El antiguo responsable del Partido Popular Ignacio Cosidó ha declarado este miércoles en la Audiencia Nacional que conoció la operación Kitchen a través de “numerosas informaciones” publicadas acerca de la investigación, una causa judicial que comenzó cinco años después de que se ejecutara el operativo.

Cosidó fue director de la Policía mientras un grupo de mandos y un centenar de agentes espiaron ilegalmente a Luis Bárcenas y su familia para robar información comprometedora para el PP. Aunque este miércoles intentó disolver su responsabilidad en decisiones colegiadas o la burocracia del Cuerpo, Cosidó tuvo que reconocer que participó en el nombramiento y condecoraciones a los autores del espionaje.

El ex director de la Policía también firmó el ingreso el Cuerpo del chófer de los Bárcenas, como pago por su colaboración en la operación Kitchen, pero dijo que hacía lo mismo con todos los alumnos de la escuela de Ávila. Cosidó nunca ha estado investigado en el caso Kitchen. En el juicio ha comparecido como testigo.

Veterano político del Partido Popular, Ignacio Cosidó ha adelantado lo que iba a ser el contenido de su declaración en las primeras respuestas al fiscal Anticorrupción. Al representante del Ministerio Público le ha dicho que lo único sabía policialmente respecto de Luis Bárcenas es que había una investigación de la UDEF que se llamaba Gürtel. Nada de que se hubiera montado un operativo al máximo nivel en la Policía que él dirigía para justamente limitar el alcance del caso Gürtel.

El desconocimiento que Cosidó tenía de la Policía era tal, según ha pretendido defender, que en ocasiones ni siquiera se enteraba pese a las publicaciones en los medios de comunicación. Así ocurrió con el encarnizado enfrentamiento entre el comisario Villarejo y el jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, hombre de confianza de Cosidó. Este medio, entre otros, publicó que Interior decidió prescindir de Martín-Blas por las amenazas internas de Villarejo.

Cosidó ha declarado hoy en la Audiencia Nacional que a él le parecía normal que a los cuatro años se produjera “un cierto grado de rotación” –en realidad no llegaban a tres– y Martín Blas dejara el cargo de jefe de Asuntos Internos. Pero, como repitió en este y en otros casos, era una decisión de subordinados suyos en la que no entraba.

Todos los miembros de la brigada política que participaron en Kitchen, en la Operación Cataluña y en las maniobras contra Podemos fueron recompensados con destinos 'dorados' y/o medallas pensionadas. En ambas recompensas aparece la firma de Cosidó. Sin embargo, el director de la Policía ha ofrecido este miércoles una explicación de cómo se toman las decisiones de forma colegiada y que cualquier conocedor de la dinámica policial sabe que son simplemente un armazón reglamentario y jurídico para decisiones tomadas previamente por los responsables del Ministerio, entre ellos el director general de la Policía. Por ejemplo, para un destino muy solicitado, se ordena eliminar previamente a todos los aspirantes menos a uno y que no se pueda achacar al órgano colegiado predilección por un candidato sobre otro.

El abogado de Podemos ha logrado dejar en evidencia las excusas de Cosidó. Un caso paradigmático es el de Andrés Gómez Gordo, que dejó el puesto que tenía fuera de la Policía, en Castilla-La Mancha, junto a María Dolores de Cospedal, para regresar al Cuerpo y dirigir al topo infiltrado en la familia Bárcenas, el chófer que conocía del paso de ambos por la Comunidad de Madrid. Al poco de regresar al Cuerpo, Gómez Gordo fue condecorado con una Medalla al Mérito Policial con Distintivo Rojo, con un 15% más de sueldo mensual durante el resto de su vida. Llevaba cuatro años fuera de la Policía.

Explicación del entonces director de la Policía ante el tribunal de la Audiencia Nacional: “En las deliberaciones que se hacían en la Junta de Gobierno [sobre las medallas] había un número muy elevado de propuestas y no se podía entrar pormenorizadamente en cada expediente (...) Son muchos miles de expedientes los que a lo largo de mis 5 años de directos se valoraron en la Junta de Gobierno”.

De Villarejo, Cosidó ha dicho que solo le trató una vez de forma protocolaria, aunque en el turno del abogado del comisario jubilado ha tenido que reconocer que fue en su despacho. “Dejamos la puerta abierta y fue realmente corto [el encuentro]”, ha añadido Cosidó.

Ignacio Cosidó conocía a varios miembros de la brigada política cuando el PP estaba en la oposición, antes de que se formara el grupo. Hoy, ha intentado enmarcar esa relación con ellos antes de ser director general en una circunstancial relación profesional como portavoz de Interior en el Congreso. En realidad, Cosidó estuvo diseñando el relevo en la Policía desde que se vislumbró la derrota de Zapatero en las urnas. Ocurrió con el presidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP), José Ángel Fuentes Gago. Esa organización era prioritaria para el PP porque era el sindicato de los mandos. Hoy, Cosidó ha dicho sobre Gago: “Nos reunimos en alguna ocasión”.

Su inmediato subordinado, el director adjunto operativo Eugenio Pino, tomaba nota en un gran cuaderno de las declaraciones de Cosidó. Pino, en fase de instrucción, aseguró que Cosidó conoció al detalle el operativo Kitchen.

Los 70 agentes de las vigilancias

El ex comisario general de Información Enrique Barón ha declarado a continuación y ha asegurado que conoció el operativo ilegal “años después” por los medios de comunicación. A la Comisaría General de Información de Barón pertenecían los 70 agentes que participaron en los seguimientos a la familia de Bárcenas. Barón ha dicho que ese Área Especial de Seguimientos estaba enmarcada en la Unidad Central de Apoyo Operativo que dirigía uno de sus subordinados, Enrique García Castaño, quien estuvo acusado hasta que un accidente cardiovascular le dejó en situación de no poder ser juzgado. 

Barón ha excusado que no se enterara de que 70 de sus agentes fueran detraídos para la operación Kitchen porque se trataba de agentes que estaban en “labores de actualizción o formación” y que, por tanto, no perjudicaron otros servicios en marcha. “No hubo ningún perjuicio para el funcionamiento de la Comisaría General de Información. Estaban, como si dijéramos, libre de servicio o alertados para si surgía un servicio. A mi nadie me dijo que faltaban funcionarios”, ha dicho Barón.

Ignacio Cosidó, político del PP y ex director general de la Policía, se ha desvinculado este jueves ante el juez de las decisiones “operativas” que se tomaron en el marco de la causa que investiga la Audiencia Nacional por la guerra sucia contra Podemos durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Cosidó ha declarado como testigo a petición de la acusación particular, que ejerce el partido político, y ha llegado a decir que solo conoció el dosier sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos cuando fue publicado por los medios.

Cosidó ha logrado librarse hasta ahora de todas las investigaciones sobre las prácticas irregulares en el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Rajoy, principalmente en su primera legislatura, pese a haber sido el director general de la Policía en esa época. Este jueves ha atribuido las cuestiones operativas del Cuerpo al comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo entonces, y a Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad de la época, ambos imputados en la causa y quienes, en razón de su cargo, ha dicho , trataban las cuestiones por las que se le han preguntado.

Una conversación encontrada en el teléfono de Martínez durante la investigación del caso Kitchen recogía cómo un mando policial culpaba a Cosidó de haber entregado una factura vinculada a Pablo Iglesias –que nunca fue objeto de investigación judicial– al diario ABC para su publicación. Este es el motivo de la citación de Cosidó, pero el ex director de la Policía ha negado hoy ser el responsable de la filtración.

Cosidó también ha dicho que de los viajes de los miembros de la brigada política para recabar información contra Podemos no sabía nada y que no recuerda haber firmado autorizaciones, cuestiones que otra vez vinculó con la “operativa” de los Cuerpos y las unidades especializadas.

El magistrado Santiago Pedraz abrió la puerta en febrero de 2024 a que un juzgado investigue por primera vez uno de los episodios de la guerra sucia sin muertos que practicó el último gobierno del PP contra la oposición: las maniobras policiales contra Podemos. Pedraz admitió a trámite una querella de la formación política contra quien fuera el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y otros altos cargos de la Policía por las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre las personas que conformaban aquella organización política. Podemos solicitaba también la imputación de Cosidó y del que fue ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pero el juez lo rechazó.

La querella se presentó por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, si bien en este último caso el magistrado lo desestima al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.

La causa judicial va abriéndose paso entre olvidos y negaciones por parte de los imputados. Frente a ello han surgido inesperados testimonios de policías que acreditan la existencia de una consigna durante el mandato de Mariano Rajoy para debilitar a la formación y evitar que, por primera vez desde la restauración de la democracia, un partido a la izquierda del PSOE alcanzara el Gobierno de la Nación. 

El Gobierno de Mariano Rajoy convirtió el terrorismo anarquista en una de sus prioridades policiales hace una década. Operaciones con decenas de detenidos en las que el Ministerio del Interior publicitaba la desarticulación de comandos a los que atribuía ataques a bancos, elaboración de explosivos y colaboración con otros grupos terroristas y que, una década después, han terminado en nada. La indemnización a uno de los anarquistas de la 'operación Ice' por pasar año y medio en prisión de forma injusta retrata cómo la Policía, la Fiscalía y algunos jueces de la Audiencia Nacional impulsaron causas fallidas mientras el ejecutivo del Partido Popular difundía el miedo a un “terrorismo anarquista implantado” cuya existencia nunca se demostró.

Todas estas operaciones policiales contra el anarquismo que acabaron en el archivo o la absolución tuvieron su origen en un atentado real. En octubre de 2013 un explosivo casero, fabricado con una bombona de camping-gas, explotaba en el interior de la basílica de El Pilar de Zaragoza. Unos meses antes otro artefacto similar había estallado en la madrileña catedral de La Almudena. Un grupo criminal llamado “Mateo Morral”, nombre del anarquista que atentó contra Alfonso XIII en 1906, reivindicó ambos atentados. Dos personas fueron condenadas a cuatro años y medio de prisión por delitos de terrorismo.

La sentencia del Supremo declaró probada su afinidad a grupos anarquistas, aunque no su pertenencia a ninguno de ellos. En especial a los supuestos Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), siglas que resonaron en las tres operaciones policiales dirigidas contra el anarquismo radical bajo la batuta de la Audiencia Nacional: 'Piñata', 'Ice' y 'Pandora'. Cuatro decenas de detenidos –15 de ellos pasaron por prisión provisional– en causas que acabaron archivadas o con sentencias absolutorias y con algunos de los imputados indemnizados por el Estado con cargo a las arcas públicas.

Ignacio Cosidó, jefe de la Policía Nacional con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, dejó claro en junio de 2014 que la administración consideraba que el anarquismo radical era un problema de seguridad pública. “El terrorismo anarquista se ha implantado en nuestro país. La lucha contra esta forma de terrorismo constituye ya una prioridad para nuestra Comisaría General de Información”, afirmó. Pocos meses después llegaron las grandes operaciones policiales y judiciales tuteladas desde la Audiencia Nacional, organismo competente para investigar delitos de terrorismo.

La primera fue bautizada como 'operación Pandora' y fue dividida en dos fases. Una veintena de personas acusadas de colaborar con grupos terroristas anarquistas fueron detenidas por los Mossos y la Policía en Catalunya y Madrid, ocho personas enviadas finalmente a prisión provisional por el juez Javier Gómez Bermúdez, que pocos días después les permitía salir tras pagar fianzas de 3.000 euros por cabeza. La causa estuvo abierta casi tres años hasta que en mayo de 2017 la magistrada Carmen Lamela decidió archivar las diligencias: ninguna de las acusaciones policiales había podido ser probada.

El “único” resultado tras varios años de investigación fue comprobar que los imputados “se relacionan con personas del colectivo anarquista”, algunos con antecedentes y “condenadas por su pertenencia a los GAC”. Pero ninguna prueba para sostener “la sospecha policial” de que los detenidos de las dos fases de la 'operación Pandora' hubieran formado parte de un grupo terrorista o hubieran colaborado con él. En un primer momento, el juez Gómez Bermúdez les había llegado a atribuir la autoría de “diversos atentados con artefactos explosivos de fabricación artesanal en todo el territorio nacional”.

Piñata y Ice: guerra al “terrorismo anarco”

Una segunda operación policial contra el anarquismo se ponía en marcha unos meses después, en marzo de 2015. Causa bautizada como 'Piñata' en la que hubo 15 detenidos, cinco de los cuales pasaron varios meses en prisión provisional, acusados de participar en atentados contra más de un centenar de cajeros automáticos y preparar ataques contra comisarías y agentes de Policía Nacional. Supuestamente relacionados, otra vez, con los GAC.

El caso arrancó en manos del juez Eloy Velasco y murió con un auto de Manuel García Castellón en febrero de 2018, cuando el magistrado de la Audiencia Nacional reconoció que no había pruebas para sostener una sola de las acusaciones. Con el apoyo de la Fiscalía, el juzgado de instrucción reconoció que no se había podido acreditar “suficientemente” que los detenidos y encarcelados fueran los autores de los ataques investigados.

El día de las detenciones que finalmente terminaron en sobreseimiento, fue Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad, quien dio continuidad al discurso de Ignacio Cosidó. Martínez, hoy encausado por la operación Kitchen, atendió a los medios de comunicación en Granada para defender que el objetivo de operaciones como Piñata era evitar la expansión del “terrorismo anarco e insurreccionalista”. La Policía, detalló entonces, ejercía una “labor preventiva” contra estos supuestos grupos terroristas cuya existencia la Audiencia Nacional nunca pudo probar.

Fue a finales de 2015 cuando estalló la 'operación Ice'. Batería de detenciones nuevamente dirigida desde la Audiencia Nacional y contra cinco miembros de 'Straight Edge Madrid', grupo anarcovegano al que nuevamente se acusaba de atentar contra sucursales bancarias y cajeros automáticos. A día de hoy la página web de La Moncloa mantiene las acusaciones que entonces la Policía vertía contra los acusados: “El hallazgo de este material confirma los vínculos que relacionan a Straight Edge con los Grupos Anarquistas Coordinados”.

Uno de los arrestados pasó casi tres semanas en prisión provisional. Otro de ellos, hasta un año y medio en el régimen de aislamiento más restrictivo. La causa ya adelgazó bastante antes del juicio, con la Fiscalía retirando las acusaciones más graves, y terminó en absolución, un dictamen que el Ministerio Público ni siquiera recurrió. El balance de las tres causas destinadas a desmantelar los “Grupos Anarquistas Coordinados” es, por tanto, de ningún condenado por terrorismo, ninguna prueba sobre la implantación de ese supuesto grupo en España y, por contra, dos indemnizaciones para dos de los encarcelados a cuenta de las arcas del Estado.

Tal y como reveló elDiario.es, una primera sentencia condenó a Justicia a reconocer una indemnización de 1.660 euros a uno de los anarquistas de 'Straight Edge' por las casi tres semanas que pasó en prisión provisional para finalmente ser absuelto. Recientemente una segunda resolución ha firmado una reparación de 54.650 euros para el acusado que pasó año y medio en prisión provisional. En ambos casos por la misma razón: la causa que les llevó a prisión, en ese caso por orden de Carmen Lamela, terminó en una absolución

Eduardo Gómez: “La Policía ganó”

La Fiscalía participó activamente en estas causas para terminar apoyando el archivo o renunciando a recurrir las sentencias absolutorias contra los anarquistas encausados. Sus memorias anuales reflejan cómo la incidencia de lo que considera “anarquismo insurreccional” han ido descendiendo desde 2014 hasta ser, en la actualidad, una amenaza “en niveles bajos y contenidos” y con una “actividad violenta residual” centrada en “sabotajes de pequeña entidad”.

Eduardo Gómez Cuadrado es abogado de Red Jurídica y uno de los letrados que ha llevado la defensa de encausados en las tres operaciones, entre otros al joven que acaba de ser indemnizado por pasar 16 meses en prisión para después ser absuelto. “No estaban buscando condenas porque no hacía falta. Lo que querían era desorganizarles y eso lo consiguieron. La Policía ganó, no ha habido condenas pero se desmontaron esos colectivos”, lamenta en conversación con elDiario.es.

Las investigaciones no encontraron nada de lo que anunciaban las notas de prensa de la Policía comandada por altos cargos de la confianza de Mariano Rajoy. Ni GAC ni su vertiente internacional. “Nosotros teníamos la certeza de que iba a haber sobreseimientos, y en el peor de los casos condenas pero nunca por terrorismo y ni siquiera fue así”, explica.

Someterse a un proceso judicial de años de duración en la Audiencia Nacional y, en algunos casos, con meses de estancia en prisión provisional, afectó a todos los anarquistas: “Sin duda, todos han quedado muy marcados”. Y su auténtica condena no llegó en una sentencia sino a través de autos y providencias y órdenes de detención: “La instrucción de estas causas fue, en sí misma, la condena. Se buscaba desestructurar a personas y colectivos. No ha habido condenados pero se desmontaron los colectivos”, zanja el letrado.

Las memorias anuales de la Fiscalía reflejan cómo el propio Ministerio Público presume del éxito de estas operaciones mientras soslaya que los grandes operativos policiales terminaron en nada. En 2015, explicó que los datos evidenciaban “la importante afectación que ejerce sobre este terrorismo la eficiente actividad policial, que se ha visto incrementada a lo largo de 2015 con el desarrollo de las operaciones policiales bautizadas como Ice, Piñata y Pandora-2”.

El abogado Javier Gómez de Liaño, víctima de presuntas maniobras de presión cuando defendía a Luis Bárcenas, ha solicitado al juez del caso Villarejo que cite a varios miembros de la cúpula del Ministerio del Interior durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. El letrado, que figura como perjudicado en la causa, ha pedido que sean citados el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, el ex director de la Policía Ignacio Cosidó y su director adjunto operativo, Eugenio Pino. 

La pieza 36 del caso Villarejo investiga las maniobras para acusar de varios delitos a Gómez de Liaño por parte de un “lobby jurídico” del PP que encabezaría un abogado del Estado en excedencia. Estas son las afirmaciones que hacen tres de los investigados en una grabación que ha sido incorporada a la causa. En la misma conversación señalan que al frente de las maniobras estaría un tal “Alejandro”, a las órdenes directas de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP en el momento de la operación.

Cospedal compareció como testigo la pasada semana después de que el juez del caso, Manuel García Castellón, se negara a citarla y fuera obligado por la Sala de lo Penal. La ex número dos del PP se desvinculó de cualquier maniobra contra el abogado de Bárcenas. Llegó a asegurar que no recordaba cuestiones de su etapa al frente del PP que había asegurado en público, como que el partido pagó los primeros abogados que tuvo Bárcenas, antes de que el tesorero cambiara de estrategia y decidiera confesar la financiación irregular del PP durante al menos veinte años. 

Los hechos que investiga la pieza 36 del caso Villarejo, sin embargo, se remontan a una época posterior, cuando de la defensa de Bárcenas se hizo cargo Gómez de Liaño. Los investigados, en la grabación incorporada, aseguran que el abogado es el responsable de filtrar a El Mundo información en poder del tesorero devastadora para el PP. Gómez de Liaño había defendido al mafioso ruso Zakhtar Kalashov y los investigados aseguraban que podían encontrar las pruebas de que el letrado había cobrado 5,5 millones de euros en negro y que tenía cuentas en Suiza, algo que este niega taxativamente. 

Entre las personas que Gómez de Liaño pide que sean citadas a declarar por el juez está el abogado del Estado en excedencia Alejandro Auset Domper, ahora en el despacho Cuatrecasas, el tal “Alejandro” dirigiría el “lobby jurídico” del PP con poder para sacar a Kalashov de la cárcel a cambio de la información que buscan contra Gómez de Liaño. El supuesto enviado de los populares asegura que este abogado del Estado está a las órdenes directas de Cospedal. Su nombre completo fue mencionado por la Fiscalía Anticorrupción al abogado Javier Iglesias, que declaró como testigo.

Villarejo: “Visita a Kalasof-Tema Liaño”

Los investigadores del caso Villarejo examinaron las agendas del comisario una vez recibieron la grabación que ha dado pie a esta pieza 36. En ella, el comisario alude a esta supuesta operación contra Gómez de Liaño e implica en sus anotaciones a terceros. El 23 de abril de 2014, por ejemplo, Villarejo anota “Visita a Kalasof-Tema Liaño” junto al apelativo ‘Chisco’, que utilizaba para referirse a Francisco Martínez, el secretario de Estado de Seguridad. 

En su declaración ante el juez, Villarejo dijo la semana pasada que tuvo conocimiento del supuesto pago y que si investigó fue por que el mafioso ruso era un peligro para las instituciones españolas, incluida la Casa Real. Asimismo aseguró que informó de ello a sus superiores, entre ellos Martínez, y a la propia Cospedal, pese a que esta no tenía ningún cargo en el Ministerio del Interior ni otro puesto en el Gobierno. 

Martínez ya se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel por utilizar fondos reservados en espiar a Luis Bárcenas desde el Ministerio del Interior. Cospedal, en cambio, dejó de estar investigada en el caso Kitchen por decisión de García Castellón, en contra de la Fiscalía Anticorrupción que le acusó de no querer investigar a la dirección del PP. Luego la Sala de lo Penal respaldaría la decisión del juez. 

Una jueza andorrana ha imputado al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; a los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz; al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; al exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó; y a dos exintegrantes de la brigada política del PP por presuntas coacciones al Gobierno del principado y falsedad documental para obtener los datos bancarios de la BPA de la familia Pujol así como información sobre eventuales cuentas en Andorra de líderes independentistas que resultaron inexistentes.

En una comisión rogatoria enviada a España, adelantada por El Món y a la que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada andorrana Stéphanie Garcia da un impulso inédito hasta ahora a las querellas interpuestas por el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) y el colectivo de juristas Drets y el exmáximo accionista de la BPA, Higini Cierco. Ambas querellas se registraron en enero de 2017 y octubre de 2016 respectivamente. 

La comisión rogatoria es el vehículo de cooperación entre autoridades judiciales de distintos países. La magistrada andorrana solicita la ayuda de la Justicia española para que localice a Rajoy y al resto de querellados, les comunique que se encuentran investigados por hasta media docena de delitos del Código Penal andorrano y les requiera para que designen un abogado en el principado. Si no lo hacen en 15 días, agrega la jueza, se les asignará un letrado de oficio. La magistrada también deja la puerta abierta a enviar otra comisión rogatoria una vez completada la enviada el pasado 20 de mayo para concretar la declaración judicial de los investigados.

Según Drets y IDHA, las presuntas coacciones se enmarcan en la visita oficial que Rajoy y Montoro hicieron en enero de 2015 en Andorra, cuando se reunieron con el entonces jefe de gobierno andorrano, Toni Martí, y los ministros Jordi Cinca, Gilbert Saboya y Jordi Alcobé. La visita, según los denunciantes, tenía el objetivo de obtener información de los líderes independentistas catalanes.

A criterio de ambas entidades, los exresponsables del Gobierno del PP “desplegaron una estrategia política basada en una falsedad [la investigación por blanqueo del BPA por parte de EE. UU.] creada por el Ejecutivo de Rajoy para que el Gobierno de Andorra tomara unas decisiones concretas e irreversibles que han resultado perjudiciales para la imagen bancaria del país y la credibilidad internacional”.

Ambas entidades apuntaron hacia el expresidente del Gobierno y los exministros después de que la Justicia andorrana ya hubiera aceptado investigar al exjefe de la brigada política del PP, el exdirector adjunto de la Policía Eugenio Pino, y su lugarteniente, el inspector Bonifacio Díez.

La magistrada expone en su comisión rogatoria que las denuncias versan sobre “presuntas extorsiones, coacciones y chantaje realizados desde el año 2014 por agentes de la policía española a responsables de BPA” con el objetivo de “conocer, mediante vías ilegales, una información bancaria secreta, protegida por la legislación andorrana, y relacionada con distintos gobernantes de Catalunya y sus familiares, entre los cuales se encontraban Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras”. 

En su resolución, la magistrada también adjunta la cita literal del articulado de los seis delitos del Código Penal andorrano que se investigan: coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacción a órganos constitucionales andorranos y creación de documento inveraz por un funcionario, esto es, la falsedad documental.

En España, el juez de la Audiencia Nacional José Manuel García Castellón se ha negado a investigar la Operación Catalunya en su totalidad alegando que Villarejo “captaba información” sobre corrupción. Por ahora la actuación de la brigada política que anidó bajo el Gobierno del PP, y cuya existencia desveló en 2014 elDiario.es, se ha saldado con la condena de Pino por intentar adulterar el caso Pujol al pretender introducir en la investigación del origen de la fortuna de la familia oculta en Andorra un pendrive con información de Jordi Pujol Ferrusola sin advertir de que su origen era ilícito.

El caso en Andorra

Las querellas en Andorra fueron admitidas en 2018. Cuando la jueza citó al inspector Celestino Barroso, agregado de Interior en la embajada española en Andorra entre julio de 2014 y junio de 2017, las autoridades españoles respondieron que se encontraba amparado por la inmunidad diplomática. Así lo confirmó el Gobierno en una respuesta parlamentaria de 2021 al diputado del PDeCAT Sergi Miquel, quien preguntó por la petición de los hermanos Cierco para que se retire la inmunidad que protege a Barroso de cualquier investigación sobre su actuación, desarrollada con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior.

Higini Cierco señaló ante la jueza instructora a Barroso como uno de los policías españoles que le trasladaron las instrucciones respecto a las cuentas de los Pujol, pero también de otras supuestas de Artur Mas u Oriol Junqueras. Respecto a las otras dos comisiones rogatorias enviadas, las autoridades españolas respondieron que Pino se había jubilado y que Díez Sevillano estaba destinado en México, lo que la dejó sin cumplimentar.

El IDHA y Drets consideran que la actuación del Gobierno español “para tratar de conseguir los datos bancarios de los políticos independentistas catalanes fue un ataque en toda regla a la soberanía andorrana”. Ambas entidades remarcan que Rajoy, cuando visitó Andorra para reunirse con el gobierno del principado, lo hizo como presidente del Ejecutivo español y no como jefe de Estado, figura reservada al rey según la Constitución española, con lo que el expresidente “no está protegido por la inmunidad prevista en el artículo 8 del Código Penal andorrano, como tampoco lo están sus ministros y resto de cargos políticos implicados”.

El ignorante y la víctima. El que no se enteraba de nada y el que sabe mucho pero no puede hablar porque está imputado en la Audiencia Nacional. El que sigue viviendo de la política aunque sea con un puesto menor y el que la abandonó asqueado por lo que había visto. Dos perfiles muy distintos aparecieron el martes en la comisión de investigación del caso Kitchen en el Congreso. El primero es Ignacio Cosidó, que fue director general de Policía en el primer Gobierno de Rajoy. El segundo, Francisco Martínez, que fue secretario de Estado de Seguridad.

Empezó Cosidó, que ha ocupado puestos importantes en el Partido Popular y que tuvo un final político penoso al haber desbaratado la renovación del Consejo General del Poder Judicial con un mensaje muy revelador enviado a los senadores del partido. Fue el conocido whatsapp, que él dice que no escribió pero que reenvió a sus compañeros, en el que se alardeaba de que el PP iba a controlar “desde detrás” la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Antes fue director de la Policía durante casi cinco años, y por eso estaba en el Congreso, pero lo mismo podía haber sido director general de Agricultura. Mientras en el Ministerio de Interior un grupo de comisarios se ocupaba de asuntos que están siendo investigados ahora en los tribunales, Cosidó no intervino en nada, no vio nada ni conoció a algunos de los personajes fundamentales de la trama, en especial a José Manuel Villarejo.

Eso contradice las declaraciones de algún comisario en la Audiencia Nacional, pero Cosidó no se movió de su posición. Estaba al frente de la Policía como podía haber estado en Nueva Zelanda. Varios comisarios se habían enfrentado a muerte y él estaba tranquilamente en su despacho ocupado en lo que fuera que hiciera. “O fue usted un negligente o un colaborador necesario”, le dijo Gabriel Rufián, de ERC. Eran dos opciones que no dejaban en buen lugar a Cosidó, por lo que este no picó en el anzuelo. En la práctica, optó por lo primero. Con tanta gente imputada, es mejor pasar por tonto o incompetente que por otra cosa. Lo de tener pocas luces no aparece registrado en el Código Penal como delito.

Cuando Rufián le recordó que 71 agentes intervinieron para investigar a Luis Bárcenas e impedir que hiciera daño al Gobierno de Mariano Rajoy, según un informe de Asuntos Internos, Cosidó no se dio por aludido: “Yo desconocía que hubiera un solo policía destinado a vigilar a este señor”. Setenta agentes implicados en una operación policial relacionada con el mayor escándalo político del momento y Cosidó abanicándose en el despacho.

“No se entiende que su superior jerárquico esté imputado, su inferior jerárquico esté imputado y que usted no se enterara de nada”, le dijo Jon Iñarritu, de EH Bildu. Lo mismo resulta que eso es perfectamente entendible si se trata de un político incompetente. En teoría.

Cosidó ya no es senador. El PP le buscó un puesto de asesor del presidente de Castilla y León sobre despoblación (es el que más cobra, 55.000 euros al año, sin que le hayan visto mucho en la sede del Gobierno). Con sus antecedentes, es posible que si desapareciera toda la población de provincias enteras, él tampoco se enteraría de nada.

Quien sí supo mucho más fue Francisco Martínez, el número dos de Jorge Fernández Díaz en Interior, y bien que lo está pagando. Los portavoces de la comisión le trataron con guante de seda bajo la idea de que es más víctima que responsable de graves delitos. Le llamaron “chivo expiatorio”. Alguien que “se está comiendo un marrón”, en expresión de Rufián. Se parte de la idea de que las órdenes las daba el ministro Jorge Fernández Díaz y que las ejecutaba el comisario Eugenio Pino, el todopoderoso número dos de la Policía.

Como secretario de Estado, a Martínez le correspondía el mando y coordinación de todas las fuerzas de seguridad, por lo que es complicado que pueda alegar desconocimiento. A diferencia de Cosidó, él no puede decir que no se enteró de nada. Y por eso está imputado.

Al inicio de la sesión, explicó que se acogía a su derecho a no responder a preguntas relacionadas directamente con los asuntos por los que le investiga la Audiencia Nacional. Los diputados lo entendieron. A pesar de eso, estaban obligados a preguntarle sobre ciertos asuntos, como el mensaje que envió al presidente de la Audiencia cuando se enteró de que había sido imputado: “Mi grandísimo error fue ser leal a miserables como Jorge (Fernández Díaz), Rajoy o Cospedal”. En ese momento, parecía que Martínez iba a tirar de la manta, la expresión recurrente cuando se habla de casos de corrupción en el PP.

El ex secretario de Estado dijo que no iba a hablar de mensajes que considera privados (es una razón que no puede alegar ante un juez). Pero sobre el mensaje de los “miserables” sí dijo que había que entender que lo escribió “en un momento en el que yo estaba roto”, se supone que decepcionado y enfurecido al descubrir las consecuencias de haber tenido a esos jefes en la política y en el Ministerio. “Cuando abandono la vida pública, lo hago con un sentimiento bastante amargado”, había dicho minutos antes.

Martínez sí comentó que lamenta haber llamado miserable a su antiguo jefe. De hecho, le pidió disculpas por ese ataque. Al final, ha comprendido que también debe negarlo todo en público si no quiere agravar su situación penal. No puede negar que conoció a Villarejo del que incluso aceptó una invitación a comer en Estepona cuando estaba de vacaciones. Villarejo le señaló como el coordinador de la Operación Kitchen, algo que él niega por completo. Otro comisario afirmó que le entregó un pendrive con material robado a Bárcenas. Otra acusación que él niega.

Lo que es indudable es que el Ministerio de Interior de Fernández Díaz era un nido de comisarios con la dentadura de los tiburones, el instinto depredador de los leones y licencia para hacer lo que quisieran. Un pajarillo como Francisco Martínez era una presa fácil de esa fauna indudablemente peligrosa. No dejaron de él más que los huesos.

El político del PP Ignacio Cosidó, quien fuera director general del Cuerpo Nacional de Policía durante la operación de espionaje a Luis Bárcenas, defendió este martes en el Congreso que él ni participó ni llegó a conocer aquellos hechos. “Yo no tenía conocimiento de seguimientos al señor Bárcenas porque no conocía más investigación que la que llevaba a cabo la UDEF con la Audiencia Nacional”, ha dicho Cosidó ante la comisión de investigación de la operación Kitchen.

Para intentar convencer a los diputados, lo que no consiguió con excepción del portavoz de su partido, Cosidó ha dicho que solo tuvo una vez un “saludo protocolario” con el comisario Villarejo y que a otro de los comisarios implicados, Marcelino Martín-Blas, le conoció cuando le llamó a su despacho para encargarle la jefatura de la Unidad de Asuntos Internos. Sobre Villarejo precisó: “Jamás he despachado, comido, hablado por teléfono con él, jamás he intercambiado ningún tipo de mensaje con él ni le he hecho llegar ninguna instrucción a través de terceras personas”. 

Cosidó ha intentado contestar a la primera pregunta realizada, correspondiente al portavoz socialista David Serrada, con un homenaje a las víctimas del terrorismo y los policías que hay entre ellas por la inauguración del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo en Vitoria, lo que le ha impedido la presidenta, conminándole a que se dedicara a contestar a las preguntas objeto de la comisión.

A su supuesto desconocimiento absoluto de la operación Kitchen, Cosidó ha añadido que tampoco conoció ninguna “estructura operativa” en la Policía diferente a la que recogen los Reales decretos a tal efecto, en alusión a la existencia de una brigada política implicada en el espionaje a Bárcenas. En varias ocasiones ha advertido a los diputados de que le preguntaban por cuestiones “operativas” y que él solo trataba con la Junta de Gobierno de la Policía (subdirectores y comisarios generales) y muy puntualmente con algún jefe de unidad. En esta línea, ha descargado la responsabilidad de las cuestiones operativas en el comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo de la época e inmediatamente por debajo de él en la línea jerárquica de la Policía.

“Yo no tenía competencia alguna (sobre las investigaciones)”, ha dicho, en referencia a que los policías actúan a las órdenes de jueces y fiscales. Se da la circunstancia de que las actuaciones de la brigada política, ya fuera en Catalunya, contra Podemos o para reventar el caso de la caja B, se caracterizaban por escapar del control judicial. Cosidó no ha comparecido aún en la Audiencia Nacional como testigo ni como investigado.

Legarda logra alterar a Cosidó

Ante tales afirmaciones, el diputado de ERC Gabriel Rufián le ha espetado: “Usted fue un negligente o un cooperador necesario”. En la misma línea, pero con otras palabras, se ha pronunciado el portavoz del PNV, Mikel Legarda, quien ha preguntado a Cosidó para qué iban a implicarle los policías que lo han hecho si ellos ya tienen cubierta su línea de defensa de órdenes superiores con el reconocimiento de los hechos que ha hecho el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Legarda también ha incidido en que ninguno ha reconocido hacer nada ilegal, con lo que la afirmación de que no sabía nada de algo legal por parte de Cosidó se le hacía al diputado vasco más difícil de creer. Solo tras estas afirmaciones de Legarda, Cosidó ha contestado con cierta vehemencia insistiendo en su tesis de que no sabía nada.

Ignacio Cosidó también se ha desvinculado de la medalla pensionada a Villarejo durante su mandato porque fue a propuesta de Pino y la decisión última correspondió, como en el resto de condecoraciones , al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz en este caso.

El exdirector de la Policía ha llegado a decir a la portavoz de Podemos, Sofía Castañón, que cesó al comisario Marcelino Martín-Blas de su puesto como jefe de Asuntos Internos también a propuesta de Pino y porque es favorable a la movilidad en ciertos cargos y tenía un sustituto, experimentado en narcotráfico, que tenía un “perfil magnífico” para sustituirle. Todas las informaciones al respecto de la época señalan el enfrentamiento entre Martín-Blas y Villarejo como causa del cese y así lo admiten ambos comisarios, que mantienen una fuerte animadversión. En una grabación del caso Tándem, Villarejo llega a decir que amenazó con implicar a Mariano Rajoy si Martín-Blas no era destituido.

El exdirector de la Policía también ha declarado que le “cuesta creer” que el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, ingresara en la Policía de forma irregular, como una recompensa por su colaboración en la Operación Kitchen. “Si se demostrara que eso se ha producido habría que tener pruebas muy claras de que eso sucedió. Yo no las tengo y, mientras, mantengo la confianza en los procesos de selección de la Policía Nacional”, ha afirmado. “Yo desconocía a ese confidente ni a cualquier otro”, ha añadido. Al terminar su intervención, el portavoz Luis Santamaría, se ha acercado a Cosidó y le ha repetido. “Excelente, excelente”, según han captado los micrófonos de la mesa, todavía encendidos.

El exdirector general de la Polícia entre 2011 y 2016, Ignacio Cosidó, natural de Salamanca y residente en Palencia, disfruta de un retiro dorado con cargo a la Junta de Castilla y León. Atrás quedaron los años en los que era responsable del cuerpo, pero no las intrigas, ni el espionaje, ni los ajustes de cuentas que se produjeron entre altos cargos al perder el poder el Gobierno de Mariano Rajoy. El pasado lunes el director adjunto operativo de la Policía durante el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados, Eugenio Pino, declaraba ante el juez del caso Kitchen, Manuel García Castellón, que Cosidó, su inmediato superior, “lo sabía todo” sobre la operación.

Fernández Mañueco tiene diez asesores, diez cargos de confianza nombrados a dedo y Cosidó es uno de ellos, pero no cualquiera. Es el que más cobra, según se recoge en el portal de transparencia de la Junta de Castilla y León. Su sueldo anual asciende a 55.120,54 euros, pero lo que no se sabe muy bien es cómo los gana, cuándo va a trabajar y en qué. En su momento se aclaró que se ocuparía de la despoblación y el reto demográfico, tema que ya manejó en su etapa como senador por designación autonómica entre 2016 y 2019, pero lo cierto es que a Cosidó no se le ve en el Colegio de la Asunción, donde se ubica el complejo de la Presidencia del Gobierno autonómico. Fuentes del PP apuntan que tiene incluso un despacho en el edificio H, pero que no lo usa. Tampoco aparece el asesor en los plenos de las Cortes, donde la despoblación es un tema más que recurrente, o en las propias reuniones de asesores.

De manera oficial, en la Junta nadie quiere responder a las preguntas de elDiario.es, ni siquiera desde la Consejería de Presidencia. “A Cosidó había que ponerle en algún sitio y se había pensado en él como senador autonómico otra vez, pero al quedarse Javier Maroto sin escaño por Álava, se descuadró todo”, cuentan fuentes del partido. Lo que ocurrió es una historia ya conocida: Maroto se quedó con el puesto de senador por Segovia con un polémico empadronamiento en el pequeño municipio de Sotosalbos. No había más hueco político para Cosidó, pero desde Génova se insistió en buscarle acomodo. Recaló en la Junta como asesor, pero eso le deja sin aforamiento. Si el juez decide llamarle a declarar, bien como testigo, bien como imputado, el hombre que presumía de un pacto que permitía controlar el Consejo General del Poder Judicial “desde la puerta de atrás” dará explicaciones en una sala de vistas como cualquier ciudadano.

“Si le imputan tiene que dimitir”, apuntan en Ciudadanos

Desde Ciudadanos, socio del PP en el Gobierno de Castilla y León, señalan que, en el caso de que Cosidó acabe imputado por el espionaje a Bárcenas, solo cabrán dos opciones: o que dimita o que Fernández Mañueco prescinda de sus servicios por pérdida de confianza, “porque está en el pacto”, añaden. Lo cierto es que en el pacto con 100 puntos que firmaron PP y Cs, lo único que aparece sobre los cargos de libre designación, en el punto 4, es que se restringirían, “siendo el concurso la regla general de provisión de puestos de trabajo”. Este punto se incumplió desde el primer momento, no solo no se restringieron los cargos a dedo, es que el presidente tiene más asesores que su predecesor en el cargo, Juan Vicente Herrera. En el proyecto de presupuestos para la Comunidad se contempla un gasto de 1.596.695 euros en partidas para asesores, un incremento del 113,9% respecto a los últimos aprobados por el anterior ejecutivo de Herrera. En cualquier caso, si Cosidó no dimitiese por voluntad propia, Fernández Mañueco se vería en un problema. No es fácil prescindir de un “colocado” por Génova y salir indemne, pero tampoco mantenerlo y tener contento al socio de Gobierno.

La presunta implicación de Cosidó en la Kitchen ha provocado un torrente de declaraciones por parte de la oposición. “La pregunta es clara: ¿el asesor de Mañueco accede a dinero público en Castilla y León? ¿En qué materias asesora a Mañueco: en tapar la corrupción, en destruir documentación o en espiar al adversario?”, preguntaba la secretaria de Organización del PSOECyL, Ana Sánchez, esta semana al tiempo que pedía al presidente unas explicaciones que no han llegado.

En su involuntaria función de revelar la faceta oculta del poder en España, el caso Villarejo acaba de escribir otro capítulo con el levantamiento del secreto sobre la pieza que investiga los vínculos del BBVA con el comisario. La Audiencia Nacional investiga a la segunda entidad financiera del país por contratar al comisario como espía particular pese a su destino como funcionario en la seguridad del Estado -y ahí están el banco y el extodopoderoso Francisco González, imputados-. pero durante las pesquisas han aflorado otras sospechas que trascienden al vínculo de la entidad bancaria con el polémico policía y ponen en cuestión las relaciones de la Policía misma con el poder económico, e incluso el funcionamiento durante años de la unidad de élite contra la corrupción. 

La Fiscalía preguntó a Francisco González por un almuerzo en la sede central de la Policía y el banquero contestó airado restando a ese encuentro cualquier relevancia para la causa. Su tono descendió cuando el fiscal Ignacio Stampa le mostró un documento en el que el entonces director de los Servicios Jurídicos vinculaba aquella comida en el complejo policial de Canillas, en Madrid, con la denuncia “anónima” presentada después ante la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía por la presunta extorsión a la que le estaba sometiendo Ausbanc.

Eduardo Ortega, que había dejado la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional para trabajar en el BBVA, dice en el documento, al que llamó 'Relatorio', que fue él mismo quien redactó la denuncia que dio origen a la ‘Operación Nelson’ contra la presunta extorsión ejercida por Ausbanc a los bancos, pese a que consta en la causa judicial como un “anónimo” que llegó a la UDEF. “Dicha denuncia sería redactada por el propio Eduardo Ortega, que la habría entregado a Julio Corrochano Peña (jefe de seguridad del BBVA) y éste a su vez a José Manuel Villarejo Pérez, que la presentaría ante la UDEF”, recoge un informe de Anticorrupción incorporado al sumario. 

Ante el juez y los fiscales, González insistió en el “carácter institucional” de la comida, celebrada el 7 de enero de 2015, subrayó el supuesto desinterés con el que acudió a la misma, invitado por el director general de la Policía entonces, Ignacio Cosidó, y terminó admitiendo que quizá alguien pudo hablar de Ausbanc, pero que en ningún caso fue él. Más allá de una genérica denominación de “cúpula policial”, Cosidó, el único identificado por González, ha evitado contestar a eldiario.es cuando le ha preguntado por el encuentro. 

Este hecho implica un salto: lo que estaría en cuestión no solo sería la relación del BBVA con Villarejo sino la del banco con la propia institución de la Policía. El sumario del caso Villarejo también pone de manifiesto que el comisario investigó con una de sus empresas a Luis Pineda, de Ausbanc, y su entorno, y que con esa información se elaboró el informe con el que arrancó la causa. La defensa de Pineda ya ha pedido que se anule el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, pero el tribunal que preside Ángela Murillo se ha negado y las sesiones se retomarán en marzo. La defensa de los acusados confía que finalmente se imponga la nulidad y sus defendidos exonerados de los graves delitos de los que se les acusa. 

En uno de los audio de Villarejo, grabado en 2008, se escucha al controvertido comisario describiendo la relación habitual que presuntamente mantenía con la Unidad contra la Delincuencia Econónica y Fiscal de la Polícia. “Les damos los datos, ellos se apuntan el tanto y nosotros cobramos”, resumió el agente en una conversación con el policía Antonio Giménez Raso, al que contrató para que se uniera a sus negocios. De esa charla, adelantada por El Independiente, se deduce que Villarejo y sus colaboradores obtenían datos con sus investigaciones privadas en connivencia con la UDEF. Después utilizaban esa información para presentar denuncias ante esa misma unidad con el objetivo de que se iniciaran investigaciones que en ocasiones daban lugar a procedimientos judiciales.

La figura clave de esa suerte de subcontrataciones que haría la unidad de élite policial a Villarejo es el comisario, ahora en excedencia, José Luis Olivera, primer jefe de la UDEF desde su creación por el Gobierno de Zapatero en 2005. Bajo su mando se desarrollaron operaciones como Malaya, Astapa o Gürtel. En todas ellas colaboró Villarejo, que durante otra conversación con la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal -hecha pública en octubre de 2018- se refirió a Olivera como “un hombre nuestro” que habría saboteado la investigación de Gürtel desde dentro.

En la citada conversación, Cospedal asiente y dice que sabe que Olivera es un comisario favorable al PP porque se lo ha dicho “Juan”, en referencia al dirigente del partido en Valencia Juan Cotino, director de la Policía durante seis años del Gobierno de Aznar. De hecho, Olivera pasó de integrar la “camarilla policial” que denunciaban dirigentes del PP, destinada presuntamente a fabricar pruebas en Gürtel, a ser uno de los mandos de confianza del ministerio que dirigió Jorge Fernández Díaz. Ahora ejerce de fichaje estrella de Luis Rubiales para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Cuando se presentó la denuncia “anónima” contra Ausbanc, Villarejo llevaba una década trabajando para el BBVA. La agencia Kroll, puntera en el sector, no había satisfecho el interés del banco en localizar patrimonio oculto de deudores del banco, y el jefe de seguridad, Julio Corrochano, que había sido superior de Villarejo en la Policía, recomendó al presidente Francisco González que contratara a la empresa del policía. González niega tener constancia de que Villarejo estuviese detrás y asegura que ni siquiera lo conoce. El directivo de la entidad despedido a raíz de su declaración en la Audiencia Nacional, Antonio Béjar, le contó al juez que el propio González le había dicho “en la puerta de su despacho” que había que contratar a la empresa que iba a decirles Corrochano. 

Poco después llegó el intento de OPA de Sacyr y el denominado por Villarejo “Proyecto FG”. El policía vendió al BBVA por más de cinco millones informes en los que, según coinciden expertos policiales, hay más paja y humo que información valiosa, amén de datos falsos y gestiones absolutamente infladas sobre el Grupo Hostil que amenazaba el “reinado” de Francisco González en el banco [esta es la información sobre el informe Proyecto FG]. En aquel momento, gobernaba el PSOE y el director adjunto operativo de la Policía con quien Villarejo mantenía contacto directo, según las grabaciones incorporadas a la causa, era el comisario Miguel Ángel Fernández Chico, fallecido en 2012. En la época socialista, Villarejo fue ascendido a comisario, condecorado y destinado en la Dirección Adjunta Operativa. 

El comisario Enrique García Castaño está imputado por facilitar presuntamente a Villarejo datos confidenciales para sus informes. En su declaración en la pieza del BBVA, declara: “A mi Fernández Chico me dijo que les preocupaba mucho la situación [creada por el intento de OPA] y que Villarejo, utilizando la relación con el jefe de seguridad del BBVA había metido la cabeza en el banco para tener información de ese tema. Lo que no sabía Fernández Chico era lo del contrato [de Villarejo con el BBVA]”.

En ese momento de la declaración, el fiscal Miguel Serrano le pregunta cuál podía ser el interés del jefe operativo de la Policía en una operación financiera en “un movimiento mercantil en el tráfico jurídico-privado”. Y García Castaño responde: “No era un interés policial, era un interés político. Con un Gobierno que acababa de llegar nuevo, con una situación en la que se podía producir una crisis económica, al Gobierno le interesan mucho ese tipo de movimientos accionariales, conflictos laborales…”. Entonces, el fiscal Serrano recuerda al policía que las operaciones de interés estratégico para el país son, en todo caso y por ley, competencia del CNI. El policía, ante la incredulidad del fiscal, dice que la Comisaría General de Información de la Policía, la estructura antiterrorista, también tiene competencias sobre lo que afecta a la “seguridad interior del país”.

En apenas tres frases, y en medio de una declaración que distaba de ser trascendental para la causa, el comisario Eugenio Pino aseguró este martes ante el juez Manuel García-Castellón que toda la cadena de mando del Ministerio del Interior estaba al tanto de quién era el agente José Manuel Villarejo Pérez, al tiempo que deslizaba que algunos de esos cargos sabían de sus trabajos parapoliciales en Catalunya.

Pero la afirmación que provocó que el juez repreguntara en al menos dos ocasiones  fue aquella que utilizó el ex director operativo de la Policía para asegurar que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había intercedido por el comisario hoy encarcelado por medio de Jorge Fernández Díaz, según había trasladado a Eugenio Pino el propio ministro del Interior.

Pino dirigió la Policía entre 2012 y 2016 con una fuerte impronta personal. En el seno de su Dirección Adjunta Operativa (DAO) se gestó un grupo de mandos policiales dedicados, casi en exclusiva, a rastrear información comprometedora de políticos soberanistas y contra Podemos en investigaciones prospectivas y extrajudiciales.

Cuando Pino fue designado número dos del Cuerpo por el PP, José Manuel Villarejo ya estaba destinado en la DAO, un puesto al que había llegado durante el Gobierno socialista. Ni despacho, ni subordinados, ni horarios constituían el día a día del policía, que presumía de ser un “agente encubierto”. eldiario.es desveló en marzo de 2015 que Jorge Fernández Díaz le había condecorado con una medalla pensionada por los trabajos en Catalunya que dirigía presuntamente Pino. En agosto de 2016, el ministro dijo a la revista Vanity Fair que si lo había hecho no lo recordaba.

Villarejo está en prisión provisional desde noviembre de 2017 acusado de liderar una organización criminal con la que se enriqueció gracias a su condición de funcionario. Hoy todos se quieren desvincular de él, con un interés especial de los seis mandos que están imputados junto a Villarejo en la Audiencia Nacional. Con excepción de Enrique García Castaño, investigado en varias piezas, el resto han pasado a estar investigados por su presunta participación en la Operación Kitchen, el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados para contrarrestar las pruebas de la caja B en el Partido Popular. Pino además se sentará en el banquillo por otra de las maniobras de la brigada política, el intento por introducir información robada en la causa contra los Pujol de la Audiencia Nacional.

Hasta este martes, Eugenio Pino había evitado señalar hacia arriba en sus declaraciones ante el juez por la Operación Kitchen. El magistrado le ha llamado porque, como los jefes operativos con Felipe González y José María Aznar, envió al juez una carta defendiendo la labor de Villarejo al poco de ser detenido éste. Agustín Linares, Pedro Díaz Pintado y Pino han declarado en el marco de cuatro piezas de encargos de particulares y empresas a Villarejo que no se encuentran bajo secreto, a diferencia de la que investiga el espionaje a Bárcenas.

Y así, ante los abogados personados en el caso, los fiscales Anticorrupción y el juez ha explicado que “el ministro” le pidió que “no tratara mal” a Villarejo, que así se lo había indicado el propio Mariano Rajoy a Fernández Díaz después de que el policía hiciera llegar su queja al presidente del Gobierno, sin precisar si fue en persona o a través de terceros. Ante tal afirmación, el juez le pidió que repitiera lo que había dicho hasta en dos ocasiones y añadió si eso sería confirmado por Fernández Díaz de ser llamado a declarar, a lo que el comisario Pino respondió afirmativamente.

Es la segunda ocasión en que un destacado miembro de la brigada política menciona el nombre de Mariano Rajoy. Eugenio Pino lo ha hecho en sede judicial; su antigua mano derecha, el inspector José Ángel Fuentes Gago, lo hizo en abril de 2016, en Nueva York, ante un exministro de Hugo Chávez. “Si nos ayuda a que Podemos no llegue al Gobierno, mejor para todos”, dice Fuentes Gago a Rafael Isea, antiguo responsable de Finanzas venezolano. El encuentro fue grabado por los propios policías y moncloa.com lo publicó en abril de 2019. José Ángel Fuentes Gago es actualmente jefe de Gestión Económica, Técnica e Informática de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

“Yo he hablado con el ministro del Interior español y el ministro del Interior español habló con el presidente [del Gobierno] español. Yo solo tengo un mandato aquí, o sea, acompañar a estas personas (el jefe interino de la UDEF y otra policía) y decirle a usted que me diga los nombres de las personas que quiere que documentemos en España y que le demos una nueva identidad o una nueva vida, la que tienen ustedes y les protejamos. Eso es mi compromiso. Yo vengo aquí con ese mandato. Usted me lo dice y lo hacemos”, le traslada Fuentes Gago a Rafael Isea.

“Habla con los de arriba”

En su estrategia de desmarque de Villarejo, Eugenio Pino dijo este martes al juez que intentó cesar dos veces a Villarejo porque no lograba controlar la mayor parte de su actividad. Cuando se enteró de que se había entrevistado, sin pedir su permiso, con Jordi Pujol, y se lo recriminó, Villarejo le respondió: “Habla con los de arriba”, según ha declarado ante el juez el ex director operativo de la Policía.

Pino añadió que entonces abordó esta gestión de Villarejo y otras con el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, su inmediato superior en el organigrama del Ministerio del Interior; y con el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Según explican fuentes presentes en la declaración, Pino ha dicho que Cosidó le dio una callada por respuesta. Martínez, por su parte, le negó tener conocimiento de esas actuaciones de Villarejo, añaden.

Francisco Martínez ha sido el primer político imputado en el caso Villarejo, lo que supone un salto cualitativo en las investigaciones al policía encarcelado. La Secretaría de Estado que dirigía Martínez manejaba los fondos reservados del Ministerio del Interior. Varios mandos de la brigada política han declarado que el secretario de Estado estaba al tanto del espionaje a Bárcenas aunque todos defienden que se trató de una investigación para identificar a los testaferros del extesorero y localizar el dinero que supuestamente esconde. Ni el juez del caso, ni los policías a las órdenes del instructor supieron nunca de esas investigaciones.

El juez y Anticorrupción sospechan que el objetivo de la brigada política en la Operación Kitchen querían sabotear la causa de la caja B del PP que afectaba a dirigentes del partido. García Castaño reveló que había puesto un ordenador portátil a disposición de Martínez para que siguiera las novedades de la Operación Kitchen.

Villarejo, enfrentado a Ignacio Cosidó por considerarlo el protector de uno de sus grandes enemigos, el también comisario y miembro de la brigada política, Marcelino Martín-Blas, declaró al juez en enero de 2019 que el director general le había ordenado recuperar información “comprometedora” de Rajoy. La causa judicial todavía no afecta a Cosidó, pero el político, ha pasado de ser un cargo de confianza de Pablo Casado a dejar de integrar las listas del PP. Ahora trabaja como personal no eventual de la Junta de Castilla y León, que gobiernan los conservadores.

Eugenio Pino también ha mezclado al CNI en el caso Villarejo. En su declaración ante el juez trasladó su convencimiento de que el comisario también trabajaba para el servicio de Inteligencia, una labor que escapaba a su alcance. Villarejo considera al entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán, uno de sus principales enemigos. En la carta que remitió al juez el 17 de enero de 2018, Pino decía que el general le había pedido en dos ocasiones que cesara a Villarejo. En aquella época el servicio de Inteligencia español dependía de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuyo nombre no salió a relucir en la declaración de Pino, afirman las fuentes consultadas. 

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha acusado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de convertir la Comunidad en “el basurero del PP” tras los nombramientos de los exparlamentarios 'populares' Ignacio Cosidó, Esther Muñoz y Ana Torme para distintos cargos en el Ejecutivo autonómico.

El secretario primero de la Mesa de las Cortes y procurador socialista, José Francisco Martín, ha criticado los nombramientos, publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León, de los exsenadores Cosidó y Muñoz como personal eventual de la Junta, así como el de la exdiputada Torme como técnico asesor de la Consejería de Sanidad.

Ante esto, la secretaria general del Grupo Socialista, Patricia Gómez, ha señalado que el presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha encontrado en Castilla y León “una agencia de colocación” de la mano de Fernández Mañueco.

Gómez ha recordado, al hilo de estos nombramientos, que Ignacio Cosidó, quien fuera también director general de la Policía en el Gobierno de Mariano Rajoy, “se movía muy bien en las cloacas” y se ha referido a la filtración de un whatsapp en el que “aseguraba que su partido controlaba los tribunales”.

Muñoz ha reprochado que el PP haya “premiado” a quien “comparó exhumar a las víctimas del franquismo con desenterrar huesos”, lo que ha enfrentado a la actuación del Gobierno socialista en funciones que ha apostado por “devolver la dignidad a las víctimas sacando a Franco del Valle de los Caídos y llevándolo a un cementerio privado en El Pardo”.

Esta forma de “tirar por tierra” el prestigio de las instituciones de la Comunidad se completa, a juicio de la secretaria general del Grupo, con el nombramiento de Ana Torme, de quien ha recordado sus causas con la Justicia junto al también exparlamentario 'popular' Vicente Martínez Pujalte.

“Un refugio para políticos denostados”

El alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, Óscar Puente, ha considerado a Ciudadanos como “el principal responsable” de que el Partido Popular “utilice a Castilla y León como un refugio para políticos denostados o en el final de su trayectoria”.

Así lo ha subrayado Puente este jueves al ser preguntado por la publicación en el Bocyl de los nombramientos de los exsenadores 'populares' Ignacio Cosidó y Esther Muñoz como personal eventual de la Junta de Castilla y León.

Óscar Puente ha considerado que Ciudadanos “tenía un compromiso de regeneración de la Política en Castilla y León” pero “poco a poco se ve dónde ha quedado eso” ya que se ha “prestado” a dar continuidad al Gobierno del Partido Popular en la Junta.

Si eso no hubiera sido así, según Puente, no se daría lo que ve como un “espectáculo”, en referencia a que haya un senador del PP designado por la Comunidad Autónoma que “no ha pisado Castilla y León casi ni de visita”, en referencia al exalcalde de Vitoria Javier Maroto, o que desembarquen personajes que considera “completamente amortizados” y “con una trayectoria política más que cuestionable”, en referencia al exdirector general de la Policía Nacional con el PP Ignacio Cosidó y la exparlamentaria por León Esther Muñoz.

El juzgado número 11 de Madrid ha abierto juicio oral contra Eugenio Pino, que fue director adjunto operativo (DAO) de la Policía, por presuntos delitos de revelación de secretos, fraude procesal y falso testimonio en relación con el origen del pendrive con información de la familia Pujol.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, el juez Juan Javier Pérez ha enviado al banquillo de los acusados a Pino, número 2 de la Policía con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior e Ignacio Cosidó como director del Cuerpo, y al otro procesado, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano.

El magistrado, que designa la Audiencia Provincial de Madrid como órgano competente para juzgarles, ha solicitado que depositen una fianza conjunta y solidaria de 5.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias en las que podrían incurrir.

Este caso se centra en el presunto origen ilícito de una memoria USB que la Policía aportó al juez de la Audiencia Nacional que investiga la fortuna de los Pujol, José de la Mata, quien, sin embargo, lo anuló como prueba y encargó investigar su origen.

Hace unos meses, la Fiscalía solicitó el archivo al considerar que ninguno de los dos participó en la decisión de entregar el pendrive al juez y que no se puede concluir que ordenasen o se concertasen con terceros para acceder a bases de datos y “copiar informaciones” correspondientes al hijo mayor de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola.

Ahora, el juez solicita al ministerio fiscal que confirme “si hace renuncia expresa a presentar acusación”.

Aunque la Fiscalía no acusase, los procesados ya se enfrentan a peticiones de cárcel por parte de las otras acusaciones: la que ejerce Pujol Ferrusola solicita dos años y medio, mientras que Podemos eleva su petición a 10 años y medio de prisión.

Por su parte, los acusados recurrieron el auto de procesamiento, un asunto que se encuentra a la espera de resolución de la Audiencia de Madrid y en el que la Fiscalía interesó que se fallase a favor de los acusados.

Según la tesis del juez instructor, Pino y Díez “pudieron concertarse” para hacer llegar el pendrive, que contenía información privada del hijo de los Pujol, al juez De la Mata “ocultando su ilícita procedencia”.

En su auto de procesamiento, el juez aludió a “las notables contradicciones” de Pino, que primero declaró que Marcelino Martín Blas, antiguo comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos, le mostró en 2013 un pendrive que supuestamente provenía de la Agencia de Información Método 3 con información confidencial y que ordenó a sus subordinados hacer copias del mismo.

Pero tiempo después se desdijo al afirmar que Martín Blas le contó que el dispositivo “venía de los magos” y que él dedujo que se refería a dicha agencia; e incluso señaló que el excomisaro José Villarejo -en prisión e investigado por la Audiencia Nacional- le ofreció venderle el pendrive por 200.000 euros.

El revés en los tribunales que cosechó el falso informe PISA contra Podemos, las grabaciones a Fernández Díaz en su despacho asumiendo los métodos de la Operación Catalunya o las últimas revelaciones de la Audiencia Nacional sobre el espionaje con fondos reservados a Luis Bárcenas: ninguno de los escándalos que ha acompañado a la actuación de la policía política ha motivado que alguno de los responsables políticos de aquel Ministerio del Interior dimitiera, fuera cesado o abandonara después de la política.

Varios sumarios acumulan indicios de que durante los últimos años en España operó una policía política que fabricó informes contra sus rivales políticos, que trató de destruir pruebas que pudiesen perjudicar al partido en el Gobierno y que espió a la familia del dirigente que tenía en sus manos el futuro del Partido Popular, Luis Bárcenas, el hombre que manejó las cuentas del partido durante casi veinte años. Todo pagado, presuntamente con fondos públicos, y sin que las revelaciones de los sucesivos escándalos hayan motivado una sola dimisión en aquel Gobierno.

La última investigación de la Audiencia Nacional por la presunta actuación de la brigada política contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se abre ahora al cumplirse siete años de la creación de la estructura que albergó la guerra sucia contra la oposición en el Ministerio del Interior. Aún hoy, su entonces titular, Jorge Fernández, y el director de la Policía, Ignacio Cosidó, son miembros de la Ejecutiva que nombró Pablo Casado cuando se hizo con la presidencia del Partido Popular. Junto con el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se trata de los tres máximos responsables políticos de aquella actuación.

La creación del grupo policial, por su parte, corrió a cargo del comisario Eugenio Pino, nombrado director adjunto operativo por ellos y jubilado en junio de 2016 con la máxima distinción que se otorga a un policía en vida. Esa medalla fue el último reconocimiento de Fernández Díaz al que había sido su mano derecha en la Policía. Conlleva una asignación del 15% del sueldo de forma vitalicia. Pino se sentará en el banquillo por intentar introducir información robada en el caso de los Pujol y figura como investigado en la pieza separada número 7 del caso Villarejo, la que investiga el espionaje a Bárcenas.

Han pasado más de cuatro años desde que eldiario.es desvelara en noviembre de 2014 el funcionamiento de la policía política en el seno de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de Pino. Bajo la clasificación de estructura secreta, el comisario ideó la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación (UPEC), un destino anodino para quienes de verdad trabajaban en ella y la excusa perfecta para los que nunca llegaron a pisarla y se dedicaron a los encargos especiales. Se trataba de la fusión de dos estructuras existentes y, con esa excusa, donde antes había 20 funcionarios destinados se pasó a tener 110. Ese disfraz de la brigada política fue uno de los pocos descubrimientos que constató la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, el uso “fraudulento” del catálogo de puestos de trabajo en la Policía.

Otra de las patas de la policía política fue la Unidad de Asuntos Internos (UAI). La opacidad que requiere el trabajo de policías que investigan a otros policías fue la coartada perfecta para pervertir las funciones de una parte de sus miembros, enviados a trabajar sobre el terreno en la Operación Catalunya o a integrar una Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), que husmeó en la investigación policial del 11M en tiempos del PSOE, pese a la sentencia firme que recae sobre el caso, o en el Faisán, el ariete del PP contra los socialistas cuando estaba en la oposición.

El director de aquella Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, es el único que fue apartado de su destino y no precisamente por las prácticas parapoliciales que dirigió. Su cese fue fruto de la guerra encarnizada que protagonizó con otro de los puntales de la policía política, José Manuel Villarejo. Martín-Blas se acabó jubilando después de ser condecorado con una medalla pensionada. Su nombre aparece en la nómina de altos mandos imputados por la Operación Kitchen.

Villarejo no perdona a Cosidó que fuera el protector político de Martín-Blas. El portavoz del PP en el Senado hasta la última disolución de las Cortes no ha sido incluido por Pablo Casado en las listas a las próximas elecciones generales por su presunta vinculación a la investigación del espionaje a Bárcenas. Sin embargo, Cosidó sigue aforado al ser senador por designación autonómica. Cuando se celebran las autonómicas de mayo, el presidente del PP deberá decidir qué hace con él.

Aforados gracias a la diputación permanente

Inmediatamente por encima de Cosidó estaba el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Considerado ‘sorayista’, diputado hasta el pasado 5 de marzo, su papel en el Grupo parlamentario resultaba irrelevante desde la victoria de Casado. Pero Martínez es vocal suplente de la diputación permanente, sigue aforado ante el Supremo y no puede ser imputado por la Audiencia Nacional. Martínez tenía un trato constante y directo con los dos principales imputados de la Operación Tándem, Villarejo y Enrique García Castaño, ‘El Gordo’, como acredita el sumario del Pequeño Nicolás.

En la misma situación de aforamiento momentáneo está el máximo responsable del Ministerio, Jorge Fernández Díaz. El ministro condecoró a Villarejo y al resto de mandos de la policía política y cuando se descubrió el millonario patrimonio del principal investigado, dijo de él que había que reconocerle sus destacados servicios contra el terrorismo y el crimen organizado. Hoy guarda silencio.

Fernández Díaz ya había evitado asumir cualquier responsabilidad cuando a cuatro días de las elecciones de junio de 2016, publico.es desveló unas grabaciones en su despacho mientras hablaba con el exjefe de la Oficina Antifrau Daniel de Alfonso. Fernández Díaz repasaba todas las prácticas denunciadas de la guerra sucia en Catalunya y llegaba a afirmar sobre ellas: “la Fiscalía te lo afina”.

Apenas la primera línea uniformada de aquella brigada política ha sido relevada de sus funciones, pero mucho después de abandonar los trabajos parapoliciales. Pino se dedicó a premiarlos con destinos ‘diezmileuristas’ en embajadas y el actual equipo de Interior decidió revertir la situación tras la victoria socialista. Ni siquiera en todos los casos la decisión tuvo resultados inmediatos. El inspector jefe José Ángel Fuentes Gago regresó de su puesto en La Haya. El otro jefe de gabinete Bonifacio Díaz Sevillano, imputado como el anterior en la pieza 7 de Tándem, conserva a día de hoy pasporte diplomático mientras se consuma su relevo en México.

El juez del caso Villarejo y la Fiscalía Anticorrupción desconfían de que la X de la Operación Kitchen sea el antiguo director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino. A pesar de que el comisario evitó mencionar a sus superiores políticos en Interior durante su declaración como imputado, la investigación comienza a apuntar hacia ellos y a otro lugar ajeno al Ministerio, la sede central del Partido Popular en la calle Génova. Es allí donde tendrían su despacho los “dirigentes” a los que alude el juez en recientes autos y que habrían utilizado a policías para objetivos ajenos a los de la investigación de la caja B de la formación que ya seguía en 2013 la Audiencia Nacional.

En los autos sobre medidas cautelares impuestas en las últimas semanas en el marco de la pieza secreta 7 del caso Villarejo, la que investiga la Operación Kitchen, el juez Manuel García Castellón incluye la siguiente frase: “Dirigentes del Partido Popular se habrían servido a su vez de miembros del Cuerpo Nacional de Policía para conseguir objetivos particulares de dicho partido político o de cargos del mismo a través de la comisión de hechos delictivos con abuso de funciones”.

El magistrado instructor alude a un “operativo parapolicial” que tendría unos beneficiarios claros, “diversos dirigentes” del Partido Popular a los que “comprometería” la documentación en poder del tesorero que los agentes tenían la misión de sustraer. Por el momento, el juez y los fiscales Anticorrupción no van más allá, si bien en otro auto ajeno a la pieza 7 se destaca el papel de un mando policial, entonces en excedencia y trabajando a las órdenes directas de María Dolores de Cospedal en la Presidencia de Castilla-La Mancha. Cospedal compaginaba el gobierno autonómico con su cargo de número dos de Mariano Rajoy en el PP. 

Se trata de Andrés Gómez Gordo, ascendido a comisario por el último Gobierno del Partido Popular, e imputado actualmente en la pieza 7 del caso Villarejo por haber captado presuntamente al chófer que actuó de topo en casa de los Bárcenas. En un auto con fecha del 1 de febrero, el juez ordena acumular la investigación al comisario Enrique García Castaño, El Gordo, a la de la Operación Tándem o caso Villarejo. El anterior instructor, Diego de Egea, había decidido deslindar ambas causas a pesar de los evidentes vínculos entre ellas. La decisión fue recurrida por la Fiscalía Anticorrupción y por la acusación popular, que ejerce Podemos.

En el relato que hace García Castellón sobre la colaboración presuntamente delictiva entre los comisarios Villarejo y García Castaño, el juez pone como ejemplo la Operación Kitchen. En el marco de este operativo se produce una “relación directa de ambos investigados con quienes intervienen en el proyecto, principalmente el investigado Sergio Ríos Esgueva (el chófer) y Andrés Gómez Gordo, que no se explica sino dentro de ese marco colaborativo”, recoge el citado auto.

Gómez Gordo regresó a la Policía en el último tramo de la Operación Kitchen, en marzo de 2015. Fue destinado a un puesto muy sensible, la jefatura de Vigilancias de la UDEF, con control sobre todas las investigaciones contra la corrupción, entre otras. Pero en una decisión poco habitual, Pino le ordenó que repartiera su tiempo entre ese puesto y la Dirección Adjunta Operativa, donde anidaba la policía política. A los seis meses de dejar su puesto de director de Análisis y Documentación en Castilla-La Mancha y regresar a la Policía, Gómez Gordo fue condecorado con una medalla pensionada.

Más allá de Gómez Gordo está acreditada una relación directa entre María Dolores de Cospedal y el comisario Villarejo. Así quedó de manifiesto en un audio publicado por moncloa.com y que grabó el policía. En él se recoge el primer encuentro personal entre ambos el 21 de julio de 2009. La secretaria general del PP recibe en su despacho de la planta noble de Génova, en secreto, al comisario. Se lo presenta su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, quien conoce a Villarejo desde hace años y con quien el comisario asegura haber hecho “muchas maldades”. Otras conversaciones publicadas por el mismo medio abundan en la colaboración entre López del Hierro y Villarejo para sabotear el caso Gürtel. Estas grabaciones acabaron con la carrera política de Cospedal.

“Órganos superiores y/o directivos de Interior”

El Partido Popular ganó las elecciones generales en diciembre de 2011 y Mariano Rajoy encomendó el Ministerio del Interior a Jorge Fernández Díaz. La nueva cúpula policial fue el resultado de un choque de intereses entre distintos dirigentes del PP. Finalmente, al frente de la misma se ubicó al comisario Pino, quien se dedicó a crear una nueva estructura secreta en el seno de la Dirección Adjunta Operativa que superaba las competencias legales de la Policía y que se dedicó a intentar combatir el proceso soberanista en Catalunya y a otros miembros de la oposición, como Podemos. En la DAO, como una especie de agente liberado, trabajaba ya con el PSOE José Manuel Villarejo. Y allí continuó con la llegada del PP al Gobierno.

La Operación Kitchen ha revelado cómo esa brigada política no solo fabricó informes contra la oposición democrática sino que se encargó de encubrir al Partido Popular. La Kitchen es, según plasma el juez en los citados autos, “un encargo asumido entre los años 2013 a 2015 por órganos superiores y/o directivos de la Administración General del Estado y más concretamente del Ministerio del Interior”. En este punto, el magistrado alude al uso de fondos reservados, una materia competencia de la Secretaría de Estado de Seguridad.

El más alto cargo imputado hasta ahora por el espionaje a Bárcenas es Eugenio Pino, el director adjunto operativo de la Policía y artífice de la brigada política. Por encima de él estaban el director general del Cuerpo, Ignacio Cosidó; el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; y el ministro Fernández Díaz. La investigación judicial todavía no dice que sean ellos quienes integraran los “órganos superiores y/o directivos” del Ministerio del Interior que se situarían entre los dirigentes del PP y los mandos policiales que siguieron a la familia de Bárcenas y le robaron diversa documentación, si bien no podrían ser investigados por la Audiencia Nacional por estar aforados ante el Tribunal Supremo.

Cosidó es el portavoz del Partido Popular en el Senado, uno de los pocos premios que un jefe de la oposición puede repartir entre sus subordinados, lo que da cuenta de la confianza depositada en él por el actual presidente del partido. Pablo Casado no tuvo reparos en incluirle en su Ejecutiva junto a Fernández Díaz, pese a las evidencias del uso partidista que ambos hicieron del Ministerio del Interior. Francisco Martínez, un hombre de Soraya Sáenz de Santamaría, conserva su escaño a pesar de la absoluta falta de sintonía con la actual dirección, que le ha permitido continuar como portavoz del Grupo Popular en la comisión constitucional.

Ignacio Cosidó se defiende una y otra vez asegurando que él no tuvo conocimiento de la Operación Kitchen, a pesar de ser el máximo responsable de la Policía, y no pierde oportunidad para recordar que la gestión de los fondos reservados correspondía a Martínez, como secretario de Estado de Seguridad. Cosidó insiste en que él no trataba con Villarejo, algo que no han defendido Fernández Díaz y su número dos, quienes mantenían hilo directo con el comisario acusado de liderar por entonces una organización criminal. Martínez, cuyas frecuentes llamadas con el comisario aparecen en una pieza separada del caso del Pequeño Nicolás, defiende que su trato con Villarejo se ceñía a la lucha antiterrorista.

El exdirector general de la Policía Nacional y hoy portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, ha vuelto este viernes a desvincularse de la Operación Kitchen supuestamente puesta en marcha por el Ministerio del Interior cuando él dirigía el cuerpo para espiar y robar documentos comprometedores para el PP al extesorero de los populares Luis Bárcenas.

Después de que este viernes el diario El Mundo haya publicado que algunos policías que participaron en la operación se quedaron con 600.000 euros de fondos reservados, Cosidó ha aprovechado un encuentro con periodistas en el Senado para recordar que él no tenía ninguna capacidad de gestión de esos fondos y que por tanto no tuvo responsabilidad ni participación en su utilización.

El portavoz popular en la Cámara Alta ha responsabilizado “directamente” de la gestión de los fondos reservados al entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que ahora es diputado del PP y portavoz en la Comisión Constitucional.

“Como director de la Policía tenía múltiples competencias dirigiendo todos los planes estratégicos y políticos y la lucha contra el crimen. Pero entre las competencias atribuidas al director no estaba ni el control ni la gestión de los fondos reservados que es algo que realizaba directamente la Secretaría de Estado de Seguridad”, ha asegurado durante el briefing informativo con periodistas.

El portavoz popular en el Senado ha insistido en que “sinceramente”, no tuvo “responsabilidad de ninguna clase” en le Operación Kitchen. “Hay una investigación judicial en marcha, un procedimiento secreto. Vamos a dejar que la justicia funcione, que aclare exactamente todos los términos y que tome las decisiones que sean pertinentes. Hacer adelantos de intenciones, o juicios paralelos ayuda poco al funcionamiento correcto de nuestra justicia y a eso no voy a contribuir”, ha zanjado.

Estaba llamado a ser un pleno de evaluación del diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, pero el de este jueves en el Senado se ha convertido en una sesión contra el PP y su portavoz, Ignacio Cosidó. El único punto del orden del día era la comparecencia en pleno extraordinario del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que explicara el documento que le presentó el president de la Generalitat, Quim Torra, en su reunión del 20 de diciembre en Barcelona. Pero Sánchez había excusado su asistencia por su presencia en el Foro Económico Mundial de Davos.

Lo habitual, lo que ha ocurrido siempre en el Congreso y el Senado ante este tipo de compromisos internacionales del jefe del Ejecutivo es que los plenos centrados en su comparecencia se han solido aplazar a una fecha en la que el presidente tuviera la agenda libre. Pero este jueves, el PP decidía con su mayoría absoluta mantener el pleno extraordinario aún a sabiendas de que Sánchez no iba a aparecer.

La sesión se ha convertido así en una de las más extrañas de la historia del Senado. Todos los partidos han cargado contra el PP y contra su portavoz Cosidó tildando el pleno de “circo”, “esperpento”, “vergüenza” o “paripé” y criticando a los populares por provocar el desplazamiento de los senadores a Madrid “para nada”, con los gastos que esos viajes suponen para el erario público.

“Han montado ustedes este paripé, este pleno inútil a sabiendas de que el presidente no iba a poder asistir, precisamente porque está defendiendo los intereses de España después de siete años sin política internacional”, les decía el portavoz socialista en la Cámara Alta, Ander Gil, a los senadores del PP.

El representante del PSOE en el Senado aprovechaba su turno de intervención –todos los grupos han tenido 10 minutos de fijación de posición porque así lo ha decidido esta mañana la junta de portavoces– para recordar a Cosidó las sospechas que se ciernen sobre él después de que el excomisario José Manuel Villarejo le implicara en la operación Kitchen: la trama montada por el ministerio del Interior cuando Cosidó era director general de la Policía para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y robarle documentos comprometedores para los populares.

“¿Fue usted quien ordenó a Villarejo espiar a Bárcenas para sustraer documentos relevantes sobre la caja B del partido? ¿Era usted el cabecilla de la policía política? Entiendo que su medio natural son las cloacas del Estado, pero no vamos a consentir que convierta esta cámara en la cloaca de España”, le espetaba Gil a Cosidó. “Dañar las instituciones no es la mejor forma de ejercer la oposición”, insistía, antes de anunciar que su grupo abandonaría el hemiciclo si intervenía el portavoz popular como finalmente ha sucedido. Junto a los representantes del PSOE también han salido los de PDeCat y EH Bildu.

Los ataques contra el PP han sido constantes durante el pleno que apenas ha durado una hora y cuarto. El portavoz de Unidos Podemos, Ramón Espinar, consideraba que además de sus implicaciones con Kitchen Cosidó estaba “acumulando méritos al frente de la portavocía en el Senado para dimitir” por mantener este pleno sin el principal compareciente.

Uno de los portavoces más duros contra los populares era el del PNV José María Cazalis: “El de hoy es el acto más extraño e inútil que he hecho en mi vida política. Se nos ha convocado para nada a sabiendas que es para nada. Lo que vamos a vivir es una performance en la que van a discutir con una silla vacía, a sabiendas de que iba a estar vacía. Lo que van a conseguir con utilización torticera de esta institución tan cuestionada por grupos políticos. Están jugando contra la dignidad de los senadores, riéndose de todos nosotros”, afirmaba.

El senador nacionalista ha recordado que “el presidente Rajoy no compareció nunca” en el Senado. “Vino a las sesiones de control cuando le venía bien. Y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría es el colmo de las inasistencias”, zanjaba.

En la misma línea, la senadora de Coalición Canaria, María del Mar Julios, ha tildado el de este jueves como “un pleno esperpéntico, un espectáculo desolador ante la ciudadanía. ”Cuando los canarios me pregunten para qué he venido, será difícil contestarles. Me preocupa que con debates estériles alejemos aún más a la ciudadanía del Senado“, advertía.

“Estamos aquí celebrando un pleno que responde a los caprichos del señor Cosidó y el PP. El Senado está secuestrado por el PP. Lo trata como su cortijo particular. Y lo hace el de las cloacas del Estado, el de la operación Kitchen, el que sale en las noticias del señor Villarejo”, añadía también en la línea de sus compañeros de hemiciclo el senador del PDeCat, Josep Lluis Cleries. Los senadores de ERC abandonaban el pleno nada más iniciarse.

Como un “auténtico sinsentido” tildaba lo sucedido este jueves el senador de EH Bildu Jon Iñarritu. “Hay una mayoría que interpreta como quiere este reglamento. Se ha utilizado esta cámara como una plaza de toros. Están ustedes [dirigiéndose al PP] haciendo Ejercicio de troleo parlamentario. Se han convertido en troles”, lamentaba.

También era dura la intervención del senador de Compromís Carles Mulet, que consideraba que “hay que tener muy poca vergüenza” para usar la mayoría absoluta del PP “para que los ciudadanos nos paguen a 250 senadores venir a Madrid para hacer un lamentable espectáculo”. “Convocar un pleno a sabiendas de que el presidente no va a venir es robar el dinero a los españoles, que nos pagan venir para nada”. Mulet emplazaba al PP a hacer “cosas útiles” como “que comparezca el señor de las cloacas”, en alusión a Cosidó.

Incluso la portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, cargaba contra los populares: “No sé bien bien qué estamos haciendo aquí. El PP se ha sacado de la manga esta chapuza de comparecencia”, zanjaba.

Al salir del pleno, Cosidó hacía oídos sordos a las críticas y aseguraba que todos los ataques del resto de partidos le “refuerzan” como portavoz del PP.

El Senado vuelve a convertirse en el escenario de la confrontación del PP con el Gobierno de Pedro Sánchez. Los conservadores han usado esta vez su mayoría absoluta en la Cámara Alta para convocar un Pleno para que comparezca el presidente para explicar los 21 puntos que le trasladó Quim Torra en su reunión el pasado 20 de diciembre. Sánchez, que se encuentra en el Foro de Davos, no asistirá a la convocatoria y el Gobierno ha plantado al Senado. 

El presidente del Senado, Pío García-Escudero, convocó el Pleno sin fijar la fecha con el beneplácito de Moncloa, como suele hacerse. Sin embargo, Moncloa no respondió oficialmente al requerimiento sino que se limitó a manifestar públicamente que el presidente estaría en Davos en esa fecha. El PP, que conocía la situación, decidió seguir adelante con la convocatoria. 

En la Junta de Portavoces que se reunió horas antes del Pleno todos los grupos reclamaron al PP que retirara su solicitud, pero los de Pablo Casado se negaron, por lo que el Pleno se celebrará sin la presencia del compareciente, el presidente. El Gobierno ha plantado al Senado ya en esa reunión. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, que acude a esas citas de la Junta de Portavoces, no ha asistido en esta ocasión. 

“No ha ido porque la convocatoria de ese Pleno es un absoluta falta de respeto institucional al Gobierno y así lo dirá en la Junta de portavoces del martes. Nunca se había hecho algo igual”, señalan fuentes del departamento que dirige Carmen Calvo, encargada de las relaciones del Ejecutivo con el Parlamento. 

“El Gobierno no ha comparecido a la Junta de Portavoces. No deja de ser una falta de respeto a la institución”, ha reprochado el vicepresidente de la Cámara Alta, el conservador Pedro Sanz. El PP aprovechará el plantón para plantear la reprobación del presidente del Gobierno, que saldrá adelante con su mayoría absoluta. 

Los socialistas denuncian, por su parte, que la falta de respeto es del PP, a quien acusa de haber “secuestrado” al Senado. El portavoz del PSOE, Ander Gil, ha asegurado que la maniobra del PP busca desviar la atención de Ignacio Cosidó, acorralado por la Operación Kitchen, que está revelando el uso “ilícito” de fondos públicos de la Policía durante su etapa como director general: “Eso lleva a utilizar el Senado como si fuera su gabinete de crisis. No vamos a consentir que este PP continúe arrastrando por el barro al Senado de España”.

Los senadores del PSOE abandonará el hemiciclo durante la intervención de Cosidó en el Pleno en el que los portavoces tendrán 10 minutos de intervención a pesar de que no se producirá la comparecencia del presidente. “Si es el senador Cosidó quien asume la portavocía en el Pleno, el Grupo Socialista en defensa de la legitimidad y honorabilidad abandonará el hemiciclo para que alguien que está en entredicho por haber hecho un uso ilícito al frente de la Policía no nos dé lecciones de respeto y  democracia”, ha zanjado Gil, que ha recordado que Sánchez ha comparecido a petición propia en la Cámara Alta, donde no aparecía un presidente desde hacía años y que acude una vez al mes a las sesiones de control, “cosa que Rajoy no hacía”. 

El resto de grupos, incluido Ciudadanos, se ha posicionado del lado de Sánchez y ha pedido sin éxito al PP que retirara la petición de comparecencia. ERC ha sido muy duro al plantear el coste que supondrá a las arcas públicas la celebración de un Pleno “para nada”. “Saben de sobra que el presidente no puede estar presente porque tiene otras obligaciones internacionales de antemano. Esta fiesta que ha organizado el PP la van a pagar los contribuyentes”, ha denunciado su portavoz, que ha acusado a los conservadores de “buscar la confrontación”, especialmente con Catalunya.

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha mostrado este viernes la puerta de salida al portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó. La insinuación para que dimita llega después de que el excomisario José Manuel Villarejo implicara a Cosidó directamente en la Operación Kitchen, que investiga la utilización de fondos reservados autorizados por el Ministerio del Interior para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas cuando el hoy portavoz en la Cámara Alta era el director general de la Policía.

“Las cosas que escucho, las cosas que leo no me gustan mucho y no creo que tengan cabida dentro del PP”, ha apuntado Levy en una entrevista en la Cadena Ser ante la pregunta de la supuesta vinculación de Cosidó con la trama. “Cada uno tiene que asumir la responsabilidad de sus hechos y, desde luego, pensar que las siglas siempre están por encima de las personas”, ha zanjado.

Levy ha pronunciado estas palabras apenas unas horas antes de que comience la Convención Nacional del PP, el gran congreso ideológico en el que precisamente Cosidó tendrá un papel protagonista. El portavoz popular en el Senado será el encargado de moderar una mesa sobre “la delincuencia y la violencia contra las mujeres”. Se trata de uno de los debates más destacados del cónclave en el que el líder del PP, Pablo Casado, ha dado a Cosidó el papel de árbitro.

“La posición de la dirección nacional y del presidente, Pablo Casado, es extremadamente contundente en relación sobre qué comportamientos se aceptan, cuáles no y cuándo hay que tomar cartas en el asunto”, ha apuntado, por su parte, el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, en declaraciones durante su visita a las instalaciones de la Convención Nacional que celebra el PP este fin de semana.

El número tres de los populares, ha subrayado que su partido tiene claro cuál es el momento de tomar medidas y que no es éste, porque no encuentra novedades sobre la operación 'Kitchen'. “Haremos lo que sea cuando haya hechos probados, cosa que no ocurre en estos momentos”, ha añadido.

El “bloque de centro derecha”, ese nuevo concepto al que el líder del PP, Pablo Casado, se refiere para aludir a la suma de su partido y Ciudadanos –a raíz de las elecciones andaluzas también incluye a Vox– ha vuelto a constatar su situación de minoría en el Congreso de los Diputados este miércoles, donde el resto de grupos han tumbado su plan para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Fue la segunda derrota del día tras fracasar ambos en su intento de echar abajo la senda del déficit aprobada por los partidos que auparon a Sánchez a la presidencia del Gobierno el pasado julio, semanas después de conocerse la sentencia de Gürtel.

La unión de la izquierda y las formaciones nacionalistas impidió también la aprobación en Pleno de la enmienda presentada por los populares y el partido de Albert Rivera para cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que sean escogidos por los propios jueces y magistrados frente a la fórmula actual que designa a los miembros del máximo órgano de los jueces a través del Parlamento, donde reside la soberanía popular.

La enmienda fue registrada por el PP in extremis hace justo un mes, el 20 de noviembre, último día del plazo para poder presentarla, después de que el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE para renovar el Poder Judicial saltara por los aires a raíz de un mensaje de WhatsApp que el portavoz de los populares en el Senado, Ignacio Cosidó, envió a todos los senadores a través de un chat de grupo.

En el mensaje, Cosidó presumía del acuerdo alcanzado con el PSOE para renovar el CGPJ –que daba 11 puestos a magistrados progresistas y otros nueve a conservadores– y nombrar al juez conservador Manuel Marchena presidente del mismo. La elección del presidente es una potestad que únicamente corresponde a los vocales, pero que socialistas y populares dieron por hecha incluso antes de elegir oficialmente a esos vocales. El portavoz popular en el Senado aseguró en el mensaje que con el pacto el PP veía garantizado el control del Tribunal Supremo “desde atrás”. Se trataba, según las palabras literales del mencionado wasap, de “una jugada estupenda”.

Una lista de 12 candidatos

Un día después de conocerse el mensaje de Cosidó, el magistrado Marchena decidió renunciar a formar parte del nuevo CGPJ. En un comunicado en el que defendió su “independencia”, el magistrado del Tribunal Supremo aseguró que “jamás” había concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como “un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal”. Y resaltó que su desempeño como juez es “la mejor muestra” de que “jamás” ha aplicado el derecho siguiendo opciones políticas.

Una vez conocida la decisión de Marchena y tras constatar que la presidencia del CGPJ podía no estar garantizada para el bando conservador, el PP decidió romper el acuerdo. Pablo Casado compareció ante su grupo en el Congreso e improvisó una reforma de la Ley del Poder Judicial comprometiéndose “a volver al sistema de elección judicial que consagra la Constitución Española”, es decir, que sean los propios jueces los que propongan una lista de 12 candidatos que deberían ser refrendados luego por el Congreso y el Senado. Ese fue el objetivo de la enmienda que hoy ha sido tumbada en la Cámara Baja.

Durante el debate de este miércoles todos los grupos de la izquierda y los nacionalistas han afeado a PP y Ciudadanos el carácter “oportunista” y “partidista” de la enmienda. El diputado socialista Juan Carlos Campo recordaba que “ocurrieron cosas poco edificantes para un sistema democrático que llevaron al PP a proponer sus medidas”, pero consideraba que el órgano de gobierno de los jueces “se merece más respeto, y la justicia y los ciudadanos también”. Instaba, así, a plantearse “qué modelo de Consejo” quieren los partidos.

Eduardo Santos, portavoz de Unidos Podemos, también expresaba su rechazo a las enmiendas que a su juicio motivaron el “desastre de la negociación” de la renovación del CGPJ. El diputado ha recriminado a los populares que hayan roto el acuerdo que ambos partidos tenían también con el PSOE “y sin respetar ningún tipo de diálogo”. “Lo que no se puede es hurtar el debate cargándose el diálogo con una medida populista dirigida al gremio”, apuntaba.

164 votos a favor y 176 en contra

Las críticas también llegaban de las formaciones independentistas. Carolina Telechea, de ERC, calificaba de “parche” las enmiendas que proponían PP y Ciudadanos porque “sólo atienden a intereses partidistas” e instaba a reflexionar sobre el modelo de judicatura. Desde el PDeCAT, Lourdes Ciuró criticaba que no reconoce el texto que salió en la primera ronda del Congreso, y Mikel Legarda, del PNV, reprochaba a PP y Ciudadanos querer “llevar a empujones” a los demás a aprobar sus enmiendas por sus errores ya que, en su opinión, “el problema no es el sistema de elección” de los vocales, sino “la lógica de las cuotas ciegas entre partidos”.

Bajo la premisa de una supuesta lucha por la “despolitización” de la justicia, los representantes populares y de Ciudadanos han defendido su iniciativa sin éxito. El pleno ha rechazado la enmienda para cambiar el procedimiento de elección de los vocales del CGPJ con 164 votos a favor y 176 en contra. Desde el 4 de diciembre, el órgano de gobierno de los jueces está en funciones tras haber agotado su mandato sin planes de renovación a la vista y con los puentes entre PSOE y PP rotos.

Las últimas revelaciones del caso Villarejo por el espionaje con fondos reservados a Luis Bárcenas apuntan directamente al Ministerio del Interior de la primera legislatura de Mariano Rajoy y eso equivale a decir, por tanto, a destacados miembros de la actual Ejecutiva del PP.

El presidente del partido, Pablo Casado, despreció al resultar elegido las informaciones acerca de la Operación Catalunya y los vínculos del comisario José Manuel Villarejo con los antiguos responsables de Interior y se rodeó del exministro Jorge Fernández Díaz; del que fuera número dos de éste, Francisco Martínez; y del director de la Policía en tiempos de la brigada polítíca, Ignacio Cosidó.

Casado nombró en julio secretario de Interior y Libertades de su Comité Ejecutivo a Fernández Díaz; a Cosidó, portavoz del PP en el Senado; y a Martínez, portavoz de los populares en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.

El exministro había apoyado en las primarias a Juan Ramón García Hernández en un principio, pero se pasó al bando de Casado cuando el primero quedó sin opciones. Cosidó fue fiel a su casi paisano de Palencia (nacido en Salamanca, el exdirector de la Policía tiene en la capital palentina a su familia) y Martínez es considerado un apoyo de la derrotada Soraya Sáenz de Santamaría, a la que conoció siendo letrado de las Cortes. 

Una pieza secreta del caso Villarejo investiga el espionaje a la familia Bárcenas a través del entonces chófer de la familia, Sergio Ríos, quien habría cobrado de los fondos reservados durante dos años y al que luego se habría facilitado el ingreso en la Policía a la tardía edad de 42 años. Los fondos reservados van firmados siempre por el secretario de Estado de Seguridad, Martínez en aquel momento. De su departamento salían hacia la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, que dirigía el comisario Eugenio Pino, número dos de Ignacio Cosidó. 

En el caso Villarejo están los 40 terabytes de información incautada al comisario, la mayoría pendiente de desencriptar. El policía grababa a cualquier persona relevante con la que trataba. Como desveló eldiario.es en 2016, Villarejo y el número dos de Interior, Francisco Martínez, hablaban de móvil a móvil. También en momentos tan delicados como durante el registro de la casa del Pequeño Nicolás, en la que aparecieron anotaciones sobre el comisario Villarejo. Martínez y el agente han dicho que sus conversaciones versaban sobre investigaciones contra el terrorismo yihadista. Martínez también trataba directamente con otro destacado miembro de la policía política, el jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, quien guardó su contacto en el móvil como el de “Paco Bomba”.

Por su parte, el exministro del Interior incluyó a Villarejo, al menos, en una reunión de alto nivel para abordar la estrategia en Catalunya, más allá de las funciones de policía judicial -a las órdenes de un magistrado- que la Ley otorga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que mandaba Fernández Díaz, según han informado a eldiario.es fuentes de ese departamento.

En el caso de Cosidó, éste insiste en que estaba al margen de las cuestiones operativas y asegura que nunca habló con Villarejo. Esta misma semana ha asegurado que entre sus competencias al frente de la Policía no estaba la gestión de esos fondos y ha dicho que era “ajeno” al uso que se hizo de ellos. El actual portavoz del PP en el Senado estaba citado a la comisión de la financiación del PP en el Congreso para el pasado martes, junto a Fernández Díaz, pero sus comparecencias han sido aplazadas a la espera de la investigación judicial de la Operación Kitchen.

Ignacio Cosidó ocupa uno de los pocos puestos preciados que el recién nombrado presidente del PP podía reservar a sus fieles. El de líder en el Congreso estaba guardado para Dolors Montserrat, un peaje que le debía Casado a María Dolores de Cospedal por su apoyo en las primarias. El cargo de portavoz en el Senado esta vez no era poca cosa: no solo permite medirse al presidente del Gobierno en las sesiones de control, sino que supone estar al frente de la Cámara que el PP utiliza de ariete contra el Ejecutivo socialista, la única en la que conserva la mayoría absoluta.    

Ante estas revelaciones que apuntan a los departamentos que en abril de 2016 estaban en manos de Jorge Fernández Díaz, Ignacio Cosidó y Francisco Martínez el equipo de Pablo Casado opta por la cautela. Fuentes de la dirección nacional del PP consultadas por eldiario.es aseguran estar “cero preocupados” por el asunto, pero han evitado respaldar de forma explícita a esos tres compañeros de filas que actualmente siguen ocupando cargos de la más alta responsabilidad en la cúpula popular.

La preocupación de Rajoy

Génova advierte de que la consigna de Casado es “no pasar ni una” ante actitudes poco ejemplares de sus cargos políticos, por lo que las fuentes consultadas aseguran que si llega el momento en el que se demuestre la participación de alguno de esos u otros dirigentes populares en actividades ilícitas el líder del PP no tendrá ningún miramiento a la hora de “cortar manos” y destituirlos de sus cargos.

Miembros de los distintos ejecutivos de Mariano Rajoy explican a este diario que no les consta que el expresidente ni ningún integrante de su equipo esté preocupado porque la investigación pueda salpicarles. En cambio, dirigentes populares cercanos a Casado se lavan las manos y tratan de marcar distancias con el anterior gabinete cuando se les pregunta por si consideran que las revelaciones del caso pueden hacer daño a la imagen de renovación y limpieza que trata de proyectar el líder del PP: “eso es del anterior gobierno”, zanjan.