El Pacto de Toledo ha cumplido 30 años. Emblema del acuerdo político, nació en 1995 y dio lugar unos años más tarde a una comisión permanente en el Congreso de los Diputados donde los partidos tratan de dejar a un lado sus diferencias, y el clima más combativo, para alcanzar grandes consensos sobre el sistema público de pensiones. Este lunes, en un seminario organizado por el Ministerio de la Seguridad Social en Santander, varios diputados han desvelado algunos entresijos e hitos en la historia de este órgano, por el que España es referencia internacional. “Es una de las cosas por la que más nos envidian otros países de la Unión Europea y el resto del mundo”, ha confesado Magdalena Valerio, de su etapa como exministra de Trabajo y Seguridad Social.

En un momento de enorme tensión y enfrentamiento político cada semana en el Congreso, es si cabe más extraordinaria la “isla” que supone tradicionalmente el Pacto de Toledo. Una comisión en la que es habitual el clima cordial entre las formaciones más antagónicas, de derecha a izquierda, pasando por partidos independentistas de distintas regiones, así como el trabajo en equipo entre los parlamentarios para sacar adelante una difícil misión: pactar una evaluación del sistema público de pensiones y unas recomendaciones cada cinco años. Las últimas tuvieron lugar a finales de 2020, con retraso y tras mucho trabajo y negociaciones, por lo que este 2025 ha llegado el momento de renovar esta tarea.

Magdalena Valerio, con su habitual estilo campechano, explicó a la audiencia del curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander una de sus peticiones a los parlamentarios al entrar a presidir la Comisión. “Está genial discrepar, el pensamiento único es muy negativo”. Pero “sin insultarse, discrepar con respeto a la opinión de los otros grupos”, subrayó.

Huir del debate político “más bastardo”

Aunque no está blindado del todo, uno de los propósitos centrales del Pacto de Toledo es esquivar las pugnas partidistas y que las pensiones no se conviertan en un arma arrojadiza. “Había que sacar las pensiones del debate político en el sentido más bastardo del término”, ha explicado Emilio Olabarría, exdiputado y portavoz del PNV en el Pacto de Toledo, que fue uno de los participantes en el primer Pacto de Toledo. Por parte de los gobiernos, como elemento de “captación de votos”, y por parte de la oposición, como instrumento “de erosión”, a costa de la seguridad y la certidumbre de los pensionistas, ha afirmado el parlamentario vasco.

En 1993, se sentaron las bases para ese primer Pacto de Toledo del 95 que sacara las pensiones del debate “más cortoplacista”, con una Proposición no de ley (PNL) de Convergència i Unió, ha recordado Carles Campuzano, exdiputado, portavoz de CIU en el Pacto de Toledo y uno de sus miembros más reconocido por su larga trayectoria y su capacidad de trabajo y diálogo. La formación catalana había planteado la misma iniciativa en la legislatura anterior, pero no salió adelante. Campuzano ha contado “una leyenda” que explica este viraje y que señala a las elecciones de 1993, en las que parecía que ganaba el PP de José María Aznar, pero que “Felipe González salvó en el último minuto”.

La “leyenda” cuenta que precisamente fue en el debate electoral televisado de 1993 entre Felipe González y José María Aznar, “donde se ganó ese último minuto”, ha relatado Carles Campuzano, y en concreto en la discusión sobre pensiones en la que Felipe González trasladó el riesgo para los pensionistas de que gobernara el PP. Las recomendaciones del Pacto de Toledo salieron finalmente adelante en la última legislatura de González y sentaron las bases de una reforma ya del gobierno siguiente, del PP, tras el acuerdo político y social.

Magdalena Valerio ha recordado que el contexto del primer acuerdo era de “crisis económica”, con muchas dificultades, y ha destacado la relevancia del consenso político en el Pacto de Toledo, pero también del respaldo de los agentes sociales en el diálogo social, como “los pilares” para que las reformas de pensiones tengan más opciones de perdurar “en los años y décadas” siguientes. Hay un ejemplo viviente de lo contrario, han recordado Campuzano y Valerio, la reforma de pensiones unilateral del Partido Popular de 2013, cuando tenía mayoría absoluta, al margen del Pacto de Toledo y los agentes sociales, que pasó factura a los de Mariano Rajoy. El propio Gobierno del PP tuvo que dejar de aplicarla al final de su mandato con los pensionistas volcados en la calle contra las subidas del 0,25% y sin ningún apoyo político que la defendiera.

En el sentido contrario, Carles Campuzano ha destacado la reforma del ministro socialista Valeriano Gómez de 2011, “la más valiente” en su opinión, que retrasó la edad de jubilación más allá de los 65 años y que amplió el periodo de cómputo para calcular la pensión, entre otras medidas que endurecieron el sistema público. Con el respaldo del Pacto de Toledo y de los agentes sociales, Campuzano ha recordado el contexto de “plena crisis” financiera, “que parecía que el cielo se nos iba a caer encima” a diario, con la intervención europea de Grecia y Portugal, por ejemplo, la reforma “dio estabilidad y credibilidad de España ante las instituciones europeas”, ha considerado el exdiputado catalán.

Sin embargo, esta reforma y sus recortes, ante el reto también de afrontar el retiro de la numerosa generación del baby boom, es uno de los hitos que alejaron a algunos movimientos de pensionistas del Pacto de Toledo y de los sindicatos mayoritarios.

El “disgusto” de 2019 y la huida de la “catástrofe” en la prensa

Los años de la Gran Recesión, especialmente los más duros entre 2008 y 2014, fueron un gran golpe para el país, pero también una prueba “no teórica, sino absolutamente real”, que demostró “la solidez del sistema público de pensiones”, ha valorado Campuzano. Un sistema que ha vivido unido a los pronósticos de quiebra prácticamente desde sus orígenes, ha recordado la exministra Magdalena Valerio, según múltiples estudios económicos y titulares de prensa, que los años han ido desmintiendo, incluso en el contexto más complicado de la crisis financiera.

"Los medios de comunicación tienen una cierta tendencia a comprar el discurso más catastrofista sobre las pensiones

Los medios de comunicación han sido otro de los temas analizados por los exdiputados, que han considerado que aunque son una pieza fundamental para la democracia, también suponen un elemento de “presión” y una dificultad para alcanzar acuerdos en el Pacto de Toledo. “Los medios de comunicación tienen una cierta tendencia a comprar el discurso más catastrofista sobre las pensiones”, ha sostenido Carles Campuzano. “El mensaje es: catástrofe, quiebra, el sistema no tiene futuro, los jóvenes no van a cobrar pensión…”, ha resumido y coincidido Magdalena Valerio, especialmente en algunas cabeceras. Por ello, la exministra ha reconocido que como presidenta del Pacto de Toledo decidió que las reuniones fueran a puerta cerrada, y no en comisión, salvo excepciones, para facilitar las negociaciones y el acuerdo entre los grupos políticos al margen de los focos.

En un momento en que el Pacto de Toledo debe preparar sus nuevas recomendaciones, los exdiputados han recordado el “disgusto” de 2019, ha destacado Valerio. Otra prueba viviente de que la comisión no queda totalmente al margen de las luchas partidistas. En aquella ocasión, con el Pacto a punto de alcanzar el consenso, Unidos Podemos (en ese momento en masculino) y el PP dinamitaron el acuerdo ante la convocatoria de elecciones anticipadas. Un año después, con Podemos dentro del Gobierno y pese a la entrada de la extrema derecha de Vox en el Parlamento, con las mismas recomendaciones como base, se alcanzó finalmente el acuerdo, que contó con un amplísimo consenso en el Parlamento, con solo dos votos en contra de la CUP. Estas recomendaciones recuperaban la subida de las pensiones según el IPC y otras medidas que inclinaban la reforma del sistema público al refuerzo de los ingresos y no al recorte del gasto.

De su etapa como ministra, Magdalena Valerio ha destacado que este órgano era protagonista en todos sus viajes internacionales. “Ministros y ministras de países como Francia, Alemania, Estados Unidos, también de países árabes y latinoamericanos, querían reunirse conmigo para que les contase lo del Pacto de Toledo y el diálogo social”, ha sostenido Valerio, que ha defendido que “es mejor mantenerlo porque somos envidiados”.

En los últimos años el Tribunal Supremo ha anulado una docena de nombramientos del Gobierno, la Fiscalía o del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desde el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal hasta la designación de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, pasando por varios sillones en el propio Tribunal Supremo o la jefatura de la Agencia de Protección de Datos. Los jueces han ido endureciendo su criterio en torno a los nombramientos discrecionales y el mayor número de sentencias negativas ha ido dirigido a la política de nombramientos de la cúpula judicial por parte del CGPJ.

El varapalo histórico de mayor calibre que el Tribunal Supremo ha proporcionado a una institución por un nombramiento irregular llegó en 1994, cuando los jueces anularon la designación de Eligio Hernández como fiscal general durante las últimas legislaturas de Felipe González. En su caso la decisión judicial no tuvo consecuencias porque para entonces ya había abandonado el puesto y a nivel argumentativo llegó después de que el Tribunal Supremo sacara la calculadora: no había pasado tiempo suficiente ejerciendo la judicatura como para acceder al cargo.

Los ecos de esa sentencia sonaban este jueves de nuevo en los pasillos del alto tribunal, aunque con matices. Distintos jueces, tres décadas después, anulaban el nombramiento de la exministra Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, cargo que ejercía desde hace poco más de un año. En el caso de Eligio Hernández no cumplía un criterio matemático: ser un jurista de reconocido prestigio y llevar más de 15 años ejerciendo. La normativa que regulaba el nombramiento de Valerio, sin embargo, invitaba a una interpretación menos matemática: el presidente o presidenta del Consejo de Estado debe ser elegido entre “juristas de reconocido prestigio” que tengan “experiencia en asuntos de Estado”.

El Supremo reconoce que tras haber sido ministra de Trabajo en la primera legislatura de Pedro Sánchez y con varias décadas de trabajo acumuladas en diversas instituciones, su conocimiento sobre asuntos de Estado no está en duda, pero creen que no puede ser considerada como “jurista de reconocido prestigio”, concepto que en sitios como la Fiscalía o la judicatura está delimitado por los años que el candidato ha llevado la toga puesta. Valerio, destacaba la fundación que recurrió su nombramiento, dijo una vez que “nunca se puso la toga”.

Esta sentencia es una muestra de cómo el Tribunal Supremo ha ido aplicando criterios cada vez más estrictos en cuanto a los nombramientos discrecionales, aunque no solo del Gobierno: también de la Fiscalía o del Consejo General del Poder Judicial, entre otros. Hasta en dos ocasiones la misma sala tercera ha anulado, aunque no por unanimidad, el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de sala de menores, al entender que el otro candidato tenía mejor currículum. La “sintonía” del candidato con la entonces fiscal general, Dolores Delgado, no era un criterio válido para nombrarle, y existe una “enorme diferencia de méritos entre ambos”.

Esa sentencia marcó el camino que algunos magistrados del Supremo definen como un cambio de tendencia. Los jueces citaron a un expresidente del propio Supremo para asegurar que la motivación de estos nombramientos “no puede ser concebida como un simple ejercicio literario” y el control judicial no debe detenerse “en el aspecto meramente formal de la exigencia de motivación”. Es decir, entrar a examinar el fondo de los argumentos para elegir a un candidato y no a otro y, en la práctica, abogar por uno de ellos aún sin hacerlo directamente.

Es lo que ha sucedido también recientemente con el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal. Los jueces han anulado su designación como fiscal de sala de la jurisdicción militar al entender que todas las motivaciones expuestas por el fiscal general actual, Álvaro García Ortiz, se ceñían a su afinidad con ella y a su intención de hacer que los fiscales generales salientes obtuvieran de forma inmediata esa máxima categoría dentro de la carrera. “La voluntad del Fiscal General del Estado fue explícita”, reprocharon los jueces.

Delgado suspendía así su segundo encontronazo con el Tribunal Supremo. Salió indemne cuando PP y Vox recurrieron su nombramiento como fiscal general tras dejar el Ministerio de Justicia, pero sin que los magistrados examinaran el fondo de las alegaciones, rechazando los recursos por falta de legitimación de los partidos políticos. En este segundo caso su nombramiento como fiscal de sala queda anulado, pero en la Fiscalía entienden que no pierde la categoría por haber sido designada posteriormente fiscal de sala de Memoria Democrática, decisión también pendiente de recurso en el alto tribunal.

Otro de los grandes correctivos a las decisiones discrecionales de una administración pública para designar y destituir altos cargos a lo que se conoce como 'a dedo' fuera de los textos legales llegó el pasado mes de marzo. Los jueces dieron la razón a Diego Pérez de los Cobos y anularon su cese al frente de la comandancia de Madrid. La sentencia reconoció que se trataba de un cargo discrecional pero también afearon a Interior que firmara su salida sin existir, ni siquiera, una “valoración negativa” de su trabajo, tumbando al tiempo varios ascensos relacionados.

Lo que había en realidad detrás de este cese era el polémico informe plagado de bulos entregado por la Guardia Civil a la jueza que investigaba si el 8M feminista de 2020 debía criminalizarse por expandir el coronavirus, un documento en el que el instituto armado acusaba directamente a organizadores, promotores y autoridades de haber puesto en riesgo la salud de la población. El Supremo entendió que la razón para apartarle de su cargo fue “confusa” y que la petición de informar sobre esta investigación fue “contraria a la función de la Policía Judicial” que ejercía su comandancia.

Los pactos políticos

Por primera vez, el Tribunal Supremo ha entrado a analizar en estos años también la existencia de pactos políticos para designar cargos que, en teoría, tenían que salir de un proceso de elección de candidatos en condiciones de igualdad. Fue cuando estudiaron los recursos presentados contra el proceso de nombramiento de la Presidenta de la Agencia Española de Protección de Datos y concluyeron que el proceso estaba “viciado de raíz” porque los candidatos concurrieron al proceso después de que el Gobierno y el PP anunciaran públicamente un acuerdo para designar a la próxima presidenta.

PP y PSOE acordaron poner a Belén Cardona al frente del organismo con Borja Adsuara como adjunto. Pero otros de los candidatos, Leonardo Cervera y Ricard Martínez, recurrieron. La respuesta del Supremo fue contundente: un mes y cuatro días antes de convocarse la plaza para un “procedimiento de selección público y transparente”, ambos partidos pactaron, designaron y eligieron a los que ocuparían ambos puestos. El resultado fue que no hubo renovación y Mar España sigue estando al frente de la Agencia, cargo al que accedió en 2015.

La “amigable componenda” del CGPJ

Los dardos del Tribunal Supremo, cuyos magistrados son elegidos de forma discrecional por el CGPJ y muchas veces tras acuerdos no escritos entre bloques, no han ido dirigidos solo al Gobierno o la Fiscalía. Algunos de los más afilados solo han tenido que volar unos pocos metros por la calle Marqués de la Ensenada para llegar hasta los despachos del Consejo General del Poder Judicial. A lo largo de este mandato, que en unos días cumplirá cinco años en funciones, el Supremo ha tumbado hasta ocho nombramientos relevantes firmados por el órgano de gobierno de los jueces denunciando errores en el proceso pero también la omisión de informes, falta de argumentación o directamente la “amigable componenda” entre vocales y jueces.

El caso más grave fue el sentenciado en abril de 2021, cuando la sala de lo contencioso-administrativo anuló dos nombramientos realizados por el Consejo en la Sala de lo Militar del alto tribunal, los de Fernando Marín –hermano menor del actual presidente del Supremo– y Ricardo Cuesta. La sentencia reprochó que los vocales se saltaran un trámite relevante y no pidieran tres informes obligatorios que venían claramente establecidos en la convocatoria. El proceso se repitió y los dos mantienen a día de hoy su sillón en la sala más pequeña del Supremo, pero la sentencia de sus compañeros de lo contencioso-administrativo dejó duras acusaciones que escocieron en el órgano de gobierno de los jueces.

Los jueces dejaron caer abiertamente que prescindir de esos informes invitaba a pensar en un apaño entre candidatos y vocales para conseguir las dos plazas. Lo definieron como “una amigable componenda con ambas plazas, dos candidatos para cada una de ellas” y afirmaron que esa decisión “abre la puerta a todo tipo de posibles especulaciones sobre la selección de cada una de las duplas”.

Esas acusaciones del Supremo a sus vecinos fueron las más duras pero no las primeras ni las últimas. Año y medio después una nueva sentencia anulaba el nombramiento de Antonio García como magistrado de la Sala Civil porque en el proceso de formación de las ternas el Consejo había excluido de manera arbitraria a especialistas en derecho mercantil. La decisión “carece de respaldo legal y resultó discriminatorio para tales candidatos”. García volvió a ser elegido poco después y nunca tuvo que abandonar su puesto.

La recién creada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, un paso intermedio para estudiar recursos contra sentencias antes de llegar al Supremo, también sufrió para pasar el filtro del alto tribunal. Los jueces llegaron a anular varias veces el nombramiento de Enrique López y Eloy Velasco en esa nueva sala, estimando los recursos de otros candidatos y atajando las maniobras del órgano de gobierno de los jueces para mantenerles en el puesto incluso con una sentencia desfavorable.

Fue anulado también el nombramiento de una jueza militar de Valladolid porque el Consejo había firmado su nombramiento pasando por alto un informe de sus superiores que decían, claramente, que no estaba preparada para el puesto. Un error dio al traste con la adjudicación de una plaza a la magistrada y vocal Roser Bach en el Tribunal Superior de Catalunya. Y la de más trascendencia llegó en 2016 cuando el Supremo anuló la designación de Miguel Pasqual de Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

Esa sentencia llegó a cuestionar que ante un hombre y una mujer candidatos al puesto con similares méritos la plaza fuera adjudicada al hombre sin más explicaciones. El perfil de su rival, Pilar Alonso, en algunos puntos era incluso “notablemente superior”. Esas explicaciones, reprochó el Supremo al CGPJ, faltaban “por completo” en ese caso. Como en los casos anteriores, Pasqual de Riquelme nunca tuvo que abandonar el puesto y el CGPJ volvió a elegirle para una presidencia que sigue ocupando hoy en día.

Otras sentencias de este periodo han avalado otros nombramientos en el Supremo. Por ejemplo, la que dio luz verde a que Dimitry Berberoff siguiera formando parte de la sección de la Sala de lo Contencioso especializada en tributos. Esa resolución rechazó que en este tipo de nombramientos la antigüedad en el escalafón de los magistrados tuviera que ser un criterio determinante para otorgar esta plazas.

Decisiones polémicas en el Supremo

Algunas de estas decisiones del Tribunal Supremo anulando nombramientos, tanto del CGPJ como de la Fiscalía o de distintos departamentos del Gobierno, no han sido unánimes y han dejado votos particulares a favor de controlar más pero también de controlar menos estas designaciones. El último ha sido el de Pilar Teso, magistrada de la sala tercera, que se quejó de que sus compañeros optaran por anular la elección de Eduardo Esteban como fiscal de sala de menores.

“Lo que en realidad se evidencia es una disconformidad por parte de la Sala con las razones del nombramiento”, reprochó Teso a sus compañeros de sección. Que resolvieran el recurso del otro candidato dando salida a su criterio contrario al nombramiento de Esteban, saliéndose de los límites que estos procesos judiciales imponen a su análisis. Para esta magistrada el nombramiento de Esteban, anulado dos veces, estaba “suficientemente motivado” y esta nueva jurisprudencia de nombramientos suponía un “salto cualitativo”, un “viraje” que suponía sustituir la capacidad de la Fiscalía para hacer estos nombramientos.

Teso entendió que esta nueva doctrina del Supremo contradice, por ejemplo, lo que establecieron hace un año al dar por bueno el nombramiento de David Ordóñez como presidente de una de las salas del Tribunal Superior del Principado de Asturias. O cuando en 2011 avalaron que José Antonio Montero fuese nombrado miembro de su misma sala del Tribunal Supremo. El criterio del Supremo, por tanto, no es unitario y algunos de sus integrantes reconocen que, en función del caso estudiado, el análisis y el resultado han sido diferentes.

El Tribunal Supremo ha decidido anular el nombramiento de la exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, como presidenta del Consejo de Estado. El alto tribunal estima un recurso de la fundación Hay Derecho y entiende que Magdalena Valerio no cumple el requisito de ser una “jurista de reconocido prestigio”. Los jueces entienden que Valerio reúne uno de los requisitos para estar en el puesto, tener experiencia en asuntos de Estado, pero no el de ser una jurista de reconocido prestigio.

Magdalena Valerio fue nombrada presidenta del Consejo de Estado, encargado entre otras cosas de emitir dictámenes sobre leyes e iniciativas legislativas del Gobierno, en octubre del año pasado. Valerio llegó al Consejo de Estado después de ocupar distintos cargos políticos desde la década de los noventa y de ser ministra del ejecutivo de Pedro Sánchez entre 2018 y 2020.

Valerio es licenciada en derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ejerció como profesora de Derecho Laboral y Seguridad Social antes de trabajar como funcionaria en el INEM en el INSERSO y el INSALUD como paso previo a su salto a la política. Entiende el Supremo que la ley que regula estos nombramientos no tiene “excepción, ni matización” al requisito de ser una “jurista de reconocido prestigio”.

Valerio, dice el Supremo, tiene una “notoria y sobresaliente trayectoria” y cuenta con una “profunda experiencia en asuntos de Estado” pero eso “no sirve para tenerla por jurista de reconocido prestigio. Su curriculum vitae muestra una carrera funcionarial meritoria, pero de ella no se puede deducir la pública estima en la comunidad jurídica que implica el prestigio reconocido”. La norma requiere que la persona sea elegida “entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado”.

Los jueces reconocen que la Comisión Constitucional del Congreso dio el visto bueno a su nombramiento, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox, pero eso no sustituye a esta sentencia y el análisis de si “reúne o no la condición de jurista de reconocido prestigio”. La “idoneidad” que analizó el Congreso “es algo diferente”, dice el Supremo, y se ciñe al “carácter político de este órgano parlamentario. Es, pues, la suya una valoración de esa naturaleza, política y no de carácter técnico-jurídico”.

El recurso fue presentado por la fundación Hay Derecho, cuya legitimación para interponer este pleito fue cuestionada por la Abogacía del Estado. El Supremo avala que la nulidad del nombramiento parta de un recurso de la fundación: “No estamos ante un partido, ni ante una estructura vinculada a un partido”. “La fundación Hay Derecho no es una pantalla instrumental creada para litigar, sino una entidad que se ha hecho un lugar propio en el conjunto de formaciones de la sociedad civil española que persiguen finalidades de claro interés público o social”, afirma.

Rafael Mozo, presidente del Consejo General del Poder Judicial, calificado de “anomalía constitucional y democrática” la no renovación de este órgano, que se tenía que haber llevado a cabo hace cuatro años y medio, por lo que ha reclamado que después de las elecciones, en cuanto estén constituidas las cámaras, se produzca esta renovación para terminar “con un situación que está produciendo bastantes perjuicios, como las vacantes que hay en el Tribunal Supremo que no se han cubierto”.

El presidente del CGPJ ha hecho estas declaraciones antes de la inauguración de un curso en la Fundación Antonio Pérez de Cuenca sobre el funcionamiento anormal de la justicia en el que se abordarán durante tres días cuestiones como, por ejemplo, la responsabilidad patrimonial del Estado en estos casos.

Mozo ha recordado que el Estado responda por estos perjuicios a los ciudadanos es un derecho contemplado en la Constitución y que los jueces “somos independientes, pero también responsables y sometidos al imperio de la ley” y eso implica que las personas puedan reclamar indemnizaciones si consideran que se han visto perjudicados por el sistema judicial no ha operado como debía.

En esta acción formativa para jueces se han tratado supuestos como, por ejemplo, la prisión preventiva injusta de ciudadanos que se han visto privados de libertad y finalmente han sido absueltos.

Precisamente este curso se celebra en el marco de una huelga de jueces que está alterando el funcionamiento habitual del sistema.

Mozo ha explicado que “en este caso existe un conflicto derechos consagrados constitucionalmente: la tutela judicial efectiva y el derecho a huelga” y no se ha aventurado a explicar hasta qué punto está afectando esta protesta, pero sí que ha recordado que “uno de los motivos por los que un ciudadanos puede exigir indemnización al Estado es por las dilaciones indebidas”.

Más de 1.200 reclamaciones de responsabilidad patrimonial

En la jornada inaugural de este curso ha participado la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, quien ha subrayado que en este órgano consultivo del Gobierno “estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración institucional” que permita responder con mayor agilidad a los problemas ciudadanos.

Valerio ha destacado en su intervención que en el año 2022, de 2.118 expedientes que se tramitaron en el Consejo de Estado, más de 1.200 correspondieron a cuestiones relacionadas con reclamaciones de responsabilidad patrimonial a la administración, entre ellas algunas derivadas por el anormal funcionamiento de la justicia.

Aurelio Zapata Simón, quien fuera número dos de la lista del PSOE al Congreso por Guadalajara en las elecciones de 2019, ha tomado este miércoles posesión de su cargo como nuevo diputado.

Zapata ha accedido al escaño tras la renuncia de la hasta ahora parlamentaria nacional, Magdalena Valerio, que será nombrada --también por la Cámara Baja-- como nueva presidenta del Consejo de Estado a la que, días atrás, renunció María Teresa Fernández de la Vega-.

El nuevo diputado por la provincia ha prometido su cargo durante la sesión plenaria que ha tenido lugar este miércoles, en la que ha estado presente el secretario general del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, junto con el alcalde de Cabanillas --localidad donde reside Zapata--, José García Salinas, y el primer teniente de alcalde, Luis Blanco.

Bellido ha aprovechado para manifestar su “agradecimiento infinito” a Magdalena Valeria por su “incansable trabajo” en favor de la provincia y reiteró su “orgullo” por el futuro puesto que va a desarrollar en el Consejo de Estado donde “estamos seguros que va a llevar también a Guadalajara”.

El dirigente socialista, además, ha querido desear “mucha suerte” a Aurelio Zapata en el desarrollo de su nueva responsabilidad como nuevo parlamentario nacional, y ha subrayado que “desde hoy mismo se va a poner a trabajar para defender los intereses de nuestra provincia”.

La exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, será la nueva presidenta del Consejo de Estado, después de que el jueves pasado renunciase a su cargo María Teresa Fernández de la Vega, según han confirmado a elDiario.es fuentes del Gobierno.

El registro social y feminista han sido decisivos para la elección. De la Vega renunció al dar por cumplido el compromiso que adquirió con Pedro Sánchez de estar cuatro años al frente del Consejo de Estado y de llevar a cabo reformas como la digitalización y la transparencia de la institución, informa Europa Press. Renuncia para quedarse como consejera vitalicia en la la plaza que ha dejado vacante por motivos personales la catedrática de Ética de la Universidad de Barcelona Victoria Camps.

Magdalena Valerio ha asegurado recibir con “inmenso honor” la propuesta suceder a De la Vega al frente del Consejo de Estado. En declaraciones a Europa Press, Valerio ha destacado que el Consejo de Estado es el máximo órgano consultivo el país, regulado en la propia Constitución, por lo que le “encantaría” asumir ese cargo, que afrontaría “como siempre, con ilusión y sentido de la responsabilidad”.

La destitución de la que fue vicepresidenta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero será efectiva a partir del próximo martes 18 de octubre, ya que lo tiene que aprobar el Consejo de Ministros.

Valerio (Torremocha, 1959) fue ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social entre 2018 y 2020 y actualmente ocupaba un puesto como diputada en Guadalajara.

La diputada del PSOE por Guadalajara, Magdalena Valerio, ha contestado a través de sus redes sociales al comentario de Tamara Falcó en el programa televisivo 'El Hormiguero' en el que rechazaba ponerse la vacuna de AstraZeneca y pedía poder “elegir”. Un comentario que ha suscitado mucha polémica, también entre la comunidad científica esta semana.

“Tuve cáncer de mama hace 6 años. Pasé por una dura operación, quimio, radio y aún sigo con un tratamiento hormonal. Todo ello ha provocado efectos secundarios, pero he sobrevivido. Tengo 61 años. Hace unos días me pusieron la vacuna de AstraZeneca y me considero una afortunada”, respondía la que fuera ministra de Trabajo a la marquesa de Griñón.

Antonio Lucas-Torres ha dejado la política activa tras toda una vida en Alianza Popular y el Partido Popular, con una trayectoria que le ha llevado a ser concejal, alcalde, diputado provincial y regional y delegado del Gobierno castellanomanchego en la provincia de Ciudad Real. En la semana de su adiós, el criptanense ha asegurado en declaraciones a Europa Press que deja la política “sin portazos y dando las gracias”, poniendo el acento en el “orgullo” que le supone haber trabajado de la mano de María Dolores de Cospedal.

“Yo no voy a renegar de Dolores de Cospedal”

En este sentido, ha apuntado que aunque en estos momentos en el PP haya gente que “reniegue” de Cospedal, él está “agradecido” por haber podido trabajar con ella. “Yo no voy a renegar de una mujer valiente que sacó a Castilla-La Mancha de una situación muy complicada”.

“Me salieron los dientes en Alianza Popular y no reniego de mi partido. Me da asco la gente que se va sin dar las gracias. Este partido me dio la oportunidad de joven para hacer cosas por la sociedad”, ha asegurado.

Como delegado de la Junta durante el Gobierno del PP, siempre recordará su trabajo ayudando a captar fondos europeos “para poder pagar a proveedores a los que se debía mucho dinero”, una de las labores “más importantes” que ha tenido que asumir en su carrera política, aunque “es algo que no tiene mucha visibilidad”.

Como legado en su pueblo, tanto en su papel de delegado como de alcalde, saca pecho por haber conseguido negociar el arreglo de la carretera de Arenales de San Gregorio, “que era un peligro y en la que habían muerto muchos criptanenses”.

De su etapa como alcalde, Lucas-Torres destaca la creación de la primera guardería rural nocturna de toda España, “el mejor sistema de prevención para los robos rurales”. “Me gustaría que me recordaran como un alcalde cercano, que sigue siendo el mismo” .

En la puesta en marcha de este recurso en la localidad, relata como anécdota el momento en el que fue a Madrid a reivindicar en el Ministerio del Interior más plantilla para la Guardia Civil de Campo de Criptana.

“Expliqué al director general de la Guardia Civil que necesitábamos más agentes, y este director general me dio un muñequito de un guardia civil y me dijo: 'Toma, ya tienes un guardia civil más'. Con esa broma de mal gusto, decidí que ni podía depender de otra gente y que los agricultores de mi pueblo no podían estar pendientes de ningún político, y monté la guardería rural nocturna”, ha relatado.

Magdalena Valerio: “Una señora de los pies a la cabeza”

Preguntado por compañeros en la vida política de los que se lleva buen recuerdo, ha incidido en la figura de la socialista Magdalena Valerio. “Una señora de los pies a la cabeza”, con la que tuvo oportunidad de trabajar desde la oposición para sacar adelante el Plan Estratégico de Turismo en 2007.

Sobre Valerio, ha dicho que es “una mujer fuerte y valiente”, a la que ha visto trabajar pese a su enfermedad y “sin tirar la toalla”.

De su partido, ha destacado al actual presidente del PP castellanomanchego, Paco Núñez. “Me ha sorprendido. Pese a su juventud, es terco, valiente y muy trabajador”, ha aseverado, augurando éxito político a su persona.

Después de que el propio Núñez le abriera la puerta a ocupar algún cargo en el Gobierno autonómico si algún día preside la región, ha dicho que aceptará. “Y quien te diga lo contrario miente. Si eres político de verdad, cuando hay ofrecimientos, es imposible decir que no”, ha señalado.

La exministra de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones y presidenta de la comisión del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, ha garantizado que la Seguridad Social no va a quebrar porque “es sólida” pese a la situación de crisis por la pandemia del coronavirus, y ha asegurado que pese a que las cosas “se pueden complicar”, no es momento de no hacer análisis alarmistas.

Así ha respondido Valerio a las previsiones económicas que hablan de una bajada del Producto Interior Bruto (PIB) y subida del paro, asegurando a preguntas de los periodistas durante una comparecencia online que “hay garantía absoluta de que la Seguridad Social no va a quebrar”.

En este sentido, la presidenta de la comisión del Pacto de Toledo ha apuntado que “justo ahora” se están retomando los trabajos de esta comisión y que sería un buen momento de conmemorar su 25 aniversario con la llegada a un acuerdo “en recomendaciones”.

A su juicio, “el sistema ha aguantado muchas décadas y va a seguir aguantando”, ha dicho tras insistir en que para ello “es fundamental” pagar los impuestos, incidiendo sobre todo en que deben pagar los que más tienen pero también quienes no pagan.

Y precisamente ha aludido a la importancia de acabar con la economía sumergida y de cómo ahora quienes no han cumplido con los pagos se estarán dando cuenta de que lo están pasando peor.

Valerio ha subrayado que pese a que se sigue teniendo un déficit de 16.000 millones de euros, el Pacto de Toledo ya estaba trabajando en un plan a cinco años para que este déficit se elimine, apostando por reordenar la gestión financiera de la Seguridad Social.

La exministra de este área espera en todo caso que esto se pueda hacer pese a la situación actual, convencida de que en el Ministerio hay voluntad.

Y aunque, según ha apuntado, lo ideal sería conseguir unanimidad en el Pacto de Toledo, si esta no fuera posible, espera que al menos se pueda conseguir un acuerdo “mayoritario muy sólido para terminar con este déficit” y así poder garantizar no solo los pagos presentes sino el futuro de las pensiones.

Para la presidenta del Pacto de Toledo el empleo se está viendo muy perturbado por la COVID-19 pero ha insistido en que la salida no puede ser de despidos máximos sino de “intentar” ir a expedientes temporales.

Ha asegurado que se están haciendo “todos los esfuerzos del mundo” para que no se pierdan puestos de trabajo cuando se reinicie parte de la actividad que ahora está parada, insistiendo en que lo fundamental es que no baje el nivel de cotizaciones.

Para la exministra es el momento de poner por delante los intereses de España frente a los partidos y de “demostrar el patriotismo” en favor de un “gran acuerdo de Estado” para la reconstrucción social y económica del país tras la pandemia.

Estas han sido las palabras de la diputada socialista por Guadalajara Magdalena Valerio en una comparecencia en la que ha aportado algunas cifras. En concreto, ha dicho que hasta el pasado 22 de abril ya había 1.154.000 solicitudes de esta prestación y que ya son 1.039.000 los autónomos a los que se les ha concedido esta ayuda, lo que representa el 90%, estando pendientes de resolución unas 76.000 personas.

En el caso de Guadalajara, hasta el día 14 de abril se habían presentado 4.106 solicitudes de cese de actividad y se habían concedido 3.887; solo se habían denegado 55 y estaban pendientes de tramitación 156.

La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que debe elaborar unas recomendaciones sobre el futuro del sistema público de pensiones, ha quedado constituida este jueves. Al frente, la exministra de Trabajo Magdalena Valerio ha sido elegida presidenta de la comisión y ya ha anunciado que su propuesta a los partidos políticos es que las negociaciones partan del borrador que casi logra un acuerdo en la pasada legislatura, pero del que en el último momento se desmarcaron PP y Unidas Podemos.

“Como dirían los juristas, se quedó bastante visto para sentencia”, ha bromeado Magdalena Valerio en su primera intervención como presidenta del Pacto de Toledo, que antes desempeñaba la diputada del PP Celia Villalobos. “Todo el trabajo inmenso que se hizo, con multitud de reuniones, 150 personas que comparecieron... Yo creo que esos trabajos se pueden recuperar y no partir de cero, sino que tener en cuenta todo ese trabajo realizado”, ha alegado Valerio.

La exministra de Trabajo ha recordado que el Pacto de Toledo debería haber concluido sus recomendaciones en 2016, pero que en estos cuatro años las distintas formaciones políticas no han llegado finalmente a un punto de acuerdo. Valerio ha destacado que “todos los ciudadanos” están pendientes de que el Pacto de Toledo llegue a buen puerto, pues “los que no son pensionistas hoy lo serán en un futuro”.

El Gobierno de coalición se ha comprometido a reformar el sistema de pensiones y derogar los dos elementos clave de la legislación unilateral de Mariano Rajoy de 2013, el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización (el de las criticadas subidas del 0,25%). El punto de partida señalado por el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos para esas modificaciones es precisamente el Pacto de Toledo, así como el diálogo con los sindicatos y la patronal.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se estrenó la semana pasada en el Congreso con un mensaje claro: el sistema de pensiones español es sólido. El ministro destacó que muchas personas dudan de esa sostenibilidad y llamó a un acuerdo político en el Pacto de Toledo para dar “certidumbre” a la ciudadanía.

“No hagamos borrón y cuenta nueva”

A las preguntas de los periodistas, la exministra ha concretado que su intención es que las negociaciones partan del borrador redactado ya en la pasada legislatura. “Les voy a plantear a los grupos que partamos de ahí, que no hagamos borrón y cuenta nueva, que no tiremos por la borda todo un trabajo que está hecho y que costó muchísimo esfuerzo a todas las personas que formaban parte de la comisión del Pacto de Toledo”, ha sostenido Valerio.

En su discurso de inauguración de la comisión, la presidenta ha destacado que muchos diputados repiten en el Pacto de Toledo, pero otros se estrenan en esta comisión paralmentaria. Entre ellos, todos los del grupo de Vox, un partido que de partida sostiene que el sistema de pensiones público actual es insostenible y que aboga por un sistema mixto público-privado. Una de las incógnitas será ver qué opina el grupo de extrema derecha sobre iniciar las negociaciones desde este borrador en el que el partido no tomó parte, al no tener representación parlamentaria en la pasada legislatura.

Además, este texto de recomendaciones no fue aceptado en el último momento por PP y Unidas Podemos. Los trabajos del Pacto de Toledo se aceleraron con el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez, después de que el Congreso tumbara los Presupuestos Generales. Los diferentes partidos intentaron cerrar un acuerdo sobre pensiones antes de que se disolvieran las Cámaras, pero al final no salió adelante.

Unidas Podemos se desmarcó del texto, con la ahora ministra Yolanda Díaz como parlamentaria del grupo confederal, porque consideraba que necesitaba más negociación. Así, anunció votos particulares si el borrador salía adelante conforme estaba. Por su lado el PP tampoco respaldó el acuerdo porque consideraba que se estaba forzando solo por el adelanto electoral. “Ya había un acuerdo prácticamente unánime, está prácticamente conseguido, no se consigue por las elecciones”, explicó entonces el diputado del PP Gerardo Camps.

Magdalena Valerio, que como ministra manifestó un gran disgusto con Unidas Podemos por desmarcarse del Pacto de Toledo, en esta ocasión no ha querido entrar a recordar el fracaso del acuerdo. Las recomendaciones “no se han renovado todavía por visicitudes que no viene al caso recordar, porque están en la memoria de todos”.

Reivindicación del acuerdo frente al conflicto

La nueva presidenta del Pacto de Toledo ha llamado a los diputados del Pacto de Toledo a mantener, en el 25 aniversario de esta comisión parlamentaria, el espíritu de acuerdo y consenso que ha caracterizado al Pacto, creado para intentar llegar a acuerdos entre las distintas formaciones en materia de pensiones y que no fueran utilizadas como arma arrojadiza por los partidos políticos.

“Si hay una comisión en esta casa, el Congreso de los Diputados, en la que se practica el diálogo y a ser posible el acuerdo es en el Pacto de Toledo. Es una de sus señas de identidad. Ese diálogo tranquilo, sosegado, de debate, de reflexión”, ha destacado Valerio.

El clima en el Parlamento se ha endurecido, sobre todo por parte de la oposición, por lo que Magdalena Valerio ha deseado que este clima de entendimiento y respeto del Pacto de Toledo se contagie al conjunto de la Cámara. “Dejar las rencillas y las discrepancias e intentar buscar qué es lo que nos une y no lo que nos separa”, ha recomendado.

Dos exministras del anterior Gobierno socialista de Pedro Sánchez que se quedaron sin cartera en el Ejecutivo de coalición pasan a ser presidentas de comisiones parlamentarias en el Congreso de los Diputados. Magdalena Valerio, exministra de Trabajo, será la nueva presidenta del Pacto de Toledo, que afronta la difícil tarea de buscar un consenso entre las distintas fuerzas políticas para reformar el sistema público de pensiones. María Luisa Carcedo, exministra de Sanidad, será la presidenta de la Comisión de Política Territorial y Función Pública.

Tanto Valerio como Carcedo, muy leales a Pedro Sánchez, se quedaron sin ministerio en la configuración del Gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos. “Cada etapa política reviste nuevas circunstancias, exige también de nuevos perfiles”, justificó entonces Sánchez. Ahora, el PSOE las ha elegido para encabezar estas dos comisiones parlamentarias.

Este ha sido el destino para otros cargos del anterior Gobierno socialista que no han repetido esta legislatura. Es el caso de la anterior secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez, destituida del cargo por el ministro Marlaska en esta legislatura, que presidirá la Comisión de Interior.

También el anterior alto comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, el sociólogo Pau Marí-Klose, encabezará una comisión parlamentaria: la de Asuntos Exteriores. Pedro Sánchez mantuvo el Alto Comisionado bajo el poder de Presidencia del Gobierno, que ha dejado en esta ocasión en manos del político vasco Ernesto Gasco. El PSOE se hará con la presidencia de diecisiete comisiones en el Congreso según el acuerdo parlamentario. Su pretensión es dejar fuera de esos puestos, que otorgan visibilidad institucional y retribuciones, a la extrema derecha de Vox.

Omar Anguita, secretario general de juventudes socialistas, será el portavoz del PSOE en la Comisión de Infancia y Adolescencia. Anguita se estrena en el Congreso gracias a la renuncia de las actas de diputadas de la exministra de Justicia en la pasada legislatura, Dolores Delgado, y de Beatriz Corredor.

Gran reto en el Pacto de Toledo

La Comisión del Pacto de Toledo afronta esta legislatura un importante desafío: alcanzar un acuerdo político para una reforma de consenso del sistema público de pensiones, que no ha sido posible en los últimos años. El año pasado el pacto estuvo cerca, pero finalmente se desmarcaron Unidas Podemos y PP.

La Seguridad Social tiene un déficit de más de 18.000 millones de euros, fruto principalmente de los años de crisis que redujeron los ingresos al sistema debido a la fuerte caída del empleo. El gasto en pensiones sigue aumentando, con más incorporaciones de pensionistas, y aunque el empleo también lo hace no es suficiente para cerrar el agujero en las cuentas públicas.

El Gobierno de coalición ha prometido derogar los dos aspectos más importantes de la reforma unilateral de las pensiones de 2013 de Mariano Rajoy y reformar el sistema de la Seguridad Social para garantizar la sostenibilidad de las pensiones en el medio y largo plazo.

El acuerdo en el Pacto de Toledo es muy importante para el nuevo Ejecutivo. El Gobierno de coalición pretende aprobar una reforma de las pensiones consensuada: tanto a nivel político, que se buscará en la comisión del Pacto de Toledo, como en el plano del diálogo social, con el visto bueno de los sindicatos y la patronal.

Magdalena Valerio conoce bien el debate sobre el futuro de las pensiones de los últimos años: formó parte del Pacto de Toledo entre 2012 y 2014 cuando fue diputada en el Congreso. En esta época, Valerio conectó con el equipo de Sánchez en la Cámara Baja y su lealtad se ha mantenido hasta el presente.

Esta legislatura el Pacto de Toledo contará con una dificultad añadida: la presencia de los representantes de VOX, que apuestan por modificar el actual sistema público de reparto de las pensiones por otro semiprivado. Su propuesta de pensiones estaba entre las medidas económicas que el partido de extrema derecha suavizó en su último programa electoral, solo unos meses después de las elecciones de abril.

Presidentes, portavoces y miembros del PSOE en las Comisiones parlamentarias by eldiario.es on Scribd

Ya se conocen, tras varias días de noticias con cuentagotas, los nombres y rostros de los nuevos ministros y ministras del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez en coalición con Podemos. Dos son los representantes ministeriales originarios de Castilla-La Mancha, concretamente de la provincia de Albacete: Manuel Castells, que será ministro de Universidades, y José Luis Escrivá, que ostentará una nueva cartera de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, con el reto de la reforma del sistema de pensiones.

Castells (Hellín, 1942) será una de las figuras con más proyección internacional dentro del gobierno de coalición, ocupando el cargo a propuesta de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Es uno de los académicos españoles más citados en todo el mundo y desde algunos de los campus más prestigiosos del planeta ha publicado investigaciones sobre sociología urbana, movimientos sociales y tecnologías de la información que en su día le valieron para convertirse en un teórico de referencia para el 15M y luego para el espacio de los 'comuns'.

El currículum de Castells es el de una eminencia. Hasta 75 páginas que resumen una carrera académica de medio siglo, que incluye docencia en la Universidad de Berkeley (California) –donde es catedrático emérito de Sociología– o en la Universidad de París, etapas como visitante en centros como el Massachussets Institute of Technology (MIT) o la Universidad de Oxford y, en la actualidad, la cátedra de Sociología en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), a la que se incorporó en 2001. En el ámbito de la investigación, y más allá de sus publicaciones, ha sido fundador del consejo científico del European Research Council de la UE. 

Pero su larga trayectoria arranca en su etapa como estudiante. Militante antifranquista, tuvo que exiliarse en la década de los 60 en Francia, donde estudió con el sociólogo Alain Touraine, fue joven profesor de la Universidad de París y vivió desde dentro el Mayo del 68, con el líder estudiantil –ahora político de los Verdes– Daniel Cohn-Bendit como alumno.

En paralelo a una carrera repleta además de 'honoris causa', cátedras eméritas y premios por todo el mundo, adquirió popularidad en España con la eclosión del 15M, que le acercaría con el tiempo a la órbita de los 'comuns'. Más recientemente, firmó un manifiesto de apoyo al referéndum del 1-O, que defendió sin ambages.

Por su parte, José Luis Escrivá (Albacete, 1960), es actualmente el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), una institución creada en 2014 por imposición de Bruselas para fiscalizar las cuentas de las Administraciones Públicas, cuyo mandato de seis años termina en febrero. 

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con premio extraordinario de licenciatura, inició su carrera en el Banco de España, donde desempeñó diferentes puestos en el Servicio de Estudios. Posteriormente, saltó a la UE como asesor del Instituto Monetario Europeo para ser nombrado posteriormente Jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo.

La andadura de Escrivá al frente de la AIReF explica bien las cualidades de este metódico tecnócrata defensor de “la mejora de lo público de una forma sistemática, con una metodología rigurosa, basándose en evidencias y en comparaciones internacionales”. Hasta cinco veces presentó Escrivá su dimisión como presidente de la AIReF ante las resistencias de las diferentes administraciones a su labor supervisora.

Perfecto conocedor de la Administración pública y de los diferentes estamentos del funcionariado español, también fue particularmente duro su enfrentamiento con el Tribunal de Cuentas, desde donde tanto su nombramiento como la creación de la AIReF siempre fue vista como una intromisión que iba a agitar las tranquilas aguas de esta acomodada institución pública.

Mientras que entran Castells y Escrivá, abandona el Gobierno de Pedro Sánchez la todavía ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, natural de Guadalajara y una de sus colaboradoras más cercanas. La sustituirá en el cargo la abogada laboralista Yolanda Díaz, propuesta por Podemos, y que asume la carta ahora sin las competencias de Seguridad Social.  

Magdalena Valerio abandona el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. La hasta ahora responsable de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones no seguirá en el Ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. La cartera de Trabajo queda en manos de Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, por un lado y por otro se crea el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, que dirigirá José Luis Escrivá, ahora presidente de la AIReF. La baja de Valerio se suma a las de Dolores Delgado, Maria Luisa Carcedo y José Guirao.

Magdalena Valerio Cordero, diputada en el Congreso por Guadalajara, entró en la última Ejecutiva del PSOE de Pedro Sánchez, al que declaró su apoyo “incondicional” cuando este peleó por la Secretaría General del partido. Valerio es la responsable estatal del PSOE de las materias de Seguridad Social y Pacto de Toledo.

Tras el anuncio de la división de Trabajo en un ministerio propio, que recae en la “cuota” de carteras de Unidas Podemos, la principal duda pasaba por qué pasaría con el timón de la Seguridad Social –“un transatlántico”, según Valerio– y Migraciones. Finalmente, Sánchez ha confiado este ministerio a Escrivá, muy reconocido por su alta cualificación e independencia al frente de la Autoridad Fiscal Independiente, y Valerio queda fuera del Consejo de Ministros.

Nacida en Torremocha (Cáceres), se considera guadalajareña “de corazón”. En esta provincia ha vivido y trabajado desde finales de los años 80 y es donde comenzó su trayectoria política. Valerio fue uno de los pocos apoyos en Castilla-La Mancha del hoy presidente del Gobierno cuando la mayoría socialista que dirige Emiliano García-Page se alineó con la andaluza Susana Díaz en la batalla por el liderazgo del partido.

Registro de jornada y subsidio para parados de 52 años

Entre las medidas más destacadas que deja en su currículum como ministra destacan especialmente la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años, que recortó Rajoy, y la aprobación del registro obligatorio de la jornada laboral. Además, en su mandato se devolvió la cotización pagada por el Estado a las cuidadoras no profesionales de familiares dependientes.

También suscribió el real decreto con una mayor subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de la democracia, del 22% hasta los 900 euros mensuales, una medida pactada entre el Ejecutivo de Sánchez y el grupo parlamentario de Unidas Podemos.

Valerio avanzó en la mesa de diálogo social con los sindicatos y la patronal en la contrarreforma de algunos aspectos “más lesivos” de la reforma laboral del PP de 2012, pero acató que estas cuestiones no salieran adelante finalmente y no reaccionó públicamente a las (varias) declaraciones de la ministra de Economía, Nadia Calviño, que descartaban la necesidad de estos cambios.

El empleo ha continuado creciendo, aunque a menor ritmo que en los últimos años, con luces y sombras en el mercado laboral en 2019. Aunque el presidente Sánchez lo llegó a dar por hecho, y así lo esperaban en el Ministerio de Trabajo, el paro no llegó a descender por debajo de los tres millones de personas. En cuanto a las pensiones públicas, el Ministerio se limitó a seguir anulando temporalmente la reforma de de Rajoy de 2013 a la espera de un acuerdo en el Pacto de Toledo que no llegó (por poco, con la oposición final del PP y Unidas Podemos).

Durante el 2018, se produjo el mayor pico de llegadas irregulares de migrantes registrado en España. A su Ministerio le correspondía también la gestión de la atención humanitaria proporcionada por el Gobierno a los recién llegados. Valerio duplicó el número de plazas disponibles para asistir de manera temporal a los migrantes en situación irregular, alcanzando las 5.140, aunque no fueron suficientes para evitar que decenas de ellos tuviesen que pasar las noches a la intemperie.

Una de las mayores críticas recibidas en el marco de su competencias de Migraciones se queda sin solucionar. El colapsado sistema de acogida de solicitantes de asilo no ha sido capaz de asumir a centenares de personas, en su mayoría de origen latinoamericano, que se están viendo empujados a dormir en la calle o bajo un techo ofrecido por redes vecinales, especialmente en Madrid.

Mientras 93.399 personas han pedido asilo en 2019, el Ministerio solo cuenta con 9.097 plazas para acogerles en el conjunto del territorio español.

En lo personal, su etapa como ministra ha dado a conocer a Magdalena Valerio como una política afable y cercana, tanto con los sindicatos y la patronal como con los medios de comunicación. Protagonista de largas y espontáneas intervenciones, como la del “gol por la escuadra” que dijo que le “colaron” con el sindicato OTRAS, también ha demostrado firmeza dentro de su ministerio con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, con el que eran evidentes algunas diferencias y al que enmendó en varias ocasiones.

Los líderes de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han escrito una carta junto al secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en la que exigen a la ministra en funciones Magdalena Valerio que dé marcha atrás en su intención de elevar la exposición de los trabajadores a tres sustancias cancerígenas en España. El proyecto de real decreto “aún no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros de España por lo que le instamos que reconsidere esta medida”, recoge la misiva.

Unai Sordo, Pepe Álvarez y Luca Visentini firman el escrito dirigido a la responsable en funciones del Ministerio de Trabajo para pedirle que no tome esa decisión en la trasposición de una directiva europea sobre sustancias cancerígenas, la Directiva 2017/2398, que debe aprobarse antes de enero.

La normativa comunitaria amplía a 14 el número de sustancias cancerígenas, pero en el caso de tres de ellas (la sílice cristalina, el bromoetileno y la acrilamida) el último borrador de real decreto del Gobierno eleva la exposición que pueden tener los trabajadores en España a estas sustancias respecto a la regulación actual.

En el caso de la sílice y el bromoetileno se duplican los valores máximos de exposición y en el de la acrilamida se triplican.

Preocupación centrada en la sílice

Los líderes sindicales trasladan a la ministra “la profunda preocupación” que ha generado en sus organizaciones este plan de Trabajo y recuerdan que “las recomendaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, organismo científico-técnico de referencia en materia de prevención de riesgos laborales”, que en un informe desaconsejaba el incremento de estos valores límites “basándose en la evidencia científica vigente”.

Aunque las tres sustancias inquietan en los sindicatos, las alertas sobre todo se centran en una: la sílice. “España no sólo es el país de la UE con mayor cantidad de trabajadoras y trabajadores expuestos a la sílice, sino que en los últimos años ha experimentado un acusado repunte en el número de casos de silicosis, patología pulmonar producida por esta sustancia y que actúa como precursora de los casos de cáncer debidos a estas exposiciones”.

Las centrales sindicales españolas y la confederación europea recuerdan al Ministerio de Trabajo que los valores recogidos por la directiva europea son “el mínimo común de protección a la salud que se ha logrado consensuar” entre los países de la UE, “pero que como recuerda la propia norma en su considerando 1 'los Estados miembros pueden fijar valores límite de exposición profesional vinculantes más estrictos”.

Por ello, reclaman a España que mantenga su regulación más garantista en estas tres sustancias cancerígenas. “Revertir esta decisión equivaldría a dar un paso atrás de graves consecuencias”, destaca la carta, que recoge la petición de que España se mantenga en este punto “como uno de los países con un mayor nivel de protección y, por tanto, como una referencia en seguridad y salud en el trabajo en la Unión Europea”.

Fuentes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social explican a este medio que todavía “no existe una redacción definitiva” del real decreto y que “el asunto todavía no se ha trasladado al Consejo de Estado”. Será “después de ese paso y las aportaciones cuando podremos comentar texto definitivo”, añaden.

Desde Trabajo han esgrimido a los sindicatos, según han explicado estas organizaciones a eldiario.es Andalucía, que el proyecto “ya no impone normas más restrictivas en España que en otros estados miembros”, por lo que se corrigen “desigualdades competitivas”. Las organizaciones de trabajadores cuestionan que para competir mejor se aumente el riesgo de que los trabajadores sufran silicosis y cáncer de pulmón.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha participado este sábado en el acto de presentación de la candidatura del PSOE para las Elecciones Municipales del 26 de mayo en Azuqueca, con la que José Luis Blanco aspira a revalidar la Alcaldía azudense.

“Estoy convencida de que José Luis va a seguir siendo alcalde de Azuqueca porque las vecinas y vecinos sabrán valorar el trabajo que ha hecho durante estos cuatro años”, ha señalado la ministra al inicio del acto, que ha estado amenizado por números circenses y actuaciones artísticas con el color blanco como hilo conductor.

“Llegamos aquí con los deberes hechos”, ha indicado José Luis Blanco durante su intervención. “Llevamos cuatro años desarrollando políticas para que en Azuqueca nadie sea ni más ni menos que otro; con becas para que las y los jóvenes pasen dos y tres meses en países europeos con todos los gastos pagados, multiplicando por cuatro el dinero destinado a las becas de material escolar, ayudando a las familias con hijas e hijos que estudian un Master o están de Erasmus, reduciendo el precio de las escuelas infantiles y bonificando la matrícula en las escuelas deportivas”.

Zaida Cantera: “La victoria del 28A es importante pero no suficiente”

En el acto de presentación de la candidatura también ha participado la diputada electa Zaida Cantera, quien ya había visitado el municipio de Azuqueca durante esta legislatura y que ha recordado al público asistente que “la victoria del pasado domingo es importante pero no suficiente”, subrayando la trascendencia que para el proyecto político del PSOE tiene ganar en las comunidades autónomas y en los municipios. “

Pedro Sánchez os necesita a todos vosotros“, ha indicado, invitando a los militantes y simpatizantes socialistas a ejercer como agentes electorales de cara a los comicios del próximo 28 de abril.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha destacado los perfiles de los miembros de la candidatura, a quienes ha dado la bienvenida a la vida política –muchos de ellos inician ahora su trayectoria- convencida “de que este proyecto es el que garantiza que Azuqueca siga avanzando por la senda del progreso”. Todos los asistentes al acto han recibido un paraguas blanco que simboliza el proyecto político del PSOE en Azuqueca, en bajo el que caben todas y todos y que a todos protege.

Los 7,2 millones de euros de fondos europeos conseguidos, la bajada del recibo del IBI del 10 por ciento o la reducción de la deuda del Ayuntamiento casi a la mitad son algunos de los logros del último mandato mencionados en la intervención del alcalde y candidato socialista, quien ha recordado también que Azuqueca es “el primer ayuntamiento de España con un programa de retención del talento joven” o que “más de mil personas se han ocupado en los programas de empleo desarrollados con la Junta de Comunidades”.

También ha mencionado que las grandes empresas han invertido 50 millones de euros en Azuqueca durante este mandato y que hoy hay 1.200 parados menos que hace cuatro años.

“José Luis Blanco es más pertinaz que la sequía”, ha dicho Valerio

“José Luis Blanco es más pertinaz que la sequía” ha indicado Magdalena Valerio en su intervención, destacando la insistencia del alcalde cuando se trata de reclamar mejoras para Azuqueca. “Fue de las primeras personas que me llamó para felicitarme por mi nombramiento y ya aprovechó para recordarme que había que abrir el edificio de la Tesorería y del INSS”, recordó la ministra, explicando que ha sido un procedimiento complejo pero que finalmente se ha logrado poner en uso para la ciudadanía este edificio que ha costado cuatro millones de euros y que el Gobierno del PP mantuvo cerrado.

Zaida Cantera, diputada en la anterior legislatura y elegida diputada por Madrid el pasado 28 de abril, ha realizado un alegato en defensa de los valores socialistas que a personas como ella le han permitido desarrollar una carrera profesional sin estar condicionada por la economía de su familia. Ha reiterado su agradecimiento a las políticas socialistas que han garantizado en los años pasados la educación pública de calidad o la sanidad pública.

“En Azuqueca seguiremos trabajando para que haya empleo de calidad y con garantías, la escuela pública sea nuestra mejor industria, sigamos abriendo edificios como el de la Seguridad Social y los trenes pasen con más frecuencia y menos retrasos”, ha señalado José Luis Blanco, comprometiéndose a pelear hasta el último voto.

Tanto la ministra, Magdalena Valerio, como el alcalde, han subrayado la importancia de que el PSOE gane también en las elecciones autonómicas, ejemplificando que nada tienen que ver las políticas realizadas por Emiliano García-Page en Azuqueca con los recortes de servicios públicos que realizó el Gobierno del PP de Cospedal en el anterior mandato.

Durante el acto se han presentado uno a uno los miembros de la candidatura del PSOE. Todos han manifestado su compromiso con el avance y el progreso de Azuqueca a través de las políticas y principios socialistas. Destacando la igualdad de oportunidades, la solidaridad, el feminismo y la sostenibilidad.

Candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares:

Titulares

1. JOSE LUIS BLANCO MORENO

2. SUSANA SANTIAGO PEÑALVER

3. DAVID PINILLOS ARRANZ

4. YOLANDA RODRIGUEZ VALLE (Independiente)

5. SERGIO DE LUZ SANTAMARIA

6. PIEDAD AGUDO PEREZ (Independiente)

7. ANTONIO EXPOSITO CARDENAS

8. MARIA ROSARIO MARTIN FERNANDEZ

9. ENRIQUE PEREZ DE LA CRUZ

10. GLORIA SANCHEZ DEL MORAL (Independiente)

11. ALVARO CUEVAS GOMEZ

12. VANESA CASADO HERNANDEZ

13. JUAN PABLO ROMAN MORALES

14. SUSANA SANCHEZ MUÑOZ

15. ALBERTO ESCOBAR FERNANDEZ

16. MARIA ARANZAZU UNZAGA MONERRIS

17. MARIO IBAÑEZ CEMBELLIN

18. AURELIA JEREZ MEDINA

19. JESUS DE LA RUA GONZALEZ (Independiente)

20. CARMEN LUQUE PAREJO

21. ALVARO CARPINTERO GARCIA

Suplentes

1. MARIA DEL CARMEN ESTEBAN RUANO

2. LUCIO CABRERIZO GARCIA

3. JUANA CANTERO LOPEZ

Magdalena Valerio (Torremocha, Cáceres 1959) afronta con ilusión la candidatura del PSOE a las elecciones generales por la provincia de Guadalajara. Después de un periodo de convulsión interna que dividió al partido hasta las primarias en las que Pedro Sánchez se afianzó como líder de la formación, la actual Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones se muestra optimista ante los comicios y llama a “la movilización masiva de los progresistas para parar a la coalición de derechas”. En una entrevista con eldiario.es de Castilla-La Mancha realizada en el restaurante Lino de Guadalajara, Valerio asegura, entre otros temas que “ningún Gobierno eliminará el trasvase del Tajo”, al tiempo que afirma convencida que “remataremos el Parador de Molina y mejoraremos los Cercanías del Corredor, defenderemos las pensiones públicas y no derogaremos la reforma laboral de Rajoy”. 

Raquel Gamo (Guadalajara)

El último macrosondeo del CIS le daba la victoria al PSOE en Guadalajara, algo que no ocurre desde 1982 y además le otorga dos diputados. ¿Ve factible este resultado?

Es factible si las personas progresistas de Guadalajara acuden a votar masivamente el próximo 28 de abril y deciden luchar en las urnas por la democracia en este país. Hay mucho temor a la coalición de las tres derechas de PP, Ciudadanos y Vox, que cada vez imitan más a Vox y se escoran a la ultraderecha. La única manera de parar esta coalición, que puede implicar un retroceso en derechos y libertades es yendo a votar a los partidos progresistas. Lo que ocurrió en las elecciones andaluzas fue un aviso para navegantes y en aquella ocasión muchos votantes del PSOE y de Podemos se abstuvieron. Con una alta participación se puede lograr este resultado.  Pero las elecciones no se ganan con las encuestas sino en las urnas. No confundamos la demoscopia con la democracia.

Pedro Sánchez está apelando al voto útil de la izquierda para frenar a 'los tres temores de la derecha'. ¿Esa apelación al voto útil es especialmente útil en circunscripciones como Guadalajara que reparten 3 escaños?

Esa concentración de voto progresista en el PSOE es especialmente útil en provincias como Guadalajara. Si eres la fuerza más votada por encima del 30% del voto y el resto de fuerzas están muy divididas, existen posibilidades ciertas de conseguir dos diputados y tres senadores. Quién vota al PSOE al Congreso, también suele votar por la misma opción al Senado y nuestro esfuerzo ha de concentrarse en que de las tres cruces que podemos seleccionar para el Senado, vayan para elegir a nuestros candidatos, Rafael Esteban, Riansares Serrano y Julio García. La movilización es clave.

La composición de las listas ha permitido recobrar la unidad dentro del PSOE en Castilla-La Mancha, ¿será una paz duradera o solo una tregua?

Apuesto siempre por la paz y no la guerra. Es fundamental  que en una organización política que ha elegido a sus candidatos por primarias, después vayamos todos a una, porque la unión hace la fuerza. A veces sucede que la confrontación democrática durante unas primarias genera heridas que tardan en cicatrizar y me cuesta entender el porqué, pero creo que el PSOE es un partido con raíces profundas y 140 años de historia. El partido se ha estabilizado desde la celebración del 39º Congreso y está más fuerte gobernando en más municipios, después de estos diez meses al frente del Gobierno de España.

El PSOE ha demostrado que puede gobernar con 84 diputados propiciando crecimiento económico y justicia social. Vamos a unas elecciones generales con mucha moral y, si estamos unidos y seguimos trabajando con coherencia y ganando en credibilidad, somos imparables.   

Si el PSOE gana las elecciones y arma gobierno, ¿cuáles serán los principales inversiones en la provincia de Guadalajara?

En la provincia de Guadalajara tenemos algunos retos todavía pendientes como acabar la construcción del Parador de Molina de Aragón. O mejorar las comunicaciones con Madrid y el resto de provincias de la región, reforzando el servicio de Cercanías, que ha provocado muchos problemas a los usuarios en los últimos años. En cuanto a Guadalajara me gustaría que la estación de tren fuera más digna y dejara de ser de las más antidiluvianas de España.

Además, ha tenido que llegar el PSOE al Gobierno para desbloquear el proyecto de la ampliación del Campus Universitario de las Cristinas en Guadalajara que estaba estancado desde hace años. Otro objetivo es poner en funcionamiento el edificio de los nuevos juzgados cuya obra se encuentra ya concluida. Asimismo existen otras inversiones en la agenda como la adecuación de la N-320, la conexión entre la A2 con la A1, la autovía de la Alcarria o el desdoblamiento de la N-211. El Corredor del Henares es un cinturón industrial y de comunicaciones en auge y debemos potenciar las infraestructuras en esta zona.

¿El próximo Gobierno socialista cerrará el trasvase Tajo Segura?

El próximo Gobierno va a trabajar para que el trasvase del Tajo vaya a menos y las desaladoras a más. Ningún gobierno va a cortar el trasvase al día siguiente de llegar al Gobierno y el que lo prometa será mejor que no le creamos porque hay personas en el Levante que cuentan con el agua del trasvase. Así que yo digo no al trasvase, pero con sentido común y haciendo un uso razonable del agua. Hay que respetar el caudal ecológico como lo ha determinado una reciente sentencia del Tribunal Supremo que dice que el Plan del Tajo es ilegal.

Debemos ir hacia una transición ecológica justa y respetar la Directiva Marco europea del Agua. En el Levante han de acostumbrarse a utilizar las desaladoras que están ahora en desuso. Y hemos de  eliminar progresivamente el trasvase, aumentar los recursos de los pantanos y garantizar el abastecimiento a los municipios ribereños, porque no es de recibo que en el siglo XXI algunos pueblos de la cabecera tengan que abastecerse en verano con camiones cisterna de la Diputación de Guadalajara. Lo ideal sería alcanzar una gran Pacto Nacional por el Agua, ya que no tiene sentido que cada gobierno haga su propia política hidrológica y normativa cuando llega al poder.  El trasvase del Tajo es una reminiscencia histórica que hoy en día no sería viable.

Guadalajara es una de las provincias con menos paro de España, pero el desarrollo de determinados sectores no terminan de crear empleo de calidad, ¿cómo se resuelve este problema?

Guadalajara tiene una tasa de paro del 11,75% inferior a la media nacional y la mayor tasa de actividad y ocupación de toda España, también para la mujer. Se ha creado empleo en el sector logístico y el de servicios, pero es cierto que 15.000 personas siguen desempleadas y se abusa de la temporalidad, que en Castilla-La Mancha es del 28%. Frente a esta situación hay que fomentar la contratación indefinida a tiempo completo.

En 2018 iniciamos el plan por un empleo digno que ha dado muy buenos resultados. Intervienen muchas acciones, pero solo con el aumento de la inspección de trabajo para luchar contra el fraude laboral hemos conseguido que en Guadalajara casi el 80% de los contratos temporales (más de 61.000 contratos) se conviertan en indefinidos. Otras medidas han sido la recuperación  del subsidio de desempleo para mayores de 52 años y se ha establecido un sistema de control del registro de la jornada para evitar que los contratos a tiempo parcial sean realmente a tiempo completo. Existe mucho fraude con las horas extras que se trabajan y no se pagan ni se cotizan, en concreto 6 millones de horas al mes.

¿Por qué no han derogado la reforma laboral de Rajoy?

No la hemos derogado porque hemos tenido 84 diputados en la pasada legislatura y con esa representación hemos sido incapaces y solos no podíamos derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Tratamos de llegar a un acuerdo con los diferentes grupos políticos que apoyaron la moción de censura contra el gobierno de Rajoy, pero no fue posible. Durante dos años se ha debatido en el Congreso una reforma de la reforma laboral que modificaba la subcontratación, la primacía del convenio de sector frente al sector de empresa, la ultractividad de los convenios y al registro de la jornada.

Pero, la Mesa del Congreso, controlada por el PP y Ciudadanos ha boicoteado varias proposiciones de ley relativas a la reforma laboral, propuestas por Podemos y el PSOE. Ante esa táctica de obstrucción de estos dos partidos con la presidenta del Congreso al frente, Ana Pastor, el grupo del PSOE ha tenido que recurrir al amparo del Tribunal Constitucional. La reforma del Estatuto de los trabajadores sí fue aprobada por la mesa y se estuvo a punto de llegar a un acuerdo. Confiamos en lograr una mayoría parlamentaria suficiente que nos permita gobernar para retocar la reforma laboral. Nunca hemos hablado de derogar, apostamos por crear de forma consensuada un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI.

La ministra de Economía Nadia Calviño aseguró recientemente en una entrevista en El Confidencial preguntada por la reforma laboral: «más que derogar políticas hay que mirar al futuro», ¿está de acuerdo?

Sí, creo que hay que mirar al futuro y defendemos un equilibrio en las relaciones laborales. La economía tiene que estar al servicio de la sociedad y no al revés. Precisamente, la reforma laboral de Rajoy rompió ese equilibrio y dio más poder a las empresas que a los trabajadores y a los sindicatos, devaluó la negociación colectiva y con ello disminuyeron los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social. 

La despoblación ha entrado en la agenda política, el Gobierno aprobó en uno de los últimos Consejos de Ministros la Estrategia para el Reto Demográfico, sin embargo son solo unas directrices generales que tienen que pactarse con las CC AA y no llevan adosada una memoria económica. ¿Qué propone el PSOE para frenar la sangría demográfica?

El reto demográfico y la lucha contra la despoblación no solo es competencia del Gobierno. Es una lucha colectiva que ha de consensuarse también con las administraciones regionales, locales y las diputaciones provinciales. En este sentido, el primer paso fue crear un Comisionado para el Reto Demográfico para trazar las directrices contra el reto demográfico y la despoblación que el Gobierno del PP no desarrolló y que ahora tienen que pasar por la Conferencia de Presidentes y la FEMP. Es un fenómeno complejo de solucionar, pero ya hemos dado pasos. Resulta fundamental garantizar servicios básicos, empleo, carreteras, el transporte a la carta como se implantó en la comarca de Molina o extender la banda ancha, algo para lo que el Ministerio de Economía  ha destinado recientemente 150 millones de euros.

Además hay que apostar por la educación y la sanidad en el medio rural. Hubo quien cerró escuelas rurales y centros médicos y llegó Page y las reabrió. Tenemos que apostar por abrir más centros de especialidades, urgencias y contar más UVIS móviles para atender las emergencias sanitarias de la población rural. Por ejemplo, dentro de las acciones para el emprendimiento rural, este verano salió una partida de 80 millones de euros para el emprendimiento joven en municipios de menos de 5.000 habitantes. 

¿Está de acuerdo con articular una fiscalidad diferenciada tal como proponen la Otra Guadalajara y el resto de plataformas?

Debemos fomentar que las personas permanezcan en el territorio rural con medidas que potencien el empleo y la formación a distancia on line. En cuanto a la fiscalidad rural, ha de estudiarse en profundidad, porque tampoco sería conveniente repoblar los pueblos de manera ficticia, de tal forma que hubiera gente que se empadronara en pequeños municipios para pagar menos impuestos.  Soy partidaria de una fiscalidad progresiva en la que paguen más impuestos los que más tienen o implantar una tarifa plana para autónomos que cobren por debajo del salario mínimo interprofesional.  En el programa electoral incluimos el tema de la fiscalidad rural, pero cualquier medida fiscal diferenciadora ha de ir unida a un control para evitar el fraude.

¿Por qué no se ha podido cerrar un acuerdo en materia de pensiones en el marco del Pacto de Toledo?

Se estuvo a punto de alcanzar un acuerdo, después de más 150 reuniones y dos años de trabajo, pero se convocaron las elecciones y algunos grupos políticos como Podemos puso obstáculos y planteó una enmienda a la totalidad al pacto por las pensiones que vino muy bien al PP y a Ciudadanos. Estamos convencidos de que el Sistema Público de Pensiones tiene presente y futuro, pero hemos de adoptar medidas. Algunas prestaciones como el permiso de paternidad, o políticas de fomento de la natalidad o el empleo son políticas de Estado que deben sufragarse con impuestos y no a través de la Seguridad Social. Necesitamos además más empleo de calidad,  más cotizaciones e inyectar más impuestos al sistema. Planteamos un plan de saneamiento para eliminar el déficit de la Seguridad Social en cinco años.

El aumento de la esperanza de vida y la edad laboral unida al hachazo que asestó el gobierno de Rajoy al fondo de reserva de la Seguridad Social han puesto en peligro el sistema público de pensiones. ¿Será viable alcanzar un acuerdo para su sostenibilidad teniendo en cuenta la fragmentación del parlamento tras las elecciones?

Es fundamental el acuerdo y el Pacto de Toledo sigue teniendo sentido. Sin embargo, me preocupa esa coalición de derechas de PP, Ciudadanos y VOX y, especialmente algunas afirmaciones como la que mantuvo el gurú del PP de bajar las pensiones un 20% o Casado cuando cuestionó la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Ciudadanos está tomando una deriva cada vez más liberal defendiendo las pensiones privadas. Asusta esta coalición y genera incertidumbre. Frente a esto decimos que si gobernamos, mantendremos un sistema de pensiones sostenible, de reparto  y que se actualice según el IPC.  

Algunos partidos como VOX defienden un discurso xenófobo de rechazo a la inmigración. Sin embargo, el flujo de la población inmigrante es imprescindible para sostener el Estado del Bienestar. ¿Por qué el gobierno que acogió el Aquarius mantiene bloqueado el Open Arms en Barcelona?

Si el Open Arms no puede salir del puerto de Barcelona es porque no cumple con los requisitos necesarios para poder navegar. Esto es un tema que compete a marina mercante y no me quiero meter, porque yo llevo la atención humanitaria de los inmigrantes. España ha demostrado ser un país solidario. Apostamos por una inmigración legal, segura, ordenada y en coordinación con la Unión Europea. Vamos a necesitar recibir alrededor de 270.000 inmigrantes legales al año entre 2018 y 2048. Somos un país multicultural, de emigrantes y exiliados. En contraposición, hay partidos como Vox anclados en el pasado, en la Reconquista de Don Pelayo y que van en contra del futuro de este país.  

En caso de que el PSOE gane las generales, ¿le gustaría seguir siendo Ministra de Trabajo?

Ser ministro para una persona como yo que ama la política y está comprometida con ella es lo máximo. Ahora tengo el honor de liderar la lista al Congreso por mi querida provincia de Guadalajara. Siempre estoy a disposición de mi partido y de mi secretario general y Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Si ganamos las elecciones y el presidente desea seguir contando conmigo, diré que sí, siempre que tenga salud e ilusión por la política en mayúsculas como hasta ahora.

¿El PSOE está abierto a un gobierno de coalición? En tal caso, ¿con quién?

El PSOE está ahora abierto a ganar las elecciones y a obtener el mejor resultado posible. Soy consciente de que es muy difícil conseguir mayorías absolutas con la fragmentación política actual, pero hemos demostrado ser capaces de gobernar y de recuperar algunos derechos y libertades. Aunque no es momento de hablar de pactos ni coaliciones. El presidente ha dicho que aspira a ganar las elecciones y a tener un gobierno monocolor incluyendo algunos progresistas independientes.

Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ha visitado este lunes Albacete para participar en una ponencia sobre economía y empleo. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Valerio se ha mostrado preocupada porque la campaña electoral se hable poco de economía. “Yo sé que el tema catalán va a estar ahí presente y algunos van a querer hacer de eso un monontema”. Pero no es el único tema que prevé que salga a la palestra con intenciones electoralistas en las próxima semanas.

“Habrá algunos que preferirán dar soluciones simplistas a problemas o fenómenos complejos”. Entre ellos el de la migración. Dice la ministra que hay que apostar por una migración “ordenada y segura” que lleve a la integración en nuestra sociedad a esos migrantes que llegan hasta España y que ve como una tarea común “para frenar la tendencia a la xenofobia”.

Valerio ha apelado a la responsabilidad de cada partido con su campaña y ha anticipado que desde su partido, el PSOE, la campaña se centrará en hacer propuestas para la ciudadanía en general, también para los trabajadores, empresas, o para que haya “una sociedad más justa”.

Precisamente la inmigración es uno de los puntos sobre los que ha hablado durante su ponencia sobre ‘Políticas de Empleo y Seguridad Social’. Y es que, tal y como ha explicado la ministra, “para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones hay que fomentar la natalidad” hasta el año 2040, pero sostenida con la migración.

Gobiernos que den “estabilidad”

Y en este contexto electoral, con dos citas ( la del 28 de abril y el 26 de mayo) en el horizonte, la todavía titular de Trabajo espera que tras los comicios “puedan constituirse gobiernos que den estabilidad política”.

“Ahora estamos en la situación que quiere el pueblo español– ha insistido Valerio– y ahora mismo hay pluripartidismo claro no solo a nivel nacional sino que también se está viendo en los municipios y las Comunidades Autónomas”. Según la ministra de Trabajo, esta realidad política no está relacionada directamente a la desaceleración de la economía “que se está ralentizando en general en todo nuestro entorno”.

Y para ello ha recogido los datos ya hechos públicos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que muestran que la previsión de crecimiento de la economía este año “está en torno al 2,2%, por encima de la media de la Unión Europea”, ha dicho Valerio, que ha señalado otros factores como la Prima de Riesgo – ahora estable ya que oscila entre los 100 y los 120 puntos– o la inversión extranjera directa en España que, tal y como ha detallado, ha aumentado “desde los 6.700 millones en 2017 hasta los 38.200 millones en 2018”.

Esto quiere decir, tal y como ha apuntado la ministra, que los inversores extranjeros “están invirtiendo en España”. También ha crecido el Producto Interior Bruto (PIB), como lo han hecho la creación de empleo que dejó, según Valerio, más de medio millón de nuevos afiliados a la Seguridad Social en los últimos 12 meses.

Reforma Laboral

Tras su ponencia se le ha preguntado a la ministra sobre la posibilidad de modificar por Real Decreto Ley los aspectos más lesivos de la actual Reforma Laboral. Valeri ha respondido que, a lo largo de estos últimos meses “se ha estado intentar llegar a enmiendas transaccionales”, pero “ha sido imposible” llegar a un acuerdo de enmiendas “que sean del gusto” de Podemos, Bildu, Esquerra, PdCat y el PSOE.

La ministra ve complicado que se pueda llegar a este Real Decreto “porque no tenemos apoyo suficiente en la diputación permanente como para sacarlo adelante”.

A pocos días de que la campaña electoral comience, la ministra ha asegurado que el país tiene pendiente “cuestiones” en cuanto a la industrialización. La manera de llegar a esa industrialización en nuevas tecnologías, formando a los trabajadores y parados actuales para evitar que se queden al margen del mercado laboral que, a su vez, sigue requiriendo de expertos.

El camino la formación “desde la escuela” y también en la Universidad. Una formación que debe hacerse a través de la “coordinación de todos los orientadores de empleo con los orientadores de los colegios e institutos”. Es decir, que la educación académica y profesional vaya de la mano, en relación, con las empresas “para tener personas formadas”.

En esas personas mayores también se incluyen los mayores, ya que Valerio apuesta por “el derecho al aprendizaje a largo plazo”. Según la ministra “no podemos consentir tener personas de 40-45 años que se les considere desahuciadas para el empleo cuando les queda todavía una amplia carrera laboral”.

No han querido las ejecutivas provinciales del PSOE en Castilla-La Mancha que ocurriera en esta comunidad autónoma como en Andalucía y se escenificaran nuevas escisiones con la dirección federal de Ferraz en cuanto a la confección de las candidaturas al Congreso y al Senado de cara a las elecciones generales de 28 de abril. Y así ha sido en los cinco comités provinciales que se han celebrado durante el fin de semana, en los que se han aprobado, por consenso y con acuerdo entre ‘familias’ y agrupaciones, las propuestas de candidaturas, que ahora deberán ser ratificadas por la dirección estatal.

Uno de los escenarios que se vislumbraba más polémico era el de la provincia de Guadalajara. Por esta circunscripción era previsible que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quisiera imponer a su ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Pero no ha sido necesario. El líder provincial de los socialistas alcarreños y actual diputado nacional, Pablo Bellido, pese a haber obtenido el apoyo de las asambleas locales, ha convencido al Comité de que apoyara a la ministra para encabezar la lista por consenso, y así ha sucedido. Él dejará su escaño nacional para presentarse como número uno por Guadalajara en los comicios autonómicos del 26 de mayo. Ha defendido que es una “candidatura fuerte” para un “momento histórico” en los resultados electorales del PSOE en la provincia.

La candidatura de Guadalajara al Congreso estará así encabezada por Magdalena Valerio, el número dos será Aurelio Zapata (de la Agrupación de Cabanillas del Campo) y en tercer lugar irá María José Valle (de la Agrupación de El Casar). Por su parte, en la candidatura al Senado, donde la elección de nombres es directa y no con lista cerrada, el número uno será Rafael Esteban, alcalde de Marchamalo y presidente del Grupo Parlamentario Socialista;  la número dos, Riansares Serrano, actual senadora que hasta ahora había encabezado la lista; y el tercer lugar, para Julio García (de Azuqueca de Henares).

Cambios en Ciudad Real

En Ciudad Real también ha habido cambios importantes. Una de las parlamentarias más conocidas de las Cortes de Castilla-La Mancha dejará la cámara autonómica para concurrir como número uno del PSOE por esta provincia al Congreso. Blanca Fernández, portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento regional y vicesecretaria general de los socialistas ciudadrealeños, ha sido ratificada para encabezar la lista. En la candidatura al Senado, optará a la reelección el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín.

En la lista del PSOE a la Cámara Baja para las elecciones generales, seguirá a Blanca Fernández, como número dos, el también diputado regional Miguel González y, como número tres, la actual portavoz de la ejecutiva local de Ciudad Real, Cristina López. Por su parte, a Jesús Martín, para el Senado, le seguirán en la candidatura, Carmen Mínguez, militante de Alcázar de San Juan, y el actual secretario de Organización del PSOE en Ciudad Real, José Manuel Bolaños.

Y el tercer cambio surgido de los comités provinciales ha sido en Toledo. El secretario de Organización del PSOE regional y eurodiputado, Sergio Gutiérrez, será el número uno de este partido por esta provincia en la candidatura al Congreso de cara las próximas elecciones generales, por lo que abandonará su escaño en el Parlamento Europeo, que ha ocupado en las dos últimas legislaturas. Acompañarán a Gutiérrez en la lista al Congreso, como número dos, la directora de Promoción Institucional del Gobierno regional, Esther Padilla; y en el número tres, Rodrigo Moreno, de Juventudes Socialistas. Mientras, Félix Ortega, alcalde de Cobisa, encabezará la lista al Senado por esta misma provincia.

Por su parte, el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Socialista en Albacete ha aprobado que sea Manuel González Ramos, miembro del Comité Federal del Partido, actual delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha y reconocido 'sanchista', quien ocupe el número uno al Congreso. En el caso del Senado, será Francisco Valera, secretario de Organización provincial. El resto de la lista por Albacete al Congreso está conformada por María Luisa Vilches Ruiz, José Carlos Díaz Rodríguez y Estefanía Escribano Villena. En lo que se refiere a la lista al Senado, Donelia Roldán Martínez es la número dos y Manuel Miranda Martínez, el tres.

Finalmente, el comité socialista conquense ha aprobado que el secretario general del PSOE de Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo, encabece de nuevo la candidatura al Congreso, al que sigue como número dos la actual directora provincial del Instituto de la Mujer, Gracia Canales; y el alcalde de Montalbo, Carlos Muelas. Por su parte, la lista al Senado está encabezada por la actual diputada regional Carmen Torralba; junto al alcalde de Mota del Cuervo, Alfonso Escudero; y la secretaria de Organización de la Agrupación Local del PSOE de Cuenca, Mª Ángeles López Martínez.

Listas para las autonómicas

Algunos de los comités han dado luz verde también las candidaturas para las Cortes de Castilla-La Mancha de cara a las elecciones del 26 de mayo, como ha sucedido con Guadalajara incluyendo a Pablo Bellido como número uno por Guadalajara. No lo ha hecho el órgano provincial de Toledo, pero en esta circunscripción la candidatura la encabezará el presidente regional y candidato a la Presidencia de la Junta, Emiliano García-Page.

En Cuenca, también se ha aprobado la propuesta para que el vicepresidente de la Junta y secretario general del PSOE de Cuenca, José Luis Martínez Guijarro, sea el cabeza de lista a las autonómicas por esta provincia.

Y en Albacete, el Comité Provincial ha acordado asimismo elevar al Comité Regional que el secretario general provincial de los socialistas albaceteños y presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, sea el número uno en la lista de las autonómicas por esta provincia.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ocupará finalmente el número uno en la lista del PSOE por Guadalajara para el Congreso de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril. El Comité Provincial de los socialistas alcarreños, celebrado este domingo, ha respaldado por unanimidad la propuesta que ha hecho su secretario provincial, Pablo Bellido. Este último, actual diputado nacional, tenía el respaldo de las asambleas locales para optar a revalidar su escaño, pero ha decidido ceder el puesto a la ministra para configurar una “lista potente” ante un “momento histórico” que puede darle la vuelta a los resultados electorales en la provincia, según ha estimado. 

Fuentes del partido han confirmado a eldiarioclm.es que con esta propuesta, el PSOE de Guadalajara confía en que la dirección federal de Ferraz dé su apoyo total a las listas de la provincia tanto para el Congreso como para el Senado. De hecho, Bellido no concurrirá en esa candidatura sino que irá de número uno por Guadalajara en las elecciones autonómicas castellano-manchegas del 26 de mayo.  

Aunque Bellido había sido el nombre respaldado por las asambleas locales previas celebradas en la provincia, la Ejecutiva Provincial, a petición de Pablo Bellido y en aras de conseguir una candidatura consensuada y que no sea rechazada por la dirección nacional del PSOE, la militancia ha apoyado por consenso a la ministra. Y es que esta decisión deberá ser ratificada por el Comité Federal de Listas Electorales, en el caso de las candidaturas a Congreso y Senado, y por el Comité Regional del PSOE en el caso de la lista electoral autonómica.

La lista completa al Congreso

La candidatura al Congreso estará encabezada por Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y militante de la Agrupación Local de Guadalajara. El número dos será Aurelio Zapata (Agrupación de Cabanillas del Campo) y en tercer lugar irá María José Valle (Agrupación de El Casar). Los suplentes son: Francisco Javier Alonso (Uceda), Sara Martínez Bronchalo (Villanueva de la Torre) y Antonio José Ansótegui (Pioz). 

En la candidatura al Senado, el número uno será Rafael Esteban (Marchamalo), con Bárbara García (Torrejón del Rey) y José Luis Escudero (Azuqueca) como suplentes;  la número dos es Riansares Serrano (Guadalajara), que tendrá como suplentes a Rubén García (Torija) y Paloma Nieves García (Sigüenza); el tercer lugar de la candidatura es para Julio García (Azuqueca). Desde el PSOE confían en invertir los resultados a la Cámara Alta y hacerse con los tres senadores que corresponden a la provincia, garantizando así el puesto para la actual senadora, Riansares Serrano. 

Y de esta forma, para la candidatura a las Cortes de Castilla-La Mancha en las próximas elecciones autonómicas del 26 de mayo, la propuesta aprobada unánimemente por el Comité Provincial está formada por Pablo Bellido (Azuqueca de Henares) como cabeza de lista, Sara Simón (Guadalajara) en el número dos, Eusebio Robles (Guadalajara) en tercer lugar, María Jesús Merino (Sigüenza) como número cuatro y Francisco Pérez Torrecilla (Sacedón) en quinto lugar.

Una “visión de futuro”

Al término del Comité Provincial, Bellido ha destacado que la propuesta de candidaturas y la decisión de apoyarla del Comité han salido por unanimidad, lo que propicia que “tenemos las mejores listas al Congreso, al Senado y a las Cortes de Castilla-La Mancha”. Ha agradecido a todos los integrantes del Comité su “visión de futuro, su compromiso con el partido y su comprensión de que estamos en un momento en el que tenemos que demostrar que juntos somos más fuertes y que tenemos el mejor proyecto político para mejorar la vida de la gente de nuestra provincia”. 

Por su parte, Magdalena Valerio ha afirmado que afronta esta responsabilidad con “muchísima ilusión”, porque después de muchos años trabajando “por intentar mejorar el bienestar de la ciudadanía”, ahora desde el Gobierno de España, volver a tener una presencia más intensa en mi provincia es un lujo“. También ha añadido que ”hay muchos retos por delante, y lo vamos a hacer con un equipo de personas que conoce muy bien esta provincia“. 

Finalmente, Rafael Esteban, en su condición de cabeza de lista del PSOE al Senado por Guadalajara, ha definido la decisión adoptada por el Comité Provincial como “un orgullo y una responsabilidad tremenda que nos han encomendado hoy los militantes de la provincia de manera unánime”.

El Gobierno no comenta nada que tenga un cariz político. Es el nuevo tono que ha estrenado el ejecutivo a la espera de que la Junta Electoral Central resuelva este lunes sobre las peticiones de Partido Popular y Ciudadanos para que se prohiban las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. Los principales rivales políticos del Gobierno consideran que en esas comparecencias se hace propaganda, mientras que el ejecutivo asegura que se cumple la obligación constitucional de garantizar el derecho a la información. Mientras el conflicto no se resuelva, el Gobierno apuesta por el silencio y por eludir cualquier pregunta que pueda ser relacionada con la competición política.

La portavoz, Isabel Celaá, ha despejado este viernes todos los interrogantes que quedaban fuera de los aspectos técnicos relacionados con los acuerdos adoptados minutos antes en la mesa del Consejo de Ministros pero no ha dicho ni una palabra sobre el resto de asuntos del día. Se le ha preguntado si teme una radicalización de las formaciones independentistas antes de las elecciones y Celaá ha guardado silencio. Ni siquiera ha querido valorar la Huelga Feminista convocada con motivo del 8M.

Según Celaá, el Gobierno quiere ser escrupuloso con el uso de la atención mediática que rodea a la celebración de las reuniones del Gobierno: “Quiero ser particularmente respetuosa con la igualdad de herramientas de todas las fuerzas políticas”, ha asegurado.

El nuevo tono es inédito en democracia. Todas las administraciones han usado las ruedas de prensa de los viernes para comentar los asuntos de actualidad política incluso en periodo electoral, sin límites para opinar sobre declaraciones de las formaciones contrarias. Ese tiempo ha cambiado y el Gobierno ha decidido actuar con el mayor sigilo para no desairar a los miembros de la Junta Electoral que este lunes tendrán que decidir sobre la materia por primera vez en la historia.

“Creemos que estamos haciendo lo que debemos democráticamente. A todo Consejo de Ministros le corresponde una información pública”, ha señalado la portavoz del Gobierno.

8-M

La prudencia impuesta en Moncloa llega al punto de que la portavoz no ha querido comentar la postura del Gobierno sobre la huelga feminista del 8-M. Celaá se ha limitado a asegurar que en España existe el derecho de huelga. Junto a ella, la ministra de Trabajo,. Magdalena Valerio, sí ha querido dar el paso de anunciar su intención de participar en la manifestación 8-M convocada para la tarde de este viernes.

A la ministra de Trabajo se le ha preguntado si alguien en el Gobierno se había planteado la posibilidad de hacer huelga durante el 8-M. Valerio ha respondido que no, porque los miembros del Gobierno “no tienen reconocido el derecho de huelga”., Una verdad a medias, teniendo en cuenta que ninguna ley limita ese derecho aún cuando la relación de los ministros con la administración que les paga el sueldo no es una relación laboral. Valerio ha solventado la cuestión explicando que la mayoría de los miembros del ejecutivo han despejado sus agendas para el resto del día. Dicho de otro modo, tras la reunión del Consejo de Ministros la mayor parte del Gobierno ha decidido no continuar con el trabajo diario de despacho.