El PP intenta esconder sin éxito el rechazo a los menores migrantes impuesto por Vox en Murcia

Tan solo dos días después de que el Gobierno regional del PP en la Región de Murcia diera marcha atrás a un proyecto de compra de viviendas para acogida de menores migrantes tras las amenazas directas de Santiago Abascal, los populares intentan guardar las apariencias. El líder de Vox amagó con tumbar los presupuestos y el PP no quiere más controversias este verano y espera irse de vacaciones con todo aprobado. Este jueves se ha dado el primer paso para ello y ha salido adelante en la Asamblea murciana —pese a la abstención de Vox— la totalidad de las cuentas de 2025. La ley de presupuestos sigue su curso y ya solo le queda un último trámite en el hemiciclo: otro debate y otra votación, esta ya definitiva, el próximo 23 de julio. Desde hoy, las políticas de rechazo frontal a la migración y la acogida de menores que implementará el Gobierno regional de la mano de la ultraderecha ya tienen fondos para activarse.

El consejero de Economía de la Región, Luis Alberto Marín, ha sido el encargado de presentar las cuentas en una sesión a la que ha acudido el presidente del Ejecutivo, Fernando López Miras. Ni el consejero de Economía, ni después el portavoz del partido en la Cámara, Joaquín Segado, han hecho mención alguna a la migración ni a las iniciativas de corte xenófobo que el Ejecutivo va a promover para poner el foco en los migrantes y en la seguridad de los municipios murcianos. El centro del debate ha pasado por ahí, aunque el PP haya intentado desviarlo.

“Las cuentas que hoy traemos tienen un objetivo esencial: blindar el estado de bienestar. Abandonen cualquier otro postulado ideológico. Son muchas las actuaciones de estos presupuestos, pero no podemos desgranarlas todas aquí. Es un presupuesto fruto del consenso, de la capacidad de diálogo, y está elaborado con racionalidad, responsabilidad y eficiencia”, ha dicho Marín, sin entrar prácticamente en los detalles escabrosos que sorteó el Ejecutivo el pasado 1 de julio revocando la orden publicada en el BORM de compra de inmuebles y con el sonado perdón de la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, hoy también presente en el debate, en su cuenta de X. Ruiz sigue sin aclarar cuál será el futuro de los 60 menores que se quedarán sin techo después del cierre del centro de acogida de la pedanía murciana de Santa Cruz.

Minutos después, Joaquín Segado recogía el testigo de su consejero y daba su apoyo a las cuentas presentadas, también sin hacer mención ni a la polémica ni a ninguna de las medidas impuestas por la extrema derecha que podrán leerse en numerosas páginas del proyecto de ley. Segado ha hablado de infraestructuras ferroviarias, de financiación autonómica, de bajada de impuestos, del sector primario, del turismo, del apoyo a las familias. “El Gobierno llega a este debate con los deberes hechos y demuestra su responsabilidad y capacidad de diálogo. Pone por delante de todo el interés general de los ciudadanos, el interés de la gente de la Región”, ha reiterado el portavoz, apelando después a “decisiones valientes”, un término cuyo significado no ha llegado a especificar.

Martínez Alpañez habla en nombre del Ejecutivo

No le ha hecho falta. Quien sí ha entrado en detalles ha sido el portavoz de la extrema derecha en la Cámara y el número dos de Vox, Rubén Martínez Alpañez. Muy seguro de sí mismo, el diputado ultra se ha mostrado transparente: “Si hay algo que no admite ninguna duda, es que la Región de Murcia podrá tener presupuestos en 2025 gracias a Vox”. A partir de esa última coletilla ha construido el grueso de su intervención. Alpañez ha hablado con la confianza de quien sabe que dicta las decisiones del Ejecutivo sin ocupar ningún despacho en San Esteban.

“La Región será más segura gracias a Vox. Invertir es gestionar y priorizar, y saber dónde va cada euro. Lo decimos sin complejos: los españoles, primero”, ha señalado. El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, anunció en su comparecencia de esta semana en la Asamblea, en el marco del trámite parlamentario de los presupuestos, que, junto con la Consejería de Política Social dirigida por Ruiz, pondrá en marcha un “comité técnico para intentar la reagrupación familiar en sus países de origen de los menores no acompañados”, a pesar de que las competencias de deportación recaen sobre el Estado. Otra exigencia más satisfecha, a falta de conocer su legalidad.

Esa y la revocación de compra de viviendas para acoger a menores migrantes son solo dos de las medidas que los sitúa en el centro ideológico de los presupuestos. Martínez Alpañez lo ha enumerado todo: “La política sobre los ‘menas’ debe estar orientada al retorno a su país de origen. El Gobierno regional no aceptará el reparto arbitrario de inmigrantes ilegales. Gracias a Vox se pondrán en marcha protocolos de determinación de edad de menores migrantes con pruebas médicas, se eliminarán subvenciones a ONG y se cerrará el centro de Santa Cruz”. El portavoz ultra ha hablado como si fuera un consejero más del Ejecutivo.

La votación de la totalidad de la ley de presupuestos ha salido adelante con 21 votos a favor de los populares y la sorprendente abstención de Vox. “Estamos vigilantes”, han señalado fuentes consultadas del partido de Abascal a preguntas de este diario sobre el signo de su voto. Lo cierto es que en la formación ultra no se fían de que vayan a encontrar , en los próximos días, más motivos que los lleven a amenazar al PP con romper el acuerdo. “Si no están dispuestos a cumplir, exigiremos la dimisión o cese de los consejeros. Lo mismo con López Miras: si no cumple, exigiremos que coja las maletas y se marche o se someta a una cuestión de confianza”, ha culminado Alpañez en su intervención. El debate ha concluido con los aplausos del lado popular y las caras serias del lado de extrema derecha.

“Los presupuestos de los pantalones bajados”

La forma en que estos últimos sacan pecho y se jactan de que las cuentas lleven su rúbrica y de que el PP haya acatado todos sus postulados saca de quicio a la oposición. La portavoz socialista Carmina Fernández ha calificado este acuerdo como el “presupuesto de la vergüenza y de la humillación”. “Manda Abascal, López Miras obedece y pagamos las consecuencias todos. La rectificación de la orden de comprar viviendas para menores es el acto más bochornoso e indigno que hemos visto nunca en esta Región. Han elegido el odio. Ustedes han aceptado todo sin matices. Han cambiado menores por votos”, ha esgrimido la diputada, con la vista puesta, fijamente, en la bancada de consejeros.

María Marín, de Podemos, ha acuñado otro término: los “presupuestos de los pantalones bajados”. “El PP se los ha bajado hasta los tobillos para que Abascal les azote. Le han cogido gusto a estas prácticas masoquistas. Menos de dos horas es lo que le dura la dignidad. Es lo más infame que yo he visto”, ha evidenciado la portavoz morada, en relación a la decisión tomada por Conchita Ruiz el martes. “La consejera pidiendo perdón por cumplir la ley y hacer su trabajo. Esta es la legislatura de la miseria moral. El precio de estos presupuestos son 60 menores del centro de Santa Cruz”. “Son unos presupuestos inútiles para los estudiantes, para los trabajadores, para los usuarios de la sanidad. La mayor parte de la gente de esta tierra es solidaria y acogedora y no se merece esto”, ha concluido.