La historia de Medusa puede contarse como la de una figura mitológica que vuelve de piedra a quien la mira fijamente a los ojos y de cuya cabeza salen serpientes o un símbolo de la sabiduría y la resiliencia femenina. Cassandra Vera ha escrito sobre Clara, una chica transgénero que se enfrenta a su primer día 'fuera del armario' en uno de los relatos que conforman `Cuadernos de Medusa´(Ed. Amor de Madre). Cassandra presentará el libro el jueves 22 de marzo a las 19.30 en la galería de arte Léucade.

¿Por qué el título de los relatos invoca a Medusa -figura mitológica que fue violada por Poseidón y cuya cabeza fue cortada por Perseo-?

El título se debe a que siempre nos han presentado a Medusa como un ser condenado a la vergüenza y el aislamiento por haber sido violada por Poseidón. Sin embargo, interpretaciones modernas del mito muestran que realmente Medusa fue apoyada por Atenea para protegerse si volvían a hacerle daño.

¿Son necesarias otras voces feministas/LGTB que amplíen nuestra imaginación?

Sí, la literatura ha estado dominada por hombres heterosexuales que no sólo han invisiblizado al colectivo LGTB, en especial a las mujeres trans, sino que en sus escritos han perpetuado estereotipos y vejaciones contra este colectivo.

¿Acalla la sociedad, los medios de comunicación o las redes sociales las voces disidentes con los relatos machistas?

La sociedad, a través de los medios de comunicación, ha silenciado a aquellas personas que hemos denunciado el machismo en la literatura, así como a quienes intentamos cambiarlo.

Algunos autores, como Vargas Llosa, dicen que las feministas son unas `inquisidoras´ y enemigas de la literatura porque señalan el machismo que impregna muchas obras literarias: ¿qué dirías a eso?

Vargas Llosa ha cometido el fatal error de banalizar el término `censura´. Podemos hablar de censura cuando se secuestra un libro como ha sucedido con `Fariña´. Cuando las feministas señalamos el machismo de una obra literaria no estamos pidiendo que saquen ese libro de las librerías, estamos concienciando a la gente de que ese libro fomenta la opresión y la desigualdad.  Intentamos crear conciencia para que no exista demanda de ese tipo de libros, no prohibir el libro en sí.

¿A qué crees que se debe actualmente esta ola censora que ha producido varias condenas a raperos y creadores, por ejemplo, y de la que tú finalmente fuiste absuelta por el Supremo por varios tuits sobre Carrero Blanco?

Esta escalada de censura se debe a que se intenta silenciar el pensamiento disidente, aquel que se sale de la norma marcada. Para combatirlo sólo nos queda seguir creando y que vean que su censura no funciona.

¿Cuál es tu libro favorito? ¿Con qué personaje de la ficción te has sentido identificada? 

Es difícil escoger un libro como favorito, pero si tuviera que hacerlo escogería `La caída de los gigantes´ de Kent Follet. Como seguramente le ha pasado a muchas mujeres trans, a lo largo de mis andanzas por la literatura nunca me he sentido identificada con ningún personaje literario, todos han estados muy alejados de los problemas y vivencias que he sufrido. 

Murcia se ha sumado esta tarde a la movilización en rechazo a la Ley Mordaza. La concentración ha comenzado a las 18.00 frente a la Delegación de Gobierno para protestar contra los “abusos” de la Ley de Seguridad Ciudadana -Ley Mordaza-, así como para pedir su derogación.

La marcha, convocada a nivel nacional por la plataforma ciudadana No Somos Delito, ha sido secundada por la Plataforma Pro-Soterramiento, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Murcia, la Coordinadora ONGD de la Región de Murcia, Greenpeace, Amnistía Internacional y las Marchas de la Dignidad.

Durante la protesta, se ha leído el manifiesto contra la Ley Mordaza, al que se han sumado las reivindicaciones regionales.

En él, se ha hecho referencia a la aplicación de la Ley Mordaza al caso de Cassandra, Eulalia Moreno y los vecinos de la Plataforma Pro-Soterramiento “multados en las protestas contra la construcción del muro que partirá Murcia en dos”.

También se ha referenciado a la actitud del Delegado de Gobierno, Francisco Bernabé, que “amparado en esta ley se permite amenazar a la población de forma chulesca con más sanciones”.

“Amparado en esta Ley, Francisco Bernabé se permite amenazar a la población de forma chulesca con más sanciones. Durante este periodo, hemos podido comprobar como a la vez que se incrementaban los ingresos por parte del estado con multas, en 8 meses el estado ha recaudado 131 millones de euros con la Ley Mordaza.

El diario ABC publica este lunes una carta al director firmada por la nieta del almirante Luis Carrero Blanco, María Shoendorff Carrero Blanco, en la que se pide a la tuitera Cassandra Vera que se disculpe por los chistes que escribió en Twitter sobre el asesinato de Carrero Blanco.

“Solo le pediría a la señora Cassandra que pidiera perdón”, escribe Shoendorff en una carta titulada 'Almirante Luis Carrero Blanco'. Una carta en la que asegura sentirse en “la obligación moral de escribir” para defender “a la persona ofendida” que “no puede hacerlo, pues le arrebataron la vida”.

“Solo quiero decir a la señora Cassandra que espero que lo sucedido le haya hecho aprender algo que a mí, personalmente, me enseñaron: que la libertad, sea del tipo que sea, termina cuando afecta al prójimo. En un país como España, donde tantas víctimas del terrorismo ha habido, no se puede hacer mofa, burla y chistes de alguien que no se puede defender”. 

La Audiencia Nacional condenó a un año de prisión y a siete de inhabilitación a Cassandra por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo. Una sentencia anulada por el Tribunal Supremo, que absolvió a la tuitera al considerar que los chistes que escribió eran “chistes ya conocidos en los que se juega en clave de humor con la forma singular, mediante la voladura del vehículo de Carrero, en el que se perpetró el atentado.

La sentencia entiende que sus 12 tuits de Cassandra fueron chistes fáciles y de mal gusto sobre un atentado ocurrido hace ya 44 años, sin ningún comentario ultrajante hacia la víctima, son reprochables “social e incluso moralmente en cuanto mofa de una grave tragedia humana”, pero no resulta proporcionada una sanción penal.

María Shoendorff Carrero Blanco pide a Cassandra que se disculpe y asegura que “por sus palabras” se ha visto “en la tesitura de hacer comprender” a su hija “lo que fue para una familia perder” a su abuelo. “Le deseo que nunca tenga que sufrir lo que nosotros llevamos sufriendo desde 1973”, acaba la carta de Schoendorff. 

Cassandra Vera se llama Cassandra Vera aunque aún no lo diga su DNI. Eso a pesar de que el Ministerio Fiscal aseguró en un escrito adelantado por la Cadena Ser que la joven “se escondía bajo el pseudónimo de Cassandra” para cometer el delito por el que le ha condenado la Audiencia Nacional. Este es uno de los elementos que utiliza la Fiscalía, al pedir al Tribunal Supremo que confirme la pena de un año de cárcel, para argumentar que la joven sabía que cometía “hechos patentemente ilícitos” al tuitear varios chistes sobre la muerte de Carrero Blanco.

“Además de ser un argumento sin fundamento porque yo jamás he ocultado mi identidad en redes sociales, es una falta de respeto más por parte de la justicia”, explica Cassandra a eldiario.es. Y es que a pesar de ser una mujer –mujer transgénero, según especifica en su biografía de Twitter–, las alusiones de la Fiscalía se unen a que fue tratada en masculino durante todo el procedimiento judicial, en el que no se respetó su género sentido. Ocurrió durante el juicio y también en la sentencia que se ha hecho pública y que contiene hasta medio centenar de referencias a “el acusado”, “el autor” o “el declarante”.

Los colectivos trans y LGTBI suman ahora sus quejas a la indignación que ya mostraron en su momento y aseguran que estos hechos “chocan contra los avances que se vienen produciendo en los últimos años en esta materia”, explica Mané Fernández, portavoz de Políticas Trans de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). “Es un argumento que denota la transfobia institucional con la que muchas veces nos encontramos”.

“¿Quién está humillando a quién?”, se planteaba la jurista especializada en derechos LGTBI Violeta Assiego en un artículo en el que llamaba la atención sobre lo que estaba ocurriendo con el tratamiento judicial a Cassandra, que ha sido condenada por humillación a las víctimas. “Se estaba juzgando que yo podía haber atacado el honor de alguien y a la vez se estaba faltando al mío”, dice la joven. Eso a pesar de que su abogado pidió que fuera tratada por su nombre y en femenino. “En principio no pusieron ninguna pega, pero en el momento del juicio no se respetó”, dice Cristóbal Gázquez, portavoz de BGD Abogados.

Un principio que ya está en las leyes

Cassandra, como muchas otras personas trans, se encuentra ahora tramitando la modificación de la mención registral de los documentos oficiales. Un proceso que sigue necesitando de varios requisitos a la espera de que el Congreso prosiga el trámite de la proposición de ley que los elimina y que fue aprobada por la cámara, con la abstención del PP, el pasado 30 de noviembre. La iniciativa se basa en el principio de la libre autodeterminación del género y establece que las leyes deben reconocer el derecho a la identidad de género “sin condicionamientos ni dependencias de asignación o acreditación por parte de terceros”.

Es también este mismo principio el que ha inspirado la redacción de muchas de las leyes autonómicas contra la LGTBIfobia aprobadas en los últimos años y que establecen el derecho de las personas trans al respeto a su identidad sentida. La norma madrileña, por ejemplo, lo hace en su artículo 4.1: “Toda persona tiene derecho a construir para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, género y su orientación sexual. La orientación, sexualidad e identidad de género que cada persona defina para sí es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de autodeterminación, dignidad y libertad”.

Cassandra Vera debería haber sido tratada como Cassandra si la primera ley estatal LGTBI, cuya toma en consideración fue aprobada por el pleno del Congreso el pasado mes de septiembre, hubiera estado en vigor en el momento del juicio. Y es que la norma reserva un artículo específico para instaurar que las personas trans tienen derecho a la identidad de género “en los diferentes ámbitos de la vida social” y en particular en el acceso a los servicios públicos. De esta manera, prosigue la ley, “el personal de cualquier administración deberá respetar la expresión e identidad de género de la persona en el trato que le dispense, con independencia de haber obtenido o no el reconocimiento legal del mismo”.

El TEDH se pronunció en 2002

El tratamiento de las personas trans en base a su sexo sentido también ha atravesado las puertas de las aulas y muchas comunidades han comenzado a enviar circulares a los centros educativos para que el alumnado sea llamado por su nombre elegido y utilicen los baños y vestuarios acordes. En este escenario, las referencias de la Fiscalía a Cassandra como un pseudónimo son, para la Plataforma por los Derechos Trans, “un retroceso” y algo “vejatorio, trasnochado y una agresión al derecho de la libre determinación de la identidad y expresión del género”, afirma el colectivo en un comunicado hecho público este miércoles.

“La identidad de género no es un disfraz, es un derecho humano. Nuestra intención no es inmiscuirnos en el procedimiento judicial, pero denominar pseudónimo al nombre con el que Cassandra se socializa y reconoce es un retroceso y una burla que afecta a todas las personas trans”, asegura la presidenta de la plataforma Mar Cambrollé. “Si yo digo que soy María, ¿quién me lo puede negar? Yo desde mi madurez, mi voluntad y el reconocimiento de mi identidad, ¿por qué no voy a estar capacitado para ser quién soy? ¿Qué otra persona en España debe pasar por un filtro de terceros para ser reconocida?”, se pregunta Mané Fernández.

No solo hablan de ello los colectivos LGTBI, también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto. En una sentencia histórica de 2002, resultado de la demanda que Christine Goodwin interpuso contra el Reino Unido, estimó que identificar a una persona como hombre o mujer “atendiendo únicamente al sexo biológico/cromosómico” puede suponer una vulneración de los derechos humanos del individuo. Desde entonces y según varias letrados consultados, cuando el tribunal conoce casos de personas trans, usa el nombre y el género tal y como se identifica él o la demandante y sin atenerse al nombre que consta en los documentos oficiales.

Carmen, una mujer trans miembro del colectivo LGTBI Cogam, hace hincapié en que las referencias de la Fiscalía a Cassandra “son un ataque a su dignidad y algo vejatorio”, explica poniendo como ejemplo su situación actual: “A mí mis compañeros y compañeras de trabajo me llaman Carmen, pero cuando abro el correo electrónico aparece el nombre masculino porque todavía no ha sido cambiado a pesar de que lo he pedido. Además de obligarte constantemente a dar explicaciones sobre tu vida privada, es algo humillante”, concluye.

Cassandra, la joven transexual condenada a un año de prisión por publicar chistes sobre Carrero Blanco en Twitter, ha sido acusada por la Fiscalía de utilizar un seudónimo para ocultar su identidad.

La Fiscalía habría rechazado el recurso de los abogados de Cassandra, en el cual se alega que esta habría escrito los tuits sin saber que podría estar cometiendo un delito.

“Existen datos para sostener que el sujeto sabía que estaba realizando hechos patentemente ilícitos. Entre otros, ¿por qué si era tan legal lo que hacía se escondía bajo el seudónimo de Cassandra?” dice el escrito de impugnación de la Fiscalía, según la Cadena Ser.

Sin embargo, Cassandra, es el nombre que la joven murciana utiliza para identificarse, y cuya formalización se está tramitando desde que comenzó el proceso para cambiar su género.

“Me he sentido humillada por la Fiscalía, pero me lo esperaba” ha manifestado Cassandra al diario Público sobre los hechos, “era difícil superarse y lo han conseguido. Se han lucido. Muestra lo bajo y lo ridículo que ha caído el fiscal de mi caso”.

Además, Cassandra ha acusado a las instituciones de “transfobas y rancias” a través de su cuenta de twitter. Y ha lamentado que la fiscalía “no se dedique a investigar quién está detrás del pseudónimo M.Rajoy.

En un contexto marcado por las sucesivas fases de la Operación Araña, la condena a Cassandra Vera o César Strawberry por hacer chistes en Twitter con Carrero Blanco y el incremento de las sentencias por enaltecimiento del terrorismo, expertos en Derecho Penal se unirán el próximo 1 y 2 de junio en unas jornadas bajo el nombre 'La represión penal de la sátira política' para abrir un debate sobre la criminalización de la sátira y el humor negro en las redes sociales.

“Nos parece muy preocupante que nos estemos acostumbrando a que se abran procedimientos penales por sátiras irreverentes. Comienza a no ser noticia que haya dos cómicos [Dani Mateo y el Gran Wyoming] que son tratados como criminales, llamados como investigados por las autoridades, por hacer una broma con que si la Cruz del Valle de los Caídos es una mierda”, señala Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid y director del acto, en declaraciones a eldiario.es.

Las jornadas reunirán en la Universidad Carlos III a un grupo de juristas para “abrir un debate sobre cuáles son los límites que la Constitución impone a la criminalización de actos de expresión, sobre todo cuando son actos de expresión satírica o artística”, explica Doplico. También estarán presentes el cantante del grupo Def con Dos, César Strawberry (condenado a un año de cárcel y seis años y medio de inhabilitación), la tuitera Cassandra Vera (un año de cárcel y siete de inhabilitación), los componentes de Títeres desde abajo, Alfonso Lázaro y Rául García (en prisión preventiva durante cinco días por una obra) y Antonia Ávalos, de la Asociación Mujeres Supervivientes, una de las tres mujeres encausadas por participar en la procesión del 'Santísimo Coño Insumiso'.

La segunda de las jornadas incluirá la perspectiva de las asociaciones de jueces y fiscales y de plataformas de defensa de los derechos humanos, con la presencia de representantes de Amnistía Internacional, la Plataforma Derecho a la Libertad de Información o las intervenciones de Ignacio González Vega (Jueces para la Democracia) y Álvaro García Ortiz (Unión Progresista de Fiscales). Junto a ellos estará el vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional Tomás Vives Antón y los exletrados del Tribunal Constitucional Juan Antonio Lascuraín y Rafael Alcácer Guirao.

Entre los temas sobre los que reflexionarán los expertos se encuentra la disparidad de criterios entre los magistrados, que han marcado algunos de los últimos casos de aplicación del artículo 578 del Código Penal. Mientras Cassandra Vera ha sido condenada a un año de cárcel y siete de inhabilitación por sus tuits sobre Carrero Blanco, una sentencia de marzo absolvió al abogado Arkaitz Terrón por comentarios como “no entiendo por qué la placa de Carrero no se la ponen los productores de cava. El día que ETA lo hizo volar se descorcharon muchas botellas!”. La Fiscalía presentó la semana pasada un recurso para pedir que se revoque esta sentencia.

También César Strawberry, que estará presente en el primer día de los actos, fue absuelto inicialmente por la Audiencia Nacional. El Supremo revocó la absolución meses después, en enero de este año, y le condenó por los seis tuits en los que ironizaba con la vuelta de los GRAPO y ETA. Para Dopico, la diferencia de criterios revela que hay un intento de interpretación “orientada a la Constitución” y “a las limitaciones que han impuestos los Tribunales Constitucionales de nuestro entorno y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos” frente a “la acción punitiva del Estado”. 

En opinión del catedrático –que analizará los casos de Strawberry y Cassandra junto a sus protagonistas en la primera jornada– es “irrazonable” entender que los chistes sobre Carrero Blanco de ambos puedan incitar a la violencia al tratarse de conductas “de indudable sentido humorístico” por parte de personas “que no tienen conexión con una organización criminal”. “Son conductas ubicuas, repetidas miles de veces. La pregunta es: ¿por qué se selecciona a una persona concreta? Suscita dudas sobre la selección de las personas que son llevadas a los tribunales”, apunta.

“El problema que tenemos es que ya es normal que denuncias de estas características en vez de ser tratadas como extravagancias de grupúsculos minoritarios, sean admitidas a trámite y haya personas que son llamadas a declarar y, en casos extremos, son condenadas”, incide el experto.

El pasado mes de febrero, un grupo de más de 250 expertos en Derecho Penal firmaron el manifiesto 'Carrero Blanco como síntoma', impulsado por Dopico, para criticar “la criminalización” del humor negro en redes sociales. En el documento, los expertos recuerdan que son conductas socialmente aceptadas, que no constituyen un delito y “no pueden constituirlo bajo el régimen de derechos y libertades constitucional”.

On s’ha de situar aquesta línia? Quins són els límits que l’humor o la sàtira política no haurien de traspassat?

L’Audiència Nacional ha condemnat Cassandra Vera a un any de presó i set anys d’inhabilitació absoluta per haver publicat al seu compte de Twitter 13 comentaris fent burla en relació a l’atemptat en què ETA va matar Luis Carrero Blanco, president del Govern sota el franquisme.

Per la seva banda, els presentadors del programa ‘El Intermedio’, el Gran Wyoming i Dani Mateo, hauran de declarar a l’Audiència Provincial de Madrid per haver fet un acudit sobre la creu que presideix ‘El Valle de los Caídos’.

Aquests dos fets se sumen a altres cassos en què es desdibuixa la línia que separa la llibertat d’expressió i de crítica política i el respecte a l’honor, la intimitat o els sentiments religiosos.

On s’ha de situar aquesta línia? Quins són els límits que l’humor o la sàtira política no haurien de traspassat?

Són preguntes que es planteja el programa L’AlternativaTV aquest divendres 28 d’abril, de 12:30 a 13:30 hores, sota el títol: 'Humor i política. On són els límits'.

Hi participaran:

L’Alternativa TV s’emet en directe, des de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, a través dels serveis de UAB Campus Media i compta amb l’impuls de la Fundació Periodisme Plural, l’associació Solidaritat i Comunicació-SICOM, i les publicacions Alternativas Económicas i Mongolia. El presentador és el periodista i professor de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, Frederic Pahissa.

Es bien sabido que, cuando Hannah Arendt llegó a Jerusalén en 1961 y asistió como reportera voluntaria para The New Yorker a las sesiones del juicio contra Adolf Eichmann, no se encontró al monstruo de maldad y perversión que esperaba: tan solo a un funcionario probo, un burócrata, muy poco hábil para la mayor parte de las cosas y muy dotado para unas pocas. Entre estas últimas se hallaba su meticulosidad para coordinar los transportes de cientos de miles de personas a los campos de exterminio del Tercer Reich. La capacidad de mandar matar de Eichmann tenía, de alguna manera, un algo de lógica administrativa y aburrida normalidad que sirvió para inspirar el concepto de la “banalidad del mal” de Arendt. Lo inquietante de la figura de Eichmann residía, según esta visión, en la aparente normalidad del verdugo, en el potencial genocida que anida en nuestras sociedades entre sus gentes corrientes.

No podemos evitar asociar a esto el carácter gris de quien fue mano derecha de Franco durante treinta y cinco años, con un deje de asombro de resonancias arendtianas ante la “banalidad de su mal”. Sin embargo, nada de estas honduras ontológicas hay en la visita que Luis Carrero Blanco ha hecho recientemente a la Audiencia Nacional. Visita que no ha venido de la mano, tampoco, de la toma en consideración de la responsabilidad (máxima) ejercida por Carrero personalmente en la violación sistemática y masiva de los derechos humanos en España, además de su responsabilidad (la más alta) en la humillación continuada a las víctimas de esa violación, o de la contumacia que acompañó al antedicho sujeto en la defensa del régimen que propició todos esos hechos.

No, la visita de Carrero a la Audiencia Nacional ha venido de la mano de su condición de víctima, para ser más exactos, de víctima del terrorismo. No nos equivoquemos entonces, el debate sustancial que hay detrás de la sentencia que ha condenado a una persona por mofarse de la muerte de Carrero no concierne solo a la libertad de expresión ni mucho menos al decoro. El debate tiene que ver con la condición de víctima de Carrero, y no es la primera vez que se produce.

En 2001 se concedió la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo al inspector de la policía política Melitón Manzanas. Hubo de aprobarse una reforma (2003) de la ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo (1999) para evitar que algo así pudiese volver a pasar, pero era evidente que el problema seguiría estando presente. La ley de 1999 introducía un preámbulo en el que se exaltaba la fundamentación de la democracia española sobre la base de una Transición que habría afirmado “un proyecto de convivencia decidido a superar los viejos conflictos de nuestra historia”.

Y eso nos devuelve exactamente al problema de fondo de la consideración de Carrero como víctima, que no es otro que el reconocimiento hecho por la Transición de la equiparación entre víctimas y verdugos. La Ley de Amnistía de 1977 no es excepcional por ser una medida de gracia en un proceso transicional, sino precisamente porque en su contenido se erige como una amnistía de los verdugos a las víctimas, que a su vez consintieron en amnistiar a unos verdugos que nunca habían sido juzgados y nunca lo serían.

Nuestro sistema político e institucional descansa sobre medidas como la Ley de Amnistía que consagraron la idea de “reconciliación nacional”. El significado exacto de esta medida es que Carrero Blanco no sería ya más un sujeto potencialmente expuesto a ser juzgado por crímenes de lesa humanidad al que solo la muerte le habría salvado de una segura condena. No. Carrero Blanco yacía junto a sus víctimas en un mismo lugar de la memoria y del olvido.

Lo que conocemos de la sentencia que ha condenado a Cassandra Vera en 2017 viene a recordarnos, además, que las víctimas y los verdugos del franquismo siguen siendo legalmente lo mismo. Y eso ya no se debe solo a 1977, sino a lo que estamos haciendo en este tiempo presente. Así que la conclusión de este Carrero Blanco en la Audiencia Nacional puede hacer suyas las palabras de Arendt cuando decía que Eichmann, en su larga carrera de maldad, nos ha enseñado la lección de la terrible banalidad del mal, ante la que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes.

Lo cierto es que este caso viene a evidenciar que la idea de reconciliación que articuló la Transición se convirtió en su principal motor ideológico y definió hasta hoy la relación de la sociedad con el pasado, ha ido modificándose imperceptiblemente hasta desfigurarse, como es perfectamente normal después de 40 años. De modo que de la igualación entre víctimas y verdugos que determinó la Ley de Amnistía, y que M. Fraga le recordó en los años noventa a X.M. Beiras en un debate parlamentario con la frase: aquella ley nos amnistió a todos, a usted y a mí, se ha pasado a una asimetría en la que algunos tienen más derechos que otros por haber sido declarados ellos mismos víctimas a posteriori. Así la familia de Puig Antich o la de Moncho Reboiras no pueden ver revisados sus casos de 1974 y 1975, que en su diferencia encierran las grandes verdades del régimen de principio a fin, pero la Audiencia Nacional atiende de oficio a Carrero Blanco.

Lo que ha ocurrido de hecho es que la idea de la reconciliación se ha ido reinterpretando a la luz del presente y sus disputas y necesidades políticas. Y se han ido introduciendo correcciones, matices, enmiendas... De hecho, aquel principio se ha escorado tanto que ha pasado en cuarenta años de ser una propuesta política del PCE, asumida por toda la oposición y finalmente por el franquismo que hizo la Transición desde el poder, a convertirse en un mantra ideológico de los sectores más centrales de la derecha española. Lo extraño sería que todo permaneciese igual después de cinco presidentes de gobierno posteriores a Adolfo Suárez, como algunos pretenden hacernos creer. Como si siguiésemos en el acto fundacional, en la presentación del libro de Carrillo por Fraga en el club que anunciaba este siglo. Una banalidad con consecuencias jurídicas. Pero lo cierto es que Carrero es historia, anterior al triunfo de la idea de reconciliación.

¿Dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? En este tiempo trilero que vivimos, asistimos a querellas, juicios y condenas por contar chistes, mientras los grandes corruptos y los causantes de la crisis se nos ríen a la cara. La opinión pública ya no se escandaliza por Gürtel, Pujol o el caso Bankia, sino que anda debatiendo sobre tuits y comentarios de Facebook que hablan de Carrero, del Valle de los Caídos y demás lacras franquistas. Ojo al parche, nunca mejor dicho, porque la campaña de criminalizar el humor también tapa problemas mayores.

Mediáticamente, los grandes protagonistas judiciales de la semana ya no son Rato, Beltrán Gutiérrez o Pedro Antonio Sánchez, sino Cassandra, El Gran Wyoming y Dani Mateo. Es la pescadilla que se muerde la cola, porque el interés que despiertan los “peligrosos” contadores de chistes está desplazando el maloliente atractivo de las corrupciones patrias. Para alivio de los corruptos y de quienes les apoyan, claro, que no tienen precisamente mucha intención de ventilar la casa. Si acaso, pasarle un paño. Y la alerta roja del chiste izquierdoso y canalla corre un tupido velo y levanta una cortina de humo al grito de fuego a discreción.

Por eso, ya no nos preguntamos dónde estará pasando estas nuevas vacaciones Rodrigo Rato, después de haber esquilmado las arcas públicas, las de Bankia, Hacienda y lo que le echaran. Por eso no pienso pasar por alto, por mucho que Aznar nos advierta del apocalipsis, que Rato y otros como él siguen en la calle mientras seguimos conociendo parte de la información de todo lo que nos han robado. Por mucho que sus casos se retrasen, prescriban o aquí no lleguen las condenas más que para los contadores de chistes.

Un chiste malo es oír a “Josemari” decir que todo lo hacía por el interés de España cuando, más allá de la Gürtel o la invasión de Irak, la última es que privatizaron las grandes empresas públicas y, además de poner al frente a unos cuantos amigos, Rato ponía el cazo para, según relata la Guardia Civil, facturarles millones de euros a través de un entramado de empresas familiares. Luego tampoco declaraba a Hacienda.

Como diría Eugenio, “saben aquel que diu”, que Aznar posaba para la foto disfrazado de Rodrigo Díaz de Vivar, “el Cid”, pero tuvo a otro Rodrigo, el del “milagro español”, que multiplicaba el pan de los españoles en forma de millones que se metía a la saca. Por aquel cepillo también pasaron, indica la benemérita, la Telefónica de Villalonga, la Tabacalera de Alierta, el BBVA de Francisco González o la Endesa de Pizarro. Por cierto, la eléctrica que pagó la cifra más abultada y enchufó también después al propio Aznar. Amigos para siempre (means you'll always be my friend).

Estos tejemanejes indignan. Y que sigan impunes más. Pero qué malo es contar chistes. Y si son sobre el franquismo, ni te cuento. Por eso, si tanto molestaba la indignación, solo faltaba que dejásemos también de reírnos. Con lo español que es reírse hasta de nuestras miserias. Y bien que lo saben los guardianes de la españolidad. Riámonos. Al mal tiempo, buena cara. Aunque solo sea porque el miedo sería un síntoma de que nos las están partiendo y ponemos la otra mejilla.

La banda armada ya es una banda desarmada. No existe el concepto jurídico de banda desarmada que ya no delinque. Es evidente que las circunstancias han cambiado y no tiene sentido pretender que no lo han hecho y menos asegurar que esto no sucederá hasta que se cumplan una serie de requisitos que el Estado de Derecho no exige a nadie.

Más allá de los muertos y la sangre y el terror y la división de una sociedad, el terrorismo de ETA nos ha infligido otros daños. No es el menor de ellos la creación de toda una estructura legal excepcional para combatirlo. En España se ha plantado cara al terrorismo con las leyes -la mayoría de las veces- pero es necesario recordar que con leyes especiales y con restricciones de derechos y libertades excepcionales y diferentes. En otras ocasiones, bochornosas y dolorosas, se ha hecho saltándose el Estado todas esas barreras de la legalidad para comportarse como un delincuente tan terrible como ellos. El terrorismo de Estado fue un episodio terrorífico del que sí parece haber muchos dispuestos a pasar página.

No es baladí recordar que de alguna manera nuestras instituciones jurídico-políticas dieron por bueno que en la lucha contra ETA el fin justificaba los medios, y que muchos de esos medios pasaron por armar una legalidad ad hoc que resultara práctica y efectiva para defender a la sociedad de un ataque que pretendía subvertir nuestros propios principios de convivencia. Se creó un tribunal especial, se adaptaron las leyes para permitir periodos de detención e incomunicación especiales, se admitieron cuestiones que se salvaron constitucionalmente con mucha voluntad -como las escuchas a los presos cuando comunicaban con sus abogados- y se saltó sobre el reglamento penitenciario para distribuir a los presos de forma dispersa y alejada de su lugar de origen.

Si toda esa armazón de lucha contra el terror producía aún algún efecto socialmente inaceptable -como la llegada legal de la excarcelación de algunos sanguinarios terroristas- se creaban doctrinas especiales que eran tan ad hominem que recibían nombre como la “Doctrina Parot”.

Cuando se descubrió que una parte importante del éxito de los asesinos tenía que ver con la existencia de una población de referencia que les proporcionaba sustento logístico, económico y moral; nació la teoría de los círculos de apoyo. Las actividades policial y judicial se dirigieron hacia el entorno para cegar vías de financiación y estrangular las actividades terroristas. El avance en los círculos fue muy eficiente, pero llegó a expandirse tanto que se precipitó a terrenos pantanosos, llegando incluso a aproximarse a una identificación entre quienes tenían una determinada ideología y quienes mataban para imponerla. Hubo episodios vidriosos y se llegó al cierre preventivo de diarios y otros negocios de los que luego los propios tribunales afirmaron que nada tenían que ver con ETA.

La banda está desarmada e inactiva. La disolución puede producirse de forma explícita o convertirse en una dilución. La cuestión es si vamos a comenzar ya -ahora que el Estado de Derecho no está amenazado- a recobrar la normalidad y a recuperar esos fragmentos de legalidad y de derechos y libertades que hemos dejado por el camino. Lo digo porque tipos penales con un encaje muy forzado en democracia se están aplicando ahora alegremente a ciudadanos que no tienen nada que ver ni lo han tenido nunca con la ya banda desarmada. Comenzamos haciendo un artículo para evitar que les bailen aurreskus a los ex presos y terminamos mandando a la cárcel a Cassandra. 

Por supuesto, está la cuestión de las víctimas que en ocasiones también se han sentido víctimas del sistema. Empatía, amor y cariño para ellas porque soportaron sobre sus espaldas el peso de no consentir que el asesinato cambiara nuestra forma de vida. Honor a ellas. No obstante, eso no significa que, como actores políticos o jurídicos, sus opiniones deban tener más peso o regir las decisiones que se adopten. Una víctima de cualquier delito nunca puede ver la realidad de forma objetiva ni se lo vamos a pedir.

No obstante, es preciso recordar que el objeto de la Justicia no es ni debe ser la venganza, y que muchas veces las decisiones que se deben tomar en términos de Derecho no son las que más agradan a la víctima de ningún delito.

Hubo un momento histórico en el que las víctimas se convirtieron en actores políticos y se dotaron de una voz común para intervenir en la vida pública. También hubo responsables políticos que utilizaron tal activo en su favor. Ahora que la violencia ha cesado, hay voces que afirman que el proyecto totalitario de ETA está “presente en las instituciones” o que “si no se derrota el proyecto político que sirve para matar, estaremos enseñando que matar sirve para algo”. Siento disentir en esto, que es pura política, de esas voces. La frase que nos ha acompañado en todo el valle de lágrimas que hemos atravesado como sociedad y como individuos ha sido: “en democracia no se puede matar para defender una idea”, pero nada sobre que algunas ideas estén proscritas en sí. Conviene pues no confundir que ETA quisiera imponer una idea matando -algo inaceptable- con el hecho de que tal idea no sea legítima y pueda defenderse de formas democráticas.

Veremos si los presos de ETA acaban por aceptar las posibilidades legales que les ofrece el sistema -hasta ahora la propia organización les instaba a no hacerlo- y en ese caso, la sociedad asistirá a cómo sus realidades penitenciarias se van aproximando a la del resto de los presos. Es preciso también acabar con una medida de conveniencia y utilitarista pero anómala como es el alejamiento de las cárceles próximas al País Vasco de estos reclusos. Deberíamos asumir también que personas sin delitos de sangre puedan acercarse a la jurisdicción para obtener sentencias de acuerdo y poder regularizar su situación.

A ningún preso se le exige que se arrepienta. Cada día salen de las cárceles asesinos que no han mostrado el mínimo atisbo de arrepentimiento y empatía pero que han cumplido su condena. Eso mismo es predicable también de los presos etarras. Si lo hacen, si colaboran de alguna manera, podrán obtener los beneficios al uso. La normalidad debe instalarse. No por ellos, no me malinterpreten, si no por todos los demás.

No escribo esto para defender el bienestar o los intereses de los terroristas si no los de una sociedad que ha tenido en su seno un tumor que ha sido extirpado y cuyo sistema inmunológico debe volver, poco a poco, a ser el de una sociedad sana. El camino está por andar, pero estamos ya en marcha.

No soy una máquina expendedora de opiniones a demanda. No estoy obligada a poner tuits de repulsa o a rasgarme las vestiduras cada vez que las redes sociales lo requieran

Yo, me van a perdonar, no condeno por decreto. Yo no condeno por obligación, no condeno a demanda. Yo, si no quiero, no condeno ni muestro mi repulsa ni pongo un tuit o escribo una columna. Estoy en mi derecho. Parecerá absurdo tener que referirse a ello pero la presión que la libertad de expresión sufre en nuestro país no sólo se cifra en la represión de las conductas o de los escritos realizados sino también en la imposición de una obligatoriedad social de pronunciarse contra determinados hechos. No condenar es también parte de mi libertad de expresión que incluye la de no tener que pronunciarme por obligación.

El derecho a no opinar sobre lo que no se desea, a no adscribirse a una corriente mayoritaria, a permanecer en la indiferencia o a mantener en nuestra intimidad nuestra opinión o la falta de ella forma parte también de nuestra libertad. Un repaso por las formas más extremas de crueldad y de fascismo de la historia de la humanidad nos demuestra cómo, en muchos casos, la tortura o la represión no se utilizaban sólo contra los que se manifestaban públicamente contra el discurso establecido sino también para obtener de los disidentes la repetición del discurso dominante. Doblegarles hasta conseguir que opinaran lo que no pensaban o aquello sobre lo que ni siquiera se habían formado opinión. Puro fascismo.

La exigencia de la repulsa se ha convertido en una intolerable presión sobre el individuo y los grupos en la sociedad actual. Se utiliza como arma para no asumir los hechos que son contrarios al propio pensamiento y así se impreca al que piensa distinto “¡ya, pero no vi que condenaras....!” pretendiendo que tal delito, el de la falta de condena, invalida la expresión de aquella que sí te sale de las vísceras.

Esa obligatoriedad de la expresión se encuentra también de forma incomprensible en forma de sentencia. Los magistrados que condenaron a Cassandra por sus tuits se descuelgan afirmando en su resolución, para contextualizar los hechos dicen, que la tuitera se refirió hasta en cuatro ocasiones a ETA “sin denigrarla” como si cualquiera deviniera obligado, para ser un ciudadano de bien, a intercalar un “asquerosa banda de asesinos” cada vez que mencione a la organización terrorista. Siento explicarles a los magistrados que eso tiene poca cabida en un titular, es demasiado largo. Ironías aparte, dejo constancia de haber escrito lo de asquerosa banda, no sea que yo tampoco entre en su norma.  

Lo mismo nos constriñen aquellas tendencias que pretenden forzarnos a condenar con la misma intensidad cualquier atentado cometido en cualquier lugar del mundo como si hubiera sucedido en nuestro entorno o a la puerta de nuestras casas. La realidad nos percute en el ánimo en tanto en cuanto que se aproxima a nuestra vivencia personal. El hombre teme sobre todo su propia muerte y su propio sufrimiento y, por tanto, tiende a empatizar más con todo aquel suceso trágico que también podría haberle sucedido a él. Busca respuestas, quiere protección porque teme que algún día se vea concernido por hechos similiares. Nada más humano.

Los periodistas estudiamos en nuestras primeras lecciones una regla inmutable de la noticia, el interés, y aprendemos que los grados de interés noticioso vienen determinados por la actualidad, la novedad, la proximidad y la relevancia. Algunos añadirán el interés humano que no es otro que el compendio de los anteriores. La proximidad. No es de malnacidos ni de hipócritas estremecernos cuando las bombas asuelan París y no hacerlo tanto cuando lo hacen en África o en otros lugares remotos.  

Es ese el motivo de que me preocupen más los ataques a la libertad de expresión en nuestro occidental y democrático país que la represión a los blogueros iraquíes. No digo que no me preocupe pero me ocupa menos, y estoy en mi perfecto derecho. Metida en este camino internacional les diré que nunca he condenado ni a Maduro ni ninguno de los sucesos de Venezuela –tampoco los de Paraguay pero eso no le importa a nadie– sobre todo porque no tolero imposiciones sobre mis pronunciamientos y menos cuando se trata de maniobras para defender intereses políticos cercanos, muy cercanos.

No pienso hacerlo, y no sólo porque mi ocupación en otras muchas áreas de interés no me haya dejado tiempo para analizar en profundidad un sistema como el venezolano que no conozco del todo, sino sobre todo porque quiero opinar de lo que me salga de las narices o de lo que por motivos profesionales me sea requerido y quiera. No soy una máquina expendedora de opiniones a demanda. No estoy obligada a poner tuits de repulsa o a rasgarme las vestiduras cada vez que las redes sociales lo requieran.

No, no quiero ser una borrega. Quiero conservar mi derecho a clamar, a apasionarme, a luchar o a pelear por aquello que de verdad me sale de lo más profundo. Es seguro que me dejaré en el camino muchas guerras justas, muchas batallas en las que merece la pena estar, pero somos humanos y no podemos intentar abarcarlo todo so pena de dispersarnos en un pensamiento líquido y delicuescente; un pensamiento melifluo con el poder de la opinión mayoritariamente expresada.

La libertad es un territorio que además de externo es interno. Debemos pelear para que el poder no nos restrinja el ámbito exterior pero, y no menos importante, debemos luchar para conservar siempre la libertad de espíritu.

Yo, y no tengo que pedir disculpas por ello, no condeno.

El grupo municipal de Participa, convergencia electoral de la agrupación de electores promovida por Podemos, versionea una chirigota denunciando que "los chistes sobre Carrero aquí los jueces los pillan volando"

Cantan que "es un delito cachondearse de alguien que llegó tan alto" mientras "los jueces aquí por robar no mueven un deo", defendiendo que #TodosSomosCassandra

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, justifica la condena a un año de prisión a Cassandra por sus tuits sobre Carrero Blanco. Así lo ha defendido en la sesión de control al Gobierno en su respuesta al diputado Alberto Garzón. “No queremos vivir en la época de Franco, de Carrero Blanco; no queremos que hacer un chiste nos lleve a la cárcel”, le ha dicho el dirigente de IU. 

Catalá ha defendido que el Código Penal proteja a las víctimas del terrorismo y ha pedido a Garzón que no confunda el enaltecimiento del terrorismo con la humillación a las víctimas. “Hemos establecido la protección a todoas las víctimas”, ha expresado el titular de Justicia: “Seguro que para menores nos parece bien o para defender a los grupos minoritarios”.

“¿Qué nos pasa con las víctimas del terrorismo? ¿Se les puede humillar? Por eso han sido condenados”, ha dicho Catalá sobre los casos que se conocen hasta el momento de tuiteros condenados, como Cassandra. El ministro sostiene que no comparte con Unidos Podemos los “planteamientos” sobre los límites. “Si considera que Andrés Bódalo es un preso político o que la Guardia Civil mata inmigrantes en la frontera de Melilla no coincidimos en planteamientos”, ha dicho Catalá. “Las redes no pueden ser usadas para humillar”, ha zanjado. 

Garzón ha asegurado que la “ambigüedad jurídica” por la que se condenan unos casos y no otros es fruto de una modificación legislativa del PP que, a su juicio, permite una lectura del Código Penal u otra en función de si el tribunal es “conservador” o no. El dirigente de IU ha emplazado al Gobierno a impulsar un cambio en la ley para “evitar que la libertad de expresión sea coartada”. 

“La UE propone modificar ese artículo [578 del Código Penal] para evitar esa ambigüedad jurídica y que solo se puedan tipificar aquellos tipos que lleven a cometer un delito de terrorismo. Es una lacra que hemos sufrido unos u otros de alguna manera”, ha dicho Garzón, que en ese momento ha sido interrumpido por la bancada popular. La presidenta del Congreso ha llamado al orden.

“Me crié sabiendo que un tío mío tenía que ir con guardaespaldas y pistola por estar amenazado por ETA”, ha dicho el diputado de Unidos Podemos, que ha dicho que aún así no se pueden recortar derechos. “No queremos vivir en la época de Franco, de Carrero Blanco; no queremos que hacer un chiste nos lleve a la cárcel”.

En su primera intervención, el ministro de Justicia ha asegurado que “el Gobierno no considera que se esté produciendo ningún ataque a la libertad de expresión y mucho menos como consecuencia de la legislación vigente. Catalá ha emplazado a los grupos que impulsen una reforma si lo consideran oportuno: ”Aquí está este Parlamento“, ha dicho. Unidos Podemos es partidario de eliminar el delito de enaltecimiento del terrorismo. El PSOE abrió la puerta a modificarlo tras la condena a Cassandra. 

Amparo Císcar, concejal popular en Paiporta (Valencia), alega a la "libertad de expresión" contra las críticas a sus mensajes "transfóbicos"

Los ataques del PP a Cassandra Vera, la tuitera condenada a un año de prisión por sus tuits sobre Carrero Blanco, continuan. Una concejal del partido en Paiporta (Valencia) se ha valido de una noticia sobre comentarios antiguos de la joven de Murcia para referirse a ella con el siguiente comentario en Facebook: “Pero esta cosa con bigote de dónde ha salido...? Que hartazgo por Dios!”

El comentario de Amparo Ciscar Navarro ha sido criticado tanto en la red social como por fuerzas como Compromís por su tono despectivo hacia Cassandra y la comunidad transexual. Los valencianistas lo han calificado de “transfóbico”, aunque la concejal del PP lo niega. Y alega a la libertad de expresión.

El PP de la Comunidad de Madrid ya recuperó tuits de Cassandra -en los que la joven expresaba opiniones críticas sobre los niños como “cuantos más niños veo, más asco me dan”- para arremeter contra su deseo de ser profesora. La tuitera y su defensa habían señalado en varias ocasiones que la condena, que incluye siete años de inhabilitación para empleo o cargo público, le impediría ejercer la docencia en centros públicos.

Este lunes eldiario.es ha organizado un debate sobre la libertad de expresión tras la condena a Cassandra Vera. Bajo el título “Libertad de expresión y el caso Cassandra” se han reunido en el madrileño Espacio Ecooo, moderados por Andrés Gil, jefe de Política de eldiario.es, la abogada Isabel Elbal; Yolanda Quintana, de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI); los humoristas Facu Díaz y Darío Adanti; y la propia afectada, Cassandra Vera.

“Hay que tener en cuenta que la libertad de expresión da cabida a este tipo de expresiones”, ha afirmado Quintana en relación a los tuits por los que ha sido condenada Vera. “Estamos exigiendo que se deroguen ese tipo de delitos en el código penal, porque creemos que vulneran los parámetros internacionales sobre libertad de expresión”, ha añadido. 

El debate se ha centrado en denunciar la dura legislación que se ha aprobado en España en los últimos años. “Cuando el terrorismo no es una amenaza real y este tipo de expresiones no tienen vinculación con amenazas reales los datos de encausados crecen”, ha afirmado Quintana. “Los derechos fundamentales”, ha añadido, “no se negocian, se respetan”. 

En la misma línea se ha expresado Elbal, quien se ha preguntado si en una sociedad democrática “es legítimo que se criminalice la libertad de expresión”. “Hay una política propagandística del partido de gobierno que está perdiendo votos”, ha asegurado Elbal ante la proximidad de varias operaciones Araña con las elecciones y ante la constancia de que no hay “cuatro procedimientos por cada fase de la Operación Araña, sino 76 causas, una por cada detenido”.

Esta afirmación ha sido apoyada por Facu Díaz. “Es evidente que hay una campaña cuando desde el partido de gobierno se lincha a una persona que está condenada”, ha afirmado el humorista en referencia a los tuits publicados desde la cuenta del PP madrileño con capturas de viejos tuits de Vera. 

“Enfocar esto en un debate sobre los límites del humor es peligroso. Dejar en mano de un juez lo que es humor o no es peligroso”, ha continuado Díaz, quien se pregunta si es normal que un tribunal “como la Audiencia Nacional juzgue delitos de opinión”. “Lo mínimo sería que estos delitos no se juzgasen por la vía penal”, ha sentenciado.

“No es lo mismo un símbolo que lo material. La ley está para juzgar lo realmente comprobable materialmente”, ha añadido Darío Adanti. “¿Cómo hace un juez para juzgar que yo he herido lo sentimientos de una persona?”.

“El problema con la libertad de expresión, y quiero hacer una pequeña autocrítica,  es que somos la propia izquierda los que estamos dando de comer a esos recortes a la libertad de expresión”, ha continuado Adanti. “La libertad de expresión no es solo defender los chistes que nos gusten a nosotros”.

Cassandra Vera, quien ha agradecido el apoyo recibido durante los últimos días, ha recalcado que organizaciones como Amnistía Internacional “están poniendo el grito en el cielo no solo por mi caso sino por el uso que se le está dando al delito de enaltecimiento del terrorismo”. 

En el turno de intervenciones del público, el abogado Gonzalo Boye, colaborador de eldiario.es, ha asegurado que el “auténtico problema es que las redes sociales han dado altavoz al ciudadano de a pie y el sistema no estaba preparado para que cualquiera pudiese opinar”. 

Boye también ha arremetido contra el juez que ha redactado la sentencia por su constante referencia a Cassandra por su antiguo nombre. “No le han respetado ni el derecho a ser mujer”.

Por favor, si algún periodista se cruza con Rajoy en los pasillos del Congreso, acérquele el micrófono y pregúntele qué opina sobre los límites del humor. Una “marianada” es lo único que me falta por escuchar en este urgentísimo debate en que andamos periodistas, tertulianos, políticos, jueces y “expertos”. Señor Rajoy, ¿qué opina sobre los límites del humor? “Pueeees, el humor es una cosa muy buena, en esta vida es importante tener buen humor, pero tiene que haber unos límites como todo en esta vida, que las cosas que no tienen límites ya se sabe cómo terminan…”

¿En serio estamos debatiendo estos días sobre “los límites del humor”? Un tema guadianesco, que reaparece en cada descarrilamiento (Zapata, Charlie), pero que estos días se ha desbordado estrepitosamente. Mi estupor no viene de que haya otros límites más urgentes que debatir antes que los del chiste (los límites al beneficio bancario sería un buen tema de debate). La discusión sobre el humor y sus límites nunca es ociosa, no es típica de sociedades aburridas, faltas de conflicto y con todos los límites importantes resueltos, sino todo lo contrario: es la señal más evidente de que vamos mal, muy mal. La campana de emergencia que aconseja buscar los botes salvavidas. Porque no nos engañemos: la pregunta de estos días no es si el humor tiene límites, sino por qué no los estrechamos un poco más.

Claro que el humor tiene límites, y quien mejor lo sabe es el humorista satírico, que trabaja siempre en alguna frontera, negociando su espacio en ese filo, tensando y estirando la cuerda hasta casi romperla, desplazando la línea roja un milímetro en cada chiste, estrellándose a veces en el intento. El humorista siempre está asomado a esa barandilla, conoce el riesgo, y cuando se aventura a cruzarla de un salto, sabe que su transgresión tendrá consecuencias: que no se rían de tu chiste. Que te lo afeen, que te lo devuelvan. Que no te escuchen más, que no vayan a tu espectáculo, que apaguen la tele. Que te despidan (pues, como el periodista, el primer límite para el humorista está en la propiedad del medio donde interviene). A veces consecuencias violentas: que te tiren algo, que te esperen a la salida, que te pongan una bomba en el camerino, como a Leo Bassi. Que te linchen en redes y periódicos. Que te asesinen, sí, también (y por eso no nos metemos con Mahoma, obviamente). O que te apliquen el código penal.

Si un chiste que hace treinta años provocaba risas, hoy te lleva al banquillo, estamos peor de lo que creíamos. Y no hablo de Cassandra (que además no es humorista, lo que hace más sospechoso el debate), ni de los chistes de Carrero, sino de buena parte del humor más bestia de los setenta y ochenta, que hoy escandaliza más que entonces.

Se supone que los chistes transgresores, pasado el tiempo, acaban desactivados y aceptados por unanimidad, pero aquí está pasando lo contrario: nuestra tolerancia al humor se ha ido achicando. Se suponía también que, como explica Manel Fontdevila en “No os indignéis tanto”, las transgresiones humorísticas han servido históricamente para ensanchar el cauce de la libertad de expresión, tanto más cuanto mayor sea la transgresión. Pero de un tiempo a esta parte sucede lo contrario: cada colisión estrecha y endurece el cauce un poco más.

Y no, amigos, la principal amenaza no viene de la caverna política, mediática o judicial. Somos todos, somos nosotros: nos hemos convertido en un país de ofendidos y ofendibles, de gallegos que protestan por chistes de gallegos. Incluida la que Dario Adanti, en su inteligentísimo “Disparen al humorista”, llama “la izquierda hipersensible”, a menudo tan empeñada como la derecha en encauzar lo humorístico y marcar líneas rojas. Una sociedad permanentemente escandalizada que exige disculpas, censuras y sanciones a todas horas. Hasta cuando defendemos al humorista perseguido nos preocupamos por subrayar que sus chistes son “de mal gusto”, no sea que alguien piense que nos hizo gracia. Ja.

El secretario de Estado de relaciones con las Cortes ha acusado a Compromís de acudir a las instituciones a defender a “sus fascistas”. José Luis Ayllón, responsable del Gobierno, ha respondido así a una pregunta del senador de la formación valenciana, Carles Mulet, que aludía a su vez a la petición de indulto para Cassandra.

Mulet preguntó en el Senado cuántas ayudas había recibido la Fundación Francisco Franco y hoy ha ironizado sobre si el Gobierno es laxo con esta fundación porque no escribe tuits. El senador hacía mención así a la solicitud de su compañero en el Congreso, Joan Baldoví, para que el Ejecutivo anule la pena de un año de prisión y siete de inhabilitación para una mujer que escribió varios chistes sobre Carrero Blanco.

Ante estas preguntas, el secretario ha respondido lo siguiente: “A mi los fascismos me molestan todos: el de la fundación Francisco Franco y el de algunos tuits en el que se es contrario a la cortesía razonable”. Estoy en contra de todos los fascismos, lo que no me parece bien es que se venga aquí a comparar unos fascismos con otros“, ha concluido Ayllón.

Respecto a las subvenciones de la fundación, el representante del Gobierno ha asegurado que dejó de recibir ayudas públicas hace 14 años.

El PP de la Comunidad de Madrid ha recuperado tuits de Cassandra -en los que la joven expresaba opiniones críticas sobre los niños como “cuantos más niños veo, más asco me dan”- para arremeter contra su deseo de ser profesora. La tuitera y su defensa han señalado en varias ocasiones que la condena a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público le impediría ejercer la docencia en centros públicos.

“¿Han arruinado su sueño de ser docente? Más bien parece que le han librado de una pesadilla”, ha criticado el PP madrileño desde su cuenta de Twitter. La estudiante de Historia ha replicado aludiendo a los recortes en las partidas de Educación: “A vosotros que recortáis en educación os gustan más, ¿no?”.

El comentario del PP de la Comunidad de Madrid ha provocado la respuesta de otros tuiteros. Entre ellos, el humorista Facu Díaz, juzgado en 2015 ante la Audiencia Nacional por un chiste denunciado por “humillación a víctimas de terrorismo”, que ha criticado que “el partido del Gobierno” participe en “el acoso a una veinteañera”.

De “estúpida y cruel como su fiesta de los toros” calificó el genial Luis Cernuda la “existencia española”. Y así seguimos, permaneciendo en la estupidez y en la crueldad como si la existencia no hubiera avanzado aquí desde aquellos años 60 en los que el poeta publicó Desolación de la quimera, que contiene esos versos en el poema 'Díptico español'. La última estúpida crueldad ha llegado en forma de impuestos: el IVA a las corridas de toros se ha rebajado al 10%, mientras el cine seguirá tributando al 21%. La explicación del ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, es que los toros constituyen un “espectáculo en vivo”, como los conciertos, el teatro o la danza, que también han visto reducido su gravamen. Pero resulta estúpida y cruelmente paradójico que se considere espectáculo en vivo una práctica que consiste en matar y cuyos artífices son conocidos con el nombre de matadores: otra burla de los señoritos con cartera. Y, aun en términos fiscales, comparar el crimen de los toros con la música en vivo, el teatro o la danza es un insulto a músicos y cantantes, actores y dramaturgos, bailarines y coreógrafos.

La bajada del IVA a las corridas de toros no es una ocurrencia más de estos Gobiernos del PP, sino la chulesca ratificación de que, con sus leyes, la estupidez y la crueldad siguen rigiendo nuestra existencia. En un Estado cuya Audiencia Nacional condena chistes sobre Carrero Blanco, militar franquista que fue eliminado porque representaba la continuidad de una dictadura inaceptable (que mató poetas o los obligó, como a Cernuda, al exilio, y que no ha sido juzgada), el aparato político y judicial no condena a quienes jalean y perpetran el vil martirio de los animales. La Ley Mordaza y el fomento de la tortura animal son estupideces y crueldades que se inscriben en el mismo relato sin fin de la España más negra, y por eso son los mismos quienes ahora siguen escribiéndolo.

Bajar el IVA a los toros es legitimar los reglones de sangre de nuestra historia, y sus autores están identificados. No es casualidad que quien inició este inmoral proceso fuera uno de los ministros más vergonzosos de todos los tiempos: José Ignacio Wert. Siendo ministro de Cultura, aprobó el Plan Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia (PENTAURO), prometiendo una rebaja fiscal a los empresarios de la muerte: la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET), que preside el francés Simón Casas, o la Unión de Criadores de Toros de Lidia, que preside el ganadero Carlos Núñez. Cabe recordar que estos perversos criadores de víctimas crearon en 2015 la Fundación del Toro de Lidia con el objeto de frenar un abolicionismo imparable, y que echaron el resto contratando a un bufete de relumbrón para perseguir antitaurinos por la vía judicial. Un esfuerzo en el que han fracasado: no es solo que las personas abolicionistas no seamos delincuentes y no puedan echarnos su guante ensangrentado, sino que la historia asumirá que es su violencia la que constituye delito. Tiempo al tiempo, aunque sea eterno para sus muertos.

La promesa del incapaz Wert quedó pendiente y la ha cumplido ahora el nuevo secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, un ultra de la tauropatía que en 2013 reactivó en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte una Comisión de Asuntos Taurinos que llevaba 14 años inactiva. La obsesión de Benzo era bajar el IVA a los toros, con la intención de frenar la agonía de un sector que necesita del apoyo económico porque ha perdido el apoyo social y el tren de los tiempos. Teniendo en cuenta lo que los conciertos, el teatro o la danza han importado históricamente a los responsables de la cultura del PP, no me sorprendería que el secretario de Estado haya aprovechado sus reivindicaciones solo para favorecer a los maltratadores de toros. Tampoco es casualidad que el tal Benzo dirigiera la Oficina de Santiago Calatrava (ese arquitecto…) y llegara a estar imputado en una de sus causas, que fue archivada. Otro asunto.

El maltrato animal de los espectáculos taurinos mancha la imagen de España en el exterior, como demuestra un amplio estudio realizado por Cambridge University Press, pero el Gobierno del PP sigue empeñado en defender el cortijo de los maltratadores. Al escándalo del IVA se une la indignante y esperpéntica concesión por vía extraordinaria de la nacionalidad española a un torero peruano. Dice el gobierno que lo ha hecho porque el peruano es “defensor y promotor de la fiesta de los toros” y, por tanto, está en “sintonía con los valores sociales de nuestro país”. Se me ocurren pocas falacias tan descaradas, teniendo en cuenta el rechazo mayoritario de los españoles por la tauromaquia. Y se me ocurren pocos descaros más ofensivos, teniendo en cuenta que hay menores nacidos en España y acogidos por familias españolas a los que no se concede la nacionalidad española porque sus padres biológicos no lo son. Más de 100.000 firmas piden la nacionalidad para ellos. Pero, claro, solo son niños, y a este Gobierno de capillitas le importan más los toreros que los niños.

Benzo el tauricida preside además el Consejo de Administración de Acción Cultural Española (AC/E). Como tal, será comisario general del pabellón de España en la 'Expo Astana 2017, Energía para el Futuro', que se celebrará entre los próximos 10 de junio y 10 de septiembre, y que “tiene como objetivo reevaluar nuestra actitud hacia la energía y su consumo”. En una vuelta de tuerca más de la burla de este Gobierno, nuestro flamante pabellón llevará el nombre de 'Energía para el Planeta' e invitará a sus visitantes “a viajar por el espacio y el tiempo para descubrir cómo y por qué España se ha convertido en líder indiscutible en la utilización de energías renovables, en su implantación e investigación”.

En fin, Benzo es el comisario de esta otra tomadura de pelo de los del PP. La estafa con recochineo de quienes mantienen el 'impuesto al sol' pero bajan los impuestos a los toros. Benzo, el compinche de los taurinos que reciben ayuda para matar, es el mismo Benzo compinche de las eléctricas y el oligopolio, que impiden el autoconsumo y el desarrollo de las energías limpias. Tres formas de violencia: contra los animales, contra el planeta que da título al pabellón de Astana y contra los ciudadanos. Las violencias de quienes Cernuda acusó de “enemigos enconados de la vida”. Los que condenan al cine a la asfixia económica y condenan a Cassandra a prisión e inhabilitación por hacer chistes sobre un garante de la dictadura franquista. Será que estos del PP sí eran amigos de la vida del almirante. De su estúpida y cruel existencia.

Algo muy básico se ha roto en nuestra concepción del derecho a la libertad de expresión cuando tanta gente necesita empezar su crítica a la peligrosa sentencia que condena a Cassandra Vera dejando claro, ante no se sabe muy bien quién, su repulsa por sus tuits, su humor e incluso el personaje. Hasta donde yo recuerdo, ni el mal gusto debe ser nunca materia penal, ni los derechos van asociados al acuerdo o desacuerdo, o al gusto o disgusto, con quien los ejerce. La libertad de expresión es un derecho fundamental que se tienen y se ejerce, no hay que merecérselo ni ganárselo ante nadie.

Hay tanta necesidad de distanciarse de Cassandra que no pocos comunicadores se han lanzado al periodismo de investigación, exigiendo explicaciones por una supuesta batería de tuits que se presentan como polémicos, desagradables u ofensivos. Puede que no fuera la intención de muchos, pero el resultado ha sido dejar en el aire esa idea de que algún castigo se había ganado porque, en el fondo, tampoco es que parezca muy buena persona o un caso que merezca defensa, simpatía o solidaridad.

Se trata de una novedosa manera de criticar una sentencia que se supone amenaza la libertad de expresión: cargar sobre la víctima la carga de la prueba por cuanto haya dicho, hecho o pensado en su vida y que pueda ser utilizado en su contra. “¿Tiene usted una cierta tendencia a desear la muerte a aquel que no comparte sus ideas?”, llegó a preguntarle Carlos Alsina (Más de uno, Onda Cero, 30/3/2017) convertido en martillo de herejes que puede que no merezcan la cárcel, pero sí una condena.

Otra curiosa manera de defender la libertad de expresión estos días ha sido equiparar la condena a Cassandra con la prohibición de circular al autobús de Hazte Oír, tratándolos como si fueran ejemplos similares de idénticas amenazas para la libertad y la tolerancia. “Yo no hubiera condenado a Cassandra, pero tampoco habría prohibido el autobús de Hazte Oír”, repiten muchos convencidos. Como si fuera lo mismo publicar tus ideas en un medio donde acceder supone una acto voluntario, que ocupar una calle y un espacio público obligándonos a todos a leerlas y escucharlas, nos guste o no. Como si a Hazte Oír la hubieran prohibido usar Twitter, o publicar una web, o editar sus ideas; no simplemente abusar de manera ilegitima de un espacio público.

Dejo para el final mi favorita en cuanto a maneras novedosas de defender la libertad de expresión. Me refiero a aquellos que, mientras claman por la libertad de expresión, denuncian en quienes defienden a Cassandra una peligrosa y antidemocrática tendencia a justificar el uso de la violencia. Un remake del clásico truco del represor donde el problema nunca es la libertad pero el peligro siempre son las ideas. Como si defender la libertad de expresión de alguien obligase automáticamente a validar o ser solidario con sus opiniones.

Vean el perfecto ejemplo ofrecido por Jorge Bustos en El Mundo (“Condenada Casandra”, 1/4/2017): “…El debate derivó pronto de la defensa de la libertad de expresión, que ampara el humor más negro –debate que no existía porque todos allí estábamos de acuerdo-, a la justificación de la violencia como partera de la historia, como agente democrático. Esa idea tan arraigada en el alma del buen rojo español de que ETA es buena cuando asesina a Carrero y deja de serlo cuando vuela un Hipercor…”. Una certeza tan moralmente intrépida que bien podría encajar en esa tradición de presunta superioridad ética tan arraigada en el alma del buen facha español según la cual lo de Franco fue en realidad una dictablanda, tampoco mató tanta gente y alguien tuvo que poner orden porque la mayoría de los españoles no estábamos educados o preparados para la democracia.

No sé muy bien qué defienden, pero no creo que sea la misma libertad de expresión, ni siquiera se le parece.