Más de dos décadas después de que cientos de miles de españoles abarrotaran las calles para gritar “¡no a la guerra!” contra la invasión de Irak, la derecha vuelve a situarse del lado de EEUU e Israel. Esta vez, con los papeles cambiados. Es la izquierda la que, desde el Gobierno, ha rechazado el uso de las bases militares compartidas para los bombardeos ilegales contra Irán. PP y Vox, que eran uno en aquel 2003, defienden los ataques y señalan una supuesta soledad internacional de Pedro Sánchez que no es tal.

El presidente del Gobierno compareció este miércoles por la mañana para replicar a Donald Trump, quien unas horas antes había amenazado con cortar los lazos comerciales con España tras la prohibición de utilizar las bases compartidas de Rota y Morón en los bombardeos sobre Irán. “Nuestra posición se resume en cuatro palabras: 'no a la guerra'”, dijo Sánchez. Una apelación directa a la movilización ciudadana de 2003 contra el Gobierno que entonces lideraba José María Aznar, de cuyo ascenso al poder se cumple esta semana el trigésimo aniversario.

Hoy, como entonces, la posición del PP es de respaldo absoluto a EEUU e Israel en su ofensiva militar. “El mundo está mejor sin los ayatolás, sabemos de qué lado estamos”, dijo el pasado lunes la vicesecretaria de Sanidad, Carmen Fúnez, en la habitual rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección. 

Habían pasado 48 horas desde el inicio de los bombardeos de EEUU e Israel y estas fueron las primeras declaraciones públicas del primer partido de la oposición. Antes, Feijóo se había limitado a publicar un tuit en el que dijo que “España debe estar sin matices junto a las democracias liberales”.

Feijóo no volvió a pronunciarse hasta el martes. Otra vez a través de Twitter, el líder del PP aseguró: “España volverá a ocupar su sitio. En Europa, en la OTAN y en todas partes”.

En paralelo, el líder de Vox, Santiago Abascal, también ha respaldado los ataques de Donald Trump y Benjamin Netanyahu contra Irán. Y ha acusado a Sánchez de ser “el mejor amigo de los ayatolás”. “El régimen iraní y Venezuela han estado tras la financiación de la extrema izquierda”, apuntó el lunes, en una referencia a la falsa financiación ilegal de Podemos. “Por eso Pedro Sánchez es el mejor amigo que tienen en Europa los ayatolás y el mejor amigo que tiene Maduro”, dijo.

La realidad es que Vox reconoció en 2019 que pagó el 80% de su campaña a las elecciones europeas de 2014 con dinero de simpatizantes del grupo de oposición iraní Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI). Esas fueron sus primeras declaraciones públicas sobre la guerra contra Irán. Antes y ahora el alineamiento de Abascal con Trump y Netanyahu es total. El líder de Vox estuvo en una de las fiestas que se organizaron en enero de 2024 tras la toma de posesión del presidente de EEUU, quien le dirigió una breve mención expresa.

Escalada tras las amenazas de Trump

Las críticas de PP y Vox han aumentado tras las amenazas expresas de Trump contra España. Derecha y ultraderecha apuntan directamente a que Sánchez y su negativa a colaborar con la guerra ilegal suponen “un riesgo” para la seguridad nacional. 

Este miércoles, Feijóo aseguró en un acto informativo en Bilbao que “la relación con los EEUU debe preservarse”. “España está más aislada internacionalmente que nunca. España no es fiable con EEUU y la UE. España no cuenta para los posicionamientos estratégicos en el mundo”, espetó el líder del PP ante empresarios vascos. Abascal hizo una declaración similar. “Pedro Sánchez ha sido el único líder en toda Europa que ha entorpecido” los bombardeos, dijo el líder de Vox.

Las coincidencias discursivas son absolutas entre la derecha y la ultraderecha. “España no es lo mismo que el Gobierno en precario que tenemos. Que EEUU no confunda al Gobierno con los 50 millones que vivimos en España”, dijo Feijóo. “Ojalá que nuestros países aliados, con los que podemos tener diferencias porque ellos defienden sus intereses, sean capaces de comprender que Sánchez no representa a los españoles”, apuntó Abascal.

Este miércoles, el líder de Vox llegó a exigir que Feijóo registre una moción de censura contra Pedro Sánchez a cuenta de su enfrentamiento con Trump. El PP ha respondido a su supuesto aliado con el silencio.

Abascal ha intentado también ganar eco internacional con mensajes en inglés en Twitter.

La “soledad” de Sánchez

La escalada verbal de la derecha se asienta en el supuesto aislamiento internacional de Pedro Sánchez en su rechazo a que EEUU utilice las bases compartidas de Rota y Morón para sus ataques conjuntos con Israel. Uno de los sustentos de esta afirmación fue la pasiva presencia del canciller alemán Friedrich Merz junto a Trump cuando este lanzó sus amenazas. Un silencio que fue interpretado como asentimiento. 

Merz es uno de los principales referentes del PP europeo. Pero el canciller alemán recordó después que “España es miembro de la UE” y que cualquier acción contra ella sería respondida por los Veintisiete. También dijo que las críticas de Trump tenían que ver con las reticencias españolas a incrementar su gasto militar dentro de la OTAN.

Antes que Merz se había pronunciado otra alemana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien también defendió a España de los ataques de Trump. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, telefoneó a Pedro Sánchez para solidarizarse con él. El líder español también habló con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien después le respaldó en público.

Ayuso, Moreno y la CEOE, contra Sánchez

También los principales dirigentes autonómicos del PP se han posicionado contra la decisión de Pedro Sánchez. El Gobierno de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso tildó este miércoles “corrupto”, “paria” y “tonto útil de las dictaduras” por su rechazo a la guerra. Pese a los mensajes públicos de respaldo lanzados por las principales autoridades europeas, los de Ayuso mantuvieron el mantra de que “a la España de Sánchez hoy ya solo la felicitan grupos terroristas como Hamás o teocracias como la iraní”.

Desde Bruselas, el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, también arremetió contra Sánchez. “Es la primera economía del mundo”, dijo sobre EEUU. En su opinión, un bloqueo comercial que todavía no existe “tiene impacto” en la economía andaluza. “Para Andalucía es malo que la primera potencia del mundo tenga pésimas relaciones con España. EEUU tienen que saber diferenciar un mal Gobierno con los españoles. España merece un respeto. Otra cosa es un mal mandatario que tiene unas pésimas relaciones y otra somos los españoles”, afirmó, sobre Pedro Sánchez.

También estaba este miércoles en Bruselas el presidente de Murcia, Fernando López Miras, quien dijo que “es mucho mejor estar con Alemania que con los dictadores de Irán”. 

“Prefiero estar con Francia, con Alemania, con Italia a estar con los Ayatolás. Prefiero estar con la UE, prefiero estar con la UE que con los iraníes”, aseveró.

El mismo marco patrocinó la CEOE en un comunicado. La patronal de patronales culpa al Gobierno de una situación que le pide “reconducir”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que estos días planteará formalmente en el seno del Comité de las Regiones una moratoria de la Directiva Marco del Agua.

“No se dan las condiciones como para que entre de sopetón en marcha esta nueva estrategia Marco del Agua en Europa porque significaría no acompasarla a las necesidades de sostenibilidad y de transición que requiere también nuestro campo”, ha apostillado.

Desde Palazuelos (Guadalajara), donde ha asistido a la reunión del Consejo Rector de la candidatura a Patrimonio Mundial del 'Paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza', García-Page ha afirmado que Castilla-La Mancha no es la única que va a solicitar esta moratoria.

Ha apuntado que “la resiliencia hídrica es uno de los grandes asuntos que están cogiendo forma en Europa”, recordando que “una parte importante de Europa no tiene para nada problemas de agua”, por consiguiente “estamos intentando conseguir consensos para con las regiones y los países que sí tenemos problemas con el agua”.

Coincide con el presidente murciano aunque “sorprenda”

En esta propuesta de moratoria, García-Page --asegura-- coincide con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, aunque a algunos “les podrá sorprender”. “Estamos de acuerdo en que si queremos fraguar un consenso en torno al agua en España tiene que ser sobre la base de que estemos también de acuerdo, y en eso lo estamos en la moratoria sobre la estrategia marco del agua”.

García-Page ha admitido que dicha estrategia, hasta ahora, “ha sido muy positiva” y hay aspectos de la nueva que “también pueden ser muy positivos para el conjunto de los países y las regiones que tenemos problemas con el agua”, pero “si no se consigue esa moratoria, se van a precipitar acontecimientos que no están ni con mucho maduros ni son del consenso general hoy mismo en Europa”.

De manera que --ha señalado-- la aplicación de esta moratoria tiene que ir de la mano del nuevo marco financiero de la Unión Europea y con de la nueva definición de la política agraria comunitaria. “Lo contrario sería poner el carro antes que los bueyes. Lo vemos así de claro y en eso coincidimos --espero que todas las comunidades autónomas españolas-- pero también con el grueso de las comunidades o regiones que estamos en el Comité de las Regiones”.

Un órgano que, según ha incidido García-Page, está cogiendo peso específico dentro de la Comisión Europea. “Hay una necesidad de que no sólo los grandes partidos políticos sino la representación local y territorial entre, sea porosa e influya en el conjunto de la marcha de la Comisión Europea”.

“Ese prisma de no tomar decisiones en Bruselas en frío desde los despachos sino acometerlas considerando y siendo sensibles con su implicación y con su extrapolación a los territorios es clave para el Comité de las Regiones”, ha finalizado el presidente regional.

Vino y jóvenes agricultores, también en su agenda en Bruselas

Además de agua, el presidente castellanomanchego aprovechará estos días en Bruselas para intervenir en distintos foros, una “apretada agenda” que le llevará a hacer una defensa del vino frente a las “amenazas” que periódicamente se van planteando “siempre en el seno de la Unión Europea intentando su restricción o su estigmatización”.

También ha recordado que va a encabezar y pilotar en el Comité de las Regiones la ponencia sobre la incorporación de jóvenes a la agricultura, que considera que es “clave”.

Igualmente, ha defendido que los agricultores y los ganaderos, “lejos de ser quienes pueden complicarle la vida al medio ambiente”, son “los que mejor pueden entender el medio ambiente que nos rodea, su sostenibilidad no sólo paisajística o ecológica sino también patrimonial y económica”.

El PP cree que lo que plantea no tiene “efectos jurídicos ni ejecutivos”

El vicesecretario institucional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas-Torres, ha asegurado este lunes que el anuncio de Emiliano García-Page de acudir al Comité Europeo de las Regiones para plantear una moratoria en la aplicación de la nueva Directiva Marco del Agua “es una declaración sin efectos jurídicos ni ejecutivos”.

Lucas-Torres ha recordado que el Comité Europeo de las Regiones es un órgano consultivo, sin capacidad normativa ni ejecutiva para modificar directivas europeas. “Si Page quiere cambiar la Directiva Marco del Agua, el lugar es el Consejo de la UE, donde está sentado el Gobierno de Sánchez, y el Parlamento Europeo, mediante una enmienda legislativa formal. Todo lo demás son palabras”, ha afirmado.

En este sentido, ha subrayado que el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, ya ha trabajado esta cuestión con el Partido Popular Europeo (PPE), donde existe el compromiso de promover una modificación de la Directiva Marco del Agua para acompasar la transición ecológica a la realidad productiva del campo.

Además, ha señalado que la eurodiputada y responsable nacional de Agricultura del PP, Carmen Crespo, ha trasladado personalmente a Núñez su compromiso de impulsar una modificación legislativa en el Parlamento Europeo en ese sentido.

“Lo que plantea Paco Núñez es cambiar la norma. Modificar la Directiva Marco del Agua. No hacer una declaración política en un órgano sin competencias”, ha remarcado.

Tras la dana 'Alice', la normalidad no llega para unas 100.000 personas residentes en la Región de Murcia. Un canal de abastecimiento se ha visto afectado por filtraciones de agua con barro, por lo que el suministro de agua está cortado o restringido en decenas de municipios y pedanías ribereñas. Por el momento, según fuentes de la Maconmunidad de Canales del Taibilla (MCT) los vecinos de las localidades de San Javier, San Pedro y Los Alcázares tienen restituido el servicio, que no se podrá usar para el consumo, la alimentación y la higiene, pero sí para el llenado de cisternas o tareas de limpieza de superficies no sensibles. El proceso para restablecer el servicio se ha visto enturbiado por una batería de acusaciones por parte del Gobierno Regional (PP) contra la MCT, organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y responsable del suministro.

Esta mañana, el portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, ha reprochado que “100.000 personas se encuentran sin agua potable en la Región de Murcia, y el Gobierno de Pedro Sánchez, que es el competente en la materia, no hace absolutamente nada”. En su ofensiva Segado no ha dudado en teorizar en que, si los cortes de agua se hubieran producido en el País Vasco o Cataluña, “Sánchez les llevaría garrafas de agua en persona”.

El portavoz ha afeado que, mientras los ayuntamientos afectados y el Ejecutivo regional “se vuelcan estos días para garantizar algo tan básico como es el agua a sus vecinos” y en “recuperar la normalidad en los municipios afectados por la dana”, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas Ayala, está “de ‘tournée’ y haciéndose fotos”. Este martes, Ayala comenzó su ronda de visitas por los 45 municipios de la Comunidad para “conocer el estado de los cientos de proyectos financiados por el Ejecutivo central en cada uno de nuestros pueblos y ciudades”.

“Cada día que pasa sin agua potable es un problema para el bienestar de los vecinos, para los empresarios, para colegios, hospitales y centros de salud”, ha lamentado Segado. “Beber agua o ducharse se ha convertido en todo un lujo en los municipios ribereños y pedanías de Murcia, y el Gobierno central no debería permitirlo por más tiempo, pero por desgracia está en la confrontación y en la política miserable”, ha concluido.

Los alcaldes de la zona han afeado a la Mancomunidad la “falta de información” a la que, dicen, han estado sometidos: “Vemos una falta de previsión y transparencia en cuanto a la información que traslada la MCT en lo referente a esta crisis”, ha criticado el edil de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez.

Por su parte, el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha deseado que en las próximas horas haya una acción “más contundente” del Ministerio para asegurar a la población, al menos, las labores de higiene personal.

La Mancomunidad continúa las labores de limpieza

Por su parte, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) ha informado este miércoles de que se ha seguido avanzando con las tareas para restablecer el suministro y han continuado las labores de limpieza y desinfección del canal de abastecimiento. Desde primera hora de la mañana, los operarios se han desplazado a la zona del tramo más afectado por las infiltraciones cargadas de barro y “han logrado habilitar el paso de caudales hasta el depósito de El Mirador, un punto clave en la red, ya que desde aquí se abastecen los municipios de San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares”, los tres municipios con mayores núcleos de población afectada.

Ya se ha conseguido introducir el agua desde la red de producción, pero los caudales todavía no son aptos para el consumo humano. “Servirán -señalan desde la Mancomunidad- para aliviar las molestias causadas a la población al permitir que los ciudadanos puedan usar el agua para tareas no relacionadas con el consumo, la alimentación o la higiene como el llenado de cisternas o la limpieza de superficies no sensibles”.

El restablecimiento en El Mirador va a permitir un paso intermitente de los caudales hacia las tomas del tramo del canal ubicadas en las pedanías de Torre Pacheco y Murcia, donde se dispondrá de un suministro de contingencia (durante determinadas horas al día) con agua no apta para consumo que minimice las consecuencias de la dana“.

En los próximos días, se seguirá avanzando tramo por tramo en el resto de segmentos afectados, “acelerando el ritmo de las tareas de limpieza y desinfección necesarias para el restablecimiento de la normalidad en el servicio”. Desde la Mancomunidad, además, se ha insistido en que los trabajos se están realizando durante las 24 horas del día, “en condiciones de extrema complejidad, dada la estrechez de la infraestructura, la baja disponibilidad de oxígeno y la presencia de cloro en el ambiente por la propia configuración del canal”.

Sin rastro de contaminación fecal

Los resultados de las analíticas realizadas por el servicio de calidad del agua de la Mancomunidad han descartado la presencia de bacterias como la E.coli y los enterococos, lo que invalidaría que las infiltraciones que se dieron en el canal contuvieran aguas residuales o fecales. Tampoco se han encontrado niveles de otros contaminantes “que comprometan la salud, siendo la turbidez y el bajo nivel de cloro los indicadores que se han visto comprometidos, obligando a declarar el agua como no apta para consumo humano”.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha calificado de “impecable” la gestión de la Mancomunidad y ha criticado la postura del PP en esta crisis: “Es vergonzoso que ni siquiera reconozca el trabajo que se está realizando ¿Es que quiere el PP que se suministre agua que no es apta para el consumo a los ciudadanos?”.

Fernández ha recordado que los daños que ha sufrido la red son de “gran dimensión”, pero que desde el primer momento se han movilizado todos los recursos “necesarios” para restablecer el servicio lo antes posible, “con todas las garantías sanitarias imprescindibles”.

“El Gobierno regional, una vez más demuestra que no está a la altura; lo que tiene que hacer es apoyar a los ayuntamientos para garantizar a todos los vecinos y vecinas el acceso al agua potable”, ha reprochado.

“Falta de planificación”

El alcalde de Los Alcázares, el socialista Mario Cervera, ha recordado la “falta de planificación” frente a los riesgos hidráulicos que sufren el Campo de Cartagena y el Mar Menor, por la ausencia de un plan de ordenación del territorio. De acuerdo con la vigente Ley del Suelo Regional, las competencias en materia de Ordenación del Territorio corresponden a la Comunidad Autónoma: “Durante décadas se ha actuado sin una planificación global. Los municipios han construido protegiendo nuevas zonas urbanas y los agricultores han protegido sus propiedades desviando las aguas, y esas decisiones acaban generando graves problemas a los municipios costeros como el nuestro”. Durante su intervención, el alcalde ha recordado que Los Alcázares registró más de 115 litros por metro cuadrado, aunque el verdadero problema, ha recordado, “no es lo que llueve en el municipio, sino lo que llueve en la zona alta de la cuenca, desde donde bajan caudales que terminan afectando a nuestro pueblo”.

Cervera también ha mostrado su preocupación por el proyecto de modificación del puente del AVE Murcia–Cartagena, que pasaría de una capacidad hidráulica de 40 a más de 200 metros cúbicos por segundo. “Si ese puente se modifica sin las obras de contención necesarias, todo ese caudal llegaría directamente a Los Alcázares. No podemos permitirlo. Hemos pedido una reunión urgente con ADIF y con la Delegación del Gobierno porque ese puente no se puede tocar mientras no haya garantías de seguridad”, ha señalado.

El edil también ha apuntado al trasvase Tajo-Segura, que durante episodios de fuertes lluvias “aumenta el caudal de las ramblas y aumentando el riesgo a inundaciones en el municipio”. Cervera ha pedido que el trasvase se adapte a la realidad de los pueblos costeros:“No puede ser que se evacuen excedentes hacia las ramblas que desembocan en nuestro municipio, poniendo en riesgo la seguridad de nuestros vecinos”.

En octubre de 2022, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, fue fotografiado tomando café con el líder de Vox en esta Comunidad, José Ángel Antelo. Aún faltaba medio año para las elecciones autonómicas de mayo de 2023, que se saldaron con un tortuoso pacto firmado entre ambos partidos y la posterior salida de Vox del gobierno regional diez meses después. A la ruptura le siguió un acercamiento bronco, una sucesión de ultimátums y amenazas por parte de los de Abascal que vieron nacer los presupuestos regionales, la supresión del programa de lengua árabe y la promesa de cierre del Centro de Menores de Santa Cruz. Ahora, el panorama político ha dado un vuelco: en el barómetro de verano del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP), el PP ha perdido tres escaños y Vox ha ganado cuatro, adelantando al PSOE. En ese momento, parecía muy lejana la posibilidad de que Vox rebañara del plato del PP.

“El PP ha llegado solo a este punto, los méritos del demérito son suyos”, apunta Ismael Crespo, codirector del CEMOP. “Todos los partidos a nivel regional beben del discurso nacional, y a los populares les pesa la indefinición. Han concluido que si hay otros a los que, con un tipo de discurso, les va bien, pues ellos tienen que aplicar la teoría de la asimilación”.

“Los electores lo que quieren es un discurso fácil de entender y Vox le está dando una narrativa simplista, culpando a los migrantes de todos los males de la sociedad”, recuerda el también codirector del CEMOP, Juan José Escribano. Precisamente, el último ejemplo de los populares tratando de asimilar parte del discurso de Vox se escenificó en Murcia, en la cumbre de barones del PP. Feijóo desempolvó una antigua propuesta de su programa electoral de 2023, el visado por puntos para migrantes: “Defendemos un nuevo visado por puntos que prime la entrada de quien quiere trabajar en los sectores donde hay falta de mano de obra, de quien conoce mejor nuestra cultura y de quien tiene mayor capacidad de integración”, aseguró, poniendo como ejemplo Canadá, Reino Unido y Australia; que no dependen de la Unión Europea y que tienen unas características geográficas y políticas muy diferentes a España.

Por su parte, la última propuesta del PP de la Región de Murcia para ganar a Vox en materia de migración ha sido anunciar este jueves que el gobierno de la Comunidad presentará un recurso contencioso-administrativo contra el decreto del Gobierno de España que regula el reparto de menores migrantes no acompañados: “[El Ejecutivo nacional] sigue de brazos cruzados ante la inmigración irregular descontrolada que sufre nuestro país”, ha denunciado el portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño.

“El problema es que uno puede tratar un tema igual que otro, pero en la política de hoy la clave no es el qué, sino el quién, el emisor. Y, en el caso de la extrema derecha, el emisor es Abascal, que es percibido como un político confiable”, ha expuesto el politólogo. De acuerdo con Crespo, no ocurre lo mismo con el PP: “A Feijóo se le percibe así por distintos motivos, no solo por él, sino por una trayectoria que se arrastra desde tiempos de Rajoy. Hay que recordar que Vox nace por una escisión del PP, porque Rajoy no cumple una serie de compromisos políticos”.

“El PP suele apoyarse en un discurso económico y con los datos actuales no puede dar una narrativa catastrofista. Al no poder entrar en este marco que es más cómodo para el partido, se deriva al tema de la batalla cultural”. Tratar de la migración en Murcia o del aborto en Madrid es un traje “incómodo” para los populares que, según el politólogo, contraviene el discurso de corte humanista que tradicionalmente ha ofrecido el Partido Popular: “No se han dado cuenta de que hay un elector moderado que ocupa un espacio muy importante en España. Por un lado, está el moderado del PSOE, que está cansado de Sánchez; por otro, el elector moderado del PP, que está harto de las derivas hacia políticas populistas de derechas”.

La “caza” al migrante para ganar votos

Las encuestas de este barómetro de verano tuvieron lugar entre el 1 y 12 de septiembre. La Región de Murcia acababa de atravesar un verano marcado por episodios antiinmigración, concretamente contra la población magrebí. El más destacado tuvo lugar en julio, con las “cacerías de migrantes en el municipio murciano de Torre Pacheco, de las que Vox obtuvo un gran rédito político. Grupos de extrema derecha movilizaron a cientos de ultras de todo el país para perpetrar lo que denominaron ”caza al inmigrante“, después de que un vecino de 68 años sufriera una agresión en la localidad: ”Vox está siempre muy atento para poder aprovechar en sus discursos sucesos que son puntuales y que, en condiciones normales, no hubieran trascendido. En nuestro país hay decenas de agresiones todos los días, perpetradas por españoles o migrantes, y no salen en televisión“, observa Crespo.

El discurso de odio racista y xenófobo inundó las redes sociales durante los disturbios, con más de 138.000 mensajes de odio entre los días 6 y 22 de julio, la mayoría de ellos dirigidos contra personas del norte de África, según un informe extraordinario del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

No es descabellado afirmar que Vox llevaba meses esperando un Torre Pacheco. Las cacerías, los discursos con pancartas racistas de fondo y las publicaciones en redes sociales que diferencian el 'ellos' del 'nosotros', podrían haber tenido como escenario cualquier otro municipio del país con gran densidad de población migrante: “En Murcia hay una fuente de votantes de Vox muy importante, que usan a modo de laboratorio. Utilizaron un hecho puntual [la paliza al vecino de 68 años de Torre Pacheco], que podría haber perpetrado cualquiera, para poner durante días en el centro mediático a la Región de Murcia”, ha apuntado Escribano. 

Cómo se informa la generación Z

Por el momento, la estrategia, de acuerdo con los datos, ha funcionado: “El principal problema para la generación Z [los menores de 28 años] es la inmigración y el diferencial de voto entre VOX y el PP entre la generación Z es de ocho puntos a favor de Vox”, ha recordado Crespo, que opina que la popularidad de los discursos de Vox entre los jóvenes no se debe a un problema generacional, sino a cómo se informan. “La generación Z y parte de la generación millennial se está informando básicamente a través de redes sociales, que funcionan con algoritmos que buscan la política del enfado para generar engagement”.

Un terreno, el de las redes sociales, que los de Vox dominan a la perfección: “Vivimos en dos ecosistemas digitales diferentes: uno, de los medios de comunicación tradicionales y otro, de las redes sociales. Vox se mueve en las redes sociales, no se comunica con el otro mundo”, añade el politólogo.

Al igual que en Europa

Colocar a la migración entre las primeras preocupaciones de los murcianos no ha sido solo mérito de Vox, recuerda Escribano: “Ahora mismo en la opinión pública hay un cierto sesgo por lo ocurrido en Torre Pacheco, pero esto es una cuestión que trasciende a la Región de Murcia y España. En Europa está teniendo lugar un deterioro de las fuerzas conservadoras de manera similar a lo ocurrido en los años 30 del siglo pasado. Eso está llevando a que las fuerzas de extrema derecha estén triunfando porque los conservadores están asumiendo su discurso”.

Algo similar ocurre con los partidos socialdemócratas, que modulan su discurso en función de ese discurso irracional que está planteando la extrema derecha: “El propio Partido Laborista en el Reino Unido está endureciendo sus políticas migratorias”, subraya Escribano.

“Se acumula, por un lado, que los jóvenes sufren problemas reales, como pueden ser el de la vivienda y el de los bajos salarios; por otro, se les está vendiendo soluciones ficticias, como pueden ser la expulsión de los migrantes”, ha observado Escribano.

El politólogo no duda de que si Vox falla en replicar lo ocurrido en Torre Pacheco, impulsar la prohibición del rezo en espacios públicos en Jumilla o conseguir el cierre del centro de menores en Santa Cruz la migración acabará bajando puestos entre las preocupaciones de los murcianos: “En la Región, la migración no es un problema real. Se ha logrado que se perciba como un problema a través del discurso”.

“Algo similar ocurrió con el paro. Hace unos años, en una época de bonanza económica, preguntamos en un colegio de primaria cuáles eran los principales problemas del país. Todos contestaron que el paro, pero ninguno conocía a un parado”, ha ejemplificado.

“Se ven las costuras”

Pese a su popularidad creciente y el éxito de introducir temas propios en la agenda política y mediática, según el barómetro, el líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, gana puntos en notoriedad, pero pierde apoyo entre sus votantes, donde se deja tres décimas. La causa, apunta Escribano, es que Antelo ha tenido “demasiada presencia pública” este verano. 

“Los líderes políticos, por lo general, cuidan mucho su imagen, lo que dicen está cuidadosamente estudiado y ensayado. Sin embargo, a Antelo cuando le han puesto el micrófono en Torre Pacheco ha hablado con poca preparación, y eso lo ha visto mucha gente. Se le han visto las costuras”, ha analizado.

De haber permanecido en “la trastienda”, ha apuntado Escribano, Antelo habría mantenido sus índices de apoyo: “Es un líder que carece de ciertas cualidades, algo similar le está pasando a Feijóo, tenía una imagen cuando gobernaba en Galicia que no tiene ahora. Cuenta con muchos problemas para ser líder”.

Encontrar un contradiscurso, una asignatura pendiente

“No se puede combatir a la ultraderecha en la Región de Murcia con un discurso sesudo de veinte páginas y en formato PDF, simplemente al electorado no le llega”, incide Escribano. El politólogo ha apuntado a que los partidos opuestos a Vox deben “adaptar el mensaje” a un canal que les llegue a los jóvenes. Lo mismo ocurre con los medios de comunicación: “Las noticias políticas a los jóvenes no les interesan casi nada y las pocas noticias políticas que les llegan es a través de redes sociales. Hay que buscar allí a los jóvenes porque si no se quedan informativamente aislados. Entonces, el primero que llega los engañan y la ultraderecha ha llegado primero”, ha analizado Escribano.

Un buen paso en la buena dirección, ha apuntado, lo tuvo recientemente nombrado secretario general del PSRM y delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas. A principios de septiembre, advirtió a través de sus redes sociales que la concentración que Vox pretendía hacer frente al centro de menores de la pedanía murciana de Santa Cruz, bajo el lema ‘Tu seguridad es nuestra prioridad’, era ilegal: “[El tuit de Ayala] me pareció inteligente y lo tenía que hacer. Pero claro, tiene que seguir en esta línea para poder llegar a la gente”, advierte Escribano que recuerda que, por el momento, Lucas tiene la peor nota entre los votantes de su partido, un 5,1.

El fracaso del discurso del agua

Mientras el PP trata de posicionarse en materia de migración, en la Región de Murcia está desempolvando el discurso del agua. La disputa por el Trasvase Tajo-Segura, el 'Agua para todos', ha sido una constante en las intervenciones de López Miras. Sin embargo, parece que no está dando sus frutos: entre las preocupaciones de los murcianos, el agua se precipita al antepenúltimo lugar: “El discurso del agua está amortizado, el agua no es un problema para toda la generalidad de la gente, la mayoría de los murcianos abrimos el grifo y tenemos agua. No activa los resortes del miedo, como puede hacerlo la migración”.

Sobre el agua, muy por encima y escalando puestos, se encuentra la percepción del Gobierno Regional como un problema, en el puesto número cuatro: “La gente busca discursos más genéricos, identificar culpables. Esto significa que pueden señalar al inmigrante como causa de sus problemas, pero también al Gobierno regional”.

Continúa la carrera del Gobierno de la Región de Murcia y los regantes de la zona del Trasvase Tajo Segura contra el descenso de los caudales del Tajo. En un nuevo capítulo por la batalla del agua en la Región, el Sindicato Central de Regantes ha presentado este jueves un informe que, aseguran, calcula el Impacto económico del trasvase Tajo-Segura en Alicante, Almería y Murcia.

Según el estudio, elaborado por PriceWaterHouseCoopers, la aportación al PIB nacional de las actividades económicas desarrolladas en la zona del trasvase Tajo-Segura ascendió a 3.912 millones de euros en el año 2024. Además, ha indicado que las actividades de agricultura, comercialización y transformación en las provincias del trasvase Tajo-Segura mantuvieron un total de 102.894 empleos en el año 2024, lo que supone un 5,8 por ciento más que en 2019. 

De acuerdo con sus cálculos, las hectáreas regadas por el Trasvase representan más del 30% de la superficie total de cultivo en las provincias de Alicante (34,7%) y Murcia (31,4%), mientras que en la provincia de Almería suponen el 1,5%. Del total, el 70% de los productos cultivados con el agua del trasvase se destinan a la exportación, “lo que representa una significativa contribución al PIB nacional”:

Recordemos que en mayo de este año el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas remitió al Gobierno central un cálculo que rebaja el volumen 'trasvasable' cuando los embalses de cabecera caen por debajo de los 1.600 hm3 para cumplir con el flujo mínimo legal en el curso. El volumen de las reservas de agua se puede clasificar en tres niveles: el nivel 1 que garantiza un bombeo automático de 60 hm3 mensuales; para el nivel 2 de reservas se ha rebajado la cantidad mensual permitida de 38 hm3 a 20 hm3; y en el nivel 3, el agua trasvasable pasaría de 20 a 11 hm3. También está prevista la reducción de las extracciones de las aguas subterráneas en aquellas zonas donde se entiende que hay sobreexplotación. “Las nuevas reglas rompen la estabilidad de la agricultura del sureste español”, defienden en el informe.

“Este informe no ha sido elaborado por un organismo público, sujeto a tensiones territoriales, ni un lobby empresarial”, ha defendido el director de la consultora en la Región de Murcia y antiguo consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán.

Pedro Luengo, coordinador de Ecologistas en Acción, ha recordado que “ninguna cifra de beneficios o laboral justifica saltarse la Ley o contaminar un espacio protegido y un acuífero”: “Cuanto más se jactan del dinero que mueven y los grandes beneficios, más justifican la necesidad de invertir mucho más en prevenir y en solucionar sus impactos”, ha subrayado. El ecologista ha apuntado al discurso “paradógico” de los defensores del Tajo Segura: “Cuando hablan de pedir agua parece que viven en la indigencia y al borde de la quiebra. Cuando sacan pecho, parece que son el sector principal de la economía murciana”.

“Parece que solo hay cambio climático en Murcia”

A la presentación del informe ha acudido el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que ha asociado principios identitarios entre la agricultura, el Trasvase y la Región de Murcia: “Esto [la defensa de la agricultura] va mucho más allá de los números, es nuestra identidad, es lo que somos y lo que sabemos hacer mejor que nadie. No vemos al País Vasco renunciando a la industria o a Galicia a la pesca”.

Sobre la promesa del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de tomar “acciones procesales” si las nuevas reglas de explotación del trasvase no entran en vigor antes del mes de septiembre, Miras ha replicado que “son declaraciones que deberían dar igual si se cumple el estado de derecho. Ni su Comunidad ni la mía tienen competencias sobre el agua”.

El jefe del Ejecutivo se ha preguntado por qué el único caudal ecológico que se ha ajustado es el que afecta al Trasvase Tajo-Segura: “Parece que el cambio climático solo está encima de la Región de Murcia”, ha ironizado. Miras omite que este caudal se revisó porque hasta ahora se estaba incumpliendo la Ley de Aguas. El plan de gestión 2015-2021 –elaborado cuando era ministra Isabel García Tejerina (PP)– establecía caudales mínimos, que copiaban los del plan anterior, pero que no se podían calificar de caudales ecológicos, según dictaminó el Tribunal Supremo en el año 2019. Este año, dictaminó que los caudales ecológicos deben aplicarse “de inmediato” y no de forma progresiva como había proyectado el MITECO. Sobre esto, Miras ha valorado que la decisión del Supremo sea “válida”, no quiere decir que esté “bien”: “Jurídicamente, el gobierno de la Región de Murcia puede cerrar hospitales, pues está en sus competencias, pero eso no significa que esté bien”, ha ejemplificado.

Después de un anochecer convulso con varios conatos de violencia, Torre Pacheco ha amanecido este domingo con una mayor presencia de la Guardia Civil y entre llamamientos a la violencia por parte de unos y a la calma por parte de la mayoría de fuerzas políticas. Mientras la derecha ha insistido en solicitar un refuerzo de los efectivos policiales, la izquierda señala a los discursos de odio como germen de lo sucedido anoche.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha reunido con el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, y ha pedido —48 horas después de que estallasen los conflictos— que “se movilicen todos los efectivos que sean necesarios para garantizar la seguridad en el municipio”. “Lo que hemos visto durante las últimas horas no puede volver a repetirse”, ha dicho.

El líder autonómico ha hecho además un llamamiento a la calma: “Los vecinos de Torre Pacheco quieren vivir en paz y quieren convivir, como lo han hecho hasta ahora, y no se pueden permitir ni se pueden tolerar las llamadas a la violencia que estamos viendo de unos y de otros”. “Las gentes de Torre Pacheco son hombres y mujeres honrados, honestos, trabajadores que llevan muchos años conviviendo en paz en su pueblo, y no quieren que esto pase”, ha insistido.

López Miras ha advertido de que “los responsables de las agresiones responderán ante la justicia y el peso de la ley tendrá que caer sobre ellos; comprendo la frustración de todos, pero hay que confiar en la ley y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Antes, la delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, se ha reunido también con el alcalde junto a los responsables de la Policía Local y la Guardia Civil, el coronel de la 5ª Zona de la Guardia Civil y el comisario de la Policía Local. “El objetivo es anticiparnos a todos los escenarios posibles; por eso, vamos a tener todo el dispositivo policial preparado, para estos días continuaremos con un operativo de cooperación de la Policía Local y la Guardia Civil”, ha señalado este mediodía en rueda de prensa.

En esa comparecencia detalló que los conatos de enfrentamientos de la madrugada acabaron con una detención y tres personas heridas leves y destacó también que la presencia policial evitó situaciones de violencia adicionales, algo que confirmó el alcalde Roca Tornel: “Al haber patrullas toda la noche se evitaron males mayores y se pudo contener el altercado; en cuestión de un par de horas la cosa estaba controlada”. A las dos y media de la mañana, ha apuntado, “ya estaba todo tranquilo”.

Por su parte, el secretario general del PSOE en la región, Francisco Lucas Ayala, condenaba el sábado los “graves hechos” sucedidos en Torre Pacheco así como la agresión grupal a un anciano del miércoles, origen de los llamamientos de los ultras a la violencia contra los migrantes. “Es intolerable que se use para sembrar odio y miedo”, afirmaba Lucas, que considera que estos hechos son “las consecuencias de blanquear a la ultraderecha”, antes de hacer un llamado a la calma y la convivencia.

Lucas ha señalado este domingo al presidente murciano López Miras, de quien ha dicho que “sigue sin condenar los mensajes racistas” ni la “actitud incendiaria” de Vox. “Ante la gravedad de los hechos, no cabe la equidistancia”, ha asegurado, antes de exigir al Partido Popular que rompa con la ultraderecha y frente “esta peligrosa espiral de odio de consecuencias imprevisibles”.

Mientras tanto, las cuentas oficiales de Vox en la Región de Murcia han dedicado los últimos días a incendiar las redes sociales con mensajes contra la inmigración, describiéndose como el partido de “la ley y el orden” o haciendo retransmisiones en directo de los disturbios durante la noche. Hasta el momento, desde el partido de ultraderecha han evitado condenar las persecuciones a personas de origen migrante.

También ha habido reacciones políticas a nivel nacional este domingo. Movimiento Sumar ha vinculado los sucesos violentos de este fin de semana con la petición de deportación de ocho millones de migrantes hecha por varios portavoces de Vox. “Una democracia sólida es incompatible con discursos de odio que se traducen en dolor y ruptura de la convivencia”, señala el partido de Yolanda Díaz en una publicación en la red social BlueSky.

Frente a la violencia, desde Sumar exigen una actuación policial “rotunda” frente a los grupos ultra “que se están organizando para promover la violencia” y una investigación “inmediata” sobre la posible vinculación de los llamamientos antinmigración de Vox y sus cargos públicos y estos episodios de violencia. La formación política también pide acelerar la regulación de migrantes en los términos propuestos por la Iniciativa Legislativa Popular '¡Regularización ya!' y que está estancada en el Congreso desde hace más de un año.

Además, la coordinadora de Movimiento Sumar ha calificado de “cacería racista” los hechos de este fin de semana en Torre Pacheco y ha acusado a la “derecha fascista” de alentarlos. “Frente a su fascismo, antifascismo, democracia y derechos”, ha señalado en esta misma red social.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, decía este domingo en la red social X que lo visto esta noche “con ataques y persecuciones racistas” en la localidad murciana “no es casualidad” y apuntaba como origen de estos hechos de forma directa al “odio que Vox agita” y con el que el Partido Popular, en su opinión, “transige”.

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha cuestionado la hipocresía de quienes “no salieron de caza contra los empresarios” que agredieron sexualmente a varias menores de edad “ni contra los asesinos de Samuel al grito de maricón”, en referencia al joven Samuel Luiz, asesinado brutalmente en julio de 2021. Y se ha sumado a otros líderes de izquierdas en la vinculación del odio y del racismo con “lo que genera violencia y nos pone en peligro” en la red social X, a la vez que denunciaba uno de los bulos difundidos por grupos de extrema derecha con el objetivo de incendiar la situación en Torre Pacheco.

Este domingo el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha acusado también a la ultraderecha de encender “la mecha” con “incitación al odio” y ha dicho que el discurso de odio, la xenofobia y la violencia contra los migrantes de la localidad murciana “nos interpelan a todos los demócratas” antes de lanzar un aviso: “Estos días han sido ellos. Mañana podemos ser nosotros”.

Por su parte, Comisiones Obreras ha emitido un comunicado en el que pide “contundencia institucional” contra los propagadores de la violencia en Torre Pacheco y afirma que urge “una reacción inmediata de autoridades policiales y judiciales para perseguir a los promotores” de estos ataques contra migrantes y una política de Estado para hacer frente a las ideas racistas y xenófobas.

Desde el sindicato señalan que la mezcla “falaz y miserable” de inmigración e inseguridad es utilizada por la extrema derecha para propagar discursos de odio en entornos sociales donde la inmigración es “un actor económico y laboral imprescindible y también cotidiano” y hace un llamamiento a aplicar el marco legal vigente “con contundencia y agilidad” contra aquellos sujetos, medios, asociaciones y partidos políticos que promueven “noticias falsas que infunden odio y llaman a la violencia contra personas, grupos o colectivos”.

Ya en la noche del sábado, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, solicitaba al Gobierno un refuerzo de los efectivos en la localidad murciana de Torre Pacheco para “frenar la espiral de violencia inmediatamente”.

Así lo afirmaba el líder de la oposición en un mensaje en la red social X, en el que desvelaba una conversación con el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, y con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

“Responsabilidad, convivencia y protección de todos”

Por su parte, la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI) ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, la convivencia y la protección de todos. Y ha condenado “las manifestaciones violentas organizadas en Torre Pacheco, en las que se ha incitado directamente al odio y el enfrentamiento, promovidas por sectores bien conocidos con orientaciones de extrema derecha”, además “del ataque y quema de una mezquita en Cataluña, un acto inaceptable que constituye una agresión contra un lugar de culto y una afrenta a la convivencia, la libertad religiosa en este país y la dignidad de toda una comunidad”.

Y se han mostrado totalmente en contra “de la instrumentalización del dolor”. Se han mostrado “profundamente preocupados”, por “el creciente clima de hostilidad hacia colectivos vulnerables, en particular hacia la comunidad musulmana, con discursos que buscan señalar, dividir y enfrentar”.

Por último, han apelado “al sentido común de la mayoría de la sociedad española, que han demostrado históricamente su eterno compromiso con la convivencia y la diversidad” y han reclamado “una investigación rigurosa de los hechos” y “unidad frente a la intolerancia; no responderemos al odio con odio”.

El obispo de Cartagena apela a la paz

“Buscad siempre la paz y evitar todo tipo de exaltación”. Tras dos días de silencio, el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ha emitido un comunicado mostrando su “preocupación” por “las noticias que nos llegan desde Torre Pacheco”, donde una turba alimentada por la ultraderecha está llamando a la 'cacería al migrante' en la localidad murciana. En un breve comunicado, Lorca Planes destaca que “la violencia nunca arregla nada ni es una solución de nada, al contrario, crea intranquilidad y más en un pueblo que se ha distinguido siempre porque ha dado trabajo, por la convivencia y por la integración”.

En este sentido, el obispo felicita “de una manera muy especial a la parroquia y también a todos los hombres y mujeres que están trabajando por hacer posible esta llamada a la calma y a la serenidad”. “Me dirijo de una forma especial a vosotros, hombres y mujeres de Torre Pacheco, os animo a que sigáis trabajando por lo que sois; a vivir como cristianos buscando siempre la paz y evitando todo tipo de exaltación, para que recuperéis vuestra esencia”, sostiene el prelado, que finaliza su mensaje insistiendo en que “como los conflictos no ayudan a nadie le pido al Señor que nos conceda a todos la fuerza para ser testigos de la paz y del amor, y que incluso seamos testigos también del perdón”. Informa Jesús Bastante

“La Comunidad revoca la orden por la que se contemplaba la adquisición de viviendas para la acogida de menores extranjeros no acompañados. Rectificar es de sabios. No volverá a suceder”. Con estas palabras la consejera de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia, Conchita Ruiz, no solo ha dejado en el aire el destino de los sesenta menores del centro de acogida Rosa Peñas en la pedanía murciana de Santa Cruz que pretende clausurar a petición de Vox, también ha supuesto una nueva vuelta de tuerca en la relación entre el Partido Popular y los de Abascal en esta Comunidad.

“[A la consejera] le faltó decir ‘sí, mi amo’”, ironiza Juan José Escribano, codirector del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP) de la Universidad de Murcia (UMU). Una rectificación con sabor a “lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir”. Mientras el rey emérito se disculpaba por cazar elefantes en Botsuana, la consejera murciana ha pedido perdón por intentar mejorar las condiciones de los niños migrantes que están a cargo del Gobierno Regional.

El pasado martes, Vox lanzó un ultimátum al Partido Popular en la Región de Murcia. Santiago Abascal, a través de sus redes sociales, advirtió al Gobierno Regional de que la Comunidad no tendría presupuestos si procedía a la compra de inmuebles para la acogida de menores. Dicho y hecho: dos horas más tarde la Consejera retiró la orden. Ruiz, que presumía de que cerraba el Rosa Peñas citando recomendaciones hechas por la Unión Europea, Unicef y el Ministerio de Infancia y Juventud en materia de acogimiento, ahora no sabe dar una respuesta sobre cuál será el destino de estos niños. El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, sí que ha adelantado que, junto a Política Social, pondrá en marcha un “comité técnico para intentar la reagrupación familiar en sus países de origen de los menores no acompañados”, a pesar de que las competencias de deportación recaen sobre el Estado. De nuevo, otra petición de Vox satisfecha.

El proyecto de compra de viviendas estaba financiado con fondos europeos y no habría costado ni un solo euro a las arcas regionales, pero los de Abascal lo han utilizado para presumir de que Vox pone a los españoles “primero”: “Invertir es gestionar y priorizar, y saber dónde va cada euro”, ha señalado el portavoz del partido de extrema derecha en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, durante la votación del debate a la totalidad de la Ley de Presupuestos el pasado jueves. La norma salió adelante con la abstención de Vox, quienes han asegurado a este diario que estarán “vigilantes”.

Chantaje

“Nos estamos acostumbrando lamentablemente a que el PP agache la cabeza”, señala el también codirector del CEMOP Ismael Crespo. “La forma de actuar de Vox está basada en el chantaje. Si no les gusta algo, se enfadan, firman y rompen acuerdos”.

Mientras, los populares consienten. Todo por cerrar las cuentas de este 2025, siete meses después de que comenzase el año: “Es una obsesión de todos los presidentes autonómicos del PP. Si tienen presupuestos, pueden reprocharle a Pedro Sánchez que el Gobierno Central no tiene”, describe Escribano.

Los problemas surgieron cuando, para poder cerrar unas cuentas en Murcia, el único aliado que el PP se planteó fue Vox: “En nuestro barómetro, el 74% de los murcianos estaba de acuerdo en que los presupuestos se hubieran pactado con el PSOE. Pero para el PP eso no era posible, les habría quitado legitimidad para criticar a Sánchez. En estos presupuestos se ha pensado más en política nacional que en la regional”, apunta el codirector del CEMOP.

“Estamos viendo una agenda opuesta a la nacional en muchos sentidos. El Gobierno central no tiene presupuestos, la legislatura continúa. En Murcia tendremos presupuestos a final de julio, pero la legislatura quedará muerta a efectos prácticos. El PP no va a hacer nada y, por tanto, Vox no tendrá que apoyar nada”, vaticina, por su parte, Crespo. “Hay una correlación extraordinaria entre gobiernos de coalición y falta de producción legislativa. Esto ha pasado en otras comunidades. En general, los gobiernos de coalición estables tienen una gobernabilidad escasa”.

La cuestión es que, una vez el PP tenga los presupuestos de la Región de Murcia en la mano, deberá plantearse si ha pagado un precio demasiado alto por ello, y si es posible dar marcha atrás. “En otras comunidades el PP tiene más claro a nivel estratégico que no le interesa estar a las órdenes de Vox porque le puede pasar factura de cara a unas elecciones”, señala Escribano. “Al PP no le está funcionando su estrategia en Murcia. Con ese ‘no volverá a suceder’ de la consejera, el PP se ha puesto a disposición de la extrema derecha. Es una auténtica bajada de pantalones”.

“Nunca he logrado entender por qué el PP quiere ser amigo de alguien que se le quiere merendar”, observa Crespo. Mientras, Vox “busca el conflicto” y mantiene visible su agenda a golpe de titular. “Vox necesita posturas de fuerza porque tiene un grupo de seguidores muy hooligans. Difunde discursos muy sencillos, casi automatizaciones. El populismo es eso: respuestas fáciles a problemas complejos”.

“Van a seguir poniendo en su agenda temas que remueven los sentimientos de la gente, un discurso de amigo o enemigo, blanco o negro. Van a tratar por todos los medios transmitir que el PP no es capaz de hacer lo que tiene que hacer”, abunda Escribano.

En esta línea, el líder de Vox en la Región de Murcia ha convocado una concentración por la agresión sexual de una menor en Alhama de Murcia, presuntamente perpetrada por un migrante. Ha aprovechado la manifestación para repetir uno de sus eslóganes de campaña: “Con Vox ni una menor más desprotegida, ni un criminal más en nuestras calles”. Mientras, nada dice el acuerdo de presupuestos firmado con el PP sobre la violencia contra las mujeres. De hecho, en febrero de este año Vox de comprometió a eliminar las partidas económicas destinadas a lo que llaman “la ideología de género”.

Crespo, por su parte, recuerda que el nivel de conocimiento por parte de la opinión pública sobre la negociación de los presupuestos es “nulo”: “No sabe ni que hay unos presupuestos ni que están pactados con Vox. Sí que saben que Abascal, por así decirlo, se ha plantado contra la inmigración”.

PP y Vox, en pugna por el mismo electorado

De acuerdo con el último barómetro del CEMOP, en la Región de Murcia un 67% del electorado de la formación de extrema derecha es competitivo con los espacios que ocupa el PP: ideológicamente, el 28% de los electores actuales de Vox se ubican en una posición de centro y un 39%, en la derecha tradicional. Solo el resto, el 33%, se sitúa en la extrema derecha. En otras palabras, los de Vox tienen mucho electorado común a los populares.

En los próximos meses es previsible que los de Abascal continúen centrando sus esfuerzos en la Región en difundir mensajes sobre seguridad e inmigración, “la pasta”, como define Crespo, que une a la extrema derecha en España y Europa. “Une a personas que, desde el punto de vista estrictamente ideológico, no podemos considerar de extrema derecha. En un mundo lleno de incertidumbre, mucha gente recurre a este patriotismo trasnochado”.

PSOE, ni reforzado ni perjudicado

Al margen de esta disputa por los presupuestos se ha quedado el PSOE. El secretario general de los socialistas en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha repetido a lo largo de este año que mantenía “la mano tendida” para negociar unos presupuestos con los populares. Llegó a ofrecer votar a favor del techo de gasto “sin líneas rojas ni condiciones”. No surtió efecto, solo consiguió, como el resto de partidos de la oposición, una reunión con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que el mismo Lucas calificó de “paripé”.

“Es una estrategia correcta, mostrarse como un partido de estado y colaborar. Podría haber funcionado si no estuvieran batallando con otras sobrevenidas a nivel nacional”, teoriza Escribano, en alusión a los casos de corrupción en los que se ven envueltos los dos últimos secretarios de Organización del PSOE.

“Desde el punto de vista pragmático, podemos decir que la oferta del PSOE era inexistente. Si hubieran querido realmente negociar unos presupuestos, habrían llevado las cuentas a la Asamblea y habrían negociado propuestas”, reprocha Crespo.

Migración: causa y disolución de acuerdos entre PP y Vox

Las acciones de Vox dificilmente pueden considerarse un pulso, pues nunca han llegado a encontrar resistencia por parte de los populares. En septiembre de 2023 ambas partes firmaron un acuerdo de gobernabilidad. La negociación de este pacto, al igual que la de los presupuestos de este año, vino in extremis y coordinada desde Madrid: se cerró a tan solo una semana de terminar el plazo, y entre el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el líder de Vox en la Comunidad, José Ángel Antelo, solo hubo una conversación a través de la red social X -antes conocida como Twitter-, que duró unas cuatro horas.

El acuerdo no duró ni un año. El líder de Vox, Santiago Abascal, anunció el pasado julio que ponía fin a la coalición que mantenía con los populares en cinco comunidades autónomas por la acogida de menores migrantes: En el caso de la Región de Murcia, se trataba del acogimiento de 16 niños y niñas por parte del Gobierno regional, parte de un acuerdo ya rubricado con el Gobierno central en 2022. “No quieren comunidades autónomas. Si algún día ganase Abascal, las extinguiría. Por eso, no es de extrañar que tome la iniciativa en las interacciones con los Gobiernos regionales”, explica Escribano.

“Si ellos [Vox] mantuvieran las acciones en la Región de Murcia, las noticias morirían en el acto. Pero al trasladarlas a nivel nacional pueden retratarse a sí mismos como guardianes de la patria”, añade Crespo.

Centrándonos estrictamente en el acuerdo de los presupuestos de este año, no es la primera vez que Vox amenaza con su extinción. El pasado 22 de marzo Santiago Abascal condicionó su apoyo a los presupuestos murcianos a la eliminación del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. Días después, el presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, registraba una moción para dar la “posibilidad” al Partido Popular de “mostrar el rechazo a ese convenio que se ha implementado en la Región de Murcia”.

En funcionamiento desde hace más de una década tanto en la Región de Murcia como en el grueso del resto de Comunidades Autónomas, el Programa nació de un acuerdo entre el Gobierno de España y la Embajada del Reino de Marruecos en vigor desde 1985. Los objetivos del plan son la enseñanza de la lengua árabe y la cultura marroquí al alumnado marroquí y no marroquí escolarizado en centros de educación primaria y secundaria.

Pese a la longevidad del programa, Vox confesó que no exigió su retirada antes porque desconocían “el grado de aplicación que estaba teniendo en los centros educativos de la Región de Murcia”. También defendieron que, pese a que el programa no es competencia de la Comunidad, la Región de Murcia “puede o no aplicar el convenio”, lo que contraviene a lo estipulado por el propio programa: “Se trata, (...) de un programa de carácter estatal, no transferible a las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, pero cuya aplicación compete a las mismas”.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha hecho oficial este miércoles que el Consejo de Gobierno prevé sacar adelante, “pronto”, una “ley de prevención integral de las adicciones” autonómica sin haber hecho, durante su explicación de la misma, ni una sola mención a los locales y casas de apuestas que están repartidos por todo el territorio regional, muchos de ellos muy cercanos a centros educativos. El máximo mandatario regional ha puesto el foco del futuro texto en la “protección de la infancia y la adolescencia”, admitiendo que se va a prohibir la “publicidad de bebidas alcohólicas” a menos de 200 metros de recintos escolares y la “venta de bebidas energéticas a menores de edad”.

La Comunidad murciana, sin embargo, continuará, siguiendo el hilo de la distancia entre focos de adicción y espacios educativos, y a juzgar por las palabras de López Miras, siendo la única autonomía española que no regula la separación que debe haber entre una sala de apuestas y un colegio o un instituto. La Región presenta el mayor índice de casas de apuestas por habitante de toda la Unión Europea, con un total de 22 salones de juegos por cada 100.000 habitantes. La nueva ley anunciada por el máximo mandatario del PP sí que hará hincapié, ha proseguido el líder del Ejecutivo, en las “plataformas digitales”, incluidas todas aquellas relacionadas con el sector de los “videojuegos”.

Tanto de forma previa como posterior a dicho anuncio legislativo sobre las adicciones, el presidente murciano ha construido el relato de su intervención parlamentaria, la primera de este 29º debate sobre el Estado de la Región de Murcia, sin acatar en profundidad los aspectos negativos del territorio que dirige, pues se sabe con un éxito y una credibilidad corroborada cada muy pocos meses en las encuestas y los barómetros del CEMOP, en los que siempre roza, o alcanza, la mayoría absoluta. López Miras ha subrayado una y otra vez que la comunidad, a su juicio, “está mejor que hace un año”. “Crecemos económicamente, invertimos en conocimiento e innovación, atraemos inversores nacionales y extranjeros”.

Protesta paralela del metal a las puertas de la Asamblea

El líder del Ejecutivo del PP ha hecho alarde, acto seguido, del “crecimiento del sector industrial” regional “como motor económico” murciano. Pero esa afirmación ha sido paradójica hoy, porque en paralelo a sus palabras, mientras López Miras hablaba sobre el atril del hemiciclo, se estaba produciendo una protesta frente al edificio de la Asamblea de varios cientos de trabajadores de la industria auxiliar de Navantia, uno de los polos industriales más importantes de la comunidad, que llevan una semana de huelga indefinida denunciando que apenas alcanzan el sueldo mínimo y reclamando un convenio laboral digno.

El resto del discurso de López Miras ha resultado ser una imagen exacta de los últimos once meses de legislatura popular en la comunidad, tras la salida de Vox del palacio de San Esteban en julio: primero, centrado en aspectos económicos, con un marcado carácter tecnócrata en la aplicación de proyectos de impulso a la economía y al comercio —como el señalado crecimiento del PIB regional en “un 4,1%”, las deducciones fiscales o las “adjudicaciones de hasta 7,6 millones de euros de ayudas directas para la modernización de alojamientos turísticos y la construcción de hoteles”, en relación al sector del turismo—.

Sin menciones a las políticas impuestas por Vox

Más adelante, el presidente ya ha estado vinculado de nuevo a la ultraderecha, aunque con cierto disimulo. Tan solo ha hecho un guiño a los de Santiago Abascal durante su intervención, ante la mirada seria de José Ángel Antelo y el resto de diputados. “Gracias al entendimiento de Vox, al que agradezco su predisposición, su capacidad para el diálogo”, ha expresado. López Miras ha desarrollado, a partir de ahí, un reguero de medidas y decisiones que, en ningún caso, han sido las que la extrema derecha ha dictado al Gobierno regional, y que éste ha acatado sin contemplaciones, para la rúbrica del pacto presupuestario que tuvo lugar hace menos de un mes en esta misma Cámara.

El presidente no ha hecho referencia al futuro cierre del centro de menores migrantes de Santa Cruz, que Vox vincula sin pruebas con la delincuencia y la inseguridad, ni a las políticas destinadas a controlar la migración en la Región, como los test diagnósticos y médicos que se van a comenzar a hacer a migrantes que se “autoperciben como menores” cuando lleguen a Murcia.

El Mar Menor, generalizado

El líder del PP murciano solo ha mencionado una vez la violencia de género en todo su discurso —pese a que la comunidad presenta una de las mayores tasas de mujeres víctimas de violencia del país—, y se ha referido al Mar Menor de una manera imprecisa, sin anunciar nuevas medidas ni entrar de lleno en la cuestión que pactó con Vox y que se llevará a cabo antes de octubre: reformar la ley de protección de la laguna del 2020. Sobre el ecosistema lagunar han vuelto a predominar las cifras por encima de los hechos: “estamos más cerca de lograr la recuperación del Mar Menor. Para este 2025 vamos a sumar 125 millones de inversión para continuar con su recuperación ambiental, social y económica”, ha afirmado.

El líder murciano ha obviado que el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente al que obliga la actual ley de la laguna lleva ya cuatro años de retraso con la única responsabilidad de su Ejecutivo, y ha anunciado, asimismo, una medida que pondrá más presión sobre la albufera: un “plan estratégico para que el Mar Menor se consolide como centro de alto rendimiento deportivo a nivel nacional, que compatibilizará su actividad con el máximo respecto ambiental”. La medida se ha quedado ahí, en el anuncio, porque no ha entrado en detalles.

Ayudas para la agricultura

Hacer de la laguna una referencia en deportes acuáticos en España concuerda plenamente con el planteamiento de la extrema derecha de Vox, que considera que para la recuperación del ecosistema se debe garantizar la compatibilidad de “todas las actividades económicas” en sus alrededores y en su interior. Ahí entra en juego algo muy importante en la Región: la agricultura y los empresarios que se dedican al sector primario, especialmente en el Campo de Cartagena. Los agricultores, para López Miras, están amenazados por varios frentes, y el presidente ha anunciado un “plan de financiación plurianual” y un “impulso a los sistemas de regadío”, que, ha subrayado, son ya “los más modernos de España”.

López Miras ha proseguido defendiendo los intereses agrícolas a través de su ya múltiples veces vindicada defensa del Trasvase Tajo-Segura, “el único trasvase en España que el Gobierno socialista de la nación se ha dedicado a recortar, comprometiendo la viabilidad de un sector esencial para nuestra tierra, con decisiones políticas sin amparo científico ni técnico y con dramáticas consecuencias”.

Relacionado con el medio ambiente, el dirigente autonómico ha sacado pecho por el comienzo de las “obras de restauración de la balsa minera de San Cristóbal”, ubicada en el municipio de Mazarrón. “Una inversión que se suma”, ha dicho, “a la mayor restauración ambiental de un depósito minero en España, en El Lirio, cuyas obras se están terminando”. Lo cierto es que los trabajos acometidos en El Lirio son ahora objeto de investigación por vía judicial. La magistrada del Jugado de Instrucción 1 de Cartagena ordenó numerosos análisis para determinar si fue sellado con tierra contaminada por metales pesados.

Una situación sanitaria sin datos precisos

Otro tema importante que López Miras no ha tocado demasiado es la sanidad. Siempre que llega el verano, el sector sanitario regional se ve comprometido: un sentimiento de malestar generalizado crece ante la falta de especialistas y el cierre adicional de servicios de urgencias y plantas hospitalarias con motivo de las vacaciones estivales de los profesionales. El presidente ha asegurado en su discurso que la prioridad de su Ejecutivo es “garantizar unos servicios públicos que funcionen” y la “atención a los más vulnerables”.

La Región, ha continuado, es la “tercera con mayor inversión total por habitante en sanidad”. Miras ha anunciado la contratación de más de 6.000 profesionales este verano que “garantizarán la asistencia sanitaria en todo el territorio de la comunidad entre julio y septiembre”, así como el primer plan oncológico de la Región para “mejorar la calidad de vida de los pacientes, la detección precoz, la prevención y la producción de fármacos”.

El máximo mandatario no ha hecho referencia a las elevadas listas de espera para solicitar el grado de dependencia en la Región de Murcia, desde que se pide hasta que se concede la prestación correspondiente.

1º y 2º de la ESO, fuera de los institutos

En el marco de otro servicio público básico de la sociedad murciana, el de la educación, López Miras ha asegurado que se van a ofertar más de 8.700 plazas gratuitas de 0 a 3 años en los colegios de la Región, y ha anunciado una medida pionera, con el objetivo, ha resaltado, de que “nuestros hijos vivan su infancia en plenitud”: los colegios impartirán los cursos de primero y segundo de la ESO. Lo harán, ha proseguido el líder del PP, para así “elevar las tasas de éxito educativo”, y para “reducir”, de paso, los ratios de “los institutos”. La idea es que, hasta los 14 años, el alumnado murciano continúe en el colegio, “un espacio más protegido”, a juicio del dirigente popular.

El presidente no ha hecho referencia alguna a un mandato que surgió del anterior debate sobre el Estado de la Región, el de 2024: poner fin a las altas temperaturas en las aulas murcianas, muchas de las cuales continúan siendo todavía barracones precarios y prefabricados. Precisamente, este mes de junio, numerosos padres murcianos trasladaron al Defensor del Pueblo el problema al que se enfrentan sus hijos a diario en colegios e institutos por la falta de aire acondicionado.

Los males del Gobierno central

A lo largo del resto de su intervención, López Miras ha achacando los males que afectan a la Región de Murcia, como la crisis de la vivienda, para la que ha anunciado un “modelo de vivienda asequible” vía decreto-ley que impulse la construcción y elimine trámites burocráticos, a la gestión del Ejecutivo central.

“La parálisis del Gobierno de Sánchez se extiende como una sombra silenciosa”, ha señalado, acusando al Estado de ningunear a la Región de Murcia en materia de financiación, lo cual afecta, según sus palabras, a los servicios públicos. “Seguimos viendo pasar los años sin que se actualice un modelo que nos sitúa a la cola de la financiación. Es una petición sin color político”, ha concluido el presidente, sin advertir que el propio Partido Popular estuvo al mando del Gobierno central durante siete años desde 2011 y que tampoco acometió una reforma que debería sostenerse, según Miras, “en el principio básico de igualdad entre los españoles”. El presidente se ha marchado de la Asamblea, asimismo, sin hacer mención a las altas tasas de pobreza infantil que asolan la comunidad.

El Debate sobre el Estado de la Región proseguirá este jueves con las intervenciones de los portavoces de los cuatro grupos políticos —PP, PSOE, Vox y Mixto—. Se espera que la habitual tensión política del hemiciclo aumente de forma considerable, con reclamaciones directas, peticiones de rendición de cuentas y fuego cruzado entre Gobierno y oposición.

Con la firma de este viernes en la Asamblea Regional, el PP ha validado el acuerdo de presupuestos con la extrema derecha de Vox. Dicho acuerdo implica que el Gobierno regional adopta formalmente las condiciones impuestas por la ultraderecha, especialmente en lo relativo al rechazo a la migración, el señalamiento de los migrantes, su disconformidad con las políticas verdes europeas, la modificación de la reforma del Mar Menor y la eliminación de las ayudas públicas a sindicatos y patronal.

Vox marca las directrices y las políticas al PP murciano sin necesidad de estar en el Gobierno.

Este es el pacto de presupuestos sellado en la Región de Murcia:

Los presupuestos de 2025 en Murcia al dictado de la ultraderecha son ya una realidad tangible. Vox marca las directrices y las políticas al PP murciano sin necesidad de estar en el Gobierno. Ambas formaciones han tardado solo 24 horas, tras la reunión definitiva entre Fernando López Miras y José Ángel Antelo en que terminaron de juntar posturas, en firmar el documento donde se plasman los postulados, un total de 20, que van a dirigir las cuentas de la comunidad en los próximos meses. Los populares se han plegado a todas y cada una de las exigencias esgrimidas por los ultras en las últimas semanas. Entre ellas destaca la medida estrella, y también la más polémica: el cierre definitivo, que tendrá lugar después del verano, “antes del inicio del curso 2025/2026”, del centro de acogida de menores de la pedanía de Santa Cruz.

Si ayer López Miras comparecía ante la prensa con una media sonrisa y un tono de alivio y agradecía a José Ángel Antelo su predisposición para negociar, este viernes, en la firma, que ha tenido lugar en la Asamblea Regional, el portavoz popular, Joaquín Segado, y su homólogo de Vox, Rubén Martínez Alpañez, han mostrado una satisfacción plena. Especialmente el segundo. En la formación ultra saben, y así lo transmiten fuentes del partido de puertas para adentro, que Antelo ha ganado, que el PP ha cedido, aunque seis meses tarde, y que de ahora en adelante la realidad política en la Región será la que ellos han dibujado. Ahora esperan que el acuerdo hoy rubricado se cumpla en su totalidad, “coma por coma”, señalan. En la formación de Santiago Abascal manifestaban, ya desde el mes de marzo, que querían el “traje a medida”. Ahora, más confiados y con el traje hecho, Alpañez lo vindica: “Con Vox no se juega”.

El compromiso alcanzado por ambas formaciones implica no solo asumir el discurso xenófobo de la extrema derecha y rechazar el reparto de migrantes propuesto por el Ejecutivo central, sino también su desaprobación de las políticas verdes europeas y el impulso a una nueva reforma del Mar Menor, para la que los dos partidos han fijado una fecha límite: octubre de 2025. Asimismo, destaca la voluntad firme de retirar las subvenciones públicas a sindicatos y patronales con la modificación de la ley de Participación Institucional. La frase más repetida en el documento no es otra que “el Partido Popular se compromete a”. El acuerdo es una continuación más extensa del pacto de Gobierno que ambas formaciones suscribieron en septiembre de 2023 y rompieron en julio de 2024, precisamente por la acogida de niños y niñas migrantes que el PP ahora sí repudia.

Alta carga xenófoba

Los puntos que acaparan por encima del resto el contenido del documento están completamente influenciados por el cariz ideológico de Vox en materia migratoria. En primer lugar, en el punto número dos del pacto, el PP manifiesta “su contundente rechazo a las políticas de asentamiento y reparto de inmigrantes ilegales impuestas por el Gobierno de España en las Comunidades Autónomas”. Murcia no va a recibir ningún migrante más y así lo expresa el texto. En la Región se pondrá en marcha, “con carácter inmediato”, un “protocolo para la determinación de la edad de los inmigrantes ilegales que se autoperciben como menores que incluirá pruebas médicas”.

Sin ir más lejos, anoche el presidente López Miras dejaba claro en un post en su cuenta de X, de nuevo, que “Vox ya advirtió hace un año” que la Región no podía “acoger a más migrantes”. Entonces aquella advertencia suscitó que los ultras salieran de forma abrupta del Ejecutivo. “Buscaremos las fórmulas legales para que los menores no acompañados regresen con sus familias y para que a los inmigrantes ilegales se les aplique la legislación vigente”, escribió el líder popular, satisfaciendo aún más el ego de sus socios.

La clausura del centro de acogida de Santa Cruz viene a continuación, justo debajo. La instalación, que actualmente cubre las necesidades de 60 menores, y que ha estado funcionando desde el año 2019 sin ningún problema, obtuvo cuando comenzaron las negociaciones presupuestarias el foco mediático de Vox, que puso sobre ella la sombra siempre esgrimida y nunca probada de la falta de seguridad y la alta tasa de delincuencia en personas con origen extranjero. Ahora, por compromiso del PP, el centro cerrará “antes del curso 2025/2026”. Joaquín Segado rebaja el tono, y sitúa el objetivo de la decisión en apostar por “un modelo de acogimiento más familiar y no en grandes centros”.

Asimismo, la Región de Murcia eliminará y devolverá “por incumplimiento” todas “las subvenciones que reciban ONG's que colaboren o se lucren con el tráfico ilegal de personas, trata de blancas o explotación infantil”.

El programa de enseñanza de la Lengua Árabe y la Cultura Marroquí de los centros educativos murcianos también desaparecerá de un plumazo. Al menos en lo que a competencias autonómicas se refiere. El Ejecutivo de López Miras se ha comprometido a “no desarrollar ningún programa de fomento de la lengua árabe, tal y como sucede en otras comunidades autónomas”.

La reforma del Mar Menor, antes de octubre

El siguiente punto del documento deja atrás la carga xenófoba y se centra en el sector primario y en la agricultura. Y con ella, las políticas ecológicas europeas y el propio Mar Menor. Martínez Alpañez ha expresado orgulloso en la rueda de prensa posterior a la firma que “López Miras ha renunciado expresamente al Pacto Verde europeo”. “En los presupuestos de la Región de Murcia”, ha continuado, “no habrá ninguna partida relacionada con dicho pacto”.

“El Pacto Verde Europeo está perjudicando a nuestro sector agrario, a nuestro tejido productivo, y no podemos permitirlo”, sostuvo López Miras ayer, que se refirió a la “excesiva normativa sin sentido” que está teniendo como consecuencia el encarecimiento de los precios de los alimentos. Habló de simplificar esas condiciones y de imponer cláusulas espejo a los productos que lleguen de países extracomunitarios: “No puede ser que a nuestros agricultores se les exija cuestiones que no se les exigen a agricultores de terceros países y también, por supuesto, hay que reforzar el control en fronteras para los productos que entran en España y en la Unión Europea”.

El acuerdo presupuestario incluye partidas específicas para la agricultura y ganadería regionales por valor de ocho millones de euros. El sector primario murciano, y el Campo de Cartagena, tiene un peso específico en el anuncio concreto, y desde luego sorprendente, de una fecha fija para la reforma del Mar Menor. Ambas partes se han comprometido a “desarrollar las modificaciones legislativas necesarias para su protección” y a iniciar “el procedimiento de revisión y reforma de la ley antes de octubre de 2025”.

Vox siempre ha defendido un cambio normativo a la medida del lobby agrario, con el foco puesto en las aguas residuales y urbanas y no en la entrada de nitratos procedentes del campo a la laguna. Dicha reforma siempre suscitó tensiones y recelos entre ambas formaciones. Ahora los malos ratos parecen haber quedado atrás. Martínez Alpañez ha dejado entrever que el inicio real de dicha reforma, ya casi inminente, será bajo sus postulados. “Es perfectamente compatible el uso urbanístico, hotelero y agrícola con la conservación del Mar Menor”, ha expresado el portavoz ultra. Segado ha expresado, por su parte, que ambos se han comprometido a “no dar ni un paso atrás” en la defensa del ecosistema, sin entrar en más detalles.

Los sindicatos, sin subvenciones

La mano de la extrema derecha en el texto del acuerdo atañe también a los sindicatos y patronales empresariales. La voluntad de la formación ultra ha sido siempre suprimir la entrada de dinero público a dichas organizaciones. Así será. La futura modificación de la Ley de Participación Institucional que llevará a cabo el Consejo de Gobierno quitará el carácter imperativo de que los representantes sindicales y empresariales obtengan una inyección de dinero público en forma de subvención.

En concreto, el proyecto de presupuestos contemplará una “reducción de las aportaciones dirigidas a las Organizaciones Sindicales y Empresariales, que se suma a la rebaja del 25% que ya ha sido aplicada en el ejercicio 2024”. “PP y Vox se comprometen”, prosigue el texto, “a modificar la ley eliminando la obligatoriedad de consignación de partidas presupuestarias normativas”.

Otras medidas

En otro orden de medidas, muchas tienen que ver con la familia y por la apuesta de que ésta es, según ha expresado Alpañez, “el pilar fundamental de la sociedad”. El PP se ha comprometido a incorporar, en cada modificación normativa que se lleve a cabo en el Ejecutivo o en la Asamblea, “un informe de impacto familiar que evalúe la incidencia económica y social de dichas normas sobre la familia”.

En el contexto de emergencias, se destinarán 1,5 millones de euros a la construcción de un nuevo Centro Integral de Respuesta de Emergencias y Seguridad, y 5,5 millones de euros para la firma de un nuevo Acuerdo Marco en el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento.

Asimismo, el Gobierno autonómico, en una de las medidas más esgrimidas por José Ángel Antelo, “perseguirá la ocupación ilegal” y reforzará el compromiso en “la seguridad siudadana”, de manera que los policías locales de los municipios de la Región puedan “acceder a armas largas, pistolas taser y gas pimienta”.

Aquí puedes consultar el texto íntegro del pacto entre populares y ultraderechistas.

Después de seis meses sin presupuestos

Rubén Martínez Alpañez ha sido claro y no se ha dejado nada en la comparecencia posterior a la rúbrica. Con el acuerdo ya firmado, sabe que su formación ha obtenido lo que quería, aunque haya transcurrido para ello medio año. “El acuerdo firmado es prácticamente el mismo borrador de presupuestos que —en Vox— presentamos —al PP— en enero. Podrían haberse decidido entonces. Hemos perdido seis meses”.

Los presupuestos han llegado finalmente de un día para otro y tras un tira y afloja de acercamientos y puntos muertos que no parecía tener fin. El desbloqueo tuvo lugar después de un momento clave: el acuerdo suscrito en Baleares entre los mismos partidos hace justo una semana. Desde el bando de Santiago Abascal expresan que fue el PP murciano quien descolgó al fin el teléfono hace muy pocos días. Ahora, Martínez Alpañez vindica un tono de amenaza: “No nos va a temblar el pulso para acometer las acciones que consideremos oportunas se se incumple el acuerdo”. La formación ultra apela a la dimisión de consejeros si alguna medida no se lleva a cabo como ellos quieren, tal y como manifestó ayer Antelo. Pero ese punto en concreto no está recogido en el acuerdo.

Joaquín Segado, en la cara opuesta, afirma que la responsabilidad del PP era “tener presupuestos” en la comunidad, y claman que el acuerdo con los ultras “aportará estabilidad política y económica a la Región de Murcia”. Ambas formaciones afirman sin ápices de duda que la ley de presupuestos definitiva será aprobada a lo largo del mes de julio.

A partir de ahora espera un calendario extenso y tedioso. Los populares sacarán adelante el techo de gasto en el Consejo de Gobierno la próxima semana, que será de 6755 millones de euros, un 3,5% de incremento con respecto al año pasado. A continuación, comenzará el baile parlamentario: ese techo de gasto se someterá a votación en un pleno ordinario. Una vez aceptado, tendrá lugar la sucesión de comisiones en la Asamblea para acordar cada punto en la redacción de la ley de presupuestos, hasta que en otro pleno, que se celebrará ya en julio, al término de las comisiones, se apruebe la norma definitiva con los votos a favor de populares y Vox.

Hubo un momento, hace no muchas semanas, en que esta situación parecía lejana. La aprobación de los presupuestos otorgará al PP un bálsamo y un balón de oxígeno en una legislatura que se le había complicado tras la ruptura en San Esteban. Con las cuentas pactadas y rubricadas, los populares ya miran de cara a 2026, cuando solo faltará un año para las autonómicas. Ambas formaciones compiten por los escaños del espectro de la derecha murciana: el PP busca hacerse con la mayoría absoluta; Vox ansía seguir teniendo el mismo protagonismo, incluso más, que le está dando influir en las políticas regionales. Y todo sin estar en el Gobierno.

“Algunos quieren hacernos creer que las normas de explotación del trasvase son lo más importante, y no lo son”. Así se pronunciaba el presidente del PP de Castilla-La Mancha Paco Núñez hace dos días en un mensaje publicado en su perfil personal de la red social X.

Lo hacía después de que el Congreso de los Diputados tumbase la proposición de ley de la Región de Murcia que pedía mantener el acueducto y también las reglas de explotación del trasvase, tal y como quedaron fijadas en el año 2014, y sin aplicar los caudales ecológicos al río Tajo avalados por la Directiva Marco del Agua y seis sentencias del Tribunal Supremo.

Hoy el PP que dirige ha votado a favor de cambiarlas durante un debate en las Cortes de Castilla-La Mancha, a pesar de sus palabras del martes.

Se daba luz verde así a la propuesta del PSOE castellanomanchego que insta al Gobierno de España a elaborar un nuevo borrador del Real Decreto que modifique las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Se pide eliminar la prórroga que aparece recogida en el tercer ciclo de planificación de la cuenca del Tajo para las 19 masas de agua del río sobre los caudales ecológicos y por lo tanto ponerlos en marcha inmediatamente para poder llegar a la previsión de 2027. También se piden “planes justos que regulen el trasvase en favor del cuidado del río en todos sus tramos”, con especial atención a las necesidades de la cuenca cedente.

Ha salido adelante con los votos socialistas y del PP, recibiendo los votos en contra de Vox, que apuesta no solo por que haya más trasvases, sino porque se hagan entre todas las cuencas de los ríos de España, allí donde sea necesario.

El viraje en la postura de Paco Núñez y del PP ha sido llamativo, pero tiene que ver con una nueva sentencia del Tribunal Supremo, y es ya la sexta. No solo dice que el río Tajo debe llevar más agua, sino que el caudal que se considera 'ecológico' para garantizar que siga existiendo no puede esperar hasta 2027, al menos entre el embalse de Bolarque, en Guadalajara y Aranjuez, en Madrid. Es la fecha tope que da por buena el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con un sistema 'escalonado' entre 2025 y 2027 para reducir el volumen en el trasvase Tajo-Segura, hasta llegar a un 50% menos del actual.

Ayer el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page dijo, tras conocer la sentencia, que “el trasvase ya es historia”, pero su homólogo murciano Fernando López Miras no interpreta igual la resolución judicial.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular Carolina Agudo ha propuesto hoy un “plan nacional consensuado por todas las comunidades autónomas”, donde “Castilla-La Mancha luche porque sus necesidades sean prioritarias a la hora de elaborar este plan nacional” porque, asegura, “esto no va de ir unos contra otros, de dividir a los ciudadanos a los territorios. Esto va de defender a nuestra tierra, desde la solidaridad de agua para todos y donde las necesidades de Castilla-La Mancha se nos respeten y sean prioritarias”.

Ha cargado contra la gestión de diez años de Emiliano García-Page porque, asegura, “los pozos siguen cerrados, los expedientes siguen sin resolverse, las dotaciones son ridículas y no se ha proyectado ni una sola de las infraestructuras en las que ha tenido que invertir el Gobierno de Castilla-La Mancha”. Después, ha incidido en que el PP regional defenderá el Pacto Regional del Agua y la “prioridad de la cuenca cedente”, pero sin concesiones “ante el ecologismo trasnochado”.

El diputado de Vox Iván Sánchez cree que este debate es “otra excusa más” para “no gestionar el agua ni en España ni en Castilla-La Mancha” amparándose “en continuas excusas entre las reglas de explotación del trasvase y la falsa alternativa”, porque “niegan lo que necesita la región” que es “aplicar y a gestionar un plan nacional del agua”.

A su juicio, “el plan nacional no entiende de ideologías, es una prioridad que necesitan los españoles”. “Lo que hay que hacer es un plan nacional del agua y no estar jugando al gato y al ratón con el tema del agua en función de las regiones”. Ha cargado contra PP y PSOE, “culpables” ambos en materia de agua, que no deberían “dar lecciones”.

La propuesta que ha salido adelante ha sido defendida por el diputado Francisco José Barato, quien ha defendido, que va “en la línea” del Pacto Regional por el Agua firmado en Castilla-La Mancha con el PP y con un amplio espectro de agentes sociales y políticos de la comunidad autónoma a finales de 2020.

“Se acabaron los privilegios a costa de limitar a Castilla-La Mancha y, por ello, entendíamos necesario traer este debate al pleno de hoy, entendiendo que todos los grupos celebraríamos estas buenas noticias para Castilla-La Mancha”. Pese al voto a favor del PP, ha afeado que el pasado martes en el Congreso, “Partido Popular y Vox se retrataron”, votando a favor de la proposición de ley de la Región de Murcia para mantener el trasvase.

Ha reprochado al PP que dicen “una cosa aquí en Castilla-La Mancha, donde prometen defender el agua y los derechos de los agricultores y de los pueblos” y, sin embargo “luego callan y aceptan lo contrario en la calle Génova”. “Por muchos golpes de pecho que vengan a darse desde esta tribuna son el partido que lo que realmente defienden es volver al memorándum de la vergüenza de Rajoy y Cospedal para volver a elevar las cantidades del trasvase Tajo-Segura”.

La consejera de Desarrollo Sostenible: “No hemos pedido anular el trasvase”

En las Cortes de Castilla-La Mancha también ha intervenido la consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez para decir que el Gobierno de García- Page no ha pedido “anular el trasvase”, porque siempre ha dicho que sí al agua para beber, “cuando haga falta”.

Sin embargo, ha defendido su 'no' al agua “para desperdiciarla o para hacer lo que les dé la gana a otros”, una posición que conlleva que Castilla-La Mancha no pueda usarla.

El memorándum que se aprobó por Rajoy y Cospedal daba derecho de pernada al Levante español para hacer lo que quisiera con el agua, sin tener en cuenta la cuenca cedente

Mercedes Gómez — Consejera de Desarrollo Sostenible

Tras la demanda del PP y Vox de reclamar un plan nacional del agua, ha señalado que “la última vez” que se sustanció “un plan nacional, pasó algo muy curioso”. “Lo que pasó fue que teniendo una disminución del 38% de los recursos disponibles en los embalses de Entrepeñas y Buendía y más de un 48% de disminución en cuanto a las aportaciones que recibían los embalses, el memorándum que se aprobó por Rajoy y Cospedal daba derecho de pernada al Levante español para hacer lo que quisiera con el agua, sin tener en cuenta la cuenca cedente”.

Castilla-La Mancha no estará “nunca” a favor de un plan nacional del agua cuyo objetivo es “dilapidar los recursos hídricos de Castilla-La Mancha como ya se ha puesto encima de la mesa con otros pactos Nacionales del Agua”. “Ahí no nos van a encontrar. Queremos una planificación hidrológica de las siete cuencas que tenemos en Castilla-La Mancha que contemple siempre nuestros recursos. Y ahí nos encontrarán y seguiremos trabajando”, ha puesto en valor la consejera del ramo.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha pronunciado este martes sobre el trasvase Tajo-Segura después de que su homólogo en la Región de Murcia, Fernando López Miras, compareciese en el Congreso de los Diputados. Allí ha pedido “consenso” para aprobar una Proposición de Ley que blinde el trasvase que no ha salido adelante, solo ha contado con el respaldo de PP, Vox y UPN, y Podemos se ha abstenido.

“Nosotros tenemos clara cuál es nuestra postura en Castilla-La Mancha”, ha dicho el líder del PP castellanomanchego en un comunicado. “Creemos en el Pacto Regional por el Agua y en un Pacto Nacional por el Agua”, ha aseverado. En esta cuestión, añade, su posición al respecto “siempre será nítida”.

Es lo mismo que el propio Núñez y la secretaria general del PP Cuca Gamarra repetían ante el Comité Ejecutivo de los 'populares' castellanomanchegos este lunes. No lo decía la nota oficial del PP castellanomanchego, pero sí lo recogieron algunos medios como ABC Toledo. Tanto Cuca Gamarra como Paco Núñez reclamaron ayer a Emiliano García-Page que cumpla el Pacto Regional del Agua y a la vez reivindicaron un Pacto Nacional.

Hoy durante la toma en consideración de la Proposición de Ley murciana para mantener el trasvase Tajo-Segura, el diputado de Podemos por la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, se mostraba irónico con la posición contradictoria de los 'populares'. Tampoco se libraba el PSOE de las críticas. “PP y PSOE tienen un problema”, aseguró, porque “llevan años diciendo una cosa y la contraria. En la Región de Murcia dicen que hay que blindar el trasvase mientras que en Castilla-La Mancha y en Catalunya dicen que hay que cerrarlo”.

Después, continuaba analizando la posición del PP. “La señora Gamarra fue a Castilla-La Mancha a decir que Page tenía que cumplir el Pacto Regional del Agua. Fue a decir que se cumpla el pacto entre PP y PSOE que acota el trasvase y es todo lo contrario a lo que ha pedido el señor López Miras. Tienen montado un circo que es alucinante”.

La señora Gamarra fue a Castilla-La Mancha a decir que Page tenía que cumplir el Pacto Regional del Agua. Fue a decir que se cumpla el pacto entre PP y PSOE que acota el trasvase y es todo lo contrario a lo que ha pedido el señor López Miras. Tienen montado un circo que es alucinante

Javier Sánchez Serna — Diputado de Podemos por la Región de Murcia

“¿A quién van a hacer caso? ¿A López Miras o al señor Núñez?”, se preguntaba el diputado murciano por Podemos en su intervención en el Congreso este martes.

Lo cierto es que la limitación del trasvase, aunque no el cierre de forma expresa, es algo que recoge el Pacto Regional por el Agua que Cuca Gamarra o Paco Núñez piden cumplir.

“Los trasvases y en especial el del Tajo-Segura, no pueden seguir respondiendo a las demandas ilimitadas de otras regiones sin tener en cuenta las necesidades de la nuestra”, dice de forma literal el documento que lleva la rúbrica del presidente del PP castellanomanchego.

De hecho es uno de los puntos clave del Pacto Regional por el Agua suscrito en diciembre de 2020 por una amplia representación socioeconómica y política en Castilla-La Mancha.

Núñez envió una carta a Pedro Sánchez con el Pacto del Agua que pide limitar el trasvase

Tras la comparecencia del presidente murciano y de la toma en consideración de la Proposición de Ley para mantener el trasvase Tajo-Segura, el presidente del PP castellanomanchego insistía en el mensaje contradictorio que le recordaba el diputado de Podemos en el Congreso.

Hace unos días anunciaba que había enviado una carta el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, con el documento del Pacto Regional por el Agua de Castilla-La Mancha que reclama limitar el trasvase, contradiciendo los deseos de su compañero de filas en Murcia. Instaba al presidente regional Emiliano García-Page a hacer lo mismo.

Hoy insiste en esta cuestión y también se suma a la tesis de que hace falta un pacto nacional, como pide su homólogo en Murcia, que mantenga el acueducto. “Soplar y sorber”, decía el diputado de Podemos por Murcia.

Algunos quieren hacernos creer que las normas de explotación del trasvase son lo más importante, y no lo son

Paco Núñez — Presidente del PP de Castilla-La Mancha

Paco Núñez se decanta también por que la “base para la negociación de un gran acuerdo nacional por el agua”, tenga en cuenta que los castellanomanchegos puedan regar “de forma prioritaria con el agua de Castilla-La Mancha”.

Según Paco Núñez, “algunos quieren hacernos creer que las normas de explotación del trasvase son lo más importante, y no lo son” y tampoco entiende “por qué ahora el agua del río Tajo sigue bajando camino de Portugal” y por qué “son los portugueses quienes riegan con el agua de Castilla-La Mancha gracias a la gestión socialista”.

Un agua, la del río Tajo que discurre por Castilla-La Mancha, pero también por la Comunidad de Madrid y por Extremadura. Además, parte de ella se distribuye, vía trasvase, en Alicante, Murcia y Almería. En breve también lo hará a través de la tubería manchega, hasta la provincia de Ciudad Real, para el abastecimiento humano.

El Congreso de los Diputados debate en la tarde de este martes una Proposición de Ley relativa al mantenimiento del trasvase Tajo-Segura presentada por la Región de Murcia. La defenderá el presidente autonómico, Fernando López Miras, ante el hemiciclo. 

La propuesta busca blindar el trasvase y evitar la aplicación de nuevas reglas de explotación del acueducto que implicarían enviar menos agua. Entre otras cosas para garantizar el caudal ecológico del río Tajo en todo su curso en territorio español, tal y como avalan varias sentencias del Tribunal Supremo. 

Desde Murcia sostienen que el acueducto ha sido “un instrumento vertebrador del territorio” que ha “contribuido notablemente al desarrollo económico y social de las cuencas receptoras”, es decir, Alicante, Murcia y Almería, pero también se asegura que “se ha beneficiado la cuenca cedente”.

Entre los beneficios para la cuenca cedente, situada en varias comunidades autónomas, aunque el agua sale de la cabecera del Tajo, entre Cuenca y Guadalajara, la propuesta de Murcia asevera que sin el trasvase Tajo-Segura, “no existiría hoy un paraje como el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, a quien nutre de agua”.

Una premisa que, según comentaba estos días la consejera de Desarrollo Sostenible en Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez no es cierta. “Es falso”, coincide Rafael Gosálvez, profesor de Geografía Física en la Universidad de Castilla-La Mancha.

“¿Dónde han visto eso?”, se preguntaba también la consejera, recordando que salvo en alguna “pequeña ocasión”, hace ya años. Se trasvasaron por encima de los 2 hectómetros cúbicos de agua porque se quemaron las turbas -la materia orgánica casi toda vegetal que se acumula bajo el agua del parque nacional- en periodo de sequía extrema. 

Una cantidad ínfima de agua porque lo habitual en las Tablas de Daimiel, cuando hay peligro de incendio subterráneo, es que se active la batería de pozos de emergencia. Es decir, se usa el agua subterránea de reserva del río Guadiana para evitarlo o combatirlo, como confirma el profesor Gosálvez.

Las Tablas de Daimiel llevan años en peligro de desaparición, pero los colectivos ecologistas sostienen que el trasvase de agua desde el Tajo tampoco es una solución. De hecho no lo ha sido. De momento ni siquiera ha llegado a aplicarse de manera regular. La batalla interna en Castilla-La Mancha - más allá de la otra 'guerra del agua'- está en cómo conciliar el desarrollo económico y agrario en Ciudad Real con el equilibrio ambiental del humedal.

Lo que sí es cierto, es que se ha utilizado agua del trasvase Tajo-Segura como parte de las pruebas para la puesta en marcha del primer ramal de la llamada tubería manchega que permitirá dotar de agua de calidad para beber a esta zona. 

Ocurrió en el año 2010 con la prueba inicial y después en el año 2023 cuando se envió agua clorada para limpiar la propia tubería. Las obras de la infraestructura permanecieron varios años paradas durante la época de “recortes” derivada de la crisis financiera de 2008.  

Hace un año la hoy ex directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha Mercedes Echegaray recordaba que las reglas de explotación del trasvase incluyen la reserva de agua para la Mancha, para beber y para el humedal. Abogaba por buscar el equilibrio y, decía, “quizá el mantra pasa por la tubería manchega” que permitirá disponer de un máximo de 30 hm3 para abastecimiento y 20 para el humedal al mes.

Ahora, en pleno proceso para cambiar las reglas de explotación del trasvase vuelve a ponerse sobre la mesa el debate infinito sobre agua en España y, en particular la de la cuenca del río Tajo que discurre entre Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura y Portugal.

La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía ha trasladado su rotundo rechazo a la proposición de ley que será defendida este martes en el Congreso por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, para “blindar” el trasvase Tajo-Segura.

Según este colectivo, la iniciativa que llega desde Murcia pretende “congelar un modelo de gestión hídrica injusto y perjudicial” para Castilla-La Mancha, al tiempo que ha pedido al PP en la región que se posicione “en contra”. Hoy, el presidente del PP castellanomanchego Paco Núñez mantiene el argumento de los últimos meses. Núñez ha reiterado que el PP está “con el Pacto Regional por el Agua” y “lo que echamos en falta es que Page haya ido a Moncloa o al Congreso de los Diputados a defenderlo”, ya que “desde que se firmó hace más de cuatro años, Page no ha dado ni un paso”.

Los ribereños lo ven desde otra óptica: “No se puede defender la salud del río Tajo y, al mismo tiempo, guardar silencio ante una proposición de tu propio partido”. No han sido los únicos, el PSOE lleva varios días pidiendo lo mismo al presidente del PP regional Paco Núñez.

Argumentan que “no es una cuestión partidista, sino de responsabilidad moral con el futuro de Castilla-La Mancha y con la justicia medioambiental”, señala su presidente, Borja Castro, que denuncia “la hipocresía de quienes no se atreven a alzar la voz en su propio partido en defensa de su tierra”.

La proposición murciana “ignora las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo que han obligado a fijar caudales ecológicos reales en varios puntos del Tajo, desde Aranjuez hasta Talavera de la Reina”. Además, “vulnera lo establecido en la Directiva Marco del Agua, que exige garantizar el buen estado ecológico de las masas de agua antes de destinar sus recursos a otros usos”.

Precisamente por ello, desde la Asociación exigen al Gobierno que haga caso omiso de la sobreactuación del levante, y “se deje de tibiezas para intentar contentar a todas las partes y trabaje con criterio científico para aprobar la modificación trianual completa, con una política valiente a la altura de las circunstancias, que no se deje coaccionar por las amenazas de la agroindustria después de más de un año de retraso”.

“Los embalses de Entrepeñas y Buendía han conseguido recargarse y están generando actividad económica en la comarca. Castilla-La Mancha necesita que se la escuche, no que se le imponga un modelo agotado desde Murcia y Valencia para garantizar un granero de votos”, ha aseverado.

“Ninguna actividad económica admite crecimiento infinito si se necesita agua”

La iniciativa murciana “busca blindar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura conforme al Real Decreto 773/2014, ignorando tanto el mandato del Tribunal Supremo como la Directiva Marco del Agua (DMA) de la Unión Europea y los intereses de la cuenca cedente en base a que, según su criterio, el recorte implicaría la pérdida de 15.000 hectáreas de regadío, ignorando a conciencia que desde los años 80 prácticamente se duplicó la superficie de regadío muy por encima de esa cifra”.

“Ninguna actividad económica admite un crecimiento infinito, menos si necesita de un recurso valioso e imprescindible para la vida como es el agua”.

Desde la Asociación recuerdan además “las consecuencias para el entorno de su actividad, generando pérdidas millonarias tanto al Turismo y la Pesca como un daño irreversible al Mar Menor, patrimonio de todos los españoles”.

“Siempre hablan de ganancias pero nunca entran a valorar el coste marginal social, que es el coste que pagamos todos los españoles por sostener su negocio y atañe a los daños millonarios que generan tanto en el Tajo como en el Mar Menor, porque en este caso quien contamina gana”.

Asimismo, advierten de “la baja calidad del empleo generado, con denuncias constantes por prácticas que rozan el esclavismo y enfrentamientos constantes con el Ministerio de Trabajo por querer perpetuar ese modelo”.

Desde los pueblos ribereños denuncian que esta proposición “representa un grave retroceso ambiental y jurídico, al pretender perpetuar unas reglas de trasvase diseñadas sin tener en cuenta los caudales ecológicos mínimos, obligatorios por ley y ratificados por las más altas instancias judiciales”.

“No podemos permitir que se legisle para blindar un modelo insostenible. El Tajo no puede seguir siendo una tubería para el Levante mientras nuestros embalses malviven gestionando miseria”, afirma Borja Castro.

El Gobierno regional cree que la propuesta murciana “va contra natura y es ilegal”

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha Mercedes Gómez ha dicho desde Sigüenza, en Guadalajara, que “es lícito” que el Ejecutivo murciano plantee esta proposición, pero califica de “curioso” que “una propuesta del año 2023 se active justo ahora” y se ha preguntado por qué no lo hicieron antes.

En este aspecto ha subrayado que se haya esperado a la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que está en marcha, vía Real Decreto que todavía debe publicarse y someterse a proceso de información pública.

Mercedes Gómez cree que la propuesta murciana “va contra natura y además jurídicamente también es una ilegalidad”, en alusión a lo que recoge. “Dicen que a través del trasvase Tajo- Segura se está manteniendo vivo un paraje natural también relacionado con el agua y en este caso un parque nacional que es el de las Tablas de Daimiel. Dicen que se está abasteciendo del agua del trasvase. No sé dónde habrán visto ellos eso”. 

Lo ha desmentido de forma tajante para explicar que la única ocasión en la que se ha producido algo similar ocurrió para sofocar el incendio de las turbas del parque nacional. “Se pasaron escasamente 2 metros cúbicos de agua”.

Ha vuelto a recordar las sentencias judiciales que avalan los caudales ecológicos en el río Tajo. “No nos olvidemos que el río Tajo tiene que ser un río vivo. Aquí estamos hablando de acciones concretas para mantener este magnífico entorno natural. ¿Por qué no podemos mantener todo el río Tajo?”. 

También lo considera lícito. “No hay ningún río europeo, ninguno que no tenga establecidos sus caudales ecológicos”. La medida está aprobada desde 2023 y sin embargo se ha “diferido” su cumplimiento en tres años. “A día de hoy, con las reglas actuales de explotación del trasvase, no se pueden cumplir esos caudales ecológicos y con la propuesta que se nos pone encima de la mesa tampoco tenemos claro que se vayan a poder cumplir”. 

Ha vuelvo a incidir en que el Gobierno de Castilla la Mancha no se opone al envío de agua para beber a través del trasvase, pero aclara que otra cosa es “agua para que otros enriquezcan y empobrezcamos a Castilla la Mancha”. 

“Castilla la Mancha no tiene recursos externos de donde coger su agua. Castilla la Mancha tiene lo que tiene y evidentemente en estas regiones que tienen el mar a su disposición tienen la capacidad de desalinizar agua”, ha comentado, con infraestructuras que “se han pagado por todos los ciudadanos españoles a través del 'Programa Agua' que Cristina Narbona puso en su momento en marcha”.  

“Vamos a pedirle al Gobierno de la nación que active el plan 3 de emergencias para que el Ejército preserve el orden”. Así anunció Isabel Díaz Ayuso el pasado lunes la petición para que el Ministerio de Interior asumiera el mando y coordinación de todos los servicios de la Comunidad de Madrid ante el apagón que dejó sin luz a la Península Ibérica. Después se sumaron Murcia, Extremadura, Andalucía y La Rioja. Más tarde, ya de noche, fue el turno de Galicia, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana. Castilla y León amagó. Y el resto optó por mantener el control sobre sus competencias.

Seis meses después de la DANA de Valencia que terminó con la vida de 228 personas, la reacción de muchas autoridades autonómicas ha sido muy diferente a la que tuvo entonces el presidente valenciano, Carlos Mazón, quien se negó a ceder el mando al Gobierno central. Pero las decisiones no han sido homogéneas en tiempo, forma ni fondo, con una gran diferencia entre regiones.

La primera en formalizar la petición de nivel 3 de emergencia, con lo que conlleva, fue Madrid. Ayuso hizo el anuncio ante las cámaras (antes del informativo de Telemadrid y ataviada con una chaqueta con estampado militar en medio del campo) y poco después la secundó desde Murcia Fernando López Miras.

Los motivos aportados por las comunidades que lo pidieron en un primer momento son diferentes. Desde el Gobierno de Murcia apuntan a que “habían pasado seis horas desde el apagón” sin “ningún tipo de información ni de comunicación con el Gobierno central”. 

Una afirmación que choca con las del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, desde donde aseguran que “se mantuvo un contacto permanente con las comunidades autónomas durante la jornada del lunes”. Sí es cierto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no compareció hasta pasadas las seis de la tarde, pero antes lo había hecho un responsable de operaciones de Red Eléctrica.

Las demás peticiones llegaron encadenadas. Castilla y León, Extremadura, Andalucía y La Rioja, todas en manos del PP, fueron las siguientes. La comunidad presidida por Alfonso Fernández Mañueco, sin embargo, optó por retirar su demanda de nivel 3 antes de que fuera aprobada. Desde la Junta aseguran que fue “suficiente” con la declaración del nivel 2 para hacer frente a los problemas que existían. Y eso que el portavoz gubernamental dijo que estos eran “muy serios”. Desde Interior ratifican que se retractaron “al considerar que la evolución favorable de la situación en su territorio no hacía necesaria la declaración”.

Los motivos alegados por Murcia son similares a los que esgrimieron Extremadura o Andalucía. López Miras dijo: “Estamos ante una emergencia nacional y así se debe responder”. Juan Manuel Moreno Bonilla planteó “reforzar la coordinación en todo el territorio afectado por el apagón”. Y María Guardiola consideró que era “preciso una respuesta de país coordinada”. Ninguno de ellos vaticinó altercados o pillajes.

Cuando las peticiones se hicieron efectivas la luz había vuelto a buena parte de España. La Rioja, por ejemplo, la formalizó al filo de las diez de la noche. “El fallo fue nacional y el mando debía asumirlo quien tenía la información”, apuntaron al día siguiente desde el Gobierno de Gonzalo Capellán. 

Junto a La Rioja se apuntaron a última hora del lunes otras autonomías: Galicia, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana. Las tres, en respuesta a una comunicación de Interior en forma de ultimátum sobre la necesidad de que los gobiernos regionales decidieran si querían o no sumarse al grupo de las comunidades en nivel 3. 

Que el motivo fue el email de Interior lo confirma la Xunta que preside Alfonso Rueda. En ese momento, según las fuentes consultadas, interpretaron que esa premura del Ejecutivo central (15 minutos de plazo para responder) podría indicar que el problema no se iba a resolver rápido y, por prudencia, optaron por anotarse en la lista y ceder las competencias sobre la gestión al Gobierno de Sánchez.

Rueda ya había protagonizado una anécdota ese mismo lunes cuando, en plena rueda de prensa posterior a la reunión del consejo de gobierno, que se mantuvo gracias a los grupos electrógenos propios de la Xunta, recibió una llamada del delegado del Gobierno, que no atendió. Algo que desmentiría la ausencia de información señalada por otros barones del PP.

La portavoz de Castilla La Mancha en el Gobierno del socialista Emiliano García-Page también aseguró que su decisión se motivó en el email remitido por Interior: “Recibimos un correo diciéndonos que si considerábamos nosotros que era recomendable subir a nivel 3 y que teníamos 15 minutos para contestar. Para contestar sin saber cómo iba a evolucionar la situación y, por supuesto sin querer que fuéramos ningún tipo de impedimento para que el Ministerio pudiera tomar la decisión que tuviera que tomar, pues decidimos, no tenemos ningún problema. Nos sumamos al nivel 3”.

La Generalitat de Carlos Mazón hizo su anuncio al filo de las 11 de la noche, aunque la petición formal se había formalizado previamente. Con todo, el presidente valenciano tardó ocho horas en dar el visto bueno.

En total fueron ocho las comunidades que pidieron el nivel 3, siete gobernadas por el PP y una por el PSOE. Otras tantas optaron por mantener el control de las operaciones de emergencias, lo que permite inferir que la percepción del riesgo no fue homogénea en todas las regiones.

Ayuso apeló a “mantener el orden” e incluso pidió desplegar al Ejército en las calles, López Miras invocó la falta de información, Moreno Bonilla, la necesidad de una respuesta nacional, a la vez que mantenía viva la teoría del ciberataque que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, había descartado y calificado de “irresponsable”. Por último, el socialista Emiliano García-Page optó por no interferir con el Gobierno central. Motivos que no se debieron de percibir en Catalunya, Asturias o Navarra, donde el poder lo mantiene el PSOE, o en Cantabria o Aragón, regidas por el PP. 

Desde esta última comunidad que preside Jorge Azcón, por ejemplo, aseguran a elDiario.es que “se consideró, tras escuchar a los técnicos y a todos los integrantes del centro de emergencias, que no era necesario” pasar a nivel 3. Aragón fue una de las regiones que primero recuperó el suministro eléctrico gracias al aporte realizado desde Francia.

Ayuso, la última en el nivel 3

Pasadas las horas, no se produjeron las alteraciones del orden público que vaticinó Ayuso. De hecho, según los datos oficiales aportados por Interior: sin luz y con muchos comercios cerrados, la criminalidad se redujo un 70% en todo el territorio. El Ejército no patrulló las calles. Sí tuvo presencia en los centros neurálgicos de comunicaciones, como estaciones de tren, donde la UME asistió a los viajeros que no podían partir por el apagón. La Unidad Militar de Emergencias también colaboró para dar asistencia a personas afectadas en diferentes formas.

El miércoles, dos días después del apagón, solo Madrid permanecía en nivel 3 de emergencia al ser Ayuso la última en solicitar una desescalada que, sin ninguna sincronía, han ido pidiendo las diferentes comunidades. 

Según explicó la propia presidenta el martes, la Comunidad de Madrid solicitó a las 13.46 del lunes al Gobierno central la declaración de “emergencia de interés nacional” en la región. El consejero de Interior, Carlos Novillo, no recibió la confirmación hasta las 17.25, aseguró la mandataria, que cargó contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por demorar la respuesta. 

El martes, ya con la situación restablecida en gran parte de la comunidad, y mientras otros compañeros de partido solicitaban la anulación del nivel 3, Ayuso insistía en ese momento en que todavía era “pronto” para tomar esa decisión. “Quien tiene la información, es quien tiene que decirnos cuándo desactivarlo”, apuntó en una rueda de prensa desde la sede del 112 regional. 

Quien sí lo hizo fue Murcia. El Gobierno de López Miras lo planteó a primerísima hora del martes y se formalizó esta misma tarde.

Ayuso ha apostado así por el enfrentamiento con el Gobierno central. Considera que la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido “lenta e ineficaz”. “Estuvimos hasta bien entrada la noche [del lunes] con una parte importante del territorio nacional y de la capital del país en negro”, reseñó la mandataria madrileña en su última intervención. 

Para justificar su decisión de mantener a Madrid en el nivel 3 de emergencia, el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, insistió este miércoles en que es el Ministerio del Interior “quien tiene que declarar la emergencia y su finalización”. 

Un motivo esgrimido también por otras regiones en las últimas horas, como Extremadura. La región presidida por María Guardiola se había quedado con Madrid como únicas en nivel 3. En la tarde del miércoles se solicitó la desescalada.

A última hora del miércoles, Interior confirmó que había sacado a Extremadura y Madrid del nivel 3 después de que ambas comunidades confirmaran “el normal funcionamiento de todos sus servicios públicos”.

Con información de Gonzalo Cortizo, Olivia García, Elisa Almagro, Francisca Bravo, Luis Faci, Alba Camazón, Santiago Manchado y Sergi Pitarch.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido este martes contra el Gobierno central por la gestión del apagón que dejó ayer sin luz a toda la Península Ibérica. “Lamentablemente, ayer otra vez no ha querido asumir el mando”, ha asegurado esta mañana en una entrevista en Telecinco, justo cuando se cumplen seis meses de la DANA que anegó Valencia y provocó 228 muertos. “Tenemos un país excelente y un Gobierno sobrepasado”, ha añadido Feijóo en otra entrevista en Antena 3.

El jefe de la oposición ha pedido al Gobierno que “restablezca la normalidad” en el país, una vez que se ha devuelto a casi todo el país el servicio eléctrico. Feijóo ha confiado en que “las personas afectadas” recuperen también su normalidad. “La imagen de España es impropia. Tenemos unos ciudadanos ejemplares y un Gobierno sobrepasado”, ha sostenido.

Feijóo ha mostrado su “decepción y perplejidad”. “¿Cómo es posible que ocurra?”, se ha cuestionado. Pero más aún por “cómo se ha gestionado”. El líder del PP ha lamentado que “veintipico horas” después del apagón, no haya una respuesta a qué pasó y estén todavía “preguntando qué ha pasado”. Feijóo ha asegurado que ayer se produjo un “apagón informativo” y ha lamentado la mala “tarjeta de presentación” para España ante la llegada de líderes europeos del PP para acudir en Valencia al congreso del partido.

Emergencia nacional

Sánchez anunció en su primera comparecencia televisada la activación del nivel 3 de emergencia en varias comunidades autónomas que habían solicitado la intervención del Gobierno central. En total, son ocho las regiones sobre las que tomó el control el Ejecutivo.

Pese a que las demás no consideraron necesario hacerlo, Feijóo ha arremetido este martes contra Sánchez por no extenderla por iniciativa propia a todo el territorio y declarar una emergencia nacional.

Y eso que algunas comunidades, como Murcia, ya han pedido a primera hora de hoy que se levante la situación porque su presidente, Fernando López Miras, cree que ya no es necesaria. Otras, como Madrid, sostienen que debe mantenerse. Así lo ha asegurado Ayuso en una comparecencia este martes: “Creemos que hay que esperar un poco para desactivar el nivel 3 porque si no sabemos qué ha pasado, cómo sabemos que no va a ocurrir.” La presidenta de Madrid ha añadido que es el Gobierno el responsable: “Quien tiene la información es quien tiene que decirnos cuándo desactivar el nivel 3”

Para Feijóo, Sánchez se desentendió de sus responsabilidades. “El Gobierno lamentablemente ayer otra vez no ha querido asumir el mando, ha dejado que los presidentes de las comunidades autónomas, a demanda, pidiesen la emergencia nacional”. “Si un apagón no conlleva la declaración de emergencia nacional inmediata, no hay supuesto posible en el que el Gobierno asuma el mando y la tutela”, ha remachado.

El “otra vez” pronunciado por Feijóo no es baladí cuando este martes se cumplen exactamente seis meses de la DANA que anegó Valencia en octubre del año pasado y provocó al menos 228 muertes. Entonces, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, optó por no declarar el nivel 3 de emergencia, una de las muchas críticas que se hace a su gestión de la tragedia.

Pese a que Feijóo ha destacado la buena actuación de los españoles durante el apagón de ayer, también ha puesto en duda que el Gobierno hubiera podido garantizar la seguridad en todo el territorio al no declarar la emergencia nacional y ha llegado a declarar esta mañana que ayer pensó que “habría pillajes”.

Feijóo ha asegurado que los presidentes autonómicos “ante la ausencia” del Gobierno “activaron solicitar la emergencia porque el Gobierno les dijo que tenían que solicitarla”. Es exactamente el protocolo que marca la ley.

Ayuso: impresión “desastrosa” ante “el mundo”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha cargado contra el Gobierno central, asegurando que han dado una impresión “desastrosa” ante “el mundo”. “Es un país que se le funden los plomos y no sabe por qué. Esto puede producirse muchísimas veces de nuevo y la actuación y la diligencia con la que se actuó pues ya se vio: lenta e ineficaz”, ha apuntado la mandataria madrileña en esRadio este martes.

Durante la misma intervención, Ayuso ha señalado que no ha recibido ninguna llamada del presidente del Gobierno, a pesar de la densidad poblacional de la región. También ha explicado que en su equipo han vivido situaciones de desconcierto porque “iban pasando las horas” y desconocían “qué proporción de la Península Ibérica se había quedado literalmente a oscuras”.

La presidenta no ha querido perder la oportunidad de seguir abriendo brecha en su conflicto con el Gobierno central. “A ver cuánto tardan en empezar a culpar de [estos] temas de consumo a Madrid”, ha reseñado, convencida de que Sánchez sigue con “una agenda ideológica” orientada a imponer el “cierre de nucleares”. 

Además, ha justificado la activación de la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid, alegando que su equipo no tiene competencias sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dado que había distritos y municipios enteros sin electricidad y con cientos de miles de personas afectadas, consideraba que se debía tener “activado el Ejército” para que estuviese preparado ante cualquier situación. Ayuso ha defendido que, para su Gobierno, ha sido “fundamental” ofrecer alternativas y servicios para los turistas y ciudadanos que esta noche no han podido llegar a sus hogares.

Ayuso ha defendido a su jefe de filas: “La llamada al presidente la hizo Feijóo, que nos llamó en varias ocasiones de la tarde y ahora está en comunicación permanente con todos presidentes autonómicos para ver qué decisiones tomamos en coherencia. Esa labor de Gobierno la está realizando el líder de la oposición”.

Por ello, lamenta que el Gobierno central no haya convocado un encuentro con las todas las comunidades autónomas para facilitarles información, reconoce que sus consejeros sí que han tenido contacto con los ministerios del ramo, pero insiste en la necesidad de haber recibido información sobre lo sucedido. “Una reunión de esas características hubiera estado muy bien y hubiera demostrado que somos una nación de 17 regiones, que trabajamos juntos ante una situación adversa como ésta”, ha apuntado en la rueda de prensa que ha celebrado este martes.

En defensa de la energía nuclear

Feijóo ha asegurado que ayer intentó ponerse en contacto con Pedro Sánchez, sin éxito. “No he podido” hablar con él, ha dicho, para explicar que lo intentó “desde la una y media de la tarde”, cuando le mandó “un sms”. “Parece que intentó contactar conmigo desde las seis de la tarde. Estuve esperando, pero no fue posible”, ha relatado. Quienes sí pudieron hablar fueron el ministro Félix Bolaños y el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado.

“No tenemos información”, ha dicho. “No tenemos explicación”, ha añadido. Preguntado por si cree que el Gobierno ha “convencido” a la ciudadanía con sus “explicaciones”, Feijóo ha dicho que no. “No han convencido a nadie porque no ha habido explicaciones, no sabemos la causa, si hay algún tipo de fallo en la red. No sabemos los responsables que están detrás [del apagón]. El Gobierno no ha ejercido la tutela efectiva de todos los servicios”, ha zanjado.

Feijóo ha aprovechado para reclamar que el Gobierno revierta el cierre programado de las centrales nucleares que hay en España. “Necesitamos energía de respaldo”, ha dicho, “no solo depender de la energía renovable”.

El líder del PP ha reclamado “prorrogar las centrales”. “Lo de ayer no va a frenar una decisión ideológica”, ha lamentado. “Hemos acreditado que es necesaria energía de respaldo permanente para que no haya problema de suministro. Las centrales nucleares son verdes, de cero emisiones y ningún país las está cerrando”, ha concluido.

Feijóo también ha desautorizado a quienes ayer alentaron la teoría de un ataque contra España como causa del apagón, como hizo el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno. “No me gusta especular, no tengo información”, ha dicho. “No quiero hacer hipótesis porque si no tengo información es una irresponsabilidad. Los técnicos que hemos contactado no nos han hablado de un ciberataque”, ha dicho.

El PP, en tromba contra Sánchez

No solo Feijóo y Ayuso han arremetido contra Pedro Sánchez. Todo el PP ha salido en tromba contra el presidente y el Gobierno. Es el caso de uno de los más estrechos colaboradores del líder de la derecha, Miguel Tellado, quien ha acusado expresamente de lo ocurrido ayer a Pedro Sánchez, a quien tildó de “señor feudal”.

“El señor feudal nos devolvió a la Edad Media y, 24h después, no ha explicado qué ha pasado. España no merece este pte”, ha dejado escrito en Twitter.

En el mismo sentido se ha pronunciado la vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP, Ester Muñoz, quien en la misma red social ha sostenido que Red Eléctrica Española es “un cortijo partidista”. “Sánchez ha dejado la estabilidad del sistema eléctrico en manos de una exministra de Zapatero”, ha dicho, en referencia a Beatriz Corredor. “La energía de todos en manos de la incompetencia de siempre”, ha añadido.

Muñoz, una voz ascendente dentro del PP en detrimento del desaparecido portavoz nacional, Borja Sémper, también usó Twitter para señalar a periodistas o tertulianos por sus opiniones en medios de comunicación.

Para el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, la crisis del Mar Menor no ha sido una contradicción con su apoyo acrítico a la agricultura de exportación en el Campo de Cartagena. Nuestro Gobierno regional va asumiendo progresivamente el argumentario de extrema derecha de Vox, cuyo último demonio ha sido el del Pacto Verde Europeo, abriendo la posibilidad a unos presupuestos regionales con la ultraderecha.

El Gobierno Regional nunca ha creído en la Ley de Personalidad Jurídica del Mar Menor. Maniobró en su aprobación porque no les convenía ir a contracorriente de una movilización social tan numerosa y significativa, en defensa de nuestra laguna salada. En un reciente artículo del presidente 'Consenso, compromiso e infraestructuras hídricas', publicado en el diario local La Opinión, no hay una sola referencia a la sobreexplotación y contaminación por nitratos en nuestros acuíferos, siguiendo el paradigma de que lo que no se nombra no existe.

Otra vuelta de tuerca en la agresión al Mar Menor se plasma en la publicación de la Declaración Ambiental Estratégica (DAE), el Programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos en la región de Murcia, recientemente publicada en el BORM. Esta normativa apuesta por una mayor permisividad y un menor control ambiental, alineada con las demandas de los sectores agrícolas y ganaderos. La DAE supone una reducción de la protección ambiental en varios aspectos fundamentales: la flexibilización en el control de fertilizantes, la reducción de distancias de seguridad y la ausencia de medidas preventivas de mitigación. Significa, en la práctica, una menor capacidad de control sobre la actividad agrícola y ganadera en la zona.

Por la parte de atrás, la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) introduce modificaciones en la regulación medioambiental que afectan a la protección del Mar Menor. La nueva normativa reduce las medidas de control sobre la contaminación agrícola y ganadera en la cuenca de la laguna. Uno de los cambios más significativos es la exención del cuaderno de explotación para los pequeños agricultores, un registro que permitía controlar la cantidad de fertilizantes utilizados en cada finca. La Ley 3/2020 del Mar Menor imponía este requisito a todas las explotaciones del Campo de Cartagena, pero la nueva normativa deja fuera a numerosos pequeños productores.

La eliminación de la obligatoriedad del cuaderno de explotación para pequeños agricultores también supone una dificultad adicional en la aplicación de sanciones, ya que los mecanismos de inspección no podrán comprobar si se están superando los límites legales de fertilización.

Se rebaja los valores de nitrógeno por hectárea, pese a las recomendaciones científicas e institucionales que instaban a plantear esta restricción en las zonas más vulnerables. Los reiterados avisos de investigadores/as sobre la necesidad de endurecer la regulación para evitar nuevos episodios de contaminación en el Mar Menor han caído en saco roto, aunque la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) había solicitado una reducción de estos valores en áreas especialmente sensibles.

Las distancias de seguridad entre explotaciones agrícolas y cauces de agua son otros elementos de recortes en la Declaración Ambiental Estratégica. Mientras que la Ley del Mar Menor imponía distancias variables en función de la pendiente del terreno y el riesgo de escorrentía, la DAE fija una franja única de 5 metros sin fertilizar, independientemente de la inclinación del suelo. Esto supone una reducción de protección en zonas con alto riesgo de contaminación, donde antes se exigían hasta 15 metros de distancia. Es un paso atrás importante para las zonas de mayor pendiente, ya que las lluvias pueden arrastrar con mayor facilidad los fertilizantes hasta los cauces que desembocan en el Mar Menor. Desde la comunidad científica se ha advertido que reducir la distancia de seguridad en estos casos puede acelerar el transporte de contaminantes y agravar los episodios de eutrofización en la laguna.

La DAE no establece restricciones a la instalación de nuevas macrogranjas, especialmente de porcino en el Campo de Cartagena, ni establece nuevos controles sobre las existentes, lo que permite la continuidad y la futura expansión de estas explotaciones en el futuro. Este hecho contrasta con la tendencia, en otras regiones, que han aprobado moratorias para evitar la proliferación de granjas intensivas en zonas vulnerables. El Mar Menor sigue todavía en la cuerda floja y en un frágil equilibrio. Será necesaria toda la movilización y presión de la sociedad civil para un futuro ambiental y sostenible de este patrimonio natural.

“Estamos de acuerdo en los presupuestos, en el rechazo a la inmigración ilegal y a las políticas del Pacto Verde que afectan al sector primario. Que el problema sea la forma en que se teatraliza… Estoy convencido de que Vox es mucho más serio”. Así expresó este martes el presidente de Murcia, Fernando López Miras, evidenciando la impaciencia que comienza a cundir en el PP con su aliado de extrema derecha, que tiene a cuatro barones de la derecha pendiente de un visto bueno a las cuentas autonómicas de 2025, que entra en su cuarto mes.

De momento, solo Carlos Mazón ha logrado el 'sí' de Santiago Abascal a sus presupuestos. Porque es la dirección nacional de Vox quien decide qué se pacta, cuándo, cómo y con quién. La capacidad de acción de los supuestos dirigentes autonómicos es, cuando menos, limitada, como quedó demostrado con la salida sincronizada de los gobiernos regionales en el verano de 2024, cuyas consecuencias internas aún colean en el partido, con bajas y luchas de poder. Vox ofreció su apoyo a cambio de que Mazón hiciera un alegato público en contra de los menores migrantes que llegan solos a España y del Pacto Verde Europeo que los conservadores no solo apoyaron, sino que ayudaron a redactar en Bruselas.

El presidente de la Generalitat valenciana, acorralado por su responsabilidad en la gestión de la DANA que provocó al menos 228 muertos el pasado mes de octubre, asumió sin despeinarse el discurso de Vox contra la inmigración y el “dogmatismo climático”. Como ya hiciera en 2023, cuando fue el primer barón en pactar su investidura a cambio de meter a Vox en el Consell, Mazón volvió a marcar el paso a la dirección nacional y al resto de presidentes autonómicos.

Con las cuentas de la Comunitat Valenciana encarriladas, en el PP confiaban en acelerar en otros territorios. Primero, en teoría más fácil, Murcia y Aragón. Después, más complicado, en Balears. E imposible en Extremadura, donde el Gobierno de María Guardiola ha retirado el proyecto de cuentas públicas que presentó en la Asamblea regional ante la imposibilidad de cerrar un acuerdo con Vox. La dirección nacional del PP hizo suyo el pacto valenciano el mismo día que se anunció. Tanto en público como en privado, portavoces y dirigentes avalaron el acuerdo sellado por Mazón y confiaron en que se hiciera extensible al resto de territorios lo antes posible.

Pero no ha ocurrido y, dos semanas después, la impaciencia comienza a extenderse. No tanto porque haya dudas sobre en qué lugares habrá presupuestos y en cuáles no. Eso en Génova lo tienen bastante claro. El problema es que mientras no se cierren los acuerdos, Vox tiene la sartén comunicativa cogida por el mango y quiere marcar los pasos que su socio mayor debe bailar.

López Miras, “superficial y frívolo”

Así lo confirman fuentes del Gobierno murciano consultadas por elDiario.es, desde donde sostienen que López Miras “no da puntada sin hilo”. Se refieren a las palabras que pronunció el martes por la mañana en un acto informativo organizado por el diario La Razón y en las que dio por cumplidas las exigencias de su aliado. “Vox siempre ha dicho que es importante el rechazo a la política migratoria de Pedro Sánchez, a la inmigración ilegal. Y un rechazo del Pacto Verde, que afecta a las políticas agroalimentarias, a los ganaderos, pescadores, agricultores y han asfixiado al sector primario”, dijo. Y se cuestionó: “¿Qué falta? No lo sé, debe preguntarse al otro partido”. 

López Miras renegó de que “los ciudadanos de la Región de Murcia” dependan “de la forma en que se teatraliza” el acuerdo. “Es demasiado superficial y frívolo”, señaló. “Estoy convencido de que Vox no es así”, apuntó. Y por si la puntada no quedaba suficientemente amarrada, pespunteó: “Estamos de acuerdo en los presupuestos, en el rechazo a la inmigración ilegal, a las políticas del Pacto Verde. Que el problema sea la forma en que se teatraliza, estoy convencido de que Vox es mucho más serio”.

A López Miras lo presentó Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP no quiso entrar mucho en materia, pero dejó un mensaje: “En lo que depende de los presupuestos regionales, no hay ningún motivo para que no se aprueben. Eso debería ser lo importante, no entiendo que no sea lo importante. ¿Ahora lo fundamental no son los presupuestos? Lo están condicionando a cosas que no tienen que ver con los presupuestos”.

Vox ha puesto sobre la mesa a todos los presidentes autonómicos una condición para aprobar las cuentas de 2025: asumir el ideario ultra en temas concretos, como la acogida de menores migrantes o el Pacto Verde. Pero mientras Mazón relacionó en una declaración institucional expresamente el “pillaje” posterior a la DANA con la presencia de inmigrantes, López Miras intentó este jueves no dar el paso que su vecino del norte no tuvo reparos en dar.

“No creo que haya una relación directa entre menas y delincuencia”, dijo el presidente de Murcia, quien apuntó: “Ahora, si hubiera datos del Ministerio del Interior o de la Guardia Civil que lo dijeran, lo afirmaría”. Inmediatamente, López Miras lanzó un mensaje directo a Vox sobre la acogida de menores migrantes: “Lo que creo es que se ha sobrepasado la capacidad de acoger menores y no hay un reparto igualitario. Por eso hemos dicho que hasta aquí, que no vamos a acoger más”.

En una circunstancia similar está el presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien tampoco ha hecho la “teatralización” que Vox exige. Desde su equipo apuntan a elDiario.es que las negociaciones “siguen igual” que hace dos semanas y remiten a las palabras del portavoz nacional de la extrema derecha, José Antonio Fúster, quien reclamó una “declaración solemne” del presidente de la Diputación General de Aragón.

En la dirección nacional del PP también cunde la impaciencia y se comienzan a escuchar frases contra Vox que también ponen en duda el discurso principal de Feijóo. El líder de la oposición ha abierto una línea de ataque contra Pedro Sánchez por no tener presupuestos para 2025, pero se encuentra con el problema de que, de momento, cuatro de las comunidades que controla tampoco las tienen.

Dirigentes del PP sostienen que “no se puede gobernar sin presupuestos” y recuerdan a Vox que cuando intentaron forzar a Isabel Díaz Ayuso en Madrid, la presidenta madrileña respondió con una mayoría absoluta en las urnas. También en Génova han cambiado el paso sobre la invención de la dirección en la política autonómica. “Estábamos de acuerdo e informados”, dijo el portavoz nacional, Borja Sémper, sobre el pacto de Mazón. Ahora se apunta a que desde Madrid no se dirigirán ni monitorizarán las negociaciones.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha culpado al PSOE ante la posibilidad de que no haya presupuestos en la Comunidad: “Es muy difícil negociarlos con un partido que está en contra de la educación concertada o las bajadas de impuestos”, ha reprochado a los socialistas en un desayuno informativo organizado este martes por La Razón.

Sobre las negociaciones con Vox, López Miras ha señalado que “no hay ningún motivo para que no se aprueben. No sé qué falta para firmar, habría que preguntar al otro partido”. Para el jefe del Ejecutivo regional, los de Abascal están condicionando los presupuestos a “cosas que nada tienen que ver”. Y ha considerado que depender de la forma en que se teatralizan las negociaciones “es superficial y frívolo, yo creo que Vox no es así”, ha reprochado.

“Trabajo cada día por los murcianos, mi interés es que tengan más presupuestos en sanidad y educación,”, ha dicho Miras. Pese a esto, ha reconocido que “en una negociación cada uno tiene que dejarse pelos en la gatera, pero la voluntad tiene que verse en todas las partes”.

Pide un acuerdo migratorio

Al igual que otras comunidades, la Región ha apurado hasta el último día de plazo, el pasado lunes, para facilitar al Gobierno central el número de menores migrantes no acompañados que tiene en acogida actualmente: “En la Región se ha atendido a 741 menores” ha cuantificado Miras, que insiste en que la Comunidad “ha sobrepasado en un 220 por ciento su capacidad” de acogida.

“Podríamos sentar a todas las comunidades autónomas, que el gobierno proponga y lleguemos a un acuerdo migratorio. Hablamos de dramas migratorios. Si el gobierno solo se sienta a hablar con un prófugo y un partido separatista [Junts], si no nos da financiación para atender a esos menores de forma digna, ¿qué podemos hacer?”, ha planteado.

La alcaldesa de Calasparra, Teresa García, se ha reunido este miércoles en el Palacio de San Esteban con el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Durante el encuentro, se han abordado diversas cuestiones de interés para el municipio, centrándose en proyectos clave para el desarrollo local que son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma.

Entre los temas tratados, destaca la necesidad de mejoras en infraestructuras y servicios públicos, así como la financiación de nuevos proyectos que impulsen el crecimiento económico y social de Calasparra. La alcaldesa ha solicitado la construcción de un centro de día en Calasparra; la puesta en marcha de un Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), o en su lugar la ampliación del personal sanitario en el servicio de urgencias de Calasparra; apoyo económico para la rehabilitación de la plaza de toros de 'La Caverina', un proyecto que cuenta únicamente con financiación municipal; la construcción del colector general de Valentín y núcleos rurales hasta la EDAR de Calasparra; inversiones en los centros educativos; la construcción de vivienda social; la rehabilitación del puente de hierro situado en la Crta. RM- 552 o la construcción de la Autovía del Norte.

Para el centro de día, la alcaldesa ha ofrecido “nuevamente” instalaciones municipales (como la antigua guardería y el bajo de la residencia de ancianos Nuestra Sra. De la Esperanza), “para facilitar la puesta en marcha de este servicio tan necesario”, informa el Ayuntamiento en una nota de prensa.

La alcaldesa ha hecho hincapié en la necesidad de la ampliación del personal sanitario en el servicio de urgencias, recordando la movilización vecinal que existe recientemente con manifestaciones y recogidas de firmas. Y ha solicitado apoyo económico para la rehabilitación de la plaza de toros de 'La Caverina', “proyecto que, desde el equipo de gobierno, se tiene la intención de comenzar cuanto antes”.

Para los centros educativos, la alcaldesa ha solicitado con urgencia que se solucionen problemas que son competencia de la Consejería de Educación: “como la existencia de aulas en mal estado, adecuación de patios infantiles o firmes muy deteriorados, entre otros”.

El colector general de Valentín y núcleos rurales hasta la EDAR de Calasparra ha sido otro de los temas abordados: “Consideramos imprescindible la puesta en marcha de este colector para que recoja las aguas residuales de nuestros núcleos rurales y casas de campo, ya que es competencia exclusiva de la CARM y está incluido en el Plan de Saneamiento de Depuración de la Región de Murcia”.

Vivienda social

En la reunión, Teresa García ha puesto sobre la mesa el asunto de la vivienda y ha señalado que el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma cuentan en Calasparra “suelo totalmente preparado para construir vivienda social, algo esencial para reducir el déficit habitacional y mejorar la calidad de vida de las personas con menos recursos”.

Por otra parte, “solicitamos el arreglo del puente de hierro, situado en la Crta. RM- 552; y una vez quede asfaltado el firme y rehabilitado el puente, pediremos que pase a ser propiedad municipal dicho tramo y el Ayuntamiento se compromete a su mantenimiento”.

Por último, la alcaldesa ha manifestado la necesidad del comienzo de las obras de la Autovía del Norte, arteria principal de oportunidades y eje vertebrador entre comunidades autónomas “que sería un vector de actividad económica y generación de nuevas oportunidades en la comarca, mejorando la conectividad y accesibilidad de los principales puntos de destino”.

Compromiso con Calasparra

Fernando López Miras, por su parte, ha expresado su compromiso con el desarrollo de Calasparra y ha comunicado que trasladará al Consejo de Gobierno todas las reivindicaciones de la localidad.

Asimismo, ambas partes han acordado mantener una comunicación fluida y continuar trabajando en futuras reuniones para avanzar en los proyectos planteados. El presidente ha adelantado que se hará un esfuerzo en inversiones en materia sanitaria, educativa e infraestructuras.