El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de la sociedad, también para miles de zaragozanos. El encarecimiento del alquiler, las dificultades para emanciparse, el aumento de los desahucios o la irrupción de fondos de inversión y empresas de desocupación han situado el debate en el centro de la actualidad. Mientras las administraciones defienden medidas como la ampliación del parque público o los programas de vivienda asequible, el Sindicato de Inquilinas sostiene que esas políticas siguen sin atajar el problema de fondo. Dos portavoces del colectivo en Zaragoza, Paula Ríos y Teresa Lajusticia, analizan en esta entrevista la situación de la vivienda en la ciudad, cuestionan el modelo impulsado por las distintas administraciones, critican la actuación de la Sareb y defienden que el foco del debate no debería estar en la ocupación, sino en las dificultades cada vez mayores para acceder a una vivienda digna.

Se habla mucho de la crisis de la vivienda, pero ¿qué tiene Zaragoza de diferente respecto a Madrid o Barcelona?

Paula Ríos: Zaragoza, por sus características, al no estar en el litoral y no ser una gran ciudad como Madrid o Barcelona, había estado algo menos tensionada hasta ahora. Sin embargo, estamos viendo que esa situación está cambiando: crece el turismo y también los precios de la vivienda, tanto de compra como, sobre todo, de alquiler. Esto afecta especialmente a la clase trabajadora, que cada vez tiene que destinar una mayor parte de su salario a poder acceder a una vivienda. Mientras tanto, los beneficios de los rentistas y de las empresas vinculadas al sector inmobiliario no dejan de aumentar. La vivienda no le está yendo mal a todo el mundo; hay una minoría que obtiene grandes beneficios a costa de que la mayoría viva peor.

¿Cuál dirían que es hoy el principal problema para acceder a una vivienda en la ciudad?

Teresa Lajusticia: Claramente, el precio. Vemos que, pese a que se sigue construyendo, los precios no dejan de subir, en los últimos diez años han aumentado un 80% y muchas personas destinan ya más del 50% de su salario al alquiler. Las administraciones justifican muchas de sus políticas en un supuesto aumento de la demanda, pero lo que vemos es que esas medidas acaban beneficiando siempre a los mismos. Un ejemplo es el acuerdo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón para ceder suelo público a dos grandes empresas privadas que gestionarán esas viviendas durante 75 años. Se presentan como alquileres asequibles, pero hablamos de viviendas muy pequeñas con rentas de entre 450 y 500 euros, que siguen siendo difíciles de asumir para muchas familias. Al final son promociones que benefician a promotores y rentistas mientras los precios continúan subiendo.

Paula Ríos: Además, el problema no es solo que aumenten los precios. También está creciendo la infravivienda. Cada vez más personas se ven obligadas a aceptar viviendas de peor calidad, alquilar únicamente una habitación en lugar de un piso entero o compartir vivienda en condiciones de hacinamiento. Esa también es una consecuencia directa del encarecimiento de la vivienda.

¿Qué perfiles llegan al Sindicato? ¿Han cambiado en los últimos años? ¿Sigue siendo un problema sobre todo de jóvenes o cada vez afecta más a familias y trabajadores con empleo?

Paula Ríos: El eje central de nuestro análisis es la cuestión de clase. Evidentemente, también hay personas de clases medias que tienen dificultades para asumir las subidas del alquiler, pero quienes más sufren esta situación son quienes dependen exclusivamente de su trabajo para vivir. Dentro de ese grupo, la población migrante trabajadora encuentra todavía más obstáculos. No solo porque suele ocupar los empleos peor remunerados, sino también porque existe un racismo muy extendido que actúa como barrera para acceder al mercado del alquiler. También son especialmente vulnerables la juventud trabajadora, las mujeres y los hogares monomarentales.

¿Qué barrios de Zaragoza están sufriendo más tensión en estos momentos?

Paula Ríos: En el casco histórico se aprecia de forma muy clara, especialmente en zonas como la Magdalena o el Gancho, pero también lo estamos viendo en Las Fuentes y en otros barrios tradicionalmente obreros. En Delicias, por ejemplo, vemos una apuesta por transformar la imagen del barrio, incluso renombrando parte de la zona como “barrio del AVE”. Creemos que el Ayuntamiento está impulsando una estrategia para convertir Zaragoza en un reclamo turístico y eso pasa por expulsar poco a poco a la población trabajadora de sus barrios tradicionales para atraer a otro tipo de residentes.

El Ayuntamiento defiende que está aumentando el parque público de vivienda y programas como ALZA. ¿Es suficiente o creen que va en la dirección equivocada?

Teresa Lajusticia: Creemos que estos modelos siguen reproduciendo la misma lógica del mercado. Hace poco veíamos cómo Zaragoza Vivienda ejecutaba desahucios y también seguimos encontrando numerosos problemas en bloques gestionados por la Sareb. En el caso de la vivienda pública y protegida, o de programas como ALZA, muchas personas quedan excluidas porque se exige cumplir unos requisitos mínimos de ingresos o de empadronamiento que no todo el mundo puede acreditar. Hay familias con rentas muy bajas que ni siquiera pueden acceder porque se exige garantizar el pago del alquiler. Nuestra impresión es que el parque público, tal y como está planteado ahora, no está resolviendo el problema. Un ejemplo es Casa 47, donde para acceder a las viviendas se exigen unos ingresos mínimos de 16.800 euros al año y, además, la gestión volverá a recaer en empresas privadas. Ese modelo deja fuera precisamente a quienes tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda.

El parque público, tal y como está planteado ahora, no está resolviendo el problema

¿Funcionan realmente las ayudas al alquiler o solo sirven para sostener precios altos?

Paula Ríos: Cuando recibes una ayuda al alquiler parece que el dinero pasa por ti porque lo ingresas en tu cuenta, pero en realidad acaba en el bolsillo del rentista. A corto plazo puede suponer un alivio para quien la recibe, pero, a medio plazo, lo único que consigue es sostener unos precios que ya son inasumibles. Si el propietario sabe que vas a percibir una ayuda, tiene margen para seguir subiendo el alquiler. Que esto se presente como un gran avance es difícil de sostener. Puede haber diferencias entre las políticas de la izquierda y la derecha, pero el núcleo del problema sigue siendo el mismo.

Teresa Lajusticia: Además, muchas de esas ayudas no son universales. Para acceder a ellas hay que cumplir unos requisitos mínimos de ingresos que dejan fuera a parte de la población. Al final generan una brecha entre quienes pueden acceder a esas ayudas y quienes ni siquiera cumplen las condiciones para solicitarlas.

En los últimos meses han denunciado operaciones de fondos de inversión en algunos edificios de Zaragoza. ¿Qué consecuencias están teniendo para los vecinos?

Teresa Lajusticia: El caso más representativo es el de Aloy Sala, un fondo de inversión local que ha comprado 327 viviendas en el barrio de Tenerías, una zona que está inmersa en un claro proceso de transformación. A eso se suma la recalificación de los terrenos del antiguo complejo de Instalaza para construir 155 viviendas de mercado libre y otras actuaciones municipales, como el refuerzo del control policial en el Parque Bruil. Todo ello está teniendo consecuencias directas para el vecindario. Lo positivo es que muchas de esas personas comparten propietario y problemas similares, lo que está facilitando que se organicen junto al sindicato para defender sus derechos.

Paula Ríos: Hemos llamado puerta por puerta en ese barrio y hemos comprobado que alrededor de un tercio de las viviendas permanecen vacías. Mientras se insiste en que falta vivienda, vemos cómo se retienen pisos para rehabilitarlos y ponerlos más adelante en el mercado a un precio mayor. Es cierto que la propiedad inmobiliaria se está concentrando cada vez más en manos de grandes fondos, pero tampoco hay que olvidar el papel que siguen desempeñando los pequeños y medianos rentistas. De hecho, muchos de los conflictos que llegan al sindicato no tienen como propietario a un gran fondo de inversión.

¿Ha aumentado el número de personas que acuden al sindicato por riesgo de desahucio?

Paula Ríos: Sí. Tras el fin de la moratoria se han ido reactivando muchos procedimientos que habían quedado paralizados y la tendencia es claramente al alza. Además, cada vez quedan menos herramientas jurídicas a las que acogerse. En cuanto a los propietarios, nos encontramos de todo: desde personas que tienen una o dos viviendas hasta propietarios con cinco o diez inmuebles o grandes fondos. En realidad, los grandes caseros son menos frecuentes de lo que suele pensarse. Uno de los mayores propietarios es el propio Estado, que en muchos casos actúa con una lógica muy similar a la de una empresa privada.

En los últimos meses han sido muy críticos con la forma de actuar de la Sareb en Zaragoza. ¿Cuál dirían que es el principal problema que detectan?

Teresa Lajusticia: El principal problema es que la gestión de estas viviendas responde a la misma lógica de mercado que cualquier otro gran propietario. Además, está muy fragmentada: intervienen distintas empresas gestoras que no están coordinadas entre sí, de modo que muchas veces se inician procedimientos sin conocer la situación económica de las familias ni existe una negociación real. Todo es muy opaco y muchas personas ni siquiera saben a quién dirigirse. Nos hemos encontrado con familias que desconocían que su casero era la Sareb. Seguían pagando al antiguo propietario, cuando este llevaba años sin serlo tras entrar en bancarrota y ser absorbido. En la práctica, las lógicas son las mismas que las de cualquier gran tenedor.

Paula Ríos: La Sareb nació tras el rescate millonario a la banca después de la crisis de 2008 y se financió con dinero público. Sin embargo, ese dinero no está revirtiendo en garantizar el derecho a la vivienda, sino que muchas familias acaban siendo expulsadas de sus casas. En teoría existe un protocolo para atender a las personas vulnerables, pero los criterios nunca se han hecho públicos y son completamente opacos. Además, vemos que ni siquiera cumplen sus propios protocolos. Dividen a los vecinos entre quienes consideran merecedores de un contrato y quienes no, cuando la realidad es que ninguna de esas familias puede acceder hoy a una vivienda con los precios actuales. Nosotras siempre defendemos una negociación colectiva, pero la Sareb intenta negociar caso por caso porque así debilita la posición de las familias.

Teresa Lajusticia: Ahora mismo tenemos presentes al menos tres bloques completos de la Sareb en Zaragoza que han afrontado procedimientos de desahucio.

En el debate público se habla mucho de la ocupación ilegal. ¿Qué porcentaje de los casos que llegan al sindicato tienen que ver con ocupaciones y cuántos con problemas derivados del alquiler o los desahucios?

Paula Ríos: Los casos de ocupación son muchos menos de lo que se ha hecho creer. No tengo ahora mismo las cifras exactas, pero incluso se han reducido respecto al año pasado. Se ha construido un discurso basado en el miedo, impulsado por la extrema derecha, la patronal inmobiliaria y las empresas de seguridad, que también hacen negocio con esa preocupación. Se ha instalado el mito de que alguien puede ir a comprar el pan y encontrarse su casa ocupada, cuando eso no tiene ningún fundamento. Hay que distinguir entre el allanamiento de morada, que afecta a una vivienda habitada y se resuelve de forma inmediata, y la usurpación de una vivienda vacía, son situaciones completamente distintas. Al final, el debate sobre la ocupación ha servido para desviar la atención del verdadero problema: el precio de la vivienda. La ocupación es una consecuencia de que haya personas que no pueden acceder a una casa. La mayoría de las ocupaciones se producen en viviendas de grandes propietarios. En cualquier caso, la mayoría de los conflictos que llegan al sindicato tienen que ver con alquileres, subidas de renta o desahucios, no con ocupaciones.

Teresa Lajusticia: Han conseguido que muchas personas de clase trabajadora empaticen más con la posibilidad de que ocupen la vivienda de un propietario que con el hecho de que una familia no pueda pagar el alquiler.

Paula Ríos: Si eres de clase trabajadora, tienes muchas más posibilidades de que te echen de tu casa que de que te la ocupen.

El debate sobre la ocupación ha servido para desviar la atención del verdadero problema: el precio de la vivienda"

En las últimas semanas se ha conocido la denuncia de una familia de Zaragoza con contrato en vigor que asegura haber sufrido coacciones por parte de una empresa de desocupación. ¿Han tenido contacto con ese caso? ¿Es un episodio aislado o están viendo más situaciones similares?

Teresa Lajusticia: En los últimos meses estamos conociendo cada vez más casos de este tipo. Son empresas que, en nuestra opinión, operan al margen de la legalidad y que muchos pequeños propietarios contratan porque creen que así pueden acelerar los procedimientos y actuar con impunidad. En el caso del Arrabal vimos una clara connivencia con la actuación policial y las familias encontraron numerosas dificultades para tramitar sus denuncias.

Paula Ríos: Lo que buscan estas empresas es que la gente tenga miedo y termine marchándose. Creemos que la única manera de frenarlas es organizarse y plantar cara.

Teresa Lajusticia: En este caso concreto, conseguimos paralizar la actuación permaneciendo en la puerta de la vivienda y contactando con la propietaria. La intervención del sindicato permitió frenar el proceso, al menos de momento.

¿Qué medidas del Gobierno central consideran acertadas y cuáles creen que han fracasado?

Paula Ríos: La gran apuesta del Gobierno fue la Ley de Vivienda. Desde nuestro punto de vista, normaliza que los alquileres sigan subiendo, porque únicamente limita las subidas durante la vigencia del contrato, pero no cuando este finaliza. Se presentó como una gran victoria, pero creemos que los datos hablan por sí solos: durante el mandato del Gobierno de PSOE y Sumar se han alcanzado máximos históricos en el precio de los alquileres. Eso demuestra la ineficacia de sus políticas. Es cierto que han impulsado medidas dirigidas a determinados sectores, como algunos programas para facilitar la emancipación de jóvenes con cierta estabilidad económica, pero dejan fuera a una parte muy importante de la población.

Teresa Lajusticia: Las sucesivas prórrogas siguieron la misma lógica: son medidas temporales que van parcheando la situación sin afrontar el problema de fondo. Ha habido iniciativas que podrían haberse aprobado y no se hizo. Da la sensación de que se intenta contener el conflicto sin cambiar realmente el modelo.

Paula Ríos: Además, tanto gobiernos de izquierdas como de derechas han respondido con represión al movimiento por la vivienda. Lo vemos cuando se criminalizan las protestas o cuando se despliegan numerosos efectivos policiales para ejecutar un desahucio o desalojar una protesta. Un ejemplo es el caso de los 19 de CaixaBank en Zaragoza o la reforma del Código Penal que endureció las consecuencias de determinadas acciones del movimiento por la vivienda. Creemos que eso también retrata cuál ha sido la respuesta institucional.

Cuando una persona llega al sindicato porque no puede pagar el alquiler o afronta un desahucio, ¿qué ocurre?

Teresa Lajusticia: Hay personas que llegan de manera individual y, en menos ocasiones, grupos de vecinos que ya se han organizado previamente. Lo primero es compartir el caso en las asesorías colectivas y estudiar cómo convertir un problema individual en un conflicto colectivo. Cuando varias familias tienen el mismo propietario intentamos constituir un bloque en lucha, porque compartir intereses también aumenta la capacidad de presión. A partir de ahí combinamos herramientas jurídicas con la organización sindical.

Paula Ríos: La mayoría de la gente llega pensando que no puede pagar el alquiler por culpa suya y con un fuerte sentimiento de vergüenza. Lo primero que intentamos explicar es que no es un fracaso individual, sino el resultado de un sistema que expulsa a una parte de la población del acceso a la vivienda. Cuando entienden que ese problema también lo sufren otras personas, se genera una conciencia colectiva que permite organizar el conflicto. Más allá de resolver casos concretos, nuestro objetivo es conquistar derechos y avanzar hacia un modelo en el que la vivienda deje de ser una mercancía para convertirse en un derecho efectivo.

La crisis de la vivienda, que el 28% de los catalanes percibe ya como su mayor preocupación, condiciona desde hace años del debate político en Catalunya. La Generalitat ha sido pionera en España en aplicar la regulación de los alquileres y ahora se plantea prohibir las compras especulativas. Pero hay otras asignaturas pendientes, más lentas y menos vistosas, en las que se depositan no pocas expectativas: la principal, el aumento del parque residencial.

Pocos son los que dudan de que hay que construir más vivienda en un mercado tensionado, en parte, por el crecimiento de la población. El president Salvador Illa anunció como medida estrella la construcción de 50.000 viviendas asequibles antes de 2030. Pero la pregunta es cómo crecer: ¿en qué barrios y ciudades? ¿Con qué tipo de arquitectura? ¿Con pisos de titularidad privada, pública o con otras fórmulas? Estos son algunos de los interrogantes que se han tratado de resolver en el acto Dret a l’habitatge: on i com créixer, organizado este jueves por elDiario.es.

Celebrado en el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), en Barcelona, el evento ha contando con la participación de Sílvia Paneque, consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, que ha anunciado la prórroga del tope de los alquiler. En cuanto a los expertos y administraciones, han tomado parte en la mesa de debate Jordi Mas, director general de Vivienda de la Generalitat; Josep Maria Borrell, director del Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo y Gestión Patrimonial (Impsol); Maria Sisternas, Coordinadora del Área de Transición Ecológica y Área Urbana del Ayuntamiento de Girona y arquitecta en la Fundación Hàbitat3, y Núria Moliner, arquitecta y comunicadora.

Por parte de la Generalitat, Mas ha abogado por planificar el crecimiento con criterios de “sostenibilidad” y “equilibrio”, apuntando a que no es lo mismo hacerlo en barrios que ya tienen una elevada densidad, que en zonas de casas unifamiliares. “Creemos que el suelo es un recurso escaso y se debe poner al servicio de una de las principales necesidades que tenemos, que es la vivienda”, ha expresado. El modelo, ha precisado, debería ser el de las ciudades “compactas” del Mediterráneo, que también contribuye a la sostenibilidad ambiental.

Lejos de ejemplos como las polémicas remontas –muy extendidas en edificios del Eixample de Barcelona en los 60 y 70– los ponentes han defendido más bien una densificación de las ciudades mediante la reconversión suelos industriales o de oficinas, o con el crecimiento del área metropolitana. Sisternas, que ha puesto el ejemplo de La Siberia en Barcelona –una antigua fábrica convertida en viviendas–, ha advertido de que el reto de aumentar la densidad va más allá de la vivienda. “Poner más gente en un sitio requiere más servicios y equipamientos”, ha expresado.

“La forma de regularlo es un plan urbanístico que haga las reservas correspondientes de servicios”, ha añadido, desde escuelas a bibliotecas o piscinas municipales. Hacerlo manzana a manzana, ha argumentado, y no edificio por edificio, es la manera de que “la densidad no sea una lastre”. En este sentido, esta medida no solo aplicaría a Barcelona, sino a los municipios catalanes de tamaño medio con zonas industriales y comerciales infrautilizadas.

La construcción de nueva vivienda, además, debería tener en cuenta otros aspectos: en primer lugar, que sirva para ampliar el parque público (el objetivo es alcanzar el 15% del total), y en segundo lugar, hacerlo con una arquitectura de parámetros sostenibles, que tengan en cuenta el combate contra la emergencia climática y formas de vida más comunitarias.

“Aunque todo el mundo tiene claro que hay que hacer más vivienda social, hay gente y alcaldes que no los quieren cerca, y tenemos que combatir esto con ejemplaridad”, ha defendido Borrell, que ha añadido que para darle la vuelta hay que dotar de calidad estos edificios y adaptarlos a las necesidades del futuro: más versátiles, estancias flexibles, cocinas en el centro, comunidades de vecinos con más espacios compartidos, o sistemas de ahorro energético.

“Si ponemos una galería bioclimática en un edificio, con fachada de cristal, conseguimos 23 grados constantes sin calefacción, y esto vale para hoy y para dentro de 20 años; si ponemos una fachada delgada, y aire acondicionado dentro, fomentamos el consumo masivo de energía”, ha puesto como ejemplo Borrell.

A debate han salido también los llamados edificios cebra, el fenómeno arquitectónico que invade las ciudades de toda España. Moliner se ha mostrado crítica con esta moda: “Su construcción masiva es fruto de una pauta marcada por las promotoras, que quieren construir a partir de un molde fruto de la especulación y la mediocridad”. La arquitecta lo atribuye también a la imagen de lo que el sector privado quiere vender como “moderno” o “atractivo”, con unos servicios integrados “egocéntricos” (desde piscinas a zonas ajardinadas) que van en contra de la vida comunitaria y la sostenibilidad en las ciudades.

Para Moliner, la “carta a los reyes” en materia de vivienda incluye crear, y sobre todo luego mantener, el parque residencial público, y hacerlo por todas las vías posibles. Desde la construcción a la rehabilitación, de zonas industriales a oficinas, aunque con una excepción: las plantas bajas, puesto que ha dado a entender que sus usos comerciales y sociales contribuyen a crear vida de barrio.

El director general de Vivienda de la Generalitat, Jordi Mas, se ha mostrado optimista ante este reto y ha recordado que algunos indicadores ya señalan que Catalunya va por el buen camino, como la contención de los precios del alquiler en comparación con otras ciudades como Madrid o Málaga. “Tener un contexto regulado, una estrategia pública liderada por la Generalitat, consigue remover cosas y cambiar actitudes”, ha expresado. En cuanto al parque público, ha añadido que “poco a poco” se van acercando a producir la vivienda protegida necesaria.

“Se trata de favorecer una estrategia de generación de un parque de alquiler proteger mínimo, para dar respuesta a todas necesidades, y ampliar el número de viviendas de mercado libre que pasan a ser protegidos o que tengan un nivel de regulación si hace falta”, ha concluido.

El consejero de Vivienda del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Jorge Rodrigo, ha respondido a las críticas de los inquilinos del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, que llevan meses denunciando múltiples incidencias en sus viviendas, así como la obligación de asumir costes desproporcionados y obligatorios por tener dos garajes o un trastero. Rodrigo ha asegurado que la Comunidad vigila estos problemas pero también que “nadie está obligado a permanecer en su vivienda permanentemente dentro del Plan Vive”. “Somos libres de tomar las decisiones que se consideren oportunas”, ha añadido.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el consejero, preguntado por las denuncias de los vecinos ha explicado que la Comunidad está “construyendo cerca de 14.000” de estas viviendas de alquiler asequible y ha considerado como “lógico y normal” que cuando se entrega una nueva construcción tenga “algún tipo de incidencias”.

Según Rodrigo, esas incidencias se deben solucionar y la Comunidad, ha explicado, “vigila el cumplimiento de las obligaciones que tienen los concesionarios” de las mismas. Durante su intervención, también ha criticado la actuación del Ministerio de Vivienda, de quien ha asegurado que no ha construido ninguna vivienda pública en la región: “Lo que no resulta es intentar deslegitimar unas políticas públicas que están dando respuesta a miles de familias a partir de casos concretos que se atienden y se vienen solucionando”, ha criticado para pedir “valorar positivamente” todas las casas que se están entregando.

Desde hace unas semanas, más de un centenar de vecinos de diferentes barrios y municipios de la Comunidad de Madrid, se vienen organizando en una Plataforma de Afectados por el Plan Vive que aúna a gente de Getafe, Tres Cantos, Valdebebas, Colmenar Viejo, Pinto, Alcorcón, Torrejón de Ardoz y Arganda del Rey.

En todos los municipios, se repiten problemas de mantenimiento como puertas de garaje que se mantienen abiertas durante días, fallos de abastecimiento de agua caliente o matorrales que crecen sin jardinería y atraen a bichos y ratas. Además, los inquilinos acaban en muchas ocasiones superando el 35% de tasa de esfuerzo en el alquiler al sumar los gastos de IBI, comunidad, trastero y garaje, este último por encima del mercado de los lugares donde se encuentra.

La ley dice que en la vivienda pública no puede cobrarse el IBI y por este motivo los vecinos ya han presentado dos denuncias, con algunas sentencias favorables precedentes.

Podemos Cantabria volverá a presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno al considerar insuficiente la documentación facilitada por el Ayuntamiento de Santander sobre las promociones de vivienda de alquiler asequible de Primero de Mayo, en Peñacastillo.

La formación morada solicitó el acceso a los convenios, acuerdos, expedientes administrativos e informes relacionados con las 107 viviendas promovidas originalmente por la Obra Social “la Caixa”, hoy en manos de Mosaic, una sociedad vinculada a una estructura inversora radicada en Luxemburgo. Al no tener respuesta por parte del ayuntamiento, Podemos presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia.

Podemos ha informado que el Ayuntamiento de Santander ha remitido un convenio de colaboración entre el ayuntamiento y Caixabank. Sin embargo, Podemos considera que la respuesta no satisface la solicitud formulada, ya que el principal convenio está firmado el 25 de enero de 2016, cuando la primera promoción de 70 viviendas ya había sido construida, adjudicada y ocupada desde 2013.

Para Pablo Gómez: “La documentación recibida demuestra precisamente que falta documentación. El Ayuntamiento nos entrega un convenio firmado en 2016 para unas viviendas cuya construcción fue presentada públicamente en 2011 y cuyas primeras llaves se entregaron en 2013. Es evidente que ese no puede ser el documento que dio origen al proyecto”, explica.

La formación recuerda que el entonces alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, presentó públicamente estas promociones como parte de la política municipal de vivienda asequible impulsada en colaboración con la Obra Social “la Caixa”. En la propia revista municipal de septiembre de 2011, que continúa disponible en la web del Ayuntamiento, se afirmaba que “el Ayuntamiento de Santander gestiona importantes acuerdos de colaboración con promotores inmobiliarios en la ciudad, para que sus viviendas de precio asequible se sorteen entre los santanderinos. Tal es el caso de la Obra Social de La Caixa...”.

“Es el propio Ayuntamiento quien reconocía públicamente que existían acuerdos de colaboración con la Obra Social 'la Caixa'. Precisamente esos acuerdos son los que hemos solicitado y los que seguimos sin conocer. Si en 2011 el Ayuntamiento hablaba de ellos y la documentación que ahora nos remite es un convenio firmado en 2016, es evidente que falta información por entregar”, ha señalado Gómez.

El convenio facilitado acredita que el Ayuntamiento participaba activamente en la gestión de estas viviendas, seleccionando a las familias beneficiarias a través de los Servicios Sociales, comprobando el cumplimiento de los requisitos de acceso y realizando el seguimiento de los contratos de alquiler. Además, identifica expresamente las promociones de 70 y 37 viviendas desarrolladas en Primero de Mayo. No obstante, para Podemos, el documento no responde a las cuestiones esenciales que motivaron la solicitud de información.

“Queremos conocer qué se firmó cuando nació este proyecto, cuáles eran las obligaciones asumidas por las partes, cuánto tiempo debía mantenerse el alquiler asequible, si existían limitaciones a la venta o mecanismos para garantizar la función social de estas viviendas. Nada de eso se aclara con un convenio firmado cuando las primeras familias ya llevaban años viviendo allí.”

Por este motivo, la formación registrará una nueva reclamación ante el Consejo de Transparencia solicitando que el Ayuntamiento entregue la totalidad de la documentación existente desde el inicio del proyecto, incluyendo los acuerdos de colaboración mencionados por el propio consistorio en 2011, los convenios originales, expedientes administrativos, informes técnicos y jurídicos y cualquier otra documentación relacionada con la puesta en marcha de estas promociones.

“Las familias tienen derecho a conocer toda la verdad. No hablamos de una promoción privada cualquiera, sino de viviendas que fueron presentadas institucionalmente como una iniciativa social para facilitar el acceso al alquiler a familias trabajadoras y que hoy han terminado en manos de una estructura inversora”.

Desde Podemos insisten en que “la transparencia no consiste en entregar un documento cualquiera, sino en facilitar toda la documentación necesaria para entender cómo se diseñó este proyecto y qué ocurrió para que unas viviendas promovidas bajo un fin social acabaran convertidas en un activo financiero.”

Para Podemos, la documentación remitida no cierra el caso, sino que “abre nuevas preguntas sobre el origen de unas promociones que fueron presentadas como un ejemplo de colaboración para garantizar el acceso a la vivienda y cuyo recorrido, más de una década después, ha desembocado en la incertidumbre de decenas de familias que hoy desconocen cuál será el futuro de sus hogares”.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), ha publicado en la web del IMV (https://imv.malaga.eu) la lista provisional de personas admitidas para participar en el sorteo de 91 viviendas protegidas en alquiler en régimen general que Lagoom Living está construyendo en la parcela R15 del sector Universidad.

A la promoción de la R15 se han presentado un total de 6.745 solicitudes, de las que se han admitido 6.181 tras retirar las solicitudes duplicadas, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Una vez elaborada la lista definitiva tras el periodo de alegaciones abierto hoy, se publicará ésta y la fecha de celebración del sorteo, que será retrasmitido en directo en el canal YouTube del Ayuntamiento (@CiudadDeMalaga).

Asimismo, han recordado que esta promoción se construye en una de las parcelas que formaban parte de un concurso público impulsado por el Ayuntamiento para la licitación del derecho de superficie de 4 suelos de este ámbito por un periodo de 75 años a canon cero, concurso del que resultó adjudicataria esta promotora para la construcción de 530 VPO en alquiler.

La construcción de estas viviendas se corresponde con la segunda fase de desarrollo del sector en el que se prevén 1.006 VPO en alquiler y en el que el Consistorio ya promueve 476 en 5 promociones, 3 de ellas en construcción y dos ya finalizada.

Convenio Ayuntamiento-Junta-Gobierno

El pliego de esta licitación se basó en el convenio suscrito en noviembre de 2022 por parte del Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España y por el que se otorgó al Ayuntamiento de Málaga, a través de la Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga S.L, una subvención máxima de 26,5 millones de euros para la promoción de 530 viviendas por parte del adjudicatario del concurso.

Esta subvención supone 25.647.288 euros proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation; por su parte, el Consistorio aporta suelo valorado en 13.577.792 euros y Lagoom Living con fondos propios y financiación otorgada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 59,3 millones de euros.

Así, la promoción consta de 91 viviendas de dos dormitorios, de éstas, cinco son adaptadas para personas con movilidad reducida. La superficie de estas viviendas oscila entre unos 70 metros cuadrados (m2) y los precios de los alquileres no superan los 512 euros.

A estas rentas de alquileres hay que sumarle los gastos de comunidad y todas las viviendas tienen asociadas una plaza de aparcamiento y un trastero. En todas las viviendas la renta de alquiler supone 5,54 euros/m2 y mes. En el caso de los aparcamientos y trasteros la cifra es de 3,75 euros/m2 y mes.

En un escenario de crisis generalizada de acceso a la vivienda, ya sea mediante compra o alquiler, por el continuo incremento de precios, hay una comunidad que parece haber dado con la tecla para frenar “la sangría”. Navarra ha sido la única comunidad de España en la que la vivienda se abarató en abril. Lo hizo en un 3,9%, si bien en el primer trimestre del año subió un 10,5%, la segunda comunidad en la que menos aumentó. Además, desde que se declaró el año pasado la zona de mercado residencial tensionado en 21 municipios, también han caído los precios del alquiler. ¿A qué se debe? Los expertos apuntan a varios factores, pero coinciden en destacar que la comunidad foral lleva tiempo apostando por impulsar políticas públicas de vivienda. “En Navarra todo se hace distinto, tenemos que verla como el modelo”, señala Ignacio Ezquiaga, economista e investigador de Funcas.

Navarra es una de las comunidades con un mayor parque de vivienda pública —más del 20% de las viviendas son protegidas—. Solo en 2025 se finalizaron 870 viviendas, de las que 449 tienen algún tipo de protección. Para alcanzar esas cifras la comunidad foral ha impulsado la construcción a través de su empresa pública Nasuvinsa, también en colaboración con promotores privados, y ha adquirido vivienda usada a través del tanteo y retracto. “Un dato difícilmente extrapolable al resto de España es que en Navarra uno de cada dos inquilinos no paga a precio de mercado porque o vive en una vivienda pública, o en una vivienda de un promotor privado que ha recibido subvención pública, o recibe ayudas al alquiler”, destaca el experto en vivienda y director de Nasuvinsa, Javier Burón.

“Las autoridades públicas no pueden influir demasiado en el mercado libre, pero sí que pueden ir creando zonas protegidas para que una parte de la oferta no sea a precio de mercado libre. Y eso es lo que Navarra no ha dejado de hacer en las últimas décadas”, apunta Ezquiaga. “Tenemos que ver a Navarra como un modelo de lo que tiene que seguir el resto de España en su conjunto, que el mercado no sea solo libre”, apostilla.

La ampliación del parque público de vivienda sigue siendo “una de las piezas fundamentales” de la hoja de ruta de las políticas del Departamento de Vivienda de Navarra, tal y como reconoce su consejera, Begoña Alfaro (Contigo/Zurekin). En este sentido, además de la empresa pública Nasuvinsa, se ha sacado ya a licitación la creación de una compañía mixta, cuyo capital estará dividido al 50% entre la administración y el sector privado, y con la que se pretende movilizar un mayor número de viviendas de alquiler social. La previsión es que en pocos años se puedan añadir al parque público medio millar de inmuebles.

“No va a ser un modelo de colaboración como al que nos tiene acostumbrado la derecha, en el que la Administración asume las pérdidas y la parte privada patrimonializa las ganancias. Aquí se irá al 50% en absolutamente todo”, explica Alfaro.

Otro elemento clave según los expertos consultados es que en Navarra la calificación protegida es permanente en las viviendas del régimen de compraventa y, desde hace una semana, también en las de alquiler. El Parlamento de Navarra aprobó una modificación de la ley para que, pasados 21 años de la construcción de vivienda protegida de alquiler, los promotores no puedan venderla, ni siquiera a precio tasado, quedándose así de manera permanente en régimen de alquiler asequible. Se trata de una medida que tiene carácter retroactivo a todas aquellas viviendas que todavía no hayan perdido la calificación, es decir, las construidas en los últimos 20 años, 2.248 viviendas que perderían su protección próximamente.

“No estamos en contra de que los promotores privados hagan negocio, pero la colaboración público-privada tiene que ser simbiótica y no parasitaria. Ahora hay límites, las viviendas tienen que seguir en alquiler y si se quieren vender tiene que ser a un operador que las siga gestionando en alquiler. Sigue siendo un negocio, no les volverá multimillonarios, pero siguen ganando dinero”, sostiene Javier Burón.

Regulación del mercado

También ha tenido su reflejo en los precios la regulación del mercado. Hace un año, Navarra se sumó a Catalunya y declaró 21 municipios, entre ellos Pamplona y Tudela, los principales núcleos urbanos, como zonas de mercado residencial tensionado fijando así un tope a los precios del alquiler. Un año después, los datos reflejan una caída del 7% en los precios. “Son datos concluyentes que permiten concluir que intervenir funciona”, celebra la consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, que reconoce que no esperaba que la medida tuviese un reflejo “tan rápido” en los datos.

“Pero es una medida que por sí sola y sostenida en el tiempo tampoco va a resolver las cosas porque está concebida para hacer de torniquete, para contener los precios. Debe de ir acompañada de otras políticas”, añade el director de Nasuvinsa, Javier Burón. “El mercado está intervenido en toda España, el asunto es a favor de quién”.

Además, por el momento la intervención en los precios no ha tenido su reflejo en un descenso en el número de contratos, que si bien se han reducido ligeramente en el último trimestre, se explica porque la mayoría se prorrogan. “Cuando un propietario pierde el incentivo de poder incrementar lo que quiera el precio del alquiler es más fácil que prorrogue el contrato a su inquilino y, por tanto, hay menos rotación”, sostiene Alfaro.

A la intervención del mercado se le sumará ahora otra medida aprobada en la Cámara Foral, la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, subterfugio al que recurrían algunos propietarios para esquivar el tope a los precios del alquiler.

Por todo ello, los expertos consultados coinciden en señalar que el caso navarro no es casual y que los datos no son accidentales, son el resultado del impulso de políticas de vivienda. “Aquí hay un sistema. ¿Es perfecto? No, necesita mejoras a futuro, pero hay un plan de juego que viene de lejos, no se ha creado hoy. En otras comunidades o no tienen plan de juego o el plan es que pase lo que decida el mercado. Y el mercado endógenamente no produce vivienda permanentemente asequible”, asegura Javier Burón.

“Es una cuestión de voluntad política. Una política orientada de forma consistente a aumentar el parque público de vivienda. Porque el objetivo de las autoridades tiene que ser doble: al mismo tiempo que impulsas medidas para que el mercado libre gire y baje los precios, tienes que hacer oferta para un mercado protegido con viviendas asequibles”, indica el economista Ignacio Ezquiaga.

“Los gobiernos eligen a quién defender, y los encabezados por el PP han demostrado que no defienden de forma prioritaria los intereses de la ciudadanía, sino que están al servicio de una minoría económica. Nosotros tenemos resultados contrastados y acreditados, no hay otra explicación a que no apliquen estas medidas”, concluye la consejera Begoña Alfaro, que esta misma semana recibió la visita del consejero vasco del ramo, Denis Itxaso, para interesarse por las políticas navarras de vivienda.

La federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) ha presentado este jueves una serie de propuestas “para combatir las desigualdades y garantizar derechos”. Este posicionamiento de las entidades sociales, bajo el título Por una Catalunya diversa, cohesionada y antirracista, es fruto de un año de debate interno y ha llegado a la conclusión de que la crisis habitacional es uno de los principales escollos para garantizar el fin de las desigualdades.

Así, ECAS reclama alianzas institucionales y territoriales para que las viviendas de la SAREB se destinen a vivienda social e inclusivo. También pide que se impulse el mapeo y la búsqueda de pisos vacíos. Además, la federación reclama una mirada antirracista a las políticas de vivienda para combatir la “permeabilización” de los discursos de odio y de la extrema derecha.

Las entidades apuestan por avanzar en la identificación de viviendas vacías que puedan ser movilizadas hacia usos sociales o inclusivos. Para ello considera “necesario” definir una metodología común, con datos, criterios y conceptos homogéneos sobre qué se entiende por piso vacío, y activar agentes del territorio como el vecindario, el comercio de proximidad, las entidades sociales y las plataformas de vivienda.

Este mapeo debería contar con canales colaborativos que permitan sistematizar la información y convertirla en una “herramienta útil” para la incidencia y la acción territorial, tal y como defiende la federación.

Además, han subrayado que la cohesión social “no se va a defender con más discursos sobre la convivencia”, sino “garantizando derechos”. Por eso, proponen incorporar una “mirada antirracista a las políticas de vivienda, de trabajo y de acción comunitaria, porque la mejor forma de combatir los discursos de odio es reducir las desigualdades que los alimentan”, ha argumentado la federación, durante la presentación de sus propuestas.

Asimismo, ECAS -que agrupa a 137 entidades sociales- ha reclamado que las viviendas en manos de la SAREB se pongan al servicio de políticas de vivienda social e inclusivo. Esto, según la federación, implica presionar para que las administraciones públicas formalicen cesiones, convenios u otros mecanismos de movilización de estas viviendas, con el objetivo de ampliar el parque disponible y dar respuesta a situaciones de exclusión residencial.

Las entidades también piden “fórmulas alternativas” que faciliten el acceso a la vivienda a personas que finalizan procesos de acompañamiento o estancias en recursos gestionados por entidades sociales. Entre estas opciones, proponen fomentar el alquiler entre particulares con garantías y mediación comunitaria, así como impulsar modelos de cooperativas de vivienda dispersa. Estas alternativas pueden contribuir a generar salidas más estables, comunitarias y adaptadas a las trayectorias de las personas, aseguran.

También apuestan por garantizar que las políticas y recursos de vivienda no dejen fuera a las personas en situación de sinhogarismo o de exclusión residencial “más severa”. Las respuestas habitacionales deben evitar generar “nuevos filtros de exclusión” dentro del mismo sistema, especialmente para personas con mayores dificultades de acceso a los circuitos ordinarios. Esto requiere diseñar mecanismos específicos, flexibles y adaptados a situaciones de mayor vulnerabilidad, que permitan avanzar hacia soluciones residenciales dignas y estables, según defienden.

Antirracismo y movilidad laboral

Por otra parte, ECAS también ha detallado algunas ideas de acciones para mejorar la acción comunitaria con perspectiva antirracista. Tales como promover el trabajo comunitario y la convivencia para generar experiencias “reales” que rompan prejuicios, o reforzar la educación crítica y la sensibilización para normalizar la diversidad religiosa y cultural. La federación también reclama redes comunitarias de apoyo para “hacer efectivos” los derechos en el día a día.

En cuanto a las acciones para mejorar el acceso al mercado de trabajo y la movilidad laboral, ECAS exige mayores recursos y agilidad para el acceso a derechos básicos y documentación. También apuesta por impulsar la implicación del tejido empresarial y la transformación cultural de las empresas, además de favorecer el reconocimiento de competencias y la movilidad laboral.

Las entidades también han subrayado que el aumento de los discursos xenófobos, racistas y excluyentes constituye una “amenaza” para la cohesión social y para la calidad democrática. Las administraciones públicas, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y el conjunto de los actores sociales tienen la “responsabilidad” de combatir la desinformación y las narrativas que asocian la diversidad con la inseguridad, conflictividad o competencia por los recursos.

Así, y tal y como consta en el documento de sus propuestas, la federación encuentra “necesario” promover un relato público basado en los derechos, la igualdad y el reconocimiento de la diversidad como una realidad constitutiva de la sociedad catalana.

Amnistía Internacional ha reclamado al Gobierno regional de Castilla-La Mancha que adopte “medidas urgentes” para garantizar el derecho a la vivienda frente a la “creciente crisis” de asequibilidad que afecta a miles de personas en la comunidad autónoma.

La organización ha trasladado estas demandas a Nacho Hernando, consejero de Fomento, junto con las conclusiones del informe '¿Soluciones a la crisis del derecho a la vivienda? Consideraciones sobre las recientes medidas del Gobierno y las iniciativas legislativas en tramitación y votadas en el Congreso', en el que recuerda que la asequibilidad constituye un elemento esencial del derecho a una vivienda adecuada. Explican que los gastos asociados a la vivienda “deben ser soportables y no impedir el disfrute de otros derechos humanos como la alimentación, la salud o la educación”. En una carta remitida al consejero, la organización también solicita una reunión para trasladarle personalmente las conclusiones del informe y las principales recomendaciones de la organización en materia de vivienda.

Castilla-La Mancha entre las regiones con mayor nivel de pobreza

Amnistía Internacional muestra su preocupación porque Castilla-La Mancha “sigue sin utilizar una de las principales herramientas previstas en la legislación estatal para contener el precio del alquiler y proteger a las personas inquilinas”. Apuntan que la comunidad autónoma no tiene declarada ninguna zona de mercado residencial tensionado, “pese al fuerte incremento del precio de los alquileres en los últimos años y a las crecientes dificultades de acceso a la vivienda que existen en distintos municipios”.

La organización subraya además que algunos ayuntamientos ya han manifestado la necesidad de avanzar en esta dirección. El Ayuntamiento de Cuenca ha elaborado y sometido a información pública un informe técnico para solicitar la declaración de zona de mercado residencial tensionado, al detectar riesgos de insuficiencia de vivienda asequible para la población residente y un importante incremento de los precios del alquiler. Asimismo, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha impulsado iniciativas para avanzar en la elaboración de la documentación necesaria para solicitar esta declaración. Estos pasos “evidencian que existe una preocupación real” por la evolución del mercado de la vivienda en municipios de la región y que corresponde a la Junta utilizar las competencias que le atribuye la Ley por el Derecho a la Vivienda.

La preocupación resulta “especialmente relevante” en una comunidad autónoma que se sitúa entre las que presentan mayores niveles de pobreza y exclusión social del país. Según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, Castilla-La Mancha registra una tasa AROPE del 34%, “muy por encima de la media estatal”, y una de las mayores tasas de riesgo de pobreza de España. Este indicador mide el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, teniendo en cuenta factores como los ingresos, las carencias materiales y la intensidad del empleo en los hogares, y sitúa a Castilla-La Mancha entre las comunidades autónomas con mayores niveles de vulnerabilidad social de España.

“En un contexto de elevada pobreza y dificultades crecientes para acceder a una vivienda, las administraciones públicas no pueden limitarse a observar la evolución del mercado. Deben activar mecanismos para contener los precios cuando sea necesario, garantizar alquileres asequibles y reforzar la protección de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad”, señala Rafaela Alonso, responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional Castilla-La Mancha.

La organización recuerda además que ya en mayo de 2024 pidió a la Junta de Comunidades que impulsara la declaración de zonas tensionadas allí donde se cumplieran los requisitos legales. Dos años después, Castilla-La Mancha continúa sin aplicar este instrumento mientras persisten los problemas de acceso a la vivienda en distintos municipios de la región.

Además de la escasez, deshaucios

Amnistía Internacional recuerda además que uno de los “principales déficits” estructurales en materia de vivienda es la escasez de vivienda social en alquiler. Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el parque social de alquiler representa en España apenas el 1,71% del total de viviendas, frente a una media cercana al 9% en la Unión Europea. En Castilla-La Mancha la situación es igualmente preocupante: de las aproximadamente 1.347.273 viviendas existentes en la comunidad autónoma, solo unas 22.392 tienen carácter de vivienda social, lo que supone alrededor del 1,66% del total.

Amnistía Internacional también insiste en que ninguna persona o familia en situación de vulnerabilidad debería sufrir un desalojo de su vivienda sin una alternativa habitacional adecuada. En este sentido, recuerda el caso de una madre y su hija menor desalojadas en Alovera, para quienes la organización solicitó a Junta de Comunidades y Ayuntamiento una solución urgente de vivienda el pasado mes de febrero.

Más recientemente, en el edificio de VPO conocido como Yedra 8, en el barrio toledano de Santa Martía de Benquerencia, se encuentran en curso varios procedimientos de desahucio derivados de las reclamaciones planteadas por la Junta de Comunidades y la empresa pública Gicaman ante los tribunales. Entre las personas afectadas figuran una familia monomarental con situación de vulnerabilidad reconocida por los Servicios Sociales y un joven con una discapacidad del 56%, cuyo desahucio está previsto este jueves 25 de junio a las 11:30h, según denuncia la Unión Popular de Inquilinos de Toledo.

Junto a la activación de mecanismos para mejorar la asequibilidad del alquiler, Amnistía Internacional reclama el incremento de forma sostenida del parque público y social de vivienda para ofrecer una alternativa real a aquellas personas y familias que no pueden acceder a una vivienda adecuada a través del mercado privado. Esta insuficiencia deja a miles de hogares expuestos a las dinámicas del mercado privado y limita gravemente la capacidad de las administraciones para garantizar el derecho a la vivienda de las personas con menos recursos.

“El derecho a la vivienda no puede depender exclusivamente de las reglas del mercado. Las autoridades tienen la obligación de adoptar medidas concretas para garantizar que todas las personas puedan acceder y mantener una vivienda adecuada en condiciones asequibles”, concluye la organización.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presume de haber entregado 5.000 viviendas de alquiler asequible con el Plan Vive que gestionan sobre todo Avalon y Sogeviso. Pero no responde al descontento que crece entre centenares de los inquilinos, que ya han creado una plataforma de afectados. Protestan por unos gastos de comunidad, garajes, trasteros e IBI que les duplican el precio inicial del alquiler y unas deficiencias que van desde limitación del agua caliente hasta goteras. Desde Colmenar Viejo hasta Pinto, pasando por Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Getafe, Tres Cantos, Móstoles o Arganda del Rey y Valdebebas, los vecinos de hasta 9 municipios están indignados.

El enfado ya toma forma en una plataforma con 130 miembros que surge de la ampliación de la Asociación de Valdebebas, que es la que tiene unos precios más altos del alquiler. En todos los casos, a los gastos excesivos que han provocado incluso una denuncia, con garajes por encima de mercado y hasta 150 euros por plaza, se les suma el descontento por una falta de mantenimiento y unos problemas estructurales que no se resuelven con premura pese a los elevados costes de comunidad. 

Aunque han intentado sin éxito resolver sus quejas con las empresas, especialmente Avalon, esta envió recientemente un comunicado a los inquilinos sugiriendo que no hablaran con la prensa y recordándoles que no tenían derecho a compra. Lo dijo porque Avalon, conrolada por Aes Management, estudia vender sus viviendas del Plan Vive, según publicó Cinco Días. La recién creada asociación propone crear una mesa de seguimiento en que estén representados los inquilinos y se les reconozca colectivamente.

Denuncia contra el pago del IBI

En Móstoles, Antonio Gamez, que es abogado, fue el precursor de una de las primeras denuncias que se han presentado contra estas promociones. En su caso lo hizo por el IBI, por el que paga 50 euros y que asegura que la Comunidad no le puede cobrar. Usa como antecedente que le avala una sentencia del Supremo de 2024, también de Madrid, que determinó que las viviendas públicas de gestión privada no pueden cargar el IBI porque no es un servicio. 

En su contra juega el hecho de que Ayuso ya previó en el reglamento del Plan Vive que pudiera cobrarse este impuesto, como también dejó por escrito la obligación de aceptar la plaza de garaje y el trastero o pagar los gastos de comunidad, de forma que el alquiler acaba disparándose hasta, en muchas ocasiones, superar el 35% de esfuerzo económico que también prevé el Plan Vive. 

Además de los 50 de IBI, Antonio paga en su promoción del barrio de Humanes, donde hay 150 pisos, 50 euros por el trastero, 110 euros de comunidad y 80 euros por cada plaza de garaje, que en el mismo barrio están a 50 euros en Idealista. “Además, nos obligan a coger dos plazas y eso que los pisos están en un solar donde hay muchísimo aparcamiento”, se queja Antonio. Sumándolo todo al alquiler, paga 638, un precio algo por debajo del mercado en el barrio pero que duplica los 340 euros a los que se publicitaba el anuncio. 

Los anuncios en el portal de Idealista de viviendas por el barrio muestran un piso en el centro de Humanes de 35 metros cuadrados por 750 euros, precio idéntico a un bajo de 70 metros y algo inferior a un piso de 58 metros cuadrados y dos habitaciones a 850 que sale más barato el metro cuadrado que el del Plan Vive donde reside Antonio. Pero para él “no se trata de compararlo con el mercado libre, sino con que acaba teniendo un precio de dos o tres veces lo que debe ser una vivienda pública”. 

La promoción de Antonio no es de las que presenta más problemas, más allá que el tener conserje solo por la mañana ha generado algunos problemas de seguridad y hay humedades de la piscina que se han filtrado al garaje. También hubo problemas con la jardinería, con crecimiento descontrolado de hierbajos, un clásico en estas promociones pese a que el servicio está incluido en los altos costes de comunidad. 

El mal mantenimiento de una comunidad de más de 100 euros mensuales

Desde Getafe, Diana también denuncia “hierbajos por todos lados” y un conserje que está pocas horas, además de “una piscina que es muy pequeña” para los 111 euros de comunidad que pagan. “En otro piso donde vivía antes, pagaba 50 y estaba todo mucho mejor”, denuncia.

En su caso parte de un alquiler inicial de 500 euros que acaba convirtiéndose en 785 al sumar los 30 euros de trastero, los 88 de un garaje y 70 del segundo, los 112 de comunidad y los 47 de IBI. 

“Te entregan un piso y no te dejan ir a verlo”, denuncia Diana recogiendo un sentir también común entre los vecinos del Plan Vive. “Llegas, tiene placas del baño con humedad, la pintura mal hecha, la aerotermia funciona mal, el ascensor dice que es de ocho personas y con cuatro se sobrecarga y llegan a hacerte cobros duplicados”, denuncia. Además, como denuncian otros vecinos, las revisiones de precio hacen que suba año a año y además lo hace al ritmo del IPC y no del IRAV, el índice de referencia del alquiler, que es inferior, como dictaminó por ley el Gobierno al estallar la guerra de Irán, ya que el Plan Vive se rige por una normativa autonómica. 

Diana buscaba una vivienda donde pagar un precio asumible para él y su pareja, que cobran 1.500 euros cada uno. Pero se encontraron con un precio que, aunque les hizo aceptar la oferta y puede ser mejor que otras opciones de un mercado muy duro, no es precisamente asequible. “Yo lo que quiero es una vivienda digna, no dos plazas de garaje, ni una, o una piscina del tamaño de un jacuzzi”, sentencia. 

El enfado empieza por no poder ver el piso

En Alcorcón, un vecino que prefiere guardar el anonimato empezó ya a molestarse y contactar con otros vecinos cuando vio que no le dejaban ver el piso antes de instalarse y firmar el contrato. “Luego, llegamos a los gastos de comunidad e IBI que no conocíamos antes porque en la publicidad no salía”, denuncia. 

Y así, sumando el garaje y el trastero, el piso de dos habitaciones y unos 50 metros cuadrados se le acaba yendo a 900 euros. “Si no fuera por los más de 100 euros de la comunidad, el IBI de unos 30 euros, el garaje y el trastero, son 650 euros”, dice este vecino que además asegura que ya paga 100 euros más que cuando llegó a este piso, hace dos años, la primera promoción que se entregó, por las subidas del IPC. 

Como se repite una y otra vez en estas promociones y aunque en su caso la gestora es Sogeviso y no Avalon, los vecinos de Alcorcón no han conseguido un informe detallado de los gastos de comunidad. Además, como sucede en la mayoría de promociones, estos alcanzan el máximo permitido, un 18% del alquiler. Desde la plataforma denuncian que las empresas pueden estar financiándose con estos pagos, que superarían por mucho los gastos, independientemente de que en algunos casos hagan algunas devoluciones a los inquilinos. “La verdad, no sé qué servicios de comunidad hay”, lamenta en la línea de otras promociones. 

Goteras y fallas estructurales

Este vecino convive además con una gotera que se filtra por una persiana de la habitación y que nadie ha reparado y denuncia que “la puerta del garaje llegó a estar cinco días abierta de par en par”. “En mi casa tuvieron que hacer una obra porque el suelo estaba inclinado. De hecho, me deben dinero desde hace dos años porque me tenían que cubrir los meses que estaba fuera por la obra”, recuerda. 

Todos estos vecinos y hasta una treintena de seis localidades diferentes compartieron su experiencia y sus propuestas hace unas semanas en la sede de UGT, que les ayuda a organizarse, ya que la propiedad ni siquiera reconoce a la plataforma como interlocutora. Sergio Moreno, de Valdebebas, que creó una primera plataforma con un dosier que recogía las quejas, es su portavoz. 

Pero la indignación va más allá de los vecinos que se han unido a la plataforma e incluso de los municipios que se han incluido. En Arganda del Rey, Arlette se muestra desesperada por todos los problemas que afronta. En un piso de tres habitaciones donde vive con su hija, consiguió frenar que le obligaran a tener dos plazas de garaje para que no le subiera 150 euros más el alquiler. 

Pero aun así cuenta con una y sumando gastos de trastero, 30 euros, los 40 del IBI, los 150 de comunidad, los 80 de la plaza, el alquiler se le dispara de 800 a 1.100 euros. Además, cuando llegó en diciembre los vecinos de abajo protestaban por filtraciones de agua que se habían colado antes incluso de que se instalara. “Queda todavía una mancha en el suelo”, relata.

“El edificio es de muy baja calidad y no sabemos en qué se gastan la comunidad”, relata Arlette, que denuncia problemas con las cerraduras y con el ascensor que no se arreglan con premura pese al elevado coste de la comunidad. En su caso, la gestora es Qube Rent. 

“Aceptas por desesperación”

“Aceptas el piso por desesperación. Me he mudado un montón de veces en pocos años y este piso parecía mejor. Pero cuando te obligan a pagar gastos que no deberían correr de tu cuenta en un piso público y encima la comunidad no responde ante tantos problemas, es frustrante”. 

El sentimiento se repite una y otra vez entre los vecinos. No quieren irse porque han conseguido un piso a un precio a veces levemente por debajo del mercado, otras veces casi a la par, pero nuevo. Y además, se lo han dado, que es en ocasiones lo más difícil en la lucha contra una competición de la demanda desbocada. 

Aceptaron las condiciones movidos por la desesperación de no encontrar nada mejor. Pero eso no les resta la indignación de estar pagando gastos inflados por unos servicios que no se les dan y acabar afrontando alquileres que tienen poco de asequibles.

Hasta en nueve ocasiones ha preguntado José Ramón Gomez Besteiro por las políticas de vivienda al presidente de la Xunta de Galicia. Lo recordó este miércoles durante la sesión de control en el Parlamento autonómico en la que también lamentó que no siempre contestaba el presidente de la Xunta, sino “un tertuliano chusqueiro [chistoso]”. “Pero las competencias son del Gobierno gallego”, añadió Besteiro en referencia al asunto del debate. Trataba de hacer que Alfonso Rueda explicase el proceder de su gabinete y no dedicase la mayor parte de su intervención a atacar al Ministerio de Vivienda. Lo consiguió solo a medias.

Besteiro había enmarcado, de entrada, el problema. Hay 34.000 ciudadanos gallegos apuntados en el registro de demandantes de vivienda pública, un 143% más que cuando, en 2022, rueda sustituyó a Feijóo al frente del Gobierno gallego. El precio del metro cuadrado ha subido un 13,3% en un año y de los 153 millones de euros destinados a vivienda en los presupuestos de 2025, 120 quedaron sin ejecutar, aseguró el socialista. Los sucesivos ejecutivos de Núñez Feijóo habían reducido la política de vivienda pública a prácticamente cero y solo en esta legislatura, el Partido Popular ha modificado el rumbo, por lo menos discursivamente. “Galicia es una de las comunidades del Estado con menos parque de vivienda pública”, resumió.

El presidente de la Xunta se defendió. “La vivienda es un tema central para nosotros y estamos haciendo un gran esfuerzo”, dijo. Repitió su promesa más recurrente al respecto, la construcción de 4.000 pisos públicos en cuatro años, 6.000 en 2030. Y, como es habitual, se cuidó mucho de justificar los años de inacción en la materia de gobiernos de los que él formó parte. so sí, los ataques y las críticas los reservó, también como es habitual, para Pedro Sánchez. “Viene usted aquí a tapar las vergüenzas en vivienda del Gobierno central”, afirmó, “si quieres anuncios, el Gobierno de España, si quieres que se hagan realidad, tu comunidad autónoma”. Aunque su intención era ironizar, en realidad describía el reparto competencial: la vivienda es responsabilidad de la autonomía gallega.

“La pregunta es qué hicieron durante estos 8 años”, insistió Gómez Besteiro. El período se refería al tiempo que Sánchez lleva en el gobierno y durante el que, recordó, ha destinado 548 millones de euros para que Galicia gastase en políticas de vivienda. “No merece la pena hablar de Pedro Sánchez y de vivienda pública”, intentó zanjar Rueda, antes de enumerar algunas medidas de su consellería: el desarrollo de suelo para 20.000 viviendas de protección pública -y construcción privada- o el aumento hasta los 45 años de la edad para optar a avales de la Xunta.

Pontón: “No ha aprendido nada de las olas de incendios”

Los incendios en Herbón (Padrón, A Coruña) y Boborás (Ourense) dieron pie a la pregunta de Ana Pontón, líder del BNG. La nacionalista afeó al presidente de la Xunta que nada sustancial haya cambiado en el dispositivo antiincendios tras las grandes olas de fuego en 2017, 2021 y 2025. Esta última, el pasado agosto, registró los mayores incendios de la historia de la comunidad. “No ha aprendido nada”, le recriminó Pontón, para quien entre las medidas imprescindibles a adoptar mencionó una moratoria indefinida de las plantaciones de eucalipto o la ordenación del monte en mosaico. Lo que recomiendan la mayoría de expertos. “Un rural vivo es la mejor garantía contra el fuego”, sintetizó.

La nacionalista también se refirió a algunas promesas incumplidas de Rueda. Fue tras los devastadores incendios en el oriente ourensano que el presidente anunció en la Cámara autonómica que su gobierno se encargaría de la limpieza de las franjas secundarias en los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. “No lo hizo. Su palabra no vale nada”, dijo, “ni siquiera en las parroquias prioritarias. Solo en 70 de las 276”. Alfonso Rueda apenas entró en lo concreto, exigió a la líder de la oposición “un llamamiento a la prevención y una condena a los incendiarios, que los va a haber” e insinuó que Pontón busca el rédito político en las olas de incendios. Sí dijo que el Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Gaicia (Pladiga) cuenta con más recursos que nunca y que el eucalipto no tiene la culpa. “En Ourense el año pasado no ardió una hectárea de eucalipto”, dijo. “Esto es tarea de todos, también de la oposición”, concluyó.

El Govern central qüestiona els canvis en la llei d'habitatge introduïts pel Consell de Juanfran Pérez Llorca en la llei d'acompanyament als pressupostos. El Ministeri d'Habitatge posa el focus en les reformes del govern popular, introduïdes després de l'escàndol en les adjudicacions d'habitatge protegit d'Alacant, i adverteix que hi ha modificacions que voregen la inconstitucionalitat i no s'adapten a la llei estatal, cosa que podria condicionar els fons del pla d'habitatge.

El ministeri que dirigeix Isabel Rodríguez ha presentat al·legacions a l'avantprojecte de mesures fiscals, que haurà de tramitar-se a les Corts Valencianes en els pròxims mesos i necessita el suport de Vox per a tirar endavant. En l'escrit, al qual ha tingut accés elDiario.es, Habitatge qüestiona els criteris de “vinculació territorial continuada” en les promocions de col·laboració publicoprivada sobre sòl públic, una idea de la vicepresidenta i consellera d'Habitatge, Susana Camarero, que defensa l’“arrelament” per a donar prioritat als veïns de cada localitat en les adjudicacions d'habitatge.

El ministeri considera que aquests criteris suposen “emparar conceptes com el de l'anomenada 'prioritat nacional'”, un concepte que representa “una clara amenaça per a la Constitució espanyola i el seu article 14 i, com a tal, no pot ni ha de ser admés”, exposa. El Govern adverteix la Generalitat que “supervisarà” la redacció de la llei i d'aquests criteris de baremació, que són opcionals per als ajuntaments, “als efectes de garantir que no siguen vulnerats els drets fonamentals al nostre país”.

En les al·legacions, que se centren en quatre punts referents a habitatge, l'Executiu de coalició PSOE-Sumar reclama una revisió del text per a adaptar-lo a la llei estatal. Considera que, si bé els mecanismes de transparència són necessaris després de l'escàndol de Les Naus, falten mecanismes de control i recursos pressupostaris. Així mateix, insta a crear un cos d'inspectors i a dotar les mesures de recursos administratius per a posar-les en pràctica, a més d'incrementar l'oferta d'habitatge protegit.

Les mesures de transparència i publicitat són “clarament necessàries després dels esdeveniments recents derivats de la desregulació aprovada en el procediment d'accés a l'habitatge protegit a la Comunitat Valenciana”, assenyalen les al·legacions, però consideren un error “no aprofitar aquesta modificació per a protegir de forma permanent els habitatges de protecció oficial, ja que la solució estructural a aquesta crisi d'habitatge passa per la conformació d'un gran parc públic d'habitatge a preus assequibles i amb protecció permanent”.

Sobre el registre que han d'elaborar els promotors, la mesura estrela per a evitar l'opacitat en l'adjudicació d'habitatges construïts amb fons públics, l'Executiu central considera que és insuficient i es limita a “un procediment privat”. “No resulta suficient si no va acompanyada de mecanismes eficaços que n'asseguren el compliment real i efectiu en la pràctica administrativa”, assenyala el departament de Rodríguez, que insisteix que els processos no tenen participació pública fins que passen per la comissió de valoració autonòmica.

El Govern recorda que és obligatori que existisquen registres públics de persones demandants “o altres fórmules que garantisquen un procediment objectiu, transparent i públic” en l'adjudicació dels habitatges per a poder optar als fons del Pla Estatal d'Habitatge. Aquest registre existia fins a l'any 2024, quan el Consell, aleshores dirigit per Carlos Mazón, va modificar la llei i el va eliminar. A jutjar per l'escrit del ministeri, els fons públics podrien estar compromesos si l'Executiu no queda convençut amb el registre.

El Gobierno central cuestiona los cambios en la ley de vivienda introducidos por el Consell de Juanfran Pérez Llorca en la ley de acompañamiento a los presupuestos. El Ministerio de Vivienda pone el foco en las reformas del gobierno popular, introducidas tras el escándalo en las adjudicaciones de vivienda protegida de Alicante, y advierte que hay modificaciones que bordean la inconstitucionalidad y no se adaptan a la ley estatal, pudiendo condicionar los fondos del plan de vivienda.

El ministerio que dirige Isabel Rodríguez ha presentado alegaciones al anteproyecto de medidas fiscales, que ha de tramitarse en las Corts Valencianes en los próximos meses y necesita el apoyo de Vox para salir adelante. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, Vivienda cuestiona los criterios de “vinculación territorial continuada” en las promociones de colaboración público-privada sobre suelo público, una idea de la vicepresidenta y titular de Vivienda, Susana Camarero, que defiende el “arraigo” para dar prioridad a los vecinos de cada localidad en las adjudicaciones de vivienda.

El ministerio cree que estos criterios suponen “cobijar conceptos como el de la denominada 'prioridad nacional”, un concepto que supone “una clara amenaza para la Constitución Española y su artículo 14, y como tal, no puede ni debe ser admitida”, expone. El Gobierno advierte a la Generalitat que “supervisará” la redacción de la ley y de estos criterios de baremación, que son opcionales para los ayuntamientos, “a los efectos de garantizar que no sean vulnerados los derechos fundamentales en nuestro país.”.

En las alegaciones, que se centran en cuatro puntos referentes a vivienda, el Ejecutivo de coalición PSOE-Sumar reclama una revisión del texto para adaptarse a la ley estatal. Consideran que, si bien los mecanismos de transparencia son necesarios tras el escándalo de Les Naus, faltan mecanismos de control y presupuestarios. Insta a crear un cuerpo de inspectores y a dotar las medidas de recursos administrativos para ponerlas en práctica, además de incrementar la oferta de vivienda protegida.

Las medidas de transparencia y publicidad son “claramente necesarias tras los acontecimientos recientes derivados de la desregulación aprobada en el procedimiento de acceso a la vivienda protegida en la Comunidad”, señalan las alegaciones, pero consideran un error “no aprovechar esta modificación para proteger de forma permanente las viviendas de protección oficial, ya que la solución estructural a esta crisis de vivienda pasa por la conformación de un gran parque público de vivienda a precios asequibles y con protección permanente”.

Sobre el registro que han de elaborar los promotores, la medida estrella para evitar la opacidad en la adjudicación de vivienda construida con fondos públicos, el Ejecutivo central cree que es insuficiente y se limita a “un procedimiento privado”. “No resulta suficiente si no va acompañada de mecanismos eficaces que aseguren su cumplimiento real y efectivo en la práctica administrativa”, señala el departamento de Rodríguez, que insiste en que los procesos no tienen participación pública hasta que pasan por la comisión de valoración autonómica.

El Gobierno recuerda que es obligatorio que existan registros públicos de personas demandantes “u otras fórmulas que garanticen un procedimiento objetivo, transparente y público” en la adjudicación de las viviendas para poder optar a los fondos del plan estatal de vivienda. Este registro existía hasta el año 2024, cuando el Consell, entonces dirigido por Carlos Mazón, modificó la ley y lo eliminó. A juzgar por el escrito del ministerio, los fondos públicos podrían estar comprometidos si el Ejecutivo no queda convencido con el registro.

La vecindad de Riberas de Loiola ha comparecido en el Parlamento Vasco este martes para denunciar la falta de respuesta coordinada entre instituciones en torno al desarrollo del barrio donostiarra. Ha advertido de que la planificación urbana no ha ido acompañada de servicios ni de equipamientos suficientes para la población residente y proponen una mesa interinstitucional para lograr una mayor coordinación. Piden la paralización de las viviendas dotacionales anunciadas.

Javier Santos, vecino del barrio Riberas, ha explicado que el barrio, con más de 20 años desde su construcción, cuenta con 2.527 viviendas y más de 6.000 habitantes, según los datos que recabaron del Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Donostia. Ha expuesto que, a pesar de ello, Riberas no cuenta con un centro de salud, hogar de jubilados, haurtxoko ni gazteleku, servicios que quedaron pospuestos por falta de presupuesto a la hora de construir el barrio.

El vecino ha explicado que el planteamiento institucional que propone el Gobierno vasco con la construcción de apartamentos dotacionales no aborda integralmente la falta de equipamientos, servicios y planificación coordinada que denuncian desde hace años. En ese sentido, han insistido en que las soluciones planteadas “no responden a la magnitud de los problemas detectados”. Santos ha pedido que se haga un mayor diagnóstico del barrio para reconocer estas necesidades y la importancia de que sean atendidas.

En ese contexto, Santos ha pedido, en el nombre de su comunidad, la creación de una mesa interinstitucional que reúna al Gobierno vasco, al Ayuntamiento de Donostia y al resto de agentes implicados en el proyecto para alcanzar una propuesta global. “La coordinación actual es insuficiente”, ha añadido. Ha invitado a los comparecientes a tocar la puerta en las demás comisiones para hacer frente al desequilibrio en el crecimiento del barrio.

Desde la oposición, el PP, representado por Ana Morales, ha criticado la falta de coordinación institucional y ha reprochado los desencuentros entre el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Donostia. Ha advertido de que la situación podría estar bloqueando el avance de proyectos clave en la ciudad. Con ella, se alineaba Marijo Etxegoien, portavoz del PNV, quien también ha abogado por una mayor cooperación institucional para desbloquear actuaciones urbanísticas.

Itziar Murua, portavoz de EH Bildu, ha señalado la necesidad de reforzar la intervención pública en materia de vivienda y planificación urbana, concordando más con el PSE-EE. Este último partido, representado por Adrián Fernández, ha respaldado la gestión del Gobierno, cuyo consejero proviene del mismo partido político, y ha subrayado la necesidad de seguir ampliando el parque público de vivienda en Donostia.

Tras la comparecencia de los vecinos, la comisión ha continuado con la presencia del consejero de Vivienda y Agenda Urbana del , Denis Itxaso. Morales le ha preguntado durante la comisión al respecto de la coordinación interinstitucional entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Donostia para la intervención en las parcelas de Riberas de Loiola. Durante el mes de febrero, tanto Itxaso como Jon Insausti, el alcalde de Donostia, anunciaron que, en la misma parcela, construirían 200 y 400 viviendas respectivamente. Dichos anuncios mostraron esa falta de coordinación.

El consejero ha comenzado su intervención criticando lo “curioso que resulta” que el PP esté haciendo preguntas sobre vivienda pública. “Donde gobierna, ha hecho precisamente de la descoordinación del incumplimiento de la normativa estatal y de la ausencia de política pública, su principal señal de identidad”, ha opinado Itxaso.

Contestando la pregunta de la portavoz del PP, Itxaso ha defendido que sí existe coordinación interinstitucional y ha rechazado la idea de bloqueo entre administraciones, enmarcando la actuación del Gobierno en una estrategia de colaboración con el Ayuntamiento de Donostia y otras instituciones. Ha sostenido que el foco debe ponerse en los resultados de las políticas de vivienda y no en los desencuentros políticos, y ha reivindicado los proyectos en marcha como prueba de esa cooperación, afirmando que “eso es coordinación útil”, en referencia a las actuaciones de vivienda pública impulsadas en distintos ámbitos de la ciudad.

Tras la respuesta del consejero, Morales ha replicado criticando duramente su intervención y acusándole de evitar la autocrítica sobre los desencuentros con el Ayuntamiento de Donostia. Ha considerado que Itxaso ha centrado su discurso “dar aquí anuncios y autobombo”, en lugar de explicar la situación de coordinación institucional. Morales ha señalado su mayor enfoque en otros gobiernos que en su relación con el consistorio donostiarra. Además, ha advertido de que los proyectos en Riberas de Loiola estarían viéndose afectados por esos cruces de declaraciones y ha reclamado que se asuman responsabilidades.

La preocupación por las viviendas de Vitalquiler llega al Parlamento

Previo a la comparecencia de los vecinos de Riberas de Loiola, la comisión se ha centrado en Vitoria, específicamente, en los cientos de inquilinos de Vitalquiler. Rubén Iturre y Miriam Díaz, representantes del sindicato LAB, junto a Amaya de la Cruz, inquilina de Vitalquiler, han comparecido para denunciar la situación de familias afectadas por la pérdida progresiva de la calificación de vivienda protegida.

Según ha declarado la inquilina, desde septiembre de 2025, cuando las viviendas pasaron al mercado libre en manos de Vitalquiler, hubo una subida de renta de hasta 300 euros mensuales. Junto a este aumento, se adjuntan unas nuevas condiciones que consideran abusivas, como la obligación de pagar el IBI, avales de 3.500 euros o la renuncia al derecho de adquisición preferente. De la Cruz ha señalado que muchas de estas viviendas “solo cuentan con el baño, unos pocos muebles de cocina y no tienen electrodomésticos, ni siquiera vitrocerámica”.

El sindicato LAB ha advertido de una situación de inseguridad residencial, con familias que desconocen si podrán seguir en sus viviendas o asumir las nuevas condiciones económicas. Por ello, ha reclamado garantías para la continuidad en los alquileres, la revisión de cláusulas consideradas abusivas y la intervención directa del Gobierno vasco. Entre estas intervenciones, han pedido la aplicación efectiva de la normativa de zonas tensionadas, el respeto a las prórrogas legales, la revisión de los contratos ya firmados bajo presión y el estudio de la incorporación de estas viviendas al parque público de alquiler social de forma permanente.

Fernández, portavoz del PSE-EE, ha defendido que la vivienda “no puede tratarse como un bien de mercado ordinario” y que “no existe una relación de igualdad entre una familia y un fondo de inversión que gestiona cientos de viviendas”. Ha insistido en la aplicación de las prórrogas legales incluso en contratos previos a 2023 y en la intervención del Gobierno vasco para reequilibrar la situación. En la misma línea, Jonatan Moreno del PNV ha subrayado la importancia de la “mediación” para “tratar de reequilibrar esas situaciones de desigualdad”. También, ha defendido el refuerzo de las ayudas públicas y del nuevo marco normativo como herramientas para evitar desprotección en el acceso a la vivienda.

Por otro lado, EH Bildu y el PP han compartido la idea de que la respuesta debe ir más allá del corto plazo, aunque con enfoques distintos sobre el papel del mercado y la intervención pública. Murua, representando a EH Bildu, ha reclamado que “se cumpla la normativa de zonas tensionadas de forma activa” y que “a quien no lo cumpla, se le aplique ese régimen sancionador en modo activo, de forma proactiva”. Por su parte, Morales, del PP vasco, ha sostenido que el cambio de calificación implica un nuevo escenario en el que “hoy esas viviendas ya no tienen la calificación de vivienda protegida y el paraguas que existía antes de un programa social de alquiler ya no existe”. Ha defendido explorar soluciones institucionales y de mercado como prestaciones o acuerdos de apoyo.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado el primer paso judicial contra el nuevo reglamento de vivienda pública del Gobierno autonómico. El Alto Tribunal ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Observatorio de Derechos Humanos DESCA, y la plataforma Derecho al Techo, contra el decreto canario de acceso a la vivienda protegida.

Se inicia así una batalla legal que busca anular lo que las organizaciones consideran una medida inspirada en la “prioridad nacional” de la extrema derecha. El Decreto 23/2026 de 9 de marzo, que entró en vigor el pasado 7 de abril, endurece drásticamente los requisitos de acceso a la vivienda protegida exigiendo, entre otros criterios, un mínimo de 12 años de empadronamiento ininterrumpido en las islas. 

Ahora, el TSJC exigirá el expediente completo de elaboración del decreto al Ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Popular, mientras los colectivos sociales confían en que la justicia tumbe una norma que tachan de “racista, clasista, discriminatorio e ineficaz”, principalmente porque vulnera “cualquier principio de igualdad”. El Observatorio DESCA critica que los partidos nacionalistas, como Junts en Cataluña y Coalición Canaria en el archipiélago, “están abanderando este movimiento sin necesidad de que esté Vox detrás”. Y señalan que “cuando se utiliza el racismo es para dividir a la clase trabajadora”. 

Sin embargo, el Gobierno autonómico asegura que “defenderán el decreto con uñas y dientes”. “El Gobierno de Canarias está convencido que la vivienda pública tiene que ser para los canarios y canarias que desarrollan y tienen su proyecto de vida en Canarias. Y eso lo contemplamos a través de ese criterio de arraigo, que es un requisito, que insisto, lo vamos a defender con uñas y dientes, porque creemos que tenemos razón”, aseguraba en la mañana de este miércoles Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, durante la presentación de una feria de cruceros en la capital de Gran Canaria.  

Para el consejero “no es discriminatorio”. Señala que no están pidiendo el lugar de nacimiento de las personas que van a ser beneficiarias de la vivienda pública. “Lo que estamos es priorizando a todos los canarios y canarias”. Rodríguez también se ha referido a las excepciones del decreto en base a situaciones de vulnerabilidad extrema. “Las personas que son declaradas vulnerables de manera extrema, bien sea por los servicios sociales municipales o bien sea por un juzgado, tienen otro trámite, tienen otro camino para acceder a una vivienda”, aseguraba el consejero de Vivienda, e insistía en que “por lo tanto, no discrimina en base a la vulnerabilidad, ni tampoco discrimina en base a la procedencia. Lo que apuesta es que esas viviendas públicas, sean para los que viven en Canarias”.

Para el Observatorio de Derechos Humanos DESCA estas medidas “claramente racistas y xenófobas, son precisamente para que no veamos lo burdo de su política en materia de vivienda, para que continúe la especulación y que no haya viviendas públicas”. Aseguran que “hablan de prioridad nacional, porque no quieren que hablar de que están permitiendo que las viviendas turísticas sigan funcionando como si nada, ni han aprobado las zonas tensionadas, que es un mecanismo que estamos viendo que en Cataluña sí funciona”, afirma Miguel Ruiz abogado del Observatorio DESCA.

Según el consejero de Vivienda el decreto canario “no tiene nada que ver con lo que plantea la ultraderecha en la prioridad nacional, que evidentemente ellos están mirando el color de piel o el lugar de procedencia de esas personas. Nosotros estamos diciendo que las viviendas públicas tienen que ser para la gente que vive aquí”, insistía el consejero de Vivienda.

“Maquillar la falta de vivienda pública” 

Para la organización Derecho al Techo la estrategia del Ejecutivo regional consiste en “maquillar la falta de vivienda pública, en lugar de afrontar los problemas estructurales de acceso a la vivienda” en el archipiélago.  

“En vez de implementar políticas públicas de vivienda, deciden machacar a la parte más débil. Y además con una clara discriminación para el que no es de aquí, o para el que viene de fuera, y no puede acreditar esos 12 años”, asegura Isabel Saavedra, abogada de Derecho al Techo. 

Consideran que esta exigencia lo que hace es intentar eliminar “por la puerta de atrás” a todas las personas que no lo puedan acreditar y “reducir así la lista de espera” a la vivienda protegida. 

“Nadie dijo nada”

Durante este proceso judicial el Observatorio de Derechos Humanos DESCA examinará cómo fue la tramitación del decreto. “Veremos la salvajada que supone que una norma como esta se pueda aprobar, teniendo una jurisprudencia amplísima de que son normas que se han declarado ilegales, y nadie dijo nada”, asegura Miguel Ruiz, abogado del Observatorio DESCA. 

En un principio, el borrador contempla una exclusión de 10 años, una cifra que el propio Consejo Consultivo llegó a señalar por su posible “desproporcionalidad” antes de que el Instituto de Vivienda la elevara a 12 años. 

Para el Consejero de Vivienda Pablo Rodríguez el decreto está en vigor porque hay una base jurídica para hacerlo, recogida en el Estatuto de Autonomía de Canarias. “Se aprobó con informe jurídico favorable, con un informe del Consejo Consultivo de Canarias favorable. 

Desde el Observatorio DESCA muestran su profunda preocupación por la falta de contrapesos dentro de las propias instituciones canarias. “Si tienes a un montón de administraciones públicas participando en la elaboración de la norma y nadie levanta la mano diciendo que esto está mal. Es cuando dices, vale, ¿en manos de quién estamos?, se pregunta Ruiz, que asegura que ”está a la espera de ver el tamaño de esa tragedia“ 

Próximos pasos 

Desde el Observatorio DESCA señalan que al tratarse de una presunta vulneración de derechos fundamentales, el TSJC tramitará el recurso de forma preferente y prioritaria para acortar los plazos habituales de la justicia. Aunque calcula que “la resolución final podría demorarse entre ocho meses y un año”.

Si el tribunal falla a favor de los demandantes, todos los apartados considerados discriminatorios “quedarían anulados de forma inmediata”, asegura Ruiz. Esto obligaría al Gobierno de Canarias a reconfigurar el registro sin las trabas de los 12 años de arraigo regional, ni los 5 años de residencia municipal obligatoria 

Desde los colectivos sociales advierten que vigilarán de cerca los futuros movimientos del Ejecutivo para evitar que intenten regresar al antiguo límite de 7 años, el cual también consideran “totalmente desproporcionado”.

El Gobierno repartirá este julio 800 millones de euros entre las comunidades autónomas dentro del Plan Estatal de Vivienda, que comprende un importe total de 7.000 millones de euros para desarrollar distintos proyectos de vivienda de los que el Gobierno aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante.

En el caso de Galicia, fuentes de la Delegación del gobierno han concretado a Europa Press que la asignación para 2026 será de 45,6 millones de euros, mientras que la distribución de fondos del plan en todo su periodo de vigencia permitirá movilizar una inversión de 399 millones hasta 2030 para desarrollar políticas públicas de vivienda en la comunidad.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha recordado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, con este reparto, las comunidades autónomas podrán comenzar a desarrollar “en plenitud” este proyecto durante el segundo semestre del año.

Asimismo, ha recalcado que este primer desembolso corre a cuenta de la Administración General del Estado. Los 4.200 millones de euros estatales serán transferidos durante las cinco anualidades del Plan Estatal, 800 millones en este año y 850 millones los restantes.

Asimismo, ha recordado que este plan tiene efectos retroactivos al 1 de enero, por lo que las comunidades autónomas podrán incorporar todas las acciones que estén enmarcadas en el plan y que se hayan iniciado en 2026.

Al menos un 40% de esos fondos se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.

El PEV incorpora mecanismos para blindar la protección permanente de todas las viviendas que se construyan con sus fondos, al tiempo que se garantiza la transparencia en las adjudicaciones de viviendas protegidas a través de una cláusula antifraude. Asimismo, incluye medidas destinadas al fomento de la cohesión territorial e impulsa un sistema de datos públicos para favorecer el acceso de la ciudadanía a información veraz y transparente.

Celebra el acuerdo de Hacienda en materia de vivienda

Asimismo, Rodríguez ha celebrado el anuncio del ministro de Hacienda, Arcadi España, sobre un acuerdo para que los ayuntamientos puedan destinar su superávit a políticas de vivienda no solo para el año 2025, sino para los cuatro años siguientes.

Arcadi España ha señalado así que los ayuntamientos que tengan remanentes del 2025 podrán utilizarlos, en función de sus estimaciones, garantizando una estabilidad y una proyección a largo plazo de las políticas de vivienda durante los siguientes cuatro años.

Rodríguez ha valorado que los ayuntamientos puedan destinar los fondos a políticas públicas de vivienda y que, además, puedan hacerlo durante este plazo.

Toledo se movilizará este miércoles 27 de mayo para frenar los desahucios previstos los próximos 9 y 11 de junio en la calle Río Yedra, donde varias familias llevan meses intentando negociar el pago del alquiler con la empresa pública regional GICAMAN, dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Convocada por la Unión Popular de Inquilinos y Amnistía Internacional, la marcha partirá a las 10 horas desde las viviendas vacías de la calle Guadalmena, 86 en el barrio del Polígono, hasta la sede de GICAMAN, pasando por la Delegación Provincial de Fomento.

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, Germán Peiro, portavoz de la Unión Popular de Inquilinos, animaba a acudir a la manifestación para que la gente “se de cuenta” de que la vivienda “es un problema estructural y sistémico que hay que resolver”.

La historia de la promoción de 148 Viviendas de Protección Oficial (VPO) ubicadas en el barrio del Polígono de Toledo, conocidas popularmente como los “pisos negros”, se dilata en el tiempo desde que se entregaron las llaves entre los años 2012 y 2013.

Mientras los residentes y colectivos como la Plataforma de Toledo por una Vivienda denuncian el deterioro de los edificios, piden detener los desalojos, reparar las instalaciones y adaptar los alquileres a la vulnerabilidad económica de las familias, la Administración regional argumenta que la gran mayoría de las viviendas arrastra deudas prolongadas y defiende la necesidad de recuperar los inmuebles para asignarlos legalmente a personas en lista de espera.

Acceder a una vivienda digna, “principal problema” en Toledo

Movimiento Sumar Toledo ya ha mostrado su apoyo a esta manifestación, y denuncia “la falta de voluntad negociadora y el abandono en el que se encuentran muchas viviendas públicas”, y consideran “inaceptable que una administración pública actúe sin ofrecer soluciones habitacionales a familias vulnerables”.

El portavoz toledano de la formación, José Luis Resuela, ha señalado que “el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas de Toledo y las instituciones no pueden seguir mirando hacia otro lado mientras aumentan los precios y se expulsa a vecinos y vecinas de sus barrios”.

La formación vincula esta situación al aumento de la especulación inmobiliaria, la expansión de las viviendas turísticas y el efecto de la presión residencial procedente de Madrid, factores que —aseguran— están elevando los precios del alquiler y dificultando el acceso a la vivienda en todos los barrios de la ciudad.

Esta convocatoria se produce en un contexto de planificación de movilizaciones por el derecho a la vivienda en toda España. La primera concentración fue este pasado sábado, 23 de mayo, en Guadalajara, y fue seguida el domingo por otras en Badajoz, Madrid, Teruel y Zaragoza. Manifestaciones similares también recorrerán otras ciudades españolas durante el mes de junio.

La ministra se comprometió a mediar

Ante las amenazas de desahucio que se ciernen sobre varias familias de la calle Río Yedra 8, la Unión Popular de Inquilinas se manifestó hace una semana ante las puertas de la Biblioteca de Castilla-La Mancha para pedir la mediación de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que acudía a la presentación de un libro.

Ante la presencia de una de las familias afectadas por la próxima orden de desahucio, la ministra se comprometió a “mediar” en la situación.

Según ha podido saber elDiario.es Castilla-La Mancha, desde el Ministerio de la Vivienda ya se han puesto en contacto con la Unión Popular de Inquilinas para pedir la información necesaria sobre el caso y, tras recibirla, les han trasladado que hablarán con las administraciones pertinentes, sin haber más novedades en este momento.

Andalucía ha aceptado los criterios de reparto de los fondos incluidos en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que prevé una inversión de 1.197 millones de euros, pero a la vez ha anunciado que está revisando “jurídicamente” este acuerdo y deja la puerta abierta a la presentación de un recurso. “No estamos de acuerdo con cómo se ha hecho la financiación”, sentido en el que el Gobierno andaluz en funciones señala que la inversión de Andalucía se “multiplica por seis” mientras que la aportación del Estado lo hace por dos.

Esto es así porque el plan contempla que el Ejecutivo central asuma el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante. Pero esto supone que las autonomías tengan que hacer un esfuerzo mayor que en los anteriores planes, en los que aportaban el 25% del presupuesto y el resto lo ponía el Estado. Con la nueva distribución, el Gobierno aportará 718 millones de euros y eso obliga a la Junta a poner sobre la mesa 479 millones de euros.

La decisión se ha tomado en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, en la que por lo pronto la Junta ha aceptado los criterios de reparto de fondos, que supone un 17,10% para Andalucía, el mismo porcentaje que figuraba en planes anteriores. Así lo ha anunciado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz (PP), que –eso sí– ha expresado su “disconformidad” por la “obsesión del Gobierno de España por imponer su modelo de vivienda sin negociación ni consenso con las comunidades autónomas”.

Críticas al modelo de financiación

Todas las comunidades del PP han acabado aceptando el nuevo plan, aunque varias de ellas no descartan recurrirlo ante el Tribunal Supremo. Una de ellas es Andalucía, sentido en el que Díaz ha anunciado que los servicios jurídicos de la consejería están revisando el contenido del plan estatal porque “no estamos de acuerdo con cómo se ha hecho la financiación”, dejando abierta la puerta a la asunción de medidas en este sentido.

La consejera en funciones, asimismo, ha cargado contra el calendario, ya que el nuevo plan “debía estar en marcha desde el 1 de enero” y, sin embargo, “llega con casi cinco meses de retraso”, lo que ha condicionado el desarrollo de las convocatorias y ayudas previstas para 2026. De paso, ha reclamado al Ministerio de Vivienda que aumente su participación económica.

Andalucía recibirá hasta 2030 una inversión total de 1.197, de los que 136,8 millones corresponden a la anualidad del presente ejercicio. El objetivo es desarrollar políticas públicas de vivienda en la región. El compromiso que se adquiere es que al menos un 40% de esos fondos se dedicarán a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.

“Consenso histórico”

Y si Rocío Díaz ha denunciado la falta de negociación, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (PSOE), ha celebrado que el plan supone “una clara muestra” de la “voluntad de diálogo y consenso” del Gobierno central. “Prueba de ese modelo de consenso, diálogo y acuerdo” son las 28 reuniones mantenidas con las comunidades autónomas en torno al contenido del documento, así como los encuentros con entidades, agentes sociales y expertos. Fruto de esos encuentros, se han recibido 365 aportaciones que se han estudiado e incorporado a la redacción final, y hasta el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), ha celebrado el “consenso histórico” entre las comunidades autónomas y el Ejecutivo central.

No lo ve así la consejera en funciones, que ha criticado que “ni siquiera conocemos la valoración del Ministerio de Vivienda sobre las 22 alegaciones que Andalucía presentó en el mes de octubre”. Por eso, ha insistido en que, mientras se aceptan los criterios de reparto de los fondos, se está revisando y estudiando el plan por parte de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía.

De paso, ha cargado contra un plan estatal que considera que está “más preocupado por la foto de una primera piedra o de una entrega de llaves que por ofrecer soluciones reales para el acceso a la vivienda”, en alusión a la advertencia de retirar fondos estatales si no se da visibilidad a la aportación del Ministerio. En ese sentido, ha defendido que “Andalucía siempre ha sido leal, informando en todo momento de las ayudas y promociones”.

Es la primera vez que ocurre en España. Y no ha sido contra Vox, sino contra el gobierno autonómico formado por Coalición Canaria y Partido Popular. Varias organizaciones sociales han demandado al Gobierno de Canarias por endurecer los requisitos de acceso a la vivienda pública, en sintonía con la denominada “prioridad nacional” de la extrema derecha.

Las organizaciones aseguran que esta medida “es ilegal” y confían en que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias les dará la razón dada la cantidad de precedentes judiciales que en toda Europa se han pronunciado contra la medida. Denuncian que se trata de un intento de ocultar las carencias en política de vivienda del gobierno insular ante la falta de vivienda pública.

Así lo han explicado, en la mañana de este martes en rueda de prensa, las organizaciones Derecho al Techo y el Observatorio de Derechos Humanos DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales), a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Canarias.  

El pasado 7 de abril entró en vigor el decreto que modifica los requisitos de acceso a una vivienda de protección oficial pública. El nuevo decreto establece un mínimo de 12 años de empadronamiento en Canarias de forma ininterrumpida. Una medida que para los demandantes “está en línea con la llamada `prioridad nacional´ que las derechas ya están impulsando en otras comunidades, como Aragón o Extremadura, y en varios países de Europa”, y que ya tiene en contra a la justicia europea. 

“Nos encontramos ante un mecanismo que crea barreras estructurales y, por tanto, desvirtúa la noción de vivienda protegida”, afirma Sofía Olivares del colectivo Derecho al Techo. 

“Aunque el presidente de Canarias defiende que en este territorio no hay cabida a la prioridad nacional, la realidad es que este decreto es un ejemplo claro de la prioridad nacional. Nosotros le llamamos prioridad racista, es una prioridad clasista, y es una prioridad abiertamente ilegal”, asegura Miguel Ruiz, abogado e investigador del Observatorio DESCA.  

Estas organizaciones aseguran que el Decreto 23/2026 de 9 de marzo, contiene varias medidas que provocan lo que se denomina “discriminación indirecta”, es decir, que aunque en la norma no se pone de forma explícita que se excluya a un colectivo en particular, el diseño de la medida afecta de forma desproporcionada a un grupo en concreto. Y en este caso las más perjudicadas son las personas migrantes“, aseguran las organizaciones. 

“Esto no es un invento nuevo, ni del Partido Popular, ni de Vox, ni de Clavijo. Esto es un invento del Frente Nacional de la extrema derecha de Francia en los años 80, que lo que tratan es de convertir los derechos en privilegios”, explicaba Miguel Ruiz.

Contra la jurisprudencia internacional

Las organizaciones sociales recuerdan que recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que exigir “un requisito de 10 años para poder acceder a ayudas de servicios sociales era discriminatorio y, por lo tanto, es una jurisprudencia muy reciente que refuerza nuestra posición. Pero esta es una jurisprudencia que lleva desde los años 80 dictando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y los distintos tribunales constitucionales”, asegura el abogado del Observatorio DESCA.  

Se refieren a la sentencia, publicada el pasado 7 de mayo, por la que la Gran Sala del TJUE formada por 15 jueces, considera que Italia había vulnerado el Derecho comunitario al exigir diez años de residencia, para acceder a la renta garantizada de ciudadanía, una prestación de lucha contra la pobreza y reinserción laboral.

En declaraciones a este medio desde el Observatorio DESCA sugieren al presidente Fernando Clavijo que lo consulte con la IA. “Es un caso de manual, de hecho si le preguntas a ChatGPT sabemos que no hay que confiar en ChatGPT, pero es lo primero que te dice, ojo, cuidado, que esto puede ser discriminatorio”, ironizan desde el Observatorio DESCA.  

El decreto canario de acceso a la vivienda pública exige más años de arraigo que lo que se pide para obtener la nacionalidad española. Mientras en Canarias ahora se exige un mínimo de 12 años para acceder a una vivienda pública, en España para obtener la nacionalidad se piden diez años, como tiempo máximo general de residencia legal y continuada. 

Contra la Constitución y el Estatuto de Autonomía 

Las organizaciones afirman que esta exclusión vulnera varios artículos del Estatuto de Autonomía de Canarias y de la Constitución Española, especialmente aquellos referentes al derecho a la igualdad de trato y no discriminación y el derecho a una vivienda digna. 

También señalan que “contradice los propios planes del gobierno canario”, como el Plan de inmigración y convivencia intercultural 2026-2029, que enfatiza “la importancia de garantizar la igualdad de condiciones de todas las personas en el disfrute de una vivienda adecuada, sin discriminación ni segregación”. 

Aseguran que este decreto no solo afecta a las personas migrantes de origen extranjero, “también quedan excluidas las personas de origen canario que vivan en la península y quieran volver”. 

“Irrazonable y discriminatorio” 

Además, califican de “discriminatorio e irrazonable” exigir estar empadronado o trabajar en el mismo municipio de forma ininterrumpida durante cinco años, una condición que perjudica a las personas que, por precariedad laboral y residencial tienen más probabilidades de cambiar de trabajo frecuentemente y tienen que mudarse de un municipio a otro.  

Otra de sus críticas va dirigida contra los nuevos baremos económicos, que también “resultan discriminatorios”. Como la condición de poseer unos ingresos mínimos de entre 12.600 euros y 21.000 euros al año, según la composición de la familia. Según los cálculos del Observatorio DESCA y de Derecho al Techo, a través de los datos publicados por el INE, hasta el 16,8% de las personas inquilinas de Canarias se verían excluidas directamente por este baremo de requisitos económicos. Lo que supone más de 68.144 hogares, independientemente de si son de origen canario o no. 

También critican que el decreto canario excluye a quienes han tenido que ocupar una vivienda. “El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ya ha establecido que los reglamentos que permiten el acceso a las viviendas protegidas y a los servicios sociales no pueden estigmatizar a la población más vulnerable y que las conductas de estas personas que ocupan porque no hay un parque público de vivienda suficiente no puede ser una excusa para castigarlas”, explica Miguel Ruiz del Observatorio DESCA.

“Miseria Nacional”

Derecho al Techo y el Observatorio DESCA consideran que los requisitos que exige el gobierno canario “constituye más bien una ´miseria nacional´ y que se trata de un intento de ocultar las carencias en política de vivienda ante la falta de vivienda pública”, con el precio del alquiler disparado, la expulsión de residentes de las ciudades, y el “secuestro de la oferta de vivienda por parte del sector turístico”, añaden.

Estas organizaciones sociales apuestan por una “prioridad habitacional”, con una serie de medidas que “sí funcionan y no dejan a nadie fuera”, como: la ampliación y blindaje del parque de vivienda protegida, “ya sea con la cesión de solares a promotoras o el uso del tanteo y el retracto”, imponer impuestos a los pisos vacíos de bancos y fondos buitre; prohibir las viviendas de uso turístico para que retornen al mercado residencial, unas 50.000 viviendas en 2025, o limitar las compras de viviendas por parte de inversores con intenciones especulativas. Y por supuesto, regular los precios del alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas. 

“Hay un montón de viviendas vacías en manos de fondos buitres, a los que hay que penalizar de una vez por todas. Y, por supuesto, hay una medida que la pueden aprobar mañana, que es: limitar los precios de alquiler, declarando zonas tensionadas. Esto está solicitado incluso por algunos ayuntamientos como el de Las Palmas de Gran Canaria”, explica Isabel Saavedra, abogada del colectivo Derecho al Techo. 

Ambas organizaciones instan al Gobierno de Canarias a ser “más valiente y ambicioso con las políticas públicas” para abordar el problema de la vivienda en Canarias “sin dejar fuera precisamente a quienes más lo necesitan”.

Esta demanda puede tardar un año en resolverse. El abogado del Observatorio DESCA ha explicado que el recurso tiene una tramitación preferente porque el decreto ya está en vigor, y afecta a todas las personas que quieran acceder a una vivienda protegida, “por lo tanto, el Tribunal Superior de Justicia le va a tener que dar preferencia, pero esto puede tardar incluso un año en tener una resolución final”. 

Aunque aseguran que tienen “plena confianza” de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias les vaya a dar la razón por la amplia jurisprudencia que ya existe, recuerdan que todavía podrían acudir “al Tribunal Supremo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al Tribunal Constitucional”, y aseguran que incluso podrían llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

La angustia pasea con distintas formas por los cuerpos de las 5.000 familias a las que Brookfield pretende echar de los pisos que ha comprado a Blackstone por 1.000 millones en Madrid para venderlos. Primero, sufrieron por dejar de vivir con alquileres sociales (de unos 500 euros la mayoría) cuando en 2013 el fondo los compró al Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella (1.850), a la Comunidad y a otros municipios como Alcorcón, Getafe o Torrejón de Ardoz. Luego, por las subidas brutales de los alquileres en cada nuevo contrato, al ritmo que marcaba el mercado, casi siempre con precios cercanos a los 1.000 euros. Ahora, se enfrentan a la amenaza de expulsión porque el nuevo propietario con el que no consiguen hablar quiere venderlos uno a uno. Centenares de ellos están organizados por el Sindicato de Inquilinas y se niegan a abandonar sus casas. 

La situación que atraviesa a las familias condensa todas las aristas de la crisis de vivienda: pérdida de vivienda pública para conseguir liquidez en pleno estallido de la burbuja, subida asfixiante del alquiler, pérdida del derecho a compra, cláusulas abusivas con el cobro de extras como la comunidad o el IBI, falta de mantenimiento e interlocución, lucro de fondos sin rostro como Blackstone, que ha conseguido el triple de lo que pagó en solo 13 años con inversiones escasas. Lo próximo será un masivo desahucio invisible, como se conocen las expulsiones que se ejecutan sin orden judicial, mediante fuertes subidas de precio o finalizaciones de contrato sin opción a renovación por decisión unilateral del dueño.

El silencio de Brookfield

Los fondos no tienen rostro no porque no se conozca a sus responsables —Bruce Flatt es el CEO de Brookfield desde hace 25 años y Alfredo Zamarriego su responsable en España—, sino porque nadie da la cara ante los medios o explica nada a los inquilinos sobre el cambio, aunque varios de ellos se concentraron ante la sede de Fidere (la socimi de Blackstone en España que se ha vendido a Brookfield con los pisos) el pasado 28 de abril pidiendo explicaciones. “Para hablar sobre los contratos, nos remiten a un asistente virtual”, relatan varios vecinos, que lamentan que la relación cada vez es menos humana y menos eficiente desde hace ya unos años. 

Rafa, uno de los vecinos del PAU de Carabanchel (Programa de Actuación Urbanística) más implicados en la movilización, resume así la incertidumbre ante la falta de respuestas: “Yo prefiero que me digan que me tengo que ir a que me tengan así. Conseguimos hablar con el vicepresidente de Brookfield tras la junta y nos dijo que no nos podía decir nada, que esto lo llevan desde Londres”, explica el vecino, implicado en el Sindicato de Inquilinas de Madrid que ha liderado la lucha contra Blackstone y apunta ahora a Brookfield.

Desde Londres, Brookfield prometió a elDiario.es contestar a las preguntas planteadas a principios de la semana pasada. Cuestiones como si existía algún criterio ético que pudiera evitar esta operación o cómo y cuándo pretenden ir vaciando los pisos de inquilinos para poder venderlos, que es su objetivo, o qué pasará con los contratos que vencen estos días y que se han agarrado mediante burofax a la prórroga temporal aprobada por el Gobierno que después decayó en el Congreso. A final de semana, la respuesta es una no respuesta por parte del director de comunicación: “Declinamos hacer comentarios”. Fuentes del sector aseguran que respetarán los contratos vigentes y que después venderán una a una las viviendas, sin más . 

En Madrid, en cambio, no cuesta nada que una decena de vecinos den la cara y sus nombres para explicar los múltiples rostros de la angustia que les genera esta crisis, que se cuela en sus cuerpos como un gusano y hace tiempo que ha hecho saltar por los aires su concepto de hogar, muy lejos ya de ser ese lugar de seguridad y paz donde uno construye su plan de vida. 

En Cristina, Marta, Pili madre, Pili hija, Leyre, César, Rafa, Fanny, Olga, Estrella o Mari Carmen se acumulan algunas de estas miles de precariedades cocinadas por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y ejecutadas por Blackstone y Brookfield. 

Subidas de alquiler y nuevas exigencias

A Cristina López, que vive sola y tiene 58 años, el contrato de alquiler le vence ya el mes que viene. Testa Homes, la gestora que gestiona los pisos que Blackstone acaba de vender a Brookfield y que será sustituida por Clikalia, le envió un correo en enero que le instaba a pagar 1.065 euros al mes si quería firmar un nuevo contrato, además de 107 euros al mes de comunidad que hace tiempo que la empresa no justifica. Son 200 más de los que paga ahora y casi el triple que cuando entró con el piso de alquiler social, en 2011, cuando abonaba 450 euros y que en 2019 pasaron a ser 600.

Pero la cosa no acaba en pagar un 250% más que cuando llegó. Pese a llevar en el piso 15 años, le piden ahora una nueva fianza adaptada al nuevo precio y un certificado de solvencia económica que demuestre que tan solo destinará el 37% de su sueldo al alquiler. Pero Cristina, que es técnico especialista en educación en un instituto, cobra 1.600 euros y no los 3.000 que le piden. 

“Eso son desahucios invisibles”, sentencia sin dudar Olga, otra vecina, aclarando que se ha repetido con otros residentes la petición de certificados de solvencia y nuevas exigencias económicas. Incapaz de cumplir los requisitos, Cristina se aferró a la solicitud de prórroga del alquiler enviando un burofax, pero no ha habido ni respuesta particular ni un posicionamiento de Brookfield sobre qué hará con las peticiones de prórroga. “Mi vida es una angustia, un caos, lo único bueno es que tengo contrato fijo, pero ¿adónde me iría con mi sueldo?”, se pregunta Cristina. 

Agarrarse a los pisos de Brookfield, antes de Blackstone, no es una cuestión sentimental. Incluso cuando están a precios equiparables al mercado, da miedo abandonarlos ante la imposibilidad de encontrar algo al mismo precio o de cumplir los requisitos necesarios para un nuevo alquiler. Son 5.000 familias que pueden quedar prácticamente expulsadas del mercado de la vivienda, posibles víctimas del hacinamiento en habitaciones (que también se da ya en algunos pisos de los bloques del Pau de Carabanchel). 

Cláusulas abusivas y derecho a compra

A sus 11 años, Leyre corrige a su abuela, Pili, cuando relata su historia particular. Se la sabe de sobras a su temprana edad. “Cuando sea mayor, seré abogada para que no te echen”, afirma con gracia. Vive con ella y con su madre, también Pili. Esta familia, con todo, se considera en parte privilegiada, ya que le renovaron contrato hasta 2032 a cambio de retirar la demanda contra Blackstone por negarles a ella y otras familias el derecho a compra de los pisos.

Es otra de las subtramas de este conflicto. En abril del año pasado, el Supremo falló en contra del derecho a compra que 40 inquilinos de los pisos de Blackstone habían reclamado recuperar tras la negativa del fondo, pero unos meses antes el mismo Supremo había reaccionado al revés, a favor del movimiento de inquilinos. El fondo usaba las renovaciones del alquiler para forzar a que otros inquilinos retiren las denuncias por este motivo: si no lo hacen, la renovación se complica. Otros inquilinos denunciaron también sin suerte al fondo por las cláusulas abusivas como el IBI, el seguro del piso o la comunidad. 

Mientras muchos se organizan para combatir al fondo y vislumbran un más que probable desahucio invisible cuando finalice contrato, la incertidumbre pesa entre quienes tienen un contrato a punto de expirar, aunque la prórroga extraordinaria les ha dado un respiro. Es el caso de Fanny, con cáncer de mama y 52 años, que recibió en marzo una carta de Testa Homes diciéndole que no renovará con las mismas condiciones (un alquiler que se disparaba a los 937 con las cláusulas). “Se me comía ya casi todo el sueldo”, dice esta enfermera en una residencia con un salario de 1.200 que está reducido desde que está de baja. 

Para saber cuáles eran las nuevas condiciones, Fanny tenía que pedir un borrador del nuevo contrato por el asistente virtual de Testa Homes, pero la web no funcionaba y por teléfono no le atendían. Así que, entretanto, se aferró al burofax de la prórroga extraordinaria en la que confía para quedarse al menos un par de años en el piso. “Aparte del cáncer, me estoy tratando por problemas de salud mental. Y a mi hijo le ha dado un bajón y no puede estudiar”, cuenta. 

Los vecinos coinciden en que la piscina que pusieron hace un año ha servido de excusa para encarecer los precios y cobrar más comunidad sin justificar el gasto. Pero como no hay propietarios, no existen las reuniones de vecinos y la empresa decide unilateralmente. Tampoco da cuentas de los gastos. El ascensor ha estado hasta un mes o más averiado y el teléfono de incidencias no es eficaz. “Y a mí, que vivo en un cuarto y tengo un problema en las piernas, me ha tocado estar un mes sin salir de casa”, cuenta un vecino. 

Es el mismo silencio impersonal que se encuentran ante el cambio de propietarios y el futuro cercano. Intuyen que se tienen que ir porque los medios informan que los pisos se venderán uno a uno. Ni la Comunidad de Madrid, ni el Ayuntamiento, ni el Gobierno de España han acudido a las peticiones de rescate. Pidieron expresamente a Casa 47 que comprara los pisos, pero el primer presupuesto de compra para vivienda vacía de fondos de inversión era 10 veces menor que el coste de los bloques, de 100 millones. Además, Casa 47 prioriza la vivienda vacía para dedicar al alquiler social. Si nadie actúa, será el mayor desahucio invisible de la historia y un nuevo oscuro episodio de la trágica historia reciente de la vivienda en nuestro país. Blackstone, entretanto, se habrá embolsado más de 1.500 millones desde la compra, entre la venta a Brookfield y los alquileres cobrados estos 13 años, a costa del sufrimiento de los vecinos.

Hay más de 34.000 demandantes de vivienda social en Canarias. Mientras, el gobierno autonómico entrega a cuenta gotas las poquísimas casas de promoción pública que construye, 24 en los últimos tres años. Prometen que habrá más, pero ahora quienes soliciten una de estas viviendas tendrán que demostrar que residen en las islas, como poco, desde hace 12 años.  

Distintas asociaciones y plataformas por el derecho a la vivienda acusan de “discriminatoria e ineficaz” la nueva regulación por la que se accede a las viviendas de promoción pública en Canarias. Piden que se paralicen los desahucios, que las administraciones pongan a disposición “muchas más viviendas sociales públicas” y critican “las exigencias y burocracia” de la nueva normativa. 

Ya se están desplegando los primeros efectos del polémico Decreto 23/2026 que regula en Canarias el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y el sistema de adjudicación de viviendas de promoción pública, en vigor desde el pasado 7 de abril. 

Desde 2007, la vivienda pública se adjudicaba por sorteo entre quienes cumplieran el requisito de residencia de 7 años. Ahora, es un sistema de baremación basado en criterios sociales, como que los ingresos que no superen los 21.000 euros anuales para la vivienda de promoción pública, o los 42.000 euros para viviendas de promoción privadas. Sólo podrán registrarse quienes lleven un mínimo de cuatro años residiendo en las islas. Pero además, los demandantes de vivienda pública tendrán que demostrar un arraigo de 12 años de residencia continuada en Canarias, o 15 en el caso de residencia discontinua. Además, hay que tener cinco años de residencia o vinculación laboral en el municipio donde se ubique la vivienda. 

De este modo, Canarias se ha convertido en la primera región española que exige residencia fija en la comunidad autónoma. Y este es uno de los aspectos más polémicos de la nueva normativa. 

Una normativa polémica

Para el Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura el reglamento de acceso es “extremadamente exigente para la gente trabajadora con menos recursos, que es para quien debería ser la vivienda protegida”. Califican la medida de “electoralista”, y señalan que se ha hecho “bajo la falsa premisa de los canarios primero”. Explican que si el actual gobierno “de verdad piensa en los canarios y canarias, que intervenga de una vez el mercado inmobiliario y facilite el acceso a una vivienda digna a todos, independientemente de sus dineros en el banco”. 

Para la plataforma Derecho al Techo de Gran Canaria, lo único que se está consiguiendo es “burocratizar más la vulnerabilidad para intentar reducir las listas de espera de acceso a la vivienda pública, con un gravísimo riesgo de exclusión silenciosa. Se está demostrando que el problema central sigue intacto, y es la falta de vivienda pública”, aseguran. 

En el mismo sentido el Sindicato de Inquilinas de Tenerife considera que la parte de la población que no cumple con los nuevos requisitos del Gobierno de Canarias “quedan directamente discriminadas”. Y asegura que así serán menos personas para “competir por la insuficiente cantidad de vivienda pública que hay y habrá”, sentencian. 

Un decreto contra los Derechos Humanos

Desde el Observatorio de Derechos Humanos DESCA afirman que el decreto del Gobierno de Canaria va contra el derecho de igualdad de trato y a la no discriminación. “A nivel jurídico el decreto incumple casi cualquier tratado internacional en materia de Derechos Humanos, incluso la Constitución Española y el propio Estatuto de Autonomía de Canarias”, asegura Miguel Ruiz, abogado e investigador del Observatorio DESCA.  

Todas estas organizaciones señalan que este decreto perjudica a las personas migrantes “ya de por sí vulnerables”. Para el Observatorio DESCA esta normativa es “propia de gobiernos de extrema derecha que piden la prioridad nacional”. Y aseveran que esta normativa discrimina por “prioridad de origen y de clase”.

“En general este decreto tiene ganas de excluir, de discriminar y de reducir a muchísima población. Y aboca a una situación de sinhogarismo. Luego lamentamos que haya personas sin hogar, pero la propia normativa ya las está condenando a ellas”, asegura Ruiz.

Prioridad de vivienda para ricos

Aunque vivimos en un contexto social de emergencia habitacional, Canarias ha ascendido hasta el “Olimpo inmobiliario del lujo”. Según un reciente informe publicado por la red inmobiliaria The Simple Rent, las islas concentran aproximadamente el 12% del mercado de lujo nacional. Canarias es la tercera comunidad autónoma de España donde más residencias de lujo se venden. Sólo por detrás de Baleares y Madrid, y por delante de la Costa del Sol. 

Desde el Observatorio DESCA señalan que el Gobierno canario está “disfrazando el problema de que es una cuestión de prioridad nacional, está comprando el discurso a PP y Vox. Entonces, están dando prioridad solo para los ricos”, aseguran. 

Explican que el sentido del decreto va encaminado a legislar “contra la gente migrante pobre, pero a la rica se la sigue favoreciendo o no se actúa absolutamente en nada para evitar la especulación de la cual se benefician”.

Cómo solucionar el problema de vivienda

Javier Marrero de la plataforma Derecho al Techo sostiene que “seguimos sin un cambio de paradigma en la política de vivienda”. Considera que las administraciones canarias están ocultando lo que realmente hay que acometer, como: una “ampliación masiva y urgente del parque público y social de vivienda, aplicar la ley de vivienda y declarar zonas tensionadas regulando los precios de los alquileres, limitar e inspeccionar la vivienda vacacional en áreas residenciales, y movilizar inmediatamente las vivienda vacías de grandes tenedores”. 

“En las zonas turísticas, la vivienda está secuestrada, y se tiene que prohibir”, afirman desde el Observatorio DESCA. Miguel Ruíz recuerda que en Cataluña se han extinguido las licencias turísticas hasta 2028. “Nada más se permiten viviendas turísticas en aquellos municipios que garanticen que no tienen ningún problema de vivienda”, y recuerda que ahora mismo no hay ninguno. Tampoco los hay en las islas.

Ruíz explica que en esta situación de emergencia residencial, “como así lo ha establecido por decreto el Gobierno de Canarias, se tiene que limitar esta situación”. Y señala que el gobierno canario también dijo que “iba a limitar las compras de no residentes. Esto jurídicamente es viable, con Observatorio lo estudiamos en su momento”, apunta. 

Además de blindar el parque público de vivienda, las soluciones pasarían por “movilizar el suelo”. También proponen que el gobierno autonómico “debe establecer un tanteo y retracto de la mayoría de operaciones que se hagan en materia de vivienda, para poder comprar viviendas a bajo precio”. 

Todos coinciden que la principal medida sería topar los alquileres, “cualquier persona sensata lo haría”, afirman desde el observatorio DESCA, y recuerdan que en Cataluña esa medida ya está en marcha con éxito. “Aunque no se ha solucionado la crisis de viviendas, para las 230.000 familias que viven de alquiler en Metropolitana, está funcionando”.

Otra medida mencionada sería “poner impuestos a las viviendas vacías”. Ruíz explica que no hace falta que se a todas las viviendas vacías, sólo con gravar las de los grandes tenedores, “SAREB, fondos de inversión, fondos buitre, recauda normalmente entre ocho o nueve millones de euros al año. Que no soluciona el problema de vivienda, pero bueno, se pueden comprar muchas viviendas. Se pueden comprar edificios enteros”, concluye.  

La conclusión de todos los colectivos mencionados es legislar con “políticas públicas valientes contra la especulación”. O como dice el mandato constitucional: “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.