y que los y las jóvenes convocantes realizan bajo el lema 'Abortar es un derecho fundamental'.

El evento religioso, que cuenta además con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo, gobernado por PP y Vox, se desarrollará en cuatro puntos emblemáticos de la ciudad. Entre ellos está la mencionada Puerta de Bisagra, donde celebran una concentración a las 16.30 horas, es decir, poco antes de la convocatoria de la protesta estudiantil como respuesta a sus proclamas antiabortistas.

La Unión Popular de Estudiantes busca denunciar lo que consideran una “ofensiva” contra el derecho al aborto y criticar el “respaldo” institucional que recibe el evento religioso. Belén Garín, representante del colectivo estudiantil, precisa a este medio que la concentración religiosa “va en contra de derechos fundamentales”.

“Hemos convocado esta contramanifestación porque nos parece injustificable y muy alarmante que el Ayuntamiento, además, la responde y se destinen recursos públicos que atacan de manera directa a los derechos fundamentales de las mujeres, en vez de ofrecerlos para otras partidas necesarias”, argumenta.

Mientras se dificulta el acceso efectivo al aborto, se promocionan actos que cuestionan su legitimidad

Además, destaca el hecho de que se realice en una provincia donde, recuerdan, sigue sin garantizarse plenamente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Es una situación que, además, se produce en toda Castilla-La Mancha.

“Mientras se dificulta el acceso efectivo al aborto, se promocionan actos que cuestionan su legitimidad”, critica, y acusa a Proyecto Mater de formar parte de la red de organizaciones que buscan “presionar y señalar” a mujeres que desean interrumpir su embarazo.

El evento religioso ya tuvo su antecedente en marzo del año pasado también con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo. Aunque hace diez años, el papa Francisco decretó, por primera vez en la historia, que se perdonase el “pecado mortal” del aborto, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ya presentó esa edición de 2025 resaltando que el derecho al aborto es “un ataque a la vida humana”.

Respaldó estas declaraciones la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, Ana Pérez, del PP, que hasta su llegada al cargo presidió la asociación antiabortista Red Madre, además de la vicealcaldesa de Vox, Inés Cañizares.

En busca del “blindaje” del acceso al aborto en la Constitución

Este debate local coincide además con el impulso del Gobierno central a la reforma constitucional para blindar el acceso al aborto en España. El Consejo de Ministros aprobó este martes en segunda vuelta el proyecto de reforma con el que pretende introducir en la Constitución la obligación de los poderes públicos de garantizar el ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo “en condiciones de igualdad real y efectiva”.

La propuesta, defendida por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, busca reforzar especialmente la prestación pública de este derecho ante las desigualdades territoriales existentes.

Según recordó el Ejecutivo, en comunidades como Castilla-La Mancha las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en la sanidad pública no alcanzan el 1%. Una situación que el Gobierno considera incompatible con la garantía efectiva de este derecho.