Visto para sentencia el juicio de la trama eólica: el exviceconsejero de la Junta de Castilla y León acusado pide la absolución

El juicio por la trama eólica ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Valladolid tras cuatro meses de vista oral y más de diez años de instrucción, con 11 acusados —aunque al principio fueron quince— y con peticiones de penas que superan el centenar de años de prisión y multas millonarias. Esta última sesión se ha cerrado con el derecho a la última palabra de los encausados, en la que solo dos han ejercido este derecho. Solo el exviceconsejero de Economía de la Junta, Rafael Delgado, principal acusado, y el abogado Jesús Rodríguez Recio, considerado por la Fiscalía como su supuesto testaferro han querido hablar para reclamar al tribunal la absolución.

Delgado, para quien se reclaman hasta 42 años de cárcel y multas por valor de 239 millones de euros por delitos de prevaricación, cohecho, extorsión, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, ha utilizado su turno para negar los ejes fundamentales utilizados de la acusación. El exviceconsejero ha negado que exigiera de forma sistemática la entrada de socios locales como condición para autorizar parques eólicos en la Comunidad durante su mandato, entre 2003 y 2007.

El exalto cargo ha defendido que “muchos” parques fueron autorizados sin ese requisito y ha tratado de justificarlo citando resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), algo que ha acabado tras ser instado a concluir esa parte de su explicación por parte del juez. Según Delgado, cuando accedió a la Viceconsejería ya existían más de 1.000 megavatios promovidos por socios locales, lo que, a su juicio, desmonta la tesis de que esa figura fuera una imposición diseñada desde su departamento.

Además, ha señalado que desde junio de 2007 fijó su residencia y actividad profesional en Madrid, donde también estaban domiciliadas sus sociedades, para rechazar las acusaciones fiscales que le atribuye la Agencia Tributaria. Asimismo ha recordado que él ya estaba fuera de la Junta cuando se datan varias de las operaciones económicas investigadas.

Delgado ha matizado que las transmisiones accionariales bajo sospecha fueron autorizadas por el entonces director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, en fechas posteriores a su salida del cargo.

El exviceconsejero ha negado igualmente cualquier relación con determinadas operaciones financieras señaladas durante el juicio, como el pago de 3 millones de euros en una entidad bancaria de Mónaco vinculada a una planta solar en Salamanca. “No tengo nada que ver con las operaciones que han tratado de implicarme”, ha aseverado antes de concluir su intervención agradeciendo el trato recibido por el tribunal y reiterando su petición de absolución.

Rodríguez Recio pide al tribunal que “busque la verdad”

Tras Delgado ha intervenido Jesús Rodríguez Recio, que ha reconocido haber sufrido una “cierta esquizofrenia” por compaginar su condición de acusado con la de abogado defensor. El letrado ha ironizado con que la causa es un “marrón enorme” por la complejidad jurídica y el volumen de hechos analizados durante el juicio, aunque expresó su confianza en el tribunal y en la Fiscalía como garantes de la “paz social”. El presidente de la Sala, Ángel Santiago Martínez, respondió con el mismo tono: “Intentaremos convertir ese marrón en todo un reto”.

Antes de dar por concluida la vista, el tribunal escuchó el informe final del abogado de Parque Eólico La Boga S.L., sociedad acusada como responsable civil subsidiaria. La defensa ha rechazado las indemnizaciones que reclaman el empresario eólico José María Campos y su esposa, de Augusta Wind, cifradas en hasta 184,3 millones de euros, al considerar que la venta de sus participaciones al grupo ACS en 2005 se realizó a precio de mercado y sin presiones desde la Junta.

El juicio, que empezó el 15 de septiembre, trata sobre las supuestas irregularidades en la tramitación de parques eólicos entre 2004 y 2011, periodo en el que varios empresarios denunciaron presiones y exigencias económicas para desbloquear proyectos.