Los peritos señalan a la avocación como “ilegal” con bloqueos y comisiones en proyectos de 260 millones vendidos por 36

La Junta de Castilla y León uso la figura de la avocación para conceder licencias para la construcción de manera “manifiestamente ilegal”, tal y como han asegurado los dos interventores de la Intervención General del Estado que han declarado como peritos este lunes en el juicio de la Trama Eólica.

Según han explicado ambos péritos, la instrucción 2/2004, realizada por el entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, y por la que quitó a los jefes de los servicios territoriales de Industria el concender la instalación de parques eólicos para asumirlas de forma personal, es una figura excepcional prevista por la ley, es contraria al ordenamiento ya que la avocación permite que un órgano superior recupere una competencia concreta para un caso individual y no de forma general, como fue el caso de la Trama Eólica.

Los interventores han explicado que realizaron una investigación que abarcó 209 expedientes seleccionados entre los más de 2.000 abiertos en la Comunidad durante los años de expansión del sector. De ese conjunto, centraron su análisis detallado en trece: doce que sí obtuvieron autorización y otro que no llegó a completarse. A partir de esa muestra, aseguraron, fue posible identificar las dinámicas de funcionamiento que sostienen la acusación: demoras no justificadas de años, cambios frecuentes de titularidad en los proyectos y una reordenación competencial que alteró la tramitación ordinaria para concentrar las decisiones en manos del entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, considerado el principal acusado.

Proyectos de hasta 260 millones vendidos por 36

La sesión también incluyó la declaración de un perito propuesto por las acusaciones particulares IDER y Augusta Wind, que aseguraron haber sido obligadas a vender sus proyectos en 2005 por 36 millones, ed ellos 28,5 la primera sociedad y 7 millones de euros la segunda, pese a que —según el informe presentado— podrían haber alcanzado un valor conjunto cercano a los 260 millones en condiciones de mercado. El experto ha aitrbuido esta pérdida al supuesto clima de presión ejercido desde el Ente Regional de la Energía (EREN) y desde la Viceconsejería gestionada por Delgado.

La avocación como mecanismo de control

Los interventores explicaron que la avocación es una figura excepcional prevista por la ley, que permite que un órgano superior recupere una competencia concreta para un caso individual. “Un acto único que debe aplicarse expediente por expediente”, han apostillado. Sin embargo, lo que ocurrió en Castilla y León fue, según su investigación, una avocación generalizada aplicada a todas las solicitudes eólicas, sin motivación específica ni limitación temporal.

Esa actuación, han señalado, era “manifiestamente ilegal”, pues alteraba el equilibrio administrativo previsto y retiraba competencias a los servicios territoriales sin cobertura normativa alguna. Además, han defendido que generó una “incidencia real” en la tramitación: paralizaciones prolongadas, retroacciones continuas de expedientes y una situación de “cuello de botella” que, en la práctica, concentraba el poder decisorio en manos del viceconsejero.

La consecuencia, han indicado, fue la cronificación de retrasos desproporcionados. Como han detallado, la tramitación ordinaria de un parque eólica se suele demorar unos dos años dada su complejidad técnica y medioambiental. En los casos que se han investigado se detectaron demoras de tres, cuatro y cinco años, y en un caso extremo, una paralización de hasta “once años”. “Esto no puede ser”, ha apuntado uno de los interventores.

“Motivos especulativos”

En ese análisis de expedientes, los peritos se dieron cuenta de la elevada frecuencia con la que los proyectos cambiaban de titularidad a lo largo de su tramitación. En algunos expedientes se contabilizaron hasta cuatro transmisiones societarias. Ese patrón no se explicaba por necesidades técnicas ni por reorganizaciones empresariales, sino por lo que ambos calificaron como un uso de la autorización administrativa como objeto de especulación.

“Muchos solicitantes no tenían interés en desarrollar el parque”, han afirmado. Según han relatado los interventores, el objetivo de estos cambios era obtener la autorización, cuya consecución dependía de la decisión administrativa que Delgado controlaba tras la avocación, y posteriormente negociar con ella y obtener beneficios sin invertir nada.

Los interventores han comentado la existencia de otro comportamiento reiterado: los proyectos se aceleraban cuando en el accionariado entraban determinadas empresas o socios locales vinculados a los acusados, especialmente en los expedientes relacionados con Energía Global Castellana, sociedad vehículo participada por filiales de Iberdrola y por San Cayetano Wind, del empresario Alberto Esgueva, también encausado.

Este flujo de transmisiones —que los peritos consideran un claro indicio especulativo— encajaría con la acusación de que algunos promotores iniciales eran presionados para ceder parte del negocio a empresarios próximos al viceconsejero si querían ver avanzar sus autorizaciones.El juicio continúa este martes con la esperada declaración del inspector de Hacienda Juan Manuel Tocino.