Una de cada cuatro personas en Catalunya se encuentran en situación de pobreza extrema. Es decir, que sobreviven con menos de 770 euros mensuales. A pesar de las dificultades que conlleva percibir tan poco dinero, la mitad de este grupo de población no cumple los requisitos para ninguna ayuda pública.

Así lo refleja un informe de la Taula del Tercer Sector, que apunta a que el sistema de prestaciones está diseñado de tal manera que deja a mucha gente fuera y que, además, no ayuda a salir de la pobreza a un elevado porcentaje de las que sí las perciben. “Los requisitos actuales no contemplan un gran abanico de situaciones de vulnerabilidad”, tal como se apunta en la investigación.

Según las entidades, los principales problemas que se encuentran quienes no cumplen los requisitos se están en la dificultad de empadronarse. Más de 40 municipios en Catalunya ponen trabas para registrar a personas sinhogar, a aquellas que viven en infraviviendas, sin contrato de alquiler o en situación administrativa irregular, a pesar de que hay una ley orgánica que obliga a hacerlo.

Otro de los problemas es acreditar el tiempo mínimo de residencia en un territorio -una problemática muy ligada a la del padrón-, las dificultades para disponer de una cuenta bancaria o para acreditar la composición del hogar. “Puede ser muy difícil de demostrar ciertas cuestiones cuando no se tiene una vivienda estable o si se viven cambios importantes”, ahonda la Taula del Tercer Sector.

En esta línea, el estudio llega a afirmar que hay un enorme porcentaje de personas que, a pesar de cumplir los requisitos para recibir estas ayudas, tienen problemas para acreditarlos. En el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV), esto afecta al 64% de los solicitantes; en la Renta Garantizada de Ciudadanía, al 30% y en el del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), al 78%, según datos de 2025.

A todo ello, se suma también el problema del “exceso de la burocracia”. Las entidades afean a la administración que haya diseñado un sistema con “procedimientos difíciles de entender” y plazos apretados. “La complejidad administrativa, la reiteración de la documentación y las comprobaciones, pueden convertir el proceso en un obstáculo en sí mismo”, apuntan.

Cobrar la prestación sin salir de la pobreza

A las dificultades para conseguir cobrar una ayuda pública, la Taula del Tercer sector añade otro problema: percibirla no significa, necesariamente, salir de la situación de vulnerabilidad. El estudio expone que el 66% de los hogares con hijos siguen en situación de pobreza severa a pesar de cobrar la RGC.

Esta realidad se debe a la falta de actualización del Indicador de la Renta de Suficiencia, un umbral que dicta los ingresos máximos para percibir las ayudas y en función del cual se calcula el importe de las prestaciones. Este indicador se creó en 2006 y ya entonces se situaba ligeramente por encima de la renta que marca la pobreza severa. Esta cifra se fue actualizando periódicamente hasta 2010; en ese momento, quedó congelada hasta 2022.

Este desfase provocó que el Indicador quedara estanco, mientras que el umbral de pobreza severa aumentara, de la mano de la renta mediana. Es decir; con el paso de los años, los hogares han incrementado ligeramente sus ingresos, aunque no lo suficiente para hacer frente a un crecimiento desbocado del coste de vida. Y, mientras, el indicador que separa quien tiene derecho a una ayuda y quien no, se ha quedado inalterado.

La primera actualización no llegó hasta 2024, pero esta sólo corrige “parcialmente” la situación. Ahora, se sitúa en los 778,49€ al mes, ocho euros más que el umbral de la pobreza extrema.

Con todo, las entidades alertan del “error” que supone determinar quién recibe ayudas públicas en función de los ingresos porque la vulnerabilidad, aseguran, está determinada por una “acumulación de ejes de desigualdad”. Destacan las dificultades para acceder a una vivienda, la falta de estabilidad, los problemas de salud mental, adicciones, la falta de redes de apoyo o la precariedad laboral.

Precisamente, los problemas derivados del mercado laboral también son uno de los puntos ciegos del sistema de prestaciones. Atendiendo a los datos, sólo el 13% de los hogares que recibieron la RGC entre 2021 y 2023 registraron alguna alta laboral. Esto se explica porque esta ayuda es incompatible con trabajar, incluso si se trata de un contrato parcial o temporal.

Además, al acabarse el trabajo, volver a recuperar la ayuda puede tardar meses. “Ese desfase puede suponer deudas y problemas graves. Aceptar trabajos puede llegar a ser una decisión económicamente arriesgada”, apunta el estudio.

Por todo ello, las entidades del Tercer Sector piden una “revisión urgente” del sistema de prestaciones que pase por pasar a una “cultura de la confianza” para con el usuario y compatibilizar diversas prestaciones entre ellas, así como con algunas rentas del trabajo. Y, de paso, insisten también en obligar a los ayuntamientos a empadronar y a atender a todos sus ciudadanos, así como a establecer mejores condiciones para los trabajadores sociales para garantizar una mejor atención.

El fundador del Centro de la Familia, Raimundo Moreno, ha exigido este martes en el Parlamento de Canarias el desarrollo de un pacto por la infancia y contra la pobreza infantil a diez años que incluya, entre otras medidas, el aumento de la inversión, la creación de centros de día para mejorar la conciliación familiar e implantar una tasa turística de un euro cuyos fondos se inviertan en la atención a la infancia de las islas.

En una comparecencia ante la comisión de estudio sobre la pobreza infantil en el Parlamento de Canarias Moreno no ha obviado que hace falta “mucho dinero” para corregir el rumbo y cohesionar la aplicación de las políticas públicas, pues, en su opinión, están disgregadas.

“Hace mucho tiempo que tenemos muchas familias pobres y eso da lugar a que haya muchos niños pobres, y a eso se ha añadido el que nos han venido muchos niños sin familia que también son niños pobres, con lo cual ha aumentado exponencialmente la pobreza infantil. Esto es una realidad, entonces no podemos mirar a otro lado”, ha comentado.

Ha animado a la Cámara a “no poner paños calientes” y ser “radical” en la toma de medidas ya que, por ejemplo, la nueva ley canaria sobre la infancia y la familia no incluye “nada especial” y mantiene el “estigma” de la declaración de riesgo, un concepto que ya considera caduco. “Hay que cambiar el sistema, no se puede plantear siempre lo mismo”, ha explicado.

“Una pena” de colegios

Ha dicho también que los colegios en las islas son una “pena y una lástima” que “deprimen” solo con verlos y aboga por crear espacios más abiertos, más convivenciales y más en contacto con la naturaleza.

“La mayoría de los colegios son mamotretos de hormigón donde metemos a los niños en un rectángulo para que vean a un señor que les enseña cosas y así no se puede crecer en salud y así te deprimes”, ha señalado.

En esa línea ha afirmado que el horario escolar “no es el adecuado” y debería abrirse a turnos de mañana y tarde para que las familias puedan conciliar pues muchos menores pasan las tardes solos, con pantallas, y encima en un “casucho”.

Además ha pedido “cambiar” los planes educativos para “educar más en contacto con la naturaleza”, una modalidad que se ha ido perdiendo por el riesgo de incendios forestales y la práctica casi generalizada de que los campamentos se realizan en las mismas instalaciones de los centros educativos.

Ahí ha introducido la propuesta de los centros de día, vinculados a los ayuntamientos, para que los niños “puedan estudiar” y también complementar su jornada con actividades de ocio o de alimentación, con equipos profesionales y objetivos marcados.

“Hagamos prevención, si no, estaremos siempre poniendo remedios de bomberos y eso no arregla Canarias ni la pobreza”, ha afirmado, subrayando que tienen que ser centro “organizados, serios, no cualquier chiringuito”.

Buscar viviendas “debajo de las piedras”

En cuanto a la vivienda ha comentado que hacen falta “ya” con un plan de construcción y un comisionado especial de la vivienda que “busque viviendas debajo de las piedras” porque lo que se hace ahora es un “paño caliente”. “El problema no es una broma, el problema es que se nos va a caer encima y nos va a aplastar”, ha agregado.

Méndez ha alertado también del “silencioso veneno” que supone el consumo de drogas entre los jóvenes, al igual que el de las pantallas, y ha puesto como ejemplo el caso de la isla de El Hierro, donde están “alucinados” con el consumo de droga.

“La droga funciona como el que vende papas fritas”, ha indicado, por lo que ha pedido extremar los controles en los ferries.

Ha cargado también contra el alquiler vacacional, que ha sacado 42.000 viviendas del mercado residencial y para hacer frente al turismo que “desborda” las islas y exige “mejores” carreteras y servicios, ha propuesto una tasa turística de un euro por pernoctación que daría una recaudación anual de 180 millones de euros y que podrían reinvertirse en políticas de apoyo a las familias.

En el caso concreto de la inmigración ha apuntado que lo primero que hacen las familias al llegar a Canarias es “buscarse la vida” y los niños se quedan “solos en casa” y “llegan deprimidos, llegan con autolesiones, llegan con intentos de suicidio”.

“Están solos en casa todo el día porque sus padres están buscándose la vida para poderlos alimentar, para poder pagar el alquiler que han conseguido allí de mala manera y poder salir adelante. Entonces, todo esto tiene una solución. Dinero, conciliación y poner los remedios”, ha comentado.

La presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), María Concepción Brito, ha denunciado en la comisión del Parlamento de Canarias que estudia la pobreza infantil que la vivienda es el principal factor de vulnerabilidad y de cronificación de la pobreza en las islas, por lo que ha reclamado limitaciones al precio de unos alquileres inasumibles, que alcanzan 600 euros por habitación en municipios no capitalinos.

Cabe recordar que el Gobierno canario no ha aprobado ninguna medida para limitar los precios en las islas y que tampoco amplica la ley estatal de Vivienda, que sí abre esa posibilidad en las llamadas zonas tensionadas. De hecho, el Gobierno canario no ha reconocido aún ninguna zona tensionada en el archipiélago.

La construcción de vivienda pública es demasiado lenta y mientras tanto es necesario que el Gobierno de Canarias adopte medidas como declarar zonas tensionadas para limitar los precios y fomentar la rehabilitación, ha señalado Brito.

Sobre la regulación del alquiler vacacional, ha denunciado que la inspección recae en los ayuntamientos sin que se les aporte financiación.

También ha planteado limitar la compra de viviendas por extranjeros, aunque ha reconocido las dificultades competenciales y las derivadas del marco europeo.

Brito ha denunciado la frustración de los municipios con el Gobierno de Canarias porque no ha dotado económicamente el catálogo de servicios sociales, argumenta que “ha planteado modificarlo, pero tampoco ha acometido esa reforma”, y no ha actualizado desde 2002 el Plan Concertado con los ayuntamientos.

La presidenta de la Fecam también ha exigido la cobertura total del ciclo educativo de 0 a 3 años en todas las islas, ya que los ayuntamientos se ven obligados a asumir competencias impropias para mantener las escuelas infantiles.

Ha reprochado a Educación hablar solo de infraestructuras y ha rechazado atribuir al mantenimiento municipal los problemas de climatización, porque “no se puede mantener lo que no existe”.

La representante municipal se ha quejado además de que las partidas del Estado contra la pobreza, que suponen entre 7 y 9 millones de euros para los ayuntamientos, llegan a final de año y apenas sirven para cubrir los gastos estructurales y de personal en que han incurrido a lo largo del año, de modo que no permiten impulsar nuevas iniciativas.

María Concepción Brito ha advertido de que el estrés económico y habitacional está relacionado con un aumento de problemas de salud mental diagnosticados en menores de 18 años y ha exigido al Servicio Canario de la Salud que incorpore psicólogos en los centros de salud comarcales, ya que los recursos de apoyo que están poniendo los ayuntamientos son insuficientes.

Existe una creciente problemática en salud mental y adicciones en jóvenes que exige equipos de educadores de calle y el sinhogarismo recae sobre los recursos insulares por falta de financiación municipal, ha denunciado Brito.

Brito ha considerado que los diagnósticos ya están hechos y ha advertido de que dos salarios en un hogar ya no bastan para cubrir todos los gastos esenciales de una familia.

Los ayuntamientos, sobre todo los de menos de 10.000 habitantes, carecen de recursos para mantener equipos multidisciplinares, se tienen que limitar a trabajadores sociales sin apoyo de psicólogos o educadores y los fondos del Plan Concertado son insuficientes para ampliar plantillas, ha insistido.

También ha propuesto actuar sobre la sobrecarga emocional en profesionales de acción social, sometidos a un gran desgaste y bajas por estrés emocional por la dureza de los casos a los que atienden, mediante la creación de un servicio especializado de atención psicológica dependiente de Sanidad. 

Un total de 28 bebés recién nacidos fueron entregados en guarda en agosto pasado en Canarias tras renunciar sus madres a su cuidado en el momento del nacimiento, una cifra que “nunca se había dado”, según ha informado este lunes la directora general autonómica de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez.

Rodríguez ha explicado ante la Comisión de Estudio sobre la pobreza infantil del Parlamento de Canarias que se trata de una situación que ha llamado especialmente la atención de la Dirección General, si bien ha señalado que ninguno tuvo que ingresar en un recurso de acogimiento residencial, ya que se pudo recurrir al banco de familias de acogida para todos los bebés.

Ha indicado además que algunas de las madres proceden del propio sistema de protección o presentan problemas de salud mental, una circunstancia que, ha dicho, lleva a revisar qué actuaciones se han realizado hasta ahora y qué debe corregirse para evitar que estas situaciones se reproduzcan.

La directora general ha señalado que el refuerzo del acogimiento familiar es una de las líneas prioritarias de la política de protección a la infancia y al respecto ha señalado que Canarias cuenta con 1.761 menores en situación de desamparo, de los que 995 están en acogimiento familiar, el 56,5% del total.

El objetivo es elevar este porcentaje hasta el 70%, aunque Rodríguez ha insistido en que la medida de protección debe decidirse atendiendo al interés superior de cada menor y su situación individual, por lo que el acogimiento residencial sigue siendo necesario en determinadas circunstancias.

En este sentido, ha explicado que se ha recuperado el control del banco de familias de acogida en familia ajena y se ha creado un banco de familias de urgencia, con el objetivo de evitar que los recién nacidos tengan que entrar en recursos residenciales, salvo situaciones excepcionales.

Rodríguez ha señalado que ampliar el acogimiento familiar requiere no solo captar familias, sino también ofrecerles acompañamiento, formación y apoyo económico.

La directora general ha explicado que en 2025 unos 39.230 menores recibieron atención por situaciones de riesgo en Canarias, de los que 10.500 fueron atendidos por el sistema de protección.

Ha defendido que la pobreza infantil está directamente relacionada con la vulnerabilidad de los hogares y ha reclamado un abordaje transversal que implique políticas de empleo, vivienda, educación, sanidad y renta, además de las actuaciones específicas de protección a la infancia.

La directora general ha defendido además la creación de una red específica de atención a la salud mental y las adicciones infantojuveniles ante el impacto que estas patologías están teniendo en el sistema de protección de menores y ha advertido de que algunas familias llegan a renunciar a la guarda de sus hijos por falta de recursos para atenderlos.

Sandra Rodríguez insistió en que es necesario crear plazas suficientes para tratar a menores con problemas de salud mental porque están afectando a la red de acogimiento y de atención a los menores en desprotección, al igual que se necesitan plazas suficientes para ser atendidos una vez que sean adultos.

La directora general ha asegurado que hay familias que “no pueden más”, que una plaza privada de salud mental en la Península puede alcanzar los 6.000 euros mensuales y que su departamento está asumiendo el coste de algunas de estas plazas.

Rodríguez ha informado además de que la Dirección General aporta anualmente siete millones de euros a los ayuntamientos para los equipos de atención a la infancia y las familias y estudia fórmulas jurídicas para que esta financiación pueda tener carácter plurianual.

En cuanto a la transición a la vida adulta, ha anunciado la puesta en marcha este año de 200 nuevas plazas para atender a los jóvenes, que se suman a las existentes mediante entidades colaboradoras y cabildos. 

España cae en picado y se aleja de su entorno. Euskadi, la Comunitat Valenciana y Navarra (algo menos) van al vagón de cola de los resultados. El alumnado tiene problemas de atención con textos por encima de las 400 palabras (lo que cabe en una pantalla). Los estudiantes en hogares de renta alta rinden peor, algo inédito, mientras el apoyo familiar percibido disminuye, aunque se mantiene por encima de la media.

La publicación, este martes, de los resultados de PISA 2025 ha supuesto un revolcón para el sistema educativo español, que cae a mínimos históricos (o los roza) en las tres categorías analizadas: Ciencia, Matemáticas y Lectura. Los datos confirman la tendencia bajista que arrastraba en las últimas ediciones de la principal prueba de desempeño educativo del mundo, que se realiza cada tres años.

España no es ajena al descenso generalizado de los resultados, aunque sí exacerba la caída, de manera que se aleja de los países de referencia y de las medias tanto de la OCDE como de la Unión Europea.

Tras conocer los resultados, las preguntas se acumulan. ¿Qué está pasando en España? ¿Son las pantallas —o internet y las redes sociales— responsables últimos de la caída, como sostiene la OCDE? ¿Por qué empeora el colectivo que mejor rendía hasta ahora? ¿Tiene algo que ver la nueva Ley de Educación —la LOMLOE— en los resultados?

¿Por qué cae más España?

No hay una respuesta definitiva, pero los expertos tienen teorías. Elena Sintes, jefa de Proyectos de Investigación en la Fundación Equitat.org, ofrece un argumento que no se esgrime mucho: “Tenemos un sistema social complejo, con niveles de pobreza infantil muy elevados. En España, casi un cuarto de población infantil se encuentra en riesgo de pobreza y eso correlaciona con los resultados. Con soluciones solo educativas no vamos a mejorar los resultados. Debemos mejorar las condiciones de niños y niñas para mejorar sus condiciones de educabilidad. Analizamos qué pasa en los centros y con los chavales, como si no hubiera sociedad que lo sostenga. La pobreza infantil puede explicar parte de los resultados respecto a otros países sin estas tasas tan elevadas”, reflexiona.

Enric Prats, profesor de Pedagogía de la Universidad de Barcelona, habla de “la falta de medidas correctoras en los últimos 15 años” y cómo “en la última década hemos estado distraídos con otros temas, que no eran los importantes”. También sostiene este experto que “ninguna comunidad autónoma ha invertido en políticas de lectura” y en algunas, como Catalunya, “ningún consejero dura más de una legislatura”, lo que impide desarrollar políticas a medio plazo.

Lucas Gortázar, director del área de Educación de EsadeEcPol, explica que “España es uno de los dos únicos países del mundo donde se reduce el alumnado de alto rendimiento de origen desfavorecido a la vez en Lectura y en Matemáticas”.

De las pantallas...

Con carácter general, pero válido para España también, la OCDE señaló los aparatos electrónicos como principal causa de la caída del rendimiento, aunque, como es habitual en la organización, lo hace sin acabar de afirmarlo. “Hay muchos ítems que señalan en esa dirección. Tiene más que ver con eso que con políticas concretas, porque vemos patrones similares en diferentes países con diferentes políticas. Está el desarrollo tecnológico de la última década, que cuando hay menos uso de las pantallas hay mejores resultados...”, explicó Tue Halgreen, analista de la OCDE, en la presentación de los resultados.

Sintes comparte “bastante” el análisis de la organización. “No tanto por las pantallas en sí mismas”, matiza, “sino por el tipo de dinámica que generan en cuanto a la reducción de la atención a través de mensajes muy rápidos y acelerados. Es una lectura rápida, superficial, que cambia de un tema a otro sin profundizar. Y eso detecta PISA: el alumnado tiene menos capacidad de hacer una lectura profunda y hay menos persistencia ante tareas difíciles”, explica.

... a la lectura y la falta de atención

El problema de fondo, explica la OCDE, es cómo la lectura en internet y las dinámicas que imponen las redes sociales afectan a la capacidad de atención y concentración con la lectura de los jóvenes. El alumnado se empieza a perder cuando los textos superan las 400 palabras, un pantallazo de ordenador, refleja la prueba.

Para Anna Maria Margallo, profesora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials de la Universitat Autónoma de Barcelona, “es un problema relacionado con la extensión de los textos, pero, sobre todo, con las habilidades necesarias para extraer información, elaborar un esquema mental y utilizar estrategias más exigentes, como la valoración crítica y el contraste de información”. “Esto ocurre en todos los ámbitos”, añade.

Margallo, como Sintes, creen que el problema se refleja hoy con claridad en los jóvenes, pero no se limita a ellos. “Estamos en una sociedad cada vez menos lectora. La información ya no depende exclusivamente de la lectura, tanto en el mundo adulto como en el adolescente. La fragmentación en el acceso a la información sería otro factor. También ha disminuido la presencia de los textos y el lugar que ocupa la lectura de textos literarios e informativos en la vida académica”, sostiene la profesora universitaria.

“El ecosistema social educativo en el que se están educando es un contexto mucho más acelerado del que podía haber años atrás”, complementa Sintes.

La caída del alumnado excelente

El bajón de rendimiento de parte del alumnado socialmente más acomodado, que históricamente rinde bien en educación y por tanto en PISA, es uno de los elementos que más ha sorprendido a los analistas. “Las partes más acomodadas de la sociedad nunca habían explicado una caída en este tipo de pruebas”, admite el director del área de Educación de EsadeEcPol.

El fenómeno también es global aunque, de nuevo, se aprecia con mayor intensidad en España. En este colectivo, “los resultados en lectura caen 33 puntos en España —y 20 en la media OCDE—, el doble de la caída del resto de cuartiles” de renta, describe Gortázar. “Ocurre algo semejante en matemáticas y ciencias, lo que implica que algo ha ocurrido entre el alumnado de nivel socioeconómico alto de los países más ricos entre 2022 y 2025”, continúa. Y aclara: “La OCDE precisa que esta caída se concentra en alumnos de nivel socioeconómico alto pero con resultados más bien bajos”.

¿Qué ha pasado? No hay una respuesta absoluta. “Hay que investigar si es un tema de apatía o de falta de interés en la prueba”, introduce el analista. Hay otros ítems que muestra el informe, que podrían explicar esta caída, como el “apoyo familiar percibido” que, según PISA, todavía “se mantiene por encima del promedio OCDE” en España.

Sintes opina que “ese colectivo tenía una ventaja asociada a la condición familiar, que parece que está teniendo menos influencia de la que tenían tradicionalmente, seguramente por la mediación de las pantallas”. Y vuelve sobre el mismo asunto que sale a la palestra una y otra vez: “La ventaja que podían tener por vivir en familias que leían, que tenían un contexto cultural más rico, está siendo sustituido por una atención a las pantallas y la distracción que comportan los aparatos, y eso resta capacidad de atención”.

¿Qué pasa en Euskadi?

Otro de los elementos que más llamativos del informe es la caída de Euskadi, la comunidad de España que más invierte en educación por alumno. La consejera vasca, Begoña Pedrosa, ha enmarcado este martes los malos resultados en el “descenso generalizado” en todo el país, en Europa y a nivel internacional. Ella, ha insistido, dispone de una “fotografía más actualizada”. En su propia evaluación, presentada la semana pasada, el gobierno vasco ha diagnosticado una “tendencia positiva” en “todas las competencias”, tanto al final de Primaria como de Secundaria, que no se ve en PISA.

Gortázar tiene una explicación “más incómoda” en torno a dos ejes. “Por un lado, en los últimos 20 años el modelo D de inmersión en euskera, que funcionaba muy bien, ha subido desde el 45%-50% [de implantación que había tenido históricamente] y lo que funciona en una escala más controlada, se hace más difícil cuando lo intentas universalizar. Intentar doblegar un fenómeno global, como es educar en una lengua diferente a la materna, acaba cayendo por su propio peso. En las últimas ediciones, se ha visto que al alumnado castellanohablante en el modelo de inmersión le va bastante peor. En la pública es prácticamente todo inmersión y en la concertada, hay mucha”, reflexiona.

El otro argumento va en línea con las explicaciones que ofrece la OCDE sobre la caída global. “Hay estudios que indica que un uso moderado de la tecnología en las aulas —entre una y dos horas al día— con una intencionalidad pedagógica es positivo. Sin embargo, desde 2015, en Euskadi, hay una proporción de centros que la utilizan más de tres horas al día. Sería el país de la OCDE con mayor uso”, sostiene.

¿Tiene culpa la LOMLOE?

PISA 2025 es la primera edición que se celebra con la LOMLOE ya instalada —teóricamente— en las aulas, lo que ha dado pie a ciertos sectores a señalar la ley educativa de este Gobierno como responsable de la caída. El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, negó este lunes la mayor. “No tiene que ver. El descenso es tan general que no hay que relacionarlo con una normativa específica”, afirmó antes de asegurar que, precisamente, esa norma “insiste en la lectura comprensiva”. A su lado, el analista de la OCDE Tue Halgreen confirmaba que las razones de la caída van más allá de “políticas concretas”.

El profesor de la Universitat de Barcelona Prats Gil coincide con el Ministerio. “La aplicación de la LOMLOE no va más allá de pocos años, además de que las políticas educativas son mucho más amplias que las que pueda definir una ley. Su despliegue corresponde a los gobiernos autonómicos y, en última instancia, a las escuelas”, ha recordado en declaraciones al SMC España.

Una implantación que, por otro lado, no se está produciendo al ritmo deseable, tercia Toni Solano, director del IES Bovalar de Castellón. “Tenemos una escuela obsoleta, que no se centra en procesos sino en la memoria y en los exámenes memorísticos, muy dependiente de textos, fotocopias y libros de texto”, dispara. Elementos todos que la LOMLOE trata de revertir.

“Seguimos sin aprovechar el tiempo del aula para trabajar como toca”, lamenta el profesor, que recela del papel “hegemónico” de los libros de texto. “En ese modelo, los chavales van a hacer todos los ejercicios con la IA”, señala, mientras “si se trabajara competencialmente, desarrollando proyectos, diseñando actividades por parte del alumnado y evaluándolas en clase con supervisión directa, tal vez los aprendizajes serían sólidos”.

¿Destaca, para bien, en algo España?

En varios aspectos, recuerda Tatiana Íñiguez Berrozpe, profesora titular de Sociología y vicedecana de Tecnologías de la Información y la Comunicación en la facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza en declaraciones al SMC, pero con menos glamour y, por tanto, menos titulares.

“Hay variables en las que España está en los primeros puestos, mientras países de alto rendimiento quedan muy por debajo: el sentimiento de pertenencia al centro, la convivencia, los niveles muy bajos de bullying, la perseverancia o la curiosidad. Esto es lo que el ranking no recoge y es buena parte de lo que una escuela hace cada día. Sin duda, también debería ser un objetivo prioritario de la educación”, sostiene.

También está la equidad de la escuela, una de las fortalezas de España PISA tras PISA. Las diferencias entre el alumnado que más rinde y el que menos son inferiores a la media de la OCDE y de la UE, lo que habla de un sistema que consigue corregir algunas de las desigualdades de origen entre el alumnado. Pero esa virtud también es un reto, porque la igualdad se logra “a cambio de tener un nivel de excelencia bastante reducido”, recuerda la analista Sintes. Y “es un reto importante”, añade, “porque en ese grupo es donde ha bajado más la capacidad lectora”.

Aumentar los impuestos a las grandes fortunas podría llegar a salvar 29,5 millones de vidas. Esa es la conclusión de un estudio publicado en la revista científica Lancet y liderado por el ISGlobal de Barcelona, que ha analizado el impacto que tienen las ayudas al desarrollo en las sociedades más vulnerables y ha calculado qué pasaría si hubiera una mayor distribución de la riqueza gracias a tasas más exigentes.

Los investigadores han analizado los datos de 59 países de renta baja y media-baja para ver cómo afectan las prestaciones a la lucha contra la pobreza. El análisis muestra que aumentar estas inversiones se asocia con una reducción de hasta el 24% de mortalidad general y del 33% de las muertes de niños menores de cinco años.

A pesar del impacto positivo que tienen los fondos humanitarios, se trata de una partida que se está viendo recortada. Diversos países, como el Reino Unido o Alemania, ya han anunciado que reducirán el dinero que aportan a esta causa.

El caso que más destaca es el de Estados Unidos, que ha asegurado que aplicará un tijeretazo del 83% a las ayudas. Eso, según otro estudio publicado por ISGlobal a principios de verano, se podría traducir en 14 millones de muertes.

En vista de esta tendencia, los investigadores han propuesto a los estados otras maneras de sufragar las ayudas. “Ante el creciente endeudamiento de los países donantes y la reasignación cada vez mayor hacia el gasto militar, financiar la ayuda humanitaria mediante la fiscalidad se perfila como una de las estrategias más viables”, asegura Lucio Expósito, economista principal del estudio.

Los investigadores han diseñado diez escenarios teniendo en cuenta diversos impuestos y diversos grupos a tasar. Desde el ISGlobal han identificado las grandes fortunas, las grandes empresas multinacionales, las transacciones financieras, las emisiones de carbono, las criptomonedas y los intereses generados por la deuda soberana como fuentes más “plausibles” de fondos.

La medida más efectiva, según apuntan los investigadores, sería gravar con un 3% las grandes fortunas (cienmillonarios). Si se empezara a aplicar este 2026, de cara a 2030 podría acabar financiando ayuda suficiente como para evitar la muerte de 29,5 millones de personas, entre ellas 3,4 millones de niños. Esa misma medida, si se aplicara un impuesto del 1%, salvaría 15 millones de vidas; 2,1 millones de niños.

La siguiente medida que recaudaría más es la Tasa Tobin. Se trata de la carga del 0,02% del importe efectivo de la compra en todas aquellas operaciones financieras que superen los 1.000 millones de euros. Sólo con eso se podría salvar la vida a 24,5 millones de personas.

“El mundo está experimentando niveles extremos de desigualdad”, apuntan los investigadores, que recuerdan que el 10% de la población más opulenta posee el 75% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre sólo tiene el 2%. Con todo, a día de hoy se cuentan 92.140 cienmillonarios en el planeta.

“Un reducido número de personas y grandes corporaciones acumula riqueza a un ritmo sin precedentes, mientras millones de personas vulnerables siguen muriendo por falta de acceso a intervenciones humanitarias básicas y, en muchos casos, de bajo coste”, afirma Davide Rasella, impulsor y coordinador del estudio.

El investigador apunta a que sus propuestas son medidas “moderadas” de distribución de la riqueza y, aun así, el efecto sería “enorme”.

Las propuestas impositivas de este informe no surgen de la nada, sino que están basadas en iniciativas que ya se han puesto encima de la mesa en diversos foros internacionales. Aumentar los impuestos a actividades contaminantes (como las de la industria fósil), a las grandes multinacionales o a las grandes fortunas son soluciones que han sido debatidas en el Marco Inclusivo de la OCDE o en la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo.

La propuesta más en firme en esta línea se dio en 2024, durante la presidencia brasileña del G-20, donde el economista francés Gabriel Zucman reclamó una tasa anual del 2% a los grandes millonarios. Su estudio apuntaba a que los multimillonarios apenas pagan un 0,3% de impuestos sobre sus fortunas y que, entre 1987 y 2004, el número de multimillonarios ha pasado del 3% al 14% a escala mundial.

También destacan las medidas que se están intentando sacar adelante en Estados Unidos por parte de rivales de Donald Trump. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, basó parte de su campaña en la necesidad de aumentar la carga impositiva a las grandes fortunas, mientras que en California habrá un referéndum este noviembre sobre la creación de un tributo del 5% a los milmillonarios.

Aumentar estos impuestos, reza el estudio, no sólo tendría un impacto positivo en las políticas humanitarias, sino que también ayudaría a acabar con la tendencia a la acumulación.

Sólo en España, en el último lustro la riqueza en manos del 1% más rico de la población ha crecido en seis puntos porcentuales. A mayor capital, mayor capacidad de inversión y eso genera más rendimientos. “Arreglar esta desviación no sólo sería más justo, sino que podría evitar millones de muertes”, zanjan los investigadores.

Tener hijos eleva la probabilidad de vivir en la pobreza en España, pero especialmente a algunos hogares. La pobreza se dispara en aquellos de padres jóvenes, menores de 30 años, y los que están formados por un solo progenitor, monoparentales, que son mayoritariamente mujeres, destaca un estudio de Fedea y la Universidad Complutense de Madrid.

El trabajo 'Hijos, Ciclo Vital y Pobreza en España: 2008–2025', de José Ignacio Conde-Ruiz y Marialejandra Garay Aguirre, trata de profundizar en las causas de la elevada pobreza infantil en España.

En 2025, el 28,3% de los menores de 18 años vivía en hogares por debajo del umbral de pobreza, lo que equivale a aproximadamente 2,07 millones de niños, niñas y adolescentes, frente al 19,5% del conjunto de la población.

La tasa AROPE infantil, que identifica a quienes se encuentran en riesgo de pobreza monetaria, sufren carencia material y social severa o viven en hogares con baja intensidad laboral, se eleva al 33,8%. Más de uno de cada tres menores en España.

Hay coste de la crianza, pero sobre todo en algunos hogares

Los investigadores se plantean si la mayor pobreza de los hogares con hijos refleja el coste económico de la crianza o si responde, sobre todo, a las características socioeconómicas de las familias que tienen hijos.

Los resultados indican que hay una mayor pobreza en los hogares con hijos en general, pero su principal conclusión es que “no existe una penalización homogénea” asociada a la presencia de menores. “La vulnerabilidad depende decisivamente de la interacción entre los ingresos, la etapa del ciclo vital y la estructura familiar”.

En este análisis, detectan una especial vulnerabilidad de los hogares jóvenes, donde la persona de referencia tiene menos de 30 años. “La presencia de hijos menores en hogares jóvenes se asocia con un aumento de 7,26 puntos porcentuales en la probabilidad de sufrir carencia material y social severa”.

La penalización es entre seis y diez veces mayor que la observada en los hogares de edad media, aquellos entre 30 y 44 años, (0,71 puntos), así como en hogares de edad avanzada, donde la persona de referencia tiene 45 años o más (1,16 puntos).

“La magnitud de este coeficiente es cuantitativamente muy relevante y muestra que la presencia de hijos menores en etapas tempranas del ciclo vital está asociada a una situación de especial fragilidad económica”, sostienen los investigadores.

El estudio subraya que los hogares jóvenes suelen afrontar la crianza con “menor acumulación de ahorro, trayectorias laborales menos consolidadas, mayor inestabilidad residencial y menor acceso a redes de apoyo económico”.

Además, señala que “los costes asociados a la crianza en etapas tempranas del ciclo vital —cuidados, equipamiento, vivienda adecuada o gastos recurrentes vinculados al menor— pueden ser especialmente difíciles de absorber en una etapa en la que los recursos líquidos y la estabilidad económica son todavía limitados”.

En cuanto a las familias monoparentales, con la mitad de ellas en España en riesgo de pobreza y exclusión, la penalización de tener hijos “se mantiene especialmente elevada” en todos los grupos de edad. “Este patrón sugiere que la crianza en solitario constituye una fuente persistente de vulnerabilidad que no desaparece completamente a medida que avanza el ciclo vital”, recoge el estudio.

Ayuda universal por crianza, con refuerzo para jóvenes y monoparentales

Los investigadores consideran que “las políticas universales dirigidas a la infancia, aunque necesarias, pueden resultar insuficientes si no se acompañan de instrumentos más focalizados en aquellos hogares donde la crianza coincide con una mayor fragilidad estructural, como ocurre en las primeras etapas del ciclo vital o en las familias monoparentales”.

En este sentido, el trabajo apunta a la necesidad de reforzar el apoyo público a los hogares con menores desde una lógica que combine “protección de ingresos, conciliación y prevención de la transmisión intergeneracional de la desigualdad”.

El Gobierno aprobó en noviembre una declaración institucional en la que abogaba por poner en marcha una prestación universal por crianza, ayuda que existe en la mayoría de países europeos y que reclaman el conjunto de asociaciones de infancia y de ONG contra la pobreza, así como Sumar dentro del Ejecutivo. No obstante, a día de hoy está lejos de ser una realidad.

El PSOE ha enmarcado siempre la negociación de la ayuda en el marco de los Presupuestos Generales del Estado, con muchas dificultades para salir adelante en el Parlamento.

La ley estrella del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que reconoce al embrión como “miembro de la unidad familiar” ha sumado días y días de polémica tras su aprobación por la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid. La norma del “concebido no nacido”, como la llama el propio gobierno autonómico, ha recibido críticas por parte de la oposición, pero también de expertas que consideran que se trata de una “batalla cultural” que asume posiciones antiabortistas más que suponer una ayuda real para las mujeres. Tras la bronca subyace una pregunta: qué pasa con los que sí han nacido y viven ya en la región. Es decir, cuál es la situación de los niños que, desde el momento en que nacieron, adquirieron la plena capacidad jurídica y tienen reconocidos sus derechos como seres humanos.

La Comunidad de Madrid argumenta que esta ley no va “en contra de nadie ni de nada” y que “no colisiona con ningún otro texto legal, solo con los prejuicios de algunos miembros de la izquierda”. La norma se centra en aspectos administrativos: “Tiene por objeto habilitar la asimilación del concebido no nacido al hijo ya nacido, a efectos del reconocimiento de aquellos beneficios y derechos que, en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, se deriven de la existencia de hijos ya nacidos”, según se recoge en el anteproyecto de ley.

Durante el debate en el último pleno extraordinario del parlamento regional, el grupo Más Madrid presentó 14 enmiendas que fueron rechazadas por la absoluta del Partido Popular. Algunas de ellas planteaban, en tono irónico, incluir garantías para una “correcta climatización de las aulas” o “reforzar plantillas” para “garantizar el acceso” de los pequeños al “área de pediatría en atención primaria en todos los centros de salud de la Comunidad de Madrid”. Más allá de la bronca política, la comunidad suma tareas pendientes en cuanto a aspectos como la sanidad infantil o la educación de los más pequeños.

La “situación crítica” de la atención pediátrica

En febrero de 2025, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) publicó datos sobre la situación de la atención a los niños en medicina. Entonces, casi dos millones de niños en España no tenían pediatra asignado. En Madrid, un 32% de las plazas de pediatría estaban sin cubrir atendiendo a datos de entre 2018 y 2024, los más actualizados según el análisis que hacen desde la AEPap. Durante la presentación del informe, el presidente de la asociación, Pedro Gorrotxategi, explicaba que en algunos gobiernos regionales, como el de la Comunidad de Madrid, intentaban paliar el problema creando puestos para pediatras en hospitales, pero dejando estancados los centros de salud.

A su vez, esta situación supone que los pediatras tengan asignados a cada vez más niños. Según la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), en 2025 la atención primaria en la Comunidad seguía dependiendo de las horas extraordinarias para poder sostener la actividad. Un comunicado publicado el pasado mes de junio en la web del sindicato alertaba de que una de las más afectadas era, precisamente, la pediatría, que consideran que está en una “situación crítica”.

Denuncian que, según Transparencia, el año pasado se realizaron “37.192 horas de módulos, lo que supone atender a 233.156 niños”. Teniendo en cuenta que los pediatras no pueden atender a más de 24 pacientes, Amyts calcula que se necesitarían al menos 44 pediatras más. Según los cálculos del sindicato mayoritario, en la Comunidad de Madrid 764.000 pacientes en 2025 no contaban con un médico de familia o pediatra asignado, 139.000 pacientes estaban sin pediatra sobre cupos medios de 1.000 pacientes.

Las listas de espera de la atención temprana

Otro de los puntos clave es la atención temprana, un servicio destinado a niños y niñas en las primeras etapas de su vida, de los 0 a los 6 años y que tiene como fin detectar “algún tipo de trastorno en su desarrollo, discapacidad o riesgo de padecerla y/o dependencia”, según la web de la Comunidad de Madrid. Según las cifras de la propia página oficial a fecha de 30 de junio de 2026, el número de demandantes en lista de espera para atención temprana actualmente es de 908 personas, una cifra que varía mes a mes pero que suele rondar los mil pacientes.

Esta espera ha hecho que asociaciones como la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid haya ofrecido costear los tratamientos para menores con discapacidad o riesgo de padecerla que se encuentren en estas listas de espera para evitar que la espera les suponga un perjuicio para su salud.

Falta de plazas en las escuelas infantiles

Mientras la huelga indefinida de las educadoras de infantil de 0 a 3 años continúa, cada año miles de niños y niñas se han quedado sin plaza de nuevo en las escuelas públicas infantiles de la capital. Para el curso 2024-2025, la cifra ascendía hasta las 11.400 familias sin plaza en Madrid ciudad, lo que obliga a muchas de ellas a dejar a los más pequeños en centros privados con el coste extra que eso supone.

Además, la polémica por las altas temperaturas en las aulas saltó de nuevo este año al calor de las movilizaciones de las educadoras infantiles. Una problemática que afecta a colegios públicos de primaria, pero también a las aulas de infantil y que, según explican desde las asociaciones de familias, a los más pequeños les afecta especialmente debido a que pierden la concentración y están más irritables pero no consiguen entender por qué. “Guantánamo está a la par de las escuelas infantiles”, criticaban desde una de las asociaciones de familias, en declaraciones a elDiario.es el pasado mes de junio.

Una polémica que subió el tono todavía más y causó la indignación de las familias ante las declaraciones del consejero de Cultura de Ayuso, Mariano de Paco, que aseguró que el calor insoportable con el que muchos niños tenían que ir a clase también les podía servir de “fuente de inspiración”.

Solo cuatro de cada diez menores en situación de pobreza tienen beca comedor

Las tareas pendientes en materia de educación también afectan a los más pequeños. Se repiten las críticas contra lo conocido como 'cheques-guardería', ayudas para centros de Educación Infantil privados que las familias critican por suponer subvenciones que van a parar a manos privadas en lugar de aumentar las plazas en los centros públicos. Este sistema viene de la Comunidad de Madrid, aunque el Ayuntamiento también tiene una medida similar que funciona a través de una beca infantil. Estos “cheques” funcionan para las niñas y niños de 0 a 3 años pero también para Formación Profesional (FP) y bachillerato.

Pero los puntos débiles de la educación pública en la región no solo están en el acceso a la misma. La brecha de la desigualdad también puede verse fuera de las aulas, concretamente, en el comedor escolar. En mayo de este año, la plataforma Comedor Universal por Derecho publicaba un informe en el que subrayaban que solo cuatro de cada diez menores en situación de pobreza en la comunidad tenían reconocida esta ayuda, una situación que no solo hace que los pequeños no puedan alimentarse como el resto, sino que además, “compromete tanto su derecho a la educación como su derecho a socializar en igualdad con el resto de sus compañeros”.

Casi 150.000 niños y niñas en situación de pobreza severa

El acceso igualitario al comedor escolar afecta especialmente a los menores de familias con rentas más bajas, sobre todo a las personas migrantes en situación irregular en la capital. Pero es que, además, la situación es más preocupante si miramos las cifras de la pobreza infantil en la región, que es la cuarta economía más grande de la Unión Europea.

Según el análisis de la Plataforma de la Infancia con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi 150.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de pobreza severa en la comunidad.

En 2024 se alcanzó la cifra más alta registrada hasta el momento en Madrid y ahora la tasa AROPE, con la que se mide la pobreza, disminuye más de cinco puntos y posiciona a la comunidad por debajo de la media nacional, aunque la tasa para la población infantil sigue superando en más de seis puntos a la de la población adulta. En total, casi 280.000 niños y niñas están en riesgo de exclusión social en la región. Una situación que se ve agravada especialmente en los hogares encabezados por mujeres.

En cuanto a desigualdad territorial en general (no solo en población infantil), la región es la que peor dato tiene. “La Comunidad de Madrid tiene la tasa de desigualdad más alta de España, con un coeficiente Gini de 31,8”, indican en otro informe de 2025. Además, los análisis de las asociaciones e instituciones sobre la situación de la pobreza infantil indican que la vivienda juega un papel crucial para el aumento de la desigualdad.

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de la pobreza infantil severa en Madrid y en España hasta el año 2024, con el incremento que experimentó ese año:

Hasta que el Gobierno aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) eran los programas autonómicos de rentas mínimas de inserción (RMI) los que promorcionaban una prestación para hogares en situación de pobreza. Según indica el European Anti Poverty Network (EAPN) en su informe de este año, aunque el IMV fue concebido para que funcionase como un suelo base para las RMI, algunas comunidades suspendieron las nuevas solicitudes de RMI. En Madrid, el número de beneficiarios de RMI ha caído en un 95,9% de 2019 a 2024, la comunidad con un mayor descenso de estas ayudas.

Desde Más Madrid lamentan que se hayan rechazado las enmiendas a la “ley del concebido no nacido”, especialmente una que sí tenía que ver con el propio contenido del texto y que Marta Carmona, diputada del partido, considera una “oportunidad perdida”: la posibilidad de equiparar las familias monomarentales con las numerosas. Según el análisis de Plataforma de la Infancia, el 55% de los hogares monomarentales están en situación de pobreza y/o exclusión social.

Teresa (nombre ficticio) y su hijo de cinco años se quedaron sin hogar a principios de junio, después de que el propietario de la casa en la que vivían de alquiler rescindiera el contrato asegurando que necesitaba la vivienda para su uso personal. Cuando se produjo el desahucio, el Ayuntamiento de Sestao, dada la vulnerabilidad de la familia -el padre del menor 'desapareció' de sus vidas antes de que naciera- puso a su disposición un recurso de vivienda temporal de urgencia, un hotel, en el que han podido vivir durante un mes, pero que este jueves, 9 de julio, deberán abandonar.

La idea era que durante este tiempo la familia encontrara un hogar, pero Teresa, que trabaja en un supermercado y según lamenta no cuenta con apoyo familiar, no ha encontrado un alquiler asequible para ella y su hijo. “Estamos hablando de una mujer trabajadora, que aunque tenga un salario precario hasta ahora no ha tenido problemas para pagar un alquiler, la cuestión es que ahora los alquileres están por las nubes y no encuentran ninguna habitación o vivienda disponible. Los que ha encontrado le piden una estabilidad financiera y no ven con buenos ojos que quiera alquilar una habitación con un menor a su cargo, por lo que entendemos que los servicios sociales deberían ayudarla”, defiende Mireia Saiz portavoz de la plataforma Berri-Otxoak.

Este lunes decenas de personas se han concentrado frente al Ayuntamiento de Sestao para lograr una solución. Teresa iba a asistir a dicha concentración, pero no se ha visto con fuerzas suficientes después de haberse reunido con la trabajadora social del Ayuntamiento. “No le han ofrecido una alternativa, le han preguntado si tiene alguna amiga o alguien de su entorno con el que quedarse y se ha venido abajo, porque no tiene a nadie que pueda acogerle. Le han dicho que a lo largo de estos días la llamarán para ofrecerle alguna otra alternativa temporal, pero no le garantizan nada. La mantienen en la incertidumbre sin saber si la semana que viene va a poder tener un techo donde dormir”, lamenta Saiz.

Según recuerda la activista, las propias administraciones son las encargadas de buscar una alternativa habitacional digna y estable cuando existe una vulnerabilidad acreditada como es este caso, con un menor de cinco años sin hogar. “El Ayuntamiento de Sestao dice que no tiene recursos, que no hay viviendas municipales disponibles, pero ¿dónde está la coordinación efectiva entre administraciones de la que tanto hablan? Están los servicios sociales municipales, la Diputación de Bizkaia, el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, Etxebide y Alokabide. ¿Ninguno puede tener una vivienda para esta familia?”, se pregunta.

Teresa, que tras la reunión con la trabajadora social ha tenido que entrar a su puesto de trabajo en un supermercado de la localidad vizcaína, se encuentra “emocionalmente afectada”. “Hasta ahora se ha mostrado fuerte, sobre todo por su hijo, pero ve que se acerca el momento y que no hay alternativa y cada vez ve más real que puede quedarse en la calle con su niño. Lo está pasando realmente mal porque el impacto emocional y psicológico es muy duro. Ahora que el niño ha acabado el colegio está empezando a darse cuenta de todo y también está angustiado por haber perdido la casa en la que vivía”, reconoce Saiz.

Cuando le notificaron el desahucio Teresa acudió a la plataforma Berri-Otxoak que trabaja contra la exclusión social principalmente en Barakaldo, pero también en otros municipios de la margen izquierda, donde Saiz reconoce que la situación de la vivienda es “cada vez más alarmante”. “Se está normalizando que familias enteras vivan hacinadas en habitaciones. Es una realidad que no sale en los medios porque ellas mismas no quieren que se haga pública su situación o que los vecinos se enteren. Estamos hablando de cuatro o cinco personas en una habitación, con menores y personas mayores juntas, nietos, padres y abuelos en pocos metros cuadrados y compartiendo vivienda entre distintas familias. Estamos viendo verdaderas situaciones de emergencia habitacional que están siendo ocultadas y encubiertas y en la mayoría de casos son personas que tienen sus trabajos y personas que están dejando de comer por poder pagar el alquiler”, denuncia la activista.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Sestao gobernado en coalición por el PNV y el PSE-EE y ha trasladado que no se pueden ofrecer datos concretos de la familia por la Ley de Protección de Datos, pero que “en este tipo de casos el Ayuntamiento, dentro de su competencia, tramita todos los servicios que puedan corresponderle, ya sea garantizar estancias temporales que den margen de tiempo para buscar alternativas habitacionales, ayudas para hacer frente a la entrada o fianza de una nueva ubicación o remitir solicitudes a otras instancias por ejemplo al Gobierno vasco para el acceso a una vivienda”.

Por lo pronto, Teresa, que prefiere no ofrecer su nombre real, se encuentra a la espera de una solución que le permita contar con un techo más allá del próximo 9 de julio, cuando previsiblemente ella y su hijo deberán abandonar el hotel en el que se encuentran. Si no consiguen una solución habitacional real, desde Berri-Otxoak no descartan realizar nuevas movilizaciones u otras acciones reivindicativas para conseguir un hogar para esta familia.

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, ha concedido 2,5 millones de euros en tarjetas prepago para alimentar a 10.239 escolares durante los meses de verano, periodo en el que los comedores no prestan servicio debido al cierre vacacional de los colegios. 

Las tarjetas, que se cargan automáticamente los días 1 de julio y de agosto por un total de 240 euros —120 por mes—, solo son válidas en establecimientos dedicados a la venta de productos de alimentación. De hecho, si se intentan usar en establecimientos que no sean de alimentación, no pasan por el datáfono.

Se trata de tarjetas nominativas con un código asociado solo al alumnado de cuota cero certificado durante el curso escolar vigente, y se entregan (en la última semana de junio) al padre, madre, tutor o tutora legal del menor beneficiario.

Además, las familias han de guardar las facturas de las compras, según las instrucciones que, junto con la información y los teléfonos de contacto para posibles incidencias, les comunican las direcciones de los centros en el momento de la entrega.

“Con la entrega de estas tarjetas durante estos últimos días de junio, seguimos apoyando, también durante las vacaciones, al alumnado en situación de vulnerabilidad que es usuario del programa de los desayunos escolares y cuota cero en los comedores de los centros educativos de las islas”, explica el director general de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios, David Crego.

"Para que este tiempo cumpla verdaderamente su función reparadora conviene buscar el equilibrio. No se trata de llenar cada día de actividades ni de convertir el verano en otra agenda agotadora. Los más pequeños también necesitan aburrirse, descansar y disponer de tiempo libre para crear sus propios juegos e iniciativas"

Todos los artículos de Raquel Plaza Garro

Las vacaciones no son únicamente una pausa en el calendario escolar. Para la infancia representan una oportunidad de descanso, juego, convivencia y crecimiento personal. Sin embargo, para que todos los niños y niñas puedan disfrutar plenamente de ese tiempo, es necesario garantizar también sus derechos más básicos, especialmente cuando la desigualdad y la pobreza siguen marcando la vida de demasiadas familias.

Quienes hemos dedicado nuestra vida a la educación sabemos bien que el desarrollo de un niño no depende únicamente de los contenidos escolares ni de los resultados académicos. La población infantil necesita tiempo para aprender, pero también para descansar, jugar, convivir, imaginar y sentirse emocionalmente seguros. Por eso, el descanso vacacional no es un lujo ni un tiempo vacío: forma parte esencial de su crecimiento integral.

Al igual que los adultos, los menores acumulan cansancio físico y emocional durante el curso escolar. Las prisas, los horarios, las exigencias académicas y la sobreestimulación terminan afectando a su equilibrio. Las vacaciones permiten detener ese ritmo y recuperar aspectos fundamentales de la infancia que, en ocasiones, quedan relegados durante el año.

Este período de descanso aporta importantes beneficios al desarrollo infantil. Reduce el estrés y la ansiedad acumulados, favorece el bienestar emocional y ayuda al cerebro a consolidar los aprendizajes adquiridos.

Asimismo, el juego libre, el contacto con nuevos entornos y las experiencias diferentes estimulan la creatividad, la curiosidad y la plasticidad neuronal. También favorecen la autonomía y la autoestima: aprender a nadar, montar en bicicleta, participar en tareas sencillas o relacionarse en espacios distintos ayuda a desarrollar confianza y habilidades sociales. El contacto con la naturaleza, tan necesario hoy en día, despierta además el respeto por el entorno y el deseo de explorar el mundo desde la experiencia directa.

El verano ofrece, además, algo especialmente valioso: tiempo para fortalecer los vínculos familiares

El verano ofrece, además, algo especialmente valioso: tiempo para fortalecer los vínculos familiares. Compartir conversaciones sin prisas, comidas, paseos o pequeños momentos cotidianos contribuye enormemente a la seguridad afectiva de los niños. Muchas veces, los recuerdos más felices de la infancia nacen precisamente de esa sencillez.

Sin embargo, para que este tiempo cumpla verdaderamente su función reparadora conviene buscar el equilibrio. No se trata de llenar cada día de actividades ni de convertir el verano en otra agenda agotadora. Los más pequeños también necesitan aburrirse, descansar y disponer de tiempo libre para crear sus propios juegos e iniciativas.

A los padres y madres les ayuda flexibilizar expectativas y evitar la presión de unas vacaciones 'perfectas'. Mantener ciertos horarios básicos de descanso y alimentación, planificar algunas actividades sencillas, limitar el exceso de pantallas y reservar momentos tranquilos suele favorecer una convivencia más serena. Viajar o descansar con niños implica aceptar otro ritmo y comprender que la tranquilidad familiar vale más que cualquier planificación rígida.

No obstante, existe una realidad que se repite cada verano y que no podemos ignorar: la pobreza infantil no se detiene cuando finaliza el curso escolar; en muchos casos se hace más visible y más dura. Para demasiados niños y niñas, las vacaciones no significan descanso ni disfrute, sino la pérdida de apoyos básicos, entre ellos algo tan esencial como una alimentación adecuada y equilibrada.

Diversos informes sobre infancia vienen alertando de que España continúa registrando una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de la Unión Europea. Esta situación afecta a millones de menores y se hace especialmente evidente durante los meses de verano, cuando desaparecen algunos recursos y apoyos vinculados a la escuela.

Por ello, los comedores escolares de verano y los programas de apoyo alimentario no pueden considerarse medidas excepcionales o meramente asistenciales, sino un derecho básico de la infancia que debe garantizarse de forma estable allí donde sea necesario. Ningún niño debería depender de la situación económica de su familia para acceder a una comida diaria digna durante los meses estivales.

Los servicios sociales, las administraciones públicas y las políticas de infancia tienen la responsabilidad de asegurar que el bienestar no se interrumpa cuando termina el calendario escolar

Los servicios sociales, las administraciones públicas y las políticas de infancia tienen la responsabilidad de asegurar que el bienestar no se interrumpa cuando termina el calendario escolar. No se trata de ayuda puntual, sino de justicia social.

A menudo se idealiza el verano como un tiempo de felicidad continua y grandes posibilidades, pero la realidad de muchos hogares es mucho más compleja. Hay familias preocupadas por afrontar los gastos básicos de alimentación, organizar el cuidado de los hijos mientras trabajan o proporcionar estabilidad emocional cuando los recursos son insuficientes.

Por eso es importante no añadir más culpa ni más exigencia a las familias. Los menores no necesitan grandes lujos para sentirse felices. Necesitan afecto, seguridad, atención y tiempo compartido. Un paseo, una conversación tranquila, una comida en familia o simplemente sentirse escuchados puede tener un enorme valor emocional.

En este contexto, los derechos sociales y los derechos de la infancia resultan fundamentales. Garantizar la conciliación laboral, los comedores escolares de verano, las actividades accesibles, los espacios seguros y el apoyo a las familias debería constituir una prioridad colectiva y no un privilegio reservado a unos pocos.

Porque hablar de infancia es hablar de igualdad de oportunidades desde el primer día de vida. Y esa igualdad comienza, de forma muy concreta, en algo tan esencial como poder comer bien cada día del año.

Porque descansar también educa. Educa en el equilibrio, en la convivencia, en la salud emocional y en la importancia de los vínculos humanos. Y ningún niño, ninguna niña, debería vivir sus vacaciones desde la desigualdad, la carencia o la soledad.

El Govern de Salvador Illa llegó al sistema educativo con la promesa de rebajar la tensión y recomponer la relación con un profesorado enfrentado a los anteriores ejecutivos de ERC. Pero un año y medio después, el conflicto se ha agravado: los docentes encadenan tres ciclos de huelgas en un solo curso. Los dos primeros fueron multitudinarios y el tercero, con paros convocados a lo largo de todo un mes, arranca este martes.

¿Qué alimenta este malestar docente? Algunas de sus reclamaciones son compartidas con profesorado del resto del estado, como la pérdida de poder adquisitivo o el aumento burocracia. 

Otras afloran con especial intensidad en Catalunya, como la falta de recursos suficientes –aunque hayan aumentado en los últimos ejercicios– para hacer frente a unas aulas cada vez más diversas: más alumnos con discapacidades, sin dominio del idioma, con problemas de aprendizaje o en situación de pobreza y exclusión social. Todo ello en medio de un descenso del nivel académico que ya pocos cuestionan. 

Además, la pugna sindical de los últimos meses, entre CCOO y UGT, que optaron por pactar mejoras con el Govern, y el resto, que mantienen las movilizaciones, ha avivado un conflicto que no ha hecho más que crecer en los últimos días con dos polémicas vinculadas a los Mossos d’Esquadra. Primero, con el cuestionado plan para desplegarlos en los institutos, y después, con la infiltración policial en una asamblea docente. 

Equiparar el salario al resto de comunidades

Los docentes catalanes están entre los que peor cobran de España. Con un salario entre 2.400 y 2.700 mensuales euros en función de la etapa, el informe anual de UGT les situaba en 2025 solo por delante de Aragón y Asturias. 

Las exigencias salariales han sido uno de los nudos que ha encallado la negociación con los sindicatos huelguistas, que exigen recuperar el poder adquisitivo perdido en una de las comunidades donde el coste de la vida es más caro. Este mismo martes el sindicato mayoritario, Ustec, planteó una subida de 400 euros al mes para poner fin a la huelga.

Mientras tanto, el acuerdo sellado con UGT y CCOO ya conllevaba un incremento del sueldo a través del complemento salarial autonómico, que estaba congelado desde 2001. Los docentes ya han cobrado la subida de 2026, de hasta 850 euros para este año, y la previsión es aumentar hasta los 3.000 euros anuales en 2029 –a lo que habrá que añadir el incremento pactado con los funcionarios a nivel estatal–.

Para el Govern y los sindicatos del pacto, esto permitirá que Catalunya adelante en la escala salarial autonómica hasta la tercera posición. Pero los críticos apuntan que este cálculo obvia los incrementos que también se acordarán en las demás autonomías. 

Dar clase es cada vez más complicado

Una de las principales razones del hartazgo docente es que cada vez les resulta más complicado dar clase, puesto que en las aulas hay más alumnos con problemas de aprendizaje que nunca. “Cualquier docente confirma esta sensación de desborde”, advierte Cesc Ayora, profesor de Secundaria en el Instituto Castellar, de Castellar del Vallès. “Como hay alumnado más diverso, con más diagnósticos, hay más individualidades que atender, y por lo tanto mayor exigencia que hace años”, sostiene este docente. 

Los datos avalan esta percepción. El alumnado catalogado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NESE) se ha duplicado en los últimos cuatro años hasta alcanzar el 23,3% del total, casi uno de cada cuatro. De estos 326.000 alumnos, la mayoría tienen dificultades de carácter social, derivadas de la pobreza o la inmigración, y el 76% de ellos están en centros públicos.

Además, dentro de ese grupo de NESE, también el alumnado con discapacidad escolarizado en los centros ordinarios ha seguido al alza, de 29.000 a 38.000 en cuatro años, debido al compromiso con el modelo de educación inclusiva que se adoptó en Catalunya con el decreto de 2017. 

Con todo, cabe precisar que parte de esa complejidad, sobre todo la de carácter social y económico, ya estaba muy presente en las aulas. Lo que ha cambiado es que se ha mejorado la detección –los dictámenes y diagnósticos–, pero solo esto ya tiene consecuencias para el profesorado. 

“En una clase puedes tener ocho o diez de 25 con necesidades especiales”, arranc David Ll., docente de Primaria de la escuela pública Jacint Verdaguer de Barcelona. “Significa adaptar las clases, adaptar los deberes, hacer Planes Individualizados (PI) para los que lo requieren, hablar más con las familias, asumir que quizás los más avanzados se van a aburrir, activar protocolos de psicólogos cuando es necesario, coordinarte más con los compañerlos… Es muchísimo trabajo añadido”, resume. 

Esto, señalan las fuentes consultadas, explica también la denunciada “sobrecarga” de trabajo de carácter burocrático. Para paliarlo, el Govern ha anunciado un plan para reducir las tareas administrativas, que afectan especialmente a las direcciones y a los centros de barrios más vulnerables.

Más inversión, también en escuela inclusiva

La frustración que viven los docentes en sus centros contrasta sin embargo con el aumento de la inversión en educación en Catalunya. Si durante años los sindicatos lamentaban no haber recuperado el presupuesto anterior a los recortes de la crisis económica, ahora se ha superado con holgura. También en uno de los indicadores económicos clave: la inversión pública por alumno. 

Del 2020 al 2023, según los últimos datos disponibles por el Departamento de Educación, creció un 23%, de 6.440 euros por alumno del sistema escolar público al año, a 7.961. En los últimos ejercicios sigue al alza. 

“El presupuesto crece, pero no al ritmo que lo hace la complejidad”, sentencia Miquel Àngel Alegre, jefe de Proyectos de Equitat.org (antes Fundació Jaume Bofill). “La demanda aumenta más que los recursos. Por ejemplo, cada vez hay más aulas de acogida, es cierto, pero la ratio de alumnos recién llegados por cada una de estas aulas es peor que hace cinco años”, sentencia. Y algo parecido ocurre, añade, con la contratación de educadores o integradores sociales en los colegios. 

Esta mayor dotación de profesionales, que buena parte del profesorado ve insuficiente, se refleja también en el modelo de escuela inclusiva. Si se observan los educadores de las Unidades de Apoyo Intensivo en los centros (SIEI, por sus siglas en catalán), han saltado de 762 en 2020 a 1.234 en 2024. 

Las ratios, entre la promesa y la realidad

La de las ratios es una reivindicación habitual de todo el profesorado, también en Catalunya. En los últimos inicios de curso, o durante las preinscripciones, el Govern ha anunciado de forma recurrente reducciones del alumnado por aula. Lo ha hecho de nuevo con el pacto alcanzado con CCOO y UGT. Pero, ¿qué reflejan los datos? 

En Primaria y Secundaria, donde está el grueso del alumnado, se mantienen relativamente estables desde hace años. Donde sí han empezado a descender de forma considerable es en la etapa de Infantil. Esto significa que durante los próximos años esas ratios reducidas irán progresivamente alcanzando en todas las etapas. 

La bajada de ratios en Infantil tiene una explicación: el descenso de la natalidad. “En realidad, la política de reducción de alumnos por clase en esta etapa se cumple sola por el factor demográfico”, señala Miquel Àngel Alegre. En una década, en Infantil se ha pasado del pico de 22,7 escolares por aula a 18,8 actualmente.

Mientras tanto, el profesorado exige avanzarse al descenso demográfico y reducir ya las ratios en la ESO, donde todavía aumentan ligeramente. En comparación con las demás comunidades autónomas, Catalunya sigue estando entre las que lideran las aulas más abultadas. 

El descenso de resultados

Algunas de las tensiones existentes en los claustros, señalan las fuentes consultadas, no se explicarían tampoco sin la caída del nivel académico en los centros. Pruebas externas como PISA en 2022 alertaron del descenso, que se refleja también en las evaluaciones externas de Educación. 

Aunque los resultados oscilan significativamente año a año, en las competencias lingüísticas (catalán, castellano e inglés), que son históricamente las que mejor dominaban los escolares, la tendencia ha sido a la baja. Por otro lado, si el umbral de aprobado que fija Educación es de 70 sobre 100, otras materias siguen instaladas en el suspenso, como Matemáticas, o bordeándolo, como Ciencias o Inglés.

Con todo, Educación ha detectado una mejora en cursos recientes sobre todo de Matemáticas, que venía de tocar fondo. En este sentido, han ampliado sus programas de mejora de matemáticas y lengua a 450 y 500 centros, respectivamente, que contarán por ejemplo con clases de refuerzo gratuitas para alumnos vulnerables.

Las razones de descenso pueden ser diversas. Pero en lo que coinciden algunos docentes es en una bajada de la exigencia ya desde Primaria. “Con este nivel de complejidad en las aulas y la falta de recursos, con los alumnos que te llegan en la ESO sin dominar el idioma, es muy complicado conseguir cierto nivel competencias lingüísticas”, apunta Ayora. “La solución de supervivencia acaba siendo fijarte objetivos que pueda alcanzar todo el mundo, es decir, que hemos puesto un listón más bajo que el de hace unos años, sobre todo en lengua, que es lo que marca el resto de aprendizajes”, resume este profesor.

Acabar con la situación de riesgo de pobreza costaría unos 24.000 millones de euros anuales, lo que supone el 1,8% del producto interior bruto (PIB) del país, aunque hay “grandes diferencias” entre la renta necesaria en diferentes comunidades autónomas. Esta es una de las conclusiones del 'Análisis de la exclusión social y económica en España y sus territorios', que han publicado este miércoles la Fundación Ramón Areces y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

A pesar de que la economía española está en proceso de expansión, con aumentos importantes de la población ocupada y del salario mínimo, el objetivo de acabar con la pobreza aún está lejos, según se desprende del estudio elaborado por el equipo de investigación del IVIE, dirigido por Carmen Herrero e integrado por Antonio Villar y Carlos Albert.

El riesgo de pobreza se define como una renta por debajo del 60% de la mediana (el valor que separa al 50% de población con más ingresos de aquella con menos) y la pobreza extrema o exclusión, como una renta por debajo del 40% de la mediana. Así, en 2025 el 19,5% de la población española estaba en riesgo de pobreza (un 12% menos que en 2025) y el 8% se encontraba en pobreza extrema o exclusión (un 28% menos que hace una década), según recoge Europa Press.

Si en 2015, el 50,4% de las personas en riesgo de pobreza estaba también en riesgo de exclusión, en 2025 ese porcentaje se ha recortado en casi diez puntos, hasta el 41,3%.

Teniendo en cuenta no sólo la proporción de población en riesgo de pobreza o exclusión, sino sus rentas medias, se estima que acabar con la situación de riesgo de pobreza costaría unos 24.000 millones de euros anuales, lo que supone un 1,8% del PIB del país, y eliminar el riesgo de exclusión tendría un coste mucho más reducido, alrededor de 8.800 millones de euros anuales, lo que representa un 0,7% del PIB de cada uno de los años del periodo analizado.

El riesgo de pobreza en Andalucía roza el 28%

El estudio detecta diferencias significativas en el riesgo de pobreza y exclusión tanto entre comunidades autónomas, como entre colectivos (jóvenes, mujeres, trabajadores con empleo temporal). Por ello, propone una orientación más específica de los instrumentos de protección social.

Si para el conjunto del país, el 19,5% de personas se sitúa por debajo del umbral de la pobreza (12.220 euros anuales por unidad de consumo), en Andalucía ese porcentaje se eleva hasta el 27,7%. También están por encima de la media, Murcia (26,7%), Extremadura (26,2%), Comunitat Valenciana (26%), Castilla-La Mancha (25,9%) y Canarias (22,9%). Por el contrario, la menor proporción de personas en riesgo de pobreza está en País Vasco (9,3%), Illes Balears (11,6%), Navarra (12,3%) y Madrid (12,7%).

Similares diferencias se observan en el caso de la población en riesgo de exclusión. Si la incidencia media se sitúa en el 8% (rentas inferiores a los 8.147 euros anuales por unidad de consumo), en Comunitat Valenciana el porcentaje aumenta hasta el 11,8%, en Andalucía alcanza el 11,4%, en Murcia el 11,2% y en Extremadura el 9,9%.

Una de cada tres personas en riesgo de pobreza tienen empleo

Otro aspecto destacable que muestra este estudio es que tener un empleo no garantiza eludir la pobreza, ya que un 33% de las personas en riesgo de pobreza están ocupadas. Un porcentaje medio que sube hasta el 40% en el caso de Illes Balears, pero que no baja del 25% en ninguna región en 2025.

Aunque la tasa de pobreza de la población ocupada se ha reducido desde el 14,8% de 2015 hasta el 11,6% de 2025, sigue siendo muy elevada en algunas comunidades autónomas. En Andalucía alcanza el 17,4%, mientras que en Navarra, la probabilidad de que las personas con trabajo entren en riesgo de pobreza es solo del 6%.

La disminución del porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión se ha dado en todas las regiones a lo largo del periodo 2015-2025. Sin embargo, las diferencias en la incidencia entre las comunidades autónomas siguen siendo elevadas.

La renta media de la población en riesgo de pobreza era de 4.869 euros anuales a nivel nacional en 2023, mientras que la renta media de las personas en esta situación de Navarra baja hasta los 4.128 euros y, en Illes Balears, a 4.362 euros.

En el lado contrario, la población en riesgo de pobreza de Galicia cuenta con una renta media de 5.498 euros, seguida de Extremadura, con 5.325 euros. Si nos centramos en las personas en riesgo de exclusión, la renta media en España de 2.849 euros anuales oscila entre los 2.090 euros de mínima en Illes Balears y los 3.397 de máxima en Aragón.

En términos de PIB, la situación es muy variada según las autonomías. Si a nivel nacional habría que destinar un 1,8% del PIB (24.000 millones de euros), en Andalucía se requeriría un 3,9% de su PIB, frente al País Vasco, donde bastaría con destinar el 0,6%.

El trabajo realizado construye dos índices sintéticos para establecer una clasificación de las CC.AA. según la evolución de estos grupos de población entre 2015 y 2023. En el primer grupo se consolidan las regiones líderes con mejores resultados (País Vasco, Aragón, Cantabria y Catalunya). En el segundo grupo se sitúan las comunidades con mejoras sostenidas a lo largo del periodo (Madrid y La Rioja). El tercer escalón agrupa a regiones que han registrado retrocesos destacados (Navarra y Asturias).

El cuarto grupo son las regiones que se mantienen siempre en posiciones intermedias (Galicia, Illes Balears, Extremadura y Castilla y León). Y, por último, una zona baja en la que se incluyen Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, Comunitat Valenciana y Región de Murcia, aunque esta última ha ganado posiciones desde 2015.

Empeora la situación de las mujeres

Además, el estudio alerta de la mayor incidencia e intensidad de la pobreza en determinados colectivos. En concreto, las mujeres, que partían de una situación ligeramente más favorable que los hombres en 2015, han empeorado su situación en 2025. Entonces, el porcentaje de mujeres en riesgo de pobreza era del 21,8% frente al 22,5% de los hombres. En 2025 las tasas han variado hasta el 20,3% de las mujeres y el 18,6% de los hombres.

Por edad, se mantiene la menor incidencia de pobreza en los mayores de 65 años, frente a los más jóvenes, aunque esa tendencia está cambiando ligeramente en los últimos años y en algunas regiones la menor incidencia ya se da en la población en edad de trabajar. En todos los casos, el riesgo de pobreza de los jóvenes menores de 18 años es mayor y roza casi el 30%.

El Consejo de Ministros ha acordado este martes destinar 9,8 millones de euros a Canarias para la atención a la pobreza infantil y la protección de las familias, según ha informado Presidencia del Gobierno, en el que detalla que la cantidad aprobada para toda España es de 198.704.000 euros.

En un comunicado, el Gobierno central detalla que la inversión, que parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, está destinada a reforzar los servicios sociales, proteger a las familias en situación de vulnerabilidad y combatir la pobreza infantil.

Esta partida se va a transferir a los gobiernos autonómicos, que son las administraciones competentes en materia de servicios sociales, y servirá para financiar diferentes programas tanto a nivel autonómico como local.

La nota precisa que Canarias recibirá 3,3 millones de euros para financiar proyectos de intervención social y prestaciones para familias con menores en riesgo de pobreza y exclusión social.

Se podrán destinar a cubrir necesidades básicas como la higiene, la alimentación o la ropa, necesidades en materia de  educación como la financiación de material escolar o ayudas para el comedor, o  recursos para los suministros básicos del hogar.

Asímismo, señala que incluye el programa VECA, que va a permitir garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de los menores durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral en periodos no lectivos.

El segundo programa, con 1,1 millones de euros para Canarias, reforzará los equipos de servicios sociales para prevenir y detectar cualquier tipo de riesgo de violencia hacia la infancia, con una apuesta clara por perfiles profesionales del trabajo social, la educación social, la psicología y la atención familiar, así como el fomento de una mayor coordinación con los centros educativos y sanitarios.

En cuanto al plan de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, que se destina 5,3 millones para Canarias, asegurará el acceso a  prestaciones clave como la orientación social, la ayuda al domicilio, el  alojamiento alternativo y los programas de prevención e inserción social. 

Además, se respaldará el funcionamiento de albergues y centros de acogida,  fundamentales para dar respuesta a personas en situaciones de especial  vulnerabilidad.

Arranca esta semana la campaña de la renta y, como cada año, vuelve el viejo debate sobre los impuestos. Para el PP y determinados círculos empresariales pagamos demasiados, vivimos en un infierno fiscal, aunque la realidad se obstine en decir lo contrario. Más allá del trámite, conviene mirarlo desde la economía real: la de las familias que las pasan canutas. Porque es ahí donde el sistema fiscal deja de ser una abstracción y se convierte en un mecanismo concreto y central de redistribución de la riqueza. Y en un momento en el que dos grandes grietas —la vivienda y la pobreza infantil— condicionan la vida de millones de personas, esa función adquiere un sentido especialmente tangible.

La pobreza infantil, en particular, resume bien el problema: empezar mal la carrera te marca para siempre. Por eso gana fuerza la idea de abordarla como un derecho desde el inicio. El ministro Pablo Bustinduy lo plantea con claridad al defender una prestación universal por crianza. No como una ayuda condicionada, sino como un mecanismo eficaz que llega a todos de forma inmediata. Y quien no la necesite la devolverá vía impuestos. Es decir, la redistribución no se hace en la puerta de entrada, sino a través del sistema fiscal, como ocurre con la sanidad, la educación o las pensiones. Si quieres profundizar en el tema, te recomiendo esta entrevista.

El enfoque del ministro conecta con una corriente económica cada vez más influyente. Carles Manera, catedrático de Historia Económica y consejero del Banco de España, insiste en que invertir en infancia es la política con mayor retorno posible, mientras que el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, sitúa el debate en la necesidad de un nuevo contrato social: menos redistribución ex post y más predistribución de oportunidades. En palabras de Costas: esto va de cómo tratamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes antes de que entren en el mercado de trabajo. Las tres ideas apuntan en la misma dirección: garantizar condiciones de partida más igualitarias no solo es justo, también es eficiente. Y España, con niveles de pobreza infantil anómalamente altos, tiene ahí un margen de mejora evidente.

Pero es que a todo lo anterior se suma otra presión estructural: el envejecimiento. Viviremos más y necesitaremos más cuidados, lo que obliga a construir un sistema público adaptado a esta nueva realidad, como contamos en la nueva edición de nuestra revista trimestral: ‘El sueño de la vida eterna. Una vieja aspiración entre la realidad y el delirio'. No se trata solo de gastar más, sino de gastar mejor. De nuevo, hablamos de derechos que requieren financiación estable y sostenida en el tiempo.

Y ahí es donde la campaña de la renta vuelve a cobrar sentido. Si la vivienda y la infancia deben ser derechos, y si los cuidados van a ser el próximo gran pilar del Estado del bienestar, alguien tiene que sostenerlos. La respuesta pasa por reforzar la progresividad: que los que más tienen aporten más. No solo porque de esa contribución depende que las prestaciones universales funcionen con la eficacia que se les presupone, sino por equidad.

El gráfico

El titular del gráfico es lo que dicen los datos analizados por este diario sobre qué hogares se benefician más de la rebaja de impuestos a los combustibles, una de las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para paliar la subida de precios provocada por el despegue del crudo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, y que cuenta con el respaldo del Congreso. Te las recuerdo por si ahora no caes: una reducción del IVA de los combustibles al 10% y otra del tipo impositivo del Impuesto sobre Hidrocarburos en los productos más consumidos, como son el gasóleo y la gasolina sin plomo, entre otros. El texto también recoge una bajada de los impuestos de la electricidad. 

Por cierto, no sé si sabes que esta semana Bruselas ha advertido a España de que rebajar el IVA de los combustibles al tipo reducido del 10%, se desvía de la normativa europea sobre este impuesto, aunque también es cierto que la Comisión no va a tomar ninguna medida al respecto.

Volviendo al gráfico, según los datos, si segmentamos a la población en diferentes grupos en función del nivel de ingresos —siendo los más ricos quienes ingresan más de 5.000 euros al mes y los que menos, quienes no superan los 1.000 euros— los más favorecidos por estas medidas fiscales son, por tanto, los hogares que más ingresos disponibles tienen, que pueden ahorrar unos 25 euros de media al mes, frente a unos nueve euros de media en los escalones más bajos. 

Gran parte del plan se basa en bajar impuestos para todos.

—¿Por qué no se ha apostado por ayudas más focalizadas en quienes realmente no pueden pagar la factura, en lugar de beneficiar también a rentas altas?“ —pregunté hace unos días a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante el VI Foro Económico de elDiario.es.

Se fue un poco por la tangente. Si te interesa la entrevista la tienes en este enlace, y si quieres saber más sobre el asunto del gráfico pincha aquí.

El dato

1,7%

Es el porcentaje de asalariados que fueron contratados en 2025 gracias a la intermediación de las oficinas públicas de empleo. Son dos décimas menos que en 2024. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), 319.700 asalariados obtuvieron el año pasado un puesto de trabajo gracias a la intermediación de una oficina pública de empleo.

Un poco desastre tratándose de un servicio público y teniendo en cuenta que en España hay aún 2,4 millones de parados, casi el 10% de la población activa, pese al nuevo récord histórico de trabajadores, con casi 21,9 millones de personas de media afiliadas a la Seguridad Social. El SEPE y los servicios de empleo de cada comunidad llevan años en el punto de mira, al parecerse más a un registro de parados que un servicio para encontrar empleo.

Este dato contrasta con el registrado por las empresas de trabajo temporal (ETT), cuya tasa de intermediación duplica la de las oficinas públicas de empleo, según Europa Press. Las ETT y las agencias de empleo sellaron 4,36 millones de contratos de puesta a disposición en 2025, según cálculos de la patronal del sector, Asempleo.

La plantilla del SEPE se estimaba en 2025 en unas 7.400 personas, un millar menos que en 2019, que se ocupan de coordinar el pago de las prestaciones; son las llamadas políticas pasivas. Las activas –buscarte empleo—dependen de los servicios autonómicos de empleo. El de Andalucía (SAE), uno de los más grandes tiene más de 3.000 empleados dedicados a la orientación y gestión. Catalunya (SOC) y Comunidad de Madrid (Empléate) cuentan también con estructuras robustas que superan los 2.000 efectivos cada una para atender a sus respectivos mercados laborales.

No todo nos parece mal 

Buenas noticias para Grifols. La multinacional de hemoderivados catalana ha comunicado la intención de colocar en la bolsa de Estados Unidos una participación minoritaria de su negocio de Biopharma en este país. Bloomberg la cifra en el 20% del capital. Se trata de su división estrella –el año pasado le aportó 6.487 millones de euros de un total de 7.524– e incluye el desarrollo y la comercialización de medicamentos derivados del plasma humano (proteínas plasmáticas) y otras terapias biotecnológicas. Las principales proteínas plasmáticas que produce esta división a nivel global son las inmunoglobulinas, indicadas para tratar inmunodeficiencias primarias, por ejemplo; la albúmina, para restaurar el volumen circulatorio, o bien otras como el factor VIII o la alfa-1 antitripsina, destinadas a tratar trastornos o deficiencias genéticas.

El plasma es la parte líquida de la sangre y Grifols se encarga de fraccionarlo para poder obtener las proteínas plasmáticas que comercializa.

Fuentes del mercado han asegurado a EFE que el negocio de Biopharma en EEUU tiene una valoración empresarial superior a los 20.000 millones de dólares.

La operación está pensada para reducir la deuda y coger pulmón financiero “para respaldar la inversión en sus prioridades estratégicas de crecimiento”, apuntó la compañía en un comunicado. Grifols cerró 2025 con una deuda financiera neta por valor de unos 8.818 millones de euros, por lo que continúa siendo una ratio de apalancamiento elevada. Si Biopharma es la principal división de negocio para Grifols, EEUU es un país realmente relevante para la multinacional, aunque no detalla exactamente cuánto aporta ese país. Contando todas las divisiones de negocio, la región formada por EEUU y Canadá aportó 4.253 millones de euros en 2025, el 56,5 % del total, mientras que la UE reportó 1.613 millones, el 21,44 %, y la región denominada Resto del Mundo generó otros 1.657 millones (22 %).

Tipos (y tipas) de interés

Sube Arcadi España, ministro de Hacienda. Hay perfiles que irrumpen y otros que se deslizan con naturalidad por las costuras del poder. Arcadi España pertenece a estos últimos: hijo de un histórico del PSPV, formado en la cultura de partido y con una habilidad notable para situarse junto a quien debía estar en cada momento. En ese ecosistema es una virtud muy cotizada.

Aunque ha tenido un paso por la esfera privada como asesor financiero en AFI, ha vivido poco al margen de la política. Discípulo político de Ximo Puig, fue ganando peso en la Generalitat Valenciana hasta pilotar la Conselleria de Hacienda. Allí construyó un perfil de gestor con discurso —esa idea suya de que los impuestos “dan civilidad a una sociedad” lo define bien—, aunque no logró esquivar del todo las críticas. Las más persistentes apuntan a una gestión con más relato que huella, especialmente si se compara con su predecesor y maestro, Vicent Soler, más combativo y reformista. También se le reprocha haber rebajado la presión sobre la infrafinanciación valenciana, tras la salida de Mariano Rajoy de la Moncloa.

Ahora, ya en el Ministerio de Hacienda, le toca comprobar si ese equilibrio entre discurso y práctica aguanta en primera línea. Tiene por delante dos pruebas que no admiten retórica: sacar adelante unos Presupuestos en un Congreso fragmentado y encarar de una vez la reforma del modelo de financiación autonómica.

Nos gusta la competencia 

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

Hasta aquí por hoy.

El martes que viene vuelvo a tu correo.

Mientras, puedes escribirme a contraoferta@eldiario.es con tus sugerencias o quejas. 

¡Un abrazo!

Los niños y niñas no votan, pero representan un 17,3 % de la población andaluza. Son más de 1,4 millones de menores en Andalucía, y 183.990 de ellos viven hoy en situación de pobreza severa. Sin embargo, la pobreza infantil “nunca” aparece entre las preocupaciones que recoge el 'CIS andaluz': dominan el empleo, la vivienda o la sanidad, problemas que también afectan directamente a la infancia, aunque rara vez se aborden desde esa perspectiva.

Frente a esta realidad, desde Save the Children Andalucía defienden que la protección de la infancia debe situarse en el centro de la agenda política. Con elecciones autonómicas en el horizonte, la organización trabaja en hacer llegar a los partidos una batería de propuestas bajo una premisa: impulsar una estrategia integral contra la pobreza infantil que dependa directamente de la Presidencia de la Junta y no solo de una consejería.

“A este ritmo, necesitaríamos seis o siete generaciones para erradicarla”, advierte Javier Cuenca, el director de Save the Children en Andalucía, durante la conversación que mantiene con la edición andaluza de elDiario.es, a escasos meses de las elecciones autonómicas. “Lo que más nos preocupa es qué vamos a hacer si entra la ultraderecha en el gobierno”, avanza sobre sus prioridades para la próxima legislatura.

Andalucía sigue liderando los índices de pobreza infantil en España. ¿Estamos ante un problema estructural ya cronificado?

Si miras la serie histórica de datos de pobreza infantil, ves que eso no baja porque no hay una política decidida. Incluso en etapas de crecimiento económico, cuando vemos mejorar indicadores como el PIB o la actividad empresarial, las tasas de pobreza —tanto general como infantil— apenas bajan unas décimas. Si siguiéramos a este ritmo, necesitaríamos seis o siete generaciones para erradicarla. Eso indica que no estamos ante un fenómeno coyuntural, sino estructural. Tiene que ver con una falta de cohesión social, de guetizar directamente la vida de la gente, tanto a nivel de planificación urbana hasta el acceso a oportunidades de trabajo y de desarrollo.

¿Cree que la pobreza infantil se está abordando correctamente desde las políticas públicas?

Los políticos, da igual el color, tienen una percepción de que hay una pobreza estructural y que contra esa pobreza no podemos hacer nada. Al final el discurso es la resignación, aceptar que eso está ahí y que es muy complicado sacarlos de los barrios marginales. Y también pensar que en el fondo ellos no quieren salir de ahí. Uno de los errores, también del actual gobierno de la Junta, es depositar siempre la responsabilidad de luchar contra la pobreza infantil en una consejería determinada, que en este caso es la Consejería de Inclusión Social, cuando una situación de pobreza hay que abordarla con una acción de gobierno completa. Cuando un niño tiene problemas de vivienda, de educación, de alimentación, si los padres tienen problemas de empleabilidad... eso requiere una intervención integral que exige una política de Gobierno, liderada por la Consejería con un presupuesto.

Es como una carrera, salen del mismo punto, pero uno sale con la condición de atleta y el otro con una mochila con 25 kilos

¿Tienen los políticos una visión estereotipada de lo que es la pobreza?

Existe una visión bastante estereotipada y en muchos casos también cierta culpabilización. Es la visión de que es un tema heredado y no les corresponde a ellos terminar con la pobreza infantil. A veces se transmite la idea de que las familias no quieren salir de esa situación o que viven de las ayudas, cuando la realidad que vemos en nuestro trabajo es muy distinta. Las familias con las que nosotros trabajamos siempre dicen que ellos no están en economía sumergida por gusto y haciendo malabares para llegar a final de mes.

¿Y puede ser que se esté responsabilizando a los padres de no gestionar bien las políticas sociales?

Hay varios indicadores que favorecen que un niño pueda estar en situación de pobreza: el bajo nivel educativo de los padres, la baja intensidad del empleo, el origen extranjero y las familias monomarentales. Entonces no se puede responsabilizar a una familia que no tiene un capital cultural, y que viene de una situación en la que sus padres tampoco han podido darles oportunidades, de que su hijo o hija tenga que tener lo que necesita un niño o niña para desarrollarse adecuadamente. Es como una carrera: salen del mismo punto, pero uno sale con la condición de atleta y el otro con una mochila con 25 kilos. Dicen que son las mismas oportunidades, pero las condiciones no son las mismas.

Poniendo el foco en las soluciones, con elecciones autonómicas previstas como tarde para junio, ¿qué medidas serían prioritarias para revertir la pobreza infantil?

Una medida sola no termina con la pobreza, nosotros les vamos a pedir ahora a los partidos que pongan en marcha una estrategia andaluza contra la pobreza infantil. Es algo que los compañeros en Cataluña ya han abordado con la Generalitat. Pero nosotros asesoramos, proponemos... y eso se lo tiene que apropiar el Gobierno. Lo que hace una consejería no puede reducir la pobreza porque tiene que ser un cambio que incluya empleo, vivienda, economía... Tiene que ser una iniciativa que lidere el presidente del Gobierno porque una consejería no tiene fuerza suficiente. Puede haber muchas medidas educativas, de prestaciones, de conciliación, pero tiene que ser un enfoque global.

En las estadísticas vemos que la reducción de pobreza es mínima porque las políticas no están siendo eficientes

En estas dos legislaturas que lleva Juan Manuel Moreno al frente de la Junta, ¿no ha habido una apuesta decidida por parte del presidente?

No. En las ocasiones que hemos tenido de hablar con él, se muestra consciente y sensible a esos temas, pero el discurso –no solamente del presidente, sino en general– es el de asumir que esto es un problema estructural y que ellos pueden hacer poco por solucionarlo.

Da la sensación de que las ayudas públicas actuales se limitan a parchear el problema.

Sí, no existe un enfoque global de la política para erradicar el problema raíz. Pasa a todos los niveles. El Gobierno central puso mucho interés y mucho esfuerzo en sacar adelante el ingreso mínimo vital, pero al final lo cobra una de cada tres familias que pueden cobrarlo. Porque una cosa es lo que se pone en marcha y otra cómo se operativiza. No basta con lanzar ayudas, hay que garantizar que se gestionen bien. Hacer un seguimiento de quién la puede percibir, qué alcance tiene, si se ha ejecutado el presupuesto... En Andalucía se ha producido un descenso muy significativo en el presupuesto de la renta mínima andaluza, que ha caído en los últimos cinco años de 180 millones a 25 para el 2026. Por eso en las estadísticas vemos que la reducción de pobreza es mínima, porque estas políticas no están siendo eficientes.

¿Esa falta de enfoque global también se aprecia en la forma en que se aborda una de las mayores crisis de la sociedad actual como es la vivienda?

Aquí hicimos una alianza con UNICEF para analizar el texto del proyecto de la Ley de Vivienda de Andalucía y encontramos que no había ninguna alusión a infancia o a familias con hijos. La verdad es que estamos bastante satisfechos porque nos compraron muchas enmiendas, entre ellas, dentro de los colectivos vulnerables de la infancia, priorizar la ayuda a familias con hijos. También tener planes especiales con enfoque de infancia. Se trata de tener en cuenta que la carga de vivienda para una familia con hijos es superior a la de una pareja de dos adultos o un adulto solo. Evidentemente, los gastos que tiene una familia –de suministro energético, de alimentación, de educación– es mayor. El informe que tenemos del 2024 de cuánto cuesta criar a un niño en Andalucía es de 722 de euros al mes de media.

Para combatir la violencia infantil en Internet lo fundamental es la prevención a través de la educación afectivo-sexual

Uno de los últimos estudios de la organización analiza sentencias sobre abusos sexuales a niños y niñas en Internet… ¿El problema es la edad, la falta de educación digital o la falta de regulación a las plataformas?

Estamos ante un maremágnum de instrumentos y herramientas legislativas que no están poniendo el foco en medidas específicas para acotar y abordar la violencia contra los niños. A nosotros nos preocupa la parte de entorno digital y todas las nuevas prácticas de violencia que están surgiendo ahí, pero es que la Ley de Protección de menores en Internet, que está todavía en el Congreso, cuando salga ya estará desactualizada porque habrá surgido una nueva forma de violencia en la red. Nosotros vamos a pedirles ahora a los partidos que retomen la Ley de Andalucía Digital o, en todo caso, que desarrollen de manera autonómica la Ley de Protección de menores en Internet, que son los instrumentos que hay.

¿Cómo valora la medida del Gobierno central de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años? 

Nosotros no somos prohibicionistas. Esa es la solución más tajante, pero no debe ser la única porque estoy seguro de que esa prohibición se la van a saltar. Las redes sociales son un campo de oportunidad para los niños y adolescentes, de interacción, de educación y de formación. Estamos a favor de que se legisle contra la violencia en el entorno digital, igual que se ha legislado contra la violencia sexual. Hay mecanismos que pueden poner en marcha las plataformas para controlar el acceso a páginas porno. Por ejemplo, solo piden marcar la casilla de “soy mayor de 18 años” y puede ser un niño de ocho, que es la media de la edad a la que un niño entra en contacto por vez primera con el porno a través de Internet.

Entonces, ¿dónde debería ponerse el foco?

Para nosotros lo fundamental es la prevención a través de la educación afectivo-sexual, que debe estar presente en la vida de los niños y niñas desde los cero años, ya sea a través de una asignatura o de formaciones. Porque si el niño conoce su cuerpo, conoce lo que está bien y lo que no, va a tener mucha más capacidad de detectar cuándo hay abuso sexual

Un montón de situaciones límite como de suicidio se pueden evitar con los recursos adecuados

¿Estamos reaccionando solo cuando ocurre una tragedia en lugar de invertir seriamente en prevención y salud mental juvenil?

La clave es la prevención. Ni siquiera legislando se puede frenar el problema. Nosotros también pedimos que el protocolo de acoso y ciberacoso que hay en la Junta Andalucía se actualizara con las nuevas formas de violencia en el entorno digital. Sí nos parece adecuada la regulación del uso del móvil en los colegios, del uso del móvil en las casas... Puedes regular, pero prohibir no.

Y luego hay que tener en cuenta que la mitad del tiempo que un niño está despierto está en el colegio, entonces los profesionales de la educación tienen que manejar los indicadores de que algo está pasando. Ellos no son quienes tienen que abordar los casos de violencia, pero sí contar con estrategias de detección. A lo mejor el niño está sufriendo violencia física en casa o está sufriendo bullying en el colegio y eso hay que saber verlo.

En algunos casos recientes de suicidio juvenil se ha señalado el acoso escolar como un factor desencadenante. ¿Qué fallos detectan en el sistema de protección?

Entre los profesionales de la educación, los que conocen el protocolo no llegan a aplicarlo por falta de tiempo. Hay una figura específica en la Ley Orgánica de Protección integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que se llama Coordinador de Bienestar de Protección. Una persona formada específicamente en violencia contra la infancia, en detección, que puede ser el agente catalizador de cuando se identifica un caso. Pero eso no se está llevando a cabo de manera adecuada.

Nosotros pedimos un coordinador de protección en cada centro educativo, lo que implica contratar a unas 500 personas. Y meter ahí otra capa más en el trabajo diario de todos los docentes que ya están desbordados con la programación. Pero se trata de medidas que van a funcionar porque van a amortiguar: ante un caso de acoso, permite hacer una intervención rápida y tomar la mejor solución. Seguro que un montón de situaciones límite como de suicidio se pueden evitar.

Lo que más nos preocupa es qué vamos a hacer si hay un gobierno en el que entra la ultraderecha

Y respecto a su trabajo con los menores migrantes, ¿cuáles son los principales retos que detectan en el sistema y en la sociedad actual?

Nosotros el trabajo que hacemos es para detectar la vulnerabilidad de todo el sistema de protección y vemos que el sistema de acogida no está adaptado a la infancia. No hay personal específico en cuando llega una patera. Por otro lado, tenemos el foco en combatir los discursos de odio. Igual que hemos trabajado una narrativa de pobreza para intentar dirigirnos a entornos más conservadores, estamos intentando hacer eso con las migraciones. La narrativa de los derechos que a nosotros nos cala ya no funciona en ciertos grupos.

Seguimos con los mismos temas de incidencia en términos de migraciones, pero lo que más nos preocupa es qué vamos a hacer si hay un gobierno en el que entra la ultraderecha: qué tipo de medidas van a tomar y cómo podemos combatirlas sin dejar de lado el enfoque de los derechos, pero sabiendo que no lo van a tener en cuenta, ni lo van a validar. Si entran en el gobierno, tendremos que hablar con ellos porque serán los que decidan.

Hace meses que Sumar presiona para que el Gobierno apruebe una ayuda universal a la crianza. El Ejecutivo ya aprobó en noviembre una declaración institucional en la que abogaba por poner en marcha esta prestación y hoy la ha incluido en la nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible. Pero la ayuda, por ahora, está lejos de ser una realidad.

Aunque algunos medios se han apresurado a titular hoy que la prestación ya se ha aprobado, e indican quien podría cobrarla o como optar a ella, lo cierto es que se trata de una propuesta que no se ha concretado más allá de un objetivo a largo plazo. No hay ninguna prestación ya en marcha.

La estrategia de cara a 2030 aprobada este martes fija un centenar de metas y 10 objetivos principales. Uno de ellos es la lucha contra la pobreza infantil, en la que se incorpora como aspiración una prestación universal por crianza para que llegue a todas las familias con hijos menores a su cargo. El titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha alegado que esta medida se ha aplicado en otros países y que se trata de una herramienta eficaz. Desde el ministerio señalan que esta medida debe ir acompañada de un modelo fiscal redistributivo, progresivo y justo.

En noviembre una declaración institucional aprobada por el Consejo de Ministros por el Día Internacional de los Derechos de la Infancia el 20 de noviembre, el Gobierno apuesta por ampliar el apoyo a las familias y destaca algunas medidas para hacer frente a la pobreza infantil, como el Complemento de Ayuda para la Infancia del Ingreso Mínimo Vital, “mientras se avanza hacia una prestación por crianza diseñada desde parámetros de universalidad y equidad fiscal”.

En aquel momento, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya dijo que antes de “reformular cualquier otra prestación en materia de pobreza infantil” había que evaluar las ayudas que hay actualmente.

“Tenemos que evaluar el rendimiento que han tenido los instrumentos que en este momento muy cuantiosos hemos puesto en marcha” y “si hay que mejorarlo en una sola prestación habría que hacer una refundación de todos estos complementos en alguna otra prestación se llamara como se llamara”, afirmó.

El Gobierno no tiene sobre la mesa proyecto de presupuestos aún, así que la medida ni siquiera está contemplada a corto plazo. Además, las palabras de Montero sugieren que Sumar tiene aún que vencer algunas resistencias dentro del Gobierno para poder siquiera iniciar la tramitación de esta ayuda.

¿Cuál es la propuesta de Sumar?

En la negociación de los presupuestos entre los partidos de la coalición de Gobierno, Sumar ya propuso que todas las familias perciban 200 euros al mes por cada hijo, hasta que cumplan 18 años, independientemente de su renta.

En su programa electoral ya recogían esta medida: “Impulso de una prestación por crianza, para luchar por la erradicación de la pobreza infantil. Se cobrará hasta los 18 años y unificará en una única ayuda el actual complemento de ayuda a la infancia del Ingreso Mínimo Vital y la deducción por maternidad en el IRPF”.

Un estudio elaborado por Unicef calcula que un aumento del ingreso mínimo vital del 40% por cada hijo en el hogar reduciría la pobreza monetaria (vivir con ingresos un 60% inferiores a la renta mediana del país) en 1,8 puntos porcentuales, mientras que una prestación universal de 200 euros al mes por hijo lo haría casi cuatro veces más, en 7,1 puntos.

Respecto al actual nivel de 29,2% de menores en pobreza monetaria en España, esta ayuda de 200 euros mensuales por niño supondría, por tanto, sacar a algo más de medio millón de menores de esta situación de precariedad y vulneración de derechos, alrededor de 540.0000 niños, según los cálculos de Unicef.

Un impuesto a los ultrarricos para financiar una prestación que erradique la pobreza infantil. Esa es la propuesta del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que prevé impulsar la conocida como 'tasa Zucman' a los multimillonarios para que sume los recursos necesarios para pagar una prestación universal por crianza, así como otras medidas sociales de calado.

“Vamos a empezar por la prestación universal por crianza y también vamos a llevar una propuesta de reforma fiscal que espero que pueda contar con el mayor apoyo posible”, ha señalado Bustinduy antes de reunirse en París con el economista Gabriel Zucman, diseñador de una propuesta para gravar con un 2% el patrimonio de aquellas personas con un patrimonio superior a los 100 millones de euros.

En declaraciones recogidas por EFE, ha insistido en que la primera política en financiarse con esta medida -que podría recaudar 5.200 millones de euros, según los cálculos del Observatorio Fiscal de la UE- sería esa prestación por crianza para “erradicar la pobreza infantil en España”, que quiere hacer “cuanto antes” y que a su parecer “contaría con un amplísimo respaldo” en el Parlamento y en la sociedad española. A partir de ahí, esas medidas universales abrirían el debate sobre “la justicia fiscal para poder financiarlas”.

Para el ministro, está justificado que “aquellos que de manera desproporcionada están acumulando un patrimonio y una riqueza completamente fuera de lo que es razonable para una democracia contribuyan a la creación de estructuras de protección social que permitan que nuestras democracias mejoren la calidad de vida de las clases trabajadoras”.

“Una reforma fiscal que haga que quienes más tienen más paguen va a contar con formidables fuerzas de oposición”, ha reconocido Bustinduy, para apuntar a renglón seguido que “la fuerza con la que contamos es que es una cuestión de sentido común, y que a lo largo y ancho del espectro político, gente de izquierdas, de derechas y de centro comparten la idea de que no parece muy sensato que alguien que acumula un patrimonio de cientos de millones o miles de millones pague una tasa proporcional menor a la que paga un asalariado”.

Zucman: “España necesita este impuesto”

Zucman, por su parte, ha apuntado, también en declaraciones a EFE, que “ha llegado el momento para España de ser líder sobre este tema” y recordó que ya había tenido un papel importante en el G20 en 2024 al incorporarse en una coalición que pretendía hacer avanzar la discusión sobre una imposición mínima a los multimillonarios.

“España lo necesita, como Francia, como todos los países del mundo porque en todos los países los multimillonarios pueden eludir y eluden muy ampliamente el impuesto sobre la renta” y su tipo impositivo efectivo es “más bajo que el de las otras categorías sociales”, ha señalado el economista.

El impuesto afectaría a alrededor de un millar de contribuyentes en España la idea es que las personas con un patrimonio superior a los 100 millones que lo tuvieran que pagar no abonarían nada si con los otros impuestos ya sufragaran el 2% del valor de esos activos.

“Es el impuesto más selectivo y más justo que se pueda imaginar. No es que sólo grava a los ultrarricos, sino únicamente a los ultrarricos que escapan a los impuestos”, ha dicho.

Zucman será recibido el próximo día 20 en Madrid por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con el que hablará de la propuesta de impuesto que se ha popularizado con su nombre. La 'tasa Zucman' fue defendida por todos los partidos de izquierda en Francia para implantarla en los presupuestos de 2026, pero fue rechazada en el Parlamento, donde esos grupos están lejos de tener mayoría.

La pobreza y la desigualdad siguen reduciéndose en España. En 2025, con datos de renta del año anterior, la población que vivía con ingresos por debajo del umbral de la pobreza disminuyó al 19,5%, el dato más bajo de la serie histórica que arranca en 2008, según la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que publica el INE. La desigualdad entre los más ricos y más pobres vuelve a disminuir, también hasta mínimos desde los inicios de la crisis financiera, y por fin disminuye la pobreza infantil, aún muy alta (28,4%), pero que frena los últimos años de aumentos.

Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 son en general positivos. Mejoran prácticamente todos los indicadores: tanto la pobreza, la carencia material severa, la pobreza energética y los problemas para pagar la vivienda. Estos últimos también habían aumentado en los últimos años y en la encuesta de 2025 dan un respiro.

Hay que recordar que, en un país rico como España, la pobreza se mide de forma relativa, en comparación con el nivel de vida de la sociedad. También con una mirada más amplia, la tasa de pobreza y exclusión social (AROPE) mide la pobreza monetaria (vivir con ingresos por debajo del 60% de la mediana) y también otras dificultades, como la intensidad laboral y la carencia material y social severas.

Como ilustra el anterior gráfico, la población en pobreza y exclusión en España bajó solo una décima el año pasado, al 25,7%, según la nueva definición AROPE. Los hogares con carencia material severa se redujeron al 7,6% desde el 8,2% del año anterior. Por su parte, los hogares con baja intensidad en el empleo se mantuvieron estables, en el 8%.

Aunque los datos de pobreza se reducen, lo hacen de manera moderada y en un contexto de crecimiento económico y del empleo, advierten en Oxfam Intermón. “Esta brecha entre crecimiento económico y reducción de la pobreza evidencia que la pobreza se está cronificando en España: el progreso macroeconómico no logra sacar a millones de personas de una situación estructural de precariedad que afecta ya a una de cada cinco personas y que, al ritmo actual, tardaría casi un siglo en erradicarse”, afirma Alejandro García-Gil, responsable de políticas de protección social de la ONG.

En el mismo sentido se posicionan en EAPN España, red de ONG contra la pobreza, que valoran de forma positiva que no se haya producido un empeoramiento de los datos, pero muestran “preocupación por las dificultades para reducir unas cifras de pobreza que afectan al 25% de la población desde hace más de una década”. “Se trata de un suelo que no consiguen reducir ni el crecimiento macroeconómico ni las cifras récord de empleo de 2025”, subrayan en la organización.

Por su parte, la desigualdad de renta entre los más ricos y los más pobres también sigue reduciéndose y alcanza nuevos mínimos en la serie histórica, que arranca en 2008. Según el indicador que compara la renta del 20% más rico y el 20% más pobre, la brecha cae al 5,2, dos décimas respecto al año anterior.

Con el indicador Gini, que también mide desigualdad de rentas con otra fórmula, las disparidades entre los que más y menos tienen también se reduce y alcanza un nuevo mínimo del 30,8.

La clave de la reducción de la desigualdad apunta a una gran mejora de las rentas más bajas, sobre todo del 10% más pobre, como ilustra el siguiente gráfico. Sus ingresos se desplomaron más que los del resto de la sociedad con la pasada crisis financiera, generándose una brecha durante una década que se ha cerrado en los últimos años.  

La pobreza infantil: muy alta, pero desciende al 28,4%

Uno de los punto más negativos de la reducción de la pobreza en los últimos años era que la infantil no se veía beneficiada de las mejoras. Al contrario que el resto de grupos de población, los menores de edad empeoraban sus indicadores. Una situación preocupante en sí misma, pero más aún en España, con una pobreza infantil muy eleveada, a la cabeza en Europa, como alertan ONG como Save The Children y Unicef.

La encuesta de 2025 refleja por fin un descenso en la pobreza infantil, que aunque sigue siendo muy alta, se reduce al 28,4% en 2025 respecto el 29,2% del año anterior.

Aun así, como se apuntaba, el anterior gráfico refleja cómo la pobreza infantil no solo es muy elevada –alcanza a más de uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes– sino que es mucho más alta que la del resto de grupos de población.

En España, como indican las ONG especializadas en infancia, tener hijos es un factor de empobrecimiento en la actualidad, en un país con menos inversión en la infancia que sus colegas europeos y, en concreto, sin ayudas universales a la crianza como abundan en otros países comunitarios y reclaman las organizaciones sociales y el ala de Sumar dentro del Gobierno de coalición.

Cabe destacar que este descenso de la pobreza infantil que refleja la encuesta, que recoge datos de renta de 2024, coincide con el importante aumento de los perceptores en la ayuda mensual por hijo de hasta 115 euros vinculada al ingreso mínimo vital. Ese año, el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI) incrementó sus beneficiarios casi un 50%, aunque aún tiene una gran brecha de hogares con derecho que no reciben la prestación (un 72%, según la AIReF).

“Que casi un millón de menores viva en pobreza severa, lo que significa vivir sin las necesidades básicas cubiertas, demuestra que las políticas actuales no son suficientes y que es urgente reforzar los apoyos a las familias para garantizar los derechos de la infancia”, ha denunciado este jueves Catalina Perazzo, directora de influencia y desarrollo territorial de Save the Children.

“Si bien los datos muestran una leve mejora, estas cifras siguen siendo alarmantes, especialmente en un contexto de avances económicos generales del país”, ha afirmado por su parte Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de infancia de UNICEF España. “Está claro que las políticas actuales destinadas a combatir la pobreza en la infancia no están teniendo el impacto necesario, y la situación hace urgente dotar políticas más eficaces y con un efecto más rápido”, ha añadido.

Menos dificultad para llegar a fin de mes y pagar la vivienda

La encuesta también refleja que en 2025 se redujo la población que dice llegar “con dificultad” a fin de mes. El indicador que más baja es el de quienes dicen llegar con “mucha dificultad”, las situaciones más graves, que descienden del 9,1% al 8,5%. Quienes llegan “con dificultad” caen del 12,7% al 12,1% y, por último, aquellas personas que alegan “cierta dificultad” para cuadrar las cuentas hasta el final del mes pasan del 25,6% al 25,3%.

Aun así, la encuesta constata cómo muchos hogares en España afrontan una situación complicada en su día a día para afrontar sus gastos, casi la mitad del total (el 46%).

Otro indicador que estaba empeorando en los últimos años y que este 2025 da un respiro es el de la población con problemas para afrontar los gastos de vivienda, un importante foco de precariedad ante los elevados precios del alquiler y compra. Así, quienes afirman haber tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) en los últimos 12 meses se reducen al 11,4%, el dato más bajo desde hace seis años, en 2019.

También disminuye la pobreza energética, la población que dice que no puede permitirse mantener su vivienda con una temperatura adecuada. Esta aumentó a máximos históricos durante la crisis inflacionista, que disparó el precio de la luz, tras varios años previos de aumento. En 2025 continúa el descenso inicado en 2024 y cae al 16% de la población.

Entre los pocos indicadores que empeoran se sitúa el de la población que dice no tener capacidad de afrontar gastos imprevistos, que aumenta al 36,4% desde el 35,8% del año anterior.

Cabe destacar que las dificultades para pagar la vivienda se reducen de manera general en los distintos grupos de edad y población, como refleja el siguiente gráfico.

Aunque la EAPN España destacan que los datos de la encuesta reflejan que aquellas personas que viven de alquiler afrontan una situación “especialmente grave” de pobreza. “Cuatro de cada diez personas en nuestro país (43,6%), que viven de alquiler a precio de mercado, se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social” y el “63,9% de las personas en alquiler tuvo dificultades para llegar a fin de mes”, indican de su análisis de los microdatos.

Oxfam Intermón insiste también en que “la vivienda se come las subidas salariales frenando cualquier avance de bienestar”, por lo que pide políticas públicas ambiciosas en este terreno, así como implementar una ayuda universal por crianza. “Solo con políticas públicas en esta dirección se aseguraría que las mejoras económicas se traducen en una reducción real de la pobreza y la desigualdad”, concluye García-Gil.

Dado que estos datos se publican en pleno debate por la prórroga del decreto que paraliza los desahucios de familias vulnerables, desde EAPN España urgen a los grupos parlamentarios a convalidar la moratoria “para impedir que se produzcan desahucios sin alternativa habitacional”, una medida que “debe tener un carácter estructural”, reclaman desde la red de ONG.

Esta mañana la dignidad ha vuelto a caminar en Madrid. En concreto, han sido los pasos de unas 3.200 personas según los organizadores los que han hecho resonar tambores de justicia en el trayecto que separa la estación de Metro de Valdecarros, en Vallecas, hasta el Sector 6 de la Cañada Real. La lucha por la vivienda digna, por el derecho al territorio, son las grandes proclamas que han apoyado decenas de colectivos de la capital. Ahora, el barro que día tras día se pega en los zapatos de las mujeres y los niños que transitan este camino para acudir a la escuela, la compra o tomar un café se solidifica en las suelas de aquellos solidarios que no miran para otro lado ante la especulación inmobiliaria: “Cañada se queda. La vida se defiende. El territorio no se desaloja”.

En torno a las 11.00 horas se empezaban a arremolinar cientos de personas en Valdecarros convocadas por Tabadol, la PAH Vallekas y La Laboratoria. Algunas bocas calentaban motores para los cánticos que no tardarían en llegar. “Despierta, vecina, Cañada se queda”, “el suelo es vida, el suelo no es negocio” y “nuestras abuelas también fueron ocupas” han sido algunos de los más repetidos. Todos los allí presentes sabían lo que quedaba por delante: un camino de lucha y hermanamiento. “Estamos aquí para impedir que continúe el derribo de nuestras casas, al que nos vemos avocadas sin diálogo ni alternativa”, introduce a elDiario.es Houda Akrikez Essatty.

Ella es la presidenta y fundadora de la Asociación Cultural Tabadol, formada por mujeres del Sector 6 de la Cañada Real para defender sus derechos y continuamente ha estado al frente de la pancarta que abría la marcha con un solo mensaje: “Cañada se queda”, escrito en árabe, castellano, romaní y caló. “Tras cinco años de lucha por el corte de suministro eléctrico, nos hemos dado cuenta de que la lucha es por el territorio”, ha añadido esta madre de tres hijas pequeñas mientras la marcha comenzaba a recorrer sus primeros pasos.

A sus 38 años, Akrikez sabe bien que ocupar la Cañada significa tomar el testigo de una gran genealogía de autoconstrucción de viviendas en Madrid. “Queremos proteger nuestro territorio y defenderlo”, sostiene con seriedad. Para eso han convocado esta manifestación en la que cientos de personas han pisado un terreno que debería pertenecer a quien de él hace uso para vivir. Y lo han conseguido. Han hecho ver que la Cañada Real es un barrio de la ciudad.

Los manifestantes, agradecidos por los rayos de sol pero ateridos por un viento frío, han transitado el mismo camino que los vecinos de la Cañada Real deben realizar todos los días. Esta vez, ante la mirada con tinte de extrañeza de algunas personas que realizaban deporte en las inmediaciones. Tras completar un camino marcado por los desechos a sus orillas, tales como bolsas de plástico, zapatos y latas de bebida, ha llegado el momento más sensible. Cientos de personas han tenido que sortear el barro de en una fila individual, en una escombrera improvisada, que ha retrasado más de media hora la marcha.

Suspensiones cautelares de los derribos

El sentido político de la reivindicación ha estado presente en todo momento. La lucha por la vivienda, casi sinónimo de luchar por la vida en sí, no comenzó ayer en este lugar. “Llevamos aquí décadas y durante muchos años hemos estado resistiendo a las diferentes formas de acoso institucional”. Se refiere a la gestión que el Ayuntamiento de Madrid y Rivas-Vaciamadrid han realizado del Sector 6 en el último tiempo. Según Akrikez, el último censo realizado en el lugar hablaba de unas 2.500 personas en 2016, de las que 1.500 eran menores.

Para todas ellas hay un pequeño rayo de esperanza. Tras recurrir el inicio el 2 de octubre de 2025 del procedimiento para los derribos por parte del Consistorio madrileño, “totalmente arbitrario y sin fundamento”, comenta la presidenta de Tabadol, la justicia les ha dado algo de oxígeno. Esas cartas llegaron con la firma de Julio César Santos, cargo del Ayuntamiento inhabilitado desde septiembre, asegura Tabadol.

Por el momento, se han dictado algunas suspensiones cautelares de las demoliciones por considerar las viviendas “domicilios habituales de las demandantes”, cuyo derribo ocasionaría un “perjuicio irreparable”. Ahora, esperan que la suspensión temporal llegue a la docena de familias afectadas y señaladas por el Ayuntamiento liderado por José Luis Martínez-Almeida.

Akrikez, a quien los manifestantes no dejan de saludar y ensalzar, es clara a la hora de expresar las tres principales demandas de esta protesta llamada a marcar un antes y un después en la lucha por la vivienda digna, ya no solo de la Cañada, sino de la capital al completo. “Exigimos el cese de las amenazas de derribo y la paralización de las demoliciones. Exigimos la apertura de un proceso real de diálogo directo con los vecinos. Y exigimos el reconocimiento del derecho al territorio de los vecinos de la Cañada Real. Porque sin vivienda digna no hay ningún derecho garantizado”, enfatiza.

Una estrategia urbanística

La PAH Vallekas ha sido otro de los colectivos que ha convocado la manifestación. Sonia García, una de sus portavoces, recuerda que la Cañada Real es otro de los tantos barrios que nacieron en Madrid ante la llegada de trabajadores durante los años del desarrollismo franquista. “El componente de origen de las personas que viven en la Cañada, muchas gitanas rumanas o españolas, o marroquís, tiene mucho que ver con que no se hayan regularizado sus viviendas como sí sucedió con otros barrios autoconstruidos en Madrid o en Vallecas mismo”, denuncia.

Hondeaban a su alrededor las banderas verdes de la PAH cuando esta activista por la vivienda digna ha resaltado que hace unos 20 años comenzaron los intentos de invisibilizar y desalojar la Cañada. “Los ayuntamientos y promotores vieron la posibilidad de crecer hacia el sureste, por eso estos terrenos son tan codiciados”, dice García, quien ha asegurado sin titubeos que “si no conseguimos que Cañada se quede, estamos todos vendidos”. Ya lo decían en su comunicado de convocatoria: “Los mismos que nos desahucian en otros barrios de Madrid tienen intereses aquí”.

García ha sido una de las personas que estos días ha intentado allanar el camino en esta lucha, metafórica y literalmente. Mientras la marcha casi alcanzaba su final, la portavoz de PAH Vallekas ha subrayado cómo una de las estrategias de expulsión es hacer imposibles los caminos que conectan con el Sector 6: “Hemos tenido que limpiar de escombro para que la gente pueda pasar. A las Administraciones les da igual cómo está ese camino, que cuando llueve siempre se embarra y las mujeres deben transitar con niños todos los días”. Y así ha quedado patente.

Una comunidad de apoyo mutuo

Desde La Laboratoria, un espacio de investigación feminista, también han decidido convocar la protesta. “Tenemos una imagen muy estigmatizada de la gente que vive en la Cañada. En realidad, Cañada nos recuerda el pasado de Vallecas”, sostiene Marta Malo, portavoz del colectivo. Desde su punto de vista, lo que sucede en la Cañada deja un futuro que se bifurca. “Si todo sigue será algo negativo, debido a la especulación sin freno que cada vez obliga a más personas a la autoconstrucción de sus viviendas, pero también positivo, cuando vemos que lugares así resisten y cooperan frente a esta dinámica de expulsión permanente”, desarrolla.

Malo ha destacado que “marchar por la Cañada también es marchar por el derecho a la ciudad y el tipo de Madrid que queremos”. En este sentido, ha criticado la supuesta política de realojos en alquileres sociales. “Cuando estás en una situación de mucha precariedad y te meten en un piso durante seis meses, aunque sea barato, te separan de la Cañada, donde sí hay una comunidad que te permite cierto apoyo mutuo”, ha precisado la portavoz de La Laboratoria cuando la manifestación llegaba a su fin.

Marchar por el derecho a tener derechos

El culmen de la protesta ha tenido lugar cerca de la sede de Tabadol con la lectura de un comunicado, previo a una pequeña comida popular y después de que varios colectivos y entidades dirigieran unas palabras a los presentes. “Marchamos por la vivienda. Marchamos por el derecho al territorio. Marchamos por el derecho a tener derechos. Y marchamos también por el derecho a la rabia. Porque la rabia no es violencia. La rabia es una respuesta legítima cuando te quieren expulsar. La rabia es memoria de todo lo perdido. La rabia es defensa del hogar”, han expresado en el comunicado.

Tal y como han añadido ante la mirada atenta de los manifestantes, “defender nuestras casas es defender nuestra dignidad. Y no vamos a permitir que nos sigan expulsando del lugar donde vivimos. Por eso decimos alto y claro: Cañada se queda”. También se han referido al feminismo, el antirracismo, el ecologismo y los colectivos vecinales, así como los que defienden una sanidad y educación públicas, que les apoyan en su lucha. “Derribar viviendas no es una solución. Desalojar familias no es política social. Desplazar comunidades no es progreso”, han criticado.

Por último, un único mensaje ha quedado petrificado en el aire frío del Sector 6: “Porque la vivienda digna es la puerta de entrada a todos los derechos, y cuando se derriba una casa, se intenta derribar una vida entera. Y lo decimos hoy con más claridad y fuerza que nunca: Cañada se queda. La vida se defiende. El territorio no se desaloja”.