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El juez Enrique López, apartado de los casos Bárcenas y Gürtel, elegido por Díaz Ayuso como su consejero de Justicia

El magistrado de la Audiencia Nacional fue apartado en ambos casos por su afinidad con el Partido Popular

Fue también condenado por un delito contra la seguridad vial por conducir su moto sin casco, duplicando la tasa de alcoholemia permitida, y saltarse un semáforo en rojo

López se hará cargo de una cartera que asume las funciones de Interior, antes incluidas en la consejería de Presidencia y que suma a su denominación la alusión a las víctimas del terrorismo

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González cree que Enrique López hecho lo correcto al dimitir porque ha asumido la responsabilidad de su "equivocación"

El magistrado Enrique López. EFE

El magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López será el nuevo consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que ficha así para su Ejecutivo a un juez apartado de los casos Bárcenas y Gürtel por su afinidad con el Partido Popular.

El nombre de López, adelantado por La Razón este domingo y confirmado a Efe por el PP, es el primero que se conoce de una consejería de los populares, que tendrán siete en el Gobierno de coalición junto a Ciudadanos, con seis consejerías incluida la Portavocía del Gobierno.

Ayuso pretende dar a conocer su Gobierno al completo tras su toma de posesión como presidenta este lunes, mientras que Cs ha desgranado ya la mayoría de los nombres de sus consejeros.

El magistrado de la Audiencia Nacional se hará cargo de una cartera que asume las funciones de Interior, antes incluidas en la consejería de Presidencia y que suma a su denominación la alusión a las víctimas del terrorismo.

Desde el equipo de Ayuso destacan de López que es "uno de los grandes expertos en el tratamiento jurídico del terrorismo" tanto de ETA como yihadista, también en delincuencia económica o que creó y presidió el Observatorio de Violencia de Género del CGPJ .

Apartado de los casos Bárcenas y Gürtel

El caso de Enrique López (Cacabelos, León, 1963) es único por la insistencia del Partido Popular en encumbrarlo. En junio de 2013, el PP por fin logró que se convirtiera en magistrado del Tribunal Constitucional junto a Pedro González-Trevijano, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos cuando obtuvieron sus másteres Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón. Un año después, la Policía Municipal detuvo a Enrique López por el centro de Madrid conduciendo su moto a las 7:30 de la mañana borracho -cuadriplicó la tasa de alcoholemia permitida-, y sin casco. López se vio obligado a dimitir.

Se le condenó por un delito contra la seguridad vial, se le retiró el carnet durante 8 meses y tuvo que pagar una multa de 1.440 euros.

Además, en 2015 fue apartado por la Audiencia Nacional de los casos Bárcenas y Gürtel junto a Concepción Espejel. Los compañeros de estos magistrados en la Sala de lo Penal decidieron por mayoría que no cumplían con la apariencia de imparcialidad requerida y que no podían juzgar una causa en la que el Partido Popular era acusado como responsable civil y en el banquillo se sentaban una veintena de sus antiguos cargos. Entre los argumentos para apartar a López de cualquier juicio al PP estaba el haber sido propuesto por este partido para varios puestos y las conferencias pagadas que había dado en FAES.

Pero la vida, o más bien el control del PP del órgano de Gobierno de los jueces, dio a Enrique López una segunda oportunidad y le convirtió en magistrado de la recién creada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional en la primavera de 2017, una decisión anulada por el Tribunal Supremo, tras la que el CGPJ decidió mantenerlo en la sala como adscrito, junto al magistrado Eloy Velasco.

López formó parte del tribunal que llevó a juicio al concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata, que finalmente fue absuelto por la Audiencia Nacional de humillar a las víctimas del terrorismo por el tuit que publicó sobre Irene Villa en 2011.

Desde la sala de apelaciones de la AN ha tomado decisiones como ratificar que la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) en octubre de 2016 no fue terrorismo.

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