Esta semana en la red social X han coincidido dos debates magníficos para entender por qué España va a acabar teniendo de vicepresidente (o quizá de presidente en la sombra) a Santiago Abascal. Uno de ellos concluía que ganar 4.000 euros netos al mes es de pobres; el otro que 1.200 euros mensuales de SMI es una locura que nos va a llevar a la ruina. Así que había gente que, haciendo cuentas, te aseguraba que un salario bruto de 80.000 euros anuales (que percibe menos del 8% de la población en España) no te da para nada y otra gente (o la misma) que un SMI de 1.221 euros es una pretensión absurda que va a suponer la ruina del empresariado español, especialmente en su versión hostelera. La conclusión es que en España hay un claro excedente de mendrugos aspiracionales que no han entendido cómo funcionan las estructuras de clase y por eso 4.000 euros que nunca van a ganar si no se oponen al extractivismo de las élites rentistas y explotadoras les parece poco y 1.200 euros derivados de meter en el Gobierno la dignidad de la clase obrera, les parece mucho, sobre todo si lo cobran otros. 

En 2012, todavía bajo los efectos de la crisis de 2008 y sin imaginar el paréntesis alucinatorio de la pandemia, los economistas norteamericanos Daron Acemoglu y James A. Robinson escribieron Por qué fracasan los países, los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Los autores aseguraba que ni la geografía, ni la demografía, ni el clima, ni la historia o la cultura colectiva son determinantes en la prosperidad de una sociedad. Lo más importante es la calidad de sus instituciones y de las élites, que pueden ser inclusivas, buscando una mayor participación y beneficio de la sociedad, o extractivas, buscando el beneficio propio y el trasvase de riqueza hacia arriba, hacia los que tienen más. Las instituciones inclusivas se inclinan hacia la justicia, las extractivas, hacia el orden. Más de una década y muchos traumas después, siguen teniendo razón: los gobiernos progresistas se inclinarán por los servicios públicos y la redistribución, los neoliberales por la supresión de impuestos y el punitivismo contra el pobre o el inmigrante. Es fácil concluir quién sale beneficiado de uno u otro modelo. 

De por qué en España se perciben salarios de miseria en comparación con otros países de la UE se habla poco porque pone en jaque nuestro modelo económico y de crecimiento. Los trabajadores solemos ignorar que hay empresas altamente subvencionadas por el Estado que pagan una miseria a sus trabajadores mientras se quejan de las paguitas y los liberales prefieren que no sepamos que subir el SMI no sirve solo para que el trabajador que lo percibe pueda pagar la cesta de la compra, también para que las empresas dejen de crear empleos de baja cualificación y productividad que, además de explotar al empleado, arruinan la economía. Esto se une a que España es el paraíso del pijo rentista aspiracional, una chusma que ha decidido que otros van a trabajar por ellos a cambio de dejarles vivir en sus propiedades. En lugar de masacrar a impuestos a esa chusma y amenazarles con expropiaciones, el español populista se inclina por doblar la rodilla, pedir perdón a los ricos y hacerles la pelota hasta límites intolerables con el único objetivo fantasioso de llegar a ser como ellos: unos parásitos de por vida. 

La frase que se atribuye a San Agustín y que reza “si me analizo me deprimo, si me comparo me ensalzo” explica en buena parte que España, pese a ser uno de los países más vivibles del mundo, conserve modales incívicos y propensión a admirar a gente que no ha hecho otra cosa en su vida que heredar, vivir de las rentas y esquivar a Hacienda. Lo lógico y darwinesco sería que el 99% impidiéramos al 1% esclavizarnos y convertirnos en “permanent underclass”, el término que se utiliza en Silicon Valley para referirse a los trabajadores que jamás saldrán de la precariedad y que se verán obligados a trabajar 996, de 9 a 9, seis días a la semana. La realidad es que los ricos pueden ser todo lo imbéciles, ignorantes, explotadores y absurdos del mundo mientras siga habiendo gente normal que crea que se han ganado lo que tienen. El engaño más persistente de la historia de la Humanidad: ignorar que los ricos han sido, son y siempre serán nuestros parásitos. 

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha establecido que Hacienda podrá practicar embargos sobre los saldos en cuenta de sus deudores si estos proceden de ingresos que superan el salario mínimo interprofesional (SMI), que es la cantidad que se considera inembargable.

En una resolución adelantada este jueves por el diario 'El País' y a la que ha tenido acceso EFE, el TEAC fija el criterio de embargo para los deudores que hayan recibido en su cuenta cantidades superiores al SMI, ya sea porque su sueldo, salario o pensión es mayor a esta cantidad, o porque reciben otros ingresos, como ayudas familiares.

De acuerdo al TEAC, si del análisis de la cuenta queda acreditado que el saldo existente en el momento del embargo procede de cantidades embargables, “la totalidad de dicho saldo será embargable”.

Pero si ese análisis no permite saber de dónde procede ese saldo, se considerará que el deudor gastó en primer lugar la parte del salario o pensión considerado inembargable y que lo que queda podrá ser embargado, total o parcialmente, de acuerdo a la normativa -con porcentajes que van del 30 % para el doble del SMI al 90 % si equivale a más de cinco veces el SMI-.

En las últimas semanas, hemos vuelto a escuchar con frecuencia, especialmente por parte de portavoces conservadores, la propuesta de deflactación del IRPF: una modificación fiscal que permitiría corregir el sobrecoste fiscal añadido por la llamada 'progresividad en frío'. Pero, en el fondo, abordar la pérdida de poder adquisitivo desde ese planteamiento es atacar las consecuencias y no las causas del problema.

La pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas se produce como consecuencia del mayor crecimiento de los precios de los bienes de consumo respecto al crecimiento de los salarios: aunque suban los salarios nominales —lo que vemos en nuestra nómina—, si con ellos podemos comprar menos cosas, eso significa que ha empeorado nuestra capacidad adquisitiva; es decir, el salario real se ha reducido. Como se puede ver en el siguiente gráfico, los salarios reales en España apenas han avanzado desde principios de siglo: tras un periodo de mejora hasta 2008 y caídas marcadas a partir de 2021, hoy se sitúan en niveles muy similares a los de hace dos décadas. La inflación se ha terminado comiendo casi todas las ganancias nominales acumuladas.

Una consecuencia no deseada de este proceso es que pagamos más impuestos porque declaramos ingresos mayores, e incluso podemos ubicarnos en tramos del IRPF más altos sin que en ningún caso realmente nos hayamos convertido en personas más ricas. Como se sabe, el sistema fiscal está diseñado por tramos de ingresos, a modo de escalones. Como el sistema es progresivo, eso significa que cuando pasamos de escalón —porque cobramos más— también pagamos un tipo marginal mayor sobre los nuevos ingresos, lo que arrastra al alza nuestro tipo efectivo medio. El problema es que se puede subir de escalón porque la nómina indica mayor cantidad ingresada en concepto de salarios nominales, pero en realidad no existe su correspondiente mayor poder adquisitivo. En suma: pagamos más impuestos como si fuéramos más ricos, pero sin serlo.

Como consecuencia, es posible hablar de que este proceso supone una subida indirecta de impuestos: el contribuyente paga más IRPF aunque no sea más rico, y el Estado ingresa más por la misma cantidad de renta real. De ahí que emerja de vez en cuando la propuesta de que hay que ‘deflactar’ el IRPF, es decir, ajustarlo de modo que se pague impuestos de acuerdo con los salarios reales y no con los salarios nominales. Esto implicaría que los contribuyentes pagarían menos impuestos respecto a la situación actual y el Estado dejaría de percibir esas cantidades de recursos adicionales: sería, de facto, una bajada de impuestos. Además, tal y como suele plantearse —deflactación lineal de toda la tarifa— el ahorro absoluto crece con la renta y no llega a quienes no tributan.

Siendo todo lo anterior cierto, el problema real tiene que ver con que la deflactación del IRPF es una medida dirigida a atacar las consecuencias de la inflación, y no sus causas. Y aquí es evidente que la ideología influye a la hora de determinar dónde hay que poner el foco, si en lo que provoca la inflación o en las consecuencias de la misma. Mientras la propuesta de deflactación del IRPF construye una narrativa según la cual es el Estado el problema de la pérdida de poder adquisitivo —porque te da un mordisco fiscal extra como consecuencia de la inflación—, el problema de fondo de la inflación, como analizamos la semana pasada, nos empuja a hablar de los beneficios empresariales, del poder de mercado de determinadas grandes empresas y de la dificultad de la clase trabajadora para indexar salarios, es decir, para que estos acompañen el ritmo de subida de los precios. Sobra decir que esto es lo que explica que las derechas estén más interesadas en hablar de deflactación del IRPF, y las izquierdas de las causas originales de la inflación.

Pero no se trata únicamente de ideología. Hay aquí una secuencia lógica difícil de discutir: en un escenario de inflación cero —o en otro en el que los salarios nominales suban por encima de los precios— la propuesta de deflactar el IRPF sencillamente no sería necesaria. La deflactación es, por definición, una respuesta defensiva ante un problema previo; nunca una solución a ese problema. Por eso atacar la causa primera —los precios, no los tramos— es lo único que vuelve innecesarias todas las medidas correctoras posteriores. La deflactación, en el mejor de los casos, alivia; pero también resigna: asume que la inflación seguirá comiéndose nuestros salarios y se limita a impedir que, encima, paguemos más impuestos por ello.

Como ya argumenté en el análisis anterior, la causa principal de la inflación de los últimos años viene explicada por la subida de los beneficios empresariales: los distintos modelos utilizados para evaluar este fenómeno apuntan a ello, razón por la cual incluso el FMI [Fondo Monetario Internacional], el BCE [Banco Central Europeo] y la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico] —todos tradicionalmente reacios a este tipo de conclusiones— han acabado reconociendo el papel crítico de las grandes empresas en la elevación de la inflación; y todos concuerdan en que los salarios no tienen ninguna responsabilidad, más allá de que los trabajadores intenten luego vanamente recuperar terreno. Frenar ese proceso es posible, pero requiere centrarse en aquellas empresas con gran poder de mercado y que aprovechan ciertos shocks de oferta —como el cierre del estrecho de Ormuz— para elevar los márgenes de beneficios. Esto sucede sobre todo en sectores como la energía, pero también en los que cadena abajo tienen protagonismo grandes empresas que operan como oligopolios de facto. Una fuerte imposición fiscal a sus ganancias permitiría no tanto recaudar —un objetivo aquí secundario— como reducir el incentivo a aprovechar la situación: si gran parte del margen extraordinario acaba siendo expropiado vía impuestos, la rentabilidad esperada de subir precios disminuye, y con ello la presión inflacionaria. En ciertas condiciones, incluso la fijación de precios permitiría contener la inflación, como sucedió con el tope al gas para la generación eléctrica (la llamada excepción ibérica) durante la guerra en Ucrania.

Hay en todo esto una excepción significativa: los perceptores del salario mínimo. A diferencia de los salarios medios, el salario mínimo ha disfrutado de grandes subidas tanto nominales como reales en los últimos años, especialmente desde 2019, primera subida importante pactada con apoyos parlamentarios y luego con socios de coalición. El siguiente gráfico lo ilustra con claridad: los perceptores del salario mínimo sí han tenido mejoras considerables de poder adquisitivo.

Ya tuve oportunidad de hablar de este fenómeno en otro análisis, titulado “Los límites de las subidas del salario mínimo”. En realidad, esta asimetría entre el salario mínimo y el salario medio tiene que ver con la dificultad que encuentra el Gobierno en incidir en los problemas que enfrentan los trabajadores a la hora de negociar con las grandes empresas. Tras décadas de políticas neoliberales, los trabajadores están más expuestos a los caprichos de sus empleadores, tienen menos instrumentos para negociar colectivamente —como consecuencia de las reformas laborales, sobre todo la de 2012— y lo hacen en estructuras empresariales más flexibles y con menos trabajadores —nada que ver con las viejas industrias de los años 80—. Eso es lo que explica que cuando sube la inflación, los trabajadores apenas tienen capacidad para recuperar el terreno perdido. Y el Gobierno, incapaz de entrar en ese terreno, ha recurrido en la última década a la política del salario mínimo para compensar. Y aunque ha tenido efectos muy beneficiosos, tanto para sus perceptores como para la economía en general, se trata de una política limitada, tanto en el alcance —no a todos los trabajadores— como en el tiempo. Resulta insostenible porque comprime la estructura salarial en torno al SMI: trabajadores con antigüedad o cualificación terminan cobrando lo mismo que quienes acaban de incorporarse, lo que aplana las trayectorias internas y traslada tensiones a la negociación colectiva.

En definitiva, la deflactación del IRPF puede actuar como un parche de alivio temporal, pero confunde el síntoma con la enfermedad. Si los salarios reales se mantienen planos década tras década, si la negociación colectiva ha quedado debilitada y si el SMI ha alcanzado el techo de lo que puede aportar como herramienta compensatoria, el debate fiscal en torno al IRPF resulta una distracción frente a lo que de verdad está en juego: la capacidad de la mayoría social para que sus salarios acompañen a los precios, y la capacidad del Estado para intervenir aguas arriba —en los márgenes empresariales, en el poder de mercado de los oligopolios, en la arquitectura de la negociación colectiva— y no solo aguas abajo, en la nómina del contribuyente.

La deducción en el IRPF para los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI) que el Gobierno sacó adelante en 2025, tras una tensa negociación entre los Ministerios de Hacienda y Trabajo, mejoró la progresividad de la fiscalidad sobre el trabajo, pero la presión sobre un sueldo bajo todavía es mayor que la experimentan las retribuciones más altas.

Un informe sobre imposición del trabajo de la OCDE publicado este miércoles apunta que la “cuña fiscal” marginal –esto es, lo que se abona en concepto de IRPF o cotizaciones a la Seguridad Social por parte de empresa y empleado por cada punto que aumentan los ingresos– para un trabajador soltero es del 56% para los salarios más bajos (el 50% del sueldo medio, que son 32.678 euros), en tanto que es del 46% para aquellos que lo multiplican por cinco. España es uno de los 13 países miembros de la OCDE en los que sucede este fenómeno.

El documento, que se centra únicamente en la capacidad redistributiva del diseño fiscal y no sobre sus efectos aplicados a las rentas y el sistema tributario completo de cada uno de los países miembros, detalla que esto se debe a que las cotizaciones a la Seguridad Social están topadas, por lo que a partir de determinada cuantía solo aplica el IRPF.

De acuerdo con el índice de progresividad elaborado por el organismo, que mide la progresividad tributaria legal y se calcula tomando como referencia las políticas y normas del sistema tributario y de Seguridad Social de cada país, el diseño en nuestro país es más progresivo para las retribuciones bajas que para las altas, como se puede ver en el gráfico a continuación. En el supuesto de una pareja con hijos, se debe a prestaciones por hijos a cargo, como la incluida en el Ingreso Mínimo Vital. En el caso de un contribuyente soltero, se debe al diseño del IRPF. Y, en concreto, a la medida para evitar la tributación de los perceptores del SMI.

“En España, el acusado aumento en el indicador de progresividad para el primer intervalo de ingresos [entre el 50 y el 67% del salario medio] refleja la introducción de una deducción relacionada con las rentas de trabajo dirigida a ingresos bajos y moderados, lo que contribuyó a reducir la carga fiscal de los trabajadores aptos”, apunta el documento.

La medida “incrementó la progresividad legal” en la parte inferior de la distribución, incide, “con el objetivo de fomentar la participación en el mercado laboral”.

Si bien el informe incluye entre las cotizaciones sociales el Mecanismo de Equidad Intergeneracional –el recargo en las nóminas para financiar la hucha de las pensiones–, no incluye las llamadas cuotas de solidaridad para los sueldos más elevados. “Estos tipos adicionales contribuirían a aumentar la progresividad de las cotizaciones a la Seguridad Social de empleados y empleadores para los trabajadores que perciben más del 167% del salario medio, contrarrestando parcialmente la dinámica regresiva”, dice el documento, por lo que los resultados serían sensiblemente mejores en determinados tramos.

Mirando al promedio de la OCDE, desde 2000 la progresividad de la carga impositiva sobre el trabajo ha aumentado, sobre todo en el caso de los hogares con hijos, prácticamente el doble que en el caso de los solteros. “El tratamiento fiscal de los hogares con niños tiende a ser más progresivo que en el caso de los que no”, detalla. “Para la mayor parte de los hogares con niños, las prestaciones en especie son la principal causa de esa progresividad, en tanto que para aquellos sin hijos, el IRPF. Las cotizaciones a la Seguridad Social son progresivas en los niveles más bajos de ingresos y regresivos para las rentas más altas en muchos países de la OCDE, como consecuencia de los suelos y topes de contribución”, apunta el documento.

El mayor incremento de la progresividad fiscal se produjo entre 2014 y 2019, mientras que disminuyó entre 2022 y 2025, revirtiendo el incremento que se produjo como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

En términos totales, el 41,4% del salario bruto de los trabajadores españoles solteros y sin hijos se destinó al pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social en 2025, frente a una 'cuña fiscal' media del 35,1% para el conjunto. De este modo, mientras que en la OCDE la carga fiscal sobre los costes laborales se incrementó en promedio en 0,15 puntos porcentuales respecto a 2024, en España se observó un aumento de 0,31 puntos porcentuales respecto del año precedente.

Al desglosar este aumento, se aprecia que la mayor diferencia al alza correspondió al incremento del impuesto sobre la renta, con 0,25 puntos porcentuales, frente a un descenso promedio del 0,01% en la OCDE; mientras que las cotizaciones sociales del trabajador se mantuvieron estables y las del empleador subieron en 0,05 puntos porcentuales, frente a una media en la OCDE de 0,01 y de 0,15 puntos porcentuales, respectivamente.

El 10% de los hogares más pudientes concentran el 53% de los bienes en nuestro país, de acuerdo con los datos de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España publicados esta semana. El 1% más rico, el que está en la cúspide, acumula el 21,6%, cerca de los máximos históricos registrados en 2020. Pero, más allá de los grandes datos que muestran que la desigualdad está lejos acabar, ¿dónde se concentra la riqueza de los hogares españoles?

La base de datos que ha actualizado el supervisor muestran que, si bien los ingresos de los hogares españoles han recuperado los niveles de 2001, el máximo de la serie histórica, en términos de riqueza neta —es decir, restadas las deudas— las cifras están aún lejos del máximo que se acumuló antes de la crisis financiera. Los efectos de esta recesión aún se notan en las posesiones de los hogares, una evolución que en la actualidad está marcada por la situación del mercado de la vivienda.

En 2008, la riqueza mediana —es decir, la que divide en dos mitades a la distribución, y es mucho más representativa que la cifra media— de los hogares españoles era de 236.960 euros, en cifras actualizadas con el valor de 2024. No eran los máximos en la serie histórica y aquí ya se estaban sintiendo los primeros coletazos de lo que luego se conocería como Gran Recesión. Pero es que en 2024 la riqueza mediana fue de 160.830 euros, muy lejos de la de aquel periodo.

Todos estos datos están actualizados con la inflación, lo que da la medida de cuál es la situación de los hogares españoles década y media después. El perfil de la riqueza de los hogares españoles se concentra en aquellos cuyo cabeza de familia está recién jubilado, de entre 65 y 74 años, con estudios universitarios y propietario de la vivienda en la que reside. Esto, dice el Banco de España, “responde al perfil de ciclo vital esperado y registra el nivel máximo en aquellos hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 65 y 74 años, esto es, un poco más tarde que la edad a la que se alcanza el máximo de renta”, y tiende a descender después. 

Pero se ve claramente la diferencia por grupos de edad. En 2008, la riqueza se concentraba en los tramos centrales de la vida, mientras, ahora, cada vez más lo hace en los hogares más mayores.

De hecho, por primera vez en la historia los hogares liderados por un jubilado son los que acumulan más riqueza. Ligeramente por encima de aquellos en los que la persona cabeza de familia trabaja por cuenta propia —los autónomos—, en los cuales el valor del negocio se imputa a la riqueza del hogar.

La generación millenial, descolgada

Esta brecha se ve con más claridad cuando hablamos de generaciones. El análisis elaborado por el propio Banco de España muestra que los baby boomers, de primera o segunda generación, han experimentado una evolución de su riqueza mucho mejor a los de generaciones posteriores. La generación millenial (1986-1995) es la que ha tenido un peor punto de partida, pero su evolución parece ir mucho mejor que la inmediatamente anterior (1976-1985), que sintieron de primera mano los efectos de la Gran Recesión cuando empezaban a incorporarse al mercado laboral.

La explicación más razonable parece estar en el mercado de la vivienda. En la encuesta de 2024, los hogares que poseen su vivienda cayeron al mínimo histórico: el 70,6%. Hay varios motivos detrás, explicaron en el Banco de España. Por un lado, que hay más hogares que apuestan por el alquiler. Y, por otro, que la accesibilidad de la vivienda cada vez es más difícil. Con 30 años, solo el 30% de los millenials nacidos entre 1986 y 1995 eran propietarios. De las generaciones inmediatamente anteriores (1966-1985), con la misma edad, el 65% poseía la casa en la que residía.

Más peso de los activos financieros

Mientras cae la proporción de los activos reales —es decir, el inmobiliario, joyas, obras de arte o negocios—, avanza la proporción de los activos financieros, que ya supone un 23% de la riqueza de los hogares. 

Pero esta composición es cada vez más sofisticada, como definió el director general de Economía de la institución, David López Salido. Ha caído la proporción de riqueza que los hogares mantienen en cuentas corrientes (30,1%) y ha aumentado la proporción en renta fija (2,8%), coincidiendo con el boom por las letras del Tesoro.

El 20,5% de los hogares cuenta, además, con su riqueza en “otros activos financieros”, en la que se incluyen opciones como criptomonedas o futuros. Esta sofisticación se produce, sobre todo, entre los hogares más jóvenes, con estudios universitarios… Y de rentas elevadas.

Los hogares humildes, los más favorecidos

En cuanto a los ingresos de las familias, la renta mediana de los hogares recuperó en 2024 los máximos registrados en 2021, impulsados por el crecimiento económico y el buen momento del mercado laboral, que ha llevado a mínimos el desempleo y a máximos los datos de empleo. Además, en los dos años de referencia para los datos fiscales (2022-2023) coincidieron políticas de rentas como la subida del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones con la inflación o el impulso del Ingreso Mínimo Vital.

Esto permitió que los hogares situados en el 20% inferior de la distribución —es decir, el quinto con menores ingresos— incrementaron su renta mediana en un 14,6% (en torno a un 7% de crecimiento anual), un ritmo que duplica el experimentado por el conjunto de los hogares españoles (7,8%). Esto confirma que, a diferencia de periodos anteriores, fueron las clases más desfavorecidas las que se beneficiaron del ciclo económico.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado que estaría dispuesto a realizar una revisión del salario mínimo interprofesional (SMI) para “hacer frente a las consecuencias” de la guerra de Irán sobre la inflación, ya que la ley permite hacer una revisión semestral de esta renta mínima.

“El Gobierno estaría dispuesto a tenerlo en cuenta”, ha expuesto este jueves durante la Comisión de Trabajo y Economía Social en el Senado, informa Europa Press, en la que ha trasladado el compromiso del Gobierno de seguir subiendo y adaptando el SMI a la realidad de cada momento.

De acuerdo con el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que regula el SMI, esta menor retribución posible se fijará tras una consulta con los agentes sociales –en el Gobierno han apostado desde 2020 por negociar con empresas y sindicatos, aunque los últimos solo los han firmado con los representantes de los trabajadores– y tendrá en cuenta la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), la productividad, la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económmica.

Pero el mismo apartado señala la posibilidad de revisar la cuantía a los seis meses “para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios citado”.

El Gobierno aprobó una subida del SMI del 3,1% este año, hasta situarse en 1.221 euros mensuales por catorce pagas, a través de un Real Decreto que se aprobó en febrero en Consejo de Ministros y que tenía carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año.

“Es importante avanzar con un salario mayor”

El 'número dos' de Trabajo ha reivindicado en el Senado la necesidad de que los salarios se incrementen. En este sentido, ha recordado que España mantiene una brecha salarial con el resto de Europa “de un 20%”, pese a que el Gobierno ha hecho “todo lo que está en su mano” para incrementar el SMI, que ha subido un 64% desde 2018, dejando atrás los “indecentes” 700 euros en los que lo dejó el Partido Popular.

Sin embargo, ha recordado que la negociación colectiva es la que debe ahora actuar para subir el resto de los salarios, ya que el Gobierno no puede incidir sobre los salarios de las empresas privadas.

“Es muy importante que avancemos todos de la mano en un salario mayor que rompa nuestra brecha con Europa y que de alguna manera nos permita seguir avanzando en mejores condiciones de trabajo y empleo”, ha reivindicado.

La campaña de la Renta 2025 comienza este miércoles 8 de abril, por lo que los declarantes ya pueden presentar a través de internet la declaración de los ingresos generados el pasado ejercicio fiscal. No todos los contribuyentes están en la obligación de rendir cuentas con Hacienda a través de la Renta. Existen unos límites que pueden eximir al usuario de presentar la declaración por el IRPF del pasado 2025. Se trata de límites relativos a los ingresos por los rendimientos del trabajo, la naturaleza del empleo, o haber optado a ciertos subsidios o deducciones.

Cuál es el mínimo de ingresos que obliga a hacer la declaración

Por supuesto, todos aquellos que quieran optar a la devolución derivada de la normativa del IRPF deberán presentar la declaración de la Renta. Respecto al resto de contribuyentes, en general existen los siguientes grupos de personas físicas que están obligadas a presentar la declaración de la renta este 2025:

Quién no tiene que presentar la declaración de 2025

Por otro lado, hay una serie de criterios excluyentes que eximen al contribuyente de presentar la declaración de la renta 2025:

Cuál es la deducción por la subida del SMI

Una de las novedades que introduce la campaña de la renta de este año afecta precisamente a los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI), que estarán obligados a presentar la declaración si quieren que la Agencia Tributaria les devuelva las retenciones adicionales que se les haya realizado durante el año pasado. Así, los trabajadores que percibieron el SMI en 2025 (16.576 euros anuales) y aquellos que ganaron rentas por valor de hasta 18.276 euros anuales, tendrán derecho a una deducción nueva.

En el caso de que los rendimientos del trabajo sean iguales a los del SMI del año pasado, la deducción será de 340 euros, por lo que verán compensada la parte que dejaron de recibir de la subida de este sueldo base. Para aquellas rentas entre 16.576 euros anuales y 18.276 euros, la deducción será de 340 euros menos el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre los rendimientos íntegros del trabajo y 16.576 euros anuales.

Fechas de la declaración de la renta 2025

Una vez abierta la campaña de la Renta del ejercicio fiscal del pasado 2025, estas son sus fechas clave:

El Ejecutivo regional asegura no oponerse a la subida del SMI, pero su batería de objeciones legales y técnicas revela una estrategia política clara: ralentizar, cuestionar y, en la práctica, debilitar una de las pocas herramientas eficaces contra la precariedad. Hay una forma muy reconocible de oponerse a los avances sociales sin decirlo abiertamente: no negar el objetivo, pero sí discutir cada paso necesario para alcanzarlo. Eso es exactamente lo que está haciendo el Gobierno regional con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El argumento oficial, no estamos en contra de la subida, sino de cómo se aplica, suena razonable en la superficie. Pero cuando se examina de cerca, se convierte en una coartada. Porque en política, cuestionar sistemáticamente el procedimiento es, en la práctica, una forma eficaz de bloquear el resultado.

El Ejecutivo autonómico habla de “vulneración de la legalidad”, de “jerarquía normativa” y de “debilitamiento de la negociación colectiva”. Conceptos jurídicos complejos que, sin embargo, contrastan con una realidad mucho más simple: miles de trabajadores en la Región de Murcia siguen atrapados en salarios bajos, convenios bloqueados y una precariedad estructural que no se resuelve sola.

Resulta difícil tomarse en serio la defensa de la negociación colectiva cuando esta lleva años fallando precisamente en los sectores más vulnerables. ¿Dónde estaba esa preocupación institucional cuando los convenios no se actualizaban o cuando los sueldos quedaban por debajo de lo necesario para vivir con dignidad? Apelar ahora a ese marco como escudo frente al SMI no parece una defensa del diálogo social, sino un intento de preservar un statu quo claramente insuficiente.

Lo que está en juego no es solo un debate técnico, sino un modelo de sociedad. El SMI representa una línea roja: el mínimo que una economía considera aceptable para vivir. Y en contextos donde el mercado laboral no corrige por sí mismo las desigualdades, cuestionar esa herramienta equivale a asumir, aunque no se diga explícitamente, que hay trabajadores que pueden seguir cobrando por debajo de ese umbral.

Además, el énfasis en aspectos como si el cálculo debe basarse en el IPC o en otros indicadores económicos introduce una falsa neutralidad técnica. No es un debate inocente. Es una forma de desplazar la discusión lejos de su núcleo político: quién gana y quién pierde con cada decisión.

Mientras tanto, sindicatos como UGT y CCOO han señalado algo incómodo pero evidente: más de 150.000 personas en la Región dependen directamente del SMI. Para ellas, este no es un debate jurídico ni académico. Es una cuestión de supervivencia cotidiana.

En este contexto, la postura del Gobierno regional no puede leerse como una mera discrepancia técnica. Es una toma de posición política. Y como tal, conviene nombrarla sin rodeos: poner en cuestión el SMI en los términos actuales significa, de facto, alinearse con quienes prefieren salarios más bajos y menor intervención pública.

La pregunta, por tanto, no es si se está a favor o en contra de la subida en abstracto. La pregunta es si se está dispuesto a asumir las consecuencias reales de frenarla, diluirla o condicionarla hasta vaciarla de contenido. Porque a estas alturas, lo que está en juego no es el procedimiento. Es la dignidad.

La patronal vasca, Confebask, vuelve a decir que no. Ni los llamamientos al diálogo de las instituciones, ni la huelga general del 17 de marzo han hecho que varíe su postura sobre negociar un salario mínimo propio para los trabajadores vascos, más elevado que el del Estado. Los empresarios han anunciado que no asistirán a la reunión a la que les habían citado ELA y LAB en la sede del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) para este martes y cierran de nuevo la puerta a la negociación.

“Declinamos nuevamente la petición cursada para la apertura del ámbito negocial pretendido y esperamos que se desista de la misma”, han señalado los empresarios a través de un comunicado adelantándose a la cita de este martes. Los sindicatos habían planteado esta última reunión centrando la negociación sólo en salario, dejando fuera las cotizaciones sociales que se referencian a él. Pero tampoco así quieren sentarse los empresarios, que es ya la cuarta vez que rechazan abrir la negociación. Las centrales ya han advertido de que “si esta fase de interlocución y negociación” que intentaban abrir tras la huelga general “concluye sin acuerdo, llegará el momento de volver a las movilizaciones”. “La reivindicación del salario mínimo ha venido para quedarse y hasta que se logre las iniciativas sindicales no se van a para”, alegan.

Confebask considera que esta convocatoria no se distingue en nada de las anteriores. En este sentido, indica que ELA y LAB “siempre han planteado una única y exclusiva pretensión: un salario o retribución mínima para quienes presten servicios en la comunidad autónoma del País Vasco. ”Así se deduce de todos los documentos presentados en el CRL, de la demanda interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de las manifestaciones vertidas en el acto del juicio celebrado, e incluso del reciente recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo. Nunca se refirieron o pretendieron otra cosa o efecto secundario derivado de ese salario o retribución mínima reclamado“, exponen. Por eso, señalan que ”sorprende la nueva convocatoria cursada por ELA y LAB ante el CRL, cuya única aportación respecto a las previas es que especifican y explican que sólo pretenden negociar el referido salario o retribución mínima 'en términos laborales'. Nunca tuvimos nadie esa duda“, afirman.

Por ello, han insistido en que se trata de una cuestión que “ya ha sido debatida bilateralmente y en el seno del CRL en múltiples ocasiones”, que ha sido analizada por el Superior, “concluyendo que existe una causa legal para no negociar esa materia (o, dicho de otra manera, que sería ilegal hacerlo)”. Además, han recordado que “se encuentra pendiente de recurso de casación presentado por ELA y LAB ante el Tribunal Supremo, situación que exige la ausencia de negociación respecto de una materia sobre la que el único pronunciamiento judicial hasta el momento ha decretado que no puede someterse a dicha negociación”. 

Llamamiento desde el Gobierno al diálogo social

El nuevo portazo de la patronal al diálogo se ha acogido con disgusto desde el Gobierno vasco. El vicelehendakari, Mikel Torres, ha vuelto ha hacer un llamamiento al “diálogo social” tras conocer el rechazo de Confebask a acudir a la cita. Torres ha pedido a sindicatos y patronal “hacer los esfuerzos necesarios para continuar en el diálogo y avanzar en la negociación colectiva”.

Tras lamentar la falta de avances, ha advertido que tanto la falta de diálogo social como la judicialización de los conflictos laborales es “un error”: “Los problemas de negociación colectiva, entre los que está la consecución de unos salarios acordes a la situación sociolaboral de Euskadi, no deben llevarse ni a los tribunales ni a reformas legislativas de consecuencias imprevisibles, sino a la mesa de diálogo social”, ha destacado.

Mientras tanto, ELA y LAB han exigido al Gobierno vasco que deje de “buscar equidistancias entre los agentes sociales y hacer frente directamente a Confebask para que abandone su modelo de negocio del siglo XIX basado en la pobreza extrema de los trabajadores y las trabajadoras”.

Tras la huelga general el pasado 17 de marzo que se acompañó de multitudinarias manifestaciones en las capitales vascas, la negociación para conseguir un salario mínimo propio en Euskadi, por encima del vigente en el Estado, vuelve a la casilla de salida. En concreto, al emplazamiento a la patronal a que siente a negociar la cantidad mínima que los trabajadores deben cobrar en Euskadi. Los sindicatos ELA y LAB han citado a Confebask a una reunión en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) el martes día 24 para abordar la negociación. En el caso de Navarra la cita con la patronal está convocada un día después, el día 25.

La reunión de este martes será la cuarta ocasión en la que se intenta llegar a un acuerdo con los empresarios sobre este tema, después del primer encuentro que se celebró en febrero de 2025 y al que los empresarios acudieron solo para decir que no tienen intención de abordar este tema, al menos tal y como lo plantean los sindicatos. A partir de ahí no ha habido más que desencuentros con los empresarios. Por un lado, los empresarios se aferran a que se trata de una competencia que es del Estado y, por lo tanto, no les corresponde a ellos fijarla. Y por otro, consideran que establecer un salario mínimo común para todas las empresas de Euskadi, más elevado que el de otras comunidades, pondría en “riesgo a la competitividad y la sostenibilidad de las empresas vascas”.

Ante la negativa de la patronal a sentarse a negociar, ELA y LAB llevaron el tema a los tribunales, pero el TSJPV desestimó la demanda por ser una cuestión de competencia estatal. Sin embargo, los sindicatos se han aferrado precisamente a la argumentación contenida en esta sentencia para volver a citar a los empresarios. Las centrales señalan que la Justicia estableció que los sindicatos “pueden negociar con Confebask un salario mínimo para las relaciones laborales, pero sin afectar a las prestaciones sociales” y, por ello, ahora proponen “una nueva negociación dentro de ese marco”. En su petición de reunión señalan expresamente que solo quieren negociar un nivel salarial básico que afecte a las relaciones laborales de Euskadi y no a las prestaciones sociales.

ELA y LAB consideran que la sentencia supone que no pueden reclamar a la patronal la negociación de un salario mínimo legal que supere el marco de las relaciones laborales, ya que las negociaciones “no pueden afectar, por ejemplo, a la regulación de la Seguridad Social, a la inembargabilidad legal de los salarios o la determinación de las indemnizaciones del Fogasa” algo que, según aseguran, nunca han exigido en su reclamación de negociación a la patronal, razón por la que recurrirán la sentencia.

CCOO y UGT, que no convocaron ni secundaron la huelga , consideran que este nuevo emplazamiento entra de la fórmula de salario mínimo de convenio que estos sindicatos sí defienden, por lo que han emplazado a la patronal a negociar. Los sindicatos convocantes del paro consideran que “el éxito de la huelga general y las movilizaciones masivas” demuestran que “la sociedad vasca no va a ceder en la reivindicación de un SMI propio de 1.500 euros” y han considerado que “el clamor social debe obligar a gobiernos y patronales a avanzar de modo inmediato en su implantación”. Creen que la huelga ha sido “una demostración de fuerza de la clase trabajadora vasca”. “Estamos más fuertes que ayer, y tanto los partidos políticos como las patronales se han dado cuenta”. “No pararemos hasta conseguir el objetivo”, advierten. Y consideran por ello que la patronal debe escuchar el mensaje que le ha lanzado la huelga y sentarse a negociar.

De forma paralela, se mantiene abierta la vía iniciada de pedir a los partidos en el Congreso de los Diputados que presenten iniciativas para modificar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, de manera que las comunidades autónomas tengan capacidad para legislar sobre el SMI, siempre y cuando sea para elevarlo por encima del vigente en el conjunto del Estado. Esta iniciativa ha llevado a reunirse con los partidos en el Congreso a los sindicatos nacionalistas de Euskadi, Catalunya, Galicia, Islas Baleares y Valencia. “Ningún partido con los que nos hemos reunido -todos con representación a excepción de PP y Vox- nos han dicho que no”, han asegurado.

No todos los trabajadores que así lo deseaban han podido salir este martes, 17 de marzo, a las calles vascas durante la huelga general para protestar por un salario mínimo propio de 1.500 euros, superior al vigente en España de 1.221 euros. Como por ejemplo, en el caso de las trabajadoras del hogar internas. Sin embargo, a modo de protesta, muchas de ellas han colgado pañuelos naranjas que representan a su sector en las ventanas de los hogares en los que trabajan, así como fregonas y escobas en los balcones.

“Están con nosotras aunque no estén en las calles. Muchas tienen miedo, están en situación irregular o no se lo pueden permitir. Son la mayoría. Pero las que aquí estamos gritamos por todas, porque en nuestro sector es donde más se vulneran los derechos. No contamos con convenio y nos han negado el derecho a ese convenio. Nos discriminan por el hecho de ser migrantes, nos racializan y somos maltratadas en los domicilios en los que trabajamos. Inspección de Trabajo no hace nada para vigilar cómo son nuestras condiciones dentro de las casas. A muchas compañeras no les pagan los salarios porque están en situación irregular. Se nos pagan lo que quieren, sin pagas extra, vacaciones o descanso. Por eso nos unimos a esta huelga, porque queremos reivindicar nuestros derechos. Protestamos por salarios dignos para nosotras y para quienes no pueden parar”, explica Yolanda, quien lleva seis años trabajando en Euskadi como trabajadora del hogar, dos de ellos como interna.

Junto a ella un grupo de trabajadoras del hogar porta pañuelos naranjas y carteles morados con forma de mujer en los que se lee la realidad de cada una. “Soy Luz Míriam, de Colombia. Soy interna desde hace ocho años”, “Soy Edurne, de Bilbao. Trabajo dentro y fuera de casa sin tiempo y sin descanso”, “Amaia naiz, soy amama y no tengo jubilación” o “Soy Teodocia, cuidadora de Alzheimer y exijo mi derecho a paro”. “Nuestra realidad es que muchas de nosotras hemos trabajado durante años sin contrato. En mi caso tengo contrato solo desde hace cinco años y de media jornada porque la familia ha decidido así. Eso ha hecho que prácticamente no vaya a tener una jubilación. Ya no protesto para mí, sino para las que vengan, para que ganen lo que es justo por su trabajo”, reconoce Maritza, que a sus 66 años cuenta con más de tres décadas como trabajadora del hogar a sus espaldas.

Muchas tienen miedo, están en situación irregular o no se lo pueden permitir. Son la mayoría. Pero las que aquí estamos gritamos por todas

Yolanda — Trabajadora del hogar

Entre las miles de personas que han recorrido las calles del centro de Bilbao se mezclan realidades completamente distintas, pero con una precariedad parecida. Los trabajadores de artes gráficas de Bizkaia siguen de cerca a las trabajadoras del hogar. En su caso, tras una pancarta en la que se lee “¡Convenio digno ya!”, han exigido la renovación de su convenio que data de 2012 y han informado de que comenzarán once jornadas de huelga para lograrlo. “En los últimos años, estamos intentando lograr un convenio digno. En 2024 hicimos doce días de huelga, pero no conseguimos mover a la patronal. Nos dimos un año para evaluar las negociaciones, pero al ver que no había avances, a final de año decidimos volver a activar las huelgas. En este sector hay salarios bastante por debajo de los 21.000 euros, con lo cual hemos planteado empezar hoy el primero de los 11 días de huelga que vamos a llevar a cabo en las artes gráficas de Bizkaia. Desde aquí hasta semana santa”, detalla a este periódico Mikel Etxebarria, uno de los casi 2.000 trabajadores que trabajan en rotativas, imprentas, cartonaje, papel o copisterías de Bizkaia.

En este sector hay salarios bastante por debajo de los 21.000 euros, con lo cual hemos planteado empezar hoy el primero de los 11 días de huelga

Mikel Etxebarria — Trabajador del sector de artes gráficas

Los trabajadores del Puerto de Bilbao, cada uno desde su trinchera, se han unido también este martes para recorrer el centro de la ciudad tras una pancarta en la que se lee “Portuko langileak lan baldintza duinen alde. Los trabajadores del Puerto, a favor de condiciones de trabajo dignas”. “Aprovechamos esta reivindicación de un salario justo para Euskal Herria para también manifestarnos por la precarización a la que nos quieren someter las multinacionales que hay en el Puerto de Bilbao, donde hay varios conflictos laborales, como en amarradores, un servicio de atraque y desatraque de barcos, limpieza, contenedores o en estibadores, donde hay problemas con la renovación de los convenios y otras empresas. Por el momento tenemos trabajos dignos, pero tememos que las multinacionales precaricen nuestro salario a través de la deslocalización del trabajo”, reconoce Pello de Vega, que lleva cerca de 20 años trabajando en el Puerto.

Por su parte, también en la manifestación, decenas de trabajadoras del sector de Intervención Social han exigido la publificación de sus servicios, que están siendo subcontratados. “Nuestro sector está en lucha porque somos trabajadoras públicas privatizadas en un modelo de subcontratación en el que muchas compañeras no alcanzamos el salario mínimo interprofesional que en el día de hoy se está reivindicando, es un sector feminizado, muy conectado con el trabajo de cuidados. Nuestro sector trabaja con sectores de población más vulnerabilizada y es especialmente sensible a la situación creciente internacional de desigualdad e injusticia social. Defendemos que un salario digno es imprescindible para alcanzar el objetivo de una vida digna para todas las personas y desde una perspectiva feminista, antirracista, anticapitalista, antimilitarista y decolonial. No al gasto militar y más gasto social”, asegura Cristina, una de las trabajadoras a elDiario.es/Euskadi.

Estamos en la calle para que los precios bajen y los salarios suban, sobre todo para los estudiantes que son el futuro

Adriana — Profesora de Secundaria

La huelga no solo ha movilizado a trabajadores. Estudiantes de distintas edades también han salido a la calle preocupados por su futuro laboral. Es el caso de Elisa, Asier, Maider y Ander, estudiantes de Química de 21 años, que han acudido a la manifestación con Adriana, profesora de Secundaria de 28 años. La cuadrilla porta una pancarta que, por un lado, lleva el mensaje “Trabajar para vivir, no para sobrevivir” y, por el otro, “Queremos aumentos, no cuentos”. Por el momento todos viven con sus padres y madres, ninguno de ellos ha conseguido independizarse, si siquiera Adriana, pese a contar con un trabajo en un colegio. “Vivimos en casa todavía. En mi caso, aunque trabaje no me puedo ir a vivir con mi novio porque entre los dos sueldos no nos da para comprar una casa y los alquileres están por las nubes. El futuro se ve bastante oscuro, pero tenemos esperanza. Estamos en la calle para que los precios bajen y los salarios suban, sobre todo para los estudiantes que son el futuro”, ha argumentado la profesora.

Estos son algunas de las historias de las más de 100.000 personas que han salido a la calle en las distintas movilizaciones convocadas en Euskadi y Navarra. “Nos van a tener enfrente hasta que decidan sentarse y acordar con los sindicatos un salario mínimo”, ha avisado Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, en el mitin que ha cerrado la manifestación de Bilbao y en la que se han congregado miles de personas contra “el saqueo organizado que se está dando desde los empresarios”. “Hoy la clase trabajadora vasca ha demostrado la fuerza que tiene”, ha advertido el coordinador general de LAB, Igor Agirre, que ha estado también en la marcha de la capital vizcaína. Steilas, ESK, Etxalde, Hiru, CNT, CGT o el movimiento alrededor de GKS o los pensionistas también llamaban a la huelga, sin embargo, dos de los sindicatos han optado por no movilizarse: CCOO y UGT.

Miles de personas se han manifestado este martes por las calles del centro de Pamplona para reclamar un salario mínimo propio de 1.500 euros para Navarra, superior a los 1.221 euros que marca el SMI de España. Convocados por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru, han partido de la Plaza del Castillo pasadas las 12.45 horas del mediodía en una jornada de huelga general también convocada en Bizkaia, Gipuzkoa y Álava.

Encabezada por una pancarta con el lema 'Gutxieneko soldata hemen erabaki. SMI 1.500. Mejorar salarios para repartir la riqueza', y con carteles con mensajes como 'Cuando el salario no alcanza, la dignidad se organiza', o 'Mejorar los salarios para repartir la riqueza', la manifestación ha recorrido varias calles del centro de la capital navarra para finalizar de nuevo en la Plaza del Castillo.

“El salario mínimo que a día de hoy se decide en Madrid es insuficiente para garantizar una vida digna en Navarra”, ha señalado el coordinador de ELA en Navarra, Imanol Pascual, que ha destacado que lograrlo “sería un avance para hacer frente al aumento de la pobreza”. “Las empresas tienen que dejar de tener tanta cara, dejar de hablarnos de absentismo, y remar, poner de su parte y convertir en realidad el salario mínimo”, ha criticado Imanol Karrera, responsable de LAB en Navarra.

Los representantes de los dos sindicatos convocantes de la jornada de huelga han lamentado que la semana pasada en el pleno del Parlamento de Navarra tan solo EH Bildu y Geroa Bai apoyaran una proposición de ley para defender en el Congreso de los Diputados desentralizar el salario mínimo. Así, han afeado al PSN y a Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) por “sumar sus votos” a los de UPN, PP y Vox para “echar por tierra esta reivindicación”.

A la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, le han reprochado que haya pasado “a la historia en Navarra por ser la primera presidenta que renuncia a tener competencias para mejorar el salario en su tierra y mejorar los salarios de sus trabajadores y trabajadoras”. “Fue un error garrafal. Hoy, viendo esta imagen, que tome nota, porque está a tiempo de corregirla”, ha apuntado el portavoz del sindicato LAB.

Los representantes de los dos sindicatos también han criticado la ausencia de UGT y Comisiones Obreras (CCOO), a quienes han emplazado a sumarse a la mesa de negociación del próximo 25 de marzo con la patronal para negociar que la comunidad foral pueda tener un salario mínimo propio y más elevado. “Son miles y miles de trabajadores y trabajadoras en Navarra los que han dicho 'sí' a nuestra reivindicación, y creemos que esta huelga general va a ser el impulso decisivo para conseguir que Navarra tenga un salario mínimo de 1.500 euros”, ha destacado Karrera.

Sobre datos de seguimiento, el portavoz de ELA, Imanol Pascual, ha señalado que “está teniendo un seguimiento importante” en Navarra, fundamentalmente en la zona norte, donde el seguimiento “está siendo total”. También “está teniendo incidencia” en el cordón industrial de la Comarca de Pamplona y en la zona de Estella. El seguimiento “está siendo menor” en la Ribera, “aunque también hay empresas importantes que están teniendo seguimiento” y donde la huelga “está teniendo incidencia”.

“La valoración es positiva, el número de personas que se están movilizando evidencia que hay una mayoría social en Navarra que quiere que se decidan aquí sus condiciones laborales”, ha aseverado.

EH Bildu y Geroa Bai no han logrado apoyos este jueves en el pleno del Parlamento de Navarra para enviar una proposición de ley al Congreso de los Diputados con el fin de impulsar un salario mínimo interpofesional (SMI) propio para Navarra. La iniciativa de estas dos formaciones se hace eco de la reivindicación que están impulsando los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde para un SMI propio en Navarra y Euskadi, motivo por el cual han convocado una huelga general el próximo 17 de marzo.

En el debate de la iniciativa de EH Bildu y Geroa Bai en el pleno del Parlamento de Navarra, UPN se ha abstenido, mientras que PSN, Cotigo/Zurekin, PP y Vox han votado en contra.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha afirmado en la defensa de la iniciativa que la economía de Navarra “está más industrializada que la de otros territorios, la productividad por trabajador es de las más altas del Estado español y también es más alto el porcentaje de riqueza generada por cada persona”. “En Navarra, los precios de muchos de los productos y servicios son más altos que en el Estado español”, ha indicado, y ha señalado que la subida del salario mínimo en Navarra “ayudaría a una distribución de la riqueza más justa, ayudaría a reducir la pobreza, a reducir el número de personas en riesgo de exclusión social, a estrechar la brecha salarial de género, así como a estrechar otras brechas salariales como la de origen, de edad o de diversidad”.

En la misma línea, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha afirmado que esta proposición de ley “parte de la premisa de que Navarra tiene una realidad económica y social propia, que tenemos un coste de vida más alto, que tenemos una mayor productividad, y por lo tanto, también entendemos que deberíamos poder contar con instrumentos que permitan adaptar determinadas políticas a esa realidad”.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que el SMI “forma parte de un núcleo de legislación laboral española y no estamos ante un simple debate político, sino que es una cuestión que afecta al reparto competencial de nuestro país y al conjunto de las Comunidades Autónomas, y cambiar el SMI exige un debate más profundo, jurídico también, mayor de lo que se plantea en esta Cámara”. “Estamos dispuestos a hablar de ello, no tenemos ningún inconveniente. Tiene su lógica que el SMI se pueda acercar a la realidad de cada territorio. UPN no va a renunciar a tomar decisiones en Navarra, pero no creemos que un debate como el del SMI pueda solventarse de forma aislada”, ha asegurado.

Por parte del PSN, Arantza Biurrun ha considerado que “la proposición de ley que nos traen aquí no va de autogobierno, de desarrollar una competencia propia que ha quedado claro que no tenemos, la proposición de ley que hoy nos visten de justicia social va de reivindicación soberanista, de construcción nacional”, y ha llamado la atención sobre el hecho de que el PNV en Euskadi no ha compartido la reivindicación de EH Bildu. “Frente a esta propuesta queremos diálogo social, negociación colectiva y acuerdo interprofesional”, ha señalado.

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha indicado que, “en apariencia”, la proposición de ley “pretende acercar los salarios a la realidad de cada territorio, pero en la práctica abre la puerta a romper la igualdad laboral entre españoles, genera riesgos económicos y desdibuja el papel constitucional de la negociación colectiva”.

El portavoz de Contigo/Zurekin, Carlos Guzmán, ha afirmado que su grupo no quiere que “ni un solo trabajador navarro tenga condiciones socioeconómicas peores que los trabajadores del resto del país, pero tampoco queremos que ni un solo trabajador español tenga peores condiciones socioeconómicas que las que tienen los trabajadores o las trabajadoras de Navarra”. “Hoy abordamos una propuesta política nacionalista que no podemos compartir”, ha señalado.

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha expuesto que esta iniciativa legislativa no representa “una mejora laboral, es un nuevo paso en esa agenda separatista de EH Bildu para romper España por dentro, fragmentando derechos que deben ser iguales para todos los españoles”. “Un navarro ganará más que un extremeño o un andaluz por el mismo trabajo. Eso no es justicia social. Es discriminación territorial”, ha asegurado.

El Ministerio de Trabajo ha iniciado la tramitación de la norma para que las empresas no puedan absorber la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a través de la merma de ciertos pluses, como pactó con los sindicatos mayoritarios. El departamento de Yolanda Díaz ha colgado este viernes el borrador de real decreto a audiencia pública, que contiene más novedades respecto al SMI y la negociación colectiva de salarios, como adelantó elDiario.es.

Se trata de un primer paso para aprobar la norma, que al ser un real decreto (y no tener rango de ley) solo depende del Consejo de Ministros. Es decir, que no tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, una circunstancia que ha criticado la patronal de empresarios CEOE, que todo indica que llevará el decreto ante los tribunales.

El Ministerio da de plazo del próximo 2 de marzo al día 20 de ese mes para presentar aportaciones.

La medida de más interés y calado del decreto es la excepción de ciertos complementos salariales que el Ministerio de Trabajo pretende que las empresas no puedan “compensar” o “absorber” ante el aumento del salario mínimo.

Con esta práctica, las empresas amortiguan la subida del SMI cuando el salario de los empleados está al mismo nivel o algo por encima de este mínimo legal.

Un ejemplo práctico: un trabajador que cobra 1.200 euros de salario base más 50 euros por un plus ligado a la productividad. Con el nuevo SMI, de 1.221 euros, su empresa no le subirá el salario, porque en total cobra más que el nuevo mínimo legal.

Qué pluses no podrían absorber la subida del SMI

El Ministerio de Trabajo incluye así en este real decreto varios pluses o complementos salariales que las empresas ya no podrían absorber (o mermar) para amortiguar la subida del SMI.

El decreto establece la exclusión de estos pluses:

a) Los que se devenguen por las condiciones en que se preste la actividad, tales como los que tengan la naturaleza de pluses de nocturnidad, toxicidad, penosidad, peligrosidad, turnicidad o disponibilidad.

b) Los ligados a características intrínsecas de la persona trabajadora y no a la política salarial general de la empresa, tales como los relativos a su antigüedad, formación o residencia.

c) Los de cantidad o calidad de trabajo que se devenguen en función de resultados o rendimiento, tales como los que tengan la naturaleza de incentivos, primas de productividad o comisiones.

d) Aquellos cuyo carácter no compensable esté previsto en los convenios colectivos aplicables.

Además, el decreto añade que “ para determinar si procede la compensación o absorción no se tendrán en cuenta, en ningún caso, las percepciones extrasalariales”.

La Comisión de expertos será permanente

El real decreto también fija de manera permanente la Comisión asesora de expertos sobre el salario mínimo, que ha instaurado Yolanda Díaz en su mandato como responsable del Ministerio de Trabajo. Si se aprueba el texto, será un mandato a futuro para todas las subidas del salario mínimo.

Así, se establece que “para la fijación del salario mínimo interprofesional, o de su revisión semestral, se recabará informe de la Comisión asesora para el análisis del salario mínimo interprofesional”. Esta deberá presentar su informe con una antelación mínima de 15 días antes de la consulta del Gobierno a los agentes sociales.

El decreto también regula su composición, con miembros del Gobierno (Trabajo, Economía y Hacienda), cinco personas expertas nombradas por el Ministerio de Trabajo, dos miembros para los sindicatos mayoritarios a nivel estatal y otros dos para las patronales más representativas de ámbito estatal.

Cuantía del salario mínimo

Hay una novedad también respecto a la cuantía del salario mínimo. La norma incorpora una referencia a la Carta social Europera para su determinación.

“La cuantía del salario mínimo interprofesional se fijará teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 27.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, de manera que se garantice el cumplimiento de lo dispuesto en la Carta Social Europea, en especial, en lo relativo al derecho a una remuneración equitativa y suficiente”, recoge el proyecto de real decreto.

El Gobierno había prometido que fijaría por ley la meta de un salario mínimo de al menos el 60% del salario medio, el que ha sido su compromiso de legislatura, siguiendo el criterio de interpretación del Comité Europeo de Derechos Sociales de la Carta Social Europea. Sin embargo, la referencia final es más diluida y, además, a través de un real decreto y no en la ley del Estatuto de los Trabajadores.

Información de beneficios empresariales

Además, el decreto también regula la obligación de Hacienda de facilitar datos sobre los beneficios empresariales a las mesas de negociación de los convenios colectivos sectoriales, como adelantó este medio.

En concreto, se establece que en la negociación de convenios colectivos de ámbito sectorial, tanto la representación de las empresas como de las personas trabajadoras podrán dirigirse a las autoridades competentes “para solicitar información sobre aspectos tales como las cuentas económicas agregadas, la cifra de negocio, el margen bruto, los gastos de personal y los resultados económicos del ámbito territorial y funcional del convenio”.

Esta obligación de información, sin embargo, queda a expensas un desarrollo de una orden ministerial conjunta de Trabajo y Economía para desarrollar “el derecho de información previsto”, que incluya las “autoridades competentes para remitir la información, su contenido y el procedimiento tanto para la solicitud como para la remisión de la misma”.

La entrada en vigor del decreto se prevé para los 20 días tras la publicación del decreto en el BOE, excepto el derecho de información de los beneficios empresariales, que se pospone a los 20 días de la entrada en vigor de la orden ministerial de Trabajo y Hacienda pendiente.

Durante décadas la solución “convencional” a casi cualquier problema económico fue la de proponer una reducción salarial. El ejemplo más reciente lo tenemos en las recomendaciones de la troika —FMI, BCE y CE— tras la crisis financiera. De acuerdo con su narrativa, España tenía un problema de competitividad que se debía a unos salarios demasiado generosos. Asumiendo esa tesis, los gobiernos del PSOE y del PP aprobaron, en 2010 y 2012 respectivamente, reformas laborales que tuvieron como objetivo reducir los salarios a través de un debilitamiento de la negociación colectiva.

El cuestionamiento social y político de esta política condensó en el cambio de gobierno, muy particularmente con la nueva política respecto al salario mínimo. Los economistas neoliberales suelen considerar que el salario mínimo genera desempleo porque eleva el precio de la fuerza de trabajo por encima de su equilibrio; es decir, que si la gente estuviera dispuesta a cobrar menos también habría más personas trabajando. Lejos de aceptar ese planteamiento, el acuerdo presupuestario de 2019 entre PSOE y Unidas Podemos implicó una subida del salario mínimo de un 22%. En los años sucesivos las subidas continuaron, acumulándose ya en 2026 una subida del 66% respecto a 2018.

La idea económica detrás de estas subidas es poderosa: las empresas se ven obligadas a subir los salarios de los trabajadores que menos cobran, lo que permite a éstos poder gastar más y, a su vez, eleva las ventas de otras empresas y estimula la economía. Se trata de una medida canónicamente kaleckiana-keynesiana, que conceptualiza al salario no como un coste sino como un determinante central de la demanda. Además, por el camino se reduce la desigualdad y la pobreza porque se mejoran las condiciones de vida de los trabajadores con remuneraciones más bajas. Es una medida tanto económica como social, aunque sus efectos varían de forma importante según las diferencias territoriales.

En las largas deliberaciones que tuvimos durante el primer gobierno de coalición respecto al salario mínimo, una crítica recurrente señalaba que muchas empresas no serían capaces de asumir salarios más altos. En realidad, a nivel agregado los márgenes empresariales se habían ido incrementando en los últimos años, por lo que era de esperar que esa situación de “incapacidad” fuera muy limitada. Pero incluso en ese caso, un salario mínimo más alto presiona a las empresas a dejar de depender de salarios bajos y atreverse con un “upgrading”: un salto a modelos más intensivos en conocimiento, capital y trabajadores mejor pagados. Más que un destructor de empleos, un salario mínimo alto puede utilizarse como una palanca para mejorar la estructura productiva.

Al fin y al cabo, no todas las estructuras productivas son iguales de deseables. Algunas regiones se caracterizan por un modelo económico low-cost, con una alta dependencia de sectores de bajo valor añadido y enorme precariedad, como ciertos segmentos del turismo y de la construcción. Otras regiones, sin embargo, cuentan con una estructura productiva con más peso industrial y de segmentos tecnológicos, lo que implica salarios más altos y mejor estabilidad laboral.

Por lo tanto, cuando el salario mínimo se sube por igual en regiones tan distintas, los efectos son también dispares. Eso no es culpa del nivel del salario mínimo sino de aquellas estructuras productivas que metabolizan los salarios altos como un “cuerpo extraño”.  Pero eso mismo permite visibilizar por qué la subida del salario mínimo tiene también límites como política económica.

Ascensos económicos

Debe comprenderse que el salario mínimo eleva únicamente el suelo salarial, es decir, fuerza a todos los salarios bajos a subir. Pero no impacta directamente sobre el resto, que normalmente se mantienen congelados o crecen más lentamente. Eso supone un aplastamiento de los salarios en la parte baja de la distribución. El resultado es que el salario mínimo se acerca cada vez más al salario medio de cada región, y eso ocurre con más intensidad en las regiones más pobres. Esto genera un efecto de “ascenso económico” entre los receptores del salario mínimo, pero también un efecto de “agravio” entre el resto —que denuncian que su trabajo se encuentra remunerado cerca del escalón más bajo de la escala salarial—.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, en algunas regiones como Extremadura, Canarias, Castilla–La Mancha o Andalucía el salario mínimo era en 2023 ya superior al 60% del salario medio, y en prácticamente todas las demás es superior al 50%. Por el contrario, este efecto es más limitado en las regiones ricas, como País Vasco, Madrid o Navarra, donde la mejora del salario mínimo es notable, pero les deja aún lejos del salario medio de esas regiones.

Sin embargo, lo anterior solo compara entre trabajadores con remuneración. Si pasamos a comparar entre el conjunto de la población —incluyendo a los que no reciben ingresos o reciben ingresos no-laborales—, la percepción de ascenso es lógicamente mayor.

En algunos casos, como Andalucía, Extremadura o Canarias ganar el salario mínimo te coloca en el nivel de la renta disponible promedio, es decir, en el nivel promedio de ingresos. Entre el año 2000 y 2023 se trata de un salto de casi treinta puntos. Por el contrario, en las regiones más ricas, como País Vasco o Madrid, el salario mínimo se encuentra aún en un 60% de la renta disponible.

Así, las subidas del salario mínimo han permitido mejorar la vida de las personas que lo reciben: han “atrapado” a los escalones inmediatamente superiores de la escala salarial y se han acercado mucho a la renta bruta disponible de sus regiones. Y este efecto ha sido más intenso entre las regiones pobres que en las regiones ricas, lo que significa que en la práctica los beneficiarios del salario mínimo de las primeras han podido percibir con más claridad los efectos de las subidas que sus iguales en las regiones ricas.

El coste de la vida

Lo anterior es el efecto al que conduce el hecho de que el salario mínimo es el mismo para todo el país, pero las estructuras productivas y la distribución del ingreso varían según regiones. Por la misma razón, encontraremos diferencias acusadas en términos de coste de vida: no es lo mismo recibir el salario mínimo en las regiones ricas que en las pobres.

Aquí he optado por calcular el coste de la vida a partir del incremento del precio de la vivienda. Es de sentido común que el incremento del precio de la vivienda se ha comido una parte importante de las subidas salariales recientes, incluyendo la del salario mínimo. Naturalmente, eso ha ocurrido con más intensidad en las regiones donde el precio de la vivienda se ha disparado más.

Como vemos en el siguiente gráfico, la subida del salario mínimo ha sido igual para todas las regiones; esto se expresa en la parte de la derecha. Pero el incremento del precio de la vivienda, según el INE, ha sido muy distinto entre regiones: las más perjudicadas, Baleares, Andalucía y Canarias —que no por casualidad dependen altamente del turismo—; eso se representa por las barras rojas de la izquierda. El efecto neto se puede ver en las barras azules de la derecha y en el orden de las regiones. La más favorecida es Extremadura, que ha contado con la subida más limitada del precio de la vivienda desde 2018, seguida de Castilla-La Mancha y País Vasco (aunque esta última partía de niveles de precios mucho más altos).

Podemos interpretar el precio de la vivienda como una aproximación al coste de la vida; de hecho, cada vez es una porción más importante y determinante. Eso implica que la subida del salario mínimo desde 2018 ha significado algo muy distinto en Extremadura que en Baleares; mientras en la primera la mejora de poder adquisitivo está por encima del 30%, en la segunda se limita a un 10%.

El ejemplo de la vivienda nos permite analizar mejor un fenómeno contemporáneo crítico: cómo el precio de la vivienda se está comiendo las ganancias incluso de los grupos sociales más beneficiados por las políticas del gobierno. Evidentemente, sin una subida del salario mínimo la situación sería crítica para ese grupo, pero la crisis de la vivienda está comiéndose gran parte de la política económico-social del gobierno y moderando por mucho su impacto en la vida cotidiana de los trabajadores. Para los trabajadores con remuneraciones por encima del salario mínimo la situación es mucho más crítica en términos relativos, pues sus salarios no han crecido tanto y sí lo ha hecho el coste de la vida.

Conclusión

La subida del salario mínimo ha sido una de las políticas más transformadoras de los últimos años, pero su capacidad redistributiva tiene un techo que no depende de ella misma. Mientras el precio de la vivienda siga devorando las ganancias salariales de los trabajadores más vulnerables, y mientras las estructuras productivas de muchas regiones sigan ancladas en modelos de bajo valor añadido, el salario mínimo operará como un parche cada vez menos eficaz sobre problemas que requieren intervenciones de mayor calado. Dicho de otro modo: sin una política de vivienda que frene la sangría del alquiler y la compra, y sin una política industrial que transforme los ecosistemas productivos de las regiones más rezagadas, cada nuevo euro de subida del salario mínimo rendirá menos que el anterior. El gobierno ha acertado con el diagnóstico salarial —insisto: el salario no es solo un coste, sino un elemento central de la demanda—, pero la receta se queda corta si no se acompaña de las otras dos patas que le dan sentido.

Y conviene abordar el problema con celeridad, ya que está cobrando fuerza la idea de instaurar un SMI regional que limite el impacto de las subidas en las regiones más pobres. Se trata de una propuesta que, en lugar de corregir las desigualdades estructurales entre territorios, las consolidaría. Establecer salarios mínimos más bajos en las regiones más pobres institucionalizaría su especialización en actividades de bajo valor añadido, perpetuando el círculo vicioso de bajos salarios, baja inversión y escasa transformación productiva. En la práctica, supondría aceptar que hay territorios condenados a competir a través de la devaluación permanente de su fuerza de trabajo. El salario mínimo, concebido como un suelo común de derechos laborales, dejaría de ser un instrumento de convergencia social para convertirse en un mecanismo de segmentación territorial. Por eso, el verdadero debate no debería ser cómo adaptar el salario mínimo a las debilidades de cada región, sino cómo transformar las condiciones económicas que hacen que algunas regiones solo puedan sobrevivir pagando salarios bajos.

El subsidio para mayores de 52 años se ha convertido en un bote salvavidas para aquellos que tienen que afrontar el último tramo de su vida laboral en el desempleo. Esta prestación no solo les otorga un ingreso mensual de 480 euros mensuales, sino que les permite seguir cotizando a la Seguridad Social, evitando que peligren sus pensiones en el futuro. Ahora, la cotización generada por este subsidio se va a ver aumentada tras la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

La subida de los salarios más bajos no solo es una buena noticia para aquellos trabajadores que perciben esta cuantía por su trabajo, también lo será para aquellos receptores del subsidio para mayores de 52 años. El SMI sube un 3,1% hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, un total de 17.094 euros anuales. Se trata además de un incremento con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este 2026.

Es preciso aclarar que la subida del SMI no incrementará la cuantía a percibir del subsidio. Seguirá siendo de 480 euros mensuales, el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Sí que aumentará la cotización fruto de esta ayuda. Dado que el SMI es también la referencia que determina la cotización de cara a la jubilación, de forma consecuente se mejora la cotización fruto de las ayudas a mayores de 52 años.

Con la subida del SMI, la base mínima de cotización pasará a situarse este 2026 en torno a 1.424,50 euros mensuales. Esta ayuda cotiza por el 125% de esta base, por lo que la nueva base de cotización de este subsidio rondará los 1.780 euros mensuales, un incremento de un 3,6% respecto a 2025. Este aumento de cotización puede traducirse, a la hora de calcular la jubilación, en una pensión más alta.

Requisitos para el subsidio para mayores de 52 años

Para poder cobrar el subsidio para mayores de 52 años, el solicitante no puede percibir más del 75% del salario mínimo interprofesional en rentas propias. Esto supone que con la subida del SMI también aumenta el umbral de límite de rentas para solicitar la ayuda, que ahora se sitúa en 915,75 euros mensuales. Este límite de ingresos deberá estar vigente desde el mes anterior a la solicitud o prórroga de la subvención. Existen otros requisitos para poder optar a esta ayuda, que son los siguientes:

Por último, se debe acreditar, en la fecha de presentación de la solicitud, la carencia de rentas propias. El cumplimiento de este requisito deberá mantenerlo durante todo el tiempo de percepción del subsidio. En este sentido, se considerarán rentas propias todas aquellas que tengan lugar en la unidad familiar. Pueden ser de ingresos derivados del trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario, de las actividades económicas, y las prestaciones contributivas o no contributivas, públicas o privadas (salvo las asignaciones de la Seguridad Social por hijos a cargo y el importe de las cuotas para la financiación del convenio especial con la Seguridad Social). También se considerarán rentas las pensiones de alimenticias y compensatorias en separaciones, divorcios, nulidades matrimoniales o procesos de adopción de medidas paternofiliales cuando no convivan los progenitores.

Una vez concedida, el solicitante recibirá 480 euros mensuales hasta que se jubile o encuentre un nuevo empleo.

Cómo solicitar el subsidio para mayores de 52 años

De acuerdo con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para pedir el subsidio para mayores de 52 años tendrás que presentar la siguiente documentación en el registro electrónico del SEPE o pidiendo cita previa en una oficina de prestaciones:

Este subsidio se debe renovar cada año. Para ello, debes justificar que sigues cumpliendo el requisito de carencia de rentas propias, presentando al SEPE una declaración de tus rentas cada doce meses, desde la fecha en la que se concedió el subsidio o desde la última renovación.

Si no presentas esta declaración en el plazo indicado, se interrumpirá el pago del subsidio y de la cotización a la Seguridad Social. El pago se reanudará una vez la renueve el solicitante, pero no tendrá carácter retroactivo, solo percibirá la cuantía correspondiente tras aportar la documentación.

CCOO Castilla-La Mancha afirma que las mujeres en la región cobran “4.158 euros menos que los hombres”. En la antesala del Día de la Igualdad Salarial que se conmemora este domingo día 22, CCOO de Castilla-La Mancha ha presentado hoy el informe 'Ni tiempos parciales ni vidas a medias' en el que se analiza la brecha salarial de género, síntoma de desigualdad estructural, y que en nuestra región se sitúa en el 18%.

Los salarios de las mujeres tendrían que incrementarse un 18% para alcanzar los salarios de los hombres, mientras que estos cobran de media 26.766 euros, las mujeres cobran 22.608 euros. “Las mujeres llevan 13 años de retraso en materia salarial, es decir, las mujeres en 2023, -últimos datos disponibles-, están alcanzando los niveles salariales de los hombres de 2010, cuando estábamos en plena crisis económica”, ha señalado Ana Villaseñor, secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud de CCOO en la región castellanomanchega.

La brecha no es solo una cuestión de nóminas, “el tipo de trabajo que tienen las mujeres, una desigual distribución de los cuidados, la parcialidad feminizada, la segregación sectorial y la infravaloración histórica de los trabajos desempeñados mayoritariamente por mujeres, contribuyen a ella”. El sindicato analiza que es una brecha que se está intentando cerrar, a través de medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha afectado “al 60,8% de mujeres”, junto a la negociación de los planes de igualdad, “pero no es suficiente”.

Más del 75% de contratos parciales los ocupan mujeres

CCOO quiere poner el foco en la “feminización de la parcialidad”, pues esta es uno de los principales factores que explican la brecha. De las 135.000 personas con contrato parcial, “103.000 son mujeres, esto es, el 76,48%”, ha indicado Villaseñor, a la vez que se ha referido a la “necesidad de ver y estudiar la reforma del contrato a tiempo parcial para que las horas complementarias se remuneren como las horas extra”, así como la consolidación de las horas complementarias en horas ordinarias de la jornada laboral.

“La maternidad penaliza a las mujeres, también el cuidado a familiares dependientes, sus carreras profesionales e independencia económica se ven afectadas porque iniciar un proyecto familiar significa tener que abandonar”. La gente “hace matemáticas en casa, mira los salarios para ver quien se coge una reducción de jornada para cuidar” y generalmente lo hace la mujer porque cobra menos. “Son las mujeres quienes siguen asumiendo mayoritariamente este tipo de excedencias, 1.454 mujeres frente a 180 hombres. 2024 registra por segundo año consecutivo una subida en las excedencias que se han cogido las mujeres”, exponen.

En este sentido, la secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud de CCOO Castilla-La Mancha ha insistido en que es necesaria una “transformación profunda del sistema de cuidados mediante la ampliación de los servicios públicos, si no hay una estrategia integral en materia de cuidados nunca será posible hablar de igualdad real en el empleo”.

Otro de los factores que influye en la brecha salarial de género son los complementos, que están “masculinizados” (nocturnidad, turnicidad, festivos, pluses de disponiblidad, realización de horas extra). Los complementos explican el “34% de la brecha salarial a nivel regional”. Por ello, el sindicato pide definir en la negociación colectiva los complementos salariales “con criterios claros y objetivos” como la formación, responsabilidades reales o capacidades requeridas y “no basados en la presencia o disponibilidad física de las personas”. Apuntan que “si las mujeres cuidan y ya no tienen tiempo para trabajar a jornada completa, imaginaros para poner aún mayor disponibilidad para la empresa”.

La brecha salarial también se detecta en las pensionistas

La brecha salarial se proyecta en el tiempo y “se convierte en la brecha de las pensiones, que está en el 36,04%”. Desde CCOO señala que “después de una vida trabajando, probablemente empalmando curros, dejando su salud y cobrando menos salario, las pensiones se ven totalmente afectadas”. Las mujeres con pensiones mínimas son el 39,68%, frente al 22,51% de los hombres. “La etapa final de la vida de las mujeres no puede traducirse en pobreza femenina”, advierte Villaseñor.

Para el sindicato cerrar la brecha salarial exige “más corresponsabilidad”, por parte de quienes elaboran las leyes, pero también con el compromiso de las empresas para abordarlo en la negociación colectiva. Ahora se van a negociar muchos convenios sectoriales y CCOO CLM va a hacer hincapié en que la perspectiva de género esté presente. También se van a renovar muchos planes de igualdad, sobre los que “hay que hacer un seguimiento para que se cumplan”. Todo ello para reducir esta brecha salarial, pues “no habrá igualdad real mientras las mujeres sigan cobrando menos, trabajando más horas invisibles y acumulando peores pensiones. Y ahí estará el sindicato, porque no queremos ni tiempos parciales ni vidas a medias”.

Los sindicatos nacionalistas vascos son más exigentes que los partidos con los que comparten la ideología soberanista. Mientras PNV y EH Bildu aprovechan la debilidad del actual Gobierno de coalición para poner precio a su apoyo parlamentario, ELA, LAB y otros sindicatos afines, fuerzan el actual proceso de transferencias laborales reclamando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), precisamente cuando se acaba de acordar la cesión de las pensiones no contributivas, el subsidio del desempleo y puede que en breve el régimen económico de la Seguridad Social. Sabiendo que el SMI es una competencia exclusiva del Gobierno central, tras fracasar intentando lograrlo por el cauce de la negociación colectiva, recurren al procedimiento extremo de la huelga general.

ELA, LAB y el resto de sindicatos promotores de la huelga del 17 de marzo en Euskadi y Navarra, pretenden conseguir un SMI propio, patrio, actuando como grupo de presión. Su proceder constituye un reto con trasfondo competencial económico, político y jurídico. Es un intento que plantea serias dudas, en cuanto al método elegido para lograrlo y respecto a la posibilidad real de aplicarlo. Aunque, en la confrontación con el Gobierno central, tanto el éxito como el fracaso sirven para reforzar el sentimiento de afrenta y agravio que legitima el victimismo identitario. 

El callejón sin salida de una demanda justa  

El detonador de la huelga es la demanda de un SMI propio de 1.500 euros, un 21% superior a los 1.184 en vigor e incluso por encima de 1.385 euros, cantidad estimada en el estudio encargado por el Gobierno vasco. Esos 1.500 euros, abonados en 14 pagas mensuales, equivalen a los 21.624 euros anuales del SMI francés. Si fuese posible lograrlo significaría, además de una notable mejora económica, avanzar hacia la unificación, al menos retributiva, de Iparralde y Hegoalde. 

El 18 de julio de 2025, 'Naiz' recogía declaraciones de ELA y LAB referentes al informe del ejecutivo vasco. Cuestionaban que un SMI de 1.385 euros beneficiase a 66.000 personas, considerando que menos de 10.000 tienen un convenio colectivo actualizado en la CAPV. Conclusión: “... la propuesta del Gobierno vasco tendría un impacto marginal en la clase trabajadora vasca”. Esa valoración, que puede ser correcta, choca con la cifra utilizada por ellos mismos para justificar la huelga. El 10 de febrero de 2026 se decía en Gasteiz Hoy: “... mejoraría de forma directa la situación de 167.000 trabajadores y trabajadoras en Hego Euskal Herria”. Las cuentas de ELA y LAB no cuadran: con 1.385 euros son menos de 10.000 beneficiarios, con 1.500 euros favorece a 167.000 asalariados. 

Las contradicciones no acaban ahí. En el artículo de 'Naiz' del 18 de julio de 2025, ELA y LAB advierten: “las personas con salarios más bajos son 188.000 trabajadoras y trabajadores a los que se aplican convenios estatales y las 48.000 sin convenio de aplicación...”. Esos datos, difundidos por los sindicatos que denuncian a Confebask y CEN por negarse a negociar un SMI, prueban la imposibilidad de mejorar, precisamente a través de un convenio, las condiciones retributivas de la gente más necesitada. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) rechazó la demanda sindical por ser una atribución exclusiva del Gobierno español. 

Si la sentencia del TSJPV hubiese sido favorable a los sindicatos, no habría resuelto nada, al quedar fuera del marco de negociación el conjunto de asalariados que no están acogidos a un convenio pactado en Euskadi o Navarra. El Gobierno vasco asumía la demanda de un SMI propio y al encargar el estudio para evaluar su cuantía advirtió que, sin competencias para regularlo, tocaba encauzarla a través de la negociación colectiva. El fallo del TSJPV invalida también la propuesta negociadora del ejecutivo vasco. 

Aunque sindicatos y partidos nacionalistas se aprovechen de la atonía del Gobierno, Pedro Sánchez no podría hacer una concesión de tanto calado, con el riesgo añadido de que se amplíe a la caja común de las pensiones. Tales pretensiones plantearían un dilema, además de laboral, político y jurídico. Mas la amenaza de una huelga general de ámbito territorial limitado, convocada por un sector sindical específico, no tiene el potencial necesario para remover los cimientos del Estado.   

Puestos a ser radicales, los sindicatos promotores de la huelga del 17 de marzo podrían impulsar movilizaciones en defensa de las trabajadoras y los trabajadores con convenios congelados, sin actualizar y decaídos. Según el Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi, el año 2025 acabó con el 36,2 % de los convenios paralizados, figurando entre los sectores afectados: metal, oficinas y despachos, transporte, comercio, hostelería, construcción y limpieza. 

Los datos del CRL revelan que hay unas 370.000 personas sin convenio actualizado, más otras 50.000, la mayoría mujeres, que nunca han tenido convenio. Esta problemática encaja de lleno en el ámbito sindical y pone en entredicho la capacidad negociadora y la combatividad de la mayoría sindical vasca. Pueden empezar por resolver un conflicto, bien reciente, que afecta al aparato mediático del nacionalismo vasco. El domingo 15 de febrero, eldiario.es Euskadi publica este titular: Recepcionistas y azafatas de EITB denuncian “precariedad”: “Nuestros salarios llevan congelados una década”.

Los gobiernos autónomos de Euskadi y Navarra han contribuido a justificar la convocatoria de la huelga general, rechazando el debate parlamentario del SMI, avalado y respaldado mediante iniciativas legislativas populares. Además de torpeza política, constituye una vulneración del derecho democrático a participar en la actividad institucional. Lo mismo ocurrió con la ILP sobre la equiparación de las pensiones. En ambos casos se trata de una flagrante arbitrariedad. 

Los sindicatos convocantes de la huelga general implican en su campaña a sindicatos, también nacionalistas, de otros territorios. El objetivo común es modificar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores: “... las comunidades autónomas podrán establecer un SMI aplicable en su territorio”. Sorprende que se busque apoyo para conseguir un SMI mejor, solo en Euskadi y Navarra, siendo más lógico plantear una lucha conjunta para conquistar una mejora general. Aunque, vista la correlación de fuerzas estatal, incluso con una legislación favorable, la aplicación de un SMI propio solo sería factible donde, como en la CAPV, sindicatos y partidos nacionalistas son hegemónicos. De modo que la alianza con “sindicatos de las naciones sin Estado” solo sirve para ampliar el eco mediático de una huelga con pretensiones soberanistas. 

El posicionamiento de las fuerzas políticas y sindicales respecto a la huelga general del 17M se podía adivinar incluso antes de convocarse. PNV, PSOE y PP por un lado, CCOO y UGT por otro, se oponen. EH Bildu la respalda, junto con el denominado Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria. La única duda, la de la izquierda de la izquierda, se despejó en un cordial encuentro.

La oportunidad del desmarque de la izquierda acomplejada

La trayectoria histórica de la izquierda situada a la izquierda del PSOE, identificada como federalista y alternativa, se caracteriza por el seguidismo respecto al nacionalismo radical, incluso convertida en su competencia electoral. La izquierda que pretende ser transformadora, parece no enterarse de que la seña de identidad del abertzalismo ya no es el radicalismo, sino el oportunismo. Basta observar el colaboracionismo de EH Bildu con el Gobierno de Pedro Sánchez, o las ofertas al PNV para formar una coalición electoral conjunta. Por otra parte, ELA y LAB practican un radicalismo escénico que se difumina cuando toca defender la escuela pública vasca o rechazar privilegios, como la asistencia sanitaria privada en algunas instituciones y los planes de pensiones privados (EPSV) en la administración pública. 

Pese a la trascendencia e implicaciones de una huelga general, la dirección de Podemos Euskadi no ha dudado en apoyar dicha convocatoria de forma acrítica y condescendiente, con los mismos argumentos de quienes la promueven, sin consultar a la militancia, sin analizar la posibilidad real de implantar en Euskadi un SMI propio, sin tener en cuenta que no evitaría la precariedad salarial, sin valorar las consecuencias que tiene para la clase obrera una huelga sin unidad sindical, sin comprender siquiera que está renunciando a ser alternativa política. La postura correcta hubiese sido animar a los sindicatos impulsores de la huelga a hacer causa común con los sindicatos de ámbito estatal, planteando ante el Gobierno central una demanda conjunta de alcance solidario. Las 61.000 personas que cobran el SMI en Euskadi son el 7% de la población asalariada, mientras que a nivel estatal son el doble, 14%.  

La dirección de Podemos Euskadi ha perdido la oportunidad de proclamar públicamente que el marco de relaciones laborales autónomo y el SMI propio, requieren un desarrollo del autogobierno sin encaje en el actual modelo autonómico. La alternativa es el estado federal, que no quieren asumir, ni como etapa intermedia, los partidos y sindicatos nacionalistas empeñados en llegar a la independencia a través de un proceso soberanista que, por lo visto, consiste en reclamar ventajas al Gobierno central. La huelga general del 17M resultará tan frustrante como la de las pensiones del 30 de enero del 2020. Aquella sólo sirvió para dividir al movimiento de pensionistas. Por tanto, lo consecuente habría sido permanecer al margen de esa discutible huelga general.

Recapitulación final

Los tribunales sentencian que las asociaciones patronales no pueden negociar un SMI de ámbito autonómico. Aunque pudiesen, no es posible llegar con la negociación colectiva hasta los sectores más desfavorecidos. Ha fracasado la vía contractual de aplicación de un SMI propio, reclamada por los sindicatos nacionalistas y avalada por el ejecutivo vasco. Es improbable que una huelga general limitada logre forzar al Gobierno central a modificar esa pieza clave de la legislación laboral. En consecuencia, dicha huelga supondrá un sacrificio inútil para las trabajadoras y trabajadores que la secunden, quedando en una nueva proclama del todo por la patria. Esa operación no debería contar con el apoyo de la izquierda de la izquierda. La alternativa para conseguir un SMI propio pasa por la transformación de la España de las autonomías en estado federal plurinacional.

El salario mínimo interprofesional (SMI) se sitúa en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas. El Gobierno de coalición ha aprobado la nueva cuantía de 2026 en el Consejo de Ministros de este martes, firmado ayer por Trabajo con los sindicatos mayoritarios ante la presencia inédita del presidente Pedro Sánchez. El SMI sube un 3,1% respecto a 2025, lo que suponen 37 euros más al mes. Además, el Ejecutivo ha aprobado de nuevo una deducción fiscal para evitar que estos trabajadores paguen IRPF.

“La subida es espectacular en los últimos años”, ha destacado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, del 66% desde 2018. “No ha pasado nada en España, no hemos destruido nada, sino que hemos alcanzado cifras de ocupación récord que nunca hemos tenido en el país, superando los 22,5 millones de personas trabajadoras”, ha añadido.

La subida del salario mínimo “es una decisión política consciente: que el trabajo permita vivir con dignidad”, ha afirmado por su parte Elma Saiz, la ministra de la Seguridad Social y portavoz del Gobierno.

Las tensiones entre el Gobierno y la patronal han tenido un nuevo capítulo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “El señor Garamendi gana 23 veces el SMI. Le pido prudencia y responsabilidad”, ha sostenido Yolanda Díaz sobre el líder de la gran patronal CEOE, que ha respondido al presidente Sánchez en sus críticas por no pactar el alza del salario mínimo.

A continuación, recogemos algunas de las preguntas más frecuentes en relación a la subida del salario mínimo.

¿Cuánto sube el salario mínimo?

El SMI aumenta un 3,1% respecto a 2025, para compensar el aumento de los precios del pasado año (2,9%) y proteger así el poder adquisitivo de sus perceptores. El alza garantiza además el compromiso del Gobierno de que el SMI llegue al menos al 60% del salario medio del país, como recomienda el Comité Europeo de Derechos Sociales.

El salario mínimo se incrementa así en 37 euros al mes, pasando de 1.184 euros a 1.221 euros brutos mensuales por una jornada completa en 2026, que se abonan en 14 pagas. Alcanza los 1.424,5 euros mensuales en caso de que se remunere en doce pagas. En términos anuales, el SMI alcanza los 17.094 euros.

Desde 2018, el Gobierno ha aumentado un 66% el SMI, desde los 735 euros mensuales vigentes cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa.

¿Los 1.221 euros son brutos o netos?

Brutos. Por tanto, el salario neto que el trabajador recibe en su cuenta bancaria es algo inferior.

A las cantidades brutas hay que descontar las cotizaciones sociales a la Seguridad Social (para la protección social por desempleo o enfermedad, por ejemplo). Y, en un primer momento, también la retención mensual de IRPF, aunque luego Hacienda devolverá estas cuantías en la declaración de la renta a sus perceptores.

Aproximadamente, la cuantía neta que recibirán los trabajadores finalmente rondará los 1.140 euros al mes en 14 pagas.

¿Desde cuándo se aplica la subida del salario mínimo?

Como ha hecho en los últimos años, el Gobierno ha aprobado la nueva cuantía del salario mínimo con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.

Así, las empresas deberán abonar el nuevo salario mínimo de 1.221 euros al mes a partir de ahora y, además, abonar una paga con el aumento correspondiente al mes de enero.

¿Quién recibe el SMI?

Hay cifras muy dispares sobre quiénes cobran el salario mínimo, incluso dentro del propio Gobierno. El Ministerio de Trabajo cifra en casi 2,5 millones de personas trabajadoras, alrededor del 13% del total de personas asalariadas. Entre ellas, destacan las mujeres, casi el 66%, según el departamento de Yolanda Díaz, más de 1,6 millones de trabajadoras, y los jóvenes “con una incidencia del 27%” entre las personas menores de 25 años.

Sin embargo, la ministra portavoz y responsable de la Seguridad Social, Elma Saiz, ha dado una cifra inferior de incidencia, de “más de 1,6 millones” de personas, alrededor del 9% de los asalariados, “principalmente mujeres y jóvenes”, el mismo dato que ha estimado el sindicato CCOO.

¿Los trabajadores pagarán IRPF?

Al principio sí, en la nómina, pero después Hacienda les devolverá el dinero. El Gobierno ha elevado de 340 a 591 euros la deducción fiscal para los salarios por debajo de 20.000 euros brutos, de tal manera que beneficie a los perceptores del SMI, pero también se evite el “error de salto” para aquellas pagas superiores y que se encuentran en el mismo tramo.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que con esta medida el trabajador que hoy gana el SMI paga 800 euros menos de lo que tributaría la misma cuantía durante los años de Gobierno del PP, descontada la inflación, una cifra que se eleva a 1.812 euros si se tiene en cuenta la evolución de los precios.

“El ahorro acumulado alcanza los 11.000 millones de euros. Digo esto porque ha sido una iniciativa de este Gobierno bajar la tributación en los bajos salarios y pedir un mayor esfuerzo a aquellos que tributan en la escala alta o en sectores como la banca o la energía”, ha dicho la 'número dos' del Ejecutivo.

La deducción del Gobierno, que tiene que pasar por el Congreso, se aplicará en la Declaración de la Renta del 2026, a presentar en la primavera del próximo año, que es cuando los beneficiarios podrán recibir lo cobrado de más por parte de la Agencia Tributaria.

¿Nadie puede cobrar menos de 1.221 euros brutos al mes?

Por una jornada completa de trabajo, no. En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda dar lugar al pago de cantidades inferiores en ningún caso. Es decir, que una empresa no puede pagar menos de esos 1.221 euros porque además del sueldo incluye otros beneficios, como un comedor a cargo de la empresa o el uso de una vivienda a cargo del empleador, por ejemplo, habitual con las trabajadoras del hogar internas.

Pero sí hay personas que pueden cobrar menos de 1.221 euros brutos al mes: aquellas que no trabajen jornadas completas, sino parciales. La inmensa mayoría, el 73%, son mujeres y en muchos casos son jornadas indeseadas, uno de los principales problemas del mercado de trabajo y de la pobreza laboral en España.

En ese caso, el salario mínimo mensual se calcula de manera proporcional en función de las horas trabajadas. Por ejemplo, 610,5 euros brutos por una media jornada.

¿Cuál es el salario mínimo diario? ¿Qué pasa con las trabajadoras del hogar?

El decreto del salario mínimo también fija otras referencias, como el salario mínimo diario y el que se aplica para eventuales y temporeros, así como empleadas del hogar.

Las cuantías son:

¿Se puede amortiguar la subida del SMI con complementos salariales?

De momento sí, aunque el Ministerio de Trabajo lo quiere evitar en una futura norma.

Se trata de una práctica empresarial respaldada por el Tribunal Supremo, por el que las empresas compensan el alza del SMI si el trabajador gana en total (incluidos pluses) al menos esos 1.221 euros brutos al mes.

Yolanda Díaz ha pactado con los sindicatos CCOO y UGT modificar esta situación, impidiendo la compensación de ciertos pluses, “para que el impacto del SMI sea real y no con fraudes contables en nuestro país”, ha afirmado la vicepresidenta este martes.

El pacto recoge que “se excluya de las reglas de absorción y compensación los complementos que se devenguen por las condiciones en que se preste la actividad; la residencia, los ligados a características intrínsecas de la persona trabajadora; los de cantidad o calidad de trabajo o aquellos cuyo carácter no compensable” ya esté previsto en convenios colectivos y en la legislación.

Este lunes se ha firmado el acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1 por ciento en 2026, a 1.221 euros brutos al mes, entre Trabajo y los sindicatos mayoritarios, que se aprobará mañana en el Consejo de Ministros. Una firma celebrada por CCOO La Rioja porque dicen “consolida la referencia del SMI en el 60 por ciento del salario medio neto”.

En La Rioja, explica la formación sindical, esta subida tendrá un impacto directo en “miles de personas trabajadoras”. En La Rioja aseguran que la incidencia de la subida del SMIel se sitúa en el 5,6 por ciento de la población asalariada a jornada completa y supone un “alivio fundamental para colectivos que concentran la mayor precariedad”.

Los puntos clave de la subida del SMI en 2026:

Con estas cifras, CCOO La Rioja destacan que “la buena marcha de la economía y el crecimiento de los márgenes empresariales permiten abordar este incremento sin riesgo para el empleo, garantizando que la recuperación llegue a los hogares con salarios más bajos”.