Arranca esta semana la campaña de la renta y, como cada año, vuelve el viejo debate sobre los impuestos. Para el PP y determinados círculos empresariales pagamos demasiados, vivimos en un infierno fiscal, aunque la realidad se obstine en decir lo contrario. Más allá del trámite, conviene mirarlo desde la economía real: la de las familias que las pasan canutas. Porque es ahí donde el sistema fiscal deja de ser una abstracción y se convierte en un mecanismo concreto y central de redistribución de la riqueza. Y en un momento en el que dos grandes grietas —la vivienda y la pobreza infantil— condicionan la vida de millones de personas, esa función adquiere un sentido especialmente tangible.

La pobreza infantil, en particular, resume bien el problema: empezar mal la carrera te marca para siempre. Por eso gana fuerza la idea de abordarla como un derecho desde el inicio. El ministro Pablo Bustinduy lo plantea con claridad al defender una prestación universal por crianza. No como una ayuda condicionada, sino como un mecanismo eficaz que llega a todos de forma inmediata. Y quien no la necesite la devolverá vía impuestos. Es decir, la redistribución no se hace en la puerta de entrada, sino a través del sistema fiscal, como ocurre con la sanidad, la educación o las pensiones. Si quieres profundizar en el tema, te recomiendo esta entrevista.

El enfoque del ministro conecta con una corriente económica cada vez más influyente. Carles Manera, catedrático de Historia Económica y consejero del Banco de España, insiste en que invertir en infancia es la política con mayor retorno posible, mientras que el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, sitúa el debate en la necesidad de un nuevo contrato social: menos redistribución ex post y más predistribución de oportunidades. En palabras de Costas: esto va de cómo tratamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes antes de que entren en el mercado de trabajo. Las tres ideas apuntan en la misma dirección: garantizar condiciones de partida más igualitarias no solo es justo, también es eficiente. Y España, con niveles de pobreza infantil anómalamente altos, tiene ahí un margen de mejora evidente.

Pero es que a todo lo anterior se suma otra presión estructural: el envejecimiento. Viviremos más y necesitaremos más cuidados, lo que obliga a construir un sistema público adaptado a esta nueva realidad, como contamos en la nueva edición de nuestra revista trimestral: ‘El sueño de la vida eterna. Una vieja aspiración entre la realidad y el delirio'. No se trata solo de gastar más, sino de gastar mejor. De nuevo, hablamos de derechos que requieren financiación estable y sostenida en el tiempo.

Y ahí es donde la campaña de la renta vuelve a cobrar sentido. Si la vivienda y la infancia deben ser derechos, y si los cuidados van a ser el próximo gran pilar del Estado del bienestar, alguien tiene que sostenerlos. La respuesta pasa por reforzar la progresividad: que los que más tienen aporten más. No solo porque de esa contribución depende que las prestaciones universales funcionen con la eficacia que se les presupone, sino por equidad.

El gráfico

El titular del gráfico es lo que dicen los datos analizados por este diario sobre qué hogares se benefician más de la rebaja de impuestos a los combustibles, una de las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para paliar la subida de precios provocada por el despegue del crudo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, y que cuenta con el respaldo del Congreso. Te las recuerdo por si ahora no caes: una reducción del IVA de los combustibles al 10% y otra del tipo impositivo del Impuesto sobre Hidrocarburos en los productos más consumidos, como son el gasóleo y la gasolina sin plomo, entre otros. El texto también recoge una bajada de los impuestos de la electricidad. 

Por cierto, no sé si sabes que esta semana Bruselas ha advertido a España de que rebajar el IVA de los combustibles al tipo reducido del 10%, se desvía de la normativa europea sobre este impuesto, aunque también es cierto que la Comisión no va a tomar ninguna medida al respecto.

Volviendo al gráfico, según los datos, si segmentamos a la población en diferentes grupos en función del nivel de ingresos —siendo los más ricos quienes ingresan más de 5.000 euros al mes y los que menos, quienes no superan los 1.000 euros— los más favorecidos por estas medidas fiscales son, por tanto, los hogares que más ingresos disponibles tienen, que pueden ahorrar unos 25 euros de media al mes, frente a unos nueve euros de media en los escalones más bajos. 

Gran parte del plan se basa en bajar impuestos para todos.

—¿Por qué no se ha apostado por ayudas más focalizadas en quienes realmente no pueden pagar la factura, en lugar de beneficiar también a rentas altas?“ —pregunté hace unos días a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante el VI Foro Económico de elDiario.es.

Se fue un poco por la tangente. Si te interesa la entrevista la tienes en este enlace, y si quieres saber más sobre el asunto del gráfico pincha aquí.

El dato

1,7%

Es el porcentaje de asalariados que fueron contratados en 2025 gracias a la intermediación de las oficinas públicas de empleo. Son dos décimas menos que en 2024. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), 319.700 asalariados obtuvieron el año pasado un puesto de trabajo gracias a la intermediación de una oficina pública de empleo.

Un poco desastre tratándose de un servicio público y teniendo en cuenta que en España hay aún 2,4 millones de parados, casi el 10% de la población activa, pese al nuevo récord histórico de trabajadores, con casi 21,9 millones de personas de media afiliadas a la Seguridad Social. El SEPE y los servicios de empleo de cada comunidad llevan años en el punto de mira, al parecerse más a un registro de parados que un servicio para encontrar empleo.

Este dato contrasta con el registrado por las empresas de trabajo temporal (ETT), cuya tasa de intermediación duplica la de las oficinas públicas de empleo, según Europa Press. Las ETT y las agencias de empleo sellaron 4,36 millones de contratos de puesta a disposición en 2025, según cálculos de la patronal del sector, Asempleo.

La plantilla del SEPE se estimaba en 2025 en unas 7.400 personas, un millar menos que en 2019, que se ocupan de coordinar el pago de las prestaciones; son las llamadas políticas pasivas. Las activas –buscarte empleo—dependen de los servicios autonómicos de empleo. El de Andalucía (SAE), uno de los más grandes tiene más de 3.000 empleados dedicados a la orientación y gestión. Catalunya (SOC) y Comunidad de Madrid (Empléate) cuentan también con estructuras robustas que superan los 2.000 efectivos cada una para atender a sus respectivos mercados laborales.

No todo nos parece mal 

Buenas noticias para Grifols. La multinacional de hemoderivados catalana ha comunicado la intención de colocar en la bolsa de Estados Unidos una participación minoritaria de su negocio de Biopharma en este país. Bloomberg la cifra en el 20% del capital. Se trata de su división estrella –el año pasado le aportó 6.487 millones de euros de un total de 7.524– e incluye el desarrollo y la comercialización de medicamentos derivados del plasma humano (proteínas plasmáticas) y otras terapias biotecnológicas. Las principales proteínas plasmáticas que produce esta división a nivel global son las inmunoglobulinas, indicadas para tratar inmunodeficiencias primarias, por ejemplo; la albúmina, para restaurar el volumen circulatorio, o bien otras como el factor VIII o la alfa-1 antitripsina, destinadas a tratar trastornos o deficiencias genéticas.

El plasma es la parte líquida de la sangre y Grifols se encarga de fraccionarlo para poder obtener las proteínas plasmáticas que comercializa.

Fuentes del mercado han asegurado a EFE que el negocio de Biopharma en EEUU tiene una valoración empresarial superior a los 20.000 millones de dólares.

La operación está pensada para reducir la deuda y coger pulmón financiero “para respaldar la inversión en sus prioridades estratégicas de crecimiento”, apuntó la compañía en un comunicado. Grifols cerró 2025 con una deuda financiera neta por valor de unos 8.818 millones de euros, por lo que continúa siendo una ratio de apalancamiento elevada. Si Biopharma es la principal división de negocio para Grifols, EEUU es un país realmente relevante para la multinacional, aunque no detalla exactamente cuánto aporta ese país. Contando todas las divisiones de negocio, la región formada por EEUU y Canadá aportó 4.253 millones de euros en 2025, el 56,5 % del total, mientras que la UE reportó 1.613 millones, el 21,44 %, y la región denominada Resto del Mundo generó otros 1.657 millones (22 %).

Tipos (y tipas) de interés

Sube Arcadi España, ministro de Hacienda. Hay perfiles que irrumpen y otros que se deslizan con naturalidad por las costuras del poder. Arcadi España pertenece a estos últimos: hijo de un histórico del PSPV, formado en la cultura de partido y con una habilidad notable para situarse junto a quien debía estar en cada momento. En ese ecosistema es una virtud muy cotizada.

Aunque ha tenido un paso por la esfera privada como asesor financiero en AFI, ha vivido poco al margen de la política. Discípulo político de Ximo Puig, fue ganando peso en la Generalitat Valenciana hasta pilotar la Conselleria de Hacienda. Allí construyó un perfil de gestor con discurso —esa idea suya de que los impuestos “dan civilidad a una sociedad” lo define bien—, aunque no logró esquivar del todo las críticas. Las más persistentes apuntan a una gestión con más relato que huella, especialmente si se compara con su predecesor y maestro, Vicent Soler, más combativo y reformista. También se le reprocha haber rebajado la presión sobre la infrafinanciación valenciana, tras la salida de Mariano Rajoy de la Moncloa.

Ahora, ya en el Ministerio de Hacienda, le toca comprobar si ese equilibrio entre discurso y práctica aguanta en primera línea. Tiene por delante dos pruebas que no admiten retórica: sacar adelante unos Presupuestos en un Congreso fragmentado y encarar de una vez la reforma del modelo de financiación autonómica.

Nos gusta la competencia 

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

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Los niños y niñas no votan, pero representan un 17,3 % de la población andaluza. Son más de 1,4 millones de menores en Andalucía, y 183.990 de ellos viven hoy en situación de pobreza severa. Sin embargo, la pobreza infantil “nunca” aparece entre las preocupaciones que recoge el 'CIS andaluz': dominan el empleo, la vivienda o la sanidad, problemas que también afectan directamente a la infancia, aunque rara vez se aborden desde esa perspectiva.

Frente a esta realidad, desde Save the Children Andalucía defienden que la protección de la infancia debe situarse en el centro de la agenda política. Con elecciones autonómicas en el horizonte, la organización trabaja en hacer llegar a los partidos una batería de propuestas bajo una premisa: impulsar una estrategia integral contra la pobreza infantil que dependa directamente de la Presidencia de la Junta y no solo de una consejería.

“A este ritmo, necesitaríamos seis o siete generaciones para erradicarla”, advierte Javier Cuenca, el director de Save the Children en Andalucía, durante la conversación que mantiene con la edición andaluza de elDiario.es, a escasos meses de las elecciones autonómicas. “Lo que más nos preocupa es qué vamos a hacer si entra la ultraderecha en el gobierno”, avanza sobre sus prioridades para la próxima legislatura.

Andalucía sigue liderando los índices de pobreza infantil en España. ¿Estamos ante un problema estructural ya cronificado?

Si miras la serie histórica de datos de pobreza infantil, ves que eso no baja porque no hay una política decidida. Incluso en etapas de crecimiento económico, cuando vemos mejorar indicadores como el PIB o la actividad empresarial, las tasas de pobreza —tanto general como infantil— apenas bajan unas décimas. Si siguiéramos a este ritmo, necesitaríamos seis o siete generaciones para erradicarla. Eso indica que no estamos ante un fenómeno coyuntural, sino estructural. Tiene que ver con una falta de cohesión social, de guetizar directamente la vida de la gente, tanto a nivel de planificación urbana hasta el acceso a oportunidades de trabajo y de desarrollo.

¿Cree que la pobreza infantil se está abordando correctamente desde las políticas públicas?

Los políticos, da igual el color, tienen una percepción de que hay una pobreza estructural y que contra esa pobreza no podemos hacer nada. Al final el discurso es la resignación, aceptar que eso está ahí y que es muy complicado sacarlos de los barrios marginales. Y también pensar que en el fondo ellos no quieren salir de ahí. Uno de los errores, también del actual gobierno de la Junta, es depositar siempre la responsabilidad de luchar contra la pobreza infantil en una consejería determinada, que en este caso es la Consejería de Inclusión Social, cuando una situación de pobreza hay que abordarla con una acción de gobierno completa. Cuando un niño tiene problemas de vivienda, de educación, de alimentación, si los padres tienen problemas de empleabilidad... eso requiere una intervención integral que exige una política de Gobierno, liderada por la Consejería con un presupuesto.

Es como una carrera, salen del mismo punto, pero uno sale con la condición de atleta y el otro con una mochila con 25 kilos

¿Tienen los políticos una visión estereotipada de lo que es la pobreza?

Existe una visión bastante estereotipada y en muchos casos también cierta culpabilización. Es la visión de que es un tema heredado y no les corresponde a ellos terminar con la pobreza infantil. A veces se transmite la idea de que las familias no quieren salir de esa situación o que viven de las ayudas, cuando la realidad que vemos en nuestro trabajo es muy distinta. Las familias con las que nosotros trabajamos siempre dicen que ellos no están en economía sumergida por gusto y haciendo malabares para llegar a final de mes.

¿Y puede ser que se esté responsabilizando a los padres de no gestionar bien las políticas sociales?

Hay varios indicadores que favorecen que un niño pueda estar en situación de pobreza: el bajo nivel educativo de los padres, la baja intensidad del empleo, el origen extranjero y las familias monomarentales. Entonces no se puede responsabilizar a una familia que no tiene un capital cultural, y que viene de una situación en la que sus padres tampoco han podido darles oportunidades, de que su hijo o hija tenga que tener lo que necesita un niño o niña para desarrollarse adecuadamente. Es como una carrera: salen del mismo punto, pero uno sale con la condición de atleta y el otro con una mochila con 25 kilos. Dicen que son las mismas oportunidades, pero las condiciones no son las mismas.

Poniendo el foco en las soluciones, con elecciones autonómicas previstas como tarde para junio, ¿qué medidas serían prioritarias para revertir la pobreza infantil?

Una medida sola no termina con la pobreza, nosotros les vamos a pedir ahora a los partidos que pongan en marcha una estrategia andaluza contra la pobreza infantil. Es algo que los compañeros en Cataluña ya han abordado con la Generalitat. Pero nosotros asesoramos, proponemos... y eso se lo tiene que apropiar el Gobierno. Lo que hace una consejería no puede reducir la pobreza porque tiene que ser un cambio que incluya empleo, vivienda, economía... Tiene que ser una iniciativa que lidere el presidente del Gobierno porque una consejería no tiene fuerza suficiente. Puede haber muchas medidas educativas, de prestaciones, de conciliación, pero tiene que ser un enfoque global.

En las estadísticas vemos que la reducción de pobreza es mínima porque las políticas no están siendo eficientes

En estas dos legislaturas que lleva Juan Manuel Moreno al frente de la Junta, ¿no ha habido una apuesta decidida por parte del presidente?

No. En las ocasiones que hemos tenido de hablar con él, se muestra consciente y sensible a esos temas, pero el discurso –no solamente del presidente, sino en general– es el de asumir que esto es un problema estructural y que ellos pueden hacer poco por solucionarlo.

Da la sensación de que las ayudas públicas actuales se limitan a parchear el problema.

Sí, no existe un enfoque global de la política para erradicar el problema raíz. Pasa a todos los niveles. El Gobierno central puso mucho interés y mucho esfuerzo en sacar adelante el ingreso mínimo vital, pero al final lo cobra una de cada tres familias que pueden cobrarlo. Porque una cosa es lo que se pone en marcha y otra cómo se operativiza. No basta con lanzar ayudas, hay que garantizar que se gestionen bien. Hacer un seguimiento de quién la puede percibir, qué alcance tiene, si se ha ejecutado el presupuesto... En Andalucía se ha producido un descenso muy significativo en el presupuesto de la renta mínima andaluza, que ha caído en los últimos cinco años de 180 millones a 25 para el 2026. Por eso en las estadísticas vemos que la reducción de pobreza es mínima, porque estas políticas no están siendo eficientes.

¿Esa falta de enfoque global también se aprecia en la forma en que se aborda una de las mayores crisis de la sociedad actual como es la vivienda?

Aquí hicimos una alianza con UNICEF para analizar el texto del proyecto de la Ley de Vivienda de Andalucía y encontramos que no había ninguna alusión a infancia o a familias con hijos. La verdad es que estamos bastante satisfechos porque nos compraron muchas enmiendas, entre ellas, dentro de los colectivos vulnerables de la infancia, priorizar la ayuda a familias con hijos. También tener planes especiales con enfoque de infancia. Se trata de tener en cuenta que la carga de vivienda para una familia con hijos es superior a la de una pareja de dos adultos o un adulto solo. Evidentemente, los gastos que tiene una familia –de suministro energético, de alimentación, de educación– es mayor. El informe que tenemos del 2024 de cuánto cuesta criar a un niño en Andalucía es de 722 de euros al mes de media.

Para combatir la violencia infantil en Internet lo fundamental es la prevención a través de la educación afectivo-sexual

Uno de los últimos estudios de la organización analiza sentencias sobre abusos sexuales a niños y niñas en Internet… ¿El problema es la edad, la falta de educación digital o la falta de regulación a las plataformas?

Estamos ante un maremágnum de instrumentos y herramientas legislativas que no están poniendo el foco en medidas específicas para acotar y abordar la violencia contra los niños. A nosotros nos preocupa la parte de entorno digital y todas las nuevas prácticas de violencia que están surgiendo ahí, pero es que la Ley de Protección de menores en Internet, que está todavía en el Congreso, cuando salga ya estará desactualizada porque habrá surgido una nueva forma de violencia en la red. Nosotros vamos a pedirles ahora a los partidos que retomen la Ley de Andalucía Digital o, en todo caso, que desarrollen de manera autonómica la Ley de Protección de menores en Internet, que son los instrumentos que hay.

¿Cómo valora la medida del Gobierno central de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años? 

Nosotros no somos prohibicionistas. Esa es la solución más tajante, pero no debe ser la única porque estoy seguro de que esa prohibición se la van a saltar. Las redes sociales son un campo de oportunidad para los niños y adolescentes, de interacción, de educación y de formación. Estamos a favor de que se legisle contra la violencia en el entorno digital, igual que se ha legislado contra la violencia sexual. Hay mecanismos que pueden poner en marcha las plataformas para controlar el acceso a páginas porno. Por ejemplo, solo piden marcar la casilla de “soy mayor de 18 años” y puede ser un niño de ocho, que es la media de la edad a la que un niño entra en contacto por vez primera con el porno a través de Internet.

Entonces, ¿dónde debería ponerse el foco?

Para nosotros lo fundamental es la prevención a través de la educación afectivo-sexual, que debe estar presente en la vida de los niños y niñas desde los cero años, ya sea a través de una asignatura o de formaciones. Porque si el niño conoce su cuerpo, conoce lo que está bien y lo que no, va a tener mucha más capacidad de detectar cuándo hay abuso sexual

Un montón de situaciones límite como de suicidio se pueden evitar con los recursos adecuados

¿Estamos reaccionando solo cuando ocurre una tragedia en lugar de invertir seriamente en prevención y salud mental juvenil?

La clave es la prevención. Ni siquiera legislando se puede frenar el problema. Nosotros también pedimos que el protocolo de acoso y ciberacoso que hay en la Junta Andalucía se actualizara con las nuevas formas de violencia en el entorno digital. Sí nos parece adecuada la regulación del uso del móvil en los colegios, del uso del móvil en las casas... Puedes regular, pero prohibir no.

Y luego hay que tener en cuenta que la mitad del tiempo que un niño está despierto está en el colegio, entonces los profesionales de la educación tienen que manejar los indicadores de que algo está pasando. Ellos no son quienes tienen que abordar los casos de violencia, pero sí contar con estrategias de detección. A lo mejor el niño está sufriendo violencia física en casa o está sufriendo bullying en el colegio y eso hay que saber verlo.

En algunos casos recientes de suicidio juvenil se ha señalado el acoso escolar como un factor desencadenante. ¿Qué fallos detectan en el sistema de protección?

Entre los profesionales de la educación, los que conocen el protocolo no llegan a aplicarlo por falta de tiempo. Hay una figura específica en la Ley Orgánica de Protección integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que se llama Coordinador de Bienestar de Protección. Una persona formada específicamente en violencia contra la infancia, en detección, que puede ser el agente catalizador de cuando se identifica un caso. Pero eso no se está llevando a cabo de manera adecuada.

Nosotros pedimos un coordinador de protección en cada centro educativo, lo que implica contratar a unas 500 personas. Y meter ahí otra capa más en el trabajo diario de todos los docentes que ya están desbordados con la programación. Pero se trata de medidas que van a funcionar porque van a amortiguar: ante un caso de acoso, permite hacer una intervención rápida y tomar la mejor solución. Seguro que un montón de situaciones límite como de suicidio se pueden evitar.

Lo que más nos preocupa es qué vamos a hacer si hay un gobierno en el que entra la ultraderecha

Y respecto a su trabajo con los menores migrantes, ¿cuáles son los principales retos que detectan en el sistema y en la sociedad actual?

Nosotros el trabajo que hacemos es para detectar la vulnerabilidad de todo el sistema de protección y vemos que el sistema de acogida no está adaptado a la infancia. No hay personal específico en cuando llega una patera. Por otro lado, tenemos el foco en combatir los discursos de odio. Igual que hemos trabajado una narrativa de pobreza para intentar dirigirnos a entornos más conservadores, estamos intentando hacer eso con las migraciones. La narrativa de los derechos que a nosotros nos cala ya no funciona en ciertos grupos.

Seguimos con los mismos temas de incidencia en términos de migraciones, pero lo que más nos preocupa es qué vamos a hacer si hay un gobierno en el que entra la ultraderecha: qué tipo de medidas van a tomar y cómo podemos combatirlas sin dejar de lado el enfoque de los derechos, pero sabiendo que no lo van a tener en cuenta, ni lo van a validar. Si entran en el gobierno, tendremos que hablar con ellos porque serán los que decidan.

Hace meses que Sumar presiona para que el Gobierno apruebe una ayuda universal a la crianza. El Ejecutivo ya aprobó en noviembre una declaración institucional en la que abogaba por poner en marcha esta prestación y hoy la ha incluido en la nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible. Pero la ayuda, por ahora, está lejos de ser una realidad.

Aunque algunos medios se han apresurado a titular hoy que la prestación ya se ha aprobado, e indican quien podría cobrarla o como optar a ella, lo cierto es que se trata de una propuesta que no se ha concretado más allá de un objetivo a largo plazo. No hay ninguna prestación ya en marcha.

La estrategia de cara a 2030 aprobada este martes fija un centenar de metas y 10 objetivos principales. Uno de ellos es la lucha contra la pobreza infantil, en la que se incorpora como aspiración una prestación universal por crianza para que llegue a todas las familias con hijos menores a su cargo. El titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha alegado que esta medida se ha aplicado en otros países y que se trata de una herramienta eficaz. Desde el ministerio señalan que esta medida debe ir acompañada de un modelo fiscal redistributivo, progresivo y justo.

En noviembre una declaración institucional aprobada por el Consejo de Ministros por el Día Internacional de los Derechos de la Infancia el 20 de noviembre, el Gobierno apuesta por ampliar el apoyo a las familias y destaca algunas medidas para hacer frente a la pobreza infantil, como el Complemento de Ayuda para la Infancia del Ingreso Mínimo Vital, “mientras se avanza hacia una prestación por crianza diseñada desde parámetros de universalidad y equidad fiscal”.

En aquel momento, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya dijo que antes de “reformular cualquier otra prestación en materia de pobreza infantil” había que evaluar las ayudas que hay actualmente.

“Tenemos que evaluar el rendimiento que han tenido los instrumentos que en este momento muy cuantiosos hemos puesto en marcha” y “si hay que mejorarlo en una sola prestación habría que hacer una refundación de todos estos complementos en alguna otra prestación se llamara como se llamara”, afirmó.

El Gobierno no tiene sobre la mesa proyecto de presupuestos aún, así que la medida ni siquiera está contemplada a corto plazo. Además, las palabras de Montero sugieren que Sumar tiene aún que vencer algunas resistencias dentro del Gobierno para poder siquiera iniciar la tramitación de esta ayuda.

¿Cuál es la propuesta de Sumar?

En la negociación de los presupuestos entre los partidos de la coalición de Gobierno, Sumar ya propuso que todas las familias perciban 200 euros al mes por cada hijo, hasta que cumplan 18 años, independientemente de su renta.

En su programa electoral ya recogían esta medida: “Impulso de una prestación por crianza, para luchar por la erradicación de la pobreza infantil. Se cobrará hasta los 18 años y unificará en una única ayuda el actual complemento de ayuda a la infancia del Ingreso Mínimo Vital y la deducción por maternidad en el IRPF”.

Un estudio elaborado por Unicef calcula que un aumento del ingreso mínimo vital del 40% por cada hijo en el hogar reduciría la pobreza monetaria (vivir con ingresos un 60% inferiores a la renta mediana del país) en 1,8 puntos porcentuales, mientras que una prestación universal de 200 euros al mes por hijo lo haría casi cuatro veces más, en 7,1 puntos.

Respecto al actual nivel de 29,2% de menores en pobreza monetaria en España, esta ayuda de 200 euros mensuales por niño supondría, por tanto, sacar a algo más de medio millón de menores de esta situación de precariedad y vulneración de derechos, alrededor de 540.0000 niños, según los cálculos de Unicef.

Un impuesto a los ultrarricos para financiar una prestación que erradique la pobreza infantil. Esa es la propuesta del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que prevé impulsar la conocida como 'tasa Zucman' a los multimillonarios para que sume los recursos necesarios para pagar una prestación universal por crianza, así como otras medidas sociales de calado.

“Vamos a empezar por la prestación universal por crianza y también vamos a llevar una propuesta de reforma fiscal que espero que pueda contar con el mayor apoyo posible”, ha señalado Bustinduy antes de reunirse en París con el economista Gabriel Zucman, diseñador de una propuesta para gravar con un 2% el patrimonio de aquellas personas con un patrimonio superior a los 100 millones de euros.

En declaraciones recogidas por EFE, ha insistido en que la primera política en financiarse con esta medida -que podría recaudar 5.200 millones de euros, según los cálculos del Observatorio Fiscal de la UE- sería esa prestación por crianza para “erradicar la pobreza infantil en España”, que quiere hacer “cuanto antes” y que a su parecer “contaría con un amplísimo respaldo” en el Parlamento y en la sociedad española. A partir de ahí, esas medidas universales abrirían el debate sobre “la justicia fiscal para poder financiarlas”.

Para el ministro, está justificado que “aquellos que de manera desproporcionada están acumulando un patrimonio y una riqueza completamente fuera de lo que es razonable para una democracia contribuyan a la creación de estructuras de protección social que permitan que nuestras democracias mejoren la calidad de vida de las clases trabajadoras”.

“Una reforma fiscal que haga que quienes más tienen más paguen va a contar con formidables fuerzas de oposición”, ha reconocido Bustinduy, para apuntar a renglón seguido que “la fuerza con la que contamos es que es una cuestión de sentido común, y que a lo largo y ancho del espectro político, gente de izquierdas, de derechas y de centro comparten la idea de que no parece muy sensato que alguien que acumula un patrimonio de cientos de millones o miles de millones pague una tasa proporcional menor a la que paga un asalariado”.

Zucman: “España necesita este impuesto”

Zucman, por su parte, ha apuntado, también en declaraciones a EFE, que “ha llegado el momento para España de ser líder sobre este tema” y recordó que ya había tenido un papel importante en el G20 en 2024 al incorporarse en una coalición que pretendía hacer avanzar la discusión sobre una imposición mínima a los multimillonarios.

“España lo necesita, como Francia, como todos los países del mundo porque en todos los países los multimillonarios pueden eludir y eluden muy ampliamente el impuesto sobre la renta” y su tipo impositivo efectivo es “más bajo que el de las otras categorías sociales”, ha señalado el economista.

El impuesto afectaría a alrededor de un millar de contribuyentes en España la idea es que las personas con un patrimonio superior a los 100 millones que lo tuvieran que pagar no abonarían nada si con los otros impuestos ya sufragaran el 2% del valor de esos activos.

“Es el impuesto más selectivo y más justo que se pueda imaginar. No es que sólo grava a los ultrarricos, sino únicamente a los ultrarricos que escapan a los impuestos”, ha dicho.

Zucman será recibido el próximo día 20 en Madrid por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con el que hablará de la propuesta de impuesto que se ha popularizado con su nombre. La 'tasa Zucman' fue defendida por todos los partidos de izquierda en Francia para implantarla en los presupuestos de 2026, pero fue rechazada en el Parlamento, donde esos grupos están lejos de tener mayoría.

La pobreza y la desigualdad siguen reduciéndose en España. En 2025, con datos de renta del año anterior, la población que vivía con ingresos por debajo del umbral de la pobreza disminuyó al 19,5%, el dato más bajo de la serie histórica que arranca en 2008, según la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que publica el INE. La desigualdad entre los más ricos y más pobres vuelve a disminuir, también hasta mínimos desde los inicios de la crisis financiera, y por fin disminuye la pobreza infantil, aún muy alta (28,4%), pero que frena los últimos años de aumentos.

Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 son en general positivos. Mejoran prácticamente todos los indicadores: tanto la pobreza, la carencia material severa, la pobreza energética y los problemas para pagar la vivienda. Estos últimos también habían aumentado en los últimos años y en la encuesta de 2025 dan un respiro.

Hay que recordar que, en un país rico como España, la pobreza se mide de forma relativa, en comparación con el nivel de vida de la sociedad. También con una mirada más amplia, la tasa de pobreza y exclusión social (AROPE) mide la pobreza monetaria (vivir con ingresos por debajo del 60% de la mediana) y también otras dificultades, como la intensidad laboral y la carencia material y social severas.

Como ilustra el anterior gráfico, la población en pobreza y exclusión en España bajó solo una décima el año pasado, al 25,7%, según la nueva definición AROPE. Los hogares con carencia material severa se redujeron al 7,6% desde el 8,2% del año anterior. Por su parte, los hogares con baja intensidad en el empleo se mantuvieron estables, en el 8%.

Aunque los datos de pobreza se reducen, lo hacen de manera moderada y en un contexto de crecimiento económico y del empleo, advierten en Oxfam Intermón. “Esta brecha entre crecimiento económico y reducción de la pobreza evidencia que la pobreza se está cronificando en España: el progreso macroeconómico no logra sacar a millones de personas de una situación estructural de precariedad que afecta ya a una de cada cinco personas y que, al ritmo actual, tardaría casi un siglo en erradicarse”, afirma Alejandro García-Gil, responsable de políticas de protección social de la ONG.

En el mismo sentido se posicionan en EAPN España, red de ONG contra la pobreza, que valoran de forma positiva que no se haya producido un empeoramiento de los datos, pero muestran “preocupación por las dificultades para reducir unas cifras de pobreza que afectan al 25% de la población desde hace más de una década”. “Se trata de un suelo que no consiguen reducir ni el crecimiento macroeconómico ni las cifras récord de empleo de 2025”, subrayan en la organización.

Por su parte, la desigualdad de renta entre los más ricos y los más pobres también sigue reduciéndose y alcanza nuevos mínimos en la serie histórica, que arranca en 2008. Según el indicador que compara la renta del 20% más rico y el 20% más pobre, la brecha cae al 5,2, dos décimas respecto al año anterior.

Con el indicador Gini, que también mide desigualdad de rentas con otra fórmula, las disparidades entre los que más y menos tienen también se reduce y alcanza un nuevo mínimo del 30,8.

La clave de la reducción de la desigualdad apunta a una gran mejora de las rentas más bajas, sobre todo del 10% más pobre, como ilustra el siguiente gráfico. Sus ingresos se desplomaron más que los del resto de la sociedad con la pasada crisis financiera, generándose una brecha durante una década que se ha cerrado en los últimos años.  

La pobreza infantil: muy alta, pero desciende al 28,4%

Uno de los punto más negativos de la reducción de la pobreza en los últimos años era que la infantil no se veía beneficiada de las mejoras. Al contrario que el resto de grupos de población, los menores de edad empeoraban sus indicadores. Una situación preocupante en sí misma, pero más aún en España, con una pobreza infantil muy eleveada, a la cabeza en Europa, como alertan ONG como Save The Children y Unicef.

La encuesta de 2025 refleja por fin un descenso en la pobreza infantil, que aunque sigue siendo muy alta, se reduce al 28,4% en 2025 respecto el 29,2% del año anterior.

Aun así, como se apuntaba, el anterior gráfico refleja cómo la pobreza infantil no solo es muy elevada –alcanza a más de uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes– sino que es mucho más alta que la del resto de grupos de población.

En España, como indican las ONG especializadas en infancia, tener hijos es un factor de empobrecimiento en la actualidad, en un país con menos inversión en la infancia que sus colegas europeos y, en concreto, sin ayudas universales a la crianza como abundan en otros países comunitarios y reclaman las organizaciones sociales y el ala de Sumar dentro del Gobierno de coalición.

Cabe destacar que este descenso de la pobreza infantil que refleja la encuesta, que recoge datos de renta de 2024, coincide con el importante aumento de los perceptores en la ayuda mensual por hijo de hasta 115 euros vinculada al ingreso mínimo vital. Ese año, el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI) incrementó sus beneficiarios casi un 50%, aunque aún tiene una gran brecha de hogares con derecho que no reciben la prestación (un 72%, según la AIReF).

“Que casi un millón de menores viva en pobreza severa, lo que significa vivir sin las necesidades básicas cubiertas, demuestra que las políticas actuales no son suficientes y que es urgente reforzar los apoyos a las familias para garantizar los derechos de la infancia”, ha denunciado este jueves Catalina Perazzo, directora de influencia y desarrollo territorial de Save the Children.

“Si bien los datos muestran una leve mejora, estas cifras siguen siendo alarmantes, especialmente en un contexto de avances económicos generales del país”, ha afirmado por su parte Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de infancia de UNICEF España. “Está claro que las políticas actuales destinadas a combatir la pobreza en la infancia no están teniendo el impacto necesario, y la situación hace urgente dotar políticas más eficaces y con un efecto más rápido”, ha añadido.

Menos dificultad para llegar a fin de mes y pagar la vivienda

La encuesta también refleja que en 2025 se redujo la población que dice llegar “con dificultad” a fin de mes. El indicador que más baja es el de quienes dicen llegar con “mucha dificultad”, las situaciones más graves, que descienden del 9,1% al 8,5%. Quienes llegan “con dificultad” caen del 12,7% al 12,1% y, por último, aquellas personas que alegan “cierta dificultad” para cuadrar las cuentas hasta el final del mes pasan del 25,6% al 25,3%.

Aun así, la encuesta constata cómo muchos hogares en España afrontan una situación complicada en su día a día para afrontar sus gastos, casi la mitad del total (el 46%).

Otro indicador que estaba empeorando en los últimos años y que este 2025 da un respiro es el de la población con problemas para afrontar los gastos de vivienda, un importante foco de precariedad ante los elevados precios del alquiler y compra. Así, quienes afirman haber tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) en los últimos 12 meses se reducen al 11,4%, el dato más bajo desde hace seis años, en 2019.

También disminuye la pobreza energética, la población que dice que no puede permitirse mantener su vivienda con una temperatura adecuada. Esta aumentó a máximos históricos durante la crisis inflacionista, que disparó el precio de la luz, tras varios años previos de aumento. En 2025 continúa el descenso inicado en 2024 y cae al 16% de la población.

Entre los pocos indicadores que empeoran se sitúa el de la población que dice no tener capacidad de afrontar gastos imprevistos, que aumenta al 36,4% desde el 35,8% del año anterior.

Cabe destacar que las dificultades para pagar la vivienda se reducen de manera general en los distintos grupos de edad y población, como refleja el siguiente gráfico.

Aunque la EAPN España destacan que los datos de la encuesta reflejan que aquellas personas que viven de alquiler afrontan una situación “especialmente grave” de pobreza. “Cuatro de cada diez personas en nuestro país (43,6%), que viven de alquiler a precio de mercado, se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social” y el “63,9% de las personas en alquiler tuvo dificultades para llegar a fin de mes”, indican de su análisis de los microdatos.

Oxfam Intermón insiste también en que “la vivienda se come las subidas salariales frenando cualquier avance de bienestar”, por lo que pide políticas públicas ambiciosas en este terreno, así como implementar una ayuda universal por crianza. “Solo con políticas públicas en esta dirección se aseguraría que las mejoras económicas se traducen en una reducción real de la pobreza y la desigualdad”, concluye García-Gil.

Dado que estos datos se publican en pleno debate por la prórroga del decreto que paraliza los desahucios de familias vulnerables, desde EAPN España urgen a los grupos parlamentarios a convalidar la moratoria “para impedir que se produzcan desahucios sin alternativa habitacional”, una medida que “debe tener un carácter estructural”, reclaman desde la red de ONG.

Esta mañana la dignidad ha vuelto a caminar en Madrid. En concreto, han sido los pasos de unas 3.200 personas según los organizadores los que han hecho resonar tambores de justicia en el trayecto que separa la estación de Metro de Valdecarros, en Vallecas, hasta el Sector 6 de la Cañada Real. La lucha por la vivienda digna, por el derecho al territorio, son las grandes proclamas que han apoyado decenas de colectivos de la capital. Ahora, el barro que día tras día se pega en los zapatos de las mujeres y los niños que transitan este camino para acudir a la escuela, la compra o tomar un café se solidifica en las suelas de aquellos solidarios que no miran para otro lado ante la especulación inmobiliaria: “Cañada se queda. La vida se defiende. El territorio no se desaloja”.

En torno a las 11.00 horas se empezaban a arremolinar cientos de personas en Valdecarros convocadas por Tabadol, la PAH Vallekas y La Laboratoria. Algunas bocas calentaban motores para los cánticos que no tardarían en llegar. “Despierta, vecina, Cañada se queda”, “el suelo es vida, el suelo no es negocio” y “nuestras abuelas también fueron ocupas” han sido algunos de los más repetidos. Todos los allí presentes sabían lo que quedaba por delante: un camino de lucha y hermanamiento. “Estamos aquí para impedir que continúe el derribo de nuestras casas, al que nos vemos avocadas sin diálogo ni alternativa”, introduce a elDiario.es Houda Akrikez Essatty.

Ella es la presidenta y fundadora de la Asociación Cultural Tabadol, formada por mujeres del Sector 6 de la Cañada Real para defender sus derechos y continuamente ha estado al frente de la pancarta que abría la marcha con un solo mensaje: “Cañada se queda”, escrito en árabe, castellano, romaní y caló. “Tras cinco años de lucha por el corte de suministro eléctrico, nos hemos dado cuenta de que la lucha es por el territorio”, ha añadido esta madre de tres hijas pequeñas mientras la marcha comenzaba a recorrer sus primeros pasos.

A sus 38 años, Akrikez sabe bien que ocupar la Cañada significa tomar el testigo de una gran genealogía de autoconstrucción de viviendas en Madrid. “Queremos proteger nuestro territorio y defenderlo”, sostiene con seriedad. Para eso han convocado esta manifestación en la que cientos de personas han pisado un terreno que debería pertenecer a quien de él hace uso para vivir. Y lo han conseguido. Han hecho ver que la Cañada Real es un barrio de la ciudad.

Los manifestantes, agradecidos por los rayos de sol pero ateridos por un viento frío, han transitado el mismo camino que los vecinos de la Cañada Real deben realizar todos los días. Esta vez, ante la mirada con tinte de extrañeza de algunas personas que realizaban deporte en las inmediaciones. Tras completar un camino marcado por los desechos a sus orillas, tales como bolsas de plástico, zapatos y latas de bebida, ha llegado el momento más sensible. Cientos de personas han tenido que sortear el barro de en una fila individual, en una escombrera improvisada, que ha retrasado más de media hora la marcha.

Suspensiones cautelares de los derribos

El sentido político de la reivindicación ha estado presente en todo momento. La lucha por la vivienda, casi sinónimo de luchar por la vida en sí, no comenzó ayer en este lugar. “Llevamos aquí décadas y durante muchos años hemos estado resistiendo a las diferentes formas de acoso institucional”. Se refiere a la gestión que el Ayuntamiento de Madrid y Rivas-Vaciamadrid han realizado del Sector 6 en el último tiempo. Según Akrikez, el último censo realizado en el lugar hablaba de unas 2.500 personas en 2016, de las que 1.500 eran menores.

Para todas ellas hay un pequeño rayo de esperanza. Tras recurrir el inicio el 2 de octubre de 2025 del procedimiento para los derribos por parte del Consistorio madrileño, “totalmente arbitrario y sin fundamento”, comenta la presidenta de Tabadol, la justicia les ha dado algo de oxígeno. Esas cartas llegaron con la firma de Julio César Santos, cargo del Ayuntamiento inhabilitado desde septiembre, asegura Tabadol.

Por el momento, se han dictado algunas suspensiones cautelares de las demoliciones por considerar las viviendas “domicilios habituales de las demandantes”, cuyo derribo ocasionaría un “perjuicio irreparable”. Ahora, esperan que la suspensión temporal llegue a la docena de familias afectadas y señaladas por el Ayuntamiento liderado por José Luis Martínez-Almeida.

Akrikez, a quien los manifestantes no dejan de saludar y ensalzar, es clara a la hora de expresar las tres principales demandas de esta protesta llamada a marcar un antes y un después en la lucha por la vivienda digna, ya no solo de la Cañada, sino de la capital al completo. “Exigimos el cese de las amenazas de derribo y la paralización de las demoliciones. Exigimos la apertura de un proceso real de diálogo directo con los vecinos. Y exigimos el reconocimiento del derecho al territorio de los vecinos de la Cañada Real. Porque sin vivienda digna no hay ningún derecho garantizado”, enfatiza.

Una estrategia urbanística

La PAH Vallekas ha sido otro de los colectivos que ha convocado la manifestación. Sonia García, una de sus portavoces, recuerda que la Cañada Real es otro de los tantos barrios que nacieron en Madrid ante la llegada de trabajadores durante los años del desarrollismo franquista. “El componente de origen de las personas que viven en la Cañada, muchas gitanas rumanas o españolas, o marroquís, tiene mucho que ver con que no se hayan regularizado sus viviendas como sí sucedió con otros barrios autoconstruidos en Madrid o en Vallecas mismo”, denuncia.

Hondeaban a su alrededor las banderas verdes de la PAH cuando esta activista por la vivienda digna ha resaltado que hace unos 20 años comenzaron los intentos de invisibilizar y desalojar la Cañada. “Los ayuntamientos y promotores vieron la posibilidad de crecer hacia el sureste, por eso estos terrenos son tan codiciados”, dice García, quien ha asegurado sin titubeos que “si no conseguimos que Cañada se quede, estamos todos vendidos”. Ya lo decían en su comunicado de convocatoria: “Los mismos que nos desahucian en otros barrios de Madrid tienen intereses aquí”.

García ha sido una de las personas que estos días ha intentado allanar el camino en esta lucha, metafórica y literalmente. Mientras la marcha casi alcanzaba su final, la portavoz de PAH Vallekas ha subrayado cómo una de las estrategias de expulsión es hacer imposibles los caminos que conectan con el Sector 6: “Hemos tenido que limpiar de escombro para que la gente pueda pasar. A las Administraciones les da igual cómo está ese camino, que cuando llueve siempre se embarra y las mujeres deben transitar con niños todos los días”. Y así ha quedado patente.

Una comunidad de apoyo mutuo

Desde La Laboratoria, un espacio de investigación feminista, también han decidido convocar la protesta. “Tenemos una imagen muy estigmatizada de la gente que vive en la Cañada. En realidad, Cañada nos recuerda el pasado de Vallecas”, sostiene Marta Malo, portavoz del colectivo. Desde su punto de vista, lo que sucede en la Cañada deja un futuro que se bifurca. “Si todo sigue será algo negativo, debido a la especulación sin freno que cada vez obliga a más personas a la autoconstrucción de sus viviendas, pero también positivo, cuando vemos que lugares así resisten y cooperan frente a esta dinámica de expulsión permanente”, desarrolla.

Malo ha destacado que “marchar por la Cañada también es marchar por el derecho a la ciudad y el tipo de Madrid que queremos”. En este sentido, ha criticado la supuesta política de realojos en alquileres sociales. “Cuando estás en una situación de mucha precariedad y te meten en un piso durante seis meses, aunque sea barato, te separan de la Cañada, donde sí hay una comunidad que te permite cierto apoyo mutuo”, ha precisado la portavoz de La Laboratoria cuando la manifestación llegaba a su fin.

Marchar por el derecho a tener derechos

El culmen de la protesta ha tenido lugar cerca de la sede de Tabadol con la lectura de un comunicado, previo a una pequeña comida popular y después de que varios colectivos y entidades dirigieran unas palabras a los presentes. “Marchamos por la vivienda. Marchamos por el derecho al territorio. Marchamos por el derecho a tener derechos. Y marchamos también por el derecho a la rabia. Porque la rabia no es violencia. La rabia es una respuesta legítima cuando te quieren expulsar. La rabia es memoria de todo lo perdido. La rabia es defensa del hogar”, han expresado en el comunicado.

Tal y como han añadido ante la mirada atenta de los manifestantes, “defender nuestras casas es defender nuestra dignidad. Y no vamos a permitir que nos sigan expulsando del lugar donde vivimos. Por eso decimos alto y claro: Cañada se queda”. También se han referido al feminismo, el antirracismo, el ecologismo y los colectivos vecinales, así como los que defienden una sanidad y educación públicas, que les apoyan en su lucha. “Derribar viviendas no es una solución. Desalojar familias no es política social. Desplazar comunidades no es progreso”, han criticado.

Por último, un único mensaje ha quedado petrificado en el aire frío del Sector 6: “Porque la vivienda digna es la puerta de entrada a todos los derechos, y cuando se derriba una casa, se intenta derribar una vida entera. Y lo decimos hoy con más claridad y fuerza que nunca: Cañada se queda. La vida se defiende. El territorio no se desaloja”.

Karen Cacique se levanta cada día antes de las 7.00 para plegar el sofá cama en el que duerme junto a su marido y sus dos hijos mayores. El salón comedor debe estar recogido porque a esa hora se despiertan para ir a trabajar los otros dos inquilinos del piso que comparte en el barrio de Trinitat Vella, en Barcelona. Con solo un baño para todos, las rutinas de primera hora no son fáciles. “Si algún niño se demora, de repente ya te están mirando mal”, reconoce.

La familia de Karen, que llegó de Perú a la capital catalana en marzo de 2025, vive de realquiler en un comedor. La pareja, ambos de 36 años, pagan 170 euros de mensualidad, con gastos incluidos, por dormir en un sofá abatible con sus hijos de catorce y ocho años. El tercero, de año y medio, descansa en una cuna a su lado. “Es incómodo”, repite la mujer. “Antes, bajábamos al parque para que los niños jugasen y se cansasen, y solo subían a cenar y a dormir, pero ahora en invierno no sé qué hacer”, se lamenta. 

Si la crisis del alquiler ha disparado desde hace años el subarrendamiento precario de habitaciones, casos como el de la familia Cacique suponen una vuelta de tuerca más a la problemática habitacional entre los más vulnerables. Cáritas ha dado la voz de alerta. “Atendemos a gente que duerme en el salón de casa, en literas en la cocina, en la sala de la lavadora… Cada vez pasa más”, advierte Sònia Lacalle, responsable de la asesoría Jurídica Social de la entidad. 

Las casuísticas son muy diversas, comenta Lacalle, pero suelen tener en común que afectan a familias migrantes, sin papeles y que consiguen esos realquileres a través de contactos. El acuerdo suele ser siempre de palabra, sin contrato de por medio, y es habitual que el recién llegado ni siquiera sepa quién es el propietario del piso. “Hemos tenido casos de familias que están en pisos ocupados sin saberlo, y que lo descubren cuando llega la orden de desahucio y se quedan en la calle”, explica Lacalle. 

Criar tres niños desde un comedor

Karen encontró su actual alojamiento en el barrio Trinitat Vella antes de llegar a España. Lo hizo por WhatsApp a través del contacto de un familiar. Así recaló en el salón de la vivienda en la que duermen otros dos adultos. Uno de ellos es el que les realquila a ellos. Por ahora, con los trabajos esporádicos que consigue el marido de Karen, ya sea de pintor de paredes o de operario de mudanzas, llegan justos a pagar la mensualidad. 

Pero tanto como el dinero, a Karen le preocupa la convivencia con sus tres hijos en un hogar compartido con extraños. Lo comenta durante una charla en el Espacio Polivalente Santa María Magdalena de Cáritas. Allí acude dos veces por semana al grupo de crianza, para compartir preocupaciones con otras madres, y a poner lavadoras, porque en casa no puede abusar de ellas. Igual que hay horario para la cocina, también le han dicho que no puede pasarse con las coladas. 

Las lista de dificultades cotidianas que supone criar a tres niños desde el comedor de un piso es larga. No son solo los horarios de las estancias. Está por ejemplo el ruido. “Sobre todo, el del bebé”, afirma. “Esto incomoda mucho y entonces trato de calmarlo, y si no lo consigo algunas veces recurro al móvil, pero entonces todos lo quieren”, relata Karen. Tampoco hay espacio para hacer los deberes escolares. “Tenemos la mesa del salón, pero cuando están los demás ya nos sentamos en el sofá”, se lamenta. 

Durante la conversación, que se desarrolla mientras su hija de ocho años se entretiene en la sala de juegos de Cáritas, la palabra que repite una y otra vez es “incomodidad”. O su antónimo: “La situación nos pone tristes, porque no podemos darles a nuestros hijos una comodidad mínima, al menos hasta que nos establezcamos y encontremos algo mejor”. 

Cada vez más hacinamiento

Aunque en Cáritas no disponen de datos sobre esta derivada más extrema de la crisis del alquiler, sus informes anuales sí dejan entrever esta tendencia. En la encuesta de su informe FOESSA constatan que un 13,5% de los ciudadanos de la Diócesis de Barcelona ya viven en una situación de “hacinamiento grave”. Además, de todos los usuarios a los que atienden en esta zona, el 40,6%, en total 14.624 personas, viven en habitaciones de realquiler. Y otro 10,5%, 3.027 personas, entran en la categoría de “acogidas”, que incluyen quienes duermen en soluciones improvisadas dentro de un piso, ya sean acogidos por un familiar o pagando. 

Estos últimos han pasado de ser el 7,8% de los usuarios en 2021 al 10,5% actual. Pero lo que preocupa más si cabe es que su situación se está cronificando entre los extranjeros. “La inserción residencial tiene etapas, y suele comenzar en un sofá, acogido durante unos días o una semana, forma parte del aterrizaje o la toma de contacto en un país”, explica Carolina Orozco, investigadora postdoctoral de Geografía en la Universitat de Barcelona. “Pero estas situaciones transitorias se están extendiendo en el tiempo, y las familias pasan de estar acogidas a pagar un alquiler, con lo que se acaba explotando la urgencia y la necesidad de un techo”, desarrolla. 

Orozco explica que los arrendadores pueden ser a veces grupos organizados o caseros que quieren extraer el máximo lucro de un piso. Pero hay otro perfil más común. “En estos casos el titular del contrato puede ser tan precario que necesita realquilar, y si lo hace es por lo tanto por necesidad, porque también es incómodo para él”, afirma. 

Aun así, añade Sònia Lacalle, quien subarrienda sigue teniendo la sartén por el mango. Esto lo padece también Karen, a quien sus compañeros de piso ya le han dejado caer que deberán buscarse pronto una alternativa. Si algún día les quieren echar, ningún contrato les vincula a ese techo. 

“Vamos mirando precios de pisos, pero son demasiado elevados”, comenta. Sin tener su situación administrativa regularizada, y sin una sola nómina, reconocen que arrendar una vivienda en Barcelona es “imposible”. Una mejora sería alquilar una habitación para ellos solos. Pero tampoco es fácil. “Los precios siguen siendo muy elevados, y muchos te dicen que no quieren niños”, se resigna. 

Un paso adelante para la familia sería encontrar trabajo. Pero Karen añade un pero a su situación, que hace que solo su marido esté buscando empleo: no se atreve a dejar solos en casa a los niños, aunque el mayor sea ya adolescente. “Yo tengo que estar ahí siempre, porque las personas que viven en el piso son conocidas, pero tampoco mucho”, zanja. 

Con 2026 ya arrancado llegan algunas novedades para las personas que reciben el ingreso mínimo vital (IMV), o que lo hagan a lo largo del año. El Gobierno ha aprobado una subida general de las pensiones del 2,7%, para compensar la inflación, que será mayor entre las más bajas: las mínimas, entre un 7% y un 11,4% y las no contributivas, un 11,4%. Esta cantidad, un 11,4%, será lo que también suba el ingreso mínimo vital.

A continuación, te resumimos las novedades más relevantes sobre el IMV para el año 2026.

¿Cuánto sube el ingreso mínimo vital?

Las cantidades del ingreso mínimo vital (IMV) suben lo mismo que las pensiones no contributivas. Es decir, un 11,4%. Por ejemplo, la renta garantizada para un hogar unipersonal será de 734 euros mensuales desde este mes de enero, 75 euros más al mes respecto a los 659 euros al mes de 2025, en 12 pagas.

Hay que recordar que el IMV que cobran las familias no alcanza siempre la cantidad completa, sino que resulta de restar la renta garantizada correspondiente al tipo de hogar menos los ingresos que perciba la familia beneficiaria.

Además, existe un complemento que aumenta la cuantía de la ayuda en un 22% adicional para las familias monoparentales y para aquellas con algún miembro con discapacidad igual o superior al 65%.

¿Y el complemento de ayuda a la infancia (CAPI)?

El ingreso mínimo vital va acompañado de un complemento de ayuda a la infancia (el llamado CAPI) por cada menor de edad que reside en los hogares beneficiarios. Esta ayuda por hijo también la pueden recibir familias con hasta tres veces más renta.

En 2026, se mantienen las cuantías de la ayuda de 2025, según indica la Seguridad Social. Estas cantidades son las siguientes:

Tengo derecho, ¿cómo pido esta ayuda?

La Seguridad Social informa que, para la tramitación de esta ayuda por hijo, se debe pedir del mismo modo que se solicita el IMV:

El Ministerio ha elaborado esta guía práctica con información y un vídeo tutorial sobre cómo identificarse para solicitar el IMV a través de un formulario online, “sin necesidad de certificado digital o cl@ve”.

El debate en el seno del Gobierno sobre una nueva ayuda universal por hijo de 200 euros al mes, que ha resurgido esta semana, cuenta con dos nuevos estudios que analizan esta posibilidad y que destacan su mayor capacidad para reducir la pobreza infantil que otras prestaciones actuales, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), incluso aumentando sustancialmente sus cuantías. La discusión es crucial ya que España es el segundo país de la Unión Europea con más niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza y exclusión, un 34,6%, alrededor de 2,7 millones de menores, destaca Unicef.

Por un lado, se trata del informe El beneficio de hacer: el impacto de políticas concretas para revertir la pobreza infantil en España, elaborado por Unicef y presentado este Día Mundial de la Infancia, con contribuciones y análisis del Centro de Políticas Económicas de Esade. A través de varias simulaciones, el estudio calcula que un aumento del ingreso mínimo vital del 40% por cada hijo en el hogar reduciría la pobreza monetaria (vivir con ingresos un 60% inferiores a la renta mediana del país) en 1,8 puntos porcentuales, mientras que una prestación universal de 200 euros al mes por hijo lo haría casi cuatro veces más, en 7,1 puntos.

Respecto al actual nivel de 29,2% de menores en pobreza monetaria en España, esta ayuda de 200 euros mensuales por niño supondría, por tanto, sacar a algo más de medio millón de menores de esta situación de precariedad y vulneración de derechos, alrededor de 540.0000 niños, ha cifrado este jueves Unicef.

Por otro lado, esta semana también se ha publicado el estudio técnico Políticas alternativas para la reducción de la pobreza infantil en España de los investigadores Luis Ayala, Olga Cantó, Marina Romaguera y Dmitry Petrov, de la Universidad de Alcalá y la UNED, que en diciembre se presentará como la base de las propuestas de la Plataforma de Infancia.

Esta investigación simula también varias iniciativas posibles para reducir la pobreza infantil, entre las que destacan de nuevo el mayor efecto de la ayuda universal de 200 euros al mes por menor, con una reducción de los niños en pobreza de algo más del 25% (si no es tributable) y del 21,5% si fuera tributable. Este último dato también supondría sacar de la pobreza alrededor de medio millón de niños. En concreto, a 484.500 menores.

Por otro lado, calculan que duplicar el actual Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI) supondría una reducción de la pobreza infantil “del 10,5% más” respecto a su actual diseño. Los autores también estiman otra posibilidad, de aumento de la cuantía actual del CAPI con otra distribución por edades (los menores de 0-3 recibieran 100 euros y los de 6-18 recibieran 200 euros) lo que “tendría la potencialidad de reducir adicionalmente un 22%” los menores en pobreza infantil.

Eso sí, estos últimos supuestos parten de que el CAPI llegara a todos los hogares con derecho al complemento, algo muy lejos de conseguirse en estos momentos. Según el último análisis de la AIReF, aunque en 2024 aumentó un 34% el número de beneficiarios de estas ayudas por hijo para hogares de escasos recursos respecto al año anterior, todavía no lo reciben un 72% de hogares con derecho a percibirlo.

Además, hay otra consecuencia positiva que hace sobresalir la ayuda universal de 200 euros al mes sobre las otras alternativas analizadas, como una ayuda de 100 euros al mes para todos los menores y los distintos aumentos del CAPI: es la que más reduce la intensidad de la pobreza, y con diferencia. Se trata de cuán pobres son los niños que viven bajo el umbral de la pobreza, con una merma del 45% o 47% de la intensidad de la pobreza (según si es tributable o no) frente al resto de opciones que como mucho llegan al 37%.

El debate del salto de las ayudas universales y su coste

Ambas investigaciones aportan datos y análisis para la discusión que afronta el Gobierno de coalición sobre si dar el salto a una prestación universal por crianza en España, como las que existen en la gran mayoría de países europeos (con menos pobreza infantil), desde el actual sistema de ayudas a la infancia.

Este consiste, principalmente, en ayudas focalizadas en los hogares más pobres como el ingreso mínimo vital y el CAPI, así como en desgravaciones fiscales por hijo en la declaración del IRPF, que son en volumen y coste la mayor inversión en infancia que se realiza en España, pero que no llega a los hogares con menos recursos que no realizan la declaración de la renta, recuerda el estudio de los catedráticos Luis Ayala y Olga Cantó, de los mayores especialistas en esta materia.

Hasta el momento, España destaca como una anomalía en el entorno europeo en muchos sentidos. Es de los pocos países sin una ayuda universal por hijo, recuerda de nuevo el estudio de estos investigadores de la Universidad de Alcalá y la UNED, y además “la prestación por hijo a cargo (PHC) focalizada en España y el CAPI se encuentran entre las más bajas de los países que basan su protección familiar en este tipo de prestaciones, incluso después de las reformas recientes” que han incrementado su cuantía.

Aunque el Gobierno ha suscrito una declaración institucional por el Día de los Derechos del Niño en la que se recoge que “se avanza hacia una prestación por crianza diseñada desde parámetros de universalidad y equidad fiscal”, de momento es Sumar la parte de la coalición progresista que insiste en aterrizar esta medida ya, en los próximos Presupuestos (si los hay).

“Las políticas condicionadas, incluso las mejor intencionadas, generan una frontera entre quienes entran y quienes no. Quienes consiguen traspasar la burocracia y quienes se quedan atrapados en ella. Es una frontera que reproduce la desigualdad que pretende reducir. La prestación universal por crianza propone, sin embargo, otro camino. No solamente porque sea más eficaz, que ojo es más eficaz, sino porque desplaza el foco del individuo al colectivo”, ha reivindicado este jueves la ministra de Juventud e Ingancia, Sira Rego.

Mientras, en el lado socialista, la vicepresidenta primera y responsable de Hacienda, María Jesús Montero, rebajó las expectativas de esta ayuda el martes diciendo que antes de “reformular cualquier otra prestación en materia de pobreza infantil” hay que evaluar las ayudas que hay actualmente. Varias ONG especializadas en los derechos de los niños, como Plataforma de Infancia y Unicef, han recordado en estos días que ya existen muchas evidencias sobre la mayor reducción de la pobreza infantil a través de estas ayudas universales, a las que ahora se suman estos dos nuevos estudios.

La otra cara de la discusión señala al coste presupuestario de estas medidas, con una mayor inversión en las ayudas universales que en las focalizadas. El nuevo estudio de Unicef estima el coste de la ayuda universal de 200 euros al mes en 18.103 millones, a los que habría que restar las deducciones actuales que tienen las personas con hijos a cargo que hacen la declaración de la renta (5.552 millones, calculan). En la investigación de los catedráticos Ayala y Cantó cifran su coste en “11.000 millones de euros” adicionales.

Desde Unicef han recordado este jueves que se trata de una inversión necesaria, ya que mantener a niños y niñas en la pobreza no debería ser una opción en un país rico. Además, en la entidad de Naciones Unidas subrayan el actual contexto de oportunidad, con España liderando el crecimiento económico en las grandes economías de la OCDE. El Ministerio de Economía acaba de incluir además por primera vez en las previsiones macroeconómicas del país indicadores de pobreza relativa y desigualdad, un foco sobre ambas cuestiones inédito.

Y estas ayudas no solo suponen un “coste”, sino que son también una inversión. Al igual que recuerda el estudio de Ayala y Cantó, Unicef ha advertido de que la pobreza infantil no sale gratis al país, sino que su existencia supone un coste económico para todos. En concreto, un lastre de unos 63.0000 millones de euros al año, muy superior a la inversión para sufragar estas ayudas por hijo.

El Gobierno aboga por avanzar en la lucha contra la pobreza infantil con medidas como la prestación universal de crianza, una ayuda de 200 euros al mes para todas las familias con hijos que negocian los ministerios de Sumar con su socio en los presupuestos generales del Estado.

En una declaración institucional aprobada por el Consejo de Ministros por el Día Internacional de los Derechos de la Infancia el 20 de noviembre, el Gobierno apuesta por ampliar el apoyo a las familias y destaca algunas medidas para hacer frente a la pobreza infantil, como el Complemento de Ayuda para la Infancia del Ingreso Mínimo Vital, “mientras se avanza hacia una prestación por crianza diseñada desde parámetros de universalidad y equidad fiscal”.

No obstante, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido en la rueda de prensa tras la reunión del Gobierno de que antes de “reformular cualquier otra prestación en materia de pobreza infantil” hay que evaluar las ayudas que hay actualmente.

“Tenemos que evaluar el rendimiento que han tenido los instrumentos que en este momento muy cuantiosos hemos puesto en marcha” y “si hay que mejorarlo en una sola prestación habría que hacer una refundación de todos estos complementos en alguna otra prestación se llamara como se llamara”, ha aseverado la vicepresidenta primera.

Montero ha advertido del riesgo de duplicar instrumentos de ayuda para combatir la pobreza infantil y ha opinado que “no se obtienen el rendimiento cuando están así distribuidos”.

“Somos conscientes de los esfuerzos que ha hecho este gobierno desde que llegó Pedro Sánchez a La Moncloa por combatir la pobreza infantil”, ha indicado la responsable de Hacienda, quien ha destacado especialmente el complemento del Ingreso Mínimo Vital para las familias con hijos y el de Ayuda para la Infancia en el caso de hogares en situación de vulnerabilidad económica.

En la negociación de los presupuestos entre los partidos de la coalición de Gobierno, Sumar propone que todas las familias perciban 200 euros al mes por cada hijo, hasta que cumplan 18 años, independientemente de su renta.

La vicepresidenta Yolanda Díaz y los ministros de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y de Juventud e Infancia, Sira Rego, han insistido en que la prestación universal por crianza que plantean podría reducir a la mitad la tasa de pobreza infantil, una medida reclamada de forma unánime por todas las organizaciones sociales de defensa de la infancia.

Sobre esta medida también se ha pronunciado el Consejo Económico y Social (CES), que se ha mostrado partidario de la aprobación de una prestación universal de crianza hasta los 3 años, que se complemente con la extensión de las actuales ayudas fiscales a las familias con menores a cargo y con la consolidación del complemento a la infancia del Ingreso Mínimo.

En la declaración institucional aprobada en el Consejo de Ministros, el Gobierno explica que trabaja para avanzar en la prevención y erradicación de cualquier forma de violencia, acabar con las estructuras que reproducen desigualdades y garantizar que cada niño y niña pueda desarrollarse en libertad, autonomía y dignidad.

Hace referencia al impulso desde el Ministerio de Juventud e Infancia para hacer frente a la pobreza infantil ampliando apoyos a las familias y trabajando en la Implementación de la Garantía Infantil Europea, entre otras políticas.

“La desigualdad económica también condiciona vidas enteras desde la infancia”, destaca el Ejecutivo, que apuesta por el fortalecimiento los servicios públicos de salud, educación y cuidados.

El Gobierno enfatiza que ningún niño o adolescente “debe ver limitado su futuro por su situación económica o habitacional” e incide en la necesidad de acordar un Pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil que una “al conjunto de fuerzas políticas y administraciones públicas, así como a la sociedad en su conjunto”.

El texto hace referencia a la ampliación de la ley de protección a los menores frente a la violencia (LOPIVI) -en fase de negociación en el Gobierno-, el proyecto de ley de protección de los menores en los entornos digitales -en trámite en el Congreso de los Diputados- o la necesidad de luchar “contra fenómenos como el ciberacoso o el aprovechamiento económico de las personas menores de edad en su calidad de personas consumidoras vulnerables”.

“Es necesario seguir avanzando en garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes sin distinción o discriminación, y tener para ello en cuenta a aquellos que viven con una mayor vulnerabilidad, como es el caso de la infancia tutelada, la infancia migrante no acompañada u otras infancias vulnerables”, añade.

Fuentes del departamento de Sira Rego destacan la necesidad de aprobar esta prestación universal que la coalición Sumar plantea como una ayuda para todas las familias de 200 euros al mes por hijo a cargo para dejar de lado el actual modelo asistencial y reducir la tasa de pobreza infantil que en España se sitúa en un 29,2 %, una de las más elevadas de la UE.

El Ayuntamiento de Murcia y la Fundación “la Caixa” han reafirmado su alianza para combatir la pobreza infantil a través del programa CaixaProinfancia con la inauguración del Espacio Educativo Municipal del Centro García Alix. La concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, y el director de CaixaProinfancia en España y Portugal, Albert Rodríguez, junto al presidente de la Junta Municipal del Distrito Centro- Oeste, David San Nicolás, han visitado las instalaciones, donde han hecho balance de la evolución del programa Caixa Proinfancia desde su puesta en marcha en 2007. También ha participado Carolina Olivares, presidenta de UNICEF en la Región de Murcia.

 Así, el programa ha acompañado en Murcia a más de 18.000 niños, niñas y adolescentes y a cerca de 10.000 familias en situación de vulnerabilidad. Solo en 2024, se han atendido a más de 3.000 niños, niñas y adolescentes y a cerca de 2.000 familias del municipio. 

Estos resultados son posibles gracias a la colaboración del área de Servicios Sociales de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud con la entidad, así como al trabajo en red con entidades sociales comprometidas con la igualdad de oportunidades en la infancia, informan desde el Consistorio.

“Desde el Ayuntamiento de Murcia estamos impulsando distintas acciones fundamentales para el avance en el compromiso del cumplimiento de los Derechos de la Infancia, con la renovación del reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia y lo que de ello se deriva, entre lo que figura el establecimiento de redes sólidas para la atención integral a niños, niñas y adolescentes en condiciones de igualdad y accesibilidad. Tenemos claro que la colaboración con Fundación ”la Caixa“ y el programa CaixaProinfancia es fundamental para seguir avanzando en esta dirección”, ha valorado la concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres.

“Desde CaixaProinfancia nos esforzamos por garantizar que ningún niño o niña quede atrás. Queremos que todos puedan crecer, aprender y soñar con un futuro mejor, sin que su contexto social o económico sea una barrera para alcanzar sus metas. CaixaProinfancia es, en definitiva, nuestra apuesta por una sociedad más equitativa y solidaria”, ha afirmado el director del programa CaixaProinfancia de la Fundación “la Caixa”, Albert Rodríguez.

El programa CaixaProinfancia trabaja para romper la transmisión de la pobreza entre generaciones y promover la igualdad de oportunidades. Para ello, pone a disposición de las familias servicios y recursos centrados en el refuerzo educativo, el ocio y tiempo libre, el acompañamiento educativo familiar, la atención psicoterapéutica y la promoción de la salud.

La intervención se realiza a través de entidades sociales que trabajan en red y en coordinación con servicios sociales, centros educativos, centros de salud y otros agentes del territorio. Esta colaboración permite priorizar las ayudas, hacer seguimiento de cada caso y garantizar una atención integral.

Así, el nuevo espacio va a acoger el proyecto ‘Tienes Talento', una iniciativa que tiene como objetivo identificar y desarrollar las capacidades y talentos de niños y niñas de entre 6 y 12 años que viven en contextos de vulnerabilidad. Las actividades se realizan en tres espacios educativos municipales, como son Espinardo y Los Dolores, además del recién inaugurado en el Centro Municipal García Alix, en horario extraescolar.

Estos centros ofrecen un entorno lúdico y educativo que complementa la formación escolar y facilita la conciliación familiar, al tiempo que promueven valores como la creatividad, la cooperación y la autonomía personal.

“Queremos dar pleno cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de la Infancia y lo estamos demostrando con hechos concretos. Acabamos de aprobar el II Plan de Infancia y Adolescencia y estamos trabajando en la renovación del sello de Ciudad Amiga de la Infancia que UNICEF nos otorgó en 2016. Este reconocimiento no es un punto de llegada, sino un impulso para seguir construyendo un municipio donde todos los niños, niñas y adolescentes puedan crecer en equidad, con acceso a la educación, la salud y el bienestar que merecen”, ha subrayado Pilar Torres.

“Nuestra meta es clara: una Murcia más justa, más solidaria y más comprometida con su infancia. Porque invertir en los niños y las niñas es invertir en el futuro de nuestra ciudad”, ha apuntado.

Romper el círculo de la pobreza

En España, uno de cada tres niños y niñas vive en situación de pobreza, una realidad que impacta directamente en su desarrollo personal, educativo y social. Con el objetivo de romper la transmisión de la pobreza heredada, CaixaProinfancia “promueve un acompañamiento integral y personalizado, orientado a mejorar las competencias básicas, los hábitos de estudio y la autoestima de los participantes, favoreciendo así su empoderamiento y su inclusión social”, señalan desde la Fundación.

Con 18 años de experiencia en entornos vulnerables, además, “ofrece un apoyo integral y multidimensional con actividades que abarcan desde el refuerzo educativo hasta la atención psicosocial y el bienestar familiar”. Su modelo de intervención innovador, basado en el trabajo en red, se despliega por todo el territorio español, abarcando las 17 comunidades autónomas, dos ciudades autónomas, 148 municipios, 200 redes y más de 400 entidades sociales. Estas entidades colaboran directamente en la atención y seguimiento de las familias, priorizando las ayudas según sus necesidades. 

El programa se articula a través de redes territoriales de atención, promoviendo la colaboración entre entidades sociales, administraciones locales y otros agentes del territorio (escuelas, centros de salud y servicios sociales). Esta coordinación permite optimizar los recursos y garantizar que cada niño o niña reciba el apoyo necesario según su situación y necesidades. En Murcia, participan entidades como Cáritas, Fundación Secretariado Gitano, Cepaim, Copedeco, Columbares, Inter Futsal, Coordinadora de Barrios y Plena Inclusión.

 La educación como motor de cambio

Las condiciones del entorno, la salud o la organización familiar influyen directamente sobre los procesos de aprendizaje, de manera que aquellos niños, niñas y adolescentes que viven en contextos vulnerables tienen mayores dificultades para alcanzar el éxito escolar.

Según el último Informe de Evaluación de CaixaProinfancia publicado, correspondiente al curso 2022-2023, los datos reflejan el impacto positivo del programa, “ya que cerca del 90% de los participantes logró promocionar de curso, y la tasa de graduación en la ESO alcanzó un destacado 82,4%, situándose un 31,2% por encima de la media nacional de estudiantes del mismo estrato socioeconómico”.

El programa se enfoca también en promover el desarrollo de sus competencias básicas, mejorar sus hábitos de estudio, la autonomía en el aprendizaje, el incremento de las expectativas de éxito y el impulso de los resultados académicos y el rendimiento escolar. Además, trabaja para mejorar la autoestima de los participantes, su empoderamiento y el fortalecimiento de los procesos de socialización e inclusión social.

 “Es por esto, que el Ayuntamiento de Murcia sigue apostando por continuar trabajando en estrecha colaboración con CaixaProinfancia con un gran aliado en la atención a la infancia y adolescencia del municipio”, ha concluido Pilar Torres.

El 34,2% de la población de Castilla-La Mancha está en riesgo de pobreza, lo que la convierte en la segunda región de España por detrás de Andalucía (35,6 % en materia de pobreza y exclusión social)

Son los datos que refleja el 15º informe 'El estado de la pobreza' presentado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y/o Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN CLM), que cifra en 719.000 personas castellanomanchegas en riesgo de pobreza durante el año 2024.

Esta cifra supone un incremento de 2,5 puntos porcentuales respecto a 2023, lo que se traduce en 58.000 personas más en situación AROPE (indicador europeo que mide la situación de pobreza de la ciudadanía de la Unión Europea).

1 de cada 3 personas en riesgo de pobreza en la región

La carencia material y social severa, que es un indicador que engloba trece ítems sobre calidad de vida, afecta a más de 180.000 personas. Aunque permanece estable con respecto a los datos del año anterior (2023), el más alto corresponde a que las familias “no pueden afrontar gastos imprevistos”, que afecta al 37,7% de las personas en riesgo de pobreza.

Las personas en riesgo de pobreza en Castilla-La Mancha coinciden en factores en su mayoría, como tener en el hogar menores económicamente dependientes y concentrarse en zonas rurales. Además, el 56,4% de esas personas residen en una vivienda en alquiler.

En 2024, el 9,4 % de la población de Castilla-La Mancha experimentó retrasos en el pago de facturas de suministros como la luz o el gas. Este resultado supone 1,2 puntos más que el año anterior, con lo que se sitúa muy cerca del medido a nivel nacional (9,8 %)

Hasta un 8,6% de la población de Castilla-La Mancha en situación de pobreza severa

En el año 2024 la tasa de pobreza severa, medida con un umbral del 40 % de la mediana de renta nacional (el porcentaje de personas que viven en hogares con un ingreso máximo de 644 € mensuales por unidad de consumo), en Castilla-La Mancha es del 8,6 % y mejora respecto a la anualidad anterior en 1,8 puntos. En este caso, coincide con los factores de personas en riesgo de pobreza: la mayoría residen en hogares de alquiler, con menores económicamente dependientes y concentradas en zonas rurales.

La renta media por persona en Castilla-La Mancha es de 12.357 €, es decir, 2.450 € menos que la renta media nacional y la tercera más baja de todas las regiones, solo superior a la de Murcia y Andalucía.

La pobreza afecta más a la población infantil

En Castilla-La Mancha, el 51,5% de la población tiene alguna dificultad para llegar a fin de mes, un dato que permanece estable con respecto al año anterior estudiado. Sin embargo, aumenta el número de personas que señalan tener mucha dificultad para hacer frente a los gastos y llegar a fin de mes, un 13,1% con respecto al 9,4% en 2023.

La tasa AROPE ha aumentado tanto entre hombres como en mujeres, teniendo una diferencia de un 0,3%, siendo superior en mujeres.

En el caso de las personas mayores de 65 años, se registra una tasa AROPE más baja. Contrariamente, la tasa AROPE infantil ha crecido y vuelve a ser la más elevada de los grupos de edad, con un 41,1% respecto del total.

Crece la vulnerabilidad del colectivo más vulnerable. Los niños y niñas de la Comunidad de Madrid viven con cada vez más riesgo de pobreza o exclusión social. Esta es una de las conclusiones más lapidarias que revela el último informe elaborado por CCOO Madrid con datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE, el Instituto Nacional de Estadística. Los números de 2024 revelan que no solo hay un 7,7% más de madrileños dentro de la tasa AROPE –un indicador europeo que mide este fenómeno–, sino que la cifra de menores también crece: hay casos más que el año anterior.

En total, la comunidad autónoma registró ese año en torno a 1.465.000 madrileños dentro del umbral de pobreza, con 131.790 casos más que en 2023. De todos ellos, el 31% son niños (antes un 26%) y la mitad, mujeres mayores de 16. El incremento es de 55.000 menores, que se suman a los que ya estaban en situación de extrema vulnerabilidad.

“Mientras se escatiman recursos para la población en riesgo, la Comunidad de Madrid deja de ingresar 6.125.000 euros al año en rebajas, deducciones o reducciones de distinto tipo”, denuncia el sindicato en su último informe, donde contrapone la apuesta por los “regalos fiscales” para los más adinerados o la rebaja al 50% del impuesto de sucesiones mientras a los datos para las clases bajas, a veces abocadas a la pobreza.

Cumplan o no con la tasa AROPE, lo cierto es que la vivienda en Madrid absorbe la mayor parte del gasto en casi todos los estratos sociales, por encima de la alimentación. El informe de CCOO recoge que el 42% de los hogares en la región tienen dificultad para llegar a fin de mes, y un porcentaje similar es el que se calcula que consume una hipoteca para el ingreso salarial medio. “El precio del alquiler se ha duplicado en la última década y esta es la principal causa del sinhogarismo”, contextualizan.

Entre otras recriminaciones, el órgano sindical hace hincapié en que la apuesta por la Renta Mínima de Inserción (RMI, una prestación para personas en riesgo de exclusión social) en la Comunidad de Madrid se encuentra “al borde de la extinción”, y achaca al Partido Popular que haya reducido su presupuesto en 2025 o “no gastara todo el dinero adjudicado” para este fin desde 2019. “Las cuantías medias actuales están debajo del umbral de la pobreza severa”, compara en su informe.

El caso de la Cañada Real y algunas propuestas de mejora

Uno de los lugares que más preocupan vuelve a ser la Cañada Real. “Este informe es otro llamamiento al Gobierno regional para que restablezca de inmediato el suministro eléctrico”, demandan en CCOO Madrid por el corte de luz de hace cinco años que aún mantiene a más de 6.000 personas a oscuras, entre ellas 2.370 niños. “Cuando se insiste en atribuir el éxito únicamente al mérito y al esfuerzo individual lo único que se pretende es eludir la responsabilidad”, aseveran, en otro dardo al PP.

Analizada la situación con los datos de este último informe, el sindicato lanza una serie de peticiones a Isabel Díaz Ayuso con las que, creen, podrán darse pasos hacia delante. Principalmente, proponen repensar la inversión en medidas fiscales para beneficiar a determinados tramos de renta para volver a un sistema “más justo y progresivo” en el que aporten quienes más tienen, eliminando las rebajas o exenciones impulsadas en los últimos años.

Con el dinero que se recupere, CCOO pide reforzar las políticas sociales que den cobertura a colectivos vulnerables o aumenten el presupuesto base de prestaciones como la RMI o el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Para que los recursos generados no decaigan, el siguiente paso es que la administración empuje a esas personas a incorporarse al mercado laboral con actuaciones que lo faciliten, tanto a nivel individual como estructural.

De cara a los más pequeños que también viven en situación de pobreza o exclusión, los creadores del informe sugieren la gratuidad de los comedores escolares al menos en centros públicos o el incremento de plazas en los cursos e Formación Profesional, de cara a que refuercen sus opciones de hallar trabajo. En general, su apuesta es la de “revertir una gestión privada de los recursos sociales” y mejorar los que ya existen tanto para personas mayores, niños, mujeres o usuarios con alguna discapacidad, así como elaborar un plan firme para atajar el sinhogarismo.

Un total de 340.000 personas se encontraban en riesgo de pobreza y/o exclusión social en Extremadura en 2024, el 32,4% de la población, lo que supone cuatro décimas menos que el año anterior. Esto supone, según los datos del último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) de Extremadura, que un tercio de los extremeños se encuentren en esta situación.

El presidente de EAPN en Extremadura, Sebastián González, junto a Ana Macías, miembro también de esta organización, ha explicado que la región es la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de pobreza y exclusión, después de Andalucía y Castilla-La Mancha, y la quinta en pobreza severa. Y ha puesto el foco en la importancia de las prestaciones públicas y el Estado del Bienestar en la lucha contra la pobreza.

Según ha detallado, la tasa de carencia material y privación severa se ha logrado reducir hasta llegar a las 53.000 personas, el 5% de la población, frente a las 84.000 de 2023. De estas 53.000 personas, el 37,9% no puede hacer frente a gastos imprevistos, el 36,7% no puede permitirse salir unos días de vacaciones al año, el 3,4% no puede comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días, el 18,4% no puede mantener su vivienda caliente en invierno y en verano fría, y el 11,2% ha sufrido retrasos en pagos de facturas o préstamos.

Casi la mitad tienen problemas para llegar a fin de mes

Además, según ha apuntado, en un avance de los datos del informe que será presentado el próximo viernes, coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la mitad de los extremeños, el 49,5%, tiene dificultades para llegar a fin de mes. Un 10,6% de la población entre 0 y 64 años vive en hogares con baja intensidad de empleo, lo que significa que más de 87.000 personas aún teniendo trabajo no consiguen generar ingresos suficientes porque el empleo es temporal, a tiempo parcial o inestable.

El dato es aún más elevado entre las mujeres, un 11,3% frente al 9,9% de los hombres, lo que refleja “una feminización de la pobreza y una desigualdad de acceso al empleo digno”, según Macías.

Por su parte, la vivienda se ha consolidado como uno de los principales factores de empobrecimiento en Extremadura, una región donde la renta media por persona es de 12.421 euros, casi 2.400 euros menos que la media nacional. Esto se traduce en que el 41,3% de los extremeños que viven en alquiler a precio de mercado se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, un 38,2% en pobreza y un 14,9% en pobreza severa.

Según Macías, los datos reflejan que “los ricos son excesivamente ricos y son muy pocos, y los pobres son mucho mayores y cada vez son más pobres”.

Ha advertido además de que sin prestaciones públicas, como las pensiones, subsidios o el ingreso mínimo vital, las tasas de pobreza en Extremadura que se dispararían a un 52,7%, frente al 27,5% en que se cifran en la actualidad. “Esto demuestra que el estado del bienestar sigue siendo una herramienta fundamental en la lucha contra la pobreza y que las políticas de protección funcionan, pero necesitan una mayor cobertura suficiente y equidad”, ha manifestado.

Por su parte, González ha mostrado su preocupación ante la pobreza infantil, con un 35,3%, y la subida en 10 puntos, del 21% al 31%, en la última década de la tasa en jóvenes de entre 18 y 29 años que están en pobreza o en riesgo de exclusión social.

También ha lamentado que las personas jubiladas presentan una tasa de pobreza del 21,4% y una pobreza severa del 3,3%, lo que demuestra que la protección social no siempre garantiza una vida digna. “El riesgo de pobreza y exclusión ha mejorado, pero no son datos para sonreír y para celebrar porque hay algunos muy preocupantes”, ha concluido.

Un total de 58.925 solicitudes de la beca comedor para familias vulnerables resultaron denegadas al final del proceso, un 36% del total de las solicitudes recibidas. El 99,5% de las becas denegadas responden a que los solicitantes no cumplen con requisitos “multimodalidad”, un término que la Consejería no explica, pero que el PSOE-M achaca a las trabas burocráticas que las familias han denunciado desde hace varios cursos. Unas trabas que han facilitado la presentación de dosieres incompletos para los requisitos excesivos. A pesar de que el Gobierno de Ayuso ha defendido la cobertura de esta prestación, con los 103.210 niños que la recibieron el curso pasado, no se ha conocido la cifra de rechazos hasta la pregunta parlamentaria efectuada por Lorena Morales, diputada del grupo socialista en la Asamblea de Madrid.

Tal y como ha adelantado este lunes la Cadena Ser, y ha podido confirmar elDiario.es, más de un tercio de los niños se quedaron fuera de la protección alimentaria que suponen las becas comedor para las familias con dificultades económicas. “Ayuso tiene 140.000 niños y niñas en pobreza severa, pero sólo sacó 103.000 becas de comedor escolar”, señala Morales en conversación con este periódico, a lo que añade: “Madrid es rica solo para unos pocos, los suyos”.

La gestión de las becas comedor está adjudicada, desde hace tres años, a una empresa que presta el servicio para la Consejería, cuya partida se ha triplicado, de los 227.000 euros para el curso 2023/2024 a los 651.000 para el curso que comienza. Para Morales, esta inversión no se traduce proporcionalmente a un aumento en el número de beneficiarios becados. “Mientras el presupuesto para becas comedor no ha subido ni un euro para este año, el de la empresa que gestiona esas becas lo ha hecho un 17%”, denuncia la diputada.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha defendido este lunes ante los periodistas que el hecho de que haya un gran número de solicitudes denegadas “no quiere decir que haya personas que tengan derecho a la beca que se queden sin ella”.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha criticado la burocracia que hay detrás de estas solicitudes, que exige la aportación documental obligatoria a través de internet a familias vulnerables que no siempre tienen acceso a este servicio, y ha asegurado que “muchas familias se quedan fuera por trabas burocráticas o requisitos injustos”. Ha prometido, además, el registro de una proposición de ley por parte de su grupo parlamentario para “garantizar este derecho sin discriminación ni cargas burocráticas” a través de un “comedor universal gratuito y saludable”. “La burocracia está diseñada para expulsar a la ciudadanía de los derechos más básicos”, ha añadido.

El grupo socialista, a su vez, ha propuesto mejorar el umbral de renta para ampliar el derecho a comedor gratuito inmediato a todas las familias que ingresen menos de 35.000 euros al año.

Empezamos el curso con un análisis que deja unas conclusiones preocupantes respecto a España y su sistema educativo. Como sabéis, en los últimos años nuestro país se ha estancado en las pruebas internacionales que miden el desempeño educativo, especialmente en matemáticas y ciencia.

Desde que salieron los últimos resultados, expertos de todo pelaje tratan de dilucidar qué está pasando para que se haya dado este parón –si es que íbamos hacia arriba, que también es discutible–, con teorías de todo tipo: que si las competencias, que si la mano blanda, el aprendizaje por proyectos o el buenismo... Por haber hay quien incluso culpa a Lomloe del teórico bajo nivel de España, pese a que ni siquiera estaba vigente cuando se hicieron los exámenes.

La semana pasada EsadeEcPol aportó su granito de arena al debate público con un informe titulado Calidad del Aprendizaje de Matemáticas y Ciencias en Primaria en España y Francia (se juntan los dos países porque se supone que tienen sistemas similares y comparten resultados y problemas), en el que ha analizado los microdatos de dos de estas pruebas para tratar de obtener respuestas.

Vienen a decir los autores, y esto es lo preocupante, que el problema no está en la escuela sino en la sociedad. “Los problemas relacionados con la alimentación y la transición de ordenadores a smartphones explican la mayor parte de la caída de los resultados”, sostiene el texto. Esto es: hay muchos niños que no tienen ni para comer bien, y en esas circunstancias es imposible que rindan en la escuela.

Hay más razones extraescolares para el bajo rendimiento. “Cada vez más niños declaran llegar con hambre a la escuela, con un aumento del 50% en España y del 55% en Francia. Además, aumentó la brecha entre la lengua en el hogar y la lengua de enseñanza, especialmente en España, país en el que el 32,1% de los alumnos de Primaria nunca o [solo] a veces hablan la lengua de enseñanza en el hogar”, escriben los autores. También España está entre los países con menos libros en casa, y están cayendo los hogares que tienen un lugar específico para que los jóvenes estudien.

Y este problema, que habla de toda la Sociedad, parece más difícil de afrontar que una disfunción educativa. Suena un poco a herejía, pero casi que el educativo específicamente es el menor de los problemas, aunque todo se exprese ahí.

A partir de aquí, las soluciones. La más obvia pasa por revertir la pobreza infantil o, en su defecto, asegurar que al menos los niños tengan –minimísimo– una comida garantizada al día. Ya os contamos hace un par de semanas que la ONG Educo calcula que establecer un comedor escolar universal y gratuito costaría unos 6.000 millones de euros al año, un 10% del presupuesto educativo total. Otra de las propuestas destacadas pasa por adelgazar los currículos para que los pequeños aprendan quizá menos cosas, pero más en profundidad. Esta idea está recogida en los actuales curriculums, pero quizá haga falta ahondar más.

Hay más, que os invito a leer en el artículo que publicamos o, si preferís la fuente primaria, en el informe original.

Nosotros seguimos con más cosas.

Esta semana hemos hablado de...

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En este boletín se celebra cuando un colectivo gana (o adquiere) derechos, como sabéis, así que cierro con esto y nos despedimos con un buen sabor de boca.

Gracias por estar ahí, el martes que viene más.

¡Feliz semana!

En el tercero del número 19 de la calle Javier de Burgos de Cádiz viven más ratas que personas. Un matrimonio, con cuatro hijos menores de edad, reparten sus pesos por habitaciones para evitar que el suelo se hunda cualquier noche. Khaoula, la madre, no duerme muchas veces espantando las cucarachas que saltan a las caras de sus hijos. Y cuenta, entre la emoción y el dolor, que su vecino ha decidido hacer sus necesidades en una bolsa para que no vuelva a caerles en su casa por el estado de las cañerías. Lorena Peña está durmiendo con su pareja estos días en un trastero. Ha tenido que dejar a sus hijos en casa de una hermana. Tampoco Tamara Manzano duerme con sus hijas. Desde que la echaron del albergue donde se refugiaba, no tiene casa fija.

La Asociación Proderechos Humanos de Andalucía ejemplifica en los casos de Khaoula, Lorena y Tamara el drama real de la vivienda en Cádiz. La imposibilidad de que madres como ellas puedan encontrar una forma de vivir dignamente con sus hijos menores de edad. Cada uno de sus casos, y el de otras, son diferentes, pero convergen en una misma situación. Son madres con hijos, pero sin casas, y la administración no es capaz de encontrar para ellas una solución.

Khaoula se ha prometido a sí misma que no va a derramar ya ni una lágrima más en su lucha por reivindicar una salida a la insoportable angustia de residir en una vivienda que no reúne las condiciones mínimas de salubridad y seguridad. Estos días que su vivienda ha salido en los periódicos y las televisiones ha podido ver cómo la llamaban “el edificio del terror” o “la casa del infierno”. Están hablando de su casa. Es su hogar desde hace unos 15 años y allí vive con su marido y sus pequeños de 13, 12, siete y cinco años. “Mi marido llegó primero de Marruecos y se alquiló una habitación. Estaba estudiando. Cuando yo vine el dueño entendió que, como ya éramos una familia, nos tenía que hacer un contrato de alquiler de una casa entera y de 150 euros pasamos a pagar 450”, detalla la mujer.

Su casa de Javier de Burgos nunca estuvo bien, pero se ha ido deteriorando sin que el casero hiciera nada por arreglarla. “Si se caía un trozo de techo, me bajaba un poco la renta, y lo arreglaba yo”, recuerda. En 2018 empezaron a llegar las cartas. Aquel edificio estaba embargado por los impagos de los dueños y sus vecinos comenzaron a recibir requerimientos, que llevaron a que el dinero de sus alquileres terminara en Hacienda. El Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, se hizo con el inmueble y, lejos de ayudar, los problemas crecieron. Los bajos se vaciaron y se llenaron de suciedad, no había nadie para solventar los daños estructurales del edificio ni el deterioro progresivo de cada vivienda. Los técnicos municipales del Ayuntamiento certificaban en informes periódicos que ese edificio no estaba en condiciones para vivir, pero nadie hacía nada. “He quitado cucarachas de la cara de mis hijos mientras duermen. Hemos tenido que cazar ratas porque no es que hubiera un nido de ellas, había una ciudad. No podemos dormir juntos porque tenemos miedo de que se hunda el suelo. Creo que el techo de verdad es más falso que los falsos techos que tiene la casa”. Khaoula con enorme entereza va soltando frases que describen el horror de una familia.

Lorena Peña ha malvivido todos estos años de casa en casa. Durante el anterior mandato de José María González la desahuciaron y entonces la empresa municipal de vivienda Procasa le buscó un alquiler, por el que el Ayuntamiento pagaba una parte y ella tenía que abonar otra parte. Al empezar a trabajar su marido, le quitaron esa ayuda, pero, al separarse, la manutención que le llegaba no fue suficiente para pagar los gastos de sus hijos y la casa. Comenzó una deuda que no podía resolver. “El dueño me dijo: Lorena, si te vas de la vivienda, te perdono la deuda. Y me fui. ¿Qué iba a hacer?”. Eso fue en mayo. Desde entonces duerme en un trastero. Todas las noches hace hueco en él para posar en un hueco un colchón. Sus enseres los guarda en el maletero de un coche. Sus dos hijos menores, de ocho y 13 años, no caben ahí. Todas las enfermedades que sufre Lorena se han acrecentado en este mes. “No tengo donde vivir con ellos”.

El relato de Tamara Manzano está plagado de huidas. Huyendo de un horror se plantó con sus dos hijas en casa de su madre, donde ya vivía su hermano con tres niños. La trabajadora social lo tuvo claro cuando fue a hacer un informe de una casa tan pequeña donde vivía tanta gente. “O salen adultos, o sacamos niños”, soltó. Se marchó Tamara a una casa en la calle Feduchy. Entonces no lo sabía, pero era un edificio okupado. Uno de los responsables la acosaba. “Dormía con un cuchillo cerca, por si aparecía por la noche”. Volvió a escapar. Su madre la avisó de que justo encima de su casa había una vivienda de Procasa vacía. No lo dudó. Entró en ella con sus hijas. “No tenía luz ni agua. Tiré un cable y era mi madre la que me daba el suministro eléctrico”. Hace uno meses que un juzgado ordenó su desahucio tras denunciarla Procasa por la vía penal. El Ayuntamiento asumió la gravedad de su caso, porque, además de sus dos hijas menores, tenía que operarse de cáncer. Le buscó un sitio en un albergue. El albergue del que ha tenido que irse hace unos días. “Me han dicho que tenía que dejar hueco para otras familias. Y me han echado. Pedí que se esperaran a que terminara el colegio, pero ni eso”. Sus hijas están con parientes. Ella sigue buscando. La casa de la que la echaron, a la que pusieron una puerta antidesahucios, sigue vacía desde el 1 de abril.

Proderechos Humanos clama a las administraciones para que solventen los dramas reales que representan estos tres casos, aunque hay muchos más. Su demanda más inmediata al Ayuntamiento es que resuelven desde asuntos sociales la urgencia de unos niños que o viven lejos de sus madres, o tienen que compartir casas que no cumplen las mínimas condiciones. A medio y largo plazo, piden más casas. Pero no como las que se construyen o anuncian en Cádiz, imposibles de asumir por la mayoría. Reclaman casas para alquileres sociales.

Su denuncia sobre la situación del edificio de Javier de Burgos, donde vive Khaoula, ha tenido consecuencias positivas. La enorme difusión del caso ha propiciado que la Sareb, ausente durante años, haya llevado técnicos esta semana al inmueble que han certificado que necesita importantes obras y ha propuesto una salida pactada con “soluciones habitacionales inmediatas” y la inscripción de las familias vulnerables en un programa de alquiler social.

La solución para Lorena y Tamara todavía no se atisba tan clara. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, contó en su día que Tamara había ido a un albergue, a pesar de que le habían ofrecido varios pisos. “No es cierto. Me dijeron que había un piso detrás del hospital y cuando fui a verlo resulta que era un garaje que lo habían tapiado y le habían puesto una cocina y un baño. Pero era un garaje, sin ventilación ni nada. Y tenía que pagar 465 euros al mes. ¿Eso es un lugar para vivir con mis hijas?”, responde indignada.

La última actualización de Procasa ha revelado que a 1 de junio de 2025 en el registro de demandantes de viviendas protegidas de Cádiz había 6.602 personas. 4.761 son mujeres. Lorena no está ni entre las 100 primeras. Khaoula ocupa el puesto 18. Y Tamara, el 16. Es decir, que según este baremo técnico aún hay en Cádiz 15 personas en peor situación que ellas.

Durante los años 2021 y 2022, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) llevó a cabo varios estudios relacionados con el derecho a la educación en Cádiz. En ellos se detectó un dato alarmante y recurrente: cerca del 30% de los niños y niñas estaban en riesgo de pobreza. Esta cifra, respaldada por organizaciones como Save the Children, motivó la realización de un informe más exhaustivo para documentar y analizar en profundidad esta problemática social centrada en la infancia, uno de los sectores más vulnerables de la población.

Por su parte, el informe de 2023 de la consultora especializada en big data, AIS Group, indicaba que cuatro de cada diez menores andaluces viven en riesgo de pobreza, siendo la cifra en Cádiz capital es del 35,7%. Aunque Cádiz se sitúa entre las ciudades andaluzas con mayor renta media por hogar, muestra importantes desigualdades internas, una alta tasa de desempleo (entre el 25% y el 30%) y un envejecimiento de la población superior al 25%.

El estudio buscaba no solo visibilizar la situación sino también provocar una reacción social e institucional. Durante el curso 2023/2024 se realizaron 355 encuestas, dividiendo Cádiz en dos grandes zonas: intramuros (casco histórico) y extramuros (zona moderna). Asimismo, se emplearon indicadores centrados en alimentación, recursos económicos, acceso a servicios básicos, vivienda, educación y conectividad digital. Los resultados obtenidos ofrecen una imagen clara de las carencias estructurales que afectan a muchas familias gaditanas:

Comidas diarias. El 98% de las familias asegura que sus hijos realizan las tres comidas principales, aunque en algunos casos con ayuda externa.

Consumo de frutas y verduras: El 15% de las familias no consumen estos alimentos con regularidad, cifra que sube al 30% en intramuros.

Dependencia de ayuda alimentaria. Un 9% de las familias recurre a entidades o Banco de Alimentos, elevándose al 22% en el casco antiguo. Este dato es especialmente grave tratándose de hogares con menores.

Ingresos mensuales. Un 20% de los hogares con hijos ingresan menos de 1.000€ al mes, alcanzando un 40% en intramuros.

Dificultad para llegar a fin de mes. El 50% de las familias encuestadas tiene dificultades económicas mensuales, lo que afecta directamente a la estabilidad y salud emocional del núcleo familiar.

Gastos escolares y extraescolares. Un 30% de las familias declara no poder costear material escolar, actividades complementarias o excursiones, cifra que se eleva al 40% en intramuros.

Gastos en ropa y calzado.Un 86% afirma poder afrontar estos gastos, aunque probablemente a costa de otros elementos esenciales.

Climatización del hogar. El 40% no puede mantener una temperatura adecuada en casa, subiendo a más del 50% en intramuros.

Acceso a ordenador. Un 30% de las familias no puede proporcionar un ordenador a sus hijos para tareas escolares, lo que genera una importante brecha digital. En intramuros, el porcentaje llega al 50%.

Conexión a Internet. El 97% de los hogares cuenta con conexión a internet, aunque se desconoce el uso educativo real que se hace de ella.

Para afrontar el problema de forma eficaz, nuestro estudio proponía una intervención integral que refuerce las políticas públicas del Estado del Bienestar: sanidad, educación, servicios sociales y vivienda. Entre las medidas estructurales sugeridas destacan:

Renta universal por crianza hasta los 18 años.

Recuperación de programas educativos para la etapa 0-3 años.

Políticas de empleo activas para familias con menores.

Protección frente a desahucios y alquiler social.

Reducción del IVA en productos y servicios esenciales para la infancia.

En el ámbito educativo, se plantea:

Ampliación del comedor escolar y actividades en verano que incluyan ocio y refuerzo.

Becas y ayudas escolares que cubran etapas no obligatorias y garanticen igualdad de oportunidades.

En cuanto a sanidad, se sugieren:

Equiparar los copagos de medicamentos para niños/as con los de pensionistas.

Deducciones fiscales reembolsables para familias sin declaración de renta.

Ampliación de la cartera sanitaria para incluir gafas, audífonos, atención odontológica, logopedia o psicología.

Además, se propone promover un desarrollo infantil saludable, combatiendo los determinantes sociales que condicionan negativamente la salud desde la infancia.

Uno de los grandes aciertos de esta investigación nos parece que ha sido la implicación del alumnado y profesorado en la elaboración del estudio. Esto ha permitido no solo recopilar datos relevantes, sino también fomentar en el alumnado una conciencia crítica y un compromiso activo con su entorno. A través del conocimiento directo de su barrio y su comunidad, los jóvenes adquieren herramientas cívicas fundamentales. Este enfoque educativo dota al estudio de una doble función: científica y formativa, reforzando el papel de la escuela pública como agente transformador y consciente de su contexto.

Conclusión

El informe elaborado por la APDHA pone de relieve una realidad que no puede ser ignorada: la pobreza infantil en Cádiz es estructural, persistente y con consecuencias profundas sobre el desarrollo y bienestar de la infancia. Las cifras son claras y dolorosas: una proporción significativa de menores gaditanos crece en hogares con grandes carencias materiales y oportunidades limitadas. Esta situación no es solo una vulneración de derechos fundamentales, sino un lastre para el futuro de toda la sociedad.

El estudio no se limita a la denuncia, sino que propone una batería de medidas concretas, muchas de las cuales ya han sido formuladas por organizaciones sociales y que esperan aún su aplicación efectiva. La inversión en la infancia no debe verse como un gasto, sino como la base del progreso colectivo. Cádiz, como ciudad envejecida y con importantes desigualdades internas, tiene en sus manos la posibilidad y la responsabilidad de actuar.

Hace cinco años, una renta mínima estatal parecía casi imposible en España. Pero estalló la pandemia de coronavirus, una emergencia en mayúsculas, que supuso un antes y un después en muchos sentidos. También en la lucha contra la pobreza, con el lanzamiento en tiempo récord del ingreso mínimo vital (IMV). Este año, en su quinto aniversario, el Ministerio de la Seguridad Social ha celebrado la importancia de esta ampliación de la protección social, pero con una campaña y una promesa que reconocen su mayor reto: el de llegar a más personas con derecho a la ayuda. En dos años, la ministra Saiz se compromete a aumentar un 40% las familias con niños cubiertas, hasta los 700.000 hogares.

El Ministerio de la Seguridad Social ha presentado este lunes una campaña publicitaria, titulada Llegar, su apuesta en este quinto aniversario para difundir la ayuda a personas con derecho a ella que no la han pedido, el “autoreconocimiento” sin “prejuicios” de personas de escasos recursos que puedan recibirla. “La campaña resume su razón de ser [del ingreso mínimo vital]: llegar. Esta política solo tiene sentido si llega a quien lo necesita, si llega a tiempo y si llega con dignidad”, ha afirmado la ministra Elma Saiz.

La responsable de Inclusión se ha comprometido a ampliar un 40% los hogares beneficios con niños que reciben el complemento a la infancia (CAPI) vinculado al ingreso mínimo vital, de los alrededor de 500.000 actuales a los 700.000 en dos años, en 2027. En número de niños y niñas cubiertas por la ayuda, Saiz ha cifrado los 1,5 millones de menores, cuando en la actualidad alcanza a unos 910.000.

El ministerio engloba el complemento de ayuda a la infancia (CAPI) –que va de 57,5 euros al mes a 115 euros al mes por niño, según su edad– como un tipo de ingreso mínimo vital, aunque hay que recordar que hay hogares con menores que reciben el IMV y el CAPI mientras que otras familias solo reciben el CAPI, ya que esta ayuda por hijo mensual puede llegar a hogares con más renta que el IMV completo.

Saiz ha criticado a las Comunidades Autónomas, con mención especial a la Comunidad de Madrid, por haber recortado sus rentas mínimas contra la pobreza, en lugar de adaptarlas para complementar el IMV. Una denuncia repetida por las organizaciones sociales y sindicatos. “Busque cualquier partido político y lo encuentran”, ha sostenido Carlos Susías, presidente de la red de ONG contra la pobreza EAPN, ya que hay gobernadas por el PP, pero también por el PSOE.

Las entidades sociales piden más mejoras

En un momento en el que la pobreza infantil está aumentando en España, en contra de la tendencia general de descenso de pobreza y desigualdad, la ministra Saiz ha centrado su mensaje en este colectivo de familias con hijos. “Nuestro compromiso y responsabvilidad es llegar. Somos los responsables públicos lo que tenemos que ponérselo fácil”, ha sostenido Saiz, que ha destacado el importante paso que ha supuesto el ingreso mínimo vital, a la vez que se ha comprometido a mejorarlo.

Preguntada sobre si habrá algún cambio o mejora en el complemento a la infancia o el IMV para lograr ese aumento del 40% de hogares con niños anunciado, la ministra se ha remitido a la nueva campaña publicitaria, así como a un refuerzo “del 20% la plantilla del teléfono 020”, gratuito sobre el ingreso mínimo vital, así como la reciente puesta en marcha de “un nuevo servicio de atención telemática para personas con discapacidad auditiva”. La ministra tampoco se ha posicionado sobre la petición de las ONG y de su socio de Gobierno de una prestación universal por crianza, que llegue a todos los menores de edad.

El Ministerio ha destacado también que se han desplegado “iniciativas de acompañamiento con el tercer sector, como el proyecto de EAPN, que ha aumentado en casi un 20% las solicitudes gracias a la acción comunitaria”.

Desde la ONG especializadas en la lucha contra la pobreza, la EAPN, han celebrado la importante de la renta mínima estatal, que llevaban años reclamando las entidades sociales y cuyo germen a nivel político se atribuye a la socialista María Luisa Carcedo, presente hoy en el acto. No obstante, Carlos Susías, ha pedido que se necesita más acompañamiento de las personas solicitantes del ingreso mínimo vital, para mejorar su accesibilidad, así como avanzar hacia un derecho individual (no familiarista) y que pueda tener en cuenta la necesidad económica actual de los solicitantes (no la renta del año anterior).

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha destacado también que el IMV es una “prestación beneficiosa, pero insuficiente” y ha recordado que no llega a muchas familias con derecho a la ayuda. Según el último informe de la Autoridad Independiente de responsabilidad fiscal (AIReF), de hace un año, alcanza a un 36% de sus potenciales beneficiarios. Sordo ha reclamado medidas como la declaración de la renta universal, para todas las personas, con la intención de automatizar la concesión de ayudas por parte de la Administración según la renta de los ciudadanos y evitar la “estigmatización” y las barreras para acceder a la renta mínima.

Además, diversos colectivos sociales y el Defensor del Pueblo han insistido en la necesidad de modificar la gestión de la renta mínima en un elemento clave: los llamados “cobros indebidos” y las regularizaciones de la ayuda a posteriori, que generan muchos problemas y ansiedad a los afectados cuando tienen que devolver parte de esta ayuda contra la pobreza.

En los últimos años, España está reduciendo sus niveles de pobreza y desigualdad hasta mínimos desde el inicio de la crisis financiera. Aunque hay un enorme “pero”: la pobreza infantil no sigue la misma evolución, con 2,3 millones de menores en esta situación (29%), incluso ha aumentado en los dos últimos años. Con niveles muy altos desde hace décadas, esto nos sitúan a la cabeza en Europa, donde invierten más en infancia. Las ONG especializadas en la lucha contra la pobreza reclaman un salto cualitativo en la protección social de los niños y niñas, con una ayuda universal, como el que se dio en su día con las pensiones para las personas mayores.

“Este efecto contundente que tienen las pensiones para prevenir la pobreza a las personas mayores creemos que tiene que ser el ejemplo de un sistema equivalente en aquellas personas menores de edad”, explica Ruth Caravantes, responsable de Investigación e Incidencia Política de EAPN-ES.

La organización ha publicado este miércoles su último informe, que refleja que en 2024 el 17% de mayores de 65 años que vive bajo el umbral de la pobreza se multiplicaría hasta alcanzar “el 80%” si no hubiese transferencias por jubilación. El sistema de público de pensiones tiene una parte de prestaciones contributivas, en función de lo que ha cotizado cada pensionista en su vida laboral, pero también hay pensiones asistenciales y complementos, para las personas que no han llegado a los mínimos requeridos. En cualquier caso, la EAPN recuerda que hay todavía pensiones muy bajas, por debajo del umbral de la pobreza, aunque en las últimas reformas se pactó ir aumentándolas para acercarse a este nivel.

La prestación universal por crianza, que defiende Sumar dentro del Gobierno de coalición progresista, es también una reclamación continua de las ONG de lucha contra la pobreza y, especialmente, de las especializadas en infancia, como Unicef, Save the Children y Plataforma de Infancia. La EAPN ha vuelto a reclamarla este miércoles, con el respaldo de multitud de datos y este ejemplo del pilar social que suponen hoy en día las pensiones públicas para las personas mayores. “Estamos hablando de dos edades [la infancia y la vejez] en las que hay más necesidad de la comunidad, hay más dificultad o es imposible generar ingresos”, recuerda Caravantes.

Las ONG plantean prestaciones universales con varios escenarios, que supondrían una mayor o menor inversión. Por ejemplo, estiman que una deducción universal y fija de 1.440 euros por hijo menor de 18 años (120 euros al mes) tendría un coste bruto de 11.288 millones de euros anuales y reduciría 5,4 puntos porcentuales la pobreza infantil. Además, como siempre, insisten en la necesidad de políticas trasversales de fortalecimiento de los servicios públicos, como la educación y la sanidad, además de políticas de vivienda social, una materia en la que España también destaca para mal en el conjunto de la UE y que se ha convertido en un importante factor empobrecedor.

Aunque erradicar la pobreza infantil es una cuestión de derechos humanos, muchos especialistas destacan que se trata además de una inversión, ya que es una lacra que perjudica económicamente a toda la sociedad. Nos cuesta al menos 63.000 millones de euros cada año, según un estudio liderado por las economistas Olga Cantó y Libertad González.

España reduce menos la pobreza infantil que el resto de Europa

El último estudio de la EAPN recoge multitud de datos que permiten intuir algunas de las causas y de los “agujeros” de protección que sitúan a España a la cabeza de pobreza infantil en la Unión Europea. Por ejemplo, es uno de los países que reduce menos la pobreza infantil con sus transferencias sociales (excluidas las de jubilación), como muestra el siguiente gráfico.

Sin trasferencias sociales, la situación de partida de pobreza infantil de España es la cuarta peor, con “Italia, Bulgaria y Francia” que presentarían niveles más elevados. Sin embargo, gracias a las transferencias de rentas, estos países logran disminuir mucho más la vulnerabilidad de los menores, hasta lograr tasas de pobreza mucho más reducidas.

En comparación con el resto de la Unión Europea, España es el cuarto país que menos puntos porcentuales de tasa de pobreza infantil logra reducir con sus transferencias (7,4 p.p.), solo por detrás de Grecia (6,4), Portugal (6,1) y Rumanía (5,8).

Aunque la EAPN destaca que España es el país que menos reduce su pobreza infantil “en términos relativos”: un 20%, lo que supone menos de la mitad que la media europea (42 %). En cambio, “ocho países logran disminuir la pobreza infantil a menos de la mitad gracias a estas transferencias”, entre los que destacan Finlandia (la reduce un 60%), Polonia (59%) e Irlanda (55%).

Irlanda es precisamente el país pionero en implantar la prestación universal por crianza, una ayuda que está muy extendida en países europeos. Los que no tienen ayudas universales, sino para ciertos colectivos más vulnerables, tenían en general ayudas por hijo más elevadas que en España.

Un coste inasumible para un país rico: “Es una decisión política”

Las ONG destacan que “actuar con políticas contra la pobreza funciona”, sostiene el presidente de la EAPN, Carlos Susías. La red de ONG subraya que las transferencias sociales del conjunto del Estado (pensiones, ingreso mínimo vital (IMV), ayudas a las familias y por hijo, ayudas para la vivienda, etc.) evitaron que “11,1 millones de personas en España entrasen en pobreza en 2024”, según los datos oficiales analizados de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV).

Si se excluyen las pensiones de este cómputo, el resto de transferencias sociales redujeron la pobreza en 6,3 puntos porcentuales en 2024, “lo que supone más de 3 millones de personas”. La EAPN destaca la evolución temporal de este indicador, que refleja una reducción de la acción protectora del Estado entre 2013 y 2019, en los años de recortes y políticas de austeridad del PP tras la crisis financiera.

Después, esta capacidad de reducir la pobreza ha ido mejorando. En especial, las ONG enfocan al gran auge experimentado en 2020 (con una reducción de 9,5 puntos porcentuales), debido al escudo social adicional que se lanzó con motivo de la pandemia, sobre todo los ERTE, que calculan que evitó que cayera en la pobreza 1,5 millones de personas.

En 2024, la acción protectora del Estado mejoró ligeramente respecto al anterior, en 0,3 puntos, y la EAPN subraya que lo hizo mucho más entre los menores de edad, con una reducción de la pobreza de 1,5 puntos porcentuales. En los últimos años ha ido aumentado las familias que reciben el ingreso mínimo vital (IMV) y la ayuda por hijo vinculada al ingreso mínimo vital (el CAPI), sobre todo en 2024, que no obstante debería llegar a un millón de hogares más.

Es decir, que las transferencias públicas se notan en la reducción de la pobreza, pero están siendo insuficientes, subrayan las ONG. Ampliar su alcance y su intensidad, en un país rico como es España, motor económico en estos momentos de los países desarrollados, es “una decisión política”, insisten. Para huir de la batalla partidista e implementar políticas de mirada larga, la EAPN reclama un “pacto de Estado contra la pobreza” para reducir por fin sustancialmente la pobreza y cumplir con los compromisos internacionales alcanzados por España.