El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado el primer paso judicial contra el nuevo reglamento de vivienda pública del Gobierno autonómico. El Alto Tribunal ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Observatorio de Derechos Humanos DESCA, y la plataforma Derecho al Techo, contra el decreto canario de acceso a la vivienda protegida.

Se inicia así una batalla legal que busca anular lo que las organizaciones consideran una medida inspirada en la “prioridad nacional” de la extrema derecha. El Decreto 23/2026 de 9 de marzo, que entró en vigor el pasado 7 de abril, endurece drásticamente los requisitos de acceso a la vivienda protegida exigiendo, entre otros criterios, un mínimo de 12 años de empadronamiento ininterrumpido en las islas. 

Ahora, el TSJC exigirá el expediente completo de elaboración del decreto al Ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Popular, mientras los colectivos sociales confían en que la justicia tumbe una norma que tachan de “racista, clasista, discriminatorio e ineficaz”, principalmente porque vulnera “cualquier principio de igualdad”. El Observatorio DESCA critica que los partidos nacionalistas, como Junts en Cataluña y Coalición Canaria en el archipiélago, “están abanderando este movimiento sin necesidad de que esté Vox detrás”. Y señalan que “cuando se utiliza el racismo es para dividir a la clase trabajadora”. 

Sin embargo, el Gobierno autonómico asegura que “defenderán el decreto con uñas y dientes”. “El Gobierno de Canarias está convencido que la vivienda pública tiene que ser para los canarios y canarias que desarrollan y tienen su proyecto de vida en Canarias. Y eso lo contemplamos a través de ese criterio de arraigo, que es un requisito, que insisto, lo vamos a defender con uñas y dientes, porque creemos que tenemos razón”, aseguraba en la mañana de este miércoles Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, durante la presentación de una feria de cruceros en la capital de Gran Canaria.  

Para el consejero “no es discriminatorio”. Señala que no están pidiendo el lugar de nacimiento de las personas que van a ser beneficiarias de la vivienda pública. “Lo que estamos es priorizando a todos los canarios y canarias”. Rodríguez también se ha referido a las excepciones del decreto en base a situaciones de vulnerabilidad extrema. “Las personas que son declaradas vulnerables de manera extrema, bien sea por los servicios sociales municipales o bien sea por un juzgado, tienen otro trámite, tienen otro camino para acceder a una vivienda”, aseguraba el consejero de Vivienda, e insistía en que “por lo tanto, no discrimina en base a la vulnerabilidad, ni tampoco discrimina en base a la procedencia. Lo que apuesta es que esas viviendas públicas, sean para los que viven en Canarias”.

Para el Observatorio de Derechos Humanos DESCA estas medidas “claramente racistas y xenófobas, son precisamente para que no veamos lo burdo de su política en materia de vivienda, para que continúe la especulación y que no haya viviendas públicas”. Aseguran que “hablan de prioridad nacional, porque no quieren que hablar de que están permitiendo que las viviendas turísticas sigan funcionando como si nada, ni han aprobado las zonas tensionadas, que es un mecanismo que estamos viendo que en Cataluña sí funciona”, afirma Miguel Ruiz abogado del Observatorio DESCA.

Según el consejero de Vivienda el decreto canario “no tiene nada que ver con lo que plantea la ultraderecha en la prioridad nacional, que evidentemente ellos están mirando el color de piel o el lugar de procedencia de esas personas. Nosotros estamos diciendo que las viviendas públicas tienen que ser para la gente que vive aquí”, insistía el consejero de Vivienda.

“Maquillar la falta de vivienda pública” 

Para la organización Derecho al Techo la estrategia del Ejecutivo regional consiste en “maquillar la falta de vivienda pública, en lugar de afrontar los problemas estructurales de acceso a la vivienda” en el archipiélago.  

“En vez de implementar políticas públicas de vivienda, deciden machacar a la parte más débil. Y además con una clara discriminación para el que no es de aquí, o para el que viene de fuera, y no puede acreditar esos 12 años”, asegura Isabel Saavedra, abogada de Derecho al Techo. 

Consideran que esta exigencia lo que hace es intentar eliminar “por la puerta de atrás” a todas las personas que no lo puedan acreditar y “reducir así la lista de espera” a la vivienda protegida. 

“Nadie dijo nada”

Durante este proceso judicial el Observatorio de Derechos Humanos DESCA examinará cómo fue la tramitación del decreto. “Veremos la salvajada que supone que una norma como esta se pueda aprobar, teniendo una jurisprudencia amplísima de que son normas que se han declarado ilegales, y nadie dijo nada”, asegura Miguel Ruiz, abogado del Observatorio DESCA. 

En un principio, el borrador contempla una exclusión de 10 años, una cifra que el propio Consejo Consultivo llegó a señalar por su posible “desproporcionalidad” antes de que el Instituto de Vivienda la elevara a 12 años. 

Para el Consejero de Vivienda Pablo Rodríguez el decreto está en vigor porque hay una base jurídica para hacerlo, recogida en el Estatuto de Autonomía de Canarias. “Se aprobó con informe jurídico favorable, con un informe del Consejo Consultivo de Canarias favorable. 

Desde el Observatorio DESCA muestran su profunda preocupación por la falta de contrapesos dentro de las propias instituciones canarias. “Si tienes a un montón de administraciones públicas participando en la elaboración de la norma y nadie levanta la mano diciendo que esto está mal. Es cuando dices, vale, ¿en manos de quién estamos?, se pregunta Ruiz, que asegura que ”está a la espera de ver el tamaño de esa tragedia“ 

Próximos pasos 

Desde el Observatorio DESCA señalan que al tratarse de una presunta vulneración de derechos fundamentales, el TSJC tramitará el recurso de forma preferente y prioritaria para acortar los plazos habituales de la justicia. Aunque calcula que “la resolución final podría demorarse entre ocho meses y un año”.

Si el tribunal falla a favor de los demandantes, todos los apartados considerados discriminatorios “quedarían anulados de forma inmediata”, asegura Ruiz. Esto obligaría al Gobierno de Canarias a reconfigurar el registro sin las trabas de los 12 años de arraigo regional, ni los 5 años de residencia municipal obligatoria 

Desde los colectivos sociales advierten que vigilarán de cerca los futuros movimientos del Ejecutivo para evitar que intenten regresar al antiguo límite de 7 años, el cual también consideran “totalmente desproporcionado”.

El Gobierno repartirá este julio 800 millones de euros entre las comunidades autónomas dentro del Plan Estatal de Vivienda, que comprende un importe total de 7.000 millones de euros para desarrollar distintos proyectos de vivienda de los que el Gobierno aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante.

En el caso de Galicia, fuentes de la Delegación del gobierno han concretado a Europa Press que la asignación para 2026 será de 45,6 millones de euros, mientras que la distribución de fondos del plan en todo su periodo de vigencia permitirá movilizar una inversión de 399 millones hasta 2030 para desarrollar políticas públicas de vivienda en la comunidad.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha recordado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, con este reparto, las comunidades autónomas podrán comenzar a desarrollar “en plenitud” este proyecto durante el segundo semestre del año.

Asimismo, ha recalcado que este primer desembolso corre a cuenta de la Administración General del Estado. Los 4.200 millones de euros estatales serán transferidos durante las cinco anualidades del Plan Estatal, 800 millones en este año y 850 millones los restantes.

Asimismo, ha recordado que este plan tiene efectos retroactivos al 1 de enero, por lo que las comunidades autónomas podrán incorporar todas las acciones que estén enmarcadas en el plan y que se hayan iniciado en 2026.

Al menos un 40% de esos fondos se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.

El PEV incorpora mecanismos para blindar la protección permanente de todas las viviendas que se construyan con sus fondos, al tiempo que se garantiza la transparencia en las adjudicaciones de viviendas protegidas a través de una cláusula antifraude. Asimismo, incluye medidas destinadas al fomento de la cohesión territorial e impulsa un sistema de datos públicos para favorecer el acceso de la ciudadanía a información veraz y transparente.

Celebra el acuerdo de Hacienda en materia de vivienda

Asimismo, Rodríguez ha celebrado el anuncio del ministro de Hacienda, Arcadi España, sobre un acuerdo para que los ayuntamientos puedan destinar su superávit a políticas de vivienda no solo para el año 2025, sino para los cuatro años siguientes.

Arcadi España ha señalado así que los ayuntamientos que tengan remanentes del 2025 podrán utilizarlos, en función de sus estimaciones, garantizando una estabilidad y una proyección a largo plazo de las políticas de vivienda durante los siguientes cuatro años.

Rodríguez ha valorado que los ayuntamientos puedan destinar los fondos a políticas públicas de vivienda y que, además, puedan hacerlo durante este plazo.

Toledo se movilizará este miércoles 27 de mayo para frenar los desahucios previstos los próximos 9 y 11 de junio en la calle Río Yedra, donde varias familias llevan meses intentando negociar el pago del alquiler con la empresa pública regional GICAMAN, dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Convocada por la Unión Popular de Inquilinos y Amnistía Internacional, la marcha partirá a las 10 horas desde las viviendas vacías de la calle Guadalmena, 86 en el barrio del Polígono, hasta la sede de GICAMAN, pasando por la Delegación Provincial de Fomento.

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, Germán Peiro, portavoz de la Unión Popular de Inquilinos, animaba a acudir a la manifestación para que la gente “se de cuenta” de que la vivienda “es un problema estructural y sistémico que hay que resolver”.

La historia de la promoción de 148 Viviendas de Protección Oficial (VPO) ubicadas en el barrio del Polígono de Toledo, conocidas popularmente como los “pisos negros”, se dilata en el tiempo desde que se entregaron las llaves entre los años 2012 y 2013.

Mientras los residentes y colectivos como la Plataforma de Toledo por una Vivienda denuncian el deterioro de los edificios, piden detener los desalojos, reparar las instalaciones y adaptar los alquileres a la vulnerabilidad económica de las familias, la Administración regional argumenta que la gran mayoría de las viviendas arrastra deudas prolongadas y defiende la necesidad de recuperar los inmuebles para asignarlos legalmente a personas en lista de espera.

Acceder a una vivienda digna, “principal problema” en Toledo

Movimiento Sumar Toledo ya ha mostrado su apoyo a esta manifestación, y denuncia “la falta de voluntad negociadora y el abandono en el que se encuentran muchas viviendas públicas”, y consideran “inaceptable que una administración pública actúe sin ofrecer soluciones habitacionales a familias vulnerables”.

El portavoz toledano de la formación, José Luis Resuela, ha señalado que “el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas de Toledo y las instituciones no pueden seguir mirando hacia otro lado mientras aumentan los precios y se expulsa a vecinos y vecinas de sus barrios”.

La formación vincula esta situación al aumento de la especulación inmobiliaria, la expansión de las viviendas turísticas y el efecto de la presión residencial procedente de Madrid, factores que —aseguran— están elevando los precios del alquiler y dificultando el acceso a la vivienda en todos los barrios de la ciudad.

Esta convocatoria se produce en un contexto de planificación de movilizaciones por el derecho a la vivienda en toda España. La primera concentración fue este pasado sábado, 23 de mayo, en Guadalajara, y fue seguida el domingo por otras en Badajoz, Madrid, Teruel y Zaragoza. Manifestaciones similares también recorrerán otras ciudades españolas durante el mes de junio.

La ministra se comprometió a mediar

Ante las amenazas de desahucio que se ciernen sobre varias familias de la calle Río Yedra 8, la Unión Popular de Inquilinas se manifestó hace una semana ante las puertas de la Biblioteca de Castilla-La Mancha para pedir la mediación de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que acudía a la presentación de un libro.

Ante la presencia de una de las familias afectadas por la próxima orden de desahucio, la ministra se comprometió a “mediar” en la situación.

Según ha podido saber elDiario.es Castilla-La Mancha, desde el Ministerio de la Vivienda ya se han puesto en contacto con la Unión Popular de Inquilinas para pedir la información necesaria sobre el caso y, tras recibirla, les han trasladado que hablarán con las administraciones pertinentes, sin haber más novedades en este momento.

Andalucía ha aceptado los criterios de reparto de los fondos incluidos en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que prevé una inversión de 1.197 millones de euros, pero a la vez ha anunciado que está revisando “jurídicamente” este acuerdo y deja la puerta abierta a la presentación de un recurso. “No estamos de acuerdo con cómo se ha hecho la financiación”, sentido en el que el Gobierno andaluz en funciones señala que la inversión de Andalucía se “multiplica por seis” mientras que la aportación del Estado lo hace por dos.

Esto es así porque el plan contempla que el Ejecutivo central asuma el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante. Pero esto supone que las autonomías tengan que hacer un esfuerzo mayor que en los anteriores planes, en los que aportaban el 25% del presupuesto y el resto lo ponía el Estado. Con la nueva distribución, el Gobierno aportará 718 millones de euros y eso obliga a la Junta a poner sobre la mesa 479 millones de euros.

La decisión se ha tomado en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, en la que por lo pronto la Junta ha aceptado los criterios de reparto de fondos, que supone un 17,10% para Andalucía, el mismo porcentaje que figuraba en planes anteriores. Así lo ha anunciado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz (PP), que –eso sí– ha expresado su “disconformidad” por la “obsesión del Gobierno de España por imponer su modelo de vivienda sin negociación ni consenso con las comunidades autónomas”.

Críticas al modelo de financiación

Todas las comunidades del PP han acabado aceptando el nuevo plan, aunque varias de ellas no descartan recurrirlo ante el Tribunal Supremo. Una de ellas es Andalucía, sentido en el que Díaz ha anunciado que los servicios jurídicos de la consejería están revisando el contenido del plan estatal porque “no estamos de acuerdo con cómo se ha hecho la financiación”, dejando abierta la puerta a la asunción de medidas en este sentido.

La consejera en funciones, asimismo, ha cargado contra el calendario, ya que el nuevo plan “debía estar en marcha desde el 1 de enero” y, sin embargo, “llega con casi cinco meses de retraso”, lo que ha condicionado el desarrollo de las convocatorias y ayudas previstas para 2026. De paso, ha reclamado al Ministerio de Vivienda que aumente su participación económica.

Andalucía recibirá hasta 2030 una inversión total de 1.197, de los que 136,8 millones corresponden a la anualidad del presente ejercicio. El objetivo es desarrollar políticas públicas de vivienda en la región. El compromiso que se adquiere es que al menos un 40% de esos fondos se dedicarán a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.

“Consenso histórico”

Y si Rocío Díaz ha denunciado la falta de negociación, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (PSOE), ha celebrado que el plan supone “una clara muestra” de la “voluntad de diálogo y consenso” del Gobierno central. “Prueba de ese modelo de consenso, diálogo y acuerdo” son las 28 reuniones mantenidas con las comunidades autónomas en torno al contenido del documento, así como los encuentros con entidades, agentes sociales y expertos. Fruto de esos encuentros, se han recibido 365 aportaciones que se han estudiado e incorporado a la redacción final, y hasta el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), ha celebrado el “consenso histórico” entre las comunidades autónomas y el Ejecutivo central.

No lo ve así la consejera en funciones, que ha criticado que “ni siquiera conocemos la valoración del Ministerio de Vivienda sobre las 22 alegaciones que Andalucía presentó en el mes de octubre”. Por eso, ha insistido en que, mientras se aceptan los criterios de reparto de los fondos, se está revisando y estudiando el plan por parte de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía.

De paso, ha cargado contra un plan estatal que considera que está “más preocupado por la foto de una primera piedra o de una entrega de llaves que por ofrecer soluciones reales para el acceso a la vivienda”, en alusión a la advertencia de retirar fondos estatales si no se da visibilidad a la aportación del Ministerio. En ese sentido, ha defendido que “Andalucía siempre ha sido leal, informando en todo momento de las ayudas y promociones”.

Es la primera vez que ocurre en España. Y no ha sido contra Vox, sino contra el gobierno autonómico formado por Coalición Canaria y Partido Popular. Varias organizaciones sociales han demandado al Gobierno de Canarias por endurecer los requisitos de acceso a la vivienda pública, en sintonía con la denominada “prioridad nacional” de la extrema derecha.

Las organizaciones aseguran que esta medida “es ilegal” y confían en que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias les dará la razón dada la cantidad de precedentes judiciales que en toda Europa se han pronunciado contra la medida. Denuncian que se trata de un intento de ocultar las carencias en política de vivienda del gobierno insular ante la falta de vivienda pública.

Así lo han explicado, en la mañana de este martes en rueda de prensa, las organizaciones Derecho al Techo y el Observatorio de Derechos Humanos DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales), a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Canarias.  

El pasado 7 de abril entró en vigor el decreto que modifica los requisitos de acceso a una vivienda de protección oficial pública. El nuevo decreto establece un mínimo de 12 años de empadronamiento en Canarias de forma ininterrumpida. Una medida que para los demandantes “está en línea con la llamada `prioridad nacional´ que las derechas ya están impulsando en otras comunidades, como Aragón o Extremadura, y en varios países de Europa”, y que ya tiene en contra a la justicia europea. 

“Nos encontramos ante un mecanismo que crea barreras estructurales y, por tanto, desvirtúa la noción de vivienda protegida”, afirma Sofía Olivares del colectivo Derecho al Techo. 

“Aunque el presidente de Canarias defiende que en este territorio no hay cabida a la prioridad nacional, la realidad es que este decreto es un ejemplo claro de la prioridad nacional. Nosotros le llamamos prioridad racista, es una prioridad clasista, y es una prioridad abiertamente ilegal”, asegura Miguel Ruiz, abogado e investigador del Observatorio DESCA.  

Estas organizaciones aseguran que el Decreto 23/2026 de 9 de marzo, contiene varias medidas que provocan lo que se denomina “discriminación indirecta”, es decir, que aunque en la norma no se pone de forma explícita que se excluya a un colectivo en particular, el diseño de la medida afecta de forma desproporcionada a un grupo en concreto. Y en este caso las más perjudicadas son las personas migrantes“, aseguran las organizaciones. 

“Esto no es un invento nuevo, ni del Partido Popular, ni de Vox, ni de Clavijo. Esto es un invento del Frente Nacional de la extrema derecha de Francia en los años 80, que lo que tratan es de convertir los derechos en privilegios”, explicaba Miguel Ruiz.

Contra la jurisprudencia internacional

Las organizaciones sociales recuerdan que recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que exigir “un requisito de 10 años para poder acceder a ayudas de servicios sociales era discriminatorio y, por lo tanto, es una jurisprudencia muy reciente que refuerza nuestra posición. Pero esta es una jurisprudencia que lleva desde los años 80 dictando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y los distintos tribunales constitucionales”, asegura el abogado del Observatorio DESCA.  

Se refieren a la sentencia, publicada el pasado 7 de mayo, por la que la Gran Sala del TJUE formada por 15 jueces, considera que Italia había vulnerado el Derecho comunitario al exigir diez años de residencia, para acceder a la renta garantizada de ciudadanía, una prestación de lucha contra la pobreza y reinserción laboral.

En declaraciones a este medio desde el Observatorio DESCA sugieren al presidente Fernando Clavijo que lo consulte con la IA. “Es un caso de manual, de hecho si le preguntas a ChatGPT sabemos que no hay que confiar en ChatGPT, pero es lo primero que te dice, ojo, cuidado, que esto puede ser discriminatorio”, ironizan desde el Observatorio DESCA.  

El decreto canario de acceso a la vivienda pública exige más años de arraigo que lo que se pide para obtener la nacionalidad española. Mientras en Canarias ahora se exige un mínimo de 12 años para acceder a una vivienda pública, en España para obtener la nacionalidad se piden diez años, como tiempo máximo general de residencia legal y continuada. 

Contra la Constitución y el Estatuto de Autonomía 

Las organizaciones afirman que esta exclusión vulnera varios artículos del Estatuto de Autonomía de Canarias y de la Constitución Española, especialmente aquellos referentes al derecho a la igualdad de trato y no discriminación y el derecho a una vivienda digna. 

También señalan que “contradice los propios planes del gobierno canario”, como el Plan de inmigración y convivencia intercultural 2026-2029, que enfatiza “la importancia de garantizar la igualdad de condiciones de todas las personas en el disfrute de una vivienda adecuada, sin discriminación ni segregación”. 

Aseguran que este decreto no solo afecta a las personas migrantes de origen extranjero, “también quedan excluidas las personas de origen canario que vivan en la península y quieran volver”. 

“Irrazonable y discriminatorio” 

Además, califican de “discriminatorio e irrazonable” exigir estar empadronado o trabajar en el mismo municipio de forma ininterrumpida durante cinco años, una condición que perjudica a las personas que, por precariedad laboral y residencial tienen más probabilidades de cambiar de trabajo frecuentemente y tienen que mudarse de un municipio a otro.  

Otra de sus críticas va dirigida contra los nuevos baremos económicos, que también “resultan discriminatorios”. Como la condición de poseer unos ingresos mínimos de entre 12.600 euros y 21.000 euros al año, según la composición de la familia. Según los cálculos del Observatorio DESCA y de Derecho al Techo, a través de los datos publicados por el INE, hasta el 16,8% de las personas inquilinas de Canarias se verían excluidas directamente por este baremo de requisitos económicos. Lo que supone más de 68.144 hogares, independientemente de si son de origen canario o no. 

También critican que el decreto canario excluye a quienes han tenido que ocupar una vivienda. “El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ya ha establecido que los reglamentos que permiten el acceso a las viviendas protegidas y a los servicios sociales no pueden estigmatizar a la población más vulnerable y que las conductas de estas personas que ocupan porque no hay un parque público de vivienda suficiente no puede ser una excusa para castigarlas”, explica Miguel Ruiz del Observatorio DESCA.

“Miseria Nacional”

Derecho al Techo y el Observatorio DESCA consideran que los requisitos que exige el gobierno canario “constituye más bien una ´miseria nacional´ y que se trata de un intento de ocultar las carencias en política de vivienda ante la falta de vivienda pública”, con el precio del alquiler disparado, la expulsión de residentes de las ciudades, y el “secuestro de la oferta de vivienda por parte del sector turístico”, añaden.

Estas organizaciones sociales apuestan por una “prioridad habitacional”, con una serie de medidas que “sí funcionan y no dejan a nadie fuera”, como: la ampliación y blindaje del parque de vivienda protegida, “ya sea con la cesión de solares a promotoras o el uso del tanteo y el retracto”, imponer impuestos a los pisos vacíos de bancos y fondos buitre; prohibir las viviendas de uso turístico para que retornen al mercado residencial, unas 50.000 viviendas en 2025, o limitar las compras de viviendas por parte de inversores con intenciones especulativas. Y por supuesto, regular los precios del alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas. 

“Hay un montón de viviendas vacías en manos de fondos buitres, a los que hay que penalizar de una vez por todas. Y, por supuesto, hay una medida que la pueden aprobar mañana, que es: limitar los precios de alquiler, declarando zonas tensionadas. Esto está solicitado incluso por algunos ayuntamientos como el de Las Palmas de Gran Canaria”, explica Isabel Saavedra, abogada del colectivo Derecho al Techo. 

Ambas organizaciones instan al Gobierno de Canarias a ser “más valiente y ambicioso con las políticas públicas” para abordar el problema de la vivienda en Canarias “sin dejar fuera precisamente a quienes más lo necesitan”.

Esta demanda puede tardar un año en resolverse. El abogado del Observatorio DESCA ha explicado que el recurso tiene una tramitación preferente porque el decreto ya está en vigor, y afecta a todas las personas que quieran acceder a una vivienda protegida, “por lo tanto, el Tribunal Superior de Justicia le va a tener que dar preferencia, pero esto puede tardar incluso un año en tener una resolución final”. 

Aunque aseguran que tienen “plena confianza” de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias les vaya a dar la razón por la amplia jurisprudencia que ya existe, recuerdan que todavía podrían acudir “al Tribunal Supremo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al Tribunal Constitucional”, y aseguran que incluso podrían llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

La angustia pasea con distintas formas por los cuerpos de las 5.000 familias a las que Brookfield pretende echar de los pisos que ha comprado a Blackstone por 1.000 millones en Madrid para venderlos. Primero, sufrieron por dejar de vivir con alquileres sociales (de unos 500 euros la mayoría) cuando en 2013 el fondo los compró al Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella (1.850), a la Comunidad y a otros municipios como Alcorcón, Getafe o Torrejón de Ardoz. Luego, por las subidas brutales de los alquileres en cada nuevo contrato, al ritmo que marcaba el mercado, casi siempre con precios cercanos a los 1.000 euros. Ahora, se enfrentan a la amenaza de expulsión porque el nuevo propietario con el que no consiguen hablar quiere venderlos uno a uno. Centenares de ellos están organizados por el Sindicato de Inquilinas y se niegan a abandonar sus casas. 

La situación que atraviesa a las familias condensa todas las aristas de la crisis de vivienda: pérdida de vivienda pública para conseguir liquidez en pleno estallido de la burbuja, subida asfixiante del alquiler, pérdida del derecho a compra, cláusulas abusivas con el cobro de extras como la comunidad o el IBI, falta de mantenimiento e interlocución, lucro de fondos sin rostro como Blackstone, que ha conseguido el triple de lo que pagó en solo 13 años con inversiones escasas. Lo próximo será un masivo desahucio invisible, como se conocen las expulsiones que se ejecutan sin orden judicial, mediante fuertes subidas de precio o finalizaciones de contrato sin opción a renovación por decisión unilateral del dueño.

El silencio de Brookfield

Los fondos no tienen rostro no porque no se conozca a sus responsables —Bruce Flatt es el CEO de Brookfield desde hace 25 años y Alfredo Zamarriego su responsable en España—, sino porque nadie da la cara ante los medios o explica nada a los inquilinos sobre el cambio, aunque varios de ellos se concentraron ante la sede de Fidere (la socimi de Blackstone en España que se ha vendido a Brookfield con los pisos) el pasado 28 de abril pidiendo explicaciones. “Para hablar sobre los contratos, nos remiten a un asistente virtual”, relatan varios vecinos, que lamentan que la relación cada vez es menos humana y menos eficiente desde hace ya unos años. 

Rafa, uno de los vecinos del PAU de Carabanchel (Programa de Actuación Urbanística) más implicados en la movilización, resume así la incertidumbre ante la falta de respuestas: “Yo prefiero que me digan que me tengo que ir a que me tengan así. Conseguimos hablar con el vicepresidente de Brookfield tras la junta y nos dijo que no nos podía decir nada, que esto lo llevan desde Londres”, explica el vecino, implicado en el Sindicato de Inquilinas de Madrid que ha liderado la lucha contra Blackstone y apunta ahora a Brookfield.

Desde Londres, Brookfield prometió a elDiario.es contestar a las preguntas planteadas a principios de la semana pasada. Cuestiones como si existía algún criterio ético que pudiera evitar esta operación o cómo y cuándo pretenden ir vaciando los pisos de inquilinos para poder venderlos, que es su objetivo, o qué pasará con los contratos que vencen estos días y que se han agarrado mediante burofax a la prórroga temporal aprobada por el Gobierno que después decayó en el Congreso. A final de semana, la respuesta es una no respuesta por parte del director de comunicación: “Declinamos hacer comentarios”. Fuentes del sector aseguran que respetarán los contratos vigentes y que después venderán una a una las viviendas, sin más . 

En Madrid, en cambio, no cuesta nada que una decena de vecinos den la cara y sus nombres para explicar los múltiples rostros de la angustia que les genera esta crisis, que se cuela en sus cuerpos como un gusano y hace tiempo que ha hecho saltar por los aires su concepto de hogar, muy lejos ya de ser ese lugar de seguridad y paz donde uno construye su plan de vida. 

En Cristina, Marta, Pili madre, Pili hija, Leyre, César, Rafa, Fanny, Olga, Estrella o Mari Carmen se acumulan algunas de estas miles de precariedades cocinadas por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y ejecutadas por Blackstone y Brookfield. 

Subidas de alquiler y nuevas exigencias

A Cristina López, que vive sola y tiene 58 años, el contrato de alquiler le vence ya el mes que viene. Testa Homes, la gestora que gestiona los pisos que Blackstone acaba de vender a Brookfield y que será sustituida por Clikalia, le envió un correo en enero que le instaba a pagar 1.065 euros al mes si quería firmar un nuevo contrato, además de 107 euros al mes de comunidad que hace tiempo que la empresa no justifica. Son 200 más de los que paga ahora y casi el triple que cuando entró con el piso de alquiler social, en 2011, cuando abonaba 450 euros y que en 2019 pasaron a ser 600.

Pero la cosa no acaba en pagar un 250% más que cuando llegó. Pese a llevar en el piso 15 años, le piden ahora una nueva fianza adaptada al nuevo precio y un certificado de solvencia económica que demuestre que tan solo destinará el 37% de su sueldo al alquiler. Pero Cristina, que es técnico especialista en educación en un instituto, cobra 1.600 euros y no los 3.000 que le piden. 

“Eso son desahucios invisibles”, sentencia sin dudar Olga, otra vecina, aclarando que se ha repetido con otros residentes la petición de certificados de solvencia y nuevas exigencias económicas. Incapaz de cumplir los requisitos, Cristina se aferró a la solicitud de prórroga del alquiler enviando un burofax, pero no ha habido ni respuesta particular ni un posicionamiento de Brookfield sobre qué hará con las peticiones de prórroga. “Mi vida es una angustia, un caos, lo único bueno es que tengo contrato fijo, pero ¿adónde me iría con mi sueldo?”, se pregunta Cristina. 

Agarrarse a los pisos de Brookfield, antes de Blackstone, no es una cuestión sentimental. Incluso cuando están a precios equiparables al mercado, da miedo abandonarlos ante la imposibilidad de encontrar algo al mismo precio o de cumplir los requisitos necesarios para un nuevo alquiler. Son 5.000 familias que pueden quedar prácticamente expulsadas del mercado de la vivienda, posibles víctimas del hacinamiento en habitaciones (que también se da ya en algunos pisos de los bloques del Pau de Carabanchel). 

Cláusulas abusivas y derecho a compra

A sus 11 años, Leyre corrige a su abuela, Pili, cuando relata su historia particular. Se la sabe de sobras a su temprana edad. “Cuando sea mayor, seré abogada para que no te echen”, afirma con gracia. Vive con ella y con su madre, también Pili. Esta familia, con todo, se considera en parte privilegiada, ya que le renovaron contrato hasta 2032 a cambio de retirar la demanda contra Blackstone por negarles a ella y otras familias el derecho a compra de los pisos.

Es otra de las subtramas de este conflicto. En abril del año pasado, el Supremo falló en contra del derecho a compra que 40 inquilinos de los pisos de Blackstone habían reclamado recuperar tras la negativa del fondo, pero unos meses antes el mismo Supremo había reaccionado al revés, a favor del movimiento de inquilinos. El fondo usaba las renovaciones del alquiler para forzar a que otros inquilinos retiren las denuncias por este motivo: si no lo hacen, la renovación se complica. Otros inquilinos denunciaron también sin suerte al fondo por las cláusulas abusivas como el IBI, el seguro del piso o la comunidad. 

Mientras muchos se organizan para combatir al fondo y vislumbran un más que probable desahucio invisible cuando finalice contrato, la incertidumbre pesa entre quienes tienen un contrato a punto de expirar, aunque la prórroga extraordinaria les ha dado un respiro. Es el caso de Fanny, con cáncer de mama y 52 años, que recibió en marzo una carta de Testa Homes diciéndole que no renovará con las mismas condiciones (un alquiler que se disparaba a los 937 con las cláusulas). “Se me comía ya casi todo el sueldo”, dice esta enfermera en una residencia con un salario de 1.200 que está reducido desde que está de baja. 

Para saber cuáles eran las nuevas condiciones, Fanny tenía que pedir un borrador del nuevo contrato por el asistente virtual de Testa Homes, pero la web no funcionaba y por teléfono no le atendían. Así que, entretanto, se aferró al burofax de la prórroga extraordinaria en la que confía para quedarse al menos un par de años en el piso. “Aparte del cáncer, me estoy tratando por problemas de salud mental. Y a mi hijo le ha dado un bajón y no puede estudiar”, cuenta. 

Los vecinos coinciden en que la piscina que pusieron hace un año ha servido de excusa para encarecer los precios y cobrar más comunidad sin justificar el gasto. Pero como no hay propietarios, no existen las reuniones de vecinos y la empresa decide unilateralmente. Tampoco da cuentas de los gastos. El ascensor ha estado hasta un mes o más averiado y el teléfono de incidencias no es eficaz. “Y a mí, que vivo en un cuarto y tengo un problema en las piernas, me ha tocado estar un mes sin salir de casa”, cuenta un vecino. 

Es el mismo silencio impersonal que se encuentran ante el cambio de propietarios y el futuro cercano. Intuyen que se tienen que ir porque los medios informan que los pisos se venderán uno a uno. Ni la Comunidad de Madrid, ni el Ayuntamiento, ni el Gobierno de España han acudido a las peticiones de rescate. Pidieron expresamente a Casa 47 que comprara los pisos, pero el primer presupuesto de compra para vivienda vacía de fondos de inversión era 10 veces menor que el coste de los bloques, de 100 millones. Además, Casa 47 prioriza la vivienda vacía para dedicar al alquiler social. Si nadie actúa, será el mayor desahucio invisible de la historia y un nuevo oscuro episodio de la trágica historia reciente de la vivienda en nuestro país. Blackstone, entretanto, se habrá embolsado más de 1.500 millones desde la compra, entre la venta a Brookfield y los alquileres cobrados estos 13 años, a costa del sufrimiento de los vecinos.

Hay más de 34.000 demandantes de vivienda social en Canarias. Mientras, el gobierno autonómico entrega a cuenta gotas las poquísimas casas de promoción pública que construye, 24 en los últimos tres años. Prometen que habrá más, pero ahora quienes soliciten una de estas viviendas tendrán que demostrar que residen en las islas, como poco, desde hace 12 años.  

Distintas asociaciones y plataformas por el derecho a la vivienda acusan de “discriminatoria e ineficaz” la nueva regulación por la que se accede a las viviendas de promoción pública en Canarias. Piden que se paralicen los desahucios, que las administraciones pongan a disposición “muchas más viviendas sociales públicas” y critican “las exigencias y burocracia” de la nueva normativa. 

Ya se están desplegando los primeros efectos del polémico Decreto 23/2026 que regula en Canarias el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y el sistema de adjudicación de viviendas de promoción pública, en vigor desde el pasado 7 de abril. 

Desde 2007, la vivienda pública se adjudicaba por sorteo entre quienes cumplieran el requisito de residencia de 7 años. Ahora, es un sistema de baremación basado en criterios sociales, como que los ingresos que no superen los 21.000 euros anuales para la vivienda de promoción pública, o los 42.000 euros para viviendas de promoción privadas. Sólo podrán registrarse quienes lleven un mínimo de cuatro años residiendo en las islas. Pero además, los demandantes de vivienda pública tendrán que demostrar un arraigo de 12 años de residencia continuada en Canarias, o 15 en el caso de residencia discontinua. Además, hay que tener cinco años de residencia o vinculación laboral en el municipio donde se ubique la vivienda. 

De este modo, Canarias se ha convertido en la primera región española que exige residencia fija en la comunidad autónoma. Y este es uno de los aspectos más polémicos de la nueva normativa. 

Una normativa polémica

Para el Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura el reglamento de acceso es “extremadamente exigente para la gente trabajadora con menos recursos, que es para quien debería ser la vivienda protegida”. Califican la medida de “electoralista”, y señalan que se ha hecho “bajo la falsa premisa de los canarios primero”. Explican que si el actual gobierno “de verdad piensa en los canarios y canarias, que intervenga de una vez el mercado inmobiliario y facilite el acceso a una vivienda digna a todos, independientemente de sus dineros en el banco”. 

Para la plataforma Derecho al Techo de Gran Canaria, lo único que se está consiguiendo es “burocratizar más la vulnerabilidad para intentar reducir las listas de espera de acceso a la vivienda pública, con un gravísimo riesgo de exclusión silenciosa. Se está demostrando que el problema central sigue intacto, y es la falta de vivienda pública”, aseguran. 

En el mismo sentido el Sindicato de Inquilinas de Tenerife considera que la parte de la población que no cumple con los nuevos requisitos del Gobierno de Canarias “quedan directamente discriminadas”. Y asegura que así serán menos personas para “competir por la insuficiente cantidad de vivienda pública que hay y habrá”, sentencian. 

Un decreto contra los Derechos Humanos

Desde el Observatorio de Derechos Humanos DESCA afirman que el decreto del Gobierno de Canaria va contra el derecho de igualdad de trato y a la no discriminación. “A nivel jurídico el decreto incumple casi cualquier tratado internacional en materia de Derechos Humanos, incluso la Constitución Española y el propio Estatuto de Autonomía de Canarias”, asegura Miguel Ruiz, abogado e investigador del Observatorio DESCA.  

Todas estas organizaciones señalan que este decreto perjudica a las personas migrantes “ya de por sí vulnerables”. Para el Observatorio DESCA esta normativa es “propia de gobiernos de extrema derecha que piden la prioridad nacional”. Y aseveran que esta normativa discrimina por “prioridad de origen y de clase”.

“En general este decreto tiene ganas de excluir, de discriminar y de reducir a muchísima población. Y aboca a una situación de sinhogarismo. Luego lamentamos que haya personas sin hogar, pero la propia normativa ya las está condenando a ellas”, asegura Ruiz.

Prioridad de vivienda para ricos

Aunque vivimos en un contexto social de emergencia habitacional, Canarias ha ascendido hasta el “Olimpo inmobiliario del lujo”. Según un reciente informe publicado por la red inmobiliaria The Simple Rent, las islas concentran aproximadamente el 12% del mercado de lujo nacional. Canarias es la tercera comunidad autónoma de España donde más residencias de lujo se venden. Sólo por detrás de Baleares y Madrid, y por delante de la Costa del Sol. 

Desde el Observatorio DESCA señalan que el Gobierno canario está “disfrazando el problema de que es una cuestión de prioridad nacional, está comprando el discurso a PP y Vox. Entonces, están dando prioridad solo para los ricos”, aseguran. 

Explican que el sentido del decreto va encaminado a legislar “contra la gente migrante pobre, pero a la rica se la sigue favoreciendo o no se actúa absolutamente en nada para evitar la especulación de la cual se benefician”.

Cómo solucionar el problema de vivienda

Javier Marrero de la plataforma Derecho al Techo sostiene que “seguimos sin un cambio de paradigma en la política de vivienda”. Considera que las administraciones canarias están ocultando lo que realmente hay que acometer, como: una “ampliación masiva y urgente del parque público y social de vivienda, aplicar la ley de vivienda y declarar zonas tensionadas regulando los precios de los alquileres, limitar e inspeccionar la vivienda vacacional en áreas residenciales, y movilizar inmediatamente las vivienda vacías de grandes tenedores”. 

“En las zonas turísticas, la vivienda está secuestrada, y se tiene que prohibir”, afirman desde el Observatorio DESCA. Miguel Ruíz recuerda que en Cataluña se han extinguido las licencias turísticas hasta 2028. “Nada más se permiten viviendas turísticas en aquellos municipios que garanticen que no tienen ningún problema de vivienda”, y recuerda que ahora mismo no hay ninguno. Tampoco los hay en las islas.

Ruíz explica que en esta situación de emergencia residencial, “como así lo ha establecido por decreto el Gobierno de Canarias, se tiene que limitar esta situación”. Y señala que el gobierno canario también dijo que “iba a limitar las compras de no residentes. Esto jurídicamente es viable, con Observatorio lo estudiamos en su momento”, apunta. 

Además de blindar el parque público de vivienda, las soluciones pasarían por “movilizar el suelo”. También proponen que el gobierno autonómico “debe establecer un tanteo y retracto de la mayoría de operaciones que se hagan en materia de vivienda, para poder comprar viviendas a bajo precio”. 

Todos coinciden que la principal medida sería topar los alquileres, “cualquier persona sensata lo haría”, afirman desde el observatorio DESCA, y recuerdan que en Cataluña esa medida ya está en marcha con éxito. “Aunque no se ha solucionado la crisis de viviendas, para las 230.000 familias que viven de alquiler en Metropolitana, está funcionando”.

Otra medida mencionada sería “poner impuestos a las viviendas vacías”. Ruíz explica que no hace falta que se a todas las viviendas vacías, sólo con gravar las de los grandes tenedores, “SAREB, fondos de inversión, fondos buitre, recauda normalmente entre ocho o nueve millones de euros al año. Que no soluciona el problema de vivienda, pero bueno, se pueden comprar muchas viviendas. Se pueden comprar edificios enteros”, concluye.  

La conclusión de todos los colectivos mencionados es legislar con “políticas públicas valientes contra la especulación”. O como dice el mandato constitucional: “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. 

Canarias es una de las comunidades más afectadas por la emergencia habitacional, con un registro de demandantes de vivienda de promoción pública que supera las 34.000 personas. Sin embargo, según datos del propio Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), el pasado año 2025 sólo se entregaron ocho viviendas de promoción pública de nueva construcción. 

En 2023 no se entregó ni una sola vivienda, mientras esperaban más de 25.000 demandantes de vivienda de promoción pública. En 2024, ascendieron a más de 29.000, y se hizo entrega de 16 viviendas. 

Según ese mismo informe, en 2010 se entregaron 325 viviendas y tan sólo había 1.818 demandantes de vivienda de promoción pública. Después de aquel año, en plena crisis económica, se dispararon los demandantes de vivienda pública y se desplomó la adjudicación. De hecho, entre los años 2017 y 2021 no se entregó ni una sola vivienda de promoción pública.  

El Instituto Canario de Vivienda reconocía que “no ha existido una oferta significativa de vivienda pública, mientras que las solicitudes de inscripción se han incrementado de forma sostenida año tras año, alcanzando en 2025 más de 34.000 personas inscritas”. 

Las ocho viviendas de Ingenio

Las ocho casas entregadas el pasado año coinciden con la entrega de llaves de ocho viviendas protegidas de promoción pública en régimen de alquiler social, ubicadas en el barrio de El Sequero, en el municipio de Ingenio, que realizó el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez.  

Esa promoción de 8 viviendas tuvo un presupuesto de adjudicación de algo más de 1,6 millones de euros, y un plazo de ejecución de 14 meses. Fueron adjudicadas en régimen de alquiler social para rentas bajas, inferiores a 1,5 veces el IPREM.

Durante aquel acto que tuvo lugar el 15 de diciembre del año pasado el consejero aseguró que desde el Gobierno de Canarias han “situado la vivienda en el centro de nuestra acción política, como un pilar fundamental para mejorar la vida de las personas”. Rodríguez señaló que habían entregado “en el último año más de 100 viviendas públicas en la isla de Gran Canaria”. Pero esas 100 viviendas públicas a las que se refería son de promoción privada, no de promoción pública, como las que entregaba. 

De cara a este año 2026 el consejero se mostraba confiado en que, “con el ritmo de entrega se incrementará de forma notable, ya que hemos iniciado proyectos de construcción en todas las islas, cuyas viviendas comenzarán a entregarse a partir del próximo año”, aseguraba Rodríguez. 

Cambios en la dirección del ICAVI

Durante aquel acto, al consejero le acompañaban la alcaldesa de Ingenio, el concejal de Servicios Sociales y Vivienda del Ayuntamiento, y el entonces director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega, quien dimitió dos meses después tras ser procesado por delitos sexuales. 

Estos datos de demandantes de vivienda de promoción pública y las adjudicadas aparecen en un informe del ICAVI que realizó entonces Antonio Ortega como director. Actualmente, es María del Pino de León Hernández la directora del Instituto Canario de la Vivienda, un organismo autónomo que depende directamente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias con Pablo Rodríguez a la cabeza. 

1 de cada 5 viviendas está vacía 

Se estima que en Canarias hay más de 211.000 viviendas vacías, esto sería una de cada cinco, las casas deshabitadas que hay en el archipiélago. El dato surge del Censo de Población y Viviendas 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE), corresponde a las viviendas sin contrato eléctrico o con consumo inferior al de 15 días al año. El propio INE la considera provisional y aproximada. 

Fernando Rodríguez de la asociación Provivienda en Canarias asegura que si tan sólo “se pusieran a disposición una quinta parte de todas esas viviendas que están vacías” en la región, se daría solución a las más de 34.000 personas demandantes de vivienda de promoción pública que hay en el archipiélago. 

Desde el Sindicato de Inquilinas de Tenerife señalan que todas esas viviendas vacías “no son inspeccionadas, ni sancionadas, ni expropiadas” como contempla la Ley de Vivienda de Canarias de 2003. Y añaden que se podrían poner como “alternativa habitacional para personas en especiales circunstancias de emergencia social, como también figura en la misma Ley”. 

“18.000 viviendas públicas en Canarias”

Según Provivienda “en Canarias hay unas 18.000 viviendas públicas en total”, lo que supone “apenas el 2% sobre el total del parque residencial de Canarias”.

El Ministerio de Vivienda tiene otras cifras aproximadas sobre el parque de vivienda de titularidad pública que hay en Canarias, y que representa aproximadamente entre el 1,7% y el 3% del parque total de viviendas de las islas. Esto sitúa al archipiélago como una de las comunidades con menor tasa de vivienda pública y social de España, muy lejos del objetivo europeo que ronda el 10%. 

El propio Instituto Canario de Vivienda ha tenido que reconocer que no sabe exactamente cuántas, ni el Estado en que se encuentran las viviendas protegidas que hay en las islas. Este periódico consiguió que el Instituto Canario de la Vivienda le respondiera vía Transparencia, asumiendo que no tiene un listado con todas las promociones de pisos públicos en las Islas que detalle su ubicación, fecha de calificación, número de expediente o total de casas.

Promesas sobre vivienda

El pasado mes de marzo el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias y secretario general de CC en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, aseguraba en una tribuna del periódico Canarias7 que en estos momentos se están desarrollando “más de 3.000 viviendas públicas en distintas fases en todo el Archipiélago, 2.000 solo en construcción”. Sobre el Instituto Canario de la Vivienda afirmaba que se iba a incrementar su presupuesto “hasta alcanzar los cerca de 200 millones de euros, el más alto de su historia. A esto se suma el mayor paquete de ayudas al alquiler que ha impulsado el Gobierno de Canarias en los últimos años, con más de 37 millones de euros destinados a apoyar a miles de familias”. Lo cierto es que solo el 2% de las viviendas públicas proyectadas hace cinco años han sido entregadas en Canarias. 

El Ayuntamiento de Suances ha anunciado un proyecto urbanístico destinado a facilitar el acceso a la vivienda en el municipio mediante la construcción de 100 viviendas de protección oficial (VPO) en la zona de La Rasa, junto a la residencia de mayores y la pista de padel de Suances.

Según ha informado el Consitorio en nota de prensa, la iniciativa responde a “la creciente demanda de vivienda asequible, especialmente entre jóvenes y familias del municipio”, y se enmarca dentro de la estrategia municipal para “favorecer el arraigo poblacional y garantizar oportunidades residenciales accesibles”.

El alcalde Andrés Ruiz Moya (PSOE) ha destacado la relevancia del proyecto y ha asegurado que “se trata de una actuación prioritaria para el equipo de gobierno”, por ser el acceso a la vivienda “uno de los principales retos que afrontan actualmente nuestros vecinos”.

Ruiz Moya ha subrayado además que “estas 100 viviendas de protección oficial, de iniciativa privada, permitirán ofrecer soluciones reales a muchas familias y jóvenes que desean desarrollar su proyecto de vida en Suances sin verse obligados a abandonar el municipio por los elevados precios del mercado inmobiliario”.

El proyecto contempla el desarrollo urbanístico del Plan Parcial La Rasa, junto a la residencia, bajo criterios de sostenibilidad, integración urbana y mejora de servicios, incorporando espacios públicos y dotaciones que contribuyan a crear un entorno residencial moderno y equilibrado.

Unos tres meses de tramitación administrativa

Desde el Consistorio se ha señalado que ya se avanza en la tramitación administrativa y en la definición de los plazos de ejecución, con el objetivo de que las obras puedan iniciarse lo antes posible. Para ello, el Ayuntamiento está iniciando los trámites oportunos de cara a enajenar al copropietario mayoritario su participación en los terrenos, que por definición se integran en el Patrimonio Municipal del Suelo, copropietario que procederá a construir las viviendas.

Para ello se adoptará acuerdo de inicio del expediente de enajenación, con su correspondiente fase de información pública, tras lo cual se remitirá a la Dirección General de Administración Local. El pleno resolverá sobre la transmisión del bien y se suscribirá escritura pública. Con todo ello, desde el Consistorio estiman que el procedimiento puede suponer alrededor de tres meses de tramitación.

Paralelamente, el promotor ya trabaja en la elaboración del proyecto básico, que contempla viviendas de entre 85 y 90 metros cuadrados construidos, contando las mismas con plaza de garaje en sótano, además de 15 plazas comunes en superficie.

Desde el Ayuntamiento de Suances recuerdan que para acceder a las viviendas los interesados deberán encontrarse inscritos previamente en el Registro de Demandantes de Vivienda de la Comunidad Autónoma, cumpliendo los requisitos que este órgano contempla.

Durante la presentación del plan de vivienda de Castilla-La Mancha, en vísperas de la conmemoración del día de Europa y de la capitulación de la Alemania nazi ante el ejército soviético en 1945, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, declaró que en el régimen soviético el Estado construía las viviendas y las daba a la ciudadanía por orden de lista. No es cierto que el criterio de reparto fuera la lista, pero es oportuna la afirmación de que en el régimen soviético hubo un plan para atender la necesidad vital de alojamiento de la población. 

El plan de vivienda del régimen soviético quizás pretendía emular el modelo implantado por los socialistas en Viena después de la Primera Guerra mundial. En 1921, el ayuntamiento vienés logró edificar más de 25.000 viviendas, subvencionadas con los impuestos que gravaban a productos como las bebidas alcohólicas, los coches, los juegos de azar y las carreras de caballos. Desde entonces, Viena lleva más de un siglo convertida en la capital de la vivienda social europea. 

Mediante una combinación de vivienda pública con el mercado, Viena ofrece alquileres indefinidos a precios bajos –menos del 30% de los ingresos- y de alta calidad, que evitan la especulación. Con más de doscientas treinta mil viviendas subvencionadas, la capital austríaca demuestra que contar con un parque de viviendas mediante la inversión pública es la fórmula más acertada para la regulación de los precios del mercado inmobiliario. Consigue ese objetivo invirtiendo hasta seiscientos millones de euros anuales, es decir, la ciudad de Viena invierte en el plan de vivienda de un año, cien millones más de lo que proyecta invertir en cuatro años (2026-2030) la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

La población española opina que el acceso a la vivienda es una emergencia social. Para la mayoría de las personas jóvenes el derecho social a la vivienda no existe, solo el 14,8% se emancipa debido a que el coste de la vivienda media en alquiler asciende a más de 850 euros, mientras que una persona joven solo puede asumir en torno a 330 euros. La única alternativa viable para una de cada tres jóvenes es el alquiler compartido. En consecuencia, los presidentes de las comunidades autónomas deberían asumir sus competencias para responder a la crisis de acceso a la vivienda que afecta a la población. Es indispensable que las Comunidades Autónomas inviertan para que exista un parque de viviendas públicas de calidad que evite la especulación. 

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene la competencia exclusiva de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Las distintas políticas de vivienda han consistido en regalar suelo público, ayudas sin control y ventajas urbanísticas para garantizar beneficios privados a las promotoras inmobiliarias. Si el presidente Emiliano García-Page pretende, en serio, blindar el derecho social a la vivienda, sería bueno que en vez de regalar los terrenos públicos del ferrocarril (como proyecta hacer en Cuenca) promoviera una visita de trabajo al Ayuntamiento de Viena con un séquito de consejerías y ayuntamientos, para conocer el Plan de Viena, adaptarlo a la región y procurar que se implemente bajo sus auspicios en las ciudades de Castilla-La Mancha.  

El primer concurso público de la EMVS dedicado a rentas medias y que deja fuera del sorteo a familias con menos ingresos de 3,5 veces el IPREM acaba de entrar en terreno judicial. Más Madrid ha presentado un recurso de reposición contra el decreto del delegado de Vivienda del Ayuntamiento por considerar que no puede cambiar un reglamento municipal con esta mera publicación.

A principios de abril, el Gobierno de Almeida anunció un programa de alquileres asequibles para “rentas medias”, comenzando con una promoción en Barajas. Al día siguiente se producía la publicación del decreto ahora denunciado, que ahora acaba de abrir inscripciones para el sorteo.

El decreto establece que solo pueden optar a las 52 viviendas que forman parte de la promoción madrileños de hasta 50 años y familias con hijos menores con ingresos por encima de 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y por debajo de 5,5 veces esta misma cifra, lo que en la práctica se puede traducir en que una pareja con dos hijos podrá tener como máximo unos ingresos brutos anuales de unos 68.000 euros.

Más Madrid cree que un decreto así “excede de una mera actuación de gestión o ejecución administrativa, introduciendo reglas generales aplicables a una pluralidad indeterminada de personas destinatarias, con vocación de aplicación futura”, explica el texto del recurso, al que ha tenido acceso este periódico. El Reglamento para la adjudicación de las Viviendas gestionadas por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) se aprobó en 2021 en el Pleno municipal y los de Maestre creen que un cambio de este calado como el introducido ahora debería pasar por el mismo ámbito.

Tampoco está de acuerdo Más Madrid en que, además del criterio de los ingresos familiares, también se eliminen otros reglamentos en el acceso (el vínculo laboral, por ejemplo) y se introduzca la obligatoriedad de llevar empadronados cinco años en la ciudad, o tener una edad comprendida entre los 18 y los 50 años. Por último, el reglamento actual no recoge exclusión por antecedentes penales o por previos procedimientos arrendaticios.

Según el consistorio, los futuros adjudicatarios de esta promoción, llamada Iberia Loreto 1, nunca pagarán por estas viviendas más del 30% de los ingresos de su unidad familiar, con rentas que van desde los 700 euros a los 1.000 mensuales, aproximadamente, para pisos de dos y tres dormitorios y garaje.

“Viviendas a rentas medias y altas”

Más Madrid pide la nulidad del decreto por estas razones, ya que considera que “el Gobierno de Almeida ha modificado el modelo actual de acceso a la vivienda de la EMVS por la puerta de atrás, sin pasar por el pleno, a golpe de decreto”, denuncia Rita Maestre, en declaraciones a este periódico. “Por eso hemos presentado un recurso de reposición contra una decisión que cambia las reglas del juego para acceder a una vivienda pública de alquiler”.

Maestre recuerda que el decreto, “en vez de cambiarlas para favorecer a las personas y a las familias que cada día tienen más difícil acceder a una vivienda en Madrid y a las más vulnerables, la EMVS ha empezado a destinar viviendas a rentas medias y altas”. También apunta que el nuevo modelo de la EMVS eleva los límites de renta desde los 3,5 hasta 7,5 veces el IPREM -no previsto en esta promoción, pero sí en el decreto, endurece el empadronamiento, establece límites de edad y nuevas causas de exclusión.

“El modelo de Almeida está muy claro: ante la mayor crisis de vivienda que sufre nuestra ciudad, deja fuera a los que cobran menos de 25.000 euros al año, desahucia a familias vulnerables y construye a un ritmo ridículo”, asegura Maestre.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid defendió este lunes que la inscripción para el sorteo “permite ampliar el acceso a la vivienda pública en régimen de alquiler asequible a madrileños con ingresos medios que, pese a contar con empleo y estabilidad económica, no pueden acceder al mercado libre del alquiler en las condiciones actuales”, asegura e el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, en una nota de prensa publicada por el consistorio. Según el edil, esta promoción da respuesta a un amplio segmento de población con sueldos medios que en la actualidad queda fuera tanto del mercado privado del alquiler como de las políticas municipales de vivienda que, hasta ahora, se estaban llevando a cabo.

Una ‘Agenda de Acción por la Vivienda’ con horizonte en el año 2030. Con este nombre ha decidido bautizar el Gobierno de Castilla-La Mancha las más de una treintena de medidas que va a adoptar (aunque algunas ya están en marcha) para buscar soluciones a lo que considera “una de las mayores preocupaciones” de la sociedad: la demanda habitacional.

Durante la primera legislatura de Emiliano García-Page, de 2015 a 2019, cuando gobernó con Podemos, llegó a redactarse el proyecto para una Ley de Vivienda propia de la comunidad autónoma, que se quedó para siempre en un cajón. Ahí lleva ocho años. Entre otras cuestiones, en ella se blindaba la vivienda pública y se establecía todo un compendio para ampliar a la oferta en la comunidad autónoma.

El propio Gobierno regional reconoce en su 'Portal de Compromisos' que una vez entrara en vigor el proyecto de Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, aprobaría una normativa regional. Sin embargo, la ley estatal está en vigor desde mayo de 2023 y hoy Page no ha ha hecho referencia a ninguna futura norma autonómica en este sentido. De hecho, en la mencionada web, este compromiso aparece con tan solo un 5% de objetivo cumplido.  

De esta forma, Castilla-La Mancha es, junto con la Comunidad de Madrid, las dos únicas comunidades autónomas sin ley de vivienda propia. Únicamente cuenta con una sobre vivienda protegida, que data de 2002. Asturias, Cantabria y Aragón tienen proyectos en trámite parlamentario muy avanzados.

En su lugar, el Gobierno de Page sigue apostando por planificaciones como la 'Agenda' presentada hoy. Son más de una treintena de medidas que suponen la movilización de unos 500 millones de euros en los próximos cuatro años, para más de una treintena de medidas, algunas ya puestas en marcha, centradas en cuatro pilares: más oferta de vivienda, más ayudas públicas, impuso a la rehabilitación del parque residencial y modificaciones de normativas e instrumentos urbanísticos para disponer de más suelo.

Un reto “estructural” por falta de oferta

Los detalles los ha desgranado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien ha comenzado afirmando que, aunque “no hay varita mágica” para dar soluciones plenas, en el Gobierno regional sí existe “sensibilidad” para dar respuestas al acceso a la vivienda, resaltando, como es la tónica habitual del Gobierno autonómica, la colaboración público-privada.

“El reto es estructural”, ha dicho, pero ha determinado que la causa principal es un problema de falta de oferta. “Durante más de 15 años no se han construido apenas viviendas y los precios se han disparado. España no puede construir más de 100.000 viviendas al año cuando debería construir más de medio millón. La banca privada no puede asumir este reto en solitario y también debemos dar seguridad jurídica a los pequeños propietarios”, ha argumentado.

Dicho esto, ha informado de que la Agenda estará financiada con fondos propios de la comunidad autónoma, que, según afirma, están ya “por encima” del 40% obligado, y con los contemplados en el Plan Estatal de Vivienda.

Así, en cuanto al primer bloque, ha anunciado un total de 135 millones para la construcción de 500 viviendas en la región. En este punto, ha recordado el Plan 10.000 del Gobierno regional firmado con las constructoras: ya se han tramitado más de 18.000 visados de obra nueva, de los cuales un 20% con viviendas con algún tipo de protección pública, como exige la Unión Europea.

Asimismo, el Consejo de Gobierno de esta semana ha aprobado poner a disposición de la empresa pública GICAMAN dos parcelas en Toledo para la construcción de otras 231 viviendas en el barrio de Polígono.

Esta iniciativa, unida a las conversaciones con el Ayuntamiento de Toledo para recuperar la antigua “L” de este mismo barrio, harán que el Gobierno regional sea “el mayor promotor de vivienda en Toledo”, con 1.150 viviendas en total. No obstante, como promotor, no ha detallado qué tipo de viviendas va a fomentar y si tendrán algún tipo de protección pública o serán promociones privadas.

Además, ha anunciado que la Consejería de Hacienda ha reasignado una parte de los Fondos FEDER  para “redirigirlos” a políticas de vivienda. En total, serán 68 millones de euros para fomentar la construcción de más de 1.000 viviendas en Castilla-La Mancha.

El consejero de Fomento ha hecho especial hincapié en la rehabilitación del parque residencial, el segundo pilar de esta ‘Agenda de Acción’, remarcando que no solo se trata de impulsarla con “fines energéticos”, sino que  también debe estar vinculada a la accesibilidad. Para ello, el Ejecutivo regional va a habilitar una línea de siete millones e euros para actuaciones en viviendas de Castilla-La Mancha.

De igual forma, se habilitarán ayudas para rehabilitar viviendas vacías en núcleos rurales y otras adicionales para edificios en zonas con protección patrimonial, como Toledo, Cuenca o Sigënza, junto con las ya existentes para regeneración urbana, donde la región, ha señalado, ha sido “pionera”.

En paralelo, y a la espera de la resolución que la Comisión Europea haga sobre los fondos comunitarios, como el Fondo Social del Clima y su traducción en materia de vivienda, Castilla-La Mancha habilitará una línea propia por 5 millones de euros para ayudas destinadas al alquiler. Estas subvenciones serán variables en ciudades donde el precio de la vivienda sea más alto o más bajo, y según las rentas personales.

Nacho Hernando se ha referido a otras ayudas ya en marcha, como las deducciones para adquisición de vivienda y los préstamos ‘tipo cero’: el uso del fondo de fianzas, entre otras cosas para asumir el prometido aval del 20% a la compra. Es decir, la Consejería de Fomento podrá disponer de hasta el 80% del importe total de los depósitos y reservará, al menos, el 20% las devoluciones que procedan.

Cambios en la LOTAU

En cuanto al último bloque, se ha referido a la modificación de la LOTAU para agilizar trámites urbanísticos o los planes especiales de reclasificación de suelo rústico en zonas aledañas a los casco urbanos para construir viviendas “en un único acto administrativo”.

En esta línea se enmarca la modificación de la mencionada ley que este jueves se debate en el pleno de las Cortes regionales y que supone dar vivienda pública, no solo a colectivos en situación de vulnerabilidad, sino también a personas con rentas bajas.

Además, para ayudar a los pequeños municipios, el Ejecutivo “flexibilizará” las normas subsidiarias para ayudar en los trámites urbanísticos de los pueblos más pequeños, donde la LOTAU no sirve, por estár “pensada más para grandes ciudades”.

Finalmente, y ante la falta de mano de obra cualificada, el consejero de Fomento ha anunciado que el Gobierno también va a ceder una parcela en el barrio del Polígono de Toledo a favor de la Fundación Laboral de la Construcción, para un futuro centro de formación en oficios relacionados con este ámbito, con el objetivo de llegar a 2.500 jóvenes al año.

España lleva acomplejada con el problema del urbanismo muchísimo tiempo, no se está haciendo lo que hay que hacer, que es, en vez de planes de choque de construcción masiva, hacerlo de forma sostenida y permanente, abordarlo cada año en función de la demanda

Emiliano García-Page

Posteriormente, Emiliano García-Page, ha enmarcado este proyecto en un contexto de “debate colapsado”, con la vivienda como “víctima de la precariedad política que vive en España” y de “mayorías imposibles” en el Congreso. “España lleva acomplejada con el problema del urbanismo muchísimo tiempo, no se está haciendo lo que hay que hacer, que es, en vez de planes de choque de construcción masiva, hacerlo de forma sostenida y permanente, abordarlo cada año en función de la demanda”, ha resaltado.

El presidente de Castilla-La Mancha ha insistido así en un “pacto de país” sobre vivienda. “La vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado y contraponer las dos cosas no conduce a nada. No podemos pensar que esto es un régimen soviético donde toda la vivienda tiene que hacerla el Estado, y darla por orden de lista”.

Finalmente, ha destacado que esta 'Agenda' es “posibilista” y podrá salir adelante aunque no haya Presupuestos del Estado, anque ha reconocido que algunas medidas sí dependen en algunas líneas del Plan Estatal de Vivienda. “Si hubiera otra dinámica global, las medidas serían mucho mayores”, ha concluido.

El Gobierno de Castilla-La Mancha lleva años realizando una política de vivienda propia que no termina de asumir del todo los postulados del Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero que tampoco se desvincula ni confronta con el Estado de manera absoluta. Ahora, ha decidido sumarse al nuevo Plan Estatal de Vivienda para recibir los 280 millones que le corresponden, pero para ello debe modificar sus políticas en vivienda pública.

Durante la primera legislatura de Emiliano García-Page, cuando gobernó con Podemos, llegó a redactarse el proyecto para una Ley de Vivienda propia de la comunidad autónoma, que se quedó para siempre en un cajón. Ahí lleva ocho años. Entre otras cuestiones, en ella se blindaba la vivienda pública y se establecía todo un compendio para ampliar a la oferta en la comunidad autónoma.

De esta forma, Castilla-La Mancha es, junto con la Comunidad de Madrid, las dos únicas comunidades autónomas sin ley de vivienda propia. Únicamente cuenta con una sobre vivienda protegida, que data de 2002. Asturias, Cantabria y Aragón tienen proyectos en trámite parlamentario muy avanzados. Pero el Gobierno de Page sigue sin mencionar normativa propia.

De hecho, el presidente castellanomanchego ha apostado por la tibieza en este sentido. Ha defendido fórmulas mixtas de colaboración entre el sector público y privado con proyectos como el 'Plan 10.000' y nunca ha llegado a ‘topar’ el precio de la vivienda en la comunidad autónoma. Sí ha gestionado todas las ayudas públicas del Gobierno de España destinadas a mejorar al acceso a la vivienda, con especial incidencia a las destinadas al alquiler para jóvenes.

Castilla-La Mancha no es de las comunidades autónomas con los precios más altos de alquiler y vivienda en España, pero hace un par de años que ya comienza a notar la escalada de precios, sobre todo en Toledo, Talavera de la Reina, Guadalajara y Albacete.

El último dato es muy reciente: el precio de la vivienda subió un 19% en esta región en el primer trimestre del presente año, hasta los 1.987 euros por metro cuadrado, según las tasaciones realizadas por la empresa de valoración inmobiliaria Tinsa. Y además, hay otro fenómeno creciente: los madrileños emigran a Castilla-La Mancha. Lo indican los datos relacionados con el padrón, la demanda de vivienda e incluso el incremento de la población escolar. Un ‘exilio’ que se concentra en particular en los dos grandes corredores en Toledo y Guadalajara, al límite con la Comunidad de Madrid.

Con todo este contexto, el pasado mes de abril, el Gobierno castellanomanchego confirmó que se sumará al recién presentado Plan Estatal de Vivienda aprobado del Ejecutivo central. Y al mismo tiempo, esta semana va a presentar su propia Estrategia regional de Vivienda. Ni rastro ni mención a una ley propia, como se intentó hace ocho años.

Resulta, por tanto, muy llamativo que ahora el Gobierno dé un giro a su política de vivienda pública. El Grupo Parlamentario Socialista, que tiene mayoría absoluta en las Cortes regionales, ha presentado una proposición de ley de medidas urgentes en materia de acceso a la vivienda y suelo de Castilla-La Mancha. Responde a la “necesidad de reforzar los instrumentos de intervención pública” en materia de vivienda “optimizando recursos ya existentes y orientándolos a garantizar el acceso”.

La propuesta incluye la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU) de la región de manera que se modifica el uso dotacional del suelo público residencial, destinado a satisfacer las necesidades temporales de vivienda.  

En la norma urbanística vigente, las viviendas dotacionales públicas están destinadas a demandantes con dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre, es decir, a colectivos vulnerables.

Ingresos que no permiten “una vivienda a precio de mercado”

La propuesta socialista abre ahora el abanico: cambia esa frase incorporando que se destinarán, mediante alquiler, cesión o cualquier otra fórmula de tenencia temporal, a residencia habitual de personas “cuyo nivel de ingresos no les permita acceder a una vivienda a precio de mercado”. Es decir, va más allá de la situación de vulnerabilidad y contempla el acceso a vivienda pública para personas con rentas bajas.

Hay varias circunstancias determinantes para este cambio. El Plan Estatal de Vivienda contempla que Castilla-La Mancha reciba 280 millones de euros por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). Esta cifra supone 205 millones más que la recibida en el plan 2022-2025. Pero para recibir esa cantidad, el Ejecutivo de Pedro Sánchez impone tres condiciones.

La primera es que las nuevas viviendas de protección oficial (VPO) no pierdan su condición en unos años y estén blindadas para siempre. La segunda es que deberá compartir más datos sobre vivienda y facilitar información en tiempo real al Ministerio sobre los contratos de arrendamiento en el registro de fianzas, para conocer el número de alquileres en vigor, su precio, la rotación y la evolución de la oferta de forma trazable y real.

Además, el Gobierno de Sánchez exigirá a las comunidades que cofinancien en un 40% este plan. Las comunidades podrán hacer frente a dicha aportación autonómica con los fondos europeos que reciban para las políticas de vivienda.

Otro factor determinante es que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, es castellanomanchega y mantiene muy buenas relaciones con el Gobierno de Page. Fue portavoz del Ejecutivo regional con José María Barreda y posteriormente alcaldesa de Puertollano (Ciudad Real). Pese las tensas relaciones entre Page y Pedro Sánchez, siempre ha recibido alabanzas por parte de ambos, y viceversa.

Es más, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha la ha eximido de toda responsabilidad en el fracaso del decreto de prórroga de los alquileres en el Congreso, responsabilizando a Sumar de forzar la votación sin contar con el respaldo de Junts.

Ahora, la colaboración del Ejecutivo de Page con el Ministerio de Vivienda parece tomar más fuerza. La mencionada ampliación del uso de vivienda pública más allá de los colectivos vulnerables, que previsiblemente aprobarán esta semana las Cortes regionales, es un guiño de la comunidad autónoma en ese sentido.

También lo es el hecho de que la propuesta de los socialistas castellanomanchegos incorpore el uso del fondo de fianzas, entre otras cosas para asumir el prometido aval del 20% a la compra. Es decir, Consejería de Fomento podrá disponer de hasta el 80% del importe total de los depósitos y reservará, al menos, el 20% las devoluciones que procedan.

El gasto con cargo al importe de las fianzas depositadas se destinará a inversiones para la promoción, construcción y rehabilitación de viviendas protegidas; a actuaciones directas en núcleos de población sujetos a un proceso de regeneración o renovación urbana; a actuaciones de fomento de la adquisición y de la promoción de vivienda de nueva construcción; y a medidas de fomento del alquiler y políticas de fomento del derecho de acceso a la vivienda.

Castilla-La Mancha, sin zonas tensionadas

De momento, y a la espera de la Estrategia Regional de Vivienda que el Gobierno castellanomanchego presenta este martes, la situación de la vivienda en la región tan solo cuenta con estos giros en las medidas autonómicas. No hay nada o casi nada a nivel local: ningún ayuntamiento de la comunidad autónoma ha pedido la declaración de 'zonas tensionadas' aunque la Consejería Fomento se ha mostrado dispuesta a estudiarlas.

Sí hay mociones aprobadas en los ayuntamientos de Azuqueca de Henares (Guadalajara) y en Cuenca para aprobar que se instauren estas zonas, pero aún no han cursado formalmente las solicitudes. En Cuenca, donde gobierna el PSOE, el Ayuntamiento ya cuenta con un informe de apoyo que detecta un riesgo “especial” de insuficiencia de oferta de vivienda para la población y que respalda la declaración de la localidad como zona de mercado residencial tensionado.

En Toledo, Ciudad Real, Guadalajara y Talavera de la Reina gobiernan el PP y Vox, y en Albacete lo hace el PP en solitario. Ninguno de sus ayuntamientos ha manifestado intención alguna de realizar esta petición.

La Xunta de Galicia acaba de aprobar su estrategia de impulso a la vivienda protegida. Tiene dos patas: medidas dirigidas a los compradores -fundamentalmente, permitir el acceso de hogares con ingresos más elevados- y medidas pensadas para los promotores, que suponen un incremento del precio al que se van a poder vender los pisos y también ayudas directas a las empresas que los construyan.

Parte de los contenidos de este plan los había adelantado ya el presidente gallego, Alfonso Rueda, en el debate sobre el estado de la Autonomía del mes pasado. Entonces había dicho ya que la vivienda de promoción pública -es decir, dependiente de la propia Xunta- iba a pasar a tener como límite ingresos de cuatro veces el IPREM -4,5 veces en el caso de familias numerosas-. Cuando aplica estas subidas, la Xunta suele poner el ejemplo de una pareja con un hijo. El nuevo tope implica que, en ese supuesto familiar, el máximo de ingresos brutos mensuales es de 3.500 euros. Este lunes, la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, añadió que ese incremento en los ingresos máximos permitidos se extiende también a la vivienda de promoción autonómica -la protegida que construyen promotores privados y cooperativistas-. La misma pareja con un hijo pasa de un límite de 3.750 euros brutos mensuales para una vivienda en régimen general a 4.850.

Pero la Xunta ha detectado un problema que no está en el acceso a la vivienda protegida, sino en la construcción de la misma y en las empresas que se dedican a ello. “Hoy no es atractivo construir vivienda de promoción autonómica”, dijo Allegue, que lo atribuyó a factores como el encarecimiento de los materiales, la escasez de mano de obra y unos precios máximos de venta de la vivienda protegida “que no cubren los costes reales”. El análisis se deriva de varias reuniones mantenidas en los últimos meses con representantes de este sector empresarial, expuso.

La respuesta del Gobierno gallego es subir los precios a los que se puede vender una vivienda protegida -que están limitados-. El incremento no es homogéneo para todas las zonas, sino que depende de las áreas y el régimen en el que se construyen. Son “más contenidos” en donde hay más demanda y los precios son ya más elevados, es decir, en las ciudades. La conselleira puso como ejemplo una vivienda tipo de tres dormitorios y 85 metros cuadrados: en régimen especial puede llegar a 206.456 euros; en régimen general el tope estará en 214.840 euros y en régimen concertado se eleva hasta 241.040 euros.

Además, los promotores recibirán ayudas directas porque “este ajuste no resulta suficiente par garantizar la viabilidad de las promociones”, según la Xunta. Estos apoyos pueden llegar a 42.500 euros por vivienda en viviendas protegidas de régimen especial en ciudades como Vigo o Pontevedra. La promesa del Gobierno gallego es construir 4.000 viviendas de promoción pública esta legislatura, que termina en 2028, y facilitar suelo para que se levanten otras 20.000 mediante estas colaboraciones con promotores privados.

El Ayuntamiento de Rivas presentó hace unos días su nueva estrategia para blindar su vivienda pública. Lo hizo en la sede de la Empresa Municipal de Vivienda, a la que acudieron los concejales directamente involucrados y también la alcaldesa, Aída Castillejo, conscientes de que los precios actuales suponen una barrera entre el mercado y buena parte de las familias, mientras que los jóvenes apenas pueden emanciparse incluso pasados los 30 años. El Plan VIVE impulsado desde la Comunidad de Madrid tampoco convencía al consistorio, pues creen que sus rentas son demasiado elevadas. Si algo está claro, o al menos así lo transmitieron las autoridades ripenses, es que aún no hay una fórmula matemática para zanjar este problema, que ya se ha consolidado como la principal preocupación de los españoles según el CIS. Sin embargo, no todo está perdido.

El Plan Estratégico Municipal de Vivienda y Suelo de Rivas Vaciamadrid contempla tres objetivos principales y plantea once soluciones para llegar hasta ellos. Una de las palabras más repetidas durante la presentación fue “jóvenes”, y hacia este estrato es donde apunta la primera meta del Ayuntamiento: facilitar su acceso a una vivienda digna para que nadie tenga que mudarse y las nuevas generaciones puedan quedarse en el municipio. “La vivienda es el principal punto de anclaje de cualquier proyecto de vida”, estimaba un día antes de la gran convocatoria el equipo de la EMV. Por eso, tratarán de multiplicar sus opciones y reivindicar a Rivas como un modelo alternativo al de Isabel Díaz Ayuso.

Para lograrlo, los planes pasan por aumentar la oferta disponible desarrollando más vivienda de alquiler asequible y fijar un orden de prioridad para obtener una de ellas, primando a los colectivos con más necesidades que se detectaron en el análisis previo. El segundo objetivo de esta estrategia de vivienda va en esta misma línea: responder a la demanda de esos hogares con más dificultades para acceder a precios del mercado privado.

Y en tercer lugar, como complemento de nueva oferta, se regenerarán y rehabilitarán espacios urbanos o viviendas, mejorando la calidad de vida de sus vecinos. Por ejemplo, reforzando la envolvente de los edificios o las ventanas para aumentar la eficiencia energética y reducir costes por de luz o gas; e introduciendo ascensores y rampas que potencien su accesibilidad. El Observatorio de Vivienda y Suelo (OVS) del Ministerio de Vivienda estima un ratio de una vivienda pública por cada 132 habitantes en Rivas, casi tres veces más que la media de la Comunidad de Madrid. Entonces, ¿cómo aumentarlo?

Viviendas en alquiler sobre cinco parcelas dotacionales

La primera acción que pretende tomar Rivas es trabajar en “soluciones habitacionales” para residentes y hogares formados “mayoritariamente por personas jóvenes”. En el programa de once puntos, se incluyen para este fin los suelos públicos finalistas que han sido considerados adecuados por la EMV para producir viviendas. El proceso de contratación se hará, en cada caso, a través del propio Ayuntamiento y en colaboración con la Empresa Municipal de Vivienda.

Para desarrollar su estrategia, Rivas planea tejer redes entre administraciones y facilitar, desde el equipo municipal, el acceso a medidas de los planes de vivienda autonómicos o estatales. Durante la presentación del viernes, el consistorio también habló de una selección previa de parcelas dotacionales, sobre las que ya proyectan unas 500 nuevas viviendas. Estas se dispondrán en régimen de alquiler bajo principios de no discriminación, publicidad y libre concurrencia.

Entre los requisitos exigidos figurará no ser propietario de ninguna otra vivienda, percibir ingresos dentro de los límites establecidos por el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) o formar parte de algún colectivo específico descrito en la convocatoria. Dichas viviendas serán de titularidad pública y deberán seguir siguiéndolo de forma permanente, tal y como indica el escrito municipal. Así que las viviendas protegidas tampoco podrán enajenarse a ningún tercero, ni persona física o persona jurídica.

El Ayuntamiento ya ha escogido cinco parcelas dotacionales sobre las que edificar vivienda pública. La primera está en la calle Picos de Urbión y tiene una superficie de 940 metros cuadrados. Otra se ubica en la vía de José Hierro y se extiende sobre 7.104 metros cuadrados; la tercera, en Jovellanos, con 9.156 metros disponibles; una cuarta en la calle Junkal, con 11.258 m² junto al polideportivo Cerro del Telégrafo; y por último otra parcela en Las Trece Rosas, la más grande de todas: son 20.789 metros cuadrados. Todas tendrán usos residenciales, de locales o aparcamientos, como figura en los distintos proyectos arquitectónicos y en base al principio de adaptación al entorno urbano. 

Viviendas senior colaborativas y adaptadas a la discapacidad

El segundo eje aborda las viviendas colaborativas, en una apuesta por el llamado cohousing senior impulsada mediante cesión de suelo público y la cooperación con entidades sin ánimo de lucro. La idea, sobre el papel, es sencilla: edificios gestionados por cooperativas donde la propiedad es colectiva, pero existe un derecho de uso individual. En la práctica, lo que se pretende con estos proyectos es crear una suerte de oasis que escape de la especulación inmobiliaria y pueda convertirse en una comunidad permanente.

No se trata solo de construir casas, sino de diseñar entornos donde la vida en común tenga peso. La estrategia municipal también piensa reformular los espacios compartidos y servicios colectivos, mediante una lógica de autogestión que cree “vínculos” dentro del barrio. Un ejemplo expuesto recurrentemente es el de Cohabita Rivas, sustentado por tres cooperativas (Taray, Cosmos y La Corrala) y mantiene tres desarrollos en marcha. Dentro de este modelo, la convivencia entre mayores (cohousing senior) se plantea como una respuesta a la soledad y la dependencia en edades avanzadas, con servicios que prometen diseñarse desde la prevención y la autonomía personal.

El plan introduce otras variables. Es el caso de las viviendas colaborativas para personas con discapacidad, donde el objetivo es facilitar la vida independiente con apoyo de entidades sociales. El Ayuntamiento ya cede viviendas a entidades como Aspadir o Fundar para que acompañen a sus futuros residentes y les ayuden en su día a día, con tareas que van desde la gestión doméstica hasta la convivencia en el hogar. Incluso se contempla ampliar este modelo a más formatos, como la residencia con Centro de Día que construirá Aspadir y para la que el Ayuntamiento ya ha cedido una parcela municipal. 

Servicios comunitarios a cambio de un alquiler para jóvenes

En paralelo, Rivas refuerza programas ya existentes que mezclan acceso a vivienda y compromiso social. Uno de los más singulares es el de viviendas compartidas para jóvenes a cambio de servicios comunitarios. Aquí, la moneda de cambio no es el alquiler, sino el tiempo: los jóvenes de entre 18 y 30 años pueden vivir en pisos municipales pagando solo los gastos comunes, como agua, luz o gas, si dedican unas diez horas semanales a labores sociales impuestas por el Ayuntamiento. Este modelo, a medio camino entre el voluntariado y la política de vivienda, busca facilitar la emancipación juvenil a la vez que se refuerza el tejido comunitario, permitiendo a la juventud ejercer como mediadores vecinales o servir de enlace entre las personas mayores y los servicios que necesitan.

viviendas vacías a su parque público ofreciendo garantías a sus propietarios, como seguros frente a los impagos o desperfectos, de forma que luego puedan ponerse a disposición de los inquilinos a un precio limitado. La intención, tanto de esta medida como en la rehabilitación de edificios municipales, es clara: aumentar la oferta sin depender exclusivamente de la construcción.

En conjunto, el plan dibuja una estrategia que combina cierta innovación social con las herramientas más clásicas. Desde cooperativas de uso hasta bolsas de alquiler, pasando por fórmulas híbridas que cruzan vivienda y cuidados, Rivas intenta abrir grietas en un modelo residencial cada vez más tensionado. El reto, como siempre, será escalar estas iniciativas sin perder su carácter social. Porque, más allá de la arquitectura o la gestión, lo que está en juego es algo más básico: quién puede permitirse vivir en la ciudad, y en qué condiciones ha de hacerlo.

Impulso al comercio local y pisos para deportistas

A ese mapa de políticas públicas, el plan añade otras piezas estratégicas aunque menos visibles, algunas de ellas ya en marcha desde hace tiempo. Una pasa por estimular el comercio de proximidad, entendido como infraestructura básica de barrio, con un doble objetivo: por un lado, ayudar a los negocios impulsados por residentes, y por otro facilitar el acceso a servicios básicos en cada barrio donde haya vivienda pública. El Ayuntamiento plantea poner a disposición locales de titularidad pública —gestionados por la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV)— que dinamicen la economía y refuercen redes entre comerciantes y vecindario.

En realidad, no es tanto una medida económica como urbana: se busca evitar que aparezcan barrios dormitorio, así como reducir la dependencia del coche y favorecer las compras a pie. Dentro de esa misma lógica de diversificar perfiles y necesidades, el documento alude a un programa específico de vivienda para deportistas, dirigido a personas que compiten con los clubes deportivos de Rivas y que, a su vez, realizan trabajo en la ciudad a través de las escuelas deportivas municipales en las que participan miles de niños, niñas y jóvenes ripenses.

Todo este ecosistema de programas se ordena a través del Plan Estratégico Municipal de Vivienda y Suelo. La EMV es su punto de referencia. El Ayuntamiento plantea que este edificio funcione como oficina de información, una especie de ventanilla única donde la ciudadanía pueda consultar toda la información relativa a vivienda. La idea es concentrar datos, procedimientos y acompañamiento en un solo organismo público. En un contexto de creciente complejidad —cooperativas, cesiones de uso, bolsas de alquiler—, la última apuesta de Rivas pretende mostrar otra salida a la crisis de la vivienda distinta al modelo del PP.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunciaba hace semanas una reforma “muy profunda” del reglamento de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) para favorecer a quienes acrediten una residencia continuada en la ciudad. Estos cambios no se han concretado por el momento en el conjunto de las promociones, pero sí se despliegan ya en algunas específicas.

Así lo trasladó el pasado 9 de abril la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, al exponer los pormenores de la promoción de 52 viviendas Iberia Loreto, 1, en el distrito de Barajas. Fuentes de la propia entidad trasladan a Somos Madrid su apuesta por el “arraigo vecinal” de quienes resulten beneficiados de este nuevo modelo de promociones, aunque apostillan que por el momento se mantienen las que no incluyen exigencias concretas en materia de empadronamiento.

Así, el programa general de vivienda pública de EMVS seguirá teniendo como principal requisito que quienes se beneficien de él tengan unos ingresos familiares medios anuales que vayan desde la no declaración de ingresos hasta 3,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), una cifra que se sitúa alrededor de los 42.600 euros brutos en unidades familiares de dos miembros y 44.300 si son cuatro. Y que aumentará en función del número de integrantes de la unidad familar. Para calcularlo, se suelen sumar las bases imponibles de la declaración de la renta y dividir entre el número de miembros de dicha unidad, comparando el resultado con los límites del IPREM.

Además, es preceptivo apuntarse en el Registro Permanente de Solicitantes de Vivienda, no poseer en titularidad otra vivienda y no ser inquilino de otro alojamiento público. En cuanto al “arraigo”, la única exigencia es residir o trabajar en Madrid. La inscripción se completa en este enlace.

Nuevas promociones para “madrileños con ingresos medios”

Adjudicada mediante sorteo, como es habitual en EMVS, las principales novedades de las promociones dirigas a “madrileños con rentas medias” están en las exigencias respecto al IPREM y la acreditación de residencia en Madrid. Respecto al primer apartado, los ingresos declarados pasan a situar el mínimo en 3,5 veces el citado índice, mientras que el máximo alcanza ese IPREM multiplicado por 5,5. Así, la cifra se mueve entre unos 44.300 euros en la escala inferior y unos 68.400 en la superior (atendiendo siempre a familias con cuatro miembros como baremo). Según el Gobierno municipal, en algunas promociones el límite podría llegar incluso a 7,5 veces el IPREM (unos 92.500 euros brutos anuales).

Para optar a los pisos que se adscriban a este programa, los adjudicatarios (de entre 18 y 50 años) tendrán que estar empadronados en el municipio de Madrid con una antigüedad mínima de cinco años ininterrumpidos o de ocho dentro de los últimos diez años.

Además de carecer de otra vivienda en propiedad (obligación aquí limitada al territorio nacional), un requisito adicional en este caso es “que ninguno de los miembros de la unidad familiar haya sido condenado por delitos relacionados con la ocupación ilegal, ni por impago de rentas o en procedimientos de desahucio de viviendas por problemas de convivencia en los últimos cinco años”. Así lo exponía el porpio Consistorio a través de una nota de prensa municipal.

“Esta ampliación no sustituirá en ningún caso a los sorteos de vivienda pública que EMVS Madrid efectúa periódicamente para adjudicar vivienda a madrileños con rentas de hasta 3,5 veces el IPREM, como el previsto para el próximo mes de mayo, sino que los complementará para dar respuesta a este segmento de población que hasta ahora quedaba fuera de los sorteos”, detalla el Ayuntamiento.

El Plan ReViVa se abre a rentas más altas y aumenta la exigencia de arraigo

En paralelo, el consejo de administración de EMVS aprobaba el pasado 16 de abril una nueva modificación (la tercera en cinco años) del Plan ReViVa, en la misma sesión donde validaba la incorporación de dietas de 612 euros por reunión e integrante. Diseñado para recuperar viviendas en desuso en la ciudad, el objetivo de este programa es destinarlas al alquiler por un tiempo determinado y a cambio de una renta mensual por parte del Consistorio (cuente o no con inquilinos la vivienda).

Según traslada el concejal socialista presente en dicho consejo, Pedro Barrero, “el PP abre este programa a rentas superiores a 62.000€, para afianzar un negocio a propietarios con opacidad y dejar fuera a quienes más lo necesitan”. En la actualidad, la renta mínima para acogerse a este programa es de unos 44.000 euros en unidades familiares con cuatro integrantes y la máxima es la citada por el edil, de 7,5 veces el IPREM (92.500). Como apunte, en este caso los solicitantes no pueden ser titulares de otra vivienda en la Comunidad de Madrid, pero sí en otros puntos del país o del resto del mundo.

“También se endurece el acceso a la vivienda pública con un requisito de cinco años de arraigo [por el año actual en el momento de la inscripción], lo que podría excluir a más de 16.000 familias (el 27% de los solicitantes)”. Mientras, el Consistorio continúa teniendo problemas para encontrar arrendadores que se sumen y presten sus viviendas: “Apenas ha logrado 198 viviendas y 143 inquilinos”, afirma Barrero. Y eso que el ReViVa presenta la garantía jurídica y administrativa como su principal baza (el casero cobra solo con ceder su propiedad con independencia de lo que ocurra con ello), en un contexto donde según el Ayuntamiento de Madrid el miedo a la okupación es uno de los principales motivos de la reducción en la oferta de viviendas.

“La EMVS debe garantizar el derecho a la vivienda, no convertirse en una inmobiliaria al servicio de unos pocos”, concluye Barrero sobre estos nuevos modelos emprendidos por la compañía municipal, en la misma línea de otros cambios introducidos desde la Comunidad de Madrid.

Diversas entidades por el derecho a la vivienda se han concentrado este martes por la tarde en el solar de la calle Llull 355, en Barcelona, para protestar contra la “privatización de la vivienda protegida”. Este amplio espacio vacío acogerá próximamente una promoción que correrá a cargo de la constructora Corp, que será la misma que edificará otros dos edificios en el mismo barrio. Entre todas, sumarán más de 400 Viviendas de Protección Oficial (VPO), casi la mitad de las que actualmente el Ayuntamiento tiene adjudicadas o en proceso de adjudicación.

Corp, una constructora a la que la justicia ha anulado recientemente una promoción de pisos de lujo, salió vencedora de la licitación pocos meses antes de que el consistorio presentara otros dos concursos abiertos a operadores privados para construir 600 viviendas más. Todo ello, según las entidades concentradas, supone un “proceso privatizador en medio de una emergencia habitacional grave”. Consideran que el hecho de que las promociones se estén adjudicando a promotoras privadas “favorece los intereses de la patronal inmobiliaria, asegurándoles beneficios astronómicos”.

Este tipo de promociones dedicadas a vivienda protegida suponen la cesión del terreno y la finca gratis durante 30 años y cuentan con subvenciones y financiación públicas que cubren el 100% del coste de construcción, según estimaciones del propio Ayuntamiento. La administración también ha calculado que los beneficios que Corp puede sacar de un solar como el de Llull ronda el 11% anual. Con todo, las entidades convocantes -la XES, el Observatorio DESCA, la PAH, el Sindicat de Llogateres, la FAVB, Habicoop y organizaciones juveniles de UGT y CCOO- han calculado que los beneficios de estas constructoras pueden rondar los 600 millones.

“Son beneficios estables y crecientes, ya que los alquileres aumentarán de la mano del IPC, todo ello en base a fondos públicos”, apuntan desde la XES. Esta entidad se muestra de acuerdo en que la prioridad es construir vivienda pública y protegida, pero considera que es una “contradicción” que la misma se encargue a empresas privadas. “Si el Ayuntamiento no tiene capacidad para construir en suelo público, se debería encargar la gestión y la edificación a entidades sin ánimo de lucro”, apuntan desde la Federación de Cooperativas de Vivienda. “No tiene sentudi que estemos pensando en regular el uso social de la vivienda en suelo privado, pero se impulse la privatización en el suelo público”, remachan.

En esta línea, las entidades convocantes lamentan que las cooperativas de vivienda sólo han conseguido la adjudicación -todavía sin confirmar- de 200 VPO, lo que para los convocantes es un “agravio” y una “irresponsabilidad”, además de una vulneración del convenio ESAL, un pacto con el consistorio que establece que las cooperativas construirían y gestionarían 1.000 viviendas.

Que el peso de la balanza caiga del lado de las promotoras privadas, según alertan desde la PAH, “desplaza la función social de la vivienda”, lo cual es “especialmente grave” al tratarse de VPO, que están destinadas a “familias vulnerables sin más alternativa”. Lamentan que la administración esté cediendo el suelo público a empresas privadas que gestionarán estos pisos durante 99 años y recuerdan que cuando los operadores privados han sido las encargadas de VPO “los derechos de las inquilinas se han visto perjudicados”.

En esta línea, han recordado lo sucedido en hasta 34 promociones de vivienda protegida gestionadas por La Caixa, en las que los vecinos denunciaron falta de mantenimiento en los edificios, subidas de precio injustificadas, no renovación de contratos, expulsiones y cobro de cláusulas abusivas. Estos edificios fueron construidos por la Obra Social La Caixa entre 2002 y 2012 y por los que cobró más de 25 millones de euros en subvenciones.

Este caso dio paso a una campaña que vino a demostrar que el banco inició “prácticas especulativas feroces” en cuanto hubo recuperado la inversión inicial y los pisos pasaron a estar en una fase en la que la normativa le permitía vender o alquilar a precios “estipulados”, pero sin obligación alguna de tener las viviendas ocupadas.

“El resultado aumentó el patrimonio inmobiliario de La Caixa, que ha terminado desligándose de las consideraciones de accesibilidad y protección social con la que en su día se justificaron las ayudas con dinero público”, denunciaron en su momento desde el Sindicat de Llogateres, entidad que acompañó a las vecinas afectadas.

Es cierto que actualmente esta situación no se podría repetir ya que, desde 2019, todas las viviendas de promoción pública en Catalunya mantienen la protección de forma indefinida, pero las entidades convocantes alertan de que “los operadores privados todavía pueden encontrar maneras de maximizar beneficios”, y apuntan a posibles cláusulas abusivas o la desinversión en el mantenimiento.

En este sentido, ponen la vista en el Plan Estatal de Vivienda, que también se ha presentado este martes y que, entre otras cosas, pretende blindar la VPO para siempre. “El Gobierno dice que ni un euro de este plan va a ir a parar a la especulación, pero eso es mentira si se cede el suelo público a grandes corporaciones inmobiliarias que se dedican a las viviendas de lujo”, alertan desde el Sindicat de Llogateres.

Por ello, los organizadores de la concentración exigen al gobierno municipal que pare los concursos abiertos -a los cuales han anunciado que presentarán enmiendas- y que destine ese suelo a entidades sin ánimo de lucro en el marco del convenio ESAL. “Es un cambio de paradigma: hay que dejar de usar estos pisos como anzuelo para la iniciativa privada. La solución a la crisis pasa por desmercantilizar la vivienda”.

Organizaciones sociales como Facua Andalucía, CCOO-A, UGT-A, la Red Vecinal Andaluza, la PAH y la Plataforma por la Ley Integral de Barrios Vulnerables han registrado en el Parlamento de Andalucía una iniciativa legislativa popular (ILP) para promover el derecho a una vivienda diga y asequible en la comunidad y “garantizar el derecho efectivo”.

De esta manera, desde Facua han subrayado que la Iniciativa Legislativa Popular se configura como una “respuesta de la sociedad civil frente a la situación de emergencia habitacional” que sufre la comunidad autónoma de Andalucía y de la urgencia de que se configuren políticas públicas para lograr que la vivienda vuelva a cumplir una función social que actualmente no tiene. Así, se ha generado una brecha entre su precio y la capacidad económica de los ciudadanos.

En Andalucía, los datos señalan que las familias deben destinar cerca del 40% de sus ingresos para poder acceder a una vivienda. En este marco, la ILP plantea el reconocimiento de la vivienda como un derecho subjetivo exigible y un servicio de interés general alejado de las dinámicas del mercado y la especulación, para “revertir así un modelo que ha convertido este derecho en un mecanismo de extracción de rentas”.

Intervenir de forma directa el mercado

En esta línea, el texto incide en la necesidad de intervenir de forma directa el mercado con la finalidad de frenar la escalada de precios. Así, introduce la declaración obligatoria de zonas tensionadas, la limitación de los precios del alquiler y la compra en función de la capacidad económica de los hogares y el establecimiento de mecanismos específicos para controlar la actuación de los grandes tenedores de vivienda.

La ILP también recoge medidas destinadas a frenar la proliferación de las viviendas de usos turísticos o la acumulación de viviendas vacías, como la limitación de licencias turísticas, la creación de registros de vivienda desocupada, la imposición de un canon específico para incentivar la movilización del parque inmobiliario y el impulso de la vivienda protegida y un parque público de vivienda.

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha explicado que el objetivo primordial de la propuesta es “romper con la inercia de las políticas que benefician a las grandes constructoras y fondos buitre para centrarse en las necesidades de la mayoría social”. “Esta ILP ha sido diseñada para atender a la ciudadanía y resolver los conflictos habitacionales en el corto, medio y largo plazo”, ha indicado.

Blindar el parque público de vivienda

Asimismo, la dirigente sindical ha detallado que la propuesta incluye “un paquete de ayudas inmediatas para la juventud y los colectivos más vulnerables, además de un plan estructural para ampliar, proteger y blindar el parque público de vivienda protegida frente a la especulación inmobiliaria”.

“Exigimos que se mire a la cara a los andaluces y las andaluzas para solucionar su problema de acceso a la vivienda construyendo en nuestra tierra un derecho real y efectivo para las familias trabajadoras y para muchos jóvenes de nuestra tierra”, ha añadido. Además, López ha ratificado que la ILP cuenta con una memoria económica sólida para asegurar su cumplimiento efectivo por parte del Gobierno andaluz.

Al respecto, ha indicado que “la norma propone la creación de un fondo de recursos públicos que se nutrirá de los presupuestos de la comunidad autónoma y de la recaudación de los impuestos generados por la actividad de la vivienda en la región, gravando especialmente a los grandes propietarios”.

López ha criticado también los efectos de la masificación turística y la turistificación que, según ha advertido, “están provocando el desahucio de los vecinos de sus propios barrios y dificultando el acceso de los jóvenes a un hogar digno. Para paliar esta situación, reclamamos la implantación de una tasa turística autonómica que garantice que quienes visitan Andalucía contribuyan a sufragar el derecho a la vivienda de las familias”.

Un modelo insostenible

La líder andaluza de CCOO ha instado a los grandes operadores turísticos a comprender que el modelo actual es insostenible para quienes residen en las ciudades andaluzas y ha añadido que “es fundamental que los visitantes entiendan que tienen que pagar para que las personas que estamos aquí, para que nuestros hijos e hijas puedan tener una vivienda y puedan vivir con dignidad”.

En ese sentido, la dirigente sindical ha exigido un compromiso real con las personas trabajadoras frente a los intereses especulativos. Por ello, ha animado a toda la ciudadanía andaluza a participar activamente en la recogida de firmas para que esta propuesta llegue al Parlamento autonómico.

Finalmente, la secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía, Maribel Román, ha subrayado la necesidad de “equilibrar la situación actual del mercado de la vivienda”, enmarcando que, aunque se trata de un bien patrimonial, “es fundamental dar un giro de 180 grados para situar la vivienda como un elemento esencial para cualquier proyecto de vida”.

Román ha advertido de que muchas familias destinan actualmente más del 30% e incluso del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda, lo que compromete seriamente su estabilidad económica. En este sentido, ha defendido que “es imprescindible una intervención integral de las administraciones públicas para construir más vivienda, pero, sobre todo, que sea accesible”, garantizando que las unidades familiares no tengan que dedicar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca.

Un servicio de interés general

Asimismo, ha incidido en la necesidad de actuar sobre los factores que tensionan el mercado, apostando por “poner límites a la proliferación de viviendas turísticas, movilizar las viviendas vacías y dotar de instrumentos financieros eficaces, como el Fondo Andaluz de Garantía Habitacional, que permita equilibrar la situación actual”.

Por ello, tal y como ha subrayado, la ILP plantea un cambio de paradigma en las políticas de vivienda al considerar este derecho como un servicio de interés general y no como un mero bien de mercado. Desde esta perspectiva, la propuesta sitúa el derecho a la vivienda en el centro de la acción pública y establece como objetivo prioritario garantizar que su coste no supere el 30% de los ingresos familiares.

Entre las principales medidas recogidas en la iniciativa se encuentra el refuerzo de la función social de la propiedad, priorizando el interés general frente a dinámicas especulativas, así como la declaración de zonas tensionadas donde sea necesario para intervenir en el mercado y contener los precios.

Asimismo, la ILP contempla el impulso decidido del parque público de vivienda, el incremento de la reserva de suelo para vivienda protegida y la puesta en marcha de mecanismos para movilizar viviendas vacías, favoreciendo su incorporación al mercado con fines sociales.

Protección frente a los desahucios

La propuesta también incluye la regulación del uso turístico de la vivienda, con el objetivo de evitar la expulsión de vecinos y vecinas de sus barrios, así como el desarrollo de medidas de protección frente a los desahucios, garantizando alternativas habitacionales para las personas afectadas.

Como “elemento clave”, la iniciativa plantea la creación de un Fondo Andaluz de Garantía Habitacional que permita dotar de financiación estable a las políticas públicas de vivienda y asegurar su eficacia a medio y largo plazo.

Las organizaciones promotoras han destacado que esta ILP pretende dar una respuesta estructural a la crisis habitacional que atraviesa Andalucía, reforzando el papel de las administraciones públicas y garantizando el acceso a una vivienda digna como un derecho efectivo.

El técnico de la delegación territorial en Alicante de la conselleria valenciana de Vivienda que tramitó y visó la adjudicación de las viviendas públicas investigadas en la Playa de San Juan y que dio una a su pareja sentimental confesó a su superior, una vez destapado el escándalo, que lo sentía y que la había “cagado”.

Así lo ha trasladado el director territorial de la conselleria, Juan Manuel Galbis, a la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante que investiga el escándalo este miércoles en la primera ronda comparecencias de testigos relacionados con los expedientes de las 140 viviendas de protección pública (VPP) de la promoción Les Naus.

“Lo siento, la he cagado y asumiré toda la responsabilidad” es lo que dijo textualmente este funcionario, que fue expedientado por Vivienda aunque ya se ha reincorporado el pasado lunes, a Galbis cuando el caso saltó a los medios de comunicación y este le preguntó por la aparición del nombre de su pareja entre las 140 personas beneficiarias, según ha contado a los periodistas a la salida del juzgado el abogado de la acusación popular que ejerce Ciudadanos (Cs), Eduardo García-Ontiveros.

Este funcionario era el responsable único de todos los expedientes de las viviendas después de que fuera él mismo quien se adjudicara, por propia iniciativa, esa responsabilidad para tramitar y visar en exclusiva las peticiones de viviendas públicas en Les Naus.

Además de Galbis, este miércoles han declarado como testigos la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante, Concepción Morillas, y el secretario territorial adjunto del mismo departamento, Vicente Caturla, en un procedimiento en el que están personada como acción popular tanto Ciudadanos como el PSPV-PSOE, junto a la Fiscalía Anticorrupción.

García-Ontiveros ha adelantado que pedirán la declaración de este técnico funcionario de Vivienda, cuya mujer fue “agraciada” con una de las casas, para que “explique lo ocurrido” y ha añadido que es pronto para saber la fecha de su comparecencia.

La normativa, un coladero

El relato de los tres testigos que han declarado hoy conjuntamente ha sido “clarificador” y ha reflejado, según el letrado, que “la normativa actual de la vivienda pública es un coladero” para situaciones como la de la Playa de San Juan de Alicante ya que “el que adjudica realmente es el promotor sin ningún tipo de normativa que obligue a la administración” a hacer cumplir los requisitos.

“Se abre un abanico enorme y un coladero para que los promotores hagan cosas que no tienen que hacer”, ha proseguido antes de comentar que los tres testigos han informado de que no revisaban los expedientes porque para eso estaba precisamente el funcionario sancionado encargado de los trámites y visados, y en el que confiaban “porque lleva trabajando más de 20 años”.

Las próximas declaraciones, el día 24

La próxima cita en este procedimiento será el próximo 24 de abril cuando declaren como testigos el resto de funcionarios de la delegación territorial de Vivienda, un total de cinco, que han participado en la revisión de los expedientes tras destaparse las presuntas irregularidades.

El “escándalo” de Les Naus, en palabras del propio Luis Barcala, alcalde del PP, ha provocado una intensa tormenta política en el ayuntamiento de Alicante con varias dimisiones, entre ellas de la concejala de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, la directora general municipal María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino han adquirido una VPP, y también del jefe de gabinete de la conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Miguel Ángel Sánchez.

También varios funcionarios han sido apartados o han sido objeto de apertura de expediente, como dos técnicos de Urbanismo en un caso en el que, además del Cs y PSPV-PSOE, ha pedido personarse el sindicato Manos Limpias aunque aún se encuentra pendiente de que la Audiencia Provincial de Alicante resuelva un recurso contra la decisión de la magistrada de exigirles la presentación de una querella para ser parte del procedimiento.

El Ayuntamiento de Santander ha adjudicado este viernes las 70 últimas viviendas protegidas de las 281 que conforman el sector 1 en El Alisal, en un tercer sorteo con el que culmina la mayor adjudicación de vivienda pública desarrollada en la ciudad hasta la fecha.

De las 70 viviendas que se han sorteado, 32 son en régimen de venta y 38 en alquiler con opción a compra, con cupos específicos para jóvenes, 20, y personas con discapacidad, 5.

A este último lote, según ha informado la alcaldesa, Gema Igual, en un encuentro con los medios, se habían presentado un total de casi 13.000 personas, entre las que había 5.284 menores de 35 años y 1.078 personas con discapacidad.

Las personas a las que les ha tocado la compra deberán pagar entre 130.000 y 180.000 euros más IVA, mientras que los que estén en régimen de alquiler con opción a compra pagarán al mes entre 475 y 600 euros, dependiendo en ambos casos, del tamaño del piso que se les ha adjudicado.

Y es que, en este nuevo lote, que se espera entregar en la primavera de 2027, habrá viviendas de una, dos y tres habitaciones, aunque de una habitación tan solo se ha sorteado una.

Según la alcaldesa, se trata de viviendas a unos precios “muy por debajo del mercado”, un 46% inferior al de la vivienda libre, construidas con materiales “de gran calidad”, garaje, trastero y la máxima calificación energética.

Igual ha destacado el impacto de esta iniciativa y el interés demostrado por los ciudadanos, que “estimula al Ayuntamiento a seguir trabajando en generar más viviendas a precio asequible y sorteándolas entre los vecinos que más las necesitan”.

La alcaldesa ha señalado que el Ayuntamiento de Santander ha hecho realidad 1.204 viviendas, construidas y entregadas, y ha promovido “el mayor parque de vivienda protegida en alquiler que existe en Cantabria”.