“Impresentable” y “surrealista”. Las diputadas Silvia Longueira (PSOE) y Olalla Rodil (BNG) se quedaban sin palabras para definir lo vivido este martes en la comisión de control parlamentaria a la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG, la antigua CRTVG). Las dos preguntaban a la directora xeral, Concepción Pombo, por qué se había ocultado en los medios públicos la sanción de la Inspección de Trabajo a la empresa de la familia del conselleiro de Emprego por utilizar en la vendimia a migrantes sin papeles. Ambas estaban convencidas –Rodil llegó a repasar las escaletas de los informativos durante los cuatro días siguientes a la exclusiva de elDiario.es– de que no se había informado ni una línea del caso, pero Pombo se guardaba una sorpresa: ocho días después, el informativo matinal le dedicó veinte segundos al final de una crónica. Con esto, consideraba el trabajo hecho. “No hubo silencio ni ocultación”.

“...y ya mañana, en la segunda jornada, en el turno de preguntas al presidente, los grupos de la oposición a buen seguro que aprovecharán esa ocasión para conocer más detalles sobre la situación de una empresa, una pequeña empresa, una bodega de vino que fue multada por no tener en contrato legal a tres trabajadores. ¿La singularidad? Que esa empresa es propiedad de la familia del conselleiro de Emprego”. Así finalizaba el martes 22 de septiembre su crónica el corresponsal parlamentario de la TVG, una crónica en la que, antes, había glosado la nueva ley de Educación Digital o de la comparecencia del conselleiro de Presidencia para hablar del transporte por carretera. La conexión se emitió a las 9:15 de la mañana, en el ecuador del informativo matinal Bos Días.

Aquel día, ninguna de las preguntas de los portavoces de la oposición a Alfonso Rueda trataban sobre la empresa del conselleiro, así que lo sucedido en aquella vendimia ni se mencionó durante una sesión de control centrada en la vivienda y el coste de la vida. Sin embargo, la inclusión con calzador de esa alusión a un caso que una semana antes sí había copado portadas y titulares dio a Pombo la coartada que necesitaba: el asunto, efectivamente, para desesperación de una oposición que no daba crédito a la respuesta, sí se había mencionado en antena.

No faltaron las comparaciones con el seguimiento, “con minuto y resultado” de los casos que acosan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno y que, en los medios públicos gallegos aparecen “hasta en la sopa”. “Pueden discutir la extensión, el momento y el enfoque. Y es legítimo que lo hagan. Lo que no es legítimo es afirmar que no se informó lo más mínimo cuando la información se emitió”, insistió la directora xeral en su turno de réplica, con el convencimiento de quien se ha guardado un as para matar el tres. Hay que reconocer que lo tenía fácil, simplemente, por una cuestion de tiempo.

Seis días después de las preguntas parlamentarias

Nacionalistas y socialistas registraron sus preguntas sobre el tratamiento informativo del escándalo el 16 de septiembre, dos días después de que saliese a la luz y cuando el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, todavía guardaba silencio. No así el conselleiro, José González, quien desde el primer momento salió a responder a las preguntas, desentendiéndose de una empresa con la que dijo haber roto en 2018, cuando entró en el gobierno gallego.

Rodil mostró en la comisión titulares de aquellas jornadas procedentes de una decena de medios, incluidos varios de los editados en Madrid y con línea abiertamente conservadora, “esos con los que abren ustedes [sus informativos]”. En aquellos momentos, tanto la TVG como la Radio Galega guardaban un absoluto silencio. No fue hasta el día 22, cuando la crisis empezaba a apagarse, cuando realizó su única mención, tan desapercibida que, en palabras de Longueira, “no está en el conocimiento del mundo ni de la gente”.

“Cualquier sanción por contratación con irregularidades puede llegar a ser un hecho noticiable, pero no todas trascienden a los medios. En este caso, el hecho de que estuviese vinculada con la familia del conselleiro fue lo que la convirtió en noticiable”, argumentó Pombo, siguiendo la misma línea que la crónica televisiva. “Lo fue, sobre todo, en el ámbito político y parlamentario, y por eso fue ahí donde se trató el tema”.

“Es fascinante. Esta comisión es maravillosa y el mérito es todo suyo”, respondió una incrédula Longueira. “Tiene una capacidad inimaginable para tirar el balón fuera. No sé ni qué decirle”. Un minuto después sí lo supo y fue cuando utilizó el término “impresentable” para dirigirse a Pombo, la misma a la que, apenas unos minutos antes, la presidenta de la comisión, la popular Raquel Arias, se había referido como “profesional independiente de trayectoria intachable” para contraponerla al presidente de RTVE, José Pablo López, “amigo de Pedro Sánchez”.

Para la nacionalista Olalla Rodil, la respuesta de la directora xeral fue, sin embargo, la “mejor prueba” de la intención de la TVG: “tapar la realidad para que los espectadores conozcan la corrupción en Madrid pero que no sepan que a la familia del conselleiro de Emprego lo sancionan por tener trabajando a inmigrantes explotados”.

El comité intercentros de la Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia (CSAG, la antigua CRTVG) llama a la ciudadanía a “reaccionar” ante la “peligrosa deriva” de la TVG y la Radio Galega, que aseguran que se ha acentuado con los cambios introducidos en la programación de esta temporada. Los sindicatos denuncian editoriales de opinión que reproducen el argumentario del PP, falta de pluralidad en las tertulias y privatización de los espacios de entretenimiento. Contra esa dinámica, han vuelto a convocar a las más de cuarenta entidades que, en noviembre de 2022, demandaron en las calles de Compostela “una radiotelevisión pública al servicio del pueblo” para preparar una nueva movilización contra el “panorama desolador” de la corporación.

En un comunicado, el comité concluye que el análisis sobre la temporada otoño-invierno en los medios públicos es “desesperanzadora”, ya que “lejos de recular rente a la sostenida demanda interna contra la manipulación”, la dirección de la CSAG introdujo en el informativo televisivo Bos Días un “aparente espacio de arranque editorial, protagonizado por la periodista María Cheda, en el que en realidad se reproduce cada mañana como pura opinión el argumentario político del PP”, casi siempre “contra la oposición, sea estatal o gallega”.

Esa “utilización partidista” de los medios públicos, “prohibida por los códigos deontológicos periodísticos y la propia ley reguladora de la Corporación” se extiende también al matinal de la radio, el Galicia por diante, con la sección As Claves do día de Luis Ojea y en “todas” las tertulias de la parrilla “donde ya no existe pluralidad de voces”. Achacan esa misma situación, “con total descaro”, en el magazine de la mañana de la TVG, O Termómetro, sustituto del clásico A Revista, cuya privatización provocó una huelga que paralizó en varias ocasiones la antena y que, hasta ahora, estaba presentado y codirigido por Rocío Delgado, uno de los rutilantes fichajes del nuevo canal La Séptima.

Aquellos paros, recuerda el comité, buscaban denunciar que “el objetivo de esa externalización era favorecer la manipulación, como el tiempo vino a demostrar”. “La dirección aprovecha este formato de infoentretenimiento para colocar disimuladamente en la agenda” las “estrategias partidistas del PP”, tanto para combatir a la oposición como para “crear un estado de opinión alineado con la ideología conservadora o ultraconservadora” del partido de Feijóo y Rueda.

“Gracias a la creación, lentamente, de una redacción paralela que controla los espacios informativos y al avance sin freno de la privatización del resto de la programación –en manos de productoras que trabajan al dictadod e la dirección– ya casi no quedan minutos de radiotelevisión pública libres de injerencias”, advierten los sindicatos. Esa privatización está abriendo nuevos huecos en la parrilla de la radio donde, además de mantenerse la “contestado externalización” del programa deportivo nocturno A Penaltis, dos nuevos programas encargados a productoras –Galicia viaxeira y En boa onda– han sustituido al histórico Galicia por diante fin de semana mientras el “emblemático” Diario Cultural quedó “relegado” a sábados y domingos “a la intempestiva hora de siete a ocho de la mañana”.

Mientras, subrayan, ni la televisión ni la radio tienen “previsto” retomar el volumen de retransmisiones de eventos en exteriores “para aprovechar la existencia de unidades móviles y recuperar la presencia en directo en las calles del país. En esa ”estrategia“ de substitución del personal propio, la CSAG está reduciendo el número ”efectivo“ de trabajadores cada año, al dejar sin cobertura las plazas que van quedando vacantas por fallecimientos o jubilaciones. ”Ascienden ya a 110 de un total de 831 y se prevé que sigan aumentando“.

Es por eso que, ante un panorama que definen como “desolador”, el comité intercentros “considera necesaria una nueva reaccion del conjunto de la sociedad para exigir el rescate de la CSAG”. Eso fue lo que se hizo el 6 de noviembre de 2022, cuando más de cuarenta colectivos y organizaciones marcharon juntos por las calles de Santiago para demandar “una radiotelevisión pública al servicio del pueblo”. Casi tres años después, en septiembre de 2025, el rodillo del PP en el Parlamento tumbó la iniciativa legislativa popoular tramitada por esas entidades bajo el lema Liberemos A Galega.

“Es tiempos de volver a salir a las calles para poner el foco sobre el secuestro antidemocrático de los medios públicos. Con ese objetivo, el comité acaba de convocar a las organizaciones integrantes de esa plataforma para trabajar juntas en una nueva movilización que pueda parar la peligrosa deriva de la TVG y de la Radio Galega”, concluye el comunicado.

A estas alturas de la película, en el interior de la M-30 madrileña ya han entendido que Alberto Núñez Feijóo siempre tendrá serias dificultades para hablar, por ejemplo, de narcotráfico. No sin cierto esfuerzo y modorra, la opinión publicada de la capital comprendió que las fotos del líder del PP con el narco Marcial Dorado deberían perseguir de por vida al político gallego. La mochila que Feijóo se llevó a Madrid contiene, sin embargo, más piedras. Algunas lo invalidan para hablar sin sonrojarse de otras cuestiones cruciales en la vida política y social de nuestro país. Una de ellas es, sin duda, la gestión de los medios públicos y la influencia o manipulación informativa que la política ejerce sobre ellos. Las opiniones de Feijóo sobre la materia resultan tan poco válidas como sus disquisiciones sobre náutica o sobre nieve.

Juntemos ambos temas, narcotráfico y medios públicos, para recordar las tres preguntas que la Radio Galega le hizo a Feijóo el día que el diario El País reveló sus años de viajes y excursiones con el célebre narco: “¿Por qué se publican ahora estas fotos?”, “¿Quién está detrás de la filtración?” y “¿Va a demandar?”. Cuesta imaginar a un medio público salir en defensa de un presidente electo al que han pillado embadurnado de crema junto a un contrabandista y traficante de cocaína sin dar por hecho que ese canal no es otra cosa que una antena controlada por el político en cuestión y en la que se ejerce cualquier cosa menos el periodismo.

Esta semana que termina el líder del PP ha cargado con dureza contra Televisión Española para concluir que “es milagroso que un ciudadano que se informa a través de TVE vote a la derecha”. Tras la entrevista de Javier Ruiz a Zapatero, volvió a la carga hablando de “entrevista pactada” y “televisión del Gobierno”. Y es que Feijóo sabe que sus manejos en la Televisión de Galicia, que controló con mano férrea durante años, no están en la agenda madrileña. Casi nadie le afeará la conducta por criticar a su oponente político lo que él mismo hizo durante largos años.

Vaya por delante que la actual TVE tiene un sesgo orientado al progresismo y que periodistas como Ruiz, Cintora o Intxaurrondo no suponen diariamente el mayor desvelo para los miembros del Consejo de Ministros. Otra cosa sería decir que TVE oculta información sobre el Caso Ábalos, el Caso Zapatero o cualquier cuestión informativa que pueda incomodar al ejecutivo. En sus mesas de tertulia siempre existe equilibrio en la representación de opinadores de todas las tendencias políticas, algo que jamás ha sucedido en la Televisión de Galicia, ni con Feijóo ni con Rueda al frente del Gobierno autonómico. Si los representantes del Partido Popular no salen más en la tele es, simplemente, porque no quieren responder a las reiteradas invitaciones que los presentadores realizan hasta el aburrimiento por teléfono y, muchas veces, directamente frente a las cámaras. El problema con TVE es otro: la brillante Silvia Intxaurrondo dejó a Feijóo en ridículo con un arma tan sencilla como un dato constrastado sobre las subidas de las pensiones durante los gobiernos de Rajoy. Bastó con eso para que el líder del PP pusiera a TVE en su lista negra al grito de “penalty, manipulación”.

Para no volver a repetir lo que hemos escrito mil veces sobre la escandalosa situación en la que se encuentra la TVG, sirva una pequeña enumeración de cosas probadas que han sucedido en el canal durante los gobiernos del PP: los trabajadores llevan 427 semanas (casi diez años) protestando contra la manipulación política, se han producido condenas judiciales por represaliar a periodistas, el PP ha impuesto en el Parlamento cambios legales para renovar la cúpula de la compañia de medios públicos sin necesidad de contar con la oposición, las entrevistas/espectáculo alabando tanto a Feijóo como a Alfonso Rueda en programas de variedades se han convertido en marca de la casa...

Durante una visita de Feijóo al exitoso programa Land Rober, se preparó un trono de los siete reinos a imagen y semejanza del que conocimos por la afamada serie Juego de Tronos. Lo pusieron ahí para que Feijóo se sentase, con su cabeza coronada por las espadas de los enemigos vencidos. En otro momento de aquella bochornosa entrevista, el presentador tomó un teléfono para llamar a Punta Cana y contactar con Julio Iglesias, que dejó para la memoria la siguiente frase sobre Feijóo: “Tiene madera para ser campeón de España”.

Ni siquiera Manuel Fraga, en sus años de poder indiscutible al frente de la Xunta, tuvo el descaro de Feijóo sobre los medios públicos. Así quedó de manifiesto en la noche electoral de las autonómicas de 1989. El periodista Xosé Manuel Maseda se acercó al exministro franquista y le espetó: “¿Qué, Don Manuel, cómo va nuestra campaña?”. Fraga, que detectaba el riesgo del halago de un subordinado a la legua, respondió: “Oiga, Maseda, que yo sepa la TVG no se presenta a estas elecciones”.

Pese a todo lo anterior, Alberto Núñez Feijóo ha decidido que tiene derecho a opinar sobre el control de los medios públicos. En realidad, y contra la tesis inicial de este artículo, sí lo tiene: es todo un experto.

La Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia, antigua CRTVG y que agrupa a la TVG y a la Radio Galega, intentó imponer al cuadro de personal un “protocolo general que tiene como objeto la tramitación de las medidas de conciliación” sin abrir negociación con la representación sindical. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha tumbado la iniciativa, condenado a la empresa pública por vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical, anulado el documento y obligado a indemnizar a los sindicatos que habían presentado la demanda: CUT, UGT y Comisións Obreiras.

Según la sentencia, dictada por la Sala de lo Social, “cualquier documento de este tipo que afecte de forma colectiva a las condiciones de trabajo de la plantilla debe pasar obligatoriamente” por la mesa de negociación o el comité intercentros “en virtud del derecho a la negociación colectiva”. La cúpula de la compañía quiso evitar el trámite al enviar un texto a las centrales, “una propuesta de instrumento de ordenación de las solicitudes de conciliación de la vida personal, laboral y familiar”, y conceder 15 días para presentar alegaciones. Los sindicatos se negaron, amparándose en el Estatuto de los Trabajadores.

La empresa insistió en su táctica y el comité intercentros -del que forman parte CUT con cinco delegados, CIG con tres, UGT con 2, USO y Comisións uno cada uno- replicó con una propuesta de apertura de mesa de negociación. La empresa se negó y anunció que aplicaría unilateralmente el protocolo. Ahora el Tribunal Superior “considera que no es legalmente posible que la CSAG imponga unilateralmente un protocolo de conciliación sin abrir una negociación colectiva con el comité intercentros”. “Existe, por tanto, una vulneración del derecho a la negociación colectiva y del derecho a la libertad sindical”, concluye.

La sala deja sin efecto el mencionado documento y obliga a la CSAG a pagar 7.501 euros a cada uno de los tres sindicatos denunciantes en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Contra la resolución, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Este periódico ha solicitado una valoración de la sentencia a la compañía pública gallega, pero de momento no ha recibido respuesta.

La TVG sigue sin encontrar un suelo firme que frene su caída de audiencia. La temporada 2025-2026, que se cerró este fin de semana, ha sido la peor en los más de cuarenta años de historia del canal público gallego. Los datos medidos por Fifty5Blue –la antigua Kantar Media– y recopilados por Barlovento Comunicación lo dejan por primera vez por debajo del 8% de share tras perder seis décimas, con las que acumula una caída de 2,9% en tres cursos televisivos. Y todo indica que no será la última mala noticia que reciban esta semana en la sede de San Marcos. Con sólo dos días por contabilizar, junio se perfila como otro hito negativo: nunca antes se había cerrado un mes por debajo de los 7 puntos y la media de los primeros 28 días no supera el 6,7%.

El balance de Barlovento recoge los resultados de los audímetros desde el pasado 1 de septiembre hasta este domingo, 28 de junio. Durante esos diez meses se ha registrado un número de espectadores récord en el conjunto del Estado: el 99% de la población, 47,1 millones de espectadores únicos, ha visto la tele en el algún momento, lo que supone la mejor cifra desde que existen datos. Es en ese contexto –en el que el conjunto de las autonómicas logra un mínimo repunte (+0,1%)–, en el que se encuadra el desplome de una TVG, que resta y sigue. La temporada 23-24 se cerró con un 9,5% de audiencia. La siguiente, tras un bajón de un punto, con un 8,5 que ahora se hunde hasta el 7,9%. Es, también, la primera vez que se sitúa por debajo de la media de la FORTA (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos).

La que acaba de finalizar es la primera temporada completa de la nueva directora xeral, Concepción Pombo, al frente de la CSAG, la denominación que estrenó la CRTVG debido a la nueva ley que permitió el relevo, tras 16 años en el cargo, de Alfonso Sánchez Izquierdo. Una normativa que acentuaba el control político de los medios públicos al permitir nombrar a la máxima autoridad de la corporación a dedo, sólo con la mayoría absoluta de la que goza el PP en el Parlamento de Galicia.

Este martes, Pombo cierra el curso compareciendo ante la Cámara. El BNG tiene previsto preguntarle por las audiencias de los nuevos formatos con los que ha intentado, sin éxito, levantar cabeza. Los socialistas, por su parte, se interesarán por la condena a la productora de Roberto Vilar –presentador estrella de la casa– por el despido improcedente y el sueldo por debajo de convenio a uno de los guionistas de su programa, pese a que el espacio dispone de un presupuesto millonario.

La tendencia de TVG rompe con la del bloque de cabeza de las televisiones integrantes de la FORTA. La clasificación queda liderada una vez más por TV3 con un 14,5%. El canal catalán sube cuatro décimas, las mismas que gana Aragón TV para alcanzar el 12,5% de share y firmar su mejor temporada histórica. El tercer puesto del podium es para Canal Sur, que iguala el 9,4% del curso pasado, ETB2 sube hasta el 9% tras ganar un 0,7%, prácticamente lo mismo que pierde una TVG amenazada por el 7,6%) de la televisión canaria, tras un salto de dos puntos. La mayor caída tras la gallega es la de A Punt (0,3%). Ninguna de las cadenas con saldo negativo llega al 5% de share.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se pone de perfil en los asuntos que en los últimos meses han cuestionado la buena marcha de los medios públicos gallegos. La última vez que dio un toque de atención a la CSAG, antes CRTVG, fue en noviembre de 2025, como reacción a los malos datos de audiencia. Este lunes ha rechazado pedir explicaciones por la relación entre la TVG y la productora de Roberto Vilar, su estrella televisiva. La empresa ha sido condenada por despido improcedente e impagos a un guionista del programa Land Rober. Rueda le ha quitado importancia: “Seguro que no será el único caso”.

El jefe del Gobierno gallego evitó este lunes dar su opinión sobre el asunto y se remitió a que no conoce los pormenores, a que la cuestión ya ha sido vista por una jueza y a que no hay una relación contractual directa con los medios públicos.

La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condena a Destino Bergen, que es la productora de Vilar, a pagar una cantidad superior a 40.000 euros a un guionista de Land Rober-Tunai Show por haberlo despedido de forma improcedente en 2024 y por pagarle menos de lo que fija el convenio estatal del sector audiovisual. La empresa trató de justificar en el proceso judicial que las cantidades asignadas de las arcas públicas para hacer el programa se adjudicaron a CTV, que es otra productora, y que esta subcontrataba después los servicios. La intención era hacer pasar el espacio por uno de tramo medio, dado que el sueldo de los escritores varía según el tramo.

El sindicato de guionistas ALMA ha criticado que esta situación se dé precisamente en los medios públicos, que consideran que deben ser “el ámbito en el que de manera más clara y más pulcra se cumpla con la ley, y el convenio colectivo es parte de la ley”. Rueda no ha hecho comentarios sobre este punto.

“Preocupantes declaraciones”

El sindicato de guionistas ALMA reaccionó a las afirmaciones de Rueda, que calificó de “preocupantes”, recordando que el convenio laboral tiene fuerza de ley y es de obligado cumplimiento. Y le ha pedido al presidente gallego que, si como ha dicho, está seguro de que no es el único caso, tome las medidas de su competencia que eviten estos incumplimientos.

Además, insisten en que las televisiones públicas deben garantizar “con el máximo celo que se respeten los derechos de las personas que trabajan para ellas y bajo su responsabilidad”.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado a Destino Bergen, la productora del presentador y humorista Roberto Vilar, a abonar más de 40.000 euros a un guionista del programa Land Rober-Tunai Show, el espacio estrella de TVG, al que despidió de forma improcedente en 2024 y al que pagaba por debajo de lo que establecía el convenio estatal del audiovisual. Sólo entre enero de 2023 y octubre del año siguiente, el programa –del que es coproductor– costó a las arcas públicas casi siete millones de euros. La sentencia es firme y ante ella no cabe recurso.

El guionista, con 27 años de experiencia en el sector y que había trabajado en formatos como El Intermedio o Caiga Quien Caiga, era uno de los cuatro escritores con los que contaba el late night, hoy reconvertido de semanal a diario –de lunes a jueves–, bajo su nueva denominación como Land Rober-Máis show. Tres de los guionistas se encargaban de los sketches, uno por cabeza, mientras que la cuarta persona se ocupaba de escribir la continuidad. Pese a que su labor era crear escenas de humor, el demandante estaba contratado desde 2021 como guionista de no ficción. Esta categoría cuenta con una tabla salarial más baja que la del guionista de ficción, un asunto en el que la jueza de lo Social no entró. El argumento de la productora para su despido por causas organizativas, admitiendo desde el inicio que era improcedente, fue la reducción de tres a dos números cómicos por programa. Una explicación que no se creen ni el afectado ni su defensa.

“Eso fue un paripé”, asegura en conversación con elDiario.es el abogado Raúl Curto, representante legal del sindicato de guionistas ALMA. Curto cree que Destino Bergen no quería hacer frente a los nuevos salarios aprobados en convenio, que incluían la actualización de los atrasos de forma retroactiva desde 2022, y que por eso decidió prescindir de uno de sus trabajadores. “Le tocó a él”. La jueza de lo social tampoco dio crédito a las explicaciones de la productora: “No desvirtúa las afirmaciones de la demanda de que el programa Land Rober-Tunai Show funcionaba perfectamente con excelentes datos de audiencia y su emisión estaba garantizada para la siguiente temporada”. La indemnización por aquel despido apenas superó los diez mil euros pero, una vez fue firme, abrió la puerta para reclamar el impago de cantidades pendientes.

En el momento en el que fue puesto en la calle, en julio de 2024, el guionista cobraba un salario bruto mensual de 3.415,39 euros. Según el convenio estatal, el sueldo de aquel año para un guionista en un programa del presupuesto de Land Rober era de 4.172,53 euros. Su nómina no alcanzaba ni siquiera a la actualización retroactiva para 2022, fijada en 3673,81 euros.

El tramo más alto de presupuesto

El convenio establece tres tramos para los sueldos de los guionistas, según el coste del espacio en el que trabajen. En aquel momento, el más bajo incluía a programas con presupuestos inferiores a 40.000 euros por temporada o 5.000 por capítulo. El medio, los que iban de 40.000 a 2.500.000 de euros por temporada –o entre 5.000 y 300.000 por capítulo– y el tramo alto, para aquellos que superaban los 40.000 euros por entrega y los 2,5 millones de euros por temporada. El sueldo de un escritor oscilaba así, según el tramo, desde los 2.347,05 a los 3.129,39 y, por último, los 4.172,53 euros.

La defensa trató de hacer pasar a Land Rober por un programa del tramo medio para justificar el bajo salario del guionista despedido. Pero esa estrategia se vino abajo ya que TVG es un medio público y, por tanto, también lo son todos sus contratos. El abogado del trabajador reclamó esa información a la CRTVG y pudo acreditarla en la sala.

Entre el uno de enero de 2023 y el 31 de octubre de 2024, Land Rober costó al erario público 6.842.442,51 euros (IVA incluido), lo que lo coloca con holgura en el tramo más elevado. La empresa de Vilar trató de justificar que esas cantidades se le adjudicaban a otra productora, CTV, que era quien después subcontrataba con ellos servicios –“el artista, el público, el contenido del programa”– por un montante total que su representante legal no aclaró. No funcionó: la jueza se remitió al coste total del espacio, tal y como recoge el convenio, y condenó a Destino Bergen a indemnizar al guionista despedido con 41.748,15 euros, cuatro veces la cifra inicial, al tener en cuenta los atrasos.

Vilar no se rindió y presentó recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Tumbado el argumento del tramo salarial del programa, probó una nueva táctica: tratar de demostrar que el guionista no tenía derecho al sueldo completo porque su jornada “efectiva” no era completa, sino de sólo 33 horas semanales. La Sala de lo Social lo desestimó al considerar que la jueza de instancia “da por acreditado que la jornada era a tiempo completo y fija también el salario correspondiente”. Destino Bergen tuvo que hacerse cargo de las costas. elDiario.es se ha puesto en contacto con la productora pero no ha obtenido respuesta a su solicitud de información.

ALMA exige más control a las televisiones públicas

Curto considera la sentencia “un precedente” en el sector. Lo mismo opina el sindicato de guionistas ALMA, con más de un millar de profesionales asociados, que pone el foco en el carácter público de TVG. “Las televisiones públicas tienen que ser el ámbito en el que de manera más clara y más pulcra se cumpla con la ley, y el convenio colectivo es parte de la ley”, aseguran a elDiario.es. “Cuando se financian producciones audiovisuales con dinero público, los derechos laborales deben respetarse escrupulosamente y es necesario que las televisiones y administraciones públicas pongan los medios para asegurar que se hace.”

Además, la central sindical recuerda que los salarios de los guionistas son “los únicos del convenio que van ligados al presupuesto de producción”, a pesar de que sus equipos tienden a ser “los más pequeños”. “Además de no ser legal, tampoco es serio escudarse en el presupuesto para incumplir el convenio. Los salarios de guión se adecúan a los distintos tramos de presupuestos y si una productora no tiene dinero para pagarlos, quizá habría que revisar cómo gestiona ese presupuesto”, concluyen.

Villar es, desde hace años, el rostro estrella de la TVG. En su programa lanzó su precampaña Alfonso Rueda, quien llegó a copiar una de sus frases más conocidas como eslogan de su primera carrera hacia la Xunta. Desde el arranque de esta temporada, Land Rober se emite en el acces prime time de lunes a jueves, en competencia directa con El Hormiguero y La Revuelta, y se ha convertido en la gran baza de audiencia de una cadena pública que tampoco en mayo levantó cabeza: 7,5% de share, tercera peor marca de su historia, cuarta opción en Galicia y sexta en la Forta.

Esa dependencia de Vilar –que hasta otoño hizo doblete por las tardes con el desaparecido Quen anda aí?– ha propiciado que TVG le encargue un nuevo programa, esta vez sólo como productor. Se trata de Como ser feliz?, un espacio para la noche del domingo con ecos al Moros y Cristianos de Xavier Sardá. En las dos primeras entregas, entre los invitados que explican a los asistentes la fórmula de la felicidad han aparecido coaches que realizaron todas sus intervenciones en castellano, el economista Miguel Anxo Bastos, admirado por Milei, o los Mozos de Arousa, liderados por el diputado Raúl Santamaría, único candidato a presidir las Novas Xeracións del PP en Pontevedra.

Sucedió en directo, en el plató de Tarde piaches, el nuevo programa de las tardes del fin de semana en la TVG, y en pleno Día das Letras Galegas. Mientras la Xunta, que lleva siete meses de retraso en la presentación de su anunciado Pacto pola lingua, culpa de la constante caída de hablantes de gallego a la llegada de inmigrantes, la televisión autonómica optó por montar una tertulia con personas de cinco países que viven en Galicia y hablan su lengua. Una de ellas era la filóloga estadounidense Ali Briere, que fue interrumpida por la presentadora, Silvia Jato, cuando expresaba el “luto” que sentía por “la pérdida de la lengua gallega que está pasando ahora mismo”, un asunto siempre incómodo para la administración Rueda y por el que los medios públicos pasan de puntillas.

“No, pero ¿sabes lo que pasa, Ali?”, intervino apresurada Jato. “Que pienso que para eso estamos todos, ¿no? Estamos todos hablando la lengua gallega, estamos intentando hacer programas que la gente comparrrrrta –improvisaba, remarcando mucho las erres– estas tardes”. “Hoy es el Día das Letras Galegas, los gallegos somos muy fiesteros”, continuó como si en lugar de conmemorar la publicación de Cantares gallegos estuviese leyendo el pregón de alguna celebración gastronómica. “Nos gusta muchísimo poner por encima de todo nuestras tradiciones” –el 17 de mayo se conmemora desde 1963– “y eso de verdad que no se pierde, ¿verdad Masa?”.

Jato intentó introducir en la conversación a Masakasu Shida, otro de los participantes en la tertulia, al que apenas le dio tiempo a articular un tímido “sí, sí...” mientras ella continuaba: “Somos muy apegados a nuestra cultura y, pase lo que pase, la tradición es una de nuestras banderas”. Briere no se arredró por el discurso y aprovechó la pausa de la presentadora. “Pero no sin la lengua, que es por obra y gracia de ella que sois gallegos”, apostilló parafraseando la histórica frase de Castelao en su ensayo Sempre en Galiza, considerado la obra capital del nacionalismo gallego. “Hombre, por supuesto”, recogió Jato. “Somos gallegos de arriba a abajo y si llueve es porque queremos”.

Poco después, la conversación llevó a otro tópico: la morriña. En su turno, la estadounidense afirmó que, si volviese a casa, la pondría “muy triste” no poder hablar la lengua de Galicia, “pero eso también podría pasar aquí si con las nuevas generaciones no creemos en el gallego como lengua social”, insistió. “Ali, Ali, Ali, a ver...”. A Jato cada vez le costaba más disimular, así que citó –en castellano– a Van Gaal. “Hay un entrenador de fútbol que decía, nunca negativo, siempre positivo, o algo así, no sé qué decía Van Gaal. Pero sé positiva, Ali, por favor, que voy a salir de aquí llorando”. “Bueno, las cifras no son muy positivas...” empezó Briere, pero la presentadora ya le había pasado la palabra a otro de los invitados.

La filóloga todavía le daría un disgusto más a la presentadora, justo al final de la entrevista. Jato pidió a los cinco invitados que tradujesen el título del programa a su idioma. Briere prefirió darle la vuelta y optó por un dicho que también tiene base ornitológica. Frente al Tarde piaches (tarde piaste), optó por “the early bird gets the worm” –el equivalente anglosajón al castizo a quien madruga, Dios le ayuda– y le añadió como colofón: “Defende a Galega”, el lema de la plataforma que desde hace 417 venres negros pide el fin de la manipulación informativa en los medios públicos.

Precisamente, este último viernes, Defende centró su reivindicación en la figura de Begoña Caamaño, la protagonista del Día das Letras quien además de escritora, fue periodista de la Radio Galega, donde llegó a presidir su comité interempresas. En la mañana del domingo, en la manifestación de la plataforma Queremos Galego contra la politica lingüística de la Xunta, su coordinadora, Celia Armas aseguró desde el escenario que “Begoña Caamaño estaría hoy aquí con nosotros, porque ya estuvo muchas veces”.

“Rigor, honestidad, lengua, perspectiva de género, compromiso… y, por encima de todo, periodismo como servicio público. Esos son los medios de comunicación que queremos. Los que Begoña Caamaño siempre defendió. ¡Este venres negro va por ti, Begoñísima!”, aseguraba Defende en el mensaje que sus integrantes repicaron en las redes sociales.

En los tiempos dorados de la TVG, cualquier crítica sobre la calidad de su programación o el uso partidista de sus informativos era acallada utilizando dos argumentos: las aplastantes audiencias y la solvencia económica. Hoy, después de que el número de espectadores haya caído hasta mínimos históricos, el Consello de Contas –el órgano fiscalizador de la administración autonómica– ha constatado que, por el contrario, su coste para los gallegos despega casi en la misma proporción.

En menos de dos años y medio, la televisión autonómica ha perdido un tercio de sus espectadores. Finalizó 2023 con un promedio del 11% de share. En abril de 2026, último mes completo auditado por Fifty5Blue –la antigua Kantar Media–, esa cifra había caído un 33%, hasta el 7,4%, la segunda más baja en sus cuarenta años de historia.

A finales del mismo mes de abril, el Consello de Contas hacía público el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma para el año 2024. En ese ejercicio, la factura de la corporación de medios públicos, la CRTVG –hoy CSAG– se elevaba a los 132,86 millones de euros, un 11,6% más que el año anterior (119 millones) y un 28,71% por encima de los 103,22 millones del año 2021. 2024 fue el año en el que las audiencias tocaron fondo con un mínimo histórico del 8,6% de share, un récord negativo que sólo duraría doce meses. 2025 se cerró con dos décimas menos.

En 2024, según el Instituto Galego de Estatística (IGE), existían en Galicia 1.108.583 hogares, con una media de 2,43 habitantes en cada uno de ellos. Con esos datos como referencia, el coste de la CRTVG para los contribuyentes gallegos fue entonces de 119,84 euros al año por hogar, es decir, 9,9 euros al mes. Ese año, Netflix actualizó sus tarifas en España y dejó la suscripción básica, con anuncios, en 5,49 euros, hoy 8,99. Si la comparativa se traslada a la cadena pública de referencia en Europa, la BBC –creadora de franquicias de éxito internacional como Dr. Who o Top Gear–, recibió 159 libras de cada hogar británico durante el mismo período. Al cambio, unos 16 euros al mes.

La corporación de medios públicos de Galicia, según los datos del propio Consello, se nutre de una doble financiación: cubre un 6% de su presupuesto con ingresos publicitarios y ventas mientras que el 94% restante lo asumen los presupuestos de la comunidad autónoma. La fórmula elegida para hacerlo ha sido criticada de forma reiterada por el órgano fiscalizador, ya que la intervención de la Xunta considera los déficits de explotación de la CSAG como activos financieros en lugar de gasto no financiero. Pese a las alegaciones presentadas al informe, Contas se mantuvo firme en su criterio.

La cuestionada externalización de directos

Dos meses antes, en febrero, el Consello de Contas ya había “cuestionado” la eficiencia de la externalizacion del servicio de directos de la CSAG. En su informe, alertaba de los riesgos de “infrautilización” de los recursos propios y de los ajustes de precio. La fiscalización concluyó que “ni los informes de los expedientes ni la documentación posterior remitida por la Corporación” permitieron demostrar adecuadamente la inexistencia de medios propios, un “requisito imprescindible” para justificar esa externalización.

A esto suma la falta de motivación “suficiente” de la elección de los criterios de adjudicación, con formulaciones “abiertas e imprecisas” que “incrementan la discrecionalidad” en la valoración. En los contratos de 2021 y 2023 se concedieron prórrogas extraordinarias “sin respetar los requisitos y plazos establecidos por la Ley de Contratos”: no se publicitaron en el perfil del contratante.

El Consello critica que el abaratamiento de las tecnologías no se notase en el coste del servicio. Si, inicialmente, el 95% de las conexiones se realizaban por satélite, a través de unidades móviles, en 2023 y 2024 la tendencia se invirtió a favor de las mochilas de telefonía móvil, mucho más baratas. Sin embargo, este cambio “no se acompañó de una reducción en el precio de adjudicación ni se tradujo en un incremento de las conexiones en directo”, lo que, al órgano fiscalizador, le genera “dudas” sobre los principios de eficiencia y economía.

Aunque la CSAG afirmó que prestar el servicio con medios propios costaría 2,6 veces más que externalizarlo, Contas duda de esa eficiencia en la contratación por dos factores principales. Uno, el riesgo de infrautilización de recursos propios, ya que no obtuvieron “constancia de la utilización efectiva de los recursos humanos y materiales existentes” que podrían destinarse a este objetivo. El otro, que el precio global del contrato se base en el derecho al uso de dos unidades móviles vía satélite, un método detrimento frente a las económicas mochilas 4G/5G. Preguntada en el Parlamento por este informe, la directora xeral de la CSAG, Concepción Pombo, respondió que la externalización “se ajustaba a la legalidad”.

Este lunes, TVG anunció en redes su 'talent show' 12 puntos con el que buscará “llevar el gallego a Eurovisión por primera vez”. Lo hizo menos de 24 horas después de que se desplegase en Viena la 'alfombra turquesa', el pistoletazo de salida a la que ya es conocida como la edición de la vergüenza del festival. En la promoción de su nuevo programa, la televisión gallega utilizó imágenes de la actuación de Tanxugueiras en el Benidorm Fest, donde fueron finalistas, pese a que el trío ha pedido que se vete la participación de Israel por el genocidio al que somete al pueblo palestino, una masacre que ha provocado que cinco países, liderados por España, se hayan negado a concursar en el 70 aniversario del certamen. Lo que no cuenta la publicidad es que, al no formar parte de la Unión Europea de Radiodifusión, TVG no puede concurrir “directamente” en Eurovisión por lo que, en realidad, el espacio busca tan sólo ser “una plataforma de visibilidad” para los artistas gallegos. El comité intercentros cree que esa estrategia publicitaria “carece de la más mínima ética” y se basa en el “oportunismo más mezquino”.

El pasado 24 de abril, el primer vídeo en redes lanzaba el cebo: “El gallego tiene que sonar en Eurovisión y vamos a hacer lo imposible para lograrlo”. Con la maquinaria eurovisiva ya en marcha en Viena, TVG ha resuelto las dudas: “Si te gusta cantar o componer temas en gallego, prepárate porque llegó tu oportunidad. Queremos que el gallego llegue por primera vez a Eurovisión y te necesitamos. ¿Quieres intentarlo?”. El vídeo mezcla temas de artistas como 9Louro, Fillas de Cassandra o Juan Pardo y Xil Ríos antes de mostrar la bandera gallega y el logotipo oficial del certamen sobre la actuación de las Tanxu. A continuación, detalla la forma de participar: mandar un correo electrónico con el nombre completo, número de teléfono, un vídeo con 30 segundos de interpretación a capela para los cantantes y, para los compositores, el tema cantado con su letra. “Apúntate, que queremos darte twelve points”.

Esos doce puntos de su futuro programa son los únicos que está en condiciones de ofrecer la TVG. A preguntas de esta redacción, un portavoz respondió que “la TVG no forma parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y, por lo tanto, no puede participar directamente en el Festival de Eurovisión”. En el mismo correo electrónico, explica que esta iniciativa “tiene como objetivo reforzar la presencia de la música en gallego en plataformas de gran proyección estatal e internacional, siguiendo el camino abierto en los últimos años por artistas y formaciones gallegas que demostraron la capacidad de nuestra lengua para conectar con públicos amplios”.

En este “nuevo formato musical”, que se emitirá en verano, participarán “bandas e intérpretes con temas originales en gallego”. “La finalidad es ofrecerles una plataforma de visibilidad y apoyo profesional que les permita acceder a espacios como el Benidorm Fest y continuar ampliando la presencia de la música gallega en los grandes escaparates audiovisuales”. “La actuación de la CSAG en este ámbito se centra en la promoción de la cultura gallega, de la creación musical propia y del talento artístico del país”, concluye la respuesta.

“Vender el alma al diablo de la audiencia”

“Es como una broma de muy mal gusto. Desde dentro provoca incluso vergüenza”. La presidenta del comité intercentros, Raquel Lema (CUT), no daba crédito a la utilización de Eurovisión con este telón de fondo. “A medio camino entre el oportunismo más mezquino –que se hable de la TVG aunque sea, otra vez, para mal, y en el contexto del genocidio palestino– y en contraposición con la retirada de TVE, con la que últimamente todo se confronta, desde las audiencias hasta la manipulación”.

Lema cree que, si a la dirección de la CSAG –la antigua CRTVG– le preocupase la lengua gallega “no habrían modificado la ley reguladora de los medios públicos para abrir la puerta a las emisiones en idiomas difererentes”. Tampoco habrían “prácticamente desmantelado” el departamento lingüístico, “donde hace muchos años que no se contrata ni sustituye” ni tampoco “favorecerían el desembarco de una productora andaluza para copiar aquí un programa que lleva años emitiéndose en Canal Sur”. “La música y la lengua gallega merecen otro tratamiento”, reclamó.

“Es venderle el alma al diablo de la audiencia”, añadió, en referencia a los malos datos del canal, que en marzo y abril obtuvo, por dos meses consecutivos, el segundo peor resultado mensual de su historia. “Si Eurovisión es una de las realidades musicales más penosas y lamentables jamás inventadas, meterte en el vagón de cola para intentar que te caiga algo de limosna resulta patético”. Como conclusión, aseguró que “si ese es su concepto de éxito, cuanto más lejos, mejor; y si es una estrategia publicitaria, carece de la más mínima ética”.

En los dos vídeos promocionales, TVG usa imágenes de las Tanxugueiras y subraya que, en 2022, el gallego se quedó “a nada” de llegar a Eurovisión. En aquella ocasión, el trío de cantareiras arrasó en el voto del público, con más del 70%, y sólo la decisión del jurado profesional hizo que la representante de España fuese Chanel Terrero. Su canción, SloMo, finalizó tercera de una edición en la que arrasó Ucrania, recién invadida por una Rusia expulsada del certamen. Entonces no hubo “ningún momento” en el que la organización “dudase” cómo actuar, recordaba hace unos meses Sabela Maneiro, una de las Tanxugueiras. Sin embargo, ahora que Israel “está cometiendo un genocidio” se le permite presentarse. Para ella, eso “es un lavado de cara hacia un país que está masacrando a otro”.

Este mismo lunes, una investigación de The New York Times demostró cómo el gobierno de Netanyahu utiliza el festival como plataforma y que, “al menos desde 2018”, utilizó dinero para influir en el televoto de algunos países. La información, recogida por EFE, se centra en el caso de España donde, según sus conclusiones, “habrían bastado unos pocos cientos de personas para asegurar la victoria en el televoto, lo que lo hace más susceptible a la influencia de campañas gubernamentales que las que los organizadores han reconocido”. En abril de 2025, tres meses antes de que la nombrasen portavoz del PP en el Congreso, la diputada Ester Muñoz escribía en la red social X: “Otro año que voy a votar a Israel sin haber escuchado la canción”. En esa edición, la representante israelí, Yuval Raphael, obtuvo según el Times un tercio exacto del televoto registrado en España, un 33,34 % –unos 47.570 votos– , cinco veces por encima del segundo clasificado, Ucrania, que se quedó en el 6,74 % y 9.620 votos.

Para el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, RTVE es “Tele Pedro”. El ente público que desde hace meses registra las mejores audiencias de los últimos lustros es, a juicio de los populares, “propaganda 'sanchista' pagada por todos los españoles”, hasta el punto de que el partido ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para crear una comisión de investigación en el Senado sobre RTVE, la séptima comisión de este tipo creada en lo que va de legislatura en la Cámara Alta. Pero mientras el equipo de Feijóo pone el grito en el cielo por los programas y contenidos de la televisión estatal, el PP controla con mano de hierro las televisiones autonómicas de las comunidades en las que gobierna, donde acumula quejas y denuncias, no solo por el trato a sus respectivos trabajadores, sino también por la politización y la manipulación de sus contenidos, siempre para favorecer los intereses de la derecha.

Uno de los ejemplos más paradigmáticos es el de Telemadrid, la televisión pública madrileña que ha llegado a difundir noticias falsas de pseudomedios contra el Gobierno y minimiza los escándalos de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. A todo ello se suman las recientes purgas de periodistas que se resisten a repetir las consignas de la Puerta del Sol, mientras Telemadrid se encuentra hundida en audiencias, especialmente desde que la controla el Ejecutivo autonómico.

El asalto de Ayuso a Telemadrid culminó hace unos años, en 2022, cuando el PP impulsó una segunda reforma de la ley de Radio Televisión Pública solo nueve meses después de la anterior gracias al apoyo de Vox. De esta forma, sorteaba el último escollo que le quedaba para nombrar a un director general definitivo en Telemadrid sin la necesidad de consensuarlo con el resto de partidos, como ocurría hasta entonces.

El elegido fue José Antonio Sánchez, un reconocido militante del PP —así lo admitió en el Congreso cuando con el Gobierno de Rajoy presidió RTVE— que en su mandato acumula varios titulares. Entre sus hazañas están el corte de la programación para retransmitir en directo la boda del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, el envío de un reportero para hacer preguntas a Ayuso en el desfile del pasado 12 de octubre orientadas a atacar a Pedro Sánchez o la cobertura mediática de los viajes de la presidenta a ciudades como Nueva York.

El Tribunal Constitucional estimó hace un mes el recurso de amparo que presentó el PSOE contra la reforma de 2022 que permitió al PP controlar Telemadrid sin el resto de las fuerzas políticas de la comunidad. La sentencia anuló los acuerdos de la Mesa y el Pleno de la Asamblea de Madrid y reconoció que se vulneró el derecho fundamental de los diputados recurrentes, aunque no entró a valorar el contenido de la reforma, solo su procedimiento. Pero este no es el único toque de atención de los tribunales al control de Ayuso de la televisión pública. En 2023, el Supremo declaró ilegal la purga de la presidenta autonómica y obligó a indemnizar al exdirector de informativos, Jon Ariztimuño, por un despido que la Justicia ahora considera improcedente.

Otras salidas forzosas de distintos cargos también fueron ejecutadas de forma regular. José Antonio Sánchez fue el responsable de un ERE por el que despidió al 74% de la plantilla, 860 trabajadores, todo ello con el fin de sacar de los despachos a la dirección y cargos intermedios que habían llegado en 2015 tras el acuerdo del PP de Cristina Cifuentes con Ciudadanos.

Audiencias hundidas en la TVG

Como con Telemadrid, en el caso de la Televisión de Galicia (TVG) la audiencia se ha convertido en la peor pesadilla de sus responsables y del gobierno de la Xunta de Alfonso Rueda. 2024 (8,6% de share) y 2025 (8,4%) fueron los dos años con menos espectadores en sus cuatro décadas de vida, pero la caída no se frena: en marzo se quedó en el 7,5% —segundo mes más bajo de toda su historia— y en abril aún más bajo, el 7,4%. Acostumbrada a ser segunda en la FORTA (la organización que agrupa a todas las televisiones autonómicas), solo por detrás de la todopoderosa TV3 de Catalunya, es a día de hoy sexta entre las autonómicas y la cuarta opción para los espectadores gallegos.

La dirección de la CSAG —antigua CRTVG— ha declarado una guerra abierta a los audímetros. En un comportamiento inédito en las televisiones, ha decidido abrazarse a un EGM que sí la coloca de primera mientras rechaza las mediciones de Fifty5Blue, a quien acusan de “desviaciones” que han sancionado. Los cambios constantes en la programación —el último previsto, la sustitución del vespertino Quen anda aí? por una versión galaica de La tarde de Juan Y Medio en Canal Sur—, de momento, no han conseguido invertir una tendencia que provocó incluso un toque de atención público del presidente de la Xunta. La única excepción a esa tendencia parece ser el paso del late night Land Rober a un formato diario, de lunes a jueves, en competencia con La Revuelta y El Hormiguero.

Mientras, la línea informativa marcada por las acusaciones de manipulación —los venres negros de Defende a Galega superan ya los 400— arrastra en esa caída a los telexornais. La última polémica ha sido el tratamiento de la moción de censura de Lugo. Presentadores y periodistas tiran una y otra vez de eufemismos para evitar llamar tránsfuga a la exconcejala socialista que entregará la alcaldía al PP, evitan ofrecer cualquier contexto de las circunstancias del Ayuntamiento —donde han muerto tres concejales socialistas, incluida la alcaldesa, en poco más de un año— y dan voz a plataformas vecinales próximas a los populares creadas de forma exprés para respaldar una iniciativa que ha provocado un enorme rechazo ciudadano.

La consagración de este modelo —con el nombramiento como directora xeral de la que ha sido responsable de las noticias durante los últimos ocho años, Concepción Pombo— viene acompañada de reveses judiciales, como la condena en el TSXG a la corporación por represaliar con un traslado forzoso a una periodista crítica. Una situación que vivieron varias compañeras, por lo que el fallo podría no ser el último.

Todo esto sucede cuando la ley que impulsó el PP para efectuar en solitario el relevo en la dirección xeral —sin necesitar una mayoría cualificada en el Parlamento— aún no ha cumplido su primer año de vida. El texto borraba de un plumazo órganos de control previstos en la anterior norma —como el consejo de informativos o el comité de redacción— y que nunca habían llegado a funcionar. El Consello de Administración, por su parte, que debe renovarse en julio, lleva siete meses “bloqueando” la cobertura de la vacante en representación del PSdeG.

“Dictado de noticias” en À Punt

En la Comunitat Valenciana, el 25 de abril de 2018, apenas cuatro años y medio después de que la señal de Canal 9 se fuera a negro por orden del Gobierno del popular Alberto Fabra, el Consell del Botànic (formado por PSPV y Compromís, con el apoyo parlamentario de Podemos) echaba a andar de nuevo la nueva radiotelevisión valenciana: À Punt. Pero con la llegada de nuevo a la Generalitat del PP, con Vox como compañero de viaje, la derecha y la extrema derecha maniobraron para hacerse con el control del ente público autonómico.

Una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo Gobierno del PP y Vox fue la aprobación de la nueva ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, lo que fue criticado tanto por la oposición como por la Unió de Periodistes, que lo considera “una vuelta al modelo de televisión partidista, sin control independiente de su contenido”.

Además, los periodistas de la cadena han denunciado reiteradamente la manipulación, las presiones y el “dictado de noticias” por parte de la dirección de informativos, cuya gestión han llegado a reprobar. La toma de decisiones controvertidas, como entregar un programa en horario de máxima audiencia al actor y expolítico Toni Cantó —espacio que fue cancelado por sus audiencias irrelevantes— o programar una corrida de toros histórica coincidiendo con la masiva manifestación que pedía la dimisión del expresident Carlos Mazón con motivo del primer aniversario de la dana del 29 de octubre de 2024, han provocado una pérdida del prestigio y las audiencias de À Punt (a excepción de momentos puntuales, como las Fallas), cuyos informativos han perdido el pulso frente a la programación territorial de RTVE.

Protestas y dimisiones en Canal Sur

La contratación de cinco redactores para Canal Sur al margen de las bolsas de trabajo o de otros mecanismos reglados de selección fue en febrero el penúltimo polvorín en la Radio Televisión Andaluza. El Comité Intercentros (órgano sindical que representa colectivamente a toda la plantilla) denunció la contratación “a dedo” y acusó a la dirección de atentar contra las expectativas de estabilidad de los trabajadores de Canal Sur. Pero la denuncia de los sindicatos fue más allá del ámbito laboral, ya que vienen acusando a la dirección de crear una “redacción paralela para imponer su sesgo informativo”.

Los sindicatos amagaron con una huelga en Canal Sur hace poco más de un año para reivindicar mejores condiciones laborales de los cámaras y que se cubran las bajas de personal, pero la desconvocaron a pocas horas del 28 de febrero, cuando estaba prevista.

El Consejo Profesional de Canal Sur ha denunciado en los últimos años la línea informativa adoptada por la dirección del ente público, a la que ha acusado de relegar temas relevantes para Andalucía pero espinosos para el Gobierno de Juan Manuel Moreno, como la gestión de los incendios, las listas de espera sanitaria o los errores en la aplicación del programa de cribado de cáncer de mama, dando prioridad a asuntos de menor relevancia u otros de alcance nacional que encajan mejor en los intereses del PP. El Consejo Profesional dimitió en bloque el pasado octubre denunciando una “estrategia” para devaluar sus funciones.

De cara a la cobertura de las elecciones, RTVA ha propuesto celebrar un debate 'a cinco' con los candidatos de los cinco partidos que cuentan actualmente con representación parlamentaria el lunes 11 de mayo, y ocho debates de ámbito provincial cuatro días antes, el jueves 7. El pasado miércoles ha trascendido que se han convocado paros parciales los días 11, 12 y 14 de mayo, posponiendo el inicio de nuevas protestas para favorecer la negociación previa. Han sido más de dos meses de protestas diarias, cuyo mayor exponente han sido las concentraciones de los #MartesNegros.

Un exdiputado del PP como presentador en Aragón

En Aragón, las denuncias por la politización en la cadena autonómica han sido numerosas desde la llegada del PP al poder en 2023. Bajo el mando de los populares, la nueva dirección eligió para conducir uno de los programas de mayor contenido político, el Buenos Días Aragón, a un exdiputado valenciano del PP durante tras legislaturas, Manuel Gómez. Además, en septiembre de 2024 fue elegida como directora de informativos la periodista Elena García, de sesgo conservador y sin vínculos previos con la comunidad autónoma. García dimitió el pasado mes de diciembre por desavenencias con su equipo. Ha sido sustituida por el periodista aragonés Javier de Sola.

Tampoco el diseño de contenidos se ha librado de controversias. Hace tres meses, por ejemplo, se supo que Aragón TV premiaba con un programa a un veterano humorista habitual presentador de actos del PP y que en uno de ellos desveló una anécdota personal que vivió con Pilar Alegría, que le confundió con el futbolista Nayim. Además, la cadena se gastó más de 200.000 euros en retransmitir los toros de la Feria de San Isidro de Madrid del año pasado, algo criticado por IU al ser “ajeno a la cultura y territorio aragonés”. La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) volvió recientemente a adjudicar al grupo Henneo —el grupo empresarial que aúna al Heraldo de Aragón y otros medios como 20 minutos— la gran mayoría de los contenidos de la cadena.

Un exmilitante 'popular' dirige la televisión balear

También en Illes Balears, la radiotelevisión pública, IB3, atraviesa una etapa marcada por acusaciones de control político: el nombramiento de Josep Codony (exmilitante del PP) como director general del ente en 2025 vino acompañado de críticas de la oposición por falta de consenso. En los últimos meses, la oposición ha denunciado un deterioro del clima laboral y el bloqueo del proceso de integración del personal de informativos, acusando al Govern de Marga Prohens —que cuenta con el apoyo externo de Vox— de querer convertir la televisión en un medio alineado con su agenda política.

Una de las últimas polémicas tuvo lugar el 23 de abril, cuando Codony fue cuestionado en el Parlament balear por el uso del término “ilegales” en los informativos de IB3 al hablar de materia migratoria. Frente a ello, el director general defendió el “criterio profesional” de la cadena. La tensión fue tal que la comisión tuvo que interrumpirse momentáneamente por las quejas de los diputados, que acusaron a IB3 de no mantener una perspectiva neutral y de amplificar el relato del Govern en materia migratoria. Codony insistió en negar un uso del lenguaje con intenciones ideológicas.

En el ámbito laboral, IB3 ha abierto un nuevo frente con la constitución en abril de 2026 de la mesa negociadora de su convenio colectivo, un proceso que afecta a más de 400 trabajadores. Los empleados, por su parte, continúan exigiendo unas mejoras que se reclaman desde hace más de veinte años, cuando IB3 comenzó sus emisiones. El pasado mes de septiembre, el PSOE de las islas denunció presuntas “amenazas y coacciones” de Codony a los trabajadores que se concentraron durante un acto para reclamar su integración. El director general negó que se dirigiera con tal actitud hacia ellos.

En términos de audiencia, IB3 mantiene una posición modesta pero estable en 2026, con cuotas mensuales en torno al 5%–5,3%, sin que ello haya supuesto cambios estructurales en su peso dentro del sistema audiovisual. Su relevancia como medio de proximidad contrasta con un creciente debate sobre su independencia editorial, en un escenario donde la estabilidad de audiencia convive con una elevada conflictividad política y laboral en el seno del ente.

Una 'tele Mañueco' sin audiencias

El de Castilla y León es un caso peculiar. La comunidad cuenta con una televisión autonómica privada, pero financiada con dinero público. Radio Televisión Castilla y León es una corporación formada por dos grupos mediáticos, Promecal, del empresario burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo, y Edigrup, del leonés José Luis Ulibarri. La Junta de Castilla y León otorga cada año una subvención directa que oscila entre los 20 y los 25 millones de euros, no hay una cantidad fija. De esta manera, sin saber qué presupuesto tienen cada año o incluso si se va a tener, la televisión pende siempre de un hilo.

En cuanto a su manejo político, la televisión es conocida por la salida del director de informativos en 2021 por orden del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, o la ocultación de las condenas y juicios que arrastra uno de sus propietarios, José Luis Ulibarri, por el caso Gürtel. En los últimos años, un buen número de periodistas ha dejado la televisión al tiempo que los sindicatos denunciaban injerencias políticas en los informativos de la cadena.

La conocida como 'tele Mañueco' tiene una baja audiencia en una comunidad con 2,4 millones de habitantes. Con dos canales distintos, uno local (para cada una de las nueve provincias) y otro autonómico, la discreta audiencia podría dividirse si finalmente se adjudica una nueva licencia para otra televisión privada tras el concurso que convocó la Junta y que aún no se ha resuelto a pesar de que hay un solo licitador. El gobierno autonómico ha asegurado que subvencionaría a la nueva tele con la misma partida que a la actual si las condiciones son las mismas.

Control ininterrumpido del PP en Murcia

También en Murcia la gestión de La 7 está externalizada desde 2015, cuando el Gobierno regional del PP adjudicó el contrato al Grupo Secuoya en una licitación que desde el primer momento generó polémica: la empresa ganadora presentó la segunda oferta más cara y varias competidoras recurrieron el proceso judicialmente alegando “evidentes arbitrariedades e irregularidades” en la adjudicación, recursos que fueron desestimados por los tribunales. Desde entonces, el canal ha permanecido en manos de Secuoya: al vencer el primer contrato en 2020, la pandemia y los recursos judiciales de empresas competidoras obligaron a firmar acuerdos de emergencia antes de adjudicarle un segundo contrato en 2022. Ya está en tramitación un nuevo contrato para el periodo 2027-2032 que rondará los 100 millones de euros de dinero público.

En términos de audiencia, la cadena ha pasado de un 4,4% de cuota en 2022 a un 3,1% en 2024, situándose en la parte baja del ranking de televisiones autonómicas españolas. Las denuncias de injerencia política van más allá de la influencia informal sobre los contenidos. El director general de La 7, Antonio Peñarrubia, está casado con Mar Moreno, secretaria general de la Presidencia del Gobierno regional de Fernando López Miras con rango de consejera. A ello se añade que en marzo de 2024 fue elegido director del ente público Radiotelevisión de la Región de Murcia Juan Antonio de Heras, exconsejero del PP en Murcia.

El Partido Popular lleva en el poder en Murcia desde 1995, lo que convierte este caso en uno de los ejemplos más longevos de control político ininterrumpido sobre una televisión pública autonómica. La externalización del servicio, lejos de blindar a la redacción de presiones, las facilita: al no ser empleados públicos con estatuto propio, los periodistas de La 7 carecen del marco de protección que tienen sus homólogos en cadenas autonómicas con plantilla directa. La ley reguladora de los medios públicos en Murcia es, además, una de las que menos exige en términos de mayorías cualificadas para elegir a los responsables del ente, lo que permite al partido gobernante colocar a sus afines sin necesidad de consenso con la oposición.

Los problemas de externalización en la Televisión Canaria

Desde sus inicios, la Televisión Canaria —incluida en el ente público Radio Televisión Canaria y creada en 1998— ha estado rodeada de polémica por diferentes motivos y de distinta intensidad. La acusación más generalizada es que es utilizada por el Gobierno de turno para la propaganda política y el tapado de sus vergüenzas, y como ha sido Coalición Canaria la que ha ocupado el poder durante más tiempo (más de 30 años), es el partido que más ha cargado con esa crítica, aunque ahora el Ejecutivo autonómico lo comparte también con el PP.

La polémica actual está centrada en dos frentes. El primero, la campaña del comité intercentros de Televisión Canaria contra lo que llama externalización de los programas informativos a manos de productoras ajenas a la casa, generalmente grandes medios de comunicación locales. Se refieren a Editorial Prensa Ibérica (La Provincia y El Día), a través de su productora Videre, y de Inforcasa (Canarias7), a través de Videoreport Canarias. Ambas se llevan la mayor parte del presupuesto de producciones externas por las tiras diarias de magazines que hacen por la mañana y por la tarde. La plantilla sostiene que la actual ley audiovisual que se tramita en el Parlamento canario incide en esa tendencia a la externalización.

El otro frente que tiene abierto el Gobierno canario con la tele pública está en su dirección. Ya no existe la figura del director o directora general, que se sustituyó en el anterior mandato por la de administrador único y ahora ha pasado a administrador general con la llegada de César Toledo, que se presenta como periodista especializado en comunicación no verbal. Inicialmente el Gobierno de Clavijo se lo impuso a la anterior administradora única con la excusa de que necesitaba un director de Medios y Contenidos, lo que en realidad escondía a un comisario político que hizo que María Méndez, la administradora única, se marchara de inmediato. Ahora Toledo es el administrador general y está procediendo a una auténtica escabechina sobre cualquiera que él no considere que está a la altura de la nueva dirección.

Sin tertulias durante la negociación PP-Vox en Extremadura

El control de la televisión pública también ha formado parte de las negociaciones de gobierno en Extremadura entre PP y Vox. La extrema derecha exigía garantías para pilotar el canal regional y el PSOE ya advirtió del riesgo de que la televisión fuera “moneda de cambio” en las conversaciones de las derechas que fructificaron en la investidura de María Guardiola. Finalmente el canal público no formó parte del acuerdo así que está por ver cómo lo gestiona el equipo de Guardiola en esta nueva legislatura.

Recientemente, PSOE y Unidas por Extremadura denunciaron que Canal Extremadura eliminara las tertulias políticas en las que participan portavoces de todos los grupos parlamentarios durante los cuatro meses de negociación del PP y Vox. Además, la portavoz de Unidas, Irene de Miguel, ha criticado “la parrilla más rancia que se recuerda” en la región.

*Con información de África Gelardo, Luís Pardo, Miguel Giménez, Javier Ramajo, Luis Faci, Esther Ballesteros, Antonio Vega, Erena Calvo, Carlos Sosa y Santiago Manchado.

“Eso sí que es una caverna. Una caverna sanchista”. Así definió la diputada del PP Carmen Pomar a RTVE durante una comisión de control parlamentario a la CSAG –la antigua CRTVG– que, de nuevo, tuvo como protagonista la crisis de audiencias del canal autonómico. La corporación de medios públicos sigue culpando de ese desplome a mínimos históricos a las “desviaciones” de los audímetros, hasta el punto de que su directora xeral, Concepción Pombo, aseguró que “no pueden ser una herramienta principal de gestión”. “Nuestra guía no es Kantar”, insistió frente a un BNG que culpaba de la fuga de espectadores al “sectarismo” y la “falta de pluralidad” de los informativos, combinado con un entretenimiento que ha convertido el prime time en un “repositorio de chatarra televisiva de lo que fue Tele5 en su momento”.

Este jueves, PP y BNG coincidieron en preguntar por las audiencias, aunque desde puntos de vista opuestos. Los populares querían escuchar, una vez más, cómo la CSAG sancionó a Kantar Media –ahora Fifty5Blue– durante 20 de los 24 meses de los años 2024 y 2025, los de menor número de espectadores en las cuatro décadas de vida del canal. Como contraposición, esgrimían los datos de la primera oleada del EGM, que investía a TVG como el canal más visto en la comunidad, con un 20,1% de cuota de pantalla de lunes a viernes, a más de ocho puntos de Antena 3 y TVE, algo que en su opinión “constata el declarado liderazgo social” de la televisión gallega.

Pomar –exconselleira de Educación, decapitada tras la gestión de la COVID– siguió a continuación el manual de su jefe de filas, Alfonso Rueda, cuando se le pregunta por alguna de sus áreas de gestión y desvió el tiro para atacar al Gobierno central. Si, para Rueda, el enemigo es Pedro Sánchez, el rival de la diputada es el presidente de RTVE, José Pablo López, “portavoz del sanchismo”. Con un argumento que no es nuevo, la parlamentaria consideró “sospechoso” que López “arremeta” contra quienes piden explicaciones sobre el sistema de audímetros menos de un lustro después de que la propia corporación estudiase “un nuevo modelo” ya que el actual “estaba perfilado de forma que favorecía a las privadas”.

La popular acusó a la oposición de orquestar “campañas contra los medios públicos gallegos basadas en bulos e infundios” para acusar de falta de neutralidad a su cúpula mientras apoyan el nombramiento de López, responsable de las opiniones que han convertido a RTVE en una “caverna sanchista”. Lo acusó de provocar “el enfrentamiento más grave de la historia” de la corporación tras las denuncias del Consejo de Informativos referidas a la “malas praxis” y los “sesgos ideolóxicos” de determinados programas y de responder a esas críticas con un “ataque furibundo” contra los profesionales. “Eso sí son represalias, eso sí son coacciones, eso sí que es persecución”, afirmó tras recordar que los trabajadores votaron “masivamente” contra esos espacios y decidieron inicar acciones de protesta.

Habrá que ver si, con el tiempo, esas protestas llegan a los 415 venres negros que la plantilla de la CSAG cumplirá este 1 de mayo movilizándose contra la manipulación informativa y a los que Pomar no hizo ninguna mención. También obvió el hecho de que en la TVG no existe la posibilidad de que un consejo de informativos critique una decisión de la dirección general: en la ley aprobada en solitario por el PP el pasado año se aseguraron de eliminar la existencia de un órgano cuya creación habían paralizado antes durante más de una década.

“Acusan de manipulación a la CSAG cuando no hay ningún pronunciamiento de la justicia ni de la Valedora do Pobo que condenase a la corporación por esa supuesta censura” mientras “callan” con sentencias como la que condenó a Mañaneros 360 a corregir un rótulo referido a Isabel Díaz Ayuso por “tendencioso y no ajustado a la verdad”; algo que, según Pomar, “va a traer cola”.

“¿Quién va a ver esto?”

“Condena tiene la CRTVG, en firme, por mentir burdamente sobre el BNG y no le escuché la mínima reflexión al PP sobre esas difamaciones”, arrancó su turno la nacionalista Olalla Rodil. La diputada del Bloque pudo ir más allá y recordar sentencias como la que condenó a la corporación por represaliar a una periodista crítica y que la CSAG ha recurrido en el Tribunal Supremo.

“TVG tiene cada día menos audiencia. Es una realidad y usted es quien mejor lo sabe”, interpeló Rodil a Pombo antes de recordar que, en lo que va de año, sólo en dos días se superó el 10% de share. Tras cerrar marzo con un 7,5% de cuota de pantalla –segundo peor dato de su historia–, a falta sólo del dato del día 30, abril podría quedar todavía ligeramente por debajo. La directora xeral, por cierto, no mencionó ninguna desviación ni sanción a Fifty5Blue en este 2026.

La parlamentaria del BNG rechazó el argumento del EGM utilizando como “fuente” a la propia Xunta ya que, cuando licita contratos marco para campañas televisivas, se basa exclusivamente en los datos de los audímetros. “Seguir intentando tapar el sol con el dedo no nos va a sacar de esta situación”, insistió tras criticar que la CSAG se compare permanentemente con los canales de RTVE que –tanto en la tele como en la radio– sólo ofrecen desconexiones territoriales. En cuanto a la Radio Galega, medio para el que EGM sí es referencia, obtuvo sus peores resultados desde 2008, con menos de 100.000 oyentes, practicamente la cuarta parte de la emisora líder, la Cadena SER. Sin embargo, la corporación lo vende como un logro: “la primera emisora pública en número de oyentes”. “Felicidades, primera de dos, no hay ni para hacer un podium”, ironizaba minutos antes otro diputado nacionalista, Iago Suárez.

“Usted lleva un año en el cargo y tiene el mérito de acumular los peores datos tras 40 años y ocho direcciones generales”, señaló Rodil a Pombo, algo que “no pasa porque sí”. Los nacionalistas consideran que los espectadores “apagan la TVG” por dos grandes motivos. El primero, el “sectarismo” y la “falta de pluralidad” tanto en los informativos donde “cada día se entrevista a un conselleiro” como en los espacios de opinión. “Ni queriendo encuentras en la calle a cuatro personas que se den la razón en todo”, ironizó sobre las tertulias del matinal radiofónico Galicia por Diante. Asuntos como la moción de censura en Lugo, que centra desde hace semanas la actualidad gallega, pasa desapercibida en la parrilla y pese a una concentración de repulsa que reunió a miles de personas, la única voz de los vecinos que se escuchó fue la de una entidad recién creada y próxima al PP.

A esto, Rodil suma la transformación de un entretenimiento que fue “referencia” cuando era liderado por series propias de ficción –Mareas Vivas, Padre Casares...– en refugio de “chatarra televisiva de lo que fue Tele5 en su buen momento”, y que es la baza de TVG para luchar por un prime time con una “competencia voraz”. Rodil enumeró algunos de los invitados del formato A miña gran cidade. Corazón galego: “Bertín Osborne por O Salnés, Esperanza Aguirre con programa doble, Carmen Lomana buscando un collar de lujo, Al Bano –el de Romina– bebiendo vino, María José Campanario –¿quién se acuerda de ella?– buscándole una vaca a Jesulín y el Cordobés negociando la compra de un tractor... ¿Quién va a ver esto?”, se preguntaba antes de enumerar datos que tocaron techo con el 6,8% de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, una emisión acompañada “de todo el bombo” y el contrato de vallas publicitarias. “¿Cuánto le cuesta a los gallegos esto? ¿Cuánto pagamos por traer a esta gente?”, cuestiones que adelantó que presentarán por escrito y a la que todavía sumó otra: “¿Qué más le falta, un reality de curas?”. La pregunta no era inocente. Según ha sabido elDiario.es, ese es uno de los proyectos en los que trabaja el canal autonómico para tratar de remontar la audiencia.

“Divergencias significativas”

En su respuesta –leída, “para no equivocarse improvisando”, como había explicado anteriormente a una diputada socialista–, la directora xeral no dio respuesta a ninguna de esas cuestiones y volvió a poner el foco en las “divergencias significativas”, los resultados “extrañamente distintos” que ofrecen los audímetros y las encuestas, algo que, en su opinión, “requiere una explicación técnica”. Pombo admitió verse condicionada por unos datos que no le ofrecen “certezas”, algo que, dice, les hace ser “extremadamente prudentes en las decisiones de programación”, aunque los cambios en la parrilla no cesan.

“Hoy en día, los datos de Kantar Media no pueden ser una herramienta principal de gestión. Si nuestra guía fuese Kantar, estaríamos tomando decisiones que irían en contra de los intereses del sector audiovisual gallego” al obligarles a “penalizar contenidos estratégicos, cultura e identidad”. Los audímetros no se “entusiasman” con las series de referencia, el cine gallego “multipremiado” o los “derbis deportivos entre ciudades”. Tampoco le gustó la definición de “repositorio de chatarra” tras el premio Circom a Land Rober, “el mejor programa de prime time hecho en Europa”, aunque técnicamente su horario (21:40-22:40 h) se ajuste más a un access previo al horario de máxima audiencia.

Por todo ello, no puede ser “la hoja de ruta de la corporación” lo que definió como una “herramienta más” que “reconoce sus propias limitaciones”. Así lo hizo en 2023, “antes de cambiar de propiedad”, un portavoz de Kantar que “presentó la necesidad de evolucionar a modelos híbridos para mejorar la cobertura y la granularidad del sistema”. Tecnicismos que TVG tendrá que volver a enarbolar cuando se confirmen los malos datos de abril.

Durante la catástrofe del Prestige, el petrolero que vertió decenas de miles de litros de crudo al mar, la TVG prohibió a sus periodistas utilizar la expresión “marea negra”. En las playas sólo había manchas o galletas de fuel. De la misma manera, para los redactores y presentadores de los informativos de la televisión autonómica, en la moción de censura de Lugo no hay una tránsfuga. Como mucho, la persona que entregará la alcaldía al PP 27 años después es una “edila no adscrita”, una concejala “que formaba parte hace poco del grupo socialista” y que ahora tiene “la llave” del gobierno. Una clase magistral sobre el uso de eufemismos.

Como es habitual cuando la polémica política salpica al PP, en San Marcos –sede de la CSAG, antigua CRTVG– imponen el perfil bajo. La frase podría simplificarse aún más: cualquier cuestión política –siempre que no permita algún tipo de ataque contra Pedro Sánchez o cualquier administración gobernada por PSOE o BNG– pasará lo más desapercibida posible en la escaleta. Sucedió en las últimas elecciones autonómicas, cuando tardaron 70 minutos en informar de su convocatoria e hicieron todo lo posible por reducir la duración de los bloques electorales, algo que frenó la justicia. Con esta moción, que ha indignado a buena parte de la opinión pública gallega, no iba a ser menos.

Más allá de afectar a la cuarta ciudad de Galicia, la censura de Lugo tiene condicionantes que no existían en las otras trece consumadas en este mandato. “Unas circunstancias absolutamente anómalas que no tienen parangón en ningún ayuntamiento de todo el territorio”, en palabras del todavía alcalde, el socialista Miguel Fernández, el tercero en ejercer el cargo desde las elecciones. Y esas circunstancias pasan, principalmente, por la muerte en poco más de un año de tres integrantes del grupo municipal del PSdeG; la última, Olga López Rocamonde, hace menos de un mes. La tránsfuga, María Reigosa, la número 11 de la lista, entró en la corporación pasado el ecuador del mandato para sustituir a uno de ellos, Pablo Permuy.

Ninguna de estas “circunstancias” aparece en las escasas informaciones sobre una moción que, pese a marcar la agenda política en Galicia, sólo abrió los telexornais el miércoles 22, el día en que, tras registrarse, se presentó en rueda de prensa con la futura alcaldesa, la popular Elena Candia, acompañada de la tránsfuga Reigosa y de todo el grupo del PP. Fue, también, la única vez en la que se le dedicó un vídeo y no simples pasos a declaraciones desde plató.

“Finaliza la incertidumbre sobre el cambio de gobierno en Lugo” fueron ese día las primeras palabras de la presentadora, la subdirectora de Informativos, Marta Darriba. Minutos después, su brusca transición para pasar de la explicación del gráfico con el reparto de escaños en la corporación a la siguiente noticia –la habitual crítica al ejecutivo central– no pasó desapercibida para los internautas. El texto, sin cambio de plano, era así: “La llave, por lo tanto, está en la edil no adscrita que esta mañana firmó la moción de censura con el Parido Popular. Junts presiona a Sánchez. Le pide que adelante las elecciones generales. Los de Puigdemont consuman su ruptura con el Gobierno...”.

Desde ese momento, la moción se convirtió para los informativos en un toma y daca sin contexto dentro del cruce de declaraciones de los líderes políticos gallegos, ese trámite que la TVG debe cumplir por cuota de representatividad y que ejecuta sin pasión, como un ejercicio rutinario. Así habían colado la víspera, el martes 21, la primera referencia a “la situación del concello de Lugo” dentro de una pieza sobre la sesión de control al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, adelantada por su viaje a China.

El jueves, tras casi 15 minutos de informativo, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, criticaba a los populares y rechazaba la comparación con Noia, donde “los socialistas se apoyaron en un concejal del PP”. La número dos de los conservadores, Paula Prado, “acusa a los socialistas de hipócritas”. A continuación, la vuelta “a los focos” de Mariano Rajoy en su declaración como testigo en la Operación Kitchen. Por la tarde, se sumaba otro cruce de insertos: primero, la alcaldesa socialista de A Coruña, Inés Rey, anunciando que acudiría a la concentración convocada para este viernes por la plataforma Transfuguismo non, democracia si. Otro total de Prado la criticaba por poner buses para la manifestación y recordaba su “condena” por integrar en el gobierno herculina a una exconcelleira de Ciudadanos.

“Alguna de las asociaciones vecinales...”

Tras las políticas, llega la primera gran innovación informativa de esta crisis. “Precisamente, a raíz de la moción, alguna de las asociaciones vecinales reclaman medidas que liberen a la ciudad de lo que llaman abandono. En un comunicado, la plataforma Salvemos Lugo traslada un decálogo de mejoras entre las que figura un mejor cuidado de las infraestructuras o una reducción de la burocracia para realizar trámites en el ayuntamiento”. Tras las colas, vemos a Alberto Rodríguez, portavoz de dicha plataforma, quien asegura: “Nuestra intención es salvar esta ciudad del estado de estancamiento en el que se encuentra, por varios razonamientos: desde el estado en el que se encuentran las calles a las pistas rurales, que están en estado de abandono con muchos baches”.

Si alguna de las asociaciones vecinales respalda la moción es lógico pensar que alguna otra no lo hace. Incluso que son muchas, ya que el propio adjetivo utilizado indica, según la RAE, “un número no elevado o no relevante de las personas o cosas designadas por el sustantivo”. ¿Por qué TVG entonces se hace eco de lo que opina Salvemos Lugo mientras silencia al resto de entidades y no dedica ni un segundo a la plataforma Transfuguismo non, democracia si, que la víspera se presentó en un acto público con más de un centenar de asistentes?

Una de las cosas que no se cuenta a la audiencia es que Salvemos Lugo se había constituido ese mismo día. “Esta plataforma vecinal no va de siglas políticas ni ideologías. Va de salvar una ciudad que agoniza por la falta de gestión”, rezaba su comunicado de presentación. Sus portavoces, Cecilia Vázquez García, presidenta de la Federación de Vecinos Lugo Rural Importa y el propio Alberto Rodríguez, presidente de la asociación Xuntos por Lugo, “colectivo próximo al PP”, tal y como lo describía en octubre pasado el diario local El Progreso, a raíz de una disputa entre entidades que, vista hoy, sirve para ubicar a algunos personajes secundarios.

Todo empezó doce meses antes, en 2024, cuando la federación vecinal Lucus Augusti decidió premiar al ministro Óscar Puente en la celebración del Día do Veciño, una fiesta popular con miles de asistentes a la que el PP dio plantón. Poco después, la federación se rompió y los críticos montaron su propia entidad, Lugo Rural Importa. En esas fechas nace también la asociación Xuntos por Lugo que no tardará en contraprogramar a Lucus Augusti: coincidiendo con el Día do Veciño de 2025, organizarán su propia fiesta, a apenas 200 metros, con el respaldo de la Xunta pero del que Candia hizo todo lo posible por desvincular al PP. La federación primigenia llevó a la Valedora do Pobo una queja contra el gobierno gallego, al que acusaba de intentar “asfixiarlos” mientras subvencionaba a las nuevas entidades por “amiguismo”. Llegaron a denunciar que se les amenazaba con la retirada de ayudas si no acudían al acto de Xuntos, eventos en los que los organizadores visten chalecos de un color azulón muy similar al del PP –y al del propio gobierno gallego–. La mascota del colectivo es una vaca, de nombre Xuntiña, con la que la futura alcaldesa ya ha compartido baile en alguna ocasión.

Abonando el terreno

El viernes a mediodía, el Telexornal volvió a hablar desde Santiago de Lugo, una ciudad en la que “la tensión política va en aumento”. Esta vez sí se cuenta que en la ciudad “ya surgieron dos plataformas” alrededor de la moción. Sin dar ningún dato más sobre ellas –¿están a favor? ¿en contra? ¿mediopensionistas?–, toca encender las alarmas. “El PP advierte de que pedirán responsabilidades si hay incidentes” –como si, en lugar de plataformas fuesen pandillas que pelean por el control de las calles– mientras “los socialistas defienden el derecho de los ciudadanos a movilizarse. ”Creo que si el ambiente está enrarecido es por culpa de quien lo enrareció“, decía a continuación el portavoz de la ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado. ”Si la crispación cristaliza en actos violentos, espero que nadie incurra después en la indecencia de intentar eludir su responsabilidad“, respondía en tono casi apocalíptico el portavoz parlamentario del PP gallego, Alberto Pazos Couñago, que remataba: ”Yo sí lo responsabilizo“.

Esa advertencia contra lo que pareciera kale borroka –no es una exageración: el PP gallego ha equiparado con ella el derecho constitucional a manifestarse– no era inocente. Se emitía cuatro horas antes de la concentración convocada ante el ayuntamiento lucense por una de esas dos plataformas: no era Xuntos por Lugo sino Transfuguismo non, democracia si, la que todavía no había tenido su minuto de gloria en el informativo. Y eso que un centenar de conocidos lucenses habían suscrito el manifiesto contra la moción de censura impulsado por el escritor y docente Lois Pérez y la artista Luz Darriba.

Allí, entre la multitud, estuvieron el líder del PSdeG, Gómez Besteiro; la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil –Ana Pontón está en Brasil–; las alcaldesas de A Coruña, Inés Rey (PSdeG) o Santiago, Goretti Sanmartín (BNG), ninguno de ellos sospechoso de cristalizar violencias. Con tanto político, TVG no podía faltar, aunque fuese para vincular la movilización a las fuerzas de la oposición y no a la ciudadanía, a la que no dieron voz. Así también, fieles a sí mismos, evitaron mencionar el nombre de los convocantes, no fuese a escapárseles un transfuguismo justo en el rótulo.

“Que no te cuenten cuentos”. Así arranca la promo de la TVG tras la encuesta del Estudio General de Medios (EGM) que la “confirma” como la televisión más vista en Galicia y la de mayor audiencia entre las autonómicas. Datos que contradicen las mediciones diarias de los audímetros de Fifty5Blue –antes, Kantar Media–, en los que se hundió a los niveles más bajos de su historia en 2024 y 2025 (8,6% y 8,4% de share, respectivamente). En el primer trimestre de 2026, el que coincide con esta oleada, esas cifras han seguido cayendo hasta cerrar marzo en el 7,5% y con el canal como cuarta opción para los espectadores. En su comunicado de celebración, la CSAG (antigua CRTVG) carga contra el medidor, al que insiste en acusar de constantes “desviaciones”, mientras saca pecho de los resultados de un estudio que tanto grandes cadenas como anunciantes ignoran y que sólo las emisoras radiofónicas toman como referencia. La Radio Galega, por cierto, se ha desplomado en esta oleada por debajo de los 100.000 oyentes, su peor dato desde 2008. Eso no ha impedido que la CSAG presuma de que es “la emisora pública más escuchada” en la comunidad.

“La TVG consolida su liderazgo absoluto en el ámbito audiovisual gallego, un liderazgo que se refleja en todos los días de la semana y en todas las franjas horarias”, asegura triunfante el comunicado de la corporación. “La TVG alcanza un 20,1% de cuota de lunes a domingo, superando en 8,4 puntos al siguiente competidor, Antena 3 (11,7%) y La 1 (11,3%)”, añade antes de comenzar su diatriba contra el medidor, abundando en argumentos que tanto la actual directora de la CSAG, Concepción Pombo, como su predecesor, Sánchez Izquierdo, ya esgrimieron en el Parlamento.

Ambos lo hicieron como defensa numantina ante una pérdida de espectadores por la que el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, llegó a mandarles una advertencia: “Es la televisión de todos los gallegos y es bueno que tenga buenos datos de audiencia”. Una postura que contrastaba con la de los portavoces populares en la cámara, más ocupados en lanzarse al cuello de Kantar ante el constante crecimiento de TVE. Curiosamente, tras el EGM, los medios conservadores que llevan dos años ignorando la constante caída de audiencias del canal autonómico compraron sin matices los titulares grandilocuentes y los ataques a los audímetros que salían de la sede de San Marcos.

“Esta oleada incide en la brecha entre las mediciones del EGM y las que ofrece Kantar Media para la TVG, en un contexto en el que Kantar Media fue penalizada por la Corporación por desviaciones en los resultados de sus mediciones en 20 de 24 meses entre 2024 y 2025”. La CSAG habla de “incumplimientos en los parámetros básicos de medición, relativos a la mengua muestral y la eficiencia del panel” lo que le llevó a sancionar al medidor “por primera vez” en su historia.

En 2024, según los datos oficiales, TVG perdió uno de cada cinco espectadores –cayó del 11% al 8,6% de share– y terminó el ejercicio como tercera autonómica más vista. Kantar fue “penalizada” por el canal en 11 de aquellos 12 meses. Al año siguiente, con una pérdida de dos décimas, la penalización se aplicó en 9 meses. La “mayor oscilación” fue en octubre, con un descenso del 9% al 7,7%: ese fue el desplome que provocó el recado de Rueda. El ejercicio se cerró con TVG cayendo al cuarto lugar de la FORTA. La CSAG no dice nada de las mediciones de 2026 y eso que en marzo, tras el segundo peor mes de su historia, ya había descendido hasta el sexto puesto. “TVG es consistentemente el canal generalista de España –público o privado– en el que se registra la mayor diferencia, en negativo, entre los dos medidores”, concluye la CSAG. A la hora de cerrar esta información, Fifty5Blue no había respondido a la solicitud de elDiario.es para que ofreciese su versión.

El estudio invisible

La encuesta del EGM es el medio de emisoras de radio y anunciantes utilizan para como guía de las audiencias. Cada una de sus oleadas resitúa al sector –con escasas variaciones, dado el prolongado liderazgo de la Cadena SER– y genera una cascada de noticias en medios tanto generalistas como especializados sobre quién sube, quién cae y quién se mantiene. En los titulares derivados de este primer estudio del año se multiplicaban los nombres de Ángels Barceló, Carlos Herrera y Carlos Alsina o Jordi Basté. No había ni rastro, sin embargo, de Pablo Motos, David Broncano, Vicente Vallés o Silvia Intxaurrondo. El motivo es bien sencillo: las grandes cadenas de televisión, los grupos empresariales, los anunciantes, las productoras... todos utilizan como referencia los audímetros. Incluso con las críticas históricas a la escasez de la muestra –y algún reciente intento de politizar el auge de La 1–, nadie rompe la baraja. Un vistazo a las redes oficiales de canales generalistas como Antena 3 o TVE permiten comprobar que no realizaron ni una mención al EGM. Tampoco lo hicieron medios especializados como verTele –portal integrado en elDiario.es–, en donde sí aparecen puntualmente las audiencias de cada día basadas en los resultados de Fifty5Blue. También en esto la TVG va por libre.

“Si bien el éxito de las emisoras y ofertas radiofónicas se mide a través del Estudio General de Medios (EGM), las audiencias televisivas en España son territorio de Kantar Media, ahora llamada Fifty5Blue. La empresa se encarga de medir las audiencias televisivas desde 1993 y sobre sus datos se cimenta el sector televisivo”, explica Laura Pérez, directora de verTele. “Todas las cadenas, nacionales y autonómicas, se rigen por estas cifras de cuota y espectadores. Los dos grandes interesados en el negocio audiovisual, grupos o canales y anunciantes, aceptan desde hace más de 30 años este estándar para determinar cuáles son los programas más vistos y así establecer el precio de la publicidad. Los datos no son absolutos pero sí fiables para el sector, que aprueba la red de audímetros que Kantar Media tiene desplegado por el territorio español como muestra representativa de toda la sociedad”.

En la actual temporada 2025-2026, la muestra está compuesta por 5.920 audímetros, que manejan 14.282 individuos teóricos. Como ya explicó verTele en este artículo de 2024, esos dispositivos y esos individuos son los que miden la audiencia de toda España, representando a 47.563.053 españoles, y a 19.626.799 hogares. “Pese a que los números totales están muy alejados de la cantidad de audímetros e individuos, lo cierto es que el panel de medición de audiencia de Kantar en España es uno de los mayores de toda la televisión en Europa”, añade Pérez. Dentro de ese panel, Galicia –con una representación de 460 audímetros y 1.002 individuos– se encuentra en el tercer escalón de comunidades con mayor representación, sólo por detrás de Andalucía, Catalunya y Comunidad de Madrid. Hay 176 audímetros en A Coruña, 146 en Pontevedra, 51 en Lugo y 46 en Ourense.

“Retorcer” los audímetros

Pero, para TVG, los audímetros no siempre son tan malos. Todavía la víspera de la publicación de los datos del EGM, TVG hacía gala de los resultados de audiencia del lunes 13. Eso sí, según Defende a Galega –el colectivo de trabajadores que lucha contra la manipulación en los medios públicos desde hace más de 400 semanas–, con trampa. En el Telexornal Mediodía, la subdirectora de informativos Marta Darriba, agradecía a los espectadores el liderazgo de audiencia durante “varias franjas del día”.

“Por la mañana, (TVG) lideró con un share del 15,1%”, afirmó Darriba. En la red X, Defende a Galega respondió con los datos oficiales: el liderazgo de la franja matinal fue para La 1, con un 15,4%. TVG se quedaba a más de cuatro puntos, en el 11,1%“. Según la plataforma, el canal autonómico sí fue lo más visto entre las 11:45 y las 12:00 y de 13:00 a 13:30. Lo mismo sucedió por la tarde: frente al 21,7% mostrado por Darriba, los audímetros registraron un 16,2%. La franja fue para Antena 3 con un 19,4%. Y ya por la noche, en el prime time, TVG no alcanzó el 11,5% anunciado. Se quedó a dos puntos de ese registro (9,4%) y a tres de Antena 3, que con un 12,5% fue la más vista en el período de máxima audiencia.

Esta particular lectura de los datos encaja con la parte de la promo del EGM en la que TVG consideraba un valor contar las noticias ao noso xeito“ (”a nuestra manera“), por lo que ”nadie se las quiere perder“. Según Fifty5Blue, esto tampoco es verdad. Los telexornais–especialmente, los de primera hora de la tarde–, líderes de audiencia durante años pese a la constante sombra de la manipulación, fueron en marzo los quintos de la FORTA (11,1%) tras caer a mínimos históricos en 2025. Pocas veces consiguen ya colar alguna de sus emisiones entre los cinco informativos más vistos de la jornada en Galicia, un ranking que cada día ofrece la cuenta de X de Defende a Galega.

La Televisión de Galicia (TVG) cerró el mes de marzo con una audiencia media del 7,5% de share, el segundo peor dato de su historia, sólo por delante del 7,2% obtenido en junio de 2024. El canal gallego perdió seis decimas de cuota de pantalla y sigue cayendo en el ranking de la FORTA, la federación de televisiones autonómicas, donde ahora ocupa el sexto lugar. La líder del grupo, TV3, la dobla en porcentaje de espectadores (15,3%).

En conjunto, según los datos de Kantar Media elaborados por la consultora Dos30', los canales de la FORTA perdieron medio punto durante el tercer mes del año. En el furgón de cabeza, sólo la televisión canaria mejora los datos de febrero (0,7%). Canal Sur llega a desplomarse casi dos puntos pero, aún así, continúa comodamente por encima de TVG con su 8,7% de share.

Incluso en este escenario negativo, TV3 firmó su mejor marzo desde 2020 y Aragón TV, segunda en el ranking, el de toda su historia con un 12,1%. ETB cierra el top 3 con un 9,6% que no alcanzaba desde 2021 mientras que la subida de TV Canaria hasta el 8.9% le deja su mejor registro en este período en tres lustros.

De San Marcos a San Caetano

La caída de audiencia se ha convertido en la mayor preocupación en los despachos de San Marcos, la sede de la TVG, y ha llegado incluso hasta San Caetano, el edificio de la Xunta. Tras los datos de octubre –un 7,7% y caída hasta el quinto lugar de la FORTA–, el presidente gallego, Alfonso Rueda, envió un recado a la nueva cúpula, elegida en solitario por el PP el pasado verano tras un cambio exprés en la ley: “Es la televisión de todos los gallegos y es bueno que tenga buenos datos de audiencia”. De momento, los cambios en la parrilla siguen sin dar sus frutos y se viven situaciones tan pintorescas como las del pasado domingo, cuando la emisión de la misa fue el espacio con mejor share de la jornada y líder de su franja.

Mientras, el discurso oficial se esfuerza en negar a la mayor. La cadena se agarra una y otra vez a los datos del EGM –donde aparece recurrentemente como el canal más visto en Galicia– y a los “millones” de impactos en redes sociales de sus vídeos, un contenido en el que han venido apostando por el humor grueso y los dobles sentidos con carga sexual.

La oposición, por su parte, siempre que tiene ocasión –la última vez, este martes, en la comisión de control parlamentario–le recuerda a la directora xeral, Concepción Pombo, que primero como responsable de unos informativos más que cuestionados y ahora como máxima autoridad de la corporación, está llevando a la TVG a la “irrelevancia”. Por su parte, el colectivo de trabajadores Defende a Galega –con más de 400 venres negros a sus espaldas– advertía en la red X: “La Televisión de Galicia se está acostumbrando peligrosamente a tocar fondo una y otra vez”.

“No me siento cómoda”. La directora xeral de la CSAG (antigua CRTVG), Concepción Pombo, se refugió en la “discreción” para no valorar las preguntas de la oposición sobre la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condenó a la corporación por vulnerar los derechos fundamentales de una periodista como represalia a su participación en los venres negros, las movilizaciones que desde hace más de 400 semanas reclaman el fin de la manipulación informativa en los medios públicos gallegos.

La “gravedad” de la sentencia motivó que BNG y PSdeG introdujeran sendas cuestiones para Pombo en la comisión de control parlamentaria. “Como hablamos de la salud de una trabajadora, de derechos fudamentales y de represalias, creo que esta no es una comisión más”, afirmó la socialista Carmen Dacosta, quien pretendía que la directora xeral contestase a sus interrogantes y no se limitase, como suele hacer, a leer los folios que traía escritos. No lo consiguió.

Antes, la nacionalista Mercedes Queixas, había sintetizado el fondo de la resolución judicial: “Deja claro que en los medios públicos gallegos se represalia, se arrincona, se trata de degradar y de humillar a quien osa levantar la voz contra el uso espúreo y manipulador” de una corporación “teledirigida desde el Consello de la Xunta”.

La periodista Mónica Rosas fue enviada a la Radio Galega tras más de veinte años en la TVG en un movimiento que implicó a otros tres trabajadores; dos –Alberto Ordóñez y Nuria López–, también significados en los venres negros mientras que al tercero, David Fernández, le dijeron que era un “daño colateral”. En primera instancia, los tres casos fueron rechazados porque las juezas no consideraron que se hubiese producido una modificación sustancial de sus puestos de trabajo y, por tanto, no entraron al fondo de la cuestión: si se había producido o no la vulneración de derechos.

Tras archivar el de Ordóñez, el TSXG ha dado ahora la razón a Rosas. Queixas recordó que esta es la tercera sentencia en el mismo sentido contra la CSAG, tras la del periodista Carlos Jiménez –a quien se trató de represaliar con un expediente injustificado– y la del productor al que se cambió de turno para impedirle participar en la huelga de otoño de 2024. “¿Qué mensaje se le envía a la sociedad gallega cuando se castiga a los profesionales como si se tratase de una escuela del franquismo?”, preguntó.

“Estamos ante una forma de actuar escandalosa, indignante, vergonzosa e ilegal” ante la que la dirección “tiene que bajar la cabeza”, argumentó en su turno Dacosta, antes de añadir: “No me gustaría estar en su lugar”.

“Solamente 32 sentencias desfavorables”

En esta ocasión, a Pombo tampoco parecía gustarle. En su primera respuesta, dejó claro que no se sentía cómoda con la situación: “Hablamos de trabajadoras concretas, con derechos, con trayectorias profesionales y con procesos judiciales en curso que estoy segura de que les resultan ásperos y de que les fueron difíciles de presentar y de llevar adelante”. Por un momento, parecía que no fuese ella la representante de la parte demandada.

Aún así, como sucedió en el juicio, trató de incluir los cuatro traslados forzosos dentro de una “cuestión organizativa general” que afectó a más de 90 trabajadores –“con y sin participación en causas reivindicativas de distinta naturaleza”– y que considera respaldada “mayoritariamente” por la justicia porque, de las 279 causas juzgadas entre 2023 y marzo de 2026, “solamente” habían recibido 32 sentencias desfavorables.

En su aleccionamiento a la oposición, Pombo trató de “introducir claridad” ante las referencias a los derechos fundamentales “que usaron como sinónimo de constitucionales”. Para ella, bajo este término “lo que realmente se analiza son cuestiones organizativas ordinarias”, como cambios de turno o de horario. Eso sí, en lo que sonó a un alarde de generosidad, afirmó: “Aceptamos el derecho de los trabajadores a pedir la tutela judicial cuando lo consideren oportuno”. 

Como había anticipado la CSAG, la directora xeral ratificó que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo, con el objetivo, según dijo, “de obtener una interpretación unificada con las otras sentencias que sí fueron favorables”.

En su réplica, Queixas y Dacosta demostraron que no habían comprado su supuesta discreción. “”Es un fraude que esquive su responsabilidad en esta tema“, asevero la primera tras inquirir: ”Si no está cómoda, ¿será por que se siente responsable?“. ”Menos cómoda se encontraba la trabajadora a la que vulneraron sus derechos fundamentales como represalia“, apostilló la diputada del PSdeG.

La parlamentaria del BNG preguntó a Pombo si pensaba “persistir en esa infamia”. “Lo que le está diciendo la sentencia es que los medios públicos no son su cortijo particular”.

“La vulneración de derechos y el maltrato laboral son características que definen a los autócratas”, añadió Dacosta, quien recordó a Pombo su “obligación” de contestar a las preguntas de la oposición. “Actúa como si nosotros fuésemos trabajadores de la CSAG, pero nosotros estamos protegidas y ellos, no”. “Está dando a entender que van a seguir haciendo lo mismo”, concluyó antes de finalizar, aprovechando las fechas, para recomendarle –no sin un punto de ironía–, a falta de otra cosa, un “acto de contrición”.

Con las audiencias en mínimos históricos, más de 400 semanas de protestas de los trabajadores por la manipulación informativa a favor del Partido Popular e inmersa de decenas de conflictos laborales, la situación de la CRTVG (ahora Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia) llegará a Europa. El eurodiputado del PSdeG Nicolás González Casares llevará el caso al Parlamento y la Comisión europeos. “Queremos que Bruselas analice si la nueva ley de medios públicos [aprobada en solitario por la derecha] garantiza realmente la independencia y el pluralismo informativo”, declaró Casares en rueda de prensa.

Lo acompañó la diputada socialista autonómica Silvia Longueira. “Desde 2009, la corporación de medios públicos acumula 450 procesos laborales perdidos en los tribunales”, aseguró. La última de estas sentencias, conocida el pasado sábado, la condena por vulnerar derechos de los trabajadores y castigar a los que participan en los llamados Venres Negros contra la manipulación. “Esta cifra evidencia años de conflicto entra la dirección y su personal”, resumió Longueira. Además, supone un coste considerable: 60 millones de euros de dinero público.

La parlamentaria ha recordado que la audiencia de la Televisión de Galicia, buque insignia de la CSAG, cayó hasta el 8,4%, el peor dato de la historia del canal. Lo comparó con el 13 o 14% de la etapa del Gobierno bipartito (2005-2009). “No estamos solo ante un conflicto laboral. Estamos ante un problema democrático”, advirtió. “Ante la falta de respuestas en el Parlamento gallego, los socialistas hemos decidido dar un paso más y llevar este debate también al ámbito europeo”, concluyó.

Todo comenzó el 15 de febrero de 2023. Aquel día, Alberto Ordóñez, redactó una de esas rutinarias noticias que cada mes informan de los avances del IPC. “Los precios subieron en Galicia en el mes de enero un 6,4%. En toda España, la subida fue del 5,9. Son los datos oficiales que hoy publicó el Instituto Nacional de Estadística”, escribió en la entradilla que tendría que leer el presentador del informativo de la Radio Galega antes de darle paso. Cuando pulsó el botón de enter, este respetado periodista económico, con más de dos décadas en la emisora autonómica, no podía imaginar que estaba a punto de verse involucrado en una cadena de traslados que tanto él como el resto de implicados siempre consideraron una clara represalia. Dos años y media docena de derrotas judiciales después, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia les ha dado la primera alegría. La Sala de lo Social ha condenado a la CSAG, la antigua CRTVG, por vulnerar los derechos fundamentales de una de sus compañeras.

Parece una obviedad recordar que el ámbito de influencia de la Radio Galega es Galicia y, por eso, con un lógico criterio periodístico, Ordóñez puso para aquella información los datos de la comunidad autónoma en primer lugar, sin valorar que eran peores que los del conjunto del Estado y que eso podía resultar incómodo para el discurso oficial. Tal y como relató después ante la jueza, su superior le pidió “de forma ambigua” que modificase la pieza para “disimular” esas malas cifras. “Ya sabes...”, contó que le dijo. El periodista, que había dejado su pieza grabada, se amparó en la cláusula de conciencia para negarse a cambiar nada. Sin embargo, cuando la noticia se emitió en antena, el paso fue muy diferente: “Dato definitivo del IPC. Los precios subieron en enero en toda España un 5,9% con respecto a hace un año. La inflación subyacente, que no cuenta ni los alimentos frescos ni los carburantes, se sitúa en el 7,5%”. Tras todos esos datos, llegaba el autonómico: “En Galicia, los precios subieron en el mes de enero un 6,4%”.

Al día siguiente, empezaba un tsunami de cambios. El subdirector de Informativos llamaba a su despacho a Ordóñez para comunicarle que, tras 23 años en la radio, se iba a la TVG, a cubrir una jubilación en el programa Vivir o mar, lejos de la actividad económica que había marcado su carrera y en un medio que desconocía. Con él se iba también a la tele Nuria López, redactora multipremiada sin experiencia en el medio televisivo y que acabaría trabajando en la página web. El cambio de cromos se completaba con dos redactores de la tele, completamente neófitos en su nuevo destino, que daban con sus huesos en la radio: David Fernández, el “daño colateral”, y Mónica Rosas, vinculada al canal desde 1998. A ella es a quien el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia le acaba de reconocer la vulneración de derechos fundamentales por parte de la corporación gallega de medios públicos, la CSAG (la antigua CRTVG).

Desde el primer momento, Ordóñez, Rosas y López denunciaron esos cambios de puesto como una represalia por su postura crítica con la manipulación informativa, que los había convertido en rostros visibles del movimiento Defende a Galega. Era habitual verlos posar cada venres negro —van ya 407— vestidos de luto junto a decenas de compañeros. Tanto ellos como el comité intercentros entendieron que se estaba enviando un mensaje a los disidentes. La respuesta fue una convocatoria de huelga que hizo caer programas de las parrillas de la radio y la televisión y que llevó las protestas hasta la puerta del Senado. Allí, en la Cámara Baja, con un escaño otorgado por designación autonómica, debutaba el expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que iniciaba su carrera como líder del PP en Madrid. Precisamente, a ese nuevo papel de Feijóo achaca lo que le sucedió la quinta protagonista de este juego de las sillas.

Mayte Cabezas era otro rostro histórico de la TVG. Llevaba más de 30 años en pantalla, los últimos como parte del equipo de Vivir Aquí. En 1989, días después de que ella empezase a trabajar en el canal autonómico, el padre Cabezas, guardia civil, fue asesinado por los Grapo. En 2019, Feijóo, como presidente de la Xunta, se acercó a Mayte en un homenaje para comprometerse personalmente, “de manera muy íntima y vehemente” a aprobar de inmediato una ley de apoyo a las víctimas del terrorismo. Cuatro años más tarde, sin que de esa ley siga sin saberse nada y con Feijóo ya en Madrid, el candidato popular afirmaba: “Hacer política que merece la pena pasa por recordar a las víctimas del terrorismo”. Era sábado, 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

Cabezas estalló en su muro de Facebook personal y respondió que Feijóo “con mayoría absoluta dio la espalda sistemáticamente a las víctimas”. “Qué sinvergüenza. Reír por no llorar”, añadía entre signos de exclamación. El lunes, cuando llegó a su puesto de trabajo, tenía esperando sobre su mesa la carta que le comunicaba su traslado inmediato a la radio. La explicación oficial aseguraría después que el motivo era la cancelación del programa, algo que estaba previsto con anterioridad. La CSAG ha llegado a respaldar esa afirmación presentando ante la Justicia unos correos electrónicos supuestamente previos a las afirmaciones de la periodista. Ni ella ni sus abogados se lo creen y han presentado una impugnación por falsedad. La admisión o rechazo de esa querella está aún en trámite en un juzgado compostelano.

El vía crucis judicial

Todos los afectados por estos cambios recurrieron a la Justicia, excepto Fernández. A él le habían dejado claro que era un “daño colateral” en esos movimientos de piezas. “Tú no estás castigado... Bueno, nadie está castigado”, declaró ante la jueza que le había dicho el subdirector de informativos, Alejandro López Carballeira, hoy ascendido a director. Hablar en favor de sus compañeros tuvo un coste para él. Como tantos otros trabajadores que habían pasado años encadenando contratos temporales, denunció a la CSAG y la Justicia lo declaró indefinido. En una decisión “sin precedentes”, según el comité, en lugar de readmitirlo, como siempre se había hecho, lo indemnizaron y lo despidieron. Y eso que, cuando lo enviaron de la tele a la radio —un medio en el que también carecía de experiencia— lo hicieron “para crear equipo y generar buen ambiente”. Pero eso fue antes de comparecer ante la jueza.

Ordóñez, Rosas, López y Cabezas denunciaron que los traslados suponían una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo y la vulneración de sus derechos fundamentales. Las dos juezas que vieron sus casos fallaron lo mismo: que como esa modificación no existía, no era necesario entrar al fondo del asunto. Las magistradas consideraron equivalente el trabajo en la radio, en la televisión y en la página web, aunque hubiese que utilizar programas informáticos y herramientas diferentes para los que los afectados no habían recibido formación. Una de las expertas encargadas de defender la postura de la CSAG fue Ana Isabel Rodríguez, decana de la Facultade de Comunicación de Santiago en la que —junto a otros cargos de la Corporación— imparte clases López Carballeira. Entre sus argumentos, que “en la titulación oficial de Licenciado/Graduado en Periodismo no existe una especialización en función de los soportes de distribución de la información”.

Tras ese primer fracaso, que no indaga bajo la superficie de los cambios, llegan las distintas estrategias judiciales y los resultados diferentes, incluso opuestos, hasta utilizando los mismos argumentos. Ordóñez recurrió la sentencia ante el TSXG, que desestimó sus demandas y cerró el caso. Sus tres compañeras, sin embargo, se agarraron a la decisión de las juezas de no entrar al fondo de la cuestión y solicitaron, ante el mismo órgano, la anulación de la sentencia y que la causa se recondujese a la vulneración de derechos fundamentales. Con las mismas razones, la petición de Rosas y Cabezas sí fue aceptada; la de López, que recayó en otra sala, se rechazó.

La CSAG anuncia recurso

La de Mónica Rosas, con fecha de 2 de marzo y conocida este fin de semana, ha sido la primera de las sentencias favorables. Después de cinco derrotas judiciales, fue recibida con alborozo tanto por la plataforma Defende a Galega como por el comité y los trabajadores críticos con la deriva de los medios públicos. En su escrito, la Sala de lo Social hacía suyo “el reproche jurídico” a la jueza de primera instancia que suponía admitir el recurso justo antes decretar “la existencia de vulneración de los derechos fundamentales de la actora” y ordenar a la CSAG “cesar en esa conducta”.

Además, el TSXG condena a la corporación a abonar a la periodista 7.501 euros “en concepto de indemnización por daños y perjuicios morales por la vulneración de derechos fundamentales”. Una cantidad que puede parecer irrisoria tras los dos años de proceso y después de que Rosas tuviese que acogerse a una baja por trastorno de ansiedad tras un traslado que ahora la justicia considera injustificado. “Qué barato resulta violar la Constitución”, resume Matías Movilla, consejero del despacho de abogados Vento –su compañero, Ignacio Alén, llevó la demanda de Rosas– y todo un veterano en la defensa de los trabajadores de la CSAG.

Para la presidenta del comité intercentros, Raquel Lema (CUT), la sentencia es “importantísima” porque, a partir de ahora, la corporación tendrá “la obligación de justificar muy bien” cualquier decisión de traslado de trabajadores que hasta ahora utilizaba “como una excusa para las represalias”.

Este lunes, en su comparecencia semanal tras el Consello de la Xunta, el presidente Alfonso Rueda envió balones fuera y pasó la pelota a la Corporación. En su respuesta, Rueda obvió que la actual directora xeral de la CSAG, Concepción Pombo era la directora de informativos y superior directa de López Carballeira cuando se produjo la vulneración de derechos fundamentales sentenciada ahora por el TSXG. “La decisión del cambio de unidad orgánica de la demandante se tomó por el Director de Informativos de la CRTVG, Don Alejandro López Carballeira, junto con las Direcciones implicadas en dicho cambio”, escriben textualmente los magistrados.

Pombo llegó a la dirección xeral de la Corporación el pasado mes de julio, después de un cambio en la ley de medios públicos que permitió al PP designarla en solitario sin necesidad de una mayoría cualificada y pese a ser señalada como principal responsable de la manipulación informativa durante los casi ocho años que ejerció la jefatura del departamento. Cuando ascendió a lo más alto, López Carballeira heredó su puesto.

Tras el despeje de Rueda, llegaba la respuesta de la CSAG, fiel a sí misma. A través de correo electrónico, un portavoz relacionaba la demanda de Rosas con las otras tres, todas presentadas a raíz de lo que define como “reestructuración organizativa”, una “potestad de la dirección empresarial” y señala que los cuatro casos “obtuvieron sentencias favorables para la Corporación en primera instancia”. Añade que contaron con informes de la Fiscalía que, “al igual que las resoluciones judiciales, no apreciaban vulneración de derechos fundamentales”. Sin embargo, esos fallos no negaban la vulneración: simplemente, las juezas evitaban valorar si existía amparándose en que no había una modificación sustancial de las condiciones laborales.

“De los cuatro casos, éste es el único en el que el TSXG hace una lectura distinta y se aparta del criterio establecido previamente”, concluye antes de anunciar que la Corporación “recurrirá esta sentencia ante el Tribunal Supremo al entender que la reestructuración organizativa responde a una causa objetiva”.

Queda por saber si esa “lectura distinta” será la última. El caso de Mayte Cabezas está pendiente de la resolución de la querella por supuesta falsedad en los correos de la CSAG antes de seguir adelante. El de Nuria López, en punto muerto tras la decisión del TSXG de no anular su primera sentencia, podría reavivarse tras el empujón que ha supuesto el final feliz del de su compañera. Un final que aún no es definitivo, ante el anuncio de recurso de la Corporación, pero la defensa de las trabajadoras otorga muy pocas posibilidades a ese último intento. Afirman que la Sala de lo Social del Supremo apenas admite un 2% de los recursos de casación para la unificación de doctrina. Para conseguirlo, necesitarían encontrar un caso similar al de la periodista gallega en el que se justificase un desenlace diferente. Algo que no parece nada fácil.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha condenado a la CSAG (antigua CRTVG) por vulnerar los derechos fundamentales de una periodista a la que cambió de puesto como represalia por su participación en los Venres Negros, las movilizaciones semanales que denuncian la manipulación informativa de los medios públicos gallegos. Otros tres trabajadores habían denunciado el miso trato.

La sentencia, ante la que sólo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, revoca la emitida por el Juzgado de lo Social número 1 de Santiago en 2023. La jueza consideró entonces que los cambios de los redactores –entre la TVG, la Radio Galega y la página web– no supusieron una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Por eso, consideró que no cabía “entrar a valorar la vulneración de derechos fundamentales”, algo que ahora sí ha hecho el alto tribunal gallego, que ordena a la CSAG reponer a la trabajadora en su puesto e indemnizarla con 7.501 euros por daños y perjuicios morales.

La sala considera que se vulneró la grantía de indemnidad, el derecho que impide que la empresa tome represalias contra un trabajador por participar en actividades sindicales o reivindicativas.

No es la primera vez que la corporación de medios públicos gallegos es condenada por represalias. En 2021, el mismo juzgado compostelano anuló un expediente al periodista Carlos Jiménez porque consideraba que existían “indicios acreditados de modo objetivo” para “inferir” la relación directa “con su actividad judicial y con la manifestación de su discrepancia periodística respecto a la política informativa de la corporación”. Y respondía entonces a la CRTVG: “no puede excluirse de modo indubitado el propósito de represalia en su actuación sancionadora contra el trabajador”.

“Un antes y un después” según el comité

“Supone el reconocimiento explícito de que en la CSAG hay acoso y represalias por intentar tener otros medios públicos”. Para la presidenta del comité intercentros, Raquel Lema, esta sentencia marcará “un antes y un después en la CSAG, en la profesión y en todas las empresas periodísticas”. A la espera de que la ratifique el Tribunal Supremo, entiende que “amplía lo que se conocía como garantía por indemnidad” ya no sólo ante reclamaciones de ámbito laboral, sino también por cuestiones más “abstractas” como protestar contra la manipulación informativa.