El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Motril (Granada) ha dictado la apertura de juicio contra la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro (PP), por la posible comisión de un delito de malversación de caudales públicos, procedimiento que será juzgado por un jurado popular, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

El Juzgado dictó la apertura de juicio oral el pasado 5 de noviembre y dio traslado del auto a las partes para que presenten sus escritos de acusación y defensa o las alegaciones que estimen oportunas antes de la remisión del proceso a la Audiencia de Granada, que será la que fije la fecha de la vista oral.

El Juzgado investiga a la alcaldesa de Motril por el supuesto uso de dinero público para pagar una multa a la que fue condenada en 2017 por un delito de injurias graves contra un exgerente socialista de la empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamientos de Granada (Visogsa).

Concretamente, la jueza ve indicios de que, entre 2019 y 2020, usó supuestamente dinero del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Motril y del grupo popular en la Diputación de Granada para abonar la multa que le fue impuesta, así como la responsabilidad civil fijada en sentencia, entre otros conceptos.

García Chamorro es la única investigada después de que el Juzgado acordara en julio del año pasado el archivo provisional de la causa para otras dos personas por entender que en ellas dos “no puede estimarse debidamente justificada la perpetración del delito”. Una era en el momento de los hechos la secretaria del grupo municipal y la otra una exconcejal del PP que estaba autorizada en la cuenta bancaria.

“Fondos de origen público”

Unos días después, la jueza rechazó archivar la causa para García Chamorro. En este auto, consultado por Europa Press, insistía en que la dotación económica asignada a los grupos políticos, tanto de los ayuntamientos como de las diputaciones provinciales, tiene un origen público, lo que excluye el carácter de libre disponibilidad que “parece defender” García Chamorro.

Por ello, estos fondos, advertía, “no deben destinarse a usos particulares ajenos al funcionamiento propio de tales grupos”, como a juicio de la jueza instructora pudo hacer García Chamorro al usarlos para el pago de la citada multa a la que fue condenada, sin perjuicio de lo que pueda acreditarse y resolverse en fases posteriores del procedimiento.

Respecto al hecho de que la regidora restituyera parte del dinero en las cuentas bancarias de los grupos del PP en el Ayuntamiento de Motril y en la Diputación de Granada, sostiene que ello “no supone que proceda el sobreseimiento de la causa o que no existan los indicios de criminalidad expuestos, pues el delito ya se habría consumado” y “a lo más cabría” aplicar una atenuante.

Si todo va como está previsto la Alhambra tendrá puerto en 2027. El Puerto de la Alhambra, que es como sus promotores querrían que se llamase, estará a 70 kilómetros en línea recta de la ciudad nazarí, que se recorren en apenas una hora a través de la A-44, la carretera que la une con Motril. Un periquete para los 20.000 cruceristas que, cuando esté a pleno rendimiento, podría atender cada día la futura terminal privada del puerto principal de la Costa Tropical granadina.

La concesión de la nueva terminal “tematizada” al modo de pueblo andaluz no ha sido formalizada, a la espera de que ITM Group, una compañía mexicana, presente su proyecto definitivo. A través de una filial, ITM presentó en agosto de 2024 su proyecto inicial, superó sin competencia el mes para que se presentaran alternativas y desde entonces tiene el apoyo público de las autoridades portuarias. Pero antes de ver la luz debe superar trámites de información pública, información oficial y evaluación ambiental.

Oficialmente, el Puerto insiste en que se encuentra en una fase “muy inicial”, pero el director lo ha defendido con vehemencia en los últimos meses. Cree que supone una oportunidad extraordinaria para “garantizar la estabilidad económica”, “integrar el puerto” en la ciudad y transformar la terminal de graneles en un espacio abierto, según un portavoz oficial.

También permitiría, dicen fuentes portuarias, que la ciudad se convierta en un destino pujante partiendo de cero. “Esto no es Cádiz, Málaga o Barcelona”, insisten para explicar que aquí no existe ningún problema de masificación turística. Dicen contar con la implicación del tejido comercial del municipio y de la comarca para reforzar la “sostenibilidad” del proyecto, que es visto con buenos ojos por los grupos municipales.

Sin embargo, también hay detractores. El espacio que ocuparía la terminal está ya concesionado a empresas graneleras a las que habría que reubicar, y que ya están trasladando exigencias al Puerto, según fuentes internas.

Relación familiar

ITM Group, una multinacional mexicana que explota turismo de cruceros en varios puertos del Caribe, solicitó la concesión y luego fue la única entidad que mostró interés en el trámite de competencia de proyectos, abierto y cerrado en agosto de 2024. Solicitó el registro de la marca Puerto de la Alhambra el pasado diciembre, pero desistió hace apenas un mes tras formularse oposición a su diseño.

El negocio de ITM está en la conversión del destino en resorts. “Experiencias de por vida convertidas en puerto de crucero”, dice su lema. Tiene tres ramas: la puramente portuaria, el desarrollo inmobiliario en torno al destino y los servicios de restauración y “hospitality”. La compañía está en plena expansión por el sur de España. En menos de un año ha presentado ofertas para la explotación de espacios portuarios en Cádiz, Motril y Melilla, siempre con la vista puesta en el negocio que se puede hacer con los cruceristas desde que desembarcan en destino. El más avanzado es el de Melilla, que ya aparece en su web junto a destinos emblema de la compañía, como Port Cabo Rojo o Taino Bay, en República Dominicana.

El plan para consolidarse en España está pilotado por Cristina González-Méndez Herrera, directora de expansión de ITM para Europa desde marzo de 2022, si bien trabaja en la compañía desde febrero de 2020, según su perfil de Linkedin.

Cristina es hermana de Francisco José González-Méndez Herrera, director del Puerto de Motril hasta hace poco más de un año. Tras 16 años dirigiendo el Puerto, José Francisco dimitió el 2 de abril de 2024 aduciendo “motivos personales”. Ahora ocupa el cargo de director de negocio, desarrollo y estructura corporativa. Desde esa posición, mantiene responsabilidades jerárquicas sobre departamentos clave, como los de Recursos Humanos, Asesoría Jurídica, Captación de Fondos y Subvenciones, y Desarrollo Comercial, y participa en mesas de contratación pública.

Menos de un mes después de su renuncia como director, el 29 de abril, ITM Group constituyó con un capital de 5.000 euros Mdt Port Investments S.L., con la que presentó semanas más tarde una solicitud para que la Autoridad Portuaria de Motril le concediera la ocupación de 60.296,56 m² de superficie terrestre para la nueva terminal de cruceros.

El 30 de agosto el BOE abrió un plazo de 30 días para presentar proyectos alternativos. Nadie lo hizo. Desde entonces, no se ha emitido anuncio alguno y el procedimiento continúa oficialmente “pendiente de tramitación”, según el puerto, pero el nuevo director ha defendido con insistencia la conveniencia del proyecto en los últimos meses.

Un portavoz del Puerto asegura que fue el propio exdirector quien comunicó un “potencial conflicto de intereses”, y que existe un informe “clarificador” de la Abogacía del Estado. Ese informe habría sido emitido el 9 de mayo de 2025, casi un año después de que MdT presentara su plan. “Confirmó que la situación no se encuadraba en el régimen de incompatibilidades de altos cargos, sino que se trataba de un supuesto de abstención”. Con base en ese informe, el actual director aceptó la abstención del exdirector.

El Puerto no ha facilitado a este medio el informe de Abogacía del Estado. Ni ITM Group ni Puertos del Estado han contestado a las preguntas remitidas por este medio.

Cercanía a La Alhambra

En sus presentaciones públicas, Mdt Port ha anunciado una inversión de 30 millones en el puerto motrileño, embarcado ahora en un ambicioso plan para reordenar espacios y reenfocarse a la actividad comercial y turística. El Puerto de Motril dista unos dos kilómetros de la ciudad.

El objetivo de Mdt Port es levantar una nueva terminal privada comercial y “tematizada” al modo de un pueblo marinero. Un espacio para comer y comprar, que debe servir también de punto de salida y llegada para autobuses que trasladan a los cruceristas a la gran atracción de la provincia: la Alhambra.

En el Puerto vaticinan que los cruceristas se repartirán y aprovecharán para visitar Motril, la Costa Tropical o el Valle del Lecrín, y explican que la denominación “Puerto de la Alhambra” es anecdótica, apenas un gancho comercial. Según sus estimaciones, apenas un 1% de los 350.000 cruceristas que llegasen al Puerto de la Alhambra acabarían en la Alhambra. Una cifra “testimonial”, dicen, para un monumento que el año pasado recibió 2.725.000 visitantes, el segundo más popular de España, con una media que supera el 95% y lleno en los meses que rodean al verano.

La idea de relanzar Motril, único puerto de la provincia, como vía de entrada a la ciudad nazarí reaparece cada pocos años en el debate público. Si solo se tratase de visitar este monumento, el Puerto de Motril partiría con ventaja respecto a Málaga, que hasta ahora canaliza gran parte de las visitas “externas”: menos de una hora frente a 1:47 desde la capital de la Costa del Sol. El Puerto de Málaga recibió en 2024 recibió cerca de 470.000 pasajeros de 285 cruceros. El Puerto de Motril juega hasta ahora en otra liga: apenas registró 58.848 pasajeros y 38 escalas, y aspira a multiplicar por siete su tráfico gracia a este proyecto.

Con mucho margen de crecimiento turístico

El Presidente del Puerto, José García, ha defendido el proyecto subrayando su sostenibilidad y “bajo impacto urbanístico”, al desarrollarse en instalaciones de baja densidad. A pesar de que la terminal tendría capacidad para 20.000 personas, la dársena sólo permite que haya dos cruceros de alta capacidad a la vez, lo que rebajaría el máximo diario a 10.000 pasajeros. 

La alcaldesa Luisa García Chamorro (PP) valora “muy positivamente” el proyecto por su capacidad para “atraer más turismo, diversificar nuestra economía y consolidarnos como destino náutico de referencia”. “Es decisivo para seguir creciendo”, valora.

La idea parece contar con el apoyo casi sin fisuras también de la oposición. “Cualquier avance para el aumento de turistas es agua de mayo, siempre y cuando se haga sin cometer errores que se han cometido en otros sitios y con una planificación”, señala Francisco Cantalejo, secretario general del PSOE motrileño, que apunta al amplio margen de crecimiento turístico de la ciudad: “Ahora llegan dos cruceros al mes y esto sería un impulso a la economía local”.

Inmaculada Omiste, de IU, admite a elDiario.es Andalucía que no es el modelo turístico que defiende su partido, pero evita censurar con rotundidad este proyecto. “No es lo que queremos, pero aún no sabemos si va a ser beneficioso o perjudicial; ahora los cruceristas llegan con cuentagotas, ves pequeños grupos, pero con poca repercusión económica”, señala, lamentando el mal estado del barrio portuario.

El turismo de cruceros es blanco habitual de las críticas ecologistas. Cada barco mueve por el mar ciudades flotantes de todo incluido con un impacto económico limitado en las ciudades donde hacen escala, quemando de 100 a 150 toneladas de combustibles fósiles con alto contenido de azufre por cada día de navegación, y hasta 20 toneladas en Puerto.

A este cuestionamiento se une, en este caso, el de grupos de interés vinculados al turismo en la capital granadina, como la Asociación de Apartamentos, Viviendas Turísticas y Alojamientos Rurales de Granada (AVITAR), cuyo presidente ha denunciado el riesgo para “el empleo, la economía, el medio ambiente, la sostenibilidad, la masificación turística, el turismo de calidad o la convivencia ciudadana” en su ciudad.

Expansión en España

ITM Group no limita a Motril su estrategia de expansión por el sur de España. Mdt Port ha presentado también proyectos de nuevas terminales en los puertos Cádiz y Melilla. En el caso de Cádiz se ha presentado otro candidato, de modo que el pasado 11 de noviembre licitó la cesión de una parcela portuaria con línea de atraque de 450 metros para gestionar por un mínimo de 35 años una terminal privada de pasajeros con espacios comerciales y terciarios en el muelle Reina Sofía.

En Melilla ha logrado la concesión de 1.465 metros cuadrados para la explotación de locales comerciales en el puerto deportivo. Se llamará Port Melilla. La CEO de Mdt Port, Mariana Perilliat, presentó el proyecto para convertir la ciudad en “nuevo destino de cruceros” en Hamburgo el pasado septiembre, asegurando que la compañía “se casa” con los destinos donde trabaja: “Vamos a darle brillo al producto Melilla”.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Motril (Granada) ha rechazado el archivo de las actuaciones contra la alcaldesa de la localidad, Luisa García Chamorro (PP), por presunta malversación de caudales públicos y ha acordado continuar con la causa. De esta manera, la regidora tendrá que ir a juicio acusada de usar dinero público de su grupo municipal para abonar una multa personal por injurias.

En un auto fechado este pasado lunes, consultado por Europa Press, la jueza desestima el recurso de reforma presentado por la alcaldesa contra el auto por el que se acordó que el caso se siga por el procedimiento del tribunal del jurado y en el que García Chamorro interesaba el sobreseimiento de las actuaciones frente a ella.

Esta decisión llega después del auto emitido unos días antes en el que la magistrada sí archiva el caso respecto a las otras dos personas que estaban siendo investigadas. Una era en el momento de los hechos la secretaria del grupo municipal y la otra es una exconcejal del PP que estaba autorizada en la cuenta bancaria. La jueza entiende que en ellas “no puede estimarse debidamente justificada la perpetración del delito”.

Así las cosas, la causa continúa únicamente contra García Chamorro, que está siendo investigada por el presunto uso de dinero público para pagar una multa a la que fue condenada en 2017 por un delito de injurias graves contra un exgerente socialista de la empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamientos de Granada (Visogsa).

Concretamente, la jueza ve indicios de que, entre 2019 y 2020, García Chamorro usó presuntamente dinero del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Motril y del grupo popular en la Diputación de Granada para abonar la multa que le fue impuesta, así como otros conceptos fijados en sentencia.

“Origen público”

En su último auto, la jueza insiste en que la dotación económica asignada a los grupos políticos, tanto de los ayuntamientos como de las diputaciones provinciales, tiene un origen público, lo que excluye el carácter de libre disponibilidad que “parece defender” García Chamorro.

Por ello, estos fondos “no deben destinarse a usos particulares ajenos al funcionamiento propio de tales grupos”, como a juicio de la jueza instructora pudo hacer García Chamorro al usarlos para el pago de la citada multa a la que fue condenada, sin perjuicio de lo que pueda acreditarse y resolverse en fases posteriores del procedimiento.

Respecto al hecho de que la regidora restituyera parte del dinero en las cuentas bancarias de los grupos del PP en el Ayuntamiento de Motril y en la Diputación de Granada, sostiene que ello “no supone que proceda el sobreseimiento de la causa o que no existan los indicios de criminalidad expuestos, pues el delito ya se habría consumado” y “a lo más cabría” aplicar una atenuante.

Respecto a las otras dos investigadas, ha concluido que aún cuando hubieran intervenido en la operativa para que se realizara el pago, no está acreditado que hubiera ningún tipo de acuerdo previo con un “propósito defraudatorio”, de modo que supuestamente “habría sido García Chamorro quien ordenó la ejecución de las transferencias bancarias para el pago”.

“Amplias facultades de administración y decisión”

Ello sin “sin que las otras investigadas tuvieran intervención en la decisión ni capacidad para cuestionar su materialización, pues las transferencias, no puede obviarse, eran ordenadas por quien ostentaba la dirección del partido y amplias facultades de administración y decisión sobre el dinero en la cuenta corriente del grupo municipal”, lo que “sería extrapolable a la transferencia y cheque emitido por la Diputación provincial”.

Por todo ello, la jueza también ha dejado sin efecto las diligencias encaminadas a recibir declaración en calidad de investigadas a las personas que intervinieran en las operativas de pago a García Chamorro en la Diputación provincial. Entiende la jueza que se hallarían “en circunstancias más que parecidas” a las personas sobre las que acaba de ordenar el archivo de las actuaciones.

De esta manera, el juzgado citará “únicamente como testigo en futuras fechas” a la senadora del PP cuya declaración tuvo que ser interrumpida en mitad del proceso para aclarar su situación, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Motril (Granada) ha acordado el archivo provisional de la causa para las dos personas que estaban siendo investigadas junto a la alcaldesa de la localidad, Luisa García Chamorro (PP), por malversación de caudales públicos al entender que en ellas dos “no puede estimarse debidamente justificada la perpetración del delito”.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza toma esta decisión tras la solicitud de archivo que hicieron ambas investigadas. La jueza debe aún resolver sobre la petición que en el mismo sentido ha hecho la defensa de García Chamorro.

El Juzgado investiga a la alcaldesa por el presunto uso de dinero público para pagar una multa a la que fue condenada en 2017 por un delito de injurias graves contra el exgerente socialista de la empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamientos de Granada (Visogsa).

Concretamente, la jueza vio indicios de que, entre 2019 y 2020, García Chamorro usó presuntamente dinero del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Motril y del grupo popular en la Diputación de Granada para abonar la multa que le fue impuesta, así como otros conceptos fijados en sentencia.

Sin acuerdo previo con “propósito defraudatorio”

Respecto a las otras dos investigadas, una era en el momento de los hechos la secretaria del grupo municipal y la otra una exconcejal del PP que estaba autorizada en la cuenta bancaria.

La magistrada ha concluido que aún cuando hubieran intervenido en la operativa para que se realizara el pago, no está acreditado que hubiera ningún tipo de acuerdo previo con un “propósito defraudatorio”, de modo que supuestamente “habría sido García Chamorro quien ordenó la ejecución de las transferencias bancarias para el pago” de la multa.

Ello sin “sin que las otras investigadas tuvieran intervención en la decisión ni capacidad para cuestionar su materialización, pues las transferencias, no puede obviarse, eran ordenadas por quien ostentaba la dirección del partido y amplias facultades de administración y decisión sobre el dinero existente en la cuenta corriente de dicho Grupo Municipal”, lo que “sería extrapolable a la transferencia y cheque emitido por la Diputación Provincial”, agrega la jueza en el auto, que ha avanzado Granada Hoy.

Por todo ello, ha acordado el sobreseimiento de las actuaciones respecto de ambas investigadas y ha dejado sin efecto las diligencias encaminadas a recibir declaración en calidad de investigadas a las personas que intervinieran en las operativas de pago a García Chamorro en la Diputación Provincial. Entiende la jueza que se hallarían “en circunstancias más que parecidas” a las personas sobre las que acaba de ordenar el archivo de las actuaciones.

El Ayuntamiento de Motril ha aprobado en pleno, sin votos en contra, el inicio de un expediente en la Comisión de Honores y Distinciones de la ciudad para revisar la concesión de su Medalla de Oro a Luis Rubiales, que tuvo que dimitir como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras besar sin consentimiento a la jugadora de la Selección Española, Jennifer Hermoso. El Consistorio, gobernado por el Partido Popular en coalición con Más Costa Tropical, podría haber retirado la distinción durante el mismo pleno, pero algunas fuerzas se han opuesto a hacerlo directamente al entender que se está cometiendo un “linchamiento político”.

De este modo, el exmandatario del fútbol español, Luis Rubiales, aún conservará la Medalla de Oro de Motril hasta que se celebre una comisión para decidir si se le retira finalmente o no. La propuesta de retirada se ha debatido en el pleno ordinario de este mes de septiembre a iniciativa de Izquierda Unida (IU) que lo llevaba como una moción en el orden del día. Fuentes consistoriales explican que todas las formaciones estaban de acuerdo en estudiar la retirada, pero no así en hacerlo directamente.

Otra Medalla pendiente: Franco

En concreto, tres formaciones del Ayuntamiento de Motril, Partido Popular, Más Costa Tropical y Andalucía Por Sí han rechazado la propuesta de IU de quitarle directamente la distinción a Rubiales. El PSOE es la única fuerza que ha respaldado a IU. La decisión es la de debatirlo en una comisión que aún no tiene fecha y que, según voces de la izquierda consistorial, es poco probable que llegue a tenerla. Argumentan que en 2020 sucedió un episodio similar con la Medalla de Oro que aún ostenta el dictador Francisco Franco y cuya retirada también está pendiente de un informe que debe llevarse a otra comisión.

Para estas formaciones, la decisión requería de un estudio porque entienden que contra Rubiales se ha cometido un “linchamiento político” y alguno de los concejales ha llegado a poner en valor que el expresidente de la RFEF sí haya dimitido e “Irene Montero no lo haya hecho”. Por otro lado, se han escuchado argumentos de las mismas formaciones elogiando a Rubiales como una “buena persona” a la que la gente de Motril conoce y “sabe cómo es”.

De este modo, el primer punto a votación de la moción, en el que IU pedía que el pleno se posicionara por la retirada, se ha visto modificado, manteniéndose el segundo punto de condena a todo tipo de conductas machistas o de desprecio hacia las mujeres, especialmente entre representantes institucionales. Todo en un contexto en el que Motril ha sido noticia nacional en las últimas semanas a raíz del presunto abuso cometido por Luis Rubiales, vecino hasta ahora ilustre de esta ciudad granadina.

Motril en el foco

Desde que el exmandatario del fútbol español besase sin consentimiento a Jennifer Hermoso, jugadora de la Selección Española, tras la consecución del primer Mundial del balompié femenino de nuestro país, se han sucedido una serie de acontecimientos en los que Motril ha estado en el centro de la actualidad. Sin ir más lejos, en la localidad se iba a celebrar un partido homenaje a Rubiales, que estaba programado semanas antes del escándalo, pero que fue suspendido porque el Ayuntamiento de Motril argumentaba que no podía garantizar la “seguridad” del partido porque se había organizado incluso una concentración feminista previa al encuentro.

Días después, la madre del propio Rubiales se encerró en una iglesia del municipio en huelga de hambre para reclamar “justicia” con su hijo y que Jennifer Hermoso cambiase su versión para proteger al expresidente de la RFEF. Una huelga que duró apenas unos días, pero que volvió a colocar en el foco nacional a la capital de la Costa Tropical de Granada. Paralelamente, la Fiscalía se querelló contra Rubiales por el presunto delito de abuso sexual contra Hermoso y el juez que instruye la causa ha imputado esta misma semana el Ministerio Fiscal al ex seleccionador nacional, Jorge Vilda, y a dos de sus colaboradores: Albert Luque y Rubén Rivera.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Motril, en la costa de Granada, ha incluido en el orden del día del Pleno ordinario previsto para el jueves, 28 de septiembre, la moción registrada por el Grupo de IU Equo para dejar sin efecto la concesión de la Medalla de Oro a Luis Rubiales, que ha renunciado este verano a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras varias semanas de polémica por su comportamiento durante la final del reciente Mundial femenino.

Fuentes consultadas en el Grupo Municipal de IU Equo por Europa Press han detallado que la comisión municipal informativa tomará conocimiento este próximo viernes del orden del día que incluye la moción, que incluye la votación de esta medida, que, en cualquier caso, quedaría en manos del gobierno local, de PP y Más Costa Tropical.

Propone la retirada por el comportamiento “sexista” mostrado en la celebración de la victoria de la selección española, en la que besó en los labios a la futbolista Jenni Hermoso, por, han detallado las citadas fuentes, el “daño institucional” que ha podido hacer a España y a la propia la ciudad de Motril.

Además de esta medida contra el directivo motrileño, que estaría amparada por el reglamento de honores y distinciones --que abre la puerta a la retirada por “causas sobrevenidas” como podría ser el “descrédito” para el municipio y su población de una actitud de este tipo-- se propone la votación en la misma moción de la condena a todo tipo de conductas machistas o de desprecio hacia las mujeres, especialmente entre representantes institucionales.

El pasado agosto, cuando trascendió esta iniciativa, desde el Ayuntamiento de Motril indicaron a Europa Press que lamentaban la postura del entonces presidente de la RFEF tanto en lo relativo al beso a Hermoso como en el comportamiento en el palco de autoridades, ya que no fue lo “más acertado en el puesto” que representaba.

El pasado viernes, el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge interrogó a Rubiales como investigado por el beso en la boca que propinó a la jugadora de la selección Jenni Hermoso en la entrega de trofeos del Mundial en Sidney tras admitir la querella presentada por la Fiscalía por los delitos de agresión sexual y coacciones contra Rubiales.

Agentes de la Policía Nacional de Granada han liberado a seis mujeres víctimas de la explotación sexual quienes, al parecer, eran obligadas a prostituirse en un piso de Motril, en el litoral granadino, una investigación en que han sido detenidos un varón de nacionalidad rumana y una mujer paraguaya en situación administrativa irregular.

Esta última cuenta con antecedentes policiales por un delito relativo a la prostitución y contra los derechos de los trabajadores. La edad de ambos detenidos es de 44 y 46 años, según ha detallado la Policía Nacional en una nota de prensa en que ha informado de que estas mujeres extranjeras se encontraban en una situación “de vulnerabilidad y malestar”.

Las primeras vigilancias e informaciones obtenidas evidencian que se podría tratar de una vivienda destinada a ejercer la prostitución durante las 24 horas del día. Avanzada la investigación se tuvo conocimiento de la existencia de varias ciudadanas extranjeras que acudían al mismo o residían en él para dicho fin, así como el trasiego de clientes. En ocasiones, las jóvenes habrían sido “obligadas a mantener relaciones sexuales”.

Durante la inspección realizada en el domicilio, los agentes comprobaron las condiciones de insalubridad, hacinamiento y suciedad que presentaba la vivienda así como la modificación de su distribución, existiendo solo una pequeña cocina como zona común y sin salón, para obtener el mayor número de habitaciones destinadas al ejercicio de la prostitución, llegando a existir un colchón en la terraza.

Algunas de las seis mujeres identificadas se encontraban en situación irregular, sin disponer de autorización de residencia ni de trabajo en España, “sin alternativa laboral viable más que dedicarse a la actividad sexual, aceptando las condiciones impuestas por el propietario de la vivienda, el ciudadano de origen rumano, a quien deberían abonar cuantías desproporcionadas por el arrendamiento, 200 euros a la semana cada mujer por el uso de cada una de las habitaciones”.

Además de estos 5.600 euros mensuales de beneficios, este individuo se lucraría con un diez por ciento de los pagos de clientes realizados a través una aplicación bancaria. Por su parte la detenida sería responsable de “obligar a prostituirse a algunas de estas mujeres, llegando a ejercer violencia verbal y a propinar empujones ante la negativa de aceptar a algún cliente”. También, en muchas ocasiones, se encargaba de buscar clientes al resto de mujeres, cobrando un porcentaje por ello.

Finalmente, han sido liberadas seis mujeres de nacionalidades colombiana, venezolana, peruana y argentina, todas ellas usuarias de esta vivienda, en la que algunas también residían, han detallado desde la Policía Nacional.

La alcaldesa de Motril (Granada) también se ha subido el sueldo. Como han hecho homólogos suyos como la regidora de Marbella, Ángeles Muñoz, o el de Cádiz, Bruno García, Luisa García Chamorro (PP) ha optado por aumentar su salario hasta los 72.000 euros brutos al año -antes cobraba 53.000- y situarlo por encima incluso del que percibe el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. En este caso, el aumento es de un 19% con respecto a lo que cobraba hasta la fecha, pero no es la única miembro del gobierno local que mejora sus emolumentos, sino que los cuatro tenientes de alcalde también mejoran su sueldo en un 31%. La alcaldesa ha decidido no pronunciarse al respecto.

Así ha quedado aprobado por el pleno municipal en el que gobiernan en coalición el Partido Popular de Chamorro y Más Costa Tropical, una formación localista que se ha sumado al equipo de Gobierno. Entre los dos partidos suman los 15 concejales que hacen falta en Motril para ostentar la mayoría absoluta, por lo que la subida salarial no ha podido ser replicada por la oposición. De esta forma, Luisa García Chamorro, que está siendo investigada por la Justicia por utilizar dinero público para pagar una condena por injurias, pasa a percibir algo más de lo que cobra Moreno.

El presidente andaluz, según datos oficiales, cobra 71.667,36 euros brutos al año, alrededor de 300 euros menos de los que va a obtener García Chamorro por su labor como alcaldesa de Motril, la segunda localidad más importante de la provincia de Granada y que tiene un censo de unos 60.000 habitantes. Por su parte, los cuatro tenientes de alcalde, que ven mejorado su salario en un 31%, percibirán por sus funciones 59.000 euros brutos. Para la oposición, este incremento es “desproporcionado” e “inoportuno”.

En total, de acuerdo con las cifras aprobadas por el Consistorio, la partida destinada a salarios supondrá para las arcas municipales 1.095.009,47 de euros brutos anuales. Si bien el Ayuntamiento logró saldar su deuda en 2022, hay servicios públicos como el de la Policía Local que llevan tiempo exigiendo más inversión por parte del gobierno local, lo que choca con esta subida salarial experimentada por la alcaldesa y sus cuatro subalternos.

La regidora ha evitado hacer declaraciones al respecto, pese a que este medio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Motril en varias ocasiones. Tampoco ha hablado en el pleno en el que se ha aprobado la subida salarial. Sí lo ha hecho su número dos, el concejal de Hacienda, Nicolás Navarro. Tilda de “demagogia” que se ponga en duda la necesidad de que se cobren dichos sueldos y recuerda que existen “distintas categorías profesionales” que definen los salarios. Considera que esta mejora de los emolumentos también tiene que ver con una forma de “dignificar” la situación de los trabajadores del Consistorio.

Investigada por la Justicia

Además, cabe recordar que Luisa García Chamorro está siendo investigada por haber utilizado precisamente dinero de su grupo municipal para pagar una condena por injurias en 2019. Existen dos extractos bancarios que detallan que la alcaldesa obtuvo 4.000 euros en dos pagos procedentes de las cuentas de los populares. Un dinero que reciben por asignación pública a través de las tasas municipales que pagan los motrileños. Por esa razón, el Ministerio Fiscal aprecia un posible delito de malversación de fondos.

Se está a la espera de que el juzgado de Motril que está instruyendo las diligencias decida el siguiente paso que ha de seguir este procedimiento judicial. Según fuentes jurídicas, la jueza ya ha recibido la documentación que estaba solicitando desde hacía meses y ahora depende de la Fiscalía que se archive la causa o se dé lugar a nuevas actuaciones. Por otro lado, existen dos informes, uno de intervención del Ayuntamiento de Motril y otro de la Diputación de Granada, que confirman que García Chamorro cobró dinero público de ambas instituciones para hacer frente a la misma condena. Un dinero que devolvió en el primer caso.

El Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada en Motril (SIPLG) ha cursado una demanda civil contra la alcaldesa del Partido Popular y candidata a la reelección, Luisa García Chamorro. Según denuncian los agentes, que pertenecen al principal sindicato de la policía motrileña, la regidora les acusa de haber organizado una “campaña de odio” hacia ella, lo que ha generado un clima de tensión en el que algunas personas de su entorno han amenazado a algunos agentes. De momento, la alcaldesa guarda silencio porque dice no tener constancia oficial de que se haya presentado la denuncia.

Aunque la querella se centra en una presunta trama urdida por García Chamorro para desprestigiar a la policía municipal de Motril, el origen del conflicto viene de lejos. Según explica Daniel Ortega, portavoz del SIPLG motrileño, “hace tiempo que se reclama una equiparación salarial con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad porque la policía local se encuentra muy por debajo en este sentido, si se compara con otras ciudades similares”. Motril, que cuenta con 70.000 habitantes, es la segunda ciudad más importante de la provincia de Granada tras la capital, pero su cuerpo policial es uno de los que más conflictos acumula con el Consistorio.

Un acuerdo hace nueve meses

Sin embargo, hace nueve meses se llegó a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Motril y la policía local para revisar los salarios y equilibrar su cuantía. Acuerdo que aún no se ha formalizado porque, según el SIPLG, “la alcaldesa ha decidido no cumplirlo”. Por eso, cuenta Ortega, los agentes están movilizándose y llevando a cabo una campaña de presión para que se cumpla el pacto: “Pero en vez de reunirse con nosotros, la alcaldesa ha decidido señalarnos como responsables de una serie de pintadas contra carteles suyos”. Dejando claro que ellos rechazan esos actos vandálicos, lamentan que la regidora les haya puesto en el centro de la polémica.

“Es algo muy grave. Es algo que ha provocado que nos insulten y que amenacen a los agentes de la policía local en la calle y nos vemos instigados e injuriados”. Al mismo tiempo, afirman que Luisa García Chamorro ha señalado directamente a los casi 60 agentes que componen la policía local de Motril de instigar una huelga encubierta. “Es rotundamente falso y ha hecho daño a la imagen del cuerpo”. Daniel Ortega pone de relieve que la policía motrileña tiene más de 60 años de historia, pero las últimas declaraciones de la alcaldesa están generando señalamientos a los agentes en su vida laboral.

“Varios policías han sido abordados con amenazas e insultos en la vía pública por personas afines a esta señora. Situación que entendemos de máxima gravedad”, apunta el SIPLG en un comunicado. Por ello, han decidido acudir a la justicia ordinaria para que sea un juez el que determine quiénes son los culpables y qué soluciones se deben aportar: “No siendo nosotros competentes ni jueces para señalar a nadie”. Este medio ha preguntado al Ayuntamiento de Motril para conocer su versión de los hechos, pero han declinado hacer declaraciones porque dicen no tener constancia oficial de la denuncia.

Cabe recordar que la justicia está investigando a Luisa García Chamorro por haber cobrado dinero público para hacer frente al pago de una condena. El hecho, desvelado en exclusiva por elDiario.es Andalucía, fue reconocido por la propia alcaldesa, pero se excusó alegando que podía hacer uso de los fondos del grupo municipal del PP para abonar la multa que le fue impuesta por injuriar a un ex alto cargo de la Diputación de Granada. Recientemente, un informe del interventor del ente provincial señaló otro cobro por parte de García Chamorro para el mismo fin, pero utilizando los fondos de los populares de la Diputación. De momento, el caso sigue en fase de instrucción, aunque la Fiscalía aprecia un posible delito de malversación de fondos.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro (PP), no solo cobró dinero público procedente del Consistorio que dirige para pagar una condena por injurias, sino que también percibió fondos de la Diputación de Granada para el mismo fin. Es la conclusión que se extrae de un informe que ha redactado el interventor de este ente provincial, en el que García Chamorro era diputada, y en el que se señala que la regidora cobró 2.936,02 euros para pagar “costas procesales”. Desde el PP se limitan a decir que García Chamorro “ya se explicó en su día”.

Esta nueva revelación pone de manifiesto que la alcaldesa motrileña se hizo dos veces con fondos públicos asignados a su formación política para hacer frente a la multa interpuesta por el Juzgado de lo Penal 5 de Granada por haber injuriado al exgerente de Visogsa -la empresa provincial de vivienda y suelo-, José Luis Hernández. Según dicho fallo judicial, Luisa García Chamorro acusó a Hernández de utilizar una Visa Oro al margen de su cargo y de su sueldo público. Esto ocurrió en 2011 y en principio fue archivado, pero en 2017 la justicia obró a favor del denunciante y estableció una multa inicial de 1.080 euros, cantidad que se multiplicó en 2019 hasta los 4.616,15 euros por las costas procesales.

Precisamente esta última cuantía es la que ha colocado a la alcaldesa en una posición difícil de explicar porque García Chamorro usó dinero público tanto del Ayuntamiento de Motril como de la Diputación de Granada para hacer frente a sus obligaciones judiciales, en total casi 7.000 euros de dinero público. Del Consistorio detrajo 4.000 euros a través del grupo municipal del PP, tal y como ella misma reconoció en exclusiva a este medio. Por dicho caso, PSOE e Izquierda Unida presentaron una denuncia ante la Fiscalía que sigue su curso en estos momentos en los juzgados de Motril, a la espera de ser elevado a la Audiencia Provincial de Granada.

El Ministerio Fiscal aprecia un delito de malversación de fondos por este asunto, aunque fuentes próximas al caso afirman que la alcaldesa está ralentizando el procedimiento para evitar que se produzca una condena que le pueda perjudicar como candidata a la Alcaldía de Motril en los comicios municipales del próximo 28 de mayo. Por otra parte, Luisa García Chamorro devolvió los 4.000 euros cobrados nada más destaparse el asunto, aunque ella misma había explicado a este medio que percibió ese dinero para “gastos jurídicos que sí se pueden pagar por parte del grupo municipal”. Algo que no es correcto, ya que el dinero de los partidos políticos solo puede servir para sufragar los gastos derivados de su actuación corporativa y nunca para pagar asuntos privados como la condena a la que trató de hacer frente García Chamorro.

Gastos sin justificar

Por eso, llama la atención que un nuevo informe, en este caso de Diputación, desvele que la alcaldesa cobró dinero público a través del grupo provincial del PP de dicha institución. El interventor señala que los casi 3.000 euros que ingresó la regidora suponen un “gasto perteneciente a un proceso judicial anterior a 2020 y que per sé no sería un gasto financiable, pues el mismo no es consecuencia de su actuación como diputada, sino que es una exigencia de responsabilidad personal, al tiempo que el Juzgado mixto de Motril ha abierto diligencias”.

Además, el interventor provincial también señala que hay otros 2.500 euros de gastos del grupo provincial del PP que no están debidamente justificados. Fondos públicos utilizados para pagar billetes de AVE, una fuente de agua o varias facturas de fotocopiadoras. Al mismo tiempo, el informe pone de relieve que hay 4.137,28 euros de los que “no se puede aceptar el gasto” porque o bien no se cumplen los requisitos legales o los documentos presentados no son legibles. En esta partida aparecen pagos en restaurantes, gastos en reuniones o cheques para pagar imprentas.

Este medio ha preguntado tanto al Ayuntamiento de Motril, en el que García Chamorro sigue siendo la alcaldesa, como al Partido Popular para contrastar la información. Desde el Consistorio se remiten a la versión que ofrezca el PP y fuentes oficiales de la formación sostienen que la regidora “ya se explicó en su día” y que el partido “ha presentado una declaración responsable” para justificar no solo la actuación de la alcaldesa de Motril, sino el resto de gastos que aparecen señalados en el documento del interventor provincial.

Luisa García Chamorro volverá a ser la candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Motril, el segundo Consistorio más importante de la provincia tras el de Granada capital. La actual alcaldesa motrileña ha sido elegida como cabeza de lista para las elecciones de mayo cuando más dudas hay sobre su figura. A la investigación que hay abierta contra ella por usar dinero público para pagar una condena suya, se suma que, según fuentes de la militancia popular, Chamorro solo cuenta con el respaldo del presidente provincial del PP, Francisco Rodríguez, y es una figura incómoda para el resto del aparato de la formación a nivel local y regional.

La alcaldesa y candidata guarda silencio ante las dudas sobre su designación planteadas por elDiario.es Andalucía y fuentes oficiales del partido se limitan a señalar que en el acto de presentación de su candidatura no estaba sola, sino que contaba el respaldo de Francisco Rodríguez y el diputado nacional y exalcalde de Motril, Carlos Rojas. Pero más allá de eso, las piezas del puzzle, que dibujan el panorama de la líder popular motrileña, no acaban de encajar con la versión que se esfuerza por verbalizar ella misma con la connivencia de la presidencia provincial.

La situación judicial de Luisa García Chamorro no es ni mucho menos cómoda. La alcaldesa de Motril se enfrenta a una investigación abierta en el Juzgado de Instrucción 3 de la localidad por utilizar dinero público en 2019 para pagar una condena por injurias de 4.600 euros utilizando fondos del grupo municipal del PP del Ayuntamiento.Son hechos que la regidora reconoció a este medio alegando que podía hacer uso de ese dinero por ser “gastos jurídicos”, y que fueron desvelados en exclusiva por elDiario.es Andalucía. Hasta el momento, la instrucción continúa y fuentes judiciales dan por hecho que el procedimiento será derivado a la Audiencia de Granada. Lo dan por sentado porque la Fiscalía aprecia un presunto delito de malversación de fondos por lo sucedido.

Lo que llama la atención, según fuentes próximas a la investigación, es que aún sigan abiertas las diligencias previas y el tribunal motrileño no haya derivado el caso a una instancia superior. Las mismas fuentes afirman que esto no se ha producido aún porque la propia García Chamorro está dilatando el proceso todo lo posible solicitando documentación al juzgado con el fin de ralentizar la causa. Sin ir más lejos, voces internas del partido afirman que la alcaldesa ha solicitado hasta en dos ocasiones el mismo vídeo como parte de la investigación para hacer que los plazos sigan transcurriendo.

La clave de la lista electoral

El motivo que hay detrás de este aparente afán por dilatar el proceso judicial se encuentra en su nombramiento como candidata a la alcaldía de Motril. Como existen opciones reales de que se produzca una sentencia que le inhabilite temporalmente para ejercer cargo público, García Chamorro está elaborando la lista electoral de cara a los comicios de mayo con el fin de hacerla a su gusto y asegurarse una salida profesional antes o después de esas elecciones, denuncian militantes.

De hecho, entre la militancia del PP de Motril se da por hecho que Nicolás Navarro será tarde o temprano el próximo alcalde motrileño o, como poco, líder de la oposición si otro partido se hiciese con el bastón de mando. Navarro ha sido designado por García Chamorro como su director de campaña y se da por sentado que irá de número dos en la lista tras la actual regidora. Una lista que seguirán completando nombres próximos a la líder popular, afirman fuentes muy próximas a la alcaldesa.

El ambiente está tan enrarecido en Motril, y supone tal quebradero de cabeza para el Partido Popular a nivel local y regional, que hay quienes afirman que no se están tomando acciones contra García Chamorro para dejar que la situación caiga por su propio peso. No es un asunto fácil porque Motril es la segunda ciudad más importante de la provincia de Granada y hasta la fecha es la principal alcaldía que mantienen los populares en ella. La regidora está aislada políticamente porque carece de apoyos próximos, más allá del que tiene en el presidente provincial, Francisco Rodríguez. Es más, circulan vídeos y memes por redes sociales hechos por miembros de su propio partido en el que la tachan de “mentirosa” y señalan sus habituales problemas con la justicia.

La llegada de Carazo

En esta tesitura, emerge la figura de la candidata del PP al Ayuntamiento de Granada y actual consejera de Fomento, Marifrán Carazo. En el seno de los populares cierran filas en torno a ella, mientras hay quienes esperan que dé el golpe de gracia para apartar a Chamorro y tarde o temprano hacer lo propio con Francisco Rodríguez. De momento, ese escenario no parece viable porque se quieren evitar titulares que enturbien la campaña electoral de una Carazo que se ve como alcaldesa granadina. Por eso, el perfil que mantienen los cargos públicos en este asunto es bajo.

Fuentes oficiales del partido no quieren opinar acerca de las posibles estrategias de García Chamorro para sobrevivir al frente del PP de Motril y desmienten que esté aislada, recordando que a la presentación de su candidatura fue el presidente provincial y el diputado nacional Carlos Rojas. No obstante, voces de la formación ponen de relieve que esos dos apoyos son mínimos dentro de la estructura y que Rojas apareció en el acto por su pasado como alcalde Motril y porque fue él quien le cedió la presidencia motrileña a García Chamorro. Se configura así una partida de póker en la que hay varias cartas marcadas y en la que al menor despiste alguno saldrá perdiendo.

La línea ferroviaria entre Granada y Motril, que tendría una longitud de unos 80 kilómetros, es un asunto que reaparece cada cierto tiempo, pero que vive latente en las ambiciones de la provincia. Sobre todo si se tiene en cuenta que Granada es la única provincia con mar que no tiene ferrocarril en su costa. Según la hemeroteca, el primer proyecto para construir este ramal data de hace más de 150 años, pero a día de hoy no solo no se ha movido un centímetro de tierra, sino que el Ministerio de Transportes, el encargado de su construcción, no lo incluye ni siquiera en su planificación ferroviaria. Algo que enciende los ánimos tanto en Granada como en Motril.

Pese a que en 1864 se realizó un anteproyecto del Plan de Ferrocarriles de España y que en la provincia granadina se pone encima de la mesa la posibilidad de construir una línea con Murcia y otra con Motril, la segunda acaba siendo rechazada. La primera acabaría existiendo años después, pero también desaparecería a finales del siglo XX. En cuanto a la línea de tren con Motril, no sería hasta 20 años después cuando se decide al fin tomar cartas en el asunto. En agosto de 1882 se creó una empresa llamada Compañía Ferrocarriles Granadinos que tenía entre sus objetivos precisamente la construcción de esta conexión ferroviaria. Esta entidad llegó a moverse hábilmente buscando financiación incluso a través de las diputaciones provinciales y planteó un capital en el que no había inversión extranjera. Sin embargo, poco se avanzó y nada se llevó a cabo.

Como se ve, el asunto del tren entre Granada y Motril lleva más de 150 años siendo un anhelo y lo es ahora más porque la construcción del Corredor Mediterráneo puede ser una oportunidad para ello. El problema es que en el mismo tema convergen varias situaciones que impiden que se haga realidad. Si bien el lobby ferroviario no descarta que en Motril haya tren, su principal propuesta pasa porque el Corredor Mediterráneo a su paso motrileño lo haga por el litoral, algo que se rechaza en la ciudad costera granadina. El Puerto de Motril, el principal interesado de la zona en que este ferrocarril exista, prefiere conectar directamente con el interior peninsular a través de una conexión con Granada. No obstante, el desembolso necesario del proyecto inicial presentado ronda los 2.500 millones de euros, que se sufragarían con fondos Covid-19, pero que para el Gobierno central no parece ni siquiera una posibilidad por lo abultado de la cifra.

Un conflicto de intereses que, repasando la historia, viene ocurriendo desde finales del siglo XIX. Entonces, tras la frustrada creación de la empresa que tenía como objeto hacer realidad el tren a Motril, en 1890 se hizo el que es, hasta ahora, uno de los intentos más serios para que el ramal se construyera. De forma resumida, la Diputación de Granada firmó un acuerdo con el marqués de Cavaselice, Emilio de Zallas, para levantar en primer lugar una línea entre Motril y Calahonda y posteriormente desarrollar el resto de la infraestructura. Pero el tiempo y un cambio en la concesión cuando Zallas vendió su parte a una compañía inglesa, incrementó los costes de forma exponencial, haciendo inviable la obra. Hubo negociaciones durante años, pero con la llegada del siglo XX, nada cambió y Motril seguía sin tren, como hasta ahora.

Sin embargo, en 1904 la línea sí se aprobó en el Plan de Ferrocarriles Secundarios, aunque de nuevo problemas presupuestarios enterraron en el olvido cualquier opción. La inestabilidad política y económica de la época hicieron el resto, hasta que en la década de los años 20 al fin hubo conexión entre ambas ciudades, pero de la forma más inesperada posible: a través de un cable aéreo que sirvió básicamente para transportar mercancías de forma precaria y limitada. Por su escasa rentabilidad, debido a que necesitaba un mantenimiento elevado, este invento se cerró en 1950. Fue el año en el que la conexión ferroviaria granadina-motrileña también dejo de nombrarse, hasta la llegada del siglo XXI y los intentos de los últimos años.

Conflictos de intereses

La historia del tren entre Granada y Motril esconde más recovecos que sería difícil resumir aquí, pero deja patente que la provincia granadina nunca ha conseguido aunar voluntades para hacerla realidad. Por eso, ahora que el tema resurge por el Corredor Mediterráneo, las asociaciones y administraciones tampoco aciertan a ponerse de acuerdo. La plataforma ferroviaria Marea Amarilla considera que el asunto “nunca se ha tomado en serio”. Su portavoz, Francisco Rodríguez, recuerda que es “una vieja reivindicación de esta provincia porque se potenciaría el Puerto de Motril, que no está comunicado por ferrocarril con ningún sitio y que al parecer su marginación indignante también está motivada por los intereses de Málaga y su puerto”. Como hace 150 años, en Marea Amarilla asumen que este tren “sería un motor económico importante por mercancías y viajeros para la economía granadina”. “Un acicate crucial para sacar a esta provincia del retraso y los últimos puestos en renta per cápita de este país. Una lucha conjunta con empresarios, administraciones y movimientos ciudadanos podría conseguirlo”.

Carlos Peña, de Granada por el Tren, no cree que se pueda resumir en una “mano negra” el retraso histórico de esta infraestructura porque “los límites de la política y los negocios de mitad del XIX y primer tercio del XX eran muy difusos”. “La falta de capital inversor y la escasez de apoyos gubernamentales en momentos clave son evidentes. Que se hubiera conseguido tener una línea ferroviaria de vía estrecha no hubiera evitado pasar el corte de FEVE y haber terminado cerrada y desmantelada como ha ocurrido en el País Vasco”. Mientras, desde el Puerto de Motril insisten en que es una reivindicación histórica y que de su parte ya existe un proyecto desde 2020 que cuenta con el aval técnico de la Universidad de Granada, por lo que solo faltaría la inversión. Algo que consideran esencial para la expansión económica portuaria, teniendo en cuenta además que el afán que persiguen es el de ampliar la explotación comercial de la misma y ayudar a que el entorno se desarrolle.

Por su parte, la Diputación de Granada también habla de “reivindicación histórica”. Su presidente, José Entrena, recuerda que ha habido iniciativas público-privadas, pero que nunca han conseguido llegar a construirse. Entrena entiende que el hecho de que el Puerto de Motril solo lleve 15 años siendo independiente del Puerto de Almería “condicionaba” la fortaleza de cualquier iniciativa. Ahora se tiene mayor capacidad de “influencia”, pero admite que la orografía del terreno tiene “muchas dificultades”, tal y como lo recuerda la construcción de la autovía a la costa A-44 que se prolongó durante años. “Queremos que se desarrolle esta infraestructura porque tenemos el único puerto que no tiene conexión a una red ferroviaria nacional, a pesar de que sabemos que la cuestión económica es gravosa”.

Una línea en la que van de la mano con la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. “Uno de nuestros objetivos debe ser que el Puerto de Motril funcione al máximo rendimiento posible. Y eso supone seguir modernizando sus instalaciones y también sus conexiones. Es fundamental para Granada que Motril disponga de un puerto bien conectado, que deje de ser el único puerto de interés general en Andalucía sin conexión ferroviaria”. De ahí que consideren que el tren entre Granada y Motril debe ser tratado como un “asunto de Estado”.

“Hay que ejecutar cuanto antes la conexión ferroviaria que una al puerto de Motril con Granada, una reivindicación histórica, que los motrileños, y toda Granada, llevan esperando más de un siglo. Y no se puede demorar más. Por ello debe incluirse en la planificación de infraestructuras ferroviarias del Estado de manera inmediata”. Desde Fomento van a insistir en ello. “Hemos reclamado al Gobierno de España que agilice la licitación del proyecto constructivo para la conexión ferroviaria del puerto de Motril, así como el del tramo del Corredor Mediterráneo por Granada, dos proyectos vitales para el desarrollo económico de toda la comarca de la Costa Tropical”.

Andalucía Por Sí (AxSí) ha demandado al Ayuntamiento de Motril (Granada) por una presunta vulneración de la normativa para favorecer a dos concejales tránsfugas que pertenecieron a esta formación. Según el relato de la querella presentada, dos ediles que formaban parte de Andalucía Por Sí decidieron negociar con el Partido Popular sin permiso, por lo que se les abrió un expediente de expulsión que no tuvo que ejecutarse porque antes abandonaron el partido, integrando el grupo de no adscritos. Sin embargo, pese a ser dos concejales sin grupo municipal, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro (PP), incluyó a ambos en su equipo de Gobierno, lo que para Andalucía Por Sí vulnera las normas relativas a los tránsfugas. AxSí reclama que se anulen los nombramientos y que los aludidos devuelvan el dinero que han cobrado de más en su puesto. El Ayuntamiento, a preguntas de este medio, prefiere guardar silencio al respecto.

La vulneración se produce porque ambos ediles, Susana Peña y Juan Ortega, al dejar de formar parte de Andalucía Por Sí por haber estado negociando a espaldas de su formación, se consideran tránsfugas por lo que no pueden integrar ni un equipo de gobierno ni tampoco mejorar su posición económica como representantes públicos. El escrito de demanda, presentado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Granada 5 el pasado viernes y al que ha tenido acceso este medio, señala que estos hechos vulneran la Ley de Bases del Régimen Local y el Pacto Antitransfuguismo que sellaron en 1998 todas las formaciones políticas de entonces, entre las que estaba el propio Partido Popular. En concreto, la actualización de dicho pacto en 2006 incluye explícitamente que los partidos se comprometen “a no aceptar en sus equipos de Gobierno municipal a miembros de la corporación que se hayan convertido en tránsfugas”.

“Plusvalía del disidente”

Además, el mismo pacto recoge que “los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia”. Un supuesto que de ocurrir se conoce como “plusvalía del disidente” porque el que se marcha de un partido siendo tránsfuga recibe un reconocimiento económico por ello que no le corresponde. Algo que, en teoría, debía conocer la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, en el momento en el que incorpora a los dos exconcejales de Andalucía Por Sí a su equipo en el verano de 2019 cuando se produjeron los hechos por los que ahora se le ha interpuesto una demanda contra los acuerdos por los que los dos ediles fueron integrados en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Motril.

Para entender el orden de los acontecimientos y por qué cobran relevancia tres años después. Hay que partir de la base de que Andalucía Por Sí ya pidió explicaciones al propio Consistorio y a la alcaldesa en cuanto se produjo la incorporación de los dos concejales. Sin embargo, como no hubo ni siquiera respuesta, esta formación andalucista solicitó la documentación pertinente a la Alcaldía de Motril a través del juzgado para poder interponer una demanda que no ha sido posible hasta ahora. No obstante, los hechos que se juzgan tuvieron lugar entre junio y octubre de 2019, justo después de las elecciones municipales de aquel año.

Asegurarse un mandato plácido

En los comicios locales de Motril, Luisa García Chamorro (PP) ganó, pero tuvo que llegar a acuerdos para asegurarse primero la investidura y luego el gobierno. Para ello, logró convencer en primera instancia a Ciudadanos, Más Motril y Vox para que entre los tres partidos y los ocho concejales logrados por el Partido Popular, obtuviese 14 votos para hacerse con el bastón de mando de esta localidad granadina, uno más de los 13 que marcan la mayoría absoluta. Sin embargo, como Vox no iba a formar parte del gobierno municipal y, según explican fuentes del PP cercanas a Luisa García Chamorro, la alcaldesa no se fiaba de Más Motril, decidió buscar otros dos ediles para asegurarse un mandato plácido. Dos ediles que acabó encontrando en Andalucía Por Sí.

Poco después de que García Chamorro fuese elegida alcaldesa de Motril, Susana Peña y Juan Ortega empezaron a negociar su incorporación al equipo de Gobierno sin el consentimiento de AxSí, la formación por la que se habían presentado y logrado su acta de concejales en el Ayuntamiento. Una actitud que no gustó a su partido, por lo que se les abrió un expediente de expulsión que no tuvo que resolverse porque Peña y Ortega acabaron dejando sus actas como ediles de AxSí por voluntad propia, integrando el grupo mixto. Una renuncia que no se resolvió hasta octubre, pero que tuvo un nuevo capítulo apenas dos días después. El 18 de ese mismo mes, Luisa García Chamorro confirmó la incorporación de Peña y Ortega a su equipo como concejales de Comercio y Deportes respectivamente. Algo que motivó las protestas de AxSí que han acabado en la actual demanda.

En diciembre de 2019, se publicaron en el presupuesto municipal los nuevos sueldos de ambos ediles que, para la formación demandante, demuestran que han mejorado su posición económica pese a ser tránsfugas. Es decir, disfrutan de la “plusvalía del disidente” que está explícitamente rechazada en el Pacto Antitransfuguismo. Pero aún más, según Andalucía Por Sí, el Ayuntamiento de Motril y la alcaldesa como firmante de los acuerdos, vulneran el artículo 73.3.3º de la Ley de Bases del Régimen Local porque han concedido “unas delegaciones de gobierno y sus correspondientes retribuciones económicas a dos concejales no adscritos, tránsfugas”. Algo que para este partido es un comportamiento de “grave” porque el Pacto Antitransfuguismo especifica que “la voluntad manifestada por los ciudadanos en las urnas, en cuanto constituye la expresión esencial de un régimen democrático, debe ser respetada existiendo un deber de lealtad política conectado directamente con el respeto a la voluntad popular”.

Además, recuerdan desde AxSí que los ediles ya sabían que estaban participando de una irregularidad, puesto que había sentencias previas de casos similares que calificaban sus acciones como propias de concejales tránsfugas. “No se puede, en base al art. 73.3.3º LRBRL, asumir cargos ni percibir retribuciones que antes no ejercía o percibía como concejal electo. Es una prohibición radical. Y hacerlo implica ir contra el ordenamiento jurídico en un asunto de extraordinaria importancia, insubsanable en el mandato, y con grave repercusión social, por las razones que aduce el propio Pacto Antitransfuguismo, antes sucintamente apuntadas, que opera aquí como un intérprete auténtico”, recoge la demanda. Motivos por los que desde este partido piden que se anulen los nombramientos y que se devuelva el dinero público que han percibido en este presunto fraude de ley. Al respecto, el Ayuntamiento de Motril no se pronuncia a preguntas de este medio.

Cinco meses después de que elDiario.es Andalucía destapase que Luisa García Chamorro, alcaldesa de Motril por el PP, había utilizado dinero público para pagar una condena y de que varios partidos políticos presentaran una denuncia, la Fiscalía ha abierto diligencias. El Ministerio Fiscal considera que hay indicios suficientes para investigar a la regidora por un presunto delito de malversación de fondos públicos al haber utilizado recursos de las cuentas municipales del Partido Popular para hacer frente al pago de una sentencia contra ella por injurias. Por otro lado, se investiga también a otra concejala de su equipo por su “contribución indispensable”.

El escrito, al que ha tenido acceso este medio, desmonta en 19 páginas las coartadas que utilizó García Chamorro para defenderse por haber cobrado 4.600 euros procedentes de fondos públicos. Cuando elDiario.es Andalucía destapó el caso, la alcaldesa afirmó que había utilizado ese dinero porque era para cubrir “gastos jurídicos que sí se pueden pagar por parte del grupo municipal”. De hecho, dijo que percibió ese dinero “por ser concejal” y que la intervención del Ayuntamiento de Motril había apuntado esos ingresos como “gastos jurídicos”. Sin embargo, fuentes del propio Consistorio aclaran que hace varios años que no se fiscalizan las cuentas de los partidos políticos.

La Fiscalía basa sus diligencias en varios fundamentos. El primero es que habría malversación de fondos públicos porque el dinero que cobra Luisa García Chamorro es una partida que se le asigna presupuestariamente al grupo municipal. Porque esos 4.600 euros los recibe para funciones para los que no han sido autorizados. Por eso, el Ministerio Fiscal entiende que hay que abrir una investigación y que no concurren los principios necesarios para archivarla porque debe aclararse por qué percibió esos fondos públicos para pagar una condena personal. Además, el escrito resalta que García Chamorro devolvió 4.000 euros de ese dinero al destaparse lo ocurrido.

“No solo en los medios de comunicación, sino mediante sucesivos escritos a esta Fiscalía, reconoció la realidad de las transferencias, el ingreso efectivo en su cuenta corriente personal y por ende la disposición de los fondos así como no negó ser la persona que decidió tales traspasos”, apunta el Ministerio Fiscal. Por otro lado, sobre el cobro total de los 4.600 euros, el razonamiento apunta que “siendo cierto que la denunciada aportó una serie de tiques y un documento de donación como modo de justificar la última de las transferencias por 600 euros que completaría el importe de la responsabilidad civil, el fiscal entiende que existen indicios más que razonables para entender que esa cuantía también se transfirió a la cuenta de la denunciada para el pago de la responsabilidad civil de la misma forma que las anteriores transferencias de 2.000 euros cada una”.

En el origen del caso, a la alcaldesa de Motril se le investiga por el cobro de dos ingresos bancarios en su cuenta personal entre el 4 y el 7 de noviembre de 2019, dos meses después de que el Juzgado de lo Penal número 5 de Granada condenase a Luisa García Chamorro a tener que abonar 4.616,15 euros por injuriar al ex gerente de Visogsa, José Luis Hernández, en el año 2011. Entonces, era vicepresidenta de la Diputación de Granada e insinuó que el ex alto cargo había hecho uso de una tarjeta Visa Oro al margen de su contrato y de su sueldo anual.

Aquellas palabras le valieron una denuncia de Hernández por calumnias e injurias que en principio se archivó, pero que años más tarde acabaría afectando a la regidora. La Audiencia de Granada condenó en 2017 a García Chamorro a pagar en primera instancia 1.080 euros que sí abonó de su bolsillo, según explicó a este medio, y posteriormente a los 4.600 euros por las costas procesales. Una cantidad de dinero que sufragó con los fondos de su grupo municipal, tal y como ella misma ha reconocido, y que ahora han llevado a la Fiscalía a abrir una investigación por un presunto delito de malversación de fondos.

Un nombramiento “insultante”

El asunto vuelve a primera línea cuando parecía olvidado. La alcaldesa de Motril, que llegó a estar en una posición de debilidad cuando se destapó el caso, había recuperado terreno dentro del partido provincial gracias a su buena relación con el presidente del PP de Granada, Francisco Rodríguez. Una buena sintonía por la que fue elegida sin rivales como presidenta de los populares de Motril en unas primarias que fueron muy polémicas. Gran parte de las bases le han dado la espalda y la propia alcaldesa asume que el cobro de los 4.600 fue filtrado por “fuego amigo”.

A pesar de ello, García Chamorro ha seguido al frente del Ayuntamiento de Motril sin mayor problema, a pesar de que el propio Consistorio emitió un informe que la desmentía. Ese documento, firmado por el interventor municipal, asegura que la regidora “vulneró” la normativa municipal al usar los citados fondos públicos para pagar su condena. Paradójicamente, apenas dos meses después de la denuncia y de que el informe saliese a la luz, fue elegida como secretaria de Financiación Local del PP de Andalucía. Un nombramiento que entre los militantes ha resultado ser “insultante”.

No obstante, a preguntas de este medio, la dirección provincial de los populares se limita a “respetar” la investigación que se inicie. Como ya ocurriera cuando se destapó el asunto, el PP de Granada opta por dejar sola a la alcaldesa, aunque García Chamorro afirme que contó con el respaldo del partido a nivel granadino. Pero en los populares no quieren mezclarse con algo que, dicen, pertenece a una etapa anterior en la que no gobernaban los actuales dirigentes. De momento, la regidora guarda silencio.

Si alguien coge un mapa con las conexiones ferroviarias de España podrá comprobar que hay una única provincia española que tiene salida al mar, pero que no tiene trenes en la costa. Esa provincia es Granada. No hay conexiones ferroviarias ahora y tampoco las ha habido nunca. A lo largo del desarrollo del ferrocarril en nuestro país, la Costa Tropical granadina siempre ha acabado en un segundo plano sin que ninguno de los planes se haya materializado. Ahora, el puerto de Motril presiona para que, al menos, haya una conexión directa con Granada capital.

La historia de la falta de trenes en la costa granadina es larga y compleja, pero se puede resumir en que nunca se ha pasado del interés a un proyecto que contase con financiación. De hecho, aunque el Corredor Mediterráneo -que conectará España con Europa por tren sobre todo para el transporte de mercancías- va a pasar por todo el litoral del noreste y sureste de la península Ibérica, la única zona por la que no pasará a pie de playa será en la provincia de Granada. En 2011 se desechó esa posibilidad. El lobby ferroviario que más presiona para que esta infraestructura se construya, conocido como Ferrmed, sí está a favor de que la costa granadina esté en el trazado, pero existe un conflicto de intereses que hace muy difícil que llegue a ocurrir, según explican fuentes del sector.

Estas voces explican que el principal problema que hay es que el puerto de Motril, que debe ser el eje central de todas las operaciones ferroviarias de la Costa Tropical de Granada, ve más prioritaria una conexión con el centro peninsular que con el litoral. Prueba de ello es que ya hay un proyecto planteado para construir esta línea que llegue primero a Granada capital y que después empalme con Jaén para llegar hasta Madrid. Esta primera parte del trazado, el que une Motril con Granada, no está exenta de polémica por la inversión que haría falta y por el planteamiento que se ha hecho para esta posible infraestructura. Carlos Peña, representante de Granada por el Tren, considera que “el área de influencia de Motril va muy ligada a una autovía ferroviaria con Madrid”.

Conflicto de intereses

“Hay movimientos telúricos por debajo e intereses bastante importantes”. Lo que ha planteado el puerto de Motril, con el respaldo de la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada y la Universidad de Granada, es que se construya un tren entre la costa y la capital granadina que permita cumplir con lo que consideran que es una “demanda histórica”. Sin embargo, este proyecto no contempla que los 70 kilómetros de trazado puedan servir para un ferrocarril de cercanías que conecte con los municipios próximos por los que pasa. “Lo que se ha proyectado ignora por completo al Valle del Lecrín y a sus pueblos”, argumenta Peña. La conexión sería directa entre Granada y Motril y no tendría paradas, entre otros motivos porque casi la mitad de su recorrido iría a través de un túnel.

El desembolso que haría falta para que se construyera sería de 2.500 millones de euros que las instituciones y empresas que forman parte del proyecto creen que podrían salir de los fondos europeos para la recuperación de la crisis de la Covid-19. El problema es que esta línea no está en la planificación ferroviaria que hace el Ministerio de Transportes, que es el organismo que tiene la competencia para construirlo. “Si la Junta de Andalucía considerase que esta red tiene importancia regional, podría invertir en ella, pero parece muy difícil”, explica Carlos Peña de Granada por el Tren. Además, existe un conflicto de intereses porque Granada aún no se ha subido al Corredor Mediterráneo y el tiempo se acaba para que lo pueda hacer.

Antes de 2030 debe estar construido todo el ramal que conecte este corredor con el resto de Europa y la provincia granadina está en una situación de franca desventaja. Sin haber resuelto aún los problemas de la llegada de la Alta Velocidad a Granada (sin soterramiento ni variante exterior de Loja entre otras razones), aún está por ver cómo se unirá al Corredor Mediterráneo por Almería, lo que choca directamente con las pretensiones del puerto de Motril. Si bien la conexión granadino-almeriense está aprobada dentro de los planes de Transportes, no está claro cómo se va a hacer. Porque la línea ferroviaria ya existe, pero no está adaptada a las exigencias técnicas del Corredor Mediterráneo y las soluciones pasan por hacer una remodelación del trazado actual o construir uno nuevo. Pero el tiempo apremia.

Los plazos se acortan

“Lo que no se haya construido a 2030 de lo que se aprobó entonces, no se construirá. En 2026 el Corredor tiene que llegar a Almería, pero después solo quedarán 4 años para hacer todo lo demás, cuando en Granada ni se ha planteado el soterramiento del tren, la creación de una estación de mercancías ni la variante exterior de Loja que mejoraría la velocidad de conexión con Antequera, que forma parte del Corredor”, explican fuentes del sector ferroviario granadino. Algo que deja claro que Motril tiene difícil que su pretensión de conectar con Granada pueda ser realidad. Además, fuentes del sector afirman internamente que Motril no es prioritario en el mapa ferroviario.

Sin embargo, desde el puerto motrileño insisten en la necesidad de que se construya. Su presidente, José García Fuentes, habla de que es una cuestión “de justicia” para la provincia ya que considera que es una infraestructura “imprescindible” para que Granada se sitúe “en la parrilla de salida en igualdad de oportunidades”, que no limite su crecimiento y que amplíe sus oportunidades de desarrollo. Para ello, el proyecto por el que apuestan contempla dos trenes diarios de mercancías y cuatro diarios por sentido de viajeros. Una opinión que comparte con la Diputación de Granada que firmó un manifiesto conjunto a finales de 2020 para reclamar esta infraestructura.

Por otra parte, los empresarios granadinos también piden que Motril se conecte por tren con Granada. Joaquín Rubio, director de la Cámara de Comercio, argumenta a este medio que “el tren de Motril es casi una obsesión desde que se fundó esta entidad a finales del siglo XIX”. Como parte del desarrollo económico de la provincia, para Cámara Granada, “el trazado granadino del Corredor del Mediterráneo, sumado a la conexión ferroviaria con el Puerto de Motril, son dos patas de un mismo proyecto vital para el desarrollo de la provincia porque ofrece una oportunidad para la salida de nuestros proyectos y porque multiplica el valor de nuestro puerto”.

 “Granada es una de las provincias con más déficits en materia de infraestructuras ferroviarias de España y eso se hace especialmente sangrante en la costa. Tenemos el único puerto de interés general del Estado, Motril, que no tiene conexión ferroviaria y eso es un lastre para el desarrollo de la economía de toda la Costa Tropical y con ello de toda la provincia”, recuerdan desde la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. “Granada necesita que haya una conexión entre la capital y Motril, es fundamental. También es imprescindible mejorar la conexión con Almería, a través del Corredor Mediterráneo, con Málaga y con todo el territorio andaluz y español”.

Sin embargo, la realidad sigue dibujando un mapa en el que la Costa Tropical de Granada no se sube al tren. No lo ha hecho nunca desde los primeros ferrocarriles del siglo XIX. “Nunca ha habido una clase empresarial que apostase por ello”, explican desde el sector ferroviario local. Por si fuera poco, opina que “en los últimos años se ha apostado todo a la Alta Velocidad y se ha perdido al ferrocarril convencional como eje fundamental de transporte para conseguir mejores conexiones y reducir el impacto de los gases de efecto invernadero que generan los coches”. El horizonte sigue siendo incierto.

Nuevo revés para la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro (PP). Un informe del interventor municipal ha confirmado que “vulneró” la normativa al utilizar fondos del grupo político del Partido Popular para hacer frente al pago de 4.000 euros de una condena por injurias que le fue impuesta en 2019. Según el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, la regidora no actuó correctamente porque el Consistorio de Motril no tiene “cobertura legal para asumir esos gastos”.

Por lo tanto, el documento contradice a García Chamorro que aseguró a este medio que el pago al que tuvo que hacer frente era de “gastos jurídicos que sí se podían pagar con esos fondos”. Al respecto, el interventor declara que “no concurren los requisitos” necesarios para que el abono de ese dinero se pueda considerar correcto, “dado que el grupo político realizó dos pagos a la concejala cuyo destino era el pago de unas costas judiciales derivadas de una condena”.

El caso, destapado por elDiario.es Andalucía, evidencia cómo la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro (PP), utilizó dinero público para pagar una sentencia sin tener potestad para hacerlo. La regidora admite el origen de los fondos utilizados, pero sostiene que lo hizo porque la normativa se lo permite y porque así se lo aconsejó la asesoría jurídica del Partido Popular. Un extremo que también desmienten fuentes de la formación.

García Chamorro fue condenada a indemnizar al exgerente de Visogsa, José Luis Hernández, por difamarle en 2011 al afirmar que utilizó una Visa Oro al margen de su cargo y de su sueldo público. Una acusación por la que Hernández la denunció por un delito de calumnias y otro de injurias graves. Al tiempo, aunque en un principio la justicia archivó el caso, la Audiencia de Granada le dio la razón al exgerente de Visogsa y condenó, en el año 2017, en primera instancia a Luisa García Chamorro a pagar 1.080 euros de multa por injuriarle. Cuantía que pagó y cuyos comprobantes facilitó a este medio.

Sin embargo, dos años después, el juzgado incrementó la condena hasta los 4.616,15 euros al añadir las costas procesales, la propia multa inicial y el coste de publicar en los medios de comunicación la sentencia que la condenó. De ahí salen los 4.000 euros que se ingresó la alcaldesa del grupo municipal y que ahora están en el centro de la polémica.

Denuncias ante la Fiscalía

Por lo ocurrido, Izquierda Unida y PSOE del Ayuntamiento de Motril han llevado a Fiscalía sendas denuncias para tratar de esclarecer unos hechos sobre los que ya se ha pronunciado el interventor municipal. Tras destaparse el asunto y defender su inocencia y la legalidad de los hechos, Luisa García Chamorro dijo haber devuelto el dinero a las arcas municipales en una entrevista en el diario IDEAL. No obstante, este medio no ha tenido confirmación documental de dicha devolución.

Con este informe que deslegitima la actuación de la alcaldesa, García Chamorro se queda en una posición delicada dentro del Consistorio. Algo que ocurre justo cuando acaba de ser elegida presidenta local del PP de Motril tras el adiós del diputado nacional Carlos Rojas. La regidora ha mantenido el discurso de que este caso se ha destapado para influir en su nombramiento y que no había nada punible. Algo que ahora queda en el aire.

Lo que tampoco está del todo claro es cómo va a actuar el Partido Popular de Granada con la alcaldesa. Desde el principio han guardado silencio sobre este caso y se llegó a especular con que no habría nadie de la cúpula en el congreso local que la nombró presidenta. A última hora y tras una ronda de contactos que confirman fuentes populares a este medio, el presidente provincial, Francisco Rodríguez, decidió cerrar filas y acudir a la cita sin mencionar el tema.

PSOE e Izquierda Unida-Equo han presentado sendas denuncias en la Fiscalía de Granada contra la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro (PP), por usar fondos públicos para pagar la multa de una condena por injurias. Ambas formaciones políticas, presentes en el Ayuntamiento motrileño, han decidido acudir a la justicia para que se depuren responsabilidades y se aclare la implicación de la regidora en los hechos. Una actuación que llega dos días después de que elDiario.es Andalucía desvelase la información y la propia alcaldesa reconociese lo sucedido, aunque con matices.

Los dos partidos de izquierdas han solicitado a la Fiscalía que se investigue el cobro de 4.000 euros que hizo Luisa García Chamorro procedente de las cuentas del grupo municipal del Partido Popular. La regidora reconoce que usó ese dinero para hacer frente a la multa que le impuso el Juzgado de lo Penal 5 de Granada por injuriar al exgerente de Visogsa, José Luis Hernández (PSOE), en el año 2011. Sin embargo, en declaraciones a este medio, García Chamorro defiende la legalidad de la actuación y asegura que lo que se pagó con dinero público fueron las costas del proceso judicial, una partida económica que afirma que el interventor del Ayuntamiento de Motril la apuntó como “gastos jurídicos” porque “ese dinero sí puede salir del grupo municipal”.

Fuentes consistoriales sostienen que el interventor no tuvo conocimiento de ese pago y que nunca se fiscalizó, entre otros motivos porque hace varios años que los grupos políticos de Motril no fiscalizan sus cuentas. A pesar de eso, la alcaldesa insiste en que no hizo nada al margen de la ley y que contó con el respaldo de la asesoría jurídica del Partido Popular de Granada. Por eso, Luisa García Chamorro afirma que denunciará ante la justicia a quienes hayan filtrado sus datos bancarios. “Se ha pasado una línea roja y no todo vale en política”, ha dicho la regidora en una entrevista en la Cadena Ser pocas horas después de hacerse público su caso.

La alcaldesa apunta directamente al grupo de afiliados del PP de Motril que filtraron los extractos bancarios en los que aparecen los ingresos de 4.000 euros a su cuenta. Estos militantes enviaron varias cartas anónimas a diferentes miembros del Partido Popular, incluyendo al presidente provincial, Francisco Rodríguez, que recibió la misiva en agosto. Aunque fuentes oficiales del partido aseguran que Rodríguez no sabe nada del asunto, otras voces internas de la formación afirman que sí está al corriente de lo sucedido y que no ha hecho nada para no mancharse las manos con una nueva polémica. Además, la amistad entre ellos es fluida desde los años en que compartían espacio en la Diputación de Granada y Rodríguez la respaldó hace un mes acudiendo a Motril a dar inicio al curso político del Partido Popular.

Un ambiente “irrespirable”

De hecho, la filtración de este caso no es más que la “punta del iceberg” de lo que hay en Motril con la alcaldesa, afirman fuentes del PP motrileño. Desde hace tiempo, el ambiente interno es “irrespirable” y la relación de la alcaldesa con la mayoría de militantes y cargos es “inexistente”. Una situación que contrasta con el hecho de que este mismo viernes vaya a ser elegida presidenta local del PP de Motril, sustituyendo al diputado nacional Carlos Rojas, en un Congreso marcado por su polémico pago de la multa por su condena por injurias con fondos públicos.

Hace algunos días, varios miembros de la formación popular motrileña denunciaban internamente una campaña de Luisa García Chamorro para eliminar rivales en su carrera hacia la presidencia local. Uno de los más sonados fue José García Fuentes, presidente de la Autoridad Portuaria de Motril y enemigo público de García Chamorro hasta hace poco menos de un mes. Ambos habían sido rivales políticos desde el momento en el que la alcaldesa no cedió su puesto como regidora a García Fuentes hace ya una década. Desde entonces, su enemistad ha sido pública, hasta el punto de que García Fuentes presentó su candidatura alternativa para presidir el PP de Motril.

Sin embargo, unas semanas después, el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril frenó en seco sus aspiraciones y, contra todo pronóstico, acabó integrando la lista de Luisa García Chamorro para ser un miembro más de su equipo una vez que esta alcance la presidencia. Un movimiento que no ha sentado bien entre la militancia que se ha sentido traicionada porque no están del lado de la alcaldesa por tener una actitud que califican de “dictatorial”. Sobre eso, García Chamorro asegura a elDiario.es Andalucía que su unión con José García Fuentes se ha producido por necesidad y para “dar estabilidad”.

Pero esa estabilidad va camino de no serlo ya que esta unión inesperada y la eliminación de otros rivales a la presidencia como Aladino Fernández, al que se le exigió unos avales que nunca se habían pedido, ha acabado por desatar una guerra en el PP de Motril que abonó el terreno para que se produjera la filtración de los extractos bancarios que delatan que Luisa García Chamorro pagó con dinero público la multa por injurias. Por otra parte, fuentes del partido no descartan impugnar el resultado del Congreso que debe elegir a García Chamorro como presidenta local.

Sobre las denuncias presentadas ante la Fiscalía de Granada, Vox también dice haber presentado la suya, aunque la formación de extrema derecha no ha facilitado más información ni documentación a este medio.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro (PP), sigue defendiendo su inocencia tras la filtración que ha destapado que pagó con dinero público la multa de una condena que se le impuso hace dos años. La información, desvelada por elDiario.es Andalucía, ha provocado una catarata de reacciones que han llevado a varias formaciones políticas motrileñas a pedir la dimisión de la regidora. Una situación que se produce apenas unas horas antes de que García Chamorro sea elegida como presidenta local del Partido Popular de Motril.

En declaraciones a la Cadena Ser, la regidora dice estar “tranquilísima”, califica de “ruido” la información publicada y sostiene que ha sido dirigida por un grupo de afiliados que no están en sintonía con ella. “Hay una serie de personas que no están de acuerdo en que yo sea la presidenta del partido y están intentando hacer ruido para enturbiar el gran acto que tiene que realizarse (en referencia al Congreso local de este viernes)”. Por eso, anuncia que va a acudir a la justicia para demandarlas.

García Chamorro irá al juzgado para que “caiga quien caiga” por haber filtrado sus datos bancarios porque “no todo vale en política”. La alcaldesa entiende que se trata de una comunicación interesada que no tiene recorrido porque contó con el respaldo de la asesoría jurídica del Partido Popular. “Entendían que esto eran gastos jurídicos y que estaba perfectamente justificado que se pudieran pagar con dinero del grupo municipal porque entonces era concejala del Ayuntamiento de Motril”. Y dice que no es la primera vez que ocurre un caso similar porque el PSOE motrileño ya utilizó sus cuentas municipales para pagar otra condena durante el anterior mandato.

“Una cosa es la multa y otra los costes jurídicos”

Sobre por qué pagó su multa el PP del Ayuntamiento de Motril y no el de Diputación, García Chamorro matiza que “en ese momento se optó por esa solución porque era lo más ágil”. E insiste en que “una cosa es la multa y otra cosa son los costes jurídicos que es lo que se ha pagado con ese dinero”. Sin embargo, este medio ha tenido acceso a la sentencia por la que debía afrontar el abono de 4.616,15 euros y el Juzgado de lo Penal 5 de Granada indica explícitamente que Luisa García Chamorro es quien debe hacer frente al pago de la condena y nadie más y por lo tanto tampoco el grupo municipal del Partido Popular.

Las declaraciones de la alcaldesa tras la información desvelada por elDiario.es Andalucía han provocado un clima de “tensión” en el Ayuntamiento de Motril y en el seno del PP de Granada, según fuentes políticas consultadas. Por un lado, la regidora ha tratado de seguir con su agenda política sin entrar a más valoraciones y por el otro, dos partidos de la oposición ya le han pedido que dimita. PSOE e Izquierda Unida de Motril han comparecido ante los medios para pedirle a Luisa García Chamorro que se vaya.

“Dimita ya”

La exalcaldesa motrileña y portavoz socialista, Flor Amón, ha sido tajante pidiendo la renuncia de la regidora: “Luisa García Chamorro tendría que dimitir ya por usar, como reconoce ella misma en la información de elDiario.es, dinero del PP de Motril. Es decir, dinero de todos los motrileños y motrileñas, dinero nuestro, para pagar una condena suya por injurias, por mentir a sabiendas para hacer daño a una buena persona”.

Unas palabras que han tenido su réplica también en IU a través de la portavoz Inmaculada Omiste. “No debe seguir al frente de la Alcaldía de Motril ni un minuto más”. Y añade que Luisa García Chamorro “vuelve a faltar a la verdad porque la Intervención municipal no ha podido validar ese gasto del Grupo Municipal porque no se están fiscalizando las cuentas de los Grupos municipales en el Ayuntamiento de Motril”.

Mientras eso ocurre en el Ayuntamiento motrileño, el Partido Popular de Granada sigue guardando silencio. Fuentes internas del partido aseguran que no van a hablar del tema, pero que conocían de la existencia de esos pagos porque el presidente provincial, Francisco Rodríguez, ya había sido informado. Pese a ello, no solo no ha hecho nada al respecto, sino que respaldó a García Chamorro hace tan solo un mes cuando eligió Motril como el lugar para celebrar su primer acto de inicio del curso político al frente de los populares granadinos.

Un escenario que no parece el más favorable para que el PP de Motril celebre el Congreso local que debe elegir a Luisa García Chamorro como su presidenta. La cita, que tiene lugar este viernes 8 de octubre, estará marcada por la información del pago de su multa con dinero pública, hasta el punto de que, según ha podido saber elDiario.es Andalucía, no habrá nadie de la cúpula provincial en el acto. “En las últimas horas, la alcaldesa se ha puesto a llamar a todo el mundo para que acuda”, dicen en el seno del Partido Popular.

Por otra parte, fuentes de la formación también avanzan que se están preparando acciones para que se depure la responsabilidad que ha tenido García Chamorro en el pago de este dinero público. Las personas consultadas no descartan una impugnación del Congreso local o acudir a la justicia para que se investigue lo ocurrido con las cuentas municipales después de que la alcaldesa haya reconocido los cobros. Una situación que pone al límite a la regidora, aunque no tiene previsto dimitir y, de momento, desde la dirección provincial no se va a tomar ninguna decisión contra ella.

El pago con fondos públicos de una sentencia contra la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro (PP), ha desatado una tempestad en el seno de los populares por las dudas sobre la legalidad de esa operación. Un grupo de afiliados del Partido Popular en el municipio motrileño ha desvelado dos extractos bancarios que relacionan directamente a la regidora con el ingreso de 4.000 euros que habrían servido para pagar una sentencia en la que fue condenada por injuriar a José Luis Hernández (PSOE), exgerente de Visogsa, una empresa de la Diputación de Granada dedicada a la gestión de suelo y viviendas en la provincia. García Chamorro lo reconoce, aunque con matices.

Los extractos, a los que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, detallan dos pagos de 2.000 euros, cada uno procedente de las cuentas del grupo municipal del Partido Popular de Motril. Es decir, dinero extraído de los presupuestos de la localidad granadina y por lo tanto de fondos públicos. Son dos ingresos bancarios a la cuenta personal de la alcaldesa y que se ejecutaron entre el 4 y el 7 de noviembre de 2019, dos meses después de que el Juzgado de lo Penal número 5 de Granada condenase a Luisa García Chamorro a tener que abonar 4.616,15 euros por injuriar al exgerente de Visogsa en el año 2011.

En aquella ocasión, la hoy alcaldesa de Motril y única candidata a la presidencia del PP en esta localidad, era vicepresidenta de la Diputación e insinuó que el ex alto cargo había hecho uso de una tarjeta Visa Oro al margen de su contrato y de su sueldo anual. Una acusación por la que Hernández la denunció por un delito de calumnias y otro de injurias graves. Al tiempo, aunque en un principio la justicia archivó el caso, la Audiencia de Granada le dio la razón al exgerente de Visogsa y condenó, en el año 2017, en primera instancia a Luisa García Chamorro a pagar 1.080 euros de multa por injuriarle. Dos años después, el juzgado incrementó esa cuantía hasta los 4.616,15 euros al añadir las costas procesales, la propia multa inicial y el coste de publicar en los medios de comunicación la sentencia que la condenó.

Una filtración interna

Dos meses después de que la decisión judicial fuese firme es cuando se hacen los ingresos desde la cuenta del grupo municipal del PP a la cuenta personal de la alcaldesa y en ambos extractos bancarios se indica como concepto “indemnización”. Sin embargo, estas operaciones no habían salido a la luz hasta ahora cuando un grupo de afiliados del Partido Popular de Motril ha decidido hacerlas públicas. Lo han hecho a través de varias cartas remitidas a miembros de la formación, incluyendo al presidente provincial de los populares granadinos, Francisco Rodríguez. En ellas adjuntan los polémicos extractos bancarios y se preguntan cómo es posible que nadie haya hecho nada con esa información.

La primera misiva se envió en agosto al presidente del PP de Granada, según consta en la propia carta; después la recibieron un diputado provincial, uno de los candidatos a la presidencia local de Motril y el gerente del partido sin que trascendiese nada. De hecho, en la última carta, este grupo de afiliados llegan a decir que “como vemos que la dirección del partido no toma ninguna medida al respecto y que con su actitud se hace cómplice de la situación que detallamos en nuestra anterior carta, pasamos a la fase de la publicación de esta documentación justificativa de la irregularidad cometida”. Un paso que han dado en los últimos días y que ha hecho que la información sobre el uso de los fondos públicos por parte de la alcaldesa haya llegado al resto de grupos municipales del Ayuntamiento de Motril.

La alcaldesa defiende la legalidad de los hechos

Este medio se ha puesto en contacto con Luisa García Chamorro para obtener su versión de los hechos. La dirigente motrileña confirma que pagó la multa de 1.080 euros que se le puso en primera instancia a través de comprobantes de ingreso a los que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía. Sin embargo, la alcaldesa considera que el resto del dinero que tuvo que abonar fue para “gastos jurídicos que sí se pueden pagar por parte del grupo municipal”. “Esos ingresos se hicieron para pagar las costas”, puntualiza y añade que “con el dinero del grupo lo único que no se puede pagar son nóminas o gastos de campaña electoral”.

Pero las diferentes fuentes políticas y jurídicas consultadas cuestionan no solo la legitimidad de los ingresos, sino por qué se hicieron desde el grupo municipal si las injurias las cometió en calidad de diputada provincial. Por otra parte, hay casos en los que señala que “la dotación a los grupos municipales no puede tener otro destino que sufragar gastos relacionados con la actuación corporativa de dichos grupos”. En este caso el gasto, como explican los afiliados denunciantes, se destinó a un fin personal de la alcaldesa, ya que ella fue la denunciada, y dicho gasto no tenía nada que ver con su condición de concejal, ya que injurió siendo diputada provincial.

Al respecto, la alcaldesa sostiene que el grupo municipal se lo paga “por ser concejal”, aunque no da más detalles al respecto. Tampoco sabe por qué los 4.000 euros se abonaron en dos pagos y no en uno. “Imagino que los dos pagos se harían en lugar de uno por temas bancarios… La verdad es que lo desconozco”. Argumenta que en aquel momento ella no llevaba las cuentas del grupo, sino que se encargaba la secretaria del partido a nivel municipal y que la intervención del Ayuntamiento apuntó esos ingresos como “gastos jurídicos”. Sin embargo, según fuentes del Consistorio de Motril, hace al menos tres años que “no se fiscalizan las cuentas de los partidos políticos”.

Influir en el Congreso local

Luisa García Chamorro, que denunciará ante la justicia la publicación de sus datos bancarios, considera que este asunto es una maniobra orquestada desde el seno del propio Partido Popular. Insiste en que “todo es perfectamente legal” y que “está claro que esto viene de filtración interna” porque este viernes se celebra el Congreso local en el que saldrá elegida presidenta del PP de Motril si no hay cambios de última hora. Una cita marcada en rojo en el calendario porque supone la salida del diputado nacional Carlos Rojas como dirigente motrileño y la llegada de Chamorro en un momento en el que su relación con los afiliados está tocada.

La alcaldesa carece de apoyos internos en la formación a nivel local, lo que choca con el respaldo que ha recibido del aparato provincial de los populares. De hecho, el presidente del PP de Granada, Francisco Rodríguez, inició el curso político en Motril en un claro acto de respaldo hacia la regidora que no fue entendido por gran parte de la militancia. Las disputas de Chamorro con algunas de las personas de su círculo de confianza son más que notables y conocidas a nivel provincial, por lo que aquella unión fue calificada por algunas fuentes internas como un acuerdo entre líderes sin respaldo orgánico de las bases.

Al Partido Popular de Granada no paran de crecerle los problemas. La formación, que está inmersa en un periodo de renovación interna de sus estructuras locales, lleva meses viendo cómo Motril, su alcaldía más importante en la provincia, se ha convertido en una trinchera en la que unos y otros guerrean para sobrevivir. Una lucha en la que destaca la alcaldesa PP de Motril, Luisa García Chamorro, que saldrá elegida como presidenta local sin el apoyo de la mayor parte del millar de militantes, pero saldrá porque es la única candidata. La lideresa es el blanco de las críticas de la mayoría de afiliados motrileños y a ella le achacan los males que están haciendo que algunos militantes se den de baja.

El contexto en el que está sucediendo este proceso se enmarca dentro de la celebración del Congreso local que debe elegir al presidente o presidenta de los populares de Motril para los próximos años. Esa cita, que tendrá lugar el próximo 8 de octubre, llega con las cartas marcadas porque García Chamorro será reelegida al quedarse sin rivales en el último momento, después de semanas de enfrenamientos que hunden sus raíces en la última década.

Para empezar porque la elección de García Chamorro supone la salida como presidente local, tras 20 años ostentando el cargo, del diputado en el Congreso por Granada, Carlos Rojas. Algo que no se termina de comprender en el seno del partido porque el mandatario saliente es una de las figuras más reconocidas de la estructura granadina de los populares. Pero sobre todo porque la figura de la alcaldesa está tocada porque desde que García Chamorro logró su primer mandato como regidora motrileña en 2012 precisamente para sustituir a Rojas, la situación ha cambiado mucho. Según fuentes del partido, la militancia le ha dado la espalda y sobrevive gracias a la relación de poder que guarda con algunos de los pesos pesados del Partido Popular de la Costa Tropical.

La situación es tal que dos de las personas que formaron parte del círculo de confianza de García Chamorro han amagado con presentarse como rivales para la presidencia local. La exconcejala del PP en el anterior mandato, Manuela Santiago, y un militante del partido, Aladino Fernández. Este último llegó a buscar los avales para presentarse como alternativa de cara al 8 de octubre, pero se ha tenido que retirar al no alcanzar los 70 apoyos necesarios para presentar candidatura. “La idea era evitar que nadie se presentara y meter miedo. Se propuso que la votación fuera a mano alzada y, hasta ahora, nunca habían pedido tantos avales”, dicen fuentes internas del PP de Motril. Según ha podido saber elDiario.es Andalucía, en el último Congreso local ni siquiera se solicitaron.

Un giro inesperado

Además de ellos, hubo un tercer contrincante cuya presencia era más llamativa. José García Fuentes, presidente de la Autoridad Portuaria de Motril desde 2019, reunió a parte de las bases del partido para presentar una lista y competir contra García Chamorro con la que no tenía una buena relación. De hecho, la enemistad entre ambos no era ningún secreto en tierras motrileñas. Sin embargo, y contra todo pronóstico, García Fuentes pasó de liderar una alternativa contra la alcaldesa a unirse al equipo de García Chamorro como secretario general del Partido Popular en la estructura local. Un cambio tan radical que ha decepcionado a algunos de los que se pusieron de su lado y que ha levantado las sospechas de un posible enjuague entre bambalinas entre dos personas que llegaron a ser irreconciliables.

En clave interna, hay quienes están convencidos de que la renuncia de José García Fuentes se ha producido porque el presidente provincial, Francisco Rodríguez, ha maniobrado para que la única candidata sea Luisa García Chamorro y se aparente una unidad que nunca ha sido tal. Porque José García Fuentes y Luisa García Chamorro llevaban casi una década enfrentados. Desde que la lideresa motrileña alcanzó la alcaldía en 2012 por la marcha de Carlos Rojas al Parlamento de Andalucía, todo se torció. Lo que en un principio iba a ser un mandato interino hasta que renunciase en favor de García Fuentes, acabó derivando en que la alcaldesa se quedaba en su puesto ante la sorpresa de todos, incluido su compañero de partido.

Cuentan algunos afiliados, que lo han vivido en primera persona, que aquella “traición” desató una tempestad entre los dos a pesar de que llegaron a compartir gobierno municipal. La disputa no se calmó ni siquiera cuando García Fuentes fue elegido presidente de la Autoridad Portuaria de Motril hace dos años. De hecho, las mismas fuentes aseguran que Luisa García Chamorro daba órdenes de ignorar en todos los actos públicos a José García Fuentes.

“La acción política de la alcaldesa deja mucho que desear”, dicen desde el PP motrileño. “Al final lo único que hacen es repartirse el poder entre los mismos de siempre, a costa de lo que sea”. Sobre eso, recuerdan que la alcaldesa lo es en este mandato porque en 2019 llegó a un acuerdo con Ciudadanos y Más Costa Tropical y porque tiene en su gobierno a dos concejales que dimitieron de Andalucía Por Sí, una formación de izquierdas nacida del antiguo Partido Andalucista. Los dos ediles ocupan hoy las concejalías de Salud y Deportes estando en el grupo de no adscritos.

El PP provincial respalda a Chamorro

Hay militantes que llevan tiempo advirtiendo a la dirección provincial de los populares de la situación de “ambiente irrespirable” que hay en la formación en Motril. Sin embargo, pese a que el presidente del PP, Francisco Rodríguez, es consciente de las protestas de los militantes, prefiere no hacer nada al respecto. Al contrario, hace unas semanas hizo en Motril su primer acto de inicio de curso político desde que es dirigente del PP de Granada. Un gesto que se interpretó como un apoyo explícito al Gobierno de Luisa García Chamorro con la que tiene una buena amistad desde que ambos estaban juntos en la Diputación de Granada, según cuentan fuentes populares.

Sin embargo, la alcaldesa tiene un aval mucho más importante. Desde diversos sectores del partido aseguran que García Chamorro cuenta con el respaldo del secretario general del Partido Popular nacional, Teodoro García Egea. Una figura de autoridad que le da alas y fuerza a la alcaldesa de Motril para seguir manteniendo su línea de mando. “Se siente muy segura y capaz de hacer lo que le da la gana. Está acostumbrada a amedrentar a la gente si algo no está como a ella le gusta”, llegan a decir afiliados con los que ha podido hablar este medio.

Pero los problemas no acaban ahí porque no solo es que la militancia le esté dando la espalda a la regidora, sino que tiene algunas causas judiciales abiertas por diferentes asuntos, algunos de ellos relacionados con su posición dentro del partido y su puesto como alcaldesa de Motril. Cuestiones en las que no entran fuentes oficiales del PP de Granada consultadas por elDiario.es Andalucía. Al respecto, se limitan a decir que el Congreso local se celebrará con todas las garantías y que no se ha dado orden de que se le dé un trato preferencial a nadie.

“Es un proceso abierto en el que todos pueden concurrir”. No obstante, si hay algún problema, el proceso cuenta con su propia comisión de seguimiento local, a la que da libertad de actuación la Ejecutiva provincial. Este medio también ha tratado de conocer la visión de Luisa García Chamorro sobre las críticas que se vierten sobre ella, pero la alcaldesa y futura presidenta ha declinado la invitación para hablar, salvo para decir que prefiere mantener “una actitud prudente”.