Tres contratos adjudicados a Madrid Network entre 2020 y 2024 por la Consejería de Sanidad del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso han vuelto a poner sobre la mesa el enigmático blindaje que desde hace 15 años protege a la asociación fundada por iniciativa de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y cuyos constantes impagos del macropréstamo público que recibió en 2011 ya han provocado un agujero de más de 70 millones en las cuentas regionales.

A la pregunta de si la Consejería de Sanidad considera ajustada a la ley la adjudicación de esos contratos relacionados con proyectos financiados por la UE a una asociación que desde 2018 no ha devuelto ni un euro a la Comunidad de Madrid, fuentes autorizadas respondieron lo siguiente: “No existe [señala también la respuesta] ninguna relación con préstamos o financiaciones de dicha entidad [Madrid Network]; la vinculación se limita exclusivamente a la contratación puntual de sus servicios como expertos en gestión de proyectos europeos”. “Estos contratos”, agrega la respuesta, “se realizaron conforme a la normativa de contratación del sector público mediante la figura del contrato menor, al tratarse de necesidades técnicas específicas y por un importe dentro de la legalidad”.

El Gobierno de Ignacio González puso en manos de Madrid Network en 2015 el reparto de 10,5 millones en subvenciones cofinanciadas por la UE pese a que la Comunidad tenía ya datos de que buena parte de los 80 millones del préstamo traspasados en 2011 iba cayendo en picado. En febrero de 2017 —mandato de la expresidenta Cristina Cifuentes—, la Comunidad firmó la extinción anticipada de aquellos dos convenios. Lo anuló de forma anticipada para “agilizar y acortar los plazos restantes de tramitación” de aquellos fondos.

Impagos recurrentes en perjuicio de la Comunidad

Más allá del aspecto jurídico así como de la contradicción que entraña dar adjudicaciones públicas a una entidad morosa aun tratándose de cuantías pequeñas —las tres adjudicaciones suman 34.912 euros—, el episodio desvela otra paradoja: porque los tres contratos, de los conceptuados como “menores”, tienen por objeto el asesoramiento a las fundaciones de tres hospitales públicos (12 de Octubre, Infanta Leonor y Sureste) en gestión económico-financiera. Y resulta que la encargada de prestar tal apoyo es la asociación que repartió 47 préstamos entre empresas “asociadas” de las que solo 19 han cumplido o están cumpliendo los plazos de amortización.

Los tres contratos comparten la condición de menores —aquellos cuya cuantía no supera los 15.000 euros si se trata de servicios y suministros— pero, sobre todo, comparten una circunstancia que alimenta los interrogantes sobre la relación del Gobierno madrileño con Madrid Network. Y esa circunstancia común se resume en lo que sigue: que se le otorgaron esos contratos cuando, lejos de ser un factor coyuntural, los impagos de las cuotas anuales de devolución del préstamo multimillonario ya se habían convertido en el patrón seguido por una entidad que en sus primeros años tuvo como presidente al consejero de Hacienda de Madrid, pagó por asesoramiento 1,8 millones a Equipo Económico —la mercantil del exministro Cristóbal Montoro— y para cuyo departamento de prensa trabajó Isabel Díaz Ayuso antes de desembarcar en el Parlamento regional en 2011.

Pese a la recurrencia de los impagos del préstamo de 2011, las fundaciones de investigación de los tres hospitales públicos antes citados eligieron a Madrid Network. Actuaron así porque —se lee en la respuesta de la Consejería de Sanidad— “tras realizar una prospección de mercado y valorar tres ofertas de diferentes empresas, se optó por Madrid Network por considerar que su propuesta se ajustaba mejor a las necesidades técnicas y económicas del servicio”. Y ese servicio “consistió en apoyo administrativo, económico-financiero y de gestión para la correcta ejecución y justificación de proyectos europeos” en los que participan la fundación vinculada a los hospitales Infanta Leonor y el del Sureste así como la del 12 de Octubre. Esas dos fundaciones —aduce el Ejecutivo madrileño— no disponen “de medios propios”. Ninguna de ellas mantiene “relación continuada” con Madrid Network. En el caso del contrato del 12 de Octubre, fechado en 2020, año de la pandemia, la adjudicación “obedece a circunstancias excepcionales, siendo la única colaboración” con Madrid Network.

Una entidad que nunca publica sus cuentas

Oficialmente, Madrid Network es en efecto una entidad privada cuyas cuentas nunca han sido de acceso general —ni parlamentario— porque solo las asociaciones de “utilidad pública” están obligadas a depositarlas en el registro. Y Madrid Network nunca ha adquirido ese rango pese a que, en mayo de 2011 y para su reparto entre terceros dedicados al amplio campo de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación), la Comunidad de Madrid le transfirió 80 millones aportados por el Ministerio de Ciencia y que necesariamente había que devolver al Gobierno central.

Dado que Madrid Network es un pagador moroso a gran escala, han salido del presupuesto público regional las cuotas de devolución al Ministerio de Ciencia. Es decir, al departamento que bajo el Gobierno de Zapatero asignó a la Comunidad de Madrid aquellos 80 millones que acabaron en manos de Madrid Network. Según fuentes del Ministerio de Ciencia, a fecha de 12 de febrero el Gobierno madrileño ya había desembolsado 85.381.122 euros, de los cuales 74.708.223 corresponden al principal del préstamo, y 10.748.624 a intereses. La última cuota se girará a final de 2026 con vencimiento en febrero de 2027. Su importe será menor que los ya cargados: 865.355 euros.

Los documentos oficiales remitidos por el Ejecutivo autonómico en respuesta a una pregunta del diputado socialista Daniel Rubio señalan que Madrid Network distribuyó 46 préstamos entre terceros y se reservó para sí misma uno de 2,58 millones sobre el que la tabla no facilita ningún dato. De esos 47 proyectos beneficiados con créditos a bajísimo interés (1,232%), más de la mitad —27— han acabado en los tribunales porque las prestatarias no han devuelto el dinero. En algunos casos, no han desembolsado ni un euro.

Entre las empresas beneficiadas figuran dos de Ildefonso de Miguel, que fue la mano derecha del sucesor de Aguirre al frente de la Comunidad, Ignacio González; y una asociación encabezada por Manuel Lamela, quien como consejero de Sanidad en la etapa de Aguirre lanzó una persecución inquisitorial contra los médicos del hospital Severo Ochoa, a los que acusó de matar a pacientes mediante “sedación irregular”.

De los 80 millones concedidos en 2011 por el Gobierno de Aguirre, Madrid Network solo ha devuelto 10,9 a través de dos cuotas de devolución, una abonada en 2016 y la segunda, en 2017. Y así consta en las memorias anuales que, pese a la escasa información en ellas ofrecida —esos documentos no equivalen a lo que conocemos como cuentas—, mantuvo ocultas el equipo de Ayuso hasta que el Supremo le obligó el pasado mes de octubre a difundirlas.

“Objetivos cumplidos”

Pese a que desde 2018 Madrid Network no ha devuelto ninguna cantidad al Gobierno madrileño y pese a que es la asociación la que ha llevado a los tribunales al Ejecutivo para cuestionar el calendario de amortización y bloquear así el preceptivo pago de las cuotas, la Comunidad no se ha planteado en ningún momento anular el convenio por el que en 2011 le transfirió 80 millones. De hecho, y cuando la Cámara de Cuentas de Madrid ya llevaba tres años avisando del creciente agujero provocado por los impagos, la Consejería de Educación volvió a subvencionar a Madrid Network: le dio 106.974 euros en 2023 y 229.877 al año siguiente. Hace un mes, portavoces de la Comunidad sugirieron, sin dar detalles, que se ha interpuesto una demanda judicial contra Madrid Network. De tal demanda no hay, de momento, ningún rastro.

La conexión oficial entre el Gobierno de Madrid y Madrid Network se mantuvo hasta que en septiembre de 2025 la Comunidad se desvinculó de la asociación a través de un escrito firmado por el entonces consejero de Educación, Emilio Viciana. Destituido por Ayuso en febrero, Educación tiene ahora como consejera a Mercedes Zarzalejo. Hace una semana, y ante la pregunta de la diputada de Más Madrid Marta Lozano sobre qué motivos habían conducido a la Comunidad a darse de baja como socia de Madrid Network, Zarzalejo dijo lo siguiente: “Muy sencillo. Hemos decidido darnos de baja en esta asociación porque hemos cumplido los objetivos que motivaron incluirnos en ella”. La bancada parlamentaria del PP celebró con risas la respuesta. Y la consejera sonrió.

Navidad o fiestas, he ahí la cuestión. Al menos, para Partido Popular de la Comunidad de Madrid, que plantea esta disyuntiva cada año como parte de su repertorio de guerra cultural contra el Gobierno dirigido por Pedro Sánchez. Pero no desde siempre. La hemeroteca no miente.

La publicación más reciente es de este 24 de diciembre, cuando Sánchez deseó unas “felices fiestas” en un vídeo compartido a través de su perfil de X. Menos de dos horas después, el PP de Isabel Díaz Ayuso matizaba al presidente. “Feliz Navidad [con dos emojis: un árbol navideño y un regalo]. Se dice FELIZ NAVIDAD [sic]. No cuesta tanto decirlo”, escribieron en la misma plataforma, respondiendo al 'socialista'.

Es el mismo mensaje (idéntico) que utilizó el partido para responder al PSOE el año pasado. O las navidades pasadas, que diría el PP. Sin embargo, a pesar de la insistencia de los 'populares' en defender el término, mucha gente utiliza ambas expresiones indistintamente para felicitar estas fechas. Incluso dirigentes de su propio partido.

Diciembre de 2016. Alfonso Serrano, actual secretario general del PP en la región y mano derecha de Ayuso. “En nombre de la gestora y de nuestra presidenta, Cristina Cifuentes, muchas gracias por vuestro trabajo y felices fiestas”. La entonces presidenta Cifuentes, unos días más tarde: “Os deseo de corazón, unas felices fiestas y un estupendo año nuevo”.

Cifuentes tiene varios ejemplos. Más de treinta, desde 2009 hasta 2021.

Avancemos en el tiempo. Diciembre de 2019, ya durante la etapa de Ayuso al frente del Ejecutivo madrileño. Esta vez, Carlos Díaz-Pache, portavoz de los 'populares' en la Asamblea regional. “Felices fiestas a todos”, “felices fiestas a todos, equipo” o “gracias y felices fiestas”. Hasta tres ocasiones, en los días 12, 13 y 14.

Más atrás en el tiempo. 2013. Cuenta de lo que entonces se llamaba Twitter del Grupo Popular Madrid, en la alcaldía. El perfil da la bienvenida a la red social a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid... con un “felices fiestas”.

Diciembre de 2017. Esta vez, fuera de la capital, ni más ni menos que en la Presidencia del Gobierno de España. Mismo cargo que el que ocupa ahora el Sánchez al que responde el PP madrileño. Pero, en aquella ocasión, con Mariano Rajoy como líder del Ejecutivo. Del PP, vaya. “En estas fechas tan señaladas, nuestros militares y sus familias cuentan con el afecto de todos. Su sacrificio y entrega es un orgullo para los españoles. Felices Fiestas, Ministerio de Defensa. MR”.

En diciembre de 2014, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, informaba de que su consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, dejaba la política para pasar a ser vicerrector de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) en Guatemala. Dos años después, el Gobierno regional, dirigido en ese momento por Cristina Cifuentes, autorizaba a la UFM a abrir un campus en Madrid para impartir títulos que solo tienen valor en Guatemala.

La UFM se ha visto estos días en el centro de la polémica generada alrededor de Noelia Núñez, diputada nacional del PP que ha anunciado que dimite de todos sus cargos después de hacerse público que durante años ha incluido en su currículum vitae una licenciatura que no tenía. Aunque ella nunca lo ha dicho, la universidad ha presentado en los últimos años a Núñez como una de sus profesoras de Ciencias Políticas. Hasta que saltó el caso del CV inflado y de la noche a la mañana han desaparecido de la web de la UFM las referencias a la joven política. La universidad dice ahora que nunca ha sido profesora en sus campus. Pero, impartiera clase o no, era presentada como tal. La evidencia sigue ahí porque internet todo lo guarda.

La Comunidad de Madrid autorizó el funcionamiento de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) pese a que el preceptivo informe previo que elabora el Ministerio de Universidades para analizar si una propuesta de universidad privada se ajusta a la legalidad era desfavorable. “En la propuesta de informe elaborada se formulan distintas observaciones que son relevantes y que conducen a la propuesta de informe desfavorable. Las observaciones inciden en tres aspectos: no se aportan datos sobre número de doctores; no se justifica la existencia de suficientes espacios docentes; y el contrato de arrendamiento deja de tener vigor por el incumplimiento de la condición suspensiva prevista en el mismo”, refleja el informe elaborado por el Consejo de Universidades en 2015, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El mismo día que el Consejo de Universidades debatía este informe, que “la comisión permanente asume en su integridad”, la Comunidad de Madrid sostuvo que las deficiencias recién señaladas por el órgano ministerial ya estaba subsanadas. Este periódico ha preguntado al Gobierno regional por esta circunstancia, pero no ha obtenido respuesta. Dos años después de aquella afirmación, el Ejecutivo que entonces presidía Cristina Cifuentes y que tenía a Rafael Van Grieken como consejero aprobaba la licencia para el centro, firmada por este último. Con este movimiento, Cristina Cifuentes se adelantaba a la actual presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la práctica de otorgar licencias a universidades que han sido rechazadas por los informes técnicos del ministerio. En la Orden del 22 de febrero de 2017 que permite la actividad en Madrid de la UFM se explicita que en cumplimiento de la ley “el expediente ha sido informado por el Consejo de Universidades”. Lo que no dice es que ese dictámen fue desfavorable.

Una vez autorizada, la UFM se ubicó en Madrid en las instalaciones de EUDE Business School, una escuela de estudios superiores que apareció en las investigaciones de Lezo y Púnica, dos operaciones anticorrupción que afectaban al PP.

Contra el socialismo

La “Marro”, como se conoce a la UFM, nació a principios de los 70 como reacción al incremento del socialismo en América Central y Latina y tiene la consideración de “templo del neoliberalismo en Latinoamérica”. Desde su ideología en defensa de “la libertad individual, la propiedad privada, un gobierno limitado y el mercado libre” el centro mantiene una relación cercana con el Partido Popular de la que Núñez es el último ejemplo.

Fue un gobierno popular el que aprobó el centro mientras uno de sus exconsejeros era vicerrector. Esperanza Aguirre, que era la presidenta madrileña cuando la UFM comenzó el trámite para establecerse en España, participó como una de las estrellas invitadas en el Foro Latinoamericano de la Libertad en 2016 (en el lapso de tiempo durante el que la Comunidad de Madrid tramitaba la licencia), coorganizado por la UFM. La otra entidad detrás de ese foro es Atlas Network, que se presenta como una plataforma de promoción del libre mercado, pero según el periodista e investigador Julián Macías actúa como una red internacional en el ámbito de la derecha que ha intervenido activamente para influir en procesos políticos y mediáticos globales.

Por la universidad han ido pasando profesores vinculados con más o menos intensidad al PP. Hasta hace unos días, Noelia Núñez era la última de una lista que incluye perfiles como José María Rotellar, que fue encargado del área económica del gabinete de Pablo Casado cuando era presidente en el partido o Pedro Swartz, quien se relacionó con el partido a principios de los años 80 pero sobre todo fue padrino político de Esperanza Aguirre. Lucía Figar, que fuera consejera de Educación precisamente con Aguirre, también se cuenta entre las conferenciantes que han pasado por el centro.

Luego está el caso de Noelia Núñez. Durante años, la popular figuró como docente en la UFM. Tenía su propio perfil en el que se destacaba que profesora en Ciencias Políticas. Cuando empezó a sonar en redes el rumor de que la política no tenía la licenciatura que decía tener, la biografía colgada en esa página cambió. Pasó de tener una licenciatura por la Universidad Central de Misuri a una en la Universidad Complutense de Madrid (supuestamente había habido una confusión con las siglas, UCM). Poco después de que Núñez admitiera que no había tal título, su perfil desapareció.

La profesora que no lo fue

El País preguntó a la universidad y una portavoz explicó que la popular impartía docencia en el campus de Guatemala, sin más explicaciones. Esa versión duró un día. En la noche del miércoles al jueves (de España), la sede central de la UFM se desentendió definitivamente de Núñez con un comunicado titulado “Claridad sobre visita a la UFM”, donde señala que “Noelia Núñez no ha ejercido funciones docentes ni forma parte del cuerpo académico de la Universidad Francisco Marroquín”. Este periódico ha preguntado a la Universidad por esta incongruencia, sin respuesta.

Fernando Díaz Villanueva, escritor y periodista español, le dedicó una entrada en su web al centro, del que destaca las facilidades que ha encontrado para establecerse. “En Guatemala (...) está muy desregulada la educación superior. Por allá es mucho más sencillo abrir una universidad, ponerla a funcionar y crear titulaciones propias. Tienen en Guatemala, además, la ventaja de que las universidades están exentas del pago de impuestos, lo que convierte a esta actividad en algo que puede llegar a ser muy lucrativo”.

Y recuerda que la versión española del centro no tiene mucha utilidad por sí misma en Europa. Porque la UFM se denomina “universidad”, pero en España no tiene la capacidad de expedir títulos oficiales. No cuenta como una de las 13 privadas que hay en Madrid. Sus estudios solo tienen validez en Guatemala. “La UFM no tiene carácter oficial, es tan solo una universidad extranjera operando en España (...). Los títulos que expida, por lo tanto, no son oficiales ni estarán concedidos por el rey Felipe. Tampoco serán reconocidos a la par que los españoles en la propia España o en cualquiera de los 27 países integrantes de la Unión Europea”.

También se sorprende este analista de que Javier Fernández Lasquetty, por entonces todavía vicerrector del centro, “no es siquiera doctor ni hizo carrera académica (...). Es muy probable que en España no hubiese llegado a ocupar ese cargo. Tampoco es del todo razonable que lo ocupe en Guatemala”, cierra.

El director de l’ABC, Julián Quirós, coneix bé València i la seua àrea metropolitana. Va ser director de Las Provincias durant onze anys, el principal diari conservador de la província. Com explica en els seus articles, també coneix bé el president de la Generalitat, Carlos Mazón, i fins i tot li té afecte personal. Mazón va arribar a la presidència del PP valencià el 2019 amb el beneplàcit de Las Provincias. Un polític de dretes d’Alacant sempre necessita el mitjà fundat per Teodor Llorente per a apoderar-se del control del PP autonòmic. Ho va fer també Zaplana quan, amb el suport incondicional de María Consuelo Reyna allà per l’any 1993, va saltar de Benidorm a la política valenciana. En el PP, com en tots els partits valencians, sempre hi ha una tensió entre Alacant i València que els mitjans de comunicació ajuden a modular.

Però Quirós s’ha cansat de les mentides de Mazón en la seua gestió de la DANA i, en un mateix dia, ha demanat la dimissió del president de la Generalitat a través del seu solt d’opinió “Sala de Máquinas”, amb un editorial i amb una portada demolidora. S’ha sumat al bombardeig Federico Jiménez Losantos, que, amb el seu estil particular, també afirma que la situació de Carlos Mazón és “indefensable”. La Razón publicava dilluns una enquesta en què concloïa que el principal problema d’Alberto Núñez Feijóo en el seu viacrucis fins a la Moncloa és el polític alacantí. Setmanes abans, Vicente Vallés, Ana Rosa Quintana i fins i tot Pablo Motos han deixat caure en els seus programes que el cap del Consell ha d’apartar-se.

En la dreta espanyola han tret la guillotina a passejar. I Lluís XVI és Carlos Mazón. El silenci en les files conservadores és eixordador. A Mazón només li queda Miguel Tellado. I ja se sap què li passa a un polític quan es queda sol. Que li ho pregunten a Cristina Cifuentes, que no va dimitir per l’escàndol destapat per elDiario.es del màster que li va regalar la Universitat Rei Joan Carles i se’n va anar a casa per un vídeo en què apareixia robant cremes de bellesa en un supermercat.

Quines deuen ser les cremes de Mazón?, es pregunten en privat militants del PP i molts ciutadans en les xarxes socials. Com les meigas, haver-n’hi, n’hi ha. Aquest diari sap, i ha pogut constatar-ho, que circulen per València àudios del president de la Generalitat en reunions tancades amb el seu comité de direcció. En aquestes, asseguren fonts sabedores del contingut, el president explica l’estratègia de confrontació amb el Govern d’Espanya per a traure el cap en la crisi de la DANA. El típic o Sánchez o jo. És la guerra. Però també detalla errors comesos, no confessats en públic, i el seu “noqueig” els dies posteriors a la catàstrofe en què, sent ell el president dels valencians i valencianes, se li van morir 228 persones a huit quilòmetres del seu despatx. Mazón –i no un altre– era el cap del Consell.

La cosa més cridanera d’aquests àudios, que no tenen rellevància penal, no és el contingut, sinó que el seu cercle més pròxim gravant el president i mou la gravació per València. Deu haver arribat ja a Madrid? La màquina d’oxigen que manté Mazón al Palau ja no està en el PPCV. Ni a Alacant. Està al carrer de Génova i a ca Santiago Abascal.

Una altra de les possibles cremes que circulen cada vegada amb més intensitat per les tertúlies de Madrid i València és la versió dels seus escortes. Mazón, com a president de la Generalitat, quasi sempre va acompanyat d’un equip de seguretat de la Policia Autonòmica de la Generalitat, una unitat adscrita a la Policia Nacional. I, com les parets, els escortes senten. I parlen. Aquesta informació (o desinformació) ja està en mans de persones que, per poc que preguntes, conten les més inversemblants i pintoresques històries d’on va estar el president de la Generalitat després de dinar en El Ventorro. Entre les 18.00, quan va eixir del seu copiós i ben regat àpat amb la periodista, i la pretesa arribada al Cecopi, a les 20.28, segons la seua última versió. La jutgessa, de moment, s’ha negat a citar els escortes. Però tot arribarà.

Hi ha cremes també en el passat polític de Carlos Mazón a Alacant. De la seua etapa en la Diputació d’Alacant abans i després del cas Brugal que el va fer eixir xiulant de la institució el 2009, però també del seu pas per la Cambra de Comerç de la ciutat. Antifrau investiga una empresa de la Cambra i del seu amic Carlos Baño per gestionar de manera dubtosa el pla estrela de Mazón per al comerç d’Alacant. Anticorrupció també indaga en els contractes a mitjans de comunicació que va donar l’entitat provincial alacantina quan Mazón era president de la institució provincial. I una tercera que portarà molts titulars. La nova seu de la Cambra de Comerç d’Alacant en l’edifici Panoramis. Mazón donarà a la institució en què treballava 1,5 milions d’euros per a construir-se un palau al costat del port.

Quan saltarà l’escàndol, l’àudio o la confessió a la premsa conservadora que el vol dimitit? És qüestió de temps. Mentrestant, en elDiario.es continuarem informant de la nefasta gestió de la Generalitat durant la DANA que va assotar València l’octubre del 2024. I continuarem investigant on estava i què va fer Mazón a cada moment en el fatídic 29O. Perquè el president no ho ha explicat. Perquè el president ha canviat de versió i ha mentit als valencians i les valencianes. Amb cremes o sense. És la nostra obligació.

El director de ABC, Julián Quirós, conoce bien València y su área metropolitana. Fue director durante once años de Las Provincias , el principal diario conservador de la provincia. Como cuenta en sus artículos, también conoce bien al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y hasta le tiene afecto personal. Mazón llegó a la presidencia del PP valenciano en 2019 con el beneplácito de Las Provincias. Un político de derechas de Alicante siempre necesita al medio fundado por Teodoro Llorente si quiere controlar el PP autonómico. Lo hizo también Zaplana cuando, con el apoyo incondicional de María Consuelo Reyna allá por el año 1993, saltó de Benidorm a la política valenciana. En el PP, como en todos los partidos valencianos, existe una tensión permanente entre Alicante y València que determinados medios de comunicación pueden ayudar a modular.

Pero Quirós se ha cansado de las mentiras de Mazón en su gestión de la DANA y, en un mismo día, ha pedido la dimisión del presidente de la Generalitat a través de su artículo de opinión “Sala de Máquinas”, con un editorial y con una portada demoledora. Se ha sumado al bombardeo Federico Jiménez Losantos que, con su particular estilo, también afirma que la situación de Carlos Mazón es “indefendible”. La Razón publicaba este lunes una encuesta en que concluía que el principal problema de Alberto Núñez Feijóo en su vía crucis hasta la Moncloa es el político alicantino. Semanas antes, Vicente Vallés, Ana Rosa Quintana y hasta Pablo Motos han dejado caer en sus programas que el jefe del Consell debe apartarse. La última vez que hubo tanta unanimidad en la prensa conservadora, se despeñó a Pablo Casado por el balcón de Génova 13 y en los despachos se pactó que era el tiempo de Feijóo.

Como entonces, la derecha española ha sacado la guillotina a pasear. Y el Luis XVI de 2025 es Carlos Mazón. El silencio en las filas conservadoras es ensordecedor cuando se buscan supuestos apoyos. A Mazón solo le queda Miguel Tellado. Y ya se sabe lo que le pasa a un político cuando se queda solo. Que le pregunten a Casado, que era el presidente nacional, el primero elegido en primarias, o antes a Cristina Cifuentes, que no dimitió por el escándalo destapado por elDiario.es del máster que le regaló la Universidad Rey Juan Carlos y se fue a su casa por un vídeo en el que aparecía robando cremas de belleza en un supermercado.

Militantes del PP se preguntan ahora ¿cuáles serán las cremas de Mazón? Como las meigas, haberlas haylas. Este periódico ha podido constatar que circulan por València audios del presidente de la Generalitat en reuniones cerradas con su comité de dirección. En ellas, aseguran fuentes conocedoras del contenido, el presidente explica la estrategia de confrontación con el Gobierno de España para sacar la cabeza en la crisis de la DANA. El típico 'o Sánchez o yo. Es la guerra'. Pero también detalla errores cometidos, no confesados en público, y su “noqueo” (el verbo es de Alberto Núñez Feijóo) en los días posteriores a la catástrofe en la que, siendo él el presidente de los valencianos y valencianas, se le murieron 228 personas a ocho kilómetros de su despacho. Mazón —y no otro— era el jefe del Consell.

Lo llamativo de estos audios, que no tienen relevancia penal, no es tanto el contenido, como que su círculo más cercano está grabando al presidente y moviendo los audios por València. ¿Habrán llegado ya a Madrid? La máquina de oxígeno que mantiene a Mazón en el Palau ya no está en el PPCV. Ni en Alicante. Está en la calle Génova y en casa de Santiago Abascal, que salvó con sus votos la votación más complicada en Corts Valencianes.

Entre las posibles “cremas” que circulan cada vez con más intensidad por los mentideros de Madrid y València está la versión de sus escoltas. Mazón, como presidente de la Generalitat, casi siempre va acompañado de un equipo de seguridad de la Policía de la Generalitat, una unidad autonómica adscrita a la Policía Nacional. Y, como las paredes, los escoltas escuchan. Y hablan. Esa información (o desinformación, según a quien se le pregunte) ya está en manos de personas que, a poco que se interrogue, cuentan las más inverosímiles y pintorescas historias sobre dónde estuvo el presidente de la Generalitat tras comer en el Ventorro. Entre las 18.00, cuando salió de su copioso y bien regado ágape con la periodista, y la supuesta llegada al Cecopi, a las 20.28, según la última de sus versiones. La jueza, de momento, se ha negado a citar a los escoltas. Pero eso no quiere decir que no vaya a hacerlo, llegado el momento.

Hay otras “cremas” también en el pasado político de Carlos Mazón en Alicante. En su etapa en la Diputación de Alicante antes y después del 'caso Brugal' que le hizo salir pitando de la institución en 2009, pero también en su paso por la Cámara de Comercio de la ciudad. Antifraude investiga a una empresa de la Cámara y de su amigo Carlos Baño por gestionar de manera dudosa el plan estrella de Mazón para el comercio de Alicante. Como desveló elDiario.es, Anticorrupción también indaga en los contratos a medios de comunicación que dio la entidad provincial alicantina cuando Mazón era presidente de la institución provincial. Y una tercera que traerá muchos titulares. La nueva sede de la Cámara de Comercio de Alicante en el edificio Panoramis. Mazón le dará a la institución en la que trabajaba 1,5 millones de euros para construirse un palacio junto al puerto, como también hemos contado.

¿Cuándo saltará el escándalo, el audio o la confesión a la prensa conservadora que lo quiere dimitido y allana el camino para que Feijóo baje definitivamente el pulgar? Es cuestión de tiempo pero también de encuestas (las que pronostican una sangría del PP en uno de sus feudos claves). Mientras tanto, en elDiario.es continuaremos informando de la nefasta gestión de la Generalitat durante la DANA que azotó Valencia en octubre de 2024. Y seguiremos investigando dónde estaba y qué hizo Mazón en cada momento en el fatídico 29 de octubre. Porque el presidente no lo ha explicado. Porque ha cambiado de versión y ha mentido a los valencianos y las valencianas. Sin necesidad de cremas, porque es nuestra obligación.

Hoy proponemos la entrevista que el pasado mes de octubre Juanlu Sánchez grabó con Inés Hernand. Presentadora, periodista, activista de unas cuantas causas, Inés Hernand es entretenimiento y es política. Es divulgación y es humor. Es intensidad y es información. Es podcast, televisión, cultura, fama, feminismo, dilemas internos y pasión: “Con 12 años viví un episodio desagradable en el instituto que me deja un poco marginada. Durante ese curso conozco a mi mejor amiga. Mi mejor amiga era gorda y mi mejor amigo era homosexual. Entonces éramos la puta, la gorda y el maricón. Efectivamente, que se rija la sociedad así a mí me hace saltar, claro”. 

También hablamos con ella de su paso por Masterchef, de su amistad con Cristina Cifuentes o sobre cómo poner cortafuegos para no estar en algunos lugares en los que no se quiere estar.  

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Inés Hernand es entretenimiento y es política. Es divulgación y es humor. Es intensidad y es información. Es podcast, televisión, cultura, fama, feminismo, dilemas internos y pasión. Es una generación que crece: “Con 12 años viví un episodio desagradable en el instituto que me deja un poco marginada. Durante ese curso conozco a mi mejor amiga. Mi mejor amiga era gorda y mi mejor amigo era homosexual. Entonces éramos la puta, la gorda y el maricón. Efectivamente, que se rija la sociedad así a mí me hace saltar, claro”. 

También hablamos con Inés Hernand de su paso por Masterchef, de su amistad con Cristina Cifuentes o sobre cómo poner cortafuegos para no estar en algunos lugares en los que no se quiere estar.

La entrevista fue grabada el 10 de octubre de 2024 en la redacción de elDiario.es en Madrid.

¿Qué es ‘Las entrevistas de Un tema Al día’?

Tras el éxito de Un tema Al día, el daily de elDiario.es con más de un millón de escuchas al mes y que lidera las plataformas de audio, llega ahora un nuevo formato: Las entrevistas de Un tema Al día. Presentadas también por Juanlu Sánchez, se trata de una serie de conversaciones con periodistas, personalidades de la cultura, la política o el deporte que tengan reflexiones que compartir sobre la sociedad. Las entrevistas completas se publicarán cada dos semanas en exclusiva en Podimo.

Más información sobre Las entrevistas de Un tema Al día en este enlace. 

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El Tribunal Supremo ha confirmado que la cadena de supermercados Eroski tendrá que pagar 30.000 euros a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por la filtración de un vídeo de sus cámaras de seguridad en 2011 en las que la política era registrada por el supuesto robo de unas cremas. Los jueces de la sala de lo civil entienden que la cadena debe indemnizar a Cifuentes por los perjuicios y la vulneración de su derecho a la intimidad que provocó la publicación del vídeo años después, lo que precipitó su dimisión en pleno escándalo por el 'caso Máster' desvelado por elDiario.es.

El vídeo fue grabado por las cámaras de seguridad de un supermercado cercano a la Asamblea de Madrid en mayo de 2011, en un momento en el que Cifuentes era diputada del PP en la cámara de Vallecas, un año antes de dar el salto a la política nacional como Delegada del Gobierno en la capital. En el vídeo podía verse a la política siendo interrogada por trabajadores de seguridad de Eroski por la sustracción de unas cremas.

Esas imágenes precipitaron la caída de Cifuentes cuando en abril de 2018 el digital OkDiario publicó el vídeo. Para entonces, la presidenta regional madrileña llevaba un mes envuelta en el 'caso Máster', la investigación de elDiario.es que reveló que Cifuentes había obtenido un título de posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos sin ir a clase, sin examinarse y sin entregar trabajos.

Las irregularidades de su máster terminaron en absolución para ella y en condenas firmes de hasta dos años de cárcel para las implicadas en las irregularidades: la exasesora de la Comunidad, Teresa Feito, que promovió la falsificación de las actas, y la profesora Cecilia Rosado, que perpetró la falsificación. En paralelo, Cifuentes intentó sin éxito perseguir por lo penal a los periodistas de elDiario.es que desvelaron la exclusiva y promovió un pleito por la vía civil para ser indemnizada por la filtración del vídeo de las cremas.

El Tribunal Supremo acaba de confirmar lo que estableció la Audiencia Provincial de Madrid en esta última ramificación judicial del caso: la cadena Eroski debe indemnizar a Cifuentes con 30.000 euros. La sala primera del alto tribunal avala la cantidad que debe cobrar la expresidenta madrileña por los errores del supermercado en la custodia de unas imágenes que, siete años después, acabaron publicadas por un medio de comunicación: “No se ha justificado que la sentencia de la Audiencia Provincial haya infringido los criterios legales de fijación del importe de la indemnización, ni que el importe haya sido fijado arbitrariamente o sea desproporcionado”, dicen los jueces.

Pedro Rollán (Madrid, 1969) tenía 18 años cuando ETA perpetró uno de sus atentados más sanguinarios: la masacre de Hipercor en Barcelona en la que un coche bomba ocasionó la muerte de 21 personas e hirió a otras 45. Más de tres décadas después, y con la banda terrorista desaparecida desde 2018, el dirigente del Partido Popular llevó al límite la utilización de ETA para atacar al Gobierno de coalición y su política de alianzas al afirmar en sede parlamentaria que “los cimientos de la ley de vivienda se levantan sobre las cenizas del atentado de Hipercor”. 

Fue hace solo tres meses, durante la campaña electoral de las autonómicas y municipales. La dirección del partido evitó respaldarlo públicamente, pero avaló con su silencio un nuevo episodio de utilización de ETA como elemento de confrontación política y de desgaste del PSOE. Ahora, Alberto Núñez Feijóo acaba de aupar a Rollán al puesto de presidente del Senado, que logró en una votación sin suspense gracias a la mayoría absoluta que los conservadores obtuvieron en esa Cámara. 

El líder del PP sitúa así como cuarta autoridad del Estado a un dirigente que en los últimos tiempos ha dado muestras de seguir a pies juntillas la estrategia del PP de cuestionar las alianzas del Ejecutivo con formaciones como EH Bildu e incluso la propia legitimidad de Pedro Sánchez para ocupar la presidencia del Gobierno. “Es incapaz de respetar el resultado de las urnas”, dijo el flamante presidente del Senado días después de ser elegido, obviando la institucionalidad que exige el cargo que acaba de estrenar. 

Rollán, al que algunos de sus rivales políticos atribuyen un talante conciliador y que hace gala de tener un buen trato con la prensa, fue rescatado por Feijóo en abril de 2022 para formar parte de su dirección cuando fue elegido líder del partido. Ambos se conocen desde hace años, cuando el dirigente gallego dirigió el Insalud y Correos durante los gobiernos de José María Aznar, y Rollán era concejal en Torrejón de Ardoz.

Cuando Feijóo lo repescó, Rollán era un senador raso en una Cámara en la que había recalado en 2019, después de que Isabel Díaz Ayuso decidiera no incluirlo en su primer Gobierno de la Comunidad de Madrid. La elección de Feijóo se interpretó entonces como un mensaje interno a la líder regional, que no logró colocar a ningún perfil marcadamente ayusista en el lugar en el que se decide la estrategia nacional de la formación conservadora. 

Antes de esta especie de resurrección, Rollán ya lo había sido todo en la política municipal y autonómica, donde encadenó diferentes cargos públicos durante casi dos décadas. Militante del PP desde 1994, empezó en política local como concejal en 2003 tras dejar un puesto en la multinacional Schweppes. Tres años después consiguió por la mínima la mayoría absoluta en Torrejón de Ardoz, una ciudad de 120.000 habitantes que era, dijo, “el patito feo del Corredor del Henares”. Sólo una legislatura después, en 2011, logró ser el alcalde más votado de España. 

Como regidor de Torrejón de Ardoz, invirtió dinero público a espuertas para fiestas locales, la Navidad o la creación de un parque con 16 réplicas en miniatura de monumentos europeos que costó más de 20 millones de euros a cargo de las arcas municipales. La deuda del municipio en 2007 alcanzaba los 28 millones de euros. Siete años más tarde, en 2014, esa cifra se había multiplicado por cuatro, según publicó El País, que incluyó a la localidad dentro de una lista de las ciudades más ahogadas por la deuda.

Rollán lideró una gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo que fue objeto de un informe de la Cámara de Cuentas en 2015, donde el órgano fiscalizador plasmó una serie de irregularidades. En 2010, presentó una norma que impedía empadronarse en el municipio a migrantes que no dispusieran de más de 20 metros cuadrados por persona en su domicilio. La medida fue muy polémica y tuvo que recular. 

Mantuvo el cargo de alcalde hasta 2015, cuando la entonces presidenta, Cristina Cifuentes, lo fichó como consejero. Empezó en Transportes y Vivienda, donde aprobó el abono joven de 20 euros, probablemente la medida más célebre del mandato. Su siguiente destino fue Medio Ambiente. Y, contra todo pronóstico, acabó siendo la cara visible del nuevo Ejecutivo de Ángel Garrido, tras la dimisión de Cifuentes como consecuencia del escándalo de su máster.

En la primavera de 2019, Garrido recibió con desagrado que su jefe de filas, Pablo Casado, no apostara por su candidatura al frente de la lista del PP para la Comunidad de Madrid, sino que eligió a Ayuso. Garrido fue relegado a la papeleta para el Parlamento Europeo. En ese impass preparó su venganza: en el último momento, anunció su fichaje por Ciudadanos y se incorporó a la lista de Ignacio Aguado. Tras las elecciones de mayo, el PP y Ciudadanos firmaron un Gobierno de coalición y Garrido fue designado consejero de Transportes.

Cuando anunció su salto a Ciudadanos, dimitió como presidente y el cargo recayó en Rollán, que era vicepresidente, de forma accidental. El cargo de presidente de la Comunidad de Madrid le duró cuatro meses, la gran parte de ellos en funciones y en los que se dedicó a ser un mero gestor. Ayuso lo incluyó en su lista para las elecciones de ese año como número cinco, pero no contó con él en la configuración del Ejecutivo con Ciudadanos. En noviembre de 2019, en la repetición electoral, el PP lo incorporó en sus listas al Senado por Madrid.

Y ahí seguía Rollán, sin demasiado protagonismo, cuando Feijóo lo recuperó hace poco más de un año para su núcleo duro como vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, un área clave de cara a la doble cita electoral de un año después pero que ahora tendrá que abandonar por ser incompatible con su cargo institucional.

La nueva legislatura le reserva un puesto destacado como la persona que ordenará los debates en el Senado, la Cámara que el PP tratará de convertir en el ariete de su oposición a Sánchez si este logra mantenerse en la Moncloa. Sólo el tiempo dirá si se acaba imbuyendo de la institucionalidad que se le presupone al cargo y exabruptos como el de Hipercor no vuelven a repetirse.

El 21 de marzo de 2018 la ola feminista del 8M más multitudinario, el que marcó para siempre el movimiento en España, todavía no había decaído. Faltaban dos años para que toda la población estuviese confinada en los días más duros de la pandemia, y algo más de dos meses para que una moción de censura (y la corrupción del PP) tumbasen el Gobierno de Mariano Rajoy y auparan a Pedro Sánchez a la Moncloa. Pablo Iglesias y Albert Rivera aún lideraban los partidos que habían cuestionado los cimientos del bipartidismo. En un tiempo en el que Isabel Díaz Ayuso todavía no copaba titulares, el futuro político de una de sus predecesoras al frente de la Comunidad de Madrid comenzaba a resquebrajarse. Y con él se torcía también, o al menos sufría algún bache, el de miles de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Cuando elDiario.es comenzó a publicar las informaciones sobre las notas falsificadas en el máster de Cristina Cifuentes, el alumnado se vio sumido en una mezcla de vergüenza, indignación, resignación y en algunos casos hasta reafirmación personal de aquello que ya intuían sobre su propio centro de estudios. Porque aunque estudiantes que conversan con Somos Madrid reconocen el “injusto estigma” que les acarreó, hay quienes no consideran que se trate de un caso aislado, aunque sí “excepcionalmente grave, mediático y dantesco”.

Así lo define Álvaro (26 años), que por aquel entonces cursaba tercero de Periodismo y Comunicación Audiovisual en el campus de Vicálvaro. El centro del escándalo, ya que en él se ubicaba el polémico y ya desaparecido Instituto de Derecho Público. Ahora prepara unas oposiciones al cuerpo de funcionarios del estado, alejado del ámbito en el que se formó.

Es una de las personas que comparten para este medio su visión sobre lo ocurrido hace un lustro y un balance sobre cómo les ha influido en estos cinco años. Álvaro recuerda que, pocos días antes de que saltaran las primeras noticias, entrevistó junto a un amigo al rector, Javier Ramos, para un trabajo de la carrera. El contraste entre las loas a la gestión universitaria del dirigente y el día a día que ellos experimentaban ya le resultó “chocante” de entrada, pero le resultó particularmente evidente cuando se conoció el máster con notas falsificadas de Cifuentes.

Alumnos “vilipendiados” con la eterna “coña del café”

Álvaro creía por entonces, y no ha cambiado de opinión con la perspectiva del tiempo, que el caso Máster “no es más que el síntoma de toda una institución podrida”. Y añade: “Probablemente lo estén muchas universidades de nuestro país y del mundo, pero eso no le quita importancia y gravedad, no es ninguna excusa. Además, creo que la nuestra lo está con especial énfasis. Nos hacemos un flaco favor si usamos eso para restarle peso a las diversas corruptelas que la URJC en particular hizo (y hace). En el resto de mi experiencia universitaria, tanto en la Universidad de Cádiz como en la Universidad Carlos III, el panorama era muy distinto, sobre todo en algo tan básico como sentir que, como alumno, no eres continuamente vilipendiado”.

Menciona otras controversias previas en la Rey Juan Carlos, como la concesión del título honoris causa a Rodrigo Rato (y las reticencias para retirárselo) o los plagios académicos que provocaron la dimisión del anterior rector. Pero nunca hubo tantos focos sobre los campus de la URJC como aquel marzo de 2018. La frase “esta tarde salgo en la tele” dejó se ser excepcional en las aulas. Se convirtió en habitual ver a periodistas alrededor de las instalaciones, microfonando estudiantes que respondían preguntas con rabia, aunque sin dejar de tomárselo con humor: “Nos llegan memes, pero el verdadero meme somos nosotros”, es una de las grandes frases que dejó aquello. Que todavía perdura.

Habla de ello Guillem (27), que por entonces cursaba cuarto de Matemáticas e Informática (grados de los que era representante estudiantil) en Móstoles, otro foco de atención ya que en ese campus se encuentra rectorado: “Con los compañeros de trabajo siempre está la coña cuando tomamos el café”. A nivel puramente profesional dice “tener suerte”, ya que supone que “en muchos sitios donde se preocupan por la imagen pública te descartan más fácilmente”.

En el resto de mi experiencia universitaria el panorama era distinto, sobre todo en algo tan básico como sentir que, como alumno, no eres continuamente vilipendiado

Guillem trabaja como científico de datos mientras prepara su tesis (en la Universidad Carlos III). Cree que al buen discurrir de su trayectoria profesional que ha contribuido su máster de inteligencia artificial (en la Escuela Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid). “No quise repetir en la Rey Juan Carlos para prevenir”, reconoce. Es, al igual que Álvaro, una encarnación de la sangrante pérdida de alumnado de másteres en la URJC, que alcanza el 40% desde el Caso Cifuentes.

El lugar donde cuecen “todavía más habas”

Con la perspectiva que le otorga haber pasado por otras dos universidades, Guillem sostiene que “en todos los sitios cuecen habas”, aunque en la Rey Juan Carlos “todavía más”. En su memoria lo ocurrido “fue bastante más gordo de lo que se ve en otras partes”, pero coincide con Álvaro en que “llegado un momento no te sorprende nada” porque “había muchas movidas muy turbias en la universidad”.

Asegura que “no le extrañó a nadie que dieran ese paso más de directamente regalar másteres”, en referencia también al caso de Pablo Casado. Lamenta que la gente empezara a conocer el nombre de la universidad, algo diluido entre la oferta formativa de la Comunidad de Madrid, a raíz de estas maniobras. La URJC quedó ligada para siempre, o al menos para un tiempo que alcanza ya los cinco años, a la corrupción y la falta de esfuerzo.

Álvaro no quiere olvidarse de todo el profesorado y el personal “que intenta hacer su trabajo lo mejor posible”, pero considera que es una universidad “oscura” ya desde su origen. Surgió por iniciativa del entonces dirigente autonómico, Alberto Ruiz-Gallardón, que se materializó en 1996. Por aquel entonces era consejero de Educación Gustavo Villapalos, exrector de la Complutense y precisamente un amigo personal de Cristina Cifuentes.

Entre 2002 y 2013, el rector de la URJC fue nada menos que Pedro González-Trevijano, presidente del Tribunal Constitucional hasta el pasado diciembre, durante su etapa más polémica y turbulenta entre acusaciones de injerencia del poder judicial en el legislativo. “Nombres propios surgidos de nuestra universidad como el de González-Trevijano han llegado incluso a denigrar, aún más si cabe, instituciones como el Tribunal Constitucional, y con ello la Rey Juan Carlos”, explica Álvaro.

La URJC después de la tormenta

Javier Ramos revalidó su cargo como rector en marzo de 2021, tres años después de vivir sus días más complicados al frente del puesto. Aunque en un principio respondió con tibieza en una controvertida rueda de prensa donde defendió la integridad de la expresidenta de la CAM y los responsables de la falsificación, pronto inició una investigación interna y acabó confirmando el fraude.

Pese a ello, en su mandato la URJC ha atravesado turbulencias, comenzando con una huelga de estudiantes contra las “prácticas mafiosas de la universidad” en el curso 2018-19, en la que el alumnado llegó a ocupar el edificio de rectorado. Destacan además un caso de acoso sexual en el que no se aplicaron los protocolos oportunos, el enfrentamiento legal con el Instituto de Danza Alicia Alonso o las críticas a la gestión de las clases durante la pandemia, con una importante supresión de la docencia presencial en el curso siguiente al confinamiento también para los estudiantes de primero. Esto dificultó enormemente su introducción en la vida universitaria.

Precisamente en otoño de 2020 Clara (20) comenzó sus estudios en el doble grado de Ciencia Política y Gestión Pública con Periodismo. Su día a día transcurre en la Facultad de Políticas y Jurídicas de Vicálvaro, esa misma que era un auténtico hervidero hace ya cinco años en torno la estatua del Cervantes (ideal para una situación tan quijotesca).

Cuenta que eligió estudiar aquí porque le pilla bien desde su casa y porque le interesaba compaginar esas dos carreras (lo de la URJC con los dobles grados es una historia de amor que empieza a torcerse). Sin embargo, no niega que una tormenta mediática como la del caso Cifuentes “te hace pensar y replantearte cosas”. Afirma estar satisfecha de momento, “especialmente con los compañeros”, aunque “todo se puede mejorar”. Que así sea, siempre que no haya falsificaciones mediante.

Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, será indemnizada por la filtración y difusión del video que reveló que en 2011 fue retenida en un supermercado por, supuestamente, intentar llevarse varios productos sin pagar. La Justicia ha dado la razón a la política y ha condenado a Cecosa, filial del grupo Eroski, a pagar 30.000 euros porque ese vídeo, según la Ley, tendría que haber sido destruido en un mes y sin embargo fue publicado en 2018, siete años después, propiciando la salida de Cifuentes del ejecutivo madrileño tras meses de revelaciones sobre las irregularidades de su máster universitario por parte de elDiario.es.

La resolución, adelantada por El Confidencial y que ha podido examinar este periódico, repasa los peores meses de Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid en 2018, tres años después de acceder al gobierno regional. El 21 de marzo de ese año elDiario.es publicó en exclusiva la primera información sobre las irregularidades que habían trufado su proceso de obtención de un máster en la Universidad Rey Juan Carlos.

La entonces presidenta rechazó dimitir ante todas estas irregularidades, pero sí anunció que dejaba la Puerta del Sol un mes después. Cuando el digital OkDiario publicó el vídeo de las cámaras de seguridad de un supermercado que mostraba cómo el personal de seguridad había retenido a Cifuentes en mayo de 2011 por intentar llevarse varios productos sin pagar, aunque abonó el precio posteriormente. Cifuentes era entonces vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, donde llevaba dos décadas siendo diputada del PP, y fue nombrada Delegada del Gobierno en la capital poco después.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid emprendió sin éxito una guerra judicial contra los periodistas de elDiario.es que habían revelado las irregularidades de su máster. En paralelo, otra contra la cadena de supermercados por la filtración y difusión del vídeo, que ha acabado en victoria para Cifuentes: la Audiencia Provincial ha obligado a Cecosa, filial del grupo Eroski, a indemnizar con 30.000 euros a la expresidenta madrileña.

Su defensa alegaba que fue retenida por los guardias del supermercado el cuatro de mayo de 2011 y que, según la Ley de Protección de Datos que ya llevaba entonces más de una década vigente, la grabación tendría que haber sido eliminada en un mes. La empresa, alegó, también estaba obligada a asegurar que la grabación, antes de ser destruida, no abandonara los servidores del supermercado para aparecer publicada en un periódico digital siete años después.

Un juzgado de Madrid rechazó en primera instancia la demanda civil de Cifuentes, pero ahora la Audiencia Provincial le ha dado la razón. La grabación en sí misma, razonan los jueces, no vulneró sus derechos, pero sí recogía una situación que afecta a su “acervo personal más íntimo” que no debería haber visto la luz.

“Los hechos ponen de manifiesto que la demandada no ha cumplido las obligaciones” en materia de protección de datos, dice la resolución. “Las medidas de seguridad no se adoptaron o fueron claramente insuficientes, lo que en ambos casos le hace ser responsable igualmente”, zanja la sentencia.

Quien tiene mucho dinero o dispone del dinero de los demás, tiene un arma secreta en el debate público: los abogados. El periodismo vive asediado por una tormenta de amenazas vestidas de requerimiento notarial. La última nos llega de parte de la alcaldesa de Marbella.

Hablamos con Ignacio Escolar, director de elDiario.es. 

Episodio relacionado: Marbella reloaded: narcotráfico, Villarejo y una alcaldía bajo sospecha

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Cristina Cifuentes entró este jueves en el salón Canalejas de la Real Casa de Correos desmintiendo a Joaquín Sabina. “Dice en una canción que no hay que volver a aquellos lugares donde se ha sido feliz. Yo creo que sí hay que volver y buena prueba de ello es que aquí estoy, en un lugar donde he sido absolutamente feliz”, dijo la expresidenta desde el mismo salón en el que dimitió tras el escándalo del caso máster y enfundada, de nuevo, en un traje blanco, otro paralelismo con aquel 25 de abril de 2018.

Cifuentes llegaba esta vez a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, para descubrir su retrato institucional. “Sin nostalgia, pero con muchísimo orgullo y gratitud”, afirmó ya ante el cuadro, obra de Rafael Cidoncha y que ha costado a las arcas públicas 16.400 euros. Ayuso, en su papel de anfitriona, se había deshecho en halagos unos minutos antes. “Cristina es una de las mejores personas que he conocido, testaruda, alegre y profundamente detallista”, dijo la presidenta, para destacar que trataba “a todo el mundo por igual”.

“Es muy valiente, trabajadora y constante”, continuó. “Cuando echo la vista atrás, pienso en el trato tan despiadado que sufrimos las personas que ocupamos estos puestos de trabajo”, dijo la presidenta desde el atril, para recordar “cuando estuvo ingresada al borde de la muerte en La Paz y le montaban protestas sindicales en la puerta” o cuando “fue insultada y escupida cuando iba sola por las calles de nuestra querida Malasaña”. En esa lista de “cosas inhumanas”, Ayuso no hizo mención a los movimientos internos del partido para forzar su dimisión tras el escándalo del caso máster.

Ayuso recordó cuando Cifuentes “se quedó sin comer” por aconsejar a un grupo de diputados recién llegados a la Asamblea de Madrid, entre los que se encontraba, o cuando la hizo viceconsejera de Presidencia, Justicia y Portavocía, hace cinco años y un día. “Gracias a ello, he tenido la oportunidad de estar aquí”, aseguró.

“La hoja de servicios de Cristina es inmensa”, dijo la presidenta. Se refería a la región, pero también al partido desde el altavoz de un acto institucional de la Comunidad de Madrid: “En las horas más difíciles salvó el Gobierno regional para nuestra formación” y fue capaz de sortear “las trabas que su socio de coalición le estaba poniendo”. Un socio de coalición, Ciudadanos, que Ayuso compartió después, hasta que dinamitó su propio Gobierno con la convocatoria de elecciones anticipadas en 2021.

Ayuso destacó que Cifuentes “fue leal a la política de impuestos bajos” del PP y que consolidó “el estado del bienestar”. Obvió, sin embargo, consensos que la expresidenta logró alcanzar durante sus tres años de legislatura y que el actual Ejecutivo ha arrasado. La presentación del retrato se produce una semana después de que el PP haya nombrado con mayoría simple al nuevo consejo de Telemadrid, tras laminar la ley de la propia Cifuentes que exigía un consenso entre los grupos. O tras sembrar dudas sobre la ley LGTBI, que aprobó por unanimidad. Ayuso llegó a afirmar que “hay artículos” de esa norma que no le gustan, pese a que votó a favor.

“Hubo muchísimas más [cosas] buenas, muchísimas más”, aseguró Cifuentes. Y después llegó el turno para devolver las buenas palabras: “Te quiero dar las gracias por haber recogido ese testigo, que yo también tuve el honor de hacer en su día, que hace que Madrid sea cada vez una región más próspera y más libre. Y gracias también por tu trabajo y todo el equipo que consigue que cada día los madrileños estemos más orgullosos”.

El retrato de Cifuentes se suma a los de los expresidentes Joaquín Leguina, Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre. “Yo soy de todos los expresidentes que han pasado por las urnas y que han sido queridos por los ciudadanos”, afirmó Ayuso en 2020. Así, evita pasar cada día ante el cuadro de Ignacio González, imputado y procesado en varias causas de corrupción; de Ángel Garrido, que sustituyó a la propia Cifuentes tras su denuncia después de destaparse el caso máster, y que después dio el salto a ciudadanos mientras estaba en una lista del PP para las europeas; y de Pedro Rollán, el actual vicesecretario de Política Autonómica y Local en el núcleo duro del PP de Feijóo, que ostentó la presidencia durante unos meses tras la espantada de Garrido.

La pintura es obra del artista Rafael Cidoncha, que ya descubrió en la misma sala el retrato institucional de Aguirre. Cidoncha es un viejo conocido en la casa ‘popular’. Llevan su firma cuadros de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y los ministros José Ignacio Wert, Ana Pastor e Isabel Tocino.  

“Yo tuve el honor, el privilegio de servir aquí a todos los madrileños durante tres años. Fascinantes, muy intensos, pero fueron maravillosos”, dijo Cifuentes. Para cerrar su discurso, se puso más poética: “Hicimos muchas cosas importantes, vimos muchas cosas fascinantes, asombrosas, cosas que jamás creeríais y cosas que jamás hubiéramos imaginado. Vimos incluso atacar naves en llamas más allá de orión, vimos brillar rayos c cerca de la puerta de Tannhäuser. Y precisamente gracias, entre otras cosas, a este cuadro y el significado que tiene, todas esas cosas ya no se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia”.

Como cada miércoles de este verano, hoy te traemos el quinto y último episodio de la serie sobre los entresijos de la investigación periodística del falso máster de Cristina Cifuentes, ex presidenta de la Comunidad de Madrid.

En este capítulo, los periodistas cuentan qué pasó con los protagonistas de la historia un año después de la dimisión de Cifuentes.

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Como cada miércoles de este verano, hoy te traemos un episodio del podcast sobre los entresijos de la investigación periodística del falso máster de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid.

Este cuarto episodio cuenta la carrera contrarreloj una madrugada para verificar las firmas en el acta clave. La perito pasó toda la noche para un resultado sorprendente.

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En este tercer episodio, la periodista Raquel Ejerique cuenta sus dudas ante la presión creciente por parte del equipo de Cifuentes y la reacción de la Universidad Rey Juan Carlos para encubrir la falsificación del expediente académico.

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En este segundo episodio, los periodistas que investigaron el caso luchan por afirmar su credibilidad frente a los desmentidos de Cifuentes y la Universidad Rey Juan Carlos. El pago de una tasa de 6,11 euros demuestra que Cifuentes no dice la verdad.

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Hoy te traemos el primer episodio de ‘Máster’, el podcast que te cuenta por dentro cómo fue la investigación de elDiario.es sobre el falso máster de Cristina Cifuentes, ex presidenta de la Comunidad de Madrid. 

En este episodio, Raquel Ejerique e Ignacio Escolar cuentan cómo empezó la investigación sobre el máster de Cifuentes. Un trabajo periodístico de elDiario.es que cambió el rumbo de la política española. 

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elDiario.es ha estrenado este podcast diario para explicarte la actualidad. Conducido por Juanlu Sánchez y con ayuda de los periodistas de la redacción de elDiario.es y otros invitados, nos detendremos de lunes a viernes en un asunto: puede ser una noticia compleja, un debate de fondo o una historia sencilla que merezca la pena. Una píldora de sonido para acompañarte en el desayuno, de camino al trabajo, en la pausa de la comida o antes de dormir.

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El caso del máster de Cristina Cifuentes ha llegado al Tribunal Supremo. Este martes la sala de lo penal estudiará la sentencia de los tribunales madrileños que absolvió a la expresidenta de la Comunidad de Madrid y condenó a la profesora y la asesora implicadas en la falsificación de las actas de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Pero el caso llega al alto tribunal sin Cifuentes: solo María Teresa Feito ha recurrido su condena de falsedad documental y ni la Fiscalía ni la Universidad han cuestionado la absolución de la expresidenta madrileña. El Ministerio Público sí ha pedido que la condena de dos años de cárcel de Feito, entonces asesora en la Consejería de Educación, sea confirmada, según explican fuentes del caso.

El caso del máster de Cristina Cifuentes fue destapado por elDiario.es en marzo de 2018. Una sucesión de informaciones sobre cómo Cristina Cifuentes había obtenido un máster en Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos con unas notas que habían sido falsificadas: una funcionaria había conseguido que, años después de matricularse, varias asignaturas en la que figuraba como “no presentada” pasaran a estar aprobadas con un notable. La documentación también cuestionaba cómo y ante quién había presentado su Trabajo Fin de Máster: sólo pasó un minuto entre la calificación de una asignatura que le quedaba pendiente y la del Trabajo Fin de Máster.

La exclusiva de este periódico obligó a Cifuentes y a la URJC a dar explicaciones, y fue entonces cuando la presidenta regional compareció en la Asamblea de Madrid y exhibió unas actas firmadas que, según ella, demostraban que todo su máster había sido cursado correctamente. La investigación judicial dejó negro sobre blanco que esas actas falsas habían sido confeccionadas por la profesora Cecilia Rosado después de recibir 15 llamadas y mensajes de María Teresa Feito, entonces asesora de la Consejería de Educación del ejecutivo madrileño. Lo que los jueces definieron posteriormente como una actuación “insistente y agobiante” para que las actas fueran falsificadas.

El caso pasó del juzgado 51 de Madrid a la Audiencia Provincial, donde Cristina Cifuentes fue absuelta, Feito condenada a tres años de cárcel por falsedad documental, mientras que Rosado fue condenada a un año y medio por el mismo delito pero con la atenuante de colaboración con la Justicia. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia confirmó la absolución de la expresidenta madrileña y rebajó las condenas de las dos encausadas: la pena de Feito quedó en dos años de prisión y la de Rosado en un año. En la práctica, y salvo que los jueces digan lo contrario, no tienen que cumplir condena obligatoriamente en prisión.

Sólo una parte del caso será estudiada este martes por la sala de lo penal del Tribunal Supremo. La magistrada Carmen Lamela, que será la ponente, tiene encima de la mesa el recurso de Feito contra su condena de dos años de cárcel y la petición de la Fiscalía de que el recurso sea desestimado y su condena confirmada. Cecilia Rosado no ha recurrido, según explican a elDiario.es fuentes del caso, y las acusaciones tampoco han cuestionado la absolución de Cristina Cifuentes. El debate será, por tanto, si la condena de Feito es confirmada o rebajada.

María Teresa Feito era asesora de la Consejería de Educación que dirigía entonces Rafael van Grieken, pero sus vínculos con la URJC iban más allá: era amiga de la propia Cifuentes, profesora en excedencia de Filología Inglesa en la Universidad donde su jefe, el Consejero, era catedrático de Química. También formó parte del Consejo del Instituto de Derecho Público donde se impartió el máster. Fue ella quien, según ha declarado probado la Justicia hasta ahora, acudió a una reunión de emergencia el 21 de marzo de 2018 para exigir a la profesora Rosado que elaborase unas actas falsas en las que figurase que Cifuentes defendió su Trabajo Fin de Máster el 2 de julio de 2012, dos años antes de que sus notas cambiaran. La docente aceptó, según los jueces, “ante el temor de las posibles consecuencias negativas para su trabajo”.

Su primera condena, los tres años impuestos por la Audiencia de Madrid, implicaban su entrada obligatoria en prisión. El Tribunal Superior de Justicia de la capital, sin embargo, optó por rebajar la pena a dos años: los jueces mantuvieron que había cometido un delito de falsedad en documento oficial pero redujeron la condena al entender que estaba en excedencia en su puesto como profesora de la URJC y, por tanto, “ninguna responsabilidad tenía en la Universidad, ni en la gestión académica del Máster de Derecho Público del Estado Autonómico en cuya documentación se hizo la irregularidad, ni actuó en el ejercicio de funciones públicas”.

La absolución de Cifuentes

Cristina Cifuentes dejó la presidencia de la Comunidad de Madrid un mes después de que elDiario.es revelase las irregularidades de su máster, y horas después de la difusión de un vídeo de 2011 de una cámara de seguridad de un supermercado que registraba cómo la entonces vicepresidenta de la Asamblea había sido retenida tras robar unas cremas. El caso llegó a juicio en enero de 2021, casi tres años después de la primera información de este periódico, y su absolución fue firmada en febrero de ese año: los jueces declararon probadas toda clase de irregularidades en la gestión de sus notas pero no que ella interviniera en la falsificación de las actas que ella misma exhibió en la Asamblea de Madrid para defender su inocencia.

Su actividad académica en el máster, según la Audiencia de Madrid, “ha revelado un conjunto de incongruencias relevantes e incompatibles con la actuación regular de un estudiante de postgrado”. Desde no ir nunca a clase hasta no contactar con ningún profesor pasando por esa “modificación fraudulenta” de sus notas. Pero concluyeron los jueces que no hay pruebas suficientes que demuestren que ella estaba al final de la cadena de presiones a la profesora Rosado para que sus actas fueran falsificadas. “Sin obviar el interés de este en tener toda la documentación que justificara la regularidad en la obtención de su máster, nada se ha probado sobre que impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación del documento en cuestión”, dijo la Audiencia de Madrid.

Las sospechas, según los jueces, podían ser “legítimas” pero no había más pruebas. Algo que ratificó el Tribunal Superior de Madrid cuatro meses después: “El tribunal de instancia basó su fallo absolutorio no sólo en prueba documental, sino también en medios que incluyen la declaración de las acusadas, y el testimonio de numerosas personas”, destacaron los magistrados. La Fiscalía recurrió la primera absolución pero la tramitación posterior de la causa revela que decidió no llevar el caso ante el Tribunal Supremo. El último capítulo del caso del máster de Cifuentes se resolverá cuatro años después de la primera información de elDiario.es y sin que los magistrados de la sala de lo penal tengan que examinar el papel que jugó la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

El complicado ejercicio de reivindicar el legado político de sus antecesores y poner al tiempo distancia con los casos de corrupción que les afectan se antoja ahora más estéril que nunca para Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. La explosión del enfrentamiento entre ambos ha exhibido los elementos propios de la tradición política del PP madrileño: sospechas de corrupción, que en el pasado acabaron en la Audiencia Nacional; espionaje y juego sucio entre las facciones del partido; y un enconamiento propio de aquella máxima según la cual el adversario está fuera pero el verdadero enemigo habita en otra planta de la sede central.

Desde que Alberto Ruiz Gallardón aceptara el sacrificio que le propuso Aznar para cambiar la Comunidad de Madrid por el Ayuntamiento y salvar la capital para la derecha, ningún presidente autonómico ha salido pacíficamente de la Puerta del Sol, dejando al margen los breves periodos de Ángel Garrido y Pedro Rollán, puente entre los mandatos de Cifuentes y Díaz Ayuso. 

El ‘aguirrismo’ incubó dos grandes casos de corrupción, Púnica y Lezo, que reparten aún condiciones jurídicas entre los máximos responsables políticos de su época, empezando por Esperanza Aguirre, que sigue imputada. El también expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González está procesado, muy cerca del banquillo. El que fuera secretario general del PP madrileño y consejero de Justicia e Interior y de Presidencia, Francisco Granados, condenado y, dependiendo de las piezas todavía abiertas, procesado o imputado. Todos ellos dimitieron de sus cargos por la presunta corrupción del PP madrileño.

Los dos grandes protagonistas del actual enfrentamiento en el PP eran jóvenes con proyección en aquel partido. Ninguna acusación se ha dirigido nunca contra ellos, en lugares secundarios cuando se produjeron los hechos, siempre con un puesto de trabajo en el partido o en las instituciones gobernadas por este. Pero la magnitud de esas macrocausas ha hecho emerger en ellas el nombre de Isabel Díaz Ayuso, recordándole para quién trabajaba y a la sombra de qué dirigentes hizo carrera política. 

En el inabarcable sumario de Púnica, Isabel Díaz Ayuso aparece intercambiando mensajes con uno de los principales imputados de la causa, el experto informático y conseguidor Alejandro de Pedro. A él recurrió la actual presidenta madrileña para tapar en Internet noticias negativas de Ignacio González, emblema de la corrupción del PP madrileño, según desveló elDiario.es.

Absuelto en las urnas

Una información más reciente de este medio explica cómo Díaz Ayuso intentó adquirir dominios de Internet de las candidaturas ciudadanas próximas a Podemos para obstaculizar el crecimiento de este partido en la Comunidad de Madrid. La prueba aparece en el teléfono de Beltrán Gutiérrez, el gerente del PP local y gestor de su caja B. Gutiérrez traslada en 2014 y 2015 a Díaz Ayuso las indicaciones de Ignacio González. El mismo Ignacio González acusado de saquear la empresa pública del Canal de Isabel II y que ha sido convenientemente borrado de la memoria del PP. De aquellas prácticas Díaz Ayuso y Casado aprendieron que en Madrid estos asuntos no tienen graves consecuencias electorales: en la Comunidad las urnas siempre absuelven al PP, que se mantiene en el poder desde hace 23 años.

Ignacio González denuncia que su caída en desgracia política y judicial es fruto de la actuación del comisario Villarejo, de quien dice actuó a las órdenes de sus “adversarios políticos”. González fue apartado de su aspiración a ser candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2015 después de que dos medios de comunicación publicaran fragmentos sesgados de un encuentro entre González y el comisario a cuenta de su ático en Estepona. El expresidente madrileño considera también que el arranque de la operación Lezo es una maniobra de Villarejo con datos manipulados, por encargo de sus enemigos. 

Hablar de la trayectoria más turbia de Ignacio González es remontarse a un viaje en 2008 a Colombia, que sirvió para dar nombre a la operación Lezo (por el marino español en la batalla de Cartagena de Indias), y a un vídeo de González portando unas sospechosas bolsas que nunca se demostró que contuvieran dinero. Aquel vídeo fue grabado por un detective contratado por Julio Gutiez, dueño del Grupo Mira. Se trata de la misma agencia a la que han recurrido trece años después los enviados de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) que querían conocer todos los extremos del contrato y la comisión del hermano de Díaz Ayuso. 

Espionaje con dinero público

Pero si hay un ejemplo que plasme hasta dónde pueden llegar las familias del PP madrileño en una refriega, ese es el denominado ‘caso espías’. Tras diez años de investigación no hubo condenados, pero quedó demostrado que antiguos policías y guardias que trabajaban para la Comunidad de Madrid, en la consejería de Francisco Granados, hicieron seguimientos y vigilancias al vicealcalde Manuel Cobo, el vicepresidente Alfredo Prada y la diputada regional Carmen Flores. Todos los espiados pertenecían al círculo de Alberto Ruiz Gallardón, con quien Aguirre mantenía un abierto enfrentamiento. Cobo bautizó a aquel grupo de miembros de las Fuerzas de Seguridad y a sus jefes polílicos como “gestapillo”.

Otro de los perseguidos, Alfredo Prada, era el titular de la Consejería de Justicia. Por entonces, Prada contaba con un joven asesor, expresidente de Nuevas Generaciones de Madrid, que aún no había acabado la universidad y ya era también diputado autonómico. Su nombre es Pablo Casado. Pronto, en 2009, Casado dejó la política madrileña para saltar a la nacional y actuar como jefe de gabinete del diputado Manuel Pizarro. Luego repetiría en ese desempeño con José María Aznar. 

La única expresidenta de las mencionadas que a día de hoy no tiene cuentas con la justicia es Cristina Cifuentes, a quien el juez Manuel García Castellón archivó la causa en el caso de la financiación irregular del PP madrileño el pasado mes de abril. Cifuentes se sentó en el banquillo por el caso máster, pero resultó absuelta. En 2018 se vio obligada a dimitir por intentar justificar con un documento falsificado que realizó los citados estudios en la Universidad Rey Juan Carlos.

Los últimos días de su mandato se vieron empañados por un hecho donde vuelve a confluir la cloaca del mundo de la seguridad que gravita en torno al PP. Fue publicado un vídeo en el que la expresidenta aparece robando unas cremas en un supermercado próximo a la Asamblea de Madrid, cuando ejercía como vicepresidenta. Nunca se supo el origen del vídeo ni tampoco por qué una grabación de una cámara de seguridad había estado casi una década en un cajón esperando su momento.