El Manifiesto por el Bien Común, que empezó a circular en Canarias a finales del pasado mes de junio, ya ha alcanzado las 8.000 firmas, según ha dicho a este periódico una fuente de la organización. De él se pretende que actúe como catalizador para movilizar a personas de todas las islas para una manifestación a celebrar el próximo 26 de septiembre, sábado, a las 12.00, “en defensa de la democracia real, la vida digna y la defensa de lo común”.

El manifiesto, que se puede firmar a través de un correo electrónico (canariasporlapaz1@gmail.com), reclama recuperar la confianza en “lo común” y exigir que derechos básicos como la vivienda, el trabajo y el cuidado estén garantizados ante las amenazas que se ciernen sobre ellos en la actual coyuntura política y la que amenaza con constituirse.

Los promotores denuncian una erosión sistemática de los derechos fundamentales y que la actual situación no responde a prohibiciones explícitas, sino a un “vaciamiento” de derechos que convierte el acceso a una vida digna en una “carrera de agotamiento” administrativa y vital.

El texto critica el modelo vigente, que prioriza los intereses económicos sobre la dignidad humana, afectando especialmente a los colectivos más vulnerables, incluyendo mujeres, personas pobres, migrantes, personas racializadas, trans y mayores.

El movimiento pone el foco en la precariedad específica que padece Canarias, donde fenómenos como la crisis de vivienda, las dificultades laborales y la burocracia impiden que gran parte de la población desarrolle un proyecto de vida sólido.

Moverse por Ankara ser ha convertido en misión casi imposible. La posibilidad de hacer una manifestación contra la cumbre de la OTAN en la capital turca hace días que es motivo de detención. A pesar de que los mínimos derechos democráticos han saltado por los aires en Turquía ante la operación del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan por evitar cualquier conato de protesta ante la reunión de los principales líderes de la Alianza Atlántica, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha pasado de puntillas ante las preguntas de la prensa sobre las presiones sobre la oposición política: “La democracia también significa que las personas puedan organizar manifestaciones si así lo desean. Es decir, es mucho más que unas elecciones libres”.

El secretario general de la OTAN, sin nombrar a Turquía ni al Gobierno de Erdogan, ha señalado que “en lo que respecta a la democracia, es mucho más que la celebración de elecciones. Las elecciones, por supuesto, son fundamentales en una democracia, pero la democracia también implica la existencia de medios de comunicación libres, que ustedes, los presentes en esta sala, puedan formular todas las preguntas que deseen, escribir los artículos que consideren oportunos y realizar sus investigaciones”.

Los medios de comunicación turcos han publicado que desde la semana pasada decenas de activistas de partidos opositores y organizaciones de izquierda críticos con la Alianza Atlántica fueron detenidos de manera preventiva con el argumento de mantener la seguridad por la cumbre de la OTAN.

“¡Continúan las Operaciones 'Jardín de Rosas sin Espinas' de la OTAN! Esta mañana se llevaron a cabo numerosos allanamientos domiciliarios en Esmirna, Estambul, Kocaeli, Antioquía, Adana, Hatay y Urfa”, según publicó “Toplumsal Muhalefet” (Oposición Social), un grupo que engloba una amplia variedad de movimientos, iniciativas y partidos, mayoritariamente de izquierdas, que protestan contra el Ejecutivo de Erdogan.

A pesar de las detenciones arbitrarias, Rutte no ha condenado estas prácticas y se ha limitado a decir que “por supuesto, la democracia también significa que las personas puedan organizar manifestaciones si así lo desean. Es decir, es mucho más que unas elecciones libres”.

Seguidismo a Trump

Del resto de la comparecencia ante los medios de comunicación, Rutte ha seguido su política de alabanzas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pese a sus ataques constantes contra países europeos. Incluso, el secretario general de la OTAN no ha sido capaz de criticar el aviso de la Administración estadounidense de que va a castigar o premiar a los países según el seguidismo que haga de las políticas de EEUU.

“En última instancia, corresponde a cada aliado, incluido Estados Unidos, decidir cómo desarrolla su relación con los otros 31 miembros de la Alianza. Y, por responder a su pregunta de forma más general, creo que Estados Unidos está alentando —y quizá 'alentando' sea un término demasiado suave—, en realidad, está presionando con firmeza a los aliados para que alcancen el objetivo del 5% del PIB en gasto en defensa y para que aumenten la capacidad de producción de la industria de defensa. Creo que eso solo puede ser positivo. En cuanto a las medidas concretas, corresponde a cada aliado decidir cómo desarrollará sus relaciones bilaterales con los demás miembros de la Alianza. Pero, en términos generales, resulta de gran ayuda que el presidente de Estados Unidos esté plenamente implicado en este asunto”, ha explicado Rutte.

El 26 de abril, Rumanía lanzó su primer programa de regularización para migrantes en situación irregular. En teoría, una oportunidad. En la práctica, para muchos, una ruleta rusa. “A Akila lo van a deportar. Literalmente nos engañaron”, dice Andrei* por teléfono, la mañana del 11 de mayo, un estudiante de Cluj que acompaña voluntariamente a migrantes a las oficinas de inmigración.

La primera vez que Akila acudió a la ventanilla, los funcionarios le dijeron que tenían que verificar si era elegible para la nueva ordenanza. La ley era “demasiado nueva”, había que “aclarar” algunos aspectos. Le dieron una cita para regresar. Una semana después, Akila ni siquiera llegó a hacer fila. Lo llevaron directamente a la sala de aislamiento. Meses antes ya se había emitido una orden de retorno en su contra. La notificación se había enviado a una dirección donde ya no vivía. Como nunca se enteró, no pudo recurrirla.

A diferencia del procedimiento de regularización español, que anula las órdenes de retorno una vez que la solicitud del migrante es admitida, al programa rumano solo pueden beneficiarse quienes no hayan recibido una orden de retorno. En lugar de entrar en el programa, algunas personas que desconocen que la tienen, acaban encerradas en centros de custodia y deportadas cuando van a solicitarla.

“Mi sospecha es que todavía no tenían preparada la deportación y, básicamente, programaron un día para hacerlo. Sentí que nos habían tendido una trampa, que lo llevábamos directo a la boca del lobo”, dice Andrei. Akila regresó a la oficina de inmigración con la esperanza de regularizar su situación. En cambio, fue detenido y deportado. Mientras él estaba allí, sus amigos recogían sus pertenencias y se las llevaban a la oficina, de donde solo salió para subir al avión de regreso a casa. Su historia explica el miedo de decenas de miles de migrantes que podrían dejar atrás la extrema vulnerabilidad a la que los empuja su condición de indocumentados, pero que no acuden a las oficinas de inmigración porque no saben qué les espera.

“Mi sospecha es que todavía no tenían preparada la deportación y, básicamente, programaron un día para hacerlo. Sentí que nos habían tendido una trampa, que lo llevábamos directo a la boca del lobo”

El miedo a acudir a la ventanilla

“Yo no iría a declarar mi dirección si tuviera miedo de que me metieran en un centro de detención y luego me deportaran”, dice Sonia Bujor*, activista que acompaña a migrantes en varias ciudades. La deportación no significa simplemente subir a un avión y volver a casa. “Significa regresar con una montaña de deudas que no has podido pagar y que probablemente no podrás pagar en años”, explica Bujor. 

Los costes de reclutamiento y traslado a Rumanía pueden llegar hasta 10.000 euros, a los que se suman intereses mensuales. “Regresas además con una prohibición de entrar al espacio Schengen”, añade. Akila dice haber pagado alrededor de 4.600 euros, dinero obtenido mediante préstamos bancarios y de conocidos. Nunca pudo devolverlos porque jamás consiguió un empleo formal en el país. “He sobrevivido haciendo pequeños trabajos ocasionales. Todavía no he terminado de pagar mis deudas. Por eso, pido que se me dé la oportunidad de trabajar legalmente en Rumanía para poder devolver los préstamos”, lamenta.

“Perdí mi pasaporte. ¿Todavía puedo solicitar la regularización?”. “Me fui a Italia después de quedar ‘ilegal’. ¿Puedo volver?”. “¿Cómo puedo saber si tengo una orden de retorno?”. Preguntas como estas circulan todos los días en grupos de WhatsApp, mientras los voluntarios trabajan contrarreloj para intentar dar respuesta.

Falta de información

En ausencia de una campaña oficial clara, un grupo de jóvenes voluntarios rumanos, junto con personas migrantes que se encargan de las traducciones, intenta hacer el trabajo del Estado y de las organizaciones financiadas con dinero público. En grupos de WhatsApp recogen información, la traducen, responden dudas, acompañan a migrantes a las ventanillas y tratan de ejercer presión pública sobre las autoridades.

Aunque el programa se anunció meses antes, en la primera semana muchas oficinas de inmigración apenas habían oído hablar de él y las grandes ONG financiadas con fondos europeos para la “integración de nacionales de terceros países” no emprendieron acciones visibles de información o acompañamiento, denuncian los colectivos implicados. Dos semanas después del inicio del programa, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en colaboración con la Inspección General de Inmigración, publicó su primer vídeo explicativo en Facebook, en el que asegura a las personas migrantes que, si acuden a la oficina de inmigración, “no tendrán problemas”, no serán detenidas ni enviadas de vuelta a su país, “salvo que se hayan hecho previamente los arreglos para su retorno”.

Sin embargo, Georgiana Bădescu, de la organización Centro de Recursos Jurídicos, considera que estos materiales omiten información esencial sobre los riesgos y emplean un lenguaje difícil de comprender. “En mi opinión, los materiales han llegado demasiado tarde, son recortados, obtusos y nada transparentes”, afirma. “La gente no sabe en qué situaciones puede acogerse al programa ni cómo comprobar de manera segura su situación, y no hay procedimientos claros para quienes no tienen pasaporte, lo tienen caducado o se lo ha retenido el empleador”.

Además, los mensajes oficiales chocan a menudo con lo que ocurre en las ventanillas. “Las autoridades repiten que la estancia irregular no será sancionada con multa, pero en la práctica hay personas que reciben multas cuando intentan inscribirse en el programa”, añade.

Suneth, un migrante de Sri Lanka, como muchos otros, no sabe si existe una orden de retorno en su contra. No escribe muy bien en inglés, así que Ruany, una mujer esrilanquesa que vive en Chipre y participa voluntariamente a distancia junto con este grupo informal, traduce su mensaje: “Este chico trabajó solo un mes. El jefe le hizo firmar papeles en rumano, le quitó el billete de regreso y le dijo que tenía que volver a casa. Huyó a otra ciudad y ahora pregunta si todavía puede ir a inmigración para regularizarse”, explica. En este contexto, incluso un solo caso de deportación ligado al programa pesa enormemente dentro de la comunidad y disuade a muchos otros de presentarse a regularizar su situación, agrega Georgiana.

Georgiana Bădescu acompañó a migrantes durante los primeros días del programa. “Los funcionarios improvisaban los procedimientos y las comunicaciones. A veces imponían condiciones extralegales: declaraciones escritas, contrato de alquiler, copia del documento de identidad, incluso multas, aunque nada de eso aparece en la ley”, indica.

Las experiencias varían según la oficina y la persona que atiende. “Algunos oficiales responden de forma burlona y hacen preguntas como: ‘¿Cómo que son ilegales? ¿Cómo han sobrevivido hasta ahora? ¿Dónde viven?’”, cuenta Sonia. “Son preguntas intimidatorias y van en contra del espíritu de la ley, que debería regularizar a las personas independientemente de cómo hayan terminado en situación irregular.”

El 5 de mayo, a raíz de una solicitud de información de elDiario.es, la Inspección General de Inmigración publicó un vídeo explicativo y anunció instrucciones internas y materiales informativos traducidos. Un mes después del inicio del programa, la oficina de inmigración empezó por fin a repartir trípticos oficiales, bastante más tarde que el grupo de voluntarios.

En busca de mano de obra

Cientos de miles de personas llegaron en los últimos años con visados de trabajo, llenas de esperanza y endeudadas, para acabar empujadas a la irregularidad administrativa. Según datos oficiales, actualmente viven en Rumanía unas 150.000 personas de países no pertenecientes a la UE con derecho a trabajar. La tasa de retención de quienes reciben visados laborales es inferior al 50%.

Tras años de abusos, fraudes y explotación laboral documentadas— la mayoría vinculados a la dependencia casi total del trabajador migrante respecto a su empleador— el Gobierno aprobó una nueva ley para regular la actividad de reclutamiento. El programa de regularización forma parte de esa reforma.

Después de pasar de un visado de trabajo a una situación irregular, muchos optan por migrar hacia otros países europeos. En palabras de Rafi, un trabajador bangladesí entrevistado en Italia, “vivir ilegalmente en Rumanía es un infierno”. En un país donde la policía es la única autoridad migratoria, sin organizaciones de base que ofrezcan servicios relevantes a las personas en situación irregular y con deudas pendientes en sus países de origen, estos trabajadores se han convertido, según Bădescu, en uno de los grupos más vulnerables de Rumanía.

Contactamos con Akila mientras hacía escala en el aeropuerto de Estambul, de camino a Sri Lanka. Akila relata que, tras llegar a Rumanía con un visado de trabajo, fue enviado a un empleador distinto del prometido y se le exigieron pagos adicionales para tramitar sus documentos. Cuando algunos compañeros acudieron a las autoridades de Inmigración para recoger los permisos prometidos, recibieron órdenes de retorno.

Mensajes como el suyo no solo llegan a periodistas a través de WhatsApp, sino también a instituciones del Estado mediante correos electrónicos oficiales. Este medio ha recibido uno de esos correos, enviado colectivamente por 24 trabajadores en situación irregular que afirmaban ser víctimas de trata de personas. Según uno de ellos, la respuesta de las autoridades de Inmigración fue emitir órdenes de retorno para los 24.

“Eso, si tienes amigos”

Según el Inspectorado General de Inmigración, desde 2020 se han emitido más de 16.500 órdenes de retorno; 6.344 se han traducido en expulsiones efectivas. El Centro de Recursos Jurídicos ha pedido que se hagan públicas las listas de órdenes de expulsión, que actualmente solo se exhiben durante un tiempo limitado en las oficinas territoriales. La probabilidad de que un migrante en situación irregular se exponga visitando repetidamente estas sedes para comprobar su situación es casi nula.

“El objetivo de estas disposiciones transitorias es llevar a los migrantes a una situación legal, no detectar a migrantes irregulares. Esto no debería ser un mecanismo de detección”, afirma Bădescu. “Sin esas listas, la gente acude a inmigración sin saber si entrará en un procedimiento de regularización o directamente en uno de expulsión”.

“Es un proceso humillante llegar lleno de esperanza y que allí te digan que, en realidad, no tienes derecho, luego te encierren en aislamiento administrativo y tus amigos tengan que traerte las maletas. Eso, si tienes amigos… es muy humillante”, concluye. Mientras el avión de Akila despega rumbo a Sri Lanka, en los grupos de WhatsApp otros migrantes siguen preguntándose si vale la pena arriesgarse.

Mientras el debate se centra a menudo en cuántas horas trabajamos, el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universitat de València Adrián Todolí abre el marco y señala al 'cómo' lo hacemos. En España, la mitad de las personas sostienen que están expuestas a “presiones de tiempo o sobrecarga de trabajo” y, en paralelo, somos de los países europeos con más estrés y depresión por el trabajo. Estos datos empujaron a este jurista a investigar el problema y a dedicarle un libro a las posibles soluciones. Porque, defiende, “la sobrecarga de trabajo es una vulneración de derechos fundamentales”.

Se trata de abordar un problema de salud, pero no solo. “La sobrecarga de trabajo también está generando una sociedad cansada” y “cabreada”, advierte Todolí. Incapaz de desconectar, de tener ocio de calidad cuando termina su jornada laboral, de movilizarse en su barrio o de salir del sofá, sostiene en esta entrevista con elDiario.es tras la publicación de La huida del trabajo: sobrecarga de trabajo, salud mental y derechos fundamentales (Aranzadi La Ley, 2026).

Como jurista especializado en Derecho del Trabajo, ¿por qué decidió hacer un libro sobre salud mental y, en concreto, sobre sobrecarga laboral?

Hay varias razones. Una es jurídica: se empiezan a ver sentencias que establecen la sobrecarga de trabajo como concepto jurídico, tras demandas de personas que consideran que sus derechos fundamentales han sido afectados. Pero es secundaria. La razón principal, que lleva precisamente a estas sentencias, es que vivimos en una sociedad sobrecargada de trabajo. Y lo demuestran los datos. 

El 51% de los trabajadores consideran que están sobrecargados en el trabajo, de acuerdo con los estudios de OSHA (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo). Hay un aumento de incapacidades temporales por salud mental que prácticamente se ha triplicado en los últimos ocho años. Intento investigar cuáles son las razones que hay detrás de eso, para dar soluciones al problema.

¿Qué soluciones se pueden dar a esta sobrecarga desde el mundo del Derecho? 

El marco preventivo es jurídico. En la historia, los sindicatos siempre han buscado que sus reivindicaciones sean norma, que es lo que garantiza los derechos en un Estado democrático. 

La cuestión es que históricamente se ha regulado la jornada de trabajo, porque se entendía que si trabajabas ocho horas, luego tenías tiempo para disfrutar de la vida. Y ahora nos estamos dando cuenta de que, incluso trabajando ocho horas, por el hecho de haber trabajado muy intensamente o porque la carga de trabajo es muy grande (y cuando estás en casa estás pensando que al día siguiente te espera un montón de trabajo, de correos…), al final tu tiempo libre no queda a tu disposición. Estás tan cansado mentalmente o físicamente, o tan estresado, que no puedes disfrutar de la vida. 

Creo que esto hace 30 años no pasaba, pero hay una serie de causas que provocan que ahora mismo el límite histórico de 'ocho horas de descanso, ocho horas de trabajo y ocho horas de ocio' sea insuficiente. Hay un problema de sobrecarga de trabajo y hace falta darle soluciones jurídicas.

Muchas personas acaban el trabajo tan cansadas mentalmente o físicamente, o tan estresadas, que no pueden disfrutar de la vida en su tiempo libre

Entre las propuestas que plantea está establecer límites máximos de carga de trabajo. ¿Cómo se puede hacer esto?

Ahora mismo, la empresa recoge todos tus datos para poder exigirte más velocidad y más intensidad, y la tecnología también se puede utilizar en sentido inverso, para establecer límites. Hay ya ejemplos muy interesantes, como el caso de Polonia, donde en los trabajos físicos se establece un mínimo y un máximo de kilojulios de energía consumidos en una jornada. Hace 15 años, para medir las kilocalorías probablemente se necesitaba unos electrodos o mucha tecnología. Ahora mismo, todo el mundo mide cuántas calorías ha quemado en el día simplemente con un reloj.

Es decir, ahora la tecnología permite de manera muy fácil establecer esos controles. Y se podría incluso individualizar. Por ejemplo, hay personas que, porque su corazón va más acelerado, consumen más calorías sin cansarse, y a lo mejor su límite podría ser superior. O al revés. Ahora la Ley de Prevención ya exige que esta sea individual, no general.

Y respecto a los trabajos del conocimiento, aunque está menos desarrollado, también hay ejemplos de que se puede medir la carga mental y el cansancio por el trabajo.

¿Como cuáles?

Se ha hecho históricamente con los pilotos de avión. Porque se entiende que un avión es muy caro y está la vida de muchas personas en juego, por lo que es importante medir la carga mental de esa persona para que no haya un accidente.

Así que me pregunto: ¿por qué no se hace con los médicos? También tienen la vida de muchas personas en sus manos. Y más allá: ¿por qué no pensamos en la vida del propio trabajador que, si está sobrecargado puede acabar con un ataque al corazón, con una depresión, un burnout o un accidente de trabajo? Existe la tecnología para hacerlo, pero no se está poniendo en práctica.

Hay también mucho temor de dar acceso a las empresas a tantos datos personales. ¿Esto no puede acabar penalizando a trabajadores, por ejemplo al revelar quiénes pueden asumir menos carga de trabajo de cara a un despido?

Legislativamente, esto está bastante resuelto. La Ley de Protección de Datos ya establece que los datos no pueden ser utilizados para fines incompatibles respecto a aquellos para los que se recogieron. Entonces, si se recogen datos para medir y limitar la carga de trabajo, no se podrían utilizar para un ERE. La cuestión sería que las empresas que lo hicieran realmente fueran sancionadas y perseguidas por ello.

Luego hay un argumento quizá más sociológico o incluso práctico: las empresas ya están utilizando la tecnología y ya están recogiendo datos, solo que ahora mismo lo están utilizando para los ERE y para los despidos. Así que lo mínimo es que se utilice también para proteger a la salud de las personas.

Las empresas ya están utilizando la tecnología y los datos para los ERE y los despidos, así que lo mínimo es que se utilice también para proteger a la salud de las personas

¿Cómo ve el Anteproyecto de Ley que aprobó el Gobierno para modernizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? Hay también pendiente un reglamento sobre riesgos psicosociales comprometido.

El Gobierno puede aprobar el reglamento de riesgos psicosociales, no necesita mayoría parlamentaria. Viendo la situación política, podría ser el momento de hacerlo. Ahí se podría incluir la necesidad de medir las cargas de trabajo, porque creo que tiene amparo de la ley, sin necesidad de cambiarla.

Respecto a los cambios que se proponen en la Ley de Prevención, considero que están muy bien, porque se da mayor especificidad a los riesgos psicosociales, a la digitalización y a que se tenga en cuenta la perspectiva de género, entre otras cuestiones. Todo lo que se aclare va a ser positivo, pero creo que la clave está en el reglamento. Ahí es donde se detallará qué cosas habrá que medir, cómo medirlas, qué validamos y qué no.

¿Qué está pasando en los casos que ya han llegado a los tribunales? ¿Cuándo se considera que los trabajadores han sido sobrecargados por sus empresas?

Los tribunales están siendo bastante sensibles a esto, creo que en parte porque los jueces han sido los primeros que han demandado por su propia sobrecarga de trabajo. Al Tribunal Supremo han llegado solo tres sentencias de este tema: una de jueces y dos de médicos en hospitales públicos.

Se están valorando varios indicios de sobrecarga. Por ejemplo, cuando un trabajador lleva tiempo diciendo por correo electrónico a sus jefes que tiene mucha carga o que necesita que se contrate a más personas, sin que esto suceda. También cuando hay varios compañeros que están de baja o que dimiten y la empresa no los sustituye, porque se entiende que la carga de trabajo ha tenido que aumentar para el resto. O cuando ya hay otros compañeros que han dimitido por la sobrecarga de trabajo.

Hay otro caso interesante, que afecta a los derechos de conciliación, que sobre todo ejercen mujeres. Estas se reducen la jornada, pero se les mantiene la carga de trabajo o se reduce muy poco. Al final tienen que hacer el trabajo en la mitad de tiempo, cobran la mitad, pero luego se les exige prácticamente lo mismo.

En el libro defiende que no hace falta que las personas afectadas lleguen a una situación de burnout o de baja médica por salud mental para poder demandar la situación de sobrecarga laboral.

El Tribunal Constitucional ha sido bastante protector, dice que hay vulneración de derechos fundamentales cuando una actitud o una forma de funcionar en la empresa pone en riesgo la vida o la salud de la persona, sin necesidad de que se produzca el daño.

Entonces, aunque no se llegue a un burnout, simplemente que haya un riesgo para la salud por situaciones objetivamente de sobrecarga es suficiente para entender que se vulnera el derecho fundamental. Tiene todo el sentido, porque la ley y la Constitución no quieren simplemente castigar a posteriori, cuando ya ha producido el daño, sino proteger antes de que pase.

Debido al aumento de bajas médicas, hay cada vez más críticas al "absentismo" en el lado empresarial. ¿Cómo les convencería ded este marco que plantea, de limitar las cargas de trabajo?

Hay argumentos que podrían ser humanitarios, de protección de las personas, pero quizá a estos grupos les apela más la cuestión económica. Hay muchos estudios académicos que demuestran que la sobrecarga de trabajo perjudica la productividad, porque normalmente produce pérdidas de calidad del trabajo, más rotación de personal, menos capacidad de formación... Así que, desde una perspectiva puramente económica, también es bueno limitar la carga de trabajo.

Una sociedad cansada o estresada es incapaz de reaccionar como ciudadanos ante todo lo que está pasando y es también una sociedad cabreada, que busca un objetivo contra el que volcar su enfado

¿Cuáles son los riesgos de no abordar este problema de sobrecarga de trabajo?

Estamos viendo el incremento de incapacidades temporales por salud mental, que aunque muchas veces no se califiquen como accidentes de trabajo, sí están relacionados con él. Esto es importante porque estamos hablando de la vida de las personas.

Y no es necesario que a una persona le dé un ataque al corazón o que muera por el trabajo, que por supuesto hay que luchar contra ello. Simplemente es que hay muchas personas que acaban el trabajo tan cansadas que no disfrutan de su vida, de sus hijos o del ocio, porque lo único que hacen es ponerse en el sofá mirando Instagram o con un programa de la tele porque han consumido totalmente su energía.

Estamos generando una sociedad cansada, que es incapaz de tomar acciones políticas o apuntarse a asociaciones vecinales... Una sociedad estresada es incapaz de reaccionar como ciudadanos ante todo lo que está pasando y también es una sociedad cabreada, que busca un objetivo contra el que volcar su enfado, que a veces es la propia clase política o la inmigración.

Todo ocurrió muy rápido. La gente parecía sorprendida. Pero, en realidad, casi nadie hizo nada para evitar que los Hijos de Torquemada llegaran al poder. Es más, las derechas sistémicas les sirvieron de trampolín, como en el siglo XX. Y las izquierdas les facilitaron la victoria atomizándose en torno a innumerables tribus y liderazgos, como siempre.

Los ministros fueron sustituidos por 'comandantes', aunque casi ninguno de ellos, todos hombres, había hecho el servicio militar. Nunca habían ocultado sus propósitos. En cuanto llegaron al poder, cancelaron representaciones, censuraron publicaciones, aherrojaron los medios, prohibieron partidos y sindicatos, suspendieron el derecho de huelga y deportaron del país a millones de inmigrantes. Esto último provocó el colapso del mercado laboral y generó una crisis económica sin precedentes.

La patronal, que había saludado el cambio de régimen con indisimulada satisfacción, expresó su malestar. Fue entonces cuando el nuevo gobierno, muy amante, por otro lado, de referencias nostálgicas, procedió a resucitar el Patronato para la Redención de Penas. Miles y miles de hombres y mujeres encarcelados por sus ideas fueron obligados a trabajar como esclavos para intentar reflotar la productividad en los sectores más afectados por la Gran Expulsión. Además, participaron en la construcción de monumentos megalómanos como la Cruz de Santiago gigante levantada sobre la mole rocosa de las Peñas de San Pedro, en Albacete, destinada a convertirse en mausoleo del Jefe Supremo (también conocido como el Reconquistador por haber evitado el reemplazo de la religión cristiana por la musulmana). Allí murieron muchas personas como consecuencia del agotamiento, las palizas o la falta de atención médica. Sus cuerpos, como los del resto de víctimas de la violencia política, permanecen en cunetas y fosas comunes.

Para solventar el problema demográfico, las nuevas autoridades recurrieron al clásico robo de bebés de mujeres de izquierdas internadas en establecimientos penitenciarios. Fueron decenas de miles. Así, además, se contribuía a la extirpación del célebre 'gen rojo', que supuestamente provocaba delirios de justicia y libertad. Pero no fue suficiente para compensar el efecto de las deportaciones masivas, de modo que se optó por restablecer el Patronato de Protección a la Mujer, en cuyo seno legiones de muchachas jóvenes fueron reprogramadas para convertirse en madres fecundas al servicio del estado.

Aunque las comunidades autónomas habían sido suprimidas, la vocación vagamente folklórica y regionalista imperante alentó a las delegaciones territoriales a crear su propia nomenclatura. Así, en nuestra región, esas pobres chicas, que se distinguían de las demás por llevar en la cabeza el típico pañuelo aldeano y una toquilla o pelerina sobre los hombros, eran conocidas como 'las chachas'. Los hombres armados que las vigilaban eran 'los gañanes' y siempre se presentaban en público ataviados con la tradicional boina.

El orden público siempre fue una de las grandes preocupaciones de los Hijos de Torquemada, que no se limitaron a recuperar la Dirección General de Seguridad y el Tribunal de Orden Público, sino que repristinaron (uno de sus verbos preferidos) la institución que mejor representaba su espíritu fundacional: el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición.

El aumento exponencial de la represión, sin embargo, no disuadió a los sectores más comprometidos de la sociedad. Las chachas manchegas empezaron a forjar lazos de solidaridad en el interior de los correccionales. Durante sus salidas controladas, lograron comunicarse con líderes feministas que, pasado un tiempo, habían logrado recomponer sus organizaciones en la clandestinidad.

El caso más notable quizá sea el de Ágora, en Albacete. A ellas se unieron veteranos luchadores antifranquistas, jóvenes indignados con la deriva del régimen o arrepentidos por haberlo apoyado en algún momento, cristianos heterodoxos, sindicalistas, activistas sociales, miembros del colectivo LGTBIQ+, personas defensoras de los derechos humanos, demócratas en general, brigadistas extranjeros de toda clase, condición y sexo… Cualquier espacio servía como lugar de reunión. Cualquier momento era bueno para conspirar contra la nueva dictadura.

Y así nació la Resistencia.

(*) El Colectivo Puente Madera está formado por Esteban Ortiz, Vanessa Pérez, Elías Rovira y Javier Sánchez.

Ha sido tema de conversación de media España las últimas semanas. ¿Jonathan Andic es inocente o culpable de la muerte de su padre? Es posible que nueve de los ciudadanos de la provincia de Barcelona que hayan respondido a esta pregunta en una sobremesa tengan que hacerlo de nuevo en unos meses, pero esta vez como integrantes del jurado popular que (salvo que la defensa logre antes el archivo) resolverá el futuro del hijo del fundador de Mango.

El caso Andic es un ejemplo de manual de juicio paralelo. Este fenómeno se produce en muchas causas mediáticas y no se refiere a la información de tribunales en sí, sino a la pretensión y la carga valorativa (a favor o en contra del investigado) que se proyecta tras una fotografía, un vídeo o un titular. En suma, enfocar hacia un veredicto mucho antes de que se celebre el juicio. Así lo han hecho ya tanto los Mossos d'Esquadra como la defensa de Jonathan Andic.

“Es más fácil contaminar a un jurado que a un juez profesional”, valora la magistrada jubilada Montserrat Comas d'Argemir. “Los juristas estamos en contra de los juicios paralelos porque son muy delicados, el derecho a un tribunal imparcial y el derecho a un juicio con todas las garantías son fundamentales”, remarca.

Para el director de la cátedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona (UdG), Jordi Ferrer Beltrán, en casos mediáticos como el de Andic el juicio paralelo es “casi inevitable”, lo que no quita la responsabilidad a jueces, policías y medios de comunicación. “Andic es el presunto inocente, no el presunto culpable. Cómo usamos las palabras importa”, advierte.

“Un juicio paralelo se impulsa cuando, en una resolución en un estado todavía inicial de la investigación, la jueza señala prácticamente la autoría del investigado o cuando la policía hace inferencias que van mucho más allá de las pruebas realmente existentes”, asevera Ferrer Beltrán.

El jurista remarca que ante un auto tan contundente, si el acusado no tuviera los medios económicos para defenderse de los que dispone Andic, en otra causa que no fuera mediática su abogado de oficio le recomendaría admitir los hechos y pactar una condena rebajada más que defender su inocencia en un juicio.

La fotografía esposado

Cuando el caso todavía estaba bajo secreto de sumario (lo que, en teoría, sirve para blindar una investigación de las filtraciones), la policía catalana empezó a tirar migas de pan. Las supuestas “contradicciones” que los Mossos atribuían a Jonathan Andic en las dos declaraciones que prestó como testigo se divulgaron en la prensa ya en 2025 y han terminado en el auto judicial con el resto de indicios en su contra del pasado mayo.

Pero si algo ha alarmado a muchos juristas es la fotografía de cinco agentes de los Mossos d'Esquadra escoltando a un Jonathan Andic esposado a su entrada en el juzgado. Para empezar, porque contraviene la directiva europea sobre presunción de inocencia, que obliga a las autoridades a “abstenerse de presentar a los sospechosos o acusados como culpables, ante los órganos jurisdiccionales o el público, mediante el uso de medios de coerción física como esposas”.

“La fotografía es una irregularidad por parte de los Mossos”, advierte Comas d'Argemir, que recuerda que la policía catalana dispone de una instrucción “muy acertada” para evitar este tipo de situaciones. “Hay mucha jurisprudencia que recuerda que hay que evitar una fotografía así, porque viola la presunción de inocencia no solo para un futuro juicio y su influencia en el jurado, sino también por el mal que provoca en la honorabilidad de la persona”, agrega Ferrer Beltrán.

Con años de experiencia presidiendo juicios (también con jurado), Comas d'Argemir recuerda que la norma general es que un acusado no debe entrar esposado en el juicio, aunque sea un preso preventivo. Solo en casos excepcionales, donde se constata un peligro (por ejemplo, con bandas violentas), se permite.

Comas d'Argemir incide en que en todos los juicios por jurado, el magistrado o magistrada que lo preside recuerda a los integrantes del tribunal que “lo importante es que partan de cero y se abstraigan de todo lo que saben del caso a través de los medios”. Hay mecanismos, explica, para que luego el juez profesional valide si la motivación del jurado “se ve que no está referida a lo que ha dicho un testigo o un perito en el juicio, sino a lo que recuerda haber visto en la televisión”.

La respuesta de la defensa

Una vez el caso ya no está bajo secreto, la defensa de Jonathan Andic ha empezado a replicar, no solo en el juzgado, el relato incriminatorio. Lo ha hecho a través de un vídeo de una caída del fundador de Mango en un entorno (la entrada de un edificio) y momento (10 meses antes de su muerte) que poco se parecen con el sendero de Montserrat donde sucedieron los hechos.

Con la potencia de las imágenes, la defensa intenta instalar, una vez la investigación se ha encaminado hacia el homicidio, la tesis de que Andic pudo caer de forma “fortuita”, con un tropiezo inicial y un resbalón en “tobogán” al vacío.

Así lo sostiene la prueba pericial de la defensa realizada por el detective Francisco Marco, que dirigió la polémica agencia Método 3; un doctor en Medicina Legal y una especialista en Medicina tras reconstruir en 3D y con maniquíes el “patrón” de la caída que sufrió Andic meses antes, al fallarle las rodillas por una artrosis.

El detective es colaborador de algunos grandes despachos. Pese a que al mismo tiempo firma uno de los informes clave del caso, Marco también ha entrado de lleno en la batalla mediática para defender a su cliente.

Marco ha asistido ya a dos programas líderes en su franja, El Món a RAC-1 y Col·lapse de TV3, en los que cargó sin contemplaciones contra el sargento de la investigación, al que acusó de “inventarse pruebas”. También menospreció a la jueza al mantener que tiene “poca experiencia” y que es sustituta (como se cubren varias plazas judiciales en Catalunya), pese a que la togada, jurista de dilatada experiencia, ha ocupado distintos juzgados en los últimos años.

Ferrer Beltrán enmarca las apariciones mediáticas “inhabituales” del perito de la defensa en “la perversión del sistema” que supone el juicio paralelo. “La defensa ahora también juega mediáticamente contra lo que antes el juzgado y los medios tendrían que haber evitado”, diagnostica.

Igual que Ferrer Beltrán, Comas d'Argemir no olvida que los medios juegan un papel: “Hay que exigir responsabilidad a los medios, como a todas las partes. De los casos judiciales se puede y debe informar, faltaría más, pero es muy perjudicial que las personas que tienen que testificar en una causa vayan desfilando antes por los platós, y los medios tendrían que pensárselo”. 

Mientras Marco se despachaba en televisión, de fondo se alternaban las imágenes de la otra caída de Isak Andic y de su hijo esposado. Dos imágenes que ilustran dos estrategias. Quedan meses —tal vez años— para que la Justicia determine si Andic fue culpable, pero el juicio paralelo está en plena ebullición.

Luigi Ferrajoli (Florencia, Italia, 1940) es una leyenda: jurista, antiguo magistrado y uno de los filósofos del Derecho más leídos del mundo. Además de ser el padre del garantismo penal moderno —proteger al máximo de los derechos fundamentales frente al poder punitivo del Estado—, en los últimos años impulsa una Constitución de la Tierra.

Se trata de un proyecto que sacude la actual gobernanza mundial en favor de la paz y de los derechos sociales y que tiene un punto clave: el desarme de los ejércitos. “La utopía es pensar que podemos seguir como ahora”, señala en una entrevista con elDiario.es en Girona, donde Ferrajoli ha sido premiado, junto al exmagistrado Perfecto Andrés Ibáñez, por la Cátedra de Cultura Jurídica de la UdG.

¿Son malos tiempos para el garantismo?

¡Malísimos! La humanidad está gobernada por un pequeño número de autócratas y multimillonarios que desprecian el derecho. Sufrimos dos absolutismos. Uno de tipo político, cuya expresión más clara es el presidente de los EE. UU., Donald Trump, y ha declarado que no tiene más límite que él mismo. El otro es económico, y todavía es más peligroso.

¿Por qué?

Porque financia y corrompe a los políticos y porque existe una asimetría entre el carácter global de la economía y el carácter local de la política. Los poderes económicos pueden transferir sus inversiones a Estados donde no pagan impuestos y deslocalizar el trabajo hacia países donde pueden explotar sin límites a los trabajadores y destruir el medio ambiente. Vivimos una evolución neofeudal del capitalismo y la utopía es pensar que podemos seguir como si nada en vez de cambiar las cosas.

Después de la Segunda Guerra Mundial entramos, al menos en Europa, en una etapa de libertades y derechos, que ahora parece, contra todo pronóstico, reversible. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

A nivel nacional, se ha producido una involución de la democracia en detrimento del dominio de los mercados. Los derechos de los trabajadores se han ido laminando para intentar mantener la producción de las empresas en territorios nacionales, y ni así se han evitado deslocalizaciones. La política fiscal impuesta por las grandes corporaciones y la disminución de los impuestos ha reducido la garantía de los derechos sociales. Y todo ello se ha mezclado con esta concesión populista al líder que dice representar la omnipotencia de la mayoría y ha desconstitucionalizado nuestros ordenamientos.

¿Las guerras que vive el mundo son un resultado de este absolutismo o un intento de consolidarlo?

La situación dramática y el riesgo de un holocausto nuclear debido a la carrera armamentística que todo el mundo, incluso Europa, ha emprendido es real. No solo es por la guerra de Rusia contra Ucrania. También me preocupa el calentamiento global. No hemos iniciado ninguna transición ecológica hacia modelos más sostenibles. Cada año producimos más emisiones contaminantes que el año precedente. Esto significa que en dos siglos, puede que menos, la Tierra será inhabitable.

En la academia existen voces que consideran que la idea de que el derecho internacional esté muerto y sea inútil ante los nuevos autoritarismos es absurda. ¿Qué opina usted?

La guerra de Putin en Ucrania, la guerra de Netanyahu en Gaza o las guerras producidas por Trump sin ninguna justificación han destruido el derecho internacional. Tampoco lo fomentan los grandes poderes económicos internacionales. Vivimos un golpe de Estado internacional que propugna la ley del más fuerte y el desprecio por el derecho. Frente a esta situación no hay otra alternativa que una constitucionalización de la ONU. Tomarse en serio el derecho internacional vigente significa introducirle garantías de cumplimiento.

Creo en una refundación de la Unión Europea y de la ONU sobre la base de la Constitución de la Tierra

¿El individualismo de esos líderes y corporaciones traspasa también al ciudadano corriente?

Creo que nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos, no podrán ya no perdonar, sino tan siquiera comprender, nuestra estupidez y nuestra irresponsabilidad que ha transformado este planeta en un infierno. Nuestra herencia está siendo dejar una Tierra con mucho sufrimiento y literalmente inhabitable, porque no se puede vivir en un sitio donde se alcanzan los 50 o 60 grados centígrados. Los países más ricos pueden intentar bajar sus termostatos, pero dejan un rastro de injusticia ecológica en los países pobres.

Y además, en los países ricos crecen las actitudes contra los migrantes. ¿Europa ya no es un continente de acogida?

Europa tiene una deuda enorme hacia los países de donde provienen migrantes y las políticas de algunos países, como Italia, contra ellos, son una vergüenza y un escándalo para Europa. El derecho a emigrar fue inventado por Francisco de Vitoria en 1539 para legitimar la conquista de América, donde los países europeos produjeron un genocidio. De los 100 millones de personas que habitaban en el continente americano, solo cinco millones sobrevivieron.

El derecho a emigrar ha sido la base del colonialismo y también ha formado parte de las ideas de pensadores liberales como John Locke, que defendía el derecho a emigrar a las“tierras incultas” de América. Hoy en día la transformación en delito de la migración de esta gente, que son los descendientes de los que han sido depredados y esclavizados, es una verdadera vergüenza.

¿Cómo se le ponen límites a estos millonarios y tiranos que no aceptan los límites?

Los límites se ponen introduciendo garantías. Ante todo, se tiene que transformar la Carta de la ONU en una Constitución rígida, que esté por encima las otras constituciones, también las estatales, y que sea capaz de anular las leyes o tratamientos liberticidas de los estados. Toda Constitución se basa en límites y vínculos desde la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789. No hay Constitución sin garantía de los derechos y separación de los poderes, que son las dos cosas que el fascismo y todos los populismos tienden a negar.

¿Cuál sería el primer objetivo de esta transformación de la ONU?

La paz y la garantía de los principios universales. La paz se debe garantizar a través de la prohibición y castigo como crimen contra la humanidad, severamente punido, de la producción y comercio de armas. No solamente las armas nucleares, sino todas las armas. Sin armas, la guerra sería imposible. No tener armas es una garantía de la seguridad.

En cada guerra, en cada asesinato y en cada acto de terrorismo está la corresponsabilidad moral de estos productores de muerte, porque las armas se producen para matar. Citando la teoría de Hobbes, tenemos que pasar del estado de naturaleza al estado civil, y esto se produce con el desarme y la desaparición de los ejércitos nacionales. La fuerza correspondería a la ONU y a las policías estatales y municipales. Esta es la norma fundamental de un nuevo ordenamiento jurídico y de una democracia constitucional. Un mundo pacificado podría resolver otros conflictos.

No tener armas es una garantía de seguridad

¿Cómo se puede forzar a los Estados a creer en esta constitucionalización de la ONU?

Creo que en este sentido España tiene un papel importante a jugar. España es el país más avanzado de Europa en la defensa del derecho internacional. Sería una contribución histórica a la salvación de la humanidad y un factor de prestigio que España propusiera una reforma en el sentido de la constitucionalización de la ONU, para tomarse así en serio el derecho positivo que ha sido violado por la falta de garantías.

La verdadera polis hoy es el mundo, la humanidad entera. Y sus verdaderos adversarios son los poderes salvajes y los que defienden las fronteras, expulsar a los inmigrantes. Por ello hay que constitucionalizar los derechos fundamentales una Constitución de la Tierra.

¿Cómo se garantizarían en su proyecto los derechos sociales como la Educación o la Salud?

Se puede articular con una Federación de la Tierra, que es un federalismo diferente al tradicional. No es un federalismo estatal, no tenemos necesidad de un Estado global, sino que lo que se debe universalizar son las garantías, los vínculos y los controles. La función del gobierno y el mercado es la esfera que debe ser confiada a los Estados, pero con la obligación de garantizar la alimentación básica, la educación o la salud. Una renta pública de ciudadanía universal, con un salario mínimo garantizado, sería una manera de emancipar el trabajo de la mera supervivencia.

¿En su propuesta, el Tribunal Internacional de Justicia tendría poder coercitivo para imponer sus decisiones?

Naturalmente, se prevé como garantía secundaria. Las garantías secundarias son las garantías jurisdiccionales, cuya jurisdicción debe ser obligatoria y debe decidir sobre medidas de protección de los derechos y de los bienes fundamentales. La Corte Penal Internacional también debe ser transformada en una jurisdicción obligatoria para algunos crímenes, como por ejemplo el apartheid de género: a las mujeres, que son media humanidad, se las oprime y discrimina por ser mujeres en países como Afganistán o Irán.

Nuestros nietos no nos podrán perdonar la irresponsabilidad que ha transformado este planeta en un infierno

Me gustaría terminar con unas preguntas sobre su país. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha sido derrotada en el referéndum sobre la reforma de la judicatura. ¿Cómo ha visto todo este proceso?

La derrota de la primera ministra, afortunadamente, ha sido un respaldo a la razón. Su reforma era un primer paso hacia la subordinación del poder judicial al ejecutivo y contra la separación de los poderes. Aunque el texto de la reforma era confuso, ella misma [Meloni] dejó claras sus intenciones al asegurar que después de la reforma no existirían “sentencias absurdas”, es decir, que ya no habría sentencias que desagradaran al Gobierno.

Su derrota y su alianza con Trump están desvelando el carácter autoritario de su Gobierno, cuyo partido es heredero del fascismo. El Ejecutivo de Meloni no ha hecho ninguna reforma en favor de los ciudadanos pobres, sino que está aplicando medidas de seguridad de forma compulsiva para limitar el pensamiento y el libre ejercicio de derechos. Su política hacia los migrantes es vergonzosa.

¿Tiene algo de esperanzador esa derrota de Meloni?

¡Sí! Creo que llega un momento donde la gente ve que la mistificación del gobierno sin límites y del autoritarismo solo conduce al colapso. La gente, al final y puede que no toda, pero ve que hay cosas que son inmorales. Y las acciones de muchos líderes autoritarios alimentan la inmoralidad. Además de tomar conciencia, hay que proponer: yo creo en un replanteamiento y una refundación de la Unión Europea y de la ONU sobre la base de la Constitución de la Tierra. Una Europa social, que abriera sus fronteras por la deuda que tiene con el resto de la humanidad, que fuera garantía de derechos y con una renta de ciudadanía por todos cambiaría las tornas del continente y contestaría a los nacionalismos y los populismos.

As Conchas es un embalse sometido a una degradación ambiental de tal calibre que los derechos fundamentales a la vida, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y la propiedad, vinculados al disfrute del agua, de los vecinos se están viendo vulnerados. La situación aparece descrita en estos términos en una sentencia judicial que quienes viven en el entorno de la presa califican de histórica, pero que, pese a que pronto cumplirá un año, no ha provocado cambios palpables. Los residentes siguen con preocupación los avisos sobre la llegada del calor estos días porque saben que eso favorece los episodios de proliferación de algas y los olores insoportables. Pero la inquietud no se disuelve tampoco cuando las temperaturas bajan: las bacterias peligrosas siguen ahí.

“Si me meto al agua, estoy tomando una cucharada de veneno”, compara uno de los vecinos de pueblo de As Conchas (Lobeira, Ourense), Pablo Álvarez, que vuelve a hablar con elDiario.es poco más de un año después de que la demanda contra las administraciones públicas por el estado del embalse tomase forma. Él es uno de los siete residentes en la zona que participó en el proceso judicial, junto a la Federación de Consumidores y Usuarios (Cecu) y con el apoyo de Amigas de la Tierra y ClientEarth.

El enfoque no fue el habitual: lo que se exponía era que lo que se estaban vulnerando eran los derechos básicos de las personas y que las responsabilidades estaban repartidas entre administraciones por no haber frenado una proliferación de granjas -algunas de ellas, macrogranjas- en la comarca de A Limia que derivó en la grave contaminación de las aguas. Ganaron los vecinos. La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se dio a conocer a principios de julio de 2025 y, en febrero de 2026, quedó confirmada en el Tribunal Supremo. Ahora está pendiente que la Justicia ordene su ejecución.

Y, a la espera de esa ejecución, los vecinos denuncian que todo sigue igual. Pablo Álvarez critica que se sigan organizando competiciones deportivas en aguas del embalse y que no se haya actuado en el origen de la contaminación, que está en los residuos de las explotaciones -de cerdos y pollos-, que pasan a las aguas del río Limia y resultan en nitratos que alimentan a las bacterias que proliferan en la presa y que producen, a su vez, toxinas peligrosas. Pasada la mitad de mayo, este vecino indica que las aguas se ven turbias, sin que haya asomado el verde de las cianobacterias, pero da por hecho que, con el calor, habrá alguna floración. Cuenta que le consta que en noviembre había terrenos “encharcados de purín” aguas arriba.

Coincide en la ausencia de medidas útiles uno de los expertos que mejor conoce lo que ocurre en As Conchas y que más se implicó en el caso, como uno de los peritos responsables de los informes presentados en la causa por los demandantes, Serafín González, que es biólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). “Las administraciones no se han movido. En la Xunta esta es la estrategia recurrente: ir posponiendo las cosas”, dice. Para ejemplificarlo, señala que siguen pendientes de declarar las zonas vulnerables por contaminación de nitratos. No hay ninguna en Galicia. “Marean la perdiz, dicen que hacen falta más datos, quieren más estudios, cuando la situación está muy clara”, protesta.

El silencio de la Xunta

La Consellería do Medio Rural no ha contestado a las preguntas de esta redacción sobre el punto en el que se encuentra el proceso, después de que, en julio de 2025, el presidente gallego, Alfonso Rueda, anunciase la exposición pública del anteproyecto de decreto sobre la contaminación por nitratos procedentes de origen agrario.

Tampoco ha contestado a las cuestiones planteadas la Consellería de Medio Ambiente, que no ha aclarado si ha adoptado alguna medida tras la sentencia, que condena la inacción tanto de la Xunta como del Gobierno estatal, a través de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS). Sobre el caso, la responsable del departamento autonómico, Ángeles Vázquez, lamentó en unas declaraciones en febrero, tras la confirmación de la sentencia por parte del Supremo, que no había la “coordinación” que le gustaría con la CHMS. Por su parte, el órgano que gestiona las cuencas del Miño y del Sil sostiene que remitió varias propuestas para reunirse a la Xunta: el 16 de febrero y el 3 de marzo le escribió al delegado en Ourense, aunque no se llegó a cerrar una fecha. El 17 de marzo y el 14 de abril la misiva se dirigió al presidente gallego, pero “continua sin fecha”.

La CHMS pone el foco en la administración autonómica por ser la que autoriza la actividad que genera la contaminación y asegura que, por su parte, hace analíticas cada 15 días desde 2011 y que, en los episodios de proliferación de cianobacterias pasan a ser semanales. Tras la sentencia, asegura que tomó otras medidas, entre las que están intensificar la vigilancia de posibles vertidos o acumulaciones de purines, el desarrollo de modelos para predecir los episodios de proliferación o iniciar los trámites para pagar las indemnizaciones.

González considera que, “al menos”, la CHMS ha admitido el problema que representa para el medio ambiente y la salud humana la multiplicación de macrogranjas en la comarca de A Limia, que es de donde parte la contaminación que afecta a As Conchas. La Xunta, por la contra, “pretende seguir negando que son el origen”, opina sobre la intención del Gobierno gallego y los retrasos en el proceso.

Advertencias desde finales de los 90

El experto se remonta a finales de los 90. La Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), que él preside, avisó en 1998 a un ayuntamiento de los severos impactos negativos que iba a tener la multiplicación de granjas y apunta que el problema procede de las medianas y no solo de las de tamaño macro. Desde entonces, protesta, se ha duplicado la carga ganadera en la cabecera del río Limia, que es el que llena el embalse de As Conchas.

“Está claro que hay una relación de causa-efecto”, afirma. Hay demasiadas granjas para el terreno disponible y eso se traduce en grandes cantidades de nitrógeno y fósforo que pasan a las aguas subterráneas, en las que los nitratos aumentan hasta hacer que no sean potables. Y esto provoca la eutrofización de As Conchas, que son esas proliferaciones de algas que tiñen de verde el agua. Añade que la “pésima gestión” de los últimos 15 años ha provocado que se hayan arrastrado también bacterias fecales, algunas de ellas resistentes a antibióticos y “muy peligrosas”. En su momento, recuerda, pidieron una moratoria para que no se autorizasen más explotaciones. Ahora, eso sería “insuficiente”. Es decir, considera que habría que cerrar algunas.

Estos días, en los que empiezan a subir las temperaturas, Pablo Álvarez cuenta que ya teme que el verde empiece a asomar, pero recalca la preocupación por las sustancias relacionadas con algunos tipos de cáncer y estas bacterias resistentes. Dice que no se explica cómo en el censo de aguas de baño de la Xunta para la temporada de 2026 aparecen como aptas dos zonas del embalse de As Conchas, una en el municipio de Bande y otra en el de Muíños, mientras que una tercera, en Lobeira, figura con una prohibición permanente del baño. Critica que la Consellería de Sanidade -la competente en control de la calidad de las aguas- está “engañando y confundiendo a la población” sobre la situación real: “¿Acaso el problema desaparece al cambiar de término municipal?”.

En busca de una fórmula contra los olores insoportables

La CHMS expone que desde agosto de 2025 hasta ahora se han hecho inspecciones a 72 granjas de A Limia y está previsto que la cifra llegue a 178 en diciembre de este año. Añade que desde enero de 2025 resolvió 25 expedientes sancionadores a explotaciones de la zona por vertidos de aguas residuales, daños al dominio público hidráulico o actividades que pueden causar contaminación.

El órgano de cuenca indica que son 60 los puntos de control, sumados los de aguas superficiales, subterráneas y el propio embalse, en busca de toxinas. Además, asegura que ha contactado con universidades y empresas para tratar de cerrar algún tipo de convenio a través del cual se busque una solución para otro de los problemas que persigue a los vecinos: los fuertes olores cuando hay un boom de cianobacterias.

La Cátedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona (UdG) ha entregado su V Premio Internacional a los juristas y Luigi Ferrajoli y Perfecto Andrés Ibáñez, por ser “faros imprescindibles en la defensa de la democracia y los derechos humanos”.

Así los ha ensalzado el director de la Cátedra de Cultura Jurídica de la UdG, Jordi Ferrer Beltrán, durante el acto de entrega del premio de este viernes, que ha culminado unas jornadas en las que se ha repasado la obra de los dos juristas, de referencia internacional en todas las facultades de Derecho y para los jueces, juezas, abogados y abogadas. Ferrajoli, tras una primera etapa como magistrado, se ha convertido en una referencia académica de la filosofía del derecho y se le considera el padre del garantismo penal. Perfecto Andrés Ibáñez aplicó muchos de estos principios como magistrado del Tribunal Supremo, donde se convirtió en un referente para la judicatura.

Ferrer Beltrán ha recordado que la obra de Ferrajoli y Andrés Ibáñez, que fue clave en momentos de consolidación democrática en varios países a la hora de definir su sistema penal, se encuentra de plena actualidad ante el nuevo auge de los movimientos autoritarios. Por ello, ha agregado, ambos juristas no solo son “padres fundadores” de la defensa de los derechos fundamentales.

“La consolidación democrática se ha puesto desgraciadamente en crisis no solo en nuestros países, también a nivel global, y por eso hay que volver a bajar a las trincheras de defensa de los derechos humanos y la democracia”, ha aseverado Ferrer Beltrán.

En su laudatio que ha precedido a la entrega del premio, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, Daniel Pastor, ha recordado la formidable obra de Ferrajoli Derecho y Razón, que ha definido “un sistema explicativo completo acerca del funcionamiento legítimo del poder de castigar en una democracia constitucional, con una crítica a las experiencias judiciales desviadas”.

Sobre Perfecto Andrés Ibáñez, Pastor ha recordado su abundante obra académica en la que perfila “el modelo de juez garantista, con sus limitaciones y miserias que todos los seres humanos tenemos, no solo los delincuentes”, y que es todo lo contrario a la visión autoritaria que a veces se puede tener de la judicatura.

Las jornadas de la Cátedra de Cultura Jurídica de la UdG en la que se ha entregado el premio han reunido a expertos internacionales para debatir sobre los aspectos centrales de la obra de ambos juristas: constitucionalismo, garantismo, prueba y decisión judicial. Ferrajoli, considerado el padre del garantismo penal moderno, ha analizado las tres fases históricas del garantismo, mientras que Perfecto Andrés Ibáñez ha expuesto su conferencia sobre la convicción judicial y la teoría penal.

“La cultura jurídica hoy tiene la responsabilidad de analizar los procesos que conducen a este nuevo absolutismo y defender el papel de garantía del derecho”, ha dicho Ferrajoli en sus palabras de agradecimiento, mientras que Andrés Ibáñez ha incidido en que, más allá de técnica, la cultura jurídica “debe tener un contenido humano para hacer la vida de personas lo más grata posible”.

El acto de entrega del premio ha contado con las intervenciones del rector de la UdG, Josep Calbó; la decana de la facultad de Derecho, María Jesús Gutiérrez del Moral; la directora general de Derechos, Entidades Jurídicas y Gestión Adecuada de Conflictos, Immaculada Barral; y el presidente de la Diputación de Girona, Miquel Noguer.

Calbó ha elogiado a ambos juristas por situar “el derecho al servicio de la dignidad humana y la libertad”. Por su lado, Barral y Noguer han coincidido en destacar que actos de la UdG son “imprescindibles para acercar el derecho a la ciudadanía y reivindicarlo como herramienta de cohesión social”.

¿Basta con ser padre para poder recurrir la eutanasia de un hijo avalada por los médicos? El Tribunal Supremo empezará a responder esta semana a esa pregunta al estudiar el caso de Francesc A., un barcelonés de 56 años cuya muerte digna está en suspenso desde agosto de 2024 por un recurso de su progenitor.

La ley de de muerte digna española, una de las más avanzadas de Europa, se viene aplicando con normalidad en la gran mayoría de casos desde su aprobación en 2021. Pero colectivos ultracatólicos como Abogados Cristianos hallaron una grieta en la norma. Solo se han registrado dos recursos de familiares en casi un lustro. Pero la instrumentalización de los casos por parte de los grupos ultras, que incluso se han querellado contra los médicos y juristas que dieron su visto bueno a la eutanasia, ha generado preocupación.

El primer recurso de un padre contra la eutanasia ya concedida a su hija fue el caso de Noelia Castillo, la joven barcelonesa que pudo morir tras año y media de batalla judicial que ganó a su progenitor, defendido por Abogados Cristianos. El segundo, que el Supremo resolverá esta semana, afecta a Francesc A., un barcelonés de 56 años cuyo padre, a través de un abogado particular, recurrió la concesión de la muerte digna.

Todos los tribunales que han examinado ambos casos no han dudado del derecho de los solicitantes a poder materializar su eutanasia. La discusión jurídica no es el derecho a morir, sino la legitimación para recurrir de los familiares. Es decir, si el mero parentesco basta para impugnar o si es necesario algo más, como que el familiar demuestre un vínculo real con el solicitante o aporte informes médicos para contradecir el aval a la muerte digna.

“Es como si se quisiera abrir la puerta a que un padre recurra el derecho de su hija a abortar. El derecho es de la hija, aunque a su padre no le guste”, comparan fuentes jurídicas.

La ley de eutanasia ya plantea varios límites a la hora de acceder a este derecho. Para empezar, solo pueden ejercerlo los mayores de edad. Además, los sufrimientos graves e irreversibles de los solicitantes deben constatarse primero por un equipo médico, y después por una dupla de médico y jurista de la Comisión y Garantía de la Evaluación de la eutanasia que hay en cada una de las comunidades autónomas.

Además de este doble control, en cada procedimiento el paciente debe confirmar hasta tres veces que quiere ejercer su derecho a la eutanasia. Es en el segundo de estos consentimientos en los que el solicitante puede decidir o no comunicárselo a sus familiares (en el caso de Francesc A., decidió no hacerlo).

Lo que no aparece en ninguna disposición de la ley es que un familiar pueda impugnar un aval de la Comisión a la eutanasia. En cambio, la norma sí dispone expresamente que los solicitantes puedan recurrir la negativa de los expertos a concederles la muerte digna. Los familiares que recurren se han agarrado a la generalidad de que todo acto administrativo se puede impugnar ante los juzgados.

Las dos instancias que han examinado el recurso del padre de Francesc A. han dado respuestas contradictorias. La magistrada que vio el caso en primera instancia concluyó que su padre no estaba legitimado para impugnarla y que no bastaba con el mero vínculo familiar, ya que la relación entre padre e hijo era en la actualidad casi inexistente.

La jurisprudencia europea, recordó la jueza, requiere que, para recurrir la eutanasia, el familiar tenga un “vínculo real” con el paciente que quiere morir dignamente, algo que no se daba en este caso. 

Por el contrario, la Sala de lo Contencioso del TSJ catalán no solo avaló el derecho del padre a impugnar la eutanasia de su hijo, sino que abrió la puerta a que las impugnaciones fueran generalizadas. “Incluso en situaciones de desencuentro o conflictos familiares prolongados podría permanecer la esencia de la preocupación paternofilial que justifica”, según el TSJC, la “integridad” del derecho de un familiar a recurrir la eutanasia.

Con estos mimbres el caso llega al Supremo. La Abogacía de la Generalitat pide en su recurso que el Alto Tribunal corrija la sentencia del TSJC, que a su juicio “reconoce un derecho incondicionado vinculado a la condición familiar” y “prescinde” tanto de lo que recoge la ley de eutanasia como de la jurisprudencia del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

La Generalitat solicita al Supremo restringir al máximo la legitimación para recurrir y que no pueda acreditarse ante un juez con la “simple constatación” de una relación de familiaridad con el solicitante de eutanasia.

Los servicios jurídicos del Govern consideran que debe corresponder al familiar presentar, desde el primer momento, prueba suficiente que contradiga al expediente administrativo avalador de la eutanasia (cabe recordar que, en el caso de Noelia, su padre alargó su sufrimiento sin entregar al juzgado un dictamen pericial que justificara que siguiera viviendo).

En cambio, la Fiscalía discrepa de la Generalitat y pide mantener la sentencia del TSJC al avalar los planteamientos de los jueces catalanes. Según el fiscal, debe reconocerse “por regla general” el interés de un padre o cónyuge en recurrir una eutanasia “siempre que el vínculo familiar esté acompañado por un vínculo afectivo vigente”.

Sí reclama el fiscal que el Supremo declare que carecen de legitimación para recurrir las “asociaciones o grupos” favorables o contrarios a la eutanasia (algo que nunca ha ocurrido en el caso de las asociaciones partidarias de la muerte digna y solo ha pasado con Abogados Cristianos).

A la crisis educativa enquistada en Catalunya se le ha sumado una crisis política y policial. La infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea docente para preparar la macrohuelga de las próximas semanas ha puesto bajo el foco al director general de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, de quien los socios parlamentarios de Salvador Illa, ERC y los Comuns, exigen su dimisión.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha cortado de raíz la reclamación de sus socios y ha reafirmado a Trapero en el cargo, además de “reconocer la labor de los Mossos ante quienes pretenden poner en duda la profesionalidad del cuerpo”.

Este sábado, Junts, primer partido de la oposición, ha ido un paso más allá y ha reclamado no solo el cese de Trapero y Parlon, sino también el de la consellera de Educación, Esther Niubó.

El Govern sigue sin dar con la tecla que pacifique unas aulas dispuestas a mantener el pulso en la calle para reclamar más recursos: el próximo martes arranca un mes de movilizaciones, con tres huelgas convocadas en toda Catalunya, más otras dos jornadas de paro por regiones. En pleno conflicto laboral, además, el Govern ha iniciado un plan piloto, sin consenso sindical, para enviar a mossos de paisano a institutos.

Este es el contexto en el que se enmarca la actuación reciente más polémica de los Mossos d'Esquadra: enviar a dos agentes de la comisaría de información, dedicada en teoría a la prevención de los delitos violentos y de los extremismos políticos y el yihadismo, a una asamblea de huelga docente. Pese a todo, los sindicatos docentes han insistido en pedir al Govern que se siente en la mesa de negociación.

Catalunya está acostumbrada al debate político y social sobre las actuaciones policiales. Hasta ahora, las discusiones se centraban en los operativos de los Mossos en materia de orden público, no en actuaciones de agentes de información. En esta legislatura, en la que Trapero se ha estrenado como cargo político tras su etapa como jefe policial, Interior ha superado sin demasiados aprietos la polémica por el uso del gas pimienta en manifestaciones.

Tras poner orden y apostar por la mediación para acabar con los desmanes de los antidisturbios de los Mossos hace 15 años, Trapero afronta ahora una crisis con el espionaje policial de una asamblea de maestros. Una práctica que retrotrae a la polémica infiltración sin aval judicial de la Policía Nacional en movimientos sociales de la que, a nivel de imagen, los Mossos siempre se han querido distanciar.

Después de casi 24 horas sin confirmar ni desmentir el espionaje, la dirección general de la Policia, que ocupa Trapero, ha emitido un comunicado para “aclarar el marco legal y la finalidad de las actuaciones que han generado debate público en los últimos días”, en velada referencia al espionaje policial de una asamblea docente. La nota no incluía la petición de disculpas a los profesores exigida por ERC, los Comuns y la CUP.

Interior ha alegado que la Comisaría General de Información de los Mossos tiene atribuidas por ley funciones específicas de recogida y tratamiento de información de carácter operativo “referida a la conflictividad laboral y social”.

El objetivo de estas funciones, añade la nota de Interior, es llevar a cabo una “valoración de amenazas y riesgos”, por lo que no se trata de una decisión “discrecional” del cuerpo policial, sino del “cumplimiento de una obligación normativa”.

En el mismo artículo de la norma se incluyen las funciones de recogida de datos sobre extremismos violentos y toda “actividad criminal que suponga una amenaza para el ejercicio colectivo de las libertades”.

“Los Mossos d'Esquadra respetamos y defendemos el derecho de reunión, el derecho de huelga y la libertad sindical como respetamos el resto de derechos individuales y colectivos”, agrega la nota de Interior, que sitúa como “obligación legal” la garantía de todos los derechos y se pone “a disposición” de los grupos parlamentarios para dar cuenta de la actuación policial.

Las primeras explicaciones de Interior sobre el espionaje han sentado igual de mal a los socios de Illa y a los sindicatos docentes que el silencio durante un día. “Seguimos sin saber quién ordenó la recogida de información en una asamblea, bajo qué justificación y si se ponderó en la decisión de llevar a cabo una actuación policial prospectiva la incidencia en los derechos fundamentales de huelga y asociación”, asevera Mireia Salazar, abogada del sindicato CGT Ensenyament.

La letrada, que junto al resto de abogados de los sindicatos educativos estudia emprender acciones legales contra Ios Mossos, insiste en que una “investigación policial prospectiva” como la llevada a cabo por los Mossos “genera un efecto disuasorio y represivo” de un derecho fundamental como es el de huelga.

Fuentes policiales han confirmado a este diario que la infiltración policial se circunscribió a una labor preventiva, sin orden judicial y sin perspectiva de abrir una investigación formal a los docentes.

Antes de que Interior emitiera su comunicado, ERC, Comuns y la CUP han pedido el “cese inmediato” de Trapero por la infiltración policial en una asamblea de docentes. Aunque no ha querido vincular explícitamente esta petición con la negociación que ERC mantiene con el Govern sobre los presupuestos de la Generalitat, el portavoz adjunto de los republicanos en el Parlament, Jordi Albert, sí ha advertido de que “es evidente que hay que tomar decisiones” con la “máxima contundencia”, porque en esta ocasión “no servirán las medias tintas”.

“El Govern debe ser implacable ante la vulneración flagrante de derechos fundamentales”, ha remarcado el parlamentario de los Comuns, Andrés García Berrio, que ha alertado: “Si no toma medidas contundentes, tendremos un problema”. Por su parte, el diputado de la CUP Xavier Pellicer ha enmarcado el espionaje de docentes en “una campaña de acoso contra las movilizaciones sociales”.

Lejos del corporativismo que habitualmente se asocia a los cuerpos policiales, el exjefe de los Mossos Eduard Sallent, en excedencia tras ser cesado por el Govern de Illa e histórico rival de Trapero en la cúpula del cuerpo, ha cargado contra la infiltración, ya que no se planificó “correctamente” y además no es una “buena opción” porque puede “erosionar” la confianza con la ciudadanía.

Sanción revocada. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha estimado el recurso del abogado Eduardo Cáliz y ha dejado sin efecto la multa de 400 euros que le impuso un juez de Barcelona por no acudir a un juicio al secundar la huelga por Palestina del pasado mes de octubre.

En un acuerdo, al que ha tenido acceso elDiario.es, la sala de gobierno del TSJC no solo revoca la multa que impuso el juez Ricardo Yáñez al letrado, sino que también corrige los argumentos esgrimidos por el magistrado para imponer la sanción.

El juez había llegado a mantener que “un Poder del Estado no puede optar por la huelga”, pero los magistrados del TSJC le recuerdan que se trata de un derecho fundamental y que el paro por Palestina del 15 de octubre de 2025 estaba debidamente convocado. “La huelga era lícita y seguirla o no una opción del letrado trabajador”, zanja la sala de gobierno del alto tribunal catalán.

Los jueces no son ajenos a que, como en otros sectores, el ejercicio del derecho a huelga en la Justicia provoca “necesariamente la suspensión de aquellas actividades” en las que tienen que intervenir cualquier profesional que se sume a una huelga, como ocurrió con el juicio que no se celebró, en el que Cáliz ejercía de abogado defensor.

Pese a que la huelga de un abogado pueda importunar el funcionamiento habitual de un juzgado, el TSJC remarca que el derecho de huelga es un derecho fundamental, por lo que “debe ser causa justificada de la inasistencia a un juicio oral”.

Las razones de la huelga, insiste el TSJC, “no importan si son de tipo político, nacional o internacional, por reclamaciones salariales, o por mejoras en las condiciones de trabajo”. “Lo realmente importante es que esa huelga general no había sido desautorizada, pues fue recibida con total normalidad por parte de la administración pública, que, cuando menos, en el ámbito de la administración de justicia, dictó unas normas para que los funcionarios cumplieran servicios mínimos”, apostillan los magistrados.

Tampoco “importan” a la sala de gobierno del TSJC las otras razones esgrimidas por el juez Yáñez para multar al abogado Cáliz, como que el magistrado celebrase juicios orales durante las huelgas de los letrados de la administración de justicia de años pasados o de otros funcionarios, o que el juicio al que no asistió el letrado fuera consecuencia de otro anterior que se había suspendido por un retraso superior a media hora.

Hay líneas que no deberían cruzarse y, sin embargo, se están cruzando. Los acuerdos que avanzan en algunas comunidades, que unos llaman “arraigo” y otros “prioridad nacional”, esconden en realidad lo mismo: la pretensión de poner a unas personas por delante de otras en el acceso a derechos básicos por su nacionalidad. No estamos ante una política discutible; estamos ante una negación del ser humano, incompatible con la democracia, con la Constitución, con Europa y con cualquier idea de derecho natural. Y eso está generando una alarma creciente en la sociedad, en cualquiera que entiende que los derechos no pueden depender del origen.

Porque en España los derechos fundamentales no dependen del pasaporte. Ese ha sido uno de los consensos más valiosos de nuestra convivencia. Lo que ahora se plantea no lo matiza: lo rompe. Y al hacerlo abre algo más grave: una grieta en la que la dignidad deja de ser universal para convertirse en condicional. Cuando se empieza a decidir quién tiene derechos, se cuestiona al propio ser humano y se activa una lógica que la historia ha demostrado devastadora.

Como advirtió Hannah Arendt, el derecho esencial es el derecho a tener derechos. Cuando ese principio se quiebra, la democracia deja de ser igualdad y empieza a convertirse en un sistema que separa, clasifica y excluye.

Ese deslizamiento ya está en marcha. Se construye un relato que presenta a las personas migrantes como problema o amenaza, cuando la realidad demuestra lo contrario. España necesita inmigración para sostener su mercado de trabajo, su relevo generacional y su sistema de protección social. Las personas extranjeras trabajan, cotizan, cuidan, producen y sostienen sectores enteros de nuestra economía. Son parte de nuestra sociedad, aunque algunos se empeñen en situarlas fuera para convertirlas en un chivo expiatorio.

La gravedad alcanza su punto más extremo cuando afecta a menores. Los niños y niñas extranjeros no son una categoría política ni un instrumento de confrontación. Son sujetos de derechos cuya protección debe ser absoluta. Convertirlos en objeto de disputa no solo es una quiebra ética; sitúa a quienes lo hacen fuera del consenso internacional más básico —jurídico, político y humano— que obliga a proteger a la infancia sin condiciones. Apartarse de ese consenso no es una opción política más: es un paso atrás que erosiona los fundamentos mismos de una sociedad civilizada.

También desde el plano moral el mensaje es claro. El Papa ha recordado que las personas migrantes no son una amenaza, sino seres humanos con dignidad. Y la dignidad no se relativiza, no se gradúa, no se negocia. Ese recordatorio conecta con la base ética de cualquier sociedad democrática.

La llamada “prioridad nacional” no resuelve ninguno de los problemas reales —la vivienda, la desigualdad, la precariedad—. Lo que hace es desviar la atención y dirigir el malestar hacia quienes menos responsabilidad tienen. Es, en definitiva, una coartada que simplifica lo complejo a costa de debilitar lo esencial.

Pero hay una paradoja que debería incomodar. España ha sido un país de emigración, también interior. Durante décadas, miles de personas dejaron regiones como Extremadura o Aragón para buscar oportunidades en otros territorios. Esa movilidad forma parte de nuestra historia y explica buena parte de nuestro desarrollo. ¿Qué ocurriría si quienes se marcharon regresaran hoy y se encontraran con un sistema que les exige “arraigo” para acceder a derechos básicos? ¿Qué ocurriría si se les dijera que no cumplen, que hay otros “más de aquí” que deben pasar por delante?

La lógica de la exclusión no se detiene. Cuando se acepta, se expande.

Porque cuando los derechos dependen del origen o del tiempo de permanencia, la frontera deja de ser un límite jurídico y se convierte en una línea arbitraria que puede moverse en cualquier momento. Hoy son otros. Mañana puede ser cualquiera.

Por eso la conclusión es inevitable: cuando se decide quién tiene derecho a tener derechos, lo que está en juego no es solo la vida de otros, sino el fundamento mismo de la democracia. Y frente a eso no cabe la indiferencia. Defender la democracia, la libertad y los derechos no es una opción: es una obligación cívica. Es defendernos a nosotros mismos frente a una deriva que, si no se frena, termina por arrasarlo todo.

El próximo sábado, día 18 de abril, la Archidiócesis de Toledo quiere convertir la ciudad en lo que ha llamado “epicentro del compromiso con la vida”. Se trata de una jornada antiabortista a la que denomina 'Fiesta por la Mujer y la Vida'. Tiene como objetivo principal la “defensa de la vida humana” y la recaudación de fondos para Proyecto Mater, una iniciativa toledana coordinada por Cáritas Diocesana para ayudar a mujeres “en riesgo de aborto o postaborto”.

No obstante, la Unión Popular de Estudiantes de la ciudad se ha movilizado para hacer frente a esta iniciativa y, ese mismo día, ha convocado una “contramanifestación” en la Puerta de Bisagra de la ciudad, a las 16.00 horas. Es una respuesta que coincide con la marcha antiabortista, con el objetivo concreto de responder a la jornada religiosa y que los y las jóvenes convocantes realizan bajo el lema 'Abortar es un derecho fundamental'.

El evento religioso, que cuenta además con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo, gobernado por PP y Vox, se desarrollará en cuatro puntos emblemáticos de la ciudad. Entre ellos está la mencionada Puerta de Bisagra, donde celebran una concentración a las 16.30 horas, es decir, poco antes de la convocatoria de la protesta estudiantil como respuesta a sus proclamas antiabortistas.

La Unión Popular de Estudiantes busca denunciar lo que consideran una “ofensiva” contra el derecho al aborto y criticar el “respaldo” institucional que recibe el evento religioso. Belén Garín, representante del colectivo estudiantil, precisa a este medio que la concentración religiosa “va en contra de derechos fundamentales”.

“Hemos convocado esta contramanifestación porque nos parece injustificable y muy alarmante que el Ayuntamiento, además, la responde y se destinen recursos públicos que atacan de manera directa a los derechos fundamentales de las mujeres, en vez de ofrecerlos para otras partidas necesarias”, argumenta.

Mientras se dificulta el acceso efectivo al aborto, se promocionan actos que cuestionan su legitimidad

Además, destaca el hecho de que se realice en una provincia donde, recuerdan, sigue sin garantizarse plenamente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Es una situación que, además, se produce en toda Castilla-La Mancha.

“Mientras se dificulta el acceso efectivo al aborto, se promocionan actos que cuestionan su legitimidad”, critica, y acusa a Proyecto Mater de formar parte de la red de organizaciones que buscan “presionar y señalar” a mujeres que desean interrumpir su embarazo.

El evento religioso ya tuvo su antecedente en marzo del año pasado también con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo. Aunque hace diez años, el papa Francisco decretó, por primera vez en la historia, que se perdonase el “pecado mortal” del aborto, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ya presentó esa edición de 2025 resaltando que el derecho al aborto es “un ataque a la vida humana”.

Respaldó estas declaraciones la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, Ana Pérez, del PP, que hasta su llegada al cargo presidió la asociación antiabortista Red Madre, además de la vicealcaldesa de Vox, Inés Cañizares.

En busca del “blindaje” del acceso al aborto en la Constitución

Este debate local coincide además con el impulso del Gobierno central a la reforma constitucional para blindar el acceso al aborto en España. El Consejo de Ministros aprobó este martes en segunda vuelta el proyecto de reforma con el que pretende introducir en la Constitución la obligación de los poderes públicos de garantizar el ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo “en condiciones de igualdad real y efectiva”.

La propuesta, defendida por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, busca reforzar especialmente la prestación pública de este derecho ante las desigualdades territoriales existentes.

Según recordó el Ejecutivo, en comunidades como Castilla-La Mancha las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en la sanidad pública no alcanzan el 1%. Una situación que el Gobierno considera incompatible con la garantía efectiva de este derecho.

“No me siento cómoda”. La directora xeral de la CSAG (antigua CRTVG), Concepción Pombo, se refugió en la “discreción” para no valorar las preguntas de la oposición sobre la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condenó a la corporación por vulnerar los derechos fundamentales de una periodista como represalia a su participación en los venres negros, las movilizaciones que desde hace más de 400 semanas reclaman el fin de la manipulación informativa en los medios públicos gallegos.

La “gravedad” de la sentencia motivó que BNG y PSdeG introdujeran sendas cuestiones para Pombo en la comisión de control parlamentaria. “Como hablamos de la salud de una trabajadora, de derechos fudamentales y de represalias, creo que esta no es una comisión más”, afirmó la socialista Carmen Dacosta, quien pretendía que la directora xeral contestase a sus interrogantes y no se limitase, como suele hacer, a leer los folios que traía escritos. No lo consiguió.

Antes, la nacionalista Mercedes Queixas, había sintetizado el fondo de la resolución judicial: “Deja claro que en los medios públicos gallegos se represalia, se arrincona, se trata de degradar y de humillar a quien osa levantar la voz contra el uso espúreo y manipulador” de una corporación “teledirigida desde el Consello de la Xunta”.

La periodista Mónica Rosas fue enviada a la Radio Galega tras más de veinte años en la TVG en un movimiento que implicó a otros tres trabajadores; dos –Alberto Ordóñez y Nuria López–, también significados en los venres negros mientras que al tercero, David Fernández, le dijeron que era un “daño colateral”. En primera instancia, los tres casos fueron rechazados porque las juezas no consideraron que se hubiese producido una modificación sustancial de sus puestos de trabajo y, por tanto, no entraron al fondo de la cuestión: si se había producido o no la vulneración de derechos.

Tras archivar el de Ordóñez, el TSXG ha dado ahora la razón a Rosas. Queixas recordó que esta es la tercera sentencia en el mismo sentido contra la CSAG, tras la del periodista Carlos Jiménez –a quien se trató de represaliar con un expediente injustificado– y la del productor al que se cambió de turno para impedirle participar en la huelga de otoño de 2024. “¿Qué mensaje se le envía a la sociedad gallega cuando se castiga a los profesionales como si se tratase de una escuela del franquismo?”, preguntó.

“Estamos ante una forma de actuar escandalosa, indignante, vergonzosa e ilegal” ante la que la dirección “tiene que bajar la cabeza”, argumentó en su turno Dacosta, antes de añadir: “No me gustaría estar en su lugar”.

“Solamente 32 sentencias desfavorables”

En esta ocasión, a Pombo tampoco parecía gustarle. En su primera respuesta, dejó claro que no se sentía cómoda con la situación: “Hablamos de trabajadoras concretas, con derechos, con trayectorias profesionales y con procesos judiciales en curso que estoy segura de que les resultan ásperos y de que les fueron difíciles de presentar y de llevar adelante”. Por un momento, parecía que no fuese ella la representante de la parte demandada.

Aún así, como sucedió en el juicio, trató de incluir los cuatro traslados forzosos dentro de una “cuestión organizativa general” que afectó a más de 90 trabajadores –“con y sin participación en causas reivindicativas de distinta naturaleza”– y que considera respaldada “mayoritariamente” por la justicia porque, de las 279 causas juzgadas entre 2023 y marzo de 2026, “solamente” habían recibido 32 sentencias desfavorables.

En su aleccionamiento a la oposición, Pombo trató de “introducir claridad” ante las referencias a los derechos fundamentales “que usaron como sinónimo de constitucionales”. Para ella, bajo este término “lo que realmente se analiza son cuestiones organizativas ordinarias”, como cambios de turno o de horario. Eso sí, en lo que sonó a un alarde de generosidad, afirmó: “Aceptamos el derecho de los trabajadores a pedir la tutela judicial cuando lo consideren oportuno”. 

Como había anticipado la CSAG, la directora xeral ratificó que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo, con el objetivo, según dijo, “de obtener una interpretación unificada con las otras sentencias que sí fueron favorables”.

En su réplica, Queixas y Dacosta demostraron que no habían comprado su supuesta discreción. “”Es un fraude que esquive su responsabilidad en esta tema“, asevero la primera tras inquirir: ”Si no está cómoda, ¿será por que se siente responsable?“. ”Menos cómoda se encontraba la trabajadora a la que vulneraron sus derechos fundamentales como represalia“, apostilló la diputada del PSdeG.

La parlamentaria del BNG preguntó a Pombo si pensaba “persistir en esa infamia”. “Lo que le está diciendo la sentencia es que los medios públicos no son su cortijo particular”.

“La vulneración de derechos y el maltrato laboral son características que definen a los autócratas”, añadió Dacosta, quien recordó a Pombo su “obligación” de contestar a las preguntas de la oposición. “Actúa como si nosotros fuésemos trabajadores de la CSAG, pero nosotros estamos protegidas y ellos, no”. “Está dando a entender que van a seguir haciendo lo mismo”, concluyó antes de finalizar, aprovechando las fechas, para recomendarle –no sin un punto de ironía–, a falta de otra cosa, un “acto de contrición”.

Lo ocurrido en Santander no es una anécdota ni una cuestión menor de agenda municipal. Es una decisión política consciente del Partido Popular: utilizar una institución pública para cuestionar derechos fundamentales y señalar a quienes los ejercen. Y conviene nombrarlo con claridad, porque solo así puede entenderse la gravedad de lo que está en juego.

La iluminación de la fachada del Ayuntamiento y la programación impulsada junto a organizaciones “provida” no son gestos simbólicos inocuos. Son la expresión de una agenda ideológica que el Partido Popular está trasladando al espacio institucional, utilizando recursos públicos, símbolos comunes y la legitimidad democrática para erosionar la autonomía de las mujeres y de las personas en situaciones de extrema vulnerabilidad. No estamos ante un ejercicio de pluralidad, sino ante una toma de partido desde lo público contra derechos reconocidos por la ley.

Este tipo de actuaciones desmonta, además, el relato que el propio Partido Popular y la Concejalía de Igualdad han intentado sostener en los últimos años: el de una supuesta defensa de los derechos de las mujeres. Porque no hay política de igualdad posible cuando se legitima a quienes trabajan activamente para limitar la capacidad de decidir. No se puede hablar de derechos mientras se cuestionan en la práctica. No se puede sostener una imagen de respeto institucional mientras se da cobertura a discursos que históricamente han servido para controlar, culpabilizar y disciplinar a las mujeres.

Las instituciones democráticas tienen un mandato inequívoco: garantizar derechos, no someterlos a disputa ni actuar como altavoces de quienes pretenden restringirlos. Cuando un gobierno municipal, con mayoría absoluta del Partido Popular, decide alinearse con organizaciones que cuestionan la interrupción voluntaria del embarazo o la eutanasia, está enviando un mensaje profundamente preocupante: que esos derechos, aunque legales, no son plenamente legítimos. Y convertir en discutible lo que es un derecho es el primer paso para debilitarlo.

No es un debate abstracto ni una confrontación ideológica sin consecuencias. Es la vida concreta de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo

Porque de eso se trata. No es un debate abstracto ni una confrontación ideológica sin consecuencias. Es la vida concreta de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, de las personas gravemente enfermas que reclaman una muerte digna, de quienes necesitan saber que las instituciones están de su lado y no en su contra. Cuando el Partido Popular utiliza el Ayuntamiento para cuestionar esas decisiones, introduce estigma, genera inseguridad y erosiona la confianza en lo público como espacio de protección.

Además, no estamos ante un hecho aislado. Este tipo de iniciativas se inscriben en una estrategia política más amplia que busca desplazar el marco de los derechos, reabrir debates que estaban resueltos y normalizar posiciones regresivas bajo una apariencia de institucionalidad. Se trata de un movimiento calculado: no derogar abiertamente derechos, sino debilitarlos, cuestionarlos y rodearlos de un clima social que los vuelva más frágiles. Y en ese proceso, las instituciones se convierten en herramientas clave.

El derecho a decidir —sobre el propio cuerpo, sobre la maternidad, sobre el final de la vida— no puede depender de mayorías coyunturales ni de la ideología de quien gobierna

La calidad de una democracia no se mide solo por la existencia formal de derechos, sino por el compromiso activo de las instituciones en garantizarlos. Y en ese sentido, la autonomía personal ocupa un lugar central. Sin autonomía no hay libertad real, y sin libertad no hay igualdad posible. El derecho a decidir —sobre el propio cuerpo, sobre la maternidad, sobre el final de la vida— no puede depender de mayorías coyunturales ni de la ideología de quien gobierna. Está reconocido en la ley y forma parte del núcleo irrenunciable de los derechos fundamentales.

Por eso es especialmente grave que el Partido Popular utilice las instituciones para cuestionarlo. No es neutralidad, no es pluralidad: es gobernar contra derechos. Es convertir el espacio público en una plataforma ideológica al servicio de quienes pretenden limitar libertades. Es, en definitiva, una forma de violencia institucional que, aunque no siempre se nombre así, tiene efectos reales en la vida de las personas.

Cuando esto ocurre, las instituciones dejan de ser garantes para convertirse en actores de parte. Dejan de representar a toda la ciudadanía para representar solo a una parte. Y en ese desplazamiento, lo que se debilita no es únicamente un derecho concreto, sino la propia idea de lo público como espacio común, como lugar de protección, como marco de convivencia basado en la igualdad y el respeto.

Frente a ello, no cabe la equidistancia ni el silencio. Los derechos no se sostienen por inercia, ni están a salvo de retrocesos. Requieren defensa activa, especialmente cuando son cuestionados desde las propias estructuras que deberían protegerlos. Señalar estas prácticas, denunciarlas y exigir responsabilidades forma parte de esa defensa democrática.

Porque lo que está en juego no es una fachada iluminada ni una jornada puntual. Es si aceptamos que un gobierno, en este caso del Partido Popular, puede utilizar las instituciones para atacar la autonomía de las mujeres y el derecho a decidir de las personas más vulnerables.

Y eso, sencillamente, no es compatible con una democracia que se pretenda digna de tal nombre.

Taty Almeida es una mujer amorosa y de voz potente, pero sobre todo es un emblema de luchadora en Argentina por los desaparecidos de la dictadura. La Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, de 95 años, recibe a elDiario.es en su departamento del barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, en la antesala de la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado cívico-militar. “Y eclesiástico”, agrega.

“A pesar de los bastones y las sillas de ruedas, ‘las locas’ seguimos de pie”, afirma sentada en el sillón del salón y apuntando con un dedo la silla de ruedas que usa desde hace dos años. Ya no viaja a España, donde vive Jorge, uno de sus tres hijos. Taty señala la última foto que tiene con los tres: Fabiana, Jorge y Alejandro: “Yo había vuelto de un viaje y nos juntamos el 8 de junio de 1975. Es la última foto con Alejandro, porque lo desaparecieron el día 17”.

Alejandro Almeida tenía 20 años cuando fue detenido y desaparecido. Era militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una guerrilla que operó durante la década de los 70, pero su madre no lo supo hasta después de aquel 17 de junio.

Devota del Sagrado Corazón, Taty reza y no pierde las esperanzas de poder encontrar los restos de su hijo y poder abrazarlo. La canción de Silvio Rodríguez El unicornio azul hace vibrar lo que ella siente. Y el cantautor cubano se la dedicó en el último recital que dio en Buenos Aires.

Taty Almeida se indigna ante el negacionismo del Gobierno de Javier Milei y se imagina un “mano a mano” con la vicepresidenta Victoria Villarruel. “Le preguntaría: ‘¿Vos estás de acuerdo con que tus amiguitos hayan tirado vivas a nuestras tres madres, a las monjas francesas y a tantos de nuestros hijos?’”.[Las monjas Azuzena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce fueron arrojadas vivas al mar en los llamados vuelos de la muerte].

En el salón se ven fotos de ella con el Papa Francisco, con Maradona, varios retratos y un poema de su hijo Alejandro que descubrió tras su desaparición y una sobrina enmarcó. Taty dice que tiene una familia maravillosa compuesta por seis nietos varones (cuatro de Fabiana y mellizos de Jorge) y cuatro bisnietos. Se le ilumina la cara cuando cuenta que su bisnieto Mateo, que está en primer año, le dijo: “Taty, sería para mí un orgullo que vengas a dar una charla sobre el 24 de marzo [fecha del golpe de Estado]”.

Usted ha dicho que Alejandro parió a Taty Almeida. ¿Puede contar por qué?

Yo era una gorila [antiperonista] tremenda. Toda mi familia [era] militar. Mi hermano, coronel; mi padre también era teniente coronel de caballería y murió joven. Él votó a Perón en el primer Gobierno. Un hogar muy especial, porque eran antiperonistas, pero nunca escuchamos “¡Viva el cáncer!” [lema de odio con el que sectores antiperonistas celebraban la enfermedad y muerte de Eva Perón]. Mis dos hermanas, hoy fallecidas, estuvieron casadas con dos oficiales de aeronáutica; los hermanos de mi exmarido, milicos, o sea, milicos por todas partes.

Cuando desaparecen a Alejandro, recurrí como loca a todos. A mi hermano Carlos, con el que era compinche, lo llamé a Goya (en la provincia de Corrientes), él era el jefe de ahí y no vino. Lamentablemente, nos distanciamos. Como le dije tiempo después: “Si vos te quedaste en el Ejército, por algo será”. Nunca más nos hablamos hasta que se enfermó de leucemia y lo fui a despedir antes de morir. Fue muy fuerte el encuentro con él.

De su hijo, ¿tuvo algún indicio de dónde estuvo secuestrado?

No, no, nada. Es por eso nuestra lucha. No sabemos dónde están enterrados, no tenemos dónde llevarles una flor. La verdad, que nos digan dónde están. Y después justicia legal, nunca justicia por mano propia. Alejandro vivía acá conmigo. Tenía 20 años. Estudiaba Medicina y trabajaba en el Instituto Geográfico Militar. El día que ya no volvió él no me dejó ningún mensaje, como hacía siempre. Y ahí en ese mueble encuentro una agenda de teléfono en donde en las últimas 24 hojas, había 24 poesías. No sabía que militaba y tampoco sabía que escribía poesía. Ahí empecé a conocer la otra faceta de Alejandro. Un canto a la amistad, al amor, a la injusticia, al repudio, y una poesía dedicada a mí, por si algo le pasaba; vaya si le pasó.

Este payaso que tenemos de presidente, con perdón de los payasos, niega que hubo 30.000 desaparecidos. Además, los insultos, las cosas que dice. Es un chupamedias de Donald Trump

Bueno, es una despedida. Él sabía que iba a morir. Los que terminaron de contarme cómo era Alejandro fueron dos muchachos. Con otra madre habíamos ido a invitar a una marcha contra la Ley de Punto Final a Ciudad Universitaria [de Buenos Aires]. Y me presenté y se acercaron dos muchachos, muy pálidos. Me abrazaron y lloraron, me decían: “Sos la madre de Alejandro. Alejandro sabía dónde vivíamos, y él no habló, Taty. Nos salvamos por él, pudimos exiliarnos”.

¿Cómo recuerda su acercamiento a Madres de Plaza de Mayo?

A mí me costó acercarme a Madres, porque yo decía: “Con el currículum militar que tengo, van a pensar que soy una espía. Fuimos con mi hija Fabiana y al entrar vimos en una pared muchas fotos y me di cuenta de que no era la única. Me atendió la madre con mayúscula, María Adela Gard de Antokoletz. María Adela buscaba a su hijo abogado, Daniel, que sigue desaparecido. Y me acuerdo que me preguntó: ”¿A quién te falta a vos? No importaba política, religión, y ahí yo hice mi catarsis. Hablé, lloré. Y en un momento le dije: “Ay, María Adela, qué estúpida he sido”. Y me dijo: “No, mi hijita, no digas eso”. Cada madre se acercó cuando fue su momento. Este es el tuyo, Taty“.

¿Cómo imagina que continuará el legado de las Madres?

Quedamos pocas Madres y Abuelas, pero la posta ya la hemos pasado. Y estamos tranquilas porque hay gente que realmente va a continuar con la memoria cuando ya no estemos nosotras. Esa posta de a poquito la pasamos, porque a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie, querida.

Cuando mira hacia atrás a la mujer de 45 años que empezó a buscar a Alejandro, ya divorciada, la Taty de hoy, ¿qué piensa de aquélla?

Yo a esta altura, te imaginas, la cantidad de honoris causa que me han dado y en cada reconocimiento lo veo a Alejandro, que me dice: “Vieja, miren a esta gorilita de mierda, ¿en qué se transformó?”. Porque él me decía: “Está gorilita y, sin embargo, la quiero”. Ese es el cambio que hicimos todas las madres, ¿no? Dicen que somos heroicas, pero no, hicimos lo que cualquier madre hace por un hijo, en circunstancias muy especiales.

Si a una madre se le muere un hijo por una enfermedad, por lo menos lo está atendiendo hasta el último momento; lo puede despedir. En nuestro caso se los llevaron y ahí quedó

Sabemos lo que es llevar nueve meses en la panza a un hijo para que te lo arranquen de esa manera. La pérdida de un hijo no tiene cura, es una herida que no se cierra. Si a una madre se le muere un hijo por una enfermedad, por lo menos lo está atendiendo hasta el último momento; lo puede despedir. En nuestro caso se los llevaron y ahí quedó. Una de las cosas que yo le pido a Dios es que no me lleve sin antes por lo menos tocar los huesos de Alejandro. Y no pierdo la esperanza por el trabajo de los antropólogos forenses. ¿Viste ahora que identificaron a 12 desaparecidos en La Perla [centro de detención y exterminio en la provincia de Córdoba]? Imagínate, los antropólogos que identificaron al Che Guevara, así que más vale que sepan los muchachos.

¿Cuánto le afecta el negacionismo del Gobierno de Milei?

Este payaso que tenemos de presidente, con perdón de los payasos, niega que hubo 30.000 desaparecidos. Además, los insultos, las cosas que dice. Es un chupamedias de Donald Trump. Compadezco al que venga después de este, que sea un gobierno nacional y popular para sacar a flote la Argentina, porque la está destruyendo. La cantidad de fábricas cerradas, la cantidad de gente sin empleos.

En estos dos años de gobierno ha habido un desmantelamiento de las políticas de memoria. ¿Cómo pueden contrarrestarlo desde los organismos de derechos humanos?

Ahí está el tema, si ganó y de qué manera, algo se hizo mal. Por eso es tan importante la unidad, pero la unidad de palabra, no; con hechos. Realmente, con hechos, estar unidos; ya se sabe que un pueblo unido jamás será vencido. Para eso se necesita hablar con la gente, explicarle, no enojarse con los que lo votaron, hacerles razonar; hay mucho por hacer políticamente.. Es lo que, modestia aparte, hace una cuando va a los colegios, a todos lados.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, bajo el eufemismo de “memoria completa·, busca equiparar las acciones del terrorismo de Estado con las de las organizaciones armadas. ¿Qué responde?

Ella es brava e inteligente, apoya a los milicos y la teoría de los dos demonios [que equipara la represión de la dictadura a las acciones de los guerrilleros]. Es inaceptable. Me gustaría tener un mano a mano con ella y preguntarle: “¿Vos estás de acuerdo con que tus amiguitos, o lo vas a negar, hayan tirado vivas a nuestras tres madres, a las monjas francesas y a tantos de nuestros hijos?”. Y negámelo, que tus amiguitos se apropiaron de los bebés, de las chicas que estaban presas políticas, las mantuvieron vivas, tuvieron familia, y a ellas las asesinaron. ¿Estás de acuerdo? ¿Vas a negarlo? ¿No viste el avión que está ahí en la exESMA [Escuela de Mecánica de la Armada, centro de detención y tortura] de uno de los vuelos de la muerte? Allá tienes a la prueba, ¿viste? A ver, ¿qué me diría?

A 50 años del golpe de Estado cívico-militar, ¿cómo vive esta fecha?

Golpe cívico-militar y eclesiástico. La complicidad eclesiástica fue espantosa, con excepciones, como monseñor Angelelli, el padre Mugica. Defender y apuntalar esta democracia nos costó mucho. Fuimos pioneros en los juicios a la Junta Militar. Esperemos que el 24 seamos muchos.

¿En algún momento dejó de creer en Dios?

No, siempre tuve fe. Cuando yo estuve con el Papa Francisco, yo le dije: yo no voy a misa, ni me confieso, ni nada. Pero la fe no la he perdido. Yo soy devota del Sagrado Corazón. Y en el umbral de la puerta tengo un cuadrito con él: lo reto, le rezo y le agradezco. Y Francisco me dijo que esa es la mejor manera para rezar.

Antes de terminar la entrevista, Taty Almeida dice que quiere contar el origen del pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo.

Todos los años hay una gran peregrinación a Luján, porque la Virgen de Luján es la patrona de Argentina, a la que van miles de personas, y va la jerarquía eclesiástica, que no nos contestaba. Entonces las madres dijimos: “Vamos para allá y ahí los abordamos, y a ver ahí si nos pueden decir algo”. Pero claro, ¿cómo nos encontramos? Una madre dijo que nos pusiéramos los pañales en la cabeza. Porque, para los jóvenes que sepan, antes no había pañales descartables, eran de tela y se lavaban. Así como esos pañales sirvieron para cuidarlos cuando eran bebés, después sirvieron para pedir por la vida de ellos. Y de ahí el origen del pañuelo blanco.

Todo comenzó el 15 de febrero de 2023. Aquel día, Alberto Ordóñez, redactó una de esas rutinarias noticias que cada mes informan de los avances del IPC. “Los precios subieron en Galicia en el mes de enero un 6,4%. En toda España, la subida fue del 5,9. Son los datos oficiales que hoy publicó el Instituto Nacional de Estadística”, escribió en la entradilla que tendría que leer el presentador del informativo de la Radio Galega antes de darle paso. Cuando pulsó el botón de enter, este respetado periodista económico, con más de dos décadas en la emisora autonómica, no podía imaginar que estaba a punto de verse involucrado en una cadena de traslados que tanto él como el resto de implicados siempre consideraron una clara represalia. Dos años y media docena de derrotas judiciales después, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia les ha dado la primera alegría. La Sala de lo Social ha condenado a la CSAG, la antigua CRTVG, por vulnerar los derechos fundamentales de una de sus compañeras.

Parece una obviedad recordar que el ámbito de influencia de la Radio Galega es Galicia y, por eso, con un lógico criterio periodístico, Ordóñez puso para aquella información los datos de la comunidad autónoma en primer lugar, sin valorar que eran peores que los del conjunto del Estado y que eso podía resultar incómodo para el discurso oficial. Tal y como relató después ante la jueza, su superior le pidió “de forma ambigua” que modificase la pieza para “disimular” esas malas cifras. “Ya sabes...”, contó que le dijo. El periodista, que había dejado su pieza grabada, se amparó en la cláusula de conciencia para negarse a cambiar nada. Sin embargo, cuando la noticia se emitió en antena, el paso fue muy diferente: “Dato definitivo del IPC. Los precios subieron en enero en toda España un 5,9% con respecto a hace un año. La inflación subyacente, que no cuenta ni los alimentos frescos ni los carburantes, se sitúa en el 7,5%”. Tras todos esos datos, llegaba el autonómico: “En Galicia, los precios subieron en el mes de enero un 6,4%”.

Al día siguiente, empezaba un tsunami de cambios. El subdirector de Informativos llamaba a su despacho a Ordóñez para comunicarle que, tras 23 años en la radio, se iba a la TVG, a cubrir una jubilación en el programa Vivir o mar, lejos de la actividad económica que había marcado su carrera y en un medio que desconocía. Con él se iba también a la tele Nuria López, redactora multipremiada sin experiencia en el medio televisivo y que acabaría trabajando en la página web. El cambio de cromos se completaba con dos redactores de la tele, completamente neófitos en su nuevo destino, que daban con sus huesos en la radio: David Fernández, el “daño colateral”, y Mónica Rosas, vinculada al canal desde 1998. A ella es a quien el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia le acaba de reconocer la vulneración de derechos fundamentales por parte de la corporación gallega de medios públicos, la CSAG (la antigua CRTVG).

Desde el primer momento, Ordóñez, Rosas y López denunciaron esos cambios de puesto como una represalia por su postura crítica con la manipulación informativa, que los había convertido en rostros visibles del movimiento Defende a Galega. Era habitual verlos posar cada venres negro —van ya 407— vestidos de luto junto a decenas de compañeros. Tanto ellos como el comité intercentros entendieron que se estaba enviando un mensaje a los disidentes. La respuesta fue una convocatoria de huelga que hizo caer programas de las parrillas de la radio y la televisión y que llevó las protestas hasta la puerta del Senado. Allí, en la Cámara Baja, con un escaño otorgado por designación autonómica, debutaba el expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que iniciaba su carrera como líder del PP en Madrid. Precisamente, a ese nuevo papel de Feijóo achaca lo que le sucedió la quinta protagonista de este juego de las sillas.

Mayte Cabezas era otro rostro histórico de la TVG. Llevaba más de 30 años en pantalla, los últimos como parte del equipo de Vivir Aquí. En 1989, días después de que ella empezase a trabajar en el canal autonómico, el padre Cabezas, guardia civil, fue asesinado por los Grapo. En 2019, Feijóo, como presidente de la Xunta, se acercó a Mayte en un homenaje para comprometerse personalmente, “de manera muy íntima y vehemente” a aprobar de inmediato una ley de apoyo a las víctimas del terrorismo. Cuatro años más tarde, sin que de esa ley siga sin saberse nada y con Feijóo ya en Madrid, el candidato popular afirmaba: “Hacer política que merece la pena pasa por recordar a las víctimas del terrorismo”. Era sábado, 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

Cabezas estalló en su muro de Facebook personal y respondió que Feijóo “con mayoría absoluta dio la espalda sistemáticamente a las víctimas”. “Qué sinvergüenza. Reír por no llorar”, añadía entre signos de exclamación. El lunes, cuando llegó a su puesto de trabajo, tenía esperando sobre su mesa la carta que le comunicaba su traslado inmediato a la radio. La explicación oficial aseguraría después que el motivo era la cancelación del programa, algo que estaba previsto con anterioridad. La CSAG ha llegado a respaldar esa afirmación presentando ante la Justicia unos correos electrónicos supuestamente previos a las afirmaciones de la periodista. Ni ella ni sus abogados se lo creen y han presentado una impugnación por falsedad. La admisión o rechazo de esa querella está aún en trámite en un juzgado compostelano.

El vía crucis judicial

Todos los afectados por estos cambios recurrieron a la Justicia, excepto Fernández. A él le habían dejado claro que era un “daño colateral” en esos movimientos de piezas. “Tú no estás castigado... Bueno, nadie está castigado”, declaró ante la jueza que le había dicho el subdirector de informativos, Alejandro López Carballeira, hoy ascendido a director. Hablar en favor de sus compañeros tuvo un coste para él. Como tantos otros trabajadores que habían pasado años encadenando contratos temporales, denunció a la CSAG y la Justicia lo declaró indefinido. En una decisión “sin precedentes”, según el comité, en lugar de readmitirlo, como siempre se había hecho, lo indemnizaron y lo despidieron. Y eso que, cuando lo enviaron de la tele a la radio —un medio en el que también carecía de experiencia— lo hicieron “para crear equipo y generar buen ambiente”. Pero eso fue antes de comparecer ante la jueza.

Ordóñez, Rosas, López y Cabezas denunciaron que los traslados suponían una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo y la vulneración de sus derechos fundamentales. Las dos juezas que vieron sus casos fallaron lo mismo: que como esa modificación no existía, no era necesario entrar al fondo del asunto. Las magistradas consideraron equivalente el trabajo en la radio, en la televisión y en la página web, aunque hubiese que utilizar programas informáticos y herramientas diferentes para los que los afectados no habían recibido formación. Una de las expertas encargadas de defender la postura de la CSAG fue Ana Isabel Rodríguez, decana de la Facultade de Comunicación de Santiago en la que —junto a otros cargos de la Corporación— imparte clases López Carballeira. Entre sus argumentos, que “en la titulación oficial de Licenciado/Graduado en Periodismo no existe una especialización en función de los soportes de distribución de la información”.

Tras ese primer fracaso, que no indaga bajo la superficie de los cambios, llegan las distintas estrategias judiciales y los resultados diferentes, incluso opuestos, hasta utilizando los mismos argumentos. Ordóñez recurrió la sentencia ante el TSXG, que desestimó sus demandas y cerró el caso. Sus tres compañeras, sin embargo, se agarraron a la decisión de las juezas de no entrar al fondo de la cuestión y solicitaron, ante el mismo órgano, la anulación de la sentencia y que la causa se recondujese a la vulneración de derechos fundamentales. Con las mismas razones, la petición de Rosas y Cabezas sí fue aceptada; la de López, que recayó en otra sala, se rechazó.

La CSAG anuncia recurso

La de Mónica Rosas, con fecha de 2 de marzo y conocida este fin de semana, ha sido la primera de las sentencias favorables. Después de cinco derrotas judiciales, fue recibida con alborozo tanto por la plataforma Defende a Galega como por el comité y los trabajadores críticos con la deriva de los medios públicos. En su escrito, la Sala de lo Social hacía suyo “el reproche jurídico” a la jueza de primera instancia que suponía admitir el recurso justo antes decretar “la existencia de vulneración de los derechos fundamentales de la actora” y ordenar a la CSAG “cesar en esa conducta”.

Además, el TSXG condena a la corporación a abonar a la periodista 7.501 euros “en concepto de indemnización por daños y perjuicios morales por la vulneración de derechos fundamentales”. Una cantidad que puede parecer irrisoria tras los dos años de proceso y después de que Rosas tuviese que acogerse a una baja por trastorno de ansiedad tras un traslado que ahora la justicia considera injustificado. “Qué barato resulta violar la Constitución”, resume Matías Movilla, consejero del despacho de abogados Vento –su compañero, Ignacio Alén, llevó la demanda de Rosas– y todo un veterano en la defensa de los trabajadores de la CSAG.

Para la presidenta del comité intercentros, Raquel Lema (CUT), la sentencia es “importantísima” porque, a partir de ahora, la corporación tendrá “la obligación de justificar muy bien” cualquier decisión de traslado de trabajadores que hasta ahora utilizaba “como una excusa para las represalias”.

Este lunes, en su comparecencia semanal tras el Consello de la Xunta, el presidente Alfonso Rueda envió balones fuera y pasó la pelota a la Corporación. En su respuesta, Rueda obvió que la actual directora xeral de la CSAG, Concepción Pombo era la directora de informativos y superior directa de López Carballeira cuando se produjo la vulneración de derechos fundamentales sentenciada ahora por el TSXG. “La decisión del cambio de unidad orgánica de la demandante se tomó por el Director de Informativos de la CRTVG, Don Alejandro López Carballeira, junto con las Direcciones implicadas en dicho cambio”, escriben textualmente los magistrados.

Pombo llegó a la dirección xeral de la Corporación el pasado mes de julio, después de un cambio en la ley de medios públicos que permitió al PP designarla en solitario sin necesidad de una mayoría cualificada y pese a ser señalada como principal responsable de la manipulación informativa durante los casi ocho años que ejerció la jefatura del departamento. Cuando ascendió a lo más alto, López Carballeira heredó su puesto.

Tras el despeje de Rueda, llegaba la respuesta de la CSAG, fiel a sí misma. A través de correo electrónico, un portavoz relacionaba la demanda de Rosas con las otras tres, todas presentadas a raíz de lo que define como “reestructuración organizativa”, una “potestad de la dirección empresarial” y señala que los cuatro casos “obtuvieron sentencias favorables para la Corporación en primera instancia”. Añade que contaron con informes de la Fiscalía que, “al igual que las resoluciones judiciales, no apreciaban vulneración de derechos fundamentales”. Sin embargo, esos fallos no negaban la vulneración: simplemente, las juezas evitaban valorar si existía amparándose en que no había una modificación sustancial de las condiciones laborales.

“De los cuatro casos, éste es el único en el que el TSXG hace una lectura distinta y se aparta del criterio establecido previamente”, concluye antes de anunciar que la Corporación “recurrirá esta sentencia ante el Tribunal Supremo al entender que la reestructuración organizativa responde a una causa objetiva”.

Queda por saber si esa “lectura distinta” será la última. El caso de Mayte Cabezas está pendiente de la resolución de la querella por supuesta falsedad en los correos de la CSAG antes de seguir adelante. El de Nuria López, en punto muerto tras la decisión del TSXG de no anular su primera sentencia, podría reavivarse tras el empujón que ha supuesto el final feliz del de su compañera. Un final que aún no es definitivo, ante el anuncio de recurso de la Corporación, pero la defensa de las trabajadoras otorga muy pocas posibilidades a ese último intento. Afirman que la Sala de lo Social del Supremo apenas admite un 2% de los recursos de casación para la unificación de doctrina. Para conseguirlo, necesitarían encontrar un caso similar al de la periodista gallega en el que se justificase un desenlace diferente. Algo que no parece nada fácil.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Castilla-La Mancha ha denunciado ante la Inspección de Trabajo, y ante el Instituto de las Mujeres estatal, a la empresa Kiabi.

El motivo, es la grabación de un baile coreográfico de carácter público, protagonizado por trabajadoras de la tienda que la firma tiene en Albacete, durante la jornada laboral y con el uniforme de la empresa. Dicha grabación se realizó ante clientes y visitantes del centro comercial con un fin publicitario.

Tal y como se explica en la denuncia “en este caso no concurre ningún consentimiento libre, específico, informado e inequívoco por parte de las trabajadoras afectadas” y que pudiera amparar jurídicamente la conducta empresarial denunciada.

“La captación de su imagen, su utilización con fines comerciales y su difusión masiva, configuran una intromisión ilegítima en su derecho fundamental a la propia imagen y un tratamiento ilícito de datos personales”, señala el sindicato que lo ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo.

El propio secretario general del sindicato Pepe Álvarez señala en una publicación en la red social X que “la dignidad de las trabajadoras no está en venta, no se compra y por supuesto no se puede exhibir como una mercancía”.

Desde su perspectiva, los hechos descritos podrían, en determinadas circunstancias, considerarse un presunto delito contra la integridad moral, y discriminación laboral por razón de sexo por lo que pudieran ser, dice UGT, “constitutivos de infracción penal”.

Cree que la empresa ha comeido “una infracción muy grave por vulneración de la dignidad de las trabajadoras, por discriminación por razón de sexo; y posible infracción en materia de riesgos laborales al incumplir la obligación de evaluar y eliminar los riesgos psicosociales derivados de la práctica denunciada”.

Reclama una multa a la Inspección de Trabajo

El sindicato solicita a la Inspección de Trabajo la imposición de multa en su grado máximo por cada una de las infracciones muy graves, que se requiera a la empresa para que cese de inmediato en la práctica denunciada y en cualquier otra de similar naturaleza.

También pide que la empresa retire el video de todos los canales de difusión, y que adopte un protocolo de actuación preventivo que garantice el respeto efectivo de la dignidad, la igualdad de trato y los derechos fundamentales de todas las personas trabajadoras.

“Esto es vergonzoso y lo decimos alto y claro, desde UGT no vamos a dar un paso atrás. Basta ya de mercadear con nuestros derechos, nuestra imagen no está en venta para conseguir un like o una campaña de marketing”.

Este medio ha contactado con la cadena de ropa francesa para conocer su versión y, de momento, ha declinado realizar comentarios.

Podemos anunció este lunes un acuerdo con el Gobierno para llevar a cabo una regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular. La candidata del partido, Irene Montero, estimó que esta medida beneficiará a en torno a medio millón de personas, una cifra que también ofrece el Ejecutivo y que la situaría como la segunda mayor regularización extraordinaria de la democracia.

Las regularizaciones extraordinarias como esta son una práctica habitual en la gestión migratoria desde los años 80 en España. Desde el primer proceso, lanzado por el gobierno de Felipe González en 1986, el país ha aprobado un total de siete, tres de ellos durante los mandatos de González, dos durante los gobiernos de José María Aznar y uno en 2005, durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Una ley para poner orden en Extranjería

La primera ocasión en la que se utilizó esta fórmula administrativa arranca durante el primer gobierno del Partido Socialista. En 1985 se aprobó la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros, publicada en el Boletín Oficial del Estado en julio de ese año, y que sentaba las bases sobre los derechos y deberes de las personas extranjeras en el país. La Constitución llevaba seis años y medio en vigor y esta norma ampliaba a los no nacidos en el territorio español los derechos y deberes fundamentales recogidos en su Título I.

Hasta entonces, España no había tenido una ley que diese forma a la situación de los extranjeros a excepción de un Real Decreto de 1852 aprobado durante el gobierno de Juan Bravo Murillo, del Partido Moderado. Esa norma, que obligaba a determinar por ley sus derechos, añadía a la legislación española el supuesto de las mujeres españolas casadas con extranjeros, la distinción entre “domiciliados y transeúntes”, es decir, entre extranjeros que pasaban por el país y aquellos arraigados en el territorio, y los derechos y obligaciones de los mismos.

Con la aprobación de la ley, se habilitó la posibilidad de regular la situación legal de aquellos “insuficientemente documentados” en un plazo de tres meses, que posteriormente tuvo que ser ampliado. La regularización de estas personas se permitía siempre que no estuviesen implicadas “en actividades contrarias al orden público o a la seguridad interior o exterior del Estado”, que no hubiesen sido condenadas “dentro o fuera de España” por delitos sancionados con más de un año de cárcel o que carecieran “de medios lícitos de vida”, o ejercieran la mendicidad o actividades ilegales. En total, se normalizó la situación administrativa de un total de 38.294 personas no nacidas en el país.

Las primeras regularizaciones extraordinarias

En junio de 1991, ya durante el tercer mandato gubernamental de Felipe González, el Gobierno de entonces utilizó un método diferente para llevar a cabo una primera regularización extraordinaria. Ya en diciembre de 1990, el debate sobre la situación irregular de inmigrantes en el país, que estaba generando “bolsas de marginación”, según afirmó el propio Ejecutivo ante el Congreso de los Diputados.

El Congreso aprobó después, en abril del 91, una proposición no de ley presentada de forma conjunta por los grupos parlamentarios del PSOE, del Partido Popular, el grupo catalán (Convergència i Unió), el CDS, el grupo vasco (PNV) y el grupo mixto y que instaba al Gobierno a adoptar medidas para “completar el proceso de regularización” que se había iniciado en 1985. La propuesta no tuvo el apoyo de los 17 diputados de Izquierda Unida, que apostaban por reformar la Ley de Extranjería.

Finalmente, y tras el apoyo mayoritario de las Cortes a esta propuesta, el Consejo de Ministros aprobó el 7 de junio de 1991 un acuerdo para la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular que estaban trabajando en España. La medida permitió regularizar su situación a aquellas personas extranjeras residentes en España desde antes de julio de 1985, o de aquellos que, hasta mayo de 1991, habían disfrutado de un permiso de trabajo y residencia en el país, tenían una oferta de empleo estable o habían realizado actividades lucrativas continuadas. Entre 1991 y 1992 se regularizó la situación de 114.423 migrantes.

En 1996, la situación de los inmigrantes sin papeles en el país no había quedado todavía resuelta, por lo que el Ejecutivo, que había puesto en marcha varias medidas relacionadas con las migraciones desde principios de los 90 como la modificación de la ley sobre asilo y refugio, la creación de la Comisión Interministerial de Extranjería, o de diversos programas de promoción e integración social que cristalizaron en el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes, llevó a cabo una reforma del Reglamento de ejecución de la ley aprobada en 1985.

Esta modificación, que ya inserta la norma en la legislación europea vigente, tras la entrada española en la Unión Europea y la ratificación del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, establece en sus disposiciones adicionales el mecanismo para conceder documentación legal a quienes hubieran sido titulares de un permiso de residencia o de trabajo en alguna ocasión así como a sus familiares, siempre que hubieran residido en España con anterioridad al 1 de enero de ese año.

La norma, si bien fue aprobada mediante real decreto el 2 de febrero de 1996, todavía durante el último gobierno de Felipe González, no entraría en vigor hasta dos meses después. Apenas una semana después de su aprobación se convocaron elecciones anticipadas tras la enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado presentada por Convergència i Unió, por lo que entraría en vigor ya con José María Aznar en La Moncloa, en abril de ese año. Se regularizó la situación de 21.294 inmigrantes.

Las regularizaciones masivas de Aznar

El siguiente proceso fue impulsado cuatro años después por el gobierno de José María Aznar en las últimas semanas de legislatura. El 11 de enero se aprobó una Ley Orgánica que regulaba los derechos y libertades de los extranjeros en España y que establecía, en su primera disposición transitoria, que el Gobierno aprobaría un procedimiento mediante Real Decreto para regularizar la situación de todos los extranjeros que se encontrasen en el país antes del 1 de junio de 1999 y que acreditasen haber solicitado permisos de residencia o trabajo en los últimos tres años o que lo hubieran obtenido.

Esta regularización extraordinaria fue la de mayor alcance hasta la fecha y recibió más de 244.000 solicitudes. En este caso, hubo una gran cantidad de peticiones rechazadas, más de 80.000, y en la segunda mitad del año 2000 se había normalizado la situación administrativa de 163.000 inmigrantes. Este número se ampliaría a lo largo de 2001 en 36.000 más tras revisarse de oficio estos expedientes.

Ese mismo año, el gobierno Aznar llevó a cabo un proceso extraordinario al que solo podían acogerse los ciudadanos ecuatorianos y que benefició a más de 20.000 personas, después de que 12 inmigrantes de Ecuador, que carecían de permisos de residencia y de trabajo, murieran en un accidente en Lorca (Región de Murcia) cuando un tren arrolló la furgoneta en la que se dirigían a su trabajo recolectando brócoli. Además de los 12 fallecidos, también resultaron heridos el conductor de la furgoneta y una niña de 13 años que también trabajaba en la plantación de Puerto Lumbreras.

Este proceso de regularización, el más amplio hasta el momento, fue superado apenas un año después, ya con el segundo gobierno de José María Aznar apoyado por el Partido Popular con mayoría absoluta en el Congreso. Se nombró como “regularización por arraigo” y proporcionó documentos a un total de 239.174 extranjeros en España, que tuvieron que demostrar que se encontraban en el país con anterioridad al 1 de enero de 2001 y acreditar su arraigo en el país. Para ello se aceptaban tanto contratos de empleo reales como potenciales, residencia regular en España o vínculos familiares con personas con permisos de residencia.

Finalmente, durante los dos gobiernos de Aznar se regularizó la situación de un total de 524.621 inmigrantes no comunitarios.

La gran “normalización” de Zapatero

Durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tras la vuelta de los socialistas al poder, se volvieron a superar las regularizaciones extraordinarias previas. Mediante un Real Decreto, aprobado en el último Consejo de Ministros del año 2004, el Gobierno sustituía el Reglamento de la Ley Orgánica que había sido impulsada por el gobierno de Aznar en el año 2000, incluyendo novedades respecto de la acogida de las personas que solicitaban asilo en España e iniciando un “proceso de normalización” de las personas inmigrantes residentes en España en situación irregular.

La norma establecía un plazo de tres meses para que los empleadores pudieran solicitar autorizaciones iniciales de residencia y trabajo para aquellas personas empadronadas durante más de seis meses desde su entrada en vigor, aquellos con contratos de trabajo vigentes de seis meses o más y 40 horas semanales. También se establecía un mecanismo para regularizar a las personas que realizasen trabajos en el ámbito del servicio doméstico.

Esta “normalización” generó un total de 691.655 solicitudes, la gran mayoría en la Comunidad de Madrid (171.321), Catalunya (139.480) o la Comunitat Valenciana (108.496), y de las que terminaron siendo aprobadas finalmente 576.506. La mayor cantidad de solicitudes correspondieron a ciudadanos de origen latinoamericano, especialmente ecuatorianos —se superaron las 120.000 solicitudes—, aunque también destacaron las solicitudes de personas de origen rumano o marroquí.

La iniciativa popular y el acuerdo con Podemos

Después de la pandemia de COVID-19, y tras las regularizaciones de inmigrantes indocumentados realizadas por países europeos como Italia o Portugal en los años 2020 y 2021, los colectivos sociales lanzaron una campaña de recogida de firmas con la intención de que se normalizase la situación de centenares de miles de migrantes en España. La campaña “¡Regularización YA!” logró recopilar desde diciembre de 2021 más de 700.000 firmas de ciudadanos españoles para impulsar una iniciativa legislativa popular y que fueron entregadas en el Congreso en diciembre de 2022.

La iniciativa ciudadana inició su recorrido parlamentario en 2023 en la Comisión de Empleo, Asuntos Sociales, Inclusión y Migración y los trabajos se extendieron a 2024 tras el adelanto electoral de julio del 23. Tras ello, la iniciativa legislativa quedó bloqueada en el Congreso por la negativa de los grupos de derecha, PP y Vox, a los que se sumaron los independentistas de Junts. Ante este bloqueo, esta semana se ha desbloqueado la situación tras un acuerdo del Gobierno con Podemos que permitirá evitar la vía parlamentaria.

A esta última regularización podrán acogerse tanto solicitantes de asilo que hayan registrado su petición como cualquier extranjero que pruebe haber vivido en España un mínimo de cinco meses hasta la fecha tope del 31 de diciembre de 2025. Tanto Podemos como el Ejecutivo calculan que la medida podría beneficiar a cerca de medio millón de personas que actualmente ya residen y trabajan en el país de forma irregular.