En el Parlamento Europeo están acostumbrados (y cansados) de la españolización de los debates, que es la estrategia que los de Pablo Casado, primero, y Alberto Núñez Feijóo, después, han llevado a cabo desde que gobierna Pedro Sánchez. Ahora el nivel ha escalado jerárquicamente. Dolors Montserrat era la encargada de esa ofensiva como jefa de la delegación española, pero ahora, como secretaria general del Partido Popular Europeo, no ha abandonado ese rol.

El presidente del PPE, Manfred Weber, siempre ha hecho seguidismo de las maniobras del PP español, que ha instrumentalizado el Parlamento Europeo para atizar al Gobierno desde 2018. En un gesto prácticamente inédito, él mismo aprovechó la presencia de Sánchez en la institución con motivo de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE que le correspondía a España en 2023 para entrar en el cuerpo a cuerpo. Le reprochó la amnistía e incluso amenazó con una comisión en el Parlamento Europeo “para ver lo que está pasando en España”.

Para Weber el PP español es una pieza clave. Es la segunda delegación más grande, por detrás de la alemana, y su apoyo es fundamental –al igual que España se ha convertido en uno de los pocos países que se le resiste a su familia política–. De ahí que haya premiado a los de Feijóo con la todopoderosa secretaría general del PPE. Y mantiene el aval a la estrategia que ahora sigue desarrollando Montserrat, pero como número dos de todos los populares europeos.

“Europa nació también como una promesa contra la impunidad y la corrupción, pero esa promesa se rompe cuando uno de sus Estados miembros está dirigido por un presidente que no gobierna, sino que resiste en el poder porque maniobra y ataca a la democracia”, espetó Montserrat, que podría haberse referido al ultraderechista Viktor Orbán, a quien el Parlamento Europeo, con los votos del PPE y del resto de fuerzas proeuropeas (sin la extrema derecha), acusó de haber acabado con la democracia plena en Hungría. Pero no.

“Pedro Sánchez viola cada día los valores europeos, es el responsable de una organización criminal corrupta, cuyos cabecillas eran sus dos hombres de máxima confianza: uno pagaba prostitutas con dinero público y el otro está en la cárcel por cobrar mordidas millonarias”, continuó Montserrat el pasado 9 de julio en un debate en Estrasburgo sobre las conclusiones del último Consejo Europeo tras mencionar someramente temas como Ucrania, la inmigración o la incorporación de Bulgaria al espacio Schengen.

“Ha llegado el momento en que, desde aquí en Europa, exijamos detener toda esta corrupción en España”, culminó Montserrat. No era la primera vez que intervenía en esos términos ya como secretaria general del PPE. “Pedro Sánchez es el primer y último responsable de una organización criminal corrupta en España. Es el jefe de una red de poder, dinero y silencios que implica a cargos públicos, ministros y hasta a su propia familia. Es el mayor escándalo político que ha visto este Parlamento”, afirmó en un debate sobre la corrupción en España que albergó la Eurocámara a instancias del PP con el apoyo de los tres grupos de la ultraderecha.

“Sánchez asaltó su propio partido amañando las elecciones internas. Su número dos repartía contratos —y fondos europeos— a cambio de comisiones millonarias”, agregó Montserrat, a pesar de que no hay constancia de que se haya malversado dinero procedente de la UE.

En ese debate, fue Montserrat la que llevó la voz cantante del PP y no Esteban González Pons, que ha sido su sucesor al frente de la delegación española. Desde que asumió ese nuevo puesto, el nuevo portavoz ha mantenido un perfil bajo respecto a la arena política nacional y no ha intervenido en los debates parlamentarios. ¿La razón? Ha querido mantener su puesto como vicepresidente de la Eurocámara y ese puesto requiere de una cierta apariencia de neutralidad.

Montserrat también se limitó a hablar de España en un debate sobre el informe del estado de derecho en la UE: “Vengo a decirles lo que este informe sobre el estado de derecho calla: España está secuestrada por un autócrata”. “Llevamos siete años denunciando en esta Cámara cada atropello a la justicia y al Estado de Derecho”, añadió la eurodiputada, que acusó a Sánchez de “comprar su investidura”. “Señor comisario, actúe antes de que nos roben la democracia en la cara”, remató Montserrat, que también aludió a la amnistía, una ley contra la que el PP lanzó toda su artillería en Bruselas y que ha sido cuestionada por los servicios jurídicos de la Comisión Europea en la vista de las prejudiciales del Tribunal de Justicia de la UE, pero contra la que el gobierno comunitario no ha iniciado ningún procedimiento de infracción.

El PP Europeo utiliza el informe de la Guardia Civil que la jueza de la dana cuestiona para cargar contra Teresa Ribera en Bruselas. La secretaria general del Partido Popular Europeo y vicepresidenta del grupo EPP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha presentado una pregunta parlamentaria en la que interpela a la Comisión Europea sobre su presidenta, la exministra de Transición Ecológica, empleando la tesis del “apagón” informativo que la jueza instructora ha descartado.

La líder popular hace alusión a “revelaciones”, según el comunicado del partido, en referencia al informe de la Guardia Civil que, apunta, “contradice” la declaración ofrecida por Teresa Ribera durante su audiencia previa a su nombramiento como vicepresidenta de la Comisión Europea respecto a las alertas en la dana del pasado 29 de octubre, que provocó la muerte de 228 personas en Valencia.

En concreto, según el texto remitido por el PP, Montserrat solicita a la Comisión “que aclare si considera compatible con los principios de transparencia y confianza institucional el hecho de que, según el informe oficial, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dirigida por Ribera en su etapa como ministra, no emitió ninguna alerta entre las 16:15 y las 18:43 horas durante la trágica DANA que costó la vida a 228 personas en la Comunidad Valenciana. Este apagón técnico, se produjo precisamente en las horas y zona más críticas, obstaculizando la activación de medidas de protección civil”, dice el comunicado.

La europarlamentaria arremete contra la exministra, que fue severamente cuestionada por la cúpula del PP en los primeros días tras la dana -líderes que actualmente siguen cuestionando la actuación de los órganos del ministerio- y cuestiona la legitimidad de su elección. La información que da el informe de la Guardia Civil, y que la jueza instructora de la causa cuestiona, fue, para el PP “ocultada intencionadamente” durante el proceso de evaluación parlamentaria de Ribera. “Estas nuevas revelaciones confirman que Teresa Ribera se escudó en una cuestión de competencias para no asumir su responsabilidad en la gestión de las inundaciones de Valencia cuando ella era responsable en el momento de la tragedia de las cuencas, de la política hídrica, del organismo de control del clima y de las construcciones en zonas inundables”, ha indicado Montserrat.

La teoría del apagón está “plenamente superada”, según la instructora

La magistrada instructora de Catarroja, Nuria Ruiz, reclamó a la Guardia Civil una cronología de las alertas para incorporarla a la causa. La magistrada ha rechazado imputar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y argumenta que la “teoría” del apagón informativo que maneja el PP está “plenamente superada” y ha sido “descartada judicialmente”. En un auto, tilda de “erróneo en sus consideraciones y apreciaciones” el informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, un informe que considera que “en el peor momento” de la dana la CHJ no controló el caudal del barranco del Poyo, en cuya cuenca se encuentran gran parte de las víctimas mortales.

En su resolución, la instructora carga contra el informe y considera que los agentes del Instituto Armado se extralimitaron y elaboraron una pericial que “no se corresponde” con lo acordado; simplemente había pedido una cronología de los desbordamientos en ríos, barrancos y presas y su relación con los fallecimientos, excluyendo la valoración de la responsabilidad de las administraciones que solicitaba el Ministerio Fiscal.

La magistrada arremetió de plano contra la Guardia Civil y explica que “cualquier valoración exclusivamente policial de las negligencias o incumplimientos estaba condenado al fracaso, porque el análisis se sustentaría siempre en un análisis limitado exclusivamente a la prueba documental”. El informe, apuntó, excluye las declaraciones en el marco de la causa de peritos de “especial relevancia” e “indudable prestigio” que “expresan conclusiones radicalmente distintas a las expuestas e incluidas indebidamente en la cronología”. El informe del Instituto Armado remitido a la jueza instructora emplaza a “preguntar” a los “responsables” del organismo “cuál fue el motivo por el que no se llevaron a cabo los avisos de superación de los umbrales”.

Els dos càrrecs més importants que el Partit Popular Europeu té a les institucions europees, la presidenta de la Comissió i la del Parlament, rebran aquest dimarts les tres associacions majoritàries de víctimes de la DANA que va arrasar diverses comarques valencianes i en què van morir 228 persones, una de les pitjors catàstrofes ocorregudes en els últims anys en sòl de la Unió Europea. Mentrestant, a València, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, també del PP, segueix sense rebre aquestes associacions i sense visitar les zones afectades i des del seu Govern se les ha menyspreat. Per la seva banda, el seu soci Vox, ha passat directament a insultar-los acusant a les víctimes “interessades”. Després de sis mesos del temporal i les barrancades, la UE comença a empatitzar amb la tragèdia.

Aquest dimarts 13 de maig, l'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024, l'Associació de Damnificats per la Dana Horta Sud-València i l'Associació Víctimes Mortals DANA 29-0, que representen a més de 150 dels 228 morts, tenen una agenda a Brussel·les de primer nivell i quasi sense precedents en casos similars d'organització ciutadana entorn d'una tragèdia. Sis dels seus representants, dos per organització encara que podrien acudir més, es veuran a les 8 del matí en el Parlament Europeu amb eurodiputats del S&D (del qual forma part el PSOE) i de Greens (on està integrat Compromís). També podrien assistir membres d'altres grups perquè la convocatòria és oberta.

A les 11 del matí a l'edifici Berlaymont, caserna general de la Comissió Europea, les tres associacions es veuran amb la presidenta Ursula Von der Leyen. Allí podran explicar la tragèdia i la posterior gestió política. A més, la presidenta de la CE els demanava que li portaren un document amb peticions i objectius per poder tindre en compte les seues demandes. Un dels punts més importants a abordar serà la situació del Pacte Verd Europeu, un pla que va liderar Von der Leyen i que l'extrema dreta –i part del PP amb Mazón al capdavant– volen desvirtuar. En aquest sentit, les associacions de víctimes consideren que el causant de l'episodi de pluges torrencials és el canvi climàtic i urgeixen mesures per mitigar futures inundacions. Pel que fa a les responsabilitats polítiques, les associacions de víctimes han estat molt clares i apunten directament al president de la Generalitat, Carlos Mazón, i al seu Govern, company de partit de la presidenta europea.

A les 13.10, les tres associacions visitaran de manera oficial el Parlament Europeu, d'on van ser vetades a la Comissió de Peticions pel PP i l'extrema dreta europea a petició del PP espanyol i Vox. Aquesta vegada i després d'haver vist els grups polítics a primera hora, serà ni més ni menys que la presidenta de la institució, Roberta Metsola, la que les escolte i intercanvie parers amb els familiars de les víctimes mortals. Aquesta empatia mostrada per Metsola, contrasta amb l'actitud de Dolors Montserrat, líder del PP espanyol a Brussel·les, que està impedint que aquest cas que investiga la justícia com a negligència política es puga estudiar a la comissió ciutadana de Peticions i al ple del Parlament a Estrasburg. Cal recordar que en aquest comitè hi han estat les víctimes del terrorisme a Espanya o hi han acudit també les víctimes de l'accident del metro de València. De moment, la majoria de dretes i partits ultra han impedit que la DANA i les seves conseqüències es vegen a l'Eurocambra.

La vicepresidenta de la CE, Teresa Ribera, també ha mostrat la seva predisposició per reunir-se amb les tres associacions de víctimes, aprofitant la invitació d'Ursula Von der Leyen. De moment, no se sap si finalment es podran reunir, però tot apunta a que sí.

Finalment, les tres associacions també han estudiat la possibilitat de veure's amb la presidenta del Comitè de les Regions, Kata Tüttő, la socialista hongaresa. En aquest cas, la reunió ha estat demanada a través de la vicepresidenta de la Diputació de València, Natàlia Enguix, d'Ens Uneix, que just dimecres 14 es reuneix amb Tüttő abans del ple de la institució. De moment, no s'ha pogut concretar la reunió per motius d'agenda de la socialista.

La Comissió Europea no ha tingut un perfil excessivament alt en el suport a les zones afectades després de la DANA. De fet, fins a la setmana passada només havia visitat la zona afectada al mes de febrer el comissari d'Agricultura, el luxemburguès Christophe Hansen, que va poder veure de primera mà les zones agrícoles afectades per la DANA i l'Albufera. Després del moviment de Von der Leyen a petició de les associacions de víctimes, el 8 de maig passat el vicepresident de la CE i comissari de Cohesió i Reformes, Raffaele Fitto, va estar a la zona zero. Abans va tindre una trobada amb l'alcaldessa de València, María José Català, i amb Carlos Mazón, que no va voler acompanyar-lo al seu itinerari per Aldaia i Albal.

Los dos cargos más importantes que el Partido Popular Europeo tiene en las instituciones europeas, la presidenta de la Comisión y la del Parlamento, recibirán este martes a las tres asociaciones mayoritarias de víctimas de la DANA que arrasó varias comarcas valencianas y en la que fallecieron 228 personas, una de las peores catástrofes ocurridas en los últimos años en suelo de la Unión Europea. Mientras, en Valencia, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, también del PP, sigue sin recibir a estas asociaciones y sin visitar las zonas afectadas y desde su Gobierno se las ha desdeñado. Por su parte, su socio Vox, ha pasado directamente a insultarles llamando a las víctimas “interesadas”. Tras seis meses del temporal y las barrancadas, la UE empieza a empatizar con la tragedia.

Este martes 13 de mayo, la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024, la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud-Valencia y la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-0, que representan a más de 150 de los 228 fallecidos, tienen una agenda en Bruselas de primer nivel y casi sin precedentes en casos similares de organización ciudadana en torno a una tragedia. Seis de sus representantes, dos por organización aunque podrían acudir más, se verán a las 8 de la mañana en el Parlamento Europeo con eurodiputados del S&D (del que forma parte el PSOE) y de Greens (donde está integrado Compromís). También podrían asistir miembros de otros grupos porque la convocatoria es abierta.

A las 11 de la mañana en el edificio Berlaymont, cuartel general de la Comisión Europea, las tres asociaciones se verán con la presidenta Ursula Von der Leyen. Allí podrán explicar la tragedia y la posterior gestión política. Además, la presidenta de la CE les pedía que le llevaran un documento con peticiones y objetivos para poder tener en cuenta sus demandas. Uno de los puntos más importantes a abordar será la situación del Pacto Verde Europeo, un plan que lideró Von der Leyen y que la extrema derecha -y parte del PP con Mazón al frente- quieren desvirtuar. En ese sentido, consideran las asociaciones de víctimas, que el causante del episodio de lluvias torrenciales es el cambio climático y que urgen medidas para mitigar futuras inundaciones. Respecto a las responsabilidades políticas, las asociaciones de víctimas han sido muy claras y apuntan directamente al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y a su Gobierno, compañero de partido de la presidenta europea.

A las 13.10, las tres asociaciones visitarán de manera oficial el Parlamento Europeo, de donde fueron vetadas en la Comisión de Peticiones por el PP y la extrema derecha europea a petición del PP español y Vox. Esta vez y tras haber visto a los grupos políticos a primera hora, será nada más y nada menos que la presidenta de la institución, Roberta Metsola, la que las escuche e intercambie pareceres con los familiares de las víctimas mortales. Esta empatía mostrada por Metsola, contrasta con la actitud de Dolors Montserrat, líder del PP español en Bruselas, quien está impidiendo que este caso que investiga la justicia como negligencia política se pueda estudiar en la comisión ciudadana de Peticiones y en el pleno de Estrasburgo. Cabe recordar que en este comité han estado las víctimas del terrorismo en España o acudieron también las víctimas del accidente del metro de València. De momento, la mayoría de derechas y partidos ultra han impedido que la DANA y sus consecuencias se vea en la Eurocámara.

La vicepresidenta de la CE, Teresa Ribera, también ha mostrado su predisposición por reunirse con las tres asociaciones de víctimas, aprovechando la invitación de Ursula Von der Leyen. De momento, se desconoce si se podrán reunir, pero todo apunta a que la reunión se produzca, según fuentes conocedoras de las conversaciones.

Por último, las tres asociaciones también han estudiado la posibilidad de verse con la presidenta del Comité de las Regiones, Kata Tüttő, la socialista húngara. En este caso la reunión ha sido pedida a través de la vicepresidenta de la Diputación de València, Natàlia Enguix, de Ens Uneix, que justo el miércoles 14 se reúne con Tüttő antes del pleno. De momento, no ha sido posible concretar la reunión por motivos de agenda de la socialista.

La Comisión Europea no ha tenido un perfil excesivamente alto en el apoyo a las zonas afectadas tras la DANA. De hecho, hasta la semana pasada solo había visitado la zona afectada en el mes de febrero el comisario de Agricultura, el luxemburgués Christophe Hansen, que pudo ver de primera mano las zonas agrícolas afectadas por la DANA y l'Albufera. Tras el movimiento de Von der Leyen a petición de las asociaciones de víctimas, el pasado 8 de mayo el vicepresidente de la CE y comisario de Cohesion y Reformas, Raffaele Fitto, estuvo en la zona cero. Antes tuvo un encuentro con la alcaldesa de València, María José Català, y con Carlos Mazón, que no quiso acompañarle en su itinerario por Aldaia y Albal.

El líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, aupará a la jefa de la delegación española, Dolors Montserrat, a la secretaría general en el congreso que se celebrará en Valencia los próximos 29 y 30 de abril. Los populares españoles, que son la segunda delegación con más peso del PPE después de los alemanes del propio Weber y de Ursula von der Leyen, han ocupado históricamente ese puesto.

El propio Weber ha anunciado su propuesta para la secretaría general, que se tendrá que ratificar en el congreso, cuya celebración en Valencia levantó suspicacias en el partido tras la DANA en la que fallecieron al menos 228. A la ciudad se trasladarán jefes de Gobierno y la cúpula de la Comisión Europea con la presidenta, Ursula von der Leyen, a la cabeza.

Weber ha destacado la “fortaleza política, moderna y activa” de Montserrat, de quien asegura que hizo campaña “de manera brillante” en las elecciones locales, regionales, nacionales y europeas. La propia Montserrat se jacta de haber ganado en los comicios europeos a la hoy vicepresidenta primera, Teresa Ribera.

Como portavoz del PP español en el Parlamento Europeo, Montserrat se ha caracterizado por 'españolizar' todos los debates e intentar usar las instituciones europeas para hacer oposición al Gobierno de Pedro Sánchez.

La delegación española se ha posicionado, además, del lado de Weber en la pugna dentro de la familia popular europea frente a Von der Leyen, a la que acusan de haber primado su relación con socialistas y verdes para mantener la 'coalición' europea por encima de los intereses de los conservadores. Lo mismo ha sucedido con los pactos con la ultraderecha, de los que la presidenta de la Comisión Europea recela, mientras que los populares en la Eurocámara se han saltado el cordón sanitario con fuerzas como el Fidesz de Viktor Orbán, que comparte grupo con Vox, o Alternativa por Alemania.

La decisión de Weber tiene mucho que ver con los equilibrios del poder dentro del partido. Antonio López-Istúriz fue secretario general durante dos décadas, entre 2002 y 2022. Pero Weber optó por el griego Thanasis Bakolas en la primera parte de su mandato en un momento en el que el primer ministro de ese país, Kyriákos Mitsotákis se convertía en uno de los pesos pesados del partido, que había perdido una importante cuota de poder sin gobernar en ninguno de los grandes, donde estaban en horas bajas (Alemania, Francia, Italia, España, Polonia...).

La relación de Weber y Bakolas se ha deteriorado con el tiempo y el griego se ha convertido en una de las voces más críticas con el dirigente alemán, que ha ido aglutinando un enorme poder en Bruselas como presidente del partido y, al mismo tiempo, jefe del grupo en el Parlamento Europeo.

El Partido Popular y Vox siguen adelante con su estrategia de llevar a Bruselas su oposición a la reforma que pretende limitar la acusación popular. El último escenario escogido ha sido la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, que ha acogido este martes un debate —un “monólogo”, según la representante del Grupo de los Verdes— sobre esta figura jurídica que la Constitución define como un derecho de la ciudadanía a “participar en la Administración de Justicia” sin ser una víctima directa del delito y que el PSOE pretende restringir con el argumento de que está siendo utilizada de manera perversa por la ultraderecha. La propuesta se ha presentado en un momento en que hay abiertas varias investigaciones judiciales que afectan a exmiembros del PSOE y al entorno personal del presidente del Gobierno impulsadas por acusaciones populares. 

La sesión, que se ha prolongado durante alrededor de una hora y media, ha contado con las comparecencias de tres expertos críticos con la reforma: el magistrado Alejandro González Mariscal de Gante, vinculado a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM); el catedrático Julio Banacloche, con un largo historial ultraconservador; y el periodista de El Mundo Iñaki Ellakuria. Ha comparecido también el director general adjunto del departamento de Justicia de la Comisión, Florian Geyer, que ha evitado posicionarse en medio de las críticas de PP y Vox por una supuesta erosión del sistema judicial liderada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusan de querer “blindar” a su entorno. 

A pesar de la insistencia de los representantes de la derecha y la extrema derecha, Geyer ha reiterado que Bruselas solo evaluará la normativa una vez entre en vigor. “La Comisión, si es necesario, sólo podrá llegar a una evaluación definitiva, basándose en la ley final”, ha indicado tras recalcar que su valoración se hará en base a la norma final, que ni siquiera ha pasado el filtro de la toma en consideración en el Congreso de los Diputados. 

“Acoso judicial”

Previamente habían tomado la palabra los expertos, cuya comparecencia fue aprobada con los votos del Partido Popular Europeo y los tres grupos de la ultraderecha. El juez González Mariscal de Gante ha acusado al Gobierno de “normalizar prácticas que debilitan el Estado de Derecho” y ha llamado a la Unión Europea a actuar ante “casos tan visibles y simbólicos, de una cierta degradación institucional dentro de sus propias fronteras”. Sobre la reforma de la acción popular ha criticado que su “fundamento” es acabar con la “posible existencia de un acoso judicial” y ha reiterado que “no puede calificarse de legítima una investigación en función de quién realice la acusación”. 

Por su parte, el catedrático Julio Banacloche, ha cuestionado que la reforma pretende tener “maniatadas” a las acusaciones populares, pues el proyecto propone que queden adscritas a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella y no a la fase de instrucción. Banacloche ha afirmado que es una figura que “nace de la desconfianza” en la Fiscalía ha augurado que, en caso de aprobarse, se generará un “parón” en la persecución de los casos de corrupción. 

El PP llama “autócrata” a Sánchez

Además de a los expertos, el represente de la Comisión Europea también ha escuchado a los eurodiputados. Así, el europarlamentario del PP, Juan Ignacio Zoido, ha criticado la “preocupante deriva autoritaria” que a su juicio se vive en España. Y ha acusado al PSOE de pretender una reforma ‘ah hoc’ para zanjar ciertas investigaciones judiciales. “No ocurre por casualidad, ni tampoco es una idea abstracta, sino que tiene nombres y apellidos por las personas que se le está afectando con una serie de investigaciones”, ha aseverado.

Por su parte, la portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha tachado de “autócrata” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y ha dicho que su objetivo es “blindarse” al “borrar” la acusación popular. “Es un asalto contra la democracia, pues destruye el único instrumento que permite a los ciudadanos, a las asociaciones, por ejemplo, de víctimas, a los sindicatos, querellarse ante los tribunales”, ha dicho.

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha ensalzado la acusación como “un ejemplo de participación ciudadana, de democracia real y directa”. Y ha denunciado que el Gobierno busque la “impunidad” del “presidente del Gobierno, su mujer, su hermano y sus ministros”. “Ningún socialista en Europa va a decidir jamás quién tiene derechos y quién no los tiene”, ha añadido el representante del partido de extrema derecha. 

Ante a estas críticas, el eurodiputado del PSOE Ignacio Sánchez Amor ha defendido que la proposición de ley es “perfectamente legítima y constitucional” y ha recalcado que el Parlamento Europeo se adelanta a la cuestión porque ni siquiera se ha admitido a trámite el debate de esta proposición de ley en el Congreso. Sánchez Amor ha recordado, además, que es una figura que no existe en el resto de países de la UE. 

Por parte del grupo de Los Verdes, la eurodiputada de ERC Diana Riba ha criticado el “soliloquio ideológico orquestado por la derecha y la extrema derecha española” en el Parlamento Europeo y ha lamentado que en la sesión hayan participado únicamente ponentes críticos con la reforma. “El objetivo real aquí no es debatir una propuesta de reforma legal, sino defender privilegios jurídicos heredados del franquismo”, ha reprochado. “Y lo decimos sin eufemismos, porque la acusación popular, tal y como existe en España, es una figura profundamente excepcional en Europa”, ha apuntado.

Circo, espectáculo, campaña de la derecha, deseos de convertir Bruselas en Madrid... Numerosos medios, periodistas, reporteros, corresponsales y columnistas llaman la atención sobre la inédita ofensiva del PP de Alberto Núñez Feijóo en Bruselas contra el nombramiento de la vicepresidenta Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea.

Eso sí, después de tres horas de ataques y de pedir su retirada, al final de la comparecencia de Teresa Ribera en el Parlamento Europeo, este martes por la noche, la jefa de la delegación del PP, Dolors Monserrat, se acercó a felicitar a Teresa Ribera. A pesar de que la campaña de Montserrat, Feijóo, secundada por el presidente del PP Europeo, Manfred Weber, está tambaleando la futura Comisión Europea de Ursula von der Leyen.

Jeremy Cliffe, director editorial y senior policy fellow del think tank ECFR y colaborador de medios como New Statesman, The Guardian o The Economist, ha dicho: “Esto es ridículo. Una campaña muy coordinada de la derecha española ha llevado a una competente candidata de centroizquierda para la nueva Comisión Europea, Teresa Ribera, a ser interrogada sobre los fracasos de la derecha española (el fracaso de Mazón a la hora de preparar a Valencia para la inundación a pesar de las amplias advertencias)”.

“¿Un 'espectáculo de mierda' o un 'espectáculo de trolls'? Según los estándares de los exámenes de confirmación de comisarios europeos fue ambas cosas... o incluso más”, ha escrito uno de los medios de Bruselas referentes en información de la UE, Politico, parafraseando los comentarios de algunos de los eurodiputados presentes en el examen de Ribera: “Los miembros del Partido Popular Europeo español han intentado culpar a Ribera de la catástrofe en un intento de desviar la atención del presidente regional de centro-derecha, Carlos Mazón, que está siendo presionado para dimitir por su chapucera gestión de la crisis. Según la legislación española, las autoridades regionales son responsables de la gestión de las emergencias, pero los eurodiputados de centro-derecha se aliaron con miembros del grupo de extrema derecha Patriotas [el de Vox] para intentar atribuir la responsabilidad de la tragedia a Ribera. Sus repetidas menciones al asunto exasperaron a los diputados de otros países, deseosos de debatir temas relevantes para la cartera de la Comisaria designada”.

Lewis Crofts, editor jefe de MLex, uno de los medios europeos especializados en mercados internacionales de energía y competitividad industrial, afirmaba: “Los eurodiputados están convirtiendo esta audiencia en un circo. Muchos abucheos, aplausos, lamentos, golpes en las mesas: ”Hay un grupo de gente que divide esta casa. Dar detalles políticos a estas alturas es un trabajo complicado“.

“Teresa Ribera explica..., la derecha se limita a atacar”. Esa es la conclusión a la que llega Euractiv en su titular, otro de los especializados en información comunitaria.

El medio francés especializado en energía, Contexte, describe así la ofensiva del PP: “Tras la comparecencia de la vicepresidenta designada, la nueva Comisión se ve bloqueada por las tensiones en el Parlamento Europeo. La violencia de los ataques del PPE y la exigencia de que la evaluación de Teresa Ribera se condicione a una comparecencia en España marcaron un punto de ruptura”.

Le Point, semanario francés conservador, afirma por su parte: “Los diputados del PP español han estado esperando este momento para ajustar unas cuentas que poco tienen que ver con Europa”.

Alberto Núñez Feijóo no quiso pronunciarse sobre la propuesta de Ursula von der Leyen de crear centros de deportación de migrantes fuera de la UE como los que ha construido la ultraderechista Giorgia Meloni en Albania. Pero su partido ha votado a favor de estudiar esa idea y “en caso necesario” destinar “la financiación adecuada al proyecto”. Los populares españoles han secundado junto al Partido Popular Europeo enmiendas de la ultraderecha encaminadas a endurecer la política migratoria con medidas como el incremento de la financiación para las “barreras físicas” de las fronteras europeas.

El grupo que pilota Manfred Weber se la ha jugado al resto de formaciones con las que había pactado una resolución sobre el presupuesto general de la UE para 2025 que era muy crítica con los “recortes” en algunas partidas, como Erasmus+, entre otras. El Partido Popular Europeo, que ya ha roto el cordón sanitario a la ultraderecha en otras ocasiones, ha apoyado enmiendas presentadas por los ultras, entre ellos Alternativa por Alemania. Entre las medidas que planteaban estaba el incremento de la financiación para Frontex, además de las mencionadas sobre los centros de deportación o las “barreras físicas” en las fronteras.

La maniobra ha llevado al resto de grupos con los que se había pactado el texto (desde los liberales hasta la izquierda pasando por socialdemócratas y verdes) a votar en contra. En consecuencia, el Parlamento Europeo ha tumbado la resolución. El texto debería servir como posición negociadora de la Eurocámara para el presupuesto de la UE. Bruselas planteó un presupuesto para 2025 con 193.047 millones de euros en compromisos de pago, mientras que los Estados miembros quieren que esta cantidad se reduzca hasta los 191.526 millones. Frente a esto, los eurodiputados apuestan por elevar en 1.200 millones de euros la cifra del borrador presupuestario de Bruselas con aumentos de partidas que consideran vitales para el bloque, como Erasmus+, el programa sanitario EU4Health, los fondos agrícolas, el programa de investigación Horizonte Europa o la gestión y protección de fronteras, informa la agencia EFE.

“No solo rompe una vez más el cordón sanitario sino que continúa su giro hacia la extrema derecha, sin un mínimo de humanidad con quienes sufren las consecuencias de los conflictos armados”, denuncian los socialdemócratas, que justifican su voto en contra de la resolución en la aprobación de una enmienda por parte del PPE y la ultraderecha que obstaculiza el envío de material escolar a Palestina.

“Es intolerable que en lugar de buscar soluciones basadas en la integración y la solidaridad, el PP y sus socios en Europa opten por levantar muros y construir centros de retorno fuera de nuestras fronteras”, denuncia el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, que forma parte del grupo de Los Verdes/ALE.

Montserrat: “El efecto llamada de la UE se llama Sánchez”

En el debate sobre migración celebrado por la mañana, el PP español había acusado a Pedro Sánchez de ser el culpable del incremento de los flujos migratorios en la ruta canaria. “El verdadero efecto llamada de la UE se llama Sánchez”, ha dicho la portavoz de la delegación española, Dolors Montserrat, durante un debate en el Parlamento Europeo sobre la política de deportaciones en el conjunto del continente. “La inacción del Gobierno de Sánchez no sólo pone en riesgo la seguridad de la UE sino a los miles de inmigrantes utilizados por las mafias”, ha acusado la euroodiputada del PP.

“La frontera sur está en riesgo de colapso ante la llegada constante de inmigrantes irregulares. Las mafias no eligen al azar donde envían las pateras”, ha agregado Montserrat, que ha asegurado que Canarias, Ceuta y Melilla son las tres regiones europeas “que más inmigración irregular reciben y no es por casualidad”. La ruta canaria ha experimentado un notable aumento de llegadas, pese a su peligrosidad, tras un descenso en 2022. Según los datos de Frontex recopilados en lo que va de año, se ha incrementado en un 100% llegando a 30.616 personas. Aún así, la ruta del Mediterráneo central sigue en cabeza con 47.710 personas (con un descenso del 64%). En el caso del Mediterráneo occidental, han llegado 11.483 personas (un 1% menos que en 2023).

“El Gobierno no protege las fronteras ni a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Elude la cooperación internacional, desoye a Europa y desprecia la ayuda de Frontex”, ha dicho Montserrat. No obstante, cuando comenzó el incremento de los flujos por la vía canaria, el Gobierno pidió ayuda a la Comisión Europea, que llegó de forma financiera, sobre todo para países de origen y tránsito. En cuanto a Frontex, ya tiene 60 agentes desplegados para labores de identificación, investigación e inteligencia. Lo que ofrece la agencia extra es patrullar en aguas canarias, pero ya hay medios de Salvamento Marítimo y lo que reclama España es que llegue a acuerdos con Mauritania, Senegal o Gambia para poder hacer ese control en sus aguas.

La oradora del PP español ha centrado en Sánchez –sacando a relucir la amnistía, ETA o el “asalto a RTVE” y acusándole de “aferrarse al poder”– su intervención sobre la política de retornos, que era lo que se debatía mientras sus correligionarios han aprovechado para aplaudir el giro de Ursula von der Leyen al abrirse a la creación de centros de deportación fuera de la UE copiando el modelo que ha puesto en marcha Giorgia Meloni en Albania y que ha censurado la justicia italiana.

Esa postura de la presidenta de la Comisión Europea ha abierto la primera brecha con sus socios que ha quedado reflejada en el debate. “Von der Leyen debe abandonar su propuesta inhumana e ilegal de crear centros de deportación en terceros países. Es inaceptable doblegarse ante la extrema derecha para bendecir un modelo migratorio que viola los derechos humanos”, ha advertido la portavoz socialista, Iratxe García. “65 millones se ha gastado para el traslado de migrantes. No se respetan nuestros valores y es un sistema que no funciona. Están poniendo en tela de juicio nuestra soberanía”, ha señalado la liberal Valérie Hayer. “Los acuerdos de deportación y los campos en el extranjero son un enfoque inhumano, caro e ineficaz de una situación compleja”, ha dicho Tineke Strik, de los Verdes.

Por el contrario, la extrema derecha ha dejado claro que es insaciable respecto al endurecimiento de las políticas migratorias. “Contra la inmigración ilegal, deportación; contra inmigración ilegal masiva, deportaciones masivas”, ha defendido el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, obviando que las deportaciones indiscriminadas están fuera del encaje legal. El jefe de la delegación de la extrema derecha española ha vuelto a vincular la inmigración con delincuencia y se ha referido a la entrada de 65 paquistaníes a los que ha vinculado con el ISIS reconociendo él mismo que no hay información al respecto. “Nueve estados musulmanes les han dejado pasar, ¿por qué no se quedan ahí?”, se ha preguntado en un discurso plagado de xenofobia.

Ha sido la misma línea de todos los portavoces de la ultraderecha. “Tenemos que reforzar las fronteras externas, financiar muros en las fronteras, financiar a Frontex, y una política de retornos más eficaz”, ha agregado la ultraderechista polaca Jadwiga Wiśniewska, que también ha vinculado a los migrantes con el terrorismo o los delitos sexuales. “Hay una cura a este mal. Tenemos fronteras que vigilar”, ha dicho la eurodiputada de Reconquête! Sarah Nafoh. La representante del PVV del holandés Geert Wilders Marieke Ehlers ha pedido “políticas de migración y asilo muy estrictas” que pasarían por una “modernización de los tratados” en los que se reconoce el derecho a la protección internacional.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, se mantiene como candidato en la negociación del Gobierno con el Partido Popular (PP) para elegir al gobernador del Banco de España. Este lunes, preguntada por ello, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, dijo: “No vamos a permitir ni el manoseo ni la ocupación de las instituciones. Necesitamos organismos transparentes que no estén gestionados por ministros de Sánchez”.

La contundencia de la catalana choca con “la politización” de la institución monetaria que ella misma favoreció incluyendo en su lista (en un destacado quinto puesto) para las elecciones europeas del 9 de junio a Fernando Navarrete, que desde 2018 hasta este mismo año fue jefe de gabinete del ex gobernador Pablo Hernández de Cos, cuyo mandato caducó solo unos días después de los mismos comicios.

Antes de pasar a formar parte del núcleo duro de Hernández de Cos en el Banco de España, Navarrete ejercía como secretario del Tesoro en el Ministerio de Economía del Gobierno del PP de Mariano Rajoy, cuyo último nombramiento oficial fue precisamente el del gobernador de la institución monetaria, antes de la moción de censura de la que que emergió el primer Gobierno de Pedro Sánchez en junio de 2018.

La relación de Fernando Navarrete con el Partido Popular y con la derecha política es más extensa. Con Luis de Guindos como ministro de Economía, fue director general de finanzas y estrategia del ICO (Instituto de Crédito Oficial) desde febrero de 2012 a marzo de 2018. Por cierto, el propio De Guindos saltó del Ejecutivo de Rajoy a la vicepresidencia del BCE.

Navarrete, antes de participar en los gobiernos del PP, fue director del departamento de Economía y Políticas Públicas de la Fundación Faes, que preside el ex presidente popular José María Aznar (de 2007 a 2012). Esta organización se define a sí misma como “una organización liberal conservadora y demócrata cristiana”. De 2002 a 2007 trabajó como economista en el Banco de España.

La elección de un nuevo gobernador del Banco de España

El Ejecutivo de coalición tiene que elegir un nuevo gobernador en las próximas semanas. El plazo para llegar a un acuerdo con el PP se agota. El mandato de la subgobernadora, Margarita Delgado, que se ha quedado al frente del Banco de España caduca el 11 de septiembre. A partir de entonces, la institución quedaría descabezada y sin representación en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) si el Gobierno no aprueba un relevo.

En julio, el Banco de España ya perdió el derecho a voto en el órgano principal que decide la política monetaria de la eurozona por presentarse con una gobernadora en funciones. En última instancia, la decisión es del Gobierno. Sin embargo, la 'costumbre' política dicta que se pacta con el principal partido de la oposición. Tanto la elección del gobernador o gobernadora como su segundo en la entidad monetaria.

Este acuerdo se ha convertido en otro campo de batalla entre PSOE y PP. “Hoy son ministros de Sánchez y mañana son presidentes del Banco de España. Me vuelvo a remitir al informe del Estado de Derecho. Es un informe que da un varapalo durísimo al Gobierno de Sánchez, con todas las medidas que está incumpliendo en el Estado de Derecho. Europa está exigiendo a Sánchez más transparencia e independencia y autonomía de las instituciones. Por tanto, basta ya de manosearlas y de ocuparlas”, advirtió Dolors Montserrat este lunes.

A principios de julio, cuando el nombre de Escrivá se filtró a los medios de comunicación como uno de los candidatos propuestos por el Gobierno para dirigir el Banco de España, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dijo que saltar de ministro a gobernador “no” amenaza la independencia de la institución, porque la independencia está garantizada por la Ley.

Aunque se resiste, el acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, cerrado el martes 25 de junio, allanó otro pacto entre los dos principales partidos de nuestro país para la sucesión en la institución monetaria, que podría extenderse a los nombramientos pendientes en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a los que están por llegar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Nueva etapa en el Banco de España

El Banco de España es una institución de más de dos siglos de historia cuyo principal papel —decidir la política monetaria— está en nuestros días supeditada al Eurosistema (al Banco Central Europeo) pero que cumple una misión clave en la supervisión de las entidades financieras y conserva un importante músculo en su brazo de análisis y evaluación de la coyuntura y las políticas económicas.

Durante los últimos años, el Gobierno de coalición ha sufrido el escrutinio del servicio de análisis de esta institución. El Banco de España ha reaccionado a todas (o casi todas) las políticas económicas progresistas, con algunos tropiezos sonados como la crítica a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2021, o las reticencias al gravamen a los beneficios extraordinarios a los bancos mientras amasaban beneficios históricos y repartían dividendos récord, favorecidos por la propia política monetaria.

Los debates con nueve participantes son un follón considerable. Demasiada gente y demasiadas intervenciones del moderador hablando de los tiempos que quedan a cada participante. En el debate del jueves de dos horas y cuarto en TVE al menos se puede decir que se habló de Europa. No suena llamativo al tratarse de un debate sobre las elecciones europeas, pero podía pasar cualquier cosa cuando Dolors Montserrat, del PP, arrancó su primera intervención mencionando a Begoña Gómez, a Bildu y al “prófugo de la justicia”. La socialista Teresa Ribera respondió diciendo que en las cumbres europeas le preguntan por la ultraderecha. Ese era uno de los mensajes que traía para insistir en el debate.

Las candidatas de izquierda insistieron una y otra vez en la amenaza de la extrema derecha y llamaron racista a Jorge Buxadé por su intento de poner al mismo nivel la inmigración y la delincuencia. No dejaron que esa acusación falsa quedara sin respuesta. Estrella Galán, de Sumar, e Irene Montero, de Podemos, denunciaron el pacto migratorio apoyado en la UE por socialistas y conservadores. “Está demostrado desde los años noventa que esas políticas han fracasado”, dijo Galán.

Ribera no se dio por aludida y no defendió el pacto, más allá de relacionarlo con “la solidaridad con el sur de Europa”. Ese no es el tema que se ha destacado en la cobertura periodística de un acuerdo cuya prioridad es poner muros más altos a la inmigración en las fronteras europeas.

Lo que sí hizo Ribera fue destacar las ventajas de la inmigración, aunque de forma sucinta. “Nos estamos beneficiando de la llegada de esas personas”, explicó. Habría sido importante que lo detallara en términos de empleo, pensiones y sanidad. Exigió al PP disculpas por “sus discursos xenófobos y racistas” en las elecciones de Catalunya y en esta campaña. Montserrat no contestó y se limitó a acusar al PSOE por “sus ataques a los jueces”. En general, se mantuvo al margen de la discusión sobre inmigración en los momentos más calientes.

Irene Montero, que llevaba un pañuelo palestino sobre el hombro, habló de las guerras de Gaza y Ucrania incluso antes de que se iniciara el bloque sobre política exterior y defensa. Criticó al ministro Albares por no apoyar la acusación surafricana contra Israel en la Corte Internacional de Justicia y limitarse a personarse en el procedimiento abierto en ese tribunal con el fin de apoyar a sus jueces. “¿Para qué narices vamos a la Corte Internacional?”, se preguntó. Galán exigió un embargo de armas a Israel y la ruptura de relaciones diplomáticas.

Ribera afirmó que la decisión tiene valor como apoyo al pueblo palestino y además confirma que “estamos en el lado correcto de la historia”. Montero insistió en la pregunta y Ribera no quiso responderle.

Al igual que su partido en las últimas semanas, Montserrat no se atrevió a criticar a Israel por la matanza que está teniendo lugar en Gaza y desdeñó el reconocimiento español del Estado palestino por no haber esperado a una decisión consensuada en la UE, que por lo demás es imposible que se produzca.

Lo que sí hizo la candidata del PP fue presumir de la aportación de su partido en el Parlamento Europeo. En un caso de apropiación no cultural, dio como ejemplo de esa relevancia el veto a la importación de arroz de Asia. Jordi Cañas, de Ciudadanos, se echó a reír para destacar la osadía de Montserrat: “El ponente del arroz (en el debate parlamentario) era yo, no usted”.

La guerra de Ucrania fue la que provocó las mayores discrepancias. Las candidatas de izquierda se opusieron al aumento del gasto militar. Montero fue la más enérgica. Reclamó que se rompa “el consenso bélico” y metió miedo por el riesgo de una guerra nuclear. “Con la guerra crece la desigualdad. Con la guerra crecen las hipotecas y el precio de los alimentos”. Llegó a decir que con la guerra “van a volver las reglas fiscales”, es decir la austeridad y el recorte del gasto público, aunque eso es políticamente imposible si se aumenta el gasto en defensa. Nadie puede ganar unas elecciones en Europa si tiene que reducir el gasto social y aumentar el gasto militar al mismo tiempo.

Montero dijo que hay que parar esa guerra con negociaciones diplomáticas, una carta ignorada por los gobiernos europeos, entre otras cosas porque ninguno de los dos contendientes se ha mostrado favorables a las negociaciones. Sus reivindicaciones mínimas son incompatibles.

Jordi Cañas, el único que se puso borde con algunas de sus interlocutoras, le reprochó que no destacara la responsabilidad de Vladímir Putin en la decisión de invadir Ucrania. “Es todo como mágico. ¿Quién ha provocado la guerra? Putin. Dilo”. Cuando empezó a hablar, Montero intervino para decir: “Hazme un mansplaining”.

En su turno, Ribera podría haber defendido las decisiones del Gobierno del que forma parte en relación al envío de armas a Ucrania para que se defienda de la agresión rusa. No lo hizo. La vicepresidenta tenía la tendencia de mencionar los temas que llevaba en sus papeles y de no entrar en el cuerpo a cuerpo con nadie que no fuera el PP o Vox. Eso hizo que dejara varias preguntas sin contestar.

En cierto modo, el debate fue un oasis dentro de una campaña marcada por el duelo central entre el PSOE y el PP, que se ha dirimido en cuestiones de política nacional. Al menos, durante una noche se habló de Europa. No hay que tomarlo como una costumbre, como se verá el viernes en el cierre de la campaña.

Un juez de Madrid ha imputado a Pilar del Castillo, eurodiputada del PP y número nueve de la lista del partido a las elecciones europeas de este domingo, en una causa que investiga si ella y varios de sus socios conspiraron y denunciaron en falso a un empresario del sector tecnológico. Según documentación judicial a la que ha tenido acceso elDiario.es, las diligencias llevan abiertas desde febrero y el pasado nueve de mayo el titular del juzgado llamó a declarar como investigada a la exministra para el 28 de mayo, pero su comparecencia no fue posible al no ser localizada y el caso sigue abierto a la espera de una nueva citación.

La querella, firmada por uno de sus antiguos socios en una empresa en la que tuvo acciones mientras era eurodiputada, le atribuye delitos de administración desleal, denuncia falsa y organización criminal. Este medio se ha puesto en contacto con el PP a lo largo de todo este martes y a través de los cauces oficiales para tratar de obtener una valoración del partido acerca de la imputación de Del Castillo. Por el momento, no ha recibido respuesta.

Según la querella y la documentación que ha podido examinar elDiario.es, en agosto de 2006 la ya entonces eurodiputada firmó su entrada en el accionariado de una empresa del sector tecnológico llamada Tecnofor Ibérica SL: 733 participaciones por un valor de 90.000 euros repartido entre el capital social y la prima de emisión. Posteriormente, ya en abril de 2013 y a través de otra empresa llamada Attendance Estudios y Consultoría, adquirió participaciones de otra sociedad llamada Cloud Middle Trust SL.

La eurodiputada, según consta en la documentación aportada al caso, formó parte del accionariado de su compañía tecnológica de forma pacífica hasta que en 2012 varios socios empezaron a intentar vender la empresa para capear la crisis económica que había arrancado unos años antes. El autor de la querella relata en su escrito que los socios “pasaron a ejercer un incesante acoso societario” que culminó con una querella contra él por administración desleal. El caso que acabó en absolución.

El afectado pasó entonces al ataque y presentó una querella contra Pilar del Castillo y sus antiguos socios por administración desleal, denuncia falsa y organización criminal que, en octubre del año pasado, fue inadmitida por el juzgado número 14 de Madrid. El magistrado entendió que el trasfondo del asunto no eran tres delitos sino “serias discrepancias” entre los socios. Fue la Audiencia Provincial la que, ya en febrero de 2024, decidió ordenar la apertura de diligencias. “No resulta descartable”, dijo el tribunal, que sí hubieran existidos esos delitos.

La respuesta reciente del juez llegó a principios de este mes de mayo, dos días después de que se registraran las candidaturas para las elecciones europeas: el día nueve de mayo, hace casi un mes, firmó la citación de Pilar del Castillo y el resto de querellados como investigados para el pasado 28 de mayo.

Fuentes del caso explican que ni ella ni otros acusados fueron localizados y las declaraciones se suspendieron sin que, por el momento, el instructor haya fijado una nueva fecha. También explican que por el momento no se ha realizado ninguna argumentación sobre si debe ser el Tribunal Supremo el que asuma la causa por su aforamiento como eurodiputada.

“Ha sido pieza decisiva para el fraude”

La querella entiende que la responsabilidad por todos estos hechos se extiende a los socios de la sociedad, entre ellos Pilar del Castillo. Considera a dos de los investigados “los verdaderos cabecillas del grupo criminal” y sobre la eurodiputada, razona: “Aunque pueda parecer que ha tenido menor participación en los hechos, ha sido pieza decisiva en el grupo criminal para que el fraude se haya materializado”.

En el caso de la candidata del PP a las próximas elecciones europeas el denunciante cita los hechos que le imputa. “Votar a favor de acuerdos claramente perjudiciales para las mercantiles y el querellante”, reprocha, en primer lugar. Y participar en una estrategia para que dimitiera, entraran nuevos socios en la empresa y que finalmente otro de los acusados “llevara a cabo la operación acordeón”.

Pilar del Castillo Vera (Nador, 1952) fue ministra de Educación y Cultura entre los años 2000 y 2004, durante la última legislatura de José María Aznar, después de estar cuatro años al frente del CIS. Consiguió un escaño en el Parlamento Europeo tras ir como número ocho en las listas del PP que encabezó Jaime Mayor Oreja en el año 2004, puesto en el que ha permanecido desde entonces. Actualmente ocupa el número nueve de la lista del PP a las elecciones europeas de este domingo que lidera Dolors Montserrat.

La declaración de bienes de Pilar del Castillo no refleja que en el pasado informase al Parlamento Europeo sobre las acciones que ostentó en esta empresa. El Código de Conducta del Parlamento explica que la declaración de intereses privados tiene que recoger “la participación en empresas o sociedades, cuando pueda tener implicaciones políticas o cuando otorgue al diputado una influencia importante en los asuntos de los organismos de que se trate”. No consta que la empresa en la que la eurodiputada tuvo acciones responda a esas características.

La candidata al Parlamento Europeo del PP en España, Dolors Montserrat, ha destacado que en esta campaña está “pisando la España real”, estando “al lado de todos los españoles, para hablar con ellos y conocer sus necesidades y preocupaciones” y así “poner solución a sus problemas”.

Así lo ha hecho en una visita a Azuqueca de Henares en Guadalajara, donde ha resaltado que si el PP se “fortalece” en estas elecciones, Pedro Sánchez no tendrá otra opción que convocar elecciones, pues su Gobierno “está en las horas más bajas porque sus socios no le aprueban ninguna ley”.

Montserrat ha aseverado que el próximo domingo “nos jugamos mucho”, por lo que ha pedido “unir el voto en el PP para defender mejor a Castilla-La Mancha y a España en Europa”. De este modo, ha asegurado que los votantes del PSOE de Castilla-La Mancha “no van a tragar ni con la corrupción de Sánchez ni con la Ley de Amnistía que ha entregado la igualdad de los españoles a un prófugo de la justicia”.

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha destacado la “eficacia y la capacidad de gestión de Dolors Montserrat” frente a la candidata del PSOE, Teresa Ribera, que apuesta por “prohibir la caza y los toros”.

 El presidente regional del PP ha lamentado que Ribera sea una ministra ultraecologista que aplica las políticas del Pacto Verde y del “ecologismo radical” en el campo y el agua castellanomanchegos.

Ribera, a juicio de Núñez, es la representante de Sánchez “que va a Europa no sabemos muy bien a qué”, pero sí a defender “el ultraecologismo, el Pacto Verde y las prohibiciones para temas como la caza, los toros o el uso del agua”.

El PP vasco ha querido mostrarse “europeísta” en al visita de su candidata para el 9 de junio, Dolors Montserrat. La dirigente 'popular' ha acudido en la tarde de este sábado a Bilbao para asistir al encuentro de la final de la Champions League femenina que se celebra en el estadio de San Mamés entre FC Barcelona y el Olympique de Lyon.

La cabeza de lista del PP a las elecciones al Parlamento Europeo, en unas declaraciones previas, ha acusado al PNV de ser el “cómplice” del Gobierno central a la hora de que no hayan llegado la totalidad de los fondos europeos a Euskadi. Tras defender que el apoyo a su formación supone “el voto útil para que lleguen los fondos europeos a la economía real”, la aspirante a eurodiputada ha recordado que los 'populares' presiden la Comisión Europea, el Parlamento y son la fuerza mayoritaria. “Con nuestro liderazgo conseguimos los fondos europeos para España. Fondos que tenían que servir para la economía real, para llegar a la pequeña y mediana empresa, para mejorar la competitividad, para llegar al sector industrial tan importante en Euskadi”, ha destacado, informa Europa Press.

No obstante, ha lamentado que el Gobierno de Sánchez solo ha destinado a Euskadi “una tercera parte de los fondos que tenían que haber llegado” y ha responsabilizado al PNV de ser “cómplice” de esta situación. “El 9 de junio nos jugamos la economía, la competitividad, el crear empleo, el dar oportunidades a nuestros jóvenes, los grandes abandonados del Gobierno. Uno de cada cuatro jóvenes están en el paro y lideramos las listas de desempleo en Europa”, ha enumerado.

Por su parte, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha incidido en que durante la campaña electoral van a seguir defendiendo “una idea de apertura, de tender puentes y de levantar barreras y fronteras”. “Por eso, el PP es la primera fuerza en Europa, en España y tiene que ser una fuerza política muy importante en estas elecciones en el País Vasco”, ha expresado. Tras destacar que el discurso de los 'populares' es “muy europeísta, entendiendo la Unión como un valor”, lo ha contrapuesto a aquellos que hablan “constantemente de separación, de segregación, de fractura, de ruptura con el resto de España”. “Nosotros lo que hablamos es de los valores de la Unión”, ha insistido.

La cabeza de lista del Partido Popular al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, se ha comprometido “a que el PP siga siendo el freno de esa izquierda que quiere arruinar el campo”. Lo ha hecho en un acto público celebrado este viernes en Navarrete, en el que ha estado acompañada por el presidente del PP de La Rioja, Gonzalo Capellán, y la candidata riojana, Esther Herranz.

Montserrat ha recordado que en el Parlamento Europeo “la izquierda intentó criminalizar al sector del vino. Pedían que las botellas tuvieran una etiqueta como las que aparecen en las cajetillas de tabaco, clasificando el vino como cancerígeno, lo que hubiera supuesto una ruina para el sector. Por eso me reuní con el sector, redacté una enmienda contra ese ataque y la ganamos. Y hoy el vino no tiene una etiqueta como el tabaco, gracias al Partido Popular. Porque si por el PSOE hubiera sido, el sector del vino estaría pagando las consecuencias de esta tremenda irresponsabilidad”.

La candidata ha advertido de que “si el 9 de junio nos quedamos en casa porque pensamos que estas elecciones no van con nosotros y no importan, los otros ganan. Pero hay esperanza, tenemos la oportunidad de dar un paso de gigante no solo para defender España en Europa, sino para lograr el cambio que necesita nuestro país. Porque Europa es campo. Y por eso me comprometo hoy aquí, tierra de agricultores, de verduras y productos de calidad, a seguir defendiendo a nuestros agricultores y ganaderos”.

En este sentido ha anunciado que “vamos a acabar con la competencia desleal. Se acabó recibir productos de otros países que no tienen nuestros controles sanitarios ni la calidad de nuestros productos. Y vamos a exigir controles sanitarios más duros en Europa para los productos que vienen de fuera, y que España los aplique. Exigimos que se mantenga y amplíe la rebaja del IVA en los alimentos básicos, también al pescado, la carne y las conservas”. Y por otra parte se ha comprometido a aprobar un plan europeo por la Salud Mental.

La voz del campo riojano

Por su parte, el presidente del Partido Popular de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha manifestado que “desde La Rioja vamos a demostrar la fuerza de esta tierra en Europa y el PP va a ser la voz del campo riojano en el Parlamento Europeo con la fuerza y la capacidad de Esther Herranz. Porque en estas elecciones nos jugamos mucho del futuro de nuestra región y de España”.

Capellán ha contrapuesto las dos opciones que concurren a las elecciones europeas: una, la del PSOE de Sánchez, Ribera y Luena, que defiende el Pacto Verde europeo que tanto daño está haciendo al sector primario, y otra, la del PP de Feijóo y Esther Herranz, que es quien mejor conoce Europa y va a defender nuestros intereses en el Parlamento Europeo“.

El presidente ha destacado que “vamos a ser la voz de los intereses de los agricultores y ganaderos riojanos en Europa. Pero no solo eso, también vamos a defender la salud mental y el bienestar emocional de las personas y vamos a gestionar correctamente los fondos europeos”.

Y por todo, y porque “somos Rioja, España y Europa. Estas son las elecciones más importantes, para que La Rioja tenga voz en Europa. No son solo elecciones europeas, son para decidir el futuro de La Rioja”, ha defendido.

La importancia de la PAC

Y Esther Herranz, que figura en el puesto número 13 de la candidatura liderada por Dolors Montserrat, ha hecho especial hincapié en que “la agricultura y la ganadería sean tenidas en cuenta como un sector estratégico, para lo cual habrá que revisar la PAC y hacer una pausa regulatoria durante un par de años con el fin de replantear mejor las cosas”. Porque, entre otras cosas, “corren peligro las ayudas directas, y queremos que estén garantizadas”. Para ello, “será necesario incorporar también una suspensión a la aplicación del Pacto Verde europeo por el rechazo que ha tenido, el abandono de la actividad que ha provocado y por la falta de equilibrio en la que ha dejado a agricultores, ganaderos y a la industria agroalimentaria española”. 

¿Pactos con la extrema derecha? ¡Puigdemont! ¿Conflicto con Milei? ¡Puigdemont! ¿Riesgos por el uso de TikTok? ¡Puigdemont! En el primer debate de las elecciones europeas por televisión, Dolors Montserrat clavó el argumentario del Partido Popular en una nueva demostración de que da igual qué tipo de elección se celebre en España. El mensaje es el mismo que si se elige al Parlamento español, el catalán o el europeo. En cualquiera de las tarjetas que utilizaba la candidata aparecía la palabra maldita: ¡¡¡Puigdemont!!!

Un día antes del inicio de la campaña, La Sexta unió a las candidatas del PSOE y del PP, Teresa Ribera y Dolors Montserrat. No se gastaron mucho en escenografía –una mesa alta y las dos protagonistas de pie–, pero no todos los grandes debates tienen que estar situados en una nave espacial. En el fondo, dominaban los tonos azules de la bandera europea para servir de guía a las protagonistas. No es que sirviera de mucho, pero al menos había que intentarlo. Inevitablemente, tenía que aparecer... Puigdemont.

A la primera pregunta de la moderadora, Ana Pastor, a Montserrat sobre posibles pactos futuros en Bruselas con la extrema derecha, la candidata del PP respondió diciendo que pondrán “el programa de su partido sobre la mesa”. A la pregunta a Ribera sobre si estos comicios serán un “plebiscito sobre Pedro Sánchez”, la socialista se remitió a la primera cuestión planteada a la rival sobre la extrema derecha. Cada una venía con su mensaje y sacarlas de allí era complicado. En el tramo final del debate, cuando tocaba hablar de polarización, pasaron directamente a hablar de Catalunya. Y Montserrat volvió a mencionar al “prófugo de la justicia”. Para qué disimular.

Sobre los grandes debates europeos, se habló lo justo. Obviamente, sobre la guerra de Ucrania, aunque tampoco mucho. A cuenta del cambio climático, algo pero no demasiado, lo que perjudicó a Ribera. Podría haber sido el debate de unas elecciones españolas, porque también lo son. La socialista vendió a tope los grandes éxitos del Gobierno de Sánchez y llegó a hablar de “exportar el modelo español”: “Nuestra propuesta para Europa es lo que estamos haciendo aquí”.

Montserrat repitió lo que ya había anunciado Alberto Núñez Feijóo esta semana. La medida estrella es perdonar los impuestos directos a los jóvenes en su primer empleo “en los primeros cuatro años”. Lo cierto es que a la mayoría de los jóvenes les encantaría tener que pagar mucho dinero después de hacer la declaración de la renta, porque significaría que su salario es muy alto. Esto no es lo que suele ocurrir para la mayoría de ellos en sus primeros años en el mercado laboral.

Ribera respondió con las cifras habituales en la sesión de control en el Congreso. “En los seis años de Rajoy, se crearon 400.000 puestos de trabajo. En los seis primeros años de Sánchez, se han creado 3,6 millones de puestos de trabajo”, dijo. Comparar coyunturas económicas diferentes es un clásico en los debates políticos, aunque siempre es discutible. Rajoy ganó las elecciones de 2011 gracias a una crisis económica gigantesca y luego tuvo que afrontarla en años muy difíciles. Pero el dato final es el que es.

Fue el momento en que Montserrat sacó un cartel con la cifra 65%. Dijo que ese era el aumento de los “niveles de pobreza en España”. Resulta todo un enigma saber de dónde ha sacado ese dato teniendo en cuenta el descenso del paro y de la temporalidad en los últimos años.

Lo que es indudable es que España es el cuarto país de la UE con mayor tasa de población en riesgo de pobreza y exclusión social con un 26% y que la desigualdad de ingresos es de las más altas en la UE. Al mismo tiempo, hay que recordar que ese porcentaje es el más bajo desde 2015, año en que gobernaba el PP. La tasa más alta se produjo en 2016 cuando Montserrat era ministra de Sanidad y Servicios Sociales.

La otra línea de ataque del PP en esta campaña será la agricultura y ganadería. Montserrat denunció “la competencia desleal que sufren los agricultores” sin decir de dónde viene. El campo recibe subvenciones europeas millonarias procedentes de la PAC, es decir de la UE, que a su vez tiene firmados acuerdos comerciales con otros países, como por ejemplo Marruecos, para recibir sus exportaciones agrícolas. No se puede desligar una cosa de la otra y todos los gobiernos lo saben.

“Usted se sumó al ataque a la fresa de Huelva”, acusó Montserrat a Ribera sin explicar cómo. Tendría que haber hablado de Doñana y seguro que no le interesaba. Llegó a decir que el Gobierno había dejado entrar “fresas con hepatitis”, casi como si supiera que venían contaminadas.

No se molestó en comentar que la Comisión Europea anunció muy pronto que no llegaron a estar a la venta en ningún punto de España o de otro país europeo. El Gobierno andaluz confirmó que había localizado al importador y al distribuidor y que el segundo no llegó a ponerlas en el mercado.

Cuando Ribera afirmó que una victoria de Marine Le Pen en Francia haría que los productos agrícolas españoles lo tendrían más difícil para venderse en el país vecino –un riesgo que es improbable que Bruselas fuera a permitir–, Montserrat debió de sentirse nerviosa porque sacó el comodín que traía de casa. “¿Sabe quién es Junts? Pedro Sánchez dijo que Puigdemont era el Le Pen español. Así que no me hable de Le Pen”. Mejor hablar de Puigdemont que del hecho de que el PP no dio el voto afirmativo en el Congreso a la ley de cadena alimentaria.

En el terreno de la pura fantasía a la hora de defender al campo, Montserrat sugirió que plantarán cara a Donald Trump: “No vamos a permitir que se pongan aranceles a los productos agrarios españoles cuando cambie un gobierno en EEUU”. La capacidad de España de impedir a alguien como Trump, si regresa a la Casa Blanca, de aumentar los aranceles al aceite o al vino españoles es cercana a cero. Es lo que pasó en su primer mandato y el Gobierno de Rajoy no pudo hacer mucho al respecto.

Había sido un debate extraño, porque ambas candidatas no se interrumpían y dejaban al rival exponer sus argumentos. Estamos acostumbrados a cosas peores. Fue sacar Ribera el tema del cambio climático y Montserrat decidió que se acababan las buenas maneras. También era el momento de echar mano de los temas que traía guardados, aunque no tuvieran nada que ver con Europa.

Enseñó otro cartel con la cifra 1.100. Últimamente, los partidos se curran muy poco los carteles que enseñan en los debates televisados. Una cifra y a correr. Era el número de “1.100 depredadores” con condenas reducidas por la ley del sólo sí es sí. No hay campaña en la que no se puedan sacar los grandes éxitos del pasado.

En su intervención final, la candidata del PP prometió que luchará en Bruselas contra la ley de amnistía. Para entonces, ya estará aprobada y presumiblemente aplicada. Eso no tiene mayor importancia para Montserrat. Se va a pasar toda la campaña hablando de Puigdemont.

A punto de cumplirse dos años de la entronización de Alberto Núñez Feijóo al frente del PP, el líder del partido ha perdido en Catalunya su primera gran batalla interna. El inesperado adelanto electoral para el 12 de mayo cogió a la dirección nacional sin los deberes hechos: un congreso aplazado, y vuelto a aplazar, desde 2021 y un candidato que no era del gusto del jefe de filas. Pero Feijóo no ha torcido el brazo de Alejandro Fernández y ha tenido que asumir su continuidad ante el temor a un cisma interno de consecuencias inesperadas.

Fernández ha jugado la partida conocedor de que tenía la sartén por el mango. “Paciencia, prudencia y discreción”, comunicó su entorno más próximo a primera hora de la tarde del lunes, justo cuando el líder del PP catalán enfilaba el despacho de la planta noble del número 13 de la calle de Génova de Madrid. El de Feijóo.

Allí, mano a mano, cocinaron el acuerdo. Fue una reunión larga, según han explicado después. Pero no fue la primera que Fernández tuvo en Madrid desde que Pere Aragonés anunciara el adelanto electoral. Una semana antes ya se reunió en Génova con la vicesecretaria de Organización, Carmen Fúnez.

Pero ni ella, primero, ni Feijóo, después, pudieron convencerle de que diera un paso al lado, pese a las presiones públicas y privadas recibidas por Fernández, quien ha contado con el apoyo del sector más duro del PP. Su principal valedora ha sido Cayetana Álvarez de Toledo ante el silencio de Isabel Díaz Ayuso.

Génova quiso aplicar con Fernández la misma estrategia que ya usó con otros dirigentes a los que reclamó un paso al lado. Por ejemplo, Carlos Iturgaiz en Euskadi, José Antonio Monago en Extremadura, José Ignacio Ceniceros en La Rioja o Ana Beltrán en Navarra.

Un “parto”

La llegada de Feijóo a Génova supuso el relevo de un buen número de líderes autonómicos. Y los resultados de las elecciones de mayo de 2023 parecieron dar la razón al dirigente gallego. Su mano derecha, Miguel Tellado, se recorrió toda España en búsqueda de los mejores candidatos. A quien pidió echarse a un lado, lo hizo.

Pero Alejandro Fernández, no. Se decidió a resistir y ganó. El lunes 27, tras reunirse con Feijóo, tuiteó: “He trasladado al presidente Feijóo mi absoluta disposición. Como candidato a la Generalitat, o como afiliado de base”. Para entonces, la decisión ya estaba tomada.

El conflicto quedó patente este miércoles durante la Junta Directiva Autonómica que eligió a Alejandro Fernández como candidato del PP a las elecciones del 12 de mayo. “Ha sido un parto un pelín delicado, pero el niño os aseguro que ha salido sano. Peleón, pero también os aseguro que os va a dejar dormir por las noches”, le espetó el dirigente catalán a su jefe de filas en una intervención en abierto. Feijóo le recogió el guante en su turno. “El niño nos ha nacido varón y no tenemos más… más afirmación…”, dijo, entre leves aplausos. Y no terminó la frase.

Porque sentada en la mesa presidencial de la Junta Directiva del PP catalán estaba también Dolors Montserrat, la apuesta de Feijóo para encabezar la candidatura del 12 de mayo y que se tendrá que conformar con ser la directora de la campaña. No está claro si Montserrat se sumará a la lista de Fernández o si optará a un nuevo mandato como portavoz del PP en el Parlamento Europeo.

Feijóo presumió incluso de que todo el lío formado alrededor de Alejandro Fernández estaba medio buscado para lograr su “notoriedad”. “Tengo que empezar agradeciendo el interés que ha despertado el candidato. Siempre es importante conseguir notoriedad. Todas las agencias de comunicación, todos los consultores, siempre buscan la notoriedad del candidato, la notoriedad del partido, la notoriedad de la candidatura, y os puedo asegurar que lo hemos conseguido. Empezamos bien”, dijo.

La realidad es que en los días previos ningún portavoz del partido quiso ratificar a Fernández como candidato. Tampoco en las horas previas a la reunión con Feijóo. Borja Sémper ni siquiera mencionó su nombre cuando fue preguntado al respecto y se limitó a decir que todo estaba “abierto”. Una semana antes, el 19 de marzo, fue Tellado quien rehusó contestar a la pregunta de si consideraba a Alejandro Fernández como “el mejor candidato”. Otros, como Elías Bendodo, tiraron de ironía: “El mejor candidato es el presidente Feijóo”.

Desde el anuncio del adelanto electoral nadie en la dirección del PP, ni en público ni en privado, defendió a Alejandro Fernández como candidato. Solo cuando ya había sido corroborado, Feijóo elogió al elegido: “Hemos conseguido en muy poco tiempo trabajar, conformar y proponer la unidad del partido. Unidos por el mejor candidato. Unidos por el mejor equipo y unidos porque tenemos esta vez una opción real de ser decisivos en la política catalana. Digo que vamos unidos. ¿Por qué? Porque tenemos el mejor candidato y no tengo ninguna duda que Alejandro Fernández lo es”.

La oposición interna a Feijóo

Fernández ha pasado así de ser el candidato que cosechó en 2021 el peor resultado histórico del PP en Catalunya (últimos, con solo tres diputados y menos de un 4% del voto escrutado) al único posible para evitar una quiebra en el seno del partido.

Al ahora ratificado como candidato ya lo quiso destronar Pablo Casado después del varapalo de hace tres años, cuando Vox les duplicó en votos y triplicó en escaños y un Ciudadanos en caída libre logró el doble de representación. Pero el expresidente del PP se enzarzó en una disputa con Isabel Díaz Ayuso por el control del partido en Madrid que terminó con su carrera política.

Entre los barones que ayudaron a Feijóo a sustituir a Casado estuvo Alejandro Fernández, quien llegó precisamente a liderar el PP catalán a lomos del cambio de direcciones que ejecutó Casado al ser elegido en el congreso extraordinario de 2018. Y pese a estar en el alambre desde 2021, o precisamente por ello, Fernández se ha convertido en uno de los pocos barones del PP que han osado desafiar en público la estrategia de acercamiento al independentismo catalán puesta en marcha por Feijóo, sobre todo tras las generales de 2023. 

El líder del PP tuvo claro desde el principio que solo podía llegar a la Moncloa con el concurso de fuerzas tan dispares como Vox, Junts y el PNV. Si bien la lógica política podía indicar que la operación era inviable, cuando menos, Feijóo lo intentó. Lo hizo en privado, intentó que fuera secreto, pero diferentes revelaciones periodísticas han arrojado luz sobre aquellos días de agosto.

El líder del partido en Barcelona, Daniel Sirera, se reunió con representantes de Junts para sondear un apoyo, siquiera indirecto, a la investidura de Feijóo. También su vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons.

Los de Carles Puigdemont, con quien Pons ha reconocido haber hablado, plantearon las mismas condiciones que a Pedro Sánchez: la amnistía. Feijóo lo estudió, tal y como publicó elDiario.es. Y respondió que no podía ser, pero que sí estaba dispuesto a plantearse indultar al expresident que proclamó temporalmente la República Catalana tras el 1 de octubre de 2017. 

Esto se supo tiempo después. Pero en el verano de 2023 Alejandro Fernández ya arremetió contra el intento de lavado de imagen de Junts por parte del PP. Primero fue Pons quien afirmó que la “tradición y legalidad” de Junts no estaban “en duda”. Después, Cuca Gamarra. La secretaria general anunció una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios excepto con EH Bildu.

La respuesta de Alejandro Fernández llegó en forma de tuit: “Se avecinan movimientos (y fotos) que van a destruir la reputación de quien los impulse”. En la foto, que no se produjo por decisión de Junts, iba a salir Gamarra. Pero el impulsor era Feijóo.

Las maniobras del verano de 2023, que terminaron en fiasco y que luego han supuesto un dolor de cabeza para Feijóo, solo fueron un último intento de la dirección nacional del PP de recolocar el partido en la posición que tenía antes del procés, cuando podía entenderse en materia económica y social con la antigua CiU. De hecho, Junts y el PP se han acercado en las Cortes Generales en algunas materias, como vivienda. Y Feijóo aspira a que el resultado del 12 de mayo ahonde en la ingobernabilidad por la aritmética parlamentaria y obligue a Sánchez a convocar elecciones.

Tras la ratificación de Fernández como candidato, algunos presidentes y líderes autonómicos del PP le han felicitado en público. Juan Manuel Moreno (Andalucía) fue el primero. Después llegaron Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), María José Sáenz de Buruaga (Cantabria), Jorge Azcón (Aragón) o María Guardiola.

La derecha, partida en tres

Pero el fiasco del candidato no es el único que tiene que afrontar Feijóo. La excusa para no hablar de él fueron las conversaciones con Ciudadanos para intentar una candidatura conjunta. Y eso que en el partido que una vez ganó las elecciones catalanas y hoy apunta a la desaparición siempre defendieron a Alejandro Fernández. 

El adelanto electoral de Pere Aragonès desveló las conversaciones secretas entre PP y Ciudadanos partidos para buscar una candidatura conjunta para las europeas del 9 de junio. El recientemente dimitido secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, impuso que su partido no se presentara a las elecciones generales de julio del año pasado tras el fiasco de las municipales y autonómicas de mayo. Pero sí quería un acuerdo con el PP para asegurarse un segundo mandato como eurodiputado en Bruselas.

Pero Catalunya se atravesó en la negociación, y las resistencias del partido en su lugar de origen acabaron por hacer descarrilar no solo una posible entente para las catalanas, sino también el pacto para las europeas. En el PP sostienen que el impacto cuantitativo de Ciudadanos será menor, tanto en mayo como en junio. Pero sí querían apropiarse del valor “cuantitativo” del partido que en 2017 ganó las elecciones autonómicas post 1-O de la mano de Inés Arrimadas.

Sea como fuere, las encuestas auguran un buen resultado para el PP si se compara con la cosecha de 2021. El CEO apunta a que Fernández lograría entre nueve y 13 diputados. Los mismos que el instituto sociológico público catalán otorga a Vox. Ciudadanos quedaría fuera del Parlament según todos los sondeos, pero la distribución de sus votos podría decantar el último escaño en circunscripciones como Barcelona o Tarragona.

Pase lo que pase, ninguno de los tres tendrá capacidad para influir en la gobernabilidad catalana, según las encuestas. Pero el PP nacional ve en Catalunya una oportunidad de exhibir crecimiento antes de las europeas, si el Gobierno de coalición no logra recuperar la iniciativa, ante unas más próximas que lejanas generales.

“Vamos a recorrer todo el territorio, no vamos a dejar ninguna calle”, dijo en su intervención ante la Junta Directiva catalana la jefa de campaña, Dolors Montserrat. Un mensaje cargado de significado porque en las últimas semanas una de las cosas que se le ha achacado a Fernández es que no hace ese trabajo de “territorio” tan importante en unas elecciones.

“El trabajo comienza hoy hacia las catalanas, las europeas y con la vista puesta en las generales”, dijo Montserrat dirigiéndose a Feijóo, a quien prometió un “impulso definitivo” que le “lleve a la Moncloa”. Toda una declaración de intenciones sobre el papel que la dirección del PP reserva a la participación de su partido en las autonómicas del 12 de mayo.

La dirección nacional del PP ha ratificado a Alejandro Fernández como candidato a las elecciones catalanas del 12 de mayo. Alberto Núñez Feijóo no ha podido torcer el brazo a su líder autonómico, quien ha aguantado la creciente presión para dar un paso al lado y ceder el mando del PP en Catalunya. Pese a la falta de apoyo público que nadie de la cúpula ha mostrado por Fernández, y a confirmar que se estaban barajando otras opciones, Feijóo se ha tenido que conformar con el favorito del ala más dura del partido.

La elección de Fernández se confirmará en los próximos días. “El Comité Electoral Autonómico propondrá a Alejandro Fernández como candidato del PP a la Generalitat en las próximas elecciones del 12 de mayo”, apunta la dirección nacional del PP en un comunicado remitido a los medios este martes al filo del mediodía. “Tras haber obtenido el respaldo de los principales activos políticos del partido en esa comunidad, se someterá esta propuesta a la consideración de una Junta Directiva Autonómica que se celebrará este miércoles en Barcelona y a la que está previsto que asista el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo”, prosigue el comunicado.

Tras ser confirmado, Fernández ha respondido en Twitter: “Hoy es un día para dar las gracias de todo corazón”.

Feijóo asume así su falta de control sobre el PP de Catalunya tras dos años al frente del partido a nivel nacional. Su opción favorita como candidata, la actual portavoz en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, quedará “como presidenta del Comité de campaña, así como del resto del equipo que se encargará de la organización del proceso electoral”.

El líder del partido y el ya ratificado como candidato se reunieron ayer en la sede nacional del PP. Tras la cita, Fernández reiteró en Twitter su ofrecimiento para ser el líder de la candidatura, mientras la dirección mantuvo el silencio. Pero el ala dura del PP, que siempre ha apoyado a Fernández, no dejó de presionar por boca de la portavoz adjunta en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, quien le defendió como candidato cuando su jefe de filas todavía no lo había confirmado.

Incluso quien fuera líder del PP catalán y fundador de Vox, Alejo Vidal Quadras, felicitó a Feijóo por haber elegido a Fernández pese a que nadie en el partido lo daba por hecho.

Este marte, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, se ha felicitado por la decisión. “Me alegro de esa designación”, ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso. “Alberto Fernández es un gran candidato y hará un gran trabajo”, ha añadido.

Tellado fue el primer responsable de Organización tras la llegada de Feijóo a la jefatura del PP, e intentó durante año y medio largo el relevo al frente del PP catalán. Sin ningún éxito.

El hoy portavoz en el Congreso también ha asegurado que la candidatura del PP es la única que representa “al constitucionalismo” en Catalunya. “Tenemos una labor tremendamente importante por delante, que es aglutinar el voto del centro derecha”, ha dicho Tellado, quien ha añadido que su misión va “mucho más allá”. “Se trata de convertirnos en la única referencia del constitucionalismo, que se ha quedado huérfano una vez que el PSOE ha desertado del constitucionalismo para convertirse en un aliado sumiso del independentismo”.

Un día antes, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, aseguró que tras la fallida negociación para una candidatura conjunta con Ciudadanos, el partido inició “una segunda fase en relación con Catalunya, que es la de conocer cuál es la opinión de nuestros compañeros en Catalunya”. Un proceso ante el que, dijo Sémper, no descartaban “nada”.

“El PP en Catalunya es un partido al alza, con una expectativa electoral extraordinaria y lo que queremos hacer es seguir ensanchando nuestro espacio político”, añadió Sémper. 24 horas después, ese “proceso” se da por concluido con la ratificación de Alejandro Fernández.

“Despejado el nombre del candidato y el equipo de campaña, el PP también procederá a designar a la mayor brevedad el resto de integrantes de las candidaturas en las cuatro provincias. Todo ello será ratificado por el Comité Electoral Nacional”, concluye el comunicado.

Nuevo esperpento 'made in Spain' en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Esta vez a costa de la inmersión lingüística en Catalunya a raíz de la misión que viajó a mediados de diciembre y que ya nació coja dado que los grupos progresistas se negaron a participar como protesta por la instrumentalización. El borrador del informe elaborado por la delegación –compuesta sólo por los grupos de la derecha y una no inscrita del Movimiento Cinco Estrellas, que ha admitido la falta de “imparcialidad”– le llegó a los miembros de la Comisión a las 16 horas del martes, cuando ya se había filtrado a algunos medios de comunicación, y, por tanto, menos de 24 horas antes de que se celebrara el debate. La pugna por retrasarlo se ha prolongado durante 50 minutos en el arranque de la sesión con algunos gritos y aspavientos en la sala mientras la presidenta, Dolors Montserrat, trataba de mantener un orden que se le ha ido de las manos.

Al comenzar la sesión a las 9 de la mañana, los socialdemócratas, los verdes y la izquierda se han quejado de que el debate se fuera a producir sin haber tenido el tiempo necesario para analizar el informe –y también porque sólo estaba en inglés–. Y han pedido que se retrasara ese debate en base al artículo 165 del reglamento de la Eurocámara, que establece que los textos tienen que recibirse al menos 24 horas antes de su debate y votación.

Montserrat se ha negado inicialmente a sacarlo del orden del día argumentando que los grupos tendrían que haberlo planteado 24 horas antes y, tras un largo e intenso debate, los grupos se han pronunciado. La mayoría de la derecha (PP, ECR -el grupo del que forma parte Vox- y Renew -el grupo de Ciudadanos-) se ha impuesto y la tramitación seguirá adelante desde este mismo miércoles tras un breve debate sobre el asunto.

“Si es un problema tan de fondo y estructural no entiendo cuál es el problema de aplazarlo para que tengamos todas las garantías. Lo que ocurre es que hay elecciones en Galicia. El PP está en una situación complicada y el PP lo va a utilizar [el informe] en los medios de comunicación”, ha expresado el eurodiputado del PSOE Ibán García del Blanco.

El momento de más revuelo se ha producido cuando la portavoz socialista en la Comisión, Cristina Maestre, estaba interviniendo para solicitar el aplazamiento y ha llegado José Manuel García Margallo. “No tienen ni sitio para sentarse porque hay overbooking de señores del PP de España”, ha dicho entre risas. La sala estaba más llena de lo habitual, especialmente en la bancada conservadora. Por parte del PP español estaban Gabriel Mato, Pilar del Castillo, Antonio López-Istúriz, Isabel Benjumea y Margallo, que se han sumado a los representantes habituales de su grupo en la comisión.

“Además de ser imparcial, tendría que parecerlo”, le ha reprochado el eurodiputado de Junts Toni Comín a Montserrat: “Ya le ha hecho demasiado daño a esta comisión”. Además de plantar la misión, los grupos progresistas ya elevaron una queja sobre las maniobras del PP a la presidencia de la Eurocámara hace años. El PSOE ha anunciado que volverá a pedir amparo a la presidenta, Roberta Metsola.

El informe de una eurodiputada prorrusa

Durante su intervención, la eurodiputada de Ciudadanos Eva Poptcheva ha arremetido contra los nacionalistas quienes, ha dicho, “no representan a los catalanes”. “Su reputación como nacionalistas ha sido pisoteada debido a sus relaciones con Putin”, ha rematado haciendo referencia a uno de los asuntos que trae de cabeza a la UE (las injerencias rusas) una semana después de que la Eurocámara volviera a aprobar un informe en el que, entre otras cosas, vincula al independentismo catalán con dirigentes rusos.

Se da la circunstancia de que la presidenta de la delegación que viajó a Catalunya, Yana Toom, forma parte de la minoría prorrusa de Estonia y en los últimos años se ha abstenido o ha votado en contra de resoluciones críticas con el régimen ruso, desmarcándose de Renew. La prensa de su país, por ejemplo, destapó que pagaba los costes legales de una activista Pro-Kremlin.

Imparcialidad

“Hemos visto cómo aprovecha esta comisión para este show mediático que pagan todos los contribuyentes”, ha dicho la parlamentaria de ERC Diana Riba, que ha asegurado que la peticionaria del asunto de la inmersión lingüística “es una persona próxima a la presidenta” Montserrat.

La eurodiputada del Movimiento Cinco Estrellas Maria Angela Danzi, que formó parte de la delegación representando a los no adscritos y que también se ha quejado de haber recibido el informe el martes, ha reconocido que se sintió “violenta” porque algunos partidos mayoritarios no participaron en la misión. “Esto no ha sido positivo. No ha permitido hacer que el resultado sea imparcial”, ha lamentado Danzi. “Lo considero como una de las causas de que se nos recibiera como se nos recibió”, ha agregado sobre las protestas en torno a la delegación.

“La izquierda ya ha tenido su momento de gloria, están las televisiones aquí. Hay un orden del día. Hay un trabajo de la ponente y lo único que se está pidiendo es un debate. Todos los que estamos aquí estamos perfectamente preparados para debatir”, ha expresado el parlamentario de Vox Jorge Buxadé.

“Estoy avergonzada. Los afectados en España siguen probablemente este debate y ha sido avergonzante”, ha dicho la ponente (de Renew) Yana Toom. Su informe reclama que haya “dar el mismo tratamiento tanto al castellano como al catalán como lengua vehicular de la enseñanza” yendo un paso más allá de las propias sentencias que fijan la educación en castellano en el 25%. El debate en sí sobre el informe ha durado menos que la discusión previa con apelaciones constantes de Montserrat a la necesidad de acelerar por el retraso acumulado, a pesar de que el PP ha calificado como “histórico” el asunto.

Atacar al Gobierno con todos los medios a su alcance. Esa parece ser la instrucción que han recibido los partidos de la derecha española y que llevan poniendo en práctica toda la legislatura. Este martes habrá un nuevo episodio en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que preside la portavoz del PP, Dolors Montserrat, con un ‘superdebate’ sobre el Estado de derecho y la amnistía en España. La derecha aprovechó la vacante que dejó la ahora ministra Sira Rego para priorizar ese asunto, que representa una preocupación para el 0,6% de los ciudadanos españoles, según el CIS.  

Entre los ciudadanos que quieren expresar una queja y formular una petición está la exeurodiputada y exdirigente de UPyD Rosa Díez. En total hay ocho solicitudes en el orden del día del martes que se han incorporado por el procedimiento de urgencia mientras otros, como la queja por la manipulación de la televisión pública gallega, siguen en el cajón.

A lo largo de toda la legislatura ha habido encontronazos en ese organismo entre los representantes españoles. El último fue a raíz de la maniobra de Montserrat para intentar paralizar 45 minutos la reunión y que diera tiempo a los eurodiputados del PP a llegar a un debate para cuestionar la independencia judicial en España. El impulsor era Santiago Alvarez-Baron Stoof, conocido por sus posiciones antifeministas.

En diciembre, las fuerzas progresistas plantaron la misión a Catalunya para evaluar la inmersión lingüistica al considerar que era una utilización por parte de la derecha. Como era de esperar, el viaje sirvió a los grupos de los que forman parte PP y Vox para arremeter contra el modelo. 

Otro de los caballos de batalla en esa comisión fue la reforma educativa conocida como ‘ley Celáa’. Hasta cinco peticiones sobre el asunto se debatieron en marzo de 2021 y los grupos de la oposición, que censuraron la normativa, se llevaron un revés de la Comisión Europea, que aseguró que no veía “ninguna violación de ninguna norma de la UE” que pudiera amparar las quejas. 

Maniobras contra los fondos europeos y la gestión de la pandemia

Montserrat llegó a retorcer los datos de la Comisión Europea para dar carpetazo a una petición sobre la contaminación en Madrid, un asunto que estaba incluso judicializado y por el que España llegó a estar condenada. “La Comisión Europea ha dicho que el Ayuntamiento [de Madrid, gobernado por el PP] ha cumplido en 2020”, argumentó Montserrat para cerrar el expediente. Sin embargo, lo que decía el Gobierno comunitario era lo opuesto: “Madrid lleva superando los valores límite anuales y horarios de dióxido de nitrógeno de manera continua y persistente desde el año 2010”. 

Para entonces, las fuerzas progresistas habían solicitado amparo a la presidencia de la Eurocámara hacía un año y medio por el “uso partidista” que hacía Montserrat de la comisión, pero no tuvo ningún efecto. “En determinados asuntos, especialmente en aquellas peticiones relacionadas con asuntos críticos con la gestión del Gobierno de España, muchas de las cuales vienen auspiciadas por dirigentes y militantes del Partido Popular español, la presidenta de la comisión está basando su criterio en una posición política y no se están siguiendo los criterios de independencia y justicia que deberían regir la actuación de quien preside un órgano como este, que es, al fin y al cabo, la puerta de entrada de los ciudadanos a las instituciones europeas”, expresaban socialistas, verdes y el grupo de La Izquierda en una misiva al entonces presidente, David Sassoli. 

Entre los detonantes que les llevaron a mover ficha estaban decisiones como el retraso de una misión al Mar Menor para enviar otra a Euskadi a investigar los crímenes de ETA o el bloqueo por parte de PP, Vox y Ciudadanos, cuyo grupo ha sido el que ha inclinado la balanza durante toda la legislatura, de un debate sobre las violaciones del Estado de derecho en Hungría mientras daban cobijo a quejas sobre la gestión de la crisis de la pandemia en España elaboradas por un exdiputado del PP. Un informe que seguía el mismo espíritu que esa queja, y que se basaba fundamentalmente en recortes de prensa, llegó al comisario de Justicia, Didier Reynders, de mano de Montserrat, que desoyó los informes técnicos del secretariado de la comisión de Peticiones para desestimar otra queja del mismo exdiputado del PP. 

Del Comité de las Regiones al TJUE contra la amnistía

Primero fue la pandemia y luego los fondos europeos. Pablo Casado sacó toda la artillería para cuestionar la gestión del Plan de Recuperación y Resiliencia, que supone para España una inyección de 79.800 millones de euros en subvenciones y préstamos por un importe de 83.200 millones y que en buena medida está ejecutado por las comunidades autónomas. Reuniones con embajadores, con los dirigentes de su familia política… Todo sirvió para sembrar dudas, a pesar de que Bruselas ha ido una y otra vez aprobando los pasos que se daban siendo España incluso el alumno aventajado de la UE. 

La Eurocámara aprobó el envío de una misión de control de los fondos europeos y durante semanas la derecha política y mediática la aireó como si volvieran ‘los hombres de negro’ a investigar a España. Los eurodiputados, mandatados por la presidenta de la comisión de control presupuestario del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier (PPE), se limitaron posteriormente a pedir un mejor acceso a los datos. 

La matraca con los fondos europeos ha vuelto ahora con la amnistía, que se ha convertido en la nueva batalla de la derecha. El PP llegó a comparar a España con Hungría y Polonia y aseguró que los desembolsos están en riesgo, a pesar de que la Comisión Europea no ha dicho, al menos por ahora, nada parecido, se ha limitado a asegurar que analizará el texto una vez que se apruebe y ha formulado una serie de preguntas al Gobierno al respecto en buena medida por las advertencias que los partidos de la derecha habían hecho al comisario de Justicia, Didier Reynders, y la campaña para llenarle el correo de quejas sobre el asunto. El PP también pretende volver a llevar el asunto al Pleno del Comité de las Regiones. Y es que Feijóo se ha encomendado a Europa para frenar la ley de amnistía, pese a las dudas en su partido. 

El que ha dado un paso más en este caso ha sido el eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez, que “comentó su preocupación por la deriva del Estado de Derecho en España” en una reunión con el presidente del Tribunal de Justicia de la UE que tuvo lugar el pasado viernes por su condición de presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara.  “Adrián Vázquez ha compartido también su preocupación por otras cuestiones que dañan al Estado de Derecho en España como el bloqueo del CGPJ, la utilización de la Fiscalía General del Estado o la admisión del ‘lawfare’ en los acuerdos PSOE-Junts, entre otros”, señaló Ciudadanos en un comunicado tras la cita.