La Audiencia de Cuentas de Canarias ha denunciado en su informe de 2023 sobre el ente público Radiotelevisión Canaria el pago de 123.116 euros a 72 tertulianos y colaboradores sin formalizar ningún contrato legal y sin cumplir la obligación de aplicar los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación.

Estas contrataciones irregulares (85.243 euros en la radio y 37.873 en la televisión) han incluido a presentadores, comentaristas y participantes habituales en programas, según detalla el informe auditor, que ha sido presentado en comisión parlamentaria por el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco.

El ente ha incorporado a estos colaboradores sin un contrato, solamente mediante acuerdo verbal y la posterior emisión de una factura, según la fiscalización de 2023, año en el que estuvieron al frente de RTVC Francisco Moreno como administrador único hasta octubre y María Méndez como administradora general a partir de diciembre, ha detallado Pacheco.

El presidente de la Audiencia de Cuentas ha reconocido, no obstante, que en esta fiscalización se aprecian avances con respecto a la gestión económica del ente en ejercicios anteriores, aunque aún insuficientes puesto que hay irregularidades que se repiten.

En años anteriores, “la situación era bastante más crítica”, ha señalado Pacheco, quien ha vinculado las carencias de gestión del ente con la incapacidad del Parlamento para desarrollar la ley y definir el mandato marco de RTVC, nombrar a los miembros de la Junta de Control o constituir el Consejo Asesor ni los Consejos de Informativos.

Además de las irregularidades en la contratación de colaboradores, el informe de 2023 revela además otros incumplimientos, como el abuso de contratos menores o el fraccionado de gastos recurrentes para adjudicarlos de forma directa.

El informe denuncia adjudicaciones directas acumuladas que superan los 15.000 euros anuales al mismo adjudicatario.

También se reprocha al ente que acudiera a la vía de urgencia para contratar las retransmisiones del carnaval o que la adquisición de derechos de producciones se haga sin informe jurídico y sin posibilidad de verificar si los precios son de mercado.

Hay informes jurídicos que se emiten la misma fecha de la formalización del contrato o incluso después, según la auditoría oficial.

Además, la Audiencia de Cuentas incide en que la contratación temporal recurrente de personal está generando litigios judiciales que derivan en relaciones laborales indefinidas.

Denuncia también que en los procesos de selección de personal temporal no hay un baremo objetivo que justifique la elección de candidatos.

La Cámara de Comptos, el tribunal de cuentas navarro, ha detectado una deuda de “al menos” 120.000 euros en el Consejo de la Juventud de Navarra, un organismo que promueve la participación de los jóvenes en la vida pública, y asegura que su continuidad “no es viable”, por lo que sugiere suprimirlo.

En un informe de 27 páginas encargado por el Parlamento foral, a petición de UPN, para fiscalizar las cuentas de este organismo, la Cámara de Comptos apunta a un “descontrol” en la contabilidad del Consejo de Navarra y concluye que en la actualidad no tiene actividad, no cuenta con sede, ni tampoco personal.

Añade que sus órganos no se han renovado “por falta de quorum” en la asamblea de julio del 2024 y que “no ejercen sus funciones y responsabilidades.” Además, destaca que arrastra una deuda de al menos 120.000 euros, después de haber sido condenado por el impago de las nóminas a antiguos empleados

El Consejo de la Juventud de Navarra se creó en 1986 “para promover la participación de los jóvenes en la vida pública y velar por sus derechos”. El tribunal de cuentas señala que aunque su reglamento prevé que las cuotas de sus asociados sean la primera fuente de ingresos, estos son públicos en su totalidad. Provienen fundamentalmente del Instituto Navarro de la Juventud (81%) y del Parlamento de Navarra (15%).

La Cámara de Comptos, que ya había detectado “una falta de control en la contabilidad” en un informe en el que se analizaron las cuentas del organismo entre los años 2019 y 2023, ha estuadiado ahora las cuentas de los años 2023 y 2024, constatando que el descontrol en la contabilidad “sigue vigente”.

Así, según Comptos en 2023 los cobros y gastos rondaron los 128.000 euros, mientras que en 2024 se redujeron “notablemente” a 11.00 y 10.000 euros respectivamente. Al inicio de 2023 el Consejo contaba con cuatro profesionales, que el año pasado se redujeron a dos cuyos contratos quedaron resueltos en julio.

La resolución de los contratos obedeció a una demanda de los trabajadores por impago de nóminas. El Consejo de la Juventud no compareció a los juicios y el tribunal impuso el pago de casi 80.000 euros. Así, la mayor parte de la deuda de 120.000 euros corresponde a esa sentencia y el resto a la Seguridad Social, Hacienda de Navarra y Consejo de la Juventud de España.

De esta forma, el tribunal de cuentas navarro concluye en su informe que la continuidad del Consejo de la Juventud “no es viable” y sugiere su disolución.

El pasado septiembre, la Fundación SAMU reconoció en la Audiencia Nacional haber aplicado un ERTE injustificado a 300 empleados, como publicó elDiario.es. Los responsables de la entidad sin ánimo de lucro, que acumula contratos públicos millonarios en multitud de servicios para colectivos vulnerables, evitó así ir a juicio a través de un acuerdo en sede judicial con los sindicatos por el que debía abonar a los trabajadores los salarios no percibidos entre noviembre y enero. Sin embargo, “no han pagado absolutamente nada”, denuncian en CCOO y UGT. No es la única irregularidad: la Administración lleva meses instándole a que presente las cuentas anuales como exige la ley, sin éxito.

La perplejidad de los sindicatos es total. Después de la conciliación en sede judicial, “no han pagado a ningún trabajador”, critica Gloria Mora, colaboradora de la Secretaría de política sindical de UGT Servicios Públicos. El acta firmada en sede judicial recogía la obligación de la entidad presidida por Carlos González-Escalada Álvarez de abonar el 30% de las remuneraciones hasta el 30 de noviembre y el 70% restante, hasta el 31 de enero. Además, debía devolver al SEPE las prestaciones de desempleo cobradas por la plantilla durante el ERTE.

“En noviembre, se excusaron en que algunos trabajadores no habían firmado un escrito con las prestaciones por desempleo recibidas”, explica Mora, que destaca que no se pagó a ningún empleado, tampoco los que sí lo habían formalizado. “Como lo ponían como excusa, se le entregaron esas autorizaciones a la fundación, que las entregamos también en la Audiencia Nacional, y aun así después nos vimos en la misma situación en enero. No han pagado nada”, denuncia Pedro Ocaña, secretario de Enseñanza privada y Servicios socioeducativos de CCOO.

Los sindicatos afirman que la entidad ya no da “ninguna explicación” a los impagos. Mientras, en estos meses la Fundación SAMU ha seguido sumando nuevas adjudicaciones públicas. Una de las últimas, el pasado 30 de enero, con un contrato de más de 6,7 millones de euros del Consell d’Eivissa para el acogimiento residencial de 32 menores migrantes en los próximos dos años.

Como viene sucediendo en Canarias, donde la Fundación SAMU es una de las ONG y entidades que más contratos públicos recibe en la atención a menores migrantes, la concesión pública en Ibiza es fruto de un proceso “negociado sin publicidad por razones de imperiosa urgencia”, recoge la licitación.

Los sindicatos temen que la fundación SAMU tampoco haya devuelto al SEPE el dinero público cobrado en el ERTE irregular, sobre el que la Inspección de Trabajo constató que no se había presentado “la documentación legalmente establecida” para ejecutar las suspensiones de contratos. “A los trabajadores al menos no les ha llegado ninguna comunicación del SEPE”, advierte la representante de UGT.

Como consecuencia, los representantes de los trabajadores han acudido de nuevo a los tribunales para forzar la ejecución del acuerdo judicial. La Audiencia Nacional ha citado a la entidad el próximo 26 de marzo. elDiario.es intentó el viernes recabar la versión de la Fundación SAMU, sin obtener respuesta.

De unas cuentas con “defectos” al silencio ante la Administración

Con el lema “nos encanta salvar vidas”, la Fundación SAMU es una entidad del tercer sector con sede en Sevilla, fundada en 1998 por el coronel médico Carlos Álvarez Leiva, que había creado unos años antes una empresa de cobertura médica y ambulancias. Cuarenta años después de la primera piedra del hoy Grupo SAMU, “la aventura de una familia”, varias empresas rodean a la fundación, que ha crecido mucho y ha ido diversificando sus actividades.

Esta metamorfosis ha sido impulsada sobre todo por uno de los hijos del fundador, Carlos González-Escalada Álvarez, que preside en la actualidad el grupo SAMU, como él mismo destaca. Además de las ambulancias, prestan otros muchos servicios, principalmente a través de licitaciones públicas, que atienden a personas con discapacidad, con problemas de salud mental, de acogimiento de menores y, en los últimos años, un gran crecimiento de menores migrantes no acompañados, entre otros.

“En 2010, un año antes de mi ascenso a director general, SAMU facturó 8,4 millones”, indicaba Carlos González-Escalada Álvarez el año pasado, según una crónica publicada por la Fundación SAMU. “Hoy, cuando dejo mi puesto ejecutivo, la marca SAMU factura cerca de 100 millones de euros, tiene más de 120 centros de trabajo y presencia en seis países”, añadió.

Sin embargo, las últimas cuentas de la fundación SAMU –correspondientes a 2023– no se conocen formalmente porque la entidad no ha cumplido con otro mandato legal, esencial para la transparencia de este tipo de entidades sin ánimo de lucro: la presentación de estados financieros anuales ante el Protectorado de Fundaciones, tal y como exige la ley.

Según ha podido saber este medio, la Fundación SAMU presentó unas cuentas de 2023, pero contenían varios errores, por lo que el Protectorado de Fundaciones de Andalucía le requirió a finales de septiembre que los subsanaran y las volvieran a enviar. Después de meses de insistencia, la fundación no ha respondido al requerimiento de la Administración.

Finalmente, “se dictó Resolución de desistimiento con fecha 24 de febrero de 2025 por no subsanarse los defectos observados en el examen de dichas cuentas anuales”, indica el Protectorado de Andalucía a una solicitud de información pública cursada. El órgano ha “instado nuevamente a la presentación de unas nuevas cuentas anuales del ejercicio 2023”, añade.

Posible causa judicial y otras dudas

Que una fundación no responda a los requerimientos de la Administración “no es nada habitual”, afirma José Pedreira Menéndez, director del área de entidades no lucrativas del bufete Garrido. “Lo normal es que los patronos respondan a los requerimientos de subsanación de las cuentas, porque se exponen a una causa judicializada. Puede haber responsabilidades personales para ellos”, explica el abogado, que destaca que las fundaciones suelen ser bastante transparentes.

Pedreira explica que, en estos casos de falta de respuesta, la Administración puede acudir a un juzgado para exigir a la fundación que cumpla con el mandato de presentar las cuentas anuales. “Si los patronos se niegan a entregar la documentación, el juez puede imponer multas coercitivas, por ejemplo 300 euros por cada día de retraso, e incluso puede remover de su puesto a los patronos”, explica el abogado.

No presentar las cuentas anuales “tiene además consecuencias fiscales” para las fundaciones, añade Pedreira, ya que es un requisito para el tratamiento especial por el que no pagan el Impuesto de Sociedades y tampoco tributan las donaciones que reciben. “Si no presentas las cuentas, pierdes automáticamente el régimen fiscal especial”, advierte el abogado.

El sindicato CCOO fue el primero en poner la lupa sobre las cuentas de la Fundación SAMU, e indicar ciertas sospechas sobre ellas, debido al estudio de las cifras provisionales que la entidad presentó para justificar el ERTE. La fundación argumentó la necesidad de aplicar las suspensiones de contratos debido a causas económicas, por supuestas pérdidas en 2023. Después, en el pacto en sede judicial, SAMU reconoció que el ERTE estaba “injustificado”.

“La negativa de la empresa a facilitar documentación adicional que permitiese verificar el registro de determinadas transacciones económicas con empresas del grupo era sinónimo de que Fundación SAMU continuó generando beneficios económicos durante 2023, y no pérdidas, como pretendían hacer creer”, apuntaron en CCOO con la retirada del ERTE.

Las transacciones económicas entre empresas del grupo y entidades vinculadas son un punto dudoso en las cuentas de la fundación desde hace años. En las de los últimos ejercicios, 2022 y 2021, que ha consultado este medio, el auditor firma una opinión “con salvedades” precisamente por este motivo. Indica que la fundación mantiene transacciones significativas con partes vinculadas y que no ofrece la documentación necesaria para comprobar su correcta valoración. En 2022, las transacciones con empresas vinculadas a la fundación ascendieron a 2,9 millones de euros.

El presidente de la nueva Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, Fernando Andújar, ha abroncado a las entidades locales de la región por su “bajo nivel” de rendición de cuentas y ha expresado su preocupación por que el 60% de los ayuntamientos no estén cumpliendo con esta obligación.

Así lo ha señalado durante la rueda de prensa previa a la reunión de la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes en la que Andújar ha comparecido, por primera vez, tras recuperarse en 2022 el órgano que tiene como función principal el control de la actividad financiera del sector público regional.

“No quiero utilizar la palabra 'vergonzosa' para decir que el nivel de rendición de cuentas es muy bajo”, ha afeado Andújar, al tiempo que lo ha comparado con “como si los ciudadanos no hicieran anualmente su declaración de la Renta”.

En este sentido, ha recordado que la Cámara de Cuentas tiene la función de fiscalizar también a las entidades locales de la Comunidad Autónoma y estas la obligación de remitir su información a este organismo dependiente de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Al hilo de esta cuestión, el presidente de la Cámara de Cuentas ha dicho que esta reprimenda no va dirigida a “municipios pequeñísimos” sino a municipios grandes, “de 15.000 habitantes en algunas provincias”, que no rinden cuentas. “Y eso para mí no es asumible. Hay un gran municipio de la provincia de Toledo que lleva tres años sin rendir cuentas”, ha criticado Andújar, quien no ha querido dar nombres.

Respecto a los municipios pequeños, ha dicho que “tendrán que estudiar”, junto con la Junta y las diputaciones provinciales, cómo pueden hacer que “pequeños pueblos, con una dispersión grandísima y una despoblación tremenda”, puedan realizar esta rendición de cuenta con la escasez de recursos que tienen.

Trabajo desarrollado por el nuevo organismo

Por otro lado, durante la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes, Andújar ha presentado la memoria del ejercicio 2023 de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, además de resumir el trabajo desempeñado por este nuevo organismo desde su recuperación en 2022.

En la primera intervención del presidente de la Cámara de Cuentas ante los grupos políticos en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes, Vox ha criticado que este organismo “no sea más” que una “duplicidad más” entre el Estado y las autonomías.

Desde el Partido Popular, el diputado Nacho Redondo ha pedido una “mayor premura” para que los datos que se fiscalizan desde la Cámara de Cuentas “estén más adelantados”, además de solicitar “independencia” a este órgano para su correcto funcionamiento y que puedan beneficiarse de él todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

Por la parte socialista, Fernando Mora ha destacado el esfuerzo que ha supuesto constituir de cero este nuevo órgano y ha felicitado a su presidente por el trabajo desarrollado, haciéndolo extensivo para todas las personas que componen la Cámara de Cuentas.

Asimismo, ha tenido críticas para Vox por oponerse a la creación de la Cámara de Cuentas pese a que en otras autonomías, como Andalucía o Aragón, sus compañeros de partido participan en ella.

El puesto de “técnico de auditoría jefe de prevención de la corrupción” de la Audiencia de Cuentas de Canarias, recaído en la cuñada de su presidente, se creó exactamente una semana después de que María Jesús Varona Bosque cesara a petición propia en su anterior destino al frente de la Agencia Tributaria Canaria. Varona dejaba su puesto el 26 de septiembre de 2019, tras producirse el relevo en la Consejería de Hacienda del Gobierno regional mediante el pacto del PSOE con Nueva Canarias (NC), Unidas Podemos (UP) y la Agrupación Socialista Gomera (ASG), que desalojaba del poder a Coalición Canaria (CC) tras 26 años ininterrumpidos. El único órgano al frente del cual aún hoy sigue una persona de ese partido, Pedro Pacheco, el cuñado de Varona, es precisamente la Audiencia de Cuentas.

Según el Boletín Oficial de Canarias (BOC), María Jesús Varona cesó el 26 de septiembre de 2019, y el 3 de octubre su cuñado creaba la plaza que el pasado 11 de mayo le fuera otorgada a aquella mediante una convocatoria por el procedimiento de libre designación.

Ninguna de las numerosas llamadas efectuadas ni los mensajes enviados por este periódico al teléfono de Pedro Pacheco han recibido respuesta, pero fuentes conocedoras del expediente aseguran que el presidente de la Audiencia de Cuentas se abstuvo desde su inicio sin que formalmente constaran las causas de su abstención. Nadie aclara si avisó desde el principio a los demás consejeros de los vínculos concretos con esa candidata, ni de cómo se acordó que se procediera a su abstención. Hay mutismo absoluto.

La nueva plaza creada por Pacheco en la Audiencia de Cuentas de Canarias no parece haber sido necesaria a lo largo de los 31 años que el pasado día 3 cumplió ese órgano fiscalizador, y se crea justo ahora que Coalición Canaria ha sido desalojada de las principales instituciones del Archipiélago, las que tiene que escrutar. Sin embargo, sigue sin cubrir desde hace al menos dos años la plaza que ocupa en el escalafón el puesto número 2 en el organigrama del Gabinete de la Presidencia, tras la secretaría general: el de responsable de relaciones institucionales y comunicación. Un puesto al que los periodistas no pueden acudir para consultar cuestiones como estas relativas precisamente al órgano que ha de velar por el recto funcionamiento de la administración pública canaria.

En el Parlamento de Canarias, donde Unidas Podemos ya se ha pronunciado calificando el nombramiento de “irregular y poco ético”, no se ha promovido aún ninguna acción institucional. Al fin y al cabo, tanto la Audiencia de Cuentas de Canarias, como el Diputado del Común o el Consejo Consultivo son órganos dependientes de la Cámara autonómica tan solo a los efectos presupuestarios y gozan de autonomía de gestión plena. Su fiscalización parlamentaria, en todo caso, depende de la Comisión de Hacienda, a cuyo frente se encuentra un diputado de Coalición Canaria, Narvay Quintero, consejero del último gobierno nacionalista.

La cuñada del presidente de la Audiencia de Cuentas, María Jesús Varona, es una alta funcionaria de la Comunidad Autónoma que había sido designada directora de la Agencia Tributaria Canaria por la última consejera de Hacienda de Coalición Canaria, Rosa Dávila, actualmente vicepresidenta segunda del Parlamento regional.

Una vez cesó en ese cargo al frente de la Agencia Tributaria Canaria, Varona concursó junto a otras trece personas a la plaza que su cuñado creó una semana después. La designación se produjo tras la abstención de Pacheco, lo que hizo que la responsabilidad de gestionar el expediente recayera en el secretario general, Juan Fuentes, un profesional de 20 años de trayectoria en la casa que ha gozado de la confianza de cuatro de los cinco presidentes, todos ellos designados por Coalición Canaria. Fuentes no trabajó para el primer presidente, el socialista Antonio Márquez.

El informe de Fuentes evaluando a los aspirantes a la plaza fue elevado al pleno de la Audiencia de Cuentas, que ratificó por unanimidad la designación de la cuñada del presidente. En su informe, el secretario general avaló para el puesto a María Jesús Varona, “funcionaria de carrera”, por su “formación y experiencia”.

El pleno de la Audiencia de Cuenta de Canarias está formado, además de por Pedro Pacheco, por Fernando Figueredo, diputado del Partido Popular de 2007 a 2015 y candidato de este partido al órgano fiscalizador; Gervasio Miguel Rodríguez, que ha dedicado su vida profesional a la auditoría, la organización empresarial o el marketing, que fue propuesto por el PSOE; Elena María Hernández, que ha desempeñado diversos puestos en el Cabildo de Fuerteventura y fue designada por el PSOE, y María Inmaculada Saavedra, quien inició su carrera profesional como auditora del sector público, fue la aspirante de Nueva Canarias. La elección como presidente del candidato de CC respondió al reparto que las fuerzas políticas hicieron en el Parlamento.

Una fuente oficiosa del órgano fiscalizador ha explicado a este periódico que hay tranquilidad entre los miembros del pleno porque “el procedimiento de libre designación es objetivo, discrecional y se valoran y comprueban los méritos de todos los aspirantes”, con criterios tales como “la confianza que inspira cada uno”.

En cualquier caso, el Boletín Oficial de Canarias, que publicó el pasado lunes la designación de María Jesús Varona como jefa contra la corrupción, establece que cabe interponer recurso protestativo de reposición ante el pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias en el plazo de un mes desde la publicación de la resolución, o un contencioso-administrativo ante los juzgados competentes, en un periodo de dos meses.

La Audiencia de Cuentas de Canarias ha designado a la cuñada de su presidente, Pedro Pacheco, como jefa contra la corrupción “por el procedimiento de libre designación”, según ha publicado este lunes el Boletín Oficial de Canarias (BOC). El 30 de abril, en medio del estado de alarma, el pleno del órgano fiscalizador de Canarias adjudicó por unanimidad la plaza denominada “técnico de auditoría jefe prevención de la corrupción”, adscrita al Gabinete de la Presidencia y con sede en Santa Cruz de Tenerife.

Tras finalizar el plazo de solicitudes, la Secretaría General de la Audiencia de Cuentas de Canarias emitió un informe sobre el cumplimiento de las personas participantes de los requisitos exigidos para el desempeño del puesto y, posteriormente, propuso a la “licenciada en Derecho” y “funcionaria de carrera” María Jesús Varona para el trabajo “atendiendo a su formación y experiencia”, se puede leer en el BOC.

Varona fue nombrada por el Gobierno de Coalición Canaria (CC) directora de la Agencia Tributaria en 2017, cargo que desempeñó hasta 2019, cuando su cese se materializó “a petición propia”. Antes, esta funcionaria de la Administración canaria desde 1990, también ejerció en la Consejería de Presidencia o en la Dirección General de Función Pública, además de formar parte activa del equipo negociador del Régimen Económico y Fiscal de 1996 a 1999 o desempeñar el cargo de viceconsejera de Agricultura de 2000 a 2004, siempre con Coalición Canaria, partido del que también ha sido alto cargo durante muchos años su cuñado, Pedro Pacheco.

De hecho, su nombramiento como presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias ya llegó envuelto en la polémica por ser legalmente incompatible con sus ocupaciones anteriores, lo que obligó a que Coalición Canaria promoviera una modificación legislativa. Pacheco había sido hasta ese momento consejero de la empresa pública Grafcan, y la ley prohibía taxativamente que accediera a presidir el máximo órgano fiscalizador de la autonomía el responsable de cualquier órgano directivo sometido a sus controles. A Coalición Canaria le apoyaron el PP y el PSOE.

Pacheco inició su carrera política al amparo de CC en 1991, cuando fue nombrado director general de Tributos. Entre 1995 y 1996 ocupó la Concejalía de Hacienda en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, desde donde ya dio el salto definitivo a cargos de confianza en la Comunidad Autómoma, primero como asesor del consejero de Hacienda, luego como viceconsejero de Hacienda y Relaciones con la UE en 1997; consejero delegado en la empresa pública Cartográfica de Canarias, S.A; director ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural o interventor delegado en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. En julio de 2015 se incorpora al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información del Parlamento de Canarias y se integra como vocal de los consejos de administración de las empresas públicas Gesplan, Sodecan, Grecasa y Grafcan.

El puesto para el que su cuñada María Jesús Varona ha sido designada incluye funciones como la colaboración con las áreas en las definiciones de los criterios para la elaboración de los cuestionarios de fiscalización del control interno por parte de la institución o la elaboración de los criterios para el planteamiento de guías y modelos de planes de prevención de riesgos de la corrupción.

También debe evaluar las propuestas y recomendaciones formuladas por las diferentes áreas de fiscalización con carácter previo a su aprobación o prestar apoyo jurídico en el análisis de los aspectos detectados en la revisión del control interno de las entidades fiscalizadas que incluyan recomendaciones sobre la revisión de los planes de prevención. Además del desarrollo de modelos de cuestionarios, guías y planes a utilizar o integrar los trabajos de fiscalización del control interno.

Tras la publicación del BOC, María Jesús Varona debe cesar en su actual trabajo en el plazo de tres días hábiles contados a partir de este lunes y tomar posesión del puesto como jefa contra la corrupción, ampliable a un mes si habitara fuera de la isla en la que deberá desempeñar dicha labor.

El secretario general de la Audiencia de Cuentas, Juan Fuentes, se ha limitado a afirmar que “el pleno asumió la competencia de resolver” la convocatoria y ha asegurado que desconoce la relación entre Pacheco y Varona. Por su parte, el presidente de la Audiencia de Cuentas no ha contestado las peticiones de entrevista de este periódico.

1.600 millones de euros que transformarían la realidad de Canarias. Era la expectativa del anterior Gobierno regional, presidido por Fernando Clavijo (CC), cuando anunció la llegada de los Fondos de Desarrollo de Canarias (Fdcan) transferidos por el Gobierno estatal al suprimirse el Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE). Sin embargo, ¿qué impacto han tenido estos fondos en la sociedad? El último informe de la Audiencias de Cuentas pone la lupa en el destino de este dinero, ya que la ausencia de estudios sobre su incidencia impide “verificar el cumplimiento y nivel de ejecución de las políticas estratégicas previstas, y los efectos que aquel está produciendo”.

El informe fiscalizador de 2018 apunta que el cumplimiento de la regla de gasto por parte de las administraciones locales está llevando a un remanente de tesorería cada vez mayor, dinero que, sin embargo, podría dedicarse a inversiones “financieramente sostenibles”, es decir, a la mayoría de los proyectos gestionados actualmente por el Fdcan. De esta manera, esos recursos podrían liberarse “a otras políticas públicas que se encuentran deficitariamente dotadas, desde la perspectiva de los principios de economía, eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos, y no que queden inmovilizados como depósitos financieros”. 

El actual Gobierno de Canarias trató de modificar el modo de gestionar el Fdcan por parte del anterior Ejecutivo. Sin embargo, la Consejería de Hacienda decidió el pasado mes de diciembre dar marcha atrás a su propuesta inicial de retener 100 millones y transferir a las corporaciones insulares los 60 millones restantes de la anualidad de 2019. Finalmente, cedió a transferir a los cabildos 112 millones de euros ante la imposibilidad de conocer el grado de ejecución de las obras previstas por estos fondos. 

Nueva Canarias, partido que se encuentra en la actualidad al frente de la Consejería de Hacienda, siempre fue contrario al destino de estos fondos, que podrían haberse dedicado a políticas públicas deficitarias como Sanidad o Dependencia. Sin embargo, actualmente existen multitud de obras comprometidas por los cabildos e iniciadas y es complejo reconducir el destino de este dinero. No obstante, el consejero del área, Román Rodríguez, ha dejado claro en sus intervenciones sobre este asunto que la reprogramación del Fondo de Desarrollo de Canarias se hará “por consenso” con los cabildos. 

El PSOE también fue muy crítico cuando gobernaba Coalición Canaria, el diputado Iñaki Lavandera llegó a acusar a este partido de realizar un reparto clientelar de los fondos. De hecho, Clavijo premió con el Fdcan a aquellos municipios en los que o bien gobernaba CC o partidos locales que le apoyaron posteriormente en las elecciones. Fue el caso de  Mogán, Firgas o San Mateo en Gran Canaria. Entonces, se decidió que a cada habitante de esos municipios le llegaría 342 euros del Fondo de Desarrollo de Canarias, mientras que a cada ciudadano de la Isla en su conjunto le corresponderá 148 euros si se atiende al criterio poblacional. 

Llama además la atención que el único cabildo que actualmente ha cumplido en tiempo y forma el grado de ejecución es el de Tenerife, donde gobernaba Coalición Canaria. El resto de cabildos ha solicitado un plazo que oscila entre tres meses y un año para justificar. Así, el Cabildo de La Palma ha pedido ampliar hasta el 30 de marzo de 2020; La Gomera, hasta el 30 de noviembre de 2020; El Hierro y Lanzarote, hasta el 31 de diciembre de 2019, y el Cabildo de Fuerteventura y Gran Canaria, hasta el 31 de octubre de 2020.

Hay obras que han sufrido múltiples retrasos. Ejemplo de ello es el aparcamiento subterráneo de San Mateo, una obra envuelta en la polémica ya que la mala planificación llevó a modificar el proyecto y paralizar las obras, que han sido prorrogadas varias veces. También es el caso de Artenara, donde aún los vecinos siguen a la espera de la plaza con aparcamientos prometida. 

No obstante, la Audiencia de Cuentas recuerda que el 1 de febrero de 2019 el Gobierno de Coalición Canaria adjudicó un contrato con una empresa externa para que realizara un análisis técnico que evaluara el Fdcan en los años 2016, 2017 y 2018. El plazo para su presentación finaliza el 31 de octubre de 2020. “Hacer hincapié en que la ausencia de informes intermedios impide corregir posibles deficiencias en la asignación de los recursos, de cara a garantizar que los fondos del Fdcan cumplan su finalidad, y puedan servir de soporte en la toma de decisiones a las Comisiones de seguimiento que se recogen en el Decreto arriba mencionado”, concluye la Audiencia de Cuentas. 

El informe fiscalizador de 2017 se pronunciaba ya en el mismo sentido e incidía en que “la mayor parte de los proyectos en los que se ha desarrollado el Fdcan (aproximadamente un 78 %) corresponde a inversiones en infraestructuras, proyectos que se encuadran en la definición de inversiones financieramente sostenibles recogidas en la disposición adicional 16 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL 2/2004, de 5 de marzo) y que, por tanto, deberían ser ejecutados con el superávit que presentan la mayoría de las CC.LL. canarias”. 

“Los cabildos […] han mostrado hasta el momento una escasa preocupación por el cambio climático”. La Audiencia de Cuentas ha concluido así su informe sobre la adaptación de las corporaciones insulares de Canarias a la emergencia climática. El Cabildo de Gran Canaria rechaza que el documento, pese a algunos reconocimientos a su implicación medioambiental, obvie las más de 50 iniciativas regionales, nacionales e internacionales que ha impulsado en los últimos años en este ámbito. Disconforme con el resultado del estudio, la corporación presentó una serie de alegaciones, de las que solo dos se aceptaron. Una de ellas critica que se “aglutine al conjunto de los Cabildos con este criterio”. “Sin duda alguna, el Cabildo de Gran Canaria ha realizado un esfuerzo muy considerable atendiendo a las circunstancias de personal, económicas y estructurales”, alega.

La Audiencia reconoce que, aunque es cierto que la Isla en los últimos años ha adoptado varias iniciativas en esta materia, los resultados del documento se refieren a las corporaciones insulares “en conjunto”. El ambientalista y experto Ezequiel Navío y el exconsejero de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i, Raúl García Brink, valoran el “riguroso estudio” y coinciden en que aún queda mucho por hacer para preparar a las Islas ante la devastadora crisis climática. “España y Canarias no son ejemplos de implicación contra este problema”, opina García Brink. Sin embargo, consideran un “error” y una “injusticia” equiparar los esfuerzos de las distintas administraciones.

“El análisis no ha plasmado que el Cabildo grancanario partía de cero, y a pesar de ello ha trabajado para acercarse lo máximo posible a los objetivos 2030 de la Unión Europea”, justifica el exconsejero. “El avance de los partidos que tienen como eje central de sus políticas el medio ambiente en países como Dinamarca y el escenario político europeo, cada vez más sensible con la emergencia climática, muestran que debemos sensibilizarnos cada vez más ante un fenómeno que marca la historia, la cultura y la sociedad”, señala García Brink.

A pesar de que las conclusiones intenten empañar las iniciativas del Cabildo grancanario, la corporación insular ha sacado la mejor nota en este examen. Según la Audiencia de Cuentas, se trata de la única Isla que dispone de un análisis de vulnerabilidad ante el cambio climático y la única que ha logrado integrar a todos los municipios en el Pacto de los Alcaldes, un convenio mediante el que las administraciones suscritas se comprometen a adoptar los objetivos en materia de clima y energía de la Unión Europea.

Sin embargo, en otras cuestiones evaluadas como los instrumentos de adaptación al cambio climático o el riesgo de desertificación, todo el Archipiélago ha suspendido. Otra de las tareas pendientes de las Islas es la financiación. Según la Audiencia de Cuentas, ninguna tiene programas ni partidas presupuestarias destinadas a la adaptación al cambio climático. Desde el punto de vista del director general de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Manuel Amador, se trata de “una cuestión de conceptos”. “A pesar de que no califiquemos nuestros proyectos y nuestras partidas como planes de adaptación, el objetivo es preparar y adaptar el territorio a la emergencia climática. Este apunte semántico ha afectado a todos los cabildos en los resultados”, apunta.

Los cabildos, lastrados por el mandato de CC

Los cabildos, lastrados por el mandato de CC La desidia medioambiental que mostró Coalición Canaria durante su mandato ha lastrado la lucha de los cabildos, de acuerdo con las conclusiones de la Audiencia de Cuentas. “Una de las razones que explican la ausencia de planificación en adaptación al cambio climático [...] ha sido la falta de iniciativa del Gobierno de Canarias en esta materia como órgano superior planificador, competencia que le confiere el artículo 153 del Estatuto de Autonomía de Canarias en cuanto a medio ambiente”, reza el informe.

El Cabildo de Gran Canaria ha sido una de las corporaciones que más ha sufrido no solo el bajo interés medioambiental del anterior Ejecutivo, sino que sus proyectos fueron “boicoteados y plagiados” por el Gobierno de Clavijo, apunta Ezequiel Navío. Dos cartas enviadas por el expresidente a la ONU frustraron en mayo la instalación en Gran Canaria del primer observatorio climático de España auspiciado por Naciones Unidas. Pocos meses más tarde, el Ejecutivo decidió “calcar” un proyecto de la corporación que contaría con financiación europea. “No quiso adherirse al nuestro y luego presentó uno casi idéntico. Ahora en Canarias hay dos proyectos iguales desarrollándose en paralelo”, explica Manuel Amador.

“Coalición Canaria no solo no hizo nada para preparar a las Islas ante la crisis climática, sino que se encargó de poner palos en la rueda y piedras en el camino a nuestros proyectos”, rechaza Raúl García Brink, quien además recuerda cómo la exconsejera de Política Territorial del Gobierno canario, Nieves Lady Barreto, “mostró en el Parlamento regional una actitud totalmente negacionista” al reconocer que Canarias no había tomado en serio este fenómeno porque “ningún país lo había hecho”.

El informe de la Audiencia de Cuentas que revela que el Gobierno de Canarias falseó las cuentas de 2017 para poder presumir de superávit “no ha cogido por sorpresa al Grupo Parlamentario Podemos Canarias”. La formación morada recuerda que en noviembre de 2017 advirtió “del uso habitual” por parte de la consejera de Economía y Hacienda, Rosa Dávila, “del maquillaje en los datos reales, falta de rigor en la comunicación y en el análisis, con marcadas intencionalidades mediáticas”.

Esos fueron alguno de los argumentos que Podemos incluyó para justificar la enmienda a la totalidad de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018, y denunciar “la mala política presupuestaria del Gobierno de Clavijo”.

“Rosa Dávila ha demostrado su incompetencia para la gestión de las Cuentas no sólo por el uso continuo de maquillaje, sino por el caos que ha generado en su labor”, ha afirmado la secretaria general y portavoz parlamentaria de Podemos Canarias, Noemí Santana. 

“Las falacias, mentiras y la falta de rigor son una constante del Gobierno de Clavijo, siendo  incluso habitual las contradicciones y los bailes de cifras, excusas y argumentos de un día para otro”, ha insistido Santana. 

En este sentido, ha insistido en que desde el inicio de la legislatura el Grupo Parlamentario Podemos Canarias ha puesto en duda “cada dato presupuestario con el que el Gobierno de Canarias ha alardeado, retorciendo los números para conseguir un buen titular”.

Al respecto, la formación morada recuerda que muchas veces “los datos chirriaban descaradamente” teniendo en cuenta que Canarias está a la cola del Estado en numerosos indicadores sociales, como la tasa de riesgo de pobreza, la atención a la dependencia, los servicios sociales, las listas de espera de la sanidad o el paro estructural. 

“Sin ir más lejos, el último ejemplo es el relativo a los Presupuestos Generales del Estado, donde Clavijo cifraba en 5.000 millones la inversión real en Canarias cuando en realidad son 9.000 millones”, ha insistido Santana.

Contínuo caos

Para Podemos Canarias, “la inejecución presupuestaria ha sido la tónica año tras año en esta Legislatura”, así como “el incumplimiento sistemático a las observaciones de la Audiencia de Cuentas”. Una actitud de la que “ha sido cómplice el Partido Popular”, que ha avalado la gestión del presidente Clavijo, apoyando sus Cuentas estos últimos años, “a sabiendas de que eran humo”. 

Como ejemplos, el partido ha recordado el actual caos que reina en la Agencia Tributaria, con colas de los usuarios para poder hacer sus trámites; pasando por la amnistía fiscal incluida en los últimos presupuestos de Canarias a favor de los estibadores de nada más y nada menos que de 13 millones de euros; la inejecución de los fondos estatales contra la pobreza y los intereses que se han generado por la falta de previsión; los créditos extraordinarios y suplemento de crédito de 2017 y 2016 que  no se ajustaron a la finalidad que la Ley prevé para los mismos. 

La formación morada también ha señalado como “hitos de la nefasta gestión de Dávila” el cierre presupuestario anticipado en 2016, “que supuso poner en compromiso el conjunto de los servicios públicos”; la pérdida de datos entre noviembre y diciembre de 2016 que sufrió la empresa pública Grecasa en relación con deudores y fases en las que se encontraban por deudas de cerca de 100 millones de euros o los 7,2 millones de euros de fondos no ejecutados en 2015 en guarderías y que hubo que devolver con intereses.

Pedro Pacheco ha tomado este jueves posesión de su cargo como sexto presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, un acto en el que ha recordado que la independencia y la transparencia de las instituciones determinan el grado de democracia de una sociedad.

“Solo cuando los ciudadanos conocen cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar de una auténtica democracia”, ha aseverado Pacheco.

Pacheco ha agradecido al Parlamento la “confianza” y ha señalado que la Audiencia de Cuentas debe trabajar para mejorar el funcionamiento de las instituciones y de sus entidades dependientes “con el fin de lograr una mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos”.

Entre los objetivos que se ha marcado al frente de la institución, Pachecho ha destacado que espera conseguir un “mejor” aprovechamiento del valor añadido que aportan las recomendaciones e informes de la Audiencia, al realizar un seguimiento e implicar a los gestores de las administraciones en su ejecución.

Al mismo tiempo, ha recordado que el Parlamento y la sociedad demandan una mayor agilización en los procedimientos de fiscalización, por lo que ha prometido trabajar para mejorar los tiempos, además de continuar con los programas de formación y actualización del personal.

El acto estuvo presidido por el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, que ha destacado el papel que la Audiencia de Cuentas debe desarrollar en la prevención de la corrupción, “de forma que la integridad y el buen gobierno de las instituciones públicas de Canarias quede garantizada”.

Asimismo, ha afirmado que aun siendo necesario contar con instrumentos legales de control y transparencia es “infinitamente” más importante que el “compromiso” no nazca de unas normas, sino de la convicción personal y el deber individual de todas las personas que trabajan al servicio de los ciudadanos en Canarias.

Durante el acto también ha destacado la profesionalidad, la preparación y la entrega de Pedro Pacheco, “un hombre que siempre lleva a Canarias en la cabeza”.

El consejero auditor José Carlos Naranjo Sintes, candidato del Gobierno canario a administrador único de Radio Televisión Canaria (RTVC), lleva más de cuatro años elaborando un informe de fiscalización del ente público, encargado por el Parlamento en marzo de 2014. Naranjo Sintes, miembro de la Audiencia de Cuentas desde hace 26 años, es el elegido por el Ejecutivo de Fernando Clavijo para evitar que TVC se vaya a negro el 30 de junio, con su nombramiento como administrador único después de la dimisión del anterior presidente del consejo rector, Santiago Negrín, acuciado por varios frentes con ribetes judiciales. 

Como consejero de la Audiencia de Cuentas, Naranjo Sintes ha estado durante los últimos años encargado de fiscalizar RTVC. El último trabajo aún no lo ha terminado, como ha explicado este lunes una portavoz de la Presidencia de la Audiencia de Cuentas. “Todavía está en periodo de alegaciones, por lo que sus conclusiones no son definitivas”, señalaron a este periódico desde esa institución. A lo que no han podido responder este lunes es a los motivos del retraso de cuatro años para elaborar un informe de fiscalización de los años 2011 a 2013. 

Por ese mismo informe espera desde hace meses la jueza de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife que investiga la gestión del anterior director general del ente público, Willy García, en una instrucción abierta en 2015. La magistrada María de los Ángeles Lorenzo Cáceres y Farizo ya ha llamado a declarar a varios técnicos de la Audiencia de Cuentas y a su secretario general, Juan Fuentes Fornell, pero todavía está a la espera del informe de fiscalización en manos de Naranjo Sintes. 

El pleno de la Audiencia de Cuentas, en su sesión extraordinaria del 7 de mayo de 2014, acordó admitir la solicitud de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda del Parlamento de Canarias, de 10 de marzo de 2014, de fiscalización de la gestión de Ente Público Radiotelevisión Canaria desde el año 2011 hasta el cierre del ejercicio 2013, con un apartado específico de fiscalización de todos los contratos suscritos entre el Ente Público y las empresas del sector audiovisual para la producción de programas y servicios. La Audiencia decidió modificar en mayo de ese año su programa de actuaciones de 2014 para dar cabida a este encargo. 

Sin embargo, nada más se hizo durante dos años, hasta que en el pleno celebrado el 26 de julio de 2016, justo antes de las vacaciones y en sesión extraordinaria, se aprobaron las Directrices Técnicas de ese informe de fiscalización. Esas directrices no debían suponer más que una adaptación de otros informes de fiscalización a este trabajo, sin que resultara demasiado laborioso. Aún así, pasaron dos años para que se pusiera en marcha una auditoría que aún no es definitiva. 

Ha sido ahora, en el pleno de la Audiencia de Cuentas, celebrado el 24 de abril de este año, cuando el consejero auditor Naranjo Sintes ha presentado su Proyecto de Informe de Fiscalización del Ente Público Radiotelevisión Canaria desde el año 2011 hasta el cierre del ejercicio 2013, con el apartado específico reseñado. Tras deliberar, el pleno acordó por unanimidad la toma en consideración del proyecto y remitirlo al ente público a fin de verificar el trámite de alegaciones. 

El proyecto de informe, de 199 páginas, recoge más de 40 conclusiones concretas sobre todo tipo de contrataciones, tanto de Televisión Pública de Canarias, S.A. como de Radio Pública de Canarias, S.A., y entre sus recomendaciones finales destaca que, con el objeto de contar con mayores garantías jurídicas a la hora de contratar, aconseja dotar de personal con conocimientos jurídicos al grupo audiovisual RTVC, así como de profesionales debidamente cualificados para encomendarles tareas financieras. 

La fiscalización de las cuentas de RTVC entre 2011 y 2013 se ha llevado a cabo “sin perjuicio de la revisión de los hechos anteriores o posteriores a dicho periodo que fue necesario llevar a cabo para alcanzar el objetivo fijado”, apunta el informe. 

Aún así, este todavía no es definitivo, y como ya sucediera en 2012 con la anterior auditoría del periodo 2007-2011 que detectó numerosas irregularidades en RTVC en una primera instancia, el resultado final de la misma nada tuvo que ver con esas irregularidades descubiertas de entrada. Tal y como denunció en su día el que fue miembro del Consejo de Administración de RTVC Miguel García de Celis, lo que en un primero momento salió en borrador lo “trataron de minimizar después, al decir que eran cosas subsanables y meros fallos administrativos”. 

El autor de aquel otro informe que tanta controversia causó es el mismo candidato del Gobierno canario, José Carlos Naranjo Sintes, que solo cuenta con el apoyo en el Parlamento de Canarias de los dos partidos que sustentan al Gobierno autonómico, Coalición Canaria y Agrupación Socialista Gomera. 

La oposición quiere proponer nombres 

La oposición quiere proponer nombresEn ese sentido, este lunes tres grupos de la oposición, Podemos, Partido Socialista y Nueva Canarias, han planteado al portavoz de Coalición Canaria, José Miguel Ruano, que en vez de poner un solo nombre sobre la mesa a propuesta del Gobierno de Canarias –el de Naranjo Sintes- el Parlamento tenga también capacidad para proponer candidatos a administrador único de RTVC. 

Así lo ha explicado el diputado de Podemos Juan Márquez, grupo que ha propuesto tanto esa capacidad para dar nombres como recuperar la figura del secretario del ente público, a la vez que acotar el tiempo de mandato del administrador único. A Márquez le han apoyado NC y PSOE, y “esperamos que se sume el PP”, dijo este lunes en el Parlamento de Canarias. “El PP va a poner la pelota en uno u otro lado”, explicó en relación a la postura ambigua del grupo conservador, que se lo piensa. A juicio de estos grupos de oposición, una nueva reforma legislativa de la Ley de RTVC que permita al Parlamento proponer candidatos “acelerará el proceso y el lunes mismo el nuevo administrador único podría estar trabajando”.

“Falta de medios”. Esta es la razón principal por la que el informe de fiscalización de las cuentas de Radio Televisión Canaria (RTVC) lleve cuatro años de retraso, según indicó a este periódico una portavoz oficial de la Audiencia de Cuentas de Canarias. “El retraso no se debe a nada en concreto; los funcionarios son también responsables de la Cuenta General [de la Comunidad Autónoma] que sí tiene fecha de entrega, y eso hace que por falta de medios otros informes se retrasen”. El presupuesto de este organismo fiscalizador es de más de 4,6 millones al año. 

La portavoz oficial eludió en todo momento hacer referencia a la gestión del consejero José Carlos Naranjo Sintes, incluso cuando fue preguntada por quién se hará cargo del informe de fiscalización de RTVC que aún está en fase de borrador. “Está ahora en periodo de alegaciones y seguirá su proceso dentro de la institución”. Según la versión de la Audiencia de Cuentas, el informe puede haberse retrasado porque se trata de un encargo “más amplio, desde el punto de vista técnico, que el anterior porque lo solicitó el Parlamento de manera más profunda, y eso ha complicado la labor de los técnicos”. 

La misma fuente confirmó que varios funcionarios del organismo fiscalizador ya han declarado en calidad de testigos ante la jueza de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, y que han sido interrogados sobre contratos recogidos en este informe de fiscalización aún sin terminar. Fuentes conocedoras de la investigación aseguran que la magistrada ha solicitado el borrador hasta ahora sin éxito.

Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y el Grupo Mixto -conformado por la Agrupación Socialista Gomera (ASG)- han aplazado el pleno en el que se iba a renovar los órganos dependientes del Parlamento de Canarias porque no contaban con el respaldo necesario para nombrar a los candidatos a Diputado del Común, Consejo Consultivo y Audiencia de Cuentas.

Los tres partidos habían solicitado reunirse en la Junta de Portavoces antes de que se celebrara este pleno, que precedía el inicio del Debate del Estado de la Nacionalidad. En ella han logrado con sus votos aplazar la sesión, sin fecha todavía, con el voto en contra de Podemos y Nueva Canarias (NC) y la abstención del Partido Socialista Canario (PSC).

Los nombramientos previstos eran los del socialista Rafael Yanes para el Diputado del Común; Alfredo Belda y Cristina de León por CC, Pablo Matos por el PP, y Luis Fajardo por el PSOE, para el Consejo Consultivo; y Pedro Pacheco y José Carlos Naranjo por CC, Fernando Figuereo por el PP, Gervasio Rodríguez y Elena Hernández por el PSOE, para la Audiencia de Cuentas. 

De celebrarse el pleno y no haberse logrado sacar adelante los nombramientos, todas las propuestas se habrían caído, de ahí que los tres partidos estuviesen interesados en el aplazamiento de la sesión y no en la suspensión porque una cancelación también habría puesto la renovación de los órganos parlamentarios en la casilla de salida.

El aplazamiento ya se olía desde este lunes después de que los tres partidos que han votado a favor pidieran celebrar la Junta de Portavoces. El motivo era que sin el apoyo de los socialistas las cuentas para la renovación de los órganos no salían. Desde el PSC ya llevaban advirtiendo esta última semana con que iban a romper los acuerdos alcanzados después de sentirse traicionado por CC y PP a raíz de los relevos en las presidencias de las dos Autoridades Portuarias de las Islas, donde previsiblemente perdería el puesto el socialista Luis Ibarra por el popular Juan José Cardona, además de por el futuro de Radio Televisión Canaria (RTVC).

Una “pantomima” para Podemos y “deslealtad” para el PSC

La portavoz de Podemos, Noemí Santana, ha tildado de “bochornoso” y “pantomima” y “teatrillo” que CC, PP y Grupo Mixto hayan tomado esta decisión por no contar los apoyos mínimos. Así, ha opinado que los tres partidos “utilizan el Parlamento como una herramienta partidista”, lo que provoca que a la ciudadanía se dé una imagen del mismo “deplorable”.

“Se ha dicho que no es una suspensión del pleno, se ha aplazado, no se ha puesto fecha, nos emplazaremos a la próxima Junta de Portavoces para saber cuándo se celebrará ese pleno”, señaló Santana.

Por su parte la portavoz socialista, Dolores Corujo, reiteró que los acuerdos con populares y nacionalistas están “rotos” por culpa de “filtraciones a los medios de comunicación” en las que se recogen que la reforma del sistema electoral está bloqueado, aparte del caso de Luis Ibarra. 

Desde el grupo socialista ven “deslealtad manifiesta” por parte de ambas formaciones, e inciden en que “se abre un nuevo escenario” en el que su partido no se va prestar a acuerdos que van en contra del interés general, como por ejemplo, el “bloqueo” a la reforma electoral, según recoge la agencia Europa Press.

El PP acusa al PSOE de “pirómano” desde la oposición

La portavoz del Grupo Popular, Australia Navarro, ha comentado que el PP “cumple todos los compromisos que asume”, no como el PSOE, destacando que en la Junta de Portavoces no se ha debatido sobre el posible acuerdo para hacer cambios en las autoridades portuarias, que en todo, caso, ha agregado, no dependen de la Cámara. “Es un argumento falaz”, ha indicado.

Ha señalado que su partido no tiene “ningún pacto” con CC pero tampoco actúa “como un pirómano” desde la oposición y busca acuerdos, y sobre las críticas del PSOE a un posible bloqueo a la reforma electoral, ha sido gráfica: “Cree el ladrón que todos son de su condición”.

Casimiro Curbelo, portavoz del Grupo Mixto (ASG), por su parte, se mostró “pesimista” respecto a la posibilidad de llegar a acuerdo para renovar los órganos dependientes del Parlamento, ni siquiera de aquí al final de la legislatura.

“Los partidos hoy en vez de pensar de cara a los ciudadanos están pensando para el interior de los partidos políticos”, aseveró. Para el líder gomero, los grandes partidos están en “ver cómo” se sitúan “para las elecciones de 2019” y, después de eso, “adoptar el resto de acuerdos”. “Probablemente lleguemos al final de la legislatura sin acuerdo”, sostuvo.

El líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, aseguró que se han opuesto al aplazamiento y defienden “hacer borrón y cuenta nueva” iniciando otro proceso con otros candidatos que surjan de “un proceso de diálogo” y que acabe con los puestos ocupados “por profesionales y con respeto de la igualdad” entre hombres y mujeres. Además, dijo, lo hace “extensivo” a la renovación de la Radio Televisión Canaria (RTVC).

Para Rodríguez este es un episodio más del “tripartito CC, PSOE y PP” en el que es CC quien “usa” al resto de formaciones “en función del contenido” de lo que pretende aprobar. Lo grave, defendió, no es eso, sino que “PP y PSOE se dejan”.

Sobre un posible paso atrás del PP en su compromiso por una reforma electoral, dijo que “no” le “consta”, pero que no descarta que pueda ser parte de una agenda oculta entre CC y los populares. “Para NC eso [la reforma electoral] es irrenunciable, aquí y allá [en referencia al Parlamento de Canarias y al Congreso de los Diputados, donde podría incluirse en el texto del Estatuto de autonomía]”, concluyó.

El portavoz parlamentario de CC, José Miguel Ruano, sostuvo que lo “importante” de este martes es el Debate del Estado de la Nacionalidad canaria porque es donde realmente se va a hacer “balance” de legislatura y hablar del “futuro inmediato de Canarias”.

Así, sobre los acuerdos para renovar los órganos dependientes del Parlamento, dijo  “no” entender la posición del PSOE y pidió “recuperar el diálogo”. “Nuestro objetivo es tender la mano, también al PSOE, pese a que no entendemos su actitud. Pero el pleno es de 60 diputados”, detalló.

El Grupo Parlamentario Podemos Canarias ha calificado de “obscena desfachatez” que Coalición Canaria (CC) vaya a forzar “un cambio legislativo” para que, “bajo la excusa de una pretendida defensa de la igualdad, pueda ser legal, a posteriori, la elección el próximo 20 de marzo de su candidato a presidir la Audiencia de Cuentas”, Pedro Pacheco, del que existen fundadas sospechas de ser incompatible para ser miembro del organismo auditor, tal y como ha publicado este viernes Canarias Ahora.

Así lo ha asegurado Juan Márquez, diputado y secretario de Acción Institucional de Podemos Canarias, que ha vuelto a ofrecer al secretario general del Partido Socialista Canario-PSOE, Ángel Víctor Torres, que “paralice no solo el nombramiento de Pedro Pacheco, sino de todo el proceso de elección de los órganos dependientes del Parlamento”.

Dejar de ser cómplice

“El PSOE, que hasta ahora ha sido cómplice y socio necesario de CC en el despropósito en el que se ha convertido la elección de órganos del Parlamento, que se inició con el esperpento vivido con el Consejo de RTVC, tiene ahora la oportunidad de sentarse a hablar con otras fuerzas políticas y detener esta nueva cacicada que pretende cometer CC para colocar a otro de sus amigos”, ha asegurado.

Márquez insiste en que ya no se trata solo, “como ya es habitual en las tres grandes formaciones, de hacer un uso partidista de los órganos del Parlamento”, sino que es “un quebranto de la Ley para, a posteriori, modificarla para que calce como un guante en los propósitos de CC”.

“Podemos no validará nunca esa actuación” ¿Y el PSOE, qué hará?“, remacha.

Advertencia a la Mesa

Por otra parte, Márquez ha advertido a la Mesa del Parlamento de que “tiene la responsabilidad de velar por el cumplimento de las compatibilidades y comprobar que Pacheco, al parecer, ha intervenido hace menos de un año en la gestión de los fondos de la empresa pública Grafcan en calidad de miembro de su consejo de administración, lo que le inhabilita para ser miembro de la Audiencia de Cuentas y, por supuesto, presidirla”.

“Advertimos a toda la Mesa de que Podemos llevará este asunto a los tribunales si es necesario”, ha concluido.

Como se recordará, el grupo Nacionalista Canario presentó hace una semana una proposición de ley para garantizar la representación equilibrada entre mujeres y hombres en la composición de los órganos dependientes del Parlamento, para lo que se modificará las leyes canarias de igualdad entre mujeres y hombres, del Diputado del Común, del Consejo Consultivo, de la Audiencia de Cuentas, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, y del Consejo Económico y Social.

Precisamente, la modificación incluye el artículo 22 de la Ley de la Audiencia de Cuentas, que explicita los supuestos de inelegibilidad y que con la nueva redacción solo se limitaría a aquellos candidatos que hayan tenido participación en la Cuenta General dependiente de la Consejería de Hacienda, “y no como sucede ahora, que alcanza a Pacheco, pues incurre en el supuesto de haber intervenido, gestionado o inspeccionado cualquier organismo del sector público de Canarias”.

Órgano unipersonal

Como se recordará, el Grupo Parlamentario Podemos Canarias registró hace un año una proposición legislativa para modificar la Ley de la Audiencia de Cuentas de 1989 con el fin de eliminar el componente político de la misma al convertirla en “un órgano unipersonal bajo la dirección de una presidencia-auditora, con un mandato de cinco años de duración prorrogable una única vez, controlado por la Comisión de Presupuestos y Hacienda”.

También se buscaba cambiar el “reconocido prestigio” como requisito de elección y sustituirlo por el de “justificada competencia”, y se suprimían cinco altos cargos, cuatro auditores y un secretario general cuyas economías irían dirigidas al refuerzo de los equipos técnicos, ya que las materias de personal y régimen interior pasarán a gestionarse desde el propio Parlamento.

Tras tres décadas de funcionamiento de la Audiencia de Cuentas, y en pleno proceso de elección de su nuevo presidente por parte de la Cámara regional, la formación morada quiere proceder a una modificación que, además, convierta a este órgano auditor en un instrumento “de prevención de la corrupción”.

“Sin embargo, CC quiere convertirlo en la antorcha de las actividades irregulares, pues pretender hacer lo que quieren con la elección de Pacheco también es corrupción”, concluye Márquez.

El candidato de Coalición Canaria a presidir la Audiencia de Cuentas no puede ser elegido ni siquiera como miembro de este órgano del Parlamento de Canarias con la actual ley en la mano. Pedro Pacheco, que ya ha superado el examen sobre su idoneidad en la Cámara y está pendiente de la votación del pleno el 20 de marzo, incurre en los supuestos de inelegibilidad del artículo 22 de la actual norma de la Audiencia de Cuentas. 

La Ley 4/1989 modificada el año pasado recoge en ese punto que no podrán ser designados auditores quienes “en los dos años inmediatamente anteriores hayan tenido a su cargo la gestión, inspección o intervención de los ingresos y gastos del sector público de Canarias”. Y Pacheco ha intervenido hace menos de un año en la gestión de los fondos de la empresa pública Grafcan en calidad de miembro de su consejo de administración, formalizando y aprobando sus cuentas anuales o autorizando la venta de bienes inmuebles y otras gestiones de su director gerente. 

Precisamente, Coalición Canaria ha planteado la modificación de ese artículo que a día de hoy imposibilita a Pacheco ser consejero auditor, para posteriormente optar al cargo de presidente ya pactado con PP y PSOE. El grupo nacionalista presentó el viernes pasado una proposición de ley con el argumento de garantizar la paridad entre hombres y mujeres en los órganos dependientes de la Cámara. Y en relación a la Audiencia de Cuentas, esa iniciativa plantea cambios en el artículo 22. 

En concreto, para poder ser elegido consejero auditor de la Comunidad, la futura ley que propone CC limitaría las causas de inelegibilidad a solo los candidatos que hayan tenido participación en la Cuenta General dependiente de la Consejería de Hacienda, y no como sucede ahora, que alcanza a cualquiera que haya intervenido, gestionado o inspeccionado cualquier organismo del sector público de Canarias. 

Tampoco pueden ser consejeros auditores quienes en los dos años anteriores se hayan beneficiado, en la esfera privada, de subvenciones, avales o exenciones de las administraciones públicas. 

En el caso de Pacheco, solo el año pasado intervino al menos en tres consejos de administración de Cartográfica de Canarias S.A, empresa del Gobierno de Canarias. Según consta en las actas de la sociedad a las que ha tenido acceso este periódico, el candidato a presidente de la Audiencia de Cuentas participó en la sesión del 27 de junio pasado formalizando definitivamente las cuentas anuales de Grafcan, en representación del Gobierno de Canarias. 

En esa sesión, no solo se dieron por válidos los presupuestos de la empresa pública de 2016 y por tanto su inspección, dado que hubo que reformularlos al no contar la sociedad hasta ese momento con los estados financieros de otras mercantiles en las que participa, sino que se autorizó –con el voto de Pedro Pacheco, entre otros- al director, Juan Manuel Poveda, a solicitar anticipos de tesorería a cargo de los créditos que Grafcan tiene consignados en los Presupuestos autonómicos. 

En otra sesión del consejo, hace menos de un año, el 31 de marzo de 2017, Pacheco volvió a votar la aprobación de las cuentas de Grafcan, en este caso a expensas de que posteriormente se incorporaran datos de la UTE en la que participa en El Salvador, Toponort-Grafcan, de la que la empresa pública canaria posee un 33,3%. 

También el 22 de febrero de 2017 se procedió por parte del consejo de Grafcan, con el voto de Pedro Pacheco, a autorizar al director de la entidad la venta de dos plazas de garaje ubicados en un edificio de la calle Málaga, en el Polígono de la Vega de San José de la capital grancanaria, sede de Grafcan en esa isla. 

En el caso de la última sesión de junio de aprobación de las cuentas definitivas, la intervención de Pacheco también alcanza a la inspección del informe semestral de la empresa pública, en la que el director dio cuenta a los consejeros de la gestión de la sociedad, así como del estado de los proyectos llevados a cabo en El Salvador. 

Además, Pacheco también figura en la actualidad como consejero de otra sociedad participada en un 57% por Grafcan, Regional Geodata Air SA, cuyo presidente es el director gerente de la empresa matriz, Juan Manuel Poveda. 

Estas intervenciones del candidato a presidente de la Audiencia de Cuentas en una empresa pública hace menos de dos años, como prohíbe la ley, no ha impedido que el Parlamento siga adelante con su nombramiento, que debe ser ratificado de manera formal en el pleno previsto para el próximo 20 de marzo. 

Desde la Cámara regional, los servicios jurídicos dirigidos por Salvador Iglesias, quien fuera jefe de gabinete del presidente Adán Martín en la legislatura 2003 – 2007, solicitaron un informe a la empresa de Pedro Pacheco para confirmar que el candidato no había “realizado labores de gestión”, han indicado fuentes oficiales. La respuesta fue que no las había realizado, en contra de lo que figura en las actas, y por ello se demoró 24 horas su aprobación como consejero auditor.

“Como dice Juan Gabriel: que le vaya bonito, adiós”. Así despidió el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, a los cinco consejeros del Partido Popular, que decidieron abandonar el pleno después de la intervención de Felipe Afonso El Jaber. El portavoz del grupo popular protestó por tener “solo cinco minutos” para rebatir los 28 minutos en los que había hablado el líder de la corporación para explicar su gestión en el Ayuntamiento de Agüimes, tras las objeciones de la Audiencia de Cuentas. Contra el periódico La Provincia, medio de comunicación que ha publicado el informe de los auditores, ha anunciado que iniciará “acciones civiles y una demanda de conciliación” porque “no me voy a quedar callado ante acciones chantajistas y perversas”.

Morales, en el apartado Asuntos de la Presidencia, afirmó que “el serial que me ha dedicado La Provincia” pertenece a la “máquina del fango de la que hablaba Umberto Eco” y obedece a los intereses de ATI-Coalición Canaria, que tiene como objetivo dañar “la imagen de este presidente”. El líder del Cabildo de Gran Canaria se siente víctima por defender “políticas progresistas” y denunciar “la desigualdad entre islas” o “la implantación del aire propanado” por parte del Gobierno de Canarias. Además, remarcó que en el informe de la Audiencia de Cuentas “siempre, siempre, siempre se habla de deficiencia formal” en su gestión como alcalde, “nunca de ilegalidades” y, al contrario de lo que ocurre con el caso Grúas, Morales destaca que no tiene “ninguna responsabilidad penal ni contable”.

Antes de finalizar su intervención y ceder los turnos de palabra a la oposición, Morales les pidió “responsabilidad” al Partido Popular, Unidos por Gran Canaria y Podemos para no seguirle el juego a “ATI y a un periódico a su servicio”. “Yo tengo la conciencia tranquila, las manos limpias: en mi vida jamás he estado encausado por algo que haya tenido que ver por mis tareas municipales”.

Cuando le llegó el turno al grupo popular, tras la intervención de María Nebot y Miguel Ángel Rodriguez (ambos no adscritos), Miguel Montero (Podemos), Daniel Reyes (Unidos por Gran Canaria) y Ángel Víctor Torres (PSOE), Felipe Afonso El Jaber ya comenzó su intervención anticipando el abandono de su grupo: “No puede dar menos tiempo para hablar al principal partido de la oposición que a dos tránsfugas”.

Ante la petición, Morales retó a El Jaber: “Si usted quiere forzar una situación en este pleno, fuércela, pero tiene cinco minutos”. El portavoz del PP quiso centrar su réplica en el informe de la Audiencia de Cuentas, criticando al presidente del Cabildo de Gran Canaria por “vestirse de víctima populista” cuando en Agüimes “no se fiscalizaban los contratos ni los pagos, ni se decía como eran las adjudicaciones. Era un ayuntamiento pre-democrático en pleno siglo XXI”.

Cumplido ya su tiempo de intervención, Morales le apremió a que finalizara para darle el turno de palabra a Carmelo Ramírez (Nueva Canarias): “No, me queda un poquito más”, retó El Jaber; el micrófono le fue retirado y el consejero de Solidaridad empezó a hablar. “Usted no quiere debates”, espetaban desde la bancada popular, mientras iban recogiendo sus cosas para levantase y marcharse, no sin que antes la consejera Aurora del Rosario advirtiera: “Tuvo su oportunidad, presidente”. “Como dice Juan Gabriel: que le vaya bonito, adiós”, dijo Morales para despedir a los cinco consejeros del PP.

La oposición, crítica con el presidente del Cabildo de Gran Canaria

Desde Unidos por Gran Canaria, Daniel Reyes, ha afirmado que la “comparecencia” de Antonio Morales se ha convertido “en un ataque a Coalición Canaria” y, a su juicio, habló “de todo menos de lo que tenía que hablar”.

“Creer que no tiene responsabilidad porque el informe de la Audiencia de Cuentas no se remitió a la Fiscalía es un error. Yo no digo que haya cometido delito, pero usted no puede juzgarse a sí mismo”, alega Reyes, “ni escudarse en que la Audiencia no le ha llevado a los tribunales. Ni mucho menos en tachar de chorradas sus recomendaciones”.

Para el consejero del partido nacionalista “no se sabe si es delito porque nadie lo ha denunciado”, pero no descarta que eso ocurra; aunque agradece las explicaciones de Morales, considera que podría habérselas dado a la propia Audiencia de Cuentas cuando se hizo público ese informe.

Por parte de Podemos, Miguel Montero no escondió su incredulidad cuando Morales decidió usar el pleno para dar explicaciones de su gestión en Agüimes a pesar de que al principio dijo que no lo haría porque “no tenía nada que ver” y “seguro que volverá a intervenir”, algo en lo que no se equivocó, ya que el presidente del Cabildo de Gran Canaria volvió a tomar la palabra para aumentar su intervención hasta los 32 minutos.

Que Morales se escude en que otras administraciones hacen lo mismo que él durante su gestión en Agüimes no le esculpe, más bien al contrario: “Eso es lo grave, porque si reconoce que no hay registro de contratos tampoco en el Cabildo de Gran Canaria, pues hágalo”. “Lo graves es que no estén siguiendo las indicaciones de la Audiencia de Cuentas en la corporación y diga que es habitual actuar de esta forma”.

También hizo hincapié en la relación que mantiene el presidente del Cabildo de Gran Canaria con los medios de comunicación, reconociendo que llama a los directores para decirle lo que tienen o no tienen que publicar.

“El político que se queja de la prensa es como el capitán de buque que se queja del mar”

José Miguel Bravo de Laguna quiso tomar la palabra por alusiones, ya que Morales se refirió al ex presidente del Cabildo de Gran Canaria para tratar de demostrar que La Provincia lleva años actuando de la misma forma, ya que al actual líder de Unidos por Gran Canaria también sufrió portadas como “Bravo de Laguna S.A”.

“Se ha comparado la situación con la que yo viví como presidente del Cabildo: yo fui objeto de una denuncia que tuvo repercusión en la prensa y con la que estaba en desacuerdo. Pero nunca ejercí ninguna acción contra ningún periodista ni contra ningún medio. Porque después de muchos años en política, siempre repito una máxima: el político que se queja de la prensa es como el capitán de buque que se queja del mar. Los medios cumplen un papel y tenemos que aceptarlos nos guste o no nos guste”. Por ello, a Bravo de Laguna le ha preocupado la reacción de Morales cuando todo saltó a la prensa, diciendo que “no iba a comparecer” o que el informe de la Audiencia de Cuentas era una “chorrada”.

Como predijo Montero, Morales cerró la comparecencia con otra intervención respondiendo a Bravo de Laguna: “Jamás en mi vida atacaré a ningún periodista”, señaló, “pero, ¿dónde está escrito que no podamos señalar la divulgación de un medio? Podemos divulgar que una empresa tiene intereses con un medio de comunicación”.

Respecto a la acusación desde Podemos sobre su relación con los medios de comunicación, Morales quiso aclarar que llamó el día antes de que saliera la portada en La Provincia con el Informe de la Audiencia de Cuentas para “pedirle que pusiera especial atención al temporal”, y matiza que fue a “todos los medios”; lo que sí destaca es que en La Provincia ni siquiera le advirtieran de lo que saldría al día siguiente.

También ha querido dejar claro que “nadie ha cuestionado a la Audiencia de Cuentas: es un instrumento extraordinariamente importante. Ahora bien, son técnicos que tienen una interpretación y otros pueden tener otra”, para concluir confesando que se siente “orgulloso” del trabajo de su equipo “para sacar a Agüimes de la extrema pobreza en la que estaba”.

Tirón de orejas de la Audiencia de Cuentas de Canarias a la Radiotelevisión Canaria (RTVC), encabezada por el presidente Santiago Negrín, por tres de las cinco contrataciones a dedo en el equipo directivo realizadas en octubre de 2016. Según el informe final, de diciembre de 2017 al que ha tenido acceso este periódico, el órgano autonómico mantiene sus reproches frente al ente por una contratación en la radio pública y dos en la televisión. En concreto se tratan de la de Carlos Guillermo Domínguez como director de los Servicios Informativos de Canarias Radio La Autonómica, la de César Sar como el encargado de la Dirección de Nuevos Proyectos en el área de producción en la televisión, y el nombramiento de Nieves Rocha como directora de Informativos de Televisión Canaria. Estos nombramientos se realizaron sin el cuórum necesario del Consejo Rector ya que, además de Negrín, solo acudió el consejero propuesto por el PP, Alberto Padrón, ausentándose la socialista María Lorenzo por no estar de acuerdo con el oscurantismo aplicado por el presidente a la hora de tomar decisiones.

Para la Audiencia de Cuentas estos dedazos no pasaron por los filtros que exige la ley de Radio y Televisión Públicas de Canarias, que recalca en su artículo 37.4, en el apartado de régimen de personal, que “la selección de personal en el ente público RTVC y en sus sociedades deberá realizarse siempre y en todo caso garantizando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad, mediante las correspondientes pruebas de acceso establecidas y convocadas por la Presidencia, previo acuerdo del Consejo Rector”. De hecho, el organismo le subraya al ente que estas contrataciones “no contaron con las autorizaciones preceptivas” ni cumplieron “con los requisitos de publicidad y concurrencia que deben de seguirse” para este tipo de procedimientos.

RTVC presentó alegaciones ante el informe de la Audiencia de Cuentas en las que sostuvo que las contrataciones “se basaron en la relación de confianza necesaria para el ejercicio de estos puestos de trabajo” y se escudó para tomar esta decisión en que le avalaba el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación de carácter personal de alta dirección. La contestación de la Audiencia de Cuentas ha sido contundente diciéndole que no modificaba su informe porque, además de la ley de Radio y Televisión Públicas de Canarias, el Gobierno de Canarias en 2005 se pronunció diciendo que en las contrataciones de los órganos sociales de las empresas públicas se deben garantizar los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad. Por tanto, concluyó la respuesta comentándole que “la voluntad del Parlamento y del Gobierno de Canarias es someter la selección de todo el personal de las empresas públicas canarias” al cumplimiento de los citados principios. Contactado por este periódico, RTVC ha declinado hacer declaraciones sobre este tema.

Los nombramientos de Sar, Rocha y Domínguez tuvieron lugar en un momento en el que Santiago Negrín decidió renovar el equipo directivo. El primero de ellos, un militante del PP dedicado a la producción de programas de viajes, solo estuvo en su cargo hasta abril de 2017, mientras que los otros dos aún están en sus puestos. Rocha era la Adjunta a la Dirección de Informativos de Televisión Canaria y accedió al cargo de directora de los Informativos en sustitución de Roberto González, ahora presentador del programa El Foco. Mientras, Carlos Guillermo Domínguez sustituyó a Leticia Martín en la dirección de los informativos de la radio. El traslado de Martín a su puesto de editora de la Televisión Canaria provocó la queja de los trabajadores radiofónicos, que lo llegaron a catalogar de “despido político”.

A estas tres contrataciones le acompañaron otras dos más, las de Leticia Martín como editora de Televisión Canaria en la capital grancanaria y la de Heriberto Monzón como director Corporativo de RTVC, un cargo que ahora está vacante desde el pasado mes de diciembre después de que presentara su dimisión. Nada dice la Audiencia de Cuentas sobre estos dos puestos, pero los mismos están recurridos por la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC), quien en diciembre de 2016 impugnó por la vía contenciosa las adjudicaciones  del Consejo Rector.

Según el sindicato, los nombramientos se realizaron sin que se conocieran públicamente las necesidades ante los nuevos retos que RTVC justificaba. UPCC apuntaba que en este proceso el ente sólo se limitó simplemente a publicar una nota de prensa con un breve currículum de las personas incorporadas, cuando entiende que esto jamás podría sustituir el obligado trámite que garantice los criterios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad que establece la ley.

Este contencioso judicial aún no se ha resuelto, pero en noviembre del pasado año el fiscal Carlos María Eguiluz emitió un informe ante el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Santa Cruz de Tenerife en el que subrayaba que las contrataciones de RTVC y de sus sociedades dependientes (Televisión Pública de Canarias y Radio Pública de Canarias) están todas sujetas al Consejo Rector del ente y que, en todo caso, habrán de atenerse a la normativa reguladora de los contratos del Estado. Este texto sirvió de aviso a Santiago Negrín después de que convocara unilateralmente el concurso para contratar por ocho años los servicios informativos de la televisión pública por un importe total de 144 millones de euros, aunque el director no ha dado un paso atrás con el mismo.

Las medias verdades de Negrín a la hora de no aprobar las cuentas

La Audiencia de Cuentas también ha emitido recientemente un informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias en el que hablaba sobre las cuentas de 2016 de la radio y la televisión, que no fueron aprobadas por “la falta de acuerdo del Consejo Rector de RTVC a fin de constituirse y ejercer las competencias correspondientes a la Junta General Universal, que depende del Consejo Rector”. El ente público respondió en las mismas alegaciones que presentó por los nombramientos a dedo que, en realidad, no se han aprobado por “la falta de acuerdo del Consejo en su reunión del 29 de junio de 2017 para constituirse como Junta General de estas sociedades, lo que no permitió aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2016” y que no existe nada que impida la constitución del Consejo Rector. Sin embargo, que no se pudiera dar luz verde a los presupuestos del ente en junio de 2017 no impedía que no se pudieran sacar adelante en las sesiones realizadas en meses posteriores, pero Negrín nunca convocó al consejo para intentar alcanzar un acuerdo sobre las cuentas no aprobadas.

La modificación de la Ley de la Audiencia de Cuentas, con 28 años de vigencia, ha hecho caso omiso a las recomendaciones del Consejo Consultivo a la hora de establecer que la elección de los cinco consejeros auditores (que deberán ser renovados tras el paréntesis estival) no se basara meramente en su “reconocido prestigio”, sino que para ello se tuvieran en cuenta “requisitos técnicos, profesionales y de especialización”.

Una recomendación notoria si se tiene en cuenta que, según el nuevo texto legislativo, la Audiencia de Cuentas deberá “informar y recomendar buenas prácticas administrativas, contables y financieras como medio de prevención de la corrupción en el ámbito del sector púbico de la Comunidad Autónoma”.

Sin embargo, el Parlamento ha aprobado (con la abstención de Podemos), el texto que impulsaron CC, PSOE y PP en el que se obvia las recomendaciones del Consultivo, lo que ha llevado a la portavoz de la formación morada, Noemí Santana, a asegurar que “la modificación solo quiere parcherar la renovación de los puestos políticos, poniéndose de acuerdo los 3 partidos grandes para perpetuar las puertas giratorias”.

En este sentido, la enmienda a la totalidad, con texto alternativo, que presentó Podemos (y que fue rechazada por el resto del arco parlamentario) incidía en que el único auditor del órgano fiscalizador (pues la formación morada quería convertirlo en unipersonal y no colegiado) estuviera en “posesión de titulación universitaria superior, preferentemente en disciplinas jurídicas o económicas”, además de contar con “más de diez años de experiencia en las materias sobre las que versa la función del órgano fiscalizador”.

Asimismo, la formación morada establecía que no pudiese ser elegido nadie que “en los dos años inmediatamente anteriores haya tenido a su cargo la gestión, inspección o intervención de los ingresos y gastos del sector público de Canarias”, ni quienes “hayan sido perceptores de subvenciones o beneficiarios de avales o exenciones”.

Santana defendió “una Audiencia de Cuentas menos política y con más recursos” que no estuviera basada “en un reparto de sillones”, pero se quedó sola en la defensa de su texto alternativo.

Además, la formación morada , limitaba el mandato a “una duración de cinco años a contar desde el momento de efectividad de su elección” pudiendo “ser reelegido una sola vez”, mientras que el texto impulsado por CC, PSOE y PP no explicita ninguna cortapisa en este sentido.

“Hay algún alto cargo de la Audiencia de Cuentas que lleva más de 25 años en ese puesto”, insistió Santana.

Decisión arbitraria

Tampoco el nuevo texto acaba con la “decisión arbitraria”, tal y como aseguró la diputada de Nueva Canarias (NC) Esther González, de que los trabajadores de la Audiencia de Cuentas no sean considerados personal del Parlamento de Canarias, “con los mismos derechos, deberes e incompatibilidades”.

Tal y como recordó González en la tribuna de oradores, el personal de la Audiencia, órgano que depende del propio Parlamento, es el único que no es considerado como tal, mientras que sí lo son los de las instituciones del Diputado del Común, el Consejo Consultivo y el Comisionado de la Transparencia.

En este sentido, también la portavoz de Podemos puso de manifiesto que “el personal al servicio de la Audiencia de Cuentas deben tener la consideración de personal del Parlamento de Canarias”.

Al respecto, el portavoz del Grupo Socialista, Manuel Marcos, reconoció que aunque en un principio los socialistas defendían esta premisa, por lo que iban a enmendar la Ley en tal sentido, consideraron que “hay que acometer con seguridad y garantías, incluso presupuestarias, la equiparación de los trabajadores a personal del Parlamento, y creemos que hay que hacerlo con los consejeros auditores que sean próximamente elegidos”.

El endeudamiento de los laguneros se ha incrementado el 60% en el periodo comprendido entre 2007 y 2014, según denuncia el grupo Por Tenerife-Nueva Canarias en el Ayuntamiento de La Laguna, que cita datos del informe publicado por la Audiencia de Cuentas correspondiente a la Cuenta General del Ayuntamiento en el ejercicio 2014.

El portavoz adjunto de XTF-NC, Juan Luis Herrera, considera que esta cifra denota “la gravedad de lo sucedido en esta Corporación y la forma de actuar de Coalición Canaria”, quien, a su juicio, “miente a sus vecinos y provoca que estos tengan que pagar los dispendios realizados durante el Gobierno municipal de Ana Oramas”.

El edil explica que, si se analiza la evolución de este índice, se constata su premisa de que “la deuda municipal se mantiene estable hasta el año 2012, momento en el cual se produce un repunte bastante destacado, consecuencia de haber sacado de los cajones una cantidad de facturas importantes que permanecían ocultas hasta mejor ver”, afirma.

El endeudamiento por habitante, que se obtiene dividiendo la deuda financiera total que tiene el Ayuntamiento entre el número de habitantes del municipio, se sitúa en 2014, según Por Tenerife (citando el informe de la Audiencia de Cuentas), en 649,56 euros, una cantidad “bastante respetable” para Juan Luis Herrera, ya que, “si se tiene en cuenta que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) La Laguna tenía ese año una población de 153.009 habitantes, la cantidad total ascendería a 99.388.526,04 millones de deuda”.

Herrera recuerda que, durante los últimos dos años, XTF-NC ha incidido en la situación financiera del Ayuntamiento y que, “a consecuencia de esta, se ha reducido la capacidad de llevar a cabo cualquier tipo de inversión que repercuta en el beneficio de los vecinos”. Así, agrega, “el último informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, por desgracia, nos da la razón”.

En la misma línea, Herrera especifica que, si se hace un análisis de la evolución de este indicador a lo largo de siete años comprendidos en el periodo 2007 a 2014, “se observa que, mientras en 2007 el endeudamiento por habitante se encontraba en 406,56 euros, en 2014 había ascendido a 649,56 euros”, es decir, 243 euros más, o lo que es lo mismo, “un incremento de casi el 60%”.

Asimismo, asevera que, si se compara el año 2012 con 2011, se observa que se produce una diferencia de 230,52 euros más que “de golpe” deben pagar los contribuyentes laguneros, alcanzando el pico de 728,38 euros en el año 2013.

En este sentido, Herrera opina que “no es sorprendente que los esfuerzos de los contribuyentes laguneros se dirijan en su mayoría hacia el pago de la deuda, sin poder disfrutarlo en mejores servicios e infraestructuras.

De este modo, matiza que el año pasado, del total presupuestado para inversiones reales (arreglo de calles, plazas, infraestructuras deportivas, etcétera), que ascendía a poco más de 12.400.000 euros, solo se llegaron a invertir “realmente” algo más de 2.100.000 euros, o lo que es lo mismo, “se dejaron de invertir en el municipio más de 10 millones de euros, el 82,41% del total presupuestado”, una cantidad que, según Herrera, “se destinó al pago de la deuda que indica la Audiencia de Cuentas de Canarias”.

Sobre este asunto de la deuda, el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, aseguraba en una reciente entrevista concedida a este periódico que se trata de “una mentira” y que, aunque el Consistorio tiene deuda, “como todos los Ayuntamientos de España, esta es perfectamente asumible, ya que supone solo nueve de cada 1.000 euros ingresados”.

Será muy complicado asimilar este adiós repentino de nuestro compañero Juan Carlos Alemán, una persona cabal y con mucho sentido común, abierta, afable, un viajero incansable y con el que era posible llegar a entendimientos y acuerdos.

Firme en el debate, exquisito en el trato, buen orador y mejor oyente. Las calles de La Laguna añorarán sus paseos vespertinos, como nosotros le echaremos de menos.

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, estudió Magisterio en la Universidad de La Laguna. Fue concejal de los ayuntamientos de Garachico y La Laguna en diferentes periodos, además de consejero del Cabildo Insular de Tenerife y de miembro del consejo de administración de Casinos de Tenerife.

Secretario general de los socialistas canarios entre 1997 y 2007, en 1995 fue elegido diputado del Parlamento de Canarias por la circunscripción de Tenerife, elección que revalidó hasta el año 2011, pasando a ser, por nombramiento del pleno parlamentario, auditor de la Audiencia de Cuentas de Canarias, puesto que ha desempeñado hasta la actualidad en el área de Cabildos.

Fue un hombre tenaz en sus aspiraciones, y mantenía muy buena relación con todos los empleados de la Audiencia, con los que pasaba mucho tiempo conversando y con los que compartía sus ocurrencias y su gran sentido del humor.

Era un fanático de la tecnología, intentando estar siempre a la última. Por ello, entre otros motivos, ocupó la Presidencia de la antigua Comisión de Informática de la Audiencia y colaboró activamente en la renovación de los terminales y la infraestructura informática de la institución. Fue decisivo en nuestra propia renovación y en nuestro mayor acercamiento a esta sociedad cambiante, en definitiva.

Muy interesado en el análisis del contexto político, social y económico en el que vivimos, mantenía muy buena relación con los miembros del Parlamento gracias a su paso por la Cámara regional, de la que siempre tenía buenos recuerdos y buenas palabras para sus excompañeros.

De hecho, participó en el trámite parlamentario de 16 presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias e intervino en ocho debates de la nacionalidad canaria y tres de investidura. También fue responsable del plan director para el desarrollo del Parlamento, obras de mantenimiento y modernización de la Cámara, nuevo planeamiento de accesos, además de su plan de informatización y modernización, que produjo un cuantioso ahorro a las arcas de la institución. Igualmente, fue miembro de la Diputación Permanente 16 años, y de 29 órganos parlamentarios a lo largo de su vida.

Hoy, tristemente, nos toca recordar su intensa trayectoria profesional en la política canaria, lo que, sin duda, recordaremos como un gran legado de proyectos y metas por la innovación y por la mejora de los servicios públicos, todos ellos, impregnados por su especial nobleza y humanismo.

Deja un vacío muy difícil de ocupar, del que nos costará a todos, tanto a los miembros del pleno de la Audiencia de Cuentas como a los empleados, recomponernos.

Gracias por todo lo que dejas en esta casa.

Hasta siempre, compañero. Hasta siempre apreciado Juan Carlos.

(*) Los miembros del pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias