El próximo sábado, día 18 de abril, la Archidiócesis de Toledo quiere convertir la ciudad en lo que ha llamado “epicentro del compromiso con la vida”. Se trata de una jornada antiabortista a la que denomina 'Fiesta por la Mujer y la Vida'. Tiene como objetivo principal la “defensa de la vida humana” y la recaudación de fondos para Proyecto Mater, una iniciativa toledana coordinada por Cáritas Diocesana para ayudar a mujeres “en riesgo de aborto o postaborto”.

No obstante, la Unión Popular de Estudiantes de la ciudad se ha movilizado para hacer frente a esta iniciativa y, ese mismo día, ha convocado una “contramanifestación” en la Puerta de Bisagra de la ciudad, a las 16.00 horas. Es una respuesta que coincide con la marcha antiabortista, con el objetivo concreto de responder a la jornada religiosa y que los y las jóvenes convocantes realizan bajo el lema 'Abortar es un derecho fundamental'.

El evento religioso, que cuenta además con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo, gobernado por PP y Vox, se desarrollará en cuatro puntos emblemáticos de la ciudad. Entre ellos está la mencionada Puerta de Bisagra, donde celebran una concentración a las 16.30 horas, es decir, poco antes de la convocatoria de la protesta estudiantil como respuesta a sus proclamas antiabortistas.

La Unión Popular de Estudiantes busca denunciar lo que consideran una “ofensiva” contra el derecho al aborto y criticar el “respaldo” institucional que recibe el evento religioso. Belén Garín, representante del colectivo estudiantil, precisa a este medio que la concentración religiosa “va en contra de derechos fundamentales”.

“Hemos convocado esta contramanifestación porque nos parece injustificable y muy alarmante que el Ayuntamiento, además, la responde y se destinen recursos públicos que atacan de manera directa a los derechos fundamentales de las mujeres, en vez de ofrecerlos para otras partidas necesarias”, argumenta.

Mientras se dificulta el acceso efectivo al aborto, se promocionan actos que cuestionan su legitimidad

Además, destaca el hecho de que se realice en una provincia donde, recuerdan, sigue sin garantizarse plenamente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Es una situación que, además, se produce en toda Castilla-La Mancha.

“Mientras se dificulta el acceso efectivo al aborto, se promocionan actos que cuestionan su legitimidad”, critica, y acusa a Proyecto Mater de formar parte de la red de organizaciones que buscan “presionar y señalar” a mujeres que desean interrumpir su embarazo.

El evento religioso ya tuvo su antecedente en marzo del año pasado también con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo. Aunque hace diez años, el papa Francisco decretó, por primera vez en la historia, que se perdonase el “pecado mortal” del aborto, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ya presentó esa edición de 2025 resaltando que el derecho al aborto es “un ataque a la vida humana”.

Respaldó estas declaraciones la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, Ana Pérez, del PP, que hasta su llegada al cargo presidió la asociación antiabortista Red Madre, además de la vicealcaldesa de Vox, Inés Cañizares.

En busca del “blindaje” del acceso al aborto en la Constitución

Este debate local coincide además con el impulso del Gobierno central a la reforma constitucional para blindar el acceso al aborto en España. El Consejo de Ministros aprobó este martes en segunda vuelta el proyecto de reforma con el que pretende introducir en la Constitución la obligación de los poderes públicos de garantizar el ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo “en condiciones de igualdad real y efectiva”.

La propuesta, defendida por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, busca reforzar especialmente la prestación pública de este derecho ante las desigualdades territoriales existentes.

Según recordó el Ejecutivo, en comunidades como Castilla-La Mancha las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en la sanidad pública no alcanzan el 1%. Una situación que el Gobierno considera incompatible con la garantía efectiva de este derecho.

“No me siento cómoda”. La directora xeral de la CSAG (antigua CRTVG), Concepción Pombo, se refugió en la “discreción” para no valorar las preguntas de la oposición sobre la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condenó a la corporación por vulnerar los derechos fundamentales de una periodista como represalia a su participación en los venres negros, las movilizaciones que desde hace más de 400 semanas reclaman el fin de la manipulación informativa en los medios públicos gallegos.

La “gravedad” de la sentencia motivó que BNG y PSdeG introdujeran sendas cuestiones para Pombo en la comisión de control parlamentaria. “Como hablamos de la salud de una trabajadora, de derechos fudamentales y de represalias, creo que esta no es una comisión más”, afirmó la socialista Carmen Dacosta, quien pretendía que la directora xeral contestase a sus interrogantes y no se limitase, como suele hacer, a leer los folios que traía escritos. No lo consiguió.

Antes, la nacionalista Mercedes Queixas, había sintetizado el fondo de la resolución judicial: “Deja claro que en los medios públicos gallegos se represalia, se arrincona, se trata de degradar y de humillar a quien osa levantar la voz contra el uso espúreo y manipulador” de una corporación “teledirigida desde el Consello de la Xunta”.

La periodista Mónica Rosas fue enviada a la Radio Galega tras más de veinte años en la TVG en un movimiento que implicó a otros tres trabajadores; dos –Alberto Ordóñez y Nuria López–, también significados en los venres negros mientras que al tercero, David Fernández, le dijeron que era un “daño colateral”. En primera instancia, los tres casos fueron rechazados porque las juezas no consideraron que se hubiese producido una modificación sustancial de sus puestos de trabajo y, por tanto, no entraron al fondo de la cuestión: si se había producido o no la vulneración de derechos.

Tras archivar el de Ordóñez, el TSXG ha dado ahora la razón a Rosas. Queixas recordó que esta es la tercera sentencia en el mismo sentido contra la CSAG, tras la del periodista Carlos Jiménez –a quien se trató de represaliar con un expediente injustificado– y la del productor al que se cambió de turno para impedirle participar en la huelga de otoño de 2024. “¿Qué mensaje se le envía a la sociedad gallega cuando se castiga a los profesionales como si se tratase de una escuela del franquismo?”, preguntó.

“Estamos ante una forma de actuar escandalosa, indignante, vergonzosa e ilegal” ante la que la dirección “tiene que bajar la cabeza”, argumentó en su turno Dacosta, antes de añadir: “No me gustaría estar en su lugar”.

“Solamente 32 sentencias desfavorables”

En esta ocasión, a Pombo tampoco parecía gustarle. En su primera respuesta, dejó claro que no se sentía cómoda con la situación: “Hablamos de trabajadoras concretas, con derechos, con trayectorias profesionales y con procesos judiciales en curso que estoy segura de que les resultan ásperos y de que les fueron difíciles de presentar y de llevar adelante”. Por un momento, parecía que no fuese ella la representante de la parte demandada.

Aún así, como sucedió en el juicio, trató de incluir los cuatro traslados forzosos dentro de una “cuestión organizativa general” que afectó a más de 90 trabajadores –“con y sin participación en causas reivindicativas de distinta naturaleza”– y que considera respaldada “mayoritariamente” por la justicia porque, de las 279 causas juzgadas entre 2023 y marzo de 2026, “solamente” habían recibido 32 sentencias desfavorables.

En su aleccionamiento a la oposición, Pombo trató de “introducir claridad” ante las referencias a los derechos fundamentales “que usaron como sinónimo de constitucionales”. Para ella, bajo este término “lo que realmente se analiza son cuestiones organizativas ordinarias”, como cambios de turno o de horario. Eso sí, en lo que sonó a un alarde de generosidad, afirmó: “Aceptamos el derecho de los trabajadores a pedir la tutela judicial cuando lo consideren oportuno”. 

Como había anticipado la CSAG, la directora xeral ratificó que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo, con el objetivo, según dijo, “de obtener una interpretación unificada con las otras sentencias que sí fueron favorables”.

En su réplica, Queixas y Dacosta demostraron que no habían comprado su supuesta discreción. “”Es un fraude que esquive su responsabilidad en esta tema“, asevero la primera tras inquirir: ”Si no está cómoda, ¿será por que se siente responsable?“. ”Menos cómoda se encontraba la trabajadora a la que vulneraron sus derechos fundamentales como represalia“, apostilló la diputada del PSdeG.

La parlamentaria del BNG preguntó a Pombo si pensaba “persistir en esa infamia”. “Lo que le está diciendo la sentencia es que los medios públicos no son su cortijo particular”.

“La vulneración de derechos y el maltrato laboral son características que definen a los autócratas”, añadió Dacosta, quien recordó a Pombo su “obligación” de contestar a las preguntas de la oposición. “Actúa como si nosotros fuésemos trabajadores de la CSAG, pero nosotros estamos protegidas y ellos, no”. “Está dando a entender que van a seguir haciendo lo mismo”, concluyó antes de finalizar, aprovechando las fechas, para recomendarle –no sin un punto de ironía–, a falta de otra cosa, un “acto de contrición”.

Lo ocurrido en Santander no es una anécdota ni una cuestión menor de agenda municipal. Es una decisión política consciente del Partido Popular: utilizar una institución pública para cuestionar derechos fundamentales y señalar a quienes los ejercen. Y conviene nombrarlo con claridad, porque solo así puede entenderse la gravedad de lo que está en juego.

La iluminación de la fachada del Ayuntamiento y la programación impulsada junto a organizaciones “provida” no son gestos simbólicos inocuos. Son la expresión de una agenda ideológica que el Partido Popular está trasladando al espacio institucional, utilizando recursos públicos, símbolos comunes y la legitimidad democrática para erosionar la autonomía de las mujeres y de las personas en situaciones de extrema vulnerabilidad. No estamos ante un ejercicio de pluralidad, sino ante una toma de partido desde lo público contra derechos reconocidos por la ley.

Este tipo de actuaciones desmonta, además, el relato que el propio Partido Popular y la Concejalía de Igualdad han intentado sostener en los últimos años: el de una supuesta defensa de los derechos de las mujeres. Porque no hay política de igualdad posible cuando se legitima a quienes trabajan activamente para limitar la capacidad de decidir. No se puede hablar de derechos mientras se cuestionan en la práctica. No se puede sostener una imagen de respeto institucional mientras se da cobertura a discursos que históricamente han servido para controlar, culpabilizar y disciplinar a las mujeres.

Las instituciones democráticas tienen un mandato inequívoco: garantizar derechos, no someterlos a disputa ni actuar como altavoces de quienes pretenden restringirlos. Cuando un gobierno municipal, con mayoría absoluta del Partido Popular, decide alinearse con organizaciones que cuestionan la interrupción voluntaria del embarazo o la eutanasia, está enviando un mensaje profundamente preocupante: que esos derechos, aunque legales, no son plenamente legítimos. Y convertir en discutible lo que es un derecho es el primer paso para debilitarlo.

No es un debate abstracto ni una confrontación ideológica sin consecuencias. Es la vida concreta de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo

Porque de eso se trata. No es un debate abstracto ni una confrontación ideológica sin consecuencias. Es la vida concreta de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, de las personas gravemente enfermas que reclaman una muerte digna, de quienes necesitan saber que las instituciones están de su lado y no en su contra. Cuando el Partido Popular utiliza el Ayuntamiento para cuestionar esas decisiones, introduce estigma, genera inseguridad y erosiona la confianza en lo público como espacio de protección.

Además, no estamos ante un hecho aislado. Este tipo de iniciativas se inscriben en una estrategia política más amplia que busca desplazar el marco de los derechos, reabrir debates que estaban resueltos y normalizar posiciones regresivas bajo una apariencia de institucionalidad. Se trata de un movimiento calculado: no derogar abiertamente derechos, sino debilitarlos, cuestionarlos y rodearlos de un clima social que los vuelva más frágiles. Y en ese proceso, las instituciones se convierten en herramientas clave.

El derecho a decidir —sobre el propio cuerpo, sobre la maternidad, sobre el final de la vida— no puede depender de mayorías coyunturales ni de la ideología de quien gobierna

La calidad de una democracia no se mide solo por la existencia formal de derechos, sino por el compromiso activo de las instituciones en garantizarlos. Y en ese sentido, la autonomía personal ocupa un lugar central. Sin autonomía no hay libertad real, y sin libertad no hay igualdad posible. El derecho a decidir —sobre el propio cuerpo, sobre la maternidad, sobre el final de la vida— no puede depender de mayorías coyunturales ni de la ideología de quien gobierna. Está reconocido en la ley y forma parte del núcleo irrenunciable de los derechos fundamentales.

Por eso es especialmente grave que el Partido Popular utilice las instituciones para cuestionarlo. No es neutralidad, no es pluralidad: es gobernar contra derechos. Es convertir el espacio público en una plataforma ideológica al servicio de quienes pretenden limitar libertades. Es, en definitiva, una forma de violencia institucional que, aunque no siempre se nombre así, tiene efectos reales en la vida de las personas.

Cuando esto ocurre, las instituciones dejan de ser garantes para convertirse en actores de parte. Dejan de representar a toda la ciudadanía para representar solo a una parte. Y en ese desplazamiento, lo que se debilita no es únicamente un derecho concreto, sino la propia idea de lo público como espacio común, como lugar de protección, como marco de convivencia basado en la igualdad y el respeto.

Frente a ello, no cabe la equidistancia ni el silencio. Los derechos no se sostienen por inercia, ni están a salvo de retrocesos. Requieren defensa activa, especialmente cuando son cuestionados desde las propias estructuras que deberían protegerlos. Señalar estas prácticas, denunciarlas y exigir responsabilidades forma parte de esa defensa democrática.

Porque lo que está en juego no es una fachada iluminada ni una jornada puntual. Es si aceptamos que un gobierno, en este caso del Partido Popular, puede utilizar las instituciones para atacar la autonomía de las mujeres y el derecho a decidir de las personas más vulnerables.

Y eso, sencillamente, no es compatible con una democracia que se pretenda digna de tal nombre.

Taty Almeida es una mujer amorosa y de voz potente, pero sobre todo es un emblema de luchadora en Argentina por los desaparecidos de la dictadura. La Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, de 95 años, recibe a elDiario.es en su departamento del barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, en la antesala de la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado cívico-militar. “Y eclesiástico”, agrega.

“A pesar de los bastones y las sillas de ruedas, ‘las locas’ seguimos de pie”, afirma sentada en el sillón del salón y apuntando con un dedo la silla de ruedas que usa desde hace dos años. Ya no viaja a España, donde vive Jorge, uno de sus tres hijos. Taty señala la última foto que tiene con los tres: Fabiana, Jorge y Alejandro: “Yo había vuelto de un viaje y nos juntamos el 8 de junio de 1975. Es la última foto con Alejandro, porque lo desaparecieron el día 17”.

Alejandro Almeida tenía 20 años cuando fue detenido y desaparecido. Era militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una guerrilla que operó durante la década de los 70, pero su madre no lo supo hasta después de aquel 17 de junio.

Devota del Sagrado Corazón, Taty reza y no pierde las esperanzas de poder encontrar los restos de su hijo y poder abrazarlo. La canción de Silvio Rodríguez El unicornio azul hace vibrar lo que ella siente. Y el cantautor cubano se la dedicó en el último recital que dio en Buenos Aires.

Taty Almeida se indigna ante el negacionismo del Gobierno de Javier Milei y se imagina un “mano a mano” con la vicepresidenta Victoria Villarruel. “Le preguntaría: ‘¿Vos estás de acuerdo con que tus amiguitos hayan tirado vivas a nuestras tres madres, a las monjas francesas y a tantos de nuestros hijos?’”.[Las monjas Azuzena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce fueron arrojadas vivas al mar en los llamados vuelos de la muerte].

En el salón se ven fotos de ella con el Papa Francisco, con Maradona, varios retratos y un poema de su hijo Alejandro que descubrió tras su desaparición y una sobrina enmarcó. Taty dice que tiene una familia maravillosa compuesta por seis nietos varones (cuatro de Fabiana y mellizos de Jorge) y cuatro bisnietos. Se le ilumina la cara cuando cuenta que su bisnieto Mateo, que está en primer año, le dijo: “Taty, sería para mí un orgullo que vengas a dar una charla sobre el 24 de marzo [fecha del golpe de Estado]”.

Usted ha dicho que Alejandro parió a Taty Almeida. ¿Puede contar por qué?

Yo era una gorila [antiperonista] tremenda. Toda mi familia [era] militar. Mi hermano, coronel; mi padre también era teniente coronel de caballería y murió joven. Él votó a Perón en el primer Gobierno. Un hogar muy especial, porque eran antiperonistas, pero nunca escuchamos “¡Viva el cáncer!” [lema de odio con el que sectores antiperonistas celebraban la enfermedad y muerte de Eva Perón]. Mis dos hermanas, hoy fallecidas, estuvieron casadas con dos oficiales de aeronáutica; los hermanos de mi exmarido, milicos, o sea, milicos por todas partes.

Cuando desaparecen a Alejandro, recurrí como loca a todos. A mi hermano Carlos, con el que era compinche, lo llamé a Goya (en la provincia de Corrientes), él era el jefe de ahí y no vino. Lamentablemente, nos distanciamos. Como le dije tiempo después: “Si vos te quedaste en el Ejército, por algo será”. Nunca más nos hablamos hasta que se enfermó de leucemia y lo fui a despedir antes de morir. Fue muy fuerte el encuentro con él.

De su hijo, ¿tuvo algún indicio de dónde estuvo secuestrado?

No, no, nada. Es por eso nuestra lucha. No sabemos dónde están enterrados, no tenemos dónde llevarles una flor. La verdad, que nos digan dónde están. Y después justicia legal, nunca justicia por mano propia. Alejandro vivía acá conmigo. Tenía 20 años. Estudiaba Medicina y trabajaba en el Instituto Geográfico Militar. El día que ya no volvió él no me dejó ningún mensaje, como hacía siempre. Y ahí en ese mueble encuentro una agenda de teléfono en donde en las últimas 24 hojas, había 24 poesías. No sabía que militaba y tampoco sabía que escribía poesía. Ahí empecé a conocer la otra faceta de Alejandro. Un canto a la amistad, al amor, a la injusticia, al repudio, y una poesía dedicada a mí, por si algo le pasaba; vaya si le pasó.

Este payaso que tenemos de presidente, con perdón de los payasos, niega que hubo 30.000 desaparecidos. Además, los insultos, las cosas que dice. Es un chupamedias de Donald Trump

Bueno, es una despedida. Él sabía que iba a morir. Los que terminaron de contarme cómo era Alejandro fueron dos muchachos. Con otra madre habíamos ido a invitar a una marcha contra la Ley de Punto Final a Ciudad Universitaria [de Buenos Aires]. Y me presenté y se acercaron dos muchachos, muy pálidos. Me abrazaron y lloraron, me decían: “Sos la madre de Alejandro. Alejandro sabía dónde vivíamos, y él no habló, Taty. Nos salvamos por él, pudimos exiliarnos”.

¿Cómo recuerda su acercamiento a Madres de Plaza de Mayo?

A mí me costó acercarme a Madres, porque yo decía: “Con el currículum militar que tengo, van a pensar que soy una espía. Fuimos con mi hija Fabiana y al entrar vimos en una pared muchas fotos y me di cuenta de que no era la única. Me atendió la madre con mayúscula, María Adela Gard de Antokoletz. María Adela buscaba a su hijo abogado, Daniel, que sigue desaparecido. Y me acuerdo que me preguntó: ”¿A quién te falta a vos? No importaba política, religión, y ahí yo hice mi catarsis. Hablé, lloré. Y en un momento le dije: “Ay, María Adela, qué estúpida he sido”. Y me dijo: “No, mi hijita, no digas eso”. Cada madre se acercó cuando fue su momento. Este es el tuyo, Taty“.

¿Cómo imagina que continuará el legado de las Madres?

Quedamos pocas Madres y Abuelas, pero la posta ya la hemos pasado. Y estamos tranquilas porque hay gente que realmente va a continuar con la memoria cuando ya no estemos nosotras. Esa posta de a poquito la pasamos, porque a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie, querida.

Cuando mira hacia atrás a la mujer de 45 años que empezó a buscar a Alejandro, ya divorciada, la Taty de hoy, ¿qué piensa de aquélla?

Yo a esta altura, te imaginas, la cantidad de honoris causa que me han dado y en cada reconocimiento lo veo a Alejandro, que me dice: “Vieja, miren a esta gorilita de mierda, ¿en qué se transformó?”. Porque él me decía: “Está gorilita y, sin embargo, la quiero”. Ese es el cambio que hicimos todas las madres, ¿no? Dicen que somos heroicas, pero no, hicimos lo que cualquier madre hace por un hijo, en circunstancias muy especiales.

Si a una madre se le muere un hijo por una enfermedad, por lo menos lo está atendiendo hasta el último momento; lo puede despedir. En nuestro caso se los llevaron y ahí quedó

Sabemos lo que es llevar nueve meses en la panza a un hijo para que te lo arranquen de esa manera. La pérdida de un hijo no tiene cura, es una herida que no se cierra. Si a una madre se le muere un hijo por una enfermedad, por lo menos lo está atendiendo hasta el último momento; lo puede despedir. En nuestro caso se los llevaron y ahí quedó. Una de las cosas que yo le pido a Dios es que no me lleve sin antes por lo menos tocar los huesos de Alejandro. Y no pierdo la esperanza por el trabajo de los antropólogos forenses. ¿Viste ahora que identificaron a 12 desaparecidos en La Perla [centro de detención y exterminio en la provincia de Córdoba]? Imagínate, los antropólogos que identificaron al Che Guevara, así que más vale que sepan los muchachos.

¿Cuánto le afecta el negacionismo del Gobierno de Milei?

Este payaso que tenemos de presidente, con perdón de los payasos, niega que hubo 30.000 desaparecidos. Además, los insultos, las cosas que dice. Es un chupamedias de Donald Trump. Compadezco al que venga después de este, que sea un gobierno nacional y popular para sacar a flote la Argentina, porque la está destruyendo. La cantidad de fábricas cerradas, la cantidad de gente sin empleos.

En estos dos años de gobierno ha habido un desmantelamiento de las políticas de memoria. ¿Cómo pueden contrarrestarlo desde los organismos de derechos humanos?

Ahí está el tema, si ganó y de qué manera, algo se hizo mal. Por eso es tan importante la unidad, pero la unidad de palabra, no; con hechos. Realmente, con hechos, estar unidos; ya se sabe que un pueblo unido jamás será vencido. Para eso se necesita hablar con la gente, explicarle, no enojarse con los que lo votaron, hacerles razonar; hay mucho por hacer políticamente.. Es lo que, modestia aparte, hace una cuando va a los colegios, a todos lados.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, bajo el eufemismo de “memoria completa·, busca equiparar las acciones del terrorismo de Estado con las de las organizaciones armadas. ¿Qué responde?

Ella es brava e inteligente, apoya a los milicos y la teoría de los dos demonios [que equipara la represión de la dictadura a las acciones de los guerrilleros]. Es inaceptable. Me gustaría tener un mano a mano con ella y preguntarle: “¿Vos estás de acuerdo con que tus amiguitos, o lo vas a negar, hayan tirado vivas a nuestras tres madres, a las monjas francesas y a tantos de nuestros hijos?”. Y negámelo, que tus amiguitos se apropiaron de los bebés, de las chicas que estaban presas políticas, las mantuvieron vivas, tuvieron familia, y a ellas las asesinaron. ¿Estás de acuerdo? ¿Vas a negarlo? ¿No viste el avión que está ahí en la exESMA [Escuela de Mecánica de la Armada, centro de detención y tortura] de uno de los vuelos de la muerte? Allá tienes a la prueba, ¿viste? A ver, ¿qué me diría?

A 50 años del golpe de Estado cívico-militar, ¿cómo vive esta fecha?

Golpe cívico-militar y eclesiástico. La complicidad eclesiástica fue espantosa, con excepciones, como monseñor Angelelli, el padre Mugica. Defender y apuntalar esta democracia nos costó mucho. Fuimos pioneros en los juicios a la Junta Militar. Esperemos que el 24 seamos muchos.

¿En algún momento dejó de creer en Dios?

No, siempre tuve fe. Cuando yo estuve con el Papa Francisco, yo le dije: yo no voy a misa, ni me confieso, ni nada. Pero la fe no la he perdido. Yo soy devota del Sagrado Corazón. Y en el umbral de la puerta tengo un cuadrito con él: lo reto, le rezo y le agradezco. Y Francisco me dijo que esa es la mejor manera para rezar.

Antes de terminar la entrevista, Taty Almeida dice que quiere contar el origen del pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo.

Todos los años hay una gran peregrinación a Luján, porque la Virgen de Luján es la patrona de Argentina, a la que van miles de personas, y va la jerarquía eclesiástica, que no nos contestaba. Entonces las madres dijimos: “Vamos para allá y ahí los abordamos, y a ver ahí si nos pueden decir algo”. Pero claro, ¿cómo nos encontramos? Una madre dijo que nos pusiéramos los pañales en la cabeza. Porque, para los jóvenes que sepan, antes no había pañales descartables, eran de tela y se lavaban. Así como esos pañales sirvieron para cuidarlos cuando eran bebés, después sirvieron para pedir por la vida de ellos. Y de ahí el origen del pañuelo blanco.

Todo comenzó el 15 de febrero de 2023. Aquel día, Alberto Ordóñez, redactó una de esas rutinarias noticias que cada mes informan de los avances del IPC. “Los precios subieron en Galicia en el mes de enero un 6,4%. En toda España, la subida fue del 5,9. Son los datos oficiales que hoy publicó el Instituto Nacional de Estadística”, escribió en la entradilla que tendría que leer el presentador del informativo de la Radio Galega antes de darle paso. Cuando pulsó el botón de enter, este respetado periodista económico, con más de dos décadas en la emisora autonómica, no podía imaginar que estaba a punto de verse involucrado en una cadena de traslados que tanto él como el resto de implicados siempre consideraron una clara represalia. Dos años y media docena de derrotas judiciales después, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia les ha dado la primera alegría. La Sala de lo Social ha condenado a la CSAG, la antigua CRTVG, por vulnerar los derechos fundamentales de una de sus compañeras.

Parece una obviedad recordar que el ámbito de influencia de la Radio Galega es Galicia y, por eso, con un lógico criterio periodístico, Ordóñez puso para aquella información los datos de la comunidad autónoma en primer lugar, sin valorar que eran peores que los del conjunto del Estado y que eso podía resultar incómodo para el discurso oficial. Tal y como relató después ante la jueza, su superior le pidió “de forma ambigua” que modificase la pieza para “disimular” esas malas cifras. “Ya sabes...”, contó que le dijo. El periodista, que había dejado su pieza grabada, se amparó en la cláusula de conciencia para negarse a cambiar nada. Sin embargo, cuando la noticia se emitió en antena, el paso fue muy diferente: “Dato definitivo del IPC. Los precios subieron en enero en toda España un 5,9% con respecto a hace un año. La inflación subyacente, que no cuenta ni los alimentos frescos ni los carburantes, se sitúa en el 7,5%”. Tras todos esos datos, llegaba el autonómico: “En Galicia, los precios subieron en el mes de enero un 6,4%”.

Al día siguiente, empezaba un tsunami de cambios. El subdirector de Informativos llamaba a su despacho a Ordóñez para comunicarle que, tras 23 años en la radio, se iba a la TVG, a cubrir una jubilación en el programa Vivir o mar, lejos de la actividad económica que había marcado su carrera y en un medio que desconocía. Con él se iba también a la tele Nuria López, redactora multipremiada sin experiencia en el medio televisivo y que acabaría trabajando en la página web. El cambio de cromos se completaba con dos redactores de la tele, completamente neófitos en su nuevo destino, que daban con sus huesos en la radio: David Fernández, el “daño colateral”, y Mónica Rosas, vinculada al canal desde 1998. A ella es a quien el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia le acaba de reconocer la vulneración de derechos fundamentales por parte de la corporación gallega de medios públicos, la CSAG (la antigua CRTVG).

Desde el primer momento, Ordóñez, Rosas y López denunciaron esos cambios de puesto como una represalia por su postura crítica con la manipulación informativa, que los había convertido en rostros visibles del movimiento Defende a Galega. Era habitual verlos posar cada venres negro —van ya 407— vestidos de luto junto a decenas de compañeros. Tanto ellos como el comité intercentros entendieron que se estaba enviando un mensaje a los disidentes. La respuesta fue una convocatoria de huelga que hizo caer programas de las parrillas de la radio y la televisión y que llevó las protestas hasta la puerta del Senado. Allí, en la Cámara Baja, con un escaño otorgado por designación autonómica, debutaba el expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que iniciaba su carrera como líder del PP en Madrid. Precisamente, a ese nuevo papel de Feijóo achaca lo que le sucedió la quinta protagonista de este juego de las sillas.

Mayte Cabezas era otro rostro histórico de la TVG. Llevaba más de 30 años en pantalla, los últimos como parte del equipo de Vivir Aquí. En 1989, días después de que ella empezase a trabajar en el canal autonómico, el padre Cabezas, guardia civil, fue asesinado por los Grapo. En 2019, Feijóo, como presidente de la Xunta, se acercó a Mayte en un homenaje para comprometerse personalmente, “de manera muy íntima y vehemente” a aprobar de inmediato una ley de apoyo a las víctimas del terrorismo. Cuatro años más tarde, sin que de esa ley siga sin saberse nada y con Feijóo ya en Madrid, el candidato popular afirmaba: “Hacer política que merece la pena pasa por recordar a las víctimas del terrorismo”. Era sábado, 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

Cabezas estalló en su muro de Facebook personal y respondió que Feijóo “con mayoría absoluta dio la espalda sistemáticamente a las víctimas”. “Qué sinvergüenza. Reír por no llorar”, añadía entre signos de exclamación. El lunes, cuando llegó a su puesto de trabajo, tenía esperando sobre su mesa la carta que le comunicaba su traslado inmediato a la radio. La explicación oficial aseguraría después que el motivo era la cancelación del programa, algo que estaba previsto con anterioridad. La CSAG ha llegado a respaldar esa afirmación presentando ante la Justicia unos correos electrónicos supuestamente previos a las afirmaciones de la periodista. Ni ella ni sus abogados se lo creen y han presentado una impugnación por falsedad. La admisión o rechazo de esa querella está aún en trámite en un juzgado compostelano.

El vía crucis judicial

Todos los afectados por estos cambios recurrieron a la Justicia, excepto Fernández. A él le habían dejado claro que era un “daño colateral” en esos movimientos de piezas. “Tú no estás castigado... Bueno, nadie está castigado”, declaró ante la jueza que le había dicho el subdirector de informativos, Alejandro López Carballeira, hoy ascendido a director. Hablar en favor de sus compañeros tuvo un coste para él. Como tantos otros trabajadores que habían pasado años encadenando contratos temporales, denunció a la CSAG y la Justicia lo declaró indefinido. En una decisión “sin precedentes”, según el comité, en lugar de readmitirlo, como siempre se había hecho, lo indemnizaron y lo despidieron. Y eso que, cuando lo enviaron de la tele a la radio —un medio en el que también carecía de experiencia— lo hicieron “para crear equipo y generar buen ambiente”. Pero eso fue antes de comparecer ante la jueza.

Ordóñez, Rosas, López y Cabezas denunciaron que los traslados suponían una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo y la vulneración de sus derechos fundamentales. Las dos juezas que vieron sus casos fallaron lo mismo: que como esa modificación no existía, no era necesario entrar al fondo del asunto. Las magistradas consideraron equivalente el trabajo en la radio, en la televisión y en la página web, aunque hubiese que utilizar programas informáticos y herramientas diferentes para los que los afectados no habían recibido formación. Una de las expertas encargadas de defender la postura de la CSAG fue Ana Isabel Rodríguez, decana de la Facultade de Comunicación de Santiago en la que —junto a otros cargos de la Corporación— imparte clases López Carballeira. Entre sus argumentos, que “en la titulación oficial de Licenciado/Graduado en Periodismo no existe una especialización en función de los soportes de distribución de la información”.

Tras ese primer fracaso, que no indaga bajo la superficie de los cambios, llegan las distintas estrategias judiciales y los resultados diferentes, incluso opuestos, hasta utilizando los mismos argumentos. Ordóñez recurrió la sentencia ante el TSXG, que desestimó sus demandas y cerró el caso. Sus tres compañeras, sin embargo, se agarraron a la decisión de las juezas de no entrar al fondo de la cuestión y solicitaron, ante el mismo órgano, la anulación de la sentencia y que la causa se recondujese a la vulneración de derechos fundamentales. Con las mismas razones, la petición de Rosas y Cabezas sí fue aceptada; la de López, que recayó en otra sala, se rechazó.

La CSAG anuncia recurso

La de Mónica Rosas, con fecha de 2 de marzo y conocida este fin de semana, ha sido la primera de las sentencias favorables. Después de cinco derrotas judiciales, fue recibida con alborozo tanto por la plataforma Defende a Galega como por el comité y los trabajadores críticos con la deriva de los medios públicos. En su escrito, la Sala de lo Social hacía suyo “el reproche jurídico” a la jueza de primera instancia que suponía admitir el recurso justo antes decretar “la existencia de vulneración de los derechos fundamentales de la actora” y ordenar a la CSAG “cesar en esa conducta”.

Además, el TSXG condena a la corporación a abonar a la periodista 7.501 euros “en concepto de indemnización por daños y perjuicios morales por la vulneración de derechos fundamentales”. Una cantidad que puede parecer irrisoria tras los dos años de proceso y después de que Rosas tuviese que acogerse a una baja por trastorno de ansiedad tras un traslado que ahora la justicia considera injustificado. “Qué barato resulta violar la Constitución”, resume Matías Movilla, consejero del despacho de abogados Vento –su compañero, Ignacio Alén, llevó la demanda de Rosas– y todo un veterano en la defensa de los trabajadores de la CSAG.

Para la presidenta del comité intercentros, Raquel Lema (CUT), la sentencia es “importantísima” porque, a partir de ahora, la corporación tendrá “la obligación de justificar muy bien” cualquier decisión de traslado de trabajadores que hasta ahora utilizaba “como una excusa para las represalias”.

Este lunes, en su comparecencia semanal tras el Consello de la Xunta, el presidente Alfonso Rueda envió balones fuera y pasó la pelota a la Corporación. En su respuesta, Rueda obvió que la actual directora xeral de la CSAG, Concepción Pombo era la directora de informativos y superior directa de López Carballeira cuando se produjo la vulneración de derechos fundamentales sentenciada ahora por el TSXG. “La decisión del cambio de unidad orgánica de la demandante se tomó por el Director de Informativos de la CRTVG, Don Alejandro López Carballeira, junto con las Direcciones implicadas en dicho cambio”, escriben textualmente los magistrados.

Pombo llegó a la dirección xeral de la Corporación el pasado mes de julio, después de un cambio en la ley de medios públicos que permitió al PP designarla en solitario sin necesidad de una mayoría cualificada y pese a ser señalada como principal responsable de la manipulación informativa durante los casi ocho años que ejerció la jefatura del departamento. Cuando ascendió a lo más alto, López Carballeira heredó su puesto.

Tras el despeje de Rueda, llegaba la respuesta de la CSAG, fiel a sí misma. A través de correo electrónico, un portavoz relacionaba la demanda de Rosas con las otras tres, todas presentadas a raíz de lo que define como “reestructuración organizativa”, una “potestad de la dirección empresarial” y señala que los cuatro casos “obtuvieron sentencias favorables para la Corporación en primera instancia”. Añade que contaron con informes de la Fiscalía que, “al igual que las resoluciones judiciales, no apreciaban vulneración de derechos fundamentales”. Sin embargo, esos fallos no negaban la vulneración: simplemente, las juezas evitaban valorar si existía amparándose en que no había una modificación sustancial de las condiciones laborales.

“De los cuatro casos, éste es el único en el que el TSXG hace una lectura distinta y se aparta del criterio establecido previamente”, concluye antes de anunciar que la Corporación “recurrirá esta sentencia ante el Tribunal Supremo al entender que la reestructuración organizativa responde a una causa objetiva”.

Queda por saber si esa “lectura distinta” será la última. El caso de Mayte Cabezas está pendiente de la resolución de la querella por supuesta falsedad en los correos de la CSAG antes de seguir adelante. El de Nuria López, en punto muerto tras la decisión del TSXG de no anular su primera sentencia, podría reavivarse tras el empujón que ha supuesto el final feliz del de su compañera. Un final que aún no es definitivo, ante el anuncio de recurso de la Corporación, pero la defensa de las trabajadoras otorga muy pocas posibilidades a ese último intento. Afirman que la Sala de lo Social del Supremo apenas admite un 2% de los recursos de casación para la unificación de doctrina. Para conseguirlo, necesitarían encontrar un caso similar al de la periodista gallega en el que se justificase un desenlace diferente. Algo que no parece nada fácil.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Castilla-La Mancha ha denunciado ante la Inspección de Trabajo, y ante el Instituto de las Mujeres estatal, a la empresa Kiabi.

El motivo, es la grabación de un baile coreográfico de carácter público, protagonizado por trabajadoras de la tienda que la firma tiene en Albacete, durante la jornada laboral y con el uniforme de la empresa. Dicha grabación se realizó ante clientes y visitantes del centro comercial con un fin publicitario.

Tal y como se explica en la denuncia “en este caso no concurre ningún consentimiento libre, específico, informado e inequívoco por parte de las trabajadoras afectadas” y que pudiera amparar jurídicamente la conducta empresarial denunciada.

“La captación de su imagen, su utilización con fines comerciales y su difusión masiva, configuran una intromisión ilegítima en su derecho fundamental a la propia imagen y un tratamiento ilícito de datos personales”, señala el sindicato que lo ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo.

El propio secretario general del sindicato Pepe Álvarez señala en una publicación en la red social X que “la dignidad de las trabajadoras no está en venta, no se compra y por supuesto no se puede exhibir como una mercancía”.

Desde su perspectiva, los hechos descritos podrían, en determinadas circunstancias, considerarse un presunto delito contra la integridad moral, y discriminación laboral por razón de sexo por lo que pudieran ser, dice UGT, “constitutivos de infracción penal”.

Cree que la empresa ha comeido “una infracción muy grave por vulneración de la dignidad de las trabajadoras, por discriminación por razón de sexo; y posible infracción en materia de riesgos laborales al incumplir la obligación de evaluar y eliminar los riesgos psicosociales derivados de la práctica denunciada”.

Reclama una multa a la Inspección de Trabajo

El sindicato solicita a la Inspección de Trabajo la imposición de multa en su grado máximo por cada una de las infracciones muy graves, que se requiera a la empresa para que cese de inmediato en la práctica denunciada y en cualquier otra de similar naturaleza.

También pide que la empresa retire el video de todos los canales de difusión, y que adopte un protocolo de actuación preventivo que garantice el respeto efectivo de la dignidad, la igualdad de trato y los derechos fundamentales de todas las personas trabajadoras.

“Esto es vergonzoso y lo decimos alto y claro, desde UGT no vamos a dar un paso atrás. Basta ya de mercadear con nuestros derechos, nuestra imagen no está en venta para conseguir un like o una campaña de marketing”.

Este medio ha contactado con la cadena de ropa francesa para conocer su versión y, de momento, ha declinado realizar comentarios.

Podemos anunció este lunes un acuerdo con el Gobierno para llevar a cabo una regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular. La candidata del partido, Irene Montero, estimó que esta medida beneficiará a en torno a medio millón de personas, una cifra que también ofrece el Ejecutivo y que la situaría como la segunda mayor regularización extraordinaria de la democracia.

Las regularizaciones extraordinarias como esta son una práctica habitual en la gestión migratoria desde los años 80 en España. Desde el primer proceso, lanzado por el gobierno de Felipe González en 1986, el país ha aprobado un total de siete, tres de ellos durante los mandatos de González, dos durante los gobiernos de José María Aznar y uno en 2005, durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Una ley para poner orden en Extranjería

La primera ocasión en la que se utilizó esta fórmula administrativa arranca durante el primer gobierno del Partido Socialista. En 1985 se aprobó la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros, publicada en el Boletín Oficial del Estado en julio de ese año, y que sentaba las bases sobre los derechos y deberes de las personas extranjeras en el país. La Constitución llevaba seis años y medio en vigor y esta norma ampliaba a los no nacidos en el territorio español los derechos y deberes fundamentales recogidos en su Título I.

Hasta entonces, España no había tenido una ley que diese forma a la situación de los extranjeros a excepción de un Real Decreto de 1852 aprobado durante el gobierno de Juan Bravo Murillo, del Partido Moderado. Esa norma, que obligaba a determinar por ley sus derechos, añadía a la legislación española el supuesto de las mujeres españolas casadas con extranjeros, la distinción entre “domiciliados y transeúntes”, es decir, entre extranjeros que pasaban por el país y aquellos arraigados en el territorio, y los derechos y obligaciones de los mismos.

Con la aprobación de la ley, se habilitó la posibilidad de regular la situación legal de aquellos “insuficientemente documentados” en un plazo de tres meses, que posteriormente tuvo que ser ampliado. La regularización de estas personas se permitía siempre que no estuviesen implicadas “en actividades contrarias al orden público o a la seguridad interior o exterior del Estado”, que no hubiesen sido condenadas “dentro o fuera de España” por delitos sancionados con más de un año de cárcel o que carecieran “de medios lícitos de vida”, o ejercieran la mendicidad o actividades ilegales. En total, se normalizó la situación administrativa de un total de 38.294 personas no nacidas en el país.

Las primeras regularizaciones extraordinarias

En junio de 1991, ya durante el tercer mandato gubernamental de Felipe González, el Gobierno de entonces utilizó un método diferente para llevar a cabo una primera regularización extraordinaria. Ya en diciembre de 1990, el debate sobre la situación irregular de inmigrantes en el país, que estaba generando “bolsas de marginación”, según afirmó el propio Ejecutivo ante el Congreso de los Diputados.

El Congreso aprobó después, en abril del 91, una proposición no de ley presentada de forma conjunta por los grupos parlamentarios del PSOE, del Partido Popular, el grupo catalán (Convergència i Unió), el CDS, el grupo vasco (PNV) y el grupo mixto y que instaba al Gobierno a adoptar medidas para “completar el proceso de regularización” que se había iniciado en 1985. La propuesta no tuvo el apoyo de los 17 diputados de Izquierda Unida, que apostaban por reformar la Ley de Extranjería.

Finalmente, y tras el apoyo mayoritario de las Cortes a esta propuesta, el Consejo de Ministros aprobó el 7 de junio de 1991 un acuerdo para la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular que estaban trabajando en España. La medida permitió regularizar su situación a aquellas personas extranjeras residentes en España desde antes de julio de 1985, o de aquellos que, hasta mayo de 1991, habían disfrutado de un permiso de trabajo y residencia en el país, tenían una oferta de empleo estable o habían realizado actividades lucrativas continuadas. Entre 1991 y 1992 se regularizó la situación de 114.423 migrantes.

En 1996, la situación de los inmigrantes sin papeles en el país no había quedado todavía resuelta, por lo que el Ejecutivo, que había puesto en marcha varias medidas relacionadas con las migraciones desde principios de los 90 como la modificación de la ley sobre asilo y refugio, la creación de la Comisión Interministerial de Extranjería, o de diversos programas de promoción e integración social que cristalizaron en el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes, llevó a cabo una reforma del Reglamento de ejecución de la ley aprobada en 1985.

Esta modificación, que ya inserta la norma en la legislación europea vigente, tras la entrada española en la Unión Europea y la ratificación del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, establece en sus disposiciones adicionales el mecanismo para conceder documentación legal a quienes hubieran sido titulares de un permiso de residencia o de trabajo en alguna ocasión así como a sus familiares, siempre que hubieran residido en España con anterioridad al 1 de enero de ese año.

La norma, si bien fue aprobada mediante real decreto el 2 de febrero de 1996, todavía durante el último gobierno de Felipe González, no entraría en vigor hasta dos meses después. Apenas una semana después de su aprobación se convocaron elecciones anticipadas tras la enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado presentada por Convergència i Unió, por lo que entraría en vigor ya con José María Aznar en La Moncloa, en abril de ese año. Se regularizó la situación de 21.294 inmigrantes.

Las regularizaciones masivas de Aznar

El siguiente proceso fue impulsado cuatro años después por el gobierno de José María Aznar en las últimas semanas de legislatura. El 11 de enero se aprobó una Ley Orgánica que regulaba los derechos y libertades de los extranjeros en España y que establecía, en su primera disposición transitoria, que el Gobierno aprobaría un procedimiento mediante Real Decreto para regularizar la situación de todos los extranjeros que se encontrasen en el país antes del 1 de junio de 1999 y que acreditasen haber solicitado permisos de residencia o trabajo en los últimos tres años o que lo hubieran obtenido.

Esta regularización extraordinaria fue la de mayor alcance hasta la fecha y recibió más de 244.000 solicitudes. En este caso, hubo una gran cantidad de peticiones rechazadas, más de 80.000, y en la segunda mitad del año 2000 se había normalizado la situación administrativa de 163.000 inmigrantes. Este número se ampliaría a lo largo de 2001 en 36.000 más tras revisarse de oficio estos expedientes.

Ese mismo año, el gobierno Aznar llevó a cabo un proceso extraordinario al que solo podían acogerse los ciudadanos ecuatorianos y que benefició a más de 20.000 personas, después de que 12 inmigrantes de Ecuador, que carecían de permisos de residencia y de trabajo, murieran en un accidente en Lorca (Región de Murcia) cuando un tren arrolló la furgoneta en la que se dirigían a su trabajo recolectando brócoli. Además de los 12 fallecidos, también resultaron heridos el conductor de la furgoneta y una niña de 13 años que también trabajaba en la plantación de Puerto Lumbreras.

Este proceso de regularización, el más amplio hasta el momento, fue superado apenas un año después, ya con el segundo gobierno de José María Aznar apoyado por el Partido Popular con mayoría absoluta en el Congreso. Se nombró como “regularización por arraigo” y proporcionó documentos a un total de 239.174 extranjeros en España, que tuvieron que demostrar que se encontraban en el país con anterioridad al 1 de enero de 2001 y acreditar su arraigo en el país. Para ello se aceptaban tanto contratos de empleo reales como potenciales, residencia regular en España o vínculos familiares con personas con permisos de residencia.

Finalmente, durante los dos gobiernos de Aznar se regularizó la situación de un total de 524.621 inmigrantes no comunitarios.

La gran “normalización” de Zapatero

Durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tras la vuelta de los socialistas al poder, se volvieron a superar las regularizaciones extraordinarias previas. Mediante un Real Decreto, aprobado en el último Consejo de Ministros del año 2004, el Gobierno sustituía el Reglamento de la Ley Orgánica que había sido impulsada por el gobierno de Aznar en el año 2000, incluyendo novedades respecto de la acogida de las personas que solicitaban asilo en España e iniciando un “proceso de normalización” de las personas inmigrantes residentes en España en situación irregular.

La norma establecía un plazo de tres meses para que los empleadores pudieran solicitar autorizaciones iniciales de residencia y trabajo para aquellas personas empadronadas durante más de seis meses desde su entrada en vigor, aquellos con contratos de trabajo vigentes de seis meses o más y 40 horas semanales. También se establecía un mecanismo para regularizar a las personas que realizasen trabajos en el ámbito del servicio doméstico.

Esta “normalización” generó un total de 691.655 solicitudes, la gran mayoría en la Comunidad de Madrid (171.321), Catalunya (139.480) o la Comunitat Valenciana (108.496), y de las que terminaron siendo aprobadas finalmente 576.506. La mayor cantidad de solicitudes correspondieron a ciudadanos de origen latinoamericano, especialmente ecuatorianos —se superaron las 120.000 solicitudes—, aunque también destacaron las solicitudes de personas de origen rumano o marroquí.

La iniciativa popular y el acuerdo con Podemos

Después de la pandemia de COVID-19, y tras las regularizaciones de inmigrantes indocumentados realizadas por países europeos como Italia o Portugal en los años 2020 y 2021, los colectivos sociales lanzaron una campaña de recogida de firmas con la intención de que se normalizase la situación de centenares de miles de migrantes en España. La campaña “¡Regularización YA!” logró recopilar desde diciembre de 2021 más de 700.000 firmas de ciudadanos españoles para impulsar una iniciativa legislativa popular y que fueron entregadas en el Congreso en diciembre de 2022.

La iniciativa ciudadana inició su recorrido parlamentario en 2023 en la Comisión de Empleo, Asuntos Sociales, Inclusión y Migración y los trabajos se extendieron a 2024 tras el adelanto electoral de julio del 23. Tras ello, la iniciativa legislativa quedó bloqueada en el Congreso por la negativa de los grupos de derecha, PP y Vox, a los que se sumaron los independentistas de Junts. Ante este bloqueo, esta semana se ha desbloqueado la situación tras un acuerdo del Gobierno con Podemos que permitirá evitar la vía parlamentaria.

A esta última regularización podrán acogerse tanto solicitantes de asilo que hayan registrado su petición como cualquier extranjero que pruebe haber vivido en España un mínimo de cinco meses hasta la fecha tope del 31 de diciembre de 2025. Tanto Podemos como el Ejecutivo calculan que la medida podría beneficiar a cerca de medio millón de personas que actualmente ya residen y trabajan en el país de forma irregular.

Justo cuando faltan dos semanas para terminar el año, el Principado ha abierto el trámite de información pública del anteproyecto que busca erradicar la discriminación y garantizar la igualdad real de derechos de las personas LGTBIQ+ y sus familias, en un contexto donde Asturias y Castilla y León son las únicas comunidades que aún carecen de normativa específica.

Asturias da, al fin, el paso para la protección de los derechos de las personas LGTBIQ+ con la apertura del trámite de información pública sobre su primer anteproyecto de ley destinado a garantizar la igualdad real y erradicar la discriminación por orientación sexual e identidad de género. El texto estará disponible durante veinte días hábiles para que la ciudadanía, asociaciones y colectivos puedan consultarlo y presentar alegaciones.

Derechos reconocidos

Con la aprobación de la norma, Asturias da un paso para alinearse con el resto de España, donde todas las demás comunidades, a excepción de Castilla y León, ya cuentan con legislación específica que protege a las personas LGTBIQ+. Para asociaciones sociales, esta ley no solo es un avance normativo, sino una herramienta para transformar la vida diaria de miles de asturianas y asturianos, asegurando que sus derechos sean reconocidos y respetados en la práctica.

La futura ley introduce varias medidas clave: establece protocolos de actuación para combatir la discriminación en los servicios públicos y privados, promueve políticas educativas inclusivas, protege el acceso al empleo y a a vivienda, reconoce derechos específicos de las familias LGTBIQ+ y prevé campañas de sensibilización y formación para instituciones y empresas. También refuerza los mecanismos de denuncia y seguimiento de casos de discriminación, con el objetivo de garantizar que los derechos reconocidos en la ley se cumplan efectivamente en la vida cotidiana.

Aportaciones y sugerencias

El trámite permite que entidades, sindicatos y particulares presenten aportaciones y sugerencias, buscando que la futura ley sea inclusiva, efectiva y sensible a las necesidades reales de quienes han sufrido discriminación. El objetivo es que la normativa vaya más allá de la formalidad legal y tenga un impacto tangible en la vida de las personas LGTBIQ+ y sus familias.

La apertura de esta consulta refleja la necesidad social de contar con leyes que combatan la desigualdad y refuercen la protección de colectivos vulnerables, un paso que posicionaría a Asturias a la altura del resto de España en derechos civiles y reconocimiento social.

La Justicia sigue sin cortar de raíz la ofensiva de la asociación ultracatólica Abogados Cristianos contra la eutanasia. Una magistrada de Barcelona ha admitido a trámite la querella de la entidad contra un médico y una jurista de la Comisión de Garantía y Evaluación que aprobó la eutanasia de la joven N., a los que acusa de un delito de prevaricación y otro de falsedad documental.

En un párrafo, de escueta motivación (ocupa tan solo siete líneas), la jueza Eva Moltó se limita a indicar que los hechos incluidos en la querella de Abogados Cristianos “pueden ser constitutivos” de delito, y ordena “el esclarecimiento” de los mismos.

La ofensiva judicial de Abogados Cristianos contra la eutanasia salta así de la vía contenciosa a la penal, y supone además añadir un elemento de presión contra los profesionales médicos y juristas que, por ley, se encargan de evaluar todas las solicitudes de muerte digna en Catalunya.

La entidad ultra ya impugnó, en julio de 2024, la decisión de la Comisión de Garantía y Evaluación que, en pleno y tras los informes de los médicos que atienden a la joven N. (que padece un trastorno límite de la personalidad y es parapléjica), decidió concederle la eutanasia. Pese al aval judicial en primera instancia y en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Abogados Cristianos ha recurrido ante el Supremo, por lo que N. lleva ya más año y medio sin poder materializar su derecho a la muerte digna.

Antes de citar a declarar como investigados a los querellados, la magistrada ha solicitado al juzgado de lo contencioso que avaló la muerte digna de N. la sentencia sobre el caso, así como la grabación de la vista en la que se resolvió el recurso de Abogados Cristianos.

En su querella contra estos dos miembros del comité de evaluación que intervinieron en la autorización de la muerte asistida de la joven, Abogados Cristianos alegó que simularon un desacuerdo en el informe clave, por lo que considera que el procedimiento administrativo que avaló la eutanasia de N. es “nulo desde el origen”.

En realidad, lo que contaron los médicos a la jueza fue que, ante un caso complejo como el de N., la única alternativa legal que tuvieron para que fuera el pleno de 19 juristas y médicos de la Comisión de Garantía el que decidiera sobre la eutanasia y no ellos dos fue declararse en desacuerdo y que todos los expertos vieran el caso, como así ocurrió. Luego el padre, representado por Abogados Cristianos, impugnó la decisión.

El de N. fue el primer juicio en la historia de España por una eutanasia ya concedida. Su padre y Abogados Cristianos impugnaron ante los juzgados el visto bueno a la muerte digna que habían dado en pleno los juristas y médicos de la Comisión de Garantías de la Generalitat de Catalunya.

Previsiblemente, pese a esta sentencia a su favor, N. seguirá sin poder ejercer su derecho a morir (el proceso judicial ha paralizado la eutanasia desde agosto de 2024), ya que Abogados Cristianos y su padre han recurrido la sentencia del TSJC del pasado mes de septiembre ante el Tribunal Supremo.

A lo largo de los últimos meses, N. ha puesto en conocimiento de los jueces las presiones para renunciar a su eutanasia que ha recibido de grupos vinculados al grupo católico cercano al centro de menores donde pasó parte de su infancia. Pero la voluntad de N. es firme aunque su padre y grupos ultras intenten impedirla: solo quiere morir dignamente.

El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Toledo (ICA Toledo), Ángel Cervantes, ha sido elegido presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, órgano que agrupa y coordina a los seis colegios profesionales de la región y que actúa como representante institucional de más de 3.500 abogados y abogadas castellanomanchegos.

La elección tuvo lugar durante la última sesión plenaria celebrada recientemente, en la que Cervantes resultó elegido para un mandato de dos años al frente de la institución.

Su nombramiento será formalizado en un acto oficial de toma de posesión que tendrá lugar en las próximas semanas en Albacete, sede del Consejo, al que está prevista la asistencia de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray Chacón, y del Presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González Martín, entre otras autoridades.

Con este nombramiento, el decano del ICA Toledo asume la responsabilidad durante los próximos dos años de coordinar el trabajo conjunto de los colegios profesionales de la región, impulsar iniciativas de formación, modernización y defensa de la profesión, y reforzar la representación de la abogacía castellanomanchega ante las instituciones públicas.

Cervantes ha señalado que este nombramiento supone “un honor y una responsabilidad al servicio de toda la profesión en Castilla-La Mancha”, y ha destacado la importancia de fortalecer la cooperación entre los colegios para afrontar retos compartidos como la digitalización, la protección de derechos fundamentales y la mejora continua del servicio a los colegiados y colegiadas en beneficio de la ciudadanía

El Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, integrado por los colegios de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo, es el órgano encargado de representar a la Abogacía regional y coordinar las políticas colegiales en el ámbito autonómico.

El anterior presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla‑La Mancha fue Ismael Cardo Castillejo, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Cuenca, quien asumió el cargo en marzo de 2023.

Cuando el periodista italiano Gabriele Nunziati empezó a trabajar el 1 de septiembre como corresponsal en Bruselas no se imaginaba que tres meses después iba a ser el protagonista de la noticia. Lamentablemente, Nunziati se ha convertido en el centro del ciclo informativo por ser despedido por la Agencia Nova tras hacer una pregunta durante una rueda de prensa de la Comisión Europea: “Si Rusia tiene que pagar la reconstrucción de Ucrania, ¿debe pagar Israel la reconstrucción de Gaza, dado que ha destruido prácticamente toda la Franja?”. Según la agencia, el vídeo con su pregunta se convirtió en viral en canales antieuropeos, prorrusos y vinculados al islam político, por lo que provocó “incomodidad” que acabó con su despido.

Nunziati, de 28 años, entiende que “después de interrumpir la relación laboral con alguien por solo una pregunta, hay compañeros que admiten que tienen miedo de hacer su trabajo”, aunque señala con modestia que su caso es menor si se tiene en cuenta que en Italia le han puesto una bomba en un coche a un periodista o se ha descubierto a periodistas a los que han hackeado sus teléfonos móviles para espiarles. Nunziati afirma que “si pudiera volver atrás, haría la misma pregunta de nuevo”.

¿Por qué cree realmente que le despidió la Agencia Nova? Es difícil de entender que solo sea por hacer una pregunta.

Después de que mi caso explotara, la Agencia Nova envió un comunicado de prensa a un medio de comunicación italiano en el que justificaban mi despido porque consideraron que mi pregunta era “técnicamente incorrecta”. Según la agencia, la pregunta demostraba que no conocía el derecho internacional. Dijeron que la relación de confianza entre la agencia y yo había terminado. Es lo que me comentaron durante las llamadas telefónicas que recibí después de que mi pregunta se volviera viral.

Pero, ¿no cree que hay algo más detrás?

Me encantaría saberlo. Pero, para ser honesto, realmente no tengo idea. No sé si hay alguna historia de fondo, si fue realmente solo por eso o si hay algo más por lo que me despidieron. Solo sé lo que me dijeron durante las llamadas telefónicas y lo que comunicaron en la nota de prensa.

La Agencia Nova señaló en su comunicado que el vídeo de la conferencia de prensa fue difundido “en canales de Telegram de nacionalistas rusos y medios de comunicación vinculados al islam político con una inclinación anti-europea, causando incomodidad a la agencia, como fuente primaria que es extremadamente atenta a su independencia y objetividad en la información transmitida”. ¿Qué opina de su respuesta?

Según ellos, había hecho algo que era una vergüenza para la agencia. No tenía idea de que se había compartido en esos canales porque, por supuesto, no sigo a esos canales. También fue compartido por muchos otros medios de comunicación. No creo que sea mi responsabilidad que otros medios o determinadas personas hayan compartido mi vídeo en sus canales, pero no tengo ni idea si hay otras posibles historias de fondo. Todo el mundo me pregunta por este tema, pero no tengo ni idea.

¿Sus compañeros o jefes de la agencia no te comentaron nada más?

Nadie me dijo nada más. Recibí un par de llamadas en las que simplemente me dijeron que a la dirección de la agencia no les gustó mi pregunta. Me dijeron que mi pregunta estaba fuera de contexto.

Personas de la Comisión Europea se pusieron en contacto conmigo de manera privada al final de una reunión informativa al mediodía y expresaron su apoyo por mi situación. La semana pasada durante otra conferencia de prensa se les preguntó sobre mi caso y una portavoz dijo públicamente que todas las preguntas son aceptadas en la rueda de prensa. La respuesta prueba que el argumento de la agencia para mi despido no se sostiene.

Su pregunta se hizo viral. Ahora su despido también se ha hecho viral y ha atraído más atención sobre su caso. ¿Cree que en la Agencia Nova se van a arrepentir de su despido?

No creo que se arrepientan. Creo que, al menos, publicaron un par de comunicados de prensa y no muestran ningún tipo de arrepentimiento. Creo que ellos están realmente seguros de que su decisión es correcta. Sin embargo, el 99,99% del mundo periodístico está de mi lado. He recibido apoyo de todas las organizaciones periodísticas y de muchos medios de comunicación.

Supongo que ahora se ha instalado un clima de miedo y preocupación en la Agencia Nova tras despedir a un periodista solo por preguntar.

Después de interrumpir la relación laboral con alguien por solo una pregunta, hay compañeros que admiten que tienen miedo de hacer su trabajo. En su segundo comunicado de prensa, la agencia dijo que sus periodistas eran libres de hacer cualquier pregunta que deseen, pero parece que esa regla no se aplicó en mi caso. Creo que es aterrador, especialmente para un periodista joven que no tiene a nadie que le respalde.

¿Cree que ha crecido la presión y las amenazas sobre los periodistas italianos en los últimos meses?

Sí. De hecho, la Federación Internacional de Periodistas publicó un comunicado de prensa en mi apoyo y añadieron su preocupación por la degradación de la libertad de prensa en Italia. Hay muchos casos, aunque lo mío es una cosa menor comparado con otras situaciones. Al periodista Sigfrido Ranucci le han puesto una bomba en su coche. Era la primera vez en 30 años que se volvía a atentar contra un periodista en Italia. Si alguien en un país democrático se siente capaz y libre de colocar una bomba debajo del coche de un periodista qué más podemos decir, te hace entender el ambiente que hay en Italia. O al periodista Francesco Cancellato, al que le hackearon su teléfono para espiarle, y no fue el único caso. En mi caso, si haces una pregunta sobre Israel, pierdes tu trabajo, es un claro mensaje que dificulta el trabajo. Sí, la libertad de prensa en Italia está amenazada.

¿Está la situación peor desde que Giorgia Meloni asumió el poder en Italia?

Si soy honesto, tengo que decir que soy joven, no tengo una larga carrera, he trabajado como periodista solo unos pocos años. Pero Reporteros Sin Fronteras ya explicó que Italia perdió tres posiciones en la clasificación de libertad de prensa de 2023 a 2024. Desde que Meloni llegó al poder hay una presión adicional sobre los periodistas, aunque no creo que haya comenzado con Meloni. Ahora bien, hablamos de una política con un cargo institucional que no da ruedas de prensa. Es un problema para la democracia y para la libertad de prensa si tienes una primera ministra que no responde a las preguntas de los periodistas.

Ha recibido apoyo de políticos, pero solo de la izquierda. Del lado de la derecha no recibí ningún tipo de solidaridad. Cuando está en juego la libertad de prensa creo que se debería recibir apoyo de todo el espectro político, pero ahora la sociedad está polarizada

En España, con la polarización política se ha puesto a los periodistas como objetivo.

Sí, en Italia ocurre igual, no es tan diferente.

Además, está la situación de precariedad de los contratos de los periodistas en España, ¿ocurre lo mismo en Italia?

La situación es de precariedad. Es realmente difícil tener estabilidad laboral y ganar un sueldo adecuado para vivir. La mayoría de mis colegas, pero no solo los jóvenes, sino también los mayores, no tienen contratos adecuados. Es una presión adicional que vuelve más difícil y complicado hacer tu trabajo. Y este es un tema que tiene que ver con la libertad de prensa, ya que si no tienes un contrato que te proteja o no te pagan suficiente dinero para vivir, vas a tener más miedo de hacer tu trabajo. En mi caso, ahora estoy buscando empleo y tengo que pagar el alquiler, pero si pudiera volver atrás, haría la misma pregunta de nuevo. Si eres un joven periodista sin mucho respaldo es realmente difícil hacer tu trabajo de la manera que sientes, hay muchos riesgos.

El Consejo Nacional de Periodistas Italianos envió un comunicado de protesta por su despido. ¿Cree que sirvió para algo?

Cuando publicaron el comunicado me sentí bien porque había adoptado una postura contundente contra el despido y para mí fue importante. La verdad es que no lo esperaba, no es tan común que adopten una posición tan dura. Algunos compañeros periodistas me dijeron que tendrían que haber hecho algo más, incluso una huelga sectorial, no sé. Quizás haya que responder de una manera más clara y fuerte porque ahora habrá más periodistas que teman por perder su trabajo solo por preguntar.

¿Se ha puesto la Comisión Europea en contacto con usted tras el despido?

Personas de la Comisión Europea se pusieron en contacto conmigo de manera privada al final de una reunión informativa al mediodía y expresaron su apoyo por mi situación. La semana pasada durante otra conferencia de prensa se les preguntó sobre mi caso y una portavoz dijo públicamente que todas las preguntas son aceptadas en la rueda de prensa. La respuesta prueba que el argumento de la agencia para mi despido no se sostiene.

¿Ha recibido apoyo desde el ámbito político?

Ha recibido apoyo de políticos, pero solo de la izquierda, del Partito Democratico, Alleanza verdi y sinistra y Movimento 5 Stelle, pero del lado de la derecha no recibí ningún tipo de solidaridad. Cuando está en juego la libertad de prensa creo que se debería recibir apoyo de todo el espectro político, pero ahora la sociedad está polarizada. En el Parlamento Europeo, el Movimento 5 Stelle iba a presentar una moción. En Italia, en el Parlamento Italiano hubo un debate sobre mi caso y Ricardo Ricciardi, diputado de Movimento 5 Stelle, ha comentado públicamente mi situación.

¿Cómo se siente siendo el protagonista de las noticias?

Es una sensación extraña. Se ha convertido en un tema muy grande y se puede perder la perspectiva de las cosas. Emocionalmente fue difícil, recibí cientos de mensajes y llamadas. También espero sacar algo de esta situación, profesionalmente hablando, ahora sé lo que sienten las personas a las que entrevistamos, de las que informamos los periodistas. Espero que esta situación me dé un poco más de humanidad. A veces cuando trabajamos como periodistas, solo vemos las noticias, no vemos a la persona. A veces he sentido que me trataban como si fuera solo una noticia, no como un ser humano.

¿Cree que su caso va a cambiar algo?

Realmente no tengo esperanza de que vaya a cambiar la situación. Ha habido episodios mucho peores en Italia y nada ha cambiado. Por ejemplo, en el caso de los periodistas espiados, que están acusando al gobierno de estar detrás. Todos deberíamos haber salido a las calles a protestar porque es un problema muy grave, pero después de un tiempo la gente simplemente se olvida. Mi caso será olvidado en unos días y no creo haya cambiado nada.

¿Qué va a hacer ahora? ¿Está buscando trabajo?

Sí, estoy buscando trabajo. Me encantaría quedarme en Bruselas. Me mudé aquí el 28 de agosto, así que soy nuevo en la ciudad como corresponsal. Me encanta trabajar en Bruselas como periodista. Va a ser complicado, pero no pierdo la esperanza.

La declaración de Antifa como organización terrorista por parte de Donald Trump abre la puerta a la persecución penal de todo aquel que se oponga y proteste contra la deriva autoritaria de la Casa Blanca. Antifa no es una organización como tal, no tiene estructura ni organización concreta, sino una ideología que lucha contra el fascismo y que, con las políticas autoritarias de Donald Trump en su segundo mandato, ha vuelto a cobrar cierto protagonismo.  

Con Andrés Gil, corresponsal de elDiario.es en Estados Unidos, conocemos mejor en qué consiste Antifa en Estados Unidos. Escuchamos también el testimonio del profesor e historiador norteamericano Mark Bray, autor del libro Antifa, y que llegó a España huyendo de Estados Unidos en octubre tras recibir amenazas de la ultraderecha. Natalia Chientaroli, subdirectora de elDiario.es entrevistó a Bray y nos ayuda a entender mejor las claves de su libro. 

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El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia que condena a la empresa Serveo Servicios S.A.U, encargada de gestionar el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, por el despido de un trabajador y confirma que se vulneraron sus derechos fundamentales.

El Alto Tribunal se pronuncia así en una providencia fechada en septiembre en la que inadmite el recurso de casación presentado por la empresa. El recorrido judicial del caso comenzó con la sentencia del Juzgado Número 1 de lo Social de Toledo, que data de julio de 2024 y que ya daba la razón al trabajador.

Se estimó entonces la demanda interpuesta por el afectado contra el despido, que se declaró nulo y se condenó a la empresa a su readmisión “inmediata”, con las mismas condiciones y derechos, incluido el abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido. Además, se condenaba a abonar al trabajador un total de 7.501 euros, en concepto de daños morales.

La resolución judicial fue posteriormente confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), tras un recurso de suplicación interpuesto por Serveo, resuelto en enero de este año 2025. Contra aquella resolución la empresa volvió a recurrir.

Ahora la providencia del Tribunal Supremo convierte la sentencia en firme, ya no podrá recurrirse, y condena en costas a Serveo con 300 euros. Este medio ha intentando recabar la valoración de la empresa, sin lograrlo.

Tampoco se pronuncia la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la que depende el Servicio 112 de Castilla-La Mancha. Las fuentes de este departamento consultadas sostienen que “se trata de una cuestión entre la empresa y el trabajador”, que por cierto ya no continúa en el servicio de emergencias autonómico, a pesar de que la resolución judicial le permitió desde el primer momento ser readmitido, hasta convertirse en firme.

Un despido que buscaba modificar las condiciones laborales

Dicho trabajador llevaba prestando su labor para Serveo desde el año 2010. En septiembre de 2023 se le notificó despido por causas disciplinarias, por “dos faltas continuadas de carácter muy grave”, según el convenio colectivo de la empresa para el personal de operación telefónica del servicio de atención y coordinación de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha. También se despidió al que era entonces presidente del Comité de Empresa. 

Debido a que Serveo es adjudicataria del servicio público, utiliza los medios que le proporciona la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para gestionarlo. Esto incluye la plataforma Séneca de los equipos informáticos. Fue el personal del departamento de Informática de la Administración regional, el que detectó una instalación “no autorizada” de un software llamado 'Caffeine', que permite evitar que la pantalla de los ordenadores se bloquee. 

La “incidencia” fue comunicada y se advirtió que “la descarga y la utilización de software no facilitado por la empresa que administra el sistema ni por la administración puede suponer un grave riesgo”, entre otras razones por la posibilidad de contener “un código malicioso”. El mismo informe expresaba también la “pérdida de confianza” de la Administración regional hacia el personal que había utilizado el citado software y se solicitaba que la empresa tomase “medidas correctoras”.

Sin embargo, se describe a lo largo de la sentencia que 'Caffeine' se utilizaba desde el año 2020 y que se hallaba en una carpeta común de los equipos informáticos de los trabajadores. “Su instalación era fácilmente detectable en las revisiones rutinarias de los informáticos”, recalca la resolución judicial y que su objetivo no era “para simular la prestación de servicios”, sino para evitar que la pantalla quede bloqueada mientras se trabaja, según declararon varias personas, incluido un perito.

En la sentencia inicial la magistrada confirmaba la Junta de Castilla-La Mancha había reducido el número de horas de prestación de servicio adjudicado a la empresa en un nuevo pliego de condiciones técnicas, adjudicado el 1 de septiembre de 2023 y que eso derivó en la intención de la empresa de modificar las condiciones de trabajo del grupo laboral en el que se encontraba el denunciante.

Hubo un período de consultas en el que se realizaron “distintas propuestas” y la empresa “manifestó que se vería abocada a una extinción de la relación laboral si no se llegaba a un acuerdo” y no lo hubo. Fue entonces cuando se abrió un expediente disciplinario contra el demandante y el presidente del comité de empresa. Ambos fueron despedidos y otros trabajadores fueron advertidos de sanción.

Posteriormente la empresa ofertó a los dos despedidos un nuevo contrato, con sus derechos laborales adquiridos, por ejemplo la antigüedad y categoría, pero con una sanción de dos meses de suspensión de empleo y sueldo, así como la exclusión “temporal” para la bolsa de jefes de sala, sin que quedase establecido el periodo para la citada exclusión “temporal”.

También se les pidió que desistiesen en su demanda. El trabajador que ha ganado la sentencia se opuso. La empresa llegó a un acuerdo con otros siete trabajadores que aceptaron la sanción de empleo y sueldo.

El demandante había participado en la promoción para jefe de sala, en la que obtuvo la segunda mejor puntuación. Hoy ya no trabaja allí.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobará previsiblemente este miércoles un informe que cuestiona determinados aspectos del anteproyecto de ley del Gobierno que prevé regular el derecho de los periodistas a no revelar la identidad de sus fuentes ni cualquier otra información que pudiera conducir directa o indirectamente a su identificación.

El borrador del dictamen, al que ha tenido acceso elDiario.es, afirma que la nueva regulación hace “imprevisible” para los informadores en determinados supuestos saber “qué fines justifican la restricción” del derecho a no revelar sus fuentes. La propuesta ha sido elaborada por las vocales Isabel Revuelta, del grupo conservador; y Lucía Avilés, del sector progresista. 

El artículo 5.1 del anteproyecto del Gobierno afirma que jueces y tribunales podrán ordenar “diligencias o actuaciones” para “identificar la fuente de información” cuando esa actuación esté justificada, caso por caso, “por una razón imperiosa de interés general y resulte proporcionada, atendiendo a los principios de excepcionalidad, necesidad e idoneidad”. 

El borrador de informe del CGPJ cuestiona la falta de “claridad y precisión” en la limitación de este derecho y critica que eso hace “imprevisible” para los periodistas “saber qué fines justifican la restricción del derecho y cuáles son las reglas de prevalencia condicionada de otros derechos y bienes de relevancia constitucional cuando entran en conflicto con el derecho al secreto profesional”. 

El texto que valorará el pleno considera que el legislador debería haber “identificado” qué “razones imperiosas de interés general” justificarían la restricción de ese derecho. Y afirma que “cláusula general” que contiene el citado artículo “supone dejar en manos del juez la tarea de identificar los derechos y bienes que justifican la restricción del derecho al secreto” a partir de la interpretación de “un concepto jurídico indeterminado especialmente abierto como el de razones imperiosas de interés general”. 

A este respecto, el borrador de informe del CGPJ alude a la definición que se hace de ese concepto jurídico en el ámbito del Derecho de la Unión Europea. En concreto, a una directiva relativa a los servicios en el mercado interior en la que ese concepto abarca ámbitos como el orden, la seguridad y la salud pública, el mantenimiento del orden en la sociedad o la protección de trabajadores, consumidores o el bienestar animal. 

El borrador de dictamen también afirma que el artículo sobre los límites del derecho al secreto profesional “contiene previsiones (...) que entran en tensión y generan perplejidad”. Así, afirma que la citada “cláusula general de limitación” del apartado 1 convive con una “cláusula específica para la fase de instrucción del proceso penal” contenida en el apartado 2.

Esa “cláusula específica” establece que jueces y tribunales podrán establecer límites al secreto profesional “cuando la revelación de la fuente sea el único medio para evitar un daño grave e inminente que afecte a la vida, integridad física o seguridad de las personas” o cuando “la fuente sea el único medio para evitar un riesgo grave e inminente para la seguridad nacional o afecte gravemente a los elementos esenciales del sistema constitucional”. 

El borrador del CGPJ afirma que esa “cláusula específica” es “una limitación especialmente rigurosa” que hace que el juez penal resulte “más constreñido” para acordar medidas restrictivas del secreto profesional que los jueces y tribunales de los demás órdenes jurisdiccionales. Algo que, a su juicio, resulta “contraintuitivo” pues es justamente en el ámbito del proceso penal donde se plantean la mayoría de supuestos de conflicto.

Fuentes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes afirman que estudiarán el informe cuando tengan acceso a él una vez aprobado y recuerdan que esta ley es fruto del acuerdo con las principales asociaciones y colegios de periodistas. Admiten que la voluntad es que el texto final se enriquezca con las aportaciones de los órganos consultivos, si bien consideran que “cumple” con lo que establece el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, que ya establece un marco común de protección de las fuentes periodísticas.

El borrador de dictamen ha detectado otras “insuficiencias y fallas” que insta a corregir, al tiempo que urge a aclarar en qué medida la regulación que propone el Gobierno mejora el marco de protección garantizado por el derecho comunitario. Así, cuestiona que el texto del Ejecutivo “aborda la regulación del derecho al secreto profesional sin explicitar el espacio normativo que pretende ocupar” de forma paralela al citado Reglamento.

Por ello, cree que el “anteproyecto debería contener un planteamiento claro” y señalar “en qué medida contiene normas más detalladas o estrictas que las establecidas” en el citado Reglamento y “en qué sentido ofrece una protección más elevada del derecho al secreto profesional que la fijada por la norma europea”.

Bajo el lema '25 años de inclusión y accesibilidad, construyendo un futuro mejor', la reivindica un cuarto de siglo de lucha por los derechos de las personas sordas en Extremadura.

Fundada en el año 2000, FEXAS, la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas, es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a las asociaciones de personas sordas de Cáceres, Badajoz y Mérida. Su misión ha sido desde el inicio eliminar las barreras de comunicación, promover la lengua de signos española (LSE) y garantizar que la accesibilidad sea real en todos los ámbitos de la vida: desde la educación y la sanidad hasta la justicia y la administración digital.

Un recorrido con avances y desafíos

Durante estos 25 años, la federación ha impulsado cursos de LSE, servicios de video-interpretación, servicio de intérprete de lengua de signos, mediadores en instituciones públicas, programas de apoyo a familias y campañas de sensibilización social. Acciones que han contribuido a visibilizar al colectivo y a situar en la agenda política la necesidad de accesibilidad plena.

Aun así, la federación recuerda que quedan muchos retos por delante. “Todavía hay jóvenes que crecen sin intérpretes en el aula, familias que no pueden acceder a información pública en lengua de signos o trámites digitales sin adaptación”, explica el presidente de FEXAS, José Manuel Cercas. “La accesibilidad no puede seguir siendo un sueño, tiene que ser una realidad”.

En este contexto, FEXAS insiste en la aplicación del Real Decreto 674/2023, que regula la utilización de la lengua de signos española y los apoyos a la comunicación oral en la Administración pública. “Es una herramienta jurídica que reconoce derechos, pero ahora toca que se cumpla en la práctica diaria”, subrayan desde la entidad.

El programa del aniversario

El acto de conmemoración arrancará a las 11:30 horas con la bienvenida a los asistentes. A las 12:00 tendrá lugar la apertura oficial con la intervención del presidente de FEXAS, la proyección de un vídeo sobre la trayectoria de la federación y una actuación de Arymux, con fusión de danza y lengua de signos.

A las 12:45 se celebrará el bloque 'FEXAS: 25 años de trayectoria', con la entrega de reconocimientos a personas e instituciones que han acompañado este camino. Le seguirá, a las 13:45, una sesión de monólogos a cargo de Edu y Mito.

Tras la comida de convivencia en el propio complejo (14:00 h), la jornada continuará a las 16:30 con la representación teatral de Made in Deaf, obra de Ángela Ibáñez Castaño. La clausura está prevista a las 17:30 horas. Durante toda la mañana se desarrollarán también actividades infantiles.

Una mirada hacia el futuro

El aniversario no solo servirá para repasar la historia de la federación, sino también para lanzar un mensaje claro: la inclusión y la accesibilidad deben estar garantizadas desde la infancia. “No hablamos de favores, sino de derechos”, recuerdan desde FEXAS, que reclama más recursos públicos, intérpretes en todos los servicios esenciales y la normalización de la lengua de signos en la vida cotidiana.

A los 25 años, FEXAS se reivindica como memoria viva de una lucha que no se detiene y que mira de frente a las nuevas generaciones. “Queremos que ningún niño o niña sorda vuelva a crecer en silencio”, afirman desde la organización.

Porque, como resume la federación en este aniversario, la accesibilidad no es un lujo: es la llave que abre la puerta a un futuro mejor.

Juicio sin precedentes contra la Casa Real por posible acoso laboral contra una trabajadora en el Palacio de la Zarzuela. La empleada, limpiadora al servicio de la reina emérita Sofía con más de tres décadas en el puesto y una discapacidad física reconocida desde 2022, ha llevado a juicio a la Casa Real, a Patrimonio Nacional y a una de sus superioras por acoso laboral y vulneración de varios de sus derechos fundamentales.

Manuela (nombre ficticio para proteger su identidad) empezó a trabajar en Palacio a los 19 años. Ahora tiene 55 y lleva 36 cotizados en Patrimonio Nacional, el organismo público que custodia los bienes de titularidad pública del Estado afectados al uso del rey y de la Familia Real.

Como muchos otros empleados públicos al servicio de la Casa Real, el sueldo de Manuela lo paga Patrimonio, pero también recibe una gratificación del presupuesto de Zarzuela al prestarle servicios. En mayo de 2022 una sentencia le reconoció una discapacidad física del 33%, a raíz de una tendinitis crónica y dolores en los brazos tras un accidente laboral y varias intervenciones quirúrgicas.

Este año, Manuela decidió denunciar una situación de acoso continuado por parte de su superiora. En su demanda, explican fuentes conocedoras del caso, plantea que Patrimonio y Casa Real han vulnerado derechos fundamentales recogidos en los artículos 14, 15 y 24 de la Constitución, que consagran la igualdad de los españoles, el derecho a la integridad física y moral y la tutela efectiva de los jueces y tribunales.

El juicio quedó visto para sentencia este viernes. En su demanda, Manuela reclama una indemnización de 82.931 euros, como indicó en la vista el abogado del Estado que ha defendido en el pleito a la Casa Real y Patrimonio Nacional.

En su contestación a la demanda en el juicio celebrado el viernes en el Juzgado de lo Social número 51 de Madrid, el letrado de la Administración negó “la totalidad de los hechos” que recoge la denuncia, de los que no existe “ninguna concreción”; defendió que “no existe ningún tipo de vulneración de derechos fundamentales” y que es “evidente” la “falta de legitimación” pasiva contra la Casa del Rey y pidió “la íntegra desestimación” de la demanda.

En la vista declararon a petición de la defensa de la demandante cuatro testigos: una limpiadora que actualmente trabaja en Zarzuela como Manuela, otra que se jubiló hace un par de años y también sufrió prácticas de acoso parecidas, aunque no llegó a denunciarlas en un juzgado, y dos representantes de los sindicatos UGT (que ha asesorado a la actora en este proceso) y CSIF. 

Por parte de la demandada, testificaron, entre otras, la gobernanta o regidora de Palacio para la reina emérita, superiora de la encargada de Limpieza denunciada y que sigue en activo a sus cerca de 70 años; y la delegada de Patrimonio Nacional en El Pardo, Amaya Herrero.

Hija del político y jurista Miguel Herrero de Miñón, uno de los padres de la Constitución Española, Herrero ocupa ese puesto desde 2023 tras la jubilación de su antecesor, Aníbal de Miguel.

La delegación de Patrimonio en El Pardo es la más importante de las siete que tiene este organismo, por la zona en la que se encuentra, dando servicio a los reyes de España. En ella trabajaban a cierre de 2023 (último ejercicio del que Patrimonio ha publicado sus cuentas) 237 personas, el 22% de la plantilla total de 1.077 empleados. De ellos, más del 60% trabajan en el Palacio Real de Madrid, en los Servicios Centrales del organismo que preside Ana de la Cueva, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa en el Ministerio de Asuntos Económicos con Nadia Calviño (desde 2018 hasta 2021). 

“Se le minusvalora”

En el juicio celebrado el viernes, a los cuarenta minutos de iniciarse la vista (que estaba abierta al público), la jueza expulsó de la sala a un redactor de elDiario.es tras las contestaciones a la demanda del abogado del Estado y la defensa de la acusada, cuando este se identificó como periodista, porque “es un procedimiento de vulneración de derechos fundamentales; no es un procedimiento normal”, explicó. Lo hizo también después de que la demandante confirmase a la magistrada que no quería prensa allí.

Según expuso el abogado del Estado, la demanda asegura entre otras cosas que el puesto de la actora no se ha adaptado a sus condiciones físicas, como exige la normativa cuando, como en este caso, existe una discapacidad reconocida por la Seguridad Social. En estos supuestos, los servicios de Prevención dan orden a los encargados de comunicar las limitaciones que tiene esa persona con diversidad funcional, qué trabajos puede hacer y cuáles no.

El letrado desgranó que, según su demanda, a Manuela “se le minusvalora” en sus funciones; y que “ni su encargada ni sus compañeras le dejan prestar servicios en dependencias de la Casa Real” y “en concreto”, el Palacio de la Zarzuela.

Manuela, expuso el abogado del Estado, entiende vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva al haber sufrido una “modificación sustancial” de sus condiciones laborales. Esta consistió, según explicó la defensora de la encargada de Limpieza demandada, en un mero “cambio de turno” que Manuela había pedido de forma “voluntaria” tras una grave discusión con su superiora el pasado febrero.

“No es cierto lo que se dice en la demanda de que se le controlan los fichajes, no se le deja fichar a unas determinadas horas y que se le impide realizar el mismo fichaje que al resto de sus compañeras”, aseguró el letrado de la Administración.

La representante de la demandada compartió en su alegato inicial ante la jueza buena parte de los argumentos de su “compañero” de la Abogacía del Estado. Negó los “actos constitutivos de acoso” de su defendida que recoge la demanda, en la que, explicó, se asegura que la encargada de limpieza de Zarzuela “humilla de manera continuada” a su subordinada.

La letrada puntualizó que el acoso en el ámbito laboral [una conducta muy difícil de probar] es algo “muy serio”. La doctrina del Tribunal Constitucional exige que se trate de situaciones de estrés laboral caracterizadas “por su reiteración en el tiempo, su carácter degradante de las condiciones de trabajo o la hostilidad que conlleva”, y que “tienen como resultado atentar o poner en peligro la integridad laboral del empleado”. 

Ese acoso, añadió la abogada defensora, debe ser una práctica “sistemática” y “prolongada”, pero en la demanda, afirmó, “no existe ni una concreción” al respecto. “Entendemos que es desde 2022”, el año en el que la demandada fue nombrada encargada, dijo la letrada. 

En la misma línea, el abogado del Estado insistió en la “carencia de fechas concretas” en la demanda, con episodios que, a excepción de esa discusión del pasado febrero, se narran con “carácter genérico”, lo que, apuntó, introduce “inseguridad jurídica” a la hora de “valorar si hay algo prescrito o no prescrito”, o si puede considerarse “continuado” ese supuesto acoso.

Hecho “aislado”

Manuela decidió presentar esa demanda después de lo que la Abogacía del Estado y la abogada de la demandada califican de hecho “aislado”: el pasado 5 de febrero, expuso el letrado de la Administración, “se produce un incidente en las perreras de la Zarzuela”. Un altercado entre la encargada y su subordinada, “con unas palabras, una subida de tono, una pérdida de formas”. La demandante fue trasladada a su domicilio ese día por los servicios de Patrimonio Nacional. Acabó en Urgencias con una crisis de ansiedad, explican fuentes conocedoras del caso. 

Transcurridos unos días, se le concertó una cita con la Mutua Asepeyo, a la que, destacó el abogado del Estado, Manuela “no acudió”. También se abrió, como es preceptivo en estos casos, un protocolo de acoso por parte de Patrimonio Nacional. “Tras una serie de entrevistas con distintos trabajadores que han podido ver o escuchar ese incidente”, el expediente se “archiva” porque se considera que es “de carácter aislado” y “no tiene la suficiente gravedad para ser continuado o para ser constitutivo de acoso laboral” por ese “carácter aislado”, insistió el abogado del Estado.

El incidente “se investiga por la Casa Real, se da trámite de audiencia a todos sus compañeros y se ve que es un hecho aislado, donde se perdieron las formas”, expuso también la letrada de la demandada.

elDiario.es contactó con Casa Real y Patrimonio Nacional, sin obtener respuesta.

En su alegato inicial, el abogado del Estado defendió que es “incuestionable” que “se han respetado las limitaciones” físicas de la actora en su puesto de trabajo porque “en el mismo momento en que pide el cambio de turno se le concede”, el pasado 23 de abril. Expuso que “la mayoría” de los reconocimientos médicos realizados desde 2019 fueron “aptos”; que su limitación es “exclusivamente de carácter físico, nunca de carácter psicosocial”; que desde julio de 2023 estuvo de baja 18 meses “continuados”, y otros 310 días en 2022, cuando se le reconoció esa incapacidad del 33%.

Las bajas médicas, argumentó el abogado del Estado, “no tendrían mayor trascendencia” si no fuera porque los hechos que recoge la demanda “se refieren a fichajes, vacaciones, cómo se desarrollan o no las funciones”, y “malamente puede considerarse acreditada infracción de normativa de riesgos laborales, que dependen de un contacto directo”, si “no se ha prestado el servicio”. Apuntó que en el proceso de incapacidad que se resolvió en mayo de 2022 “no se demandó a la empresa”. Y “no consta ni una sola denuncia en el comité de seguridad y salud”, ni denuncias a la Inspección de Trabajo. 

Manuela trabaja en el anexo al palacio en el que vive desde hace años la reina emérita junto a su hermana Irene de Grecia, en el Monte de El Pardo, a unos 10 kilómetros de Madrid. “Una zona de Zarzuela que se creó en la década de los 70 y que consta de una distribución cómoda: cuatro dormitorios, una sala de estar y baño, más que suficiente para ellas”, recogía hace unos meses la revista Semana.

Forma parte de la nutrida plantilla de empleados públicos que trabajan para Casa Real sin depender de ella desde el punto de vista administrativo o presupuestario. Sin embargo, la institución figura como uno de sus pagadores en su informe de vida laboral, como admitió el abogado del Estado el viernes, en cumplimiento de la normativa que regula la cotización por determinadas remuneraciones, gratificaciones e indemnizaciones por razón de servicio percibidas por empleados públicos en situación de dependencia funcional.

El letrado recordó que en casos como este Casa Real puede asignar “libremente” de sus Presupuestos complementos retributivos a otro personal que trabaja en Palacio. En el caso de la actora es un complemento personal de unos 300 euros mensuales.

El letrado de la Administración defendió que es una retribución “puntual” y su empleador es otro, Patrimonio Nacional, que ha cumplido “la totalidad” de sus obligaciones en materia de riesgos laborales, con una evaluación de los riesgos del puesto de la limpiadora, la formación necesaria a los trabajadores en esta materia y un protocolo de acoso que se activó, sin consecuencias, en ese “episodio” de “carácter aislado” del 5 febrero, que insistió es “la única fecha concreta” que consta en la demanda. 

El juicio estaba previsto inicialmente para junio. En menos de dos meses salió la fecha de la vista, pero pocos días antes la parte demandada solicitó un aplazamiento, hasta ahora.

Una sentencia clave para la era de la inteligencia artificial. El Tribunal Supremo ha dado la razón a la Fundación Ciudadana Civio en su batalla por conocer cómo funciona el algoritmo que decide qué hogares tienen derecho al bono social eléctrico, un fallo que crea jurisprudencia para los próximos casos relativos a la transparencia de estos sistemas de decisión automática, a las puertas de la era de la inteligencia artificial.

En una sentencia fechada el 11 de septiembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo condena a la Administración a entregar a la organización el código fuente de BOSCO, la aplicación informática desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica para verificar los requisitos de los solicitantes.

“El derecho de acceso a la información pública adquiere especial relevancia ante los riesgos que entraña el uso de las nuevas tecnologías en el ejercicio de las potestades públicas o la prestación de servicios públicos”, indican los magistrados. “En estos casos debe conllevar exigencias de transparencia de los procesos informáticos”, continúan, “con el objeto de proporcionar a los ciudadanos la información necesaria para su comprensión y el conocimiento de su funcionamiento”.

El fallo cobra una importancia especial en un contexto en el que la inteligencia artificial empieza a incorporarse a la gestión pública. La decisión del Supremo no solo afecta a un caso concreto —el algoritmo que decide el bono social eléctrico—, sino que sienta un precedente para exigir transparencia en cualquier sistema automatizado que condicione derechos ciudadanos. En los albores de la era de la IA, el Tribunal advierte que estas herramientas no pueden permanecer opacos, “especialmente cuando tienen por objeto el reconocimiento de derechos sociales”.

La resolución, que corrige los fallos previos de la Audiencia Nacional y del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, establece como doctrina que el acceso a la información pública incluye el derecho a conocer el código fuente de los sistemas automatizados empleados por la Administración. El Supremo vincula esta transparencia con la defensa de los derechos fundamentales, recordando que los algoritmos influyen directamente en el reconocimiento de prestaciones sociales y no pueden operar como “cajas negras”.

El litigio comenzó en 2018, cuando Civio reclamó al Ministerio acceso al software. La petición fue denegada primero por el Consejo de Transparencia y después por los tribunales, que avalaron los argumentos del Gobierno sobre la propiedad intelectual y los riesgos para la seguridad pública. La Abogacía del Estado alegó que abrir el código de BOSCO podría facilitar que los ciberdelincuentes atacaran las posibles “vulnerabilidades” que este pudiera tener.

“Se podrían utilizar dichas vulnerabilidades para acceder a las bases de datos conectadas con la aplicación, que recogen datos especialmente protegidos, como la discapacidad o la condición de víctima de violencia de género del solicitante”, aseveraba un informe al respecto elaborado por el Centro Criptológico, encargado de la ciberseguridad de las administraciones públicas. “El conocimiento del código fuente aumenta el riesgo de que la explotación de las vulnerabilidades pueda afectar a la seguridad nacional, la seguridad pública o la seguridad de los administrados”, añadía.

En su sentencia, el Supremo ha tumbado ese argumento. “El límite de seguridad pública solo puede impedir el acceso a la información pública cuando ello se encuentre justificado y resulte proporcionado”, argumentan los magistrados, considerando que no puede cerrar el acceso al código informático de un algoritmo público como medida de seguridad general va en contra del derecho a la información.

“Aun cuando en abstracto el acceso al código fuente de un programa pudiera incrementar potencialmente algunos riesgos”, recuerdan, esa transparencia pueden llevar también “a la mejora del código y fortalecimiento de su seguridad”, puesto que “incentiva a la Administración a extremar las cautelas” y permite “su escrutinio por actores diversos e independientes permite aflorar vulnerabilidades inicialmente inadvertidas”.

“Un algoritmo no es un lápiz”, había defendido durante el proceso Eva Belmonte, codirectora de Civio, subrayando que la tecnología nunca es neutral y que su opacidad puede tener consecuencias directas sobre los derechos de los ciudadanos. Ahora, con este fallo, el alto tribunal abre la puerta a que más organizaciones puedan exigir acceso a los algoritmos públicos, en un momento en el que estas herramientas marcan cada vez más decisiones clave de la Administración.

Un total de 890 personas fueron detenidas el sábado por expresar su apoyo al grupo propalestino proscrito Palestine Action, en una protesta en Londres en la que se registraron altercados violentos, confirmó este domingo la Policía.

Según Scotland Yard, 857 manifestantes fueron arrestados por respaldar al colectivo ilegalizado el pasado julio, mientras que 33 lo fueron por agredir a agentes y otros delitos de orden público.

Previamente, la subcomisaria adjunta de la Policía londinense, Claire Smart, denunció que algunos de los participantes en la protesta organizada por Defend Our Juries en la plaza del Parlamento habían escupido, insultado y golpeado a los uniformados.

Otra manifestación convocada paralelamente por la Coalición Parad la Guerra y la Campaña de Solidaridad con Palestina, a la que acudieron unas 20.000 personas, transcurrió sin apenas detenciones, apuntó Smart.

“Las tácticas empleadas por los partidarios de Palestine Action en su intento de desbordar el sistema judicial, así como el nivel de violencia observado entre la multitud, exigieron el despliegue de recursos considerables, que obligó a retirar a agentes de los barrios, en detrimento de los londinenses que dependen de ellos”, manifestó.

La Policía ya detuvo a más de 500 personas en otra protesta en agosto en la que, como en esta ocasión, los participantes esgrimieron pancartas de apoyo al grupo, que fue proscrito en julio tras vandalizar dos aviones en una base militar británica y bloquear la entrada de una empresa de suministro de armas a Israel.

En ambas manifestaciones participaron muchas personas mayores y con discapacidad, y en agosto la mayoría de detenidos fueron ciudadanos de entre 60 y 69 años que defendían la libertad de expresión.

Durante la protesta del sábado, con lemas como 'Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action', se produjeron episodios de violencia sobre todo en las calles colindantes, mientras que la concentración principal en la plaza del Parlamento transcurrió de manera pacífica.

La Policía había advertido la víspera que expresar apoyo a una organización proscrita es un delito según la Ley de Terrorismo y que los infractores serían arrestados.

Hasta ahora, más de 138 personas han sido acusadas formalmente por pertenecer o mostrar apoyo al grupo -lo que conlleva penas de hasta 14 años de cárcel-, mientras el Ministerio del Interior planea recurrir la decisión judicial que permitía a la organización impugnar su ilegalización.

Una jueza federal estadounidense ordenó este jueves desmantelar dentro de 60 días el centro de detención migratoria de 'Alligator Alcatraz' (Alcatraz de los Caimanes) al oeste de Miami, además de impedir el ingreso de nuevos migrantes, tras considerar una demanda de grupos ambientalistas.

La jueza Kathleen Williams del Distrito Sur de Florida falló de forma parcial a favor de los grupos ambientales Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity, además de la tribu Miccosukee, que exigían el cierre completo e inmediato del lugar por sus daños a la zona natural de los Everglades.

La orden prohíbe instalar cualquier infraestructura adicional como tiendas de campaña, dormitorios, edificios u oficinas, así como pavimentar, excavar o cercar el sitio, abierto el 3 de julio en un aeropuerto que estaba abandonado tras una visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

También impide “traer a cualesquiera personas adicionales al sitio que no estuvieran ya detenidas en el sitio al momento de la orden”, aunque no prohíbe modificar ni reparar la infraestructura ya existente.

Pasados los 60 días, las autoridades deberán quitar el cerco para permitir el paso de la tribu Miccosukee, pueblo indígena que pertenece a la zona, además de eliminar la iluminación industrial del lugar y retirar las instalaciones de gas, drenaje y desechos del proyecto impulsado por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.

Esta demanda busca frenar por razones ambientales el centro, con una capacidad actual para 2.000 personas que esperaba crecer a 4.000, según la División de Gestión de Emergencias de Florida (DEM), por construirse en un área natural con 36 especies endémicas amenazadas como panteras, cigüeñas, caimanes, y cocodrilos. La magistrada ya había decidido a principios de agosto paralizar temporalmente las obras del centro de detención ante la presentación de la demanda.

“Esta es una victoria emblemática para los Everglades e incontables estadounidenses que creen que las especies en peligro deben protegerse, no explotarse”, declaró Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, en un pronunciamiento.

La orden se anticipaba desde la mañana, cuando el congresista demócrata Maxwell Frost, representante de Orlando, aseguró que solo quedan 336 migrantes en el centro tras recorrerlo, un tercio de la cantidad que había hace semanas.

“Parece que el mismo estado entiende que le podrían ordenar cerrar esto, ya sea esta semana, la próxima semana o en el futuro. Solo hay ahí 336 personas en este momento. La última vez que vine había casi 1.000”, dijo Frost en un video.

Esta es una demanda distinta a la que interpusieron, por razones migratorias, defensores liderados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) que representan a migrantes detenidos por denuncias de violaciones a sus derechos humanos.

Pese al fallo, se espera que la batalla judicial continúe, pues el gobernador del Estado Ron DeSantis y el fiscal general de Florida, James Uthmeier, han cuestionado ya la legitimidad de la jueza, nominada por el expresidente demócrata Barack Obama (2009-2017), por lo que habían prometido combatir sus eventuales fallos judiciales.

El nombre Pegasus salta a la esfera pública por primera vez en 2010. Lo hace en el momento en que la empresa israelí NSO Group pone un pie en el mercado de la ciberseguridad con su producto estrella. Desde el principio, quienes estuvieron a cargo de la creación de este software espía altamente invasivo —seguramente, el más invasivo conocido hasta el momento— describieron su misión como el desarrollo de una herramienta imposible de rastrear, capaz de acceder y extraer datos de un dispositivo móvil.

Utilizado por gobiernos de todo el mundo, en España Pegasus se conoce por haber sido la vía para espiar a 65 personas vinculadas al movimiento independentista (no solo líderes políticos y sociales sino también sus abogados o familiares). Tras años con las investigaciones sobre el espionaje en los juzgados, sería lógico poder conocer la postura del Estado español. ¿El CNI sigue teniendo y utilizando Pegasus?

A pesar de la pertinencia de esta inquietud, el Gobierno ha impuesto una política de silencio, siempre amparada en razones de “seguridad nacional” y cubierta por la ley franquista de 1968 sobre Secretos Oficiales; la misma que ahora —por quinta vez— se compromete a reformar. El último ejemplo: ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, aunque las personas expertas dirigieron preguntas concretas sobre el uso de Pegasus, la respuesta del Gobierno fue ignorarlas por completo.

Si bien el uso de Pegasus ya es preocupante per se, el software espía más famoso es solo la punta del iceberg en lo que respecta a la exportación de tecnología de cibervigilancia israelí como herramienta de opresión y control autoritario alrededor del mundo. Lo que queda muchas veces oculto cuando hablamos de Pegasus es que esta tecnología se ha diseñado y probado como parte del régimen de ocupación en Palestina y para sabotear y criminalizar el trabajo de organizaciones de la sociedad civil palestina que defienden los derechos humanos.

Poco después de la designación como “terrorista” de seis organizaciones de derechos humanos palestinas, se descubrió que seis personas que trabajaban en ellas habían sido espiadas con Pegasus. Su uso vuelve a evidenciar el ciclo de criminalización que activa este tipo de espionaje desproporcionado e ilegal con la voluntad de silenciar los intentos ingentes de Al Haq, Addameer o Bisan Center for Research and Development de exigir responsabilidades a las fuerzas de seguridad israelíes. Las consecuencias para las personas afectadas palestinas van mucho más allá de la ilegalización de su trabajo. En el caso del defensor de derechos humanos Salah Hammouri, fue encarcelado y deportado de la cárcel a Francia, sin posibilidad de volver a Palestina ni continuar ejerciendo su tarea como abogado en los tribunales militares israelíes.

Hace dos años, el movimiento de BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) ya alertaba de que Israel albergaba más compañías de software espía que cualquier otro país del mundo, incluyendo NICE (la división de spyware de NICE fue comprada por Elbit Systems, la mayor empresa armamentística de Israel), Verint, NSO Group, Black Cube, Cytrox, Cellebrite e Intellexa. Hoy, la lista es aún más larga. Pero en el último año también nos han llegado noticias preocupantes sobre nuevos programas de inteligencia artificial en desarrollo, como Lavender, Where Is Daddy y Gospel.

Todas estas empresas presumen de que su tecnología proviene directamente del ejército israelí y los fundadores más frecuentes son exintegrantes de unidades de inteligencia israelíes. Sin ir más lejos, los tres fundadores de Pegasus, Shalev Hulio, Omri Lavie y Niv Karmi, están imputados en un juzgado de Barcelona por el espionaje a los independentistas.

La historia se repite: a pesar de que las empresas de spyware argumentan que su tecnología está destinada a combatir el terrorismo y el crimen, no hay pruebas de que se haya prevenido ningún delito mediante el uso de spyware. De hecho, la evidencia internacional muestra que las personas más comúnmente atacadas por este tipo de programas son periodistas, abogados, activistas, defensores de derechos humanos y representantes políticos de la oposición.

La privacidad, derecho fundamental de todas las personas, está siendo desvalorizada en un mundo digitalizado e hiperconectado. El uso de software espía como Pegasus vulnera profundamente nuestra esfera personal. Hoy, acceder al móvil de alguien es más invasivo que entrar en su hogar, dada la cantidad de información íntima que contiene. Por eso, es urgente abrir un debate global sobre estas tecnologías.

Programas tan peligrosos e incontrolables como Pegasus deben prohibirse. No pueden ser parte del armamento actual ni futuro, en manos y al servicio de los estados como armas contra la sociedad civil. Ha llegado el momento de exigir una investigación exhaustiva, empezando por Pegasus y el entramado empresarial que lo sostiene, para luego extenderla a otros programas espía. La oportunidad es ahora: por primera vez, tres altos cargos de NSO Group —en Israel y Luxemburgo— están imputados en una investigación criminal en el Estado español, por el espionaje ilegal a un abogado sin autorización judicial. Es urgente que las empresas implicadas rindan cuentas, asuman responsabilidades y se sometan a mecanismos de control públicos y transparentes.

El silencio y la opacidad solo alimentan la impunidad, erosionan el Estado de Derecho y permiten que los Estados continúen utilizando estas herramientas para vigilar a miembros de la sociedad civil. Mientras tanto, un entramado de empresas sigue creciendo y lucrándose a costa de la vulneración sistemática de nuestros derechos fundamentales