Ha sido uno de los juicios más complejos que ha vivido Castilla y León: ha terminado la vista oral por la trama eólica, que queda vista para sentencia. Se trata de la mayor causa de corrupción en la historia de la comunidad, en la que ex altos cargos públicos de la Junta de Castilla y León y empresarios presuntamente se repartieron mordidas por valor de 75 millones entre los años 2000 y 2015. Finalmente, han sido once las personas procesadas después de que falleciera el exdirector de Energía y Minas Manuel Ordóñez, de que el supuesto intermediario suizo de Rafael Delgado fuera excluido por motivos de salud—, de que se retirara la acusación a uno de los empresarios encausados al inicio del juicio y de que Fiscalía y la Abogacía del Estado hayan retirado sus acusaciones contra un empresario y dos exdirectivos de Iberdrola al concluir la vista oral. Han declarado trabajadores públicos, empresarios, personal de Hacienda y peritos que han ido desgranando cómo se estructuró la autorización de parques eólicos durante más de una década.

La vista pública —solo accesible para los medios de comunicación, pero no para el ciudadano medio— arrancó el 6 de octubre de 2025 y han concluido este 21 de enero, una semana antes de lo previsto inicialmente, con sesiones matutinas y vespertinas. El propio juez aseguró en una ocasión que el juicio resultaba a veces “esquizofrénico” porque había “un pleito civil metido dentro de un proceso penal”.

Ahora queda que la Audiencia de Valladolid redacte la sentencia y establezca cuáles fueron los hechos probados y si estos fueron, efectivamente, constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y pertenencia a organización criminal. La cuestión que ha quedado sin responder ha sido el destino de esos 75 millones de euros, en parte porque en 2017 se dejó de investigar el patrimonio de Tomás Villanueva, el exvicepresidente autonómico y exconsejero de Economía, tras su muerte.

Los principales investigados siguen siendo el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado —que el año pasado fue condenado por prevaricación y malversación de fondos públicos en la trama de corrupción Perla Negra— y su supuesto testaferro, Jesús Rodríguez Recio —amigo de la infancia de Rafael Delgado que, como letrado, se ha defendido a sí mismo—, al que un testigo se refirió como “mano derecha de Rafael Delgado y la voz de su amo”. La Junta de Castilla y León ha defendido que actuó conforme a la ley y ha pedido no responder económicamente por la posible actuación irregular de antiguos altos cargos.

También se han mantenido las acusaciones contra los hermanos Esgueva, con especial atención a Alberto Esgueva, que fue consejero delegado de la oficina de internacionalización del Ejecutivo entre 2003 y 2006 antes de pasar al sector privado —que se libró de pagar veinte millones de euros a Hacienda por un error burocrático y cuya acusación en Perla Negra fue retirada durante el juicio—. Esgueva realizó una inversión de poco más de 24.000 euros y tres años después consiguió vender sus participaciones por 47,1 millones de euros, algo que él mismo atribuyó a la “suerte” de que Iberdrola le propusiera actuar como socio local para el desarrollo de parques eólicos en Castilla y León. En el juicio, Alberto Esgueva se presentó como perjudicado del proceso y culpó a Hacienda de su situación.

En el proceso continúan como imputados otros dos empresarios que participaron en el caso Perla Negra (un edificio de la Consejería de Economía construido en la primera década de los 2000), cuyo sobrecoste supuso 70 millones al erario público y la compra de los terrenos de Portillo para un polígono industrial que nunca se edificó: Germán Martín Giraldo, que fue condenado por un delito de violación de secretos a 11 meses de prisión y Francisco Esgueva (el hermano de Alberto Esgueva), condenado a siete meses de prisión por tráfico de influencias y una multa de 1,47 millones.

Una “organización” para traspasar fondos entre empresas y defraudar impuestos

El inspector de Hacienda que destapó el caso, Juan Manuel Tocino, aseguró que había una “organización”, una “estructura” pensada para traspasar fondos entre empresas y defraudar impuestos como el IVA y el Impuesto de Sociedades. Tocino insistió en su declaración como testigo que estas transferencias no suponían “pagos” entre empresas porque considera que no se 'debía' nada, por lo que se producían simulaciones —entre ellas, algunas “de libro”— con el objetivo de defraudar a la Hacienda pública. El inspector de Hacienda destinado a la Unidad de apoyo de la Fiscalía Anticorrupción coincidió con este análisis: “Si fueran operaciones normales, no necesitas pasar por Mónaco, Suiza y por 13 sociedades”, zanjó. Otra perito aseguró que el supuesto testaferro de Delgado le explicó que el exviceconsejero tenía dinero en efectivo en una caja fuerte en su casa, que procedía de sus ingresos desde que empezó a trabajar en los años 90.

También han declarado profesionales como dos interventores de la Intervención General del Estado, que consideraron que la avocación para conceder licencias para la construcción era “manifiestamente ilegal”. Por su parte, los peritos de las defensas insistieron en que las operaciones de compraventa e inversión investigadas estaban debidamente documentadas, fueron supervisadas por la Agencia Tributaria y no presentaban indicios de ilicitud.

Trabajadores con listados sin sello ni validez oficial

Uno de los primeros testigos en declarar fue el exdirector del Ente Regional de la Energía (EREN), Ricardo González Mantero, que reconoció que las tramitaciones de algunos proyectos eólicos no se concluyeron porque los empresarios se negaron a incluir a socios locales en sus propuestas, una “amenaza” del exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, supuesto cabecilla de la trama y que atribuye todas las decisiones a Tomás Villanueva. El mismo EREN y la Consejería de Economía habrían desarrollado un sistema de “semáforos” —sin sello ni validez oficial— que marcaba qué parques eólicos avanzaban y cuáles quedaban paralizados, según algunos de los trabajadores públicos que han declarado: los proyectos “verdes” eran los más avanzados, los “amarillos” estaban en tramitación más lenta y los “rojos” estaban paralizados.

En estos listados llegaron a figurar 42 proyectos de parques eólicos, pero en los que no estaban presentes algunos proyectos con Evaluación de Impacto Ambiental positivo. Uno de los jefes territoriales se quejó y Rafael Delgado le dijo —según su testimonio— que no iba a autorizar los parques eólicos “y punto”, y que se “callara la boca”. Las autorizaciones de los proyectos de parques eólicos requerían un informe previo del EREN, que a veces tardaba años, una duración que descartó, durante los dos años en los que ella trabajó con Delgado, una administrativa. Esta empleada declaró que Delgado le pidió “apartar” algunos parques eólicos y que la aprobación final de los parques eólicos no se producía por orden cronológico, pero que estos expedientes solían quedar “aparcados” dos o tres semanas “como muchísimo”.

Los empresarios han relatado presiones para aceptar socios locales

Varios promotores también han denunciado que sufrieron “presiones y coacciones” para aceptar socios locales, alguno de ellos con mucho detalle. Un promotor contó durante el juicio que hizo pagos en Mónaco para que la tramitación siguiese adelante: le llamaron desde una empresa intermediaria para alertarle de un problema para la conexión que “se solucionaba con tres millones de euros puestos en Mónaco”.

Otro empresario recordó que el exviceconsejero entró en su mercantil y después quiso meter en el accionariado la mercantil de Alberto Esgueva, que no tenía ninguna relación con el sector. “No entendí nada, no tenía nada que ver con nuestro negocio, nunca llegué a entender el entramado que había detrás”, manifestó ante la Sala de la Audiencia Provincial. Otro promotor aseguró que se le “forzó” incluir socios locales a pesar de que él era de Zamora y sus parques se bloquearon “radicalmente”. “Me dijo que si los autorizaba [unos proyectos en los que participaban unos socios alemanes] le cortaban la cabeza”, manifestó otro empresario que ha declarado como testigo.

Tras varios meses de juicio, el caso ha quedado visto para sentencia, que, en caso de condenar también a Delgado, podría entrar en prisión. Mientras tanto, la Audiencia Provincial de Valladolid ya tiene previsto el siguiente gran juicio: el de la estafa millonaria de los ataúdes, en la que hay encausadas 24 personas y que empezará en marzo.

El juicio por la trama eólica ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Valladolid tras cuatro meses de vista oral y más de diez años de instrucción, con 11 acusados —aunque al principio fueron quince— y con peticiones de penas que superan el centenar de años de prisión y multas millonarias. Esta última sesión se ha cerrado con el derecho a la última palabra de los encausados, en la que solo dos han ejercido este derecho. Solo el exviceconsejero de Economía de la Junta, Rafael Delgado, principal acusado, y el abogado Jesús Rodríguez Recio, considerado por la Fiscalía como su supuesto testaferro han querido hablar para reclamar al tribunal la absolución.

Delgado, para quien se reclaman hasta 42 años de cárcel y multas por valor de 239 millones de euros por delitos de prevaricación, cohecho, extorsión, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, ha utilizado su turno para negar los ejes fundamentales utilizados de la acusación. El exviceconsejero ha negado que exigiera de forma sistemática la entrada de socios locales como condición para autorizar parques eólicos en la Comunidad durante su mandato, entre 2003 y 2007.

El exalto cargo ha defendido que “muchos” parques fueron autorizados sin ese requisito y ha tratado de justificarlo citando resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), algo que ha acabado tras ser instado a concluir esa parte de su explicación por parte del juez. Según Delgado, cuando accedió a la Viceconsejería ya existían más de 1.000 megavatios promovidos por socios locales, lo que, a su juicio, desmonta la tesis de que esa figura fuera una imposición diseñada desde su departamento.

Además, ha señalado que desde junio de 2007 fijó su residencia y actividad profesional en Madrid, donde también estaban domiciliadas sus sociedades, para rechazar las acusaciones fiscales que le atribuye la Agencia Tributaria. Asimismo ha recordado que él ya estaba fuera de la Junta cuando se datan varias de las operaciones económicas investigadas.

Delgado ha matizado que las transmisiones accionariales bajo sospecha fueron autorizadas por el entonces director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, en fechas posteriores a su salida del cargo.

El exviceconsejero ha negado igualmente cualquier relación con determinadas operaciones financieras señaladas durante el juicio, como el pago de 3 millones de euros en una entidad bancaria de Mónaco vinculada a una planta solar en Salamanca. “No tengo nada que ver con las operaciones que han tratado de implicarme”, ha aseverado antes de concluir su intervención agradeciendo el trato recibido por el tribunal y reiterando su petición de absolución.

Rodríguez Recio pide al tribunal que “busque la verdad”

Tras Delgado ha intervenido Jesús Rodríguez Recio, que ha reconocido haber sufrido una “cierta esquizofrenia” por compaginar su condición de acusado con la de abogado defensor. El letrado ha ironizado con que la causa es un “marrón enorme” por la complejidad jurídica y el volumen de hechos analizados durante el juicio, aunque expresó su confianza en el tribunal y en la Fiscalía como garantes de la “paz social”. El presidente de la Sala, Ángel Santiago Martínez, respondió con el mismo tono: “Intentaremos convertir ese marrón en todo un reto”.

Antes de dar por concluida la vista, el tribunal escuchó el informe final del abogado de Parque Eólico La Boga S.L., sociedad acusada como responsable civil subsidiaria. La defensa ha rechazado las indemnizaciones que reclaman el empresario eólico José María Campos y su esposa, de Augusta Wind, cifradas en hasta 184,3 millones de euros, al considerar que la venta de sus participaciones al grupo ACS en 2005 se realizó a precio de mercado y sin presiones desde la Junta.

El juicio, que empezó el 15 de septiembre, trata sobre las supuestas irregularidades en la tramitación de parques eólicos entre 2004 y 2011, periodo en el que varios empresarios denunciaron presiones y exigencias económicas para desbloquear proyectos.

Se acerca el final del juicio de la trama eólica, este martes, en la penúltima sesión la defensa de la Junta de Castilla y León, que figuran como responsable civil en el proceso, ha defendido que la tramitación y autorización de parques eólicos durante los años investigados se ajustó a la legalidad vigente. Es por eso que la letrada ha solicitado que el Ejecutivo autonómico quede al margen de cualquier responsabilidad civil, incluida el supuesto de que el tribunal dicte una sentencia condenatoria contra el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, principal acusado del proceso.

En la lectura de su informe final, la abogada de la Administración autonómica ha explicado que no se vulneró la normativa al concentrar determinadas competencias en la Viceconsejería de Delgado y que, en consecuencia, la Junta no debe responder económicamente por la posible actuación irregular de antiguos altos cargos.

La defensa ha señalado que si finalmente Delgado es condenado, es por haber actuado fuera de sus competencias propias. En ese escenario, la letrada se ha basado la jurisprudencia para explicar que se estaría ante un supuesto de “extralimitaciones notorias”, lo que situaría al alto cargo “al margen de la actividad o servicio asignados” y excluiría cualquier responsabilidad civil subsidiaria del ente público del que dependía. “Fuera de las funciones o competencias propias de su cargo no cabe hacer efectiva la responsabilidad del ente público”, ha remachado.

En este sentido, ha añadido que si la sala considera que la avocación no fue conforme a derecho y vulneró la legalidad vigente, ello implicaría que las autorizaciones de los parques eólicos fueron otorgadas por un órgano que no tenía legalmente atribuida esa función, es decir, fuera de sus competencias, lo que refuerza la exclusión de responsabilidad de la Junta.

La abogada de la Junta ha centrado su defensa en la figura de la avocación aplicada a partir de 2004, mediante la cual se trasladó al entonces viceconsejero de Economía la competencia para autorizar parques eólicos, que hasta ese momento correspondía a los jefes de los servicios territoriales de Industria, Comercio y Turismo, integrados en las delegaciones territoriales de la Junta. La letrada ha indicado que esa competencia no es rígida ni inamovible y que las leyes de procedimiento administrativo prevén mecanismos para su alteración cuando concurren circunstancias que lo justifiquen.

Entre esas circunstancias, algo que también se ha ido relatando durante todo el juicio, ha destacado el volumen “ingente” de solicitudes presentadas entre 2001 y 2004, que alcanzaron las 2.200, y el propio decreto 189/97, que establece como criterio de valoración la aportación de mayores ventajas socioeconómicas tanto para la zona concreta como para el conjunto de la Comunidad Autónoma. Según la defensa, este análisis solo podía realizarse desde un órgano central capaz de ponderar el impacto territorial de los proyectos en todas las provincias y en zonas limítrofes.

La letrada de la Junta señala que avocación era jurídicamente posible

Según ha relatado, en esos años llegó a la Asesoría Jurídica de la Consejería de Economía una consulta facultativa sobre la posibilidad de avocar la competencia para resolver las autorizaciones de explotación de parques eólicos por parte del exviceconsejero Rafael Delgado. La respuesta fue favorable, según ha recordado la letrada, que ha reiterado en que la avocación era jurídicamente posible.

La letrada de la Junta ha defendido que la instrucción 2/2004, dictada por la Dirección General de Energía y Minas y uno de los principales focos de la acusación, no avocó competencias ni alteró el reparto normativo, al carecer de rango suficiente para ello. Se trataba, según la defensa, de una simple orden de servicio que establecía un protocolo de actuación interno para que los nueve servicios territoriales de Industria tramitasen las autorizaciones de manera análoga. “Nada más”, ha apostillado, volviendo a incidir en que no se revocaron competencias ni modificó el decreto vigente.

La defensa de la Junta choca contra la tesis del Ministerio Fiscal por la que se vulneró la normativa autonómica y que las cosas “podían haberse hecho de otra manera”. Ante esto, la letrada ha justificado que no se produjo tal vulneración y que ambos sistemas —el de autorización por avocación y el de los jefes de servicio— convivieron durante el periodo investigado. Incluso, ha matizado que las autorizaciones podrían haberse dictado sin necesidad de la instrucción 2/2004.

La defensa autonómica ha quitado importancia a la instrucción, al considerar que las acusaciones le han atribuido una importancia desproporcionada en el proceso. Según ha explicado, todo el peso de la tramitación de los expedientes recaía en cada servicio territorial, que preparaba la documentación técnica y administrativa. “Todas las autorizaciones concedidas en ese periodo cumplían los requisitos técnicos, ambientales y sectoriales exigidos por la normativa”, ha asegurado.

La abogada del Ejecutivo de Castilla y León también ha negado cualquier responsabilidad civil solidaria con empresas como Ibercyl, EDP Renovables o La Boga y ha señalado de que una eventual condena supondría un doble perjuicio para la Administración autonómica, que no obtuvo beneficio económico alguno de la explotación de los parques eólicos, frente a las mercantiles privadas que sí lograron lucro con su actividad.

En cuanto a las indemnizaciones reclamadas por empresas personadas como acusación particular —IDER, Augusta Wind y Altos del Rasero—, la Junta hizo suyo un informe pericial que concluye que no existe daño indemnizable. Según ese documento, estas sociedades actuaron como meros “promotores tramitadores” y recuperaron sus inversiones mediante la venta de sus participaciones, por lo que no acreditan un perjuicio económico resarcible.

La abogada de Iberdrola señala que la actuación del exdirectivo fue “impecable”

Tras la intervención de la abogada de la Junta, le tocó a la abogada de Iberdrola Renovables, también señalada como posible responsable civil subsidiaria por la actuación de su exdelegado institucional en Castilla y León, Ricardo Bravo, para quien se solicitan seis años de prisión y una multa de 100 millones de euros. La letrada ha calificado de “injusta” la acusación y ha defendido que la actuación del exdirectivo fue “impecable” y plenamente ajustada a la legalidad.

La defensa de Iberdrola ha reconocido la dificultad de obtener una sentencia absolutoria tras más de diez años de procedimiento judicial en los que, a su juicio, se ha instalado el relato de que existió una trama de corrupción. “Lo verdaderamente difícil es una absolución después de tanto tiempo diciendo que aquí hubo gente que se lo llevó”, ha apuntado.

La letrada ha enmarcado la búsqueda de socios locales para el desarrollo de parques eólicos en una política impulsada por la propia Junta de Castilla y León y habitual en otras comunidades autónomas, afirmación que se ha ido repitiendo durante todo el juicio. Según ha explicado, Iberdrola fue una de las primeras eléctricas en apostar por las energías renovables y llegó a asociarse en el sector eólico con más de una veintena de empresas, una práctica extendida en el sector y que no fue exclusiva de la compañía.

Por último, ha rechazado que Ricardo Bravo pueda ser acusado de prevaricación, al tratarse de un directivo privado y no de un cargo público, y ha negado también el delito de cohecho continuado por considerar prescritos los hechos. En consecuencia, ha defendido que Iberdrola no debe responder como responsable civil subsidiaria y ha cuestionado que la compañía siga sentada en el banquillo cuando otras empresas del sector que actuaron de forma similar no han sido enjuiciadas.

También en calidad de responsable civil subsidiario, la defensa de EDP Renovables ha criticado que las reclamaciones carecen de fundamento y no habría legitimidad para reclamar. Además, ha solicitado la imposición de costas a las acusaciones particulares por “actuación temeraria y mala fe”.

Este miércoles la Audiencia Provincial de Valladolid acoge la última sesión del juicio de la trama eólica con la defensa del último informe de conclusiones por parte de La Boga y con el derecho a la última palabra de los once encausados que dispondrán de 10 minutos por cada uno.

Arrancan las valoraciones finales de la defensa en el caso de la trama eólica, el entramado en el que presuntamente se repartieron mordidas empresarios y antiguos cargos de la Junta de Castilla y León entre 2000 y 2015 por valor de unos 75 millones de euros. Este lunes, la defensa del principal encausado en la trama eólica, Rafael Delgado, ha responsabilizado al exconsejero de Economía, Tomás Villanueva, fallecido en 2017, y a un director general exculpado, el que fue responsable de Energía y Minas del Ente Regional de la Energía (EREN), Ricardo González Mantero, que estuvo investigado durante parte del periodo de Instrucción judicial del caso.

Según el abogado de la defensa, Villanueva “fue quien lo planificó todo” y González Mantero era “el ejecutor”, mientras que Rafael Delgado —a quien Fiscalía pide 42 años de cárcel y 239 millones de multa solo por este caso— se limitó a “actuar bajo el principio de jerarquía”. “González Mantero aparece en todo, por activa y por pasiva”, ha insistido el letrado, que ha considerado que no hay “razón lógica o que se pueda explicar” para que se sigan imputando varios delitos a Rafael Delgado mientras el exdirector general de Energía fue exculpado. Durante su declaración en la Audiencia Provincial de Valladolid como testigo, González Mantero dijo que la “amenaza” era incluir a un socio local “o no se tramitaban” los parques eólicos y reconoció que algunas tramiraciones se retrasaron porque los empresarios se negaron a ceder a esta “indicación” del exviceconsejero de Economía, supuesto cabecilla de la trama.

El letrado de Delgado ha parafraseado unas palabras de Teresa de Jesús: “Nada de turbe, nada te espante, todo pasa”; puesto que, según el abogado, “no acaba de pasar nada”. Para la defensa, todos los hechos que se investigan desde 2012 no son constitutivos de delito —y, de serlo, estarían prescritos— , y por eso pide la absolución de Rafael Delgado. También ha criticado que se investigara durante años a Rafael Delgado sin su conocimiento, con lo que pretende que el Juzgado anule los dos informes de Hacienda que destaparon el caso.

El procesado en el juicio de la denominada trama eólica Jesús Rodríguez Recio, que se defiende a sí mismo en la vista oral, ha aseverado que no se ha demostrado que ninguna empresa acusada haya pagado a ningún político. El supuesto testaferro de rafael Delgado ha negado que Fiscalía ni la Agencia Tributaria hayan encontrado “ni un solo euro que las empresas acusadas hayan pagado a políticos por actuaciones prevaricadoras o ilícitas”. En un tono especialmente duro con la Fiscalía, Rodríguez Recio ha criticado que “las teorías acusatorias” no han sido “probadas” a lo largo del proceso, que está previsto que quede visto para sentencia para el 21 de enero. 

Rodríguez Recio ha acusado a la Fiscalía de 'construir' “una realidad paralela de naturaleza delictiva en todas las relaciones de estos dos acusados”. “La Fiscalía nos ha presentado un totum revolutum donde todo el mundo ha delinquido y, si no, también”, ha opinado. El fiscal Anticorrupción del caso ha pedido la palabra al final de la sesión de este lunes para negar que el Ministerio Fiscal haya atribuido la participación de Rodríguez Recio en la creación de una sociedad offshore y ha considerado que el proceso intentacaba “menoscabar” su imagen. Fiscalía pide ocho años y medio de prisión para Rodríguez Recio por varios delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho.

La vista oral continuará este martes con los informes finales de las defensas de los empresarios Alberto y Francisco Esgueva.

El juicio de la trama eólica encarrilla su final con la exposición de las conclusiones finales. La acusación popular, representada por Ecologistas en Acción, ha acusado al exviceconsejero de Economía y principal encausado, Rafael Delgado, de haber dado un auténtico “golpe de Estado administrativo” en la gestión de la energía eólica en Castilla y León. La organización atribuye al número 2 de la consejería de Economía y Hacienda la capacidad de autorizar parques eólicos y tener el poder para condicionar operaciones privadas.

El letrado de la organización ecologista ha hecho alusión a la frase de un antiguo jefe provincial de Industria que acusó a Delgado de esas prácticas, todo un “Golpe de Estado administrativo” para alterar el reparto de competencias dentro de la Administración autonómica, algo a lo que el testigo se opuso. Para el abogado la Viceconsejería de Delgado determinaba qué socios locales debían entrar en los proyectos y qué empresas, que ha llamado “amigos”, debían recibir cantidades “mareantes y casi astronómicas”.

La conocida como advocación, para que fuese el consejero Tomás Villanueva, fallecido en 2017, quién autorizase los parques y no los jefes de servicio, permitió construir un sistema en el que la autorización administrativa dejó de ser un trámite reglado para convertirse en una herramienta de presión, según ha expuesto la acusación popular.

Delgado “tenía en su mano hacer y deshacer”

El abogado de Ecologistas en Acción ha apuntado a que el núcleo de la acusación se sitúa la adovación, la Instrucción 2/2004, impulsada cuando Rafael Delgado era viceconsejero de Economía. Esa norma interna concentró en la Viceconsejería la capacidad de conceder autorizaciones administrativas a los parques eólicos, una competencia que hasta entonces recaía en los servicios provinciales de Industria. “Tenía en su mano hacer y deshacer”, ha resumido.

Para el letrado la orden fue un movimiento burdo desde el punto de vista jurídico, ya que una simple circular pretendía modificar de facto un decreto. “No hay nada más elemental en la Administración que saber que no se puede derogar una norma de rango superior con una instrucción interna”, sentenció Oviedo, quien recordó que hasta ese momento la competencia para autorizar parques recaía en los jefes de servicio de Industria de cada provincia.

Según el letrado, esta centralización no fue un mero ajuste organizativo, sino un acto “prevaricador en sí mismo” porque con ello se permitió decidir “quién daba las autorizaciones, a quién se las daba y cuándo”, dejando a los promotores a merced de una única voluntad política. “Hablamos de obligar a vender: usted vende a quien yo digo y basta”, ha señalado el abogado durante la defensa de su informe final.

Ecologistas en Acción ha manifestado que, desde ese momento, todas las órdenes para imponer socios locales o forzar ventas de proyectos eólicos salían de Delgado, con la participación y aceptación del resto de encausados, entre exaltos cargos de la Junta y empresarios.

Para el letrado la orden fue un movimiento burdo desde el punto de vista jurídico, ya que una simple circular pretendía modificar de facto un decreto. “No hay nada más elemental en la Administración que saber que no se puede derogar una norma de rango superior con una instrucción interna”, ha indicado.

Durante su informe final, la acusación popular ha desmontado uno a uno los argumentos con los que, según su tesis, se justificó la imposición de socios locales. El representante de Ecologistas en Acción ha indicado que el real decreto 189/1997, que regula las autorizaciones de parques eólicos en Castilla y León, no contempla en ningún caso la obligación de dar entrada a socios locales.

La norma solo prevé un procedimiento de competencia cuando dos proyectos se solapan o son colindantes, y establece que en ese supuesto se valorarán las ventajas socioeconómicas para la zona. “De ahí no se puede deducir que sea obligatorio meter socios locales para obtener una autorización. Eso es un invento de quien lo hizo”, ha apostillado.

También ha rechazado la llamada “competencia por evacuación” en un mismo nudo eléctrico, otro de los criterios utilizados, según la acusación, para bloquear proyectos.Ese poderr, ha recordado, le corresponde a Red Eléctrica Española, dependiente de la Administración General del Estado, y no a la Junta. “Es otro invento”, ha agregado.

Además, Oviedo ha matizado que una vez obtenida la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la autorización administrativa debía concederse de forma automática. El control posterior se limita al proyecto de construcción y, finalmente, al permiso de explotación. Para la acusación, este esquema legal evidencia que el uso de la autorización como herramienta de presión carecía de respaldo normativo.

Altos del Rasero reclama más de 47 millones de euros por los perjuicios sufridos

Como ejemplo de estas prácticas se ha presentado la defensa de la empresa Altos del Rasero. En sus informes finales, la representación de la compañía ha indicado que se negaron a aceptar las condiciones impuestas desde la Administración y por ello se vieron perjudicados.

Altos del Rasero inició su proyecto a finales de los años noventa y completó todos los trámites exigidos: mediciones de viento, compra de terrenos, estudios de impacto ambiental y solicitudes formales, según ha defendido la defensa. Sin embargo, a partir de 2003, coincidiendo con la llegada de Delgado a la Viceconsejería, la tramitación quedó bloqueada.

Las razones ofrecidas fueron cambiando, según ha explicado la letrada. Primero se alegó falta de respaldo económico. Cuando la empresa incorporó nuevos socios, surgió el rechazo por su origen catalán. Desde el Ente Regional de la Energía (EREN), según la acusación, se trasladó que el verdadero interés sobre el parque era de Iberdrola y que sin un acuerdo con esa compañía el proyecto no obtendría autorización.

La empresa no aceptó vender, ni a Iberdrola ni posteriormente a Endesa. El parque, pese a contar con Declaración de Impacto Ambiental, nunca fue autorizado. “Se le advirtió de que o el parque era para Iberdrola o no sería para nadie, y al final se cumplió ese vaticinio”, ha expuesto la letrada de la acusación particular, que reclama más de 47 millones de euros por los daños sufridos.

El reverso del sistema

Para las acusaciones, el caso de Altos del Rasero es la prueba inversa de un sistema que funcionaba cuando los promotores sí cedían. Así lo ha expuesto también la acusación particular de Inversiones Patrimoniales Hiedra 10, que ha recordado cómo varios parques del grupo IDER fueron paralizados durante años. Estos fueron finalmente vendidos en 2005 a la empresa SINAE —hoy EDP— por un precio muy inferior al esperado.

Tras la venta, algunos de esos proyectos obtuvieron la autorización administrativa en cuestión de semanas o meses. Para los abogados de la acusación, esa secuencia demuestra que el bloqueo no respondía a problemas técnicos o ambientales, sino a una estrategia deliberada para forzar operaciones privadas desde la Administración.

Ecologistas en Acción mantiene su acusación por prevaricación continuada, cohecho y blanqueo de capitales contra los once encausados, y también por delitos contra la Hacienda Pública en el caso de Rafael Delgado y su presunto testaferro. Discrepa así de la Abogacía del Estado, que limita esa imputación fiscal a dos ejercicios concretos, como aseguró este miércoles.

Las acusaciones particulares, por su parte, se adhieren al criterio de la Fiscalía Anticorrupción en lo penal y reclaman indemnizaciones millonarias por el daño emergente y el lucro cesante derivados de proyectos bloqueados o vendidos a pérdida. En algunos casos, los perjuicios globales se cifran en cientos de millones de euros.

El fiscal anticorrupción en la vista oral del conocido como caso eólicas ha sostenido este jueves que en los hechos enjuiciados se vulneró la objetividad, la transparencia y la libre competencia, que son los tres principios con los que funciona el sistema eléctrico.

Ha argumentado en este sentido que no existió ni objetividad, ni transparencia ni libre competencia desde el mismo momento en el que se obligó a determinados empresarios a renunciar a parques o a venderlos.

El fiscal ha expuesto durante esta sesión del juicio, que comenzó el pasado septiembre, su informe final sobre supuestas irregularidades en la concesión de autorizaciones de parques eólicas que desembocaron en beneficios económicos ilícitos entre 2000 y 2015.

En el banquillo de la Audiencia Provincial de Valladolid se sientan once personas entre exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, tráfico de influencias y extorsión.

La libre iniciativa empresarial, borrada

En su informe, que ha desarrollado durante más de dos horas, el fiscal ha asegurado que el protagonismo que corresponde a la libre iniciativa empresarial fue “absolutamente borrado” como también lo fue la normativa autonómica que decidía que circunstancias debían darse para conceder las autorizaciones de proyectos de construcción de parques eólicos.

En este último aspecto, el acusador público ha recordado que la competencia para dar las autorizaciones correspondía a los jefes de los Servicios Territoriales de las distintas provincias de Castilla y León hasta que se dictó la instrucción 2/2004.

En esa instrucción se estableció la figura de la avocación que consistía en que la competencia de autorización de parques eólicos, en lugar de depender de los Servicios Territoriales pasó a corresponder al entonces viceconsejero de Economía de la Junta, Rafael Delgado, principal encausado.

Ha criticado que la avocación es una figura legal pero tiene un carácter excepcional, solo para situaciones en las que se cumplen determinadas circunstancias, y en estos casos se ha llevó de manera genérica, para todos.

Además, ha argumentado que la avocación funciona por el sistema de que el superior jerárquico recaba la competencia que tiene un inferior jerárquico, pero esto no sucedió en este procedimiento.

Para el fiscal, no existe indicio alguno probatorio de la mínima entidad suficiente, salvo el propio testimonio de Rafael Delgado, sobre que el que fuera consejero de Economía Tomás Villanueva, ya fallecido, participara en el diseño y ejecución de los hechos que se enjuician.

Ha admitido que Villanueva era el superior jerárquico de Rafael Delgado pero ha dicho que, salvo la manifestación del exviceconsejero de Economía procesado, no hay ningún testimonio ni documento que indique que Tomás Villanueva fuera quien decidiera que había que ceder parques o que había determinados empresarios que no podían construir.

Los encausados se enfrentan a la petición de penas del ministerio público que oscilan entre 36 años y seis meses de prisión, en el caso de la más elevada, y seis años de cárcel entre las más reducidas, además de multas.

Las acusaciones sostienen que la forma de actuar consistía en obligar a que en cada proyecto figurara una empresa radicada en Castilla y León elegida por la Viceconsejería de Economía, unas compañías que adquirían participaciones a bajo coste que, una vez conseguida la autorización, revendían a los verdaderos promotores con beneficios.

Tras la exposición del informe del fiscal será el turno de la abogada del Estado, de las acusaciones particulares y de las defensas, antes de que el último día de la vista, programada para el 21 de enero, el tribunal dé la última palabra a los procesados.

Se desarrollaban los proyectos que decidía Rafael Delgado, según una acusación

Una de las acusaciones particulares del juicio de la trama eólica, que se celebra por supuestas autorizaciones irregulares de parques eólicos, ha recalcado que los socios locales para desarrollar los proyectos eran los que decía el exviceconsejero de la Junta de Castilla y León Rafael Delgado.

El abogado que representa a la sociedad Augusta Wind ha sido el primero de los letrados de las tres acusaciones particulares que ha expuesto su informe final en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid por hechos ocurridos entre 2000 y 2015, por los que están acusadas once personas entre exaltos cargos de la Junta y empresarios.

Tras adherirse a lo expuesto ya por el fiscal anticorrupción y la abogada del Estado en la vista oral, el acusador particular se ha referido a la función en la trama de Delgado y en concreto a la avocación - la autorización de los proyectos de parques eólicos pasó a depender de la Viceconsejería en lugar de los Servicios Territoriales de la Junta-.

A su entender, la avocación, además de deber considerarse inadecuada y realizada de una manera contraria al ordenamiento jurídico, aún en el hipotético caso de se hubiera articulado de manera válida, su uso fue también contrario a Derecho y con una manifiesta desviación de poder en cuanto a las prácticas administrativas llevadas a cabo por Delgado.

Ha citado irregularidades desde el punto de vista estrictamente administrativo, como imponer determinadas figuras que carecen de ninguna resolución del Gobierno regional ni de la propia Viceconsejería, para establecer actuaciones como la imposición de la exigencia de socios locales, incluso a empresas con domicilio social en la Comunidad autónoma, para conceder la autorización.

El abogado ha censurado igualmente el establecimiento de listados para exigir con quienes se debía de negociar para dar entrada a empresas de promotores que lícitamente pretendían llevar a cabo el objeto de su empresa.

Esa nebulosa de irregularidades administrativas supone prevaricación administrativa, ha opinado, antes de rechazar que la exigencia de incluir socios locales en los proyectos tuviera que ver con que redundara en un enriquecimiento del tejido industrial de la Comunidad.

El fiscal anticorrupción del juicio por la trama eólica ha retirado la acusación contra el empresario César Hernández Chico y los exdirectivos de Iberdola Rafael Icaza y Pedro Barriuso. Además, las acusaciones particulares y la popular han retirado su petición de penas.

Para Hernández Chico, directivo de Preneal, la Fiscalía pedía en total 7 años de prisión por un delito continuado de cohecho —seis años por este— y por otro delito continuado de tráfico de influencias —un año por este—, además de una multa de casi 1,9 millones de euros. Para Icaza de la Sota, director de control de Iberdrola Renovables, y Barriuso, director general de Iberdrola Renovables entre marzo de 2002 y junio de 2006, el representante del Ministerio Público pedía seis años de cárcel y 100 millones de euros a cada uno por un delito continuado de cohecho.

El juez del caso de la trama eólica ha decretado que las tres personas, junto con sus abogados defensores, abandonen la sala quedando fuera del procedimiento. En esta sesión, la primera de 2026, ha servido para ratificar las pruebas documentales y que se presentasen posibles modificaciones de las conclusiones.

La Abogacía del Estado reduce de tres a dos los delitos contra la Hacienda Pública de Delgado y Rodríguez Recio

Por parte de la Abogacía del Estado, en su modificación de conclusiones, ha reducido de tres a dos los delitos contra la Hacienda Pública del exviceconsejero de Economía y principal acusado de la trama, Rafael Delgado, al que se pide 36 años de cárcel y multas por 236 millones de euros y su supuesto testaferro, Jesús Rodríguez Recio. En concreto, excluye de la acusación a ambos del año 2011 dejando los ejercicios de 2012 y 2013 en los años. Es por eso que la multa que se ha reducido a casi 340.000 euros para estos delitos.

La defensa de los hermanos Llorente, propietarios de Collosa, ha pedido la prescripción de delitos y, en caso de una condena, que se aplique las atenuantes de dilaciones indebidas y por ser investigados durante dos años por el Ministerio Fiscal sin ser avisados. El letrado ha asegurado que derivada de esta acusación sus cleientes han perdido “numerosas pérdidas de oportunidades empresariales”.

El resto de defensas han mantenido la petición de absolución. El representante de EDP Renovables ha pedido que se condena a las costas a las acusaciones ejercidas por Enersol y Yedra S.L, por “temeridad y mala fe” en caso de una sentencia absolutoria.

En total son cuatro los procesados a los que se ha retirado la acusación desde que empezó el juicio de la trama eólica. A estos tres, se suma el empresario Carlos Galdón al que en la primera sesión, el 15 de septiembre, de cuestiones previas, se ha retirado las reclamaciones después de que las acusaciones particulares retirasen sus peticiones para acabar declarando como testigo.

Tras la instrucción que investigó a una veintena de personas, el juez de instrucción encausó a 17 personas por presuntos delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y pertenencia a organización criminal. En el juicio participarán 15 de las 17 iniciales después de que Marc Nadelar —fue administrador de empresas relacionadas con otros imputados— fuera excluido por razones de salud y de que falleciera el exdirector de Energía y Minas Manuel Ordóñez. El juicio queda encauzado y quedará visto para sentencia para el 21 de enero, según el juez.

Tres exdirectivos de Iberdrola Renovables acusados, Ricardo Bravo, Rafael Icaza y Pedro Barriuso, en el juicio de la denominada trama eólica han asegurado este miércoles en la Audiencia Provincial de Valladolid que la Junta de Castilla y León no impuso la entrada de socios locales ni otorgó trato de favor a la compañía en la tramitación y adjudicación de proyectos de parques eólicos. Según el primero, la compañía solo obtuvo 700 de los 2.100 megavatios pedidos en energía eólica que solicitó en ese momento. Frente a esta versión, el Ministerio Fiscal sostiene que la presencia de determinados empresarios próximos al poder autonómico formó parte de un sistema diseñado para obtener ventajas administrativas a cambio de beneficios económicos.

El que fuera responsable de Iberdrola Renovables en Castilla y León entre 2002 y 2007, Ricardo Bravo, ha explicado que la compañía seleccionó a sus socios locales tras contactar con más de un centenar de empresas de la Comunidad, sin intervención directa de la Administración. Según su testimonio, la Junta se limitó a valorar de forma general la implicación del tejido empresarial local, una práctica habitual en el sector energético durante aquellos años y que, afirmó, se producía también en otras comunidades autónomas.

Bravo ha reconocido que “era recomendable” contar con socios del territorio, pero ha negado que existiera imposición alguna por parte del Ejecutivo autonómico. A su juicio, se trataba de una percepción compartida en el sector, basada en la idea de que el aprovechamiento de un recurso natural como el viento debía generar retornos económicos en la Comunidad. “La Junta no intervino para nada”, ha reiterado, subrayando que los socios de Iberdrola eran conocidos por la Administración y figuraban en documentación pública.

El exdirectivo ha negado igualmente que la compañía utilizara a los socios locales como intermediarios para obtener un trato de favor. Como argumento, ha señalado que Iberdrola solicitó en Castilla y León más de 2.100 megavatios eólicos y que finalmente solo pudo desarrollar alrededor de 700. “Difícilmente puede hablarse de privilegio cuando se queda fuera la mayor parte de lo solicitado”, ha defendido ante el tribunal.

En relación con los acuerdos alcanzados con el Grupo San Cayetano, de los hermanos Alberto y Francisco Esgueva, y con el empresario Andrés Martín de Paz, Bravo ha indicado que las operaciones se realizaron a precios de mercado y mediante fórmulas habituales en el sector. Asimismo, ha atribuido la salida posterior de estos socios del negocio a las fuertes inversiones necesarias para continuar con los proyectos y a las dificultades de financiación derivadas de la crisis económica, así como al interés estratégico de Iberdrola por concentrar megavatios antes de su salida a bolsa en 2007.

“La gran beneficiada fue Iberdrola, porque los parques fueron muy rentables con el paso del tiempo”

Según su versión, los socios locales habrían obtenido mayores beneficios si hubieran mantenido sus participaciones una vez construidos los parques. “La gran beneficiada fue Iberdrola, porque los parques fueron muy rentables con el paso del tiempo”, ha declarado, descartando que las recompras de participaciones constituyeran dádivas encubiertas.

Estas afirmaciones chocan con la tesis del Ministerio Fiscal, que considera que las cantidades abonadas por Iberdrola a determinados socios locales no respondían a una lógica empresarial ordinaria, sino que encubrían pagos para asegurar la obtención de autorizaciones administrativas. En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que esos empresarios actuaban como intermediarios con altos cargos de la Junta de Castilla y León, facilitando un acceso privilegiado a la Administración autonómica.

En la misma línea que Bravo se pronunció Rafael Icaza, exdirector de control de Iberdrola Renovables, quien ha negado de forma tajante la existencia de regalos o pagos irregulares. Icaza ha explicado que la compañía aplicaba un modelo homogéneo de gestión de proyectos en toda España, de modo que los gastos generados durante la fase de promoción se repercutían a las sociedades vehículo en las que participaban los socios locales. Durante esos años, ha rememorado que Iberdrola llegó a formar parte de unas 70 sociedades similares en distintas comunidades.

El socio local, una práctica común en todas las comunidades

También ha declarado el exdirector general de Energías Renovables de Iberdrola Pedro Barriuso, quien corroboró que la entrada de socios locales era una práctica extendida en el sector. Barriuso ha señalado que la Junta “veía con buenos ojos” este tipo de acuerdos, pero insistió en que eso no se tradujo en órdenes ni condicionantes. Como ejemplo, citó el caso de Galicia, donde Iberdrola presentó proyectos sin socios locales y no obtuvo adjudicaciones de potencia eólica.

Barriuso reconoció haber mantenido reuniones institucionales con responsables autonómicos, aunque las ha enmarcado en encuentros de carácter general sobre inversiones y desarrollo energético, sin abordar proyectos concretos ni negociaciones específicas. Ha asegurado además que no participó en la redacción de los contratos firmados con los socios locales en Castilla y León.

Los tres exdirectivos —Ricardo Bravo, Rafael Icaza y Pedro Barriuso— están acusados por la Fiscalía de un delito continuado de cohecho, por el que se solicitan penas de seis años de prisión y multas millonarias. En la misma situación se encuentra el empresario Andrés Martín de Paz, exdirector general de Deportes de la Junta, que en su declaración se limitó a confirmar el relato ofrecido por Bravo sobre la génesis y desarrollo de los acuerdos con Iberdrola.

La Fiscalía considera que Martín de Paz y otros empresarios aprovecharon su cercanía a responsables políticos para actuar como nexo entre las compañías eléctricas y la Administración autonómica, mientras que las defensas sostienen que su papel fue exclusivamente empresarial y que no intervinieron en la tramitación administrativa de los parques.

Durante la sesión también se acogieron a su derecho a no declarar otros acusados vinculados a empresas constructoras y de promoción, los hermanos Llorente Muñoz -Patricio, Alejandro y Miguel Ángel, para explicar la participación de Collosa en la trama, A cada uno, la Fiscalía les reclama seis años de cárcel y 45 millones en multas.

Además, ha declarado la exmujer de Alberto Esgueva, quien ha explicado diversas operaciones inmobiliarias realizadas con el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, negando que existiera una relación personal o de amistad más allá de contactos puntuales. Con la declaración de los catorce acusados, se comenzará a tratar la prueba documental y los informes finales de las partes ya a partir del 7 de enero.

El empresario Alberto Esgueva, uno de los principales acusados en el juicio de la denominada trama eólica para quien la Fiscalía solicita penas que suman hasta 12 años de prisión y multa de 68 millones de euros, se presentó este martes ante el tribunal como víctima de las consecuencias económicas y personales del procedimiento, Además el procesado ha defendido la licitud de sus operaciones en el sector eólico y ha negado haber recibido trato de favor por parte de la Junta de Castilla y León o haber pagado comisiones a cargos públicos.

Esgueva, que ha declarado únicamente a preguntas de su abogado defensor, ha señalado el impacto que, a su juicio, tuvieron las actuaciones de la Agencia Tributaria y la repercusión pública del caso: “Subastaron mi casa, intervinieron mis activos, ejecutaban cada euro que entraba en las cuentas, tuvimos que despedir a todo el personal y con la publicación de este asunto se acabó mi proyecto empresarial en España y Polonia”, ha asegurado.

El acusado ha situado su entrada en el sector en diciembre de 2004, cuando Iberdrola le propuso actuar como socio local para el desarrollo de parques eólicos en Castilla y León. Fruto de ese acuerdo se constituyó la sociedad Energía Global Castellana, participada por el Grupo San Cayetano y la filial de Iberdrola Biovent, con un capital inicial de 60.000 euros. Según ha explicado, el papel de su grupo era facilitar la tramitación administrativa y los acuerdos con los propietarios de los terrenos.

Tres años después, en 2007, decidió abandonar el proyecto y vender su participación a Iberdrola por 47,1 millones de euros, una cifra que ha justificado como el resultado de una fórmula prevista en el contrato inicial, basada en las previsiones de producción de los parques. Asimismo, ha defendido que esa operación fue declarada y tributada, con el pago de alrededor de 3 millones de euros en impuestos.

Sin embargo, ha apuntado a que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) consideró que la operación no era una simple venta de participaciones, sino una actividad económica sujeta a IVA, lo que derivó en un embargo de 13 millones de euros. A su juicio, esa decisión marcó el inicio de una cadena de ejecuciones que asfixió financieramente a sus empresas.

Una situación similar, según ha expuesto, se produjo con otros proyectos eólicos impulsados junto a la empresa Preneal, que también contactó con él para actuar como socio local. En este caso, solo dos parques en la provincia de Soria llegaron a desarrollarse, mientras que otros once en distintas provincias no obtuvieron autorización. Pese a ello, ha reiterado que Hacienda calificó las operaciones posteriores como actividades económicas y exigió el pago de IVA.

El acusado también ha dado explicaciones sobre la venta de un apartamento en Comillas, en Cantabria, a Delgado en 2005 y de un chalé en en la urbanización 'El Pichón' de Simancas, en Valladolid, operaciones que, según dijo, se produjeron tras su separación matrimonial y a precios de mercado. Asimismo, ha negado igualmente que parte de los beneficios obtenidos se destinara al pago de comisiones a funcionarios o cargos públicos.

Alberto Esgueva fue consejero delegado de Excal, la agencia pública de internacionalización de la Junta de Castilla y León, entre 2003 y 2006, antes de pasar a la actividad empresarial privada. Ha estado inmerso en a varios procedimientos judiciales, además de la trama eólica, como el caso Perla Negra, del que fue absuelto, y ha mantenido distintos litigios con la Agencia Tributaria por la fiscalidad de sus operaciones empresariales. En uno de ellos, los tribunales anularon una reclamación de cerca de 20 millones de euros al apreciar un error en la actuación de Hacienda, mientras que otros proyectos impulsados por sociedades vinculadas a él, como el complejo turístico de Montealegre de Campos, en Valladolid, acabaron en embargos y subastas tras no llegar a ejecutarse.

Francisco Esgueva señala a su hermano como gestor de la parte eólica de sus empresas

Tras su comparecencia ha declarado otros acusados. Su hermano Francisco Esgueva, a quien piden 12 años de cárcel y a una multa de 14,5 millones, ha afirmado que la gestión del negocio eólico recayó fundamentalmente en Alberto y que él no se benefició de los 47 millones obtenidos por la venta a Iberdrola, ya que había vendido previamente su participación. Asimismo, ha asegurado que solo conocía a Delgado de coincidir con él en algún acto público.

También ha comparecido el empresario Germán José Martín Giraldo, socio de Esgueva en Cronos Global que acusan de dos delitos por el que le piden 14,5 millones de euros de multa y doce años de cárcel, quien sostuvo que la crisis financiera de 2008 y los embargos derivados de inspecciones fiscales precipitaron la venta de activos y el cierre de proyectos inmobiliarios en Polonia. En relación con los 7 millones de euros abonados por Preneal a Cronos, ha rechazado que se tratara de una dádiva y defendió que era el precio de reventa de participaciones, una operación que —según ha dicho— terminó avalada en gran parte por el Tribunal Supremo.

La sesión ha continuado con la declaración del empresario César Hernández Chico, a quien el fiscal solicita 7 años de prisión y cerca de 1,9 millones de euros de multa por delitos continuados de cohecho y de tráfico de influencias, que ha reconocido que en una reunión con Rafael Delgado se recomendó contar con socios locales para el desarrollo de proyectos eólicos, una práctica que calificó de habitual en el sector.

Este jueves ha continuado la declaración del principal acusado en el caso de la Trama Eólica, el exviceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Rafael Delgado, en una causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de autorizaciones para parques eólicos durante la década de los 2000. La Fiscalía Anticorrupción solicita para él más de 40 años de prisión y multas millonarias, aunque Delgado volvió a negar haber recibido dádivas o intervenido en operaciones ajenas a la legalidad, y sostuvo que las denegaciones de proyectos respondían a criterios estrictamente técnicos, en particular a la solvencia financiera de las empresas promotoras.

El exviceconsejero ha insistido en que la capacidad económico-financiera de las compañías era un requisito establecido tanto por la normativa autonómica como por la estatal, y ha recordado que la Administración aplicaba el silencio negativo una vez transcurrido un año desde la presentación de la solicitud si la empresa no acreditaba recursos suficientes. Según ha explicado, esa valoración correspondía de manera ordinaria a los servicios territoriales de Industria y a la Dirección General de Energía y Minas, que emitían los informes previos y canalizaban gran parte del trabajo administrativo.

Delgado ha defendido que la Viceconsejería actuaba como un órgano de apoyo y no de decisión, responsabilidad que ha descargado en el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva. En esa línea, ha reiterado, como ya hiciera en la sesión de este miércoles, que Villanueva era el encargado de mantener reuniones con grandes eléctricas y empresas promotoras, con las que abordaba tanto el ritmo de implantación de nuevos parques como la distribución de potencia disponible en los nudos de evacuación gestionados por Red Eléctrica de España. El acusado ha afirmado que desconocía muchos de esos encuentros y que los conoció años después, cuando pudo consultar la documentación judicial.

“Yo firmaba lo que me proponía la Dirección General”

El exviceconsejero también ha contextualizado el incremento de autorizaciones registrado entre 2006 y 2007, que ha atribuido al cambio regulatorio previsto a nivel estatal. Según su versión, aquella circunstancia generó una avalancha de solicitudes que obligó a acelerar trámites, siempre siguiendo, como ha asegurado, los informes emitidos por los departamentos competentes. “Yo firmaba lo que me proponía la Dirección General”, ha apostillado, recalcando que no intervino en la selección de socios locales ni en decisiones sobre participaciones societarias.

Sobre las sociedades Samuño Activos y Delgado Núñez Activos, en torno a las cuales la acusación pretende acreditar una estructura instrumental asociada al cobro de comisiones ilegales, Delgado ha negado haber percibido dinero de empresas beneficiadas por autorizaciones eólicas y aseguró que nunca dio instrucciones de paralizar expedientes o condicionar la obtención de permisos a la entrada de socios locales.

Rodríguez Recio asegura que recibió 4,5 millones por intermediar de manera legal

Tras concluir el turno del exviceconsejero, tomó la palabra el también acusado Jesús Rodríguez Recio, abogado y empresario a quien la Fiscalía sitúa como presunto testaferro de Delgado y se le piden se le piden diez años y medio de cárcel y multa de 25 millones. Rodríguez Recio, que se defiende a sí mismo en la causa, supuestamente tomo parte en operaciones de intermediación consideradas irregulares como de su vínculo con sociedades vinculadas a Delgado.

Este acusado ha defendido que todas sus actuaciones se basaron en contratos de prestación de servicios, acuerdos profesionales y operaciones mercantiles amparadas por la legalidad vigente. El encausado ha reconocido que ejerció labores de intermediación para Avanzalia System en 2007, en plena expansión del negocio eólico, pero negó que esas gestiones escondieran pagos encubiertos o favores ilícitos destinados a desbloquear autorizaciones administrativas.

En su relato, ha explicado que él y el también empresario Francisco Aguirre —fallecido y considerado una pieza importante en varias operaciones de la época— fueron contratados por Avanzalia para facilitar la adquisición de los parques Peña Cabra y Pico Milano, así como para resolver un problema técnico de evacuación eléctrica que afectaba a otra instalación. Según ha indicado, esas tareas requerían contactos profesionales, negociaciones con terceros y la intervención de especialistas conocedores del mercado energético, algo que justificaba la cuantía pactada, como ha señalado.

Rodríguez Recio ha reconocido que Avanzalia les pagó 4,5 millones de euros, una cifra elevada pero muy inferior a los 10 millones inicialmente acordados en el contrato. Asimismo, ha matizado que su cliente justificó el impago del resto alegando que los parques adquiridos “no eran muy buenos”, lo que dio origen a desacuerdos que nunca llegaron a resolverse y que, según ha añadido, se han arrastrado hasta la actualidad en paralelo a la causa penal.

El acusado también ha ofrecido detalles sobre la forma en que se canalizaron los pagos: a través de sociedades panameñas creadas para la ocasión y con fondos recibidos en Mónaco que posteriormente fueron transferidos a nuevas sociedades abiertas en Suiza en 2008. Según ha justificado el abogado ese circuito económico afirmando que fue Avanzalia quien impuso esas vías para completar la operación y defendió que no había en ello intención de ocultar patrimonio, sino de ajustarse a las condiciones pactadas con el cliente. Rodríguez Recio ha comentado que el propio Aguirre cobró parte del acuerdo mediante la entrega de un coche de lujo valorado en 70.000 euros, un elemento que, dijo, evidencia que los pagos se ajustaban a fórmulas diversas según lo convenido con su interlocutor.

Niega ser el testaferro de Delgado

Durante su intervención, Rodríguez Recio ha tratado en varias ocasiones de desmontar la acusación de que actuara como testaferro de Delgado. Ha señalado que su relación con el exviceconsejero era de amistad y colaboración profesional, pero negó haber gestionado fondos en su nombre o encubierto movimientos patrimoniales ajenos. En este punto, ha explicado con detalle la compra de un piso en el paseo Zorrilla de Valladolid realizada por la sociedad Samuño Activos, cuyo administrador era Delgado. El encusado ha explicado que esa adquisición estaba motivada por la intención de instalar allí la sede de las sociedades que ambos habían decidido poner en marcha una vez que Delgado abandonó la Junta en 2011, y que el inmueble se adquirió directamente a una entidad bancaria, sin intermediarios y con un precio acorde al mercado.

El abogado ha apuntado en que toda la actividad económica que desarrolló —ya fuese mediante sociedades creadas junto a Delgado o en operaciones con terceros— se realizó con documentación contractual, pagos registrados y causas mercantiles objetivas. Asimismo, ha matizado incluso el turno de palabra para recalcar que, como abogado, hubiera evitado cualquier movimiento que pudiera interpretarse como irregular o incompatible con la normativa tributaria, y atribuyó su situación procesal a la interpretación que diversas partes hicieron de operaciones complejas en un contexto empresarial que, según dijo, se movía con rapidez y bajo un marco regulatorio cambiante.

También ha afirmado que parte de los fondos obtenidos en estas operaciones, más de 700.000 euros, quedaron inmovilizados o se perdieron tras la apertura de la causa, al quedar bloqueadas diversas cuentas vinculadas a las sociedades investigadas. “El resultado final fue desastroso”, ha apuntado, en referencia a la situación económica y profesional en la que asegura haber quedado tras el inicio de las pesquisas judiciales.

La sesión terminó antes de que el fiscal concluyera el interrogatorio al acusado, por lo que su declaración continuará en la próxima vista el lunes 15.

El exviceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León Rafael Delgado, principal acusado en el juicio de la trama eólica, ha atribuido este miércoles la responsabilidad de cualquier irregularidad en la gestión del sector al que fuera consejero de Economía y vicepresidente autonómico, Tomás Villanueva, ya fallecido. Delgado ha insistido en que nunca ordenó paralizar proyectos ni interfirió en su tramitación y que el control efectivo del área correspondía al consejero, “que era quien mandaba en la Consejería”.

Delgado ha sido el primero de los acusados en declarar ante la Audiencia Provincial de Valladolid en una juicio que analiza supuestas irregularidades en la concesión de autorizaciones para parques eólicos que, según la Fiscalía, generaron importantes beneficios económicos a determinados empresarios mediante la participación obligada de socios locales usando el método de la avocación. Anticorrupción reclama para él penas que suman 36 años de cárcel y multas que superan los 200 millones de euros.

Uno de los elementos centrales de la causa es la instrucción 2/2004, por la que se decidió la avocación de competencias: la autorización de parques pasó del ámbito provincial al viceconsejero. Delgado ha asegurado que esta medida fue iniciativa de Villanueva, quien pactó con Red Eléctrica de España (REE) la forma de asignar los cupos de evacuación en función de la capacidad de los nudos. Ha añadido que la propia REE recomendó centralizar el proceso en un único órgano para agilizar la planificación y gestionar la avalancha de proyectos presentada en los primeros años 2000.

Durante su declaración, el exviceconsejero ha explicado la estructura interna de la Consejería y ha defendido que su papel era estrictamente técnico y de apoyo, sin capacidad para alterar procedimientos administrativos. Ha detallado que entre 2003 y 2007 fue viceconsejero de Economía, y entre 2007 y 2011, secretario general del mismo departamento, tras haber pasado previamente por la Secretaría General de Educación. En relación con otros acusados, como el empresario Alberto Esgueva o el también encausado Andrés Martín de Paz, ha remarcado que su relación fue exclusivamente profesional.

A lo largo de su testimonio, el exviceconsejero ha tratado de desmarcarse de la imagen de dirigente con gran capacidad de maniobra que han descrito varios testigos y algunos de sus antiguos subordinados. Ha insistido en que la planificación eólica estuvo “siempre dirigida” por Villanueva, que era quien presidía las reuniones, quien tomaba las decisiones estratégicas y quien mantenía los contactos relevantes con empresas y organismos estatales. “El que mandaba era él, aunque suene obvio”, ha llegado a afirmar, subrayando que su propia función era la de ejecutar las órdenes del consejero y coordinar los aspectos administrativos necesarios.

La declaración de Delgado choca, tal y como ha recordado el fiscal del caso, con la declaración de alguno de los testigos, como aseguró en su declaración el empresario exsocio y administrador de Ibervento S.L., Javier Mozo Herrera, que afirmó que el acusado le negó la autorización para dos parques eólicos en Burgos con el argumento de que su empresa tenía socios alemanes. “Me dijo que si los autorizaba le cortaban la cabeza”, indicó. Ante esto, el exviceconsejero ha sostenido que la denegación se debía a criterios de viabilidad financiera definidos por el consejero.

El acusado asegura que la Junta defendía públicamente la avocación

El acusado ha insistido en que él no condicionó la avocación a la incorporación de socios locales ni exigió a las empresas la venta de participaciones, y ha negado cualquier intervención para frenar expedientes. Asimismo, ha admitido que la Junta defendía públicamente esa fórmula para favorecer el arraigo empresarial y la participación de compañías de la Comunidad.

Según su versión, las decisiones estratégicas, incluida la asignación de 500 megavatios al Grupo San Cayetano o los repartos de potencia acordados con Iberdrola, correspondían directamente al consejero. También ha explicado que las denegaciones de proyectos respondían a criterios de solvencia económica y no a directrices políticas o personales.

También ha rechazado haber llevado a cabo paralizaciones selectivas, elaborado listados de promotores o presionado a sociedades para que vendieran participaciones, como sostienen algunas de las acusaciones. Delgado ha respondido además a declaraciones de testigos que aseguraron que él mandaba en el ámbito eólico, afirmando que esos contactos los mantenían con Villanueva y que él no participaba en las reuniones relevantes. En este punto, ha sido especialmente crítico con las declaraciones del exdirector general del EREN, Ricardo González Mantero, al que ha acusado de intentar “proteger” al consejero atribuyendo decisiones al viceconsejero.

Sobre el funcionamiento interno de la Consejería, ha explicado que las autorizaciones llegaban firmadas desde la Dirección General de Energía y Minas, y que su intervención se limitaba a rubricarlas cuando procedía. Ha subrayado que nunca dio instrucciones para paralizar expedientes y que desconocía maniobras orientadas a beneficiar a determinados grupos empresariales, más allá de la política general de favorecer la participación de socios locales, que, según ha dicho, era una línea marcada por Villanueva.

El fiscal ha confrontado a Delgado con la coincidencia temporal entre la reactivación de algunos expedientes y la venta de participaciones por parte de las empresas que inicialmente se mostraban reticentes a incorporar socios locales. El acusado ha negado cualquier intervención en esos procesos y ha señalado que la velocidad de la tramitación obedecía a la disponibilidad técnica, a las capacidades de evacuación y, en determinados casos, a la solvencia económica de los promotores.

Durante su comparecencia, Delgado ha recordado su trayectoria en la Administración: fue secretario general de Educación entre 1999 y 2003, viceconsejero de Economía entre 2003 y 2007 y secretario general de esta misma consejería hasta 2011. Ha subrayado que su relación con otros acusados, como el empresario Alberto Esgueva, el directivo Andrés Martín de Paz o el abogado Jesús Rodríguez Recio, fue estrictamente profesional mientras estuvo en la Junta. Solo tras abandonar el cargo —ha dicho— retomó el contacto con Recio para emprender una actividad privada que, según su versión, nada tenía que ver con los hechos investigados.

Delgado asegura que guardaba efectivo en casa por la desconfianza en los bancos

El interrogatorio también ha abordado las operaciones patrimoniales realizadas por el acusado durante los años en que se desarrollaron las autorizaciones eólicas. Delgado ha explicado que parte de los pagos en efectivo para la compra de viviendas en Comillas y Simancas, así como de un vehículo de alta gama, procedían de una caja fuerte que guardaba en su domicilio. Según su testimonio, la caja contenía pesetas acumuladas desde 1982 por su trabajo en explotaciones agrícolas y ganaderas familiares y por pequeñas cantidades retiradas de cajeros. Ha reconocido que convirtió ese dinero en euros a través de un despacho de abogados, pagando una comisión, alegando desconfianza hacia los bancos tras haber perdido ahorros en inversiones previas.

El fiscal ha cuestionado la coherencia de esta explicación, preguntando si el acusado consideró que tales movimientos podían llamar la atención de la Agencia Tributaria. Delgado ha respondido que actuó conforme a sus posibilidades y que parte de las compras se financiaron con préstamos hipotecarios declarados.

Nueva sesión del juicio de la trama eólica, este martes turno de las periciales presentadas por las defensas. Los peritos insistieron en que las operaciones de compraventa e inversión investigadas estaban debidamente documentadas, fueron supervisadas por la Agencia Tributaria y no presentan indicios de ilicitud.

Uno de los informes más extensos fue el expuesto por un inspector de Hacienda en excedencia, propuesto por las defensas de los empresarios Alberto Esgueva y Germán Martín Giraldo, socios en la mercantil Cronos Global. El perito ha cenrtado su intervención en la operación por la que Iberdrola pagó 47,1 millones de euros por la adquisición de participaciones en Energía Global Castellana. Según su informe, elaborado a petición de los acusados, ninguna parte de ese dinero terminó en manos de personas físicas ajenas a las sociedades implicadas, descartando expresamente cualquier traslado de fondos al exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, principal acusado, ni al abogado y empresario Jesús Rodríguez Recio, considerado supuesto testaferro de Delgado.

Según ha explicado el perito, la operación fue analizada por la Agencia Tributaria, que no detectó irregularidades y confirmó que los 47 millones se destinaron a distintas inversiones empresariales. Entre ellas figuran operaciones inmobiliarias en Polonia y España, compras de inmuebles, la participación en una bodega y un préstamo para capitalizar Industrias San Cayetano, sociedad vinculada a la familia Esgueva. Asimismo, ha indicado que todas estas operaciones “están soportadas documentalmente” y que no existe evidencia de que las cantidades hubieran salido del circuito societario.

El experto de parte también ha detallado que en su informe entró en profundidad la fallida promoción inmobiliaria en Montealegre de Campos (Valladolid), desarrollada a través de la sociedad Desarrollos Naturales Siglo XXI. Intercatia —vinculada igualmente a Esgueva— vendió en 2012 el 50 % de esta sociedad a la compañía suiza Nehmo Holding por 1,5 millones de euros, en una operación que incluía la posibilidad de que un grupo inversor catarí desembarcara en el proyecto con una aportación de 8 millones. La venta se estructuró con un primer pago de 500.000 euros y posteriores abonos aplazados, pero la operación quedó sin efecto tras la compra de la Caja de Ahorros del Mediterráneo por Banco Sabadell, que decidió no refinanciar el crédito que sostenía la promoción. Intercatia devolvió entonces el dinero recibido.

En relación con este proyecto, el perito ha confirmado que Intercatia firmó un contrato de servicios con Tough Trade, empresa creada por Delgado, aunque precisó que el representante tanto de Tough Trade como de Nehmo Holding fue Jesús Rodríguez Recio. Aun así, ha afirmado que el análisis de los pagos y contratos vinculados a este proyecto no revela irregularidades ni flujos económicos ajenos a las sociedades participantes.

La sesión ha contado también con una segunda pericial relevante, esta vez a propuesta de la mercantil encausada Parque Eólico La Boga, que buscó desacreditar la valoración de perjuicios presentada por Augusta Wind, administrada por el promotor José María Campos, personado en la causa como acusación particular. En su informe, Augusta Wind reclamaba 113 millones de euros por la venta forzosa de sus participaciones en varios proyectos eólicos, cifra que defendía a partir de una valoración económica elaborada por Sterling Finance Price STR.

Los peritos de La Boga ha calificado ese cálculo de “exagerado” y plagado de “errores esenciales”, hasta el punto de situar el daño real en apenas 2,6 millones, la cantidad efectivamente obtenida por el matrimonio Campos. Han explicado que la valoración de STR tomaba como referencia siete parques eólicos, cuando solo cuatro llegaron a desarrollarse, y que atribuía al matrimonio porcentajes de propiedad muy superiores a los reales, sin descontar la participación mayoritaria del socio alemán Nordex. También han señalado que el informe comparaba megavatios en fase de proyecto con megavatios ya instalados y en funcionamiento, lo que alteraba drásticamente el valor estimado.

“Los errores del informe son de primero de básica”, ha comentado uno de los peritos, aunque el presidente del tribunal le advirtió de que evitara expresiones despectivas. Ambos expertos han defendido que el matrimonio “cobró muy bien” por la venta de sus acciones y que la cifra de 113 millones carece de sustento técnico.

Los peritos ha remarcado que, en conjunto, las operaciones eólicas e inmobiliarias analizadas “no presentan visos de ilicitud”, fueron objeto de comprobación por las administraciones competentes y no consta que fondos de las sociedades hubieran sido percibidos por personas ajenas a ellas.

En la sesión de este miércoles comienzan las declaraciones de los procesados. La sesión se abrirá con la comparecencia del exviceconsejero Rafael Delgado, que afronta peticiones fiscales que alcanzan 42 años de prisión y multas por 239 millones de euros por presuntos delitos de cohecho continuado, extorsión, tráfico de influencias, prevaricación, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), comparecerá en el pleno de las Cortes autonómicas del próximo martes, 9 de diciembre, para dar explicaciones sobre la denominada trama eólica que se juzga en la Audiencia Provincial de Valladolid, según ha solicitado toda la oposición.

Así lo han adelantado en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de las Cortes los procuradores del Grupo Mixto, Pablo Fernández (Unidas Podemos) y Francisco Igea, que han explicado todos los grupos parlamentarios menos el PP han apoyado esta comparecencia.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, ha recordado que esa comparecencia es a petición del PSOE y ha argumentado que Mañueco “no era ajeno” a los hechos que se juzgan, que afectan a exaltos cargos de la Junta de Castilla y León entre 2005 y 2015, cuando Mañueco era consejero, y ha criticado que en este tiempo no haya dado explicaciones sobre esta trama o por la compra de un edificio conocido como la Perla Negra.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox, David Hierro, ha parafraseado al propio presidente autonómico cuando dijo que los secretarios generales del PP mandan mucho, un cargo que también ostentaba durante los años en los que se supone que sucedió la trama.

“A lo mejor el señor Mañueco nos sorprende con que no conocía a Rafael Delgado, igual que le jeta de Sánchez dice que no conocía a Ábalos, que nos explique que es lo que pasaba en la Junta de Castilla y León”, ha aseverado Hierro.

José Ángel Ceña (Soria Ya) ha justificado su voto a favor de esta comparecencia en las presuntas irregularidades que han supuesto que “75 millones de euros que hayan sido objeto de desviación o corrupción” y el actual presidente de la Junta se sentaba en el Consejo de Gobierno de la Junta mientras sucedían.

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha destacado que el presidente acude a comparecer “a rastras” y ha asegurado que, a su juicio, “es directamente responsable” por su pertenencia al ejecutivo durante y ha incidido en que “debería dimitir inmediatamente y convocar elecciones”.

“Vamos a ver qué explicaciones da, qué bulos cuenta y cómo acaba esa comparecencia”, ha zanjado Fernández; mientras que su compañero en el Grupo Mixto, el procurador Francisco Igea, ha subrayado que “es su obligación comparecer cuando la mesa de Junta de Portavoces solicita su comparecencia. Y esperamos que comparezca y que responda a todas estas cuestiones”.

Sólo el PP se ha opuesto a esta comparecencia, cuyo portavoz Ricardo Gavilanes ha acusado de “PSOE y a Vox Castilla y León de unir sus votos para intentar convertir las Cortes en un plató electoral” y buscar “ruido, confrontación y polémica, que es lo único en lo que están pensando”.

Gavilanes ha incidido en que esta comparecencia “no busca esclarecer nada”, ha recordado que Mañueco ya dio testimonio en una Comisión de Investigación en 2020 y que los hechos se encuentran en los juzgados, “donde se tiene que debatir esta situación”.

“El PP respeta la justicia, PSOE y Vox Castilla y León pretenden sustituirla por un juicio paralelo”, ha reprochado, tras afear que Vox rechace poner en marcha comisiones de investigación sobre asuntos judicializados (como los incendios forestales de la Comunidad), pero en este caso sí lo hace “a tres o cuatro meses de las elecciones”.

La vista de este martes en la sesión del macrojuicio de la Trama Eólica, el mayor caso de corrupción de Castilla y León, ha estado cargado de anécdotas, algo difícil de ver en una sesión como esta, donde estaban previstas las declaraciones de varios peritos de las partes en el proceso. 15 ex altos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios están acusados por repartirse 75 millones en mordidas en la autorización de parques eólicos durante la etapa del 'popular' Juan Vicente Herrera. Está previsto que los acusados declaren el 10 de diciembre y que el juicio dure hasta finales de enero.

Las sesiones del juicio son, por lo tanto, densas y en ocasiones reiterativas y es frecuente que los testigos deban repetir sus respuestas para que todos los letrados comprendan sus posturas. En un momento dado, el presidente de la Sala, Ángel-Santiago Martínez García, ha calificado la situación de ser “un poco esquizofrénica”. “Estamos en un pleito civil. Sobre la complejidad que ya tenía este asunto penal se ha montado encima un complejísimo asunto de carácter civil”, ha manifestado el juez, quien ha recordado que en un proceso civil se permite que haya pruebas periciales que intenten rebatir la pericial de la otra parte, algo que no es posible en un prceso penal. “Es una situación un poco esquizofrénica porque estamos viendo un pleito civil metido dentro de un proceso penal”, ha concluido.

Declaraba en ese momento el perito de la defensa de la Junta de Castilla y León, que se persona en la causa por su posible responsabilidad civil en el proceso. La abogada del Ejecutivo ha llamado a su experto, Javier Ayuste, jefe de departamento de Energías Renovables del EREN, Rafael Ayuste, que ya declaró como testigo en el proceso. A pesar de las protestas de la Fiscalía y de los abogados de la acusación, el presidente de la Sala ha aceptado que declare Ayuste siempre que se limitara a informar sobre la prueba pericial. ¿El motivo? El perito que había elaborado su informe a instancia de la Junta de Castilla y León, Alberto Fidalgo, ha fallecido antes de que se iniciara el proceso. Por lo tanto, el Ejecutivo ha decidido que Ayuste podría hacerlo en su lugar. Así, Javier Ayuste ha asumido y se ha ratificado en el contenido del informe pericial encargado por la Junta de Castilla y León.

“No estamos en ningún show”

“Perdone por hacerme el gallego”, ha bromeado Javier Ayuste durante su declaración cuando le han preguntado si una de las inversiones era rentable o no, después de un largo suspiro y antes de responder con un 'depende'. En ese momento el magistrado le ha llamado la atención por sus “aspavientos” y otras “cosas” que no eran “propias” ante un tribunal. “No estamos en ningún show ni nada”, ha considerado el juez, quien ha instado al declarante a mantener “expresiones de cortesía”. “La ironía no la capto y no me gustan las bromas”, ha reiterado Martínez García. También han declarado dos peritos de una de las empresas que integran la acusación, que se han ratificado en sus informes.

Una cámara que apunta a las notas del juez

Inmersos en pleno juicio, uno de los letrados ha querido advertir al presidente de la Sala de que una de las cámaras se iba deslizando y no podían ver correctamente al perito. En un primer momento ha enfocado a la pantalla del señor fiscal y después incluso a la documentación y anotaciones que tenía el juez. La cámara que ha dado problemas era la señal interna que luego constará en las actas del juicio, no las de la señal institucional que se proporciona a los medios de comunicación.

Dos expertos, que han declarado este lunes como peritos en el juicio que se sigue por la conocida como trama eólica, han justiciado la asociación de grandes corporaciones energéticas con empresas ajenas a este área, que no se dedicaban a las eólicas, porque, si no, se habrían aliado con competidores.

Ambos han comparecido en la vista que se celebra en la Audiencia de Valladolid contra exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios por la supuesta comisión de irregularidades en la concesión de autorizaciones de parques eólicos que pudieron generar beneficios económicos ilícitos.

Los dos peritos, que han acudido a propuesta de la defensa de uno de los encausados, Rafael Icaza, quien trabajaba en Ibercyl, una filial de Iberdrola Renovables, elaboraron dos informes sobre la asociación de Iberdrola con Industrias San Cayetano -dedicada en principio al cartonaje- a través de Energía Global Castellana, para proyectos eólicos.

Sobre la forma de funcionar en Castilla y León con los proyectos eólicos, que han considerado similar a la de otras autonomías y en el extranjero, han explicado que primaba el hecho de que hubiera socios locales.

En el caso concreto de la asociación de Iberdrola y San Cayetano, la manera de actuar fue similar a la de otras empresas, con el mismo esquema, que consistía en la constitución de una compañía conjuntamente con una mayoría de Iberdrola, como esta empresa hizo con otras de distintos sectores.

No tiene sentido asociarse con alguien que puede ser un competidor

“No tiene ningún sentido asociarse con alguien que puede ser un competidor”, han expuesto los peritos al referirse a que Iberdrola no se uniera con otra compañía dedicada a la energía y sí con otras con actividades de otros sectores.

De lo que se trataba era de asociarse con compañías que conocían el terreno, que contasen con el factor del conocimiento local y, en el caso de Iberdrola, a pesar de todos los recursos que pueda tener, no llegaba a alcanzar esa capilaridad de relación que podían tener los locales.

Han detallado que lo que se constituyen son sociedades con las compañías energéticas como socios mayoritarios y empiezan a desarrollarse proyectosque llevan aparejada una primera incertidumbre muy elevada hasta su desarrollo, su puesta en explotación y hasta que se produce el primer megavatio pasan unos cinco años.

Dentro de estas circunstancias, hay sociedades que no logran desarrollar ningún proyecto por cuestiones medioamentales, técnicas o administrativas, lo que desemboca en que socios locales abandonen esos proyectos.

En el caso concreto de Iberdrola y San Cayetano, el objetivo del acuerdo al que llegaron el 1 de diciembre de 2004 se dirigió a la promoción, la construcción y explotación de estos proyectos eólicos.

Ese acuerdo supuso un contrato estándar, en el que Iberdrola aportó un 60% y San Cayetano un 40%, en concreto 36.000 y 24.000 euros, respectivamente, para empezar a funcionar.

Preguntado por la recepción de San Cayetao de 47 millones por San por parte de Ibrcyl tras haber aportado 24.000 euros en un inicio, los peritos han especificado que un valor nominal representa lo que supone en el momento de la aportación y el desarrollo de esa compañía abarca la asunción de riesgos de deuda con los que se compromete San Cayetano desde el primer momento.

Es como comparar lo que aportó Amancio Ortega cuando se creó Inditex y decir ahora que vale 100.000 millones de euros; “esas comparaciones no se pueden realizar”, han puesto como ejemplo.

Otros dos peritos que han comparecido este lunes, en este caso a propuesta de la defensa de otro de los procesados, Pedro Barriuso, exdirectivo de Iberdrola Renovables, también han considerado como un patrón común entre autonomías la inclusión de socios locales para los proyectos eólicos.

El Plan Eólico de 2002 de Castilla y León no difiere de la generalidad de las demás autonomías y establece la implicación de empresas locales en el sector con el interés principal de beneficiar la economía de la zona, han expuesto.

Acerca de alianzas de comañias energéticas con empresas que no se dedicaban a la energía eólica han manifestado que en esos años no había experiencia en un sector incipiente y, si se hubiera producido esa especialización, difícilmente se habrían producido beneficios locales.

Han matizado en este sentido que Iberdrola no solo llegó a acuerdos con San Cayetano, sino también con otras empresas dedicadas a distintos sectores del eólico, como las mermeladas o vinculadas con la automoción.

Dos peritos, que han comparecido este miércoles en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valladolid por la conocida como trama eólica, han asegurado que era habitual que grandes corporaciones energéticas se asociaran con empresas locales.

Los dos expertos, que han acudido por parte de la defensa del Grupo Collosa, han argumentado que esas asociaciones eran usuales porque los locales conocen el terreno en el que se va a situar un parque eólico, la zona y a qué ayuntamientos corresponde.

Esta práctica, que se da en general en España y otros países, en el caso de Collosa se basaba también en que tiene una división de construcción -para llevar a cabo parques eólicos una vez concedidas las licencias- y en que previamente ya conocían a grandes compañías por su actividad en el sector del gas.

Sociedades vehículo

Los dos peritos, que emitieron un informe el 30 de noviembre de 2018 sobre la actividad de Collosa vinculada con las eólicas, se han referido también a la existencia de sociedades vehículo que han descrito como las que se crean cuando hay un parque eólico y quieren invertir tres compañías.

Entonces, los bancos, para proporcionar financiación, dicen a las compañías interesadas que constituyan una sociedad vehículo, cada una con su participación, porque así tienen plena visibilidad sobre sus ingresos, gastos, activos y pasivos, beneficios y pérdidas. Se trata de una fórmula a requerimiento de los bancos para conceder financiación, han resumido.

Los dos comparecientes han expuesto un estudio que elaboraron acerca de la evolución del mercado eólico y han especificado que pasó de tener 1.829 megavatios en 2000 a 22.758 megavatios en 2012.

Ha apoyado el incremento observado en que, en ese periodo, se produjo el boom y el inicio de la construcción y desarrollo de los parques eólicos, en general la energía renovable, porque había un entorno legislativo favorable y las grandes empresas se dieron cuenta de que había unos excelentes recursos eólicos en España.

Por estos motivos proliferaron tanto los parques eólicos en aquel periodo inicial pero, posteriormente, entre 2012 y 2017, además de la crisis económica que se registró, hubo un entorno legislativo y sobre todo fiscal desfavorable a los parques eólicos.

Entorno legislativo favorable

El ámbito legislativo favorable consistía en el sistema primado que se estableció legalmente para incentivar la inversión en parques eólicos, de modo que quienes producían energía eólica percibían el precio de mercado más una prima. Esa prima se concedía por la producción de energía eólica, una vez que estaban construidos los parques y en funcionamiento, no antes de su puesta en marcha, han concretado.

Los peritos han explicado que, cuando llegó la crisis económica, a finales de 2009 Collosa tenía una deuda de unos 241 millones de euros por lo que contactó con la banca para refinanciarse y desinvertir en actividades que era más fácil vender a terceros, en este caso la parte del Grupo correspondiente a parques eólicos para ir vendiendo y repagar a la banca. Finalmente, de una deuda de 241 millones en 2009 se pasó a una deuda de veintisiete millones en 2017.

Lo que hizo el Grupo Collosa fue vender aquella parte de su negocio que era más fácilmente vendible a un precio razonable porque si no los bancos no le refinanciaban, han detallado.

Ambos han resumido en respuesta a preguntas de la defensa que no observaron ninguna operación anómala desde la perspectiva económica al elaborar su informe, que la intención era obtener rendimiento económico con la inversión en parques eólicos o en la construcción de esos parques y que los precios de las transacciones fueron adecuados al mercado.

La vista oral, en la que se sientan en el banquillo exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios por supuestas irregularidades en la concesión de autorizaciones para parques eólicos, continuará el próximo lunes con la comparecencia de más peritos.

El inspector de Hacienda que destapó la trama eólica, Juan Manuel Tocino, ve una “estructura” para traspasar fondos entre empresas y defraudar impuestos como el IVA y el Impuesto de Sociedades. Tocino ha insistido en su declaración como testigo de este martes en que estas transferencias no suponían “pagos” entre empresas porque considera que no se 'debía' nada, por lo que se producían simulaciones -entre ellas, algunas “de libro”- con el objetivo de defraudar a la Hacienda pública. “Es una donación pura y simple y eso no es deducible del Impuesto de Sociedades”, ha zanjado preguntado por alguno de los traspasos específicos.

El perito ha considerado que había un “modelo” y un “método” con el que se creaban sociedades interpuestas donde se entregaba una donación a una empresa con la “clara finalidad de defraudar a la Hacienda pública”. “Son negocios simulados las operaciones de compraventa de acciones” porque los socios se marchaban “antes de haber producido el primer megavatio”.

“Aquí en la mayoría de los supuestos se crea una sociedad conjunta donde unas personas que no hacen prácticamente nada y, una vez otorgadas las licencias pasan a tener un valor inmensio en función del valor del negocio y pasan nuevamente a la sociedad que ya tenía el terreno para realizar su actividad. Eso produce un traspaso de fondos de la sociedad que tenía los terrenos a una sociedad distinta”, ha explicado a lo largo de su declaración, que se ha dilatado durante más de cuatro horas. “La sociedad era un instrumento para ocultar la parte fiscal”, ha transmitido.

Juan Manuel Tocino ha aludido a operaciones que investigó junto a su equipo y coordinado por sus supervisores antes de ponerlo todo en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción. En concreto, se ha referido a operaciones como en la que participaba el exdirector general de Deportes de la Junta hasta 2003 y cofundador de Villardefrades Eólica, Andrés Martín de Paz, que en su momento le dijo que había accedido al negocio a través de un amigo suyo, Ricardo Bravo, también imputado: entregó 600 euros para constituir una sociedad y después participó con otros 357.000 euros como socio capitalista. Pocos meses después se le devolvió esa cantidad, además de que le compraron las acciones de la sociedad por valor de más de cuatro millones de euros. “Aquí no se explota el negocio, ni hay socio financiero ni socios industriales. El señor no sabía ni la provincia en la que se iban a instalar los aerogeneradores”, ha sostenido Tocino.

El testigo ha apuntado que los beneficios de las operaciones estudiadas por la Agencia Tributaria llegaron a multiplicar por mil la supuesta inversión. “Si le toca 'el gordo' de la lotería de Navidad no consigue esos rendimientos, ni en el Nasdaq”, ha apostillado.

Respecto a otros casos, el inspector de Hacienda ha considerado “difícil de justificar” que haya una prestación de servicios entre Ibercyl y San Cayetano por valor de 40 millones de euros. “No sé lo que había detrás, pero no es económica una operación donde uno pone 24.000 euros y a los dos años recibe 44 millones”, ha manifestado.

Además, ha valorado que Iberdrola -investigada como responsable civil subsidiaria- no necesitaba de terceras compañías -como San Cayetano- para tramitar sus parques y licencias. “¿Para qué quiere Iberdrola un técnico de San Cayetano, que se dedicaba al cartón? por mucho ingeniero que fuera, no tiene sentido”, ha zanjado. Tocino también ha señalado que se realizaron operaciones “que carecen de motivo económico válido”. De hecho, ha apostillado que el acuerdo entre la filial de Renovables de Iberdrola y la empresa papelera “no era más que un modo de disfrazar lo que existe detrás”.

Operaciones vinculadas

La investigación de la Agencia Tributaria -que contaba con copias de la documentación en dos armarios específicos dado su elevado volumen- vio también relación con el principal encausado, el exviceconsejero de Hacienda, Rafael Delgado. El inspector detectó “operaciones vinculadas” entre compañías como Delgado Núñez Consulting, JM Abogados, Nemo Holding (sociedad suiza), Nereo Inversiones, Samuño Activos, Tough Trade, entre otras que están siendo ahora mismo juzgadas como San Cayetano.

La Junta de Castilla y León uso la figura de la avocación para conceder licencias para la construcción de manera “manifiestamente ilegal”, tal y como han asegurado los dos interventores de la Intervención General del Estado que han declarado como peritos este lunes en el juicio de la Trama Eólica.

Según han explicado ambos péritos, la instrucción 2/2004, realizada por el entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, y por la que quitó a los jefes de los servicios territoriales de Industria el concender la instalación de parques eólicos para asumirlas de forma personal, es una figura excepcional prevista por la ley, es contraria al ordenamiento ya que la avocación permite que un órgano superior recupere una competencia concreta para un caso individual y no de forma general, como fue el caso de la Trama Eólica.

Los interventores han explicado que realizaron una investigación que abarcó 209 expedientes seleccionados entre los más de 2.000 abiertos en la Comunidad durante los años de expansión del sector. De ese conjunto, centraron su análisis detallado en trece: doce que sí obtuvieron autorización y otro que no llegó a completarse. A partir de esa muestra, aseguraron, fue posible identificar las dinámicas de funcionamiento que sostienen la acusación: demoras no justificadas de años, cambios frecuentes de titularidad en los proyectos y una reordenación competencial que alteró la tramitación ordinaria para concentrar las decisiones en manos del entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, considerado el principal acusado.

Proyectos de hasta 260 millones vendidos por 36

La sesión también incluyó la declaración de un perito propuesto por las acusaciones particulares IDER y Augusta Wind, que aseguraron haber sido obligadas a vender sus proyectos en 2005 por 36 millones, ed ellos 28,5 la primera sociedad y 7 millones de euros la segunda, pese a que —según el informe presentado— podrían haber alcanzado un valor conjunto cercano a los 260 millones en condiciones de mercado. El experto ha aitrbuido esta pérdida al supuesto clima de presión ejercido desde el Ente Regional de la Energía (EREN) y desde la Viceconsejería gestionada por Delgado.

La avocación como mecanismo de control

Los interventores explicaron que la avocación es una figura excepcional prevista por la ley, que permite que un órgano superior recupere una competencia concreta para un caso individual. “Un acto único que debe aplicarse expediente por expediente”, han apostillado. Sin embargo, lo que ocurrió en Castilla y León fue, según su investigación, una avocación generalizada aplicada a todas las solicitudes eólicas, sin motivación específica ni limitación temporal.

Esa actuación, han señalado, era “manifiestamente ilegal”, pues alteraba el equilibrio administrativo previsto y retiraba competencias a los servicios territoriales sin cobertura normativa alguna. Además, han defendido que generó una “incidencia real” en la tramitación: paralizaciones prolongadas, retroacciones continuas de expedientes y una situación de “cuello de botella” que, en la práctica, concentraba el poder decisorio en manos del viceconsejero.

La consecuencia, han indicado, fue la cronificación de retrasos desproporcionados. Como han detallado, la tramitación ordinaria de un parque eólica se suele demorar unos dos años dada su complejidad técnica y medioambiental. En los casos que se han investigado se detectaron demoras de tres, cuatro y cinco años, y en un caso extremo, una paralización de hasta “once años”. “Esto no puede ser”, ha apuntado uno de los interventores.

“Motivos especulativos”

En ese análisis de expedientes, los peritos se dieron cuenta de la elevada frecuencia con la que los proyectos cambiaban de titularidad a lo largo de su tramitación. En algunos expedientes se contabilizaron hasta cuatro transmisiones societarias. Ese patrón no se explicaba por necesidades técnicas ni por reorganizaciones empresariales, sino por lo que ambos calificaron como un uso de la autorización administrativa como objeto de especulación.

“Muchos solicitantes no tenían interés en desarrollar el parque”, han afirmado. Según han relatado los interventores, el objetivo de estos cambios era obtener la autorización, cuya consecución dependía de la decisión administrativa que Delgado controlaba tras la avocación, y posteriormente negociar con ella y obtener beneficios sin invertir nada.

Los interventores han comentado la existencia de otro comportamiento reiterado: los proyectos se aceleraban cuando en el accionariado entraban determinadas empresas o socios locales vinculados a los acusados, especialmente en los expedientes relacionados con Energía Global Castellana, sociedad vehículo participada por filiales de Iberdrola y por San Cayetano Wind, del empresario Alberto Esgueva, también encausado.

Este flujo de transmisiones —que los peritos consideran un claro indicio especulativo— encajaría con la acusación de que algunos promotores iniciales eran presionados para ceder parte del negocio a empresarios próximos al viceconsejero si querían ver avanzar sus autorizaciones.El juicio continúa este martes con la esperada declaración del inspector de Hacienda Juan Manuel Tocino.

El exviceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Rafael Delgado, supuestamente habría realizado diversas operaciones en distintos bancos del extranjero dirigidas al blanqueo para después hacer volver las cantidades a España. Así lo ha asegurado este miércoles el inspector de Hacienda destinado a la Unidad de apoyo de la Fiscalía Anticorrupción en su declaración en calidad de perito. “Si esto fueran operaciones normales, no necesitas pasar por Mónaco, Suiza y por 13 sociedades para hacer una operación normal y ordinaria”, ha asegurado.

El esquema que se repetía consistía en que una vez que un agente bancario recibía fondos presuntamente ilícitos, sistemáticamente invertía esos fondos en activos financieros, como depósitos, valores, divisas u otros.

Se trataba de una fase de “centrifugación a muy corto plazo”, generalmente a vencimiento a muy corto plazo que, una vez vencido el activo, junto con los intereses y rendimientos, volvía otra vez a ser reinvertido, de tal manera que daban vueltas y vueltas por una misma cuenta bancaria para luego ser remitido a distintas cuentas.

Ese eslabón en una cadena de blanqueo culmina con el aprovechamiento final o la repatriación de esos fondos a quien es realmente el beneficiario, ha especificado.

Nada corrobora que el acusado tuviera dinero que procediera de sus ingresos en una caja fuerte

En esta sesión, una perito ue realizó un informe sobre los tributos del principal encausado, el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, ha indicado que nada corrobora que el acusado tuviera dinero que procediera de sus ingresos en una caja fuerte en su casa.

La perito ha explicado que quien compareció en su nombre en la inspección tributaria que se realizó a Delgado fue el también acusado Jesús Rodríguez Recio, abogado y supuestamente testaferro del exviceconsejero .

Rodríguez Recio le manifestó que Delgado tenía una casa en Parquesol, donde se encontraba una caja fuerte, en la que había metido dinero en efectivo procedente de sus ingresos, tras hacer varias extracciones de cajeros automáticos.

Expuso que era habitual que, desde que empezó a trabajar, retirara cantidades del cajero para ingresarlas en esa caja fuerte y utilizarlas después cuando procediera, según le dijo Recio.

Pero si empezó a trabajar en los años 90, entonces se pagaba en pesetas y tendría que haber algún certificado de que había hecho el cambio a euros a comienzos del 2000-, ha agregado.

La perito ha dicho que ese aspecto le llamó la atención y que, en todo caso, decir que esas cantidades correspondían a dinero personal supone una manifestación que de por sí no acredita ni corrobora nada.

Se trata de una manifestación, pero no se aporta ningún documento que diga en qué momento se ha cambiado pesetas por euros. Esa explicación no parece razonable, ha señalado la declarante.

También ha indicado la existencia de una venta desde un comercio por valor de 19.730 euros de una televisión marca Bang and olufsen a Delgado Nuñez Consulting. Preguntada por el fiscal acerca de si se trataba de una televisión normal en 2011 o 2012, la perito ha respondido que parece que no.

Ha detallado que la factura se emitió a nombre de Delgado Núñez Consulting y en el albarán ponía que la entrega debía hacerse en el Paseo de Zorrilla 64 con Rafael Delgado como destinatario.

Además, ha citado que Delgado Núñez Consulting adquirió un vehículo marca Jaguar para uso de su administrador, pero el pago no lo hizo esta sociedad, sino Tough Trade S.A.

Los acusados declararán a partir del 10 de diciembre

El tribunal ha solicitado a los letrados de los acusados que, si no tenían inconveniente, informasen de si sus clientes iban a responder a partir del 10 de diciembre a las preguntas de todas las partes o solo de algunas, con el fin de organizar mejor las sesiones.

Cinco de los abogados han dicho que aún lo desconocen, otros cinco que contestarán a todas las partes, tres que solo responderán a su defensa y al tribunal, y uno a todos menos a la abogada del Estado y a las acusaciones particulares.

Un técnico el Servicio Territorial de la Junta en Valladolid, que ha declarado como testigo en el juicio que se sigue por la conocida como trama eólica, ha explicado que las autorizaciones de los proyectos de parques eólicos requerían un informe previo del Ente Regional de la Energía (EREN) que a veces tardaba años.

Había que hacer cosas “raras”, porque había que esperar a recibir informes positivos desde el EREN y, hasta que no llegaban, no se podían tramitar las solicitudes.

Ha agregado que había informes del EREN que debían haber llegado al mes y no llegaban “ni en un año, ni en dos años...”, ha expuesto.

El juicio se celebra en la Audiencia Provincial de Valladolid, donde se sientan en el banquillo de los acusados exaltos cargos de la Junta y empresarios, por supuestas irregularidades en la concesión de autorizaciones para proyectos de parques eólicos.

Tras la declaración de los testigos, comenzará la comparecencia de los peritos, mientras que el turno para la declaración de los encausados comenzará el 10 de diciembre.