El presidente de la gran patronal, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha criticado al Gobierno por usar su “poder” para promover una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en periodo electoral, un movimiento que ha tachado de “increíble” e incomprensible, recoge la agencia Europa Press.

“Es increíble que el Gobierno esté utilizando el poder que tiene en plena campaña electoral para actuar de una manera que nosotros no entendemos”, ha denunciado el empresario vasco este jueves en un acto en la sede de la CEOE, donde se celebraba un evento por el 25 aniversario de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel).

El dirigente empresarial ha señalado que los sindicatos piden un aumento del 7% del SMI y exigen, además, “la famosa absorción”, en referencia a la reforma para que las empresas no absorban la subida del salario mínimo a través de los pluses y complementos retributivos.

Mientras, ha denunciado el Gobierno mantiene la desindexación de los contratos públicos a las subidas del SMI, un veto de la época de Rajoy (y en vigor) que impide repercutir las subidas de salarios en los presupuestos de las licitaciones.

Crítica a los expertos sobre el SMI: “No han tenido un empleo en su vida”

“Nuestra querida ministra [de Trabajo, Yolanda Díaz], como bien sabéis, ha llamado ya a lo que ella denomina los expertos en el salario mínimo, porque no han tenido un empleo en su vida”, ha afirmado también Antonio Garamendi.

La Comisión Asesora para la subida del SMI del Ministerio de Trabajo, presidida por Begoña Cueto, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, está formada principalmente por catedráticos, académicos y profesores universitarios, así como altos cargos técnicos del Ministerio de Trabajo, Economía y Hacienda, así como profesionales de los equipos económicos de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT.

La patronal CEOE, invitada a formar parte de este organismo, ha venido rechazando participar en él.

Indignado de que culpen a los empresarios “de que los salarios no suban”

Por otro lado, Garamendi ha apuntado al “absentismo” –en referencia a las bajas médicas de trabajadores– como la “gran preocupación” para las compañías, sumado al problema de las vacantes, pues asegura que “no hay gente” en sectores como la hostelería y que la gestión de este asunto es “harto complicada”.

Garamendi también se ha mostrado indignado de que “encima” los empresarios sean “los culpables de que los salarios no suban”, cuando el Estado, según ha defendido, se ha quedado con 17.000 millones de euros por no deflactar el IRPF, un dinero que debería estar “en los bolsillos de los trabajadores”, recoge la agencia EFE.

El dirigente de la patronal ha afirmado este jueves que los sindicatos “se han negado en rotundo a hablar” sobre el acuerdo nacional de convenios: “Esa mesa sigue parada” y son ellos quienes “no han querido sentarse”, ha señalado el empresario vasco, en contra de la denuncia reiterada de los sindicatos CCOO y UGT desde hace un año, en el que han reclamado a la patronal que se siente a negociar este gran acuerdo de negociación colectiva, sin éxito.

En estos meses, Antonio Garamendi ha defendido en varias ocasiones no sentarse a negociar con los sindicatos por múltiples motivos. Entre ellos, el apoyo de los representantes de los trabajadores a reformas del Ministerio de Trabajo como la reducción de la jornada laboral y la reforma de la compensación de pluses, que en su opinión van en contra de la negociación colectiva.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, piden al Gobierno que el salario mínimo interprofesional (SMI) suba “al menos un 7%”, han anunciado este martes Pepe Álvarez, secretario general de UGT, y Unai Sordo, de CCOO, que han situado el horizonte de los 1.300 euros al mes en 14 pagas.

Los líderes sindicales han comparecido de manera conjunta este martes para dar detalles sobre la convocatoria de la huelga general del próximo 11 de noviembre, para reclamar el acceso a una vivienda digna, pero también otras cuestiones como el aumento de salarios y la llamada a la patronal a negociar el AENC (Acuerdo Estatal por la Negociación Colectiva). La reclamación del SMI también se incluirá en las reivindicaciones de la huelga, ha afirmado Álvarez.

La intención del Ministerio de Trabajo es aprobar el alza antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre, según han apuntado a elDiario.es en el departamento de Yolanda Díaz, para lo que ya ha activado la maquinaria para elevarlo, convocando el grupo de expertos para la subida del SMI.

El SMI está situado en la actualidad en los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, tras subir un 3,1% en 2026, en línea con la recomendación de la comisión de expertos del año pasado. En los últimos años de mandato de Pedro Sánchez, el SMI ha subido un 66%, acumulando subidas históricas para alcanzar la meta que se fijó el Ejecutivo: el 60% del salario medio, la recomendación de la Carta Social Europea.

Inflación del 5% y pérdida de poder adquisitivo

Los sindicatos han justificado esta cifra de aumento de “al menos el 7%” ya que la inflación ha ido subiendo a lo largo del año, especialmente en los últimos meses, hasta alcanzar un incremento del IPC interanual que roza el 5% (4,9% el mes pasado).

Por ese motivo, Pepe Álvarez ha argumentado que hay que tener en cuenta “ese desfase” de dos puntos de pérdida de poder adquisitivo de estos salarios más bajos en la subida del SMI del próximo ejercicio.

Con un aumento del 7%, el SMI quedaría situado en los 1.306,5 euros brutos al mes en 14 pagas, alrededor de “1.500 euros” en 12 pagas, ha destacado Unai Sordo. En concreto, alcanzaría los 1.524 euros brutos al mes en 12 pagas con ese incremento.

La vicepresidenta Yolanda Díaz también hizo referencia a la elevada inflación en la apertura del grupo de expertos para la subida del SMI del próximo año. La ministra de Trabajo pidió a la Comisión una cifra de incremento que impida la pérdida de poder adquisitivo, además de que garantice la meta del 60% del salario medio del país.

Piden aprobar el registro horario y la reforma de los pluses

Además, Unai Sordo ha explicado que los sindicatos mayoritarios tampoco se dan por vencidos del todo respecto a la aprobación de dos reales decretos que se suponía que el Gobierno iba a llevar al Consejo de Ministros en breve: el refuerzo del registro horario y la reforma de la compensación y absorción de pluses salariares en relación al salario mínimo.

“Si no, será uno de los debes de este Gobierno”, ha añadido el líder de CCOO. “Sería muy importante que el Consejo de Ministros y Ministras aprobaran estos reales decretos, que no necesita la aprobación del Congreso de los Diputados”, ha destacado Pepe Álvarez.

El Ministerio de Trabajo había anunciado la aprobación del nuevo registro horario en septiembre (en acuerdo con Economía), pero se acabó retrasando. La última fecha anunciada fue octubre, según el secretario de Estado de Trabajo, pero en la última convocatoria de Yolanda Díaz, la vicepresidenta no mencionó ningún horizonte concreto.

La presidenta de la patronal Cepyme, Ángela de Miguel, ha reiterado que no entienden una huelga general no laboral que va contra las empresas por un problema de vivienda, que ellos también sufren, cuando hay margen para bajar el 40% de impuestos que se pagan, y cuando además el SMI está en 1.900 euros al mes y que lleguen 1.250 al trabajador “es una decisión del Gobierno”.

A preguntas de los medios durante su participación en el acto de presentación de CEOE Mujeres Empresarias Valladolid ha incidido en que Cepyme no tiene “ninguna posibilidad de solucionar este problema, aunque si nos dejaran seguro que lo solucionamos, pero no tenemos competencias en materia de vivienda que nos va a perjudicar ya que la pequeña empresa sufre exactamente igual que el resto de ciudadanos el problema de la vivienda”.

Ha incidido en que además la huelga se intenta justificar por parte de los sindicatos en que los salarios no permiten pagar una vivienda y ha defendido que “se han subido los salarios por encima del IPC y si en la vivienda hay un 40% de impuestos hay margen para bajar”.

“Estamos pagando unos impuestos tan altos para trabajar que, por lo dice la OCDE, pagamos más impuestos en España por trabajar que por consumir”, ha reflexionado.

Por ello, ha planteado que “habrá que ver donde está el verdadero problema porque un Salario Mínimo Interprofesional son 1.900 euros al mes, y que lleguen 1.250 al trabajador es una decisión del gobierno, no de las empresas”.

Sobre la convocatoria electoral, ha recordado que es una decisión del presidente del Gobierno, que respetan. “Lo único que nosotros como siempre pedimos a todos los partidos políticos y vamos a pedirle lo mismo absolutamente a todos por lo que les pedimos es que tengan políticas de estabilidad, que piensen en las empresas pequeñas” y “mantener esa independencia institucional”, ha analizado.

Ha defendido que “es muy importante respeto por el diálogo social que en los últimos años se ha devaluado muchísimo”, y ha reclamado que se respete “la decisión de los ciudadanos españoles”.

Sobre la inflación y el traslado a los salarios, ha dicho que “habrá que ver cómo se cierra el año, porque es verdad que la subida de inflación es del último mes, y entonces hay que ver cómo se va con todo esto”.

“Si cogemos los datos del 2025 los salarios han subido por encima de la inflación”, ha recordado De Miguel, quien ha insistido en que la inflación alta ha sido en los últimos 30 días.

“Entonces hay que dejar tiempo a que se pueda negociar y podamos hablar y se vaya negociando en el diálogo social y en la negociación colectiva”, ha reflexionado.

La presidenta de Cepyme ha participado en la presentación de CEOE Mujeres Empresarias Valladolid, del que formará parte como empresaria vallisoletana, que busca conectar a las empresarias de la provincia, visibilizar su actividad y favorecer la colaboración, con mentorías para las que comienzan o la creación de un directorio y mapa de las empresarias de ese territorio, o reconocimiento de su trabajo.EFE

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha inaugurado este jueves la Comisión Asesora de personas expertas para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), a la que ha pedido que realicen su informe en un tiempo más reducido de lo habitual –ante la intención de subir este mínimo salarial antes de las elecciones generales– y también que su recomendación de aumento garantice que el salario mínimo no pierde poder adquisitivo, con una elevación que compense al menos la inflación. Según los últimos datos, el IPC interanual está en “el 4,9%”, ha recordado Díaz.

La responsable de Trabajo ha añadido que el mandato de los expertos también incluye la petición habitual: que recomienden un aumento anual que garantice que el SMI cumple con la meta del 60% del salario medio del país, según la Carta Social Europea.

Pero, además, Díaz ha recordado que el Estatuto de los Trabajadores recoge varias variables macroeconómicas a tener en cuenta para acordar la subida del SMI, entre las que figura “el índice de precios de consumo” y la “coyuntura económica general”.

En este sentido, la ministra de Trabajo ha recordado que España es el país de la OCDE con mayor crecimiento económico, del 2,6%, y ha encargado a la Comisión Asesora que analice la evolución de los márgenes empresariales. “Duplican en España los europeos en todos los sectores. Lo vuelvo a decir, están en máximos. No son opiniones, son datos reales que, como siempre digo, deberíamos de proyectarlos”, ha afirmado.

Desde esa premisa de que “la economía va bien”, y ante el importante auge de precios, que perjudica sobre todo a los hogares más vulnerables, Yolanda Díaz ha puesto los moldes para defender una subida contundente. “Estamos en un escenario de crecimiento económico, por tanto, con más justicia si cabe, el paso es decidido a revalorizar el salario mínimo. Como siempre hemos hecho”, ha sostenido.

Sobre los tiempos para la subida, aunque no ha precisado cuándo se podrá aprobar, Díaz ha dado menos de un mes a los expertos para entregar su informe: a finales de octubre o en el puente de Todos los Santos (primeros días de noviembre). Con este documento, el Ministerio de Trabajo reunirá inmediatamente a los agentes sociales, con los que Díaz ha afirmado que le gustaría que hubiera “un acuerdo”, algo bastante impensable en estos momentos.

“Toca ajustarse un poco el cinturón por arriba”

Díaz ha insistido en el importante aumento de los márgenes empresariales en los últimos años para adelantarse a las previsibles críticas del ámbito empresarial sobre el incremento del salario mínimo que proponga su Ministerio.

“Los márgenes empresariales superan la serie histórica, por lo que sería conveniente que repartamos un poco la riqueza en nuestro país”, ha argumentado Díaz. “Creo que toca ajustarse el cinturón un poquito por arriba, no por abajo”, ha defendido.

Díaz ha recordado que “la mediana salarial se encuentra en 1.700 euros”, por lo que “estamos hablando de un país que necesita mejores salarios”.

Aunque el conjunto de salarios se negocia entre las empresas y los representantes de los trabajadores, Díaz ha enarbolado la competencia del Gobierno para fijar el salario mínimo, con un mandato de históricos aumentos a sus espaldas.

“El Gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente, por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, que van a volver a ver cómo subimos el salario mínimo en España”, ha asegurado.

Yolanda Díaz pretende subir el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027 antes de las elecciones generales, según ha adelantado El País e informan fuentes del Ministerio de Trabajo a elDiario.es. “Intentaremos que sea antes del 29 de noviembre”, indican fuentes del equipo de Díaz, aunque indican que han de cumplirse “todos los plazos”.

Esta semana, el Ministerio ha activado la maquinaria para tratar de aprobar el incremento antes de abandonar el Ejecutivo, con la convocatoria este jueves de la Comisión de Asesora de personas expertas que asesora en los últimos años al Gobierno en la subida del SMI.

El salario mínimo interprofesional, ahora en 1.221 euros brutos al mes, es un elemento clave para 2,5 millones de personas trabajadoras bajo su cobertura directa. Y más todavía en un momento de elevada inflación como el actual, ya que el último dato sitúa el alza del IPC interanual casi en el 5%, impulsado por el auge del precio de las gasolinas.

El aumento del salario mínimo ha sido además una de las banderas del Gobierno de coalición progresista durante su mandato, con subidas históricas de este indicador, después de haber estado prácticamente congelado durante el mandato de Mariano Rajoy.

Competencia exclusiva del Gobierno

La subida del salario mínimo es una competencia exclusiva del Gobierno, que no tiene que pasar por el Parlamento, y que simplemente requiere de “la consulta” de los agentes sociales. Es decir, la presentación de la propuesta de aumento a los sindicatos y patronales más representativos.

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ha venido ampliando este mandato en la práctica, con la negociación de la subida con los agentes sociales para tratar de cerrar un aumento consensuado con la parte empresarial y la trabajadora. Algo que solo ha sucedido un año: en 2020, recién estrenada la coalición progresista, cuando se elevó el SMI a 950 euros. El resto de ejercicios, el Gobierno ha pactado el aumento solo con los sindicatos mayoritarios.

Además, Yolanda Díaz incorporó la mayoría de años un paso previo más: un informe de una Comisión Asesora de personas expertas, formada por miembros del Gobierno, universidades y academia y sindicatos (ante el rechazo a participar de la patronal).

Esta Comisión –que se ha convocado este jueves para su primer encuentro– ha venido recomendado un aumento (u horquilla de aumento) del SMI para cumplir con el compromiso del Ejecutivo de mantenerlo, al menos, en la meta del 60% del salario medio del país, siguiendo la Carta Social Europea.

Así, aunque el departamento de Díaz ha venido activando la maquinaria para subir el salario mínimo tras el verano, la aprobación de los aumentos por el Consejo de Ministros se han producido entrado ya el año, en enero e incluso en febrero. En esta ocasión, los planes de Díaz supondrían acelerar mucho los tiempos para aprobar la medida antes de la votación del 29 de noviembre.

Incertidumbre sobre la absorción de pluses

Lo que queda de momento en el aire es una medida clave que iba a condicionar la negociación del aumento del SMI este año: la prometida –y pendiente– reforma de las reglas de absorción de los pluses salariales. Se trata de un cambio normativo que pretende evitar una práctica de las empresas (avalada por el Tribunal Supremo) por la que los empleadores “absorben” la subida del salario mínimo –y la pactada en convenios colectivos– a través de los complementos salariales que perciben los trabajadores.

Si el Ministerio de Trabajo es claro sobre su vocación de aprobar la subida del SMI antes de los comicios, no responden sobre si da tiempo a aprobar también esta reforma de los pluses.

Los sindicatos mayoritarios llevan años defendiendo un cambio legal de la absorción de pluses y, finalmente, el Gobierno se comprometió con CCOO y UGT a esta reforma en el acuerdo de subida del SMI de 2026, que contó en la firma con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Trabajo dio el primer paso para regular este decreto el pasado febrero, cuando colgó un borrador a Audiencia Pública, pero ocho meses después aún no lo ha llevado al Consejo de Ministros.

Antes del adelanto electoral, CCOO y UGT habían advertido al Gobierno de que este incumplimiento condicionaría la negociación de la subida del SMI de 2027, con un posible plantón sindical. Una situación que habrá que ver si se mantiene o no ante el nuevo escenario de elecciones anticipadas.

Miguel Ángel Rivero ha sido reelegido por unanimidad presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) Castilla-La Mancha para los próximos cinco años durante la Asamblea Electoral que la organización ha celebrado este viernes en el Museo del Quijote de Ciudad Real.

Rivero era el único candidato presentado para continuar al frente de la organización regional, después de un primer mandato de cinco años que ha definido como “muy ilusionante” y en el que, según ha explicado, ha ido conociendo “día a día” las necesidades, problemas y dificultades a las que se enfrentan los trabajadores por cuenta propia.

Tras su reelección, ha asegurado que afronta esta nueva etapa con “ilusiones nuevas y renovadas” y con varios retos sobre la mesa, especialmente la “reducción de la burocracia”, la mejora de la protección social de los autónomos y la adaptación a las nuevas obligaciones fiscales y de facturación.

Entre ellos ha mencionado la necesidad de que VeriFactu y la facturación electrónica avancen de manera coordinada, así como la reivindicación de que los autónomos mayores de 52 años puedan acceder al subsidio correspondiente en determinadas circunstancias.

Rivero ha incidido especialmente en el peso administrativo que soporta el colectivo.

“El autónomo no puede estar con su camión, no puede estar con su brocha pintando una casa y tener que entender de asesoría fiscal, contable y laboral”, ha señalado antes de reclamar que esta carga “hay que reducirla”.

El aumento de costes, uno de los retos

El reelegido presidente regional de ATA también ha situado entre sus principales preocupaciones el “incremento de los costes” que soportan los negocios y, especialmente, la situación de los autónomos que tienen trabajadores contratados.

Rivero ha señalado que uno de los colectivos donde se está produciendo una mayor pérdida de autónomos es precisamente el de quienes tienen empleados a su cargo y ha vinculado esta evolución al fuerte incremento de los costes laborales durante los últimos años.

En este sentido, ha recordado que el Salario Mínimo Interprofesional ha aumentado alrededor de un 60% en los últimos años mientras que muchos negocios “no han podido trasladar en la misma proporción ese incremento a sus ventas o precios”.

Rivero ha reivindicado además el peso económico del colectivo, al que ha definido como “la mayor empresa de España”.

Por ello, ha reclamado que las administraciones presten especial atención a sus reivindicaciones. “Si los autónomos caemos, cae la provincia, cae la región y cae la nación”, ha advertido.

En la Asamblea General de ATA Castilla-La Mancha han estado presentes, entre otros, el presidente nacional de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde.

El presidente nacional de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, ha alertado durante el acto de lo que considera la difícil situación económica que atraviesa buena parte de los trabajadores por cuenta propia en España. Ha dicho que el 68% de los autónomos cobra menos del Salario Mínimo Interprofesional en un contexto marcado por la inflación y el incremento de costes.

También ha advertido de que la mayoría de los autónomos se encuentra en una situación “muy compleja”, al tener que afrontar “más burocracia, más trabas administrativas y mayores costes” para mantener sus negocios, una realidad que, según ha señalado, también reflejan los datos económicos.

Con la inflación de nuevo al alza, en el 4,3% en agosto, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios ha vuelto al debate público. Y, entre todos, el salario mínimo interprofesional (1.221 euros brutos al mes), el más bajo legal y el que aprueba el Gobierno, al que los sindicatos mayoritarios exigen un nuevo incremento. Este año, más allá de la cifra de subida, hay un elemento que está protagonizando el debate: la prometida –y pendiente– reforma de las reglas de absorción de los pluses salariales.

Se trata de un cambio normativo que pretende evitar una práctica de las empresas (avalada por el Tribunal Supremo) por la que los empleadores “absorben” la subida del salario mínimo –y la pactada en convenios colectivos– a través de los complementos salariales que perciben los trabajadores.

Un ejemplo: pensemos en Patricia, una trabajadora que cobra 1.250 euros brutos al mes (1.150 euros de salario base y 100 euros de plus de nocturnidad). Cuando el SMI subió a 1.221 euros este 2026, su sueldo no aumentó, porque en total cobra más del mínimo legal.

CCOO y UGT denuncian que esta práctica supone que los trabajadores cobran menos por los pluses que venían percibiendo (por causas como peligrosidad, nocturnidad o productividad, por ejemplo) y que, además, genera agravios comparativos dentro de las empresas.

De nuevo, imaginemos el caso de Sandra, compañera de Patricia, que cobraba solo los 1.150 euros brutos al mes de salario base, ya que no realizaba turnos de noche. A ella sí le subiría el sueldo gracias al alza del SMI, hasta los 1.221 euros.

El Gobierno pactó el cambio, pero aún no lo ha aprobado

Los sindicatos mayoritarios llevan años defendiendo un cambio legal de esta situación, de las llamadas reglas de “compensación o absorción” de los pluses salariales. Porque esto blindaría el valor de los complementos salariales, y de paso multiplica los trabajadores afectados por las subidas salariales. En el caso del SMI, en estos momentos cubre a unas 2,5 millones de personas.

Como España es todavía un país de salarios bajos y las sucesivas subidas del SMI de los últimos años no han ido acompañadas de incrementos similares en muchos convenios, el salario mínimo ha ido 'comiéndose' el suelo salarial de numerosos sectores, como recoge un reciente estudio de Eurofound.

Esta reforma de los pluses salariales elevaría aún más la cobertura del SMI, empujando al alza los salarios más bajos de muchas actividades, algo a lo que se niega con rotundidad la patronal CEOE, que afirma que invade las competencias de la negociación colectiva.

Finalmente, el Gobierno se comprometió con CCOO y UGT a esta reforma en el acuerdo de subida del SMI de 2026, que contó en la firma con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Trabajo dio el primer paso para regular este decreto el pasado febrero, cuando colgó un borrador a Audiencia Pública, pero seis meses después aún no lo ha llevado al Consejo de Ministros para su aprobación, lo que está impacientando a los sindicatos.

A principios de mes, el secretario de Estado de Trabajo afirmó que aún faltaban algunos informes preceptivos de otros ministerios para poder enviar el texto al Consejo de Estado, pero fuentes del departamento de Yolanda Díaz responden a este medio que ya solo falta el dictamen de este órgano consultivo. El plazo de respuesta del Consejo de Estado es de hasta dos meses (15 días en los casos más urgentes).

Amenaza del primer rechazo sindical en ocho años

Con la negociación de la subida del salario mínimo de 2027 a la vuelta de la esquina, en la que se pretende abordar la pérdida de poder adquisitivo fruto de la inflación, los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han reclamado al Gobierno que cumpla de inmediato con esta reforma de los pluses salariales comprometida.

De lo contrario, los sindicatos han situado dos escenarios sobre la mesa. Unai Sordo ha advertido de que no firmará un nuevo acuerdo de salario mínimo con el Gobierno sin que esto “se resuelva”, lo que supondría la primera subida del SMI sin respaldo sindical en ocho años. Desde 2019, cuando Pedro Sánchez pactó el alza a 900 euros con Pablo Iglesias, entonces líder de Podemos.

Por su parte, Pepe Álvarez ha afirmado que UGT aún se debate entre esta opción o exigir al Ejecutivo un mayor aumento del SMI. Ambas organizaciones prevén cerrar una posición conjunta en los próximos días, indicaron los líderes sindicales.

El alza, en cualquier caso, tiene que ser superior a lo que están subiendo los salarios de media, afirmó Sordo, lo que apunta a un incremento del SMI por encima del 5%, explicó.

Se abre así ahora un periodo clave hasta final de año para la reforma de la compensación de pluses, que condicionará la negociación del SMI. Como cita en el horizonte, destaca el futuro dictamen del Consejo de Estado. Habrá que ver si el órgano respalda el cambio legal vía real decreto que defienden Trabajo y los sindicatos, o si por el contrario vuelve a oponerse y a coincidir con el criterio patronal, como ocurrió con el del registro horario.

La subida del salario mínimo tiene que ser “ambiciosa” este 2027, ha afirmado este lunes el líder de Comisiones Obras, Unai Sordo, en un desayuno informativo celebrado en el Ateneo de Madrid. Eso se concreta en un aumento “por encima del 5%”, ha afirmado, una cifra en la que estima que puede situarse el alza media de los salarios. No obstante, el sindicato presentará próximamente su propuesta concreta de manera conjunta con UGT, ha afirmado Sordo.

En un contexto de pérdida de poder adquisitivo del SMI –situado en 1.221 euros brutos al mes– debido al auge de la inflación, situada en el 4,3% en agosto, el líder de CCOO ha explicado que los sindicatos plantearan una “propuesto ofensiva” y “ambiciosa” de subida del salario mínimo en 2027.

Además, esta debe ir acompañada sí o sí al cumplimiento de la promesa del Gobierno de modificar la absorción y compensación de pluses salariales. Esta medida pretende evitar que las empresas absorban la subida del SMI restando parte de los complementos salariales (sin que al final el salario suba en el bolsillo de los trabajadores).

Sin compensación de pluses, “no” hay acuerdo de SMI

Unai Sordo ha sostenido que el sindicato no cerrará un acuerdo del salario mínimo con el Gobierno “si no se resuelve el tema de los pluses”, ha sostenido el líder de CCOO.

Los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) ya han defendido esta postura en los últimos dos años, pero al final accedieron a la firma de pactos tras el compromiso del Gobierno de que aprobaría la medida. La última vez, por escrito y con el sello del presidente del Gobierno, que acudió a la firma de la subida del SMI de 2026.

Este año, Sordo ha insistido en que se tiene que “resolver” este tema para contar con un nuevo acuerdo de los sindicatos.

Aunque el Ministerio de Trabajo dio el primer paso para aprobar este compromiso en febrero, elevando a Audiencia Pública un borrador del decreto, la reforma de las reglas de absorción de los pluses salariales aún no se ha aprobado en el Consejo de Ministros.

Y la previsión es que esa aprobación aún se demore unos meses, porque Trabajo todavía no ha recibido todos los informes preceptivos del conjunto del Gobierno y, tras ellos, tiene que enviarlos al Consejo de Estado para su valoración.

La duda está en si esa demora será tal que hará imposible la aprobación de la reforma de los pluses antes de la subida del SMI de 2027, o si podrá llegar a tiempo a que ambas cosas salgan adelante de manera paralela a finales de este año o el arranque del próximo.

Pide “solidaridad” del resto de Comunidades con Ceuta

Preguntado por los periodistas del Ateneo de Madrid, el líder de CCOO se ha referido a varios temas de actualidad política, entre los que ha destacado la crisis que está viviendo Ceuta por la entrada de miles de migrantes a finales de julio, muchos en situación de calle en la actualidad.

Sordo ha reclamado “solidaridad” al resto de Comunidades Autónomas con Ceuta, que ha sostenido que debe ir más allá de las proclamas “todos con Ceuta” y concretarse en la asunción de parte de las miles de personas que están en suelo ceutí.

En este sentido, ha recordado que es necesario el cumplimiento de la ley, con los procesos regulados de peticiones de asilo, tratamiento de los menores de edad y de las devoluciones de migrantes, que llevan tiempo. Por ello, ha considerado que Ceuta no puede asumir sola esa “presión demográfica” y que el Gobierno y las Comunidades Autónomas deberían articular un proceso de reparto en la Península que pueda aliviar la situación de la ciudad autónoma.

El salario mínimo interprofesional (SMI) en España es uno de los más amenazados de la Unión Europea en su poder de compra debido al auge de la inflación, se desprende de un informe de Eurofound sobre las alzas de este suelo salarial en 2026. A comienzos de año, España era el tercer país con menor ganancia de poder adquisitivo del salario mínimo, solo detrás de Rumania y Polonia.

El estudio de Eurofound, agencia de la UE con sede en Dublín que realiza estudios sobre condiciones laborales y calidad de vida, analiza las ganancias de poder adquisitivo de los salarios mínimos en Europa a comienzos de 2026, antes de la escalada de precios debido al conflicto entre EEUU e Irán, que ha vuelto a encarecer el precio de los carburantes.

En enero, los países con mayor aumento “real” de sus salarios mínimos eran Eslovenia (por encima del 13%), Hungría y Lituania (por encima del 8%) y Eslovaquia y Chipre (por encima del 7%).

Dentro del grupo de ganancia “moderada” de poder de compra –entre el 4% y el 2%– se situaban Estados miembros como Portugal, Grecia, Bélgica, los Países Bajos e Irlanda, entre otros.

Por último, en el grupo de “pequeñas” ganancias se sitúan a la cola Polonia y España, con datos que no llegaban al 1%. Aunque Rumanía aparece en el informe con una pérdida de poder adquisitivo a comienzo de año, el informe ya señala que este mínimo salarial ha aumentado un 7% en julio, lo que ha modificado esta situación.

El informe de Eurofound reconoce que estos datos sobre el poder de compra de los salarios mínimos se han visto ya superados por el auge de precios en lo que va de año, aún no analizado por la agencia europea. No obstante, se recoge que Bélgica ya ha realizado un ajuste automático del SMI a la inflación en abril, y también Francia ha aplicado una segunda subida de su salario mínimo en junio.

Con una mirada más larga, el estudio refleja que la ganancia de poder adquisito de los salarios mínimos en la última década (2016-2026) ha sido generalizado en los países europeos, salvo en Francia. En esta comparativa, España figura en el grupo de ganancias medias, con alrededor del 45% de subida “real” del SMI.

En cuanto a la crisis inflacionista por la guerra en Ucrania, con datos de enero de 2021 a enero de 2024, Eurofound señala que los países protegieron de manera generalizada el poder de compra de sus salarios mínimos en el periodo, salvo Francia, la República Checa y Eslovaquia. En este análisis, España figura con un aumento “real” del salario mínimo de alrededor del 3%.

Discusión sobre el aumento del salario mínimo

El salario mínimo interprofesional (SMI) subió en España un 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, la propuesta más reducida planteada por el comité de expertos adherido al Ministerio de Trabajo, tras varios años de importantes alzas de este mínimo legal.

Desde entonces, los precios han ido escalando a lo largo del año debido a la guerra en Oriente Medio, hasta el mes de agosto, en el que escaló al 4,3% interanual, el dato más elevado de las grandes economías europeas.

En este contexto, los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) han exigido al Gobierno un nuevo aumento del salario mínimo este año –una posibilidad que prevé el Estatuto de los Trabajadores– para evitar la pérdida de poder adquisitivo de estos trabajadores y trabajadoras, que suman alrededor de 2,5 millones de personas.

Antes del parón veraniego, con una inflación del 3,5% en ese momento, el Ministerio de Trabajo descartó esta segunda subida en 2026 y emplazó a abordar esta discusión de cara a la subida del SMI del próximo año, de 2027, que se suele iniciar a partir de septiembre.

El informe de Eurofound recoge que los salarios mínimos han aumentado más que los sueldos del resto de trabajadores y, en este caso, señala a España como el país donde más se ha producido esta situación.

Los sindicatos CCOO y UGT están reclamando a la patronal CEOE que se siente ya a negociar un gran pacto de subidas salariales (el llamado Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, AENC), con propuestas de importantes alzas de entre el 4% y el 7% para los próximos tres años, pero por el momento no hay predisposición a la negociación por el lado empresarial.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han reclamado este jueves al Gobierno que reúna a los agentes sociales “de inmediato” y “con urgencia” para actualizar el salario mínimo interprofesional (SMI), situado en 1.221 euros brutos tras la subida de este año del 3,1%, debido el auge creciente de la inflación. Este julio, el IPC interanual alcanzó finalmente el 3,6%, presionado por el encarecimiento de los carburantes y la electricidad, ha actualizado Estadística.

Carmen Vidal, secretaria confederal de Participación Institucional y Movimientos Sociales, ha reclamado esta mañana medidas urgentes para proteger las rentas del trabajo de la pérdida de poder adquisitivo. “Con una inflación del 3,6%, es imprescindible revisar de inmediato el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para corregir la desviación al alza de los precios respecto a lo calculado en su aprobación”, ha afirmado.

En la misma línea, Fernando Luján, vicesecretario general de UGT, ha exigido “con carácter de urgencia y de manera inmediata la convocatoria de la mesa de diálogo social para actualizar el salario mínimo interprofesional de acuerdo a los datos de inflación que hemos conocido este mes”.

La patronal CEOE por su parte ha afirmado este jueves que “mantiene de momento una previsión del IPC del 3,1% de media anual para 2026”, contando con una normalización gradual del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, que en la actualidad sigue siendo complicada.

Trabajo ha descartado esta subida “extraordinaria”

A comienzos de mes, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, con una inflación del 3,5% en ese momento, descartó esta revisión adicional del SMI al considerar que no era “suficientemente grave” el impacto inflacionista.

“No se dan las circunstancias para esa revisión extraordinaria”, indicó el 'número dos' de Yolanda Díaz, pero sí advirtió que debía tenerse en cuenta de cara a la subida del SMI de 2027. Una negociación que –recordó– suele iniciarse no mucho tiempo después de la vuelta del verano, aunque en los últimos años se ha demorado hasta comienzos del ejercicio siguiente.

En 2026, el aumento del SMI se aprobó finalmente en febrero (con efectos retroactivos desde enero), tras una negociación que concluyó con un acuerdo solo con los sindicatos mayoritarios y del que se desmarcaron los empresarios. El Gobierno ofreció a las patronales ayudas fiscales, pero no la actualización de los contratos públicos como reclamaban.

CCOO y UGT advierten de “conflicto” en los convenios colectivos

Los sindicatos mayoritarios además emplaza a la patronal a negociar ya una subida potente de los salarios acordados en los convenios colectivos. CCOO y UGT han planteado alzas anuales del 4% en los próximos tres años, que puedan llegar al 7% en el caso de los salarios más bajos.

“Si no actuamos ahora, la próxima negociación colectiva va a vivir tensiones muy importantes. Los salarios no pueden ser la variable de ajuste de los datos que hemos conocido hoy el IPC”, ha afirmado Fernando Luján.

El vicesecretario general de UGT ha recordado que la subida salarial media pactada en los convenios (del 3% hasta julio) está por debajo de la inflación, lo que significa la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores afectados.

“Vamos a seguir empujando para reforzar la negociación colectiva garantizando subidas salariales de entre el 4% y el 7%. Vinculamos este objetivo directamente a nuestro fondo para movilizaciones bajo una premisa clara: si las patronales no reparten los beneficios, habrá conflicto”, ha sostenido Carmen Vidal, de CCOO.

CCOO y UGT anunciaron a finales de junio un “fondo de solidaridad” con cuatro millones de euros –en realidad dos fondos paralelos de dos millones cada uno – que compense los salarios de sus afiliados durante los procesos de huelga.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha exigido este lunes al Gobierno que apruebe unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, que llevan prorrogados tres años. Lo ha hecho durante la Asamblea General de la patronal de pequeñas y medianas empresas Cepyme, mientas el Ejecutivo da luz verde al techo de gasto para las próximas cuentas públicas: 226.032 millones de euros, la cifra más alta de la historia.

“No tiene mucho sentido que la primera empresa española, que es el Estado, no tenga presupuestos desde hace tres años”, ha afirmado Garamendi ante los representantes de las organizaciones empresariales de pequeñas y medianas empresas. “En cualquier empresa, grande, mediana o pequeña, un directivo no aguantaría ni un asalto sin presentar los presupuestos”, ha añadido el empresario vasco.

En un contexto marcado por el debate sobre el techo de gasto y con las elecciones de la patronal en el horizonte, el próximo 1 de octubre, el dirigente empresarial ha advertido de que la economía necesita “confianza” y ha cuestionado que el país funcione con unas cuentas prorrogadas desde hace tres años. “Sin confianza es muy difícil que un empresario o una empresaria tire para adelante”, ha resumido.

Del “diálogo social” al “monólogo social”

Garamendi también ha cargado contra la relación del Gobierno con los agentes sociales, una de las principales reivindicaciones de la patronal durante los últimos meses. “Llevamos una temporada en la que ese diálogo social cada día lo vemos más lejano. Muchas veces lo defino como un monólogo social”, ha afirmado.

El dirigente empresarial ha denunciado que el Ministerio de Trabajo ha modificado la reforma laboral “61 veces” desde que se firmó el acuerdo, y ha criticado el paso de las leyes debatidas en el Parlamento a los decretos-ley y, después, a los reglamentos (que no pasan por el Congreso), como muestra de una “hiperregulación” creciente.

El presidente de CEOE ha reclamado reducir la presión fiscal sobre las empresas. Citando al Instituto de Estudios Económicos (IEE), ha situado esa presión en el 34% y ha denunciado que la economía sumergida alcanza el 24% en España, frente al 14-15% de la media europea.

A su vez, ha vuelto a defender que se eluda a las empresas del pago de las bajas entre el cuarto y el decimoquinto día, para que lo asuma la Seguridad Social, ante el aumento de las incapacidades de trabajadores por enfermedad. Garamendi ha destacado el mayor aumento de las bajas entre los menores de 35 años, con mayor concentración los viernes y los lunes.

Cepyme denuncia que las pymes no son escuchadas

La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, había abierto previamente la Asamblea General de la patronal con un discurso centrado en las dificultades que afrontan las pequeñas empresas y en la pérdida de peso de las pymes dentro del diálogo social. “El diálogo solo funciona cuando existe una voluntad real de escuchar, negociar y construir consensos”, ha sostenido.

De Miguel ha defendido que la obligación de la organización “no es agradar, sino representar con honestidad a las pequeñas y medianas empresas españolas”, y ha denunciado que muchas decisiones públicas se adoptan sin tener en cuenta la realidad de estos negocios. Cepyme anunció hace unos días su apoyo a Antonio Garamendi en las elecciones para liderar la CEOE

La dirigente empresarial reclamó menos burocracia, mayor seguridad jurídica y una regulación adaptada al tamaño de las empresas mediante la aplicación del principio europeo Think Small First, que plantea diseñar las normas pensando primero en las pequeñas empresas.

Salario mínimo, costes laborales y relevo generacional

La presidenta de Cepyme ha vuelto a cuestionar las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI). Ha explicado que su coste para la empresa asciende a “1.900 euros al mes”, sumando las cotizaciones y los impuestos, de los que el trabajador recibe unos 1.200 euros.

De Miguel ha criticado el incremento de los costes laborales en los últimos años, con especial impacto en las microempresas. La empresaria vallisoletana ha alertado de la desaparición de pequeñas sociedades, con unas “25.000 microempresas” de menos de tres trabajadores que han cerrado desde antes de la pandemia.

A esto se suma el reto del relevo generacional: la mitad de las pymes españolas están dirigidas por personas mayores de 50 años, y una de cada cinco por empresarios de más de 60. Persisten, además, dificultades para cubrir vacantes y encontrar trabajadores cualificados, ha afirmado la empresaria.

Proyección europea e internacional

Cepyme ha reforzado este año su presencia institucional fuera de España. Ángela de Miguel ha sido elegida vicepresidenta de SME United, organización que representa a 26 millones de pequeñas y medianas empresas europeas.

La organización se ha reunido con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y ha intervenido en dos ocasiones ante la Organización Internacional del Trabajo en defensa del diálogo social tripartito.

De Miguel ha destacado también un encuentro con el papa León XIV sobre la importancia del diálogo social. A lo largo del año, según ha explicado, Cepyme ha visitado 55 organizaciones territoriales y mantenido reuniones con más de 40 organizaciones sectoriales.

Entre las prioridades planteadas por Cepyme figuran: el impulso de la formación profesional dual, la digitalización de las pequeñas empresas y una respuesta al absentismo laboral, cuyo coste la organización sitúa en 33.000 millones de euros, con una tasa que dobla la media europea.

Según publicaba recientemente el diario El Confidencial, “España es el tercer país europeo con mayor caída de los salarios reales en la crisis inflacionista”. En particular, en el texto se señala que los salarios nominales han crecido un 20,8%, pero como el precio de la vida (IPC) ha subido más, el resultado final es que “los salarios reales siguen un 2% por debajo del nivel de 2021”. Las cifras están obtenidas de Eurostat, la oficina estadística oficial de la Comisión Europea, así que: ¿deberíamos desconfiar del mensaje que se nos traslada? En este análisis vamos a ver por qué la respuesta es afirmativa.

Empecemos por lo básico, que es el concepto de ‘salario real’. Con ello nos referimos a nuestro poder adquisitivo, es decir, a nuestro salario ajustado por el crecimiento del precio de las cosas que compramos. Si nuestro salario crece 1.000 euros de un año a otro nos podemos sentir más ricos, pero si el precio de las cosas que solemos comprar ha subido 1.100 euros, en realidad nos hemos hecho más pobres porque podemos comprar menos cosas con nuestro salario. Por eso el salario real es una ratio entre una medida del salario nominal (en euros) y una medida del precio de la vida (en euros).

Aquí empiezan los problemas porque el concepto de salario real se entiende muy bien a nivel individual, pero medirlo a nivel agregado implica importantes problemas de medición. El salario de un trabajador manual y de un gran directivo no son iguales, como tampoco son las cosas típicas que compran. Para salir del paso lo habitual es calcular el salario medio y la cesta de consumo promedio o representativa, lo que supone perder información valiosa sobre la desigualdad dentro del conjunto. Aun así, es el modo habitual de proceder para llegar a un indicador simple que pretende resumir, nada más y nada menos, que el poder adquisitivo de los trabajadores de un país.

Ahora bien, aunque nos resignemos a usar el salario medio como aproximación seguimos teniendo el problema de dónde obtener los datos y de qué están midiendo exactamente. Eurostat ofrece distintas formas de medir los salarios y ninguna captura exactamente la misma realidad. Algunas incluyen todos los costes laborales y otras se basan en la contabilidad nacional o en encuestas. Lo importante es entender que no existe una única forma indiscutible de medir algo tan complejo como el poder adquisitivo agregado. Por ejemplo, el siguiente gráfico muestra la evolución del salario real (ya ajustado por nivel de precios) desde el año 2000 hasta el presente para una serie basada en contabilidad nacional y otra de costes laborales.

Lo que se observa es que la tendencia de ambas series es similar, aunque queda claro que no miden exactamente lo mismo (no se solapan). Lo que quiero es que nos fijemos en la parte final del gráfico, a partir del año de la pandemia (2020). Lo que vemos es que en torno a 2022 ambos índices alcanzan un mínimo en torno a los 100 puntos: eso significa que en esa fecha el salario real es básicamente el mismo que era en el año de referencia, el año 2000. Pero, y he aquí lo relevante, en el año 2026 ambos índices se encuentran significativamente por encima, lo que supone que el salario real ha crecido desde entonces. Entonces, ¿cómo se puede aterrizar en un titular, como el de El Confidencial, que asegura que el salario real ha bajado un 2%?

En la facultad tuve un profesor que nos insistía en que los economistas aprendíamos a torturar a los datos hasta que confesaban lo que deseáramos. Así que para entender el análisis en cuestión sólo hay que buscar huellas de un interrogatorio que intuimos bastante cruel. En el análisis económico hay tres tipos de decisiones previas: los datos que se usan, el indicador que se construye y el período temporal que se escoge. Ninguna es neutral y todas condicionan el resultado final, así que veamos qué ha podido pasar en este caso.

El periodista ha comenzado haciendo una pregunta interesante: ¿cuánto ha variado el salario real en España desde el final de la pandemia? El problema real está en determinar cuándo terminó la pandemia. Según la OMS, concluyó en mayo de 2023, lo que puede tener sentido sanitario, pero no económico: así que debemos seguir buscando.

Por los datos de El Confidencial, que he replicado, sabemos que el medio ha usado los datos de coste laboral y ha escogido como referencia de final de la pandemia el primer trimestre de 2021. Respecto a lo primero, ningún problema. Pero respecto a lo segundo, ¿por qué esa fecha? En aquel momento la economía aún no había arrancado —el PIB todavía caía en el primer trimestre de 2021 y solo rebotó a partir del segundo—. En realidad, no hay una razón evidente para anclar justo ahí. Y, como veremos, las consecuencias de esa elección son enormes.

Es conocido el chiste según el cual, si yo tengo cero vacas, y mi vecino tiene dos, la estadística dirá que, en promedio, tenemos una cada uno. Extiendo ahora esa idea ligeramente. Imaginemos un escenario A en el que yo tengo 10 vacas, y al año siguiente tengo 11: mi crecimiento habrá sido del 10%. En un escenario B, yo tengo 1 vaca y al año siguiente 2: mi crecimiento habrá sido el 100%. En ambos casos el número de vacas adicionales ha sido el mismo, pero el porcentaje de crecimiento es muy distinto. Moraleja: para no trasladar una impresión equivocada hay que elegir (y explicar) con cuidado el período de referencia (las vacas con las que empezamos).

Con ese punto de partida, el artículo de El Confidencial concluye que, desde el período de referencia (primer trimestre de 2021) hasta el último período disponible (primer trimestre de 2026) el crecimiento nominal de los salarios ha sido del 20,8%, mientras que el crecimiento de los precios ha sido del 23,2%. La conclusión es que el salario real ha caído un 1,9% (que el autor redondea al 2%). Tomada al pie de la letra, es una foto sombría: cinco años después seguiríamos por debajo del punto de partida. El gráfico resultante con salarios y precios en índice con referencia en primer trimestre de 2021 es el siguiente, donde se puede comprobar que los salarios no “pillan” al crecimiento de los precios y se mantienen por debajo todavía en 2026:

Pero, ¿qué pasa si elegimos otro punto de referencia? He rehecho los cálculos con los mismos datos, pero considerando ahora que el punto de referencia es el primer trimestre de 2022, es decir, justo un año después. En el gráfico resultante, que sigue a continuación, la imagen es totalmente distinta porque ahora los salarios se encuentran por encima de los precios desde el año 2024. Aquí el panorama sombrío se ha convertido en otro bastante más optimista.

Que dos resultados tan distintos nazcan de los mismos datos es debido a las decisiones metodológicas previas, en particular a dónde establecemos el punto de partida. Podríamos haber tomado distintos puntos de referencia, y todos mostrarían fotografías diferentes. De hecho, resulta que de 104 trimestres disponibles desde el año 2000, al compararlos con el último dato de 2026 sólo 11 dan resultado negativo de la variación del salario real (el escogido por El Confidencial es uno de ellos).

Mi objetivo no es sugerir que existe una fecha correcta y que el periodista ha elegido de manera deliberada una incorrecta, sino demostrar la enorme sensibilidad del resultado a una decisión aparentemente inocua como es la elección del período de referencia. Como he dicho, si el análisis hubiera comenzado en el primer trimestre de 2022, el titular hubiera tenido que ser algo similar a “el salario real sube un 3% desde la pandemia”, y los lectores de El Confidencial tendrían una percepción muy distinta de lo que sucede con el poder adquisitivo de los españoles —y, por ende, de la política económica del gobierno—. De hecho, de forma mucho menos justificada, podríamos incluso haber escogido el cuarto trimestre de 2012 y decir que desde entonces el salario real ha subido un 9,7%. Todos ellos, incluidos el de dicho medio, serían correctos, pero no necesariamente “toda la verdad”.

Hay una precisión que merece la pena hacer: todo esto afecta a la magnitud de la caída española en términos absolutos, pero no necesariamente a su posición relativa. Que España sea “el tercer país europeo con mayor caída” es una comparación entre países que, al medirse todos desde la misma base, es bastante menos sensible a la fecha elegida y merecería un análisis propio. Aquí me ocupo solo de la cifra absoluta, que es la que sostiene el “−2%”, y lo que subrayo es que el mismo dato alimenta un titular catastrofista o uno triunfalista según las decisiones metodológicas, que no suelen ser explícitas. Un análisis económico requiere contextualización, claridad y un punto crítico que, sin embargo, desaparece cuando declaramos con rotundidad cosas como las del titular analizado. Y lo que es innegable es que desde aquel suelo de 2022 (que se ve claramente en el primer gráfico) el salario real se ha ido recuperando hasta situarse hoy más o menos donde estaba antes del golpe.

Conviene, eso sí, no pasarse de optimistas. Que el punto de partida elegido por El Confidencial sea discutible no significa que el salario real no se resintiera: entre finales de 2021 y el verano de 2022 el poder adquisitivo cayó de verdad, porque la inflación corrió muy por delante de los salarios, y esa pérdida la notó cualquiera que llenara la cesta de la compra. En otro análisis ya hablé de por qué ese es el problema esencial que nos obliga a preguntarnos sobre el margen de beneficio de las empresas en tiempos de “shocks externos”. Es más, se mida como se mida (mediante contabilidad nacional, costes laborales o, incluso, como salario neto) la tendencia apunta a la dificultad que tienen los salarios para crecer por encima de los precios. Estamos ante un problema distributivo clásico, producto de muchos factores —siendo uno, por ejemplo, la ausencia de indexación de los salarios al IPC—, que pone de relieve una vez más los límites de las políticas como la subida del salario mínimo.

En todo caso, sirva este ejemplo para demostrar que la economista Joan Robinson tenía razón cuando dijo aquello de que hay que estudiar economía para evitar ser engañado por los economistas. Eso sí, la lección no es que debamos desconfiar de las estadísticas per se (aunque tienen sus propios problemas, de los que debemos ser conscientes), sino que debemos desconfiar de quien nos presenta una estadística como si hablara por sí sola. Los datos nunca hablan, sino que siempre hay alguien que decide qué medir, desde cuándo medirlo y cómo contarlo. Y esa decisión, que suele permanecer invisible, es muchas veces la parte más importante del análisis económico.

Hay una tentación que se instala en los momentos de desgaste político y que resulta tan peligrosa como cómoda: la de asumir que el próximo gobierno ya tiene nombre y apellidos antes de que nadie haya votado. Esa resignación anticipada, ese “ya se sabe cómo va a acabar esto”, no es lucidez ni realismo. Es el primer paso hacia la derrota.

Las fuerzas progresistas que han gobernado desde 2018, cuando una moción de censura devolvió la dignidad a unas instituciones capturadas por la corrupción, tienen por delante el tramo que falta de trabajo político imprescindible. No para sobrevivir. Sino para ganar.

Y para ganar, hay que salir de la trampa en la que la derecha lleva años intentando meter a todo el mundo: la del escándalo permanente, la del sumario filtrado, la del titular extraído de un folio judicial que nadie ha podido leer entero. Nunca antes la ciudadanía había vivido algo parecido a un 'minuto-resultado' de la justicia, donde la condena llega antes que el juicio oral y la presunción de inocencia se evapora en un tuit. Ese ruido ensordecedor no es información, es estrategia. Y la mejor respuesta no es el contraataque en ese mismo terreno, sino cambiar de conversación: volver a hablar de la gente, que es de lo que debería tratar la política y de lo que hace demasiado tiempo ha dejado de hacerlo.

Esa conversación tiene contenido concreto y abundante. Desde 2018 hasta hoy, España ha vivido transformaciones que hace apenas unos años habrían parecido imposibles. El salario mínimo ha subido más de un 60%, pasando de 735 euros a los 1.221 actuales. Se han aprobado leyes que amplían derechos para mujeres, para personas LGTBI, para las personas trabajadoras de plataformas digitales. Se ha regulado el alquiler. Se ha blindado la sanidad pública frente a los recortes. Durante la pandemia, el Estado estuvo donde la gente lo necesitaba, con ERTEs que salvaron millones de empleos.

Y cuando el mundo se puso más difícil, también se respondió. Frente a la inflación que golpeó los bolsillos de las familias, se desplegaron medidas de contención: la rebaja del IVA en alimentos básicos, las ayudas al transporte, los límites al precio del gas. Frente a las dificultades que las guerras en Ucrania y Oriente Medio generaron para las empresas y para el tejido productivo, se pusieron en pie apoyos para sostener el empleo y la actividad. Se acompañó a quien lo necesitaba, que es exactamente para lo que sirve un Estado.

Y mientras la derecha miraba hacia otro lado, o peor, mientras parte de ella tendía puentes de comprensión hacia quienes financian esas guerras o aplaudía en silencio a Netanyahu mientras Gaza ardía, el progresismo mantuvo una posición clara: no a la guerra, condena al genocidio, defensa del derecho internacional y de una paz que no puede construirse sobre cadáveres de civiles. No es una postura cómoda. Es la única postura decente.

Pero hay algo más profundo que las políticas concretas. Hay una diferencia de valores que merece nombrarse sin vergüenza. La derecha opera desde un instinto de preservación que podríamos llamar el síndrome del egoísmo: proteger lo propio, blindar lo que ya se tiene, mirar hacia adentro. Su proyecto no es injusto porque sea malvado. Es injusto porque es excluyente.

El progresismo parte de otro lugar. De la convicción de que una sociedad solo es justa cuando se mide por cómo trata a quien peor lo tiene. De que el mérito no puede ser el único argumento cuando el punto de partida no es el mismo para todas las personas. Que nadie debería quedarse atrás simplemente por haber nacido donde nació o en la familia que le tocó. Eso no es utopía. Es el mínimo que nos debemos como sociedad. Es, sencillamente, civilización.

La campaña no empieza en 2027. Empieza ahora, con una rendición de cuentas a la ciudadanía que devuelva la política a donde siempre debió estar: en lo que le importa a la gente, en lo que siente, en lo que vive cada día. Sin ruido, sin trincheras, sin espectáculo. La batalla no está perdida. Está, todavía, por librarse.

Esta semana en la red social X han coincidido dos debates magníficos para entender por qué España va a acabar teniendo de vicepresidente (o quizá de presidente en la sombra) a Santiago Abascal. Uno de ellos concluía que ganar 4.000 euros netos al mes es de pobres; el otro que 1.200 euros mensuales de SMI es una locura que nos va a llevar a la ruina. Así que había gente que, haciendo cuentas, te aseguraba que un salario bruto de 80.000 euros anuales (que percibe menos del 8% de la población en España) no te da para nada y otra gente (o la misma) que un SMI de 1.221 euros es una pretensión absurda que va a suponer la ruina del empresariado español, especialmente en su versión hostelera. La conclusión es que en España hay un claro excedente de mendrugos aspiracionales que no han entendido cómo funcionan las estructuras de clase y por eso 4.000 euros que nunca van a ganar si no se oponen al extractivismo de las élites rentistas y explotadoras les parece poco y 1.200 euros derivados de meter en el Gobierno la dignidad de la clase obrera, les parece mucho, sobre todo si lo cobran otros. 

En 2012, todavía bajo los efectos de la crisis de 2008 y sin imaginar el paréntesis alucinatorio de la pandemia, los economistas norteamericanos Daron Acemoglu y James A. Robinson escribieron Por qué fracasan los países, los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Los autores aseguraba que ni la geografía, ni la demografía, ni el clima, ni la historia o la cultura colectiva son determinantes en la prosperidad de una sociedad. Lo más importante es la calidad de sus instituciones y de las élites, que pueden ser inclusivas, buscando una mayor participación y beneficio de la sociedad, o extractivas, buscando el beneficio propio y el trasvase de riqueza hacia arriba, hacia los que tienen más. Las instituciones inclusivas se inclinan hacia la justicia, las extractivas, hacia el orden. Más de una década y muchos traumas después, siguen teniendo razón: los gobiernos progresistas se inclinarán por los servicios públicos y la redistribución, los neoliberales por la supresión de impuestos y el punitivismo contra el pobre o el inmigrante. Es fácil concluir quién sale beneficiado de uno u otro modelo. 

De por qué en España se perciben salarios de miseria en comparación con otros países de la UE se habla poco porque pone en jaque nuestro modelo económico y de crecimiento. Los trabajadores solemos ignorar que hay empresas altamente subvencionadas por el Estado que pagan una miseria a sus trabajadores mientras se quejan de las paguitas y los liberales prefieren que no sepamos que subir el SMI no sirve solo para que el trabajador que lo percibe pueda pagar la cesta de la compra, también para que las empresas dejen de crear empleos de baja cualificación y productividad que, además de explotar al empleado, arruinan la economía. Esto se une a que España es el paraíso del pijo rentista aspiracional, una chusma que ha decidido que otros van a trabajar por ellos a cambio de dejarles vivir en sus propiedades. En lugar de masacrar a impuestos a esa chusma y amenazarles con expropiaciones, el español populista se inclina por doblar la rodilla, pedir perdón a los ricos y hacerles la pelota hasta límites intolerables con el único objetivo fantasioso de llegar a ser como ellos: unos parásitos de por vida. 

La frase que se atribuye a San Agustín y que reza “si me analizo me deprimo, si me comparo me ensalzo” explica en buena parte que España, pese a ser uno de los países más vivibles del mundo, conserve modales incívicos y propensión a admirar a gente que no ha hecho otra cosa en su vida que heredar, vivir de las rentas y esquivar a Hacienda. Lo lógico y darwinesco sería que el 99% impidiéramos al 1% esclavizarnos y convertirnos en “permanent underclass”, el término que se utiliza en Silicon Valley para referirse a los trabajadores que jamás saldrán de la precariedad y que se verán obligados a trabajar 996, de 9 a 9, seis días a la semana. La realidad es que los ricos pueden ser todo lo imbéciles, ignorantes, explotadores y absurdos del mundo mientras siga habiendo gente normal que crea que se han ganado lo que tienen. El engaño más persistente de la historia de la Humanidad: ignorar que los ricos han sido, son y siempre serán nuestros parásitos. 

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha establecido que Hacienda podrá practicar embargos sobre los saldos en cuenta de sus deudores si estos proceden de ingresos que superan el salario mínimo interprofesional (SMI), que es la cantidad que se considera inembargable.

En una resolución adelantada este jueves por el diario 'El País' y a la que ha tenido acceso EFE, el TEAC fija el criterio de embargo para los deudores que hayan recibido en su cuenta cantidades superiores al SMI, ya sea porque su sueldo, salario o pensión es mayor a esta cantidad, o porque reciben otros ingresos, como ayudas familiares.

De acuerdo al TEAC, si del análisis de la cuenta queda acreditado que el saldo existente en el momento del embargo procede de cantidades embargables, “la totalidad de dicho saldo será embargable”.

Pero si ese análisis no permite saber de dónde procede ese saldo, se considerará que el deudor gastó en primer lugar la parte del salario o pensión considerado inembargable y que lo que queda podrá ser embargado, total o parcialmente, de acuerdo a la normativa -con porcentajes que van del 30 % para el doble del SMI al 90 % si equivale a más de cinco veces el SMI-.

En las últimas semanas, hemos vuelto a escuchar con frecuencia, especialmente por parte de portavoces conservadores, la propuesta de deflactación del IRPF: una modificación fiscal que permitiría corregir el sobrecoste fiscal añadido por la llamada 'progresividad en frío'. Pero, en el fondo, abordar la pérdida de poder adquisitivo desde ese planteamiento es atacar las consecuencias y no las causas del problema.

La pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas se produce como consecuencia del mayor crecimiento de los precios de los bienes de consumo respecto al crecimiento de los salarios: aunque suban los salarios nominales —lo que vemos en nuestra nómina—, si con ellos podemos comprar menos cosas, eso significa que ha empeorado nuestra capacidad adquisitiva; es decir, el salario real se ha reducido. Como se puede ver en el siguiente gráfico, los salarios reales en España apenas han avanzado desde principios de siglo: tras un periodo de mejora hasta 2008 y caídas marcadas a partir de 2021, hoy se sitúan en niveles muy similares a los de hace dos décadas. La inflación se ha terminado comiendo casi todas las ganancias nominales acumuladas.

Una consecuencia no deseada de este proceso es que pagamos más impuestos porque declaramos ingresos mayores, e incluso podemos ubicarnos en tramos del IRPF más altos sin que en ningún caso realmente nos hayamos convertido en personas más ricas. Como se sabe, el sistema fiscal está diseñado por tramos de ingresos, a modo de escalones. Como el sistema es progresivo, eso significa que cuando pasamos de escalón —porque cobramos más— también pagamos un tipo marginal mayor sobre los nuevos ingresos, lo que arrastra al alza nuestro tipo efectivo medio. El problema es que se puede subir de escalón porque la nómina indica mayor cantidad ingresada en concepto de salarios nominales, pero en realidad no existe su correspondiente mayor poder adquisitivo. En suma: pagamos más impuestos como si fuéramos más ricos, pero sin serlo.

Como consecuencia, es posible hablar de que este proceso supone una subida indirecta de impuestos: el contribuyente paga más IRPF aunque no sea más rico, y el Estado ingresa más por la misma cantidad de renta real. De ahí que emerja de vez en cuando la propuesta de que hay que ‘deflactar’ el IRPF, es decir, ajustarlo de modo que se pague impuestos de acuerdo con los salarios reales y no con los salarios nominales. Esto implicaría que los contribuyentes pagarían menos impuestos respecto a la situación actual y el Estado dejaría de percibir esas cantidades de recursos adicionales: sería, de facto, una bajada de impuestos. Además, tal y como suele plantearse —deflactación lineal de toda la tarifa— el ahorro absoluto crece con la renta y no llega a quienes no tributan.

Siendo todo lo anterior cierto, el problema real tiene que ver con que la deflactación del IRPF es una medida dirigida a atacar las consecuencias de la inflación, y no sus causas. Y aquí es evidente que la ideología influye a la hora de determinar dónde hay que poner el foco, si en lo que provoca la inflación o en las consecuencias de la misma. Mientras la propuesta de deflactación del IRPF construye una narrativa según la cual es el Estado el problema de la pérdida de poder adquisitivo —porque te da un mordisco fiscal extra como consecuencia de la inflación—, el problema de fondo de la inflación, como analizamos la semana pasada, nos empuja a hablar de los beneficios empresariales, del poder de mercado de determinadas grandes empresas y de la dificultad de la clase trabajadora para indexar salarios, es decir, para que estos acompañen el ritmo de subida de los precios. Sobra decir que esto es lo que explica que las derechas estén más interesadas en hablar de deflactación del IRPF, y las izquierdas de las causas originales de la inflación.

Pero no se trata únicamente de ideología. Hay aquí una secuencia lógica difícil de discutir: en un escenario de inflación cero —o en otro en el que los salarios nominales suban por encima de los precios— la propuesta de deflactar el IRPF sencillamente no sería necesaria. La deflactación es, por definición, una respuesta defensiva ante un problema previo; nunca una solución a ese problema. Por eso atacar la causa primera —los precios, no los tramos— es lo único que vuelve innecesarias todas las medidas correctoras posteriores. La deflactación, en el mejor de los casos, alivia; pero también resigna: asume que la inflación seguirá comiéndose nuestros salarios y se limita a impedir que, encima, paguemos más impuestos por ello.

Como ya argumenté en el análisis anterior, la causa principal de la inflación de los últimos años viene explicada por la subida de los beneficios empresariales: los distintos modelos utilizados para evaluar este fenómeno apuntan a ello, razón por la cual incluso el FMI [Fondo Monetario Internacional], el BCE [Banco Central Europeo] y la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico] —todos tradicionalmente reacios a este tipo de conclusiones— han acabado reconociendo el papel crítico de las grandes empresas en la elevación de la inflación; y todos concuerdan en que los salarios no tienen ninguna responsabilidad, más allá de que los trabajadores intenten luego vanamente recuperar terreno. Frenar ese proceso es posible, pero requiere centrarse en aquellas empresas con gran poder de mercado y que aprovechan ciertos shocks de oferta —como el cierre del estrecho de Ormuz— para elevar los márgenes de beneficios. Esto sucede sobre todo en sectores como la energía, pero también en los que cadena abajo tienen protagonismo grandes empresas que operan como oligopolios de facto. Una fuerte imposición fiscal a sus ganancias permitiría no tanto recaudar —un objetivo aquí secundario— como reducir el incentivo a aprovechar la situación: si gran parte del margen extraordinario acaba siendo expropiado vía impuestos, la rentabilidad esperada de subir precios disminuye, y con ello la presión inflacionaria. En ciertas condiciones, incluso la fijación de precios permitiría contener la inflación, como sucedió con el tope al gas para la generación eléctrica (la llamada excepción ibérica) durante la guerra en Ucrania.

Hay en todo esto una excepción significativa: los perceptores del salario mínimo. A diferencia de los salarios medios, el salario mínimo ha disfrutado de grandes subidas tanto nominales como reales en los últimos años, especialmente desde 2019, primera subida importante pactada con apoyos parlamentarios y luego con socios de coalición. El siguiente gráfico lo ilustra con claridad: los perceptores del salario mínimo sí han tenido mejoras considerables de poder adquisitivo.

Ya tuve oportunidad de hablar de este fenómeno en otro análisis, titulado “Los límites de las subidas del salario mínimo”. En realidad, esta asimetría entre el salario mínimo y el salario medio tiene que ver con la dificultad que encuentra el Gobierno en incidir en los problemas que enfrentan los trabajadores a la hora de negociar con las grandes empresas. Tras décadas de políticas neoliberales, los trabajadores están más expuestos a los caprichos de sus empleadores, tienen menos instrumentos para negociar colectivamente —como consecuencia de las reformas laborales, sobre todo la de 2012— y lo hacen en estructuras empresariales más flexibles y con menos trabajadores —nada que ver con las viejas industrias de los años 80—. Eso es lo que explica que cuando sube la inflación, los trabajadores apenas tienen capacidad para recuperar el terreno perdido. Y el Gobierno, incapaz de entrar en ese terreno, ha recurrido en la última década a la política del salario mínimo para compensar. Y aunque ha tenido efectos muy beneficiosos, tanto para sus perceptores como para la economía en general, se trata de una política limitada, tanto en el alcance —no a todos los trabajadores— como en el tiempo. Resulta insostenible porque comprime la estructura salarial en torno al SMI: trabajadores con antigüedad o cualificación terminan cobrando lo mismo que quienes acaban de incorporarse, lo que aplana las trayectorias internas y traslada tensiones a la negociación colectiva.

En definitiva, la deflactación del IRPF puede actuar como un parche de alivio temporal, pero confunde el síntoma con la enfermedad. Si los salarios reales se mantienen planos década tras década, si la negociación colectiva ha quedado debilitada y si el SMI ha alcanzado el techo de lo que puede aportar como herramienta compensatoria, el debate fiscal en torno al IRPF resulta una distracción frente a lo que de verdad está en juego: la capacidad de la mayoría social para que sus salarios acompañen a los precios, y la capacidad del Estado para intervenir aguas arriba —en los márgenes empresariales, en el poder de mercado de los oligopolios, en la arquitectura de la negociación colectiva— y no solo aguas abajo, en la nómina del contribuyente.

La deducción en el IRPF para los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI) que el Gobierno sacó adelante en 2025, tras una tensa negociación entre los Ministerios de Hacienda y Trabajo, mejoró la progresividad de la fiscalidad sobre el trabajo, pero la presión sobre un sueldo bajo todavía es mayor que la experimentan las retribuciones más altas.

Un informe sobre imposición del trabajo de la OCDE publicado este miércoles apunta que la “cuña fiscal” marginal –esto es, lo que se abona en concepto de IRPF o cotizaciones a la Seguridad Social por parte de empresa y empleado por cada punto que aumentan los ingresos– para un trabajador soltero es del 56% para los salarios más bajos (el 50% del sueldo medio, que son 32.678 euros), en tanto que es del 46% para aquellos que lo multiplican por cinco. España es uno de los 13 países miembros de la OCDE en los que sucede este fenómeno.

El documento, que se centra únicamente en la capacidad redistributiva del diseño fiscal y no sobre sus efectos aplicados a las rentas y el sistema tributario completo de cada uno de los países miembros, detalla que esto se debe a que las cotizaciones a la Seguridad Social están topadas, por lo que a partir de determinada cuantía solo aplica el IRPF.

De acuerdo con el índice de progresividad elaborado por el organismo, que mide la progresividad tributaria legal y se calcula tomando como referencia las políticas y normas del sistema tributario y de Seguridad Social de cada país, el diseño en nuestro país es más progresivo para las retribuciones bajas que para las altas, como se puede ver en el gráfico a continuación. En el supuesto de una pareja con hijos, se debe a prestaciones por hijos a cargo, como la incluida en el Ingreso Mínimo Vital. En el caso de un contribuyente soltero, se debe al diseño del IRPF. Y, en concreto, a la medida para evitar la tributación de los perceptores del SMI.

“En España, el acusado aumento en el indicador de progresividad para el primer intervalo de ingresos [entre el 50 y el 67% del salario medio] refleja la introducción de una deducción relacionada con las rentas de trabajo dirigida a ingresos bajos y moderados, lo que contribuyó a reducir la carga fiscal de los trabajadores aptos”, apunta el documento.

La medida “incrementó la progresividad legal” en la parte inferior de la distribución, incide, “con el objetivo de fomentar la participación en el mercado laboral”.

Si bien el informe incluye entre las cotizaciones sociales el Mecanismo de Equidad Intergeneracional –el recargo en las nóminas para financiar la hucha de las pensiones–, no incluye las llamadas cuotas de solidaridad para los sueldos más elevados. “Estos tipos adicionales contribuirían a aumentar la progresividad de las cotizaciones a la Seguridad Social de empleados y empleadores para los trabajadores que perciben más del 167% del salario medio, contrarrestando parcialmente la dinámica regresiva”, dice el documento, por lo que los resultados serían sensiblemente mejores en determinados tramos.

Mirando al promedio de la OCDE, desde 2000 la progresividad de la carga impositiva sobre el trabajo ha aumentado, sobre todo en el caso de los hogares con hijos, prácticamente el doble que en el caso de los solteros. “El tratamiento fiscal de los hogares con niños tiende a ser más progresivo que en el caso de los que no”, detalla. “Para la mayor parte de los hogares con niños, las prestaciones en especie son la principal causa de esa progresividad, en tanto que para aquellos sin hijos, el IRPF. Las cotizaciones a la Seguridad Social son progresivas en los niveles más bajos de ingresos y regresivos para las rentas más altas en muchos países de la OCDE, como consecuencia de los suelos y topes de contribución”, apunta el documento.

El mayor incremento de la progresividad fiscal se produjo entre 2014 y 2019, mientras que disminuyó entre 2022 y 2025, revirtiendo el incremento que se produjo como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

En términos totales, el 41,4% del salario bruto de los trabajadores españoles solteros y sin hijos se destinó al pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social en 2025, frente a una 'cuña fiscal' media del 35,1% para el conjunto. De este modo, mientras que en la OCDE la carga fiscal sobre los costes laborales se incrementó en promedio en 0,15 puntos porcentuales respecto a 2024, en España se observó un aumento de 0,31 puntos porcentuales respecto del año precedente.

Al desglosar este aumento, se aprecia que la mayor diferencia al alza correspondió al incremento del impuesto sobre la renta, con 0,25 puntos porcentuales, frente a un descenso promedio del 0,01% en la OCDE; mientras que las cotizaciones sociales del trabajador se mantuvieron estables y las del empleador subieron en 0,05 puntos porcentuales, frente a una media en la OCDE de 0,01 y de 0,15 puntos porcentuales, respectivamente.

El 10% de los hogares más pudientes concentran el 53% de los bienes en nuestro país, de acuerdo con los datos de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España publicados esta semana. El 1% más rico, el que está en la cúspide, acumula el 21,6%, cerca de los máximos históricos registrados en 2020. Pero, más allá de los grandes datos que muestran que la desigualdad está lejos acabar, ¿dónde se concentra la riqueza de los hogares españoles?

La base de datos que ha actualizado el supervisor muestran que, si bien los ingresos de los hogares españoles han recuperado los niveles de 2001, el máximo de la serie histórica, en términos de riqueza neta —es decir, restadas las deudas— las cifras están aún lejos del máximo que se acumuló antes de la crisis financiera. Los efectos de esta recesión aún se notan en las posesiones de los hogares, una evolución que en la actualidad está marcada por la situación del mercado de la vivienda.

En 2008, la riqueza mediana —es decir, la que divide en dos mitades a la distribución, y es mucho más representativa que la cifra media— de los hogares españoles era de 236.960 euros, en cifras actualizadas con el valor de 2024. No eran los máximos en la serie histórica y aquí ya se estaban sintiendo los primeros coletazos de lo que luego se conocería como Gran Recesión. Pero es que en 2024 la riqueza mediana fue de 160.830 euros, muy lejos de la de aquel periodo.

Todos estos datos están actualizados con la inflación, lo que da la medida de cuál es la situación de los hogares españoles década y media después. El perfil de la riqueza de los hogares españoles se concentra en aquellos cuyo cabeza de familia está recién jubilado, de entre 65 y 74 años, con estudios universitarios y propietario de la vivienda en la que reside. Esto, dice el Banco de España, “responde al perfil de ciclo vital esperado y registra el nivel máximo en aquellos hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 65 y 74 años, esto es, un poco más tarde que la edad a la que se alcanza el máximo de renta”, y tiende a descender después. 

Pero se ve claramente la diferencia por grupos de edad. En 2008, la riqueza se concentraba en los tramos centrales de la vida, mientras, ahora, cada vez más lo hace en los hogares más mayores.

De hecho, por primera vez en la historia los hogares liderados por un jubilado son los que acumulan más riqueza. Ligeramente por encima de aquellos en los que la persona cabeza de familia trabaja por cuenta propia —los autónomos—, en los cuales el valor del negocio se imputa a la riqueza del hogar.

La generación millenial, descolgada

Esta brecha se ve con más claridad cuando hablamos de generaciones. El análisis elaborado por el propio Banco de España muestra que los baby boomers, de primera o segunda generación, han experimentado una evolución de su riqueza mucho mejor a los de generaciones posteriores. La generación millenial (1986-1995) es la que ha tenido un peor punto de partida, pero su evolución parece ir mucho mejor que la inmediatamente anterior (1976-1985), que sintieron de primera mano los efectos de la Gran Recesión cuando empezaban a incorporarse al mercado laboral.

La explicación más razonable parece estar en el mercado de la vivienda. En la encuesta de 2024, los hogares que poseen su vivienda cayeron al mínimo histórico: el 70,6%. Hay varios motivos detrás, explicaron en el Banco de España. Por un lado, que hay más hogares que apuestan por el alquiler. Y, por otro, que la accesibilidad de la vivienda cada vez es más difícil. Con 30 años, solo el 30% de los millenials nacidos entre 1986 y 1995 eran propietarios. De las generaciones inmediatamente anteriores (1966-1985), con la misma edad, el 65% poseía la casa en la que residía.

Más peso de los activos financieros

Mientras cae la proporción de los activos reales —es decir, el inmobiliario, joyas, obras de arte o negocios—, avanza la proporción de los activos financieros, que ya supone un 23% de la riqueza de los hogares. 

Pero esta composición es cada vez más sofisticada, como definió el director general de Economía de la institución, David López Salido. Ha caído la proporción de riqueza que los hogares mantienen en cuentas corrientes (30,1%) y ha aumentado la proporción en renta fija (2,8%), coincidiendo con el boom por las letras del Tesoro.

El 20,5% de los hogares cuenta, además, con su riqueza en “otros activos financieros”, en la que se incluyen opciones como criptomonedas o futuros. Esta sofisticación se produce, sobre todo, entre los hogares más jóvenes, con estudios universitarios… Y de rentas elevadas.

Los hogares humildes, los más favorecidos

En cuanto a los ingresos de las familias, la renta mediana de los hogares recuperó en 2024 los máximos registrados en 2021, impulsados por el crecimiento económico y el buen momento del mercado laboral, que ha llevado a mínimos el desempleo y a máximos los datos de empleo. Además, en los dos años de referencia para los datos fiscales (2022-2023) coincidieron políticas de rentas como la subida del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones con la inflación o el impulso del Ingreso Mínimo Vital.

Esto permitió que los hogares situados en el 20% inferior de la distribución —es decir, el quinto con menores ingresos— incrementaron su renta mediana en un 14,6% (en torno a un 7% de crecimiento anual), un ritmo que duplica el experimentado por el conjunto de los hogares españoles (7,8%). Esto confirma que, a diferencia de periodos anteriores, fueron las clases más desfavorecidas las que se beneficiaron del ciclo económico.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado que estaría dispuesto a realizar una revisión del salario mínimo interprofesional (SMI) para “hacer frente a las consecuencias” de la guerra de Irán sobre la inflación, ya que la ley permite hacer una revisión semestral de esta renta mínima.

“El Gobierno estaría dispuesto a tenerlo en cuenta”, ha expuesto este jueves durante la Comisión de Trabajo y Economía Social en el Senado, informa Europa Press, en la que ha trasladado el compromiso del Gobierno de seguir subiendo y adaptando el SMI a la realidad de cada momento.

De acuerdo con el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que regula el SMI, esta menor retribución posible se fijará tras una consulta con los agentes sociales –en el Gobierno han apostado desde 2020 por negociar con empresas y sindicatos, aunque los últimos solo los han firmado con los representantes de los trabajadores– y tendrá en cuenta la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), la productividad, la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económmica.

Pero el mismo apartado señala la posibilidad de revisar la cuantía a los seis meses “para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios citado”.

El Gobierno aprobó una subida del SMI del 3,1% este año, hasta situarse en 1.221 euros mensuales por catorce pagas, a través de un Real Decreto que se aprobó en febrero en Consejo de Ministros y que tenía carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año.

“Es importante avanzar con un salario mayor”

El 'número dos' de Trabajo ha reivindicado en el Senado la necesidad de que los salarios se incrementen. En este sentido, ha recordado que España mantiene una brecha salarial con el resto de Europa “de un 20%”, pese a que el Gobierno ha hecho “todo lo que está en su mano” para incrementar el SMI, que ha subido un 64% desde 2018, dejando atrás los “indecentes” 700 euros en los que lo dejó el Partido Popular.

Sin embargo, ha recordado que la negociación colectiva es la que debe ahora actuar para subir el resto de los salarios, ya que el Gobierno no puede incidir sobre los salarios de las empresas privadas.

“Es muy importante que avancemos todos de la mano en un salario mayor que rompa nuestra brecha con Europa y que de alguna manera nos permita seguir avanzando en mejores condiciones de trabajo y empleo”, ha reivindicado.

La campaña de la Renta 2025 comienza este miércoles 8 de abril, por lo que los declarantes ya pueden presentar a través de internet la declaración de los ingresos generados el pasado ejercicio fiscal. No todos los contribuyentes están en la obligación de rendir cuentas con Hacienda a través de la Renta. Existen unos límites que pueden eximir al usuario de presentar la declaración por el IRPF del pasado 2025. Se trata de límites relativos a los ingresos por los rendimientos del trabajo, la naturaleza del empleo, o haber optado a ciertos subsidios o deducciones.

Cuál es el mínimo de ingresos que obliga a hacer la declaración

Por supuesto, todos aquellos que quieran optar a la devolución derivada de la normativa del IRPF deberán presentar la declaración de la Renta. Respecto al resto de contribuyentes, en general existen los siguientes grupos de personas físicas que están obligadas a presentar la declaración de la renta este 2025:

Quién no tiene que presentar la declaración de 2025

Por otro lado, hay una serie de criterios excluyentes que eximen al contribuyente de presentar la declaración de la renta 2025:

Cuál es la deducción por la subida del SMI

Una de las novedades que introduce la campaña de la renta de este año afecta precisamente a los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI), que estarán obligados a presentar la declaración si quieren que la Agencia Tributaria les devuelva las retenciones adicionales que se les haya realizado durante el año pasado. Así, los trabajadores que percibieron el SMI en 2025 (16.576 euros anuales) y aquellos que ganaron rentas por valor de hasta 18.276 euros anuales, tendrán derecho a una deducción nueva.

En el caso de que los rendimientos del trabajo sean iguales a los del SMI del año pasado, la deducción será de 340 euros, por lo que verán compensada la parte que dejaron de recibir de la subida de este sueldo base. Para aquellas rentas entre 16.576 euros anuales y 18.276 euros, la deducción será de 340 euros menos el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre los rendimientos íntegros del trabajo y 16.576 euros anuales.

Fechas de la declaración de la renta 2025

Una vez abierta la campaña de la Renta del ejercicio fiscal del pasado 2025, estas son sus fechas clave: