Los peritos propuestos por las defensas niegan desvíos de fondos y rebajan perjuicios en la trama eólica

Nueva sesión del juicio de la trama eólica, este martes turno de las periciales presentadas por las defensas. Los peritos insistieron en que las operaciones de compraventa e inversión investigadas estaban debidamente documentadas, fueron supervisadas por la Agencia Tributaria y no presentan indicios de ilicitud.

Uno de los informes más extensos fue el expuesto por un inspector de Hacienda en excedencia, propuesto por las defensas de los empresarios Alberto Esgueva y Germán Martín Giraldo, socios en la mercantil Cronos Global. El perito ha cenrtado su intervención en la operación por la que Iberdrola pagó 47,1 millones de euros por la adquisición de participaciones en Energía Global Castellana. Según su informe, elaborado a petición de los acusados, ninguna parte de ese dinero terminó en manos de personas físicas ajenas a las sociedades implicadas, descartando expresamente cualquier traslado de fondos al exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, principal acusado, ni al abogado y empresario Jesús Rodríguez Recio, considerado supuesto testaferro de Delgado.

Según ha explicado el perito, la operación fue analizada por la Agencia Tributaria, que no detectó irregularidades y confirmó que los 47 millones se destinaron a distintas inversiones empresariales. Entre ellas figuran operaciones inmobiliarias en Polonia y España, compras de inmuebles, la participación en una bodega y un préstamo para capitalizar Industrias San Cayetano, sociedad vinculada a la familia Esgueva. Asimismo, ha indicado que todas estas operaciones “están soportadas documentalmente” y que no existe evidencia de que las cantidades hubieran salido del circuito societario.

El experto de parte también ha detallado que en su informe entró en profundidad la fallida promoción inmobiliaria en Montealegre de Campos (Valladolid), desarrollada a través de la sociedad Desarrollos Naturales Siglo XXI. Intercatia —vinculada igualmente a Esgueva— vendió en 2012 el 50 % de esta sociedad a la compañía suiza Nehmo Holding por 1,5 millones de euros, en una operación que incluía la posibilidad de que un grupo inversor catarí desembarcara en el proyecto con una aportación de 8 millones. La venta se estructuró con un primer pago de 500.000 euros y posteriores abonos aplazados, pero la operación quedó sin efecto tras la compra de la Caja de Ahorros del Mediterráneo por Banco Sabadell, que decidió no refinanciar el crédito que sostenía la promoción. Intercatia devolvió entonces el dinero recibido.

En relación con este proyecto, el perito ha confirmado que Intercatia firmó un contrato de servicios con Tough Trade, empresa creada por Delgado, aunque precisó que el representante tanto de Tough Trade como de Nehmo Holding fue Jesús Rodríguez Recio. Aun así, ha afirmado que el análisis de los pagos y contratos vinculados a este proyecto no revela irregularidades ni flujos económicos ajenos a las sociedades participantes.

La sesión ha contado también con una segunda pericial relevante, esta vez a propuesta de la mercantil encausada Parque Eólico La Boga, que buscó desacreditar la valoración de perjuicios presentada por Augusta Wind, administrada por el promotor José María Campos, personado en la causa como acusación particular. En su informe, Augusta Wind reclamaba 113 millones de euros por la venta forzosa de sus participaciones en varios proyectos eólicos, cifra que defendía a partir de una valoración económica elaborada por Sterling Finance Price STR.

Los peritos de La Boga ha calificado ese cálculo de “exagerado” y plagado de “errores esenciales”, hasta el punto de situar el daño real en apenas 2,6 millones, la cantidad efectivamente obtenida por el matrimonio Campos. Han explicado que la valoración de STR tomaba como referencia siete parques eólicos, cuando solo cuatro llegaron a desarrollarse, y que atribuía al matrimonio porcentajes de propiedad muy superiores a los reales, sin descontar la participación mayoritaria del socio alemán Nordex. También han señalado que el informe comparaba megavatios en fase de proyecto con megavatios ya instalados y en funcionamiento, lo que alteraba drásticamente el valor estimado.

“Los errores del informe son de primero de básica”, ha comentado uno de los peritos, aunque el presidente del tribunal le advirtió de que evitara expresiones despectivas. Ambos expertos han defendido que el matrimonio “cobró muy bien” por la venta de sus acciones y que la cifra de 113 millones carece de sustento técnico.

Los peritos ha remarcado que, en conjunto, las operaciones eólicas e inmobiliarias analizadas “no presentan visos de ilicitud”, fueron objeto de comprobación por las administraciones competentes y no consta que fondos de las sociedades hubieran sido percibidos por personas ajenas a ellas.

En la sesión de este miércoles comienzan las declaraciones de los procesados. La sesión se abrirá con la comparecencia del exviceconsejero Rafael Delgado, que afronta peticiones fiscales que alcanzan 42 años de prisión y multas por 239 millones de euros por presuntos delitos de cohecho continuado, extorsión, tráfico de influencias, prevaricación, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.