El principal acusado de la trama eólica inculpa al exvicepresidente autonómico Villanueva, fallecido en 2017

El exviceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León Rafael Delgado, principal acusado en el juicio de la trama eólica, ha atribuido este miércoles la responsabilidad de cualquier irregularidad en la gestión del sector al que fuera consejero de Economía y vicepresidente autonómico, Tomás Villanueva, ya fallecido. Delgado ha insistido en que nunca ordenó paralizar proyectos ni interfirió en su tramitación y que el control efectivo del área correspondía al consejero, “que era quien mandaba en la Consejería”.

Delgado ha sido el primero de los acusados en declarar ante la Audiencia Provincial de Valladolid en una juicio que analiza supuestas irregularidades en la concesión de autorizaciones para parques eólicos que, según la Fiscalía, generaron importantes beneficios económicos a determinados empresarios mediante la participación obligada de socios locales usando el método de la avocación. Anticorrupción reclama para él penas que suman 36 años de cárcel y multas que superan los 200 millones de euros.

Uno de los elementos centrales de la causa es la instrucción 2/2004, por la que se decidió la avocación de competencias: la autorización de parques pasó del ámbito provincial al viceconsejero. Delgado ha asegurado que esta medida fue iniciativa de Villanueva, quien pactó con Red Eléctrica de España (REE) la forma de asignar los cupos de evacuación en función de la capacidad de los nudos. Ha añadido que la propia REE recomendó centralizar el proceso en un único órgano para agilizar la planificación y gestionar la avalancha de proyectos presentada en los primeros años 2000.

Durante su declaración, el exviceconsejero ha explicado la estructura interna de la Consejería y ha defendido que su papel era estrictamente técnico y de apoyo, sin capacidad para alterar procedimientos administrativos. Ha detallado que entre 2003 y 2007 fue viceconsejero de Economía, y entre 2007 y 2011, secretario general del mismo departamento, tras haber pasado previamente por la Secretaría General de Educación. En relación con otros acusados, como el empresario Alberto Esgueva o el también encausado Andrés Martín de Paz, ha remarcado que su relación fue exclusivamente profesional.

A lo largo de su testimonio, el exviceconsejero ha tratado de desmarcarse de la imagen de dirigente con gran capacidad de maniobra que han descrito varios testigos y algunos de sus antiguos subordinados. Ha insistido en que la planificación eólica estuvo “siempre dirigida” por Villanueva, que era quien presidía las reuniones, quien tomaba las decisiones estratégicas y quien mantenía los contactos relevantes con empresas y organismos estatales. “El que mandaba era él, aunque suene obvio”, ha llegado a afirmar, subrayando que su propia función era la de ejecutar las órdenes del consejero y coordinar los aspectos administrativos necesarios.

La declaración de Delgado choca, tal y como ha recordado el fiscal del caso, con la declaración de alguno de los testigos, como aseguró en su declaración el empresario exsocio y administrador de Ibervento S.L., Javier Mozo Herrera, que afirmó que el acusado le negó la autorización para dos parques eólicos en Burgos con el argumento de que su empresa tenía socios alemanes. “Me dijo que si los autorizaba le cortaban la cabeza”, indicó. Ante esto, el exviceconsejero ha sostenido que la denegación se debía a criterios de viabilidad financiera definidos por el consejero.

El acusado asegura que la Junta defendía públicamente la avocación

El acusado ha insistido en que él no condicionó la avocación a la incorporación de socios locales ni exigió a las empresas la venta de participaciones, y ha negado cualquier intervención para frenar expedientes. Asimismo, ha admitido que la Junta defendía públicamente esa fórmula para favorecer el arraigo empresarial y la participación de compañías de la Comunidad.

Según su versión, las decisiones estratégicas, incluida la asignación de 500 megavatios al Grupo San Cayetano o los repartos de potencia acordados con Iberdrola, correspondían directamente al consejero. También ha explicado que las denegaciones de proyectos respondían a criterios de solvencia económica y no a directrices políticas o personales.

También ha rechazado haber llevado a cabo paralizaciones selectivas, elaborado listados de promotores o presionado a sociedades para que vendieran participaciones, como sostienen algunas de las acusaciones. Delgado ha respondido además a declaraciones de testigos que aseguraron que él mandaba en el ámbito eólico, afirmando que esos contactos los mantenían con Villanueva y que él no participaba en las reuniones relevantes. En este punto, ha sido especialmente crítico con las declaraciones del exdirector general del EREN, Ricardo González Mantero, al que ha acusado de intentar “proteger” al consejero atribuyendo decisiones al viceconsejero.

Sobre el funcionamiento interno de la Consejería, ha explicado que las autorizaciones llegaban firmadas desde la Dirección General de Energía y Minas, y que su intervención se limitaba a rubricarlas cuando procedía. Ha subrayado que nunca dio instrucciones para paralizar expedientes y que desconocía maniobras orientadas a beneficiar a determinados grupos empresariales, más allá de la política general de favorecer la participación de socios locales, que, según ha dicho, era una línea marcada por Villanueva.

El fiscal ha confrontado a Delgado con la coincidencia temporal entre la reactivación de algunos expedientes y la venta de participaciones por parte de las empresas que inicialmente se mostraban reticentes a incorporar socios locales. El acusado ha negado cualquier intervención en esos procesos y ha señalado que la velocidad de la tramitación obedecía a la disponibilidad técnica, a las capacidades de evacuación y, en determinados casos, a la solvencia económica de los promotores.

Durante su comparecencia, Delgado ha recordado su trayectoria en la Administración: fue secretario general de Educación entre 1999 y 2003, viceconsejero de Economía entre 2003 y 2007 y secretario general de esta misma consejería hasta 2011. Ha subrayado que su relación con otros acusados, como el empresario Alberto Esgueva, el directivo Andrés Martín de Paz o el abogado Jesús Rodríguez Recio, fue estrictamente profesional mientras estuvo en la Junta. Solo tras abandonar el cargo —ha dicho— retomó el contacto con Recio para emprender una actividad privada que, según su versión, nada tenía que ver con los hechos investigados.

Delgado asegura que guardaba efectivo en casa por la desconfianza en los bancos

El interrogatorio también ha abordado las operaciones patrimoniales realizadas por el acusado durante los años en que se desarrollaron las autorizaciones eólicas. Delgado ha explicado que parte de los pagos en efectivo para la compra de viviendas en Comillas y Simancas, así como de un vehículo de alta gama, procedían de una caja fuerte que guardaba en su domicilio. Según su testimonio, la caja contenía pesetas acumuladas desde 1982 por su trabajo en explotaciones agrícolas y ganaderas familiares y por pequeñas cantidades retiradas de cajeros. Ha reconocido que convirtió ese dinero en euros a través de un despacho de abogados, pagando una comisión, alegando desconfianza hacia los bancos tras haber perdido ahorros en inversiones previas.

El fiscal ha cuestionado la coherencia de esta explicación, preguntando si el acusado consideró que tales movimientos podían llamar la atención de la Agencia Tributaria. Delgado ha respondido que actuó conforme a sus posibilidades y que parte de las compras se financiaron con préstamos hipotecarios declarados.