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Uno de los policías de la Operación Catalunya actuó en Andorra con inmunidad diplomática

Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior imputado en el caso Villarejo

La presunta obtención ilegal de las cuentas de la familia Pujol en un banco de Andorra contó con la cobertura que ofrece la inmunidad diplomática. Esta figura protege al que fuera agregado del Ministerio del Interior español en el país vecino Celestino Barroso de la investigación que la justicia andorrana sigue por las presuntas coacciones y amenazas a las que la brigada política sometió a los dueños de BPA para que entregaran la información bancaria de los Pujol si no querían que su entidad fuera intervenida.

AUDIOS | La banda de Villarejo convirtió la Operación Catalunya en un negocio

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"Cualquier procedimiento abierto contra el señor Barroso por actos llevados a cabo durante su misión se enfrenta a esta disposición protectora, que ampara sine die al agente diplomático para que éste desempeñe sus funciones en las mejores condiciones posibles". Esta es la respuesta que el actual Ejecutivo ha ofrecido por escrito al diputado del PDeCAT Sergi Miquel cuando el parlamentario se ha interesado por la petición de los hermanos Cierco para que retire la inmunidad que protege a Barroso de cualquier investigación sobre su actuación, desarrollada con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior.

La justicia andorrana investiga desde 2015 la querella presentada por los dueños de BPA contra varios miembros de la brigada política del Ministerio del Interior: el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, el que fuera jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas, y los ex agregados de Interior en Andorra, inspectores jefe Bonifacio Díaz Sevillano y Celestino Barroso. Los hermanos Cierco denuncian coacciones para entregar la información sobre los Pujol bajo la amenaza de una intervención del banco por blanqueo que ejecutaría la autoridad fiscal estadounidense. 

Paralelamente, la justicia andorrana juzga a los responsables del banco por el presunto blanqueo de capitales que habría cometido la entidad para delincuentes de varias nacionalidades, desde la mafia china a la rusa. La familia Pujol guardaba 4,5 millones de euros en el banco intervenido en marzo de 2015.

El inspector jefe Celestino Barroso fue agregado de Interior en la embajada española en Andorra entre julio de 2014 y junio de 2017 y también es objeto de la investigación contra las actuaciones de la brigada política en ese país, una "acción coordinada" entre los Ejecutivos andorrano y español, según los denunciantes. Higini Cierco señaló ante la jueza instructora a Barroso como uno de los policías españoles que le trasladaron las instrucciones respecto a las cuentas de los Pujol, pero también de otras supuestas de Artur Mas u Oriol Junqueras. 

La actuación de Barroso como parte del personal diplomático en la Embajada en Andorra llegó a provocar un conflicto entre los Ministerios de Asuntos Exteriores e Interior. En 2016, el embajador Manuel Montobbio de Balanzó remitió un cable secreto al Ministerio de Exteriores, que desveló elDiario.es, en el que expresaba su preocupación por la petición de los Cierco para que declarara en el juzgado un alto funcionario de la delegación española ajeno al Ministerio del Interior. El diplomático trasladaba su preocupación por que esa testifical pudiera "contibuir a crear una percepción mediática de implicación de esta Embajada, más allá de la de este agregado de Interior [Celestino Barroso], en los supuestos hechos denunciables".

Agregaduría de Interior en Andorra, base de operaciones

Celestino Barroso estaba sustituyendo en el puesto de agregado de Interior a Bonifacio Díaz Sevillano, uno de los mandos de la primera línea de esa brigada política que fue juzgado y absuelto por intentar introducir información robada a los Pujol en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional y que en la actualidad está imputado por su presunta participación en el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados. Sobre la supuesta inmunidad diplomática de Díaz Sevillano no ha tenido que pronunciarse aún el Ejecutivo. 

La causa de la Justicia andorrana es en cualquier caso la única que se sigue por el momento por la Operación Catalunya, ya que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, han mostrado intención por ahora de dedicar alguna de las piezas de la causa a los múltiples indicios que aparecen sobre las maniobras extrajudiciales de la policía española contra el proceso soberanista en Catalunya.  

La investigación a Celestino Barroso se hace aún más difícil después de la respuesta del Gobierno español al diputado Miquel: "El señor Barroso gozaba de inviolabilidad y no podía ser objeto de ninguna forma de detención o arresto (artículo 29 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas)". Esa inmunidad, advierte el Ejecutivo, “no cesa respecto a los actos realizados en el ejercicio de sus funciones como miembro de la misión”. De los investigados solo ha acudido a declarar Martín-Blas mientras que a las comisiones rogatorias cursadas desde Andorra se ha contestado que Eugenio Pino está jubilado y, en el momento en que llegó, que Díaz Sevillano era agregado en México, aunque ya también está jubilado, informan fuentes del caso. 

El negocio de Villarejo y su grupo

En esta derivada de la brigada política también aparece el comisario Villarejo. El policía jubilado ha remitido notas informativas y declarado ante la justicia andorrana denunciando la actuación de su antiguo compañero de la brigada política Marcelino Martín-Blas, con el que mantiene un enfrentamiento enconado. Además, el abogado español de los Cierco es Javier Iglesias, apodado El Largo por la banda de Villarejo, y el contacto que la presunta organización criminal mantiene como hilo directo con Mariano Rajoy. 

En unas grabaciones incorporadas al sumario del caso Villarejo aparece el plan del policía y sus colaboradores para hacer negocio actuando en dos direcciones. Si el policía participó de las maniobras contra el separatismo, el plan que se desprende de esos audios es ayudar a los banqueros andorranos en su conflicto con el el Gobierno del país y un banco rival a cambio de 50 millones de euros. 

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24 de julio de 2021 - 20:36 h

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