Un empresario eólico relata que Delgado vetó sus parques por tener socios alemanes: “Me dijo que si los autorizaba le cortaban la cabeza”

“Había sido un proceso normal hasta ese momento”, pero la falta de “socios locales” para ejecutar el proyecto hizo que los expedientes para realizar los proyectos de parques eólicos en Las Pardas y Cantiruela, entre los años en 2001 y en 2003, en los municipios burgaleses de Villadiego y Valle de Sedano, se dilataron sin explicación“ y la autorización administrativa de la Junta nunca llegó, todo ello contando con la Declaración de Impacto Ambiental favorable y con los permisos de acceso y conexión de Red Eléctrica Española

Así lo ha segurado el empresario exsocio y administrador de Ibervento S.L., Javier Mozo Herrera, este miércoles ante la Audiencia de Valladolid que Rafael Delgado, exviceconsejero de Economía de la Junta y principal acusado en la trama eólica, le negó la autorización para dos parques eólicos en Burgos con el argumento de que su empresa tenía socios alemanes. “Me dijo que si los autorizaba le cortaban la cabeza”, ha relatado Mozo en su declaración.

Ante la situación de bloqueo, el empresario se dirigió para pedir explicaciones tanto al jefe del Servicio Territorial de Industria de Burgos como a responsables del Ente Regional de la Energía (EREN) sin encontrar respuesta. Mozo acudió entonces al viceconsejero de Economía con quien concertó una reunión. “Nos recibió en Valladolid durante aproximadamente una hora. Allí me dijo que no podía autorizar los parques porque, de hacerlo, le cortarían la cabeza”, ha explicado el testigo, para apostillar en su declaración que la frase se le quedó grabada.

Según el relato del empresario, los motivos que esgrimió para Delgado pasaban la necesidad de que los proyectos eólicos estuvieran impulsados por empresarios “locales”, con el argumento de que así se beneficiaría la economía de Castilla y León. “Yo no lo entendía —ha insistido—, porque Ibervento era una empresa vallisoletana, con domicilio social en Valladolid y cuatro trabajadores en plantilla. Lo único es que contábamos con dos socios alemanes que habían confiado en nosotros desde el principio”. Estos empresarios, tal y como ha asegurado Mozos, tras el rechazo de la Junta se llevaron su dinero y no volvieron a querer invertir en España.

Mozo ha definido la situación de “agravio comparativo” y ha defendido que nunca se le propuso incorporar a ningún socio concreto. “Simplemente me dijo que con los socios que tenía no era posible. Y ahí se acabó la reunión”, ha apostillado.

“Endesa obtuvo la autorización que a nosotros nos habían negado”

La falta de respuesta llevó a Ibervento a vender los proyectos. “Tras tanto tiempo de espera, decidimos buscar comprador. Endesa se interesó por la sociedad y acabamos aceptando su oferta porque era razonable y nos permitía recuperar lo invertido”, ha explicado Mozo. “Lo curioso es que, apenas unas semanas después de la venta, Endesa obtuvo la autorización que a nosotros nos habían negado durante años”, ha afirmado.

El empresario no quiso revelar el importe de la operación, pero sí detalló que Ibervento y sus socios habían invertido entre 2000 y 2006 alrededor de tres millones de euros. “De no haberse dado esas circunstancias, no habríamos vendido los parques de Cantiruela y Las Pardas”, ha aseverado.

Antes de cerrar la venta, Mozo ha asegurado que denunció la situación ante diversas instancias, incluidas las Cortes de Castilla y León, el Procurador del Común y el entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. También llevó su queja a los medios de comunicación. Ninguna de esas acciones logró desbloquear la tramitación.

La “avocación”, la instrucción para que Delgado aprobase proyectos

Durante la misma sesión del juicio declararon también otros antiguos funcionarios de la Consejería de Economía, quienes confirmaron que, a partir de abril de 2004, las autorizaciones de parques eólicos dejaron de depender de los servicios territoriales y pasaron directamente al despacho de Rafael Delgado mediante una instrucción conocida como “avocación”.

El exjefe del Servicio Territorial de Industria de Palencia, junto con el exconsejero de Medio Ambiente y vicepresidente de las Cortes, Francisco Jambrina, ha coincidio en señalar que hasta esa fecha eran los técnicos provinciales quienes validaban los proyectos, pero que desde entonces “todo pasó a manos del viceconsejero”.

Jambrina ha afirmado que existía un listado con el estado de tramitación de los parques, aunque dijo no recordar si había órdenes para priorizar unos sobre otros. “Nunca recibí llamadas, ni instrucciones concretas”, ha señalado. Sin embargo, esa avocación generalizada redujo la capacidad de decisión de los servicios técnicos y concentró en la Viceconsejería el control de todo el proceso.

Un patrón que se repite

El testimonio de Mozo se suma al de otros empresarios que han asegurado haber sufrido presiones similares. En jornadas anteriores, varios testigos relataron que se les instó a buscar “socios locales” para poder obtener los permisos. Un antiguo jefe de Industria en Burgos llegó a declarar que Delgado le dijo que “no iba a autorizar los parques y punto, y que se callara la boca”.

Otros testigos, como responsables de la empresa Preneal, describieron un entorno en el que la participación de capital local era “clave” para desbloquear expedientes. Todos ellos han dibujado un mismo esquema: los proyectos que no cumplían esa condición quedaban paralizados durante años, mientras que los que sí lo hacían avanzaban con rapidez. Ademas´, tal y como señaló este martes el exjefe de Servicio Territorial de Industria de Soria, habría un documento interno informal que, a modo de “semáforo”, definía el estado de tramitación de estos proyectos.

Por el caso de la trama eólica, el mayor proceso por corrupción en la historia de Castilla y León, se juzga a trece personas, entre ellas varios ex altos cargos de la Junta y empresarios del sector energético y de la construcción, acusados de repartirse más de 75 millones de euros en comisiones a cambio de autorizar parques eólicos. La Fiscalía Anticorrupción pide 123 años y medio de prisión y más de 850 millones de euros en multas, de los cuales 42 años de cárcel y 239 millones corresponden a Rafael Delgado, al que sitúa como cabecilla de la trama por delitos supuestos delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo, tráfico de influencias, fraude fiscal y pertenencia a grupo criminal. El Ministerio Público sostiene que el exviceconsejero “delinquió de forma continuada” entre 2004 y los últimos actos de blanqueo detectados años después.