La ley estrella del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que reconoce al embrión como “miembro de la unidad familiar” ha sumado días y días de polémica tras su aprobación por la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid. La norma del “concebido no nacido”, como la llama el propio gobierno autonómico, ha recibido críticas por parte de la oposición, pero también de expertas que consideran que se trata de una “batalla cultural” que asume posiciones antiabortistas más que suponer una ayuda real para las mujeres. Tras la bronca subyace una pregunta: qué pasa con los que sí han nacido y viven ya en la región. Es decir, cuál es la situación de los niños que, desde el momento en que nacieron, adquirieron la plena capacidad jurídica y tienen reconocidos sus derechos como seres humanos.

La Comunidad de Madrid argumenta que esta ley no va “en contra de nadie ni de nada” y que “no colisiona con ningún otro texto legal, solo con los prejuicios de algunos miembros de la izquierda”. La norma se centra en aspectos administrativos: “Tiene por objeto habilitar la asimilación del concebido no nacido al hijo ya nacido, a efectos del reconocimiento de aquellos beneficios y derechos que, en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, se deriven de la existencia de hijos ya nacidos”, según se recoge en el anteproyecto de ley.

Durante el debate en el último pleno extraordinario del parlamento regional, el grupo Más Madrid presentó 14 enmiendas que fueron rechazadas por la absoluta del Partido Popular. Algunas de ellas planteaban, en tono irónico, incluir garantías para una “correcta climatización de las aulas” o “reforzar plantillas” para “garantizar el acceso” de los pequeños al “área de pediatría en atención primaria en todos los centros de salud de la Comunidad de Madrid”. Más allá de la bronca política, la comunidad suma tareas pendientes en cuanto a aspectos como la sanidad infantil o la educación de los más pequeños.

La “situación crítica” de la atención pediátrica

En febrero de 2025, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) publicó datos sobre la situación de la atención a los niños en medicina. Entonces, casi dos millones de niños en España no tenían pediatra asignado. En Madrid, un 32% de las plazas de pediatría estaban sin cubrir atendiendo a datos de entre 2018 y 2024, los más actualizados según el análisis que hacen desde la AEPap. Durante la presentación del informe, el presidente de la asociación, Pedro Gorrotxategi, explicaba que en algunos gobiernos regionales, como el de la Comunidad de Madrid, intentaban paliar el problema creando puestos para pediatras en hospitales, pero dejando estancados los centros de salud.

A su vez, esta situación supone que los pediatras tengan asignados a cada vez más niños. Según la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), en 2025 la atención primaria en la Comunidad seguía dependiendo de las horas extraordinarias para poder sostener la actividad. Un comunicado publicado el pasado mes de junio en la web del sindicato alertaba de que una de las más afectadas era, precisamente, la pediatría, que consideran que está en una “situación crítica”.

Denuncian que, según Transparencia, el año pasado se realizaron “37.192 horas de módulos, lo que supone atender a 233.156 niños”. Teniendo en cuenta que los pediatras no pueden atender a más de 24 pacientes, Amyts calcula que se necesitarían al menos 44 pediatras más. Según los cálculos del sindicato mayoritario, en la Comunidad de Madrid 764.000 pacientes en 2025 no contaban con un médico de familia o pediatra asignado, 139.000 pacientes estaban sin pediatra sobre cupos medios de 1.000 pacientes.

Las listas de espera de la atención temprana

Otro de los puntos clave es la atención temprana, un servicio destinado a niños y niñas en las primeras etapas de su vida, de los 0 a los 6 años y que tiene como fin detectar “algún tipo de trastorno en su desarrollo, discapacidad o riesgo de padecerla y/o dependencia”, según la web de la Comunidad de Madrid. Según las cifras de la propia página oficial a fecha de 30 de junio de 2026, el número de demandantes en lista de espera para atención temprana actualmente es de 908 personas, una cifra que varía mes a mes pero que suele rondar los mil pacientes.

Esta espera ha hecho que asociaciones como la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid haya ofrecido costear los tratamientos para menores con discapacidad o riesgo de padecerla que se encuentren en estas listas de espera para evitar que la espera les suponga un perjuicio para su salud.

Falta de plazas en las escuelas infantiles

Mientras la huelga indefinida de las educadoras de infantil de 0 a 3 años continúa, cada año miles de niños y niñas se han quedado sin plaza de nuevo en las escuelas públicas infantiles de la capital. Para el curso 2024-2025, la cifra ascendía hasta las 11.400 familias sin plaza en Madrid ciudad, lo que obliga a muchas de ellas a dejar a los más pequeños en centros privados con el coste extra que eso supone.

Además, la polémica por las altas temperaturas en las aulas saltó de nuevo este año al calor de las movilizaciones de las educadoras infantiles. Una problemática que afecta a colegios públicos de primaria, pero también a las aulas de infantil y que, según explican desde las asociaciones de familias, a los más pequeños les afecta especialmente debido a que pierden la concentración y están más irritables pero no consiguen entender por qué. “Guantánamo está a la par de las escuelas infantiles”, criticaban desde una de las asociaciones de familias, en declaraciones a elDiario.es el pasado mes de junio.

Una polémica que subió el tono todavía más y causó la indignación de las familias ante las declaraciones del consejero de Cultura de Ayuso, Mariano de Paco, que aseguró que el calor insoportable con el que muchos niños tenían que ir a clase también les podía servir de “fuente de inspiración”.

Solo cuatro de cada diez menores en situación de pobreza tienen beca comedor

Las tareas pendientes en materia de educación también afectan a los más pequeños. Se repiten las críticas contra lo conocido como 'cheques-guardería', ayudas para centros de Educación Infantil privados que las familias critican por suponer subvenciones que van a parar a manos privadas en lugar de aumentar las plazas en los centros públicos. Este sistema viene de la Comunidad de Madrid, aunque el Ayuntamiento también tiene una medida similar que funciona a través de una beca infantil. Estos “cheques” funcionan para las niñas y niños de 0 a 3 años pero también para Formación Profesional (FP) y bachillerato.

Pero los puntos débiles de la educación pública en la región no solo están en el acceso a la misma. La brecha de la desigualdad también puede verse fuera de las aulas, concretamente, en el comedor escolar. En mayo de este año, la plataforma Comedor Universal por Derecho publicaba un informe en el que subrayaban que solo cuatro de cada diez menores en situación de pobreza en la comunidad tenían reconocida esta ayuda, una situación que no solo hace que los pequeños no puedan alimentarse como el resto, sino que además, “compromete tanto su derecho a la educación como su derecho a socializar en igualdad con el resto de sus compañeros”.

Casi 150.000 niños y niñas en situación de pobreza severa

El acceso igualitario al comedor escolar afecta especialmente a los menores de familias con rentas más bajas, sobre todo a las personas migrantes en situación irregular en la capital. Pero es que, además, la situación es más preocupante si miramos las cifras de la pobreza infantil en la región, que es la cuarta economía más grande de la Unión Europea.

Según el análisis de la Plataforma de la Infancia con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi 150.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de pobreza severa en la comunidad.

En 2024 se alcanzó la cifra más alta registrada hasta el momento en Madrid y ahora la tasa AROPE, con la que se mide la pobreza, disminuye más de cinco puntos y posiciona a la comunidad por debajo de la media nacional, aunque la tasa para la población infantil sigue superando en más de seis puntos a la de la población adulta. En total, casi 280.000 niños y niñas están en riesgo de exclusión social en la región. Una situación que se ve agravada especialmente en los hogares encabezados por mujeres.

En cuanto a desigualdad territorial en general (no solo en población infantil), la región es la que peor dato tiene. “La Comunidad de Madrid tiene la tasa de desigualdad más alta de España, con un coeficiente Gini de 31,8”, indican en otro informe de 2025. Además, los análisis de las asociaciones e instituciones sobre la situación de la pobreza infantil indican que la vivienda juega un papel crucial para el aumento de la desigualdad.

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de la pobreza infantil severa en Madrid y en España hasta el año 2024, con el incremento que experimentó ese año:

Hasta que el Gobierno aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) eran los programas autonómicos de rentas mínimas de inserción (RMI) los que promorcionaban una prestación para hogares en situación de pobreza. Según indica el European Anti Poverty Network (EAPN) en su informe de este año, aunque el IMV fue concebido para que funcionase como un suelo base para las RMI, algunas comunidades suspendieron las nuevas solicitudes de RMI. En Madrid, el número de beneficiarios de RMI ha caído en un 95,9% de 2019 a 2024, la comunidad con un mayor descenso de estas ayudas.

Desde Más Madrid lamentan que se hayan rechazado las enmiendas a la “ley del concebido no nacido”, especialmente una que sí tenía que ver con el propio contenido del texto y que Marta Carmona, diputada del partido, considera una “oportunidad perdida”: la posibilidad de equiparar las familias monomarentales con las numerosas. Según el análisis de Plataforma de la Infancia, el 55% de los hogares monomarentales están en situación de pobreza y/o exclusión social.

Teresa (nombre ficticio) y su hijo de cinco años se quedaron sin hogar a principios de junio, después de que el propietario de la casa en la que vivían de alquiler rescindiera el contrato asegurando que necesitaba la vivienda para su uso personal. Cuando se produjo el desahucio, el Ayuntamiento de Sestao, dada la vulnerabilidad de la familia -el padre del menor 'desapareció' de sus vidas antes de que naciera- puso a su disposición un recurso de vivienda temporal de urgencia, un hotel, en el que han podido vivir durante un mes, pero que este jueves, 9 de julio, deberán abandonar.

La idea era que durante este tiempo la familia encontrara un hogar, pero Teresa, que trabaja en un supermercado y según lamenta no cuenta con apoyo familiar, no ha encontrado un alquiler asequible para ella y su hijo. “Estamos hablando de una mujer trabajadora, que aunque tenga un salario precario hasta ahora no ha tenido problemas para pagar un alquiler, la cuestión es que ahora los alquileres están por las nubes y no encuentran ninguna habitación o vivienda disponible. Los que ha encontrado le piden una estabilidad financiera y no ven con buenos ojos que quiera alquilar una habitación con un menor a su cargo, por lo que entendemos que los servicios sociales deberían ayudarla”, defiende Mireia Saiz portavoz de la plataforma Berri-Otxoak.

Este lunes decenas de personas se han concentrado frente al Ayuntamiento de Sestao para lograr una solución. Teresa iba a asistir a dicha concentración, pero no se ha visto con fuerzas suficientes después de haberse reunido con la trabajadora social del Ayuntamiento. “No le han ofrecido una alternativa, le han preguntado si tiene alguna amiga o alguien de su entorno con el que quedarse y se ha venido abajo, porque no tiene a nadie que pueda acogerle. Le han dicho que a lo largo de estos días la llamarán para ofrecerle alguna otra alternativa temporal, pero no le garantizan nada. La mantienen en la incertidumbre sin saber si la semana que viene va a poder tener un techo donde dormir”, lamenta Saiz.

Según recuerda la activista, las propias administraciones son las encargadas de buscar una alternativa habitacional digna y estable cuando existe una vulnerabilidad acreditada como es este caso, con un menor de cinco años sin hogar. “El Ayuntamiento de Sestao dice que no tiene recursos, que no hay viviendas municipales disponibles, pero ¿dónde está la coordinación efectiva entre administraciones de la que tanto hablan? Están los servicios sociales municipales, la Diputación de Bizkaia, el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, Etxebide y Alokabide. ¿Ninguno puede tener una vivienda para esta familia?”, se pregunta.

Teresa, que tras la reunión con la trabajadora social ha tenido que entrar a su puesto de trabajo en un supermercado de la localidad vizcaína, se encuentra “emocionalmente afectada”. “Hasta ahora se ha mostrado fuerte, sobre todo por su hijo, pero ve que se acerca el momento y que no hay alternativa y cada vez ve más real que puede quedarse en la calle con su niño. Lo está pasando realmente mal porque el impacto emocional y psicológico es muy duro. Ahora que el niño ha acabado el colegio está empezando a darse cuenta de todo y también está angustiado por haber perdido la casa en la que vivía”, reconoce Saiz.

Cuando le notificaron el desahucio Teresa acudió a la plataforma Berri-Otxoak que trabaja contra la exclusión social principalmente en Barakaldo, pero también en otros municipios de la margen izquierda, donde Saiz reconoce que la situación de la vivienda es “cada vez más alarmante”. “Se está normalizando que familias enteras vivan hacinadas en habitaciones. Es una realidad que no sale en los medios porque ellas mismas no quieren que se haga pública su situación o que los vecinos se enteren. Estamos hablando de cuatro o cinco personas en una habitación, con menores y personas mayores juntas, nietos, padres y abuelos en pocos metros cuadrados y compartiendo vivienda entre distintas familias. Estamos viendo verdaderas situaciones de emergencia habitacional que están siendo ocultadas y encubiertas y en la mayoría de casos son personas que tienen sus trabajos y personas que están dejando de comer por poder pagar el alquiler”, denuncia la activista.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Sestao gobernado en coalición por el PNV y el PSE-EE y ha trasladado que no se pueden ofrecer datos concretos de la familia por la Ley de Protección de Datos, pero que “en este tipo de casos el Ayuntamiento, dentro de su competencia, tramita todos los servicios que puedan corresponderle, ya sea garantizar estancias temporales que den margen de tiempo para buscar alternativas habitacionales, ayudas para hacer frente a la entrada o fianza de una nueva ubicación o remitir solicitudes a otras instancias por ejemplo al Gobierno vasco para el acceso a una vivienda”.

Por lo pronto, Teresa, que prefiere no ofrecer su nombre real, se encuentra a la espera de una solución que le permita contar con un techo más allá del próximo 9 de julio, cuando previsiblemente ella y su hijo deberán abandonar el hotel en el que se encuentran. Si no consiguen una solución habitacional real, desde Berri-Otxoak no descartan realizar nuevas movilizaciones u otras acciones reivindicativas para conseguir un hogar para esta familia.

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, ha concedido 2,5 millones de euros en tarjetas prepago para alimentar a 10.239 escolares durante los meses de verano, periodo en el que los comedores no prestan servicio debido al cierre vacacional de los colegios. 

Las tarjetas, que se cargan automáticamente los días 1 de julio y de agosto por un total de 240 euros —120 por mes—, solo son válidas en establecimientos dedicados a la venta de productos de alimentación. De hecho, si se intentan usar en establecimientos que no sean de alimentación, no pasan por el datáfono.

Se trata de tarjetas nominativas con un código asociado solo al alumnado de cuota cero certificado durante el curso escolar vigente, y se entregan (en la última semana de junio) al padre, madre, tutor o tutora legal del menor beneficiario.

Además, las familias han de guardar las facturas de las compras, según las instrucciones que, junto con la información y los teléfonos de contacto para posibles incidencias, les comunican las direcciones de los centros en el momento de la entrega.

“Con la entrega de estas tarjetas durante estos últimos días de junio, seguimos apoyando, también durante las vacaciones, al alumnado en situación de vulnerabilidad que es usuario del programa de los desayunos escolares y cuota cero en los comedores de los centros educativos de las islas”, explica el director general de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios, David Crego.

"Para que este tiempo cumpla verdaderamente su función reparadora conviene buscar el equilibrio. No se trata de llenar cada día de actividades ni de convertir el verano en otra agenda agotadora. Los más pequeños también necesitan aburrirse, descansar y disponer de tiempo libre para crear sus propios juegos e iniciativas"

Todos los artículos de Raquel Plaza Garro

Las vacaciones no son únicamente una pausa en el calendario escolar. Para la infancia representan una oportunidad de descanso, juego, convivencia y crecimiento personal. Sin embargo, para que todos los niños y niñas puedan disfrutar plenamente de ese tiempo, es necesario garantizar también sus derechos más básicos, especialmente cuando la desigualdad y la pobreza siguen marcando la vida de demasiadas familias.

Quienes hemos dedicado nuestra vida a la educación sabemos bien que el desarrollo de un niño no depende únicamente de los contenidos escolares ni de los resultados académicos. La población infantil necesita tiempo para aprender, pero también para descansar, jugar, convivir, imaginar y sentirse emocionalmente seguros. Por eso, el descanso vacacional no es un lujo ni un tiempo vacío: forma parte esencial de su crecimiento integral.

Al igual que los adultos, los menores acumulan cansancio físico y emocional durante el curso escolar. Las prisas, los horarios, las exigencias académicas y la sobreestimulación terminan afectando a su equilibrio. Las vacaciones permiten detener ese ritmo y recuperar aspectos fundamentales de la infancia que, en ocasiones, quedan relegados durante el año.

Este período de descanso aporta importantes beneficios al desarrollo infantil. Reduce el estrés y la ansiedad acumulados, favorece el bienestar emocional y ayuda al cerebro a consolidar los aprendizajes adquiridos.

Asimismo, el juego libre, el contacto con nuevos entornos y las experiencias diferentes estimulan la creatividad, la curiosidad y la plasticidad neuronal. También favorecen la autonomía y la autoestima: aprender a nadar, montar en bicicleta, participar en tareas sencillas o relacionarse en espacios distintos ayuda a desarrollar confianza y habilidades sociales. El contacto con la naturaleza, tan necesario hoy en día, despierta además el respeto por el entorno y el deseo de explorar el mundo desde la experiencia directa.

El verano ofrece, además, algo especialmente valioso: tiempo para fortalecer los vínculos familiares

El verano ofrece, además, algo especialmente valioso: tiempo para fortalecer los vínculos familiares. Compartir conversaciones sin prisas, comidas, paseos o pequeños momentos cotidianos contribuye enormemente a la seguridad afectiva de los niños. Muchas veces, los recuerdos más felices de la infancia nacen precisamente de esa sencillez.

Sin embargo, para que este tiempo cumpla verdaderamente su función reparadora conviene buscar el equilibrio. No se trata de llenar cada día de actividades ni de convertir el verano en otra agenda agotadora. Los más pequeños también necesitan aburrirse, descansar y disponer de tiempo libre para crear sus propios juegos e iniciativas.

A los padres y madres les ayuda flexibilizar expectativas y evitar la presión de unas vacaciones 'perfectas'. Mantener ciertos horarios básicos de descanso y alimentación, planificar algunas actividades sencillas, limitar el exceso de pantallas y reservar momentos tranquilos suele favorecer una convivencia más serena. Viajar o descansar con niños implica aceptar otro ritmo y comprender que la tranquilidad familiar vale más que cualquier planificación rígida.

No obstante, existe una realidad que se repite cada verano y que no podemos ignorar: la pobreza infantil no se detiene cuando finaliza el curso escolar; en muchos casos se hace más visible y más dura. Para demasiados niños y niñas, las vacaciones no significan descanso ni disfrute, sino la pérdida de apoyos básicos, entre ellos algo tan esencial como una alimentación adecuada y equilibrada.

Diversos informes sobre infancia vienen alertando de que España continúa registrando una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de la Unión Europea. Esta situación afecta a millones de menores y se hace especialmente evidente durante los meses de verano, cuando desaparecen algunos recursos y apoyos vinculados a la escuela.

Por ello, los comedores escolares de verano y los programas de apoyo alimentario no pueden considerarse medidas excepcionales o meramente asistenciales, sino un derecho básico de la infancia que debe garantizarse de forma estable allí donde sea necesario. Ningún niño debería depender de la situación económica de su familia para acceder a una comida diaria digna durante los meses estivales.

Los servicios sociales, las administraciones públicas y las políticas de infancia tienen la responsabilidad de asegurar que el bienestar no se interrumpa cuando termina el calendario escolar

Los servicios sociales, las administraciones públicas y las políticas de infancia tienen la responsabilidad de asegurar que el bienestar no se interrumpa cuando termina el calendario escolar. No se trata de ayuda puntual, sino de justicia social.

A menudo se idealiza el verano como un tiempo de felicidad continua y grandes posibilidades, pero la realidad de muchos hogares es mucho más compleja. Hay familias preocupadas por afrontar los gastos básicos de alimentación, organizar el cuidado de los hijos mientras trabajan o proporcionar estabilidad emocional cuando los recursos son insuficientes.

Por eso es importante no añadir más culpa ni más exigencia a las familias. Los menores no necesitan grandes lujos para sentirse felices. Necesitan afecto, seguridad, atención y tiempo compartido. Un paseo, una conversación tranquila, una comida en familia o simplemente sentirse escuchados puede tener un enorme valor emocional.

En este contexto, los derechos sociales y los derechos de la infancia resultan fundamentales. Garantizar la conciliación laboral, los comedores escolares de verano, las actividades accesibles, los espacios seguros y el apoyo a las familias debería constituir una prioridad colectiva y no un privilegio reservado a unos pocos.

Porque hablar de infancia es hablar de igualdad de oportunidades desde el primer día de vida. Y esa igualdad comienza, de forma muy concreta, en algo tan esencial como poder comer bien cada día del año.

Porque descansar también educa. Educa en el equilibrio, en la convivencia, en la salud emocional y en la importancia de los vínculos humanos. Y ningún niño, ninguna niña, debería vivir sus vacaciones desde la desigualdad, la carencia o la soledad.

El Govern de Salvador Illa llegó al sistema educativo con la promesa de rebajar la tensión y recomponer la relación con un profesorado enfrentado a los anteriores ejecutivos de ERC. Pero un año y medio después, el conflicto se ha agravado: los docentes encadenan tres ciclos de huelgas en un solo curso. Los dos primeros fueron multitudinarios y el tercero, con paros convocados a lo largo de todo un mes, arranca este martes.

¿Qué alimenta este malestar docente? Algunas de sus reclamaciones son compartidas con profesorado del resto del estado, como la pérdida de poder adquisitivo o el aumento burocracia. 

Otras afloran con especial intensidad en Catalunya, como la falta de recursos suficientes –aunque hayan aumentado en los últimos ejercicios– para hacer frente a unas aulas cada vez más diversas: más alumnos con discapacidades, sin dominio del idioma, con problemas de aprendizaje o en situación de pobreza y exclusión social. Todo ello en medio de un descenso del nivel académico que ya pocos cuestionan. 

Además, la pugna sindical de los últimos meses, entre CCOO y UGT, que optaron por pactar mejoras con el Govern, y el resto, que mantienen las movilizaciones, ha avivado un conflicto que no ha hecho más que crecer en los últimos días con dos polémicas vinculadas a los Mossos d’Esquadra. Primero, con el cuestionado plan para desplegarlos en los institutos, y después, con la infiltración policial en una asamblea docente. 

Equiparar el salario al resto de comunidades

Los docentes catalanes están entre los que peor cobran de España. Con un salario entre 2.400 y 2.700 mensuales euros en función de la etapa, el informe anual de UGT les situaba en 2025 solo por delante de Aragón y Asturias. 

Las exigencias salariales han sido uno de los nudos que ha encallado la negociación con los sindicatos huelguistas, que exigen recuperar el poder adquisitivo perdido en una de las comunidades donde el coste de la vida es más caro. Este mismo martes el sindicato mayoritario, Ustec, planteó una subida de 400 euros al mes para poner fin a la huelga.

Mientras tanto, el acuerdo sellado con UGT y CCOO ya conllevaba un incremento del sueldo a través del complemento salarial autonómico, que estaba congelado desde 2001. Los docentes ya han cobrado la subida de 2026, de hasta 850 euros para este año, y la previsión es aumentar hasta los 3.000 euros anuales en 2029 –a lo que habrá que añadir el incremento pactado con los funcionarios a nivel estatal–.

Para el Govern y los sindicatos del pacto, esto permitirá que Catalunya adelante en la escala salarial autonómica hasta la tercera posición. Pero los críticos apuntan que este cálculo obvia los incrementos que también se acordarán en las demás autonomías. 

Dar clase es cada vez más complicado

Una de las principales razones del hartazgo docente es que cada vez les resulta más complicado dar clase, puesto que en las aulas hay más alumnos con problemas de aprendizaje que nunca. “Cualquier docente confirma esta sensación de desborde”, advierte Cesc Ayora, profesor de Secundaria en el Instituto Castellar, de Castellar del Vallès. “Como hay alumnado más diverso, con más diagnósticos, hay más individualidades que atender, y por lo tanto mayor exigencia que hace años”, sostiene este docente. 

Los datos avalan esta percepción. El alumnado catalogado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NESE) se ha duplicado en los últimos cuatro años hasta alcanzar el 23,3% del total, casi uno de cada cuatro. De estos 326.000 alumnos, la mayoría tienen dificultades de carácter social, derivadas de la pobreza o la inmigración, y el 76% de ellos están en centros públicos.

Además, dentro de ese grupo de NESE, también el alumnado con discapacidad escolarizado en los centros ordinarios ha seguido al alza, de 29.000 a 38.000 en cuatro años, debido al compromiso con el modelo de educación inclusiva que se adoptó en Catalunya con el decreto de 2017. 

Con todo, cabe precisar que parte de esa complejidad, sobre todo la de carácter social y económico, ya estaba muy presente en las aulas. Lo que ha cambiado es que se ha mejorado la detección –los dictámenes y diagnósticos–, pero solo esto ya tiene consecuencias para el profesorado. 

“En una clase puedes tener ocho o diez de 25 con necesidades especiales”, arranc David Ll., docente de Primaria de la escuela pública Jacint Verdaguer de Barcelona. “Significa adaptar las clases, adaptar los deberes, hacer Planes Individualizados (PI) para los que lo requieren, hablar más con las familias, asumir que quizás los más avanzados se van a aburrir, activar protocolos de psicólogos cuando es necesario, coordinarte más con los compañerlos… Es muchísimo trabajo añadido”, resume. 

Esto, señalan las fuentes consultadas, explica también la denunciada “sobrecarga” de trabajo de carácter burocrático. Para paliarlo, el Govern ha anunciado un plan para reducir las tareas administrativas, que afectan especialmente a las direcciones y a los centros de barrios más vulnerables.

Más inversión, también en escuela inclusiva

La frustración que viven los docentes en sus centros contrasta sin embargo con el aumento de la inversión en educación en Catalunya. Si durante años los sindicatos lamentaban no haber recuperado el presupuesto anterior a los recortes de la crisis económica, ahora se ha superado con holgura. También en uno de los indicadores económicos clave: la inversión pública por alumno. 

Del 2020 al 2023, según los últimos datos disponibles por el Departamento de Educación, creció un 23%, de 6.440 euros por alumno del sistema escolar público al año, a 7.961. En los últimos ejercicios sigue al alza. 

“El presupuesto crece, pero no al ritmo que lo hace la complejidad”, sentencia Miquel Àngel Alegre, jefe de Proyectos de Equitat.org (antes Fundació Jaume Bofill). “La demanda aumenta más que los recursos. Por ejemplo, cada vez hay más aulas de acogida, es cierto, pero la ratio de alumnos recién llegados por cada una de estas aulas es peor que hace cinco años”, sentencia. Y algo parecido ocurre, añade, con la contratación de educadores o integradores sociales en los colegios. 

Esta mayor dotación de profesionales, que buena parte del profesorado ve insuficiente, se refleja también en el modelo de escuela inclusiva. Si se observan los educadores de las Unidades de Apoyo Intensivo en los centros (SIEI, por sus siglas en catalán), han saltado de 762 en 2020 a 1.234 en 2024. 

Las ratios, entre la promesa y la realidad

La de las ratios es una reivindicación habitual de todo el profesorado, también en Catalunya. En los últimos inicios de curso, o durante las preinscripciones, el Govern ha anunciado de forma recurrente reducciones del alumnado por aula. Lo ha hecho de nuevo con el pacto alcanzado con CCOO y UGT. Pero, ¿qué reflejan los datos? 

En Primaria y Secundaria, donde está el grueso del alumnado, se mantienen relativamente estables desde hace años. Donde sí han empezado a descender de forma considerable es en la etapa de Infantil. Esto significa que durante los próximos años esas ratios reducidas irán progresivamente alcanzando en todas las etapas. 

La bajada de ratios en Infantil tiene una explicación: el descenso de la natalidad. “En realidad, la política de reducción de alumnos por clase en esta etapa se cumple sola por el factor demográfico”, señala Miquel Àngel Alegre. En una década, en Infantil se ha pasado del pico de 22,7 escolares por aula a 18,8 actualmente.

Mientras tanto, el profesorado exige avanzarse al descenso demográfico y reducir ya las ratios en la ESO, donde todavía aumentan ligeramente. En comparación con las demás comunidades autónomas, Catalunya sigue estando entre las que lideran las aulas más abultadas. 

El descenso de resultados

Algunas de las tensiones existentes en los claustros, señalan las fuentes consultadas, no se explicarían tampoco sin la caída del nivel académico en los centros. Pruebas externas como PISA en 2022 alertaron del descenso, que se refleja también en las evaluaciones externas de Educación. 

Aunque los resultados oscilan significativamente año a año, en las competencias lingüísticas (catalán, castellano e inglés), que son históricamente las que mejor dominaban los escolares, la tendencia ha sido a la baja. Por otro lado, si el umbral de aprobado que fija Educación es de 70 sobre 100, otras materias siguen instaladas en el suspenso, como Matemáticas, o bordeándolo, como Ciencias o Inglés.

Con todo, Educación ha detectado una mejora en cursos recientes sobre todo de Matemáticas, que venía de tocar fondo. En este sentido, han ampliado sus programas de mejora de matemáticas y lengua a 450 y 500 centros, respectivamente, que contarán por ejemplo con clases de refuerzo gratuitas para alumnos vulnerables.

Las razones de descenso pueden ser diversas. Pero en lo que coinciden algunos docentes es en una bajada de la exigencia ya desde Primaria. “Con este nivel de complejidad en las aulas y la falta de recursos, con los alumnos que te llegan en la ESO sin dominar el idioma, es muy complicado conseguir cierto nivel competencias lingüísticas”, apunta Ayora. “La solución de supervivencia acaba siendo fijarte objetivos que pueda alcanzar todo el mundo, es decir, que hemos puesto un listón más bajo que el de hace unos años, sobre todo en lengua, que es lo que marca el resto de aprendizajes”, resume este profesor.

Acabar con la situación de riesgo de pobreza costaría unos 24.000 millones de euros anuales, lo que supone el 1,8% del producto interior bruto (PIB) del país, aunque hay “grandes diferencias” entre la renta necesaria en diferentes comunidades autónomas. Esta es una de las conclusiones del 'Análisis de la exclusión social y económica en España y sus territorios', que han publicado este miércoles la Fundación Ramón Areces y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

A pesar de que la economía española está en proceso de expansión, con aumentos importantes de la población ocupada y del salario mínimo, el objetivo de acabar con la pobreza aún está lejos, según se desprende del estudio elaborado por el equipo de investigación del IVIE, dirigido por Carmen Herrero e integrado por Antonio Villar y Carlos Albert.

El riesgo de pobreza se define como una renta por debajo del 60% de la mediana (el valor que separa al 50% de población con más ingresos de aquella con menos) y la pobreza extrema o exclusión, como una renta por debajo del 40% de la mediana. Así, en 2025 el 19,5% de la población española estaba en riesgo de pobreza (un 12% menos que en 2025) y el 8% se encontraba en pobreza extrema o exclusión (un 28% menos que hace una década), según recoge Europa Press.

Si en 2015, el 50,4% de las personas en riesgo de pobreza estaba también en riesgo de exclusión, en 2025 ese porcentaje se ha recortado en casi diez puntos, hasta el 41,3%.

Teniendo en cuenta no sólo la proporción de población en riesgo de pobreza o exclusión, sino sus rentas medias, se estima que acabar con la situación de riesgo de pobreza costaría unos 24.000 millones de euros anuales, lo que supone un 1,8% del PIB del país, y eliminar el riesgo de exclusión tendría un coste mucho más reducido, alrededor de 8.800 millones de euros anuales, lo que representa un 0,7% del PIB de cada uno de los años del periodo analizado.

El riesgo de pobreza en Andalucía roza el 28%

El estudio detecta diferencias significativas en el riesgo de pobreza y exclusión tanto entre comunidades autónomas, como entre colectivos (jóvenes, mujeres, trabajadores con empleo temporal). Por ello, propone una orientación más específica de los instrumentos de protección social.

Si para el conjunto del país, el 19,5% de personas se sitúa por debajo del umbral de la pobreza (12.220 euros anuales por unidad de consumo), en Andalucía ese porcentaje se eleva hasta el 27,7%. También están por encima de la media, Murcia (26,7%), Extremadura (26,2%), Comunitat Valenciana (26%), Castilla-La Mancha (25,9%) y Canarias (22,9%). Por el contrario, la menor proporción de personas en riesgo de pobreza está en País Vasco (9,3%), Illes Balears (11,6%), Navarra (12,3%) y Madrid (12,7%).

Similares diferencias se observan en el caso de la población en riesgo de exclusión. Si la incidencia media se sitúa en el 8% (rentas inferiores a los 8.147 euros anuales por unidad de consumo), en Comunitat Valenciana el porcentaje aumenta hasta el 11,8%, en Andalucía alcanza el 11,4%, en Murcia el 11,2% y en Extremadura el 9,9%.

Una de cada tres personas en riesgo de pobreza tienen empleo

Otro aspecto destacable que muestra este estudio es que tener un empleo no garantiza eludir la pobreza, ya que un 33% de las personas en riesgo de pobreza están ocupadas. Un porcentaje medio que sube hasta el 40% en el caso de Illes Balears, pero que no baja del 25% en ninguna región en 2025.

Aunque la tasa de pobreza de la población ocupada se ha reducido desde el 14,8% de 2015 hasta el 11,6% de 2025, sigue siendo muy elevada en algunas comunidades autónomas. En Andalucía alcanza el 17,4%, mientras que en Navarra, la probabilidad de que las personas con trabajo entren en riesgo de pobreza es solo del 6%.

La disminución del porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión se ha dado en todas las regiones a lo largo del periodo 2015-2025. Sin embargo, las diferencias en la incidencia entre las comunidades autónomas siguen siendo elevadas.

La renta media de la población en riesgo de pobreza era de 4.869 euros anuales a nivel nacional en 2023, mientras que la renta media de las personas en esta situación de Navarra baja hasta los 4.128 euros y, en Illes Balears, a 4.362 euros.

En el lado contrario, la población en riesgo de pobreza de Galicia cuenta con una renta media de 5.498 euros, seguida de Extremadura, con 5.325 euros. Si nos centramos en las personas en riesgo de exclusión, la renta media en España de 2.849 euros anuales oscila entre los 2.090 euros de mínima en Illes Balears y los 3.397 de máxima en Aragón.

En términos de PIB, la situación es muy variada según las autonomías. Si a nivel nacional habría que destinar un 1,8% del PIB (24.000 millones de euros), en Andalucía se requeriría un 3,9% de su PIB, frente al País Vasco, donde bastaría con destinar el 0,6%.

El trabajo realizado construye dos índices sintéticos para establecer una clasificación de las CC.AA. según la evolución de estos grupos de población entre 2015 y 2023. En el primer grupo se consolidan las regiones líderes con mejores resultados (País Vasco, Aragón, Cantabria y Catalunya). En el segundo grupo se sitúan las comunidades con mejoras sostenidas a lo largo del periodo (Madrid y La Rioja). El tercer escalón agrupa a regiones que han registrado retrocesos destacados (Navarra y Asturias).

El cuarto grupo son las regiones que se mantienen siempre en posiciones intermedias (Galicia, Illes Balears, Extremadura y Castilla y León). Y, por último, una zona baja en la que se incluyen Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, Comunitat Valenciana y Región de Murcia, aunque esta última ha ganado posiciones desde 2015.

Empeora la situación de las mujeres

Además, el estudio alerta de la mayor incidencia e intensidad de la pobreza en determinados colectivos. En concreto, las mujeres, que partían de una situación ligeramente más favorable que los hombres en 2015, han empeorado su situación en 2025. Entonces, el porcentaje de mujeres en riesgo de pobreza era del 21,8% frente al 22,5% de los hombres. En 2025 las tasas han variado hasta el 20,3% de las mujeres y el 18,6% de los hombres.

Por edad, se mantiene la menor incidencia de pobreza en los mayores de 65 años, frente a los más jóvenes, aunque esa tendencia está cambiando ligeramente en los últimos años y en algunas regiones la menor incidencia ya se da en la población en edad de trabajar. En todos los casos, el riesgo de pobreza de los jóvenes menores de 18 años es mayor y roza casi el 30%.

El Consejo de Ministros ha acordado este martes destinar 9,8 millones de euros a Canarias para la atención a la pobreza infantil y la protección de las familias, según ha informado Presidencia del Gobierno, en el que detalla que la cantidad aprobada para toda España es de 198.704.000 euros.

En un comunicado, el Gobierno central detalla que la inversión, que parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, está destinada a reforzar los servicios sociales, proteger a las familias en situación de vulnerabilidad y combatir la pobreza infantil.

Esta partida se va a transferir a los gobiernos autonómicos, que son las administraciones competentes en materia de servicios sociales, y servirá para financiar diferentes programas tanto a nivel autonómico como local.

La nota precisa que Canarias recibirá 3,3 millones de euros para financiar proyectos de intervención social y prestaciones para familias con menores en riesgo de pobreza y exclusión social.

Se podrán destinar a cubrir necesidades básicas como la higiene, la alimentación o la ropa, necesidades en materia de  educación como la financiación de material escolar o ayudas para el comedor, o  recursos para los suministros básicos del hogar.

Asímismo, señala que incluye el programa VECA, que va a permitir garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de los menores durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral en periodos no lectivos.

El segundo programa, con 1,1 millones de euros para Canarias, reforzará los equipos de servicios sociales para prevenir y detectar cualquier tipo de riesgo de violencia hacia la infancia, con una apuesta clara por perfiles profesionales del trabajo social, la educación social, la psicología y la atención familiar, así como el fomento de una mayor coordinación con los centros educativos y sanitarios.

En cuanto al plan de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, que se destina 5,3 millones para Canarias, asegurará el acceso a  prestaciones clave como la orientación social, la ayuda al domicilio, el  alojamiento alternativo y los programas de prevención e inserción social. 

Además, se respaldará el funcionamiento de albergues y centros de acogida,  fundamentales para dar respuesta a personas en situaciones de especial  vulnerabilidad.

Arranca esta semana la campaña de la renta y, como cada año, vuelve el viejo debate sobre los impuestos. Para el PP y determinados círculos empresariales pagamos demasiados, vivimos en un infierno fiscal, aunque la realidad se obstine en decir lo contrario. Más allá del trámite, conviene mirarlo desde la economía real: la de las familias que las pasan canutas. Porque es ahí donde el sistema fiscal deja de ser una abstracción y se convierte en un mecanismo concreto y central de redistribución de la riqueza. Y en un momento en el que dos grandes grietas —la vivienda y la pobreza infantil— condicionan la vida de millones de personas, esa función adquiere un sentido especialmente tangible.

La pobreza infantil, en particular, resume bien el problema: empezar mal la carrera te marca para siempre. Por eso gana fuerza la idea de abordarla como un derecho desde el inicio. El ministro Pablo Bustinduy lo plantea con claridad al defender una prestación universal por crianza. No como una ayuda condicionada, sino como un mecanismo eficaz que llega a todos de forma inmediata. Y quien no la necesite la devolverá vía impuestos. Es decir, la redistribución no se hace en la puerta de entrada, sino a través del sistema fiscal, como ocurre con la sanidad, la educación o las pensiones. Si quieres profundizar en el tema, te recomiendo esta entrevista.

El enfoque del ministro conecta con una corriente económica cada vez más influyente. Carles Manera, catedrático de Historia Económica y consejero del Banco de España, insiste en que invertir en infancia es la política con mayor retorno posible, mientras que el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, sitúa el debate en la necesidad de un nuevo contrato social: menos redistribución ex post y más predistribución de oportunidades. En palabras de Costas: esto va de cómo tratamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes antes de que entren en el mercado de trabajo. Las tres ideas apuntan en la misma dirección: garantizar condiciones de partida más igualitarias no solo es justo, también es eficiente. Y España, con niveles de pobreza infantil anómalamente altos, tiene ahí un margen de mejora evidente.

Pero es que a todo lo anterior se suma otra presión estructural: el envejecimiento. Viviremos más y necesitaremos más cuidados, lo que obliga a construir un sistema público adaptado a esta nueva realidad, como contamos en la nueva edición de nuestra revista trimestral: ‘El sueño de la vida eterna. Una vieja aspiración entre la realidad y el delirio'. No se trata solo de gastar más, sino de gastar mejor. De nuevo, hablamos de derechos que requieren financiación estable y sostenida en el tiempo.

Y ahí es donde la campaña de la renta vuelve a cobrar sentido. Si la vivienda y la infancia deben ser derechos, y si los cuidados van a ser el próximo gran pilar del Estado del bienestar, alguien tiene que sostenerlos. La respuesta pasa por reforzar la progresividad: que los que más tienen aporten más. No solo porque de esa contribución depende que las prestaciones universales funcionen con la eficacia que se les presupone, sino por equidad.

El gráfico

El titular del gráfico es lo que dicen los datos analizados por este diario sobre qué hogares se benefician más de la rebaja de impuestos a los combustibles, una de las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para paliar la subida de precios provocada por el despegue del crudo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, y que cuenta con el respaldo del Congreso. Te las recuerdo por si ahora no caes: una reducción del IVA de los combustibles al 10% y otra del tipo impositivo del Impuesto sobre Hidrocarburos en los productos más consumidos, como son el gasóleo y la gasolina sin plomo, entre otros. El texto también recoge una bajada de los impuestos de la electricidad. 

Por cierto, no sé si sabes que esta semana Bruselas ha advertido a España de que rebajar el IVA de los combustibles al tipo reducido del 10%, se desvía de la normativa europea sobre este impuesto, aunque también es cierto que la Comisión no va a tomar ninguna medida al respecto.

Volviendo al gráfico, según los datos, si segmentamos a la población en diferentes grupos en función del nivel de ingresos —siendo los más ricos quienes ingresan más de 5.000 euros al mes y los que menos, quienes no superan los 1.000 euros— los más favorecidos por estas medidas fiscales son, por tanto, los hogares que más ingresos disponibles tienen, que pueden ahorrar unos 25 euros de media al mes, frente a unos nueve euros de media en los escalones más bajos. 

Gran parte del plan se basa en bajar impuestos para todos.

—¿Por qué no se ha apostado por ayudas más focalizadas en quienes realmente no pueden pagar la factura, en lugar de beneficiar también a rentas altas?“ —pregunté hace unos días a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante el VI Foro Económico de elDiario.es.

Se fue un poco por la tangente. Si te interesa la entrevista la tienes en este enlace, y si quieres saber más sobre el asunto del gráfico pincha aquí.

El dato

1,7%

Es el porcentaje de asalariados que fueron contratados en 2025 gracias a la intermediación de las oficinas públicas de empleo. Son dos décimas menos que en 2024. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), 319.700 asalariados obtuvieron el año pasado un puesto de trabajo gracias a la intermediación de una oficina pública de empleo.

Un poco desastre tratándose de un servicio público y teniendo en cuenta que en España hay aún 2,4 millones de parados, casi el 10% de la población activa, pese al nuevo récord histórico de trabajadores, con casi 21,9 millones de personas de media afiliadas a la Seguridad Social. El SEPE y los servicios de empleo de cada comunidad llevan años en el punto de mira, al parecerse más a un registro de parados que un servicio para encontrar empleo.

Este dato contrasta con el registrado por las empresas de trabajo temporal (ETT), cuya tasa de intermediación duplica la de las oficinas públicas de empleo, según Europa Press. Las ETT y las agencias de empleo sellaron 4,36 millones de contratos de puesta a disposición en 2025, según cálculos de la patronal del sector, Asempleo.

La plantilla del SEPE se estimaba en 2025 en unas 7.400 personas, un millar menos que en 2019, que se ocupan de coordinar el pago de las prestaciones; son las llamadas políticas pasivas. Las activas –buscarte empleo—dependen de los servicios autonómicos de empleo. El de Andalucía (SAE), uno de los más grandes tiene más de 3.000 empleados dedicados a la orientación y gestión. Catalunya (SOC) y Comunidad de Madrid (Empléate) cuentan también con estructuras robustas que superan los 2.000 efectivos cada una para atender a sus respectivos mercados laborales.

No todo nos parece mal 

Buenas noticias para Grifols. La multinacional de hemoderivados catalana ha comunicado la intención de colocar en la bolsa de Estados Unidos una participación minoritaria de su negocio de Biopharma en este país. Bloomberg la cifra en el 20% del capital. Se trata de su división estrella –el año pasado le aportó 6.487 millones de euros de un total de 7.524– e incluye el desarrollo y la comercialización de medicamentos derivados del plasma humano (proteínas plasmáticas) y otras terapias biotecnológicas. Las principales proteínas plasmáticas que produce esta división a nivel global son las inmunoglobulinas, indicadas para tratar inmunodeficiencias primarias, por ejemplo; la albúmina, para restaurar el volumen circulatorio, o bien otras como el factor VIII o la alfa-1 antitripsina, destinadas a tratar trastornos o deficiencias genéticas.

El plasma es la parte líquida de la sangre y Grifols se encarga de fraccionarlo para poder obtener las proteínas plasmáticas que comercializa.

Fuentes del mercado han asegurado a EFE que el negocio de Biopharma en EEUU tiene una valoración empresarial superior a los 20.000 millones de dólares.

La operación está pensada para reducir la deuda y coger pulmón financiero “para respaldar la inversión en sus prioridades estratégicas de crecimiento”, apuntó la compañía en un comunicado. Grifols cerró 2025 con una deuda financiera neta por valor de unos 8.818 millones de euros, por lo que continúa siendo una ratio de apalancamiento elevada. Si Biopharma es la principal división de negocio para Grifols, EEUU es un país realmente relevante para la multinacional, aunque no detalla exactamente cuánto aporta ese país. Contando todas las divisiones de negocio, la región formada por EEUU y Canadá aportó 4.253 millones de euros en 2025, el 56,5 % del total, mientras que la UE reportó 1.613 millones, el 21,44 %, y la región denominada Resto del Mundo generó otros 1.657 millones (22 %).

Tipos (y tipas) de interés

Sube Arcadi España, ministro de Hacienda. Hay perfiles que irrumpen y otros que se deslizan con naturalidad por las costuras del poder. Arcadi España pertenece a estos últimos: hijo de un histórico del PSPV, formado en la cultura de partido y con una habilidad notable para situarse junto a quien debía estar en cada momento. En ese ecosistema es una virtud muy cotizada.

Aunque ha tenido un paso por la esfera privada como asesor financiero en AFI, ha vivido poco al margen de la política. Discípulo político de Ximo Puig, fue ganando peso en la Generalitat Valenciana hasta pilotar la Conselleria de Hacienda. Allí construyó un perfil de gestor con discurso —esa idea suya de que los impuestos “dan civilidad a una sociedad” lo define bien—, aunque no logró esquivar del todo las críticas. Las más persistentes apuntan a una gestión con más relato que huella, especialmente si se compara con su predecesor y maestro, Vicent Soler, más combativo y reformista. También se le reprocha haber rebajado la presión sobre la infrafinanciación valenciana, tras la salida de Mariano Rajoy de la Moncloa.

Ahora, ya en el Ministerio de Hacienda, le toca comprobar si ese equilibrio entre discurso y práctica aguanta en primera línea. Tiene por delante dos pruebas que no admiten retórica: sacar adelante unos Presupuestos en un Congreso fragmentado y encarar de una vez la reforma del modelo de financiación autonómica.

Nos gusta la competencia 

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

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Los niños y niñas no votan, pero representan un 17,3 % de la población andaluza. Son más de 1,4 millones de menores en Andalucía, y 183.990 de ellos viven hoy en situación de pobreza severa. Sin embargo, la pobreza infantil “nunca” aparece entre las preocupaciones que recoge el 'CIS andaluz': dominan el empleo, la vivienda o la sanidad, problemas que también afectan directamente a la infancia, aunque rara vez se aborden desde esa perspectiva.

Frente a esta realidad, desde Save the Children Andalucía defienden que la protección de la infancia debe situarse en el centro de la agenda política. Con elecciones autonómicas en el horizonte, la organización trabaja en hacer llegar a los partidos una batería de propuestas bajo una premisa: impulsar una estrategia integral contra la pobreza infantil que dependa directamente de la Presidencia de la Junta y no solo de una consejería.

“A este ritmo, necesitaríamos seis o siete generaciones para erradicarla”, advierte Javier Cuenca, el director de Save the Children en Andalucía, durante la conversación que mantiene con la edición andaluza de elDiario.es, a escasos meses de las elecciones autonómicas. “Lo que más nos preocupa es qué vamos a hacer si entra la ultraderecha en el gobierno”, avanza sobre sus prioridades para la próxima legislatura.

Andalucía sigue liderando los índices de pobreza infantil en España. ¿Estamos ante un problema estructural ya cronificado?

Si miras la serie histórica de datos de pobreza infantil, ves que eso no baja porque no hay una política decidida. Incluso en etapas de crecimiento económico, cuando vemos mejorar indicadores como el PIB o la actividad empresarial, las tasas de pobreza —tanto general como infantil— apenas bajan unas décimas. Si siguiéramos a este ritmo, necesitaríamos seis o siete generaciones para erradicarla. Eso indica que no estamos ante un fenómeno coyuntural, sino estructural. Tiene que ver con una falta de cohesión social, de guetizar directamente la vida de la gente, tanto a nivel de planificación urbana hasta el acceso a oportunidades de trabajo y de desarrollo.

¿Cree que la pobreza infantil se está abordando correctamente desde las políticas públicas?

Los políticos, da igual el color, tienen una percepción de que hay una pobreza estructural y que contra esa pobreza no podemos hacer nada. Al final el discurso es la resignación, aceptar que eso está ahí y que es muy complicado sacarlos de los barrios marginales. Y también pensar que en el fondo ellos no quieren salir de ahí. Uno de los errores, también del actual gobierno de la Junta, es depositar siempre la responsabilidad de luchar contra la pobreza infantil en una consejería determinada, que en este caso es la Consejería de Inclusión Social, cuando una situación de pobreza hay que abordarla con una acción de gobierno completa. Cuando un niño tiene problemas de vivienda, de educación, de alimentación, si los padres tienen problemas de empleabilidad... eso requiere una intervención integral que exige una política de Gobierno, liderada por la Consejería con un presupuesto.

Es como una carrera, salen del mismo punto, pero uno sale con la condición de atleta y el otro con una mochila con 25 kilos

¿Tienen los políticos una visión estereotipada de lo que es la pobreza?

Existe una visión bastante estereotipada y en muchos casos también cierta culpabilización. Es la visión de que es un tema heredado y no les corresponde a ellos terminar con la pobreza infantil. A veces se transmite la idea de que las familias no quieren salir de esa situación o que viven de las ayudas, cuando la realidad que vemos en nuestro trabajo es muy distinta. Las familias con las que nosotros trabajamos siempre dicen que ellos no están en economía sumergida por gusto y haciendo malabares para llegar a final de mes.

¿Y puede ser que se esté responsabilizando a los padres de no gestionar bien las políticas sociales?

Hay varios indicadores que favorecen que un niño pueda estar en situación de pobreza: el bajo nivel educativo de los padres, la baja intensidad del empleo, el origen extranjero y las familias monomarentales. Entonces no se puede responsabilizar a una familia que no tiene un capital cultural, y que viene de una situación en la que sus padres tampoco han podido darles oportunidades, de que su hijo o hija tenga que tener lo que necesita un niño o niña para desarrollarse adecuadamente. Es como una carrera: salen del mismo punto, pero uno sale con la condición de atleta y el otro con una mochila con 25 kilos. Dicen que son las mismas oportunidades, pero las condiciones no son las mismas.

Poniendo el foco en las soluciones, con elecciones autonómicas previstas como tarde para junio, ¿qué medidas serían prioritarias para revertir la pobreza infantil?

Una medida sola no termina con la pobreza, nosotros les vamos a pedir ahora a los partidos que pongan en marcha una estrategia andaluza contra la pobreza infantil. Es algo que los compañeros en Cataluña ya han abordado con la Generalitat. Pero nosotros asesoramos, proponemos... y eso se lo tiene que apropiar el Gobierno. Lo que hace una consejería no puede reducir la pobreza porque tiene que ser un cambio que incluya empleo, vivienda, economía... Tiene que ser una iniciativa que lidere el presidente del Gobierno porque una consejería no tiene fuerza suficiente. Puede haber muchas medidas educativas, de prestaciones, de conciliación, pero tiene que ser un enfoque global.

En las estadísticas vemos que la reducción de pobreza es mínima porque las políticas no están siendo eficientes

En estas dos legislaturas que lleva Juan Manuel Moreno al frente de la Junta, ¿no ha habido una apuesta decidida por parte del presidente?

No. En las ocasiones que hemos tenido de hablar con él, se muestra consciente y sensible a esos temas, pero el discurso –no solamente del presidente, sino en general– es el de asumir que esto es un problema estructural y que ellos pueden hacer poco por solucionarlo.

Da la sensación de que las ayudas públicas actuales se limitan a parchear el problema.

Sí, no existe un enfoque global de la política para erradicar el problema raíz. Pasa a todos los niveles. El Gobierno central puso mucho interés y mucho esfuerzo en sacar adelante el ingreso mínimo vital, pero al final lo cobra una de cada tres familias que pueden cobrarlo. Porque una cosa es lo que se pone en marcha y otra cómo se operativiza. No basta con lanzar ayudas, hay que garantizar que se gestionen bien. Hacer un seguimiento de quién la puede percibir, qué alcance tiene, si se ha ejecutado el presupuesto... En Andalucía se ha producido un descenso muy significativo en el presupuesto de la renta mínima andaluza, que ha caído en los últimos cinco años de 180 millones a 25 para el 2026. Por eso en las estadísticas vemos que la reducción de pobreza es mínima, porque estas políticas no están siendo eficientes.

¿Esa falta de enfoque global también se aprecia en la forma en que se aborda una de las mayores crisis de la sociedad actual como es la vivienda?

Aquí hicimos una alianza con UNICEF para analizar el texto del proyecto de la Ley de Vivienda de Andalucía y encontramos que no había ninguna alusión a infancia o a familias con hijos. La verdad es que estamos bastante satisfechos porque nos compraron muchas enmiendas, entre ellas, dentro de los colectivos vulnerables de la infancia, priorizar la ayuda a familias con hijos. También tener planes especiales con enfoque de infancia. Se trata de tener en cuenta que la carga de vivienda para una familia con hijos es superior a la de una pareja de dos adultos o un adulto solo. Evidentemente, los gastos que tiene una familia –de suministro energético, de alimentación, de educación– es mayor. El informe que tenemos del 2024 de cuánto cuesta criar a un niño en Andalucía es de 722 de euros al mes de media.

Para combatir la violencia infantil en Internet lo fundamental es la prevención a través de la educación afectivo-sexual

Uno de los últimos estudios de la organización analiza sentencias sobre abusos sexuales a niños y niñas en Internet… ¿El problema es la edad, la falta de educación digital o la falta de regulación a las plataformas?

Estamos ante un maremágnum de instrumentos y herramientas legislativas que no están poniendo el foco en medidas específicas para acotar y abordar la violencia contra los niños. A nosotros nos preocupa la parte de entorno digital y todas las nuevas prácticas de violencia que están surgiendo ahí, pero es que la Ley de Protección de menores en Internet, que está todavía en el Congreso, cuando salga ya estará desactualizada porque habrá surgido una nueva forma de violencia en la red. Nosotros vamos a pedirles ahora a los partidos que retomen la Ley de Andalucía Digital o, en todo caso, que desarrollen de manera autonómica la Ley de Protección de menores en Internet, que son los instrumentos que hay.

¿Cómo valora la medida del Gobierno central de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años? 

Nosotros no somos prohibicionistas. Esa es la solución más tajante, pero no debe ser la única porque estoy seguro de que esa prohibición se la van a saltar. Las redes sociales son un campo de oportunidad para los niños y adolescentes, de interacción, de educación y de formación. Estamos a favor de que se legisle contra la violencia en el entorno digital, igual que se ha legislado contra la violencia sexual. Hay mecanismos que pueden poner en marcha las plataformas para controlar el acceso a páginas porno. Por ejemplo, solo piden marcar la casilla de “soy mayor de 18 años” y puede ser un niño de ocho, que es la media de la edad a la que un niño entra en contacto por vez primera con el porno a través de Internet.

Entonces, ¿dónde debería ponerse el foco?

Para nosotros lo fundamental es la prevención a través de la educación afectivo-sexual, que debe estar presente en la vida de los niños y niñas desde los cero años, ya sea a través de una asignatura o de formaciones. Porque si el niño conoce su cuerpo, conoce lo que está bien y lo que no, va a tener mucha más capacidad de detectar cuándo hay abuso sexual

Un montón de situaciones límite como de suicidio se pueden evitar con los recursos adecuados

¿Estamos reaccionando solo cuando ocurre una tragedia en lugar de invertir seriamente en prevención y salud mental juvenil?

La clave es la prevención. Ni siquiera legislando se puede frenar el problema. Nosotros también pedimos que el protocolo de acoso y ciberacoso que hay en la Junta Andalucía se actualizara con las nuevas formas de violencia en el entorno digital. Sí nos parece adecuada la regulación del uso del móvil en los colegios, del uso del móvil en las casas... Puedes regular, pero prohibir no.

Y luego hay que tener en cuenta que la mitad del tiempo que un niño está despierto está en el colegio, entonces los profesionales de la educación tienen que manejar los indicadores de que algo está pasando. Ellos no son quienes tienen que abordar los casos de violencia, pero sí contar con estrategias de detección. A lo mejor el niño está sufriendo violencia física en casa o está sufriendo bullying en el colegio y eso hay que saber verlo.

En algunos casos recientes de suicidio juvenil se ha señalado el acoso escolar como un factor desencadenante. ¿Qué fallos detectan en el sistema de protección?

Entre los profesionales de la educación, los que conocen el protocolo no llegan a aplicarlo por falta de tiempo. Hay una figura específica en la Ley Orgánica de Protección integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que se llama Coordinador de Bienestar de Protección. Una persona formada específicamente en violencia contra la infancia, en detección, que puede ser el agente catalizador de cuando se identifica un caso. Pero eso no se está llevando a cabo de manera adecuada.

Nosotros pedimos un coordinador de protección en cada centro educativo, lo que implica contratar a unas 500 personas. Y meter ahí otra capa más en el trabajo diario de todos los docentes que ya están desbordados con la programación. Pero se trata de medidas que van a funcionar porque van a amortiguar: ante un caso de acoso, permite hacer una intervención rápida y tomar la mejor solución. Seguro que un montón de situaciones límite como de suicidio se pueden evitar.

Lo que más nos preocupa es qué vamos a hacer si hay un gobierno en el que entra la ultraderecha

Y respecto a su trabajo con los menores migrantes, ¿cuáles son los principales retos que detectan en el sistema y en la sociedad actual?

Nosotros el trabajo que hacemos es para detectar la vulnerabilidad de todo el sistema de protección y vemos que el sistema de acogida no está adaptado a la infancia. No hay personal específico en cuando llega una patera. Por otro lado, tenemos el foco en combatir los discursos de odio. Igual que hemos trabajado una narrativa de pobreza para intentar dirigirnos a entornos más conservadores, estamos intentando hacer eso con las migraciones. La narrativa de los derechos que a nosotros nos cala ya no funciona en ciertos grupos.

Seguimos con los mismos temas de incidencia en términos de migraciones, pero lo que más nos preocupa es qué vamos a hacer si hay un gobierno en el que entra la ultraderecha: qué tipo de medidas van a tomar y cómo podemos combatirlas sin dejar de lado el enfoque de los derechos, pero sabiendo que no lo van a tener en cuenta, ni lo van a validar. Si entran en el gobierno, tendremos que hablar con ellos porque serán los que decidan.

Hace meses que Sumar presiona para que el Gobierno apruebe una ayuda universal a la crianza. El Ejecutivo ya aprobó en noviembre una declaración institucional en la que abogaba por poner en marcha esta prestación y hoy la ha incluido en la nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible. Pero la ayuda, por ahora, está lejos de ser una realidad.

Aunque algunos medios se han apresurado a titular hoy que la prestación ya se ha aprobado, e indican quien podría cobrarla o como optar a ella, lo cierto es que se trata de una propuesta que no se ha concretado más allá de un objetivo a largo plazo. No hay ninguna prestación ya en marcha.

La estrategia de cara a 2030 aprobada este martes fija un centenar de metas y 10 objetivos principales. Uno de ellos es la lucha contra la pobreza infantil, en la que se incorpora como aspiración una prestación universal por crianza para que llegue a todas las familias con hijos menores a su cargo. El titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha alegado que esta medida se ha aplicado en otros países y que se trata de una herramienta eficaz. Desde el ministerio señalan que esta medida debe ir acompañada de un modelo fiscal redistributivo, progresivo y justo.

En noviembre una declaración institucional aprobada por el Consejo de Ministros por el Día Internacional de los Derechos de la Infancia el 20 de noviembre, el Gobierno apuesta por ampliar el apoyo a las familias y destaca algunas medidas para hacer frente a la pobreza infantil, como el Complemento de Ayuda para la Infancia del Ingreso Mínimo Vital, “mientras se avanza hacia una prestación por crianza diseñada desde parámetros de universalidad y equidad fiscal”.

En aquel momento, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya dijo que antes de “reformular cualquier otra prestación en materia de pobreza infantil” había que evaluar las ayudas que hay actualmente.

“Tenemos que evaluar el rendimiento que han tenido los instrumentos que en este momento muy cuantiosos hemos puesto en marcha” y “si hay que mejorarlo en una sola prestación habría que hacer una refundación de todos estos complementos en alguna otra prestación se llamara como se llamara”, afirmó.

El Gobierno no tiene sobre la mesa proyecto de presupuestos aún, así que la medida ni siquiera está contemplada a corto plazo. Además, las palabras de Montero sugieren que Sumar tiene aún que vencer algunas resistencias dentro del Gobierno para poder siquiera iniciar la tramitación de esta ayuda.

¿Cuál es la propuesta de Sumar?

En la negociación de los presupuestos entre los partidos de la coalición de Gobierno, Sumar ya propuso que todas las familias perciban 200 euros al mes por cada hijo, hasta que cumplan 18 años, independientemente de su renta.

En su programa electoral ya recogían esta medida: “Impulso de una prestación por crianza, para luchar por la erradicación de la pobreza infantil. Se cobrará hasta los 18 años y unificará en una única ayuda el actual complemento de ayuda a la infancia del Ingreso Mínimo Vital y la deducción por maternidad en el IRPF”.

Un estudio elaborado por Unicef calcula que un aumento del ingreso mínimo vital del 40% por cada hijo en el hogar reduciría la pobreza monetaria (vivir con ingresos un 60% inferiores a la renta mediana del país) en 1,8 puntos porcentuales, mientras que una prestación universal de 200 euros al mes por hijo lo haría casi cuatro veces más, en 7,1 puntos.

Respecto al actual nivel de 29,2% de menores en pobreza monetaria en España, esta ayuda de 200 euros mensuales por niño supondría, por tanto, sacar a algo más de medio millón de menores de esta situación de precariedad y vulneración de derechos, alrededor de 540.0000 niños, según los cálculos de Unicef.

Un impuesto a los ultrarricos para financiar una prestación que erradique la pobreza infantil. Esa es la propuesta del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que prevé impulsar la conocida como 'tasa Zucman' a los multimillonarios para que sume los recursos necesarios para pagar una prestación universal por crianza, así como otras medidas sociales de calado.

“Vamos a empezar por la prestación universal por crianza y también vamos a llevar una propuesta de reforma fiscal que espero que pueda contar con el mayor apoyo posible”, ha señalado Bustinduy antes de reunirse en París con el economista Gabriel Zucman, diseñador de una propuesta para gravar con un 2% el patrimonio de aquellas personas con un patrimonio superior a los 100 millones de euros.

En declaraciones recogidas por EFE, ha insistido en que la primera política en financiarse con esta medida -que podría recaudar 5.200 millones de euros, según los cálculos del Observatorio Fiscal de la UE- sería esa prestación por crianza para “erradicar la pobreza infantil en España”, que quiere hacer “cuanto antes” y que a su parecer “contaría con un amplísimo respaldo” en el Parlamento y en la sociedad española. A partir de ahí, esas medidas universales abrirían el debate sobre “la justicia fiscal para poder financiarlas”.

Para el ministro, está justificado que “aquellos que de manera desproporcionada están acumulando un patrimonio y una riqueza completamente fuera de lo que es razonable para una democracia contribuyan a la creación de estructuras de protección social que permitan que nuestras democracias mejoren la calidad de vida de las clases trabajadoras”.

“Una reforma fiscal que haga que quienes más tienen más paguen va a contar con formidables fuerzas de oposición”, ha reconocido Bustinduy, para apuntar a renglón seguido que “la fuerza con la que contamos es que es una cuestión de sentido común, y que a lo largo y ancho del espectro político, gente de izquierdas, de derechas y de centro comparten la idea de que no parece muy sensato que alguien que acumula un patrimonio de cientos de millones o miles de millones pague una tasa proporcional menor a la que paga un asalariado”.

Zucman: “España necesita este impuesto”

Zucman, por su parte, ha apuntado, también en declaraciones a EFE, que “ha llegado el momento para España de ser líder sobre este tema” y recordó que ya había tenido un papel importante en el G20 en 2024 al incorporarse en una coalición que pretendía hacer avanzar la discusión sobre una imposición mínima a los multimillonarios.

“España lo necesita, como Francia, como todos los países del mundo porque en todos los países los multimillonarios pueden eludir y eluden muy ampliamente el impuesto sobre la renta” y su tipo impositivo efectivo es “más bajo que el de las otras categorías sociales”, ha señalado el economista.

El impuesto afectaría a alrededor de un millar de contribuyentes en España la idea es que las personas con un patrimonio superior a los 100 millones que lo tuvieran que pagar no abonarían nada si con los otros impuestos ya sufragaran el 2% del valor de esos activos.

“Es el impuesto más selectivo y más justo que se pueda imaginar. No es que sólo grava a los ultrarricos, sino únicamente a los ultrarricos que escapan a los impuestos”, ha dicho.

Zucman será recibido el próximo día 20 en Madrid por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con el que hablará de la propuesta de impuesto que se ha popularizado con su nombre. La 'tasa Zucman' fue defendida por todos los partidos de izquierda en Francia para implantarla en los presupuestos de 2026, pero fue rechazada en el Parlamento, donde esos grupos están lejos de tener mayoría.

La pobreza y la desigualdad siguen reduciéndose en España. En 2025, con datos de renta del año anterior, la población que vivía con ingresos por debajo del umbral de la pobreza disminuyó al 19,5%, el dato más bajo de la serie histórica que arranca en 2008, según la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que publica el INE. La desigualdad entre los más ricos y más pobres vuelve a disminuir, también hasta mínimos desde los inicios de la crisis financiera, y por fin disminuye la pobreza infantil, aún muy alta (28,4%), pero que frena los últimos años de aumentos.

Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 son en general positivos. Mejoran prácticamente todos los indicadores: tanto la pobreza, la carencia material severa, la pobreza energética y los problemas para pagar la vivienda. Estos últimos también habían aumentado en los últimos años y en la encuesta de 2025 dan un respiro.

Hay que recordar que, en un país rico como España, la pobreza se mide de forma relativa, en comparación con el nivel de vida de la sociedad. También con una mirada más amplia, la tasa de pobreza y exclusión social (AROPE) mide la pobreza monetaria (vivir con ingresos por debajo del 60% de la mediana) y también otras dificultades, como la intensidad laboral y la carencia material y social severas.

Como ilustra el anterior gráfico, la población en pobreza y exclusión en España bajó solo una décima el año pasado, al 25,7%, según la nueva definición AROPE. Los hogares con carencia material severa se redujeron al 7,6% desde el 8,2% del año anterior. Por su parte, los hogares con baja intensidad en el empleo se mantuvieron estables, en el 8%.

Aunque los datos de pobreza se reducen, lo hacen de manera moderada y en un contexto de crecimiento económico y del empleo, advierten en Oxfam Intermón. “Esta brecha entre crecimiento económico y reducción de la pobreza evidencia que la pobreza se está cronificando en España: el progreso macroeconómico no logra sacar a millones de personas de una situación estructural de precariedad que afecta ya a una de cada cinco personas y que, al ritmo actual, tardaría casi un siglo en erradicarse”, afirma Alejandro García-Gil, responsable de políticas de protección social de la ONG.

En el mismo sentido se posicionan en EAPN España, red de ONG contra la pobreza, que valoran de forma positiva que no se haya producido un empeoramiento de los datos, pero muestran “preocupación por las dificultades para reducir unas cifras de pobreza que afectan al 25% de la población desde hace más de una década”. “Se trata de un suelo que no consiguen reducir ni el crecimiento macroeconómico ni las cifras récord de empleo de 2025”, subrayan en la organización.

Por su parte, la desigualdad de renta entre los más ricos y los más pobres también sigue reduciéndose y alcanza nuevos mínimos en la serie histórica, que arranca en 2008. Según el indicador que compara la renta del 20% más rico y el 20% más pobre, la brecha cae al 5,2, dos décimas respecto al año anterior.

Con el indicador Gini, que también mide desigualdad de rentas con otra fórmula, las disparidades entre los que más y menos tienen también se reduce y alcanza un nuevo mínimo del 30,8.

La clave de la reducción de la desigualdad apunta a una gran mejora de las rentas más bajas, sobre todo del 10% más pobre, como ilustra el siguiente gráfico. Sus ingresos se desplomaron más que los del resto de la sociedad con la pasada crisis financiera, generándose una brecha durante una década que se ha cerrado en los últimos años.  

La pobreza infantil: muy alta, pero desciende al 28,4%

Uno de los punto más negativos de la reducción de la pobreza en los últimos años era que la infantil no se veía beneficiada de las mejoras. Al contrario que el resto de grupos de población, los menores de edad empeoraban sus indicadores. Una situación preocupante en sí misma, pero más aún en España, con una pobreza infantil muy eleveada, a la cabeza en Europa, como alertan ONG como Save The Children y Unicef.

La encuesta de 2025 refleja por fin un descenso en la pobreza infantil, que aunque sigue siendo muy alta, se reduce al 28,4% en 2025 respecto el 29,2% del año anterior.

Aun así, como se apuntaba, el anterior gráfico refleja cómo la pobreza infantil no solo es muy elevada –alcanza a más de uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes– sino que es mucho más alta que la del resto de grupos de población.

En España, como indican las ONG especializadas en infancia, tener hijos es un factor de empobrecimiento en la actualidad, en un país con menos inversión en la infancia que sus colegas europeos y, en concreto, sin ayudas universales a la crianza como abundan en otros países comunitarios y reclaman las organizaciones sociales y el ala de Sumar dentro del Gobierno de coalición.

Cabe destacar que este descenso de la pobreza infantil que refleja la encuesta, que recoge datos de renta de 2024, coincide con el importante aumento de los perceptores en la ayuda mensual por hijo de hasta 115 euros vinculada al ingreso mínimo vital. Ese año, el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI) incrementó sus beneficiarios casi un 50%, aunque aún tiene una gran brecha de hogares con derecho que no reciben la prestación (un 72%, según la AIReF).

“Que casi un millón de menores viva en pobreza severa, lo que significa vivir sin las necesidades básicas cubiertas, demuestra que las políticas actuales no son suficientes y que es urgente reforzar los apoyos a las familias para garantizar los derechos de la infancia”, ha denunciado este jueves Catalina Perazzo, directora de influencia y desarrollo territorial de Save the Children.

“Si bien los datos muestran una leve mejora, estas cifras siguen siendo alarmantes, especialmente en un contexto de avances económicos generales del país”, ha afirmado por su parte Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de infancia de UNICEF España. “Está claro que las políticas actuales destinadas a combatir la pobreza en la infancia no están teniendo el impacto necesario, y la situación hace urgente dotar políticas más eficaces y con un efecto más rápido”, ha añadido.

Menos dificultad para llegar a fin de mes y pagar la vivienda

La encuesta también refleja que en 2025 se redujo la población que dice llegar “con dificultad” a fin de mes. El indicador que más baja es el de quienes dicen llegar con “mucha dificultad”, las situaciones más graves, que descienden del 9,1% al 8,5%. Quienes llegan “con dificultad” caen del 12,7% al 12,1% y, por último, aquellas personas que alegan “cierta dificultad” para cuadrar las cuentas hasta el final del mes pasan del 25,6% al 25,3%.

Aun así, la encuesta constata cómo muchos hogares en España afrontan una situación complicada en su día a día para afrontar sus gastos, casi la mitad del total (el 46%).

Otro indicador que estaba empeorando en los últimos años y que este 2025 da un respiro es el de la población con problemas para afrontar los gastos de vivienda, un importante foco de precariedad ante los elevados precios del alquiler y compra. Así, quienes afirman haber tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) en los últimos 12 meses se reducen al 11,4%, el dato más bajo desde hace seis años, en 2019.

También disminuye la pobreza energética, la población que dice que no puede permitirse mantener su vivienda con una temperatura adecuada. Esta aumentó a máximos históricos durante la crisis inflacionista, que disparó el precio de la luz, tras varios años previos de aumento. En 2025 continúa el descenso inicado en 2024 y cae al 16% de la población.

Entre los pocos indicadores que empeoran se sitúa el de la población que dice no tener capacidad de afrontar gastos imprevistos, que aumenta al 36,4% desde el 35,8% del año anterior.

Cabe destacar que las dificultades para pagar la vivienda se reducen de manera general en los distintos grupos de edad y población, como refleja el siguiente gráfico.

Aunque la EAPN España destacan que los datos de la encuesta reflejan que aquellas personas que viven de alquiler afrontan una situación “especialmente grave” de pobreza. “Cuatro de cada diez personas en nuestro país (43,6%), que viven de alquiler a precio de mercado, se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social” y el “63,9% de las personas en alquiler tuvo dificultades para llegar a fin de mes”, indican de su análisis de los microdatos.

Oxfam Intermón insiste también en que “la vivienda se come las subidas salariales frenando cualquier avance de bienestar”, por lo que pide políticas públicas ambiciosas en este terreno, así como implementar una ayuda universal por crianza. “Solo con políticas públicas en esta dirección se aseguraría que las mejoras económicas se traducen en una reducción real de la pobreza y la desigualdad”, concluye García-Gil.

Dado que estos datos se publican en pleno debate por la prórroga del decreto que paraliza los desahucios de familias vulnerables, desde EAPN España urgen a los grupos parlamentarios a convalidar la moratoria “para impedir que se produzcan desahucios sin alternativa habitacional”, una medida que “debe tener un carácter estructural”, reclaman desde la red de ONG.

Esta mañana la dignidad ha vuelto a caminar en Madrid. En concreto, han sido los pasos de unas 3.200 personas según los organizadores los que han hecho resonar tambores de justicia en el trayecto que separa la estación de Metro de Valdecarros, en Vallecas, hasta el Sector 6 de la Cañada Real. La lucha por la vivienda digna, por el derecho al territorio, son las grandes proclamas que han apoyado decenas de colectivos de la capital. Ahora, el barro que día tras día se pega en los zapatos de las mujeres y los niños que transitan este camino para acudir a la escuela, la compra o tomar un café se solidifica en las suelas de aquellos solidarios que no miran para otro lado ante la especulación inmobiliaria: “Cañada se queda. La vida se defiende. El territorio no se desaloja”.

En torno a las 11.00 horas se empezaban a arremolinar cientos de personas en Valdecarros convocadas por Tabadol, la PAH Vallekas y La Laboratoria. Algunas bocas calentaban motores para los cánticos que no tardarían en llegar. “Despierta, vecina, Cañada se queda”, “el suelo es vida, el suelo no es negocio” y “nuestras abuelas también fueron ocupas” han sido algunos de los más repetidos. Todos los allí presentes sabían lo que quedaba por delante: un camino de lucha y hermanamiento. “Estamos aquí para impedir que continúe el derribo de nuestras casas, al que nos vemos avocadas sin diálogo ni alternativa”, introduce a elDiario.es Houda Akrikez Essatty.

Ella es la presidenta y fundadora de la Asociación Cultural Tabadol, formada por mujeres del Sector 6 de la Cañada Real para defender sus derechos y continuamente ha estado al frente de la pancarta que abría la marcha con un solo mensaje: “Cañada se queda”, escrito en árabe, castellano, romaní y caló. “Tras cinco años de lucha por el corte de suministro eléctrico, nos hemos dado cuenta de que la lucha es por el territorio”, ha añadido esta madre de tres hijas pequeñas mientras la marcha comenzaba a recorrer sus primeros pasos.

A sus 38 años, Akrikez sabe bien que ocupar la Cañada significa tomar el testigo de una gran genealogía de autoconstrucción de viviendas en Madrid. “Queremos proteger nuestro territorio y defenderlo”, sostiene con seriedad. Para eso han convocado esta manifestación en la que cientos de personas han pisado un terreno que debería pertenecer a quien de él hace uso para vivir. Y lo han conseguido. Han hecho ver que la Cañada Real es un barrio de la ciudad.

Los manifestantes, agradecidos por los rayos de sol pero ateridos por un viento frío, han transitado el mismo camino que los vecinos de la Cañada Real deben realizar todos los días. Esta vez, ante la mirada con tinte de extrañeza de algunas personas que realizaban deporte en las inmediaciones. Tras completar un camino marcado por los desechos a sus orillas, tales como bolsas de plástico, zapatos y latas de bebida, ha llegado el momento más sensible. Cientos de personas han tenido que sortear el barro de en una fila individual, en una escombrera improvisada, que ha retrasado más de media hora la marcha.

Suspensiones cautelares de los derribos

El sentido político de la reivindicación ha estado presente en todo momento. La lucha por la vivienda, casi sinónimo de luchar por la vida en sí, no comenzó ayer en este lugar. “Llevamos aquí décadas y durante muchos años hemos estado resistiendo a las diferentes formas de acoso institucional”. Se refiere a la gestión que el Ayuntamiento de Madrid y Rivas-Vaciamadrid han realizado del Sector 6 en el último tiempo. Según Akrikez, el último censo realizado en el lugar hablaba de unas 2.500 personas en 2016, de las que 1.500 eran menores.

Para todas ellas hay un pequeño rayo de esperanza. Tras recurrir el inicio el 2 de octubre de 2025 del procedimiento para los derribos por parte del Consistorio madrileño, “totalmente arbitrario y sin fundamento”, comenta la presidenta de Tabadol, la justicia les ha dado algo de oxígeno. Esas cartas llegaron con la firma de Julio César Santos, cargo del Ayuntamiento inhabilitado desde septiembre, asegura Tabadol.

Por el momento, se han dictado algunas suspensiones cautelares de las demoliciones por considerar las viviendas “domicilios habituales de las demandantes”, cuyo derribo ocasionaría un “perjuicio irreparable”. Ahora, esperan que la suspensión temporal llegue a la docena de familias afectadas y señaladas por el Ayuntamiento liderado por José Luis Martínez-Almeida.

Akrikez, a quien los manifestantes no dejan de saludar y ensalzar, es clara a la hora de expresar las tres principales demandas de esta protesta llamada a marcar un antes y un después en la lucha por la vivienda digna, ya no solo de la Cañada, sino de la capital al completo. “Exigimos el cese de las amenazas de derribo y la paralización de las demoliciones. Exigimos la apertura de un proceso real de diálogo directo con los vecinos. Y exigimos el reconocimiento del derecho al territorio de los vecinos de la Cañada Real. Porque sin vivienda digna no hay ningún derecho garantizado”, enfatiza.

Una estrategia urbanística

La PAH Vallekas ha sido otro de los colectivos que ha convocado la manifestación. Sonia García, una de sus portavoces, recuerda que la Cañada Real es otro de los tantos barrios que nacieron en Madrid ante la llegada de trabajadores durante los años del desarrollismo franquista. “El componente de origen de las personas que viven en la Cañada, muchas gitanas rumanas o españolas, o marroquís, tiene mucho que ver con que no se hayan regularizado sus viviendas como sí sucedió con otros barrios autoconstruidos en Madrid o en Vallecas mismo”, denuncia.

Hondeaban a su alrededor las banderas verdes de la PAH cuando esta activista por la vivienda digna ha resaltado que hace unos 20 años comenzaron los intentos de invisibilizar y desalojar la Cañada. “Los ayuntamientos y promotores vieron la posibilidad de crecer hacia el sureste, por eso estos terrenos son tan codiciados”, dice García, quien ha asegurado sin titubeos que “si no conseguimos que Cañada se quede, estamos todos vendidos”. Ya lo decían en su comunicado de convocatoria: “Los mismos que nos desahucian en otros barrios de Madrid tienen intereses aquí”.

García ha sido una de las personas que estos días ha intentado allanar el camino en esta lucha, metafórica y literalmente. Mientras la marcha casi alcanzaba su final, la portavoz de PAH Vallekas ha subrayado cómo una de las estrategias de expulsión es hacer imposibles los caminos que conectan con el Sector 6: “Hemos tenido que limpiar de escombro para que la gente pueda pasar. A las Administraciones les da igual cómo está ese camino, que cuando llueve siempre se embarra y las mujeres deben transitar con niños todos los días”. Y así ha quedado patente.

Una comunidad de apoyo mutuo

Desde La Laboratoria, un espacio de investigación feminista, también han decidido convocar la protesta. “Tenemos una imagen muy estigmatizada de la gente que vive en la Cañada. En realidad, Cañada nos recuerda el pasado de Vallecas”, sostiene Marta Malo, portavoz del colectivo. Desde su punto de vista, lo que sucede en la Cañada deja un futuro que se bifurca. “Si todo sigue será algo negativo, debido a la especulación sin freno que cada vez obliga a más personas a la autoconstrucción de sus viviendas, pero también positivo, cuando vemos que lugares así resisten y cooperan frente a esta dinámica de expulsión permanente”, desarrolla.

Malo ha destacado que “marchar por la Cañada también es marchar por el derecho a la ciudad y el tipo de Madrid que queremos”. En este sentido, ha criticado la supuesta política de realojos en alquileres sociales. “Cuando estás en una situación de mucha precariedad y te meten en un piso durante seis meses, aunque sea barato, te separan de la Cañada, donde sí hay una comunidad que te permite cierto apoyo mutuo”, ha precisado la portavoz de La Laboratoria cuando la manifestación llegaba a su fin.

Marchar por el derecho a tener derechos

El culmen de la protesta ha tenido lugar cerca de la sede de Tabadol con la lectura de un comunicado, previo a una pequeña comida popular y después de que varios colectivos y entidades dirigieran unas palabras a los presentes. “Marchamos por la vivienda. Marchamos por el derecho al territorio. Marchamos por el derecho a tener derechos. Y marchamos también por el derecho a la rabia. Porque la rabia no es violencia. La rabia es una respuesta legítima cuando te quieren expulsar. La rabia es memoria de todo lo perdido. La rabia es defensa del hogar”, han expresado en el comunicado.

Tal y como han añadido ante la mirada atenta de los manifestantes, “defender nuestras casas es defender nuestra dignidad. Y no vamos a permitir que nos sigan expulsando del lugar donde vivimos. Por eso decimos alto y claro: Cañada se queda”. También se han referido al feminismo, el antirracismo, el ecologismo y los colectivos vecinales, así como los que defienden una sanidad y educación públicas, que les apoyan en su lucha. “Derribar viviendas no es una solución. Desalojar familias no es política social. Desplazar comunidades no es progreso”, han criticado.

Por último, un único mensaje ha quedado petrificado en el aire frío del Sector 6: “Porque la vivienda digna es la puerta de entrada a todos los derechos, y cuando se derriba una casa, se intenta derribar una vida entera. Y lo decimos hoy con más claridad y fuerza que nunca: Cañada se queda. La vida se defiende. El territorio no se desaloja”.

Karen Cacique se levanta cada día antes de las 7.00 para plegar el sofá cama en el que duerme junto a su marido y sus dos hijos mayores. El salón comedor debe estar recogido porque a esa hora se despiertan para ir a trabajar los otros dos inquilinos del piso que comparte en el barrio de Trinitat Vella, en Barcelona. Con solo un baño para todos, las rutinas de primera hora no son fáciles. “Si algún niño se demora, de repente ya te están mirando mal”, reconoce.

La familia de Karen, que llegó de Perú a la capital catalana en marzo de 2025, vive de realquiler en un comedor. La pareja, ambos de 36 años, pagan 170 euros de mensualidad, con gastos incluidos, por dormir en un sofá abatible con sus hijos de catorce y ocho años. El tercero, de año y medio, descansa en una cuna a su lado. “Es incómodo”, repite la mujer. “Antes, bajábamos al parque para que los niños jugasen y se cansasen, y solo subían a cenar y a dormir, pero ahora en invierno no sé qué hacer”, se lamenta. 

Si la crisis del alquiler ha disparado desde hace años el subarrendamiento precario de habitaciones, casos como el de la familia Cacique suponen una vuelta de tuerca más a la problemática habitacional entre los más vulnerables. Cáritas ha dado la voz de alerta. “Atendemos a gente que duerme en el salón de casa, en literas en la cocina, en la sala de la lavadora… Cada vez pasa más”, advierte Sònia Lacalle, responsable de la asesoría Jurídica Social de la entidad. 

Las casuísticas son muy diversas, comenta Lacalle, pero suelen tener en común que afectan a familias migrantes, sin papeles y que consiguen esos realquileres a través de contactos. El acuerdo suele ser siempre de palabra, sin contrato de por medio, y es habitual que el recién llegado ni siquiera sepa quién es el propietario del piso. “Hemos tenido casos de familias que están en pisos ocupados sin saberlo, y que lo descubren cuando llega la orden de desahucio y se quedan en la calle”, explica Lacalle. 

Criar tres niños desde un comedor

Karen encontró su actual alojamiento en el barrio Trinitat Vella antes de llegar a España. Lo hizo por WhatsApp a través del contacto de un familiar. Así recaló en el salón de la vivienda en la que duermen otros dos adultos. Uno de ellos es el que les realquila a ellos. Por ahora, con los trabajos esporádicos que consigue el marido de Karen, ya sea de pintor de paredes o de operario de mudanzas, llegan justos a pagar la mensualidad. 

Pero tanto como el dinero, a Karen le preocupa la convivencia con sus tres hijos en un hogar compartido con extraños. Lo comenta durante una charla en el Espacio Polivalente Santa María Magdalena de Cáritas. Allí acude dos veces por semana al grupo de crianza, para compartir preocupaciones con otras madres, y a poner lavadoras, porque en casa no puede abusar de ellas. Igual que hay horario para la cocina, también le han dicho que no puede pasarse con las coladas. 

Las lista de dificultades cotidianas que supone criar a tres niños desde el comedor de un piso es larga. No son solo los horarios de las estancias. Está por ejemplo el ruido. “Sobre todo, el del bebé”, afirma. “Esto incomoda mucho y entonces trato de calmarlo, y si no lo consigo algunas veces recurro al móvil, pero entonces todos lo quieren”, relata Karen. Tampoco hay espacio para hacer los deberes escolares. “Tenemos la mesa del salón, pero cuando están los demás ya nos sentamos en el sofá”, se lamenta. 

Durante la conversación, que se desarrolla mientras su hija de ocho años se entretiene en la sala de juegos de Cáritas, la palabra que repite una y otra vez es “incomodidad”. O su antónimo: “La situación nos pone tristes, porque no podemos darles a nuestros hijos una comodidad mínima, al menos hasta que nos establezcamos y encontremos algo mejor”. 

Cada vez más hacinamiento

Aunque en Cáritas no disponen de datos sobre esta derivada más extrema de la crisis del alquiler, sus informes anuales sí dejan entrever esta tendencia. En la encuesta de su informe FOESSA constatan que un 13,5% de los ciudadanos de la Diócesis de Barcelona ya viven en una situación de “hacinamiento grave”. Además, de todos los usuarios a los que atienden en esta zona, el 40,6%, en total 14.624 personas, viven en habitaciones de realquiler. Y otro 10,5%, 3.027 personas, entran en la categoría de “acogidas”, que incluyen quienes duermen en soluciones improvisadas dentro de un piso, ya sean acogidos por un familiar o pagando. 

Estos últimos han pasado de ser el 7,8% de los usuarios en 2021 al 10,5% actual. Pero lo que preocupa más si cabe es que su situación se está cronificando entre los extranjeros. “La inserción residencial tiene etapas, y suele comenzar en un sofá, acogido durante unos días o una semana, forma parte del aterrizaje o la toma de contacto en un país”, explica Carolina Orozco, investigadora postdoctoral de Geografía en la Universitat de Barcelona. “Pero estas situaciones transitorias se están extendiendo en el tiempo, y las familias pasan de estar acogidas a pagar un alquiler, con lo que se acaba explotando la urgencia y la necesidad de un techo”, desarrolla. 

Orozco explica que los arrendadores pueden ser a veces grupos organizados o caseros que quieren extraer el máximo lucro de un piso. Pero hay otro perfil más común. “En estos casos el titular del contrato puede ser tan precario que necesita realquilar, y si lo hace es por lo tanto por necesidad, porque también es incómodo para él”, afirma. 

Aun así, añade Sònia Lacalle, quien subarrienda sigue teniendo la sartén por el mango. Esto lo padece también Karen, a quien sus compañeros de piso ya le han dejado caer que deberán buscarse pronto una alternativa. Si algún día les quieren echar, ningún contrato les vincula a ese techo. 

“Vamos mirando precios de pisos, pero son demasiado elevados”, comenta. Sin tener su situación administrativa regularizada, y sin una sola nómina, reconocen que arrendar una vivienda en Barcelona es “imposible”. Una mejora sería alquilar una habitación para ellos solos. Pero tampoco es fácil. “Los precios siguen siendo muy elevados, y muchos te dicen que no quieren niños”, se resigna. 

Un paso adelante para la familia sería encontrar trabajo. Pero Karen añade un pero a su situación, que hace que solo su marido esté buscando empleo: no se atreve a dejar solos en casa a los niños, aunque el mayor sea ya adolescente. “Yo tengo que estar ahí siempre, porque las personas que viven en el piso son conocidas, pero tampoco mucho”, zanja. 

Con 2026 ya arrancado llegan algunas novedades para las personas que reciben el ingreso mínimo vital (IMV), o que lo hagan a lo largo del año. El Gobierno ha aprobado una subida general de las pensiones del 2,7%, para compensar la inflación, que será mayor entre las más bajas: las mínimas, entre un 7% y un 11,4% y las no contributivas, un 11,4%. Esta cantidad, un 11,4%, será lo que también suba el ingreso mínimo vital.

A continuación, te resumimos las novedades más relevantes sobre el IMV para el año 2026.

¿Cuánto sube el ingreso mínimo vital?

Las cantidades del ingreso mínimo vital (IMV) suben lo mismo que las pensiones no contributivas. Es decir, un 11,4%. Por ejemplo, la renta garantizada para un hogar unipersonal será de 734 euros mensuales desde este mes de enero, 75 euros más al mes respecto a los 659 euros al mes de 2025, en 12 pagas.

Hay que recordar que el IMV que cobran las familias no alcanza siempre la cantidad completa, sino que resulta de restar la renta garantizada correspondiente al tipo de hogar menos los ingresos que perciba la familia beneficiaria.

Además, existe un complemento que aumenta la cuantía de la ayuda en un 22% adicional para las familias monoparentales y para aquellas con algún miembro con discapacidad igual o superior al 65%.

¿Y el complemento de ayuda a la infancia (CAPI)?

El ingreso mínimo vital va acompañado de un complemento de ayuda a la infancia (el llamado CAPI) por cada menor de edad que reside en los hogares beneficiarios. Esta ayuda por hijo también la pueden recibir familias con hasta tres veces más renta.

En 2026, se mantienen las cuantías de la ayuda de 2025, según indica la Seguridad Social. Estas cantidades son las siguientes:

Tengo derecho, ¿cómo pido esta ayuda?

La Seguridad Social informa que, para la tramitación de esta ayuda por hijo, se debe pedir del mismo modo que se solicita el IMV:

El Ministerio ha elaborado esta guía práctica con información y un vídeo tutorial sobre cómo identificarse para solicitar el IMV a través de un formulario online, “sin necesidad de certificado digital o cl@ve”.

El debate en el seno del Gobierno sobre una nueva ayuda universal por hijo de 200 euros al mes, que ha resurgido esta semana, cuenta con dos nuevos estudios que analizan esta posibilidad y que destacan su mayor capacidad para reducir la pobreza infantil que otras prestaciones actuales, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), incluso aumentando sustancialmente sus cuantías. La discusión es crucial ya que España es el segundo país de la Unión Europea con más niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza y exclusión, un 34,6%, alrededor de 2,7 millones de menores, destaca Unicef.

Por un lado, se trata del informe El beneficio de hacer: el impacto de políticas concretas para revertir la pobreza infantil en España, elaborado por Unicef y presentado este Día Mundial de la Infancia, con contribuciones y análisis del Centro de Políticas Económicas de Esade. A través de varias simulaciones, el estudio calcula que un aumento del ingreso mínimo vital del 40% por cada hijo en el hogar reduciría la pobreza monetaria (vivir con ingresos un 60% inferiores a la renta mediana del país) en 1,8 puntos porcentuales, mientras que una prestación universal de 200 euros al mes por hijo lo haría casi cuatro veces más, en 7,1 puntos.

Respecto al actual nivel de 29,2% de menores en pobreza monetaria en España, esta ayuda de 200 euros mensuales por niño supondría, por tanto, sacar a algo más de medio millón de menores de esta situación de precariedad y vulneración de derechos, alrededor de 540.0000 niños, ha cifrado este jueves Unicef.

Por otro lado, esta semana también se ha publicado el estudio técnico Políticas alternativas para la reducción de la pobreza infantil en España de los investigadores Luis Ayala, Olga Cantó, Marina Romaguera y Dmitry Petrov, de la Universidad de Alcalá y la UNED, que en diciembre se presentará como la base de las propuestas de la Plataforma de Infancia.

Esta investigación simula también varias iniciativas posibles para reducir la pobreza infantil, entre las que destacan de nuevo el mayor efecto de la ayuda universal de 200 euros al mes por menor, con una reducción de los niños en pobreza de algo más del 25% (si no es tributable) y del 21,5% si fuera tributable. Este último dato también supondría sacar de la pobreza alrededor de medio millón de niños. En concreto, a 484.500 menores.

Por otro lado, calculan que duplicar el actual Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI) supondría una reducción de la pobreza infantil “del 10,5% más” respecto a su actual diseño. Los autores también estiman otra posibilidad, de aumento de la cuantía actual del CAPI con otra distribución por edades (los menores de 0-3 recibieran 100 euros y los de 6-18 recibieran 200 euros) lo que “tendría la potencialidad de reducir adicionalmente un 22%” los menores en pobreza infantil.

Eso sí, estos últimos supuestos parten de que el CAPI llegara a todos los hogares con derecho al complemento, algo muy lejos de conseguirse en estos momentos. Según el último análisis de la AIReF, aunque en 2024 aumentó un 34% el número de beneficiarios de estas ayudas por hijo para hogares de escasos recursos respecto al año anterior, todavía no lo reciben un 72% de hogares con derecho a percibirlo.

Además, hay otra consecuencia positiva que hace sobresalir la ayuda universal de 200 euros al mes sobre las otras alternativas analizadas, como una ayuda de 100 euros al mes para todos los menores y los distintos aumentos del CAPI: es la que más reduce la intensidad de la pobreza, y con diferencia. Se trata de cuán pobres son los niños que viven bajo el umbral de la pobreza, con una merma del 45% o 47% de la intensidad de la pobreza (según si es tributable o no) frente al resto de opciones que como mucho llegan al 37%.

El debate del salto de las ayudas universales y su coste

Ambas investigaciones aportan datos y análisis para la discusión que afronta el Gobierno de coalición sobre si dar el salto a una prestación universal por crianza en España, como las que existen en la gran mayoría de países europeos (con menos pobreza infantil), desde el actual sistema de ayudas a la infancia.

Este consiste, principalmente, en ayudas focalizadas en los hogares más pobres como el ingreso mínimo vital y el CAPI, así como en desgravaciones fiscales por hijo en la declaración del IRPF, que son en volumen y coste la mayor inversión en infancia que se realiza en España, pero que no llega a los hogares con menos recursos que no realizan la declaración de la renta, recuerda el estudio de los catedráticos Luis Ayala y Olga Cantó, de los mayores especialistas en esta materia.

Hasta el momento, España destaca como una anomalía en el entorno europeo en muchos sentidos. Es de los pocos países sin una ayuda universal por hijo, recuerda de nuevo el estudio de estos investigadores de la Universidad de Alcalá y la UNED, y además “la prestación por hijo a cargo (PHC) focalizada en España y el CAPI se encuentran entre las más bajas de los países que basan su protección familiar en este tipo de prestaciones, incluso después de las reformas recientes” que han incrementado su cuantía.

Aunque el Gobierno ha suscrito una declaración institucional por el Día de los Derechos del Niño en la que se recoge que “se avanza hacia una prestación por crianza diseñada desde parámetros de universalidad y equidad fiscal”, de momento es Sumar la parte de la coalición progresista que insiste en aterrizar esta medida ya, en los próximos Presupuestos (si los hay).

“Las políticas condicionadas, incluso las mejor intencionadas, generan una frontera entre quienes entran y quienes no. Quienes consiguen traspasar la burocracia y quienes se quedan atrapados en ella. Es una frontera que reproduce la desigualdad que pretende reducir. La prestación universal por crianza propone, sin embargo, otro camino. No solamente porque sea más eficaz, que ojo es más eficaz, sino porque desplaza el foco del individuo al colectivo”, ha reivindicado este jueves la ministra de Juventud e Ingancia, Sira Rego.

Mientras, en el lado socialista, la vicepresidenta primera y responsable de Hacienda, María Jesús Montero, rebajó las expectativas de esta ayuda el martes diciendo que antes de “reformular cualquier otra prestación en materia de pobreza infantil” hay que evaluar las ayudas que hay actualmente. Varias ONG especializadas en los derechos de los niños, como Plataforma de Infancia y Unicef, han recordado en estos días que ya existen muchas evidencias sobre la mayor reducción de la pobreza infantil a través de estas ayudas universales, a las que ahora se suman estos dos nuevos estudios.

La otra cara de la discusión señala al coste presupuestario de estas medidas, con una mayor inversión en las ayudas universales que en las focalizadas. El nuevo estudio de Unicef estima el coste de la ayuda universal de 200 euros al mes en 18.103 millones, a los que habría que restar las deducciones actuales que tienen las personas con hijos a cargo que hacen la declaración de la renta (5.552 millones, calculan). En la investigación de los catedráticos Ayala y Cantó cifran su coste en “11.000 millones de euros” adicionales.

Desde Unicef han recordado este jueves que se trata de una inversión necesaria, ya que mantener a niños y niñas en la pobreza no debería ser una opción en un país rico. Además, en la entidad de Naciones Unidas subrayan el actual contexto de oportunidad, con España liderando el crecimiento económico en las grandes economías de la OCDE. El Ministerio de Economía acaba de incluir además por primera vez en las previsiones macroeconómicas del país indicadores de pobreza relativa y desigualdad, un foco sobre ambas cuestiones inédito.

Y estas ayudas no solo suponen un “coste”, sino que son también una inversión. Al igual que recuerda el estudio de Ayala y Cantó, Unicef ha advertido de que la pobreza infantil no sale gratis al país, sino que su existencia supone un coste económico para todos. En concreto, un lastre de unos 63.0000 millones de euros al año, muy superior a la inversión para sufragar estas ayudas por hijo.

El Gobierno aboga por avanzar en la lucha contra la pobreza infantil con medidas como la prestación universal de crianza, una ayuda de 200 euros al mes para todas las familias con hijos que negocian los ministerios de Sumar con su socio en los presupuestos generales del Estado.

En una declaración institucional aprobada por el Consejo de Ministros por el Día Internacional de los Derechos de la Infancia el 20 de noviembre, el Gobierno apuesta por ampliar el apoyo a las familias y destaca algunas medidas para hacer frente a la pobreza infantil, como el Complemento de Ayuda para la Infancia del Ingreso Mínimo Vital, “mientras se avanza hacia una prestación por crianza diseñada desde parámetros de universalidad y equidad fiscal”.

No obstante, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido en la rueda de prensa tras la reunión del Gobierno de que antes de “reformular cualquier otra prestación en materia de pobreza infantil” hay que evaluar las ayudas que hay actualmente.

“Tenemos que evaluar el rendimiento que han tenido los instrumentos que en este momento muy cuantiosos hemos puesto en marcha” y “si hay que mejorarlo en una sola prestación habría que hacer una refundación de todos estos complementos en alguna otra prestación se llamara como se llamara”, ha aseverado la vicepresidenta primera.

Montero ha advertido del riesgo de duplicar instrumentos de ayuda para combatir la pobreza infantil y ha opinado que “no se obtienen el rendimiento cuando están así distribuidos”.

“Somos conscientes de los esfuerzos que ha hecho este gobierno desde que llegó Pedro Sánchez a La Moncloa por combatir la pobreza infantil”, ha indicado la responsable de Hacienda, quien ha destacado especialmente el complemento del Ingreso Mínimo Vital para las familias con hijos y el de Ayuda para la Infancia en el caso de hogares en situación de vulnerabilidad económica.

En la negociación de los presupuestos entre los partidos de la coalición de Gobierno, Sumar propone que todas las familias perciban 200 euros al mes por cada hijo, hasta que cumplan 18 años, independientemente de su renta.

La vicepresidenta Yolanda Díaz y los ministros de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y de Juventud e Infancia, Sira Rego, han insistido en que la prestación universal por crianza que plantean podría reducir a la mitad la tasa de pobreza infantil, una medida reclamada de forma unánime por todas las organizaciones sociales de defensa de la infancia.

Sobre esta medida también se ha pronunciado el Consejo Económico y Social (CES), que se ha mostrado partidario de la aprobación de una prestación universal de crianza hasta los 3 años, que se complemente con la extensión de las actuales ayudas fiscales a las familias con menores a cargo y con la consolidación del complemento a la infancia del Ingreso Mínimo.

En la declaración institucional aprobada en el Consejo de Ministros, el Gobierno explica que trabaja para avanzar en la prevención y erradicación de cualquier forma de violencia, acabar con las estructuras que reproducen desigualdades y garantizar que cada niño y niña pueda desarrollarse en libertad, autonomía y dignidad.

Hace referencia al impulso desde el Ministerio de Juventud e Infancia para hacer frente a la pobreza infantil ampliando apoyos a las familias y trabajando en la Implementación de la Garantía Infantil Europea, entre otras políticas.

“La desigualdad económica también condiciona vidas enteras desde la infancia”, destaca el Ejecutivo, que apuesta por el fortalecimiento los servicios públicos de salud, educación y cuidados.

El Gobierno enfatiza que ningún niño o adolescente “debe ver limitado su futuro por su situación económica o habitacional” e incide en la necesidad de acordar un Pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil que una “al conjunto de fuerzas políticas y administraciones públicas, así como a la sociedad en su conjunto”.

El texto hace referencia a la ampliación de la ley de protección a los menores frente a la violencia (LOPIVI) -en fase de negociación en el Gobierno-, el proyecto de ley de protección de los menores en los entornos digitales -en trámite en el Congreso de los Diputados- o la necesidad de luchar “contra fenómenos como el ciberacoso o el aprovechamiento económico de las personas menores de edad en su calidad de personas consumidoras vulnerables”.

“Es necesario seguir avanzando en garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes sin distinción o discriminación, y tener para ello en cuenta a aquellos que viven con una mayor vulnerabilidad, como es el caso de la infancia tutelada, la infancia migrante no acompañada u otras infancias vulnerables”, añade.

Fuentes del departamento de Sira Rego destacan la necesidad de aprobar esta prestación universal que la coalición Sumar plantea como una ayuda para todas las familias de 200 euros al mes por hijo a cargo para dejar de lado el actual modelo asistencial y reducir la tasa de pobreza infantil que en España se sitúa en un 29,2 %, una de las más elevadas de la UE.

El Ayuntamiento de Murcia y la Fundación “la Caixa” han reafirmado su alianza para combatir la pobreza infantil a través del programa CaixaProinfancia con la inauguración del Espacio Educativo Municipal del Centro García Alix. La concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, y el director de CaixaProinfancia en España y Portugal, Albert Rodríguez, junto al presidente de la Junta Municipal del Distrito Centro- Oeste, David San Nicolás, han visitado las instalaciones, donde han hecho balance de la evolución del programa Caixa Proinfancia desde su puesta en marcha en 2007. También ha participado Carolina Olivares, presidenta de UNICEF en la Región de Murcia.

 Así, el programa ha acompañado en Murcia a más de 18.000 niños, niñas y adolescentes y a cerca de 10.000 familias en situación de vulnerabilidad. Solo en 2024, se han atendido a más de 3.000 niños, niñas y adolescentes y a cerca de 2.000 familias del municipio. 

Estos resultados son posibles gracias a la colaboración del área de Servicios Sociales de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud con la entidad, así como al trabajo en red con entidades sociales comprometidas con la igualdad de oportunidades en la infancia, informan desde el Consistorio.

“Desde el Ayuntamiento de Murcia estamos impulsando distintas acciones fundamentales para el avance en el compromiso del cumplimiento de los Derechos de la Infancia, con la renovación del reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia y lo que de ello se deriva, entre lo que figura el establecimiento de redes sólidas para la atención integral a niños, niñas y adolescentes en condiciones de igualdad y accesibilidad. Tenemos claro que la colaboración con Fundación ”la Caixa“ y el programa CaixaProinfancia es fundamental para seguir avanzando en esta dirección”, ha valorado la concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres.

“Desde CaixaProinfancia nos esforzamos por garantizar que ningún niño o niña quede atrás. Queremos que todos puedan crecer, aprender y soñar con un futuro mejor, sin que su contexto social o económico sea una barrera para alcanzar sus metas. CaixaProinfancia es, en definitiva, nuestra apuesta por una sociedad más equitativa y solidaria”, ha afirmado el director del programa CaixaProinfancia de la Fundación “la Caixa”, Albert Rodríguez.

El programa CaixaProinfancia trabaja para romper la transmisión de la pobreza entre generaciones y promover la igualdad de oportunidades. Para ello, pone a disposición de las familias servicios y recursos centrados en el refuerzo educativo, el ocio y tiempo libre, el acompañamiento educativo familiar, la atención psicoterapéutica y la promoción de la salud.

La intervención se realiza a través de entidades sociales que trabajan en red y en coordinación con servicios sociales, centros educativos, centros de salud y otros agentes del territorio. Esta colaboración permite priorizar las ayudas, hacer seguimiento de cada caso y garantizar una atención integral.

Así, el nuevo espacio va a acoger el proyecto ‘Tienes Talento', una iniciativa que tiene como objetivo identificar y desarrollar las capacidades y talentos de niños y niñas de entre 6 y 12 años que viven en contextos de vulnerabilidad. Las actividades se realizan en tres espacios educativos municipales, como son Espinardo y Los Dolores, además del recién inaugurado en el Centro Municipal García Alix, en horario extraescolar.

Estos centros ofrecen un entorno lúdico y educativo que complementa la formación escolar y facilita la conciliación familiar, al tiempo que promueven valores como la creatividad, la cooperación y la autonomía personal.

“Queremos dar pleno cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de la Infancia y lo estamos demostrando con hechos concretos. Acabamos de aprobar el II Plan de Infancia y Adolescencia y estamos trabajando en la renovación del sello de Ciudad Amiga de la Infancia que UNICEF nos otorgó en 2016. Este reconocimiento no es un punto de llegada, sino un impulso para seguir construyendo un municipio donde todos los niños, niñas y adolescentes puedan crecer en equidad, con acceso a la educación, la salud y el bienestar que merecen”, ha subrayado Pilar Torres.

“Nuestra meta es clara: una Murcia más justa, más solidaria y más comprometida con su infancia. Porque invertir en los niños y las niñas es invertir en el futuro de nuestra ciudad”, ha apuntado.

Romper el círculo de la pobreza

En España, uno de cada tres niños y niñas vive en situación de pobreza, una realidad que impacta directamente en su desarrollo personal, educativo y social. Con el objetivo de romper la transmisión de la pobreza heredada, CaixaProinfancia “promueve un acompañamiento integral y personalizado, orientado a mejorar las competencias básicas, los hábitos de estudio y la autoestima de los participantes, favoreciendo así su empoderamiento y su inclusión social”, señalan desde la Fundación.

Con 18 años de experiencia en entornos vulnerables, además, “ofrece un apoyo integral y multidimensional con actividades que abarcan desde el refuerzo educativo hasta la atención psicosocial y el bienestar familiar”. Su modelo de intervención innovador, basado en el trabajo en red, se despliega por todo el territorio español, abarcando las 17 comunidades autónomas, dos ciudades autónomas, 148 municipios, 200 redes y más de 400 entidades sociales. Estas entidades colaboran directamente en la atención y seguimiento de las familias, priorizando las ayudas según sus necesidades. 

El programa se articula a través de redes territoriales de atención, promoviendo la colaboración entre entidades sociales, administraciones locales y otros agentes del territorio (escuelas, centros de salud y servicios sociales). Esta coordinación permite optimizar los recursos y garantizar que cada niño o niña reciba el apoyo necesario según su situación y necesidades. En Murcia, participan entidades como Cáritas, Fundación Secretariado Gitano, Cepaim, Copedeco, Columbares, Inter Futsal, Coordinadora de Barrios y Plena Inclusión.

 La educación como motor de cambio

Las condiciones del entorno, la salud o la organización familiar influyen directamente sobre los procesos de aprendizaje, de manera que aquellos niños, niñas y adolescentes que viven en contextos vulnerables tienen mayores dificultades para alcanzar el éxito escolar.

Según el último Informe de Evaluación de CaixaProinfancia publicado, correspondiente al curso 2022-2023, los datos reflejan el impacto positivo del programa, “ya que cerca del 90% de los participantes logró promocionar de curso, y la tasa de graduación en la ESO alcanzó un destacado 82,4%, situándose un 31,2% por encima de la media nacional de estudiantes del mismo estrato socioeconómico”.

El programa se enfoca también en promover el desarrollo de sus competencias básicas, mejorar sus hábitos de estudio, la autonomía en el aprendizaje, el incremento de las expectativas de éxito y el impulso de los resultados académicos y el rendimiento escolar. Además, trabaja para mejorar la autoestima de los participantes, su empoderamiento y el fortalecimiento de los procesos de socialización e inclusión social.

 “Es por esto, que el Ayuntamiento de Murcia sigue apostando por continuar trabajando en estrecha colaboración con CaixaProinfancia con un gran aliado en la atención a la infancia y adolescencia del municipio”, ha concluido Pilar Torres.

El 34,2% de la población de Castilla-La Mancha está en riesgo de pobreza, lo que la convierte en la segunda región de España por detrás de Andalucía (35,6 % en materia de pobreza y exclusión social)

Son los datos que refleja el 15º informe 'El estado de la pobreza' presentado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y/o Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN CLM), que cifra en 719.000 personas castellanomanchegas en riesgo de pobreza durante el año 2024.

Esta cifra supone un incremento de 2,5 puntos porcentuales respecto a 2023, lo que se traduce en 58.000 personas más en situación AROPE (indicador europeo que mide la situación de pobreza de la ciudadanía de la Unión Europea).

1 de cada 3 personas en riesgo de pobreza en la región

La carencia material y social severa, que es un indicador que engloba trece ítems sobre calidad de vida, afecta a más de 180.000 personas. Aunque permanece estable con respecto a los datos del año anterior (2023), el más alto corresponde a que las familias “no pueden afrontar gastos imprevistos”, que afecta al 37,7% de las personas en riesgo de pobreza.

Las personas en riesgo de pobreza en Castilla-La Mancha coinciden en factores en su mayoría, como tener en el hogar menores económicamente dependientes y concentrarse en zonas rurales. Además, el 56,4% de esas personas residen en una vivienda en alquiler.

En 2024, el 9,4 % de la población de Castilla-La Mancha experimentó retrasos en el pago de facturas de suministros como la luz o el gas. Este resultado supone 1,2 puntos más que el año anterior, con lo que se sitúa muy cerca del medido a nivel nacional (9,8 %)

Hasta un 8,6% de la población de Castilla-La Mancha en situación de pobreza severa

En el año 2024 la tasa de pobreza severa, medida con un umbral del 40 % de la mediana de renta nacional (el porcentaje de personas que viven en hogares con un ingreso máximo de 644 € mensuales por unidad de consumo), en Castilla-La Mancha es del 8,6 % y mejora respecto a la anualidad anterior en 1,8 puntos. En este caso, coincide con los factores de personas en riesgo de pobreza: la mayoría residen en hogares de alquiler, con menores económicamente dependientes y concentradas en zonas rurales.

La renta media por persona en Castilla-La Mancha es de 12.357 €, es decir, 2.450 € menos que la renta media nacional y la tercera más baja de todas las regiones, solo superior a la de Murcia y Andalucía.

La pobreza afecta más a la población infantil

En Castilla-La Mancha, el 51,5% de la población tiene alguna dificultad para llegar a fin de mes, un dato que permanece estable con respecto al año anterior estudiado. Sin embargo, aumenta el número de personas que señalan tener mucha dificultad para hacer frente a los gastos y llegar a fin de mes, un 13,1% con respecto al 9,4% en 2023.

La tasa AROPE ha aumentado tanto entre hombres como en mujeres, teniendo una diferencia de un 0,3%, siendo superior en mujeres.

En el caso de las personas mayores de 65 años, se registra una tasa AROPE más baja. Contrariamente, la tasa AROPE infantil ha crecido y vuelve a ser la más elevada de los grupos de edad, con un 41,1% respecto del total.

Crece la vulnerabilidad del colectivo más vulnerable. Los niños y niñas de la Comunidad de Madrid viven con cada vez más riesgo de pobreza o exclusión social. Esta es una de las conclusiones más lapidarias que revela el último informe elaborado por CCOO Madrid con datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE, el Instituto Nacional de Estadística. Los números de 2024 revelan que no solo hay un 7,7% más de madrileños dentro de la tasa AROPE –un indicador europeo que mide este fenómeno–, sino que la cifra de menores también crece: hay casos más que el año anterior.

En total, la comunidad autónoma registró ese año en torno a 1.465.000 madrileños dentro del umbral de pobreza, con 131.790 casos más que en 2023. De todos ellos, el 31% son niños (antes un 26%) y la mitad, mujeres mayores de 16. El incremento es de 55.000 menores, que se suman a los que ya estaban en situación de extrema vulnerabilidad.

“Mientras se escatiman recursos para la población en riesgo, la Comunidad de Madrid deja de ingresar 6.125.000 euros al año en rebajas, deducciones o reducciones de distinto tipo”, denuncia el sindicato en su último informe, donde contrapone la apuesta por los “regalos fiscales” para los más adinerados o la rebaja al 50% del impuesto de sucesiones mientras a los datos para las clases bajas, a veces abocadas a la pobreza.

Cumplan o no con la tasa AROPE, lo cierto es que la vivienda en Madrid absorbe la mayor parte del gasto en casi todos los estratos sociales, por encima de la alimentación. El informe de CCOO recoge que el 42% de los hogares en la región tienen dificultad para llegar a fin de mes, y un porcentaje similar es el que se calcula que consume una hipoteca para el ingreso salarial medio. “El precio del alquiler se ha duplicado en la última década y esta es la principal causa del sinhogarismo”, contextualizan.

Entre otras recriminaciones, el órgano sindical hace hincapié en que la apuesta por la Renta Mínima de Inserción (RMI, una prestación para personas en riesgo de exclusión social) en la Comunidad de Madrid se encuentra “al borde de la extinción”, y achaca al Partido Popular que haya reducido su presupuesto en 2025 o “no gastara todo el dinero adjudicado” para este fin desde 2019. “Las cuantías medias actuales están debajo del umbral de la pobreza severa”, compara en su informe.

El caso de la Cañada Real y algunas propuestas de mejora

Uno de los lugares que más preocupan vuelve a ser la Cañada Real. “Este informe es otro llamamiento al Gobierno regional para que restablezca de inmediato el suministro eléctrico”, demandan en CCOO Madrid por el corte de luz de hace cinco años que aún mantiene a más de 6.000 personas a oscuras, entre ellas 2.370 niños. “Cuando se insiste en atribuir el éxito únicamente al mérito y al esfuerzo individual lo único que se pretende es eludir la responsabilidad”, aseveran, en otro dardo al PP.

Analizada la situación con los datos de este último informe, el sindicato lanza una serie de peticiones a Isabel Díaz Ayuso con las que, creen, podrán darse pasos hacia delante. Principalmente, proponen repensar la inversión en medidas fiscales para beneficiar a determinados tramos de renta para volver a un sistema “más justo y progresivo” en el que aporten quienes más tienen, eliminando las rebajas o exenciones impulsadas en los últimos años.

Con el dinero que se recupere, CCOO pide reforzar las políticas sociales que den cobertura a colectivos vulnerables o aumenten el presupuesto base de prestaciones como la RMI o el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Para que los recursos generados no decaigan, el siguiente paso es que la administración empuje a esas personas a incorporarse al mercado laboral con actuaciones que lo faciliten, tanto a nivel individual como estructural.

De cara a los más pequeños que también viven en situación de pobreza o exclusión, los creadores del informe sugieren la gratuidad de los comedores escolares al menos en centros públicos o el incremento de plazas en los cursos e Formación Profesional, de cara a que refuercen sus opciones de hallar trabajo. En general, su apuesta es la de “revertir una gestión privada de los recursos sociales” y mejorar los que ya existen tanto para personas mayores, niños, mujeres o usuarios con alguna discapacidad, así como elaborar un plan firme para atajar el sinhogarismo.