“A mí se me forzó a meter socios locales siendo de Zamora y mis parques se bloquearon radicalmente”
El promotor Gregorio Álvarez Cabreros, de Grupo Ibereólica, ha relatado hoy en el juicio que se celebra en la Audiencia Proviincial de Valladolid por la Trama Eólica, que vio cómo se paralizaban sus proyectos pese a ser un empresario del sector eólico asentado y experimentado, porque la Junta le “obligó” y le “forzó” a meter en el accionariado a “empresarios locales” si quería que los parques que iba a construir en Zamora saliesen adelante. “¿Qué más empresario local que yo, que soy de Zamora, si hasta el año pasado me dieron el premio de Zamorano Ilustre?”, ha planteado.
Entre 2010 promovió parques en Lubián (Zamora), Salamanca, Ávila y Palencia, pero “fundamentalmente en Zamora”. Así, ha recordado que hasta 2003 todo fue normal. “Promoví, construí y me autorizaron parques diligentemente en la delegación territorial de Zamora, pero después, nuestros proyectos se vieron paralizados prácticamente. No sabemos por qué causa, nuestros proyectos se vieron fuera de planificación porque la hacía la Consejería de Economía y necesitaban la avocación”, ha declarado. Sus proyectos “nunca más se aprobaron” y el remate llegó con la moratoria de aprobación de parques “del gobierno de Zapatero” que hizo que “no hubiera remedio de ningún tipo”.
“Villanueva me dijo que metiese socios locales”
Aunque hizo gestiones en la Delegación de Zamora, se reunió con el director del Ente Regional de Energía, Ricardo González Mantero y pidió “cita” con el entonces consejero, Tomás Villanueva. “Tuve dos reuniones con él, dijo que había muchos parques y que intentaría que entrasen en tramitación, pero nunca entraron siendo los primeros de la lista. Villanueva me dijo que metiese socios locales”, ha afirmado. El empresario hizo intentos para que las constructoras Collosa -cuyos dueños están acusados en la causa- y Arranz Acinas entrasen como socio local minoritario pero sus proyectos “murieron” porque se había “pasad el arroz”.
Fue el Eren, de la mano de Ricardo González Manterio y Tomás Ciria, quienes dieron los nombres de quienes debían ser los socios locales. Se le propuso a Collosa en primer lugar y luego a Arranz Acinas junto con Grupo Antolín. De Collosa llegó a hablar con su presidente, Patricio Llorente, pero no hubo entendimiento. “No hubo acuerdo, no me hacía falta socio local, eramos dos en Ibereolica,teníamos capacidad técnica y económica, y parques que estaban y están funcionando”, ha insistido. Aunque nunca habló con el viceconsejero, Rafael Delgado, el principal acusado, supo que era “el que cortaba el bacalao” por el EREN.
“Se quedaban un tercio sin pagar nada”
Ante la insistencia de que tenía que asociarse con los empresarios que le indicaban, llegó a firmar un documento previo en el despacho de abogados Cuatrecasas para formar sociedad con Arranz Acinas y Grupo Antolín, al que daban el 34% de las acciones. “Se quedaban un tercio sin pagar nada, a mí se me forzó a meter socios locales, luego el socio tendría sus cuentas con quien fuera, pero es increíble que te obliguen a meter un socio, lo pasé muy mal”, ha lamentado. Al firmar ese acuerdo y pensar que le aprobarían por fin sus parques, encargó los aerogeneradores a Gamesa. Pero sus parques se paralizaron en 2003 y con los aerogeneradores en Ágreda (Soria) tuvo que “buscar las habichuelas en Chile”, algo que salió bien, pero que “pudo haber salido muy mal”. El acuerdo se envió al EREN y los parques nunca entraron en planificación. “El acuerdo nos costó un dinero y fue forzado, pero yo no los necesitaba para nada para hacer esos parques”, ha remarcado. La situación llegó a ser tan paradójica que el empresario llegó a ver cómo otras promotoras acababan utilizando una subestación construida por su mercantil. “Era indignante la construimos nosotros y pasamos a ser los últimos de la cola, los proyectos estaban muertos, no se tramitaban”, ha comentado.
La carta del presidente de Campofrío
Quien, según él, medió, fue el socio que tenía en la promotora de energía solar, el ex presidente de Campofrío, Pedro Ballvé. La carta que este remitió al consejero Villanueva es una de las pruebas documentales aportadas por Delgado para demostrar que era Villanueva quien manejaba la trama. Ballvé ha declarado como testigo, y ha asegurado que la carta que mandó era para las tramitaciones de Álvarez Cabreros, un detalle que no aparece en la misiva que mandó el 5 de marzo de 2008 vía correo electrónico. De hecho, el documento no se ha expuesto ni se ha leído durante la vista, a pesar de lo revelador que resulta.
Encabezada por un “querido vicepresidente” (Villanueva además de consejero era el número dos en la Junta), Ballvé pedía su “apoyo personal en las tramitaciones que los distintos organismos de la Junta” debían realizar para sus proyectos “tanto en energía termosolar como eólica” en Castilla y León, “para no dilatar más la puesta en marcha de las inversiones comprometidas” con la Junta.
El propietario de Campofrío advertía de que había alcanzado “importantes compromisos financieros, tanto con empresas nacionales y extranjeras de equipamiento como con entidades bancarias”, lo que exigía ajustarse a calendarios para evitar incumplimientos contractuales. Ballvé estaba tramitando seis parques eólicos en Zamora y la Red Eléctrica Española (REE) no tenía “comunicación formal de la Junta”. Había invertido, decía, más de 46 millones en aerogeneradores para esos parques. “Te agradecería enormemente que el organismo competente indique a REE que nuestros seis parques eólicos entren en Planificación, y que se proceda a tramitar la Declaración de Impacto Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente”, solicitaba.
Una “colaboración” de 675.000 euros
Pero había un recado más y eran las inversiones o donaciones del gigante de la alimentación. Ballvé estaba “a punto de firmar” un convenio de colaboración entre la filial eólica de Campofrío, Ibereólica Solar, y la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León, “por un importe de 675.000 euros para contribuir económicamente en los programas de conservación, gestión y mejora, del Patrimonio Natural de Castilla y León”.
Señalaba también que se había comprometido “a petición de José Manuel Jiménez Blázquez” (director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León), a “promocionar, construir y explotar” la planta termosolar de 25 megavatios que se iba a construir en la fallida Ciudad de la Energía de Soria, y en la que incorporaría “muchas actividades de I+D, a destacar la hibridación con biomasa y la producción de hidrógeno”. Después de ese paréntesis, Ballvé precisaba que quería empezar a construir los parques en septiembre. “En definitiva, Tomás, te pido encarecidamente, que nos autorices los seis parques eólicos de Zamora para poder contar con la financiación bancaria necesaria y que podamos liberar fondos propios para seguir invirtiendo y contribuyendo activamente a la generación de energía empleo y riqueza en Castilla y León, como hemos venido haciendo desde muchos años atrás”, finalizaba.
El interrogatorio a Ballvé ha sido tibio. Se le ha preguntado si medió en favor de Álvarez Cabrero y poco más. “El resultado fue nulo porque los parques no se pudieron hacer, dependían de una evacuación y una Declaración de Impacto Ambiental”, ha declarado.
El juicio se reanudará el próximo lunes.
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