El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha elevado al Ejecutivo central una propuesta para limitar la compra de vivienda a no residentes después de varios intentos de recuperar la medida sin que nunca haya llegado a materializarse.

Este jueves, el Gobierno regional anunció un borrador de un real decreto ley donde se recogían nueve puntos para restringir la adquisición de inmuebles en el Archipiélago. Entre ellos destaca exigir un mínimo de diez años de empadronamiento ininterrumpido o limitar a dos el número de viviendas que puede adquirir una misma persona.

El objetivo es frenar la presión sobre el mercado inmobiliario, que lleva casi más de una década arrastrando al Archipiélago, y facilitar a los canarios el acceso a una vivienda.

Sin embargo, antes de convertir la limitación de la compra de vivienda por no residentes en una de sus propuestas, Coalición Canaria ha votado varias veces en contra de iniciativas de la oposición que planteaban medidas similares. Tan solo cuatro días después del 20A, NC-BC presentó una moción que contenía una batería de disposiciones para controlar el crecimiento turístico, entre ellas una ecotasa, una moratoria y establecer límites a la compra de viviendas por parte de extranjeros. El argumento de la negativa de CC se centraba en las dificultades jurídicas y en el posible choque con la normativa europea. Dos años después, en plena campaña preelectoral, lo han presentado al Gobierno central.

Clavijo rechazó limitar la compra de vivienda a no residentes tras las elecciones europeas de 2024

Unos meses más tarde, durante la campaña de las elecciones europeas de junio de 2024, el candidato de CC Carlos Alonso convirtió el límite a los nuevos habitantes en su lema. Defendió gravar las compras de vivienda por extranjeros y limitar su adquisición. Pero Clavijo volvió a descartar adoptar esas medidas por chocar frontalmente con uno de los pilares básicos de la Unión Europea: la libre circulación de capitales y la prohibición de discriminar por nacionalidad dentro de los Estados miembros. El Gobierno regional llegó incluso a encargar un estudio para determinar la viabilidad jurídica de establecer esas medidas, pese a que Alonso amparaba que sí eran compatibles con la legislación europea.

La vía europea para limitar la compra de vivienda por extranjeros

Durante la legislatura, el presidente canario ha defendido que cualquier limitación debía contar con respaldo jurídico europeo. Para intentar sortear este obstáculo legal, el Ejecutivo autonómico exploró la vía de su estatus especial dentro de Europa como región ultraperiférica.

Clavijo intentó utilizar el Artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que reconoce que las regiones ultraperiféricas, como Canarias, sufren desventajas estructurales permanentes, para argumentar que la presión inmobiliaria y la falta de suelo en las islas justificaban una excepción histórica que les permitiera vetar las compras de extranjeros.

Para que la medida canaria fuese aceptada por Europa, debía superar dos filtros legales muy complejos. El primero, el principio de proporcionalidad: Canarias tendría que demostrar jurídicamente que prohibir la compra de viviendas es la única medida adecuada para resolver la crisis habitacional y que no existen alternativas menos drásticas y restrictivas. El segundo, la no discriminación por pasaporte: las leyes europeas prohíben explícitamente vetar a un ciudadano alemán, italiano o a un español de la península solo por su origen.

Pero la falta de una fórmula que garantizara su encaje en la normativa comunitaria ha mantenido la propuesta pendiente de avances concretos durante meses, hasta del día de ayer.

Diez años de empadronamiento para comprar vivienda en Canarias

Mientras la presión social en Canarias por la crisis habitacional ha ido en aumento, Clavijo ha seguido desempolvando el tema en el ámbito europeo. A finales de septiembre de 2026, el presidente canario afirmó estar “esperanzado” tras reunirse con responsables en Europa, asegurando que se abría una “ventana de tres o cuatro meses”, coincidiendo con la presidencia irlandesa de la UE, para avanzar en la restricción.

Días después, este 15 de octubre, el Gobierno canario remitía al Ejecutivo estatal un borrador que plantea exigir diez años de empadronamiento continuado -o quince discontinuos- para comprar vivienda en las Islas y limitar a dos las viviendas que puede adquirir una persona.

La propuesta ya no se dirige exclusivamente a extranjeros, sino que utiliza el tiempo de residencia como criterio. Su aplicación dependerá de la respuesta del Gobierno central y de que supere los impedimentos jurídicos que han condicionado el debate desde el principio.

La evolución de la medida muestra cómo Clavijo ha pasado de rechazar determinadas fórmulas restrictivas a defender una nueva vía legal para limitar la compra de vivienda en Canarias.

La limitación a no residentes no soluciona la crisis de vivienda

Y aunque finalmente lo haya hecho, a semanas de las elecciones generales del 29N, diversos economistas, urbanistas y expertos en el sector inmobiliario ratifican que la propuesta no solucionaría la crisis por sí sola y es insuficiente, ya que ataca únicamente un síntoma de la demanda sin resolver los fallos estructurales del mercado canario.

El sector insiste en que la solución estructural requiere agilizar la gestión de suelo, desbloquear licencias y construir vivienda protegida (VPO).

Asimismo, la tesis principal de las plataformas ciudadanas agrupadas bajo el movimiento 'Canarias tiene un límite' recuerda que el Archipiélago cuenta con una enorme bolsa de viviendas vacías (unas 211.452, según el INE, muchas de ellas concentradas en municipios pequeños) y una proliferación descontrolada de vivienda vacacional. Además, Canarias lleva casi dos décadas con la construcción de vivienda pública prácticamente congelada, un parón estructural que se inició en 2012 tras los drásticos recortes presupuestarios impuestos por el Gobierno de Rajoy y sus políticas de austeridad, que eliminaron la financiación estatal para vivienda protegida.

Actualmente, los expertos apuntan a que es más urgente y efectivo movilizar ese parque inmobiliario ya existente e incentivar a los pequeños propietarios a sacar sus casas al mercado de alquiler de larga duración.

En abril de 2024, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que “esta va a ser la legislatura de la vivienda”. Habían pasado cinco meses desde la creación del Ministerio de Vivienda, que este noviembre cumple tres años, y un año y un mes de la aprobación de una nueva Ley de Vivienda que, entre otras cosas, preveía topar los precios en las zonas tensionadas. Además, Sánchez llegó a prometer hasta 183.000 viviendas públicas. En esta legislatura, tan solo se han entregado 47.000.

El Banco de España advirtió que existe un déficit de vivienda en España de 750.000 viviendas que crece a un ritmo de 250.000 más cada año. Y los expertos tanto cercanos a la patronal como a los inquilinos coinciden en que la construcción o la movilización de vivienda pública es la única que puede contener los precios del mercado y facilitar el acceso a la vivienda. Esa carencia está entre las causantes de la crisis actual que ha encendido las calles y dificulta también que las administraciones tengan pisos sociales que ofrecer a personas desahuciadas como Maricarmen. El modelo de apuesta total por la vivienda pública es el que triunfa en Viena, donde el 60% de la vivienda es pública y el precio se acaba contagiando en parte al mercado privado. Apenas hay desahucios.

El porcentaje medio de vivienda pública en los países de la OCDE es del 7,1% según un informe del Banco de España y alcanza el 16,4% en Reuno Unido y el 14% en Francia, casi diez veces más que el 1,5% de España. Otros países como Alemania, con el 2,6% o Portugal, con el 1,1%, están lejos de la media. La falta de construcción o de compra y el vencimiento de protecciones son enemigos de esta apuesta en España, donde las Comunidades del PP siguen apostando por pisos protegidos que dejan de serlo al cabo de unos años.

La competencia principal en Vivienda está transferida a las comunidades autónomas y también los ayuntamientos disponen de suelo, por lo que no se puede culpar solo al ejecutivo central. Pero tal y como señala Pablo Tucat, economista experto en vivienda de KSNET, “cabe hacerse la pregunta de por qué Casa 47 no surge antes, es un buen instrumento que aún tiene que desarrollar su potencial”.

La tardanza de Casa 47

La Ley de Vivienda de 2023 prevé un impulso al SEPES, empresa pública de suelo público, para ampliar el parque de vivienda pública estatal. Pero Casa 47 no nace hasta diciembre de 2025 y, aunque la absorción de los pisos de la Sareb y el avance del barrio Campamento le dan un potencial de hasta 110.000 viviendas públicas estatales, ahora mismo tan solo se ofertan 600.

De estas 110.000, 40.000 son viviendas de la Sareb, muchas de las cuales estarán ocupadas, 55.000 serán nuevas en suelo de Sareb (aún por construir) y 10.000 más de la Operación Campamento de Madrid que deberían entregarse allá por 2028. Las cifras coinciden con la estimación que dio la ministra de Vivienda en entrevista con elDiario.es: 100.000 viviendas en los próximos 10 años.

Paralelamente, las comunidades autónomas también se movilizan para detectar suelo público y construir vivienda pública, pero, como el Gobierno, han tardado. En el caso de comunidades como Madrid, además, han apostado por un modelo de vivienda asequible que acaba no siéndolo por los costes extra que empujan al inquilino a precios iguales a los de mercado.

La movilización de suelo y la construcción de obra pública “es una medida lenta”, apunta Tucat, pero advierte que hay “otras formas” de movilizar vivienda pública como “la compra de vivienda usada”. En Catalunya, el derecho a tanteo y retracto le ha servido al Govern para adquirir unas 9.000 viviendas usadas, una de cada cuatro de las que tiene la Agència Catalana d'Habitatge.

Esta fórmula apenas se ha utilizado en otras comunidades y a escala estatal, aunque Casa 47 prevé hacerlo, hasta la fecha la única oferta pública de compra es de 100 millones de euros, con la que con precios de mercado de zona tensionada (a una media de 250.000 euros por vivienda) tan solo se podrían comprar unos 400 pisos.

Más esfuerzo que sus antecesores

Aunque parezca paradójico, el Gobierno de Sánchez es el que más ha hecho desde la caída en picado de la construcción después del estallido de la burbuja por recuperar la vivienda pública, el problema es que lo ha hecho tarde, de manera insuficiente para la magnitud del problema y con unos frutos que aún no se recogen y que bien podría reivindicar un futuro ejecutivo.

Las 47.000 viviendas, a falta de un semestre para completar los cuatro años completos, son sensiblemente superiores a su legislatura anterior, cuando se entregaron 45.000 viviendas públicas, y están muy por encima de las 18.000 de la última legislatura de Mariano Rajoy.

Además, ha triplicado los presupuestos del Plan Estatal de Vivienda, que suma 7.000 millones de euros adicionales hasta 2030 para construir, rehabilitar vivienda y otras ayudas. Aun con estas sumas, el Gobierno sigue gastando tan solo un 0,9% del gasto público en vivienda, y eso que se han duplicado los esfuerzos desde la pandemia. Una parte de esos presupuestos, además, no se ejecutan.

“El contraste con la vivienda pública y libre que se construía antes de la burbuja es enorme y probablemente no sea una comparativa sana, pero sí que debería haber aumentado más”, advierte Tucat, alertando de las trampas del gráfico de evolución. Con el derrumbe de gran parte del sector bancario y de la construcción, el frenazo en seco posterior a la burbuja inmobiliaria ha hecho que España no acabe de recuperar la creación de viviendas, mientras sí que se han creado miles de hogares por la llegada de migrantes que han dinamizado la economía y han cubierto vacantes de empleo.

La dificultad de movilizar suelo finalista, la falta de mano de obra y la lentitud administrativa son apuntados por algunos expertos como claves del estancamiento en la construcción, tanto pública como privada. Esto es lo que lleva al sector a presionar por aprobar una reforma de la Ley del Suelo que agilice trámites, que Podemos finalmente bloqueó de cara al decreto de vivienda aprobado recientemente. El experto en vivienda Ignacio Ezquiaga, sin embargo, apunta en reiteradas ocasiones basándose en informes del Ministerio de Vivienda que muchas empresas y fondos disponen de suelo “dormido” que no activan no por la lentitud burocrática, sino para evitar que los precios bajen al inyectar oferta.

Construcción estancada y descalificación

Pero el bajo ritmo de construcción o compra de vivienda protegida se enfrenta a otro enemigo seguramente peor: las viviendas protegidas que vencen su protección y pasan al mercado. Del millón y medio de viviendas protegidas construidas desde 1991, tan solo 147.000 estaban protegidas para siempre, casi 400.000 ya han dejado de serlo y esa cifra se podría elevar a 700.000 de cara a 2030, según una investigación publicada por Civio.

Contra esto, el Gobierno ha llevado a cabo también una medida “crucial”, según Tucat. Después de que en 2023 el Supremo tumbara un artículo de la ley de vivienda que establecía que la protegida lo fuera para siempre, la ministra de Vivienda vinculó la construcción financiada con fondos del Plan Estatal a que la vivienda protegida lo fuera para siempre y lo ha incluido también en el nuevo decreto. Las Comunidades Autónomas del PP, mientras tanto, siguen haciendo vivienda protegida con plazo de vencimiento, de forma que la vivienda en suelo público acaba pasando a manos privadas pasados unos años.

La movilización política en torno a la vivienda sí que ha conseguido, aunque a trancas y barrancas, que en 2026 su construcción se dispare. Las 11.270 viviendas protegidas finalizadas en junio duplican registros del año pasado y encaminan la cifra hacia un récord desde 2012 de unas 20.000 viviendas, aun lejos de las entre 40.000 y 100.000 anuales que necesita para ir cubriendo su déficit. El punto álgido de la vivienda protegida finalizada llegó en 1997, con 85.000 de las 300.000 que se construyeron (casi un tercio del total), mientras que las 12.858 de 2025, 7 veces menos, representa el 13% de las 92.000 construidas.

Si miramos comunidad a comunidad, Catalunya, Madrid, Euskadi y Navarra, que son cuatro de las comunidades con los precios más elevados, son algunas de las que más han elevado su esfuerzo en vivienda protegida. Madrid finalizó 3.802 viviendas protegidas en 2025 sobre un total de 17.000 viviendas construidas, un 22%, y Catalunya hizo 3.517 sobre un total de 14.000, un 25%. Es Catalunya, además, la que ha pegado el mayor acelerón en 2026: lleva 5.600 viviendas protegidas hasta junio, la mitad del total estatal.

Si nos fijamos en la vivienda libre, que también es importante para oxigenar la oferta en las zonas de elevada demanda, también hay un estancamiento entre las 70.000 y las 80.000 anuales en los últimos años, que mejora las menos de 50.000 anuales de antes de 2019, pero que está lejos de los años locos del ladrillo en que se llegaron a construir 700.000 viviendas entre pública y privada en 2026. Ese extremo no es deseable, pero sí alcanzar un ritmo de entre 90.000 y 100.000 anuales, las que estima el Banco de España necesarias para cubrir con el déficit.

Luces y sombras más allá de la construcción

Más allá de la construcción de vivienda tanto libre como protegida, existen otros motivos que han hecho que en la denominada “legislatura de la vivienda” no mejore el acceso. No todos son culpa del Gobierno central. Las Comunidades Autónomas del PP no han querido acogerse a la zona tensionada que permite topar los precios de alquiler, por lo que el mercado ha disparado sus precios en las principales ciudades.

En cuanto a los desahucios, el escudo que se alargó tras la pandemia y que frenaba los que afectaban a personas vulnerables sin alternativa residencial fue tumbado por el Congreso, que ha sido el gran escollo para desencallar algunas políticas. El propio decreto de vivienda se venía arrastrando desde julio, pero también hacía meses que estaba bloqueada en el legislativo una regulación del alquiler de temporada y de habitaciones.

De todos modos, el Gobierno podría haber incluido en su ley de 2023 estas dos regulaciones, de dos modelos de alquiler que han servido para inversores para evitar la ley y hacer contratos cortos con subidas de precio de año en año. Tampoco estaba entonces en el debate la posibilidad de recuperar un modelo de contratos de alquiler cercano al indefinido, con las prórrogas automáticas que incluye el segundo decreto, que de todos modos no pasará el filtro de la Diputación Permanente.

Este decreto, por tanto, aprobado a última hora de la legislatura, llega tarde para una situación que no se alivió tras la aprobación de la Ley de 2023, si bien sí que los contratos de 5 a 7 años (aprobados en 2019) mejoraron la estabilidad de los inquilinos.

En las Comunidades donde sí que se han topado los precios, “existe una estabilidad mayor del inquilino que está dentro del mercado, pero al que está fuera le cuesta más encontrar piso por la falta de oferta y de rotación”, alerta Tucat. Otro problema que se ha dado en las zonas tensionadas es que el tope parte de unos precios ya muy elevados, los fija el promedio del mercado, por lo que el alivio acaba siendo relativo.

Sea por estos topes o por la subida de los salarios, y aunque no lo parezca por el clima del país, el porcentaje de inquilinos que pagan más del 30% de su sueldo ha caído en los últimos años: tocó techo en 2021 con el 38,5% y ahora es un 12% menos, un 26% del total. Y eso que los nuevos contratos subieron en 2024 un 8,8% los precios de los alquileres. Compartir piso e incluso habitación es a veces la forma que tienen los inquilinos de aliviar esta asfixia.

Sin embargo, la subida de los precios de compra ha llevado a que ya se necesiten dos años de sueldo íntegro para pagar la entrada de una vivienda, cifra que se duplica hasta los 4 en Madrid y Baleares.

Las prórrogas de los próximos dos años deben también reducir la rotación en los pisos de alquiler en toda España y eso puede complicar de nuevo el acceso a viviendas de alquiler de quienes se emancipan o llegan a una ciudad, en las zonas no topadas con el agravante de que los precios pueden subir libremente. El incentivo fiscal a caseros que pongan los pisos por debajo de mercado puede compensar un poco estas subidas. Y esta tensión entre oferta y demanda nos vuelve a llevar al inicio del artículo: generar vivienda pública mediante la construcción o la compra y movilizar vivienda vacía o turística en un país con un 30% de viviendas no principales. Esto último lo intenta con el decreto la posibilidad de aumentar el IBI a pisos turísticos o inhabitados.

Informe de riesgos; certificado de deudas de Hacienda; dos meses de fianza; valoración de la “situación global”, e ingresos superiores a 23.500 euros al año e inferiores a 24.418. Fuera de esos márgenes, excluido. Los requisitos y proceso de adjudicación de las viviendas de protección oficial en alquiler en el Distrito Universidad en Málaga, promovidas en suelo público por Lagoom Living y gestionadas por Sogeviso (filial del Banco Sabadell), son una montaña de exigencias que tiene a muchos solicitantes en pie de guerra.

La chispa ha prendido cuando muchos adjudicatarios han comprobado que no pueden acreditarlo. “Es una vergüenza como se está gestionando esta asignación de VPO”, clama uno de la decena de afectados que ha dejado su reseña en Google.

Lagoom Living promueve 530 pisos de VPO en alquiler al oeste de la capital, junto a la ampliación del campus de Teatinos y a tiro de piedra de la hiperronda. Al otro lado del Metro (en superficie), las cocheras y el histórico asentamiento de Los Asperones. Dividido en cuatro promociones (R3, R15, R11 y R12), el proyecto cuenta con una generosa aportación de fondos públicos: se ejecuta sobre suelo municipal, valorado en 13 millones de euros; la Junta de Andalucía aportó una subvención de 25,5 millones de euros a cargo del Plan Vivienda, nutrido con fondos europeos; y la promotora recibió también un préstamo ICO con fondos Next Generation de 59,3 millones avalado al 50% por el Ministerio de Vivienda.

23.500 euros sí; 24.400 no

Con las promociones ya listas para entrar a vivir, Sogeviso selecciona inquilinos, fija requisitos documentales y gestiona el proceso. La pasada primavera puso en alquiler VPO su promoción premium: 62 viviendas de la R3. En verano llegó el turno a la R15, con más de 6.000 solicitantes, y ahora se acaban de sortear las promociones R12 y R11, con una demanda similar para un total de 277 pisos de uno y dos dormitorios, trastero y garaje, destinados a personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda del Ayuntamiento que no sean propietarias de otra vivienda. El alquiler más común es de 511 euros al mes más gastos.

Sogeviso fijó una renta mínima para los pisos de la R12 y R11 de 21.000 euros (un dormitorio) o 23.300 euros (dos), pero ojo con pasarse mucho de esta cifra: si se ganan 1.100 euros más, hasta los 24.418 euros anuales (2,5 veces el IPREM), estás fuera. Más estrecho aún es el embudo con la promoción R15, sorteada en julio: la diferencia entre el mínimo (23.500) y el máximo (24.418) se reducía hasta los 900 euros.

Una vez hecho el sorteo (a cargo del Consistorio), los adjudicatarios fueron llamados a acreditar los requisitos y muchos se vieron fuera por la precisión quirúrgica aplicada a los salarios. “Esto es reírse en la cara de la gente”, señala Raúl Ortiz, en una reseña: “Te dejan un margen ridículo: si cobras un euro menos (…) no eres lo suficientemente ”solvente“; si cobras un euro más ya eres demasiado ”rico“. ¿A quién pretenden engañar?”.

Ni Lagoom Living ni Sogeviso han respondido al cuestionario remitido por este medio, preguntando cuántas adjudicaciones había revocado por falta de acreditación de los requisitos económicos y por qué se había optado por unos márgenes tan estrechos, entre otras cuestiones. Aunque Sogeviso gestiona el proceso, el Ayuntamiento aprobó las bases y cedió el suelo. “Es verdad que el margen es muy corto”, admite Francisco Pomares, concejal de Vivienda. “Pero la ley es así, tenemos que poner máximos y mínimos para saber que la gente puede pagar el piso”.

El mínimo, 23.500 euros tomados con referencia a la base imponible del IRPF de 2024, ya deja fuera a la mitad de los malagueños. Según las estadísticas de la Agencia Tributaria, de los 270.000 declarantes de la ciudad, 130.000 declararon una base imponible de menos de 21.035 euros. El tramo de 21.000 a 30.000 es, precisamente, el más numeroso, más de 51.000 declarantes, pero no es fácil caer justo entre 23.500 y 24.418.

El Reglamento autonómico de VPO recoge la posibilidad que las promotoras fijen un mínimo “para garantizar la viabilidad de la promoción”, pero no obliga a ello. En la práctica, están fijando por defecto unos ingresos mínimos del 30% del IPREM en las viviendas de colaboración público-privada, una exigencia de la parte privada para garantizarse la rentabilidad.

En cambio, las tres promociones en el mismo distrito gestionadas directamente por el Ayuntamiento exigen un ingreso mínimo anual para un piso de dos dormitorios de 15.500 euros, mientras Sogeviso exige 23.500 euros, un 50% más. “Es que son suelos diferentes: una está sobre suelo protegido especial y otra sobre suelo protegido limitado”, alega el concejal.

La mínima horquilla abre otra pregunta: ¿qué va a ocurrir cuando un beneficiario mejore sus ingresos, como es previsible en un plazo de siete años? La web de Lagoon señala que debe comunicar si se modifica su situación económica “de forma importante”, sin precisar más. “No se les va a echar porque mejoren sus ingresos. Lo que se va a comprobar es que no tengan ya otra vivienda”, asegura Pomares.

“Te piden documentos que ni existen para que te quedes fuera”

El malestar se ha extendido en un contexto en el que el acceso a vivienda asequible en Málaga es casi imposible. En el caso de Lagoom Living, la solicitud requería una panoplia de documentos que las viviendas gestionadas por el Ayuntamiento no exigen: informe de riesgos del Banco de España (CIRBE), certificado de deudas de Hacienda, cuadro de amortización de préstamos, autorización para consultar ficheros de morosidad, fianza y un mes extra de garantía. Y todo rápido: el adjudicatario tenía dos días naturales para aceptar la vivienda, antes incluso de acreditar que se cumplen las exigencias “a la mayor brevedad posible” o, en todo caso, antes de 15 días según las bases.

“Son los requisitos documentales propios de un banco, no de un alquiler protegido”, señala un adjudicatario a este periódico, bajo condición de anonimato. “Te ponen mil trabas, te piden documentos que ni existen o papeles que tardan meses en llegar para que te quedes fuera de los plazos de entrega, con el fin de ir excluyéndote a la mínima de cambio”, relata Alba P, que además denuncia que nadie responde a correos o llamadas.

Cinco aspirantes denuncian que, aun cumpliendo los requisitos económicos, han quedado fuera porque la promotora se basa en dos casillas de la declaración de renta de 2024 que no reflejan realmente los ingresos: la base imponible general (435) y la base general del ahorro (460). “Pides a la promotora que por favor estudie tu caso con nóminas, certificados tributarios, vida laboral, etc y aun así nada”, lamenta Anabel Lozano en las reseñas de Google. Otra aspirante denuncia que no se puede justificar una mejora de la situación económica, a pesar de que las bases recogen expresamente ese supuesto.

La web de Lagoom no detalla vías de alegación ante el IMV, el Ayuntamiento, la gestora o la promotora, y la poca transparencia está haciendo cundir la sensación de que todo es una pantomima. “Mi pregunta es: si aun cumpliendo todos los requisitos te dejan fuera, ¿para quiénes están siendo estas viviendas?”.

El concejal achaca las quejas a la frustración: “Es normal que al que le ha tocado ahora se enfade porque no cumple con los requisitos, pero tienen su momento de reclamación”. Y asegura que no hay ninguna irregularidad: “Hay garantía total de que los adjudicatarios cumplen los requisitos de la ley y la convocatoria. No se dan a dedo”.

Sí admite, en cambio, que la atención de la gestora a los solicitantes es muy mejorable.

Pisos de VPO para quien cobra casi el doble que la media

Lagoom Living, presentado por el Consistorio como un ejemplo de colaboración público-privada, ya generó polémica porque 62 de los 530 pisos de la primera promoción (R3), de tres y cuatro habitaciones, no encajan bien con la idea de VPO: se alquilarán a un precio tasado de entre 535 y 743 euros al año a personas con ingresos de hasta 53.000 euros brutos al año (una persona) o 71.000 (parejas). Hasta 5,5 veces el IPREM.

Son VPO en condiciones muy favorables asignadas a beneficiarios con sueldos relativamente altos: en Málaga, la capital española donde alquilar exige un mayor esfuerzo en relación al salario, la oferta de alquiler en Idealista está en 16,5 euros por metro cuadrado (unos 1.500 euros por viviendas de 90m2 y tres dormitorios), y la renta bruta media es de 31.949 euros brutos al año, según la AEAT. Es decir, Málaga ofrece VPO en alquiler a mitad del valor de mercado de renta libre a personas que casi doblan los ingresos medios en la ciudad. Con el matiz añadido de que su posición relativa probablemente sea mejor, porque la renta mediana (la más habitual) es aún más baja que la media.

La promotora se defendió entonces alegando que las siguientes promociones se orientarían a personas con salarios más humildes. Es el caso de las sorteadas desde el verano, aunque en esos casos, el requisito de ingreso mínimo también excluye a más de la mitad de la población, según los datos de Hacienda.

Financiación pública: 26 millones de la Junta y crédito ICO

Lagoom Living se presenta como una gestora de inversión inmobiliaria especializada en vivienda de alquiler asequible y pretende que las promociones de Distrito Universidad sean un “modelo de referencia” “poniendo el foco en la sostenibilidad, la eficiencia energética y la creación de una comunidad conectada y socialmente responsable”. En Málaga, promueve también 292 viviendas en Distrito Zeta y 114 en Cortijo Merino, además de actuaciones de regeneración y rehabilitación en las calles Lagunillas y Gigantes, a lindando con el Centro Histórico.

Las de Distrito Universidad cuentan con una importante aportación de fondos públicos. Estas son las primeras promociones beneficiadas por las subvenciones directas del Plan Ecovivienda de la Junta de Andalucía, el mecanismo de la Junta de Andalucía para la gestión de los fondos europeos Next Generation. La promotora recibió 26 millones de euros, el 45,7% del coste de la obra, según las estimaciones de noviembre de 2022.

En mayo de 2025 el Instituto de Crédito Oficial (ICO) anunció que había firmado un acuerdo de financiación con Lagoom Living para el desarrollo de Distrito Universidad, “la primera smart city de vivienda de protección oficial (VPO) en régimen de alquiler de España”. El acuerdo es una línea de crédito de hasta 59,3 millones.

Ninguna administración quiso quedarse fuera de la presentación: la aportación del ICO se une a “la financiación europea lograda por el Ayuntamiento de Málaga en una convocatoria que canaliza el Gobierno a través de la Junta de Andalucía”, dijo el alcalde, para resumir que todas (local, autonómica, central) hacen algo con un dinero que proviene de la UE.

En Castilla-La Mancha, donde el PSOE gobierna con mayoría absoluta, Vox tiene cuatro diputados autonómicos en la oposición. La aspiración del partido de extrema derecha es conseguir entrar en el Gobierno regional de la mano del PP de Paco Núñez, que ya ha dado por hecho en varias ocasiones que pactaría con los de Santiago Abascal con ese objetivo, al igual que en otras comunidades autónomas.

Para ello, Vox no deja de intentar colar en múltiples iniciativas algunas medidas que ya aplica donde gobierna, ya sea en los ayuntamientos y diputaciones de la región donde sí tiene representación, o a través de iniciativas parlamentarias.

Mientras a nivel estatal se ha convocado una huelga general y se multiplica el clamor social contra los desahucios, ahora quiere incorporar la polémica prioridad nacional en una de las leyes más importantes de la legislatura, la de medidas sobre suelo y vivienda que el Gobierno de Emiliano García-Page quiere aprobar por la vía de urgencia, precisamente cuando esta cuestión, entre otras, ha provocado el adelanto de las elecciones generales.

La normativa ya se tomó en consideración con los únicos votos a favor de los diputados socialistas y la abstención de los del PP y Vox. Desde entonces, el Ejecutivo castellanomanchego ha dicho que mantiene conversaciones con la oposición para intentar que la normativa se apruebe por unanimidad, algo que la otra bancada ha negado.

Mientras tanto, la Mesa de las Cortes regionales ya ha admitido a trámite las enmiendas de los tres grupos parlamentarios a la futura ley, una densa propuesta que aglutina numerosas medidas para la movilización de suelo, el impulso a la vivienda pública y protegida y la simplificación urbanística.

Las enmiendas donde Vox incorpora su polémico criterio

Es el trámite que Vox ha aprovechado para introducir, en su lote de medio centenar de enmiendas, el controvertido principio de prioridad nacional. Y lo hace en varias de ellas, pero principalmente “consagrándolo” en el acceso a vivienda protegida, parque público residencial y ayudas o subvenciones autonómicas, “otorgando atención prioritaria a los españoles y sus familias”. La misma tesis incorpora en otras enmiendas, donde exige que las reservas de viviendas sociales dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión social se sometan a este mismo principio.

Igualmente, el partido de extrema derecha establece criterios de baremación para la adjudicación de vivienda pública basados en el “arraigo” y para ello exige un empadronamiento en España de al menos cinco años para alquiler y 10 años para compra, así como la vinculación sociolaboral con la región y tener menos de 36 años. Finalmente, incorpora este mismo principio en otras de sus enmiendas, reclamando que la futura ley establezca el mencionado requisito de arraigo, con los mismos plazos, en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida.

También hay enmiendas de Vox que se centran en otro de los debates que ha intentado colocar varias veces en el centro de las preocupaciones sociales, pese a que los datos lo desmontan: la ocupación ilegal de viviendas. Por ejemplo, pide que el Gobierno regional brinde asistencia y asesoramiento jurídico a los propietarios afectados.

Al margen de estas propuestas, llaman también la atención las enmiendas de Vox centradas en la protección de los propietarios y, al mismo tiempo, la exclusión de las entidades sociales y migrantes. Así, elimina la medida que permite emplear el depósito de fianzas de arrendamiento urbano como recurso económico para financiar el patrimonio público residencial, y pide prohibir expresamente la cesión de locales a entidades sociales para el acogimiento residencial de menores extranjeros no acompañados o migrantes en situación irregular.

El PP no entra en la cuestión ni define un modelo propio

Por su parte, el PP no entra en esta cuestión, pero ha registrado una treintena de enmiendas al articulado. Se da la circunstancia de que algunas partes de la futura norma son prácticamente iguales a la normativa de vivienda protegida de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

A principios de año, el presidente de este partido en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, anunció que pondría en marcha un “gran plan” de vivienda si llegara a gobernar en la región. Según afirmó, se centraría en cuatro ejes: simplificación administrativa, reformas legales, bajada de impuestos y creación de suelo y vivienda.

Ahora, su lote de enmiendas la futura ley de Page se centra en la vivienda protegida y el parque público residencial. En primer lugar, un exige informe municipal previo, “preceptivo, motivado y vinculante” para la implantación de inmuebles dotacionales en parcelas de equipamientos. Si el informe es desfavorable, no se podrá realizar la actuación.

También propone que los deberes de cuidado del adjudicatario de vivienda pública abarquen el “mantenimiento ordinario”, sin eximir a la Administración de realizar las obras necesarias de habitabilidad, seguridad y accesibilidad; y establece que las adjudicaciones temporales se realicen por convocatoria pública ordinaria mediante criterios objetivos (ingresos, unidad familiar y necesidad), “restringiendo las adjudicaciones excepcionales a urgencias sociales acreditadas”.

De igual forma, otra de sus enmiendas modifica la norma para fijar que el depósito de fianzas de arrendamientos urbanos ante la Administración regional sea de “carácter voluntario” para los arrendadores.

El Grupo Parlamentario Popular también pide condicionar los incrementos de edificabilidad en vivienda protegida, una de las medidas estrella de la futura ley, a un estudio económico que contemple una “retribución empresarial razonable”. Pero después, en otra enmienda, permite elevar el incremento de edificabilidad al 25% y de densidad al 35% en parcelas de vivienda pública o protegida.

Además, entre sus propuestas, el PP incluye la prohibición de ocupar terrenos dotacionales sin haber puesto en servicio previamente una “dotación sustitutoria equivalente”; exige demostrar específicamente el “interés regional” en Proyectos de Singular Interés (PSI) para infraestructuras energéticas o de transportes; y supedita las reclasificaciones a un análisis de la demanda y a mantener la continuidad con el casco urbano para evitar la dispersión.

Los socialistas limitan las rentas máximas de alquiler en VPO

Finalmente, el Grupo Parlamentario Socialista, impulsor de la proposición legislativa que conformará la nueva ley, también quiere introducir algunos cambios. Ha presentado 13 enmiendas, entre las que fija las condiciones financieras y de tenencia para viviendas protegidas cofinanciadas por el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en suelo público.

Establece así, un régimen de protección permanente con un alquiler mínimo de 50 años desde la calificación definitiva; mientras que limita la renta máxima a ocho euros por metro cuadrado útil para promociones públicas directas y a nueve euros para proyectos de colaboración público-privada.

Los socialistas también aprovechan para reordenar la definición de los Planes de Rehabilitación Urbana (PRU) que contempla la futura ley. Especifican así que tendrán por objeto la transformación de ámbitos de suelo urbano donde el uso mayoritario sea residencial y exista una proporción relevante de infravivienda o degradación por usos industriales incompatibles. De hecho, ajustan las fórmulas de gestión de estos planes, permitiendo su ejecución mediante libre concurrencia o Programas de Actuación Urbanizadora (PAU).

Otra de sus enmiendas amplía el régimen especial de vivienda a inmuebles y parcelas de otras administraciones públicas. Declara estas actuaciones como de interés autonómico y permite aplicarlas a parcelas de otras administraciones distintas de la Junta (previa conformidad del titular) por un periodo de cinco años prorrogables por periodos sucesivos de igual duración.

Finalmente, hay otras tres novedades significativas que introduce el PSOE. Incluye la definición de “intensidad residencial en parcela” como el número máximo de viviendas, calculándose como el resultado de dividir la superficie edificable residencial atribuida entre 100 metros cuadrados construidos por vivienda. Y en segundo lugar, permite la aplicación de esa “intensidad” sin que los municipios tengan que tramitar previamente una modificación de su planeamiento urbanístico.

Por último, establece determinaciones subsidiarias sobre alturas de las edificaciones: fija que, en defecto de regulación expresa en el planeamiento, las construcciones no podrán tener más de dos plantas ni superar los 8,5 metros de altura.

Todas estas enmiendas todavía tiene que votarse en las Cortes regionales antes de que la futura ley vuelva al pleno de las Cortes para su aprobación y promulgación definitiva, un proceso que coincidirá con la cuenta atrás para las elecciones generales del 29 de noviembre, y precisamente cuando el debate político y social sobre la vivienda es determinante.

No era, ni mucho menos, la primera vez que el tema de la vivienda asomaba en el control parlamentario al presidente de la Xunta. La oposición ya le había preguntado en otras ocasiones, numerosas. Pero este miércoles, el debate adoptó nuevos significados: multitudinarias manifestaciones en defensa del derecho a una vivienda digna recorrieron Galicia -y el resto del Estado- en las últimas semanas y la izquierda social y política ha recuperado cierta iniciativa. El 29 de noviembre habrá elecciones generales. Partido Socialista y BNG, cuyos portavoces hicieron sonar las llaves en la Cámara al modo de las protestas callejeras, volvieron a arremeter contra la inacción de los sucesivos gobiernos del Partido Popular. Alfonso Rueda, que detenta las principales competencias en la materia, solo supo responder con el habitual argumentario contra Pedro Sánchez y una reiteración de promesas: habrá 10.000 pisos de propiedad pública en 2030.

Pero los números con los que se intentó defender Rueda presentaban algunos problemas. Los gabinetes de Núñez Feijóo, de los que él mismo formó parte como conselleiro o vicepresidente, redujeron a prácticamente cero la construcción de vivienda pública, apenas acabaron la que había proyectado el bipartito y abortaron varios planes en marcha. La oposición le recordó que en el registro de demandantes de vivienda pública, oficial, hay a 7 de octubre 36.500 personas apuntadas. La réplica del presidente gallego fue que la semana pasada entregaron 24 en Lamas de Abade, un barrio del sur de Santiago de Compostela. “Diecisiete años gobernando y su balance en Santiago, una de las ciudades con el mercado más tensionado, son 24 viviendas”, le espetó la líder nacionalista, Ana Pontón.

Pero Rueda venía apenas con el manual. “Bienvenidos al problema de la vivienda, lo descubrieron hace 14 días”, osó afirmar, y lo argumentó diciendo que antes de 2022, Bloque y socialistas habían preguntado cuatro veces al entonces presidente, Feijóo, sobre el asunto. Lo cierto es que las iniciativas parlamentarias de la oposición -de la que en esos años también formaron parte Alternativa Galega de Esquerda o En Marea- en la materia fueron abundantes. Y ha intensificado la presión durante los mandatos de Rueda. “Llevan 17 años gobernando con todas las competencias, presupuestos y suelo, y han dicho no a la vivienda”, resumió José Ramón Gómez Besteiro, portavoz del PSdeG, “el parque público ha decrecido, han recibido más de 500 millones de transferencias del Gobierno central y han entregado apenas un centenar de viviendas”.

Ni siquiera todas las promesas del presidente le sirvieron para parapetarse. Pontón rescató una, de 2023, que la prensa afín a la derecha celebró en su día como cierta y que está lejos de materializarse. “Prometieron 1.800 pisos de alquiler social en 2026 y han entregado 98”, recordó la nacionalista. Silencio de Rueda al respecto, que insistió en centrarse otras promesas, las de Sánchez: “183.000 viviendas prometió, cero en Galicia”. “¿Usted sabe que tiene transferidas las competencias en vivienda?”, intentó Pontón, infructuosamente, obtener alguna respuesta concreta a sus preguntas, “porque ha venido aquí a hacer de miniFeijóo”. Lo certificó el presidente al abalanzarse contra uno de sus objetivos preferidos: las declaraciones de zonas tensionadas.

Según la tesis de los populares gallegos, las zonas tensionadas han reducido la oferta de vivienda en alquiler. Solo dos ayuntamientos la han solicitado en Galicia, A Coruña y Santiago de Compostela. Pero, adujo Pontón, la oferta de alquiler ha bajado en las siete ciudades gallegas. “Lo avisamos”, se ufanó Rueda y le dio igual que Pontón le mencionara el propósito real de esa figura impulsada por el Ejecutivo central: frenar la escalada de los precios. Sobre la necesidad de prohibir los desahucios a personas vulnerables, el presidente gallego no se extendió, más allá de la crítica genérica del PP ya conocida a los decretos rechazados por las derechas en el Congreso y a señalar el Bono Alugueiro Social de la Xunta. No resistió la tentación de cerrar el debate, cuando ni nacionalistas ni PSdeG pueden ya intervenir, con una promesa: el Gobierno gallego destinará siete millones de euros a ayudas a los municipios para que construyan vivienda pública, un máximo de 80.000 euros por piso.

El primer lunes del mes de octubre se celebran en el mundo dos festividades que van de la mano. La primera es el Día Mundial del Hábitat y la segunda, el Día Mundial de la Arquitectura. Comparten esta efeméride, que este año coincide con este lunes, día 5 de octubre, por decisión de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), cuando en 1996 decidió vincular al gremio de arquitectos con el desarrollo urbano sostenible, propuesto por la comisión de hábitat de la ONU en 1985.

Con motivo de esta celebración, a la luz de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno y luego tumbados en el Congreso, y tras el clamor social y las acampadas, hablamos con Elena Guijarro, tesorera del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM).

Muy crítica con la legislación “en caliente”, aboga por una legislación estatal sobre vivienda dialogada con todos los sectores que intervienen en la creación de vivienda, incluidos promotores y constructores. También defiende la importancia de las políticas de rehabilitación de inmuebles y, ante los efectos del cambio climático, pide que los planeamientos urbanísticos se “anticipen” a las leyes para evitar desastres por incendios e inundaciones.

¿En qué pone el foco este año el Día Mundial de la Arquitectura?

Este año, en concordancia con la Unión Internacional de Arquitectos, nos centramos en la vivienda. Concretamente, en que la vivienda es un derecho humano y en que debemos construir viviendas como tal. Es decir, tocamos ahora mismo el tema más candente.

Efectivamente, es ahora mismo una de mayores preocupaciones de la sociedad española, reflejado en las calles, en las acampadas y que ha calado a nivel político.

Sí, yo no sé si esto es bueno o malo, la verdad, porque ahora mismo hay mucha tensión y lo primero que hay que hacer en sentarse a hablar con calma. Ahora mismo no hay ese ambiente. Pero lo hemos elegido porque es verdad que es lo que más preocupa durante estos meses. Estamos dándole muchas vueltas y estamos trabajando a todos los niveles, dentro de nuestro sector también, para dar solución a esta cuestión.

Porque ahora mismo, ¿cuál puede ser el papel de los arquitectos y de las arquitectas en el problema de la crisis de vivienda? Me habla de dialogar y hablar, pero supongo que tendrán propuestas concretas.

Por supuesto. Nosotros llevamos trabajando en este tema desde hace meses, a nivel castellanomanchego y a nivel estatal. Todo pasa por detectar, por hacer un diagnóstico de cómo está ahora mismo el mercado de la vivienda, analizar las causas que han provocado esta situación, que lo tenemos todos muy claro, y buscar soluciones a corto, medio y largo plazo. A corto plazo, porque es un tema urgente. A medio plazo, intentar ya buscar soluciones de rehabilitación y de construcción de viviendas que no sea necesario llevar a dos o tres años, sino que se puedan hacer con plazos más cortos. Y, a largo plazo, crear unas líneas estratégicas y una planificación, pero con un consenso entre todas las partes, entre todos los grupos políticos y entre todos los colegios profesionales y el sector de la construcción.

¿Existe actualmente esa capacidad de diálogo?

En otras ocasiones, cuando ha habido que hablar, por ejemplo en Castilla-La Mancha, de desarrollo rural, de reto demográfico, lo hemos hecho en mesas de trabajo donde se nos ha pedido opinión a todos. Por lo que yo entiendo que en este tema, que es muy delicado y que afecta a toda la sociedad, también se deberían haber hecho unas consultas para buscar soluciones, para sacar leyes. Porque lo estamos haciendo de manera exprés y sin consultar con nadie, y eso es peligroso.

 ¿Por qué es peligroso?

Porque cuando esto se ponga en marcha, si no se tiene todo el conocimiento del funcionamiento de todo el sector, te puedes encontrar con que te estás saltando o corrigiendo leyes que estaban anteriormente aprobadas y tienen su razón de ser. Yo creo que es bueno que cuando se legisla, se consulte a la ciudadanía y a los expertos.

En líneas generales, ¿no gustan a los arquitectos los dos decretos de vivienda?

Insisto: es peligroso y no se puede legislar en caliente y a golpe de una manifestación para intentar callar bocas. Estos temas se llevan hablando desde hace tiempo y me parece que es un poco arbitrario ahora, de repente, sacarlo sin más. Algunas sí son razonables, tienen sentido, pero otras no. Hay que pensar en los derechos y las obligaciones de todos los ciudadanos, tanto de unos como de otros. Y no, porque alguien esté protestando, pensar que lleva razón directamente sin analizar nada más. Eso da pie a que, a base de hacer sentadas y protestar, conseguimos lo que queremos. Preferimos analizar más profundamente qué soluciones tiene. Sentarnos todos y buscar un consenso.

Pero actualmente, estamos muy lejos de tener ese consenso por parte de los grupos políticos. Solo hay que ver cómo han sido las negociaciones y el hecho de que se hayan tumbado decretos. ¿Cuál es el camino entonces?

Claro, pero en realidad todos queremos lo mismo. El problema está ahí y es el mismo para todos. Pero se ha crispado el ambiente de tal manera que es inviable.

En cuenta electoral, con todo tan polarizado como dice, es muy difícil ofrecer soluciones consensuadas y alguna medida había que adoptar ¿no?

Nosotros hablamos desde el punto de vista del conocimiento, de la experiencia y de nuestro trabajo y nuestra profesión. A mí me gustaría que pudiéramos hablar con todos ellos de una manera tranquila y como se ha hecho otras veces. Tenemos un diagnóstico de la situación y tenemos soluciones. Por ejemplo, en el caso de Castilla-La Mancha, hemos estudiado qué tipo de vivienda necesita en cada una de las provincias y también en los municipios pequeños. Hay que legislar para tener en cuenta cada una de las situaciones. Y por eso no se pueden hacer las cosas así, de golpe.

Hay que ponerse del lado de todos los ciudadanos, no solamente de unos

En el caso de los denominados 'fondos buitre', ¿no es necesario atajarlos?

Sí, pero en ese caso, hablamos de vivienda en alquiler y de casos concretos. Lo que estamos viendo también es que el mayor porcentaje de viviendas en alquiler es propiedad de pequeños tenedores, de propietarios particulares que, con todas estas medidas van a dejar de sacar las viviendas al mercado. Nos vamos a encontrar con el efecto contrario de lo que se busca. Porque, si no hay seguridad jurídica para el propietario, este último preferirá prescindir de esa renta si no va a poder echar al inquilino en caso de que no pague. Hay que ponerse del lado de todos los ciudadanos, no solamente de unos.

Ahora mismo, si se pudiese sacar más oferta, pues estaría muy bien. O sea, lo que necesitamos es poner más viviendas en el mercado, tanto en alquiler como en venta. En cuanto al alquiler, habría que incentivar a los propietarios y estamos haciendo lo contrario.

¿Y en cuanto a la venta?

Y en venta, pues efectivamente habría que bonificar y facilitar el acceso sobre todo a los jóvenes, ayudarles a pagar las hipotecas, y mover de alguna manera las viviendas que hay en venta. Y a medio plazo, pensar en edificios que se puedan rehabilitar o en modificar el cambio de uso de suelo terciario.

Precisamente esa es una de las medidas incorporadas en la proposición de ley de medidas urgentes sobre suelo y vivienda del Gobierno de Castilla-La Mancha, que se aprobará en breve. ¿Cómo la valora su gremio?

En general, como idea, nos parece bien porque ya digo que es necesario construir más vivienda para controlar el precio. En Guadalajara, por ejemplo, tenemos edificios de oficinas que no tienen uso como oficinas y se están usando como viviendas. Cambiar la normativa, adaptarla, es necesario, pero hay que mirar los estándares necesarios para cambiar el uso del suelo, no hacerlo así de golpe. Todo requiere una regulación.

Pero ahora mismo, la futura normativa de Castilla-La Mancha se remite fundamentalmente a la creación de vivienda pública. ¿No es necesario también intervenir en el mercado de vivienda libre?

Nosotros apoyamos tanto la promoción pública como el cambio de suelos de uso terciario para poder construir, por ejemplo, viviendas en alquiler para jóvenes, que no deja de ser un objeto social. Es importante hacer unas viviendas que sean propiedad de la Administración y se alquilen a jóvenes a precios tasados y precios asequibles, de modo temporal, para que ellos puedan independizarse.

Un promotor no es una ONG y tiene que tener un beneficio. Y un beneficio medianamente garantizado

Pero creo que tiene que existir también la vivienda libre, por supuesto. Y para que haya más viviendas en el mercado hay que ayudar a los promotores, porque luego acaban siendo los malos de la película, cuando ahora mismo, un promotor tiene muy difícil el poder sacar una promoción a la venta. Un promotor no es una ONG y tiene que tener un beneficio. Y un beneficio medianamente garantizado. Nos encontramos el primer problema: se tarda muchísimo en conseguir una licencia en algunos de los municipios de Castilla-La Mancha. Tenemos que conseguir agilizar los trámites administrativos y agilizar las licencias, porque hay una inseguridad tremenda para poder promover.

¿Influye también la falta de mano de obra?

Claro, hay una escasez enorme. Y eso es un problema que también deberíamos intentar atajar entre todos, a base de formación, de escuelas-taller… Yo no me puedo creer que haya tanta gente en el paro y tanta demanda de trabajo a la vez. También hay que tener en cuenta que ha subido el precio de los materiales de construcción y del transporte. Estamos en costes de construcción históricos que jamás habíamos tenido.

Precisamente, en Castilla-La Mancha se lleva a cabo el 'Plan 10.000' mediante la colaboración público-privada con empresas constructoras para construir vivienda asequible. ¿Se ha hecho un seguimiento de este proyecto desde el Colegio de Arquitectos?

Sí, salió a raíz de los fondos europeos Next Generation, de uno de los programas destinados a buscar suelo público para ofertarlo a promotores y constructores y hacer vivienda destinada al alquiler. Ahí se les da una ayuda para la construcción. Realmente es una de esas líneas que se ha desarrollado en ese sentido y sí lo pudimos estudiar.

¿No ha sido así con la futura ley autonómica de medidas urgentes de suelo y vivienda?

No, no hemos tenido noticia. La hemos conocido por los medios de comunicación y hemos echado de menos que se nos hubiera consultado. No digo que estemos en contra, simplemente nos ha pillado sin saber nada. Hasta ahora, estábamos acostumbrados al diálogo.

Hay además, en esa futura normativa, un tema que toca de lleno al sector de la arquitectura: la creación de los Planes de Rehabilitación Urbana (PRU) ¿Lo han podido estudiar? ¿Cómo lo valoran?

Estamos ahora mismo dentro de nuestro equipo viendo esto y, bueno, emitiremos nuestra opinión cuando lo tengamos claro.

Además, la rehabilitación de vivienda ha sido uno de los objetivos principales de la legislatura, fundamentalmente a través de ayudas públicas.

Sí, por eso digo que estábamos acostumbrados a colaborar directamente. En la rehabilitación, los fondos europeos para este objetivo han tenido mucho éxito en Castilla-La Mancha. Han sido programas que han tenido muchos expedientes y han funcionado bien porque hemos llegado a una colaboración de los colegios profesionales con la Administración o la Dirección General de Vivienda. Pusimos en marcha desde el primer momento las Oficinas de Ayuda a la Rehabilitación, donde nosotros nos hemos convertido en los asesores que han tramitado esas subvenciones y a los que los ciudadanos podían hacer todo tipo de consultas. Estamos muy orgullosos de los cinco años en que han estado en marcha esas oficinas en la región. En otras comunidades no han conseguido gestionarlo de esa manera.

Tras ejecutarse esos fondos europeos, ¿ya se han cerrado todas esas oficinas?

Sí, ya no hay ninguna abierta. Nos ha dejado un poco mal sabor de boca este tema, porque al mismo tiempo que se han cerrado, se ha acabado ese diálogo que había tan directo. Estábamos negociando a ver si había alguna posibilidad de, a través de otra línea de financiación, poder mantener alguna de las oficinas. Nos han dicho que están trabajando en ello, pero es que no hemos vuelto a tener ningún tipo de contacto en ese sentido. Tenemos una reunión en breve con la Consejería de Fomento y vamos a seguir ofreciendo nuestra ayuda, como hemos estado haciendo hasta ahora.

Hemos podido ver las consecuencias que tuvo la dana de hace dos años y sabemos qué se debe hacer para que esto, si vuelve a pasar, no tenga las consecuencias que ha tenido

Uno de los objetivos de su gremio ha sido desde hace años el desarrollo urbano sostenible. ¿Ha quedado este objetivo relegado debido a la crisis de vivienda? Es decir, ¿hemos retrocedido en cuanto a las prioridades?

No, ese tema está ahí y no puede ir para atrás. Debemos mentalizarnos de que la construcción tiene que buscar la sostenibilidad, la circularidad y que tenemos que cambiar la forma de pensar a la hora de construir, de diseñar y de hacer planificación. No se puede parar. Hemos podido ver las consecuencias que tuvo la dana de hace dos años y sabemos qué se debe hacer para que esto, si vuelve a pasar, no tenga las consecuencias que ha tenido. Es el planeamiento urbanístico el que tiene que marcar las pautas para que esto no vuelva a suceder o que las consecuencias no sean las que han sido y poder evitar desastres. Seguimos trabajando en ello.

¿Es necesario que haya una normativa regulada a nivel estatal para ponerse manos a la obra?

No, no podemos esperar ni siquiera a que la normativa nos obligue a hacerlo, sino que tenemos que ir pensando que esto es lo que toca, y que cuanto antes lo tengamos claro y trabajemos en ese sentido, mejor. Tenemos que pensar en construir de una manera sostenible y adaptarnos al cambio climático, que es obvio que está ahí y que llevamos ya muchos años sabiendo cómo hay que intervenir y cómo tenemos que actuar.

En definitiva, ¿seguimos sin estar preparados, en el nivel de edificaciones y como país, para afrontar las consecuencias del cambio climático?

No, y sabemos que tenemos que actuar rápido. Por eso hay que anticiparse. Estamos viendo que los ciclos de retorno de todos estos eventos climáticos se van acortando. Hay que diseñar sobre estos elementos y calcular por encima de los estándares que ahora mismo estamos utilizando para ir adelantándonos. Tenemos mucho trabajo por delante.

Estes días, no medio das reivindicacións da rapazada acampada nas prazas, escoitei algunhas comparacións da situación actual da vivenda coa época dos nosos pais, dos nosos avós… porque sempre hai quen porfía en encirrar o conflito xeracional inda que sexa por vender libros. De tanto volver a vista atrás e matinar nas xeracións anteriores, veume á mente El Verdugo (1963), o mellor filme de Berlanga, se me preguntan, no que a trama se pon en marcha porque Pepe Isbert está a piques de xubilarse coma verdugo e iso suponlle que nin el nin a súa familia van poder acceder ao piso de protección oficial que lles correspondería se seguise a ser funcionario público. Durante toda a película o piso do padroado, cos seus tres cuartos e a súa terraza para cear no verán, paira sobre as decisións e os destinos dos personaxes, até propiciar o traxicómico final.

Lembrei a película e o ben que reflicte a España do NO-DO: as clases populares sobrevivindo a base de adaptárense ás esixencias do réxime e de aparentar abrazar eses principios (ás veces arrastro e berrando, como lle acontecía a Nino Manfredi ao final da película) e unha pátina de modernidade sobre a miseria: a voz engolada de Matías Prats anunciando as inauguracións do caudillo sobre a música triunfante de trompeta.

Vese que o NO-DO como modelo de comunicación propagandística deixou fonda pegada nalgúns nostálxicos, e esta semana asistimos a unha reconstrución histórica daquelas locucións exaltadas a cargo de Alfonso Rueda e a súa conselleira de vivenda, María Martínez Allegue. A escena, representada diante dos 24 pisos de protección oficial que a Xunta vén de entregar en Santiago (os primeiros en 17 anos de goberno), tiña todos os vimbios simbólicos cos que se teceran aquelas reportaxes do réxime: as humildes familias expectantes a pé do estrado que se instalara para que o presidente Rueda puidese saudalas desde arriba, os chaveiriños en forma de casa co logotipo da Xunta pendurados dun panel azul corporativo, a prensa gráfica retratando para as súas galerías fotográficas a todos e cada un dos destinatarios do alugueiro protexido, os agradecementos entre bágoas, o sorriso paternalista dos políticos.

Como nunha graduación de película americana, un Matías Prats de a patacón anunciaba o nome da persoa adxudicataria e esta tiña que subir ao estrado (conteilles xa que había un estrado?) e desfilar até o lugar onde por fin recoller as súas chaves de mans do presidente ou da conselleira. O nivel de espectacularización dos dereitos constitucionais foi tal que case foi un milagre que a Alfonso Rueda non lle escapase un “you get a house!” ao estilo Oprah Winfrey cada vez que entregaba un xogo de chaves.

Antes diso, o discurso, lembrándolles aos arrendatarios que eses pisos están pagados “con impostos de todos os galegos”, como se eles non fixesen parte dos galegos que pagan impostos e só estivesen alí como obxecto de beneficencia. Para que non quedase dúbida de que non todos somos iguais neste mundo de propietarios e rendeiros, o presidente encomendounos tamén a coidar as súas vivendas “como se fosen as vosas casas”. Non descarto que vaia facer coma os propietarios de pisos de estudantes e se pase a cobrar o alugueiro en man para poder osmar cando lle abran a porta, a ver como lle ten o piso esa xente.

O que debería ser un trámite burocrático de acceso a unha escasísima primeira oferta de vivenda pública, asinar uns papeis e recoller unhas chaves, virou, en mans da Xunta do PPdeG, nun festival da beneficencia na liña á que xa nos teñen afeitos, como aquel acto do primeiro aniversario de Alfonso Rueda á fronte do goberno galego, no que destinatarios de distintas prestacións sociais agradecían a Deus e a Xunta que os cartos públicos se destinasen a servizos públicos. E imos ter festivais para un bo anaco, porque aínda quedan 32.000 demandantes de vivenda pública que levan máis de catro lexislaturas do PP agardando. Se cadra os vindeiros agraciados, no canto de asumir o estilo do NO-DO, optan pola estética berlanguiana, e dálles por subir todos xuntos de ganchete ao estrado cantando aquilo de “Alfonso Rueda, te recibimos con alegría…”. Será, sen dúbida, o que está a soñar o presidente mentres se prepara para licitar outros 24 pisos nas vindeiras décadas.

La derecha recurre al miedo cuando tiene perdida la razón. Es por eso que estos días en los que se está debatiendo que no puede existir un mercado de la vivienda mientras no esté garantizado el derecho de las familias a tener un techo donde vivir han comenzado a usar la manida estrategia de los asustaviejas. Los defensores de los rentistas, en política y medios, no han parado de mentir diciendo que la izquierda vamos contra los propietarios y que nuestra intención es expropiar las viviendas de quien tiene un hogar heredado con el que complementa la pensión, o que estamos persiguiendo al pobre anciano que se paga la residencia de ancianos con el alquiler de la vivienda donde siempre ha vivido. Por cierto, algo que jamás tendría que ocurrir porque la izquierda aboga por residencias públicas y de calidad que nadie debería pagar. Pero no, la verdad es más sencilla. 

Los que somos de izquierdas, los marxistas, los socialistas, los anarquistas y cualquiera que se considere progresista debería amar al propietario cuando hablamos de vivienda porque queremos que todo el que quiera serlo pueda serlo, que todo el que quiera sea propietario de una vivienda, para vivir, lo que odiamos, lo que perseguimos, lo que consideramos un crimen es el acaparamiento y el rentismo, lo que denunciamos es que mientras haya una familia sin un hogar no puede haber otra con diez. Es fácil de entender de esta manera. Nosotros defendemos que la vivienda es un derecho fundamental que debe estar garantizado y que hasta que eso no ocurra hay que perseguir y prohibir la posibilidad de que se haga negocio con el ladrillo y de que unos pocos privilegiados vivan a coste del sufrimiento de muchos. 

Los modelos socialistas de vivienda, y de éxito, han existido en la historia y se alejan mucho de la caricatura que hace de ellos quien no ha leído lo más mínimo sobre las estrategias económicas que garantizan el acceso a la vivienda por encima del derecho a la propiedad privada como bien absoluto que ni siquiera existe en una constitución de democracia liberal capitalista como la española. La Yugoslavia socialista permitía la propiedad privada de viviendas de quienes la usaban para vivir, lo que no permitía era el acaparamiento porque no se permitía que nadie acumulara capital en un bien fundamental para la clase trabajadora como era la vivienda. En esos casos había nacionalizaciones del patrimonio sobrante permitiendo al propietario quedarse con la vivienda de uso personal. No es revolucionario, simplemente es una idea humanista defender que mientras no se garantice un derecho humano para la mayoría no pueden permitirse los privilegios de unos pocos. 

La derecha miente para meter miedo porque sabe que no hay animal más temeroso que la clase media, aspiracional o concretada, con pavor a perder parte de su situación acomodada. Esa clase media, que no es más que clase trabajadora que ha heredado, y que viene de una situación más depauperada que busca por encima de todas las cosas que los que tiene debajo no mejoren para que puedan tener aún esa sensación de superioridad recién adoptada que les permita llevar a sus hijos al concertado y pagar un seguro privado de salud para eludir las listas de espera. A la derecha le funciona porque este tipo de personas son tan temerosos que no se van a molestar en informarse mínimamente, pero tampoco estamos aquí para hacer pedagogía con egoístas sin pensamiento crítico. Defendemos nuestras ideas sin complejos y quienquiera que se acerque a ellas. 

No estamos en una economía socialista y tenemos que pensar en el “mientras tanto” en una economía capitalista que tan bien teorizó el brillante marxista Manuel Sacristán. No tendría que haber un mercado de vivienda más allá de aquel que provea a quienes no tienen ninguna vivienda y necesitan su primer hogar. No tendría que haber un mercado especulativo que permita a grandes tenedores monopolizar la propiedad para establecer una demanda cautiva de sus intereses. Ni siquiera sabéis cuál es nuestro modelo de vivienda porque no tenéis capacidad para debatirlo sin acabar recurriendo a la estrategia del miedo para que no se vean las carencias éticas y morales de quien defiende el actual modelo que expulsa a la clase trabajadora de las ciudades, deja sin hogar a quien lo ha pagado toda su vida y permite que los herederos, privilegiados y rentistas se hagan cada vez más ricos a costa de despojar del fruto de su trabajo a un ejército de trabajadores que parasitan con alquileres abusivos dependientes de un negocio fraudulento. Una vivienda para cada familia. La izquierda ama al propietario, la derecha al rentista. 

La vivienda lleva años siendo uno de los principales problemas de Canarias. Pero lo que ha ocurrido con Maricarmen ha hecho algo más que volver a poner el problema en el escaparate. Ha puesto nombre y rostro a una dificultad que llevaba tiempo creciendo en los gráficos. El análisis conjunto de los indicadores de compra de vivienda, alquileres, inflación, salarios y renta ha dibujado una radiografía socioeconómica en el Archipiélago, marcada por la pérdida de accesibilidad a la vivienda, el estancamiento del poder adquisitivo individual y la presión sobre el modelo de hogar.

Los datos recogidos desde 2008 reflejan un efecto tijera que se abre a partir de 2020 -sufrido año de pandemia- entre el coste de adquirir una vivienda y lo que cobra un trabajador. Sin embargo, el gran salto en el precio de compra se produjo mucho antes. En 2015, tras el crack financiero que comenzó en 2008 y se extendió hasta 2013, el índice alcanzó una subida del 91,5%. En ese mismo periodo, el salario medio anual apenas aumentó un 26,5%.

El resultado es que en Canarias el precio de la vivienda ha crecido a un ritmo casi tres veces superior al de los sueldos y la consecuencia es una barrera de entrada cada vez más difícil de superar para los jóvenes y las rentas medias, incapaces de ahorrar la entrada necesaria para una hipoteca ante el esfuerzo financiero que supone comprar una casa.

A esta ecuación se suma un protagonista macroeconómico ineludible: la inflación. Una sucesión de crisis globales y factores externos ajenos a la política nacional -los coletazos de la pandemia, la guerra en Ucrania, el shock energético, la crisis en el mar Rojo y las sequías prolongadas- han empujado al Índice de Precios de Consumo (IPC) hasta acumular una subida del 27,2% entre 2015 y 2025, encareciendo el coste de la vida de forma drástica.

En este escenario, las medidas de contención impulsadas por el Gobierno de España y los agentes sociales, como el aumento continuado del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la revisión de los convenios colectivos, han servido de escudo para la población trabajadora. La subida media de los sueldos, del 26,5%, ha permitido prácticamente empatar con la inflación y evitar una pérdida generalizada de poder adquisitivo frente a la cesta de la compra o la energía.

Pero ese empate tiene una cara menos visible. Al tener que destinar buena parte del incremento salarial a absorber la subida del coste de la vida, los trabajadores apenas han podido generar capacidad neta de ahorro. Y sin ahorro, la escalada del precio de la vivienda se convierte en una barrera aún mayor.

La vivienda en Canarias supera los máximos de la burbuja inmobiliaria

Además, la dimensión de la crisis actual deja atrás el pico histórico registrado durante la gran burbuja inmobiliaria de principios de siglo. En 2008, en el momento de máxima tensión del mercado, el índice del precio de compra alcanzaba los 136,3 puntos (base 2015 = 100). Tras una década de reajuste que tocó suelo en 2013, con 96,0 puntos, la escalada se reactivó hasta superar en 2022 aquel techo que parecía inalcanzable.

Con un índice de 191,5 puntos en 2026, comprar una vivienda en Canarias es hoy un 40,5% más caro que en el punto más alto de la burbuja de 2008.

La situación se agrava por el cambio en las condiciones financieras. Si en 2008 las entidades podían llegar a financiar el 100% de la operación, hoy el comprador necesita disponer de un ahorro previo que puede acercarse al 30% del valor total de la vivienda para firmar una hipoteca.

Esta asfixia sobre el trabajador individual ayuda a explicar por qué la renta media disponible de los hogares en Canarias ha crecido a un ritmo muy superior al de los sueldos. En 2025, el incremento acumulado respecto a 2015 alcanza el 64,6%. Detrás de este dato hay una transformación del propio hogar: cada vez son más los adultos que trabajan bajo el mismo techo para poder hacer frente a las facturas.

Pero ni siquiera este esfuerzo colectivo, basado en sumar varias fuentes de ingresos dentro de una misma casa, consigue mantener el paso frente al mercado de compraventa. En ese mismo periodo de diez años, el precio de la vivienda había avanzado un 77,4%, una escalada que alcanza el 91,5% en 2026 según el indicador analizado.

El Gobierno de Canarias, por su parte, ha aprobado desde 2024 distintas normas para intentar acelerar la construcción, incluida una reforma para agilizar las licencias urbanísticas y favorecer la construcción de vivienda. Pero la propia evolución del mercado evidencia que los precios siguen marcando máximos y el déficit de oferta permanece. En julio de 2026, Clavijo volvió a situar el objetivo en más de 4.000 viviendas públicas “en marcha” al término de la legislatura, pero actualmente hay 1.426 familias o individuos en situación de desahucio (ejecutado en el último año) y 36.950 personas registradas como demandantes de vivienda protegida -según el ICAVI- que no pueden esperar para acceder a una casa.

El alquiler se encarece y pierde su papel como alternativa a la compra

En el gráfico entra también en juego el mercado del alquiler, otra de las grandes vías de acceso a la vivienda y uno de los principales quebraderos de cabeza para miles de canarios.

Aquí la evolución es diferente. Según el indicador oficial del INE, el alquiler acumula una subida del 24% entre 2015 y 2024, una evolución que discurre en paralelo a la inflación. Este comportamiento más contenido se explica por la estabilidad de los contratos de larga duración y por los límites legales del 2% y el 3% aplicados durante los últimos años para contener la actualización anual de las rentas. Pero la verdadera brecha aparece cuando se mira al acceso a una vivienda en alquiler.

Mientras los contratos ya consolidados mantienen cierta protección, la imposibilidad de comprar obliga a miles de personas a buscar una vivienda en el mercado libre. Y ahí los precios de los nuevos arrendamientos sufren una tensión mucho más parecida a la de la compraventa.

La consecuencia es que el alquiler, que durante años ha funcionado como la principal vía alternativa a la compra, también empieza a cerrar esa puerta.

El resultado es una pinza cada vez más estrecha. Comprar exige un ahorro que buena parte de los trabajadores no puede generar, alquilar una vivienda nueva obliga a asumir precios cada vez más elevados y, mientras tanto, los hogares necesitan sumar más ingresos para mantener el mismo nivel de vida.

La especulación con la vivienda también tiene mucho que ver en esta 'involución'. En el Archipiélago, el mercado inmobiliario ha dejado de responder únicamente a las necesidades residenciales locales para convertirse en un activo financiero de altísima rentabilidad. La proliferación del alquiler vacacional -que ya supera las 50.000 viviendas turísticas registradas en las islas- y la fuerte irrupción del comprador no residente han drenado la oferta de larga temporada.

Este drenaje de la oferta no solo impulsa los precios de los nuevos contratos de arrendamiento a niveles de récord histórico, sino que alimenta un fenómeno inédito, el crecimiento acelerado de las viviendas vacías o deshabitadas, que en Canarias ronda las 160.000 unidades según el último censo del INE.

Sin un parque público de vivienda capaz de actuar como colchón -que en las islas apenas representa el 1% del total de inmuebles, frente a la media europea del 9%-, el mercado residencial queda expuesto sin amortiguadores a la ley de la oferta y la demanda. El resultado final es una brecha estructural donde el derecho a un techo compite en clara desventaja contra la rentabilidad del capital.

Las pernoctaciones en pisos turísticos se duplican

Esta presión sobre el mercado residencial se ha visto agravada por el auge de la actividad turística, especialmente a través de las viviendas destinadas a estancias de corta duración. Desde 2010, el número de turistas en Canarias ha batido récords hasta alcanzar los 18,38 millones en 2025, un crecimiento que también ha tenido su reflejo en la oferta de alojamientos turísticos. La estadística de estancias cortas ofertadas en plataformas online que recoge Eurostat sitúa a Las Palmas como la tercera provincia de España con mayor número de viviendas turísticas, con 26.998 alojamientos.

Ante esta situación tanto Nueva Canarias como Podemos y PSOE de Canarias han defendido la implantación de una tasa turística para amortiguar el impacto del modelo vacacional sobre el territorio. Los socialistas, por ejemplo, han exigido en el Parlamento que los ingresos recaudados por este concepto se destinen de forma íntegra a la mejora de los servicios públicos, las infraestructuras, la vivienda y la conservación medioambienta

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), sugirió la posibilidad de subir el IGIC a las pernoctaciones hoteleras, como alternativa “más eficiente” y de mejor redistribución a esa tasa.

Casi siete de cada diez jóvenes canarios vive con sus padres

El principal damnificado de esta subida de precios es la juventud. Según el Observatorio de Empancipación, el 85,9% de los jóvenes canarios de entre 18 a 34 años viven con sus padres. El fenómeno no es nuevo. En medio de la crisis, en 2010, eran el 74,5%. Desde entonces ese número no ha parado de crecer, y ahora casi 7 de cada 10 jóvenes están viviendo en casa de sus progenitores. Pero eso no obsta para que cada vez sean menos jóvenes los que se pueden independizar. De hecho, la emancipación ha descendido casi un tercio respecto a 2010 (del 46,5% al 32,5%).

Qué contratos hubiesen sido prorrogables en Canarias con el decreto de vivienda

Una de las medidas con más alcance tenía del real decreto de vivienda, tumbado por PP, Vox y Junts, era la prórroga extraordinaria para todos aquellos contratos de alquiler que vencieran antes de 2029. En Canarias, 108.250 contratos se hubiesen visto afectados, según estimaciones del Ministerio de Consumo a partir del panel de hogares, todos aquellos con contrato en vigor hasta el 31 de diciembre de 2028. Si lo dividimos en capitales, Las Palmas hubiese tenido 61.030 contratos prorrogables y Santa Cruz de Tenerife 47.230.

Dos docenas de personas sonríen a la cámara desde una tarima. Hay jóvenes, mayores, personas racializadas. La mayoría son mujeres: dos cubren la cabeza con velo, una portea un bebé, hay otra que va en silla de ruedas. Casi todos muestran en su mano las llaves de alguno de los 24 pisos de alquiler social que la Xunta acaba de entregarles. Entre quienes no lo hacen están el presidente gallego, Alfonso Rueda, y la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue. El gobierno autonómico es la única administración presente en el acto, lo que provocó la indignación de la Delegación del Gobierno, que cofinancia a través de los fondos Next Generation tres de las promociones impulsadas en Santiago de Compostela casi 20 años después de la apertura de las últimas viviendas protegidas. Tras ver las imágenes, es posible que hayan agradecido lo que horas antes les parecía una falta de “respeto institucional”. Para las entidades sociales, este tipo de actos “a los que es muy difícil negarse” pueden “fomentar discursos aporofóbicos”.

Los beneficiados –entre los que hay 9 menores de 36 años, para los que se reservaron el 40% de las plazas– salieron del registro oficial de demandantes de vivienda pública. Más de treinta mil personas siguen inscritas en él, unas 2.000 con la capital gallega como prioridad. Un speaker pronunciaba su nombre y el número y el portal de su nueva casa para que recogiera las llaves de manos de Rueda y Allegue. En la primera fila, el portavoz del PP en el Parlamento, Alberto Pazos, sonreía y aplaudía como si fuese uno de ellos.

“Lo único que os pedimos es que seáis conscientes del esfuerzo que hacen todos los gallegos –esto está pagado con impuestos de todos los gallegos– y que las cuidéis como si fuesen vuestras casas porque van a ser vuestras casas”, les solicitó Rueda desde el atril antes de defender que “vivienda pública no es vivienda de mala calidad, es vivienda digna porque es para personas que son dignas”. Lo hizo con tanto ímpetu que acabó enredado en un requiebro rajoyesco en el que poco le faltó para enmendarse a sí mismo: “Dijimos que íbamos a hacer muchas viviendas, pero yo prefiero hacer menos viviendas, si es necesario –que no va a ser, vamos a cumplir lo que dijimos–, y que sean viviendas que desde el primer día hagan honor a las personas que vais a vivir allí”. Y todo porque tienen aerotermia y paneles solares.

No sólo los impuestos de los gallegos han sufragado los 4,6 millones de euros que ha costado esta remesa de pisos. 600.000 euros proceden de Europa, de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR, los conocidos fondos Next Generation) y fue el gobierno quien decidió dedicarlos a esta promoción dentro del Programa 6 del Plan de Recuperación, que prevé 20.000 viviendas sociales en todo el Estado y 1.169 en la comunidad autónoma. En concreto, el Ejecutivo destina 2,3 millones de euros a tres promociones en Santiago que sumarán un total de 60 pisos.

No “exponer” a los beneficiarios

Xoán Bascuas fue el delegado de la Consellería de Vivenda entre 2005 y 2009, durante el gobierno de PSOE y BNG que separó los 16 años de Fraga de los 17 que ya suman Feijóo y Rueda. Hasta este martes, según recordó, él había sido el último en entregar pisos protegidos en Santiago, en el año 2007. Después de ver la escenificación de la Xunta, escribía en la red social X: “En el maldito bipartito, la entrega de viviendas públicas era un acto privado. No se exponía públicamente a los beneficiarios”.

“Conviene preguntarse hasta qué punto existe verdadera libertad para rechazar una ceremonia de este tipo cuando quien acaba de recibir una vivienda es convocado a un acto encabezado por las máximas autoridades autonómicas”. Es la reflexión que hace Carla Leiras, portavoz de As Ninguéns, el foro socioeducativo vigués contra la pobreza y la exclusión. “Aunque la asistencia no sea jurídicamente obligatoria, existe una evidente asimetría entre la Administración que adjudica la vivienda y la persona que acaba de recibirla”. Por eso reclaman a las instituciones que “extremen la sensibilidad”

“Hay una elevada sobrecomunicación”. El director de EAPN Galicia, Xosé Cuns, se siente claramente incómodo con performances como la de este martes porque “pueden fomentar discursos aporofóbicos”. Critica que en estos actos “se expone a personas que llevan años esperando, intentando hacer publicidad como si fuese una concesión, una gratuidad” cuando lo que se les está concediendo es “un derecho que debería haberse cumplido hace quince años”. “Con el retraso que llevamos, que durante lustros apenas se construyó ninguna vivienda pública, un poco de prudencia y humildad estaría bien; tanta sobreactuación puede ser contraproducente”.

“Transmite una imagen triunfalista de la política de vivienda que no se corresponde con la realidad que viven muchas personas”, coinciden As Ninguéns. “Nos incomoda especialmente el formato elegido: una ceremonia pública, la subida de las personas adjudicatarias a un escenario, presencia de cámaras y una amplia exposición mediática”. Leiras, compara la alegría de los beneficiarios con “una lotería”, lo que para ella prueba la existencia de una “enorme necesidad habitacional”.

Como a ella, más allá de lo criticable del acto, a Cuns también le preocupa el fondo. Dicen haber detectado “no un frenazo, pero sí una desaceleración” en los compromisos de Rueda. “Nos sorprendió mucho que, si se compromete a duplicar el parque público hasta 2028 –de 4.000 a 8.000 viviendas–, lo lógico y lo que esperábamos sería duplicarlo de nuevo hasta 2032, pero sólo anunció 2.000 viviendas más hasta 2030”. A eso suman la falta de “avances” en otro tipo de respuestas que no pasan por la construcción: viviendas de emergencia, alternativas al chabolismo y la infravivienda o medidas inmediatas de acceso a un techo.

Este análisis coincide con el del Sindicato da Vivenda de Compostela, que ha sido quien ha convocado acampadas como la celebrada en la estación intermodal de la ciudad o la que se ha iniciado en la Praza do Obradoiro. Para ellos, “usar como un escaparate político un momento que debería ser privado” resulta “irrespetuoso”. Aún así, del acto se quedan, sobre todo, con dos frases de Rueda que “reflejan su falta de conocimiento de la realidad en la que vivimos muchas personas de alquiler y una ceguera que puede ser accidental o intencionada”, aseguró a elDiario.es Dani González, uno de sus portavoces.

González se refería a las palabras del presidente de la Xunta a los beneficiarios de los alquileres que fueron destacadas por los medios: “Hay dos maneras de afrontar esto [el problema de la vivienda]: teorizar, hablar mucho, dar soluciones que nunca se cumplen o ésta que es la que preferimos nosotros, que es ir construyendo poco a poco hogares y oportunidades para todo el mundo”. Es decir: ninguna solución que no pase por más ladrillo.

“Esta perspectiva de avance progresivo de construcción no nos parece adecuada a la emergencia que estamos viviendo. Sean 24, sean cien o sean mil, la situación no permite medidas tibias y progresivas: necesitamos medidas ya”. Por eso, a Cuns también se le encendieron las alertas cuando no se incluyó a ninguna entidad del tercer sector en el llamado “segundo pacto por la vivienda”. Está convencido de que eso pone en cuestión su carácter social. “Rueda puede decidir mirar para otro lado, pero le va a costar mucho ignorar las demandas sociales de toda la ciudadanía que se está movilizando”, concluye González.

En medio del clamor social, las acampadas y las manifestaciones derivadas del desahucio de Maricarmen en Madrid, en Castilla-La Mancha se prepara un “cañón urbanístico” para crear vivienda. Con estas palabras ha definido el Gobierno de Emiliano García-Page algunas de las medidas que ha incluido en la ley de vivienda y suelo que actualmente tramitan las Cortes regionales por la vía de urgencia, prácticamente en el tramo final de legislatura y tras 12 años desde que Page prometió una normativa autonómica propia.

Ese calificativo lo pronunció el consejero de Fomento, Nacho Hernando, durante la defensa que hizo de este texto en el debate de su toma en consideración, que salió adelante con los únicos votos a favor de la mayoría absoluta del PSOE. El PP y Vox se abstuvieron y no la apoyaron. Desde entonces, el Gobierno regional ha hablado de “negociaciones” con los 'populares' para que la apoyen, pero estos últimos las han negado.

Su definición se refiere principalmente a la necesidad de agilizar y simplificar trámites urbanísticos, y de crear nuevas fórmulas de planeamiento municipal, para que la comunidad autónoma pueda crear vivienda pública o con algún tipo de protección ante el enorme cuello de botella generado por los altos precios en el mercado inmobiliario tanto para compra como para alquiler.

Con ese objetivo incluye toda una batería de propuestas que no recabaron, al menos en principio, el apoyo de las derechas. Una de las medidas más significativas es el cambio de uso especial en parcelas calificadas como terciarias o dotacionales privadas para implantar viviendas de protección pública. Y junto a ella, también se incorpora el incremento de la edificabilidad hasta en un 20% y de densidad hasta en un 30% en parcelas destinadas a inmuebles con este tipo de protección.

El PP no apoya una ley que ya aplica donde gobierna

Se trata de dos medidas que adquirirán rango de ley en Castilla-La Mancha cuando la propuesta de Page quede promulgada, pero que afectan de manera muy directa a los ayuntamientos y a sus planeamientos urbanísticos. Este es uno de los argumentos que los grupos parlamentarios del PP y de Vox han esgrimido para no apoyar, de entrada, la propuesta de ley.

Consideran principalmente que “menoscaba la autonomía local” al dar un plazo de tan solo cuatro meses a los ayuntamientos, desde la entrada en vigor de la normativa, para que puedan decidir si se aplica o no en su término municipal tanto la reconversión de parcelas terciarias como la ampliación la edificabilidad.  

Sin embargo, y como ha podido constatar este periódico, este plazo es el mismo que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya impuso a los ayuntamientos en la ley de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida que la Comunidad de Madrid aprobó hace dos años.

De hecho, los textos en ambas normas son prácticamente iguales, aunque incluidos en disposiciones diferentes del articulado: “Los ayuntamientos podrán, en el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor (…) decidir no aplicar en su término municipal los regímenes previstos en las mismas, así como establecer condiciones adicionales o definir los ámbitos territoriales para su implantación. Las personas interesadas podrán solicitar las licencias necesarias para la materialización de dichos regímenes transcurrido el plazo de cuatro meses”.

Durante ese periodo, los ayuntamientos tienen la opción de rechazar la aplicación de las dos medidas mencionadas en su territorio, fijar condiciones adicionales para su puesta en marcha o delimitar las zonas o ámbitos territoriales concretos donde se permitirán.

De esta forma, si un ayuntamiento no se pronuncia de forma explícita ni adopta un acuerdo motivado durante ese periodo de cuatro meses, los regímenes especiales pasan a aplicarse de forma automática en su término municipal. Es decir, la norma está diseñada para que el silencio municipal no bloquee la medida.

Lo más llamativo es que no es lo único que Castilla-La Mancha ha ‘copiado’ de la normativa madrileña. Al margen de esta postura contradictoria del PP, rechazando en Castilla-La Mancha lo que apoya en la Comunidad de Madrid, donde gobierna, las otras dos 'medidas estrella' incluidas en la futura normativa castellanomanchega se encuentran también en una modificación más reciente de la ley de vivienda protegida de Ayuso, concretamente la publicada el pasado mes de julio.

En esta última, el Gobierno de la Comunidad de Madrid cambia la mencionada ley anterior de 2024 por otra de “medidas urgentes” para el incremento de la Oferta de Vivienda con Protección Pública. Entre esos cambios, añade un nuevo artículo tercero que regula la posibilidad de ampliación de hasta un 20 % de la edificabilidad y de hasta un 30% de la densidad, en suelos sin edificar, “aptos para la edificación, que tengan calificación de vivienda de protección pública, sin necesidad de modificación del planeamiento urbanístico vigente”.

Y estas medidas también son exactamente iguales que las de la futura normativa castellanomanchega, que establece, en una de sus disposiciones adicionales, esos mismos porcentajes de incremento en edificabilidad y densidad, y también únicamente en viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. Al igual que en Madrid, la futura Ley de Page no requiere tramitar una modificación o revisión del planeamiento urbanístico vigente.

Lo que se añade en Castilla-La Mancha es que para facilitar la materialización de ese 20% de edificabilidad adicional, la ley autoriza expresamente un incremento de altura de hasta dos plantas sobre el máximo permitido por el planeamiento.

Más medidas casi iguales en ambas leyes

Finalmente, la versión más reciente de la ley de medidas urgentes de la Comunidad de Madrid modifica también la de hace dos años para reconvertir parcelas o edificios con calificación de uso terciario para destinarlos a vivienda protegida, Se amplía también esta posibilidad a parcelas sin edificar o con edificabilidad vacante que tengan calificación de uso dotacional privado. Esto también coincide plenamente en el objetivo y en el mecanismo jurídico de la futura ley castellanomanchega, aunque esta última aborda ambos supuestos de manera más amplia.

La ley de medidas urgentes de Castilla-La Mancha autoriza en sus disposiciones adicionales de forma genérica la implantación de vivienda protegida en parcelas calificadas con uso terciario (lo que engloba oficinas, comercial o alojamientos según la ordenación del sector), sin distinguir por el tipo específico de actividad.

Pero al igual que en la normativa madrileña, la ley castellanomanchega establece que esta implantación tiene eficacia inmediata desde la entrada en vigor de la ley y no requiere tramitar una modificación o revisión del planeamiento urbanístico vigente.

Con carácter general, el objetivo de la futura normativa del Gobierno de Page es transformar rápidamente suelos destinados a comercios, oficinas o servicios en viviendas de protección pública, evitando los largos trámites que habitualmente exige cambiar el plan urbanístico de un municipio.

La propuesta establece que para poder acogerse a esta medida los terrenos o inmuebles deben estar situados en suelo urbano consolidado, suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable que ya cuente con ordenación detallada. También deben ser aptos para construir de forma inmediata o disponer de un régimen de simultaneidad entre las obras de urbanización y las de edificación.

De igual forma, la norma contempla, para evitar “desequilibrios” urbanísticos, que el nuevo uso residencial se destine obligatoriamente a viviendas de protección pública. Asimismo, impone que si toda una zona o sector tiene uso global terciario o dotacional privado, las viviendas protegidas que se implanten no podrán superar el 50% de la edificabilidad total de ese sector.

Sí permite mantener otros usos compatibles previstos en la ordenanza municipal, siempre que no superen el 20% de la edificabilidad materializada ni resulten incompatibles con las viviendas.

En cuanto a los plazos y costes de esta medida, la futura ley establece que si la llegada de las nuevas viviendas obliga a ampliar o reforzar infraestructuras o dotaciones públicas exteriores a la parcela, todos los costes de ejecución corren a cargo del solicitante de la licencia. Y para la solicitud de estas últimas, abre un plazo de cinco años, contados tras el periodo inicial de cuatro meses reservado a los ayuntamientos. Una vez iniciadas las obras, deberán estar concluidas y aptas en un plazo máximo de tres años.

La coordinación entre esta medida y el incentivo de los mencionados incrementos de edificabilidad y densidad se basa en su “plena compatibilidad”. Es decir, en las disposiciones adicionales de la ley se precisa de forma explícita que el incremento de edificabilidad es compatible con el régimen especial de cambio de uso. Esto significa que en una misma parcela de uso terciario o dotacional privado se pueden aplicar de forma conjunta ambas medidas sin necesidad de modificar el plan urbanístico.

¿Qué son 'parcelas aptas'? La normativa no lo clarifica

Pero hay una cuestión que la futura ley no clarifica. En otra de las disposiciones adicionales, se permite el aumento de la edificabilidad en 'parcelas aptas' para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección público, pero no define claramente a qué se refiere con el calificativo de “aptas” y si en esos casos también se podría destinar esa parcela a hacer vivienda libre.

Actualmente, en Castilla-La Mancha es posible que en un mismo edificio convivan viviendas libres con otras protegidas, por lo que la duda es si un promotor podría beneficiarse del aumento del 20% de la edificabilidad para crear vivienda no protegida. O si, por el contrario, al hablar de 'parcelas aptas' solo sabe que se destinen a inmuebles con algún tipo de protección. Por el momento, la Consejería de Fomento no ha aclarado esta cuestión.

Por otra parte, hay otra novedad muy relevante en la nueva ley que atañe a los municipios y sus Programas de Actuación Urbanística (PAU): introduce una vía de tramitación preferente y 'acelerada' dirigida específicamente a municipios con necesidades acreditadas de vivienda ubicados en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.

En estos casos, combina una reducción drástica de plazos a la mitad con la exigencia de garantías urbanísticas y ambientales estrictas. En el primer caso, se exime de la obligación de realizar la consulta previa preceptiva para formular y presentar el PAU en suelo rústico de reserva. Además, los plazos de información pública, consulta, presentación de alternativas técnicas y proposiciones jurídico-económicas se reducen al 50%.

Asimismo, en municipios de menos de 10.000 habitantes, el plazo preceptivo para que la Consejería emita informe técnico-jurídico sobre la alternativa técnica y la proposición elegidas pasa de un mes a 15 días. Y, de igual forma, el periodo de tiempo para que pleno municipal resuelva sobre la aprobación y adjudicación del PAU se reduce de 40 a 20 días desde que sea posible adoptar el acuerdo.

En cuanto a las garantías urbanísticas y ambientales, la ley fija salvaguardas explícitas que el promotor y la administración deben justificar. Por ejemplo, la viabilidad urbanística exige probar que el núcleo urbano preexistente se halla completamente consolidado y que la demanda de vivienda no puede ser satisfecha mediante actuaciones de rehabilitación, regeneración o renovación urbana.

Además, los nuevos desarrollos residenciales derivados del PAU deben garantizar obligatoriamente la continuidad física con los núcleos urbanos existentes, prohibiendo expresamente la “dispersión” del crecimiento y exigiendo un desarrollo territorial “ordenado”.

Finalmente, la nueva ley de vivienda y suelo de Castilla-La Mancha contemplará un conjunto de mecanismos muy concretos para impulsar la planificación urbanística en los pueblos pequeños. Entre las medidas, articula una línea de ayudas directas para municipios con una población inferior a 10.000 habitantes de derecho. Consisten en la prestación directa por parte del Gobierno regional de los servicios técnicos necesarios para la redacción, revisión o adaptación de los planes generales municipales.

También establece que la Consejería de Fomento podrá suscribir convenios con los municipios para adaptar o revisar su planeamiento cuando resulte necesario para desarrollar actuaciones estratégicas de interés autonómico. Los instrumentos de planeamiento elaborados mediante estos convenios tendrán “carácter preferente” y la Consejería actuará como órgano sustantivo, impulsando de oficio la solicitud simultánea de los informes sectoriales preceptivos para acelerar su aprobación.

Por último, en municipios ubicados en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación con necesidades acreditadas de vivienda, se autoriza a los Planes Especiales a reclasificar suelo rústico a urbanizable si el casco urbano consolidado no puede absorber la demanda. También en estos casos se exime a los promotores de la consulta previa obligatoria para presentar el PAU y todos los plazos de información pública, examen de plicas y adjudicación se reducen a la mitad.

En Castilla-La Mancha, el debate sobre vivienda no puede reducirse al precio medio del metro cuadrado. La Encuesta de Condiciones de Vida del INE sitúa al 34% de la población regional en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025, frente al 25,7% del conjunto de España. Además, el 12,7% declara llegar a fin de mes con mucha dificultad, el porcentaje más alto entre las comunidades autónomas. Hablamos de más de una de cada tres personas en riesgo de pobreza o exclusión y de aproximadamente una de cada ocho con graves dificultades para cubrir sus gastos.

La vivienda explica una parte esencial de esa pobrza. Un hogar estable y con un coste asumible permite buscar empleo, estudiar, cuidar, descansar y participar en la comunidad. Cuando el alquiler y los suministros absorben una parte excesiva de los ingresos, se aplazan facturas, se reduce la calidad de la alimentación, se limita la calefacción y se renuncia a otros gastos básicos. La política de vivienda es, por tanto, una política de salud, infancia, juventud, empleo y cohesión territorial.

El alquiler agrava la desigualdad

El XVI Informe El Estado de la Pobreza de EAPN España confirma la brecha: el 43,6% de las personas que viven de alquiler a precio de mercado está en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 19,5% de quienes residen en una vivienda en propiedad. Quien no dispone de ahorro, estabilidad laboral o apoyo familiar está relegado a alquilar una vivienda y soportar un esfuerzo mayor sin acumular patrimonio. El resultado es un círculo difícil de romper: se paga más precisamente cuando existe menos margen para ahorrar.

A esta presión se suma la escasez de vivienda social. El informe de país de la Comisión Europea publicado en 2026 estima que las viviendas destinadas a fines sociales representan solo entre el 1,5% y el 1,7% del parque español de vivienda, muy por debajo de la media de la Unión Europea, situada entre el 6% y el 7%. Con un parque tan reducido, las administraciones tienen poca capacidad para responder a una crisis residencial como en el que estamos inmersos y las ayudas a la demanda terminan compitiendo en el mismo mercado que expulsa a los hogares con menos ingresos.

Una región con mercados de vivienda distintos

Castilla-La Mancha no tiene un único mercado de vivienda. Toledo, Albacete y los corredores de La Sagra y del Henares concentran presión de demanda, subidas de precios y desplazamientos hacia municipios periféricos. En buena parte del medio rural ocurre algo diferente: existen inmuebles vacíos, pero faltan viviendas habitables en alquiler, rehabilitación, eficiencia energética y conexiones asequibles con el empleo, la sanidad, la educación y los cuidados.

Por eso aumentar la oferta, aunque resulte necesario, no garantiza por sí solo la asequibilidad. Una promoción de precio alto mejora las estadísticas de construcción sin resolver la necesidad de hogares con salarios bajos, prestaciones o pensiones modestas. Tampoco basta con contar viviendas vacías: muchas necesitan obras, tienen problemas de titularidad o están lejos de los servicios. Hace falta una gestión pública o social capaz de localizarlas, rehabilitarlas, garantizar el cobro, limitar las rentas y adjudicarlas con criterios transparentes.

La dimensión territorial también obliga a coordinar vivienda y movilidad. Una casa barata deja de serlo si exige mantener dos vehículos o impide aceptar un empleo. En las áreas tensionadas, la prioridad debe ser ampliar el alquiler asequible y evitar la expulsión. En los municipios en riesgo de despoblación, la vivienda debe vincularse al transporte a demanda, los servicios básicos y las oportunidades de empleo. Por todo ello, se hace necesario que el próximo gobierno se implique para revertir esta situación.

Seis compromisos para la próxima legislatura

Compromisos con cifra fecha y responsable

Las elecciones autonómicas de 2027 son una oportunidad para situar la vivienda en el centro del debate regional. No basta con prometer miles de viviendas sin aclarar cuántas serán públicas, asequibles, accesibles, eficientes y protegidas de forma permanente. Tampoco basta con anunciar ayudas sin explicar cuándo se cobrarán, qué presupuesto tendrán o cuántos hogares podrán acceder.

La Red Contra la Pobreza pide a todas las candidaturas objetivos anuales por territorio, financiación plurianual, alquileres vinculados a la renta, un calendario de movilización y rehabilitación, prevención de desahucios, coordinación con la movilidad y los servicios, participación social y publicación semestral de resultados. Cada promesa debe incluir una cifra, una fecha y una administración responsable.

Castilla-La Mancha dispone de suelo, edificios infrautilizados, capacidad institucional y una red social con experiencia. Tenemos el diagnóstico y entidades colaboradoras. Ahora hacen falta decisiones, inversión a escala de la necesidad y continuidad de medidas para producir efectos sobre las personas que puedan evaluarse. Garantizar vivienda pública y asequible es dar a la ciudadanía una base estable desde la que vivir, trabajar, cuidar y participar en igualdad.

Catorce organizaciones de la región han constituido la Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha, una organización que surge para exigir “una respuesta integral a la crisis del derecho a la vivienda”. Sus impulsores la definen como un espacio de “coordinación regional” que busca “sumar capacidades, hablar con una sola voz ante las administraciones y exigir que la vivienda sea tratada como un derecho humano y no como un mero bien de mercado”.

La Plataforma reclama, de manera “urgente”, que los precios de los alquileres se estabilicen y sean asequibles, que se incremente de forma “sustancial” el parque público de vivienda y que se garantice una alternativa habitacional real antes de cualquier desalojo. Además, también piden que la Ley de Vivienda propia de Castilla-La Mancha reconozca esta “como un derecho humano con todas sus garantías”.

En su comunicado inaugural, la Plataforma señala que Castilla-La Mancha reúne “todos los síntomas de la crisis estatal de vivienda”, como un escaso volumen de viviendas públicas, numerosas casas vacías, sin zonas residenciales declaradas como tensionadas y con unos precios de alquiler que se han incrementado en un 95,6%. Además, denuncia que una persona trabajadora destina ya una media del 40% de su salario a un alquiler, que desde 2013 se han ejecutado más de 12.000 desahucios y que esta es la única región, junto con Madrid, que sigue sin una ley propia de vivienda.

“Detrás de estas cifras hay personas y familias que no pueden afrontar una subida del alquiler, que tienen dificultades para mantener su vivienda, que no encuentran una vivienda asequible o que se enfrentan a la pérdida de su hogar sin disponer de una alternativa habitacional digna”, explica el comunicado, que añade que esta crisis golpea “con especial intensidad” a las mujeres, a las personas jóvenes, a las personas migrantes y racializadas y a las personas mayores, que sufren con frecuencia “desahucios invisibles” que no llegan a reflejarse en las estadísticas oficiales.

La vivienda como derecho humano

La Plataforma parte de un principio que considera irrenunciable: “El derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano, y como tal genera para las administraciones públicas las obligaciones de respetarlo, protegerlo y adoptar medidas positivas que aseguren su pleno ejercicio sin discriminación”.

Bajo este marco, la Plataforma denuncia que las administraciones de Castilla-La Mancha incumplen hoy, en distinto grado, estas obligaciones. “No protegen suficientemente frente a la especulación y la discriminación residencial, y no garantizan con medidas positivas un parque público acorde a las necesidades actuales de vivienda y alternativas habitacionales dignas en casos de desalojo de personas vulnerables”.

Detrás de la plataforma están 14 organizaciones provinciales o autonómicas de la región. Muchas de ellas están relacionadas directamente con la vivienda (el Sindicato de Inquilinos de Guadalajara, la Unión Popular de Inquilinos de Toledo, la Asamblea de Vivienda Talavera o las plataformas de Afectados por la Hipoteca de Tomelloso y de Toledo), pero también por ONG como Amnistía Internacional Castilla-La Mancha, Proyecto Kieu o Colectivo Sin Fronteras de Albacete; entidades feministas como la Plataforma 8M Toledo o Feministas de Pueblo CLM; así como otros colectivos u organismos como CCOO Castilla-La Mancha, la Asociación Socioeducativa e Intercultural ASIEM , la Red de la Economía Alternativa y Solidaria (REAS-CLM) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo.

La recién creada Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha ya ha convocado su primer acto el próximo lunes 5, fecha en la que ofrecerá una rueda de prensa en Toledo.

“Hacia la huelga general”

Las concentraciones por la vivienda van a seguir durante todo el fin de semana, convocadas por los Sindicatos de Inquilinas, un colectivo que celebra que la “presión popular y sindical” haya logrado “que Maricarmen pueda volver a su casa, que Rosario gane tiempo y sacar al Gobierno de la inacción”, en referencia al Real Decreto aprobado este martes por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Sin embargo, prevén continuar con las movilizaciones porque “solo la movilización de millones de personas en las próximas semanas conseguirá revertir décadas de políticas a favor de la especulación”. De momento, están confirmadas concentraciones en Toledo (sábado a las 18:30 horas en la plaza de Zocodover para recorrer el Casco Histórico hasta la plaza del Ayuntamiento, pasando por la plaza de San Vicente), Guadalajara (sábado a las 12:00 horas en la plaza del Ayuntamiento para ir por la calle Mayor hasta la calle Wenceslao Argumosa 6), Talavera (sábado a las 13:30 horas en la plaza de la Trinidad), Albacete (sábado a las 18:30 horas en la plaza Gabriel Lodares) y Cuenca (domingo a las 11:30h en la plaza de España).

“Hay años en que no pasa nada, y semanas en que cambia la historia. Esta puede ser una de ellas. Más allá de lo que diga el Decreto, se ha abierto una ventana de oportunidad histórica para revertir décadas de mercantilización de la vivienda, y los próximos días serán claves. Por eso es necesario subir la presión”.

Esta ola es reflejo de la que sucede a nivel nacional, donde el Sindicato de Inquilinas llama a sostener y expandir la indignación de hoy por la vivienda hasta dar con soluciones estructurales y definitivas. Lo ha hecho en la primera gran asamblea popular celebrada en plena acampada de Sol, donde los acampados han pedido una huelga general por la vivienda.

L'adjudicació de 34 habitatges públics ha desfermat la polèmica política a Marratxí, un municipi que en les últimes dècades ha experimentat una profunda transformació urbanística i demogràfica fins a convertir-se, amb més de 40.000 habitants, en un dels més poblats de Mallorca. La controvèrsia afecta una promoció d'habitatge protegit en règim de lloguer les obres del qual van arrancar sota mandat socialista, però els criteris d'adjudicació del qual va modificar el PP per prioritzar els residents amb més de cinc anys d'antiguitat a la localitat. Des de l'oposició denuncien, però, que entre els beneficiaris figura el fill d'un regidor del PP i qüestionen tant els criteris aplicats com la falta de transparència del procediment.

La promoció es troba a sa Cabana, un dels nuclis residencials de Marratxí. Tradicionalment vinculats a la vida de poble, aquests nuclis conviuen avui amb noves urbanitzacions i una creixent pressió immobiliària, que ha encarit l'accés a l'habitatge i tensat el mercat del lloguer. A l'agost de 2026, el preu d'oferta de l'habitatge va assolir els 4.040 euros per metre quadrat en el conjunt del municipi, segons Idealista, en un context d'emergència habitacional que converteix cada promoció pública en un recurs especialment escàs.

Les obres de la nova promoció van arrancar el 24 de gener de 2022, durant el mandat del socialista Miquel Cabot. El 2 de desembre de 2023, ja amb el popular Jaume Llompart al capdavant del Consistori, el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) recollia els llistats provisionals de participants i les seves puntuacions inicials. L'anunci oficial, consultat per aquest diari, dividia els interessats en tres contingents diferenciats: un de preferent per a persones amb més de cinc anys de residència a Marratxí; un altre d'específic per a residents amb aquesta mateixa antiguitat i mobilitat reduïda, i un contingent general que agrupava els qui duien menys de cinc anys al municipi i la resta de sol·licitants de Balears.

Deu dies després, el 12 de desembre, l'Ajuntament va anunciar un acord amb l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) per donar prioritat en l'adjudicació als residents a Marratxí amb més de cinc anys d'antiguitat i reservar cinc habitatges per a persones amb necessitats especials. Els primers 22 habitatges es van lliurar el 31 de juliol de 2024 i els altres 12, el 21 d'octubre d'aquell any.

El criteri dels cinc anys, sota la lupa

La portaveu de Més per Marratxí, Aina Amengual, assegura que fa vuit mesos que reclama de manera infructuosa documentació sobre el procés i que únicament ha pogut accedir a part de la informació a través de les gestions del diputat Ferran Rosa al Parlament, recriminant que les traves a l'accés a les dades han dificultat la fiscalització d'una adjudicació en la qual cada habitatge resulta especialment rellevant per la situació del mercat residencial.

La formació qüestiona els criteris aplicats en la promoció i la prioritat concedida als residents de Marratxí. Segons les dades difoses llavors pel Consistori -i comprovades per aquest diari en la documentació de l'expedient-, hi havia 80 sol·licitants amb més de cinc anys de residència, a més d'una persona amb mobilitat reduïda i aquesta antiguitat, davant de 910 sol·licitants amb menys de cinc anys de residència a Marratxí o procedents de la resta de Balears. “Ser de Marratxí o portar més de cinc anys empadronat acredita residència i arrelament, però no és el mateix que acreditar una major necessitat d'habitatge”, assenyala Amengual, qui qüestiona l'efecte que va tenir aquest canvi de prioritats i si van poder quedar fora famílies amb majors dificultats habitacionals.

Els ecosobiranistes emmarquen la denúncia en la crisi d'accés a l'habitatge i reclamen transparència sobre un procediment que afecta un nombre reduït d'immobles davant d'una demanda creixent: l'Observatori de l'Habitatge de les Illes Balears estima en unes 17.000 el dèficit acumulat d'habitatges durant els últims 25 anys en un context en el qual la població balear va créixer un 46,3% entre 2000 i 2025, davant del 31,5% d'augment del parc residencial. “Parlem de només 34 habitatges davant d'una necessitat enorme. Cada habitatge compta i cada criteri d'adjudicació compta”, afirma Amengual, qui anuncia que continuarà fiscalitzant la documentació per determinar l'efecte dels criteris de residència i les prioritats aplicades, mentre insisteix que la ciutadania ha de conèixer els vincles familiars detectats entre adjudicataris i membres del govern municipal del PP.

La petició d'informació per part d'Amengual, presentada en l'exercici de les seves funcions de fiscalització com a regidora, pretenia conèixer la situació d'ocupació i residència dels immobles vinculats a procediments de desnonament i reallotjament en els nous pisos. Per a això, el passat mes d'abril va reclamar la relació de persones empadronades, la data d'alta en el padró i la composició de les unitats de convivència dels habitatges de la nova promoció. L'Ajuntament, no obstant això, va rebutjar facilitar aquesta informació nominativa al·legant motius relacionats amb la protecció de dades personals.

Al respecte, Amengual defensa que no reclamava la publicació indiscriminada de dades personals, sinó comprovar qui complia efectivament el criteri de residència i des de quan. La formació recorda que el Reglament Orgànic Municipal i la legislació balear de règim local reconeixen aquest dret, subjecte al deure de reserva i confidencialitat.

En la seva resposta, el Consistori al·legava que, en relació amb els habitatges gestionats directament per l'Ibavi, la corporació municipal no és la responsable del tractament de les dades dels seus adjudicataris i que, per tant, Amengual s'havia de dirigir al propi institut, malgrat que el propi criteri d'adjudicació atorgava un paper determinant a la residència a Marratxí: les bases establien un contingent preferent per als qui acredités almenys cinc anys de residència continuada i efectiva en el municipi, al qual només es recorreria abans que al contingent general. Una circumstància que, d'acord amb les bases, s'havia d'acreditar mitjançant certificats municipals d'empadronament. A això se suma el fet que en aquests mateixos edificis hi ha cinc habitatges gestionats per l'Ajuntament de Marratxí en virtut d'un conveni signat amb el Govern el 4 de novembre de 2025.

L'Ajuntament nega haver intervingut

elDiario.es s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament de Marratxí per aprofundir sobre el tema, des d'on remeten al comunicat que van difondre dissabte passat després de la denúncia pública efectuada per Amengual. En ell, la corporació municipal rebutja les acusacions de la portaveu municipal de Més i assegura que en cap moment va intervenir en l'adjudicació al fill d'un dels seus regidors, el qual, segons la informació recaptada, estava inscrit al Registre de Demandants de l'Ibavi des del març del 2023. Així mateix, nega que existeixi relació de parentiu entre qualsevol altre adjudicatari i els regidors de l'equip de govern.

En la mateixa nota, el Consistori al·lega que és l'Ibavi, i no el Consistori, el que resol el procediment conforme a les bases, requisits i criteris objectius establerts i, sobre l'exigència d'un mínim de cinc anys de residència, sosté que respon a la normativa autonòmica en matèria d'habitatge i busca prioritzar l'accés dels residents del municipi. Finalment, considera “inacceptable llançar acusacions o insinuacions públiques sense aportar proves” i qüestionar l'actuació dels càrrecs i empleats públics que participen en els procediments administratius.

El Govern defensa els seus criteris d'accés

Per la seva part, consultades per aquest diari, fonts de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat, de la qual depèn l'Ibavi, asseveren que les adjudicacions per part d'aquest organisme les realitzen els tècnics en base a baremacions i criteris “objectius i transparents”, alhora que consideren que “aquestes insinuacions només cerquen desmerèixer l'esforç mai realitzat en matèria d'habitatge públic per part d'aquest Govern, amb més de 1.800 habitatges públics en tramitació a les Illes Balears”.

Les mateixes fonts incideixen en què els cinc anys de residència a l'arxipèlag és un criteri establert per la llei autonòmica que ajuntaments de diferent signe polític estan aplicant en els seus respectius municipis, entre ells governats pel PSIB i Més.

La adjudicación de 34 viviendas públicas ha desatado la polémica política en Marratxí, un municipio que en las últimas décadas ha experimentado una profunda transformación urbanística y demográfica hasta convertirse, con más de 40.000 habitantes, en uno de los más poblados de Mallorca. La controversia afecta a una promoción de vivienda protegida en régimen de alquiler cuyas obras arrancaron bajo mandato socialista, pero cuyos criterios de adjudicación modificó el PP para priorizar a los residentes con más de cinco años de antigüedad en la localidad. Desde la oposición denuncian, sin embargo, que entre los beneficiarios figura el hijo de un concejal del PP y cuestionan tanto los criterios aplicados como la falta de transparencia del procedimiento.

La promoción se encuentra en sa Cabana, uno de los núcleos residenciales de Marratxí. Tradicionalmente vinculados a la vida de pueblo, estos núcleos conviven hoy con nuevas urbanizaciones y una creciente presión inmobiliaria, que ha encarecido el acceso a la vivienda y tensionado el mercado del alquiler. En agosto de 2026, el precio de oferta de la vivienda alcanzó los 4.040 euros por metro cuadrado en el conjunto del municipio, según Idealista, en un contexto de emergencia habitacional que convierte cada promoción pública en un recurso especialmente escaso.

Las obras de la nueva promoción arrancaron el 24 de enero de 2022, durante el mandato del socialista Miquel Cabot. El 2 de diciembre de 2023, ya con el popular Jaume Llompart al frente del Consistorio, el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) recogía los listados provisionales de participantes y sus puntuaciones iniciales. El anuncio oficial, consultado por este periódico, dividía a los interesados en tres contingentes diferenciados: uno preferente para personas con más de cinco años de residencia en Marratxí; otro específico para residentes con esa misma antigüedad y movilidad reducida, y un contingente general que agrupaba a quienes llevaban menos de cinco años en el municipio y al resto de solicitantes de Balears.

Apenas diez días después, el 12 de diciembre, el Ayuntamiento anunció un acuerdo con el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) para dar prioridad en la adjudicación a los residentes en Marratxí con más de cinco años de antigüedad y reservar cinco viviendas para personas con necesidades especiales. Las primeras 22 viviendas se entregaron el 31 de julio de 2024 y las otras 12, el 21 de octubre de ese año.

El criterio de los cinco años, bajo lupa

La portavoz de Més per Marratxí, Aina Amengual, asegura que lleva ocho meses reclamando de forma infructuosa documentación sobre el proceso y que únicamente ha podido acceder a parte de la información a través de las gestiones del diputado Ferran Rosa en el Parlament, recriminando que las trabas al acceso a los datos han dificultado la fiscalización de una adjudicación en la que cada vivienda resulta especialmente relevante por la situación del mercado residencial.

La formación cuestiona los criterios aplicados en la promoción y la prioridad concedida a los residentes de Marratxí. Según los datos difundidos entonces por el Consistorio -y comprobados por este periódico en la documentación del expediente-, había 80 solicitantes con más de cinco años de residencia, además de una persona con movilidad reducida y esa antigüedad, frente a 910 solicitantes con menos de cinco años de residencia en Marratxí o procedentes del resto de Balears. “Ser de Marratxí o llevar más de cinco años empadronado acredita residencia y arraigo, pero no es lo mismo que acreditar una mayor necesidad de vivienda”, señala Amengual, quien cuestiona el efecto que tuvo ese cambio de prioridades y si pudieron quedar fuera familias con mayores dificultades habitacionales.

Los ecosoberanistas enmarcan la denuncia en la crisis de acceso a la vivienda y reclaman transparencia sobre un procedimiento que afecta a un número reducido de inmuebles frente a una demanda creciente: el Observatorio de la Vivienda de las Illes Balears estima en unas 17.000 el déficit acumulado de viviendas durante los últimos 25 años en un contexto en el que la población balear creció un 46,3% entre 2000 y 2025, frente al 31,5% de aumento del parque residencial. “Hablamos de solo 34 viviendas frente a una necesidad enorme. Cada vivienda cuenta y cada criterio de adjudicación cuenta”, afirma Amengual, quien anuncia que continuará fiscalizando la documentación para determinar el efecto de los criterios de residencia y las prioridades aplicadas, mientras insiste en que la ciudadanía debe conocer los vínculos familiares detectados entre adjudicatarios y miembros del gobierno municipal del PP.

La petición de información por parte de Amengual, presentada en el ejercicio de sus funciones de fiscalización como concejala, pretendía conocer la situación de ocupación y residencia de los inmuebles vinculados a procedimientos de desahucio y realojo en los nuevos pisos. Para ello, el pasado mes de abril reclamó la relación de personas empadronadas, la fecha de alta en el padrón y la composición de las unidades de convivencia de las viviendas de la nueva promoción. El Ayuntamiento, sin embargo, rechazó facilitar esa información nominativa alegando motivos relacionados con la protección de datos personales.

Al respecto, Amengual defiende que no reclamaba la publicación indiscriminada de datos personales, sino comprobar quién cumplía efectivamente el criterio de residencia y desde cuándo. La formación recuerda que el Reglamento Orgánico Municipal y la legislación balear de régimen local reconocen ese derecho, sujeto al deber de reserva y confidencialidad.

En su respuesta, el Consistorio alegaba que, en relación con las viviendas gestionadas directamente por el Ibavi, la corporación municipal no es la responsable del tratamiento de los datos de sus adjudicatarios y que, por tanto, Amengual debía dirigirse al propio instituto, a pesar de que el propio criterio de adjudicación otorgaba un papel determinante a la residencia en Marratxí: las bases establecían un contingente preferente para quienes acreditasen al menos cinco años de residencia continuada y efectiva en el municipio, al que solo se recurriría antes que al contingente general. Una circunstancia que, de acuerdo a las bases, debía acreditarse mediante certificados municipales de empadronamiento. A ello se suma el hecho de que en esos mismos edificios hay cinco viviendas gestionadas por el Ayuntamiento de Marratxí en virtud de un convenio firmado con el Govern el 4 de noviembre de 2025.

El Ayuntamiento niega haber intervenido

elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Marratxí para profundizar al respecto, desde donde remiten al comunicado que difundieron el sábado pasado tras la denuncia pública efectuada por Amengual. En él, la corporación municipal rechaza las acusaciones de la portavoz municipal de Més y asegura que en ningún momento intervino en la adjudicación al hijo de uno de sus concejales, quien, según la información recabada, estaba inscrito en el Registro de Demandantes del Ibavi desde marzo de 2023. Asimismo, niega que exista relación de parentesco entre cualquier otro adjudicatario y los concejales del equipo de gobierno.

En la misma nota, el Consistorio alega que es el Ibavi, y no el Consistorio, el que resuelve el procedimiento conforme a las bases, requisitos y criterios objetivos establecidos y, sobre la exigencia de un mínimo de cinco años de residencia, sostiene que responde a la normativa autonómica en materia de vivienda y busca priorizar el acceso de los residentes del municipio. Finalmente, considera “inaceptable lanzar acusaciones o insinuaciones públicas sin aportar pruebas” y cuestionar la actuación de los cargos y empleados públicos que participan en los procedimientos administrativos.

El Govern defiende sus criterios de acceso

Por su parte, consultadas por este periódico, fuentes de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, de la que depende el Ibavi, aseveran que las adjudicaciones por parte de este organismo las realizan los técnicos en base a baremaciones y criterios “objetivos y transparentes”, al tiempo que consideran que “estas insinuaciones solo buscan desmerecer el esfuerzo nunca realizado en materia de vivienda pública por parte de este Govern, con más de 1.800 viviendas públicas en tramitación en las Illes Balears”.

Las mismas fuentes inciden en que los cinco años de residencia en el archipiélago es un criterio establecido por la ley autonómica que ayuntamientos de distinto signo político están aplicando en sus respectivos municipios, entre ellos gobernados por PSIB y Més.

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Toledo ha denunciado que, mientras la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y cientos de personas están saliendo a las calles para reclamar soluciones, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, del PP, sigue “sin poner en marcha una política municipal que facilite el acceso a un hogar”.

La portavoz socialista, Noelia de la Cruz, ha señalado que “a realidad que están viviendo muchas familias y jóvenes ”contrasta con la absoluta falta de iniciativa del Gobierno de Carlos Velázquez“. Ha hecho estas declaraciones coincidiendo con la movilización que ha tenido lugar en Toledo para evitar el desahucio de Rosario, de 80 años.

“Llevamos tres años y medio de legislatura, y este alcalde lo único que ha hecho ha sido permitir los cambios de uso de viviendas en el Casco Histórico, protegiendo los intereses de quienes quieren expulsar a los vecinos y vecinas del barrio antiguo de la ciudad, y es que la mayoría de las comisiones de planeamiento urbanístico han servido para cambiar el uso de viviendas residenciales a viviendas de uso turístico”, ha afirmado la portavoz.

Al mismo tiempo, ha incidido en que Velázquez sigue sin construir ni una sola vivienda pública en Toledo: “Lo único que construye son anuncios que nunca llegan a materializarse”.

El “sectarismo” del alcalde

De la Cruz ha recalcado 1ue el PSOE lleva toda la legislatura planteando medidas concretas y que el equipo de Gobierno municipal ha votado en contra de todas las propuestas en materia de vivienda, lo que demuestra el “sectarismo en el fondo y en las formas de este alcalde a la hora de gobernar”.

En el último Debate del Estado del Municipio, celebrado hace apenas una semana, los socialistas plantearon un Plan Municipal de Vivienda, la declaración de Toledo como zona tensionada y la promoción de vivienda pública y asequible en parcelas municipales de Palomarejos, Santa Bárbara y el Polígono.

Además, se propuso utilizar el Consorcio de la Ciudad de Toledo para ampliar la oferta de vivienda asequible en el Casco Histórico, mediante ayudas a la rehabilitación condicionadas a su destino al alquiler asequible y controlado. En este sentido, la portavoz ha advertido que “no tiene sentido destinar fondos públicos a rehabilitar inmuebles que acaban convertidos en pisos turísticos en lugar de servir como vivienda habitual”.

También ha recordado las cinco viviendas del Salón Rico, que el actual Gobierno municipal “tardó tres años y medio en adjudicar pese a haber sido promovidas por el anterior Gobierno socialista”. “Ese ejemplo es el balance de cuál ha sido la política de vivienda de Carlos Velázquez: construir cero viviendas públicas y tardar años incluso en poner a disposición de las familias las viviendas que ya estaban hechas”, ha señalado.

Para De la Cruz, Toledo no puede permanecer al margen de una emergencia que afecta especialmente a jóvenes y familias. “La ciudadanía está reclamando vivienda y soluciones. Tenemos suelo, tenemos instrumentos y tenemos propuestas. Lo que no tenemos es un alcalde con voluntad de poner soluciones, su voluntad es hacer anuncio tras anuncio que sabe que no va a poder cumplir”, ha concluido.

Izquierda Unida propone adquirir las 51 viviendas de la SAREB

Por su parte, el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Txema Fernández, propone como alternativa en materia de vivienda, para poder paliar las situaciones de necesidad que cada vez se están dando con mayor frecuencia en la ciudad, adquirir las 51 viviendas que la SAREB tiene en Toledo. Concretamente, aboga por utilizar para esta compra el crédito de 15 millones que se quiere pedir para construir el puente que uniría Azucaica con la zona industrial del Polígono con el que se promueve intensificar el uso del vehículo privado.

“Incrementar el parque de vivienda pública es fundamental para conseguir que el derecho a la vivienda sea más universal de lo que lo es hoy en nuestra ciudad y un instrumento esencial para el acceso a políticas realmente emancipadoras de la juventud de Toledo”, defiende el portavoz de IU.

Txema Fernández señala que la SAREB, banco público de vivienda desde 2021, dispone en Toledo de más de medio centenar de viviendas y también de suelo con el que la ciudad podría iniciar un camino “hacia la búsqueda de alternativas para alquileres sociales dirigidos a colectivos vulnerables, mujeres víctimas de violencia o jóvenes”.

“Lo que proponemos es que la SAREB se convierta en 51 posibilidades de intervención social por parte del Ayuntamiento”, porque actualmente, critica, la ciudad carece de un banco de vivienda pública para atender situaciones de urgencia ya que las cinco viviendas del Parque del Tránsito están inhabilitadas por la falta de planificación en la edificación.

La ley de medidas urgentes sobre suelo y vivienda que se tramita en las Cortes de Castilla-La Mancha no ha recibido ninguna enmienda a la totalidad, una vez ha terminado el plazo establecido para que los grupos parlamentarios (PP, PSOE y Vox) pudieran hacerlo, tal y como ha avanzado a través de su cuenta de X el consejero de Fomento, Nacho Hernando.

“Las negociaciones con los grupos parlamentarios de las Cortes dan sus frutos: no se han presentado enmiendas a la totalidad a la pionera Ley de Urbanismo y Vivienda”, ha celebrado el consejero.

En todo caso, asegura el titular de Fomento que desde su equipo se seguirá buscando “el consenso en el debate” que vendrá en torno a las enmiendas parciales que los grupos podrán presentar al texto legislativo. “Por el bien de la gente de nuestra tierra”, remata Hernando su mensaje.

La andadura de esta ley provocó polémica durante el pasado fin de semana, cuando el PP y el Ejecutivo autonómico mantuvieron un encontronazo a cuenta de si se estaban o no produciendo negociaciones para sacar adelante el texto.

El PP de Castilla-La Mancha aseguraba que es “completamente falso” que el Gobierno regional haya puesto en marcha “ningún proceso de negociación” alrededor de la tramitación de la ley, señalando que el Ejecutivo autonómico únicamente les había convocado a una reunión que, además, “con la urgencia de la propuesta, no puede considerarse proceso negociador, ni que tenga, por supuesto, carácter avanzado ninguno”.

No hay un pacto cerrado

Mientras, por parte del Gobierno castellanomanchego se aclaraba que no existía un pacto cerrado y que pretenden estudiar las enmiendas de los 'populares' al texto, poniendo en valor que están “buscando acuerdos con todos los grupos” para responder a “uno de los problemas que más preocupan a la sociedad”.

Esta normativa se tramita como proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista y recoge un conglomerado de medidas destinadas a agilizar trámites para promover, principalmente, la vivienda pública y protegida en la comunidad autónoma. Durante su debate de toma en consideración, el PP y Vox, los partidos de la oposición, se abstuvieron, por lo que pasó el primer filtro únicamente con el respaldo de los socialistas.

Rosario tiene 80 años y vive en el Casco Histórico de Toledo. Este lunes perderá la vivienda en la que ha vivido siempre, en el barrio de San Justo de la ciudad, uno de los más frecuentados por los turistas. Es viuda, no tiene hijos y se encuentra sola, sin una alternativa habitacional a la que poder trasladarse.

Percibe una pensión de apenas 500 euros mensuales y es una persona con discapacidad. Los herederos de la vivienda en la que vive quieren vender el inmueble y poner fin a su permanencia en la casa. Este lunes debe entregar las llaves.

Ha acudido a los Servicios Sociales municipales del Ayuntamiento que gobiernan PP y Vox. También ha pedido ayuda a la Iglesia católica, pero hasta el momento no ha encontrado una solución que le permita garantizar su vivienda.

La Unión Popular de Inquilinas de Toledo pide “solidaridad” con Rosario, y ha convocado a la ciudadanía este lunes, a las 19.30 horas, en el momento en que debe marcharse de su casa.

“Rosario no debe entregar las llaves de su casa. No vamos a aceptar que una mujer de 80 años, sin hijos, sola y con una pensión de 500 euros, sea expulsada de su casa sin que exista una alternativa habitacional digna y ponemos de relieve que se trata de un problema sistémico que nos está deshumanizando y expulsando de nuestros barrios”, denuncia el colectivo.

Cree que la respuesta ante esta situación tiene que ser colectiva para “acompañar, organizarse y defender el derecho de Rosario a permanecer en su casa”.

Para la Unión Popular de Inquilinas la situación de Rosario vuelve a poner sobre la mesa la falta de vivienda asequible en Toledo y “las contradicciones de un modelo de ciudad que, mientras deja a vecinas mayores y vulnerables sin alternativas, mantiene viviendas y edificios sin un uso residencial que pueda dar respuesta a estas situaciones”.

En Toledo se muestran las contradicciones de un modelo de ciudad que, mientras deja a vecinas mayores y vulnerables sin alternativas, mantiene viviendas y edificios sin un uso residencial que pueda dar respuesta a estas situaciones

Reclaman al ayuntamiento que ponga a disposición de las personas que lo necesitan los recursos de vivienda pública existentes. La organización denuncia que “hay viviendas sociales reformadas desde 2024 en la zona del Tránsito que continúan sin ocupar”, y exige conocer cuántas viviendas públicas permanecen vacías, en qué condiciones se encuentran y por qué no están siendo utilizadas para atender situaciones de emergencia habitacional como la de Rosario.

También señalan la “responsabilidad de la Iglesia, una institución con una importante presencia inmobiliaria en el Casco Histórico”. En este punto explican que “mientras se destinan inmuebles a nuevos apartamentos turísticos, operaciones hoteleras y venta inmobiliaria, Toledo mantiene además numerosos conventos y edificios religiosos sin uso residencial”.

Además, exigen que Toledo sea declarada zona tensionada y que se intervengan los precios. “Precisamente el pasado lunes el pleno del Ayuntamiento de Toledo, con PP y Vox al frente, volvió a rechazar está declaración, que fue propuesta por IU”, recuerdan.

Este mismo domingo se celebraba una asamblea “urgente” en la céntrica plaza de Zocodover “en solidaridad y respaldo de las compañeras inquilinas de España”, en la que ha participado cerca de un centenar de personas.

“Ni un paso atrás”, señalan, hasta que se apruebe el 'decreto Mari Carmen'. A la espera de lo que pueda ocurrir en la reunión del Consejo de Ministros de esta próxima semana, ya se anuncian nuevas movilizaciones en la ciudad.

Movimiento Sumar Toledo se ha sumado a la petición para pedir al ayuntamiento que dote de alternativa a la anciana.

La Unión de Inquilinas de Toledo celebrará además Asamblea Abierta al próximo viernes 2 de octubre a las 19:30 horas, en el anfiteatro de las Tres Culturas de la ciudad. “Queremos encontrarnos con todas las personas que estén atravesando situaciones similares: alquileres inasumibles, amenazas de desahucio, viviendas en manos de grandes propietarios, falta de alternativas habitacionales o cualquier otra situación que ponga en riesgo el derecho a permanecer en sus casas”, explican y hacen un llamamiento a la ciudadanía a acudir y organizarse.

Desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo han anunciado este lunes que se le ha ofrecido a Rosario una plaza en la Residencia Social Asistida (RSA) San José, ubicada en el barrio toledano de Azucaica.

“Dada su situación, mañana puede estar en la RSA San Jose. Técnicamente creemos que sería la mejor solución para ella. No creemos que tenga que seguir viviendo sola”, ha señalado la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, a preguntas de los medios.

Movilizaciones en Castilla-La Mancha, acampada en Madrid

Esta semana se han producido movilizaciones en Toledo, Guadalajara y Ciudad Real. La plaza del Pilar en Ciudad Real reunió el viernes a más de 250 personas en una concentración para denunciar el desahucio de Mari Carmen Abascal, una vecina madrileña de 87 años, con discapacidad, convocada por CNT y apoyada por Amnistía Internacional.

Durante la concentración se leyó un manifiesto para recordar a “todas las Mari Carmen”, incidiendo en que “ la vivienda es un derecho humano” y que el desahucio se había producido a pesar de haber vivido durante décadas en su casa y haber pagado siempre su alquiler. “Fue desahuciada sin una alternativa habitacional adecuada, a pesar de que Naciones Unidas había pedido la suspensión del desalojo”.

Para Amnistía Internacional, “es una vulneración de derechos humanos y muestra el fracaso de las instituciones a la hora de proteger a una persona vulnerable”.

La organización recordo que “no es un caso aislado” porque “España vive desde hace años una crisis estructural de la vivienda”, con alquileres que “se han disparado”, mientras la vivienda social representa apenas el 1,71 % del parque de alquiler, frente a una media del 9 % en la Unión Europea. Según datos facilitados por Amnistía Internacional entre 2013 y 2025 se han producido alrededor de 600.000 desalojos.

Quienes se concentraron en Ciudad Real lo hicieron para decir que “Mari Carmen no está sola” y que “nadie debería ser expulsado de su hogar sin una alternativa habitacional adecuada”.

“Castilla-La Mancha también tiene responsabilidades”

Desde ayer sábado cientos de personas permanecen acampadas en la Puerta del Sol de Madrid, tras participar en una multitudinaria manifestació para apoyar a Mari Carmen y reclamar soluciones para este tipo de situaciones.

Eso, añadían, incluye también a Castilla-La Mancha. “Nuestra región también tiene responsabilidades que asumir para que aquí no se produzcan casos como el de Mari Carmen”.

En este aspecto recordaban que la recién constituida Plataforma por el Derecho a la Vivienda Digna de Castilla-La Mancha, de la que forma parte Amnistía Internacional, reclama al Gobierno regional anto alquileres estables y asequibles como que se declaren zonas de mercado residencial tensionado donde sea necesario para regular los precios. “¡Castilla-La Mancha aún no ha declarado ninguna!”, criticaban.

También piden un incremento sustancial del parque público de vivienda, con protección permanente o que antes de cualquier desalojo exista una alternativa habitacional real y digna, y que los casos de vulnerabilidad se detecten y atiendan desde el primer momento, con prevención, mediación, asesoramiento y acompañamiento.

Protección reforzada para las personas con discapacidad, problemas de salud mental u otras situaciones de especial vulnerabilidad, y que nunca se las desaloje sin valorar sus circunstancias y garantizar una alternativa.

Este sábado se ha celebrado Comité Regional del PSOE de Castilla-La Mancha en el que se ha aprobado una resolución sobre Vivienda. Es una declaración de intenciones, en la que se citan los desahucios, pero solo para decir que ha descendido el número de lanzamientos en la comunidad autónoma.

“Castilla-La Mancha ha tenido una evolución claramente descendiente en materia de desahucios de viviendas. Si en 2013 era una región que lideraba el número de desahucios en 2025 es la situación contraria, pasa de 2.762 en 2013 a 700 lanzamientos practicados en 2026, una caída aproximada del 75 %. El mínimo de la serie cerrada es 2025, incluso por debajo del dato excepcional de 2020 debido a la pandemia del COVID”, detalla, sin aludir a medidas sobre este tipo de situaciones que afectan a personas con nombres y apellidos, y con una casuística muy variada.

Silencio de PP y Vox: votaron contra el escudo social antidesahucios

Castilla-La Mancha prepara una Ley de Medidas en materia de Urbanismo y Vivienda que no contempla frenar desahucios como el de Mari Carmen, en aras a proteger la vulnerabilidad de las personas. Esta semana el consejero de Fomento Nacho Hernando aseguraba que hay negociaciones con PP y Vox “muy avanzadas” sobre la futura norma, pero el PP se ha apresurado a negarlo y dice que es “completamente falso” que el Gobierno regional haya puesto en marcha “ningún proceso de negociación” porque solo han sido convocados a una reunión. .

El PP castellanomanchego tampoco ha dicho ni una sola palabra sobre casos como el de Mari Carmen. En un comunicado aseguran que el partido presentará una “larga” serie de enmiendas “responsables” al texto planteado por el Grupo Socialista que tiene que ver con la defensa de la autonomía municipal, la simplificación administrativa, la seguridad jurídica, la actualización del planeamiento, la movilización de suelo, la colaboración público-privada, la vivienda protegida, el acceso de los jóvenes, la rehabilitación y las necesidades específicas de los pequeños municipios.

Ni una palabra sobre las personas vulnerables o la posibilidad de estudiar casos que necesitan especial protección, por distintas circunstancias. Tampoco se le conoce una propuesta en este sentido a Vox. En febrero tanto PP como Vox, además de Junts, tumbaron el escudo social antidesahucios propuesto por el Gobierno en el Congreso.

En estos días, las protestas se repiten en el territorio nacional. En Castilla-La Mancha, Amnistía Internacional recuerda que es necesaria una Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha “que reconozca la vivienda como derecho humano y establezca garantías para hacerlo efectivo”.

“El derecho a la vivienda no puede quedarse en una declaración. Las administraciones están obligadas a respetarlo, protegerlo y adoptar medidas para garantizarlo, y nadie debería acabar sin hogar a causa de un desalojo, inciden. ”Necesitamos más vivienda pública y asequible, medidas para acceder y permanecer en una vivienda digna, y proteger a las personas vulnerables, evitando que la vivienda se trate solo como un activo económico“.

La Policía Nacional ha detenido este jueves en Salamanca a un hombre por la ocupación de una vivienda municipal vacía y destinada a alquiler social. Los agentes consideran a este hombre presunto autor de un delito de usurpación de una vivienda unifamiliar y le atribuyen otro delito de desobediencia grave por negarse a abandonar voluntariamente el inmueble, según ha informado la Policía Nacional a través de un comunicado.

Los agentes recibieron el aviso de una persona que alertaba de movimientos inusuales en una vivienda de su calle, en cuyo interior no debía haber nadie. A la llegada de los agentes, estos observaron a un varón en el interior del inmueble, quien manifestó ser el titular de un contrato de arrendamiento.

Los agentes apreciaron indicios de que el varón no tenía una autorización válida para ocupar la vivienda tras comprobar la documentación aportada. Otro vecino explicó que el investigado había accedido al inmueble poco tiempo antes y que el día anterior la vivienda no estaba ocupada.

Los agentes le pidieron que abandonara voluntariamente el inmueble, y cuando se negó, lo detuvieron como presunto autor de un delito de usurpación y otro de desobediencia grave.

Una vez en el interior de la vivienda, los agentes comprobaron que estaba completamente vacía, sin mobiliario, agua corriente ni suministro eléctrico. También observaron que se había cambiado el bombín y que la puerta de acceso al patio estaba cerrada con llave, que el detenido no poseía.

Las gestiones posteriores permitieron confirmar que el inmueble es propiedad del Ayuntamiento de Salamanca y, aunque vacío, está destinado a un programa de alquiler social. Una vez finalizados los trámites documentales, el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad judicial.

El desahucio de Maricarmen en Madrid ha supuesto una espita para el enorme problema de acceso a la vivienda en España. Aunque no es un caso puntual, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la indignación social, con movilizaciones en toda España para pedir soluciones. Incluso el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado a las administraciones y demás poderes públicos que se adopten medidas urgentes para evitar los desahucios de personas vulnerables.

La situación no es ajena a Castilla-La Mancha, que tradicionalmente había sido una de las regiones españolas con los precios más bajos de compra y alquiler. Ya no lo es. Y esta situación coincide con la decisión del Gobierno de Emiliano García-Page de tramitar por la vía de urgencia la que será su primera ley de medidas sobre suelo y vivienda en doce años. No es estrictamente una 'ley de vivienda', pero busca incorporar una regulación de la que se lleva hablando una década.

En su primer discurso de investidura en 2015, Emiliano García-Page prometió una ley “social” para frenar los desahucios en la comunidad autónoma. Arrancaba entonces una legislatura en la que gobernó con Podemos y en la que llegó a redactarse un borrador en el que, entre otras cosas, se contemplaba multar a los bancos que no ofrecieran alquiler social como alternativa a los desahucios. También incluía numerosas medidas para dar soluciones habitacionales a colectivos en situación de vulnerabilidad.

La normativa nunca llegó a aprobarse. En 2019, el PSOE ganó por mayoría absoluta, Podemos se quedó sin representación parlamentaria y el borrador se quedó en un cajón. Desde entonces, son muchas las medidas que el Gobierno de Page ha adoptado para garantizar el acceso a la vivienda: ayudas, incentivos, avales, construcción de inmuebles en colaboración público-privada y otras derivadas del Plan Estatal de Vivienda. Pero no ha vuelto a hablar de desahucios.

Una ley de medidas sobre suelo y vivienda antes de final de año

Ahora, doce años después, las Cortes de Castilla-La Mancha tramitan por la vía de urgencia la mencionada ley de medidas sobre suelo y vivienda que entrará en vigor antes de final de año, prácticamente en el tramo final de la legislatura antes de las elecciones autonómicas previstas para la primavera de 2027.

En ese texto, que todavía puede modificarse vía enmiendas, el Gobierno regional no recoge ni una sola mención a algún tipo de disposición normativa que pueda impedir situaciones de desahucio como la de Maricarmen, es decir, propiciadas por la compra de inmuebles por parte de bancos o de fondos-buitre.

Lo cierto es que Castilla-La Mancha registró 748 desahucios, tanto por impago del alquiler como de hipotecas, en el último año completo oficial recopilado por el Observatorio de la Vivienda Asequible, según los registros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y aunque los datos apuntan a un descenso generalizado en la región, la cantidad de lanzamientos sigue siendo muy significativa.

La norma que se va a aprobar en esta comunidad autónoma está centrada, básicamente, en ampliar, flexibilizar y dar protección permanente a su parque público de vivienda, pero no incorpora esas medidas de hace diez años, o algunas similares como las que el Ejecutivo central quiere prorrogar con el decreto de alquileres en el mercado libre.

No obstante, la futura ley de Page sí tiene como objetivo, de otra manera, dar protección a la ciudadanía más vulnerable. Lo hará regulando el denominado ‘desahucio administrativo’: un procedimiento para la defensa y recuperación de la posesión de los bienes del patrimonio público residencial.

Esta figura se utiliza para que la Administración autonómica recupere la posesión de inmuebles de su propiedad con algún tipo de protección, así como sus zonas comunes, locales o edificaciones complementarias. La norma establece que el desahucio puede ejecutarse en casos de impago. Se requiere primero a la persona obligada para que pague los importes vencidos en un plazo de 15 días, apercibiéndole de desahucio. Y si no abona la totalidad en ese plazo, se dicta resolución de desahucio concediendo 10 días para hacer efectivo el pago o entregar las llaves; de lo contrario, se procede al lanzamiento de personas y enseres.

Este procedimiento sigue la normativa común administrativa, pero si es necesario entrar en el domicilio del afectado, la Consejería de Fomento competente debe obtener obligatoriamente la preceptiva autorización judicial.

No obstante, el procedimiento ofrecerá alternativas. La norma contempla un conjunto de mecanismos de prevención, flexibilidad de pago y protección social diseñados para atender situaciones de dificultad antes de llegar a la ejecución del desahucio en las viviendas del parque público.

Moratorias en casos excepcionales de “marcado carácter social”

Por ejemplo, para evitar el desahucio administrativo, en casos excepcionales de “marcado carácter social debidamente motivados”, la Consejería de Fomento puede autorizar moratorias en el pago de las rentas de alquiler mediante un plan individualizado para la persona adjudicataria.

La propuesta legislativa no especifica plazos máximos de suspensión de pago, importes, requisitos de renta cuantitativos ni procedimientos de solicitud detallados, dejando esos aspectos a la regulación reglamentaria o a la negociación individual del mencionado plan de pagos.

Y aunque la modalidad ordinaria es el contrato de arrendamiento, la ley permite expresamente recurrir a modalidades de cesión de uso o cesión gratuita en precario cuando existan razones sociales justificadas. ¿Como cuáles? Se crea la figura de viviendas sociales para colectivos en riesgo de exclusión, concebida específicamente para cubrir necesidades habitacionales dentro de un itinerario de inserción social diseñado por los servicios sociales competentes. Además, la norma permite reservar un porcentaje del parque público de vivienda social para este tipo de atención prioritaria.

En realidad, resulta del todo coherente que el Gobierno regional haya incluido la regulación de esta figura, a la luz del espíritu de la nueva ley: promover y ampliar su parque público de viviendas como solución a los problemas de acceso y como patrimonio “separado, finalista y circular”, lo que implica que todos los ingresos derivados de la enajenación de sus bienes deben revertir íntegramente a este patrimonio.

Ese parque público de vivienda social estará formado por inmuebles de titularidad pública (o construidas sobre derechos de superficie o cesión), viviendas adquiridas mediante el ejercicio de tanteo y retracto, así como inmuebles privados o públicos cedidos en usufructo mediante convenios. Es decir, se permitirá la reconversión de parcelas calificadas para uso terciario o dotacional privado a viviendas de protección pública.

Es más, habrá un principio de “interés autonómico” en la reconversión de los inmuebles: significa que tendrá carácter excepcional y su régimen prevalecerá de forma directa sobre las determinaciones incompatibles del planeamiento urbanístico, sin necesidad de tramitar una modificación, revisión o innovación de esos planes locales.

La habilitación especial estará vigente durante un plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la ley, con la posibilidad de prorrogarse de forma motivada por el Consejo de Gobierno por períodos sucesivos de hasta cinco años

Pero, a efectos de esos posibles desahucios administrativos, ¿a qué refiere la futura ley cuando habla de vivienda protegida con la categoría de vivienda social? Atendiendo a su origen y forma de incorporación al parque público de la Junta, la ley especifica los siguientes tipos de inmuebles: los de titularidad autonómica destinados a tenencia temporal con rentas fijadas en función del nivel de ingresos del adjudicatario; los obtenidos en virtud del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por parte de la Administración regional; los adquiridos directamente por la el Gobierno regional para tal fin; y los de titularidad pública o privada provenientes de convenios o contratos que cedan su usufructo a la Administración autonómica.

Durante el debate en las Cortes de Castilla-La Mancha de la toma en consideración de esta proposición de ley, ninguno de los tres grupos parlamentarios (PSOE, PP y Vox) hicieron referencia alguna a los desahucios. Ahora, la norma debe pasar por comisión y trámite de enmiendas, donde podría verse modificada, aunque, por el momento, ni el Grupo Socialista ni el Gobierno han manifestado su intención de cambiar el trasfondo de la norma para intervenir de alguna manera en el mercado de vivienda libre y evitar situaciones como la de Maricarmen, y otras muchas personas, en el país.