Diversas entidades por el derecho a la vivienda se han concentrado este martes por la tarde en el solar de la calle Llull 355, en Barcelona, para protestar contra la “privatización de la vivienda protegida”. Este amplio espacio vacío acogerá próximamente una promoción que correrá a cargo de la constructora Corp, que será la misma que edificará otros dos edificios en el mismo barrio. Entre todas, sumarán más de 400 Viviendas de Protección Oficial (VPO), casi la mitad de las que actualmente el Ayuntamiento tiene adjudicadas o en proceso de adjudicación.

Corp, una constructora a la que la justicia ha anulado recientemente una promoción de pisos de lujo, salió vencedora de la licitación pocos meses antes de que el consistorio presentara otros dos concursos abiertos a operadores privados para construir 600 viviendas más. Todo ello, según las entidades concentradas, supone un “proceso privatizador en medio de una emergencia habitacional grave”. Consideran que el hecho de que las promociones se estén adjudicando a promotoras privadas “favorece los intereses de la patronal inmobiliaria, asegurándoles beneficios astronómicos”.

Este tipo de promociones dedicadas a vivienda protegida suponen la cesión del terreno y la finca gratis durante 30 años y cuentan con subvenciones y financiación públicas que cubren el 100% del coste de construcción, según estimaciones del propio Ayuntamiento. La administración también ha calculado que los beneficios que Corp puede sacar de un solar como el de Llull ronda el 11% anual. Con todo, las entidades convocantes -la XES, el Observatorio DESCA, la PAH, el Sindicat de Llogateres, la FAVB, Habicoop y organizaciones juveniles de UGT y CCOO- han calculado que los beneficios de estas constructoras pueden rondar los 600 millones.

“Son beneficios estables y crecientes, ya que los alquileres aumentarán de la mano del IPC, todo ello en base a fondos públicos”, apuntan desde la XES. Esta entidad se muestra de acuerdo en que la prioridad es construir vivienda pública y protegida, pero considera que es una “contradicción” que la misma se encargue a empresas privadas. “Si el Ayuntamiento no tiene capacidad para construir en suelo público, se debería encargar la gestión y la edificación a entidades sin ánimo de lucro”, apuntan desde la Federación de Cooperativas de Vivienda. “No tiene sentudi que estemos pensando en regular el uso social de la vivienda en suelo privado, pero se impulse la privatización en el suelo público”, remachan.

En esta línea, las entidades convocantes lamentan que las cooperativas de vivienda sólo han conseguido la adjudicación -todavía sin confirmar- de 200 VPO, lo que para los convocantes es un “agravio” y una “irresponsabilidad”, además de una vulneración del convenio ESAL, un pacto con el consistorio que establece que las cooperativas construirían y gestionarían 1.000 viviendas.

Que el peso de la balanza caiga del lado de las promotoras privadas, según alertan desde la PAH, “desplaza la función social de la vivienda”, lo cual es “especialmente grave” al tratarse de VPO, que están destinadas a “familias vulnerables sin más alternativa”. Lamentan que la administración esté cediendo el suelo público a empresas privadas que gestionarán estos pisos durante 99 años y recuerdan que cuando los operadores privados han sido las encargadas de VPO “los derechos de las inquilinas se han visto perjudicados”.

En esta línea, han recordado lo sucedido en hasta 34 promociones de vivienda protegida gestionadas por La Caixa, en las que los vecinos denunciaron falta de mantenimiento en los edificios, subidas de precio injustificadas, no renovación de contratos, expulsiones y cobro de cláusulas abusivas. Estos edificios fueron construidos por la Obra Social La Caixa entre 2002 y 2012 y por los que cobró más de 25 millones de euros en subvenciones.

Este caso dio paso a una campaña que vino a demostrar que el banco inició “prácticas especulativas feroces” en cuanto hubo recuperado la inversión inicial y los pisos pasaron a estar en una fase en la que la normativa le permitía vender o alquilar a precios “estipulados”, pero sin obligación alguna de tener las viviendas ocupadas.

“El resultado aumentó el patrimonio inmobiliario de La Caixa, que ha terminado desligándose de las consideraciones de accesibilidad y protección social con la que en su día se justificaron las ayudas con dinero público”, denunciaron en su momento desde el Sindicat de Llogateres, entidad que acompañó a las vecinas afectadas.

Es cierto que actualmente esta situación no se podría repetir ya que, desde 2019, todas las viviendas de promoción pública en Catalunya mantienen la protección de forma indefinida, pero las entidades convocantes alertan de que “los operadores privados todavía pueden encontrar maneras de maximizar beneficios”, y apuntan a posibles cláusulas abusivas o la desinversión en el mantenimiento.

En este sentido, ponen la vista en el Plan Estatal de Vivienda, que también se ha presentado este martes y que, entre otras cosas, pretende blindar la VPO para siempre. “El Gobierno dice que ni un euro de este plan va a ir a parar a la especulación, pero eso es mentira si se cede el suelo público a grandes corporaciones inmobiliarias que se dedican a las viviendas de lujo”, alertan desde el Sindicat de Llogateres.

Por ello, los organizadores de la concentración exigen al gobierno municipal que pare los concursos abiertos -a los cuales han anunciado que presentarán enmiendas- y que destine ese suelo a entidades sin ánimo de lucro en el marco del convenio ESAL. “Es un cambio de paradigma: hay que dejar de usar estos pisos como anzuelo para la iniciativa privada. La solución a la crisis pasa por desmercantilizar la vivienda”.

Organizaciones sociales como Facua Andalucía, CCOO-A, UGT-A, la Red Vecinal Andaluza, la PAH y la Plataforma por la Ley Integral de Barrios Vulnerables han registrado en el Parlamento de Andalucía una iniciativa legislativa popular (ILP) para promover el derecho a una vivienda diga y asequible en la comunidad y “garantizar el derecho efectivo”.

De esta manera, desde Facua han subrayado que la Iniciativa Legislativa Popular se configura como una “respuesta de la sociedad civil frente a la situación de emergencia habitacional” que sufre la comunidad autónoma de Andalucía y de la urgencia de que se configuren políticas públicas para lograr que la vivienda vuelva a cumplir una función social que actualmente no tiene. Así, se ha generado una brecha entre su precio y la capacidad económica de los ciudadanos.

En Andalucía, los datos señalan que las familias deben destinar cerca del 40% de sus ingresos para poder acceder a una vivienda. En este marco, la ILP plantea el reconocimiento de la vivienda como un derecho subjetivo exigible y un servicio de interés general alejado de las dinámicas del mercado y la especulación, para “revertir así un modelo que ha convertido este derecho en un mecanismo de extracción de rentas”.

Intervenir de forma directa el mercado

En esta línea, el texto incide en la necesidad de intervenir de forma directa el mercado con la finalidad de frenar la escalada de precios. Así, introduce la declaración obligatoria de zonas tensionadas, la limitación de los precios del alquiler y la compra en función de la capacidad económica de los hogares y el establecimiento de mecanismos específicos para controlar la actuación de los grandes tenedores de vivienda.

La ILP también recoge medidas destinadas a frenar la proliferación de las viviendas de usos turísticos o la acumulación de viviendas vacías, como la limitación de licencias turísticas, la creación de registros de vivienda desocupada, la imposición de un canon específico para incentivar la movilización del parque inmobiliario y el impulso de la vivienda protegida y un parque público de vivienda.

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha explicado que el objetivo primordial de la propuesta es “romper con la inercia de las políticas que benefician a las grandes constructoras y fondos buitre para centrarse en las necesidades de la mayoría social”. “Esta ILP ha sido diseñada para atender a la ciudadanía y resolver los conflictos habitacionales en el corto, medio y largo plazo”, ha indicado.

Blindar el parque público de vivienda

Asimismo, la dirigente sindical ha detallado que la propuesta incluye “un paquete de ayudas inmediatas para la juventud y los colectivos más vulnerables, además de un plan estructural para ampliar, proteger y blindar el parque público de vivienda protegida frente a la especulación inmobiliaria”.

“Exigimos que se mire a la cara a los andaluces y las andaluzas para solucionar su problema de acceso a la vivienda construyendo en nuestra tierra un derecho real y efectivo para las familias trabajadoras y para muchos jóvenes de nuestra tierra”, ha añadido. Además, López ha ratificado que la ILP cuenta con una memoria económica sólida para asegurar su cumplimiento efectivo por parte del Gobierno andaluz.

Al respecto, ha indicado que “la norma propone la creación de un fondo de recursos públicos que se nutrirá de los presupuestos de la comunidad autónoma y de la recaudación de los impuestos generados por la actividad de la vivienda en la región, gravando especialmente a los grandes propietarios”.

López ha criticado también los efectos de la masificación turística y la turistificación que, según ha advertido, “están provocando el desahucio de los vecinos de sus propios barrios y dificultando el acceso de los jóvenes a un hogar digno. Para paliar esta situación, reclamamos la implantación de una tasa turística autonómica que garantice que quienes visitan Andalucía contribuyan a sufragar el derecho a la vivienda de las familias”.

Un modelo insostenible

La líder andaluza de CCOO ha instado a los grandes operadores turísticos a comprender que el modelo actual es insostenible para quienes residen en las ciudades andaluzas y ha añadido que “es fundamental que los visitantes entiendan que tienen que pagar para que las personas que estamos aquí, para que nuestros hijos e hijas puedan tener una vivienda y puedan vivir con dignidad”.

En ese sentido, la dirigente sindical ha exigido un compromiso real con las personas trabajadoras frente a los intereses especulativos. Por ello, ha animado a toda la ciudadanía andaluza a participar activamente en la recogida de firmas para que esta propuesta llegue al Parlamento autonómico.

Finalmente, la secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía, Maribel Román, ha subrayado la necesidad de “equilibrar la situación actual del mercado de la vivienda”, enmarcando que, aunque se trata de un bien patrimonial, “es fundamental dar un giro de 180 grados para situar la vivienda como un elemento esencial para cualquier proyecto de vida”.

Román ha advertido de que muchas familias destinan actualmente más del 30% e incluso del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda, lo que compromete seriamente su estabilidad económica. En este sentido, ha defendido que “es imprescindible una intervención integral de las administraciones públicas para construir más vivienda, pero, sobre todo, que sea accesible”, garantizando que las unidades familiares no tengan que dedicar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca.

Un servicio de interés general

Asimismo, ha incidido en la necesidad de actuar sobre los factores que tensionan el mercado, apostando por “poner límites a la proliferación de viviendas turísticas, movilizar las viviendas vacías y dotar de instrumentos financieros eficaces, como el Fondo Andaluz de Garantía Habitacional, que permita equilibrar la situación actual”.

Por ello, tal y como ha subrayado, la ILP plantea un cambio de paradigma en las políticas de vivienda al considerar este derecho como un servicio de interés general y no como un mero bien de mercado. Desde esta perspectiva, la propuesta sitúa el derecho a la vivienda en el centro de la acción pública y establece como objetivo prioritario garantizar que su coste no supere el 30% de los ingresos familiares.

Entre las principales medidas recogidas en la iniciativa se encuentra el refuerzo de la función social de la propiedad, priorizando el interés general frente a dinámicas especulativas, así como la declaración de zonas tensionadas donde sea necesario para intervenir en el mercado y contener los precios.

Asimismo, la ILP contempla el impulso decidido del parque público de vivienda, el incremento de la reserva de suelo para vivienda protegida y la puesta en marcha de mecanismos para movilizar viviendas vacías, favoreciendo su incorporación al mercado con fines sociales.

Protección frente a los desahucios

La propuesta también incluye la regulación del uso turístico de la vivienda, con el objetivo de evitar la expulsión de vecinos y vecinas de sus barrios, así como el desarrollo de medidas de protección frente a los desahucios, garantizando alternativas habitacionales para las personas afectadas.

Como “elemento clave”, la iniciativa plantea la creación de un Fondo Andaluz de Garantía Habitacional que permita dotar de financiación estable a las políticas públicas de vivienda y asegurar su eficacia a medio y largo plazo.

Las organizaciones promotoras han destacado que esta ILP pretende dar una respuesta estructural a la crisis habitacional que atraviesa Andalucía, reforzando el papel de las administraciones públicas y garantizando el acceso a una vivienda digna como un derecho efectivo.

El técnico de la delegación territorial en Alicante de la conselleria valenciana de Vivienda que tramitó y visó la adjudicación de las viviendas públicas investigadas en la Playa de San Juan y que dio una a su pareja sentimental confesó a su superior, una vez destapado el escándalo, que lo sentía y que la había “cagado”.

Así lo ha trasladado el director territorial de la conselleria, Juan Manuel Galbis, a la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante que investiga el escándalo este miércoles en la primera ronda comparecencias de testigos relacionados con los expedientes de las 140 viviendas de protección pública (VPP) de la promoción Les Naus.

“Lo siento, la he cagado y asumiré toda la responsabilidad” es lo que dijo textualmente este funcionario, que fue expedientado por Vivienda aunque ya se ha reincorporado el pasado lunes, a Galbis cuando el caso saltó a los medios de comunicación y este le preguntó por la aparición del nombre de su pareja entre las 140 personas beneficiarias, según ha contado a los periodistas a la salida del juzgado el abogado de la acusación popular que ejerce Ciudadanos (Cs), Eduardo García-Ontiveros.

Este funcionario era el responsable único de todos los expedientes de las viviendas después de que fuera él mismo quien se adjudicara, por propia iniciativa, esa responsabilidad para tramitar y visar en exclusiva las peticiones de viviendas públicas en Les Naus.

Además de Galbis, este miércoles han declarado como testigos la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante, Concepción Morillas, y el secretario territorial adjunto del mismo departamento, Vicente Caturla, en un procedimiento en el que están personada como acción popular tanto Ciudadanos como el PSPV-PSOE, junto a la Fiscalía Anticorrupción.

García-Ontiveros ha adelantado que pedirán la declaración de este técnico funcionario de Vivienda, cuya mujer fue “agraciada” con una de las casas, para que “explique lo ocurrido” y ha añadido que es pronto para saber la fecha de su comparecencia.

La normativa, un coladero

El relato de los tres testigos que han declarado hoy conjuntamente ha sido “clarificador” y ha reflejado, según el letrado, que “la normativa actual de la vivienda pública es un coladero” para situaciones como la de la Playa de San Juan de Alicante ya que “el que adjudica realmente es el promotor sin ningún tipo de normativa que obligue a la administración” a hacer cumplir los requisitos.

“Se abre un abanico enorme y un coladero para que los promotores hagan cosas que no tienen que hacer”, ha proseguido antes de comentar que los tres testigos han informado de que no revisaban los expedientes porque para eso estaba precisamente el funcionario sancionado encargado de los trámites y visados, y en el que confiaban “porque lleva trabajando más de 20 años”.

Las próximas declaraciones, el día 24

La próxima cita en este procedimiento será el próximo 24 de abril cuando declaren como testigos el resto de funcionarios de la delegación territorial de Vivienda, un total de cinco, que han participado en la revisión de los expedientes tras destaparse las presuntas irregularidades.

El “escándalo” de Les Naus, en palabras del propio Luis Barcala, alcalde del PP, ha provocado una intensa tormenta política en el ayuntamiento de Alicante con varias dimisiones, entre ellas de la concejala de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, la directora general municipal María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino han adquirido una VPP, y también del jefe de gabinete de la conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Miguel Ángel Sánchez.

También varios funcionarios han sido apartados o han sido objeto de apertura de expediente, como dos técnicos de Urbanismo en un caso en el que, además del Cs y PSPV-PSOE, ha pedido personarse el sindicato Manos Limpias aunque aún se encuentra pendiente de que la Audiencia Provincial de Alicante resuelva un recurso contra la decisión de la magistrada de exigirles la presentación de una querella para ser parte del procedimiento.

El Ayuntamiento de Santander ha adjudicado este viernes las 70 últimas viviendas protegidas de las 281 que conforman el sector 1 en El Alisal, en un tercer sorteo con el que culmina la mayor adjudicación de vivienda pública desarrollada en la ciudad hasta la fecha.

De las 70 viviendas que se han sorteado, 32 son en régimen de venta y 38 en alquiler con opción a compra, con cupos específicos para jóvenes, 20, y personas con discapacidad, 5.

A este último lote, según ha informado la alcaldesa, Gema Igual, en un encuentro con los medios, se habían presentado un total de casi 13.000 personas, entre las que había 5.284 menores de 35 años y 1.078 personas con discapacidad.

Las personas a las que les ha tocado la compra deberán pagar entre 130.000 y 180.000 euros más IVA, mientras que los que estén en régimen de alquiler con opción a compra pagarán al mes entre 475 y 600 euros, dependiendo en ambos casos, del tamaño del piso que se les ha adjudicado.

Y es que, en este nuevo lote, que se espera entregar en la primavera de 2027, habrá viviendas de una, dos y tres habitaciones, aunque de una habitación tan solo se ha sorteado una.

Según la alcaldesa, se trata de viviendas a unos precios “muy por debajo del mercado”, un 46% inferior al de la vivienda libre, construidas con materiales “de gran calidad”, garaje, trastero y la máxima calificación energética.

Igual ha destacado el impacto de esta iniciativa y el interés demostrado por los ciudadanos, que “estimula al Ayuntamiento a seguir trabajando en generar más viviendas a precio asequible y sorteándolas entre los vecinos que más las necesitan”.

La alcaldesa ha señalado que el Ayuntamiento de Santander ha hecho realidad 1.204 viviendas, construidas y entregadas, y ha promovido “el mayor parque de vivienda protegida en alquiler que existe en Cantabria”.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la Declaración de Interés Autonómico y de Interés General del Plan 'Ciudad Jardín Ecológico‑Deportiva Los Baños‑Teruel'. El proyecto, promovido por Habitalia Teruel, empresa perteneciente al Grupo Térvalis, contempla la construcción de 1.050 viviendas, de las que más del 69% serán de protección pública (725) y el resto libres (325).

Con una inversión estimada de 165 millones de euros, el proyecto se ejecutará en fases durante un periodo de entre 10 y 15 años, comenzando con una primera etapa que permitirá urbanizar y edificar al menos 250 viviendas. Los trabajos comenzarán inmediatamente después de recibir las licencias urbanísticas correspondientes.

El hecho de tramitarlo como DIGA exime al promotor de pagar el Impuesto de Construcción, Instalaciones y Obras (ICIO), mientras que el proyecto de 970 viviendas impulsado por el Ayuntamiento de Teruel, cuya alcaldesa es también del PP, como el gobierno de Azcón, no recibirá el mismo tratamiento.

La portavoz en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha justificado el “acompañamiento” del proyecto privado para facilitar su celeridad. “Es una cuestión de desarrollar un proyecto global y facilitar la llegada de trabajadores ligados a los proyectos empresariales anunciados en la provincia” y ha asegurado que el ayuntamiento turolense es conocedor del mismo “porque hay un principio de funcionamiento de este gobierno y es el respeto entre administraciones, sobre todo con los ayuntamientos”.

Plan privado

La superficie total del proyecto de Térvalis para las 1.050 viviendas será superior a 280.000 metros cuadrados de los que el 40% serán zonas verdes y espacios libres. Además, se destinarán 84.000 metros cuadrados a diferente equipamiento deportivo y 12.000 más a usos educativos, culturales o polivalentes por definir.

El proyecto incluye asimismo acceso a través de una conexión con la N‑420 mediante la construcción de una rotonda. Asimismo, se construirá varios depósitos de agua y una depuradora que verterá al rio Alfambra. A esto se une una planta fotovoltaica de 2,5 megawatios destinada a autoconsumo.

Según los informes técnicos y económicos incorporados al expediente, el Plan actuará como motor de desarrollo para Teruel, generando cerca de 2.000 empleos directos durante la construcción y contribuyendo a la llegada y consolidación de miles de trabajadores vinculados a nuevas implantaciones industriales, tecnológicas y logísticas en el entorno del aeropuerto, la plataforma PLATEA y otros proyectos estratégicos.

Plan municipal

El Ayuntamiento de Teruel impulsó en noviembre del pasado año una operación urbanística para un nuevo ámbito residencial en la zona de Las Viñas, con capacidad para construir 970 viviendas, el 40% de ellas de protección oficial. Tras la firma del convenio urbanístico, el ayuntamiento redactará un plan parcial, al que seguirá un proyecto de reparcelación y después un proyecto de urbanización. A partir de entonces comenzarán los proyectos de ejecución de cada uno de los edificios para lo que harán falta cinco o seis años.

El Ayuntamiento de Teruel informaba también que ha formulado la ordenación pormenorizada del sector SUZ-D/R.02 'Ampliación Las Viñas' como documento independiente, para su tramitación simultánea con el documento de adaptación-revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La aprobación definitiva de la ordenación se producirá en un plazo máximo de seis meses desde la aprobación definitiva del PGOU.

El objetivo principal del proyecto municipal turolense es consolidar la edificación a ambos lados del acceso norte a la ciudad desde la A-23, configurando una imagen urbana “coherente y ordenada”. La planificación contempla edificación en bloque que se concentrará junto a la carretera, y que se combinará con áreas de vivienda unifamiliar adosada y aislada, para diversificar las tipologías residenciales.

Un apartamento en la playa a mejor precio gracias a las ayudas públicas para la vivienda. Este era el chollo que anunciaba la promotora de viviendas de VPO en el sector Nou Nazareth de Sant Joan d'Alacant. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, ya mantenía bajo investigación esta promoción debido a diversas anomalías detectadas en el proceso de comercialización, un escenario que el PSPV atribuye a la dejadez de funciones del gobierno local encabezado por Santiago román.

Los socialistas denuncian que se ha permitido una gestión opaca en un suelo de titularidad pública, lo que recuerda inevitablemente al reciente escándalo de las VPO en Alicante capital, donde el PP también se vio salpicado por irregularidades en la adjudicación y el control de inmuebles protegidos.

La polémica ha cobrado fuerza tras difundirse la publicidad de la promotora adjudicataria, Promored, que en su portal web invitaba a adquirir estos inmuebles como destino vacacional. El anuncio especificaba textualmente que la promoción resulta “excelente tanto para residir todo el año como para una segunda vivienda: más luz, más aire libre y el mar cerca”. Esta oferta choca frontalmente con la legislación vigente, que prohíbe taxativamente el uso de viviendas de protección pública como segunda residencia, ya que su fin social es garantizar el derecho a un hogar habitual y permanente para personas con recursos limitados.

El origen del conflicto radica en la vulneración de los principios de transparencia y concurrencia competitiva que deben regir cualquier adjudicación de suelo público. Según las denuncias del PSPV, la mercantil habría estado captando clientes y solicitando adelantos económicos de 1.750 euros en concepto de reserva para unas viviendas que todavía no contaban con la calificación provisional obligatoria ni con el contrato de venta del suelo formalizado. Esta práctica no solo supone un riesgo financiero para los solicitantes, sino que evidencia una falta de tutela administrativa por parte del consistorio, que habría permitido que una empresa privada gestionara a su arbitrio un recurso público destinado a las familias más vulnerables del municipio.

Asimismo, las sospechas sobre el proceso de selección de los beneficiarios han aumentado tras conocerse registros de entrada en el Ayuntamiento que alertan sobre adjudicaciones presuntamente arbitrarias. El PSPV ha destacado casos de ciudadanos que consiguieron una vivienda de tres dormitorios de forma casi inmediata tras presentar una queja formal, mientras cientos de inscritos que mostraron interés meses antes de la adjudicación de la parcela fueron ignorados por la comercializadora. Esta gestión discrecional de las listas de espera, sumada al silencio de la concejala de Vivienda, Charo Tomás, ha llevado a los socialistas a exigir una comisión de investigación urgente y a advertir con elevar el expediente a la Fiscalía si no se depuran responsabilidades políticas ante lo que califican como un fraude al interés general.

José Manuel López (Madrid, 1966) llega con una ristra de propuestas para resolver el problema de la vivienda. Todas pasan por una premisa clave: ser imaginativo, inventar nuevas ideas. “Pasar de pantalla”, resume. Su nuevo libro, 'Casas. Hacer política con (la, nuestra, tu) vivienda' (Editorial Akal), es una radiografía del mercado inmobiliario y del alquiler actual. También una guía que evita vender balas de plata, pero que apunta a una consecuencia irrefutable: una sociedad que se divide entre “una parte a la que le cayó una casa y tiene la vida hecha y el resto”.

López es ingeniero de formación, especializado en planificación y urbanismo, con una amplia experiencia como gestor tanto en las administraciones públicas como en el sector privado. También en el ámbito político. Fue candidato de Podemos en la Comunidad de Madrid en 2015; director del plan de innovación Justicia 2030 del Ministerio de Justicia en 2020; y actualmente es director del gabinete de la ministra de Sanidad, Mónica García.

Propone sustituir el concepto ‘vivienda’ por el de ‘casa’.

Al escribir, me fijé en el término. Cuando invitas a alguien a cenar, lo invitas “a tu casa”, pero al preguntar a gente que tiene una vivienda que alquila, siempre me decían: “Yo vivo en una casa y alquilo una vivienda”. El concepto ‘casa’ nos permite pensar de otra manera, porque esa vivienda que se alquila es la casa de alguien. En torno a ese concepto, es mucho más fácil plantear cualquier tipo de política.

¿Se puede salir del relato de que la crisis de vivienda no tiene solución?

Sí, pero hay que cambiar de mirada. Cuando hablamos de vivienda encontramos dos salidas: construir mucho más o esa idea melancólica de ‘si fuéramos como Austria…’. No podemos construir mucho más y Austria ha tardado 100 años en lograr ese modelo. Tenemos que ver las casas como un ecosistema con cuatro elementos. Uno es el acceso, lo que está ahora encima de la mesa. Otro tiene que ver con el uso; con más de un millón de personas que no pueden bajar a la calle o que se han ido a una residencia porque no tienen ascensor. Está el impacto ambiental. Y un cuarto elemento, que tiene que ver con la economía. La construcción tenía un peso en la productividad, pero que ahora tiene más que ver con lo financiero, tanto para los fondos como para los hogares, que desde hace 60 años ahorran en ladrillo.

Hay otro elemento, la innovación. Estamos pensando en construir como siempre, pero la industrialización nos permite tener casas en cuatro meses. Si levantas la cabeza en ciudades como Madrid, Barcelona o València, verás que se están recreciendo los edificios. Si sales de la pantalla del acceso, aparecen otros elementos que pueden funcionar.

¿Eso debería ir acompañado de otras medidas? ¿Hasta dónde pueden crecer en alto las ciudades si no hay un aumento de los servicios públicos?

Hemos estado haciendo ciudades extensivas, que son las que no tienen transporte ni servicios públicos. Cuando montas un sistema de chalés adosados lejos del centro, las administraciones no tienen capacidad de generar servicios y el centro de salud llega 15 años después. Si lo haces sobre la ciudad consolidada, los servicios ya están ahí. En la Conferencia de Quito, en 2016, Naciones Unidas ya dijo que había que densificar en lugar de extender. Cualquier ciudad está llena de ‘agujeros’, de solares pendientes de algo, con los que puedes reconfigurar la ciudad. El recrecimiento te lo permite, siempre y cuando haya un control. Ahora lo hacen las élites, pero puedes sacar una ley que diga que todo lo nuevo es VPO permanente. Hay que volver a un sistema en el que la vivienda pase a ser redistribución y no un mercado libre, como lo es desde los años 80.

La sociedad se divide en dos, los ‘mochileros’ que han recibido ladrillo y los que no

¿Cómo ha influido el contexto social e ideológico en las políticas de vivienda de las últimas décadas?

El 80% de nuestras viviendas están construidas después del año 1960. Hay un primer ciclo, en el que Franco ve que se le está yendo la dictadura y reparte 8 millones de VPOs. No sé si mi padre tenía en la mano un lápiz o un cóctel molotov, pero cuando le dieron la casa, un quinto sin ascensor de 68 metros, lo soltó. Cuando en 2011 se cumplieron los 50 años de mi barrio, se hizo una reunión y ocho de cada diez vecinos, entre ellos mi padre, decían que conocían a alguien en el Ministerio de Vivienda. Les habían convencido de que era un favor personal. Ahí se consigue que empecemos a ahorrar en ladrillo y que la propiedad sea un valor para los españoles.

Luego llegó el segundo ciclo, con Felipe González, donde se pasa a las ayudas en el IRPF, que supusieron una transferencia de 160.000 millones. El gran problema entonces fue la descalificación. Mis padres estaban muy contentos, porque pasaron de vivir en una casa de 300.000 pesetas a una de tres millones. Fue la gran redistribución, pero el Estado estaba diciendo que, desde ese momento, cada familia se ocupa de su siguiente generación. A partir de ahí, la sociedad se divide en dos: los mochileros que han recibido ladrillo y los que no.

¿Qué tiene de generacional esta crisis?

Tiene una parte generacional, pero también territorial. Los precios de las VPO estaban tasados, daba igual si tenías casa en Palencia o en Madrid. Cuando levantas la protección, tu casa en Palencia vale una cosa y en Madrid, otra. Si te tocó en el centro tienes una herencia; si te tocó en un barrio, otra. Y tiene una parte de vulnerabilidad, que no afecta solo a los jóvenes, sino a quienes tienen menos renta o a ese 14% de la población que llegó después a nuestro país y no estaba el día que se repartieron las mochilas.

Como la cultura es el ladrillo, según caen las herencias del primer ciclo, mucha gente decide comprar una casa, para sus hijos o para alquilarla. Eso sube los precios, el que ahorra [para su primera vivienda] no llega y el que compra, como paga más, lo carga al alquiler, así que la división se hace todavía más grande. Hay que controlar este sistema para que eso no siga creciendo.

En el libro dice que las decisiones de cada uno van a influir en el resto, “alteran el ecosistema”. En un país donde alrededor del 90% del parque de alquiler está en manos de pequeños propietarios, ¿hasta qué punto afectan las decisiones personales en la crisis de la vivienda?

Tienes una crisis, no puedes ponerte en manos de decisiones personales. Las estadísticas dicen que el 75% de la población tiene vivienda en propiedad y un 18% vive de alquiler. De estos, el 15% está en el mercado y un 3% son rentas antiguas o gente que las alquila a un familiar o un conocido por debajo de mercado. ¿Y el otro 7%? El dato no es fácil de encontrar, pero es gente que ha comprado una casa y se la está dejando a sus hijos o a sus nietos. Es decir, cuatro de cada diez casas en alquiler están fuera del mercado. Es una masa social que no está especulando, que te apoyarían si tomas la decisión de regular. El conflicto no es entre casero e inquilino, sino de especuladores contra el resto.

Habla también de las viviendas vacías.

Tenemos casi cuatro millones de viviendas vacías y ese relato de que están donde la gente no quiere vivir no es cierto. En Madrid hay 97.000 y en Barcelona, 75,000, pero la gente no las saca [en alquiler] por miedo a impagos o porque es mucho lío. Prefieren no ganar dinero. Si la Administración es capaz de darles tranquilidad, por ejemplo, a través de una agencia pública que alquile viviendas privadas, mientras le pones un impuesto a la vivienda vacía, estás movilizando miles de casas.

¿Cómo se puede llegar a esas personas que necesitan rehabilitar sus edificios sin que eso suponga una transferencia de recursos públicos a manos privadas?

La vía más fácil para resolver el tema de la vivienda es la rehabilitación. Imagina un edificio sin ascensor en un barrio donde la población mayor no puede bajar a la calle y, además, tiene frío porque es ineficiente. Se puede sacar una normativa que permita recrecer el edificio con dos VPO, a condición de que las plusvalías se destinen a rehabilitar la finca. En una sola intervención estás generando un mercado nuevo de vivienda protegida, mientras resuelves los problemas de los vecinos. Y además pones condiciones: si tienes la vivienda vacía o la estás alquilando por encima del rango de precios que yo decida, no te puedo ayudar. Si para una rehabilitación de 40.000 euros yo te pongo 25.000, si no cumples estas condiciones y tienes que ponerlo todo de tu bolsillo, enseguida te salen las cuentas.

En el libro aborda la fiscalidad. ¿Qué le parece la propuesta del PSOE de modular la bonificación del IRPF de la que disfrutan los caseros si bajan los precios?

Es un error. La vivienda tiene que volver a ser un sistema de redistribución. Si transfieres impuestos al que ya tiene, estás haciendo un sistema de redistribución inverso, que amplía un poquito más la brecha entre los que pueden y los que no pueden. Además, no va a funcionar: a quien puede subir el precio todo lo que quiera, le da igual la bonificación, porque siempre podrá subirlo por encima. El marco político no tiene que ser inquilinos y caseros, sino especuladores contra el resto. Una amiga me decía que alquilaba su vivienda por un precio adecuado, 1.100 euros al mes. Al preguntarle cuánto cobraba antes, me respondía que 700. Entonces es una especuladora. Un ahorrador aspira a ganar un 5%, no un 30%. El ahorro es correcto, la especulación, no.

Este discurso de no enfrentar a inquilinos con caseros es también el del presidente Sánchez. ¿No aleja a una parte de los inquilinos, ahogados por el alquiler?

Aleja a una parte de los inquilinos y no interpela a una parte de los caseros, a ese 40% que han sacado sus casas del mercado y se las alquilan a sus entornos. El problema es quién quiere especular. Los fondos siempre quieren; los grandes tenedores siempre quieren; y los pequeños tenedores, ¿cómo les ayudamos a que estén en el lado correcto de la historia? No lo vamos a hacer apelando a su solidaridad, sino tomando una decisión política y empezando a sacar normas. Yo hago una propuesta: una ley de beneficios razonables, como la que dice cuánto ganan las eléctricas. Bastaría con meter al sector de la vivienda, para que todo el mundo estuviera tranquilo. ¿Este año se gana un 5%? Pues se gana un 5%, que no es lo mismo que que te suban el alquiler un 5%.

Las próximas elecciones van de resolver el problema de la vivienda

Hay mucho diagnóstico, pero ¿se está actuando sobre el problema?

No lo suficiente. Hay una especie de miedo a abordarlo y poca capacidad para salir de ese punto melancólico o de construir más. Hay más cosas que hacer, tenemos que pasar de pantalla. Nos hemos metido en la cabeza que la vivienda es escasa, que la única manera de solucionar el problema es por la vía ortodoxa, aunque tardemos años en hacerlo.

Últimamente se habla de recuperar la ilusión en la izquierda. En los últimos años los precios del alquiler se han disparado, miles de familias dedican buena parte de sus ingresos a pagar la renta y a los jóvenes les cuesta cada vez más emanciparse. Esto ha pasado en ocho años de Gobierno de coalición progresista. ¿Se podía haber hecho más?

La ilusión pasa por resolver este tema. Las próximas elecciones van de cosas, pero la central es resolver el problema de la vivienda. El 15M surge por la vivienda [tras el estallido de la burbuja inmobiliaria], pero la crisis en ese momento estaba centrada en la corrupción, era una crisis política, económica, de cierre del modelo. En 2015 empezamos a hablar de emergencia climática, inteligencia artificial, cuidados y feminismo. La vivienda sigue estando ahí, pero estábamos en otra. En política las decisiones no se toman de un día para otro, hay una presión social que te va llevando al borde del precipicio. Hace ocho años la sociedad no estaba con esto en la agenda e igual la prioridad no era la vivienda. Ahora mismo es la prioridad máxima y hay que resolverlo con valentía. Se está dividiendo a la sociedad en dos, la mitad de la población que está bastante contenta cuando llega a su casa y quien vive esto con ansiedad.

El Tribunal Supremo ha avalado una de las medidas que más enfureció a los constructores durante el mandato de Ada Colau y que Jaume Collboni pretendía reformar, aunque no ha encontrado por ahora los apoyos para ello: la obligación a los promotores inmobiliarios de destinar el 30% de las nuevas edificaciones a vivienda protegida.

En una sentencia, adelantada por Nació Digital y a la que ha tenido acceso elDiario.es, el Alto Tribunal sigue el aval que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dio a la medida y concluye que el Ayuntamiento “puede establecer reservas de techo para viviendas de protección pública en suelo urbano consolidado”.

El Alto Tribunal recuerda la jurisprudencia del Constitucional que ha establecido que ni de las normas urbanísticas ni de la Constitución “se deriva el derecho de un empresario a vetar el concreto uso de vivienda protegida”.

En suma, para el Supremo la normativa blinda la posibilidad de “validar la reserva” de vivienda protegida no solo en una gran transformación urbanística de un barrio, sino también en cualquier construcción de pisos nueva.

Además, el Alto Tribunal rechaza que la imposición del 30% comporte una “indemnización general” sobre los promotores inmobiliarios, tal y como reclamaba la constructora recurrente, JOSEL.

La reserva del 30% de vivienda social que aprobó Ada Colau para Barcelona va camino de convertirse en una piedra en el zapato de Jaume Collboni. La modificación de la norma que prometió el alcalde, alegando que no había funcionado, por ahora no se ha llevado a cabo.

Los constructores han ido con todo contra la medida. Primero en los tribunales, donde han perdido, pero también han querido presionar al alcalde con propuestas públicas como crear dos escaleras en un mismo edificio para pisos sociales y de mercado libre –sugerencia que luego rectificaron–.

Collboni intentó apaciguar los ánimos del sector con el archivo de cinco expedientes sancionadores a empresas con indicios de haber incumplido la obligación del 30%. Las cifras de Vivienda de Protección Oficial (VPO) generada por la medida de Colau, cerca de los 160 pisos, están muy lejos de lo que prometió el gobierno de Barcelona en Comú en su día.

Al mismo tiempo, la avalancha de licencias pedidas antes de su aprobación, la falta de suelo en la trama urbana de la ciudad y el rechazo del sector de la construcción han contribuido al poco recorrido de la que un día fue de las medidas estrella de Colau.

Pese a que el gobierno municipal pretendía rebajar el 30%, la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha celebrado la sentencia del Supremo y la ha considerado “una medida más necesaria que nunca” en la actual crisis de vivienda. “La sentencia confirma la seguridad jurídica de esta herramienta para incrementar el parque asequible y que las administraciones podemos pedir corresponsabilidad a los promotores para garantizar el derecho a la vivienda”, ha agregado.

El Ayuntamiento de Alicante ha detectado que nueve de sus funcionarios, además de la dimitida concejala de Urbanismo Rocío Gómez, accedieron a un piso en la promoción de vivienda protegida Les Naus, en la playa de San Juan, en Alicante. Se trata de viviendas que, a precio de mercado, habrían superado los 400.000 euros y que se adquirieron por alrededor de 225.000 euros.

Familiares y personas vinculadas a cargos del Partido Popular, así como hijos de notarios, arquitectos, altos funcionarios de la Generalitat Valenciana o individuos relacionados con la promotora, también resultaron adjudicatarios de estos pisos, que cuentan con piscina, pistas de pádel y salón social comunitario.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se comprometió a cruzar los datos de todo el personal municipal con los de los beneficiarios de alguna de las viviendas de esta promoción, compuesta por 140 inmuebles de tres y cuatro dormitorios. Tras la investigación, el concejal del PP Mario Villar comunicó el viernes a los sindicatos que había abierto expediente a dos de los nueve funcionarios con vivienda adjudicada en Les Naus, según adelantó el diario Información de Alicante y ha podido confirmar elDiario.es.

Los dos empleados públicos investigados por el consistorio son los únicos que habrían intervenido en algún momento del proceso de adjudicación de las viviendas. En concreto, el arquitecto Francisco Nieto y su compañera en el departamento de Urbanismo, Elsa Lloret, casada con el técnico de la Generalitat que validó su solicitud.

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Alicante envió un comunicado en el que pidió a la ciudadanía que diferencie entre los trabajadores públicos que han accedido legalmente a los pisos y aquellos que hayan tenido una «conducta individual que debe ser investigada». «Rechazamos cualquier generalización que pueda dañar injustamente la imagen y el prestigio del personal municipal», añadieron.

Otra de las posibles irregularidades que ya se están investigando es el hecho de que un tercio de los adjudicatarios no estaba empadronado en Alicante cuando se le adjudicó la vivienda. A este incumplimiento se suman otros, como la superación de los límites de renta o la ocultación de información relevante, por ejemplo, la pertenencia al mismo núcleo familiar.

Por el momento, hay investigaciones abiertas en un juzgado de instrucción y por parte de la Fiscalía, y se han comprometido comisiones de investigación tanto en el Ayuntamiento de Alicante como en Les Corts. La polémica no solo afecta al consistorio, sino que se extiende también a la Generalitat.

Un funcionario que participó en los visados ha sido suspendido de empleo y sueldo y, como ha informado elDiario.es, una exinterventora de la Generalitat con un salario superior a los 70.000 euros anuales ha podido acceder a una de estas viviendas protegidas. Esta habilitada nacional, actualmente en el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, dispone además de otra vivienda en nuda propiedad, de la que el 75% está escriturado a su nombre.

La Conselleria de Vivienda ha requerido información a diez propietarios de la promoción para que presenten documentación que acredite que cumplen con todos los requisitos después de que sus casos hayan levantado sospecha.

Los sucesivos gabinetes del Partido Popular en Galicia nunca acabaron de aclarar su hoja de ruta respecto a las energías renovables. Los bandazos legislativos se sucedieron durante los 17 años consecutivos que la derecha lleva gobernando la comunidad. Todavía se suceden, de hecho. Se lo recordó la oposición a Alfonso Rueda durante la sesión de control parlamentario de este miércoles, en el que los errores y cambios en la política eólica del Gobierno gallego protagonizaron la intervención de Ana Pontón, líder del BNG, y también se colaron en la de José Ramón Gómez Besteiro, secretario general de los socialistas gallegos. “Retire la silla que tienen las eléctricas en el Consello de la Xunta y gobierne para los gallegos”, le recomendó Pontón al presidente.

La argumentación de la nacionalista se remontó a 2009. “Anularon el concurso eólico [aprobado por el bipartito de PSdeG y BNG] con falsedades”, dijo. Tantas que el Tribunal Supremo declaró ilegal el proceso impulsado por Alberto Núñez Feijóo con el propio Rueda como conselleiro de Presidencia. “Vetan una tarifa eléctrica gallega que compense los costes ambientales y sociales de instalar los parques. Dijeron que no a una empresa pública. Y legislan al dictado de de las eléctricas”, añadió. Esta última afirmación la ilustró con un ejemplo, los 1,6 millones que se van a ahorrar en 2026 las empresas gestoras de ocho explotaciones de molinos de viento debido a una modificación del canon eólico relacionada con las repotenciaciones. En este punto la discusión se intensificó.

Alfonso Rueda replicó, en el medio de su habitual displicencia hacia Pontón -“usted ofrece datos a boleo, inexactitudes”- y su repertorio habitual contra el nacionalismo -“sus compañías son el Partido Comunista de Vietnam y Bildu”-, que esa modificación está suspendida y no entrará en vigor este año. A continuación, responsabilizó al recurso presentado contra la norma por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional y la consiguiente resolución. “¿No lo sabía?”, remachó. Pontón se detuvo en la contradicción: Rueda presumió de la suspensión al tiempo que la achacaba a Sánchez. “No dice usted una verdad ni por equivocación”, le afeó la portavoz del Bloque, “pero lo cierto es que aprobaron una modificación del canon eólico que beneficia a las eléctricas. Y las repotenciaciones no están paralizadas, siguen, y con dinero público”.

El presidente de la Xunta de Galicia no dejó escapar la mención de Pontón al concurso del bipartito. Su crítica al mismo no entró en realidad al fondo del asunto, los reveses judiciales que le supuso a los gobierno del PP tal vez le aconsejaron prudencia en ese punto, sino a revivir las tensiones entre Partido Socialista y BNG de dos décadas. La nacionalista se limitó a recordar que fue el Tribunal Superior, y después el Supremo, “el que dejó en evidencia sus mentiras”. “El 14% de los beneficios iba para las arcas públicas”, explicó. Rueda no respondió a ese dato concreto.

Besteiro: “Galicia merece un gobierno que no la trolee”

Tampoco respondió a los datos concretos con los que José Ramón Gómez Besteiro construyó su pregunta al presidente de la Xunta. Que esta cambió hasta en 14 ocasiones la normativa eólica, por ejemplo. O que incluso en el caso de que el Gobierno gallego cumpla con su propia propaganda sobre la construcción de vivienda pública -Rueda promete 10.000 pisos para 2030- solo habrá atendido a la tercera parte de personas a día de hoy apuntadas en el registro de demandantes, prácticamente 30.000. “¿Cuántas viviendas públicas ha entregado desde 2022 [el año en que Rueda tomó posesión como presidente]?”, inquirió. Los gobiernos de Feijóo de los que Rueda formó parte como conselleiro y vicepresidente dejaron de construir vivienda pública e incluso liquidaron proyectos en marcha del bipartito. Hace dos años, el PP inició una tímida rectificación, pero la maquinaria tarda en arrancar.

La intervención de Besteiro fue panorámica, lo que molestó al presidente. “No recuerda ni lo que preguntó cuando registró hace dos semanas la cuestión”, se revolvió. Y ante la falta de asideros a los que agarrarse, Rueda recurrió al eje principal de su argumentario: el Gobierno de Pedro Sánchez. “Los servicios públicos que dependen de nosotros tienen un buen desempeño. Los que dependen de otros y afectan a los gallegos, no”, se atrevió a resumir. Para justificarlo, habló del tren y sus problemas. Mientras, las huelgas en los servicios de autobuses urbanos e interurbanos en la provincia de A Coruña en reclamación de mejoras laborales se suceden sin que la Xunta, que tiene las competencias en la materia, consiga reconducir la situación. “Lleva usted 17 años subido a un coche oficial, cuatro como presidente. Galicia merece un gobierno que no la trolee”, acabó el socialista.

Ni la Comunitat Valenciana ni ninguna otra autonomía recibirá fondos procedentes del nuevo Plan de Vivienda 2026-2030 del Gobierno dotado con 7.000 millones de euros para financiar viviendas protegidas sobre suelo privado que sean susceptibles de ser descalificadas y por tanto perder su protección con el paso de los años.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, lo remarcó así este miércoles en declaraciones a TVE, a colación del escándalo de la promoción de 140 casas de protección desarrollada en Alicante, la primera en 20 años, que se han adjudicado algunos cargos del PP y del Ayuntamiento y que se investiga en la Fiscalía.

Como ha venido informando elDiario.es, la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, los dos hijos y un sobrino de la funcionaria y directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y Francisco Nieto, arquitecto municipal de Urbanismo, habrían adquirido cuatro inmuebles de este residencial. Tras el terremoto político que ha supuesto el asunto, tanto la edil como la directora general han anunciado ya su dimisión.

Estas viviendas fueron promovidas por una cooperativa que compró los terrenos al Consistorio alicantino tras concurrir a un concurso de enajenación, por el que finalmente y tras un largo proceso judicial se adjudicó en propiedad la parcela por 6,6 millones de euros. Así pues, este tipo de promociones en los que la administración pierde la propiedad del suelo no podrán recibir fondos del estado para su financiación. La única excepción se abriría si las viviendas se dedicaran a alquiler asequible o si siendo para venta, la protección fuera permanente y no limitada en el tiempo.

Según la ministra, Isabel Rodríguez, “no va a haber ni un euro ni un suelo de la Administración General del Estado que no esté protegido para siempre” y añadió: “Por ejemplo, el nuevo barrio que vamos a hacer aquí en Madrid y como él, otros muchos en otras ciudades, Campamento, son 10.000 viviendas, una parte son de carácter protegido para las personas a las que van dirigidas y el otro 100% asequible, pero la titularidad de esos suelos y por tanto el futuro de esas viviendas será siempre público y en el ámbito del plan estatal de vivienda claramente queda reflejado que no va ni un euro ni un suelo a las comunidades autónomas que no protejan estas viviendas, de manera que lo que instamos a las comunidades autónomas es a cambiar su normativa. Nosotros en la Ley de Vivienda escribimos esa protección permanente para siempre”.

Fuentes de Vivienda han explicado al respecto que las promociones de vivienda protegida desarrolladas por promotores privados y en suelo privado sí que pueden tener un plazo limitado de protección, de 30 años como norma general, pero en ningún caso son susceptibles de ser financiadas por el Ministerio de Vivienda o entidades dependientes del Gobierno. Así pues, en los casos de cesión de derechos de parcela en la que el promotor privado construye y explota las viviendas durante un plazo de tiempo, pero tanto las casas como el suelo son de titularidad pública, la protección será permanente y podrán recibir financiación estatal. Los casos de permuta o enajenación, en los que la administración pierde la propiedad de los terrenos, no serán financiables con el Plan Estatal de Vivienda.

En la Comunitat Valencia, el decreto aprobado por el Consell de Carlos Mazón en diciembre de 2024 eliminó la protección permanente de promociones privadas, una calificación que mantendrán durante entre 15 y 30 años, según el caso.

Estos son los nuevos programas de promoción de vivienda que podrán recibir financiación estatal, según ha informado el Ministerio de Vivienda a elDiario.es:

El escándalo de las adjudicaciones de viviendas públicas a cargos del Ayuntamiento de Alicante ha alcanzado este lunes una nueva dimensión judicial. El PSPV, a través de su grupo municipal, ha formalizado ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia que detalla la presunta comisión de hasta cinco delitos por una presunta trama de adjudicaciones que ya ha provocado ya dos dimisiones en el consistorio. La portavoz del PSPV, Ana Barceló, ha registrado la denuncia destacando que el gobierno del alcalde Luis Barcala (PP) podría haber vulnerado el derecho de acceso a la vivienda para favorecer a personas vinculadas a su propia administración en una promoción construida sobre suelo municipal.

Este entramado de adjudicaciones bajo sospecha señala directamente a figuras clave de la gestión municipal, empezando por la propia exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez (PP), quien ostentaba la máxima responsabilidad sobre el suelo de la ciudad hasta que la presión por este caso forzó su salida del ejecutivo. Junto a ella, el escándalo salpica a familiares directos de la exdirectora general —una alta cargo nombrada por el propio alcalde que también ha abandonado su puesto— y a un arquitecto municipal vinculado técnicamente al consistorio, conformando un listado de beneficiarios que ha generado una profunda indignación social.

El escrito presentado ante el Ministerio Público solicita que se investigue si estos hechos son constitutivos de hasta cinco delitos: prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, conflicto de intereses, estafa y fraude a la Administración. Según los denunciantes, se habría incurrido en un fraude de ley con relevancia penal al utilizar suelo público cedido por el Ayuntamiento para fines que, lejos de responder al interés general, parecen haber buscado el beneficio privado de cargos del Partido Popular.

Ana Barceló ha calificado la situación de “lamentable”, recordando que en Alicante existen actualmente más de 5.400 familias en lista de espera para acceder a una vivienda pública. La portavoz socialista ha insistido en que las dimisiones de la concejala y la directora general no cierran el caso, sino que confirman la gravedad de una gestión que careció de los controles necesarios. Por ello, el PSPV mantiene la exigencia de que el alcalde convoque un pleno extraordinario y ponga en marcha una comisión de investigación para que la ciudadanía sepa por qué el patrimonio municipal acabó favoreciendo a los propios gestores del Ayuntamiento.

La Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Toledo ha publicado hoy los listados definitivos de admitidos en el procedimiento de adjudicación de las cinco viviendas ubicadas en el Corral de Don Diego, en régimen de alquiler.

Los listados pueden ser consultados en la página web de la EMSVT, www.emsvtoledo.es, así como en los tablones de la citada la empresa municipal y del Ayuntamiento de Toledo.

El sorteo se celebrará en un único acto público ante notario y tendrá lugar el próximo día 12 de febrero de 2026, a las 10:00 horas en el Centro Social del Distrito del Casco Histórico (Padilla), en la calle Garcilaso de la Vega S/N de la ciudad.

¿Cómo se realizará el sorteo?

Según se recoge en el listado de admitidos publicado en el día de hoy, el desarrollo del sorteo para cada una de las tipologías de viviendas será el siguiente:

-Se incluirán en un bombo o saco tantas bolas numeradas como solicitudes admitidas contenga el listado de admitidos de la tipología de vivienda a sortear.

-Se extraerá una única bola que determinará la primera persona seleccionada, a partir de la cual se tendrán por seleccionadas las que le sigan numéricamente en la lista definitiva de admitidos hasta cubrir el número de viviendas objeto de adjudicación.

Además, el orden de sorteo para las tipologías de vivienda será el siguiente:

Primero: viviendas de tres dormitorios

Segundo: viviendas de dos dormitorios

Tercero: una vivienda de un dormitorio

Las personas seleccionadas formarán el listado de adjudicatarios “provisionales” de cada una de las tipologías de vivienda, que contendrá un número de adjudicatarios equivalente al número de viviendas objeto de la adjudicación, ordenados según el orden de prioridad resultante del sorteo, según establece la base sexta de la convocatoria.

Los adjudicatarios provisionales pasarán a ser definitivos una vez que se compruebe por parte de la EMSVT el cumplimiento de los requisitos descritos en las bases.

Polémicas bases regulatorias: veto a quienes se quejen de ruidos

El 19 de diciembre del pasado año se cerró el plazo para presentar solicitud y optar a a una de estas viviendas y se han registrado casi 200 solicitudes. Según publicó Toledodiario.es el precio de alquiler oscila entre los 350 y 650 euros más comunidad.

Tanto PSOE como IU mostraron su rechazo a las bases regulatorias para adjudicar las cinco viviendas públicas. Criticaron la amplia horquilla de salarios -con máximo de hasta 63.000 euros al año- o el veto a quienes se adjudiquen, si se quejan de ruidos de las actividades que se celebren en el Corral de Don Diego, que en los últimos tiempos se ha convertido en uno de los referentes para citas de ocio en el Casco Histórico de la ciudad.

“A pesar de que en los últimos años se han movilizado instrumentos financieros y normativos relevantes para incrementar la oferta de vivienda protegida, la Comunitat Valenciana continúa presentando un déficit estructural, con un parque público reducido y con riesgos de ejecución que amenazan el aprovechamiento pleno de los fondos europeos y estatales”. Así se recoge en el informe de fiscalización realizado por la Sindicatura de Comptes en coordinación con el Tribunal de Cuentas sobre la promoción y gestión de la vivienda de protección pública en el territorio valenciano en los ejercicios 2023 y 2024, y proyección de actuaciones hasta el presente ejercicio.

El trabajo de fiscalización se articuló en torno a siete objetivos: desde el análisis de la necesidad y la oferta de vivienda hasta la autorización y ejecución de actuaciones, la movilización de fondos, el registro de solicitantes y viviendas y los procedimientos de adjudicación. Así, la Sindicatura explica que, pese a que el marco normativo y procedimental es, en general, “adecuado”, la ejecución práctica “presenta retrasos, falta de planificación estratégica consolidada y deficiencias en el control y el seguimiento y digitalización”.

Las convocatorias de subvenciones analizadas por la institución cumplen con la normativa aplicable, aunque indican que la dependencia de procedimientos manuales y la falta de integración en la plataforma estatal de seguimiento “aumentan el riesgo de demoras en la justificación de fondos”. En cuanto al diseño normativo de las convocatorias, sostienen que es “sólido”, porque incluye garantías, penalizaciones y obligaciones registrales, mientras que la ejecución material se caracteriza por “avances desiguales y riesgo de incumplimiento de hitos críticos”.

Asimismo, la Sindicatura confirma un “esfuerzo” por la ampliación del parque público de viviendas, “aunque todavía insuficiente ante las necesidades detectadas”. Del mismo modo, se corrobora la existencia de normativa extensa para regular el registro de demandantes de vivienda y el parque público autonómico, gestionado por la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (Evha), “pese a que persisten deficiencias en el control interno, la actualización de datos y la consistencia de las cifras”.

El análisis de los procedimientos de adjudicación contó con la muestra de expedientes remitidos por la Conselleria que tenía asignadas las competencias en materia de vivienda: “Se cumplen los requisitos establecidos por la asignación ordinaria de viviendas de protección pública, pero se identifican riesgos en la aplicación de procedimientos excepcionales de adjudicación, en los que la transparencia y la trazabilidad de los criterios aplicados resultan más limitados”.

Recomendaciones de la Sindicatura

La Sindicatura de Comptes desarrolla una serie de recomendaciones en su informe de fiscalización, como la mejora de la planificación estratégica de la política de vivienda “con objetivos realistas, priorizados y sostenidos en el tiempo”; también solicita un refuerzo de la capacidad de gestión y control de la Conselleria de Vivienda y la Evha mediante sistemas de información integrados y digitalizados.

La institución reclama que se asegure la ejecución en los plazos previstos de las actuaciones financiadas con fondos europeos, evitando la pérdida de recursos por incumplimiento; optimizar el registro de solicitantes y viviendas, así como que se garantice su actualización y fiabilidad como instrumentos de gestión.

De igual modo, demanda el fortalecimiento de la transparencia y equidad en la adjudicación de viviendas, con un control sistemático de expedientes y, por último, la consolidación de la cooperación público-privada para “garantizar un flujo estable de nueva oferta de vivienda protegida”.

“Inacción” del Botànic

El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, quien “comparte” el diagnóstico de fondo de la Sindicatura, ha destacado “la política integral de vivienda del Consell, para hacerla más ágil, generar oferta y proteger a los más vulnerables con soluciones reales que están poniendo coto a la crisis habitacional histórica provocada por ocho años de inacción en las anteriores legislaturas”. Así, ha denunciado que el Botànic construyó “cero vivienda social”.

Respecto a la promoción de VPP, Fernández ha recordado que el desplome de la vivienda protegida no es un fenómeno reciente, sino “la consecuencia directa de una década perdida en materia de vivienda pública” y ha presumido de que el Consell “ha logrado poner en marcha la VPP y está activando el mercado para ampliar el parque público, no solo mediante promoción directa y en derecho de superficie, sino que hemos buscado fórmulas que eviten el fracaso constante del Botánic en las licitaciones, con el régimen de permuta, que permitirá incorporar al parque público el 10% de las viviendas que se están construyendo”.

Asimismo, ha hecho hincapié en que “hemos devuelto al sector a la ecuación, porque es quien tiene la capacidad real de construir, y, tras la modificación de decreto de VPP en diciembre de 2024, en solo un año se ha triplicado el número de solicitudes de calificación provisional por parte de promotores privados. Esto demuestra que el problema no era el mercado, sino el bloqueo normativo y administrativo que existía”.

Respecto a los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia atribuidos a vivienda en la Comunitat Valenciana, Fernández ha destacado que, en dos años, “este Consell ha destinado más del doble de fondos de lo que comprometió el Botánic en el mismo periodo, y no solo eso, sino que esta buena gestión ha logrado cumplir los hitos establecidos por Europa que han permitido sumar 46 millones de euros adicionales al programa, pasando de 383 millones que contemplaba inicialmente a más de 429,5 millones para la vivienda en esta tierra en el programa europeo 2021-2026”.

En cifras exactas, ha dicho, “el Botánic comprometió apenas 95 millones de euros en dos años, esto es, un 25% del total de los fondos previstos inicialmente en 2021 (383 millones), de los cuáles no ejecutó ni el 20%, dejando proyectos sin iniciar, licitaciones desiertas, proyectos a los que renuncian adjudicatarios y fondos sin utilizar. Frente a ello, también en un mismo periodo de dos años, este Consell ha destinado ya más de 213 millones, un 50% del global que actualmente contempla el programa gracias a la gestión del Consell (429,5 millones), esto es, más porcentaje sobre un mayor importe”. “Esto ha hecho que, a día de hoy, gracias al trabajo de este Consell, podemos decir que un 72% del dinero ya está comprometido, con más de 301 millones concedidos, y un 27% ejecutado de los fondos, más de 115 millones ya invertidos”, ha subrayado.

Parque público

El secretario autonómico ha valorado las recomendaciones se realizan sobre un periodo anterior y que están en línea con este Consell, dado que “ya están en marcha”, como la modificación de la normativa reguladora del parque público -que salió a consulta pública previa el pasado mes de diciembre-. En concreto, ha explicado que esta modificación adapta el Registro de Demanda de Vivienda al nuevo decreto de VPP, de modo que solo sea obligatorio para solicitantes de vivienda del parque público, esto es, la referida como vivienda social.

Fernández también se ha referido a las adjudicaciones de vivienda y ha sostenido que la Evha “cumple siempre escrupulosamente con la normativa”, al tiempo que ha recordado que la administración “está para estar al lado de quienes más lo necesitan”.

“Encara que en els últims anys s’han mobilitzat instruments financers i normatius rellevants per a incrementar l’oferta d’habitatge protegit, la Comunitat Valenciana continua presentant un dèficit estructural, amb un parc públic reduït i amb riscos d’execució que amenacen l’aprofitament ple dels fons europeus i estatals”. Això es recull en l’informe de fiscalització fet per la Sindicatura de Comptes en coordinació amb el Tribunal de Comptes sobre la promoció i la gestió de l’habitatge de protecció pública en el territori valencià en els exercicis 2023 i 2024, i projecció d’actuacions fins a aquest exercici.

El treball de fiscalització es va articular al voltant de set objectius: des de l’anàlisi de la necessitat i l’oferta d’habitatge fins a l’autorització i l’execució d’actuacions, la mobilització de fons, el registre de sol·licitants i habitatges i els procediments d’adjudicació. Així doncs, la Sindicatura explica que, malgrat que el marc normatiu i procedimental és, en general, “adequat”, l’execució pràctica “presenta retards, falta de planificació estratègica consolidada i deficiències en el control i el seguiment i la digitalització”.

Les convocatòries de subvencions analitzades per la institució compleixen la normativa aplicable, encara que indiquen que la dependència de procediments manuals i la falta d’integració en la plataforma estatal de seguiment “augmenten el risc de demores en la justificació de fons”. Quant al disseny normatiu de les convocatòries, sostenen que és “sòlid”, perquè inclou garanties, penalitzacions i obligacions registrals, mentre que l’execució material es caracteritza per “avanços desiguals i risc d’incompliment de fites crítiques”.

Així mateix, la Sindicatura confirma un “esforç” per l’ampliació del parc públic d’habitatges, “si bé encara insuficient davant les necessitats detectades”. De la mateixa manera, es corrobora l’existència de normativa extensa per a regular el registre de demandants d’habitatge i el parc públic autonòmic, gestionat per l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (Evha), “malgrat que persisteixen deficiències en el control intern, l’actualització de dades i la consistència de les xifres”.

L’anàlisi dels procediments d’adjudicació va tenir en compte la mostra d’expedients remesos per la Conselleria que tenia assignades les competències en matèria d’habitatge: “Es compleixen els requisits establits per l’assignació ordinària d’habitatges de protecció pública, però s’identifiquen riscos en l’aplicació de procediments excepcionals d’adjudicació, en els quals la transparència i la traçabilitat dels criteris aplicats resulten més limitats”.

Recomanacions de la Sindicatura

La Sindicatura de Comptes desenvolupa una sèrie de recomanacions en el seu informe de fiscalització, com la millora de la planificació estratègica de la política d’habitatge “amb objectius realistes, prioritzats i sostinguts en el temps”; també sol·licita un reforç de la capacitat de gestió i control de la Conselleria d’Habitatge i l’Evha mitjançant sistemes d’informació integrats i digitalitzats.

La institució reclama que s’assegure l’execució en els terminis previstos de les actuacions finançades amb fons europeus, evitant la pèrdua de recursos per incompliment; optimitzar el registre de sol·licitants i habitatges, així com que se’n garantisca l’actualització i la fiabilitat com a instruments de gestió.

De la mateixa manera, demana l’enfortiment de la transparència i l’equitat en l’adjudicació d’habitatges, amb un control sistemàtic d’expedients i, finalment, la consolidació de la cooperació publicoprivada per a “garantir un flux estable de nova oferta d’habitatge protegit”.

“Inacció” del Botànic

El secretari autonòmic d'Habitatge, Sebastián Fernández, qui “compartix” el diagnòstic de fons de la Sindicatura, ha destacat “la política integral de vivenda del Consell, per a fer-la més àgil, generar oferta i protegir els més vulnerables amb solucions reals que estan posant límit a la crisi residencial històrica provocada per huit anys d'inacció en les anteriors legislatures”. Així, ha denunciat que el Botànic va construir “zero vivenda social”.

Respecte a la promoció de VPP, Fernández ha recordat que l'enfonsament de la vivenda protegida no és un fenomen recent, sinó “la conseqüència directa d'una dècada perduda en matèria de vivenda pública” i ha presumit que el Consell “ha aconseguit posar en marxa la VPP i està activant el mercat per a ampliar el parc públic, no sols mitjançant promoció directa i en dret de superfície, sinó que hem buscat fórmules que eviten el fracàs constant del Botánic en les licitacions, amb el règim de permuta, que permetrà incorporar al parc públic el 10% de les vivendes que s'estan construint”.

També ha posat l'accent que “hem retornat al sector a l'equació, perquè és qui té la capacitat real de construir, i, després de la modificació de decret de VPP al desembre de 2024, en només un any s'ha triplicat el nombre de sol·licituds de qualificació provisional per part de promotors privats. Això demostra que el problema no era el mercat, sinó el bloqueig normatiu i administratiu que existia”.

Respecte als fons europeus del Mecanisme de Recuperació i Resiliència atribuïts a vivenda en la Comunitat Valenciana, Fernández ha destacat que, en dos anys, “este Consell ha destinat més del doble de fons del que va comprometre el Botánic en el mateix període, i no sols això, sinó que esta bona gestió ha aconseguit complir les fites establides per Europa que han permés sumar 46 milions d'euros addicionals al programa, passant de 383 milions que contemplava inicialment a més de 429,5 milions per a la vivenda en esta terra en el programa europeu 2021-2026”.

En xifres exactes, ha dit, el Botánic “va comprometre a penes 95 milions d'euros en dos anys, això és, un 25% del total dels fons previstos inicialment en 2021 (383 milions), dels quals no va executar ni el 20%, deixant projectes sense iniciar, licitacions desertes, projectes als quals renuncien adjudicataris i fons sense utilitzar. Enfront d'això, també en un mateix període de dos anys, este Consell ha destinat ja més de 213 milions, un 50% del global que actualment contempla el programa gràcies a la gestió del Consell (429,5 milions), això és, més percentatge sobre un major import”. “Això ha fet que, hui dia, gràcies al treball d'este Consell, podem dir que un 72% dels diners ja està compromés, amb més de 301 milions concedits, i un 27% executat dels fons, més de 115 milions ja invertits”, ha subratllat.

Parc públic

El secretari autonòmic ha valorat les recomanacions es realitzen sobre un període anterior i que estan en línia amb este Consell, atés que “ja estan en marxa”, com la modificació de la normativa reguladora del parc públic -que va eixir a consulta pública prèvia el mes de desembre passat-. En concret, ha explicat que esta modificació adapta el Registre de Demanda de Vivenda al nou decret de VPP, de manera que només siga obligatori per a sol·licitants de vivenda del parc públic, això és, la referida com a vivenda social.

Fernández també s'ha referit a les adjudicacions de vivenda i ha sostingut que l'Evha “compleix sempre escrupolosament amb la normativa”, al mateix temps que ha recordat que l'administració “està per a estar al costat dels qui més el necessiten”.

Los vecinos de la calle Letonia de Tres Cantos, frente a la urbanización Residencial Báltico y cerca de las calles Hungría y Dinamarca, siguen pasando frío. Irónicamente, estos pisos públicos pertenecientes al Plan Vive de la Comunidad de Madrid llevan varias semanas con incidencias en el servicio de aerotermia, gestionado por la empresa Acenz, la misma que operaba en otros pisos del programa de alquiler “asequible” en Getafe que denunciaban problemas con el agua caliente las pasadas navidades. Pero el frío es solo una de muchas quejas que señalan estos vecinos de Tres Cantos: facturas inasumibles para muchos, defectos en la construcción o el jardín, puertas abiertas día y noche —que aseguran que favorecen que se produzcan robos— y una cláusula ilegal por la que la Asociación de Vecinos Letonia llevará a los juzgados a Tarvos, la empresa dueña del inmueble. 

Todos los inquilinos del Plan Vive pagan, entre otras tasas e impuestos, el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Se trata de una cláusula que ya señaló la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) en un informe el pasado mes de mayo por contravenir “la Ley de Arrendamientos Urbanos y la normativa de vivienda protegida”. Además, es algo por lo que ya protestaron varios de los inquilinos de las 140 primeras viviendas del Plan Vive de la Comunidad de Madrid en Alcorcón, en 2024. Pero esta es la primera vez que unos vecinos se enfrentarán a Tarvos en los juzgados para defender que la cláusula “es ilegal y abusiva”, según asegura uno de los abogados que llevará su caso, Javier Ledesma. 

Los vecinos de 62 de estas viviendas reclamarán la devolución de este importe de IBI que se les ha cobrado durante los dos últimos años, casi 30.000 euros según el abogado. En su defensa, se basarán principalmente en una sentencia del Tribunal Supremo del año 2023 que declaró la nulidad de esta cláusula en unos pisos públicos de Aragón. “Establece que en las viviendas de protección oficial, las únicas cantidades que se pueden exigir son la renta y los costes reales de los servicios prestados”, algo que no incluye impuestos como el IBI, explica Ledesma. Contactada por este periódico, Tarvos ha decidido no hacer ninguna declaración al respecto.

La demanda no señalará a la Comunidad de Madrid como responsable en este caso, pero el abogado apunta que sí tendría “la posibilidad de decir expresamente que estas cuantías por IBI no pueden ser cobradas al arrendatario”. Algo que se podría establecer en el pliego de condiciones, asegura. Según la Consejería de Vivienda, “la Dirección General de Vivienda ha exigido que se compense a los afectados los perjuicios ocasionados durante el periodo en el que se produjeron las penalidades” y añaden que “la Comunidad de Madrid continuará vigilante y, en el supuesto de que las incidencias no queden definitivamente solucionadas, no dudará en apercibir a la concesionaria y, si procede, aplicar las penalizaciones correspondientes, garantizando así la defensa del interés general y los derechos de los adjudicatarios”.

El importe exacto que pagan al mes por el IBI, así como los gastos comunitarios, varía según el piso. Adrián Alarcón, secretario de la Asociación de Vecinos Letonia, vive en un piso de dos habitaciones por el que asegura que paga un alquiler mensual de 890 euros. Se trata de un piso de 60 metros cuadrados en el que viven dos personas. Sin embargo, a este alquiler que se promociona como asequible hay que añadirle el IBI —unos 60 euros al mes en el caso de Adrián— y los gastos de comunidad, que acaban sumando 1.090 euros. Eso, sin contar las facturas de aerotermia, agua, luz… 

Denuncian facturas de aerotermia desorbitadas

Cuando estos vecinos no pasan frío por el mal funcionamiento de la calefacción —del que algunos se siguen quejando después de que Acenz y Sogeviso, la gestora de los alquileres, dijeran que estaba solucionado— lo pasan por no poder permitirse el coste de las facturas. Algunos vecinos como Kamil Pozezynski o el Presidente de la Asociación de Vecinos, Gonzalo Ruiz, aseguran que llegan a los 150 euros, por lo que muchos deciden apagarla y comprar calefactores eléctricos para pasar el invierno. 

El precio del servicio de aerotermia es todavía más llamativo cuando se compara con las tasas que pagan los vecinos de la calle Emilio Tuñón, también del Plan Vive y a tan solo 10 minutos de la calle Letonia. En su caso, es la empresa Ness quien se encarga de suministrarlo y las tasas que pagan estos inquilinos son casi la mitad de lo que pagan en Letonia con la empresa Acenz. ¿Por qué encargar a esta empresa que suministre el servicio mientras existe otra con una oferta más competitiva?

Gonzalo Ruiz señala la relación entre Acenz y Avintia, el grupo que gestiona la conserjería, limpieza y otros servicios del edificio. Esta última es cocreadora de Acenz, por lo que, señala, “todo el dinero se va a Avintia”. Queda todo en casa. “Mucha gente lo que está haciendo con repulsa es dejarla apagada y este mes va a devolver el recibo”, añade Ruiz. De hecho, la comunidad de vecinos inició por su cuenta una consulta para proponer cambiar de empresa de aerotermia y la mayoría ha votado a favor.

Acenz niega que se hayan repetido los problemas con su servicio y aseguran que su equipo “ha estado pendiente en todo momento de esta incidencia puntual”, por lo que “el servicio quedó totalmente restablecido desde el pasado día 30 de diciembre”. Además, añaden que el consumo medio de las 209 viviendas del proyecto de Tres Cantos es de 50,03 euros mensuales o 600,36 anuales. “Este importe incluye los servicios de calefacción, aire acondicionado, agua caliente sanitaria y el mantenimiento de sus instalaciones en régimen de garantía total. Incluye, además, el IVA. Un importe infinitamente inferior a la media nacional que, por los mismos conceptos, se sitúa en los 1.300 euros anuales y que solo es posible gracias al sistema constructivo aplicado, el modelo industrializado, que garantiza los máximos estándares de calidad y eficiencia energética”. En cuanto a la relación de la empresa con el grupo Avintia, aseguran que no tienen vinculación alguna “más allá de la lógica relación profesional” y “no existe dependencia jerárquica, funcional u orgánica de aquella organización respecto de esta”.

Adnane Jirrari es otro vecino de Letonia. Para pagar su alquiler en un piso de tres habitaciones en el que vive con su pareja y sus dos hijos, tiene dos trabajos: entre semana, lleva una hormigonera, y durante el fin de semana es empleado de limpieza en un ayuntamiento. Cuenta que paga 1.600 euros al mes, incluyendo gastos de comunidad, agua y luz. Él es uno de los vecinos que no encienden la calefacción “por el susto” que se podía llevar con la factura. “Los vecinos se empezaron a quejar de que les salía muy caro. Así que he comprado calefactores eléctricos y estoy apañado con eso”.

Césped levantado, culebras en el jardín y otros defectos del inmueble

Pero otros servicios por los que pagan, como la jardinería, tampoco se libran de las críticas. Gonzalo Ruiz, no ve a dónde han ido a parar los 9.000 euros que asegura que gastó la comunidad en este servicio durante todo el año 2025, mientras que el jardín se ve descuidado, solo se desbrozó una vez en todo el año, e incluso cuenta que el pasado verano llegaron a ver culebras entre las hierbas. Esta misma semana se solucionó un problema que llevaban arrastrando desde septiembre, según Ruiz. Una parte significativa del césped artificial que rodea la piscina se había levantado. Algo que desde entonces se ha tenido que intentar remediar poniendo ladrillos por encima para mantenerlo pegado al suelo.

En el interior del edificio también tiene algunos defectos. Pequeñas humedades en los pasillos, por ejemplo, o tuberías, cables y contadores al descubierto en el techo. Hasta tres en uno de los edificios del bloque. Además, una de las grandes quejas de los vecinos tiene que ver con la seguridad. Varias puertas de acceso a la comunidad permanecen las 24 horas abiertas, así como algunas de las que dan acceso a los edificios o el garaje. “Tenemos una comunidad muy abierta”, ironiza Jirrari. Algunas de las cerraduras tienen un defecto por el que basta con empujar de la puerta para que se abra sin más, y Ruiz achaca varios robos del año pasado a esto. “Robaron ruedas de un coche, un Audi, que vale cada rueda casi 1.000 euros. Luego también robaron un volante de un BMW, y rayaron varios coches”, recuerda.

la gestora de los alquileres, Sogeviso, sostiene que los problemas con la aerotermia “quedaron solucionados” y añade que “las posibles incidencias puntuales están trasladadas tanto a la mantenedora como a la constructora para su resolución, como habitualmente. En cuanto a otros asuntos, por supuesto actuaremos como enlace con la Concesionaria, Tarvos, de todas las peticiones de los residentes para responder lo antes posible”.

Los vecinos del edificio de la calle Letonia, número 14, en Tres Cantos (Madrid), perteneciente al Plan VIVE de la Comunidad de Madrid, llevan algo más de una semana denunciando el mal funcionamiento de la calefacción en sus viviendas. “Es duro no tener calefacción en plena ola de frío”. “Vivimos en una zona cercana a la sierra, y es donde más frío hace”, lamenta Gonzalo Ruiz, presidente de la Asociación de Vecinos Letonia y afectado, que denuncia que las empresas responsables “se pasan la pelota”. Arantza López, otra de las vecinas del bloque, resume la situación con ironía: “Lo llamamos Plan Sobrevive”. 

En los tres inmuebles, que aúnan cinco portales, hay en torno a 180 viviendas ocupadas –alrededor de una quincena están vacías– según Gonzalo Ruiz, presidente de la asociación de vecinos. Él mismo relata que la temperatura en el interior de las viviendas baja hasta los 16 grados, una situación especialmente preocupante para las familias con menores y personas vulnerables. “Las casas se quedan heladas. Hay gente con niños pequeños y familias que están pasando mucho frío”, señala.  

Como otros vecinos, Ruiz, que vive con su hijo y su mujer embarazada, se ve obligado a utilizar calefactores eléctricos que, apunta, “repercutirán en la factura de la luz” en unas viviendas que, precisamente, tienen como objetivo ofrecer precios asequibles. Leticia Sobrinho, que vive en el edificio junto a su pareja y su bebé de cinco meses, llegó al piso en agosto de 2024 y, según cuenta, desde entonces han tenido numerosos problemas. “Estamos en casa con abrigos. Es muy triste pasar frío dentro de tu propia casa”, lamenta. Asegura que no pueden permitirse encender la calefacción por el elevado coste de las facturas, que en algunos meses han superado los 200 euros. “Tengo que pagar el alquiler y además tengo un bebé”, explica.

Según la empresa que gestiona los alquileres, Sogeviso, y Acenz, que gestiona la calefacción y aire frío en el edificio, el servicio quedó totalmente restablecido el pasado martes. Por su parte, la Consejería de Vivienda también sostiene que se dio solución al problema. El CEO de Acenz, Álvaro Martínez, admite que el servicio fue “interrumpido en varias ocasiones” y explica: “Estos equipos [dos de las cuatro máquinas que suministran el calor] no están preparados para funcionar con temperaturas inferiores a 10 grados. Lo que ocurre es que con esa temperatura, colapsan”. También reconoce que estas bombas de calor “no son las adecuadas para esta zona geográfica”. 

Sin embargo, la empresa apunta que se trata de una solución “provisional” y no descarta que se vuelvan a producir fallos a medida que las temperaturas sigan bajando en Tres Cantos. Asimismo, asegura que después de las fiestas se valorarán soluciones a largo plazo. 

Este no es el primer caso de incidencias y quejas respecto al estado de viviendas pertenecientes al Plan VIVE. El pasado 30 de diciembre, los vecinos de la calle Bella Dorotea número 3, en Getafe, denunciaban haber estado siete días sin tener agua caliente en sus casas o con un pequeño hilo de agua que llegaba templada. Las mismas empresas, Sogeviso y Acenz, también estaban implicadas en este caso.

Los testimonios recabados tras el anuncio contradicen la versión oficial de que el problema está resuelto. Arantza López, vecina del bloque, asegura que la calefacción sigue sin funcionar correctamente. “Da aire frío”, explica. Cuenta que en su casa están “con mantas y pasando frío sobre todo por la noche”. “Si enciendes el calefactor eléctrico se te dispara el recibo de la luz, pero nos tocará”. “Vamos probando, ayer funcionó un momento y luego vuelve a fallar”, añade.

También relata López que la empresa de aerotermia envió un correo a los vecinos asegurando que la situación “estaba solucionada y que si volvían a tener problemas que registraran incidencias en la app”, pero en su caso no ha podido hacerlo porque “la última incidencia que registró antes de que la empresa dijera que lo había solucionado sigue en trámite y no puede registrar una nueva”.

Las quejas se suman: “Es una tras otra”

A los problemas de calefacción se suman otras incidencias. “En viviendas como la mía tenemos un zumbido constante de la máquina de aerotermia”, explica. “Hay gente que se ha tenido que ir por la molestia del ruido constante” y, en su caso, denuncia que tiene que dormir con la televisión puesta para taparlo. También enumera otros desperfectos en la promoción: “Cuando el incendio de este verano, [el fuego que arrasó más de 2.000 hectáreas el pasado agosto] estaba el garaje lleno de humo y no saltó la alarma, los suelos del jardín se levantan, los armarios no cierran, es una tras otra”. 

Además, critica los costes que asumen los inquilinos por servicios que según ella, no reciben: “Se supone que toda la comunidad va con jardinería, pero no tenemos jardinero”. Y añade: “Este verano tuvieron que venir a desbrozar un par de días porque se nos metían culebras, ratas…”

Arantza López asegura que paga aproximadamente 1.360 euros al mes con gastos incluidos por un piso de 76 metros cuadrados en el que viven tres personas. Cuenta que en su casa están “con mantas y pasando frío sobre todo por la noche”. “Si enciendes el calefactor eléctrico se te dispara el recibo de la luz, pero nos tocará”, añade. También señala que “no siempre” tienen agua caliente“ y recuerda que ”este verano dejó de funcionar el aire frío en plena ola de calor“. ”Creo que han metido la maquinaria más barata que han encontrado“, concluye. Tres días después de anunciar la supuesta solución, Borja Rodelgo, vecino, también sigue sin ver cambios y además señala que no tienen agua caliente en su piso y solo sale ”templada“: ”Tuve que calentar agua para bañar a mi hija“.

La situación se repite en otros hogares del bloque. Kamil Pozezynski vive en una vivienda orientada al norte, una de las zonas más frías del edificio. “Estamos con frío, nosotros estamos orientados hacia el norte y no recibes un rayo de sol en todo el día. Es la parte más fría del bloque”. “La casa por las mañanas está a 15 grados”, señala, y reconoce que no suele “poner demasiado la calefacción” porque “llegan facturas de 200 euros”. En una línea similar se expresa Adrián Alarcón, que vive en el edificio desde julio de 2024. “Nosotros llevamos viviendo aquí desde julio de 2024 y desde el principio hemos tenido problemas con la calefacción”, explica. En su vivienda, asegura, “en invierno no sube de 18 grados en ningún momento”.

Ante esta situación, los vecinos han iniciado una votación para cambiar de empresa de aerotecnia. “No deberíamos tener que pagar estas tarifas abusivas por algo que, además, no nos da un buen servicio”, afirma Pozezynski. Por el momento, aunque no todas las viviendas han votado todavía, 136 de ellas respaldan un cambio en la empresa que suministra la aerotecnia y el agua caliente, Acenz. 

La vivienda es tan importante que ha logrado eclipsar al sistema. Es cierto, la vivienda (de calidad) representa el espacio seguro, la tranquilidad, la posibilidad de una vida en la que planificar o anhelar no sean verbos conjugados en finés. Pero el debate sobre la (casi) imposibilidad de acceder a una vivienda digna y que podamos pagar logra que el sistema (ese engranaje en que nada está aislado del todo) pase agachado en el debate.

Las leyes que regulan el uso del suelo, los pírricos planes políticos de vivienda pública o las propuestas de limitar el enjambre mortal de pisos turísticos no pueden hacer nada contra una realidad más compleja.

Eurostat confirma que la evolución de los salarios en España entre 1995 y 2023 sólo rasca un +3% en el total de personas empleadas (un +6% en los contratos a jornada completa). Nuestra realidad solo es comparable en Europa a la de Italia. Mientras, en Francia los salarios medios han acumulado un crecimiento del 27%, en Alemania del 12% o en Irlanda del 64%. Mientras, en ese mismo periodo, el precio del metro cuadrado de la vivienda nueva en España ha subido un 127%. No hay que ser matemático para medir la brutal brecha existente entre salarios y precio de la vivienda.

La baja calidad de nuestros salarios tiene que ver con la dependencia de nuestra economía de unos sectores hostelero y de servicios —la base de la maldita turismo subordinación— en los que la cualificación no es un mérito, se paga mal e informalmente en muchos casos. La economía del chiringuito sirve buenas cañas pero aleja la posibilidad de la autonomía económica para el grueso de la población. Todo es precario y nos hemos acostumbrado a ser camareros temporales en nuestras propias vidas. También podemos relacionar esos absurdos salarios con la forma en la que, tradicionalmente, los empresarios han mejorado sus beneficios, que no es mejorando el producto o dotándolo de valor añadido, sino exprimiendo la mano de obra al límite.

Otro elemento a tener en cuenta también es heredado de los tiempos oscuros del siglo XX. La obsesión española por la vivienda en propiedad y la entrega sin condiciones del mercado del ladrillo a la iniciativa privada provocaron el tsunami perfecto que ha hecho imposible contar con un parque de vivienda pública potente, como lo tiene Países Bajos (30%), Austria (24%) o el Reino Unido (17,6%). Nosotros raspamos un 2,5% que nos aleja casi 7 puntos de la media europea. Las mafias de la construcción no dejan de saltar en las noticias relacionadas con la corrupción y sus empresas contratan mano de obra precaria sin fin pero seguimos poniendo el foco en los corrompidos y no en quiénes pagan las mordidas, fuerzas recalificaciones de terrenos o ganan contratos públicos con bajas temerarias. Este modelo de pelotazos inmobiliarios ha calado en la llamada clase media española que siempre ha apostado al ladrillo como refugio para sus pocos excedentes. La mitad de los caseros que alquilan pisos son pequeños propietarios que tienen una o dos viviendas en propiedad. Nos explotamos a nosotras mismas.

Si nos preguntamos cómo hemos aguantado hasta hoy podríamos pensar que la herencia de la casa familiar ha salvado a mucha gente de la intemperie, pero resulta que ahora madres y padres viven muchos más años que en 1995. De hecho, la esperanza de vida ha pasado en estas dos décadas de los 78 años a los 84 (si seguimos con los porcentajes un +7,69%, más del doble que los salarios), así que lo de la herencia mejor lo apuntamos para la jubilación en el mejor de los casos.

También hemos aguantado porque habíamos heredado del franquismo la agotadora cultura del pluriempleo, pero eso murió con una generación y ahora dejamos que nos explote un solo empleador. 

Y, fundamentalmente, hemos aguantado porque la narrativa que nos llega a través de los medios de comunicación siempre nos ofrece un enemigo pequeño que invisibilice al sistema perverso en el que nos enredamos cuando queremos dar pasos hacia nuestro provenir. A veces son los bancos, en otras ocasiones son los fondos de inversión, ahora son los pisos turísticos… todo menos el sistema. La buena noticia es que, aunque desmontar el sistema perverso parezca imposible, las políticas públicas pueden minimizar sus daños. Proyectos de construcción masiva de vivienda pública, planes de fomento de un tejido económico de valor añadido, modelos de cooperación que permitan buscar soluciones no individuales, apuesta por una vivienda rural sostenible y comprable, desincentivación de la segunda vivienda, impuestos a la vivienda desocupada o a la acumulación de propiedades… Las recetas son más o menos conocidas pero deben actuar sobre varios de los factores que pervierten la vida, no sobre el que esté de moda en el discurso público.

Que los sucesivos gobiernos del Partido Popular que han ocupado la Xunta de Galicia redujeron la política de vivienda pública a la anécdota es un hecho basado en datos objetivos. Lo recordó este miércoles Ana Pontón durante la sesión de control al presidente gallego Alfonso Rueda: “Vuelva al planeta Galicia, usted no lleva dos años gobernando, lleva 16 años dinamitando la política de vivienda”. La líder del BNG lo interpelaba por uno de los principales problemas de la ciudadanía gallega -así lo recogen estudios y sondeos-, el derecho a un lugar donde vivir y le afeó sus promesas incumplidas en la materia. La primera, las 4.000 viviendas públicas que comprometió el pasado año para estar terminada en 2028. Alfonso Rueda lo negó y aseguró, sin concretar, que están en construcción.

“Hay 22.680 personas en el registro de demandantes de vivienda protegida”, arrancó Pontón su pregunta, “y lo cierto es que tienen más posibilidades de que les toque la Lotería de Navidad que una vivienda protegida”. A continuación, criticó que la derecha siempre haya preferido la especulación al derecho a la vivienda -recogido en la Constitución española- y que sus actuaciones se reduzcan a “bulos, propaganda y mentiras”. Si en 2024, el Gobierno gallego afirmó que en cuatro años terminaría 4.000 de promoción pública, solo han entregado, en cifras del ministerio del ramo citadas por Pontón, 47. “Ánimo, ya solo le quedan 3.953”, ironizó la nacionalista.

A Rueda no le hizo gracia. Dijo que las viviendas prometidas están en construcción y, con una peculiar manera de medir el paso del tiempo, que solo ha pasado un año desde su anuncio. En realidad, un año y diez meses, ya que sucedió durante la campaña de las elecciones de febrero de 2024, las de la primera mayoría absoluta del presidente gallego. Este, en todo caso, añadió que hay obras en más de 20 ayuntamientos y que algunos -citó Pontevedra, donde reside- los gobierna el BNG. La consellería María Martínez Allegue había afirmado un día antes que son 3.000 las que están “en tramitación” y las mil restantes lo estarán el año que viene. “[Las 4.000 viviendas públicas] van a estar construidas en 2028”, insistió el presidente. Fue cuando Ana Pontón mencionó la realidad: ni un año, ni un año y diez meses, Rueda forma parte de los ejecutivos populares en Galicia desde 2009 y es su jefe desde 2022. “Las últimas viviendas públicas que la Xunta entregó en Santiago de Compostela”, usó Pontón como ejemplo de la desidia del PP al respecto, “las entregó una conselleira del BNG”. Teresa Táboas, del bipartito entre socialistas y nacionalistas que gobernó la comunidad entre 2005 y 2009.

“¿Están construyendo 4.000 viviendas? Dígame dónde e iré a verlas. Pero se trata de un bulo más”, consideró la portavoz del Bloque, antes de sintetizar tres propuestas de su formación sobre el objeto de debate: “Compren vivienda para destinar a alquiler social, decreten protección permanente y adquieran aquella vivienda protegida que sale al mercado”. Rueda lo desdeñó, despreció una vez más a su interlocutora -“no sabe cómo funciona una administración”, “esas caritas que pone”- y se inventó que los nacionalistas habían instado a la Xunta a expropiar pisos.

Besteiro a Rueda: si autoriza Altri, “va a cruzar la raya de la prevaricación”

La táctica de José Ramón Gómez Besteiro, portavoz del Partido Socialista, para interrogar a Rueda fue distinta. Su grupo había registrado una pregunta sobre las políticas de bienestar del Gobierno gallego -el reglamento de la Cámara gallega obliga a hacerlo con casi diez días de antelación- pero llegada la hora se descolgó de la misma y arremetió contra la posición de la Xunta respecto del proyecto de macrocelulosa de Altri. Su jugada le valió una reprimenda amable del presidente del Parlamento, Miguel Santalices, y una ristra de descalificaciones de Rueda. “Con usted hablar de cualquier cosa en serio es cada día más difícil”. Y aunque en su primer turno, este había asegurado que no tenía inconveniente en hablar sobre Altri, lo cierto es que no lo hizo, más allá de volver a escudarse en los técnicos. En los autonómicos, claro.

Besteiro había enumerado todos los reveses que ha recolectado Altri en los últimos meses y mencionado el paradójico apoyo de Rueda a una iniciativa que, además, suscitó un enorme malestar social. “Es un proyecto vacío, muerto, no es autorizable”, resumió. Sin dinero de Europa ni el favor del Gobierno central, la Xunta debe ahora decidir si otorga la Autorización Ambiental Integrada. La opacidad que ha dominado la información sobre las relaciones entre la Administración autonómica y la empresa de matriz portuguesa impiden saber con exactitud cuando expira el plazo, pero para Besteiro, “si Rueda no tiene el valor de denegar la autorización, además de un error político, estará cruzando la raya de la prevaricación”.

El Gobierno de España transferirá a la nueva empresa pública estatal 857 viviendas en Cantabria ubicadas en 18 ayuntamientos procedentes del llamado 'banco malo' para destinarlas a alquileres asequibles con precios por debajo del mercado que no podrán superar el 30% de los ingresos de las familias.

Las viviendas provienen de los desahucios de cientos de ciudadanos cántabros que perdieron su casa en el contexto de la crisis de la burbuja inmobiliaria. Los bancos no pudieron vender este patrimonio expropiado y acabaron por servir de moneda de cambio para el rescate de las propias entidades financieras: 50.000 millones de euros de dinero público a cambio de este paquete inmobiliario que el Gobierno de España ahora cede para alquileres a bajo precio.

Una inyección de 45.218 viviendas para el parque público de vivienda en España, repartida en 1.098 municipios. De estas cifras, a Cantabria le corresponden 856 viviendas. De esta manera, estas viviendas que perdieron los ciudadanos retornan para un uso social. “Lo que sirvió para rescatar a los bancos, hoy sirve para rescatar a las familias”, dijo la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez cuando se presentó la iniciativa.

El mapa elaborado por elDiario.es indica dónde están ubicadas. Ramales (219), Polanco (143) y Torrelavega (125) son los tres municipios donde se ceden más viviendas. En el entorno de la bahía se liberarán 18 en Santander y 81 en El Astillero. En Bezana habrá 60, en Castañeda 43, en Piélagos 33 y otras 30 en Santiurde de Toranzo.

Algunas zonas turísticas como Miengo y Suances ofertarán 48 y 34 casas, respectivamente, para alquileres a bajo precio. A ellas se suman 16 en Reocín y las restantes se reparten entre San Felices, Santiurde de Reinosa, Villaescusa, Ribamontán al Mar, Hazas de Cesto y Solórzano.

La Sareb ya había vendido a Cantabria, en años anteriores, 76 viviendas. Entre ellas, 34 ubicadas en Ganzo (Torrelavega) por un importe de 3,3 millones de euros. Los inmuebles fueron adquiridos a través de Gesvican (Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria). En paralelo, la compañía ha estado comercializando el resto de las viviendas en el mercado de particulares a través de Altamira Asset Management, encargada de la gestión comercial de los activos de Sareb.

Más atrás en el tiempo, en 2016, el Gobierno de Cantabria firmó un acuerdo con la Sareb para la cesión temporal de 40 viviendas destinadas a fines sociales que se integraban en el Parque Público de Viviendas. En esa ocasión, la Sareb percibía una contraprestación fija mensual para hacer frente a los gastos de seguros, comunidad y reparaciones extraordinarias. Por su parte, el Gobierno de Cantabria asumía los cargos correspondientes a la gestión de la vivienda, así como su mantenimiento ordinario, entre otros.

40.000 viviendas en toda España

La operación de cesión de inmuebles de la Sareb para alquileres acessibles se puso en marcha en julio, cuando el Consejo de Ministros aprobó ceder a una nueva empresa pública las más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos, con capacidad para que se edifiquen sobre ellos otras 55.000 casas más, propiedad de la Sareb. Según los cálculos del Ministerio, este lote tendría un valor estimados de 5.900 millones de euros. El cambio de titularidad se hace a través de una donación, primero a Patrimonio del Estado y después a la empresa pública de vivienda y suelo.

La Sareb se constituyó en 2012, en el contexto del rescate bancario, que costó a los contribuyentes unos 50.000 millones de euros, y tenía el objetivo de deshacerse de los inmuebles y suelos a los que los bancos no podían dar salida tras miles de desahucios. En 2022, el Gobierno incluyó en su mandato una función social, a través de la cual se han firmado más de 7.700 contratos de alquiler social, según los datos del Ministerio.