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El Congreso admite a trámite la ley LGTBI con la abstención del PP

El pleno ha aprobado la toma en consideración del proyecto con 200 votos a favor, dos en contra, entre ellos el exministro Jorge Fernández Díaz, y 124 abstenciones

La mayoría de formaciones se ha comprometido a introducir cambios durante el periodo de enmiendas para que el texto sea "más ajustado a derecho"

"Hoy decidimos si queremos una sociedad más diversa, más rica, más justa" ha asegurado la diputada de Unidos Podemos Mar García Puig

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El Congreso da luz verde a la propuesta presentada por Unidos Podemos

La primera ley estatal de derechos LGTBI ha dado su primer paso. El pleno ha aprobado este martes la toma en consideración del texto, defendido por Unidos Podemos, lo que supone que continuará el trámite parlamentario. La Cámara ha dado luz verde al proyecto con 200 votos a favor, dos en contra y 124 abstenciones, entre ellas la del Partido Popular, que ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad. El exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y el diputado de UPN Iñigo Jesús Alli Martínez han sido los dos parlamentarios que han votado en contra.

La mayoría de grupos han defendido la necesidad de una normativa que establezca un marco para combatir la LGTBIfobia, pero han reiterado su intención de introducir cambios para que sea un texto "más cohesionado, más coherente y más ajustado a derecho", ha afirmado la diputada socialista María Dolores Galovart. La parlamentaria ha hecho hincapié en que se trata de "un punto de partida" que requiere de "mejoras técnico jurídicas".

Muchas de las formaciones han evocado la memoria de los activistas históricos y actuales LGTBI y han dado las gracias "a todas aquellas personas que no han tenido miedo", ha esgrimido la diputada de En Comú Podem, Mar García Puig, que ha echado en cara al PP su asistencia a la manifestación del pasado Orgullo en Madrid, mediante la cual se comprometieron a apoyar la proposición: "Vemos claramente lo que ha durado su compromiso. El tiempo de una foto", ha dicho.

Puig ha insistido en que las medidas que propone el texto –educativas, laborales, sanitarias...– tienen por objetivo enfrentar "la lgtbifobia que está presente en el sistema y emana muchas veces de las propias estructuras del Estado". "Hoy decidimos si queremos una sociedad más diversa, más rica, más justa", ha sentenciado. Un proyecto, ha dicho Sofía Castañón, de Unidos Podemos, que "cambia la vida de las personas LGTBI" porque "recoge en papel la defensa de un colectivo históricamente maltratado".

Entre otras claves, la norma –redactada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (FELGTB)– incluye un plan educativo en diversidad, el diseño de un protocolo para luchar contra el acoso homófobo y tránsfobo en las escuelas, medidas para prevenir los delitos de odio y atender de manera integral a las víctimas, elimina el requisito del matrimonio para las mujeres lesbianas que quieren inscribir a sus hijos e hijas en el Registro Civil, prohíbe las terapias de conversión y despatologiza la transexualidad. 

La diputada de Ciudadanos, Patricia Reyes, ha alabado los "puntos muy positivos" que incorpora el documento y ha reivindicado su aprobación porque la discriminación al colectivo LGTBI "sigue existiendo". "Todavía hay demasiados niños que van aterrados al colegio porque temen la burla de sus compañeros, adolescentes que se suicidan y personas prácticamente invisibilizadas, como las intersexuales y bisexuales".

Las críticas que sobrevuelan los apoyos 

Al mismo tiempo Reyes ha lamentado los "graves defectos" que a su juicio contiene y que "se deberían corregir". Reyes ha hecho referencia a "las prisas" con las que, en su opinión, Unidos Podemos ha registrado la ley y le ha echado en cara "la utilización partidista que pretende hacer de determinados asuntos".

Por su parte el PP ha calificado el texto de "chapucero" y ha manifestado su "rotunda oposición" al mismo, aunque no ha bloqueado su tramitación porque presentará una enmienda a la totalidad con una ley general antidiscriminación, ha afirmado su diputada Marta González. Entre otras cosas, los conservadores han criticado la creación de una Agencia Estatal que, entre otras cosas, se encargará de "la inspección, instrucción, resolución y ejecución de los expedientes sancionadores".

Precisamente es esta, la parte sancionadora de la ley, la que más polémica ha levantado desde su registro. En concreto, el artículo que  posibilita la destrucción, el decomiso o borrado de documentos, libros o artículos por medio de los cuales se haya cometido una infracción y el que prevé multas por expresiones vejatorias u ofensivas "por cualquier medio". La polémica ha desatado la oposición de grupos en defensa de la libertad de expresión y ha generado un debate sobre la forma de conciliar este derecho y la protección de colectivos discriminados.

En este sentido, García Puig ha resaltado que el colectivo LGTBI, "víctima histórica de la represión y el silenciamiento", está dispuesto "a escuchar y a debatir" sobre libertad de expresión, algo que "deberá tratarse en el trámite parlamentario". La diputada confirmó a este diario el pasado lunes que los dos artículos más polémicos serían retirados del texto a través de una autoenmienda que presentará Unidos Podemos.

El discurso más opuesto al proyecto de ley lo ha protagonizado Salvador Armendáriz, de UPN, que ha asegurado que "la sobreprotección de unos pocos generará ciudadanos de primera y de segunda categoría". De esta manera, ha proseguido, "la ideología de género se quiere imponer como modelo de educación sin respetar el derecho de los padres".

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