Enrique López, juez y exconsejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, aspira a presidir la Audiencia Nacional, el tribunal al que se reincorporó en junio de 2023 tras casi cuatro años como consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. Así consta en la relación de candidatos a ese puesto que ha hecho pública este lunes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

López, magistrado de carrera, se labró un perfil de juez afín a los populares antes incluso de que Ayuso lo fichara para la Comunidad de Madrid y el exlíder del partido Pablo Casado lo nombrase secretario de Justicia e Interior del PP.

Entró a formar parte de la Sala de Apelaciones en julio de 2019 después de que así lo acordara el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La decisión del órgano de gobierno de los jueces se producía después de que el Tribunal Supremo anulase su nombramiento para esa plaza con anterioridad. 

Antes, ocupó asiento en el pleno del Tribunal Constitucional, cargo para el que fue nombrado en junio de 2013 a propuesta del PP y tras seis años de vetos del PSOE para que entrara en la corte de garantías constitucionales. Pero su estancia en el TC acabó en el verano de 2014 cuando dimitió tras ser sorprendido conduciendo una motocicleta sin casco y bajo los efectos del alcohol.

La lista de candidatos la integran también su compañero de la Sala de Apelaciones Eloy Velasco, que en una conferencia reciente cuestionó la legitimidad del Gobierno y criticó a la exministra de Igualdad Irene Montero. También aspiran al mismo puesto María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional; o Jesús Eduardo Gutiérrez, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

La lista la completan los presidentes de las audiencias provinciales de Madrid y Cádiz, Juan Pablo González-Herrero y Manuel María Estrella, respectivamente. Y el magistrado del TSJ de Navarra Juan Manuel Fernández y el magistrado de la Audiencia de Madrid Francisco Manuel Oliver.

Un magistrado no puede ejercer la carrera judicial si milita en un partido político. Por eso a Enrique López no le ha quedado más remedio que pedir la baja del PP para allanar el regreso a la judicatura. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid escenificaba este miércoles su divorcio con Isabel Díaz Ayuso borrándose del partido, el paso previo a dejar la política activa. Con el movimiento de López, se despejaba una de las principales incógnitas de las elecciones del 28 de mayo: si la presidenta madrileña contaría con él para sus listas y el futuro gabinete, en caso de revalidar la presidencia autonómica como vaticinan las encuestas. El desenlace era en realidad un secreto a voces.

Las relaciones entre Enrique López y Ayuso no atraviesan su mejor momento. Su afinidad con el anterior líder de los populares, Pablo Casado, rompió toda complicidad con la presidenta madrileña cuando estalló el caso de las comisiones por más de 280.000 euros que cobró su hermano, Tomás Díaz Ayuso, por el contrato a dedo adjudicado por el Gobierno regional durante la pandemia. El aún consejero de Justicia e Interior de Madrid tampoco ha logrado estrechar lazos con la actual dirección de Alberto Núñez Feijóo, pese a ponerse a su servicio cuando Casado cayó en desgracia. Feijóo decidió no obstante prescindir de él para la secretaría de Justicia del partido.

La traumática salida de Casado del PP se produjo en medio de una guerra abierta con Ayuso con acusaciones de corrupción por la comisión que cobró su hermano. La cruda batalla terminó con la caída del excompañero y amigo de Ayuso, la persona que la eligió a dedo para encabezar una de las plazas más importantes para los populares tras la dimisión de Cristina Cifuentes por su máster fraudulento: la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Todo aquello ha dejado bandos y cicatrices que no acaban de cerrarse.

Fuentes del Gobierno regional aseguran a elDiario.es que Ayuso conocía desde hace semanas la decisión de López de dejar la militancia del PP. La intención del magistrado era abandonar también el Ejecutivo regional tras comprobar que había perdido la confianza de la presidenta madrileña. Pero Ayuso le pidió que no abriera una crisis en el gobierno a escasos meses de las elecciones. Y López decidió concederle el deseo. Ante las especulaciones de su inminente salida del Gobierno regional, el exmagistrado del Tribunal Constitucional salió rápidamente a dejar claro que seguiría con sus labores al frente del Gobierno regional mientras cuente, dijo, con la “confianza” de Ayuso.

Las explicaciones en público y en privado al día siguiente por parte del equipo y el entorno de la presidenta despejaban las pocas dudas que quedaban sobre la continuidad de López tras los comicios. En el aniversario del 4M, Ayuso ya avisó de que pensaba cobrarse lo que para ella había sido una deslealtad por poner en cuestión la “honorabilidad” de su Gobierno, y en definitiva, la de ella misma. “No voy a olvidar que se haya intentado trasladar algo distinto”, advirtió.

López es solo uno más de la larga lista de nombres que caerán de la candidatura del PP de Madrid para las elecciones del 28M, dirigentes todos que pagarán con sus escaños o consejerías las complicidades con el anterior líder del partido cuando se desató la guerra entre Génova 13 y la Puerta del Sol. En el Gobierno regional más consejeros están en el punto de mira por haberse posicionado junto a la máxima autoridad del partido entonces. Es el caso del titular de Transportes, David Pérez, o del consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo. Del grupo parlamentario el nombre de Ana Camins tiene todas las papeletas para no repetir.

Auge y caída en el Gobierno de Ayuso

“He solicitado mi baja como militante en el PP, lo cual no supone en absoluto renunciar a la defensa de los principios y valores que representa la ideología de este partido”, dijo López en unas escuetas declaraciones difundidas a los medios de comunicación al conocerse que entregaba el carné.

El consejero, apartado en su etapa como juez de los casos Bárcenas y Gürtel por su afinidad con el PP, fue uno de los fichajes estrella de la presidenta madrileña para la configuración de su Gobierno, el primero de coalición de la Comunidad de Madrid, en agosto de 2019. Desde el equipo de Ayuso aseguraron entonces que se trataba de “uno de los grandes expertos en el tratamiento jurídico del terrorismo” y también contra la delincuencia económica, que había perseguido –dijeron– en su etapa como magistrado de la Audiencia Nacional, a la que previsiblemente regresrá cuando deje el Gobierno regional.

En su aterrizaje en la Puerta del Sol, sin embargo, tuvo mucho que ver Casado, quien solo unos meses después, en enero de 2020, le nombró secretario de Justicia del partido dentro de la dirección nacional. López llegaba al Gobierno de Madrid como uno de los hombres de Génova, al igual que el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. Y del mismo modo que Lasquetty, que se ha convertido en la mano derecha de la presidenta, López logró escalar posiciones en el seno del Ejecutivo regional. Aunque no ha logrado mantener la posición.

Durante la crisis sanitaria, Ayuso delegó en López algunos de los temas más espinosos, aunque el magistrado de carrera logró no salir salpicado. En el peor momento de la primera ola, y mientras el virus golpeaba las residencias de ancianos de toda la región –donde fallecieron en tres meses más de 8.000 ancianos–, la presidenta madrileña decidió retirarle las competencias de su gestión a la Consejería de Políticas Sociales que dirigía entonces Alberto Reyero, de Ciudadanos, y metió en la ecuación el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (Platercam) cuya gestión recaía en Enrique López.

Tampoco influyó en su ascenso dentro del Gobierno y en el PP que se conociera que había mediado en 2017 entre un amigo de Bárcenas y el abogado del PP cuando era juez de la Audiencia Nacional. Unos hechos que López reconoció. Tras las elecciones del 4 de mayo, el juez ascendió a número dos del Ejecutivo sumando la Consejería de Presidencia a la de Justicia e Interior. Pero todo cambió cuando se desataron las hostilidades entre Ayuso y Casado, una guerra en la que López no se posicionó claramente desde el principio. El hecho más sonoro fue la rueda de prensa en la que se anunció su participación para respaldar el contrato a dedo destapado por elDiario.es y por el que el hermano de Ayuso cobró la polémica comisión. Se anunció que López estaría en esa comparecencia, pero el consejero se acabó borrando en el último momento.

Desde entonces, Ayuso no había querido confirmarlo ni en público ni en privado como candidato a las listas de las próximas elecciones de mayo que ella misma encabezará, ahora ya con el control del partido en Madrid. El pasado junio, al poco de hacerse con la presidencia del PP regional, Ayuso lo relegó en el Gobierno regional y le puso por encima a Enrique Ossorio, al que nombró vicepresidente y asignó la coordinación del Gobierno, hasta entonces competencia de López.

La confianza de Ayuso, que mentaba el propio López este jueves, está rota. Las palabras del portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Pedro García Abrines, pillaban a López por sorpresa. Abrines defendió que debe pasar un “periodo” entre el paso por la política y el regreso a la judicatura. Pero el magistrado dejaba entrever después que su intención pasa por volver a su plaza de la Audiencia Nacional desde donde ya había dictado sentencias polémicas como la de tres años y medio de cárcel para el rapero Valtonyc, hoy fugado en Bélgica, por enaltecimiento del terrorismo, e injurias y calumnias a la Corona.

El juez de la Audiencia Nacional se labró un perfil de juez afín a los populares mucho antes de que Ayuso lo fichara para la Comunidad de Madrid y Casado lo nombrase responsable de los temas de Justicia en el partido. Su aterrizaje en la Puerta del Sol fue polémico por cómo había sido su salida de uno de los puestos como juez a los que le había llevado su cercanía con el PP: el Tribunal Constitucional.

López tuvo que dimitir de ese cargo cuando en la madrugada del 1 de junio de 2014 el alcoholímetro que le pusieron delante dos agentes de policía cuando conducía su moto por el paseo de la Castellana arrojó una tasa de 1,20 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, una cantidad que suponía un delito –al rebasar los 0,60 miligramos–. Ocho años y medio después de aquel incidente, que lo hizo famoso en toda España, de nuevo, López debe irse de un puesto nombrado por el PP por la puerta de atrás.

Sitio o punto del camino en que los viajeros pueden apearse y es cómodo para descansar

Diccionario de la RAE

El magistrado en excedencia Enrique López acaba de pedir la baja como militante del Partido Popular. Así sabemos que el soldado López, el buen soldado que tantos servicios prestó con la toga, se había tenido finalmente que afiliar. Un poco como cuando los seductores decadentes tienen que poner en el WhatsApp la foto de la novia de turno, porque no les basta con sus encantos y su labia para convencer de que son fieles.

No nos comunicó López cuándo salió del toguero popular y se hizo el carné y, sin embargo, nos lo avisa ahora para que todo el mundo sepa que está preparando su regreso a la Audiencia Nacional, si alguien no lo remedia. Él quiere que lo remedien, que quede claro, o bien haciéndole hueco en otro pesebre o bien proponiéndole la entrada en un despacho de abogados que esté dispuesto a soltar una billetada por sus contactos. De momento no hay candidatos a ninguna de ambas cosas y por eso el tribunal de Génova corre un grave riesgo de que López vuelva a cruzar la calle.

Enrique López lleva haciendo política a favor del PP desde que abandonó su modesto juzgado mixto de León para convertirse en vocal del CGPJ. Desde entonces la Audiencia Nacional —a la que llegó sin escalafón suficiente y sin haber puesto una sola sentencia por delito en su vida— se ha convertido en una especie de apeadero para él, en el que recala cuando el mundo que de verdad le gusta lo escupe como un güito. Allí llegó desde el CGPJ, esperando un ministerio que no llegó ni llegará, y allí recaló de nuevo cuando, justicia poética, la comisión de un delito de conducción ebria en plena Castellana le obligó a dejar su insólita plaza como magistrado del Constitucional. Mediante una trampilla similar a la que le permitió pillar plaza teniendo un mil del escalafón, se convirtió en magistrado de la Sala de Apelaciones, la que revisa todas las decisiones que toman los demás, que le espera para los momentos malos que parece que han llegado de nuevo. Momentos malos para él, entiéndame, para los ciudadanos llegaron entonces.

López no ha tenido prurito al desafiliarse en reconocer que la razón por la que militaba en el PP no era otra que cumplir un requisito para medrar, es decir, para formar parte de la dirección del partido con Casado. “Ahora que no formo parte no veo la necesidad de seguir estando afiliado”, ha dicho. Ahora que lo que toca es volver a poner cara de juez, toca borrarse. La verdad es que se quedó en medio en la riña de los niñatos o, más bien, se puso en el lado equivocado. Son riesgos que corres cuando trocas la toga por el partido. No tienes que decidir qué parte lleva razón, sino que has de decidir en qué parte no corres peligro. Lo hizo mal y se quedó con el culo al aire. La toga, ya saben, cubre mucho.

López llegó a secretario de Justicia en la Ejecutiva del PP por mano de Casado y también así a consejero de la Comunidad de Madrid con Ayuso. Por Casado apostó cuando tocó decidir a qué santo poner la vela—en este caso, la mascarilla del hermano, recuerden aquella rueda de prensa a la que se negó a ir— y la vela se le ha apagado. En el mundillo saben que ha estado tirando cables para irse a algún despacho pero, hasta el momento, no ha dado resultado. No sé, tal vez leyendo esto alguno se anime, y así aleje el cáliz de un tribunal y de los ciudadanos que allí esperen obtener justicia.

La cuestión vuelve a poner sobre la mesa el extraño privilegio del que disfrutan las personas que forman parte de las carreras del Estado. Con una oposición no sólo obtienen plaza para toda la vida —que esa es la finalidad y la independencia— sino que consiguen una segunda opción para siempre. Son las únicas personas de este país que no arriesgan nada si se van a la política, a la empresa privada, si se convierten en profesionales liberales o si emprenden y no arriesgan porque, de salir mal, durante toda su vida pueden volver a su carrera. Esta circunstancia, en mi opinión, no sólo supone un agravio comparativo con el resto de ciudadanos de a pie, que para ser diputados o tener cargos públicos han de abandonar sus actividades personales o sus empleos a los que al cabo de décadas difícilmente podrían volver, sino que es también un agravio comparativo con el resto de sus compañeros de carrera que se quedan haciendo su trabajo, cada vez más emputecido, mientras ellos consiguen laureles, gloria y dinero con las espaldas cubiertas. Esta cuestión tiene miga. Robles ha obligado en el Ejército del Aire a que los pilotos que lo abandonen para irse a ganar pasta a la aviación civil tengan que reembolsar al Estado el dinero invertido en su formación en las condiciones marcadas por la ley. ¿Creen que los juristas de carrera que van a otras profesiones o bufetes no están usando para ello la formación que hemos pagado todos durante su ejercicio profesional? Pues pregúntenles a los abogados del Estado, por ejemplo.

En el caso concreto de los jueces es en el que más se agudiza ese vaivén entre la política y el ejercicio jurisdiccional, porque haciendo política hacen amigos y enemigos manifiestos, porque se declaran defensores de un programa y porque hacen o no hacen según qué cosas. ¿Cómo volver de ahí a juzgar? Fíjense que el caso es más peliagudo que el de los fiscales que, siendo parte, no deciden nada sobre un ciudadano, pero los jueces ¡ay! sí. Mucho se gritó contra Dolores Delgado y, sin embargo, nada se dijo de que Juan Carlos Campo, él también político profesional como López, pasara de ser ministro a la Audiencia Nacional. ¡Para esto ha quedado la Nacional, de apeadero! Esto, ya les digo, no pasaba cuando corrías riesgo de que te pegaran dos tiros. Entonces el vaivén de los políticos con toga no miraba hacia ese lado de la plaza. 

En el nonato acuerdo alcanzado para la renovación del CGPJ —abortado luego por Feijóo— los dos principales partidos habían incluido una cláusula que pretendía exigir un periodo cápsula de dos años para que desde la política se pudiera volver a vestir una toga. No era tan loco. En la ley de 1997 se establecía la figura de “una excedencia forzosa durante tres años durante los cuales no podrán reintegrarse al servicio activo salvo que obtengan por concurso una plaza o destino sin potestad jurisdiccional”. O sea, de juzgar nada de nada en tres años. Esa norma se abolió en 2007 y más tarde Zapatero hizo otra modificación para que el cazador dimitido, Mariano Fernández Bermejo, pudiera volver como fiscal de Sala al Tribunal Supremo. La modificación establecía que el tiempo que hubieran permanecido en la política se consideraría como situación de servicios especiales, por lo que no perdían la antigüedad. El pacto frustrado afectaba a otros tantos, como Llop y Marlaska, además de a López, y suscitó presiones. No apuntó a Robles porque Lesmes ya le hizo una jugada y le quitó la condición de magistrada del Tribunal Supremo por estar en la política. Se trata de una cuestión de importancia alimenticia sustancial para todos los que transitan.

Esta vieja cuestión se debatió en la ponencia constitucional y en ella no ganó el planteamiento que quería permitir que jueces y fiscales se pudieran afiliar y sindicar como en la II República, defendida por nacionalistas, socialistas y comunistas. En aquella constitución del 31 podían militar pero no aceptar cargo alguno procedente de un partido. Prevaleció la posición completamente contraria, la que les impide militar pero admite que vayan y venga como un péndulo o, mas bien, que usen los tribunales de Justicia como apeaderos de sus ambiciones políticas. Desde entonces se han ido toqueteando las legislaciones para favorecer al de turno.

Ya les advertí hace dos años de que corríamos el peligro de que López volviera a vestir una toga y eso que entonces ni siquiera había transcendido que llevaba un carné en la boca. Ahora el riesgo es real, como sucedió con Juan Carlos Campo. Ni sus compañeros ni los ciudadanos nos merecemos esa degradación. 

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha pedido su baja como militante del PP, tal y como ha informado el diario Abc y ha confirmado elDiario.es de fuentes de la dirección nacional del partido y del propio consejero regional. López, juez de profesión, allana así el camino para dejar la política y volver a la judicatura en el caso de que Isabel Díaz Ayuso no cuente con él para las listas electorales del próximo 28 de mayo.

“He solicitado mi baja como militante en el PP, lo cual no supone en absoluto renunciar a la defensa de los principios y valores que representa la ideología de este partido”, ha explicado el propio López en unas declaraciones difundidas a los medios de comunicación, en las que ha explicado que la presidenta de la Comunidad de Madrid ya era conocedora de la decisión. El exmagistrado del Tribunal Constitucional seguirá con sus labores en el Gobierno regional mientras cuente, ha dicho, con la “confianza” de Ayuso.

“Esto me va a permitir seguir trabajando mientras cuente con su confianza [la de Ayuso] con mayor ahínco con mayor entrega en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, trabajar por los madrileños y trabajar por y para la persona de la presidenta Isabel Díaz Ayuso”, ha insistido López. Preguntado a su entorno por si las intenciones de López pasan por volver a la judicatura tras abandonar la militancia en el PP, la respuesta es que a día de hoy “sigue trabajando en el Gobierno” regional.

Las relaciones de López con la también presidenta del PP de Madrid no pasan por su mejor momento, después de que fuera una de las personas de mayor confianza del expresidente del partido Pablo Casado con quien Ayuso se enfrentó tras las acusaciones del exlíder del PP de corrupción por adjudicar a dedo un contrato en el que se benefició su hermano, Tomás Díaz Ayuso. Esa batalla la perdió Casado del que López era una de las personas de su mayor confianza, hasta el punto de que se descolgó de una rueda de prensa con otros dos consejeros para respaldar el contrato de Ayuso por el que se benefició su hermano con una comisión.

López fue uno de los perfiles que Casado impuso en el Gobierno de Ayuso cuando esta fue nombrada presidenta de de la Comunidad de Madrid en 2019, tras el acuerdo de coalición con Ciudadanos. López llegaba al Gobierno de Madrid como uno de los hombres de Génova, al igual que el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, hoy uno de los hombres fuertes de Ayuso. En ese primer Gobierno regional, López ganó peso y ejercía como uno de los portavoces de la presidenta regional.

Tras las elecciones del 4 de mayo, López ascendió a número dos del Ejecutivo sumando la Consejería de Presidencia a la de Justicia e Interior. Pero todo cambió en la guerra de Ayuso contra Casado en la que López no se posicionó claramente desde el principio. El hecho más sonoro fue esa rueda de prensa en la que se anunció su participación y a la que se borró en el último momento.

Desde entonces, Ayuso no ha querido confirmarle ni en público ni en privado como candidato a las listas de las próximas elecciones de mayo que ella misma encabezará. El pasado junio, al poco de hacerse con la presidencia del PP de Madrid, Ayuso lo relegó en el Gobierno regional poniéndole por encima a Enrique Ossorio, al que nombró vicepresidente y asignó la coordinación del Gobierno, hasta entonces responsabilidad de López.

Nadie como la izquierda para fustigarse con el látigo de nueve colas. Los partidos del Gobierno llevaban meses exigiendo al Partido Popular para que se aviniera a pactar la renovación del CGPJ, el Tribunal Constitucional (TC) y otras instituciones. Al final, se produjo el acuerdo sobre el Constitucional entre el PSOE y el PP que se vota este jueves en el Congreso. Como era de esperar porque ha ocurrido antes, los conservadores presentaron dos nombres que pueden presumir de muchas cosas, pero no de independencia. Son juristas de confianza de Génova 13, de tanta cercanía que eso les ha creado problemas en el pasado. Ahora toca votar su elección de forma secreta y hay diputados de izquierda traumatizados por la cita. En los escaños de la derecha, están abanicándose con la Constitución.

¿Qué se podía esperar si el PP sigue negándose a pactar la renovación del CGPJ mientras acusa al Gobierno de estar paralizando la renovación del organismo? Las palabras han dejado de tener sentido en la política española.

La mecha del descontento la encendió el socialista Odón Elorza al decir en nombre de su partido que era “una indignidad” para el TC y el Congreso que el catedrático Enrique Arnaldo estuviera en la lista. Arnaldo ha estado tan metido en las tripas del PP que hasta apareció en el sumario del caso Lezo con una conversación siniestra con Ignacio González en la que presumía de que podía maniobrar para que se nombrara un fiscal general que favoreciera los intereses del presidente madrileño.

“No tengo amigos en la política”, dijo Arnaldo en el Congreso al responder a las críticas. Será que todo lo que hizo por González para ayudarle en las investigaciones judiciales que le acechaban fue por puro placer personal, por dinero o porque no tenía otra cosa que hacer ese día. Cuando creía que nadie le escuchaba –es decir, en un acto de FAES–, decía “nosotros” cuando se refería a la decisión del PP de no cambiar el sistema de elección del CGPJ en tiempos de Rajoy. Nosotros. Arnaldo ya sabe a qué colectivo pertenece.

Gloria Elizo y María del Carmen Pita, diputadas de Unidas Podemos, han firmado un artículo en el que califican de “sencillamente inasumible” la situación que plantean los nombres de los candidatos del PP Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. “Cada voto afirmativo es una ignorancia deliberada”, escriben sobre lo que supone votar a favor de Arnaldo.

No es aventurado afirmar que están pidiendo el 'no' en la votación secreta del jueves. De forma más directa, lo hicieron varios socios del Gobierno. Gabriel Rufián lo reclamó a los diputados de Podemos: “Plántense un poquito”. Lo mismo Joan Baldoví: “Por qué no tenemos todos un poco de decencia y votamos con el corazón”.

El portavoz de Unidas Podemos, Jaume Asens, marcó la línea del grupo parlamentario y dijo que habrá que votar a favor “con una pinza en la nariz”. En debate en el Congreso el miércoles, Pedro Sánchez le vino a dar la razón, aunque no vaya a usar la pinza. “No me gustan algunos candidatos que ha propuesto el PP para el Tribunal Constitucional”, pero el deber del Gobierno es salvar el acuerdo para renovarlo, dijo.

Dicho de otra manera: esto es lo que hay y es la única forma de cumplir en estos momentos con lo que dice la Constitución. Para que el olor sea más llevadero, en unos meses al Gobierno le tocará nombrar a otros dos miembros del TC. Por tanto, habrá que comerse esa pieza que es Arnaldo por mucho que apeste.

La izquierda se sorprende por algo que era perfectamente previsible. Pactar con el PP es obligado para alcanzar la mayoría necesaria y eso exige aceptar candidatos al TC y el CGPJ cuya mayor valía es su fidelidad al partido. Así llegó Enrique López al CGPJ y al Constitucional y por la misma razón es hoy consejero del Gobierno de Madrid y portavoz de la Ejecutiva del PP sobre temas de justicia. El PP envió también al TC por decisión del Gobierno de Rajoy a Pedro González-Trevijano, que fue rector de la Universidad Rey Juan Carlos en una década en la que el centro fue una agencia de colocación perfecta para personas conectadas con el PP.

En el ámbito judicial, a veces tales interferencias pueden verse frenadas. La Audiencia Nacional obligó a que López y Espejel abandonaran el tribunal que iba a juzgar el caso Gürtel porque la apariencia de imparcialidad que debían ostentar brillaba por su ausencia al ser un caso de corrupción relacionado con el PP. Si eso no le había impedido antes a López ser nombrado para el TC a propuesta del PP, cómo va a haber ahora algún problema con Espejel. Aquí ya no hay forma de esconder la realidad: la imparcialidad no es un requisito básico para ser miembro del Tribunal Constitucional. Sólo hay que ver las últimas sentencias del TC.

El Tribunal Supremo también ha descubierto cómo se las gasta el partido de Pablo Casado. Algunos de sus magistrados no dan crédito a que sus sentencias vayan a ser revisadas por alguien como Espejel –que hoy preside la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional–, muy por debajo de ellos en el escalafón judicial (lo mismo ocurre con Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez Valcárcel, que serán elegidos a propuesta del PSOE y Podemos). Hubo un tiempo en que sólo llegaban al Constitucional los magistrados que habían pasado por el Supremo. El PP ya demostró, al proponer en 2013 a Enrique López, que no era necesario poner el listón tan alto.

Por ese motivo, el que fue presidente del TC entre 1998 y 2001, Pedro Cruz Villalón, ha escrito que gracias a este último proceso de renovación “tendremos un Tribunal Constitucional situado ante un riesgo cierto de caer en la irrelevancia”. Quizá tenga razón, pero lo que es seguro es que nadie puede llamarse a engaño.

Con las sentencias sobre los dos estados de alarma, el Constitucional se ha disfrazado de tercera cámara legislativa con argumentos que parecen sacados de algunas de las intervenciones parlamentarias de la oposición. Por no hablar de opiniones extravagantes como las escritas por González-Trevijano en la decisión que declaró inconstitucional el primer estado de alarma. La mayoría del pleno decidió que lo que era perfectamente normal en Francia o Italia, con la aprobación de sendos estados de emergencia, en España resultaba ser una vulneración de la Carta Magna. Ahí Trevijano hizo un regalo al PP mucho mayor que unos cuantos empleos y másters universitarios.

Ahora, en caso de otra pandemia tan grave como la actual, el Gobierno se verá obligado a apostar por el estado de excepción, que está precisamente diseñado para cancelar temporalmente los derechos constitucionales. En un tribunal que decidió que el derecho a la vida está por debajo del derecho a moverse por la calle cuando te apetezca aunque con ello contagies un virus letal, alguien como Enrique Arnaldo tampoco va a desentonar mucho.

El Partido Popular justificó este viernes su última negativa a cerrar un acuerdo con el Gobierno para renovar el Poder Judicial, el enésimo bloqueo de Pablo Casado desde que en 2018 se caducó el mandato del actual máximo órgano de los jueces, en su pretensión de “acabar con las puertas giratorias en la Justicia”. Esa fue la argumentación de la dirección del PP para defender su veto a uno de los dos nombres propuestos por Unidas Podemos para el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el de la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.

Los populares no se quedaron ahí, también rechazaron la entrada del juez José Ricardo de Prada a quien culpan de la sentencia de la Gürtel que desalojó del Gobierno a Mariano Rajoy. En este caso el argumento de los de Casado era que no había pasado el corte en la lista de 40 que proponen los jueces para el órgano de gobierno -se interpretó que su presencia en el Tribunal de La Haya no cumplía con el requisito de estar en servicio activo- y con ese razonamiento han decidido vetar su entrada por la otra puerta de acceso al Consejo General del Poder Judicial, el cupo de juristas de reconocido prestigio.

El veto a los dos nombres propuestos por Unidas Podemos, tras meses repitiendo que el PP no quería a nadie propuesto por la coalición que dirige Pablo Iglesias en el Poder Judicial, acabó echando por tierra una vez más las largas negociaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición para renovar el órgano de gobierno de los jueces y otros organismos constitucionales.

“Los nombres que se ponen encima de la mesa por parte de las distintas formaciones políticas no dejan de ser personas con un currículum, acreditadas, con un compromiso profesional, con una valía profesional… Y, por tanto, creo que hablar de vetos no es la manera de plantear una negociación”, lamentaba este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que trataba así de poner en valor los perfiles de Rosell y De Prada, ambos propuestos por su socio de Gobierno.

El PP, en cambio, siguió defendiendo hasta el final que en la negociación “con el Partido Socialista” no tuvo ningún papel la formación de Pablo Iglesias, aunque desde el Ejecutivo siempre se dijo que si bien los principales interlocutores gubernamentales –el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el secretario general de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños– eran de la parte socialista, ellos negociaban por todo el Gobierno, también por la parte de Unidas Podemos.

“El PP no acepta la propuesta del PSOE de permitir puertas giratorias entre política y justicia. El PSOE ha propuesto a Victoria Rosell como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Partido Popular no acepta que la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que es un cargo político del Ejecutivo, ocupe un puesto como vocal”, explicó la dirección de Casado a través de un comunicado que envió a media mañana del viernes a los medios de comunicación.

Y eso a pesar de que en nombre del PP lleva meses negociando con el PSOE Enrique López, consejero de Justicia en Madrid, y, junto al del actual presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, uno de los ejemplos más flagrantes de lo que ha sido el tránsito de los tribunales a la política y viceversa en los últimos años de gestión del PP. El negociador de Casado ha hecho carrera entre las instituciones y los juzgados, siempre bajo el paraguas del PP. Durante el Gobierno de José María Aznar, en 2001, el entonces juez de la Audiencia Nacional fue elegido vocal del órgano de gobierno de los jueces a propuesta del PP siendo además nombrado portavoz.

En 2004, con el cambio de Gobierno, decidió erigirse en un pilar más de oposición al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero desde el CGPJ haciendo campaña activa contra el matrimonio homosexual, contra el Estatut de Catalunya, contra la ley de Violencia de Género o contra la Memoria Histórica. Salió del órgano del CGPJ tras la renovación de 2008, pero el PP tenía reservado para él otro importante encargo. En 2010, todas las comunidades autónomas gobernadas por los populares se unieron para presentarlo como candidato al Tribunal Constitucional. Fue designado magistrado pero tuvo que dimitir cuatro años más tarde, en 2014, al ser parado en un control de alcoholemia de la Policía en el paseo de la Castellana de Madrid, por donde circulaba en su moto, en el que triplicó la tasa de alcohol permitida.

Apartado de la Gürtel

Tras la dimisión volvió a su puesto de magistrado en la Audiencia Nacional. Pese a sus vinculaciones con el PP –también había dado conferencias para la Fundación FAES, el think tank de referencia del partido durante el mandato de Aznar y, ahora de nuevo, con Casado–, López formó inicialmente parte del tribunal que iba a encargarse de juzgar la pieza más importante del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada al Partido Popular, en la conocida como 'primera época' y por la que el PP acabó condenado a título lucrativo en 2018. Sus propios compañeros impidieron en octubre de 2015 que López juzgara el caso. 18 magistrados del Pleno de la Sala de lo Penal votaron que no podía estar en el tribunal de Gürtel al entender que sus vínculos con el PP eran suficientes como para poner en duda su imparcialidad. Lo mismo había dicho la Fiscalía. En enero de 2016, el Pleno también le apartó del tribunal de la caja B. Hace solo unas semanas se supo que desde su puesto de juez en la Audiencia Nacional hizo de mediador para que un empresario que actuaba en nombre de Bárcenas se sentase a negociar con el abogado del PP, entre 2017 y 2019, mientras el PP explicaba que los vínculos con el extesorero llevaban años rotos.

Nada más llegar a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en 2019, Isabel Díaz Ayuso lo nombró consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo de su nuevo Gobierno y unos meses después, Pablo Casado lo eligió como secretario de Justicia e Interior del PP. La “buena relación” que, según fuentes de la dirección del PP, une a López con el actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, compañero suyo en el CGPJ –Campo también pasó del Poder Judicial a la política–, llevó a Casado a designarlo como su interlocutor para afrontar la nueva ronda de negociaciones para renovar el máximo órgano de los jueces que fracasó este viernes. “El PP quiere acabar con las puertas giratorias entre política y justicia. No quiere que haya ninguna persona que haya realizado actividades políticas en el CGPJ”, argumenta ahora el propio López.

No es el único caso. Esas puertas giratorias entre la política y la justicia que Casado dice ahora rechazar han sido una constante amparada por los principales partidos políticos españoles, incluido el PP. Varios dirigentes populares ocuparon cargos políticos, pasaron después a formar parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o de otros tribunales.

El ejemplo más evidente es el del actual presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. Él debe casi toda su carrera al Partido Popular. Fue alto cargo del Gobierno del PP en el Ministerio de Justicia, bajo las órdenes de todos los ministros del ramo nombrados por José María Aznar: Margarita Mariscal de Gante, Ángel Acebes y José María Michavila. En la primera legislatura de Aznar –1996-2000–, Lesmes fue director general de Objeción de Conciencia. En la segunda, fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia, un puesto clave en ese ministerio porque es quien ejerce de enlace del Gobierno con los jueces. 

En esos años también fue subordinado de quien más tarde sería ministro de Justicia con Rajoy: Rafael Catalá, secretario de Estado de ese mismo ministerio con Aznar. Tras ocho años en el Gobierno de Aznar, Lesmes pasó a la Audiencia Nacional, donde el CGPJ de entonces –conservador, nombrado durante la mayoría absoluta de Aznar– le ascendió a presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Más tarde saltó al Supremo, a la Sala Tercera, también con el apoyo conservador. Allí fue el ponente de la ilegalización de Sortu, que después anuló el Tribunal Constitucional.  

En 2013, a propuesta del PP, fue nombrado presidente del nuevo CGPJ y del Supremo tras el acuerdo logrado entre populares y socialistas cuando Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta. Su mandato terminó en 2018, pero los sucesivos bloqueos del PP –el mismo partido que lo nombró alto cargo en sus gobiernos– a la renovación del Poder Judicial han hecho que siga hoy al frente del mismo, realizando además nombramientos de magistrados en el Supremo. Al frente del CGPJ, Lesmes no solo se ha ocupado de aprovechar su mayoría para colocar a jueces conservadores en muchos de los puestos clave de la Justicia. También ha movido los hilos a favor del PP, al que ha ayudado en muchos de sus problemas judiciales.

Fue el CGPJ de Lesmes el que decidió no prorrogar a Pablo Ruz, y sacarlo de la Audiencia Nacional, después de que ordenara un registro contra la sede del PP, el que presionó para que Gómez Bermúdez no pudiera investigar la caja B, y el que apartó al juez de la Gurtel, Ricardo de Prada, de la decisión sobre si la mujer de Luis Bárcenas entraba en prisión.

De conseller a vicepresidente del CGPJ

Otro caso llamativo fue el de Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ entre 2008 y 2014 –llegó a ser presidente de forma interina, durante menos de un mes, en 2012, tras la dimisión de Carlos Dívar por el escándalo de sus viajes–. De la Rosa antes de ser nombrado miembro del máximo órgano de gobierno de los jueces a propuesta del PP había sido cargo público en la Generalitat valenciana durante los gobiernos del 'popular' Francisco Camps. Su paso de la política al Poder Judicial fue exactamente el mismo que ahora Casado dice rechazar para justificar su veto a Victoria Rosell. Entre 2003 y 2007, De Rosa fue secretario de Justicia de la Generalitat valenciana y justo antes de ser nombrado vicepresidente del CGPJ fue conseller de Justicia y Administraciones Públicas del Ejecutivo de Camps, entre 2007 y 2008.

Existe, además, otro precedente en el PP. Se trata de José Merino Jiménez, que pasó de director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid presidida por el 'popular' Alberto Ruiz-Gallardón, un cargo en el que permaneció de 1997 a 2001, a ser elegido vocal del CGPJ a propuesta del PP. Merino Jiménez se mantuvo como miembro del máximo órgano de gobierno de los jueces hasta 2008, dos años más del mandato por el que fue elegido, por otro de los bloqueos impuestos por el PP a la renovación del CGPJ durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

En dirección contraria, un caso similar al de Enrígue López es el de Margarita Mariscal de Gante quien tras convertirse en la primera mujer elegida como vocal del CGPJ, en 1990 y a propuesta del PP, seis años más tarde fue elegida por José María Aznar como ministra de Justicia de su primer Gobierno. Metida de lleno en política, Mariscal de Gante fue diputada del PP por Albacete entre 2000 y 2004. Hace nueve años, en 2012, fue designada como una de las integrantes del Pleno del Tribunal de Cuentas, el órgano judicial que se encarga de fiscalizar las cuentas de los partidos políticos, entre ellos el suyo.

Casos en PSOE, PNV y CiU

No solo el PP ha recurrido históricamente a sus cuadros para completar el órgano de gobierno de los jueces. El actual ministro Campo fue vocal en el CGPJ del 2001 al 2008 tras haber sido director general en la Junta de Andalucía. El exministro socialista de Presidencia (1982-1986) Javier Moscoso del Prado y Muñoz también tuvo un asiento en el Poder Judicial entre 1996 y 2001. Álvaro Cuesta, actual vocal, fue diputado y concejal socialista en Oviedo. 

PNV y CiU, que son las formaciones que tradicionalmente han entrado en el reparto, también escogieron perfiles políticos para el máximo órgano de gobierno de los jueces. Margarita Uria y Ramón Camp, parlamentarios de esas formaciones, respectivamente, se sentaron en el CGPJ de 2008 a 2013. Años antes lo había hecho el exdiputado nacionalista vasco Emilio Olabarría Muñoz. Otro caso paradigmático fue el de la exdiputada de CiU Mercè Pigem, que dimitió del actual consejo tras ser encontrada en la frontera con Andorra con 9.500 euros.

“Hay que tener más coraje para el acuerdo que para el desacuerdo”. Así, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado al Partido Popular su bloqueo en la renovación de los órganos constitucionales, empezando por el Consejo General del Poder Judicial, en la misma semana en la que se ha alcanzado un pacto para nombrar al consejo de administración de RTVE, a través de “un acuerdo sin vetos, con coraje, con audacia, con valor, a través del diálogo”.

Sánchez, en una rueda de prensa tras el Consejo Europeo por videoconferencia de jueves y viernes, ha dicho que “si el acuerdo es siempre conveniente, resulta además imprescindible en un momento como el actual cuando la sociedad está exhausta. Necesitamos el acuerdo para restaurar cuanto antes las heridas de la pandemia y emprender el camino de la reconstrucción”. Por eso, ha dicho Sánchez, “no se entiende el bloqueo del CGPJ y el resto. Desde el Gobierno hemos sido flexibles, hemos dado todos los pasos. No se entiende el actual bloqueo, es injustificable, sin horizonte electoral”.

Sánchez ha puesto como ejemplo de acuerdo el pacto para renovar el consejo de administración de RTVE: “Hemos visto un consenso que no se alcanzaba desde hace casi 15 años. Todas las partes cedimos, renunciamos, sin vetos, y así ha ganado el servicio público de la RTVE”. Eso no no ha sucedido, a su juicio, en el caso de la negociación del Poder Judicial en la que el PP se ha opuesto a la designación de Vicky Rosell, actual delegada del Gobierno contra la violencia machista, y el magistrado Ricardo de Prada, ambos propuestos por Unidas Podemos. “Cuando hemos llegado a un acuerdo en el consejo de RTVE ha sido porque ha primado la voluntad de acuerdo, el no veto, sobre cualquier otra consideración. Esto es lo que le pido al principal partido de la oposición: que abandone el bloqueo, que sea consecuente con la línea de acuerdo, diálogo, que había manifestado al principio de la semana”, ha afirmado, Sánchez, que ha pedido a Casado que retome “el camino del acuerdo”: “No puede ser que los días pares el PP llegue a acuerdos y en los impares rechace el acuerdo. No es bueno para la democracia y no lo entiende la mayoría de los ciudadanos de nuestro país”.

Lo que ha descartado el presidente es pedirle a Unidas Podemos que renuncie a la designación de De Prada como vocal del CGPJ y ha defendido que el Gobierno ha sido “flexible” y no ha planteado ningún veto a las propuestas del PP. “Los nombres que se ponen encima de la mesa por parte de las distintas formaciones políticas no dejan de ser personas con un currículum, acreditadas, con un compromiso profesional, con una valía profesional… Y, por tanto, creo que hablar de vetos no es la manera de plantear una negociación”, ha dicho Sánchez al ser preguntado por el rechazo del PP a la magistrada Victoria Rosell (delegada del Gobierno contra la Violencia de Género) y al magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada (ponente de la sentencia de Gürtel): “Espero que la oposición abandone el bloqueo, no aceptable en democracia, ante personas que han hecho su trabajo como jueces”.

A pesar de la paralización de la negociación por los “escollos insalvables” que reconocieron tanto Moncloa como Génova, Sánchez ha descartado retomar la propuesta para reducir la mayoría necesaria para renovar el CGPJ y sortear así el bloqueo del PP. PSOE y Unidas Podemos registraron esa iniciativa para presionar a Casado para sentarse en la mesa de negociación en octubre, pero Sánchez la metió en el congelador ante el viraje del jefe de la oposición en la moción de censura de Vox. En las filas socialistas siempre han existido reticencias respecto a ese órdago.

El presidente ha dicho que la reforma se circunscribirá exclusivamente a la limitación de las funciones que puede llevar a cabo el CGPJ cuando su mandato haya caducado, como ahora. Esa proposición está llegando al fin de su tramitación parlamentaria en el Congreso antes de su aprobación definitiva en el Senado. “No me planteo revisar para nada una decisión que tomé y es la de que vamos a intentar, a través de mayorías parlamentarias en el Congreso, delimitar cuáles son las competencias que tiene el gobierno de los jueces en cuanto a su condición de ser un gobierno en funciones y, por tanto, su capacidad de nombramiento”, ha contestado. “Es solo lo que vamos a plantear al menos en lo que yo represento -mi grupo parlamentario- en las Cortes Generales”, ha dicho consciente de que Pablo Iglesias es más proclive a acometer una reforma para cambiar las mayorías necesarias para la elección de una parte del CGPJ. 

El PP culpa a Sánchez

Antes de la comparecencia de Sánchez, el PP había justificado esos vetos. “El PP quiere acabar con las puertas giratorias entre política y justicia. No quiere que haya ninguna persona que haya realizado actividades políticas en el CGPJ”, aseguraba este viernes Enrique López, el portavoz de Justicia del partido de Pablo Casado que, paradójicamente, es protagonista de una de esas puertas giratorias ya que antes de estar en las filas populares fue juez de la Audiencia Nacional y magistrado del Tribunal Constitucional. Según él, “el PP es coherente con las condiciones que ha determinado para alcanzar este acuerdo y que persiguen dos objetivos muy claros: Por un lado, despolitizar el órgano de gobierno de los jueces y, por otro lado, reforzar la imagen y percepción de independencia del poder judicial español”.

Por contra y, al igual que Sánchez, desde Unidas Podemos se responsabilizaba del nuevo bloqueo al PP, al considerar que los de Casado buscan el control de los jueces por mera “supervivencia” ante los diferentes casos de corrupción que le afectan. “El PP quiere trasladar su sede de la calle Génova a la sede del CGPJ”, ha criticado en rueda de prensa en el Congreso el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, para recriminar que los populares usen de “excusa” a Unidas Podemos para mantener su “secuestro” del órgano de gobierno de los jueces. En su opinión, los problemas para renovar el CGPJ no radican en un conflicto entre PP y Unidas Podemos, ni siquiera entre los populares con EH Bildu o ERC. “El PP tiene un conflicto con la democracia y con el parlamento”, ha sentenciado.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado este viernes que “quizás” el Gobierno y el PP cerrarán un acuerdo sobre la renovación del CGPJ la próxima semana, a pesar de que ambas partes hayan anunciado que existen “escollos” para cerrar un acuerdo. En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, el portavoz de la formación nacionalista ha señalado que “parece ser” que Unidas Podemos ha puesto “unos impedimentos” antes de dar el sí al último acuerdo sobre el CGPJ. “Anteayer dije que, seguramente, ya tenía el acuerdo medio cerrado, pero sabía lo que podía ocurrir en el último momento, y así ha sido. De todas manera, no creo que no se vaya a producir (un acuerdo), y pienso que quizás la próxima semana se va a cerrar”, ha reiterado.

“Regularización del emérito

“Ya dije una vez el sentimiento de perturbación que tenían para el Gobierno todas estas noticias. Pero también dije que aquí no se están juzgando a instituciones, se cuestiona y pone en duda el comportamiento de una persona”, ha dicho Sánchez sobre la regulación fiscal de cuatro millones de euros anunciada este viernes por el abogado de Juan Carlos I: “Siento rechazo frente a las actitudes incívicas conocidas en los medios de comunicación. La casa real actual ha marcado un antes y un después, y el actual jefe del Estado tiene todo mi apoyo”.

El Partido Popular ha justificado este viernes su enésimo bloqueo a la renovación del Poder Judicial –que se mantiene paralizado desde 2018– tras dar anoche por rotas sus negociaciones con el Gobierno asegurando que su pretensión es “acabar con las puertas giratorias” en la Justicia. Así lo han asegurado fuentes de la dirección de Pablo Casado pese a que su máximo responsable de Justicia, Enrique López, es un claro exponente de esas puertas giratorias que dice rechazar. López fue juez de la Audiencia Nacional y magistrado del Tribunal Constitucional antes de fichar por el PP. Ahora, además de ser el responsable de Justicia del partido, es consejero de la Comunidad de Madrid.

“El PP quiere acabar con las puertas giratorias entre política y justicia. No quiere que haya ninguna persona que haya realizado actividades políticas en el CGPJ”, ha asegurado este viernes el propio López en unas declaraciones enviadas por el PP una vez realizadas y, por tanto, sin dar la opción a que los periodistas realizaran cualquier pregunta al partido. Según él, “el PP es coherente con las condiciones que ha determinado para alcanzar este acuerdo y que persiguen dos objetivos muy claros: Por un lado, despolitizar el órgano de gobierno de los jueces y, por otro lado, reforzar la imagen y percepción de independencia del poder judicial español”.

Tras el fracaso de las conversaciones con el Ejecutivo, este viernes Casado se ha reunido con el Comité de Dirección del partido donde ha expuesto el estado de “las negociaciones con el PSOE” –el PP siempre consideró a ese partido como su interlocutor y no al conjunto del Gobierno, por no reconocer la legitimidad de la parte de Unidas Podemos– para alcanzar un acuerdo para la renovación de importantes instituciones del Estado, como el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos.

“En esa reunión se ha confirmado la posición del PP sobre la renovación de los órganos constitucionales. El PP sostiene que la renovación se debe producir para fortalecer las instituciones y no para debilitarlas. Además, la dirección del PP ha puesto de manifiesto que el partido quiere sentar las bases con el PSOE para reforzar la independencia del Poder Judicial como una cuestión de principios, como lleva manteniendo desde hace dos años para que en la próxima renovación de CGPJ los jueces elijan a los jueces”, han explicado desde el partido.

La dirección popular reconoce sus vetos a los magistrados propuestos por Unidas Podemos, un veto que fue el que desembocó en el bloqueo que se constató la pasada madrugada. “El PP no acepta la propuesta del PSOE de permitir puertas giratorias entre política y justicia. El PSOE ha propuesto a Victoria Rosell como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Partido Popular no acepta que la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que es un cargo político del Ejecutivo, ocupe un puesto como vocal por varias razones. La principal es porque el PP quiere acabar con las puertas giratorias entre la política y la justicia. La renovación de este CGPJ debe cumplir el requisito de la despolitización, y ningún político puede ser vocal del CGPJ como ha ocurrido hasta ahora”, zanja Génova 13. 

Las “puertas giratorias” del PP

Los vetos del PP por la filiación política de Rosell se produce a pesar de que las puertas giratorias entre la política y el CGPJ han sido una constante amparada por el bipartidismo en las últimas décadas: exdiputados, ex altos cargos autonómicos e incluso un exministro han formado parte del órgano de gobierno de los jueces, informa Elena Herrera. 

El propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, fue vocal en el CGPJ del 2001 al 2008 (el mandato se alargó dos años por el bloqueo del PP a la renovación) tras haber sido director general en la Junta de Andalucía. En ese mismo periodo, el PP colocó a José Merino Jiménez, que ocupaba el mismo cargo en la Comunidad de Madrid. En el siguiente mandato eligió al que había sido consejero de Justicia con Francisco Camps en la Comunidad Valenciana, Fernando de Rosa. El exministro socialista de Presidencia (1982-1986) Javier Moscoso del Prado y Muñoz también tuvo un asiento en el Poder Judicial entre 1996 y 2001. Álvaro Cuesta, actual vocal, fue diputado y concejal socialista en Oviedo. 

Pero ese modus operandi no se ha limitado al bipartidismo, sino que PNV y CiU, que son las formaciones que tradicionalmente han entrado en el reparto, también tiraron de los suyos: Margarita Uria y Ramón Camp, parlamentarios de esas formaciones, respectivamente, se sentaron en el CGPJ de 2008 a 2013. Años antes lo había hecho el exdiputado nacionalista vasco Emilio Olabarría Muñoz. Otro caso paradigmático fue el de la exdiputada de CiU Mercè Pigem, que dimitió del actual consejo tras ser encontrada en la frontera con Andorra con 9.500 euros.

Casado tampoco acepta que el juez De Prada sea vocal del CGPJ “porque sería un fraude de ley”. “Ni ha sido elegido por sus compañeros dentro del turno judicial ni ha recogido avales para ello. Un juez que no ha sido avalado y elegido por sus compañeros no puede acceder al CGPJ por la puerta de atrás por el turno de juristas”, explican en el PP.

La formación de Casado trata de argumentar su nuevo bloqueo en una supuesta crisis interna del Gobierno de coalición: “Cuando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se aclaren en sus peleas internas, que nos llamen. Sánchez no puede pretender reforzar su coalición con Podemos a costa de sacrificar la justicia española”.

Enrique López era un desconocido para el gran público, un nombre que solo sonaba en los ambientes judiciales, políticos y periodísticos de la capital. Hasta que en la madrugada del 1 de junio de 2014 el alcoholímetro que le pusieron delante dos agentes de policía cuando conducía su moto por el paseo de la Castellana arrojó una tasa de 1,20 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en la primera medición; 0,99 en la segunda.

La cifra alcanzada por López triplicaba la permitida –0,25 miligramos– y suponía un delito –al rebasar los 0,60–. Fue condenado a 1.440 euros de multa y a ocho meses de retirada del carné de conducir. Pero lo peor para el juez fueron las consecuencias profesionales. Se había incorporado al Tribunal Constitucional un año antes tras un esfuerzo titánico del PP para colocarlo. Tuvo que dimitir. Duró menos en el cargo que el tiempo que habían invertido los populares en auparlo durante los años de mayoría absoluta de Mariano Rajoy.

El incidente lo colocó en los titulares de los grandes medios, aunque el juez ya arrastraba una carrera de polémicas siempre a la sombra del PP. Durante el Gobierno de José María Aznar, se había colocado en 2001 como portavoz del Consejo General del Poder Judicial. En 2004, con el cambio de Gobierno, decidió erigirse en un pilar más de oposición al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Con el altavoz que le daba ese puesto, el juez hizo campaña activa contra el matrimonio homosexual, contra el Estatut de Catalunya, contra la ley de Violencia de Género o contra la Memoria Histórica. El magistrado complementaba desde el CGPJ los ataques del PP contra las principales iniciativas del Gobierno del PSOE en aquellos meses de manifestaciones con pancartas por el centro de Madrid.

Salió del órgano de Gobierno del Poder Judicial tras la renovación de 2008, pero el PP tenía reservado para él otro importante encargo. En 2010, todas las comunidades autónomas gobernadas por los populares se unieron para presentarlo como candidato al Constitucional. Solo había un problema: no reunía los 10 años de actividad judicial que se exigía a los aspirantes.

El Senado elaboró un informe para vetarlo tras una campaña de presión del PP. “Tengo la plena convicción de que reúno los requisitos” argumentó López, que tuvo que esperar de nuevo su oportunidad. En 2013, el PP consiguió su objetivo pero la peripecia de López en su moto lo frustró un año después, cuando los agentes dieron el alto de madrugada a ese motorista que conducía sin casco y saltándose semáforos en rojo.

Tras la dimisión se replegó a su puesto de magistrado en la Audiencia Nacional. Allí las polémicas a las que ya se había abonado continuaron, ahora con Gürtel como protagonista. Pese a todos sus antecedentes, López formaba inicialmente parte del tribunal que iba a encargarse de juzgar la pieza más importante del caso, la conocida como 'primera época' y por la que el PP acabó condenado a título lucrativo en 2018. Sus propios compañeros lo impidieron.

En octubre de 2015, 18 magistrados del Pleno de la Sala de lo Penal votaron que López no podía estar en el tribunal de Gürtel. Entendieron que sus vínculos con el PP eran suficientes como para poner en duda su imparcialidad. Lo mismo había dicho la Fiscalía. No solo pesaban los puestos en el CGPJ y el Constitucional a los que le había aupado ese partido; sobre la mesa estaban también sus participaciones en cursos de FAES, la fundación que financiaba el PP y que utilizaba para difundir su ideología y atacar a sus adversarios políticos. En enero de 2016 el Pleno también le apartó del tribunal de la caja B.

Mientras se producían esos movimientos en la Audiencia Nacional sobre Gürtel, López departía habitualmente con el principal implicado en Púnica, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, según el relato de este último. En conversaciones grabadas por la Guardia Civil, González cuenta que comía de vez en cuando con el juez, al que le mostraba su preocupación, por ejemplo, por futuros nombramientos de fiscales. González incluyó a López entre los contactos de los que tirar para tratar de librarse de las investigaciones por corrupción que lo mandaron finalmente a la cárcel.

Antes de dar el salto formal a la política, López tuvo tiempo de protagonizar una nueva polémica como juez. El Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, lo elevó a la recién creada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, pero el Supremo tumbó su nombramiento y el de Eloy Velasco porque, nuevamente, no cumplían los requisitos y no eran los candidatos con mejores méritos. El CGPJ se negó a apartarlos y los mantuvo como adscritos a esa Sala, en un conflicto sin precedentes con el Alto Tribunal.

De juez afín al PP a fichar por el PP

Las polémicas contra Zapatero, la pelea del PP por ascenderlo al Constitucional o el consenso entre la mayoría de sus compañeros sobre que no podía juzgar la Gürtel ya le habían colgado la etiqueta de magistrado de cabecera del PP. El partido se encargó de ratificarlo entre agosto de 2019 y enero de 2020. Primero, Isabel Díaz Ayuso lo nombró consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo de su nuevo Gobierno; cinco meses después, Pablo Casado lo eligió como secretario de Justicia e Interior del PP.

De aquel puesto desplazó a Rafael Catalá, el exministro de Justicia que había logrado ponerse en contra a todas las asociaciones judiciales, se había enfrentado públicamente a fiscales del caso Púnica, y había sido reprobado por el Congreso. Como responsable de Justicia en el PP, Catalá dejó tras de sí el fiasco de las negociaciones para renovar el CGPJ. Cuando López le sustituyó, dio el salto a Codere, una compañía dedicada al juego y las apuestas.

La “buena relación” que, según fuentes de la dirección del PP, une a López con el actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, compañero suyo en el Consejo General del Poder Judicial, llevó a Casado a designarlo como su interlocutor para afrontar la nueva ronda de negociaciones para renovar el CGPJ, que los populares bloquean desde hace años, informa Iñigo Aduriz. López, por parte del PP, y el ministro Campo, por el PSOE, mantienen conversaciones frecuentes y este último dice que ambos han llegado a un acuerdo en el reparto de puestos, aunque el PP mantiene bloqueada esa renovación, cada semana con un argumento distinto.

Como consejero de Justicia de Madrid ha contribuido a la batalla que durante la pandemia libra Ayuso contra el Gobierno central. Ha ejercido de portavoz de las decisiones sanitarias desde el departamento de Justicia de la Comunidad y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de atacar a Madrid para “tapar” sus problemas en Catalunya. También ha criticado la “deslealtad” de Salvador Illa. “El estado de alarma es un atropello constitucional contra la Comunidad y un ataque a los madrileños”, dijo cuando el Gobierno tuvo que intervenir la región ante el descontrol de los casos de coronavirus.

Es una muestra de que Enrique López es hoy uno de los hombres fuertes del Gobierno de Ayuso y sus funciones exceden las de un consejero de Justicia, ejerciendo en la práctica de portavoz del Ejecutivo madrileño en medios de comunicación en los que es habitual verle concediendo entrevistas sobre todo tipo de cuestiones de la administración regional. 

Algunos en el partido han llegado a verle como el posible sucesor de Ayuso, aunque para eso tendría que ser candidato a las próximas elecciones ya que es condición indispensable ser diputado, informa Fátima Caballero. De momento, la presidenta madrileña tiene para López otros planes, que pasan por entregarle más poder dentro del Gobierno regional, en la reducción de consejerías que prepara para cumplir con las exigencias de Vox en la negociación de presupuestos. Ayuso estaría pensando en suprimir la Consejería de Presidencia que dirige en la actualidad María Eugenia Carballedo y sus competencias pasarían a manos del magistrado.

Bárcenas, su última polémica

La última polémica del nuevo hombre fuerte de Ayuso, al cierre de esta edición, ha llegado de la mano, otra vez, por el caso Gürtel. López ha admitido, después de que lo publicase El Mundo, que actuó de intermediario al “poner en contacto” al empresario Agustin de Diego, amigo y emisario del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, y al abogado del PP, Jesús Santos, en 2017. López era entonces juez de la Audiencia Nacional y en aquel momento ese tribunal juzgaba la pieza principal de Gürtel, de la que él había sido apartado.

El hombre fuerte de Casado para los temas judiciales, consejero de Ayuso y con una carrera como juez vinculada siempre al PP, defiende que en esa ocasión no actuaba en nombre del partido, alega que solo presentó a dos amigos suyos y que nunca más supo.

Enrique López no ha negado los hechos. En 2017, mientras era juez de la Audiencia Nacional, puso en contacto a un empresario amigo de Luis Bárcenas, Agustín de Diego, con el abogado del Partido Popular, Jesús Santos. Han pasado casi cuatro años desde aquellas gestiones. López ha dejado los tribunales y ha pasado, del todo, a la política. Hoy es consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y una de las personas clave en este Gobierno regional y también en el PP de Pablo Casado. Tanto es su poder que algunos lo han señalado como posible sucesor de Isabel Díaz Ayuso, si la presidenta de Madrid perdiera pie. Pero la revelación de Luis Bárcenas, cuyo entorno ha destapado estos contactos, ha colocado a Enrique López en el disparadero.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, apartado de los casos Bárcenas y Gürtel por su afinidad con el PP, fue uno de los fichajes estrella de la presidenta madrileña para la configuración de su Gobierno, el primero de coalición de la Comunidad de Madrid, en agosto de 2019. Desde el equipo de Ayuso aseguraron entonces que se trataba de “uno de los grandes expertos en el tratamiento jurídico del terrorismo” y también contra la delincuencia económica, que había perseguido –dijeron– en su etapa como magistrado de la Audiencia Nacional. En su aterrizaje en la Puerta del Sol, sin embargo, tuvo mucho que ver Pablo Casado, que solo unos meses después, en enero de 2020, le nombró secretario de Justicia del partido integrándole así en la dirección nacional.

López llegaba al Gobierno de Madrid como uno de los hombres de Génova, al igual que el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. Ambos ejercen hoy un gran poder en el seno del Ejecutivo de Ayuso, pero mientras el segundo lo hace desde la sombra, López se prodiga cada vez más en los medios de comunicación ejerciendo en la práctica de portavoz del Ejecutivo –pese a que en realidad lo es el vicepresidente, Ignacio Aguado, de Ciudadanos–. El consejero de Justicia concede constantemente entrevistas en radios y televisiones para tratar cuestiones que exceden sus competencias.

López ha ejercido de portavoz del Gobierno durante la crisis sanitaria alineándose con la presidenta madrileña en su ofensiva contra el Gobierno central. Cuando Ayuso ha preferido no responder a preguntas, ha sido López el que ha dado la cara y ha acusado de “deslealtad” a al Gobierno de Pedro Sánchez y a Salvador Illa. El juez lideró el recurso del Gobierno de Madrid contra la decisión del Ejecutivo de Sánchez de cerrar la Comunidad durante la segunda ola.

Dentro del Gobierno regional, algunos consejeros reconocen el poder que a día de hoy López, al que califican de “un tipo oscuro”, ejerce sobre la presidenta madrileña. “En los consejos de gobierno es siempre el que lleva la voz cantante, es, sin duda, el que más habla y el que comenta todos los temas mientras Isabel Díaz Ayuso se mantiene en silencio y solo se dedica a dar paso al resto de consejeros”, asegura un miembro del Ejecutivo regional a elDiario.es.

La presidenta madrileña tiene pensado dar más peso a López en la reestructuración de Gobierno que prepara para contentar a Vox en las negociaciones de presupuestos. La formación de extrema derecha reclama una reducción de las consejerías –que pasaron de nueve a trece con la coalición de PP y Ciudadanos– y Ayuso baraja eliminar la Consejería de Presidencia que dirige actualmente María Eugenia Carballedo para ceder sus funciones a Enrique López.

Crisis de las residencias

Ya durante la crisis sanitaria, Ayuso ha ido delegando en López algunos de los temas más espinosos, aunque el magistrado de carrera ha logrado no salir salpicado. En el peor momento de la primera ola, y mientras el virus golpeaba las residencias de ancianos de toda la región –donde fallecieron en tres meses más de 8.000 ancianos–, la presidenta madrileña decidió retirarle las competencias de su gestión a la Consejería de Políticas Sociales que dirigía entonces Alberto Reyero, de Ciudadanos. El movimiento de Ayuso pudo hacerse al meter en la ecuación el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (Platercam) cuya gestión recae en Enrique López.

El 20 de marzo, Ayuso anunció un 'Plan de choque' en residencias que delegaba las competencias de estas en Sanidad y en la consejería de López que trabajarían en coordinación con Políticas Sociales. Poco se supo de ese “plan de choque” y de las actuaciones de la Consejería de Justicia. La responsabilidad sobre las órdenes para no derivar a ancianos a los hospitales se firmaron desde Sanidad y nadie ha puesto la mirada en el departamento que dirige López. El juez compareció en la Asamblea de Madrid un mes después –el 20 de abril– para explicar su gestión tras la puesta en marcha del plan y aseguró que había realizado “un trabajo humilde y esforzado de defensa del interés general, de la vida y de la salud, con vocación de resolver las dificultades”.

Pero no solo en la Puerta del Sol ha conseguido hacerse fuerte. La posición de López en Génova también ha ido creciendo con el paso de los meses con la llegada de Casado a la dirección nacional del partido. Tras ser nombrado consejero en agosto de 2019, el líder del PP le designó unos meses después –en enero de 2020– secretario de Justicia de la formación. Entre sus labores ha estado la negociación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el PSOE.

Las informaciones desveladas este martes por El Mundo señalan a Enrique López en la guerra de Bárcenas contra el partido por no haber “cumplido la promesa” de que su mujer Rosalía Iglesias no entrara en prisión. De momento, fuentes cercanas al magistrado se han limitado a asegurar a elDiario.es que López solo “puso en contacto en el año 2017 al empresario y al abogado Jesús Santos”. “A partir de ahí López no llevó a cabo ninguna gestión ni tuvo interlocución alguna sobre el caso Bárcenas”, aseguran estas mismas fuentes que desvinculan esta mediación de su cargo actual en la dirección del partido.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, salía este martes en su defensa negando que se produjera ninguna mediación, pese a que ha sido reconocida por el propio López. Serrano circunscribió el trámite hecho por el consejero en una actuación de López como magistrado. “Esto es un caso del señor López cuando era juez y que en el ejercicio de sus funciones de juez, pone en contacto a las partes de un procedimiento”, declaró Serrano pese a que López no tenía ninguna jurisdicción sobre el tema. En Ciudadanos, socio en el Gobierno de Ayuso, el portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, César Zafra, pidió explicaciones a López por estas informaciones.

La oposición pide su dimisión

La oposición fue menos benévola en su dictamen sobre lo ocurrido. PSOE y Unidas Podemos-IU pidieron la dimisión del consejero de Justicia al entender que sus funciones actuales son incompatibles con las informaciones conocidas este martes y que él mismo ha admitido. “Con lo que ahora conocemos creemos que López debería dimitir”, ha señalado el portavoz de los socialistas en la Cámara madrileña, Ángel Gabilondo. “Es cierto que nosotros queremos escuchar y el entorno del consejero le ha restado importancia, pero debe explicarse con claridad”, insistía Gabilondo que aseguraba que el grupo parlamentario activaría una petición de reprobación del consejero si las explicaciones no eran contundentes. En Más Madrid vinculaban el cargo de López en el Gobierno regional con estas gestiones para el PP y pedían explicaciones registrando una batería de preguntas.

Hasta ahora, el juez que tuvo que dimitir de su cargo como magistrado en el Tribunal Constitucional por cuadruplicar la tasa de alcohol permitida al volante había logrado zafarse de cualquier polémica al frente de la Consejería. Ahora, las ganas de Bárcenas de “tirar de la manta” por no haber cumplido el PP la promesa de que su mujer no entrara en prisión, según aseguró el extesorero en una confesión enviada hace una semana a la Fiscalía, ponen a López en en una situación complicada en el Gobierno regional.

El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, admite que actuó de intermediario al “poner en contacto” al empresario Agustin D., amigo del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, y al abogado del PP Jesús Santos en 2017. López era entonces juez de la Audiencia Nacional.

“Como señala la información de El Mundo, Enrique López se limitó a poner en contacto en el año 2017 al empresario Agustin D. y al abogado Jesús Santos. A partir de ahí López no llevó a cabo ninguna gestión ni tuvo interlocución alguna sobre el caso Bárcenas”, aseguran fuentes cercanas a López a elDiario.es.

Según publica El Mundo, el abogado del PP, Jesús Santos, se reunió una docena de veces entre 2017 y 2019 con un íntimo amigo que hacía de enlace con el ex tesorero de la formación Luis Bárcenas, el empresario Agustín D. Estos encuentros pudieron producirse gracias a la mediación de Enrique López, según admite él mismo. Según detalla este periódico, el empresario amigo de Bárcenas comunicó a al abogado del PP el deseo del extesorero del PP de verse en persona con él. El encuentro no fue autorizado por la dirección del PP de Rajoy y la reunión nunca se produjo.

El entorno de consejero madrileño desvincula esta intermediación con su posición actual en el PP como Secretario de Justicia del PP desde enero de 2020. “En ningún caso actuó en este asunto como miembro del partido”, señalan estas mismas fuentes. López es actualmente un hombre de plena confianza de Pablo Casado al que ha delegado entre otras cuestiones las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

El PSOE pide la dimisión de López

Las reacciones a esta información no se han hecho esperar. El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha pedido la dimisión de López como consejero de Justicia. “Con lo que ahora conocemos creemos que López debería dimitir”, ha señalado Gabilondo a la vez que ha exigido las explicaciones del consejero. Los socialistas han registrado además una solicitud para reprobarle en el parlamento regional, una reprobación, ha explicado Gabilondo, que activarán si López no argumenta su participación en la mediación.

“Nosotros hablamos desde la información que disponemos. De esto ser así, el consejero debería dimitir. Es cierto que nosotros queremos escuchar y el entorno del consejero ha restado importancia, pero debe explicarse con claridad”, ha dicho Gabilondo en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces.

La petición de dimisión también se ha solicitado desde Unidas Podemos-IU: “El PP de Bárcenas es el mismo que el de Casado y que el de Ayuso. Solo tenemos que decirle a López que dimita”, ha dicho la portavoz adjunta de Unidas Podemos-IU, Sol Sánchez, en rueda de prensa telemática tras la Junta de Portavoces.

Desde Más Madrid han registrado una batería de preguntas para conocer la implicación de López en las reuniones entre el empresario amigo de Bárcenas y el abogado del PP. El portavoz de la formación, Pablo Gómez Perpinyà, ha cuestionado su “a tenor de estos hechos ha sido colocado como consejero”, un problema que ha dicho, ya no es solo de Partido Popular sino de todos los madrileños al ser el representante de Justicia de Madrid. Perpinyà ha asegurado que de confirmarse pedirán la dimisión de López.

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha negado este martes que se produjera ninguna mediación y lo ha circunscrito a una actuación de López como magistrado –entonces de la Audiencia Nacional–. “Esto es un caso del señor López cuando era juez y que en el ejercicio de sus funciones de juez, pone en contacto a las partes de un procedimiento”, ha declarado Serrano pese a que López no tenía ninguna jurisdicción sobre el tema y que las partes eran Bárcenas, que estaba acusando al PP en el caso ordenadores, y el abogado del PP que lo estaba defendiendo.

También se ha pronunciado sobre esta cuestión el portavoz de Ciudadanos en la Cámara madrileña, César Zafra, que ha pedido explicaciones al consejero de Justicia y ha asegurado que tras estas explicaciones el partido fijará una posición.

Pablo Iglesias cuestiona la “normalidad democrática”

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha criticado este martes esa mediación. En un tuit, el también secretario general de Podemos ha repasado algunos de los puntos centrales de la carrera de Lopez al que ha calificado como “juez/político”.

El vicepresidente zanja su tuit con una referencia a la última polémica generada tras sus críticas a la permanencia en prisión de los líderes del procés o del rapero Pablo Hasel. En una entrevista este fin de semana en el diario 'Ara', Iglesias dijo que “no hay una situación de plena normalidad política y democrática” por que un “conflicto político” se ha “gestionado por vías policiales y judiciales”.

Iglesias ha insistido, tras confirmarse la intermediación de Enrique López mientras era juez, en cuestionar la “normalidad democrática” de España. Esa posición del vicepresidente segundo choca con la postura del PSOE, que sostiene que España es “una democracia plena”.

Por su parte, el número dos del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, no ha dudado en señalar directamente a Casado en una supuesta negociación con Bárcenas. “La inmensa mayoría de la ciudadanía española tiene derecho a conocer el contenido de las negociaciones del PP de Casado con Luis Bárcenas. ¿Qué le pedían a Bárcenas los intermediarios de Pablo Casado y la actual dirección del PP? ¿Qué silencios le reclamaban a Luis Bárcenas? ¿A quién protegían los enviados de Pablo Casado y la dirección del PP? ¿Y qué le ofrecían a Bárcenas a cambio de esos silencios? ¿Y qué papel jugaba en todo esto Enrique López que no es el PP del pasado?”, se ha preguntado Simancas.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha calificado de “frívolo” limitar el horario de apertura de las casas de apuestas como propone el ministro de Consumo y Bienestar Social, Alberto Garzón, animándole a que conozca “mejor esta actividad para que tome medidas ”serias“ que concilien el mantenimiento de una actividad económica con la debida protección de la salud pública.

Así lo ha afirmado en una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press, el también responsable del PP en materia de Justicia en relación a las declaraciones de este domingo en las que el nuevo ministro manifestó que hay que regular la actividad de los salones y casas de apuestas al suponer un problema de salud pública.

En primer lugar, López ha recordado que en Madrid se ha paralizado la concesión de licencias de nuevos locales de juego para sacar adelante un decreto de tarificación que establezca medidas.

“Estamos ante una actividad económica legal que tiene un riesgo para la salud pública, pero no un problema, y obliga a intervenir y tomar medidas proporcionales al fin que se persigue”, ha subrayado el consejero madrileño.

Tras ello, ha animado al ministro a que conozca “mejor la actividad antes de proponer medidas”, explicando que en Madrid por ejemplo se pone el acento en controlar la entrada de menores y de la población más vulnerable. Por ello, hay un control físico desde el pasado mes de noviembre.

Ante ello, ha insistido en que se trata de “un tema muy serio” para que se trate de una manera “un tanto frívola”. “Aquí nos tomamos las cosas muy serias. No hay que echar leña al fuego. Lo que hay que hacer es tratar medidas serias que concilien el mantenimiento de una actividad económica legal en toda Europa con la debida protección de la salud pública”, ha dicho mostrándose a favor de que se regule la publicidad on line.

Así, ha recalcado que le parece “frívolo” el tener que poner una hora al inicio de esta actividad, ya que es un tema “serio” que afecta a “derechos” y “principios”, y ha apostado por hablar con el sector, asociaciones y agentes implicados, para lo que el Gobierno tendrá la plena colaboración del Gobierno regional.

El consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, ha mantenido una reunión con el consejero de Justicia, Interior y Víctimas del terrorismo de la Comunidad de Madrid, Enrique López. El objetivo ha sido abordar la forma de seguir mejorando y reforzar el protocolo de coordinación en materia de prevención y extinción de incendios forestales entre las dos regiones limítrofes.

Precisamente, esta reunión se produce meses después del incendio iniciado en Almorox (Toledo) el pasado mes de junio que después se desplazó hasta Cadalso de los Vidrios y Cenicientos (Madrid).

El consejero castellanomanchego ha afirmado estar muy satisfecho de la relación en este sentido con la comunidad vecina en materia de prevención y extinción de incendios, y “aunque siempre hay que seguir las directrices a nivel técnico, sí que queríamos reforzar la unidad de acción entre ambas administraciones”.

También ha querido mandar un mensaje de tranquilidad y normalidad a la ciudadanía porque “en la extinción de incendios forestales ambos Gobiernos ponemos lo mejor que tenemos, disponemos de profesionales muy capacitados, tenemos la experiencia y queremos compartirla entre ambas comunidades”.

A este respecto, ha señalado que esta reunión se enmarca dentro de la normalidad institucional que se sigue desde el Gobierno de Castilla-La Mancha en su relación con otras comunidades, una circunstancia que ha resaltado el propio presidente Emiliano García-Page en numerosas ocasiones. 

En la reunión también han participado el viceconsejero de Medio Ambiente, Fernando Marchán, por parte de Castilla-La Mancha; y por parte de la CAM, ha asistido el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, Carlos Novillo. Castilla-La Mancha, además de con Madrid, mantiene acuerdos de colaboración en materia de incendios forestales con otras siete comunidades autónomas: Andalucía, La Rioja, Castilla y León, Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares.

El Gobierno que dirige Isabel Díaz Ayuso no cuenta con los sindicatos policiales en la elaboración del plan con el que pretende incentivar que más agentes elijan la Comunidad de Madrid como destino profesional. Al menos, así está ocurriendo por el momento. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha declinado reunirse con miembros de la Confederación Española de Policía (CEP), el segundo sindicato policial en afiliación a nivel estatal, que le había reclamado un encuentro para proporcionarle un “conocimiento más directo” de las reclamaciones de los agentes.

A preguntas de eldiario.es, un portavoz de la consejería ha explicado que López mantiene reuniones con colectivos profesionales para tratar diversas cuestiones de su competencia de forma habitual. Sin embargo, para abordar esta cuestión, ha optado por mantener una interlocución directa con “mandos” tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil por una cuestión de “lealtad institucional”.

“Es un tema de organización. Se está trabajando con los mandos, que serán los que después expliquen las medidas a los agentes a través de sus representantes sindicales”, señala esta misma fuente. Tanto la Policía como la Guardia Civil dependen jerárquicamente del Ministerio del Interior.

El sindicato CEP considera una “falta de respeto” que López vaya a poner en marcha un programa de ayudas a los policías nacionales “sin querer escuchar las necesidades que tienen o las propuestas que podrían convertir esa iniciativa en un proyecto realmente útil”. A su juicio, evitar una reunión con los agentes demuestra que se trata de “una iniciativa que no nace pensando en los policías sino en la conveniencia política de quien la formula”.

“No se puede afirmar que busca fomentar la estabilidad de los agentes en la Comunidad de Madrid para, a continuación, demostrar que la opinión de los afectados no es relevante para el Gobierno regional”, afirman fuentes del sindicato, al tiempo que instan a la presidenta Isabel Díaz Ayuso a rectificar. “De lo contrario, el proyecto corre el riesgo de acabar en fiasco porque evita contar con la opinión de los protagonistas”, añaden.

Seis meses de trabajos

El consejero Enrique López anunció el pasado 23 de septiembre que el plan de incentivos que promoverá el Gobierno regional para hacer hacer más atractiva la Comunidad de Madrid como como destino profesional para policías y guardias civiles incluye ayudas para el acceso a la vivienda y el transporte, así como facilitar la escolarización inmediata de los hijos cuando se produzca un traslado.

López subrayó que ofrecer una oferta más atractiva de colaboración a estos cuerpos de seguridad supone “uno de los primeros encargos a los que da cumplimiento” para que el servicio se preste “de la mejor manera posible”. El acuerdo de Gobierno que el PP firmó con Ciudadanos incluía, entre sus 155 medidas, la propuesta de “incentivar que haya más Policía Nacional y Guardia Civil velando por la seguridad de los madrileños”.

Con este objetivo, el Gobierno regional acordó el pasado 24 de septiembre la creación de una Comisión de Estudio coordinada por la consejería de Enrique López. Este grupo, presidido por el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 y en el que se integran once representantes de los distintos departamentos del Ejecutivo autonómico tendrá seis meses para determinar esos incentivos.

El pasado 24 de agosto la Comunidad de Madrid publicaba el nombramiento de Ángeles Pedraza como comisionada para la Atención de las Víctimas del Terrorismo. Una semana después, ha cesado en el cargo. La que fuera presidenta de la AVT ha pasado de esa responsabilidad a la de comisionada para la Cañada Real Galiana.

En concreto, el cambio de responsabilidad de Pedraza se produjo este martes, según ha avanzado La Razón. Ahora será la interlocutora entre las distintas administraciones para las intervenciones urbanísticas y sociales en esta zona deprimida de la capital.

Ante lo inesperado del nuevo nombramiento, Pedraza aseguró al citado medio que “no me ha sorprendido lo ocurrido, aquí estamos para trabajar en lo que haga falta pero nunca me voy a desvincular de las víctimas del terrorismo porque soy presidenta de honor de la AVT”.

El cargo de Comisionada para la Atención a las Víctimas del Terrorismo fue creado bajo la presidencia de Ángel Garrido, hoy en las filas de Ciudadanos. Pedraza ha ocupado el cargo desde su creación y la semana pasada, al igual que decenas de altos cargos del Gobierno regional, había sido ratificada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Las responsabilidades que ocupaba Pedraza dependían de la recién creada Consejería de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo. Al frente de ésta está Enrique López, el juez que fue apartado de los casos de corrupción que afectaban al PP, Gürtel y Bárcenas.

Desde esta consejería han señalado al citado diario que se buscará ahora un nuevo perfil para ocupar la responsabilidad de atención a las víctimas, que entre otros asuntos gestiona la relación con las asociaciones y las subvenciones a estas. Aseguran que el cambio ha sido un “premio” para Pedraza al otorgarle mayor poder de gestión.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Ciudadanos), ha salido este jueves en defensa del nuevo consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, después de que eldiario.es publicase este miércoles que el expresidente madrileño, Ignacio González, imputado por corrupción, señalase a López como una persona de confianza en la Justicia en unas escuchas policiales de González con el exministro también del PP Eduardo Zaplana. Ignacio González dijo a Zaplana sin saber que les estaban grabando que comía habitualmente con el nuevo consejero madrileño.

El nombre de López aparece en las escuchas policiales del caso Lezo en un encuentro que mantuvieron en un hotel de Madrid Zaplana y González el 22 de noviembre de 2016 y que fue grabada por los agentes de la UCO. El expresidente se muestra nervioso porque, a través de un chivatazo, se ha enterado de que le están investigando a él y a su testaferro, Edmundo Rodríguez Sobrino. En la conversación habla con el exministro de lo que deberían hacer para quitar al juez que estaba al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Barajan que se le ascienda o que vuelva el titular de la plaza, que estaba destinado en el extranjero.

Cuando sopesan qué movimientos pueden hacer, González menciona al magistrado que ahora ha pasado al Gobierno regional: “Yo creo que quien mueve a todos éstos es ese círculo que dices tú [ininteligible] …¿ese círculo sabes quién se mueve todo el puto día y enreda? No sé con qué grado de influencia pero Enrique López más Enrique Arnaldo”. Ambos añaden que este último está ya fuera de la primera línea pero sigue teniendo mucho poder: “Está por detrás”. González también incluye en ese círculo de influencia a Pedro González Trevijano, magistrado del Constitucional, tribunal al que accedió el mismo año que López y también a propuesta del PP.

González asegura durante su charla telefónica con Zaplana que come con ese grupo “de vez en cuando”. “Yo como con ellos la semana que viene, como una vez al mes, ¿sabes?”, insiste. Le cuenta a Zaplana que su último encuentro se había producido tan solo unos días antes, el 11 de noviembre de 2016, el día que el Gobierno nombró a José Manuel Maza como nuevo fiscal general del Estado.

González cuenta que le pidió a “Enrique” -sin aclarar si es López o Arnaldo Alcubilla- referencias de Maza y que este le contestó que “muy bien, muy bien, este tío es un tío muy bien, no…bien elegido”. El expresidente madrileño expresó su alegría: “Joder, ya están estos ahí”.

Villacís que gobierna en coalición con el PP en el Ayuntamiento de Madrid ha defendido que Enrique López no está imputado y que “no hay un procedimiento abierto” en su contra. “Hay que respetar los tiempo judiciales”, ha incidido Villacís, que ha advertido de que si se le llegase a imputar el consejero “tendría que dimitir”.

Por último, al ser preguntada por si harían dimitir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, si fuese imputada ha asegurado que desde Ciudadanos siempre han “actuado igual con todas las imputaciones”.

Cuando Ignacio González se vio acorralado por varias investigaciones sobre corrupción decidió maniobrar y hacer valer su agenda de contactos para intentar librarse. Hasta el punto de que trató de influir en el nombramiento del Fiscal General del Estado, del responsable de Anticorrupción y hasta de cambiar a un juez de la Audiencia Nacional. En la ronda de contactos que diseñó con el exministro Eduardo Zaplana y el empresario Enrique Cerezo incluyó al entonces magistrado Enrique López, hoy nuevo consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Dijo que comían habitualmente y relató una conversación en la que trataban los cambios en la Fiscalía cuando González ya estaba imputado por el caso Ático y el PP gobernaba con mayoría absoluta en España.

Esos contactos, que según las conversaciones grabadas por la Guardia Civil se celebraron en 2016, vienen recogidos en un informe del caso Lezo, la investigación que motivó la detención de González y su entrada en prisión provisional. El documento de más de 300 páginas elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) dedica uno de sus apartados a las maniobras del expresidente madrileño para “beneficiar sus intereses particulares o de terceros en los diferentes procesos judiciales que tiene abiertos”.

En las conversaciones que grabaron los agentes aparece en varias ocasiones el nombre de Enrique López. González cuenta que se ve con él una vez al mes y relata, sin saber que los agentes le están escuchando, una de las conversaciones que mantuvo con el magistrado.

En algunas de esas charlas González se comunica con Enrique Cerezo, productor de televisión y presidente del Atlético de Madrid -por el caso Ático en el que ambos estaban implicados-, en otras con el exministro Zaplana y habla también con Enrique Arnaldo Alcubilla. Ese último es abogado y letrado de las Cortes Generales. Fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, en el que coincidió con López cuando este llegó como letrado. Además, ejerció como abogado del propio López en la causa que afrontó por conducir su moto borracho y que derivó en su condena y su salida del Constitucional. En las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil, Arnaldo Alcubilla promete a González hacer algunas gestiones para poner a un fiscal general “bueno”.

El nombre de López aparece en un encuentro que mantuvieron en un hotel de Madrid Zaplana y González el 22 de noviembre de 2016 y que fue grabada por los agentes de la UCO. El expresidente se muestra nervioso porque, a través de un chivatazo, se ha enterado de que le están investigando a él y a su testaferro, Edmundo Rodríguez Sobrino. En la conversación habla con el exministro de lo que deberían hacer para quitar al juez que estaba al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Barajan que se le ascienda o que vuelva el titular de la plaza, que estaba destinado en el extranjero.

Cuando sopesan qué movimientos pueden hacer, González menciona al magistrado que ahora ha pasado al Gobierno regional: “Yo creo que quien mueve a todos éstos es ese círculo que dices tú [ininteligible] …¿ese círculo sabes quién se mueve todo el puto día y enreda? No sé con qué grado de influencia pero Enrique López más Enrique Arnaldo”. Ambos añaden que este último está ya fuera de la primera línea pero sigue teniendo mucho poder: “Está por detrás”. González también incluye en ese círculo de influencia a Pedro González Trevijano, magistrado del Constitucional, tribunal al que accedió el mismo año que López y también a propuesta del PP.

“El otro día estuve con Enrique López”

Es en este punto de la conversación cuando González asegura que come con ese grupo “de vez en cuando”. “Yo como con ellos la semana que viene, como una vez al mes, ¿sabes?”, insiste. Le cuenta a Zaplana que su último encuentro se había producido tan solo unos días antes, el 11 de noviembre de 2016, el día que el Gobierno nombró a José Manuel Maza como nuevo fiscal general del Estado.

González cuenta que le pidió a “Enrique” -sin aclarar si es López o Arnaldo Alcubilla- referencias de Maza y que este le contestó que “muy bien, muy bien, este tío es un tío muy bien, no…bien elegido”. El expresidente madrileño expresó su alegría: “Joder, ya están estos ahí”.

En otro momento sí que menciona específicamente al nuevo consejero: “El otro día me fui a hablar con Enrique López”. Cuenta que le manifestó sus dudas porque había escuchado en los medios que el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, prefería de fiscal a la que ya estaba en el puesto, Consuelo Madrigal. El magistrado le tranquilizó, según González: “Me dijo, esto lo ha filtrao el jefe de prensa que tenía ella en la Fiscalía General, pues que se la iban a follar, a Catalá le viene bien esto porque parece que él no ha puesto al otro, y fuera, este es un tío serio, este es un tío que sabe lo que tiene que hacer”.

González cuenta en esas grabaciones en poder de la Audiencia Nacional que le preguntó entonces a López qué nombramientos quedaban ahora por hacer y este le dijo que el de los fiscales jefes de Anticorrupción y Audiencia Nacional. Es ahí cuando González y Zaplana hablaron de cómo colocar a Manuel Moix al frente de Anticorrupción porque era “un tío serio y bueno”, y creían que les iba a ayudar en sus investigaciones. Hablan incluso de ir a ver directamente al ministro -“Voy a ver si se lo puedo hacer llegar”- y sopesan hablar también con López de nuevo. “¿Tienes buena relación tú con Enrique López?”, le pregunta González a Zaplana. La respuesta de este es inaudible, según reflejan los agentes.

Unos meses después de esa conversación Manuel Moix fue finalmente nombrado jefe de la Fiscalía Anticorrupción. Era el único de los aspirantes que no tenía experiencia en esa plaza. Al poco de llegar se enfrentó a los fiscales del caso Lezo cuando intentó frenar una parte de la investigación. Acabó dimitiendo a los pocos meses, cuando se destapó que tenía parte de una empresa radicada en un paraíso fiscal.

González ya estaba imputado en el caso Ático

Los contactos que relata González se produjeron cuando el expresidente madrileño ya estaba fuera de la política y se enfrentaba a varias investigaciones por corrupción. Ya estaba imputado en el caso Ático, buena parte del PP de Madrid estaba bajo el foco de la investigación de Púnica y al político le había llegado que tenía pinchado el teléfono. López estaba entonces destinado en la Audiencia Nacional tras haber dimitido como magistrado del Constitucional por conducir borracho. Por esas fechas acababa de ser recusado de otra pieza del caso Gürtel por su proximidad al PP.

Contactado por eldiario.es, un portavoz de López aseguró que “nunca ha mantenido con regularidad encuentros” con González y que como mucho han coincidido “en algún evento o acto”. Sobre el hecho de que ya estuviese imputado, asegura que “no puede prejuzgar la supuesta culpabilidad de las personas con las que se encuentra en los mismos”. “En cualquier caso, el señor López nunca habló con el señor González sobre la situación procesal del ex presidente de la Comunidad de Madrid”, añade. Afirma que no sabe si Arnaldo Alcubilla y González Trevijano acudieron a esas comidas y asegura que el expresidente madrileño nunca le contactó para tratar de influir en los nombramientos de la Fiscalía.

El magistrado que ahora ha dado el salto a la política nunca ha sido llamado a testificar por estas conversaciones. Ni él ni el resto de protagonistas del mundo judicial que aparecen citados en ellas. Los agentes dejaron claro en su informe que “se desconoce” el resultado de los contactos que mantuvo González y si realmente pudieron “llegar a reportarle beneficios”. No hay ninguna mención al papel que pudiesen jugar López o Arnaldo Alcubilla, más allá de los entrecomillados de las transcripciones. Eso sí, en sus conclusiones dijeron que Ignacio González había actuado como el “crimen organizado” para tratar de garantizarse inmunidad.

Esas maniobras se evidencian en las conversaciones que González mantuvo con Arnaldo Alcubilla antes de la elección del nuevo fiscal general del Estado. “Hay que mover la pieza principal y luego las dos que van al lado, que son la Fiscalía de la Nacional y la Fiscalía Anticorrupción” dijo el exvocal del CGPJ, que confesó que se estaba “moviendo” para influir en ese nombramiento. El día que nombraron a Maza ambos volvieron hablar por teléfono. “¡Estamos muy contentos!”, dijo Alcubilla. “Vamos a ver si lo celebramos, a ver si seguís”, le apremió González.

El expresidente madrileño relató también sus buenas relaciones con los miembros del CGPJ en otra conversación que mantuvo con Isabel Gallego -exdirectora de Medios de la Comunidad de Madrid-, en la que ambos comentan el avance de la investigación del caso Púnica. González vuelve a hablar del juez que investiga el caso, al que quiere apartar: “Yo el otro día estuve comiendo con unos tíos de estos de ahí de la justicia y de tal (…) este cachondeo, como nadie le mete mano a estos tíos, joder. Ayer, tuve que discutir con unos tíos, con un tío que había estado en el Consejo General del Poder Judicial, dice oye oye pero si es que este tío, no está en una plaza en propiedad, está ocupando la plaza de otro, fíjate si es fácil, coño, acabar con todo el mamoneo (…)”. Los agentes de la Guardia Civil no identificaron si ese exvocal era Enrique López o Enrique Arnaldo Alcubilla.

El nuevo consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha defendido este martes su nombramiento como parte del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, a pesar de haber sido condenado en 2014 por conducir su moto borracho (cuadruplicó la tasa de alcoholemia permitida y se saltó un semáforo). López, que dimitió de su cargo en el Tribunal Constitucional por este delito, ha defendido que ya “pagó muy caro por ello” y que “una sociedad democrática tiene que apostar muy seriamente por la rehabilitación”.

“Cometí un grave error en su momento, dimití a las pocas horas de haberlo cometido, pagué muy caro por ello y he aprendido mucho de ese error y me he fortalecido como persona también en el mundo profesional”, ha asegurado el nuevo responsable de la cartela de Justicia.

“En su momento reconocí el error que cometí y creo que la sociedad tiene que apostar muy seriamente, por supuesto, por la no comisión de los delitos pero también por la rehabilitación”, ha añadido el magistrado.

Tras su renuncia como miembro del Constitucional, volvió a la Audiencia Nacional, donde fue apartado de los casos Bárcenas y Gürtel junto a Concepción Espejel. Los compañeros de estos magistrados en la Sala de lo Penal sostuvieron que no cumplían con la apariencia de imparcialidad requerida y que no podían juzgar una causa en la que el Partido Popular era acusado como responsable civil. Poco antes de ser elegido por Díaz Ayuso, el Supremo había anulado su último ascenso: un puesto en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.

En este sentido, Enrique López ha defendido que de haber tenido la posibilidad de juzgar esos casos “lo habría hecho como con todos, con pleno respeto a la ley como he hecho en mi carrera judicial”.

López ha destacado que con la alusión a las víctimas en el nombre de su cartera -finalmente solo víctimas, sin especificar a las del terrorismo- se quiere atender a las víctimas “de todo tipo de delitos” con “especial atención a las de terrorismo” porque han dado una lección a España al no pedir venganza sino “reparación”.

Los medios de comunicación, al informar del nombramiento de Enrique López como Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, han subrayado que fue apartado de los casos Bárcenas y Gürtel por decisión de la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional, que tuvo que resolver la recusación solicitada por algunas de las partes ante la no abstención del Magistrado. La abstención y la recusación son dos caras de la misma moneda, una configurada como deber, la otra como derecho. El juez debe abstenerse cuando concurra base legal para ello.

En el caso de que no cumpla con su deber, existe el derecho a recusarlo. Así lo dice expresamente el artículo 217 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “Los jueces y magistrados deberán abstenerse y, en su defecto, podrán ser recusados cuando concurra causa legal”. Fue el incumplimiento de su deber por Enrique López lo que motivó su recusación con el resultado conocido. Al transmitir la información de esta manera, los medios de comunicación han reconocido en diferido el acierto de la Sala de la Audiencia Nacional al tomar la decisión que tomó. Su designación como Consejero de Justicia es una suerte de prueba del nueve de la vinculación de Enrique López con el PP, sin cuyo impulso no se entiende su éxito profesional. Hubiera sido escandaloso el ejercicio de la función jurisdiccional en los casos Bárcenas o Gürtel.

La trayectoria de la relación entre el PP y Enrique López en el proceso de designación de este último como Magistrado del Tribunal Constitucional y como Magistrado de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional es un caso único en la justicia española.

Las dudas acerca de la “legitimidad de origen” de Enrique López para ser Magistrado del Tribunal Constitucional se plantearon en primer lugar en el Senado, en el año 2010. El Senado se negó a tramitar la propuesta por parte de los Parlamentos Autonómicos con mayoría popular porque no reunía los requisitos establecidos por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). En 2013, fue el Gobierno el que lo propuso y en el seno del Tribunal Constitucional también se suscitaron dudas acerca de dicha “legitimidad de origen”. En el momento de verificación de las condiciones de los nombramientos de los Magistrados, previsto en los artículos 2 g) y 10 i) de la LOTC, seis de los Magistrados consideraron que no cumplía los requisitos de acceso y cinco que sí los cumplía. Fue el Presidente del Tribunal, Pascual Sala, quien con su voto de calidad decantó la decisión (Goma y Fabra. “El voto del progresista Sala aúpa al conservador López al Constitucional”. El País, 11 de junio de 2013). Un trámite que se evacua usualmente como lo que es, como un puro trámite, exigió que el Gobierno del PP pusiera toda la carne en el asador para su evacuación. Por fortuna para el Tribunal las dudas sobre “su legitimidad de origen” las despejaría el propio Magistrado con su falta de “legitimidad de ejercicio” en apenas un año. Tendría que presentar su dimisión por una conducta que lo inhabilitaba para continuar siendo miembro del Tribunal.

No por ello perdería el PP la confianza en Enrique López. Todo lo contrario. A través del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presidido por Carlos Lesmes, Enrique López será elevado en mayo de 2017 a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Su designación sería recurrida por otros dos jueces que se entendían en posesión de méritos superiores y la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) en sentencia de abril de 2019 anularía dicha designación. En mayo de 2019, el CGPJ, en ejecución de la sentencia de abril del TS, “adscribiría” a Enrique López a las Sala de Apelaciones, adscripción que sería recurrida nuevamente y anulada en el mes de julio por la Sala Tercera del TS. No existe un caso igual de disonancia entre la valoración “política” y la valoración “profesional” de los mismos méritos para el ejercicio de la función jurisdiccional.

Pero no hay dos sin tres, como dice el refrán. Y ahí tienen los madrileños a Enrique López al frente de la Consejería de Justicia, nombramiento no susceptible de ser recurrido ante los Tribunales de Justicia. ¿Se está enviando el mensaje con ese nombramiento que sería el eventual Ministro de Justicia en el momento en que el PP llegara al Gobierno?

Enrique López López es el juez que fue apartado por sus propios compañeros de los juicios de la Gürtel y de la caja B por su evidente cercanía con el Partido Popular. Es el juez promocionado al CGPJ por el PP. Es el juez ascendido al Tribunal Constitucional por el PP, a pesar de que cuando se planteó su candidatura no cumplía con los requisitos legales. Es el juez que cobró medio centenar de conferencias de la FAES, entonces la fundación del PP. Es el juez de la Audiencia Nacional que puso palos en las ruedas a la investigación de los papeles de Bárcenas, siempre al servicio del PP.

Enrique López es también el juez que tuvo que dimitir del Constitucional por conducir su moto borracho y sin casco por pleno centro de Madrid. Es el juez al que el Partido Popular, a través de las mayorías conservadoras en el Poder Judicial, promocionó a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Es el juez cuyo nombramiento después fue anulado por el Tribunal Supremo porque no era el candidato con más méritos para ese puesto, clave para el PP. Porque todos los grandes casos de corrupción pasan por la Audiencia Nacional. Y todas esas sentencias iban a ser después revisadas por esa Sala de apelaciones donde a López le quisieron colocar.

Enrique López López es el juez que ahora ha elegido Isabel Díaz Ayuso (o más bien Pablo Casado) como consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Y hay tres maneras de explicar este nuevo ascenso de López, otra vez de la mano del PP.

La primera, “que viva el vino”. Porque López no es el único miembro relevante del gobierno de Díaz Ayuso condenado por conducir borracho. También es parte fundamental de ese equipo Miguel Ángel Rodríguez, igualmente sentenciado por chocar contra tres coches aparcados cuando conducía borracho. MAR, como se le conoce al exsecretario de Estado de Comunicación de Aznar, es hoy uno de los asesores clave en el nuevo gobierno madrileño del PP, donde a nadie le dicen cuántas copas se tienen que tomar. Le avala, entre otros méritos, haber cobrado 600.000 euros en publicidad, otorgados a dedo por los gobiernos de Esperanza Aguirre para un medio de comunicación desconocido que vivía de la mamandurria “liberal”.

La segunda, que viva la independencia judicial. Porque López es la antítesis de la separación de poderes. Es la prueba del tipo de “regeneración” que avala Ciudadanos en Madrid. Es el mejor ejemplo con toga de la lealtad del PP con los jueces dispuestos a ser leales con el partido. Incluso si cometes un delito que pone en riesgo la vida de los demás –conducir completamente ebrio– el PP nunca deja a uno de los suyos atrás.

Y la tercera, que viva la lucha contra corrupción. Porque tener como consejero de Justicia de Madrid a Enrique López es una buena noticia para Ignacio González, que le elogió públicamente como “un magnífico magistrado y excelente persona”. Porque la buena relación entre ambos va más allá de la simple cordialidad. Según las escuchas del caso Lezo, González y López se reunieron en privado cuando el expresidente de Madrid maniobraba para cambiar a los jueces y fiscales que estaban investigando su corrupción.

Tener a un juez de la Audiencia Nacional en el Gobierno del PP de Madrid es también una buena noticia para otros políticos del mismo partido que hoy están muy preocupados por su futuro judicial. Como Esperanza Aguirre, a la que Anticorrupción pide imputar por la financiación ilegal del PP. O Cristina Cifuentes, que ya está procesada por el caso Máster y que también participó en Fundescam, la fundación que su partido utilizó para recaudar donaciones ilegales con las que pagar las campañas en B a la trama Gürtel. O Francisco Granados, exsecretario general del mismo PP de Madrid del que salen tanto Pablo Casado como Isabel Díaz Ayuso.

“Trabajaremos para que cada madrileño viva su vida en libertad”, dice Díaz Ayuso. En libertad bajo fianza, como Ignacio González, si es que la libertad sin cargos no se puede lograr.