Olvidadas tras casi tres años de guerra civil y cerca de cuatro décadas de dictadura franquista, y desplazadas del relato histórico por una transición democrática donde el componente republicano quedó relegado al silencio, recuperan su lugar de la mano del periodista e historiador Miguel Ángel Villena en una biografía coral: Republicanas. Revolución, guerra y exilio de nueve diputadas.

El autor trabajó en las secciones de Cultura e Internacional de El País durante más de 20 años y ha sido editor de la revista tintaLibre. Actualmente es colaborador de elDiario.es y Levante-EMV. Durante su trayectoria ha publicado otras biografías, como las de Ana Belén o Victoria Kent, entre otras obras.

El 21 de enero de 2026 publicó lo que él mismo describiría más tarde como un homenaje, más que una biografía, de estas mujeres, figuras clave en la historia de España. El pasado martes 14 de abril, coincidiendo con el Día de la República, presentó el libro en un acto celebrado en la biblioteca municipal Casa de la Reina, situada en el Cabanyal (Valencia), acompañado de la destacada periodista Rosa Solbes.

Al coloquio asistió un público numeroso. Mediante una charla entre ambos periodistas, devolvieron a la memoria colectiva las historias de vida de estas mujeres, tan diferentes entre sí pero con un propósito común: el sueño de una España progresista en la que las mujeres tuvieran voz y voto. Ese sueño se vería posteriormente truncado por el golpe de Estado de julio del 36, que condenaría a estas mujeres al exilio y, en algunos casos, al olvido.

Algunos de estos nombres han resistido mejor al paso del tiempo que otros. Clara Campoamor, Victoria Kent o Dolores Ibárruri, más conocida como “la Pasionaria”, han gozado de una suerte mayor que sus compañeras, quienes han tenido mucha menos visibilidad pública pese a su excelente trayectoria, no solo como activistas sino como académicas.

La mayoría de ellas procedían de familias de la burguesía ilustrada, con excepciones como la Pasionaria, de origen más humilde. Son mujeres educadas: abogadas, en casos como los de Campoamor, Kent o Julia Álvarez Resano; escritoras, como Margarita Nelken y María Lejárraga; o docentes, como Matilde de la Torre, Veneranda García Manzano o Francisca Bohigas. Pese a su posición relativamente privilegiada, orientaron su vida a la defensa de los derechos sociales, la educación y la causa feminista y obrera.

Estas mujeres afrontaron una doble batalla: por un lado, debido a su compromiso con la República y, por otro, por el hecho de ser mujeres en un espacio dominado por hombres. Todas tuvieron que remar contracorriente en un entorno político especialmente hostil. Durante la presentación del libro, se destacó la existencia de testimonios sobre interrupciones, infravaloración y cuestionamiento de su autoridad, así como el hecho de que fueron también juzgadas por su vida privada y su papel social.

Precisamente, este contexto de hostilidad compartida contribuiría a generar entre ellas ciertos vínculos de complicidad y apoyo mutuo, a pesar de sus profundas diferencias ideológicas: desde posiciones socialistas hasta marxistas —como Ibárruri—, pasando incluso por la derecha católica conservadora, como la militante de la CEDA Francisca Bohigas. Pese a episodios de fuerte desacuerdo político, como el célebre enfrentamiento entre Clara Campoamor y Victoria Kent en torno al voto femenino, se profesaban un profundo respeto personal y mantenían una fuerte sororidad.

Hacia el final del coloquio se abrió el debate en torno a la necesidad de recuperar una memoria histórica relegada durante décadas. “Se ha fallado en explicar y entender la República y tu libro ayuda a esto”, señaló uno de los asistentes, quien subrayó la importancia de seguir impulsando una labor pedagógica sobre este período histórico, sobre todo entre los más jóvenes.

“El PSOE no ha reivindicado todo lo que debería a estas mujeres. El desconocimiento sobre ellas hay que atribuirlo a la falta de memoria democrática de este país, que afecta a la derecha, pero también a la izquierda”, critica el historiador y autor de la obra.

Durante los años de la Transición se priorizó la reconciliación y el mirar al futuro, dejando muchos debates fundamentales sin resolver y perpetuando un “memoricidio” por el cual “la etapa republicana mejor no tocarla y la guerra civil todavía menos”, apuntó el autor durante la charla. Señala, por un lado, al partido socialista por no hacer un esfuerzo por conservar la memoria histórica y, por otro, a una derecha tradicional todavía incapaz de reconocer como tal el golpe de Estado. De esta manera, no solo se diluyen responsabilidades históricas, sino que se condena al olvido a quienes defendieron la legalidad republicana y lucharon por la democracia.

En ese contexto, Villena hace un trabajo apremiante y excelente al recuperar la memoria de estas mujeres, lo cual supone ampliar los límites del relato heredado de la Transición y devolver al espacio público a unas protagonistas que fueron apartadas injustamente por una terrible falta de reconocimiento histórico.

Estoy convencido de que lo sucedido en la ciudad de Eibar en la madrugada del 14 de abril de 1931 no fue fruto de la casualidad. Los valores y principios socialistas y republicanos se encontraban profunda y sólidamente enraizados entre los eibarreses y las eibarresas de la época. Aquella madrugada, la actual plaza de Unzaga, frente al Ayuntamiento, se llenó de hombres y de mujeres convencidos y convencidas de que el cambio estaba en sus manos, de que otro país era posible y de que vivir bajo el paraguas de los ideales republicanos estaba, por fin, al alcance de sus manos.

Uno de mis 'aitxitxas' (el otro falleció siendo yo aún muy joven como para interesarme por este tema), socialista y republicano, me contó que aquella madrugada la noticia corrió por Eibar como la pólvora. De casa en casa, de taller en taller. Aquí no hacía falta un periódico para enterarse de lo que estaba pasando. Mi 'aitxitxa' recordaba con entusiasmo la agitación de la casa en plena madrugada, sus padres hablándose en susurros, ruido en las calles, la gente saliendo a la calle, el bullicio de la proclamación, la alegría del objetivo conseguido… 

Esa madrugada Eibar proclamó la Segunda República, antes que Madrid, antes que Barcelona, antes que nadie. En nuestra plaza. Con nuestra gente. Una proclamación impulsada por los vecinos y por las vecinas de la ciudad animados por los resultados de las elecciones celebradas pocos días antes. Desconozco si fue algo planificado o surgió sobre la marcha. Lo que sí tengo claro es que los hechos de ese día de abril de 1931 fueron el reflejo de la idiosincrasia de esta ciudad, de su carácter audaz y valiente, de su ideal progresista, de sus ansias de cambio y del anhelo por vivir bajo los valores universales de la República.

La ciudad de Eibar hizo historia esa madrugada de 1931. Por desgracia, esa II República duró un lustro escaso y si bien Eibar se mantuvo fiel al orden republicano hasta sus últimas consecuencias, tuvo que claudicar ante la nueva realidad que el ejército sublevado fue imponiendo en todo el estado.

De 1936 en adelante, la guerra civil, la dictadura, el miedo, la represión, se cebaron con la ciudad y sus gentes. Hubo quien tuvo que esconderse. Quien fue a la cárcel. Quien tuvo que abandonar su hogar e irse. Hubo quien no regresó. Y la memoria se fue guardando en cajones, en fotos escondidas detrás de la cama, en conversaciones a susurros para que nadie las escuchara. Se fue guardando y callando, pero nunca olvidando.

Y mi 'aitxitxa', que con entusiasmo me narraba lo sucedido en Eibar el 14 de abril de 1931, siempre eludió hablar de lo que vino después, de lo que vivió durante la guerra civil y la dictadura. Su incomodidad era evidente, como si tuviera miedo a verbalizarlo, por lo que tampoco insistí. Nunca quise ahondar en una herida que, a todas luces, no había cicatrizado y creo que nunca lo haría.

Sin embargo, para bien, la memoria de la ciudad de Eibar es tozuda. Porque aquí nos conocemos todos y todas (o casi) y, precisamente por eso, es más difícil olvidar. Se sabe que el vecino del tercero perdió a su abuelo. Que la señora de la tienda guardó durante años un pañuelo republicano en el fondo del armario, recuerdo, posiblemente, de alguien que jamás volvió. Sabes que en aquel taller nunca se quiso colgar la bandera que tocaba. Y eso no se olvida.     

Hoy, 14 de abril de 2026, 95 años después de la épica proclamación, la ciudad de Eibar es declarada Lugar de Memoria Democrática.  Un reconocimiento justo y necesario que elogia la valentía de los vecinos y de las vecinas de la ciudad de Eibar que proclamaron la segunda república antes que nadie aquel 14 de abril de 1931 y que permanecieron fieles a la misma hasta sus últimas consecuencias. Unos vecinos y unas vecinas que de 1936 en adelante, como otros muchos españoles y españolas, pagarían caro, muy caro, sus ansias de libertad, de igualdad, de justicia social, de un estado laico o de una educación pública para todos y todas. Porque eso era, entre otras muchas cosas, la República que ellos y ellas ayudaron a instaurar.

La declaración de Eibar como Lugar de Memoria Democrática representa, en definitiva, un ejercicio de dignidad y de orgullo. Y es que, en verdad, no podría estar más orgulloso de aquellos hombres y de aquellas mujeres que hoy, hace exactamente 95 años, hicieron historia en nuestra ciudad.

Ezker Anitza-IU y PCE-EPK han reivindicado este domingo en Eibar, primera localidad que proclamó la II República, la necesidad de “acumular fuerzas” para abrir un proceso constituyente para transitar a un estado republicano que instaure “una democracia plena” y “un posicionamiento en defensa de la paz”. Asimismo, han advertido de que los “herederos del fascismo tienen hoy las mismas aspiraciones de entonces”. Ambas formaciones han celebrado el 95º aniversario de la proclamación de la II República, que se conmemora el próximo martes, con un acto político en la Plaza Untzaga del municipio guipuzcoano, donde, según han explicado, han reunido a “decenas de republicanos y republicanas” para reivindicar un proceso constituyente en favor de la III República.

En la plaza consistorial de Eibar, primera localidad que proclamó la segunda República, “se ha izado de nuevo la bandera tricolor”, después de realizar “una marcha republicana” desde la Plaza Cardenal Orbe de la población vecina de Ermua, en Bizkaia.

En el acto político, la coordinadora de Ezker Anitza-IU, Arantza González García, y el secretario general del PCE-EPK, Jon Hernández Hidalgo, han abogado por la construcción de un estado republicano “democrático y en paz”. “Cuando reivindicamos la III República no lo hacemos de forma abstracta ni mirando al pasado con nostalgia. Creemos que debe ser un proceso de profundización democrática, que desemboque en una democracia real, participativa, laica, plurinacional, íntegra y transparente que garantice una vida digna a todos y todas, no solo a unos privilegiados”, ha manifestado Arantza González, informa Europa Press.

La líder de Ezker Anitza ha recordado la constitución republicana de 1931 estableció la renuncia a la guerra como instrumento de política nacional y ha subrayado que “hoy, 95 años después, esa renuncia a la guerra sigue siendo un posicionamiento inequívoco en defensa de la paz y de la vida”. “Defender la paz es revolucionario siempre, porque la paz es el único camino para la democracia real, la libertad, la igualdad y la justicia social”, ha planteado. En este sentido, ha aludido al “momento histórico” que se vive y que, en su opinión, requiere “mirar al pasado” para encontrar “algunas de las respuestas a los problemas actuales”.

Así, ha destacado que “el fascismo terminó entonces con una sociedad que avanzaba en derechos para la clase trabajadora, para las mujeres, en igualdad” y ha advertido de que sus “herederos, ya sean de aquí o de cualquier sitio, tiene hoy las mismas aspiraciones”.

Por otro lado, ha criticado que “la monarquía es y será sinónimo de pasado y de decadencia”. “Una monarquía --ha añadido-- que carece de legitimidad no solo por su origen histórico de la mano del dictador Franco y por el derecho de sangre inherente a ella, sino por su corrupción y su papel estructural como enlace y comisionista entre los poderes económicos y los poderes políticos, militaristas y mediáticos”. Por todo ello, la coordinadora de Ezker Anitza-IU ha defendido los valores republicanos que “se traducen hoy en día en el derecho a acceder a una vivienda digna, a tener una educación y una sanidad pública de calidad”. “La III República llegará más pronto que tarde y traerá consigo un modelo feminista que asegure la igualdad real; un modelo ecologista que asegure que no consumimos por encima de las posibilidades de nuestros territorios y que garantice la supervivencia de las generaciones futuras”, ha confiado.

Por su parte, el secretario general del PCE-EPK ha ensalzado “el valor pacifista” de la II República, que, ha subrayado, renunció a la guerra como “instrumento de la política”. En esta misma línea, ha señalado que los republicanos dicen “no a la guerra”, exigen “la salida de España de la OTAN y la salida de EEUU de las bases militares” y reivindican que “la III República debe ser garante de la convivencia, la cooperación y la amistad entre los pueblos”.

Hernández ha hecho un llamamiento “a la defensa de la paz como un valor de los pueblos que en todo el planeta sufren las guerras y las agresiones imperialistas para el saqueo de sus riquezas y recursos naturales”.

Además, ha destacado el compromiso de su formación en la defensa de una política de “acumulación de fuerzas” que permita “abrir un proceso constituyente hacia un nuevo marco político-constitucional, la república, y un sistema económico y social alternativo al capitalismo, el socialismo”. “Necesitamos una república que instaure una democracia plena, participativa, íntegra transparente y laica”, ha manifestado.

Los ataques aéreos empezaron a formar parte de la vida cotidiana de la provincia de Santander en el otoño-invierno de 1936. Su impacto psicológico a nivel social fue enorme, socavando poco a poco la moral de las tropas republicanas y el espíritu de resistencia de la población civil en aquellos meses de conflicto armado. Los aparatos alemanes e italianos de la aviación sublevada llegaron a bombardear hasta en 34 ocasiones la ciudad de Santander y el ataque del domingo 27 de diciembre, en plenas navidades, ocasionó 74 muertos en el Barrio Obrero, todos civiles, entre ellos numerosas mujeres y niños.

Se trató de la mayor agresión aérea sufrida por la ciudad y provocó una oleada de horror y venganza que acabó con el asesinato de 156 personas —militares, religiosos y miembros de Falange, en su mayoría—, detenidos en el barco-prisión 'Alfonso Pérez'. El asalto al buque se llevó a cabo en dos secuencias: la primera, promovida de una manera exaltada por unos 30 milicianos que irrumpieron en la cubierta y desarmaron a sus vigilantes; la segunda se produjo avanzada la tarde, fue más sistemática y estuvo liderada por Teodoro Quijano Arbizu, director general de Justicia, y el tristemente famoso comisario de Policía del Frente Popular, Manuel Neila.

Las autoridades republicanas se dieron cuenta bien pronto del gravísimo error de seguridad que se había cometido y de las enormes consecuencias propagandísticas que la matanza de los prisioneros iba a tener para su causa. Bruno Alonso, comisario general de Guerra de la provincia, horrorizado por las noticias que le fueron llegando, y ante la ausencia de Juan Ruiz Olazarán, que aquel día se encontraba en Gijón con los responsables del Ejército del Norte, pronunció por la noche una alocución en los micrófonos de Radio Santander solicitando el cese de la venganza ante el ataque aéreo y condenando la venganza posterior.

Aquel día navideño de la infamia, la fecha más negra y sangrienta vivida en la Cantabria republicana, intentó ocultarse de manera bastante torpe y precipitada, aunque las evidencias eran numerosas y el escándalo transcendió rápidamente

Los dirigentes republicanos locales vivieron horas de mucha tensión. Por dejación, omisión o cobardía, muchos de ellos no se posicionaron con claridad. La situación resultó muy comprometida para Olazarán, ya que dos de sus hermanos habían participado activamente en la matanza, como miembros del equipo de policía de Neila.

Aquel día navideño de la infamia, la fecha más negra y sangrienta vivida en la Cantabria republicana, intentó ocultarse de manera bastante torpe y precipitada, aunque las evidencias eran numerosas y el escándalo transcendió rápidamente los límites de la provincia, provocando incluso las protestas diplomáticas del Gobierno británico.

En la documentación oficial de los meses posteriores a la matanza, las autoridades republicanas, con una dosis de cinismo, torpeza y falsedad sorprendente, llegaron a afirmar que los militares del Regimiento de Valencia “fallecieron en el barco-prisión a consecuencia del bombardeo aéreo de la ciudad”. Algo totalmente absurdo, por cuanto el barco no fue alcanzado en ningún momento por las bombas lanzadas por la aviación sublevada.

El “domingo negro” de aquellas navidades de 1936 supuso un golpe irreparable para la credibilidad republicana y fue vengado con creces por los falangistas, una vez que tomaron el control de la ciudad. La matanza del 'Alfonso Pérez' ejerció durante años —todavía hoy lo hace en ciertos sectores sociales— la misma función legitimadora que los asesinatos de Paracuellos para el relato “purificador” de los vencedores y de la enorme represión llevada a cabo posteriormente contra los vencidos.

Durante el medio siglo de la Restauración y, más tarde, durante la breve dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930), la Iglesia católica gozó de una larga lista de privilegios tanto en el terreno económico como en lo social y lo moral. Se trataba de un poder sobre los cuerpos y las almas que había acumulado durante siglos y que, en ningún caso, estaba dispuesta a perder. Por ello, la jerarquía y la mayoría del clero se opusieron con uñas y dientes, con boicoteos y movilizaciones, con amenazas y conspiraciones, al régimen de la Segunda República que consagró en la Constitución de 1931 el laicismo en la sociedad española y la separación de la Iglesia y el Estado.

Este conflicto sirve de punto de partida al historiador Julián Chaves para abordar la historia de la Iglesia durante el primer franquismo (1936-1945) en su ensayo El águila y la sotana (Ático de los Libros), donde relata el férreo control social que el llamado nacionalcatolicismo ejerció de la mano del franquismo. “La Iglesia tuvo muchos privilegios durante la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera”, señala este catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura. “Por ello, las reformas y avances de la República en materia educativa, de reforma agraria o de impulso de derechos y libertades fueron una amenaza para el statu quo eclesiástico. La Iglesia perdió, pues, mucha influencia social y moral, al tiempo que veía limitados sus presupuestos y las ayudas públicas a lo estrictamente necesario”.

El historiador, especialista en la España del siglo XX y autor también de una historia del maquis entre otras obras, añade que la gran mayoría de la cúpula eclesiástica mostró una muy enérgica resistencia frente a gobernantes y leyes republicanas. Cabría, por ejemplo, recordar la pérdida de influencia de la Iglesia y las órdenes religiosas en el sistema educativo ante el empeño del régimen republicano por fortalecer la escuela pública, lo que derivaba en continuos enfrentamientos entre los párrocos y los maestros en multitud de pueblos y de barrios.

La jerarquía no tuvo tampoco ningún empacho en manipular algunas intervenciones de líderes republicanos como cuando arremetió contra el jefe del Gobierno, Manuel Azaña, que proclamó en el Congreso en octubre de 1931 su famosa frase de “España ha dejado de ser católica” en una alusión al laicismo de las leyes y no a ninguna persecución contra los católicos. Lo cierto es que durante los cinco años de etapa republicana en paz, la Iglesia no dejó de conspirar y de amenazar a la República, bien con el apoyo a partidos católicos como la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) o bien con un respaldo casi incondicional a militares golpistas.

Por ello, no resulta de extrañar que, en los primeros compases de la guerra, los obispos, salvo mínimas excepciones, ya calificaran de cruzada el levantamiento contra la República y, por supuesto, bendijeran los esfuerzos bélicos del bando franquista. Hasta tal punto resultó notable la identificación de Ejército golpista con la Iglesia que el escritor José María Pemán, uno de los ideólogos del franquismo, dejó esta arenga en plena guerra civil: “El humo del incienso y el humo del cañón, que sube hasta las plantas de Dios, son una misma voluntad vertical de afirmar una fe y sobre ella salvar un mundo y restaurar una civilización”.

Persecución de la Iglesia en zona republicana

La investigación de Julián Chaves descubre algunos aspectos poco conocidos o resaltados en esta materia como la represión de los obispos, sacerdotes, frailes y monjas en la retaguardia republicana durante la guerra. El catedrático utiliza en su libro un memorándum de enero de 1937 impulsado por el ministro Manuel Irujo, del PNV, que enumeraba las víctimas por motivos religiosos en la zona leal al Gobierno, en especial durante los primeros meses del conflicto. “Los religiosos”, señala Chaves en una charla con elDiario.es, “fueron objetivos preferentes de las milicias incontroladas de anarquistas y, en menor medida, de comunistas que en el verano de 1936 hicieron la guerra por su cuenta y escaparon al control gubernamental. Digamos que en ese periodo del orden revolucionario se impuso al Estado republicano”.

“En total fueron asesinados 6.832 religiosos, entre ellos 13 obispos, lo que significó un 14% de las víctimas en la retaguardia de la zona leal. Conviene subrayar que el Consejo de Ministros rechazó el informe de Irujo que, no obstante, siguió en el Gobierno como ministro en representación del PNV. Tras aquellos terribles meses, la persecución y asesinato de religiosos disminuyó notablemente hasta convertirse en un fenómeno residual”, señala Chaves.

La sociedad española sufrió un retroceso increíble en todos los terrenos. Cualquier avance de modernización fue paralizado y los derechos humanos fueron vulnerados

Julián Chaves — Historiador

Cuando Chaves traza la situación social en las regiones que van conquistando los franquistas, la Iglesia ya prefigura lo que será su papel de control social y moral durante las siguientes décadas y, en especial, en la posguerra. Los bailes podían ser un pecado, fiestas irreverentes como los populares carnavales fueron prohibidos y las restricciones a las libertades llegaban a extremos esperpénticos como las multas por blasfemar en público. De hecho, los sacerdotes se erigen en auténticos martillos de herejes, en expresión célebre en la época, frente a cualquier disidencia moral o de costumbres.

“Está claro”, resalta el autor de El águila y la sotana, “que la sociedad española sufrió un retroceso increíble en todos los terrenos. Digamos que cualquier avance de modernización fue paralizado, los derechos humanos fueron vulnerados y la Iglesia se convirtió, sin duda, en una gran colaboradora de la dictadura de Franco en lo que se ha llamado el nacionalcatolicismo”. En apenas año y medio, durante la última fase de la guerra, el bando sublevado suprimió los matrimonios civiles, derogó la ley de divorcio de 1932, restableció la compañía de Jesús y otras órdenes y eximió de contribución territorial a las propiedades de la Iglesia. Es decir, toda una batería de medidas para devolver todo el poder que la jerarquía católica había tenido hasta la proclamación de la República.

El cardenal Gomá, Pío XII y los nazis

El papel del cardenal Isidro Gomá (1869-1940), arzobispo de Toledo y primado de España durante la Guerra Civil, ocupa una atención preferente en el libro de Chaves, que ha buceado en las manifestaciones públicas y en los documentos de un personaje fundamental en la época. Junto al también cardenal Pedro Segura, Gomá representó al sector más conservador e integrista entre los católicos frente a las escasas voces liberales en aquel periodo como Francisco Vidal y Barraquer. Como ya reseñamos, los únicos disidentes católicos del territorio franquista resultaron ser los sacerdotes vascos y nacionalistas, algunos reprimidos e incluso asesinados por las tropas franquistas. Otro protagonista relevante fue el cardenal Eugenio Pacelli, más tarde elegido papa como Pío XII en marzo de 1939, un pontífice muy polémico por sus actitudes frente al franquismo, primero; y frente al nazismo unos años más tarde.

“Gomá llevó las relaciones del episcopado español con Pacelli durante la guerra”, señala el catedrático Chaves, “y encabezó la carta colectiva de los obispos españoles de apoyo a Franco en 1937 que suscribieron todos los prelados, excepto cinco. Por otra parte, el futuro Pío XII cambió de actitud durante ese periodo. De hecho, pasó de mostrarse crítico con el bando nacional y reticente a las alianzas de los franquistas y falangistas con los nazis a expresar entusiasmo por la victoria de Franco y a manifestarse con tibieza frente a la persecución de los judíos”. “Fue un papa muy contradictorio o quizá se derechizó al acceder al pontificado”, apunta.

No obstante, pese a la absoluta sintonía entre el episcopado y la dictadura, los obispos tampoco escaparon a la brutal censura que aplicó el franquismo a cualquier expresión pública un poco crítica en la posguerra. Gomá llegó a sufrir una prohibición gubernativa que le impidió difundir su pastoral Lecciones de la guerra y deberes de la paz publicada en el boletín del arzobispado en agosto de 1939, recién terminada la guerra. En aquella pastoral filtraba alguna crítica hacia los vencedores y ese incidente lo llevó a enfrentarse con el sector más pronazi del Gobierno franquista encabezado por Ramón Serrano Súñer, cuñado del dictador. El amplio y muy documentado ensayo de Julián Chaves se detiene en 1945 con el final de la Segunda Guerra Mundial, pero este catedrático de Historia Contemporánea no descarta ampliar su investigación sobre las relaciones entre la Iglesia y la dictadura hasta la muerte de Franco. “Se trata de un tema muy interesante y poco estudiado”, concluye.

En la galería de presidentes del Real Madrid no existió la Guerra Civil. El listado que el equipo mantiene publicado en su página web –que empieza en 1900 y acaba con el empresario Florentino Pérez, actual directivo del club– hace un salto en los años que duró la contienda. Sin embargo, entre 1936 y 1939, el equipo tuvo al frente a dos presidentes republicanos que ejercieron el cargo después de que fuera incautado por el Frente Popular. Uno de ellos, Antonio Ortega, fue fusilado solo tres meses después de que los golpistas ganaran la guerra y su cuerpo fue arrojado a una fosa común de Alicante que va camino de abrirse.

Sus restos reposan junto a los de otros 51 represaliados procedentes de unos 15 municipios en la Fosa IX del cementerio, usado por los franquistas para enterrar a quienes mataron entre mayo de 1939 y 1945. “Usaban las llamadas fosas de beneficencia, para personas sin familia o recursos. Las iban llenando una a una y cuando acababan, pasaban a la siguiente. Por eso hay casi una treintena”, explica Jorge García, arqueólogo de Drakkar Consultores, que se ha encargado de exhumar ya una de las fosas y de redactar el proyecto para intervenir la que contiene los restos de Antonio.

“Sería cerrar un ciclo que lleva muchos años abierto”, sostiene su nieto, José Ignacio Echeverría Ortega, desde México, a dónde se exilió la familia tras su muerte. “En alguna ocasión me han comentado que no era importante recuperar unos huesos, que mejor mirar hacia delante, pero sí lo es, la historia trágica del dolor vivido es una parte intrínseca de esos huesos”, añade. La Asociación de Familiares de Represaliados del Cementerio de Alicante (AFRFCA) y el Ayuntamiento de Aspe, de donde eran varias víctimas, están impulsando los trabajos en la fosa y llevan tiempo moviéndose para lograr financiación.

La entidad desconfía de que la Generalitat Valenciana –en manos del PP gracias al apoyo de Vox– vaya a sacar una nueva línea de presupuesto este año para exhumar los enterramientos, por lo que ha reclamado la intervención del Gobierno central. De momento, la apertura de la Fosa IX será financiada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que destinará a ello 50.000 euros, según confirman fuentes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. La asociación espera que antes de verano comiencen los trabajos.

Los huesos de Antonio Ortega están en la ciudad de la Comunitat Valenciana porque fue allí donde fue capturado y fusilado. Era una de las miles de personas que intentaron escapar del país por el puerto de la ciudad, a la espera de unos barcos que solo llegaron para unos pocos. La guerra estaba terminando y la gente se agolpaba para intentar subir a una de las embarcaciones prometidas mientras las tropas franquistas avanzaban. Cuando tomaron la ciudad, la mayoría fueron encerrados en campos de concentración, entre ellos Antonio, que pasó por el de Los Almendros antes de ser condenado a pena de muerte.

Nacido en 1888 en Rabé de las Calzadas, un pequeño pueblo de Burgos, Ortega se convirtió en militar con 18 años entrando en el Cuerpo de Carabineros, que se encargaba entonces de la vigilancia de fronteras y costas. Según ha documentado EFE en un exhaustivo perfil, desde el inicio tuvo una “intensa actividad pro republicana” que incluso le hizo pasar por prisión. Con el tiempo ascendió y el golpe de Estado de 1936 le pilló como teniente. Por eso, durante la Guerra Civil desempeñó un papel clave en el bando republicano, pero su perfil más conocido y el que ha trascendido históricamente es haber presidido el Real Madrid en mitad de la contienda, entre 1937 y 1938.

Entonces el equipo se denominaba Madrid Football Club y estaba bajo el control de una Junta de incautación republicana de la Federación Cultural Deportiva Obrera, una entidad “adscrita al Frente Popular”, sostiene Eduardo González Calleja, catedrático de Historia de la Universidad Carlos III de Madrid y codirector de Historia del Real Madrid, 1902-2002: la entidad, los socios, el madridismo (Everest), publicado en el centenario del club. El experto explica que, durante esta época, el asesor técnico del equipo, Pablo Hernández Coronado, era el “presidente en la sombra”, pero Ortega lo representaba formalmente.

Su familia no ha llegado a saber exactamente cómo acabó en el puesto, pero sí sabe que era cercano al presidente anterior al estallido de la guerra, el republicano Rafael Sánchez Guerra, y a muchos jugadores destacados de la época que eran de Irún, donde Antonio fue destinado. En esta época, el estadio de Chamartín –como era entonces conocido el Santiago Bernabeú– se transformó en centro deportivo y de instrucción del Batallón Deporivo republicano, apunta González Calleja. Pero también organizó partidos amistosos y Ortega intentó sin éxito que el Madrid FC jugara en la Liga Mediterránea. La familia recuerda que Fina, una de sus hijas, llegó a hacer el saque de honor en alguno de los encuentros.

El historiador asegura que Ortega aparece en el libro editado por el Real Madrid en 2002, pero no está reconocido entre los presidentes oficiales del club. El Real Madrid no ha respondido de momento a las preguntas de este medio al respecto.

De Irún a Madrid

Más allá del fútbol, el republicano, que se afilió al Partido Comunista ya avanzada la guerra, “tuvo un papel importante” durante la contienda en el terreno militar, apunta el historiador de la Universidad Complutense de Madrid Pedro Barruso. Se encargó de la defensa republicana de Irún y después fue nombrado gobernador civil de Gipuzkoa, momento en el que 13 militares sublevados fueron fusilados por los republicanos en dos consejos de guerra. Este sería uno de los episodios que marcaría a Ortega, puesto que los franquistas lo utilizarían como uno de los motivos para asesinarle.

Barruso explica que los consejos fueron la respuesta republicana a los bombardeos que dos barcos franquistas estaban lanzando contra la población civil. “El comisario de guerra era el comunista Jesús Larrañaga, que había advertido de que, si continuaban las bombas, habría represalias. Finalmente condenaron a muerte a 13 prisioneros. ¿Fue cosa de Ortega? Él no dio la orden y no estaba de acuerdo, pero era el gobernador civil”. El historiador ha analizado a fondo la correspondencia que el embajador de Francia, Jean Herbette, mantenía con París, en la que da cuenta en varias ocasiones de la situación en San Sebastian. En varios de sus telegramas habla de la “inquietud” que le provocaba a Antonio Ortega la represión en la retaguardia republicana.

En uno de ellos, Herbette asegura que el propio gobernador civil le ha dicho: “Se hablaba de ir a matar a la gente de derechas para vengarse [de los bombardeos]. He pasado una de mis peores noches”. “Esto es demasiado para mí, preferiría luchar en el frente”, le dijo tras el segundo consejo de guerra. Según Barruso, las cartas revelan que Ortega “intercedió para evitar muchos asesinatos y que la guerra no se fuera de las manos”. En una carta del 19 de agosto, Herbette explica a París que Ortega ha ayudado a que Álvaro de Figueroa y Torres, el Conde de Romanones, huya de España.

En varios telegramas posteriores, el embajador cuenta cómo ha visto al gobernador civil “telefonear delante de mí” a las autoridades republicanas de Fuenterrabía, a 20 kilómetros de San Sebastián, “para disuadirles encarecidamente de proceder a la ejecución de rehenes” franquistas. En otro de los textos, cuando ya San Sebastián estaba a punto de ser tomado por los sublevados, Herbette explica que Ortega ha decidido embarcar a los detenidos políticos “con la finalidad de sustraerlos a tentativas de liquidación”.

Tras la entrada de los sublevados en la ciudad, Herbette reconoce que Ortega “ha salvado muchas vidas” –llega a asegurar que “hay 600” combatientes franquistas susceptibles de ser “salvados” facilitando su huida en barcos– y que, como gobernador civil, tomó decisiones en los últimos momentos que “lograron que San Sebastián no fuera destruida por los incendios ni ensagrentada por las masacres”. “Es un mes, el señor Ortega se ha labrado, en plena adversidad, una figura heroica que jamás olvidarán los que han sido testigos de su sencillez, valentía y humanidad”.

“Muero tranquilo”

El militar estuvo después al frente de las Milicias Vascas Antifascistas y combatió en Madrid contra el avance franquista. En 1937 fue nombrado Director General de Seguridad (DGS), un puesto en el que estuvo dos meses y bajo cuyo mandato se produjo la desaparición de Andreu Nin, líder del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). Algunas voces situaron a Ortega como uno de los responsables de lo ocurrido, que con el tiempo se supo que había sido una operación soviética debido a la posición crítica del POUM con Moscú, según apuntan los historiadores.

Agentes del NKVD, que en España estaba representado por el espía ruso Alexander Orlov, fabricaron antes de la entrada de Ortega en la DGS pruebas falsas que supuestamente relacionaban al partido con el espionaje franquista. Esto, unido a la insurrección de la formación en Catalunya contra el gobierno republicano, los enfrentamientos internos y la presión comunista, provocó que la cúpula del POUM fuera detenida. Nin fue apartado del resto de los detenidos para ser interrogado y trasladado por agentes españoles a Alcalá de Henares, donde agentes soviéticos lo secuestraron. Nin fue asesinado y su cuerpo hecho desaparecer sin que aún se sepa dónde están sus restos.

Pedro Barruso explica que las acusaciones contra el POUM de conspirar con Franco “se demostraron que no eran verdad” y al mismo tiempo, sobre la implicación de Ortega, sostiene: “Lo más plausible es que ni tuviera conocimiento. La DGS de Ortega sí tenía algo que decir en la decisión de las detenciones y también de separar a Nin del resto, pero no hay ningún indicio ni documento que le implique en el posterior asesinato. De hecho, estaba en Valencia y Largo Caballero llegó a decir de él que 'no se enteraba de nada”. Fue director solo dos meses“, apunta.

Tras el fin de la guerra, Ortega fue detenido y sometido a un Consejo de Guerra que el 12 de junio de 1939 le condenó a la pena de muerte por un delito de adhesión a la rebelión, según consta en el sumario. En su carta de capilla, a la que tuvo acceso EFE, escribió a su mujer y a sus hijos: “Muero tranquilo, completamente tranquilo, porque soy inocente”.

La familia se exilió a México, donde sigue viviendo su nieto José Ignacio. Su madre, Amalia, la hija más pequeña de Antonio, envió a España una muestra de ADN antes de morir en 2022, poco antes de cumplir 97 años. “Murió sin cumplir con la ilusión de recuperar los restos de su padre. Le había pedido a mi hija Gabriela que, cuando ocurriera, los trasladáramos a la cripta donde están los muertos de la familia. Ojalá lo logremos”, anhela José Ignacio.

Al PP le ha parecido buena idea salir a defender que ya es hora de que Juan Carlos I vuelva a España una vez que los documentos desclasificados del 23F no contradicen la versión oficial sobre su papel como garante de la democracia. Pero la Casa Real ha cortado de raíz este debate, al trasladar que Juan Carlos de Borbón puede volver cuando quiera siempre y cuando traslade a España su domicilio fiscal, que es lo mismo que cerrarle la puerta al regreso. En paralelo tenemos en el Reino Unido a un hijo de reina y hermano de rey al que se le retira el título de príncipe para frenar la sangría de popularidad que asola a la familia real británica tras el último escándalo de uno de sus miembros más destacados.

Con los periodistas de elDiario.es Aitor Riveiro y María Ramírez repasamos cómo se ha dado forma legal e institucional a la degradación oficial de una condición que se supone viene por herencia divina. Con María de la Serna, profesora del Máster en Dirección de Protocolo y Organización de Eventos de la Universidad Europea, analizamos cómo hacen las monarquías para mantenerse en sociedades democráticas y parlamentarias. 

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Carlos Arniches y Martín Domínguez Esteban fueron dos de los arquitectos más relevantes de la modernidad republicana española, coautores de piezas arquitectónicas como el Hipódromo de la Zarzuela o el Instituto-Escuela. Sin embargo, sus trayectorias quedaron truncadas tras la Guerra Civil: uno se recluyó en un exilio interior que lo llevó de Madrid a los poblados de colonización, y el otro continuó su carrera en Cuba y EEUU, condenado a un doble destierro. Ambos conocieron la misma fatalidad: presenciar cómo la dictadura expurgaba del archivo oficial aquella arquitectura en la que la forma nueva y el país imaginado habían constituido un solo proyecto.

La asociación profesional entre Arniches y Domínguez comenzó en 1924, cuando se conocieron en el estudio de arquitectura de Secundino Zuazo, mentor de toda una generación de jóvenes arquitectos comprometidos con la modernidad. Arniches, hijo del prestigioso escritor Carlos Arniches, se había formado en un ambiente culto de la burguesía madrileña y había estudiado arquitectura entre 1911 y 1923 en una escuela todavía marcada por el academicismo. Domínguez, por su parte, procedía de una familia de la alta burguesía de San Sebastián y había residido entre 1918 y 1925 en la Residencia de Estudiantes, donde entabló amistad con Federico García Lorca, con quien coincidía en el deseo de transformar la vieja España agraria y caciquil.

A ese mismo ecosistema intelectual regresaría en 1928 como joven arquitecto para asistir a las conferencias que Le Corbusier impartió en la Residencia: Arquitectura, mobiliario y obras de arte y Una casa-un palacio, un encuentro que marcaría a toda su generación. Ambos compartieron estudio y desarrollaron una arquitectura que buscaba despegarse del historicismo para acercarse a las corrientes centroeuropeas sin renunciar a la tradición cultural española. Su trabajo conjunto se inscribía en el espíritu humanista de la Institución Libre de Enseñanza, pues querían transformar la sociedad en otra más justa, moderna e ilustrada a través del lenguaje arquitectónico.

En 1928, Arniches y Domínguez ganaron el Concurso de Albergues para Automovilistas convocado por el Patronato Nacional de Turismo, un proyecto que buscaba fomentar el turismo automovilístico y actualizar las infraestructuras hosteleras del interior del país. El encargo consistía en construir doce pequeños hoteles de carretera distribuidos por las principales vías españolas, en parajes escogidos por su belleza natural. Su propuesta planteaba soluciones que se adaptarían a las necesidades y características de cada zona en la elección de materiales, garantizando la armonía con el entorno.

Su prestigio se consolidó al ganar en 1934 el Concurso del Nuevo Hipódromo de Madrid, junto al ingeniero Eduardo Torroja. El proyecto presentado para la Zarzuela combinaba deporte y espectáculo utilizando el viejo tema de la plaza como leitmotiv, ahora lineal y abierta a la pista de carreras mediante arquerías que, con las viseras de las gradas, acompañan con sus ondulaciones el máximo esfuerzo del caballo al galope. La estructura de las tribunas constituía una proeza técnica: un sistema de pórticos separados cinco metros, con láminas de hormigón armado que permitían un vuelo de 12,80 metros y un espesor mínimo de cinco centímetros en los bordes.

Arniches y Domínguez quisieron recrear un pueblo en fiestas, donde se mezclaba lo elitista con lo popular. Los muros encalados y las cubiertas de teja árabe desataron críticas de los ortodoxos de la vanguardia, pero los arquitectos no querían romper con el pasado: se trataba de ir al futuro partiendo de las propias tradiciones. Cuando estalló la Guerra Civil en 1936, la obra se hallaba prácticamente terminada, y aunque sufrió fuertes impactos por hallarse en pleno frente de batalla, logró resistir.

El compromiso con la renovación pedagógica

Paralelamente a sus grandes encargos, ambos arquitectos se volcaron en el proyecto de renovación pedagógica de la República. Arniches fue nombrado en 1927 arquitecto de la Junta de Ampliación de Estudios, para la que construyó la Sección Preparatoria del Instituto Escuela, el auditorio y biblioteca de la calle Serrano, el nuevo pabellón de la Residencia de Señoritas Estudiantes, el Parvulario del Instituto Escuela y la Fundación Nacional. En estos edificios, trabajando con muy pocos recursos, terminó afinando una arquitectura de gran precisión técnica y una ejecución especialmente cuidada, donde la luz, la ventilación y los espacios comunes se pensaban a escala humana, como lugares para la conversación y el encuentro más que para el lucimiento monumental. El tema de la plaza adoptaba ahora la variante del claustro como foro de estudio y reflexión.

Su evolución ideológica y profesional quedó reflejada en los artículos que Arniches publicó quincenalmente en el diario El Sol entre 1926 y 1928, bajo el epígrafe La Arquitectura y la Vida, donde defendía que los edificios también educan: en la escuela, en la ciudad o en el ocio, enseñan una manera de estar en el mundo, de habitar el espacio público. Allí explicaba que la nueva arquitectura debía modernizar la sociedad no solo por sus formas, sino porque incorporaba recorridos claros, estancias bien ventiladas y ámbitos de relación que hacían de la vida cotidiana el verdadero centro del proyecto.

Cuando estalló la guerra, Martín Domínguez se ofreció a diseñar las defensas de Madrid junto a otros arquitectos, pensando en levantar obras con parados, pero el rechazo sindical le hizo ver que la contienda estaba perdida. En diciembre de 1936 cruzó a pie la frontera francesa con un salvoconducto y, tras pasar por Amberes rumbo a Veracruz, decidió quedarse en La Habana, donde acabaría firmando proyectos como el Radiocentro CMQ o el FOCSA. Arniches, en cambio, permaneció en España como “arquitecto de trincheras”, renunció al exilio para casarse y asumir la depuración profesional, mientras durante décadas el Hipódromo de la Zarzuela se atribuía casi en exclusiva a Eduardo Torroja y sus nombres quedaban fuera de foco.

Arniches: exilio interior y arquitectura de lo pequeño

Carlos Arniches vivió sus últimas décadas en un exilio interior que se prolongó hasta su muerte en Madrid, en 1958, desplazado de los grandes focos pero no de la práctica cotidiana del oficio. En esos años levantó los poblados de colonización de Algallarín, en Córdoba, y Gévora, en Badajoz, además del Centro de Estudios del Tabaco en Sevilla, piezas discretas si se comparan con el Hipódromo de la Zarzuela pero decisivas para entender la deriva final de su obra. En estos asentamientos rurales, alejados de la escena madrileña de entreguerras, trasladó a un paisaje agrícola sus ideas de escala humana, jerarquía de espacios y centralidad del ámbito público, articulando plazas, calles y equipamientos como una suerte de pequeño teatro comunitario al aire libre.

La arquitectura del régimen lo había arrinconado en los márgenes administrativos, derivando su trabajo hacía encargos menores en apariencia, en los que en cualquier caso, persistió en depurar el mismo vocabulario que había guiado su etapa republicana: volúmenes nítidos, pureza de líneas, una expresividad contenida basada en muy pocos elementos.

Por otro lado, la Cuba que encontró Martín Domínguez era un país en plena ebullición, con una economía expansiva y una vida cultural particularmente intensa. Sin embargo, el Colegio de Arquitectos, en un gesto de cerrada lógica corporativa, se negó a reconocer su título y lo obligó a ejercer bajo la etiqueta de “decorador de interiores”.

Pese a todo, Domínguez empezó a hacerse un lugar en muy poco tiempo. Se asoció con otros arquitectos, como Miguel Gastón y Emilio del Junco, y junto a ellos proyectó para el grupo de comunicación CMQ el edificio Radiocentro, en el barrio del Vedado, inaugurado en 1947 y considerado el primer gran complejo multifuncional de Cuba, con sala de cine, estudios de radio y televisión, oficinas y locales comerciales integrados en una sola pieza urbana. En 1949, durante una visita a La Habana, Walter Gropius, fundador de la Bauhaus, se fijó en esa obra y la citó como un ejemplo modélico de arquitectura concebida como trabajo en equipo.

Domínguez: La Habana y el segundo exilio

El proyecto más audaz de Domínguez en Cuba fue el edificio FOCSA (Fomento de Obras y Construcciones, SA), diseñado junto a Ernesto Gómez Sampera. El edificio, de 39 plantas, se planteó como una pequeña ciudad autosuficiente siguiendo los parámetros de Le Corbusier. El inmueble se estructuraba en dos alas que partían de una charnela central, y su juego de niveles constituía un alarde técnico. Sentidamente le sucedió con este edificio lo mismo que con el Hipódromo, también sería borrado de su biografía: tras la revolución de 1959, el régimen castrista lo condenó al olvido y asignó el edificio oficialmente a Gómez Sampera.

Domínguez se había implicado en la construcción de viviendas sociales para sindicatos, pero pronto identificó los discursos de Fidel Castro como autoritarios, sus críticas a Castro lo llevaron a no poder construir en Cuba nunca más. A finales de abril de 1960, con 62 años, partió de La Habana y se instaló en Estados Unidos donde consiguió una plaza como profesor en la Universidad de Cornell, en Ithaca, ejerció como consultor en programas de vivienda en Latinoamérica y proyectó la casa Lennox en Rochester, su última obra, antes de morir en Nueva York en 1970.

Un premio anual con su nombre recuerda a Martín Domínguez en la Universidad de Cornell, que le dedicó una gran exposición. Arniches, por su parte, está enterrado en Madrid, la ciudad en la que decidió permanecer tras la guerra. Dos arquitectos que imaginaron otra España posible y acabaron, cada uno a su manera, fuera de plano. Sus edificios siguen ahí: el Hipódromo de la Zarzuela resistió los impactos de la guerra y el borrado oficial, el FOCSA continúa en pie frente a la bahía habanera. Son testigos de una modernidad interrumpida y de dos trayectorias que pusieron la arquitectura al servicio de un proyecto de país que nunca llegó a cumplirse.

La Guerra Civil terminó en una habitación sin ventanas. Una mesa y seis sillas en el centro están ocupadas por cuatro militares franquistas y dos republicanos y quedan poco menos de diez días para que el último parte de guerra confirme que el Ejército Rojo está “cautivo y desarmado”. Es 23 de marzo de 1939 y tras una cruenta batalla de tres años provocada por el golpe de Estado franquista, en aquella habitación del aeródromo de Gamonal (Burgos) va a escenificarse el fin del conflicto. Allí los sublevados entregarán a los emisarios del Consejo Nacional de Defensa republicano las Normas para la rendición del Ejército enemigo y ocupación de su territorio.

El documento es un plan técnico y militar redactado por el Cuartel General de Burgos de Franco que dibuja una detallada hoja de ruta con las instrucciones que deben seguir los republicanos para poner punto y final a la guerra. El texto señala que “la rendición de las fuerzas enemigas se hará” en base a varios puntos: “A la hora H del día D (27) se dispararán en todos los sectores del frente tres salvas de artillería [...] A esta señal por cada brigada en línea del frente enemigo saldrá un grupo de emisarios compuesto por un jefe y cuatro oficiales enarbolando bandera blanca y se encaminará a nuestras líneas”. Las órdenes indican cómo debían formar las tropas e incluso dónde depositar su material.

Es parte de la documentación inédita que el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid Gutmaro Gómez Bravo incluye en su nuevo libro –Cómo terminó la Guerra Civil española (Crítica)–, en el que supera los relatos tradicionales. Más allá de los frentes de batalla, Gómez Bravo se adentra en los despachos para reconstruir las últimas semanas del conflicto, con un Ejército Republicano cada vez más agotado y dividido y un mando franquista dispuesto a todo para vencer. “Estamos acostumbrados a versiones ideológicas opuestas, pero frente a la imagen de caída brutal y colapso por un lado y de victoria militar por otro, lo que hay es una negociación para el fin de la guerra y una rendición”, apunta.

Entre los documentos, destaca también la llamada Instrucción nº15, que es la otra cara de la misma moneda: en la práctica, si las Normas estaban dirigidas a los republicanos, estas son las directrices internas que Franco hizo llegar a su Ejército. “El enemigo vencido desea entregarse”, apunta el Cuartel General de Burgos. Son indicaciones para lograr “la ocupación total del territorio rojo”, que debía hacerse “con la mayor rapidez posible”. En el texto se detallan las actuaciones previstas en las zonas que aún eran de control republicano y que divide en Levante, Centro y Sur –entre ellas, estaban capitales como Madrid, Valencia, Murcia o Almería–.

La instrucción describe cómo debían “liberarse” las vías de comunicación y organizarse los almacenes y depósitos. Es decir, cómo tenían que actuar los militares sublevados una vez los republicanos bajaran las armas, a los que debían “descoser la manga” de la chaqueta para “distinguir desde el primer momento a las fuerzas enemigas entregadas”. Se trató de una directriz que Burgos mandó mantener en “secreto” a las tropas para evitar “el efecto moral que pudiera crear la idea de que la guerra se ha terminado”. El texto habla ya de la “reeducación de prisioneros”, marcando las líneas de lo que sería el adoctrinamiento ideológico de la dictadura. Franco pensaba ya en el futuro.

Ambos documentos, que el historiador transcribe en el nutrido anexo documental del libro, los custodia el Archivo General Militar de Ávila, a donde el Ministerio de Defensa transfirió en 2020 una serie del Cuartel General del Generalísimo. Por eso, la “mayoría” de la documentación empleada “nunca ha estado accesible”, dice el autor, que ha estado siete años investigando y ha visitado decenas de archivos tanto en España como en el extranjero. La serie usada como “tronco central” del trabajo es la que corresponde al Servicio de Información y Policía Militar (SIPM), es decir, el aparato de espionaje franquista que entregaba en mano al propio Franco sus informes.

El servicio diseñó una “milimétrica” operación de inteligencia para poner fin a la guerra, empleada a fondo tras la victoria de los golpistas en la Batalla del Ebro en noviembre de 1938. Controló e interceptó las comunicaciones de la República, fomentó su división interna, logró los mapas de las posiciones que aún quedaban por conquistar y “absorbió” a parte de su Ejército. De hecho, el libro revela que militares como los dos que fueron a Gamonal se volvieron “colaboradores” del servicio de inteligencia franquista para precipitar el final. No fue un armisticio ni capitulación, no había nada firmado, pero los golpistas “lograron la captación, entrega y rendición del enemigo desde dentro”. A los mandos de la estrategia estaba el coronel José Ungría con un objetivo muy preciso: “Ganar la guerra y asegurar la Victoria”.

La Nueva España clandestina

Franco siguió y controló personalmente la operación, según acredita la investigación gracias a los informes bajo el epígrafe “Enterado S.E. (Su Excelencia)”, en cuyos márgenes el dictador llegaba a “anotar y escribir” sus reacciones. Le llegaban todas las informaciones que lograba y canalizaba el SIPM. En el archivo, constan sus respuestas: “A Ejército Nacional no interesan como objetivos inmediatos las poblaciones, sino la entrega o destrucción del Ejército rojo o de sus grandes núcleos [...] Deben tener en cuenta nos sobran medios y hombres para lograrlo rápidamente por fuerza armas (sic)”. A veces, aparecen firmados como Terminus, nombre en clave que usaba Franco fuera de Burgos.

Otra de las patas clave de la operación de inteligencia y que Gómez Bravo analiza profusamente es el Consejo Asesor, un organismo secreto franquista que operaba en la clandestinidad en Madrid bajo la dirección de Burgos. Sus integrantes eran destacados miembros de la élite empresarial madrileña (Campsa, MZA o Ferrocarriles), por lo que conocían de primera mano las infraestructuras y disponían de información privilegiada. Lo presidía José María Taboada, secretario de Acción Católica, que logró “cortocircuitar una posible mediación del Vaticano” para pedir a Franco un armisticio.

El Consejo Asesor se reunió hasta 19 veces y sus actas han sido analizadas por el historiador: en la práctica, su misión fue desestabilizar Madrid, prolongar la situación de hambre y de boicot de los suministros y “explotar el enfrentamiento interno” de los republicanos. El libro afirma que fue clave en el golpe que Segismundo Casado, jefe del Ejército del Centro, dio contra Juan Negrín para derribar su Gobierno y tener vía libre a la rendición.

Para todo ello, Burgos ordenó al Consejo Asesor la creación del Partido Único que después regiría en la dictadura y con el que Franco evitaba la confrontación entre carlistas y falangistas. De esta forma, se erigía como “interlocutor político” frente a los republicanos, con los que tuvieron varias reuniones. El objetivo del grupo estaba claro: “Juro ante Dios y los santos evangelios servir lealmente a los grandes ideales de la Nueva España”, repitieron sus miembros mientras besaban un crucifijo en el ritual de fundación, celebrado en diciembre de 1938 en un piso de la calle Alfonso XII, que entonces la República había renombrado como calle Lealtad.

El Día D

El libro narra cómo el día D, que según las actas a las que ha accedido el autor fue añadido en las Normas como el 27 de marzo posteriormente y a mano, el jefe del Ejército del Centro republicano, Adolfo Prada, hace circular a sus mandos las instrucciones, ordena el cese de hostilidades y comienza a ejecutar el plan final. Esa misma tarde, la 40ª Brigada Mixta desplegada en Ciudad Universitaria (Madrid) emite su último parte de información asegurando que se estaban produciendo las señales impuestas en la hoja de ruta mientras van apareciendo banderas blancas en diferentes lugares del frente.

Los republicanos habían intentado renegociar los términos en una segunda reunión en Gamonal. Enviados Casado, al frente del Consejo Nacional de Defensa, los dos militares que, según Gómez Bravo ya trabajaban en colaboración con Franco, reclamaban más tiempo y una retirada más escalonada, además de un documento “escrito” con el que se “garantizaran” las condiciones con las que se estaban rindiendo “para que el pueblo siga con confianza incondicional en toda esta zona”, decían desde el Ministerio de Hacienda de Madrid, sede del Consejo republicano. Sin embargo, los franquistas no lo aceptaron.

Lo que pedía la República por escrito era el compromiso de aplicar las Instrucciones para la rendición redactadas el 6 de febrero por el Cuartel General del Generalísimo, que es otro de los documentos clave que incluye Gómez Bravo. Bajo el primer punto “tenéis la guerra perdida”, el texto ofrecía a los republicanos “el perdón” para quienes “hayan sido arrastrados engañosamente a la lucha”, afirmaba que la militancia en partidos “extraños al Movimiento Nacional” no sería causa de “responsabilidad criminal” o apuntaba a la posibilidad de salvoconductos para quienes “rindan las armas”. El libro revela que las Instrucciones fueron modificadas después para denominarse Concesiones de Franco.

“Sobre todo porque querían ocultar que había habido unas negociaciones. Quisieron disfrazarlo de cesiones magnánimas de Franco”, señala Gómez Bravo, que apunta a que las Instrucciones del 6 de febrero “demuestran” que antes del golpe de Casado contra Negrín del 5 de marzo, que ha ocupado un lugar central en las explicaciones sobre el final de la guerra, “ya habían comenzado las negociaciones” para la rendición. “Desde hacía tiempo la cuestión ya no era si rendirse o no, sino cómo hacerlo. El propio Negrín había mostrado sus condiciones, pero fue cada vez quedándose más aislado. Al final, por un lado fue una rendición voluntaria y por otro, dirigida y forzada”.

El final

El contexto internacional fue una pieza indispensable. “La cuestión es que todo el mundo está de acuerdo con que la guerra acabe, también la URSS, para la que ya no es una cuestión importante, como dice Stalin literalmente”, afirma Gómez Bravo. El movimiento definitivo es el reconocimiento oficial del Gobierno de Franco por parte de Francia e Inglaterra, que se produjo el 27 de febrero. En este punto, la investigación revela algo clave: y es que siete días antes, Franco ya había firmado su adhesión al Pacto anticomunista de Alemania, Italia y Japón, pero “lo mantuvo en secreto”, tal y como revela un telegrama enviado a Berlín por el embajador alemán en España.

“Si se hubiera hecho público entonces, se hubiera puesto en juego el reconocimiento de Francia e Inglaterra, que no iban a dar ese paso a las puertas de la Segunda Guerra Mundial precisamente contra esos países”, explica el catedrático. La firma oficial de la entrada de España al pacto auspiciado por el Eje se produjo en una fecha nada casual: el 28 de marzo, en plena operativa de rendición de la República y el día en que se produjo la entrega de Madrid. Ocurrió en la Ciudad Universitaria de Madrid, escenario de duras batallas para la defensa de la capital, concretamente entre las ruinas del asilo de Santa Cristina y el Hospital Clínico.

Allí se produjo la rendición oficial. Eran las 13.00 horas y poco después las tropas franquistas entraron en Madrid sin hacer “ni un solo disparo”. Ya desde pronto por la mañana, la bandera de los golpistas se había izado en el Ministerio de Hacienda, desde donde los republicanos dirigieron las últimas horas de la República. Casado y otros miembros del Consejo Nacional de Defensa abandonaron los sótanos en dirección a Valencia para coger un barco que les llevaría al exilio. Ante el inminente dominio de los golpistas, miles de personas buscaron en la costa una salida a pesar de que la cúpula republicana sabía que no sería posible. Los franquistas no permitieron una evacuación generalizada y comenzaron a levantar los campos de concentración que albergarían allí a miles de prisioneros. La guerra había terminado y comenzaban cuatro décadas de terror franquista.

La Guerra Civil española la perdieron, entre otros millones de compatriotas, las nueve mujeres que tuvieron escaños en las tres legislaturas de las Cortes de la Segunda República y que Miguel Ángel Villena ha biografiado coralmente en su nuevo libro, Republicanas (Tusquets, 2026). Fueron apenas un puñado entre centenares de diputados varones y algunos de sus nombres han llegado a trancas y barrancas hasta nosotros -Clara Campoamor, Margarita Nelken, Victoria Kent y Dolores Ibárruri- y otros no -María Lejárraga, Matilde de la Torre, Julia Álvarez Resano, Veneranda García Manzano y Francisca Bohigas-. Pero todas ellas, incluida la más conservadora, la pedagoga Bohigas, perdieron la contienda.

El triunfo militar del franquismo hizo retroceder hasta el siglo XIX la causa de la igualdad de las españolas. Tuvieron que pasar cuatro décadas hasta que, una vez muerto el Caudillo, esta causa pudiera volver a ser defendida en nuestro país como una consecuencia lógica de la igualdad de todos los seres humanos y no como una perversión contra natura.

Algunos sostienen ahora que todos los españoles perdieron -perdimos- la Guerra Civil. Es una mamarrachada que desconoce el uso de los verbos de la lengua de Cervantes, y eso que está promovida por un escritor profesional. Puede sostenerse, sin duda, que todos, o casi todos, la sufrieron, pero es un hecho incontrovertible que unos la ganaron y otros la perdieron. Hubo parientes míos en los dos bandos, pero, mientras los republicanos tuvieron que exiliarse para no ser encarcelados o hasta fusilados, los franquistas recibieron medallas, puestos de trabajo y acceso privilegiado a la vivienda. De los primeros, alguno queda todavía en fosas comunes, los segundos reposan todos en cementerios.

En la tarde del pasado lunes, Villena presentó su libro en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados. Le acompañaron la escritora Elvira Lindo y la presidenta del Congreso, Francina Armengol. La presidenta contó que la Mesa del Congreso ha aprobado la colocación de tondos o medallones de las nueve diputadas republicanas en el Vestíbulo de la Reina del palacio de la Carrera de San Jerónimo. Es una decisión independiente de la publicación del libro de mi amigo y, como cabía esperar, contó con el gruñido de la derecha parlamentaria. Hace escasos días, ya fue colocado el primero de ellos, el de Clara Campoamor.

No sé si la trinchera abierta por el golpe de Estado de julio de 1936 es infinita, pero, a mis setenta y un años, puedo afirmar que sigue siendo duradera. Los españoles de nuestro tiempo tenemos que apechugar con el hecho de que unos compatriotas triunfaran y otros resultaran derrotados. Lo padecemos en la pervivencia de tuétano franquista en nuestras instituciones, en las dificultades para llamar malvados a los que lo fueron y homenajear a los leales. De muestra, un botón: Villena lamentó el lunes que las actuales derechas españolas ignoren a Francisca Bohigas, la primera de sus correligionarias en ocupar un escaño parlamentario.

El libro de Villena está escrito con el lenguaje claro y la abundante documentación del buen periodista. Se lo dedica a su abuela materna Teodora, que tanto se emocionó en el mitin que Manuel Azaña pronunció en Mestalla un domingo de mayo de 1935. Y a través de ella, a los cientos de miles de españolas que se alborozaron con la proclamación de la República y la concesión del voto a las mujeres. De su alegría en las calles nos han llegado decenas de fotos, al igual que nos han llegado otras muchas de la combatividad con las que tantas mujeres tomaron las armas en el verano de 1936 para oponerse al golpe de Estado.

El feminismo español no nació en el siglo XXI. Las nueve diputadas republicanas biografiadas por Villena pertenecieron a su primera generación. Mayoritariamente, era un feminismo burgués, vinculado al magisterio e inspirado por el liberalismo y el humanismo de la Institución Libre de Enseñanza. Aunque también tuvo protagonistas entre las clases populares. El caso de la comunista Dolores Ibárruri es el más notorio, pero algunos de ustedes ya deben saber por dónde respiro, así que yo mencionaría también a Mujeres Libres, la organización feminista del movimiento libertario español, y a personajes como Lucía Sánchez Saornil, una de sus fundadoras. Y recordaría que, paradójicamente, la también anarquista Federica Montseny fue la primera ministra de nuestra historia.

Burguesas o proletarias, todas las mujeres que defendieron la República durante la Guerra Civil fueron aún más perdedoras que sus compañeros varones. El fascismo de entonces, como el de hoy, les tenía particular tirria a las partidarias de la igualdad de género. Las tildaba de locas y putas y abolió todas sus conquistas: divorcio, aborto, independencia laboral, económica y vital. También les quitó el derecho a voto en elecciones libres, pero, bueno, eso se lo quitó a todo el mundo.

Un “error de maquetación”, dice Arturo Pérez-Reverte que es el origen de la polémica que rodea al ciclo Letras en Sevilla, en declaraciones a El País. El cartel del encuentro añade ahora signos de interrogación y pasa del inicial ‘1936: La guerra que todos perdimos’ a ‘¿La guerra que todos perdimos? 1936-1939’. El título, una “provocación” según las víctimas del franquismo, y la participación de personajes como José María Aznar, motivó la renuncia del escritor David Uclés.

Los tachones en el póster de la XI Edición de Letras en Sevilla –del 2 al 5 de febrero, coordinada por Pérez-Reverte y Jesús Vigorra– sumaron al coordinador de IU, Antonio Maíllo; la portavoz del PSOE de Andalucía, María Márquez, el escritor Paco Cerdá y la investigadora Zira Box. elDiario.es Andalucía ha consultado a otros ponentes, que sí confirman su asistencia a los actos y, por diversos motivos, han preferido no hacer declaraciones sobre el tema.

El caso es que la propia Fundación Cajasol, que acoge el ciclo, destacó en su primer anuncio el original ‘La guerra que todos perdimos’ como “un título que es toda una declaración de intenciones”. La entidad no ha entrado a valorar el enfoque del evento, el debate suscitado ni si la mutación en el cartel publicitario se debe al error tipográfico al que lo achaca Pérez-Reverte, que hace ahora 30 años firmaba en XLSemanal un artículo con el mismo título que ahora ha sido sustituido, La guerra que todos perdimos.

“La Fundación Cajasol vuelve a depositar toda su confianza en Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, que siempre han tenido libertad para organizar este evento y seleccionar a los ponentes, sin ninguna limitación o censura”, indicó Cajasol en un comunicado. El organismo “quiere remarcar su pluralidad y su defensa de la libertad de expresión para que todas las opciones políticas y todas las sensibilidades encuentren su sitio en esta institución, siempre desde el respeto y el fomento del debate serio y riguroso”, añadieron.

“Sabemos que hubo un bando ganador”

“Ya sabemos que hubo un bando ganador y otro perdedor, eso es una obviedad”, ha justificado el escritor Arturo Pérez-Reverte a El País. Pero “lo que queremos decir”, ha continuado, “es que toda España perdió” con el fracasado golpe de Estado que provocó la guerra civil en “asuntos como la participación de la mujer” o la “reforma agraria” y en que “se perdieron años de República”, sostiene el autor.

La reacción primaria a la retirada de David Uclés no resultó tan conciliadora. “Es un síntoma siniestro, revelador, de lo que precisamente Letras en Sevilla pretende poner de manifiesto con esta su XI edición: el sectarismo y la ignorancia de David Uclés”, firmaron Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra en un comunicado. Los organizadores de las jornadas memorialistas tacharon la decisión de Uclés como un acto “imperdonable descortesía y un incumplimiento de su compromiso”.

“Confiamos en que los posibles lectores presentes o futuros de David Uclés tomen buena nota de todo esto”, advirtieron. “No puedo verme en el mismo cartel que estos dos individuos”, había dicho el autor de La península de las casas vacías –fenómeno editorial del año– en un vídeo difundido en sus redes sociales, en alusión a la presencia del expresidente del Gobierno José María Aznar (PP) y del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros.

Hay otros ponentes que sí han confirmado asistencia, como Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea, que se ha expresaod así en X: “El ruido es infernal. Me invitaron a dar una conferencia en Sevilla Cajasol sobre el final de la guerra y la paz fascista de Franco y allí estaré, 5 de febrero, 18 horas. Hace más de 40 años que investigo, enseño, escribo y difundo historia. Esa es mi trinchera”.

El historiador de la Universidad Complutense de Madrid Gutmaro Gómez Bravo es otro de los nombres confirmados. A pesar de que considera que el título y el cartel de las jornadas reproducen “una visión ideológica” del conflicto y que la historiografía de las últimas décadas “ha demostrado” que la idea de que la Guerra Civil fue “inevitable” no es correcta, considera una “obligación” como historiador acudir a foros “para argumentar con datos en contra de la manipulación del pasado” a pesar de que en ellos haya voces que piensen diferente.

“Que no venda sus principios”

David Uclés se borró del evento para ser “honesto y fiel a los valores que defiendo” y no compartir espacio con personas que “quebraron los derechos fundamentales del ser humano”. La decisión de Uclés también ha motivado un amplio debate sobre la pertinencia o no renunciar a estos espacios.

“Celebro que David venda libros, pero que no venda sus principios”, ha alentado el poeta y director del Instituto Cervantes Luis García Montero en su columna en la Cadena SER. “No quiere participar en un encuentro de clara dinámica manipuladora, al hacer de la guerra una cuestión equidistante para lavarle la cara a los responsables del golpe de Estado que desató en España la violencia y la barbarie”, ha destacado.

“No ha querido aceptar el apoyo de gente interesada en ganárselo para la causa de la cultura reaccionaria”, celebra García Montero sobre la decisión del ganador del último premio Nadal. “La renovación del fascismo es hoy una amenaza”, avisa el poeta, y “confundir todas las voces y mezclarse con la extrema derecha tiene en estos momentos una condición turbia que David no ha querido asumir”, subraya.

Una visión compartida por colectivos memorialistas, que señalan el tufo a “provocación” de las jornadas anunciadas en Sevilla, una de las ciudades con más civiles desaparecidos forzados. La capital andaluza tiene una de las mayores fosas de Europa sin recuperar, conocida como Monumento, y ya sacó de la tierra 1.786 víctimas del franquismo en Pico Reja. En Andalucía hay 50.000 civiles asesinados y 900 fosas, como desveló este periódico.

La exposición 'Mujeres represaliadas por el franquismo en la ciudad de Cáceres' regresa a la capital cacereña impulsada por la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA), una entidad que desde hace años desarrolla una labor imprescindible para la recuperación de la memoria histórica desde una perspectiva feminista. La muestra se inaugura el martes 20 de enero, a las 18.30 horas, en el Edificio Pintores 10 de la Diputación de Cáceres, donde podrá visitarse hasta finales de mes.

Lejos de una visión genérica de la represión, la exposición pone el foco en las mujeres, durante décadas invisibilizadas en los relatos oficiales. Mujeres castigadas no solo por su ideología o militancia, sino también por transgredir el modelo de feminidad impuesto por el franquismo: sumisa, católica y confinada al ámbito doméstico.

Según la investigación de AMECECA, la represión franquista en la ciudad de Cáceres dejó 677 víctimas mortales: 527 asesinadas y 150 fallecidas en prisión. De ellas, 33 eran mujeres —26 asesinadas y siete muertas en la cárcel—. Una cifra menor en términos cuantitativos, pero con una violencia cualitativamente distinta y específica, marcada por el castigo moral, el escarnio público y el control de los cuerpos.

La exposición rescata las historias de nueve mujeres cuyas trayectorias vitales han podido ser reconstruidas con mayor detalle gracias al trabajo en archivos judiciales, documentación histórica y memoria oral.

Isabel Reyes y Francisca Pérez: romper el silencio

En 1919, Isabel Reyes y Francisca Pérez hicieron algo insólito en el Cáceres de la época: tomar la palabra en un mitin obrero para defender a sastras y modistas frente a los abusos patronales. Isabel Reyes se convirtió así en la primera mujer en pronunciar un mitin público en la ciudad. Sastre y militante de UGT, su activismo la situó en el punto de mira de la represión.

Madre de tres hijos, fue sacada de su casa por la fuerza en 1936 y desapareció. Nunca se recuperó su cuerpo. Su historia es la de tantas mujeres extremeñas borradas sin rastro, condenadas al silencio incluso después de muertas.

Saturia, Isidra y Carmen: militancia y desaparición

Saturia, Isidra y Carmen representan a las mujeres trabajadoras que se organizaron en los primeros movimientos sindicales y pagaron un alto precio por ello. Participaron en asambleas, movilizaciones y espacios vinculados a la Casa del Pueblo, desafiando la pasividad femenina que imponía la sociedad patriarcal.

Las tres fueron detenidas tras el golpe de 1936 y desaparecieron. Esposas y madres, arrancadas de sus casas, simbolizan la represión ejercida contra mujeres anónimas cuyo único delito fue alzar la voz o estar vinculadas a entornos republicanos.

Jerónima Rubio, 'La Moñica': organización y castigo

Jerónima Rubio, conocida como 'La Moñica', era lavandera y militante de la Casa del Pueblo. Su esfuerzo por organizar a las trabajadoras la convirtió en objetivo prioritario de los sublevados. Fue ejecutada en 1936, convirtiéndose en un ejemplo temprano de cómo el franquismo castigó con especial dureza a las mujeres que ejercieron liderazgo social.

Rafaela, Ángeles y Asunción Brú Casanova: la represión familiar

Rafaela Brú Casanova, nacida en 1898, fue una figura destacada del activismo comunista en Cáceres durante la Segunda República. Responsable femenina del PCE y militante del Socorro Rojo Internacional, fue detenida tras el golpe, liberada y secuestrada el mismo día de su salida de prisión. Fue asesinada extrajudicialmente junto a su marido en los puentes del Tajo.

Su hermana Ángeles Brú Casanova fue fusilada en enero de 1938, con tan solo 33 años, tras ser acusada de conspiración. Su hijo, de cinco años, fue internado en el Hospicio de Cáceres. Asunción Brú Casanova, también hermana, fue igualmente detenida y ejecutada en la misma ola represiva. La violencia franquista se cebó así con una familia entera, extendiendo el castigo más allá de la militancia individual.

Francisca Rico Navarro: cárcel y supervivencia

Francisca Rico Navarro, lavandera, madre de cuatro hijos y vecina de la calle Calaf, fue detenida en 1937 tras una denuncia vecinal por “desafecto al régimen”. Condenada inicialmente a muerte junto a su marido —fusilado en 1938—, su pena fue conmutada por 30 años de prisión.

Pasó por cárceles como las Oblatas de Santander y Saturrarán, uno de los centros penitenciarios más duros para mujeres presas políticas. Liberada en 1943, sobrevivió al franquismo marcada por el estigma, el exilio interior y la ruptura familiar.

Polonia Mateos Pérez: ejercer, militar y morir

Polonia Mateos Pérez, matrona formada en Madrid y titular de la beneficencia municipal en Arroyo del Puerco, fue una mujer profesional, comprometida con la sanidad pública y el socialismo. Secretaria de la rama femenina del PSOE local, fue detenida tras la entrada de los sublevados y fusilada en Cáceres en enero de 1938. Fue la única mujer de su localidad ejecutada en esa fase de la represión.

Violencia de género y castigo moral

El reportaje y la exposición subrayan que la represión contra las mujeres adoptó formas específicas: rapados, humillaciones públicas, ingesta forzada de aceite de ricino, violencias sexuales, encarcelamientos con hijos pequeños, traslados constantes entre prisiones y la destrucción moral y social tras la excarcelación.

Salir de prisión no significó la libertad. Muchas mujeres vivieron un exilio interno, obligadas a cambiar de residencia, apartadas de sus comunidades y borradas de los archivos oficiales.

La exposición de AMECECA, concebida como un proyecto itinerante y en permanente construcción, cuenta con la colaboración del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres. En un contexto de auge del negacionismo, la muestra reivindica la memoria no como una herida abierta, sino como una herramienta de justicia, reparación y dignidad democrática.

Corren tiempos en los que la ultraderecha siente el viento a favor para su crecimiento y expansión. En crecimiento libre y sin atisbo de techo, por ahora.

Se trata de un hecho global en el mundo occidental, desde Estados Unidos hasta Hungría, pasando por Alemania, donde el canciller Merz y la CDU comienzan a cuestionarse la política de Brandmauer, el cortafuegos a la ultraderecha de AfD.

Pero lo que llama la atención es que, cuando el CIS pregunta por Franco, un 21,3% de los españoles consideren que la dictadura fue buena, incluso muy buena.

Lo terrible es que ese número de neofranquistas, seguramente con poco conocimiento de aquella realidad dictatorial, crece entre los jóvenes y pasa a ser de un 25% cuando se pregunta a menores de 24 años. Uno quiere pensar que se trata más de una boutade de los jóvenes ante el entrevistador de turno, más que otra cosa muy seria.

El Deustobarómetro, de la Universidad de Deusto, este mismo mes de diciembre señala también que el 25% de los jóvenes vascos enmarcados en la llamada generación Z cree que Franco fue un gobernante que “trajo bienestar social a la ciudadanía”. Es un dato que se contradice con el voto real expresado cada elección en Euskadi, pero, si resulta cierto, es para echarse a temblar.

Es evidente que aquí hay un problema, un problema serio. Y no se trata de la implicación de Santiago Abascal en la campaña electoral de Extremadura, donde Vox ha doblado su presencia parlamentaria. Ni de que la presidenta María Guardiola intentara obtener mayoría absoluta adelantando las elecciones en pleno ambiente navideño para provocar abstención y poder así rebañar el caldero electoral, y le haya salido el tiro por la culata, ya que tiene ahora una componenda más complicada aún con la ultraderecha.

En 2023, María Guardiola, dijo aquello de “yo no puedo dejar entrar en mi Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes tiran a una papelera la bandera LGTBI”. Hoy vamos a escuchar otras cosas.

El problema estriba en ese runrún pro dictadura franquista que, animado por determinados eventos como las clases de “historia particular” de gentes como Esperanza Aguirre a los jóvenes del PP, encuentra en las redes sociales, y entre determinados jóvenes, un caldo de cultivo espectacular.

¿Qué hay detrás de eso? ¿Quizá una larga transición que se olvidó rápidamente de Francisco Franco y que cocinó una sopa común con franquistas y antifranquistas en pos de la anhelada recuperación democrática? ¿Quizá un serio déficit en la educación en memoria democrática?

Para algunos de estos jóvenes, y no son pocos según los estudios, lo de Franco fue un tiempo de bondad, tuvo cosas buenas, incluso fue mejor que la actual democracia, nos dicen. Fue una especie de dictablanda, que ahora consideran plausible repetir.

Vamos a ser crudos. Las libertades que instauró la II República Española, fueron cercenadas por la dictadura de Franco, un militar que en sentido estricto traicionó la legalidad vigente. De hecho, previamente, en agosto de 1932, otro militar, el general José Sanjurjo, traicionó también la legalidad vigente y se levantó contra la República. Esa acción le supuso la condena a muerte, aunque fue indultado por el gobierno.

Con el fin de evitar mi propia subjetividad, he preguntado a la inteligencia artificial, más válida que alguna humana, qué hubiera pasado si el golpe militar de Mola y Franco contra la República hubiera fracasado. La respuesta ha sido contundente:

“Franco y los militares sublevados se habrían enfrentado a la justicia republicana por alta traición y rebelión militar, un delito castigado con severidad por la legislación militar de la época, el Código de Justicia Militar, resultando probablemente en consejos de guerra, condenas de prisión o incluso la pena capital para los líderes”.

La misma inteligencia artificial, tan necesaria en las redes sociales, explica que “Francisco Franco fue un militar que lideró el bando sublevado en la guerra civil española y, tras su victoria, instauró una dictadura militar en España que duró casi 40 años, caracterizada por una fuerte represión, control político y social, y un régimen autoritario basado en el nacionalcatolicismo”.

Es decir, basta con aplicar criterios de la IA a la conversación pro dictadura de determinadas redes sociales y de determinados influencers de la ultraderecha para poner un poco de sensatez en este maremágnum neo franquista, que va pasando de lo que era una curiosidad en tiempos de Fuerza Nueva y Blas Piñar a una realidad que amenaza con comerse al Partido Popular o integrarlo en sus entramados ideológicos.

Feia un fred inusual a la matinada del 23 de maig de 1940, quan el general Leandro Sánchez Salazar, acabat de nomenar cap del Servei Secret de Mèxic, es va despertar sobresaltat per una trucada telefònica. “Han intentat matar Trotski”, va dir una veu amb to marcial. El subinspector Galindo deixava entreveure una certa excitació en la veu. Tot seguit va passar a detallar l’intens foc creuat de metralladores portàtils i d’artefactes explosius i incendiaris amb què –contra tot pronòstic– els atacants no havien aconseguit acabar amb la vida del vell revolucionari ni amb la de la seva dona, Natàlia Sedova. “Tots dos han sortit il·lesos. Només el nét de don León, Esteban Volkov, ha resultat ferit al taló per una esquirla de metralla”, va concloure el policia. Mentre el seu subordinat li descrivia els fets, el general va aconseguir vestir-se i pujar al seu vehicle, un vell Chevrolet Deluxe negre, que va arrencar a tota velocitat per l’avinguda Insurgentes en direcció a Coyoacán. Eren les 4.30 de la matinada.

Exactament un any abans de l’atac a la casa dels Trotski, a la localitat d’Olot, a pocs quilòmetres de la frontera catalana amb França, el jove capità del cos de metges voluntaris republicans Ignasi Ponsetí Vives intentava evacuar els últims ferits del front de Barcelona. Malgrat la seva joventut, el metge s’havia guanyat àmpliament el respecte dels seus col·legues i dels nombrosos ferits al seu càrrec, que en el millor dels casos aconseguien travessar la frontera en carros precaris tirats per mules, fugint dels sublevats. Nascut a Ciutadella de Menorca el 1914, Ponsetí es convertiria anys després en un dels traumatòlegs més prestigiosos del món, en part gràcies a l’experiència adquirida com a metge militar durant la guerra.

La Guerra Civil s’accelerava, de manera desordenada i caòtica, cap al seu desenllaç, i amb la derrota republicana s’apagava l’últim alè de l’Espanya republicana. L’escriptora i acadèmica valenciana Helena Percas, companya sentimental de Ponsetí, evoca aquells darrers dies a les seves memòries: “Pocs dies abans del final, Barcelona havia quedat pràcticament indefensa; les tropes feixistes avançaven amb tancs i aviació davant unes forces republicanes ja escasses, mal armades i desmoralitzades”. Percas explica que, a començaments de 1939, amb prou feines quedaven dos combois sanitaris operatius a la zona oriental de la ciutat. “Al personal militar i als civils vinculats als serveis sanitaris se’ls va oferir la possibilitat d’exiliar-se a França; la sortida estava prevista per a la nit del 30 de gener”, assenyala l’escriptora, que acompanyaria Ponsetí durant els seus avatars a l’exili.

Aquella mateixa matinada, el capità metge Moisès Broggi Vallès, cap de cirurgia de l’equip sanitari de les Brigades Internacionals en què servia Ponsetí, va negociar la rendició amb les forces feixistes amb la condició que els pacients ferits no serien executats. Tanmateix, els metges i voluntaris amb militància política van quedar exclosos d’aquesta protecció i es van enfrontar a les represàlies de les tropes franquistes.

El menorquí sabia que no hi hauria compassió per als “rojos” i que, si era detingut, molt probablement passaria la resta de la seva vida a la presó o aniria directament davant l’escamot d’afusellament. L’historiador Bep Portella, autor d’una biografia sobre el cèlebre metge, explica que “com a capità de l’Exèrcit Republicà i voluntari durant tres anys en diferents fronts, el doctor Ponsetí temia l’empresonament o alguna cosa pitjor, per la qual cosa va decidir exiliar-se travessant la frontera francesa el 4 de febrer de 1939”. Segons assenyala l’acadèmic menorquí, els metges voluntaris que es van sumar a defensar la república dins les files de l’Exèrcit Popular “van ser més de 3.000, entre els quals hi havia tres coronels metges, 48 comandants i 294 capitans. Durant la guerra, 165 metges van ser assassinats a la zona nacional, i uns altres 103 serien afusellats a Espanya entre 1939 i 1944”.

Com a capità de l’Exèrcit Republicà i voluntari durant tres anys en diferents fronts, el doctor Ponsetí temia l’empresonament o alguna cosa pitjor, per la qual cosa va decidir exiliar-se travessant la frontera francesa el 4 de febrer de 1939

Bep Portella — Historiador

Els metges de Trotski al Mèxic de Cárdenas

Després d’un penós pas pels Alps francesos, Ponsetí es va establir a Bèziers, on va romandre diversos mesos amagat, prestant servei en petits pobles de la Bretanya francesa. Allà va atendre ferits i exiliats que continuaven arribant des de la frontera pirinenca, amb uns recursos mèdics escassíssims. Va curar membres congelats, gangrenes en diferents fases de descomposició, febres tifoides, tos ferina i nombrosos casos de trastorns mentals derivats d’anys de penúria, guerra i, finalment, derrota. Tot i que la guerra a Espanya havia acabat, l’ombra del feixisme ja s’estenia per tota Europa.

En aquest context va rebutjar una oferta per incorporar-se com a metge a l’exèrcit francès i combatre l’Alemanya nazi. Va decidir, en canvi, acollir-se a l’hospitalitat del president Lázaro Cárdenas, que va obrir les portes de Mèxic al més destacat de la intel·lectualitat republicana. Així, el 27 de juliol de 1939, Ignasi Ponsetí va arribar a Veracruz a bord del vapor Méxique. Posteriorment, el metge menorquí es va instal·lar a la ciutat sagrada dels nahues i, amb ajuda econòmica del Servei d’Evacuació de Refugiats Espanyols, va aconseguir obrir una petita farmàcia a Juchitepec, als afores de Ciutat de Mèxic. Allà va entrar en contacte amb altres exiliats i va fer amistat amb el doctor Juan Farill, metge personal de Frida Kahlo i especialista en medicina ortopèdica, que exerciria una influència decisiva en la seva carrera posterior en aquella disciplina.

Després d’un penós pas pels Alps francesos, Ponsetí es va establir a França i va atendre ferits i exiliats que continuaven arribant des de la frontera amb uns recursos mèdics escassíssims. Més tard va arribar a Mèxic. Allà va entrar en contacte amb altres exiliats i va fer amistat amb el metge de Frida Kahlo

Wenceslau Dutrem era un metge de Barcelona, simpatitzant del PSUC, que es va exiliar després de prestar serveis com a metge al Front d’Aragó. Com tants altres, va arribar a Mèxic després de la guerra i, amb el temps, es va convertir en un important enllaç per als nouvinguts. Va ser membre actiu de la Mutual dels Metges de Catalunya i Balears i un dels principals impulsors de la Borsa del Metge Català a Mèxic, una xarxa de suport professional per a exiliats. D’aquesta manera, després de conèixer Ignasi Ponsetí i l’ortopedista Juan Farill, va acabar exercint com a metge de capçalera de Lev Trotski, especialment a causa de les seves inclinacions polítiques, que van passar de la socialdemocràcia catalanista al quart-internacionalisme furiós.

Tot i que no va ser el metge de capçalera dels Trotski, Ponsetí era sovint consultat pels seus col·legues en matèria sanitària i fins i tot va arribar a fer una revisió mèdica a qui havia estat cap de la Guàrdia Roja. “El vell revolucionari vivia en un complex fortament custodiat, que ocupava tota una illa de cases al carrer Viena, al costat del riu Churubusco. Durant la meva visita li vaig fer un examen mèdic i recordo que em va donar una forta encaixada de mans, com si volgués iniciar una lluita”, va escriure Ponsetí en una carta adreçada al seu germà Miquel, recollida a la biografia publicada per l’historiador menorquí Bep Portella.

Havien passat tres mesos de l’atac amb explosius a la casa dels Trotski i el general Sánchez Salazar encara no tenia una hipòtesi clara sobre qui havia organitzat l’assalt. Dubtava entre un autoatemptat amb finalitats propagandístiques i la versió que l’antic comissari de Guerra de l’URSS li havia donat des del principi: que els responsables eren els membres més destacats del Partit Comunista Mexicà, entre els quals es trobava el famós muralista i pintor David Alfaro Siqueiros. El temps li donaria la raó.

El 20 d’agost de 1940, un cotxe es va aturar davant la farmàcia d’Ignasi Ponsetí i un membre de l’equip de seguretat de Trotski li va demanar que els acompanyàs immediatament, al·legant una emergència. En arribar a la residència, va trobar el lloc envoltat per un centenar de policies, militars i membres del servei secret mexicà. Se li va informar que un dels presumptes col·laboradors de Trotski l’havia colpejat violentament a la part posterior del cap amb un piolet.

Tot i que es va considerar la possibilitat d’una trepanació per salvar-li la vida, l’operació es va endarrerir tant que el vell revolucionari d’origen ucraïnès va morir poc després de l’atac. L’agressor, un agent estalinista d’origen català anomenat Ramon Mercader, va ser detingut i posat a disposició de la justícia mexicana. Les autoritats van sol·licitar a Ponsetí que realitzàs l’autòpsia assistint el doctor Dutrem. “El cos jeia sobre el llit en un bassal de sang, amb el rostre i el cap completament coberts. En agafar-li la mà, vaig comprovar ràpidament que no hi havia signes vitals i vaig confirmar la causa de la mort: un traumatisme directe al cervell”, va comentar el mateix Ponsetí en una carta.

Segons expliquen alguns descendents del doctor Dutrem, mentre la policia s’enduia Mercader cap a la presó on passaria 20 anys empresonat, l’agent soviètic es va adreçar al metge de Trotski en un català perfecte i li va dir: “Doctor, ajudi’m si us plau”. A la qual cosa Dutrem va respondre, potser endevinant el pes històric del que acabava de succeir: “Català havies de ser, fill de puta?”.

La Universitat d’Iowa i el mètode Ponsetí

Després de la seva estada a Mèxic, el doctor Ponsetí va decidir emigrar als Estats Units, on viuria la resta de la seva vida i on es dedicaria plenament a l’ortopèdia pediàtrica, àmbit en què va desenvolupar la part més decisiva de la seva carrera mèdica. A la Universitat d’Iowa, institució a la qual va romandre vinculat durant dècades i on acabaria convertint-se en una figura de referència mundial, va trobar l’entorn acadèmic i clínic que li va permetre combinar la recerca amb una mirada crítica cap als procediments quirúrgics –potser una herència de les moltes cirurgies que va haver de realitzar durant els seus anys com a metge de guerra– per al tractament del peu bot, una afecció infantil que afecta 1 de cada 1.000 nadons arreu del món cada any, segons dades de la Iniciativa Mundial per al Peu Bot. Des de molt aviat, Ponsetí va mostrar una preocupació constant per les conseqüències a llarg termini d’aquestes intervencions en infants, especialment pel que fa al dolor crònic i la pèrdua de mobilitat.

En aquest context va desenvolupar el que avui es coneix com el mètode Ponsetí per al tractament del peu bot congènit: una tècnica revolucionària basada en manipulacions suaus, enguixats seriats i una intervenció quirúrgica mínima que permet corregir aquesta malformació amb un alt grau d’eficàcia. Davant les cirurgies extenses que predominaven en l’època, el seu mètode demostrava que era possible corregir la deformitat respectant l’anatomia i el creixement natural del peu. Els resultats clínics, inicialment rebuts amb escepticisme per la comunitat mèdica, es van acabar imposant per la seva eficàcia, el baix índex de recaigudes i la millora substancial en la qualitat de vida dels pacients. Amb el pas dels anys, el mètode Ponsetí s’ha convertit en l’estàndard de referència internacional i avui s’aplica en hospitals i programes de salut pública de tot el món.

En l’etapa final de la seva vida, Ponsetí va ser testimoni del reconeixement global de la seva tasca, sense abandonar mai una actitud discreta i profundament humanista envers la medicina. Va continuar vinculat a la Universitat d’Iowa fins a una edat molt avançada, supervisant investigacions, formant noves generacions d’especialistes i promovent la difusió del mètode en països amb menys recursos. Va morir l’any 2009, als 95 anys.

Hacía un frío inusual en la madrugada del 23 de mayo de 1940, cuando el general Leandro Sánchez Salazar, recién nombrado jefe del Servicio Secreto de México, despertó sobresaltado por una llamada telefónica. “Intentaron matar a Trotski”, dijo una voz con tono marcial. El subinspector Galindo dejaba entrever cierta excitación en su voz. Acto seguido pasó a detallar el profuso fuego cruzado de ametralladoras portátiles y artefactos explosivos e incendiarios con los que –a pesar de lo esperable– los atacantes no habían logrado terminar con la vida del viejo revolucionario y de su mujer, Natalia Sedova. “Ambos salieron ilesos. Sólo el nieto de don León, Esteban Volkov, ha resultado herido en un talón por una esquirla de metralla”, concluyó el policía. Mientras su subalterno le describía el suceso, el general alcanzó a vestirse y abordar su vehículo, un viejo Chevrolet Deluxe negro, que arrancó a toda velocidad por avenida Insurgentes rumbo a Coyoacán. Eran las 4:30 de la madrugada.

Exactamente un año antes del ataque a la casa de los Trotski, en la localidad de Olot, a pocos kilómetros de la frontera catalana con Francia, el joven capitán del cuerpo de médicos voluntarios republicanos Ignasi Ponsetí Vives trataba de evacuar a los últimos heridos del frente de Barcelona. Pese a su juventud, el médico se había ganado sobradamente el respeto de sus colegas y de los numerosos heridos a su cargo, que en el mejor de los casos lograban cruzar la frontera en precarios carros tirados por mulas, huyendo de los sublevados. Nacido en Ciutadella de Menorca en 1914, Ponsetí se convertiría años después en uno de los traumatólogos más prestigiosos del mundo, en parte gracias a la experiencia adquirida como médico militar durante la guerra.

La Guerra Civil se precipitaba, de forma desordenada y caótica, hacia su desenlace, y con la derrota republicana se apagaba el último aliento de la España republicana. La escritora y académica valenciana Helena Percas, compañera sentimental de Ponsetí, evoca aquellos días finales en sus memorias: “Pocos días antes del final, Barcelona había quedado prácticamente indefensa; las tropas fascistas avanzaban con tanques y aviación frente a unas fuerzas republicanas ya escasas, mal armadas y desmoralizadas”. Percas explica que, a comienzos de 1939, apenas quedaban dos convoyes sanitarios operativos en la zona oriental de la ciudad. “Al personal militar y a los civiles vinculados a los servicios sanitarios se les ofreció la posibilidad de exiliarse a Francia; la salida estaba prevista para la noche del 30 de enero”, señala la escritora que acompañaría a Ponsetí durante sus avatares en el exilio.

Esa misma madrugada, el capitán médico Moisès Broggi Vallès, jefe de cirugía del equipo sanitario de las Brigadas Internacionales en el que servía Ponsetí, negoció la rendición con las fuerzas fascistas bajo la condición de que los pacientes heridos no serían ejecutados. Sin embargo, los médicos y voluntarios con militancia política quedaron excluidos de esta protección y se enfrentaron a las represalias de las tropas franquistas.

El menorquín sabía que no habría cuartel para “los rojos” y que, de ser detenido, muy probablemente pasaría el resto de su vida en la cárcel o iría directo al paredón de fusilamiento. El historiador Bep Portella, autor de una biografía sobre el célebre médico, explica que, “como capitán del Ejército Republicano y voluntario durante tres años en distintos frentes, el doctor Ponsetí temía el encarcelamiento o algo peor, por lo que decidió exiliarse cruzando la frontera francesa el 4 de febrero de 1939”. Según señala el académico menorquín, los médicos voluntarios que se sumaron a defender la república dentro de las filas del Ejército Popular “fueron más de 3.000, entre los que se contaban tres coroneles médicos, 48 mayores y 294 capitanes. Durante la guerra, 165 médicos fueron asesinados en la zona nacional, y otros 103 serían fusilados en España entre 1939 y 1944”.

Como capitán del Ejército Republicano y voluntario durante tres años en distintos frentes, el doctor Ponsetí temía el encarcelamiento o algo peor, por lo que decidió exiliarse cruzando la frontera francesa el 4 de febrero de 1939

Bep Portella — Historiador

Los médicos de Trotski en el México de Cárdenas 

Ponsetí se instaló en Bèziers, donde permaneció varios meses oculto, prestando servicio en pequeños pueblos de la Bretaña francesa. Allí atendió a heridos y exiliados que seguían llegando desde la frontera pirenaica y lo hizo con escasísimos recursos médicos. Curó miembros congelados, gangrenas en distintas fases de descomposición, fiebres tifoideas, tosferina y numerosos casos de trastornos mentales derivados de años de penuria, guerra y finalmente, derrota. Aunque la guerra en España había terminado, la sombra del fascismo se extendía ya por toda Europa.

En ese contexto rechazó una oferta para incorporarse como médico al ejército francés y combatir a la Alemania nazi. Decidió, en cambio, acogerse a la hospitalidad del presidente Lázaro Cárdenas, quien abrió las puertas de México a lo más destacado de la intelectualidad republicana. Así, el 27 de julio de 1939, Ignasi Ponsetí llegó a Veracruz a bordo del vapor Mexique. El médico menorquín se instaló posteriormente en la ciudad sagrada de los nahuas y, con ayuda económica del Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, logró abrir una pequeña farmacia en Juchitepec, a las afueras de la Ciudad de México. Allí tomó contacto con otros exiliados y trabó amistad con el doctor Juan Farill, médico personal de Frida Kahlo y especialista en medicina ortopédica, quien ejercería una influencia decisiva en su posterior carrera en aquella disciplina. 

Tras un penoso cruce por los Alpes franceses, Ponsetí se instaló en Francia y atendió a heridos y exiliados que seguían llegando desde la frontera con escasísimos recursos médicos. Más tarde llegó a México. Allí tomó contacto con otros exiliados y trabó amistad con el doctor de Frida Kahlo

Wenceslau Dutrem era un médico de Barcelona simpatizante del PSUC que se exilió tras prestar servicios como médico en el Frente de Aragón. Como tantos otros, recaló en México tras la guerra y, con el tiempo, se convirtió en un importante enlace para los recién llegados. Fue miembro activo de la Mutual de los Médicos de Cataluña y Baleares y uno de los principales impulsores de la Bolsa del Médico Catalán en México, una red de apoyo profesional para exiliados. Así fue como, tras conocer a Ignasi Ponsetí y al ortopedista Juan Farill, terminó por oficiar como médico de cabecera de León Trotski, especialmente debido a sus inclinaciones políticas que pasaron de la socialdemocracia catalanista al cuarto-internacionalismo furioso. 

Aunque no fue el médico de cabecera de los Trotski, Ponsetí era frecuentemente consultado por sus colegas en materia sanitaria e incluso llegó a realizarle un chequeo al que fuera jefe de la Guardia Roja. “El viejo revolucionario vivía en un complejo fuertemente custodiado, que ocupaba toda una manzana sobre la calle Viena, junto al río Churubusco. Durante mi visita le realicé un exámen médico y recuerdo que me dió un fuerte apretón de manos, como si quisiera iniciar una lucha”, escribió Ponsetí en una carta dirigida a su hermano Miquel, recogida en la biografía publicada por el historiador menorquín Bep Portella. 

Habían pasado tres meses del ataque con explosivos a la casa de los Trotski y el general Sánchez Salazar aún no tenía una hipótesis clara sobre quién había organizado el asalto. Se debatía entre un autoatentado con fines propagandísticos y la versión que el antiguo Comisario de Guerra de la URSS le dió desde un principio: los responsables eran los miembros más destacados del Partido Comunista Mexicano, entre los que se encontraba el famoso muralista y pintor David Alfaro Siqueiros. El tiempo le daría la razón. 

El 20 de agosto de 1940, un coche se detuvo frente a la farmacia de Ignasi Ponsetí y un miembro del equipo de seguridad de Trotsky le pidió que los acompañara de inmediato, alegando una emergencia. Al llegar a la residencia, encontró el lugar rodeado por un centenar de policías, militares y miembros del servicio secreto mexicano. Fue informado de que uno de los presuntos colaboradores de Trotsky le había golpeado violentamente en la parte posterior de la cabeza con un piolet.

Aunque se barajó la posibilidad de una trepanación para salvarle la vida, la operación se demoró tanto que el viejo revolucionario de origen ucraniano murió poco después del ataque. El agresor, un agente estalinista de origen catalán llamado Ramón Mercader, fue detenido y puesto a disposición de la justicia mexicana. Las autoridades solicitaron a Ponsetí que realizara la autopsia asistiendo al doctor Dutrem. “El cuerpo yacía sobre la cama en un charco de sangre, con el rostro y la cabeza completamente cubiertos. Al tomarle la mano, comprobé rápidamente que no había signos vitales y confirmé la causa de la muerte: un traumatismo directo en el cerebro”, comentó el propio Ponsetí en una carta.

Según cuentan algunos descendientes del doctor Dutrem, mientras la policía se llevaba a Mercader rumbo a la cárcel donde pasaría 20 años encerrado, el agente soviético se dirigió al médico de Trotski en perfecto catalán y le dijo “Doctor, ajudi’m si us plau” [Doctor, ayúdeme, por favor]. A lo que Dutrem respondió, quizás adivinando el peso histórico de lo que acababa de suceder: “Català havies de ser, fill de puta? [¿Catalán tenías que ser, hijo de puta?].

La Universidad de Iowa y el método Ponsetí

Tras su paso por México, el doctor Ponsetí decidió emigrar a los Estados Unidos, donde viviría el resto de su vida y donde se dedicó por completo a la ortopedia pediátrica, área en la que desarrolló la parte más decisiva de su carrera médica. En la Universidad de Iowa, institución a la que permaneció vinculado durante décadas y donde acabaría convirtiéndose en una figura de referencia mundial, encontró el entorno académico y clínico que le permitió combinar sus investigaciones con una mirada crítica hacia los procedimientos quirúrgicos –quizás una herencia de las muchas cirugías que debió realizar en sus años de médico de guerra– para el tratamiento del “pie zambo”, una dolencia infantil que afecta a 1 de cada 1.000 bebés a nivel mundial cada año, según datos de la Iniciativa Mundial para el Pie Zambo. Desde muy temprano, Ponsetí mostró una preocupación constante por las consecuencias a largo plazo de esas intervenciones en niños, especialmente en términos de dolor crónico y pérdida de movilidad.

Fue en ese contexto donde el menorquín desarrolló lo que hoy se conoce como “método Ponsetí” para el tratamiento del pie zambo congénito: una técnica revolucionaria basada en manipulaciones suaves, yesos seriados y una intervención quirúrgica mínima que permite corregir esta malformación con un alto grado de eficacia. Frente a las cirugías extensas que predominaban en la época, su método demostraba que era posible corregir la deformidad respetando la anatomía y el crecimiento natural del pie. Los resultados clínicos, inicialmente recibidos con escepticismo por parte de la comunidad médica, acabaron imponiéndose por su eficacia, bajo índice de recaídas y mejora sustancial en la calidad de vida de los pacientes. Con el paso de los años, el método Ponseti se ha convertido en el estándar de referencia internacional y es hoy aplicado en hospitales y programas de salud pública de todo el mundo.

En la etapa final de su vida, Ponsetí fue testigo del reconocimiento global de su trabajo, sin abandonar nunca una actitud discreta y profundamente humanista hacia la medicina. Continuó vinculado a la Universidad de Iowa hasta una edad muy avanzada, supervisando investigaciones, formando a nuevas generaciones de especialistas y promoviendo la difusión del método en países con menos recursos. Falleció en 2009, a los 95 años. 

“El exilio nos ha marcado la vida a todos los que pertenecemos a esta generación tan extraña, a los nacidos en el Magreb sin que ninguno de nosotros supiera qué era el exilio ni por qué nuestros padres vivían tan lejos de España. Es un dolor a veces imperceptible que atraviesa a cientos de familias. Yo también soy exiliada, aunque naciera varios años después de la Guerra Civil. Siempre he dicho que soy un poco de ninguna parte, una unidad compuesta por tres países, Marruecos, donde nací y crecí, Francia, donde hice mi vida adulta, y España. Mi padre nunca quiso volver a saber nada de España. Quiso pasar página, olvidarse de todo lo que había sufrido. Pero este país, del que él fue expulsado a patadas cuando tenía 23 años, está en mis entrañas. Por eso he venido a vivir aquí: para decirles a todos los que quisieron matarlo que aquí estamos sus descendientes”.

En la casa de Cristine Hernández, en Santiago de la Ribera, los álbumes de fotos en blanco y negro apilados en las estanterías hablan por sí solos: ropas finas y sucias de polvo, tierra seca, sudor en la piel, un sol incisivo, un hombre joven y delgado que posa en la puerta de una ambulancia muy antigua, en pleno desierto. La noche del 30 de marzo de 1939, dos días después de haber huido para siempre de España desde Alicante a bordo del buque Stanbrook junto a otros 3.000 desconocidos, ese hombre, un médico extremeño llamado Arturo Hernández, observa recostado sobre la cubierta la silueta de Orán, en la prometedora Argelia francesa. En dos días de travesía por el Mediterráneo nadie ha pronunciado su nombre. Ninguna de esas personas, perseguidas todas por el franquismo, es consciente de que ese viaje que al principio no saben o no quieren llamar exilio será una pesadilla que dejará huella en todas las generaciones que vengan detrás.

Quién puede o se atreve a irse de un día para otro de su propio país, a romper con todo, con la vida que uno ha tenido siempre, con tal de no ser asesinado. Arturo Hernández cree, ingenuamente, que en Argelia nadie podrá averiguar su pasado, ni la razón por la que ha tenido que escapar a toda prisa, ni que su nombre figura ya escrito a máquina en una lista de futuros fusilados. Piensa que allí podrá estar a salvo y recuperar la libertad que después de tres años de guerra ya no sabe imaginar. “Pero se equivoca. Y solo tarda unas pocas horas en darse cuenta”, afirma Cristine, su hija, que ahora tiene 72 años.

Exiliados y prisioneros

La historiadora Victoria Fernández cifra en unas 12.000 las personas que abandonaron España rumbo al exilio en el norte de África, la mayor parte desde Cartagena y Alicante. Todas ellas fueron tratadas allí por las autoridades francesas como delincuentes. Primero fueron detenidas. Después, transportadas como ganado a decenas de campos de concentración. Aquel calvario duró cuatro años, hasta que en 1943 las tropas aliadas devolvieron la legalidad y los derechos humanos. La pregunta de por qué se trató así a los exiliados españoles sigue sobrevolando al cabo de tantísimo tiempo una de las diásporas más desconocidas de la historia reciente de España.

Tres vidas, un mismo exilio

En marzo de 1939, cuando las tropas franquistas penetran de lleno en el sureste español, tres hombres deciden dejar toda su vida atrás para exiliarse en el norte de África. Bonifacio Caparrós, Juan Alcaraz y Arturo Hernández nunca se llegaron a conocer, pero compartieron destino.

Alicante

Elche

El 28 de marzo de 1939, Hernández embarca rumbo a Orán (Argelia) junto a 3.000 personas en el buque Stanbrook

Murcia

Cartagena

Ambos parten hacia Bizerta el 5 de marzo de 1939

Caparrós, con 27 años, a bordo del buque militar Almirante Valdés

Alcaraz, con 18, en el crucero militar Miguel de Cervantes

Tras un mes retenido en la cubierta del buque sin poder bajar, pasa por campos de concentración de Argelia y Marruecos

Es sometido a trabajos forzados

Bizerta

Argel

Túnez

Orán

Jenchela

Camp

Morand

1

3

Kasserine

Melilla

2

1

Se dedica a curar a sus compañeros en cautiverio

Meheri-Zebbeus

Rabat

ARGELIA

1

Gabès

Hadjerat

Bou Arfa

3

4

MARRUECOS

TÚNEZ

Kenadsa

5

2

Colomb-Béchar

Logra sobrevivir a pesar de las torturas recibidas

En 1944, una vez liberado, Caparrós se queda a vivir en Túnez donde se reúne con su familia. Fallece en el exilio en 1955

Tras la liberación, Alcaraz se instala en Orán. Allí conoce a su mujer y forma una familia. No regresa a España hasta que Franco muere. Fallece en 2011

Una vez libre, trabaja en un hospital de Marruecos. En 1971, Hernández se muda con su familia a Francia. Muere allí veinte años después

Muchos murieron en el olvido. Sus travesías dejaron un sinfín de cicatrices que hoy, 86 años después, siguen doliendo de la misma manera

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ

FUENTE: MAPA DE DESPLAZAMIENTOS 1939-62 / "DEL ÉXODO Y DEL VIENTO” - JUAN VALBUENA (ED.)

Tres vidas, un mismo exilio

En marzo de 1939, cuando las tropas franquistas penetran de lleno en el sureste español, tres hombres deciden dejar toda su vida atrás para exiliarse en el norte de África. Bonifacio Caparrós, Juan Alcaraz y Arturo Hernández nunca se llegaron a conocer, pero compartieron destino.

Alicante

Caparrós, con 27 años, a bordo del buque militar Almirante Valdés

El 28 de marzo de 1939, Hernández embarca rumbo a Orán (Argelia) junto a 3.000 personas en el buque Stanbrook

Alcaraz, con 18, en el crucero militar Miguel de Cervantes

Ambos parten hacia Bizerta el 5 de marzo de 1939

Cartagena

Tras un mes retenido en la cubierta del buque sin poder bajar, pasa por campos de concentración de Argelia y Marruecos

Es sometido a trabajos forzados

Bizerta

Argel

Túnez

Orán

Jenchela

Camp

Morand

1

3

Melilla

Kasserine

2

1

Meheri-Zebbeus

1

ARGELIA

Gabès

Bou Arfa

3

4

TÚNEZ

5

Colomb-Béchar

2

Kenadsa

Logra sobrevivir a pesar de las torturas recibidas

En 1944, una vez liberado, Caparrós se queda a vivir en Túnez donde se reúne con su familia. Fallece en el exilio en 1955

Tras la liberación, trabaja en un hospital de Marruecos. En 1971, Hernández se muda con su familia a Francia. Muere allí veinte años después

Una vez libre, Alcaraz se instala en Orán. Allí conoce a su mujer y forma una familia. No regresa a España hasta que Franco muere. Fallece en 2011

Muchos murieron en el olvido. Sus travesías dejaron un sinfín de cicatrices que hoy, 86 años después, siguen doliendo de la misma manera

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ

FUENTE: MAPA DE DESPLAZAMIENTOS 1939-62 /

"DEL ÉXODO Y DEL VIENTO” - JUAN VALBUENA (ED.)

La respuesta, para la investigadora Eliane Ortega, nieta de Gerardo Bernabéu, exiliado desde Alicante a Argelia y nacida en Orán en los años cincuenta, es simple. “En España se hizo correr la mentira de que todos los republicanos eran comunistas. Los franceses tuvieron miedo ante la horda de supuestos comunistas que llegaba a su país. Se creyeron un auténtico bulo. Para evitar el peligro, los encerraron y los sometieron a trabajos forzados, torturas y palizas”. Ortega lleva más de dos décadas tratando de averiguar lo que vivieron los españoles en el Magreb en aquellos años.

Solo 24 horas después de llegar a Orán, Arturo Hernández se convierte en un prisionero anónimo. Recorre dentro de cajas de camiones abarrotadas de exiliados la inmensidad desértica de un país mucho más grande que España. Primero lo llevan a la prisión de Morand. Allí los franceses eligen su destino: será médico en los campos de Colomb-Béchar (Argelia) y Bou Arfa (Marruecos). En ambos los republicanos, cuenta Ortega, construyeron tendidos ferroviarios bajo un calor asfixiante con apenas un litro de agua al día para beber y lavarse.

Hernández muere en 1991 en Annecy, Francia, sin volver a vivir nunca en España. Tras la liberación de los campos consigue trabajo en el hospital marroquí de Uchda. En esa ciudad forma su familia. Su historia, el testimonio de su hija, son un espejo del vendaval de desgracia y desarraigo que persiguió a los españoles que cruzaron el mar para no ser encarcelados o ejecutados por Franco.

4.000 expedientes de la diáspora 

Durante su investigación, Eliane Ortega ha recopilado 4.000 expedientes de prisioneros españoles en los campos de concentración norteafricanos. Comenzó a bucear en archivos argelinos tras leer el diario de su abuelo, en el que narra paso a paso el espanto. Gente común que sufrió sin compasión el hambre, la infección, la debilidad muscular, la tortura, el esfuerzo físico extremo, el frío, el calor, la muerte. “Había campos que eran como cárceles; había explotaciones agrícolas y minas tóxicas; había campos donde se construían las vías del tren o carreteras o puentes en pelotones de 250 trabajadores; había otros concebidos directamente para matar, en los que se pegaban palizas o se enterraban prisioneros vivos”, enumera.

“Hay muchas personas –prosigue Ortega– sepultadas en estos tres países sin que sus familias lo sepan. No se puede conocer con exactitud cuánta gente murió porque no se hacían listas de defunciones. El objetivo de las autoridades era tapar lo máximo posible aquella barbaridad”.

Ortega es hija del exilio. En Orán tuvo una niñez y una adolescencia apacibles en las que evitó las penurias de la posguerra española. “Toda mi familia tiene la condición tan desagradable de ser exiliada. Es una herida abierta, muy dolorosa, que una lleva dentro. Te obligan material, sentimental, política y económicamente a dejarlo todo atrás, a cancelar tus raíces, a cambio de sobrevivir. Duele y no se puede camuflar, por mucho que pase el tiempo”, dice.

Morir en el olvido

A muchos refugiados españoles, ni siquiera después de la muerte se les acabó el exilio. Manuel López Pinal, radiotelegrafista de la Armada republicana que escapó el 5 de marzo de 1939 de Cartagena con la flota naval, compuesta por 12 buques, un submarino y 4.093 personas, murió de tifus en agosto de ese mismo año debido a las condiciones del primer campo de concentración al que lo llevaron, una mina de fosfato en Meheri-Zebbeus, en la zona central de Túnez. Murió sin saber si alguien le recordaría, si sus padres o su novia llegarían a enterarse alguna vez de su desgracia.

El rastro de alguien que muere en un campo de concentración desaparece. A día de hoy, su sobrino, Xosé Manuel López, no ha logrado encontrar sus restos, que yacen enterrados en la negrura de alguna fosa común. Lo único que conserva de él es un simple certificado de defunción del hospital más cercano al campo. “Lo recluyeron en una mina rodeada por alambre de espino, vigilada a todas horas por soldados senegaleses armados. Lo hacían dormir sobre paja llena de piojos. El agua era insalubre. Era todo tan extremo que pronto comenzaron a proliferar las enfermedades. Mi tío fue víctima de fiebres tifoideas. Hubo decenas de muertos como él”, relata.

Xosé Manuel y su familia entera perdió a Manuel López Pinal a los 27 años y desde entonces lo dan por desaparecido. “No hemos podido ni pasar el duelo. Lo hemos buscado por todas partes. Queríamos llevarle flores, sentarnos un rato a su lado, hacer nuestro propio luto. El exilio es una marca indeleble de mi infancia y de mi vida. Es convivir con la idea o la carga de que hay algo que no está resuelto. Cuando hablamos de España y de descendientes de exiliados no hablamos del pasado, porque para nosotros sigue siendo el presente”.

Sobrevivir al campo de la muerte

En la misma flota naval de la que formaba parte Manuel López Pinal, y un mes antes de que Arturo Hernández pasara a ser designado médico de los campos, curando a sus compatriotas sin apenas medios, Juan Alcaraz, miembro de la CNT, huyó de Cartagena a los 18 años en el Miguel de Cervantes, el último barco militar que escapa del puerto cuando las tropas franquistas rodean la ciudad por los costados. Fue de los pocos civiles que logró internarse entre los marinos. También hubo, apunta Victoria Fernández, 20 mujeres y sus hijos pequeños. Fueron alojadas en un antiguo manicomio medio derruido de Bizerta.

“Que mi padre consiguiera una plaza en la flota fue 'una suerte'. Y digo esta última palabra entre comillas, porque él nunca se imaginó lo que iba a vivir. En España dos de sus hermanos mayores fueron detenidos y pasaron cuatro años en la cárcel. Pero mi padre, que era muy joven y no tenía ataduras, se fue sin avisar a nadie. Él creía que iba a la Francia de la igualdad, la libertad y la fraternidad. Pero se había escapado de un infierno para meterse en otro mucho peor”, dice Jeannine Alcaraz, una de las hijas de Juan, de 79 años. Enseña una foto de su padre en uno de los campos, la mirada ya algo fatigada, incluso perdida.

Pasó primero, en Túnez, por Meheri-Zebbeus, de donde salió ileso, y por Gabès, campo ubicado a las puertas del Sáhara que el historiador tunecino Béchir Yazidi califica “de castigo”. Los franceses utilizaban vagones de trenes destinados a caballos para transportar a los detenidos españoles. En Gabès picaban piedra soportando temperaturas de más de 50 grados durante el día y bajo cero por la noche. Para las autoridades francesas, profundiza Yazidi, los exiliados no eran personas: eran despojos, figuras humanas sin identidad ni derechos.

Del desierto, Juan Alcaraz fue llevado a Argelia. Primero al campo de Khenchela, en las montañas del nordeste del país, y luego al de Kenadza, al oeste. Allí, explica Jeannine, conoció el verdadero miedo. “Mi padre, con su ímpetu de juventud, era de los que más protestaba contra las injusticias que todos estaban viviendo. Para intentar callarlo lo sometieron a torturas, como la tumba. Le obligaron a cavar un hueco en la tierra y a permanecer acurrucado en él durante siete días, sin poder moverse, alimentado de agua y pan duro”.

A Juan Alcaraz lo trasladaron después a Hadjerat. Ese nombre aún resuena con fuerza en la memoria y los apuntes de Eliane Ortega. Era conocido como el campo de la muerte. “Los altos mandos les prometían a los presos que no iban a salir vivos de allí. Les obligaban a ver cómo reventaban a latigazos a los demás”, explica la investigadora. El joven logró sobrevivir. No se sabe cómo. Nunca mencionó a su familia ni una sola palabra de todo ese periplo. El silencio es un factor común en cada exiliado que después intenta recuperar una vida ya trastocada para siempre. 

Juan Alcaraz fue camarero de bares y maître de hoteles de Orán y Francia el resto de su vida. Se mudó a Aviñón en 1964 tras la independencia argelina. No regresó a España hasta 1976, cuando Franco ya había muerto. Tenía hermanos pequeños a los que dejó en Cartagena siendo unos niños y no había vuelto a ver desde el 39. Murió en 2011, a los 91 años.

Reencuentro 11 años después

El exilio también podía engullir el porvenir de una familia entera varios años después de su comienzo. El teniente de navío Bonifacio Caparrós, cuyo hijo mayor, del mismo nombre, tiene hoy 85 años y vive en Cartagena, murió exiliado en Túnez en 1955 a los 43 años sin volver a pisar España. Estuvo cuatro años apresado en los campos de Meheri-Zebbeus y Kasserine y enfermó allí del corazón.

Caparrós eludió un seguro asesinato marchándose a bordo del acorazado Almirante Valdés. Su hijo Bonifacio, ahora parado junto al mar en el puerto de Cartagena, nació un mes después de que su padre huyera. Creció sin saber quién era ni dónde estaba. Las cartas que éste intentaba mandar a su mujer cuando estaba preso fueron censuradas por el régimen. Logró comunicarse con ellos después de la liberación, en 1943. Se quedó a vivir en Túnez capital. Encontró un empleo en un barco mercante y ahorró todo lo que pudo para traer a su familia consigo.

Durante ese tiempo, su mujer sirvió como criada a un coronel franquista. Era una parte de la humillación que el franquismo, cuenta Caparrós, hizo pasar a mujeres de los marinos huidos. En 1950 se habían cumplido 11 años desde su exilio, pero al fin lograron reencontrarse los tres en Túnez.  “Nos dimos un abrazo eterno nada más vernos. Acababa de conocer a mi padre. Estar allí era como haber ingresado en otro mundo de libertad. Recuerdo los desayunos de la pensión donde vivimos al principio, el olor del café, la consistencia del pan blanco, el sabor de la leche, del pescado o de la carne. Fue algo más sorprendente para mí, porque yo no conocía otra cosa. Fue sin duda la etapa más feliz de nuestra vida”, cuenta.

El bienestar duró pocos años. “Después de todo lo que pasó, del tiempo que tardó en reunirse con mi madre y conmigo, se puso mucho peor del corazón y murió”.

Bonifacio Caparrós fue enterrado en el cementerio de El Kram, en la capital. La familia regresó a España en 1962, tras la independencia de Túnez. El recién instaurado gobierno trasladó sus restos en el año 1970 sin dar ninguna información al respecto.

“Le destrozaron la vida por defender la democracia”

“El exilio es una cosa que te cambia el mundo, que ha impactado en la forma en que cada uno de nosotros, mis hermanos, que nacieron en Túnez, mis hijos, mis sobrinos, mis nietos, nos hemos ido abriendo camino en la vida. Toda la familia ha crecido con la pregunta de ‘dónde estará el abuelo’”, narra Bonifacio Caparrós. Esa pregunta, por fin, en el verano de 2023, encontró respuesta.

Cuando llegó a la tumba de su padre después de décadas de búsqueda, ya no una tumba, como él recordaba, sino una fosa común abandonada en la esquina de otro cementerio de la capital, Caparrós estaba nervioso. Dice que, al verla, sintió un alivio inmenso. Compró un ramo de flores en una tienda cercana al cementerio. Había traído de España una tela con los colores de la bandera republicana. La colocó junto a la placa de hormigón de la fosa en la que no hay inscrito ningún nombre.

“Sentí que tenía que dejar la bandera ahí con él. A mi padre le destrozaron la vida por defender esa bandera, esa legalidad democrática”, concluye. En el horizonte del puerto de Cartagena, un puerto bastante más luminoso que aquel de 1939, hay buques acorazados de guerra. Es imposible apreciarlo, porque lo borra la curvatura del mundo y la distancia, pero a lo lejos, a tan solo 200 kilómetros, está el Magreb de los migrantes: el Magreb de aquel exilio español.

La conversa bull mentre comencen a arribar els concurrents. Entre cafès i apunts escampats en una llibreta, diversos veïns del municipi mallorquí d'Esporles s'acosten a la taula del cèntric restaurant Es Brollador i comencen a parlar. “Hi ha una clara intencionalitat de les institucions per ocultar el sondeig...”, deixa anar un d'ells. Els presents són part dels coordinadors d'un grup de 74 persones que fa més de dos anys va emprendre una insòlita batalla: reclamar que el Govern espanyol faci pública l'enquesta que l'expresident Adolfo Suárez hauria encarregat el 1976 per preguntar a l'opinió pública, en el context de la Transició, si preferia un Estat monàrquic o republicà, com va confessar el mateix mandatari d'UCD dècades després: “Quan la major part dels caps de Govern estrangers em demanaven un referèndum sobre monarquia o república... fèiem enquestes i perdíem”, va assenyalar. Des de llavors, el silenci institucional és absolut.

Els autors de la iniciativa recriminen, en declaracions a elDiario.es, que l'Executiu central mantingui suposadament sota secret aquest sondeig mentre el president del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), José Félix Tezanos, revelava el passat dimarts el resultat d'una altra enquesta, que també va encarregar Suárez, però ja el 1979. En aquella ocasió, els ciutadans es van inclinar a favor de la monarquia: “Els qui es declaraven partidaris de la monarquia eren un 30,9% i de la república, un 19,7%. Indiferents, el 31,7%”. Durant la seva compareixença, Tezanos va admetre que el problema d'aquella consulta rau en el fet que va tenir “una mostra insuficient de 504 entrevistes”. Malgrat això la seva conclusió va ser clara: en conjunt, va apuntar, “els monàrquics més accidentalistes sumaven un 62%”.

“És una barbaritat que Tezanos digui que hi havia un 62% a favor de la monarquia sense donar la fitxa tècnica. No diu com es va formular la pregunta, quin era el marge d'error ni com es va seleccionar la mostra. I, a sobre, era una enquesta feta a poc més de 500 persones, amb un marge d'error altíssim”, critica Josep Ferrà, integrant del grup de veïns d'Esporles i batle d'aquesta localitat enclavada a la Serra de Tramuntana. Per la seva banda, Domingo, un altre resident, posa l'accent en el fet que Tezanos triés aquest dimarts per donar a conèixer l'enquesta de 1979: “Dona la casualitat que 48 hores abans ens havíem adreçat al president del Govern [d'Espanya] per insistir que publiqui el sondeig de 1976”.

Després de la publicació d'aquest reportatge, el president del CIS ha remès una nota en la qual assegura que no existeix cap registre o document “sobre aquesta suposada enquesta de 1976”, ni els consta que Suárez realitzés cap comentari sobre tal possibilitat. Tezanos assenyala que aquell any es van fer tres grans onades d'enquestes prèvies a la Constitució sobre la possible distribució de les orientacions electorals abans que existissin partits polítics legalitzats. Sobre la de 1979 -a la qual, postil·la l'escrit, l'expresident del Govern espanyol va al·ludir en diverses ocasions-, el CIS apunta que van trobar “documents parcials en les prop de mil caixes de documentació antiga que trobem”.

Confessions a micro tapat

La confecció i els resultats de la suposada enquesta havien dormit el somni dels justos durant diverses dècades fins que una 'relliscada' del mateix Suárez va jugar en contra seva. En una entrevista inèdita que la periodista i biògrafa oficial de la Transició, Victoria Prego, va realitzar el 1995 a l'expolític i que, 21 anys després, seria desvetllada per La Sexta Columna el novembre de 2016, Suárez va reconèixer que, quan el 1977 va impulsar la Llei per a la Reforma Política que eliminaria jurídicament les estructures de l'aparell franquista, va introduir-hi les paraules 'rei' i 'monarquia', amb disposicions com “el Rei sanciona i promulga les lleis” o “el President de les Corts i del Consell del Regne serà nomenat pel Rei”. “Vaig ficar la paraula rei i la paraula monarquia a la Llei i així vaig dir que ja havia estat sotmès a referèndum”, va justificar literalment l'expolític, qui, d'aquesta manera, evitava una consulta expressa sobre monarquia o república i s'assegurava la permanència de la institució dinàstica sense tan sols haver estat sotmesa a votació popular.

Quan la major part dels caps de Govern estrangers em demanaven un referèndum sobre monarquia o república... fèiem enquestes i perdíem

Adolfo Suárez — Entrevista inèdita amb Victoria Prego el 1995

Com s'aprecia en el vídeo inserit en aquest article, Suárez procedeix a tapar el micròfon que porta subjecte perquè no es registressin les seves paraules: explica que va actuar d'aquesta manera perquè els sondejos dels quals disposava el Govern espanyol -i que mai van arribar a publicar-se- anunciaven que el model republicà era el preferit pels espanyols. “Fèiem enquestes i perdíem”, va admetre l'expolític abulenc, qui, durant la dictadura franquista, va ostentar diversos càrrecs públics per, el 1976, ser nomenat líder de l'Executiu central pel rei Joan Carles I. Va morir el 2014, deixant un cúmul d'incògnites i interrogants sobre com es va forjar la Transició. Gairebé cinquanta anys després, les ombres que planen sobre el relat d'aquell històric període continuen sense aclarir-se.  

“La monarquia s'ha construït amb una gran mentida”

Els veïns reunits al centre d'Esporles sostenen que l'ocultació de la consulta de 1976 respondria a un patró segons el qual, “quan capten que socialment no hi ha una majoria a favor de la monarquia, s'amaguen les dades. Va passar a la Transició i ha tornat a passar quan la valoració del rei va caure per sota de 5 al CIS entre 2011 i 2015”, assevera Domingo. Aquest resident recorda que fa anys el baròmetre va deixar de preguntar directament per monarquia o república i es va limitar a mesurar la confiança en la Corona. En aquest sentit, critica que el president d'aquest organisme públic “porta des de 2015 dient que no es pregunta per la monarquia perquè per a la gent no és un problema”. El grup, no obstant això, ha estudiat minuciosament les sèries estadístiques del CIS i els cicles de publicació de dades i assevera: “Quan van començar els suspensos, van retirar la pregunta”.

Domingo Sanz recorda que fa anys el baròmetre del CIS va deixar de preguntar directament per monarquia o república i es va limitar a mesurar la confiança en la Corona. “Quan van començar els suspensos, van retirar la pregunta”, denuncia

El veí diu que aquest patró ja existia a la Transició i incideix en què aquesta es va fonamentar sobre un relat adulterat: “La monarquia s'ha construït amb una gran mentida”, subratlla mentre els altres assenteixen. “No va tenir el suport inicial de la població i es va ocultar. Quan les dades interessaven, es publicaven. Quan no, s'oculten”, afegeix Ferrà, qui considera que es tracta d'“un joc molt esbiaixat” atès que “tots els aparells mediàtics que acompanyen les institucions fan reflotar aquesta narrativa perquè la monarquia sigui acceptada”.

La Llei franquista de Secrets Oficials

Per damunt d'això, el primer edil considera “molt greu” que “s'ocultin aquestes coses en democràcia amb una llei de secrets franquista”. Es refereix, en concret, a la Llei de Secrets Oficials que es va aprovar el 1968, amb el règim de Franco en vigor, i en la qual les institucions s'emparan per no fer públic el sondeig de 1976 al qual es va referir Suárez. En una resposta oferta el 5 d'abril de 2023 al senador Vicenç Vidal, qui milita a Més per Mallorca, l'Executiu central al·ludia a l'elaboració d'un avantprojecte de llei que pretén substituir la norma encara vigent. “El Govern està compromès amb l'elaboració de l'Avantprojecte de Llei d'Informació Classificada que actualitzi el règim jurídic preconstitucional en aquesta matèria, tal com passa als països del nostre entorn”, responia aleshores l'Executiu, reconeixent, potser implícitament, l'existència de l'enquesta que se li va formular a l'opinió pública espanyola dos anys abans d'aprovar-se la Constitució. “Aquesta és l'autèntica enquesta”, comenta Domingo.

Les institucions s'emparen en la Llei de Secrets Oficials de 1968, aprovada amb el règim franquista en vigor, per no fer públic el sondeig de 1976 al qual es va referir Suárez

Ferrà va més enllà: “El més greu és que en un Estat democràtic s'estiguin ocultant coses que van passar durant la dictadura, que és el que s'està fent en aquest cas, quan aquesta llei franquista no obliga a ocultar-les. Un govern democràtic pot desclassificar el que vulgui i, si no ho fa, és perquè no li dóna la gana, perquè ha publicat coses que també estaven sota aquesta mateixa llei”. “Quin barem democràtic té Espanya amb aquesta llei de secrets d'Estat?”, es pregunta. I sentencia: “El Govern [espanyol] protegeix la dictadura”.

Sobre la nova norma que prepara l'Executiu central, alerta que permetria bloquejar documents durant dècades “sense necessitat de justificar-ho davant la ciutadania” -el text estableix un mínim de 45 anys, prorrogables de forma motivada a un màxim de 60-. El batle confia que “els comptadors no arrenquin des de zero” per als documents classificats actualment, en línia amb altres veus crítiques que temen que els terminis del secret dels documents es reiniciïn i aquests continuïn algunes dècades més sota sigil, buidant així la memòria col·lectiva i mantenint ocultes determinades zones fosques de la història contemporània. “Ara estem veient com la població jove no sap ni qui és Franco ni què és la Transició. D'aquí a 40 o 50 anys, la feina de desmemòria que s'haurà fet serà total”, recela.

La llei de secrets franquista no obliga a ocultar. Un govern democràtic pot desclassificar el que vulgui i si no ho fa és perquè no li dóna la gana. ¿Què barem democràtic té Espanya amb aquesta llei de secrets d'Estat? El Govern [espanyol] protegeix la dictadura

Josep Ferrà — Membre del grup i batle d'Esporles

La trobada a Es Brollador avança i la frustració es barreja amb la determinació. Alguns proposen escriure de nou als grups parlamentaris que donen suport al Govern central; altres creuen que caldrà explorar noves vies legals. L'únic segur és que no pensen rendir-se, atès que, en la seva opinió, el que ha succeït no és un detall històric menor, sinó un element que hauria canviat la forma en què diverses generacions es van acostar a la Transició i a la cultura democràtica.

“Si s'hagués conegut aquesta enquesta, tindríem una societat molt millor”, subratlla Domingo, qui considera que “els professors d'història haurien pogut explicar el sondeig sense por que en cada classe es generés una petita guerra civil”. En aquesta línia, subratlla: “Si s'hagués conegut que Espanya en aquell moment preferia república, els professors haurien pogut dir a milions de nens i adolescents: 'Aquest és el país en què vivim'”. La veu li tremola lleugerament en recordar els infructuosos intents per aconseguir que el Govern d'Espanya recapaciti: “Envies un escrit i res. És desesperant. Estem molt fotuts”.

Si s'hagués conegut l'enquesta, tindríem una societat molt millor i els professors d'història haurien pogut explicar els seus resultats sense por que en cada classe es generés una petita guerra civil. Si s'hagués conegut que Espanya en aquell moment preferia república, els professors haurien pogut dir a milions de nens i adolescents: 'Aquest és el país en què vivim'

Domingo Sanz — Membre del grup

Al gener de 2024 un grup de jutges i juristes de Balears, entre els quals es troben José Castro -conegut per dirigir la instrucció del cas Nóos- i Juan Pedro Yllanes -qui va renunciar a presidir el judici contra Iñaki Urdangarin i la infanta Cristina per accedir a la política de la mà de Podem-, van remetre una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la qual li reclamaven que es desclassifiqui tota la informació relativa a l'enquesta de 1976. Igual que els veïns d'Esporles, volen arribar al fons d'aquesta qüestió per conèixer si, efectivament, els qui van tutelar la transició de la dictadura franquista a la democràcia parlamentària van blindar mitjançant aquests dubtosos mètodes la continuïtat d'un règim caduc sota el parapet de la monarquia i van impossibilitar que la bandera de la República pogués onejar de nou als balcons de les institucions.

El gener de 2024 un grup de jutges i juristes de Balears, entre els quals es troben José Castro i Juan Pedro Yllanes, van reclamar al Govern que es desclassifiqui la informació relativa a l'enquesta de 1976 per conèixer si els qui van tutelar la transició del franquisme a la democràcia parlamentària van blindar mitjançant dubtosos mètodes la continuïtat del règim

En la seva missiva, reclamaven que, juntament amb els resultats del referèndum de la Llei de la Reforma Política -elaborada pel president de les Corts franquistes Torcuato Fernández Miranda-, el Govern central proporcioni l'entrevista que Prego va realitzar a Suárez i en la qual, recorden, aquest “va desvetllar que abans del referèndum de 1976 havia ordenat la realització d'enquestes, que no va publicar, i que li van permetre organitzar el referèndum per obtenir els resultats que li interessaven i assegurar la continuïtat de la monarquia que el dictador havia restaurat el 1947 mitjançant la Llei de Successió del cap d'Estat”. A través d'aquesta norma, Franco va establir que Espanya, com a unitat política, era un Estat catòlic, social i representatiu que, d'acord amb la seva tradició, es declarava constituït en regne, reservant-se d'aquesta manera la facultat de proposar a les Corts la persona que havia de ser cridada, al seu dia, a succeir-lo a títol de rei.

A Esporles, mentrestant, els veïns no descarten emprendre noves accions després de Nadal. Malgrat el cansament acumulat, els seus integrants mantenen la convicció que la societat mereix saber què pensaven realment els espanyols el 1976, quan Adolfo Suárez va decidir mirar aquelles xifres i callar.

La conversación hierve conforme comienzan a llegar los concurrentes. Entre cafés y apuntes desperdigados en una libreta, varios vecinos del municipio mallorquín de Esporles se acodan en la mesa del céntrico restaurante Es Brollador y empiezan a hablar. “Hay una clara intencionalidad de las instituciones por ocultar el sondeo...”, desliza uno de ellos. Los presentes son parte de los coordinadores de un grupo de 74 personas que hace más de dos años emprendió una insólita batalla: reclamar que el Gobierno haga públicas las encuestas que el expresidente Adolfo Suárez habría encargado en 1976 para preguntar a la opinión pública, en el contexto de la Transición, si prefería un Estado monárquico o republicano, como el propio mandatario de UCD confesaría décadas después: “Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república... hacíamos encuestas y perdíamos”, señaló. Desde entonces, el silencio institucional es absoluto.

Los autores de la iniciativa recriminan, en declaraciones a elDiario.es, que el Ejecutivo central mantengan supuestamente bajo secreto aquellos sondeos mientras el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, revelaba este martes el resultado de otra encuesta, que también encargó Suárez, pero ya en 1979. En esa ocasión, los ciudadanos se inclinaron a favor de la monarquía: “Los que se declaraban partidarios de la monarquía eran un 30,9% y de la república, un 19,7%. Indiferentes, el 31,7%”. Durante su comparecencia, Tezanos admitió que el problema de esa consulta radica en que tuvo “una muestra insuficiente de 504 entrevistas”, pese a lo cual su conclusión fue clara: en su conjunto, apuntó, “los monárquicos más accidentalistas sumaban un 62%”.

“Es una barbaridad que Tezanos diga que había un 62% a favor de la monarquía sin dar la ficha técnica. No dice cómo se formuló la pregunta, cuál era el margen de error ni cómo se seleccionó la muestra. Y, encima, era una encuesta hecha a poco más de 500 personas, con un margen de error altísimo”, critica Josep Ferrà, integrante del grupo de vecinos de Esporles y alcalde de esta localidad enclavada en la Serra de Tramuntana. Por su parte, Domingo, otro residente, hace hincapié en el hecho de que Tezanos eligiese este martes para dar a conocer la encuesta de 1979: “Da la casualidad de que 48 horas antes nos habíamos dirigido al presidente del Gobierno para insistir en que publique el sondeo de 1976”.

Tras la publicación de este reportaje, el presidente del CIS ha remitido una nota aclaratoria en la que asegura que no existe ningún registro o documento “sobre esa supuesta encuesta de 1976”, ni les consta que Suárez realizara ningún comentario sobre tal posibilidad. Tezanos señala que aquel año se hicieron tres grandes oleadas de encuestas previas a la Constitución sobre la posible distribución de las orientaciones electorales antes de que existieran partidos políticos legalizados. Sobre la de 1979 -a la que, apostilla el escrito, el expresidente del Gobierno aludió en varias ocasiones-, el CIS apunta que hallaron “documentos parciales en las cerca de mil cajas de documentación antigua que encontramos”.

De esa forma, prosigue, recuperaron la encuesta realizada en 1979 con una muestra de 504 entrevistas que él mismo dio el pasado martes a conocer. “Lo exiguo del tamaño de la muestra hace que los márgenes teóricos de error de tal estudio sean elevadísimos y, por lo tanto, poco representativos”, continúa la nota, en la que recalca que “dio a conocer inmediatamente esta encuesta nunca publicada, debido al indudable interés histórico de la misma”. Tezanos recuerda que en el Senado leyó literalmente la pregunta de dicha encuesta e informó “de todos los datos disponibles”. “En ningún momento en mi comparecencia en el Senado hablé sobre la existencia de otra encuesta diferente”, admite, asegurando no haber tenido conocimiento de las peticiones de los vecinos.

Confesiones a micro tapado

La confección y los resultados de la supuesta encuesta había dormido el sueño de los justos durante varias décadas hasta que un 'desliz' del propio Suárez jugó en su contra. En una entrevista inédita que la periodista y biógrafa oficial de la Transición, Victoria Prego, realizó en 1995 al expolítico y que sería desvelada por La Sexta Columna en noviembre de 2016 -nada menos que 21 años después-, Suárez reconoció que, cuando en 1977 impulsó la Ley para la Reforma Política que eliminaría jurídicamente las estructuras del aparato franquista, introdujo en ella las palabras 'rey' y 'monarquía', con disposiciones como “el Rey sanciona y promulga las leyes” o “el Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino será nombrado por el Rey”. “Metí la palabra rey y la palabra monarquía en la Ley y así dije que ya había sido sometido a referéndum”, justificó literalmente el expolítico, quien, de este modo, evitaba una consulta expresa sobre monarquía o república y se aseguraba la permanencia de la institución dinástica sin tan siquiera haber sido sometida a votación popular.

Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república... hacíamos encuestas y perdíamos

Adolfo Suárez — Entrevista inédita con Victoria Prego en 1995

Como se aprecia en el vídeo insertado en este artículo, Suárez procede a tapar el micrófono que lleva sujeto para que no se registraran sus palabras: explica que había actuado de esta forma porque los sondeos de los que disponía entonces el Gobierno -y que nunca llegaron a publicarse- anunciaban que el modelo republicano era el preferido por los españoles. “Hacíamos encuestas y perdíamos”, admitió el expolítico abulense, quien ostentó varios cargos públicos durante la dictadura franquista y fue en en 1976 nombrado líder del Ejecutivo central por el rey Juan Carlos I. Murió en 2014, dejando tras de sí un reguero de incógnitas e interrogantes acerca de cómo se fraguó la Transición. Casi cincuenta años después, las sombras que sobrevuelan el relato de aquel histórico periodo continúan sin despejarse. 

“La monarquía se ha construido con una gran mentira”

Los vecinos reunidos en el centro de Esporles sostienen que la “ocultación” de la consulta que habría sido realizada aquel año respondería a un patrón según el cual, “cuando captan que socialmente no hay una mayoría a favor de la monarquía, se esconden los datos. Pasó en la Transición y ha vuelto a pasar cuando la valoración del rey cayó por debajo de 5 en el CIS entre 2011 y 2015”, asevera Domingo. Este residente recuerda que hace años el barómetro dejó de preguntar directamente por monarquía o república y se limitó a medir la confianza en la Corona. En este sentido, critica que el presidente de este organismo público “lleva desde 2015 diciendo que no se pregunta por la monarquía porque para la gente no es un problema”. El grupo, sin embargo, ha estudiado minuciosamente las series estadísticas del CIS y los ciclos de publicación de datos y asevera: “Cuando empezaron los suspensos, retiraron la pregunta”.

Domingo Sanz recuerda que hace años el barómetro del CIS dejó de preguntar directamente por monarquía o república y se limitó a medir la confianza en la Corona. “Cuando empezaron los suspensos, retiraron la pregunta”, denuncia

El vecino señala que ese patrón ya existía en la Transición e incide en que esta se cimentó sobre un relato adulterado: “La monarquía se ha construido con una gran mentira”, subraya mientras los demás asienten. “No tuvo el apoyo inicial de la población y se ocultó”, añade Ferrà, quien considera que se trata de “un juego muy sesgado” dado que “todos los aparatos mediáticos que acompañan a las instituciones hacen reflotar esa narrativa para que la monarquía sea aceptada”.

La Ley franquista de Secretos Oficiales

Por encima de esto, el primer edil considera “muy grave” que “se oculten estas cosas en democracia con una ley de secretos franquista”. Se refiere, en concreto, a la Ley de Secretos Oficiales que se aprobó en 1968, con el régimen de Franco en vigor, y en la que las instituciones se amparan para no hacer público el sondeo de 1976 al que aludió Suárez. En una respuesta ofrecida el 5 de abril de 2023 al senador Vicenç Vidal, quien milita en Més per Mallorca, el Ejecutivo central aludía a la elaboración de un anteproyecto de ley que pretende sustituir a la norma aún vigente. “El Gobierno está comprometido con la elaboración del Anteproyecto de Ley de Información Clasificada que actualice el régimen jurídico preconstitucional en esta materia, tal y como ocurre en los países de nuestro entorno”, respondía entonces el Ejecutivo, reconociendo, quizás implícitamente, la existencia de la encuesta que se le formuló a la opinión pública española dos años antes de aprobarse la Constitución. “Esta es la auténtica encuesta”, comenta Domingo.

Las instituciones se amparan en la Ley de Secretos Oficiales de 1968, aprobada con el régimen franquista en vigor, para no hacer público el supuesto sondeo de 1976

Ferrà va, incluso, más allá: “Lo más grave es que en un Estado democrático se estén ocultando cosas que ocurrieron durante la dictadura, que es lo que se está haciendo en este caso, cuando esa ley franquista no obliga a ocultarlas. Un gobierno democrático puede desclasificar lo que quiera y, si no lo hace, es porque no le da la gana, porque ha publicado cosas que también estaban bajo esa misma ley”. “¿Qué baremo democrático tiene España con esta ley de secretos de Estado?”, se pregunta. Y sentencia: “El Gobierno protege la dictadura”.

Sobre la nueva norma que prepara el Ejecutivo central, alerta de que permitiría bloquear documentos durante décadas “sin necesidad de justificarlo ante la ciudadanía” -el texto establece un mínimo de 45 años, prorrogables de forma motivada a un máximo de 60-. El alcalde confía en que “los contadores no arranquen desde cero” para los documentos clasificados en la actualidad, en línea de otras voces críticas que temen que los plazos del secreto de los documentos se reinicien y estos continúen varias décadas más bajo sigilo, vaciando con ello la memoria colectiva y manteniendo ocultas determinadas zonas oscuras de la historia contemporánea. “Ahora estamos viendo cómo la población joven no sabe ni quién es Franco ni qué es la Transición. De aquí a 40 ó 50 años, el trabajo de desmemoria que se habrá hecho será total”, recela.

La ley de secretos franquista no obliga a ocultar. Un gobierno democrático puede clasificar lo que quiera y si no lo hace es porque no le da la gana. ¿Qué baremo democrático tiene España con esta ley de secretos de Estado? El Gobierno protege la dictadura

Josep Ferrà — Miembro del grupo y alcalde de Esporles

El encuentro en Es Brollador avanza y la frustración se mezcla con la determinación. Algunos proponen escribir de nuevo a los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno; otros creen que habrá que explorar nuevas vías legales. Lo único seguro es que no piensan rendirse dado que, en su opinión, lo sucedido no es un detalle histórico menor, sino un elemento que habría cambiado la forma en que varias generaciones se acercaron a la Transición y a la cultura democrática.

“Si se hubiera conocido esta encuesta, tendríamos una sociedad mucho mejor”, subraya Domingo, quien considera que “los profesores de historia habrían podido explicar el sondeo sin miedo a que en cada clase se generara una pequeña guerra civil”. En esta línea, subraya: “Si se hubiera conocido que España en ese momento prefería república, los profesores habrían podido decir a millones de niños y adolescentes: 'Este es el país en el que vivimos'”. La voz le tiembla ligeramente al recordar los infructuosos intentos por lograr que el Gobierno recapacite: “Mandas un escrito y nada. Es desesperante. Estamos muy jodidos”.

Si se hubiera conocido la encuesta, tendríamos una sociedad mucho mejor y los profesores de historia habrían podido explicar sus resultados sin miedo a que en cada clase se generara una pequeña guerra civil. Si se hubiera conocido que España en ese momento prefería república, los profesores habrían podido decir a millones de niños y adolescentes: 'Este es el país en el que vivimos'

Domingo Sanz — Miembro del grupo

En enero de 2024 un grupo de jueces y juristas de Balears, entre quienes se encuentran José Castro -conocido por dirigir la instrucción del caso Nóos- y Juan Pedro Yllanes -quien renunció a presidir el juicio contra Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina para acceder a la política de la mano de Podemos-, remitieron una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le reclaman que se desclasifique toda la información relativa a la supuesta encuesta de 1976. Al igual que los vecinos de Esporles, quieren llegar al fondo de esta cuestión para conocer si, efectivamente, quienes tutelaron la transición de la dictadura franquista a la democracia parlamentaria blindaron la continuidad de un régimen caduco bajo el parapeto de la monarquía e imposibilitaron que la bandera de la República pudiera ondear de nuevo en los balcones de las instituciones.

En enero de 2024 un grupo de jueces y juristas de Balears, entre quienes se encuentran José Castro y Juan Pedro Yllanes, reclamaron al Gobierno que se desclasifique la información relativa a la supuesta encuesta de 1976 para conocer si quienes tutelaron la transición del franquismo a la democracia parlamentaria blindaron mediante dudosos métodos la continuidad del régimen

En su misiva, reclamaban que, junto a los resultados del referéndum de la Ley de la Reforma Política -elaborada por el presidente de las Cortes franquistas Torcuato Fernández Miranda-, el Gobierno proporcione la entrevista que Prego realizó a Suárez y en la que, recordaban, este “desveló que antes del referéndum de 1976 había ordenado la realización de encuestas, que no publicó, y que le permitieron organizar el referéndum para obtener los resultados que le interesaban y asegurar la continuidad de la monarquía que el dictador había restaurado en 1947 mediante la Ley de Sucesión de la jefatura del Estado”. A través de esta norma, Franco estableció que España, como unidad política, era un Estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se declaraba constituido en reino, reservándose de este modo la facultad de proponer a las Cortes a la persona que debía ser llamada, en su día, a sucederle a título de rey.

En Esporles, mientras tanto, los vecinos no descartan emprender nuevas acciones después de Navidad. Y, pese al cansancio acumulado, sus integrantes mantienen la convicción de que la sociedad merece saber qué pensaban realmente los españoles en 1976, cuando Adolfo Suárez decidió mirar aquellas cifras y callar.

Cuando se cumplen 50 años de la muerte de Francisco Franco, siguen saliendo a la luz episodios desconocidos o poco divulgados de la posguerra y la dictadura. El cineasta José Luis Tirado (Sevilla, 1954) ha querido aportar su parte con el documental La muralla de los prisioneros, que se estrenará hoy, 27 de noviembre, en los cines Odeón Bahía Plaza de la localidad de campogibraltareña de Los Barrios. En esta cinta se narra cómo el régimen franquista empleó a 30.000 jóvenes prisioneros republicanos para construir lo que dio en llamarse la Muralla del Estrecho.

“Aunque la historia está muy localizada, este documental no tiene un planteamiento localista”, asevera el director. “Algo así puede surgir en cualquier lugar, pero al mismo tiempo es importante que revierta en el territorio, porque los habitantes de ese lugar son los depositarios de la memoria. Es importante que los vecinos sepan y cuenten a los que llegan como fueron las cosas. Ahora hay sectores que plantean que el franquismo no fue tan malo. Por eso lo primero que ataca el documental es la estrategia de la reacción, que empieza por descontextualizar”.

Contextualicemos, pues: fue con el final de la Guerra Civil cuando el bando sublevado, en el marco de la alianza con Hitler y Mussolini suscrita durante la II Guerra Mundial, trazó el Plan de Fortificación de la Frontera Sur con la idea de atacar la base británica de Gibraltar y controlar el tráfico marítimo. Un proyecto cuyos frutos forman todavía hoy parte del paisaje de la comarca: cientos de construcciones militares como búnkeres, nidos de ametralladoras, baterías artilleras, así como pistas militares, garitas, cuarteles y letreros de ‘zona militar’ permanecen incluso en zonas turísticas, siendo consideradas por muchos vestigios de la Guerra Civil española.

“Nada más lejos de la realidad”, apunta Tirado, “principalmente porque en esta parte del territorio español no hubo guerra. El golpe de estado de julio de 1936 triunfó inmediatamente, y lo que le siguió fue una práctica de represión y terror, no hubo enfrentamiento entre dos ejércitos. Y en segundo lugar, porque estas construcciones comienzan a realizarse desde 1939”. Algo ya sabido por los historiadores, entre los que sobresale la labor de José Manuel Algarbani, cuyas aportaciones han sido fundamentales para el documental junto a los testimonios de vecinos y supervivientes de aquellos Batallones Disciplinarios de Trabajadores, a los que se suma abundante material gráfico inédito.

Construir lo destruido

Siguiendo el relato de Tirado, tras la Guerra Civil el régimen de Franco establece diversas modalidades de represión, entre ellas los trabajos forzados en lo que se denominaría la ‘redención de penas por el trabajo’. “Durante el avance de las tropas golpistas era práctica reglamentada el exterminio total del enemigo (entendiendo por tal a todo aquel que no simpatice con el llamado Alzamiento), no dejarlos en la retaguardia, para no tener que alimentar y cargar con bolsas de prisioneros, a los que dedicar soldados de vigilancia, etc. Pero esta práctica de exterminio pronto llamó la atención de los corresponsales extranjeros destinados a cubrir las noticias de la guerra, con el consiguiente escándalo internacional, que mermaría simpatías hacia los sublevados. Y, sobre todo, por el pensamiento ‘pragmático’ de destacados religiosos de la orden de los jesuitas – Fernando Huidobro y José Agustín Pérez del Pulgar-, que más o menos vinieron a plantearle al Estado Mayor franquista la siguiente cuestión: si los matamos a todos, ¿qué mano de obra tendremos para construir lo que estamos destruyendo?”

En el caso concreto del entorno del Estrecho de Gibraltar, “la construcción de estas obras no obedece a un plan de obras civiles, sino a un Plan de Fortificación militar. El control sobre el Peñón y el Estrecho permitiría a Franco negociar con Hitler y Mussolini el reparto de las colonias del norte de África y reclamar para sí las colonias francesas de Argelia, Túnez y Marruecos”, agrega el director. “Otra singularidad de este fenómeno represivo es que el Campo de Gibraltar fue el lugar de mayor concentración de prisioneros de toda la España de posguerra; en un corto período de tiempo, desde 1939 a 1944, fueron usados 30.000 prisioneros, aproximadamente, como mano de obra esclava”.

Ni reconocimiento, ni reparación

Lo llamativo es que de aquellos 30.000 jóvenes enviados al Campo de Gibraltar y encuadrados en los Batallones Disciplinarios de Trabajadores, tanto los que murieron a causa del esfuerzo, el hambre, las enfermedades y el trato de los mandos militares (los historiadores llevan contabilizados solo en esta zona unos 600), como los que sobrevivieron, ninguno ha recibido un reconocimiento ni reparación por parte de los diferentes gobiernos tras la llamada transición democrática. “Este documental pretende ser un paso más para ese reconocimiento, junto a la labor de los historiadores”, subraya el director. “Sería necesario, además de la intención que hay de llevar este trabajo a los centros de enseñanza, informar del significado de estas construcciones mediante señalización adecuada al pie de cada una de ellas”.

Convencido de que en cada localidad española sigue habiendo historias soterradas como esta, rastros de represión y abuso que salen a la luz “con solo rascar un poquito”, José Luis Tirado considera que estos hechos se presentan a prueba de bulos y manipulaciones. “La Ley de Amnistía sirvió para que se autoamnistiaran los verdugos del régimen, y la transición también contribuyó a la amnesia. Pero hay también un movimiento memoralista muy potente que no lo va a permitir. Estoy convencido de que va a seguir adelante la verdad. Los hechos son verídicos y contra ellos los bulos no tienen nada que hacer”.

Cecilio, Luis y Alejandro fueron ejecutados hace 88 años en una noche oscura de septiembre de 1937 en Miera (Cantabria). Los tres eran de Castro Urdiales, soldados del denominado Frente Norte del ejército de la República. Los vecinos del pueblo les enterraron, con el miedo y el riesgo a ser descubiertos y represaliados, en la zona civil del cementerio de Mirones, junto a un muro de piedra. Años después el Obispado acabó por integrar este recreo laico y unificó todo el camposanto como cementerio católico.

Ochenta y ocho años después de su fusilamiento han comenzado los trabajos para desenterrar a los tres vecinos que comparten una fosa común: Cecilio Romaña Ortañeche, Luis Portillo San Emeterio y Alejandro Miquelarena Quintana. Lo han pedido sus familias, apoyadas por la Asociación Héroes de la República. “Esperamos que las tareas de exhumación tengan buen término y que se puedan identificar los restos y puedan ser entregados a sus descendientes, con el honor que merecen”, expresa Jorge Suárez, presidente del colectivo memorialista.

La exhumación de la fosa la impulsa el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática mientras que la Asociación reprocha que el Gobierno de Cantabria no ha hecho nada “a pesar de haber sido requerido varias veces por nosotros y que le obliga a ello la ley de Memoria Democrática”, cuestiona Suárez.

La fosa estuvo en todo momento localizada. Sobre ella, las familias erigieron un sencillo monolito recordando a las tres personas que allí yacen.

La exhumación se produce en el contexto de la futura construcción de un cementerio nuevo al lado del que ya existe, que se ha quedado pequeño y sin nichos disponibles. Lo anunció hace siete meses el Ayuntamiento de Miera. El futuro camposanto ya será municipal, no propiedad del Obispado como el actual.

Mirones, el pueblo de Pin el Cariñoso

Mirones es el pueblo de Pin el Cariñoso. José Lavín Cobo, un mítico guerrillero antifranquista asesinado a tiros en la calle Santa Lucía de Santander en 1941, que perteneció a la Brigada Libertad. Se echó al monte en 1937 y lideró una brigada antifranquista que mantuvo en jaque a la Guardia Civil en aquella primera posguerra en la zona del Miera y del Pas. Junto a él estuvieron Belisario Lavín Cobo, Nemesio Hazas Arce, su hermano Rafael 'El Ferroviario', Constantino 'El Madrileño', Ramiro Agudo, Andrés 'El de la Valienta', Plácido, Manuel, Raimundo Casar Acebo 'Tampa', Domingo Samperio 'Rada', Marcos Lavín Cobo 'Cenizo', su primo Pedro Lavín 'Melenas' y Orestes García. Además de una mujer: Dolores Lavín Cobo 'Lola'.

Formó un grupo de resistencia tan esquivo que la Guardia Civil llegó a decretar la evacuación de la comarca para ver si lo capturaba. Durante nueve meses establecieron un perímetro y obligaron a todos los vecinos a marcharse de sus casas.