En Bilbao, un perro que pese más de 8 kg puede ir en la línea tres del Metro y en el tranvía, pero no tiene permitida la entrada a la línea uno ni a la dos. El artículo 18 de la normativa del Metro de Bilbao establece que se permite a las personas usuarias ir acompañadas de un único perro o gato, cuyo peso sea inferior a 8 kg, siempre y cuando viajen en las condiciones idóneas y no resulte peligroso, ni molesto por su forma, volumen, ruido u olor. Sin embargo, esta normativa es distinta a la del tranvía de Bilbao que establece que los perros de cualquier tamaño pueden viajar, siempre que vayan atados con correa, sin necesidad de transportín. Esto ocurre porque el tranvía está gestionada por la empresa pública Euskotren, quien en sus trenes, también en la línea 3 que recorre la capital vizcaína desde Otxarkoaga hasta Matiko, permite la entrada de perros de cualquier tamaño.

Para David Fernández, Iñaki Valentín y Pablo Muñoz esta situación carece de sentido. Por ello, han creado una plataforma y una recogida de firmas con la que han llegado hasta las Juntas Generales de Bizkaia. “Una de cada tres familias en Bilbao tiene perro. Por tanto, estas familias necesitan poder desplazarse con el perro por la ciudad. Es más, en metro, actualmente, podemos ir cómodamente desde Basauri a Santurtzi o Plentzia. No tiene sentido que impidamos que una de cada tres familias no pueda hacer uso de esta importante infraestructura que es de todos. Una ciudad que aspira a ser moderna no puede dejar, en la actualidad, sin opciones para desplazarse con su perro a una de cada tres familias. Si bien es cierto que los perros menores de 8 kg se pueden desplazar en metro, estos son una minoría”, lamentan los miembros de la plataforma, que ya suma más de 11.800 firmas con las que buscan que la capital vizcaína imite a las grandes ciudades como Madrid o Barcelona que permiten el acceso en el metro con perros grandes con alguna restricción horaria.

Tras reunirse en varias ocasiones con Metro Bilbao y comprobar los nulos avances en esta materia, los tres se presentaron el pasado 30 de marzo en la Comisión de Peticiones y Reclamaciones con la Ciudadanía de las Juntas Generales de Bizkaia para denunciar la situación y exigir el apoyo de los grupos junteros. “Nuestra solicitud parece bastante razonable. Se trata de una situación anómala teniendo en cuenta que en unos transportes sí que pueden viajar los perros de más de 8kg, pero en Metro Bilbao no. Estamos tratando de reducir el uso del transporte privado, queremos ser sostenibles, y a la vez impedimos que una de cada tres familias aproximadamente se puedan desplazar en transporte público. Esto es inconcebible, no lo entiende nadie”, justificaron los miembros de la plataforma en las Juntas Generales.

Una de las razones que esgrimen los contrarios a la presencia de los perros en el metro es la suciedad y la falta de seguridad que estos podrían ocasionar. No obstante, desde la plataforma sostienen que no habría diferencia entre los usuarios de Euskotren que van con perros grandes desde hace tiempo y los del metro. “La realidad diaria nos demuestra con hechos que en la línea 3 gestionada por Euskotren no está ocurriendo nada de eso y entran perros, ni en el tranvía ni en el funicular. Entre otras cosas porque los perros se localizan en un vagón, no están en su medio y no se dedican a orinar en las esquinas ni a hacer sus necesidades ahí, aunque nadie dice que no pueda haber un accidente, pero lo mismo ocurre cuando cogemos el metro un sábado por la noche y nos han vomitado al lado y no perros, sinceramente. Todas esas cuestiones han sido testadas. En el caso de las personas alérgicas, una alergia no se produce si no hay una exposición determinada durante un tiempo determinado. Son miedos que los entendemos, pero muchas veces son ideales. En cuanto a la seguridad, se nos dice que si un perro salta a las vías se paraliza todo el Metro Bilbao, por el trazado en Y que tiene. Pero son miedos irreales, porque ni Madrid ni Barcelona ni en París los perros saltan, no sé por qué los perros de Bilbao van a decidir saltar a la vía y más cuando van atados”, justificaron durante su intervención en la que se abrieron a la posibilidad de que los perros utilicen un único vagón, en horas concretas y tampoco se niegan a pagar un billete extra por el animal. “Si hay que pagar un billete porque se ocupa un espacio, se paga sin problema”, argumentaron.

Desde Metro Bilbao, tras la reunión mantenida con la plataforma, realizaron una encuesta de satisfacción a finales de 2025, en la que un 27% de los participantes al rededor de 86.000 personas, indicaron que si se permitiera viajar con perros de más de 8 kg reducirían el uso del metro e incluso dejarían de utilizarlo. Sin embargo, desde la plataforma, lamentan que las preguntas de la encuesta iban dirigidas y no se preguntó si estaban “a favor o en contra”, sino si consideran que el hecho de que hubiera perros en el metro podría alterar su uso o las instalaciones. “Para nosotros fue una sorpresa que en la citada encuesta no se planteó una pregunta, se plantearon varias a nuestro entender dirigidas, porque no se preguntó de una forma aséptica si se estaba a favor ni se dio información de que ya se hace en otras capitales, se preguntó '¿Permitiría usted que los perros viajasen teniendo en cuenta que puede aportar más suciedad o hay personas alérgicas?'. A pesar de ello el 73% de las personas encuestadas no se opuso y el 27% aseguró que se plantearían usar el suburbano en caso de que se modifique la norma. Creemos que con esta actitud Metro Bilbao lo que busca es dividir a los ciudadanos, pero la realidad es que la ciudadanía avanza”, reconocieron, tras informar de que en Madrid la medida se aprobó en 2016 y al año siguiente el número de pasajeros subió un 7% y, en el caso de Barcelona la medida se aprobó en 2014 y en el año siguiente aumentó el número de viajeros un 3%.

Desde las Juntas Generales de Bizkaia los partidos políticos han valorado positivamente la iniciativa y se han abierto a estudiarla. No obstan, los miembros de la plataforma lamentan que hace 10 años, el 26 de abril de 2016, el pleno del Ayuntamiento de Bilbao acordó solicitar a Metro Bilbao la posibilidad de modificar la normativa de mascotas facilitando el acceso y acompañamiento de las mismas a semejanza de otros metros de Europa. “Es una solicitud que lleva tiempo dando vueltas sin dar pasos. Las propias Juntas de Bizkaia aprobaron el 12 de junio de 2020 por unanimidad una enmienda transaccional en la que se instaba a los diferentes operadores de transporte público de Bizkaia a analizar a la mayor brevedad posible la regulación en en relación con el transporte de mascotas adoptando las modificaciones oportunas para permitir viajar con perros de más de 8 kg. Solicitamos que se analicen y estudien este caso, que tomen las decisiones que les parezcan oportunas para que se modifique la normativa de Metro Bilbao”, solicitan desde la plataforma ciudadana, que no descartan seguir dando pasos y llevar su protesta, en el caso de que sea necesario, hasta el Parlamento Vasco.

La Guàrdia Civil continua investigant les causes de la mort de 27 gossos de caça que, dissabte passat, van ser trobats sense vida dins d'una furgoneta que viatjava a l'interior de la bodega d'un vaixell procedent de Barcelona i que acabava d'atracar al port de Palma.

Els investigadors del Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de l'Institut Armat estan duent a terme una investigació exhaustiva per determinar les causes exactes del que ha ocorregut i, en aquests moments, es troben a l'espera dels resultats de les necròpsies per poder determinar les circumstàncies de la defunció dels animals.

D'acord amb les primeres indagacions, un grup de caçadors de Mallorca havien passat diversos dies a Lituània per entrenar 36 cans de cara a la temporada de la becada. De tots ells, només nou van aparèixer vius al seu retorn a l'illa. D'immediat, el Seprona es va fer càrrec de les indagacions per investigar els detalls del succés.

Després de tenir coneixement del mateix, el partit animalista Pacma va exigir responsabilitats per uns fets que considera “una mostra més del tracte que reben els gossos utilitzats per a la caça”. En aquest sentit, retreuen que aquests animals siguin considerats “eines” i no éssers sentients amb drets. Per això, exigeixen al Govern de PSOE i Sumar que rectifiqui i inclogui els gossos de caça a la Llei de Benestar Animal, de la qual, apunten, “van ser exclosos per pressió, precisament, del lobby cinegètic”.

En aquesta línia, Pacma reclama la inclusió d'aquests animals al Reial Decret de Núclis Zoològics, del qual, lamenta, “també planen ser exclosos”. Mitjançant el seu reconeixement dels gossos de caça per part d'aquesta norma, els animalistes volen “garantir controls i condicions mínimes de transport, descans i seguretat”. “Mentre els gossos de caça continuïn quedant fora del marc legal de protecció, continuaran sent víctimes d'una indústria que els explota, els arrisca i els descarta quan ja no serveixen”, lamenten des de la formació.

Segons un estudi realitzat pel partit amb dades reportades per un terç de les protectores d'animals del país, només el 2023 més de 12.000 gossos de caça van ser abandonats a Espanya.

La Federació Balear de caça recolça els propietaris: “No tenen cap responsabilitat”

Per la seva banda, la Federació Balear de Caça va expressar aquest diumenge el seu pesar pel succés i va mostrar el seu recolçament als propietaris dels gossos: “Volem traslladar tot el nostre suport als propietaris dels animals, que formen part de la nostra comunitat de caçadors i que estan profundament afectats” pels fets, va manifestar la presidenta de la Federació, Marta Lliteres, qui assegura que “els caçadors no tenen cap responsabilitat pel que ha succeït”.

Segons va explicar, els caçadors havien contractat els serveis d'una empresa especialitzada en transport d'animals “amb la finalitat de garantir que els seus gossos viatgessin en les millors condicions de seguretat i benestar possibles”. Respecte a això, apunta que “el trajecte des de Lituània fins a Barcelona es va desenvolupar amb total normalitat, i va ser durant la travessia marítima final cap a Mallorca quan es va produir la mort dels gossos”.

Lliteres va subratllar que, “per a qualsevol caçador, els seus gossos no són simples animals de treball, sinó companys inseparables, fruit d'anys de dedicació, ensinistrament i cura diària”. “La relació entre caçador i gos es basa en el respecte, la confiança i l'afecte, i per això la pèrdua d'aquests animals suposa un cop emocional molt dur”, va incidir.

Des de la Federació Balear de Caça van mostrar la seva “plena col·laboració” amb les autoritats i el seu “compromís amb la transparència” perquè s'esclarissin els fets i es depurin responsabilitats, adoptant-se les pertinents decisions judicials si s'escau. Així mateix, es va reafirmar finalment en el seu “compromís amb el benestar animal i amb les bones pràctiques cinegètiques”, a les quals es va referir com a “pilars fonamentals d'una caça ètica, responsable i respectuosa amb els animals que formen part d'ella”.

La Guardia Civil continúa investigando las causas de la muerte de 27 perros de caza que, el pasado sábado, fueron hallados sin vida dentro de una furgoneta que viajaba en el interior de la bodega de un barco procedente de Barcelona y que acababa de atracar en el puerto de Palma.

Los investigadores del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Instituto Armado está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas de lo ocurrido y, en estos momentos, se encuentran a la espera de los resultados de las necropsias para poder determinar las circunstancias del fallecimiento de los animales, indican fuentes del cuerpo.

De acuerdo a las primeras pesquisas, un grupo de cazadores de Mallorca habían pasado varios días en Lituania para entrenar a 36 canes de cara a la temporada de becada. De todos ellos, solo nueve aparecieron vivos a su regreso a la isla. De inmediato, el Seprona se hizo cargo de las pesquisas para investigar los pormenores del suceso.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, el partido animalista Pacma exigió responsabilidades por unos hechos que considera “una muestra más del trato que reciben los perros utilizados para la caza”. En este sentido, recriminan que estos animales sean considerados “herramientas” y no seres sintientes con derechos. Por ello, exigen al Gobierno de PSOE y Sumar que rectifique e incluya a los perros de caza en la Ley de Bienestar Animal, de la que, apuntan, “fueron excluidos por presión, precisamente, del lobby cinegético”.

En esta línea, Pacma reclama la inclusión de estos animales en el Real Decreto de Núcleos Zoológicos, del que, lamenta, “también planean ser excluidos”. Mediante su reconocimiento de los perros de caza por parte de esta norma, los animalistas quieren “garantizar controles y condiciones mínimas de transporte, descanso y seguridad”. “Mientras los perros de caza sigan quedando fuera del marco legal de protección, seguirán siendo víctimas de una industria que los explota, los arriesga y los descarta cuando ya no sirven”, lamentan desde la formación.

Según un estudio realizado por el partido con datos reportados por un tercio de las protectoras de animales del país, solo en 2023 más de 12.000 perros de caza fueron abandonados en España.

La Federación Balear de caza apoya a los dueños: “No tienen ninguna responsabilidad”

Por su parte, la Federación Balear de Caza expresó este domingo su pesar por el suceso y mostró su respaldo a los propietarios de los perros: “Queremos trasladar todo nuestro apoyo a los propietarios de los animales, que forman parte de nuestra comunidad de cazadores y que están profundamente afectados por lo sucedido”, manifestó la presidenta de la Federación, Marta Lliteres, quien asegura que “los cazadores no tienen ninguna responsabilidad” en los hechos.

Según explicó, los cazadores habían contratado los servicios de una empresa especializada en transporte de animales “con el fin de garantizar que sus perros viajaran en las mejores condiciones de seguridad y bienestar posibles”. Al respecto, apuntó que “el trayecto desde Lituania hasta Barcelona se desarrolló con total normalidad, y fue durante la travesía marítima final hacia Mallorca cuando se produjo la muerte de los perros”.

Lliteres subrayó que, “para cualquier cazador, sus perros no son simples animales de trabajo, sino compañeros inseparables, fruto de años de dedicación, adiestramiento y cuidado diario”. “La relación entre cazador y perro se basa en el respeto, la confianza y el afecto, y por ello la pérdida de estos animales supone un golpe emocional muy duro”, incidió.

Desde la Federación Balear de Caza mostraron su “plena colaboración” con las autoridades y su “compromiso con la transparencia” para que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades, adoptándose las pertinentes decisiones judiciales si hubiera lugar a ello. Asimismo, se reafirmó finalmente en su “compromiso con el bienestar animal y con las buenas prácticas cinegéticas”, a las que se refirió como “pilares fundamentales de una caza ética, responsable y respetuosa con los animales que forman parte de ella”.

Los coches de caballos que pasean a los turistas ya son historia en Málaga. La ciudad ha dado el paso culminando una de las reivindicaciones que mantienen las entidades animalistas en toda España. La capital malagueña ha dejado de contar con este tipo de transporte turístico, que funciona con caballos, después de que el Ayuntamiento haya revocado las 25 licencias que seguían en vigor. Para ello, ha tenido que indemnizar a sus titulares con más de 125.000 euros cada uno. El coste total ha supuesto un desembolso de más de 3 millones de euros para las arcas municipales.

Según el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre (PP), los coches de caballos dan “mala imagen” al mundo. De hecho, el alcalde ya anunció el fin de los coches de caballos en enero de este año. El anuncio del fin de esta práctica en menos de un año fue una sorpresa en Málaga, ya que el Consistorio había defendido un proceso gradual hasta ese momento. Las últimas licencias caducaban en 2035. Unas semanas antes de que Málaga pusiera fin a los coches de caballos, unos 200 activistas se movilizaron en Palma para protestar contra este tipo de explotación animal y forzar al Ayuntamiento a poner fin a ella.

Sin embargo, el Ayuntamiento de la capital mallorquina no parece dispuesto a ponerles fin. En el caso de Palma hay 28 licencias en vigor, que, a diferencia de Málaga, son hereditarias y vitalicias. Revocarlas implica negociar con los caleseros, una opción que no parece estar sobre la mesa del consistorio. De hecho, el Ajuntament de Palma no ha respondido a la consulta de elDiario.es sobre si iba a seguir el Consistorio el ejemplo de Málaga en el momento en que se publica esta noticia.

En cuanto a otros asuntos, los animalistas mallorquines también han lamentado que siga habiendo corridas de toros en la isla y han mostrado su enfado por el hecho de que los menores de 16 años puedan asistir a ellos. Consideran, además, que el caso de la ‘macrogranja de los horrores’ de Llucmajor, que reveló las condiciones de insalubridad y maltrato que sufren las aves, no es más que otro ejemplo de la relación que como sociedad tenemos con los animales.

“Los caballos están en malas condiciones”

Las malas condiciones en las que viven los caballos que trabajan en la industria de las calesas es un asunto recurrente denunciado por las entidades animalistas, como ya contó elDiario.es en una crónica de julio de 2022. “Los caballos están en malas condiciones, muy delgados. Hay animales que no podían caminar más. Los hemos podido ver y lo hemos denunciado, pero después nunca se encuentra al caballo”, lamentaba, ya entonces, Guillermo Amengual, presidente de Progreso en Verde.

Pese a que año tras año los animalistas denuncian la misma situación que recoge luego la prensa local y que se debate también en los plenos municipales, todo sigue igual. Las últimas críticas se han centrado en los desplomes de dos caballos en menos de 48 horas. Fuentes del Ajuntament de Palma aseguraron a este diario que los sucesos no se debieron a golpes de calor ni al mal estado de salud de los caballos sino que, en uno de los casos, unos turistas cruzaron de forma imprevista la calle al paso de la galera y, en el otro, el caballo pasó por una zona deslizante lo que provocó su caída. Sin embargo, tanto el partido animalista como la asociación Satya Animal denuncian la explotación a la que están sometidos.

“Uno de los casos podría ser [fortuito] pero el otro no porque el caballo se desvanece. No hace ni amago de levantarse. Esto solo puede ocurrir por la sobreexplotación que trae un servicio así, que depende del beneficio económico de cuántos kilómetros haga el caballo”, asegura Kike Gimeno, portavoz de Satya Animal, quien añade que la Policía Local no multa a los caleseros cuando se producen infracciones. “No tienen ningún interés en recuperar las licencias, dicen que es un servicio legal”, asegura y añade que el Consistorio afirma que solo se compromete a inspeccionar a los equinos que sufren las caídas.

[El desplome de caballos] solo puede ocurrir por la sobreexplotación que trae un servicio así, que depende del beneficio económico de cuántos kilómetros haga el caballo. No tienen ningún interés [en el Ayuntamiento] en recuperar las licencias, dicen que es un servicio legal

Kike Gimeno — Portavoz de Satya Animal

Las licencias son vitalicias

El problema que hay con estas licencias es que son hereditarias y vitalicias. El Ayuntamiento de Palma solo puede rescatarlas llegando a un acuerdo con los caleseros, que se niegan a renunciar a ellas. En opinión de Gimeno, están intentando llevar la situación “al límite” para conseguir una licencia de taxi, valorada entre doscientos mil y trescientos mil euros. Al contrario de lo que ha ocurrido en Alcúdia —municipio cercano a la costa de Menorca—, donde las licencias han caducado y el Ayuntamiento las ha sustituido por calesas eléctricas, convirtiéndose en el primer municipio de la UE en ofrecer este servicio de forma homologada. “Hemos apostado por vehículos eléctricos porque había que darle una salida a nuestro sector. Si no lo hacíamos, no teníamos futuro. La sensibilidad respecto a los animales ha cambiado mucho en estas décadas y era el momento de evolucionar”, afirmó Eduardo Salazar, cuya familia lleva más de 50 años en el negocio de las galeras. Según los animalistas, en este municipio el Consistorio tenía una posición más favorable para introducir un cambio que deje atrás la explotación animal.

El problema que hay con estas licencias es que son hereditarias y vitalicias. El Ayuntamiento de Palma solo puede rescatarlas llegando a un acuerdo con los caleseros, que se niegan a renunciar a ellas

Antes de ser presidente de Progreso en Verde (partido que se presentó a las últimas elecciones municipales de Palma en una coalición con PACMA), Amengual militó en organizaciones animalistas como AnimaNaturalis. Según su visión, hay algo “turbio” detrás del servicio de calesas de la capital porque las administraciones y autoridades no están abriendo los expedientes sancionadores que corresponderían a la cantidad de infracciones que se producen. “Hay caleseros que se ríen cuando publicamos en redes sociales las infracciones que cometen. Dicen que a ellos no les multan”, lamenta. 

Hay caleseros que se ríen cuando publicamos en redes sociales las infracciones que cometen. Dicen que a ellos no les multan

Guillermo Amengual — Presidente de Progreso en Verde

El partido animalista se plantea acudir a la vía judicial para estudiar la revocación de estas licencias. “No tiene sentido que un Ayuntamiento quiera retirar un servicio y no pueda hacerlo porque existe una licencia vitalicia”, argumenta. En estos momentos hay 28 licencias de calesas en Palma. Si cada uno de los propietarios pidiera 200.000 euros, el coste para las arcas municipales sería de 5,6 millones de euros. “El Ayuntamiento [gobierna el PP con el apoyo externo de Vox] siempre responde que los servicios jurídicos argumentan que no se pueden [revocar]”.

En estos momentos hay 28 licencias de calesas en Palma. Si cada uno de los propietarios pidiera 200.000 euros, el coste para las arcas municipales sería de 5,6 millones de euros

Los niños pueden ver el “espectáculo taurino”

El PP recuperó buena parte de su poder territorial tras las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo de 2023 poniendo fin a los cambios que se habían producido en España a partir de 2015 con los ayuntamientos más importantes y buena parte de las autonomías gobernadas por coaliciones de izquierdas. Tanto el Ajuntament de Palma como la Comunitat Autònoma pasaban a estar gobernadas por el PP. Sin embargo, como ocurre con otros asuntos en la llamada ‘guerra cultural’ que la extrema derecha está librando contra los consensos que son asumidos por la mayor parte de la sociedad por su transversalidad, los conservadores se están viendo arrastrados por Vox. ¿Y cuál podría ser una de sus señas de identidad, de tradición, de españolidad? Los toros.

En 2015 el PSOE gobernaba en coalición con Més per Mallorca y Més per Menorca a través de un pacto de legislatura con Podemos y Gent per Formentera. Este primer Ejecutivo progresista de la era Francina Armengol aprobó una ley autonómica para impedir la muerte del toro en las plazas. Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy recurrió la normativa autonómica al Tribunal Constitucional. El Alto Tribunal dio en parte la razón a los conservadores y anuló parcialmente la ley balear. La tauromaquia fue declarada patrimonio cultural por ley en el Congreso de los Diputados en 2013.

Además, en cuanto han sumado mayoría en el Parlament, conservadores y ultraderechistas han modificado la ley de regulación de las corridas de toros para permitir la entrada de menores de edad. El primer Ejecutivo de Armengol había aprobado la Ley 9/2017 de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en Balears, que no permitía el acceso de niños y adolescentes en los festejos taurinos. “Es la aberración máxima a la que podíamos llegar”, valora Gimeno. Los animalistas recuerdan que la ONU, a través de la Convención de los Derechos del Niño, se ha posicionado a favor de esta prohibición. “Nos parece una desprotección de los menores brutal”, lamenta el activista. Cabe recordar que el pacto de gobierno al que Marga Prohens (PP) llegó con Vox para erigirse presidenta ya contemplaba que los menores pudieran volver a las plazas.

“Llama la atención la cantidad de niños, adolescentes y jóvenes que hay”, reconoce Gimeno. Lo que muestran los estudios demoscópicos es un giro hacia la derecha entre los menores de 24 años, es decir, los más jóvenes de la generación zeta. Especialmente entre los hombres. Y en este desplazamiento del marco ideológico hacia la derecha, las cuestiones culturales relacionadas con este espectro político, así como la tradición, ganan peso.

“La era de la antipolítica se construye, a nivel social, en torno a la retórica de la identidad, la exclusión y el patriarcado. Los líderes de la derecha radical buscan construir una sensación de cohesión apelando a similitudes y diferencias en torno al sistema sexo/género, a aspectos culturales, religiosos, de procedencia…”, afirmaba, en este sentido, Alina Danet, politóloga y vicedecana de Estudiantes, Participación y Relaciones con la Sociedad de la Universidad de Granada.

Amengual, presidente de Progreso en Verde, recuerda que tras la aprobación de la ley balear de toros de 2017 se redujeron muchísimo los festejos taurinos. En su etapa de activista recordaba entre siete y diez corridas de toros anuales mientras que tras la aprobación de la nueva norma cayeron a unas dos al año. “La entrada de menores no va a salvar la tauromaquia”, apunta Amengual. Cree que la sociedad balear es mayoritariamente antitaurina. Los animalistas confiaban en que saliera adelante la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se iba a debatir en el Congreso de los Diputados, pero que no salió adelante debido a la abstención del PSOE y los votos en contra de PP y Vox. Si la ley se hubiera debatido y aprobado, la tauromaquia habría perdido su estatus como patrimonio cultural.

La granja de los horrores “debería estar cerrada”

Uno de los casos de maltrato animal más graves que han salido a la luz en los últimos meses ha sido el de la ‘macrogranja de los horrores’ de Llucmajor, después de que elDiario.es desvelara en primicia la situación perniciosa en la que vivían las gallinas. El interior de esta macrogranja presentaba unas condiciones de insalubridad y suciedad extremas, según las imágenes grabadas por las asociaciones ARDE y Satya Animal entre los días 21 y 29 de abril. Después de que técnicos de Agricultura, Ganadería y Medio Rural inspeccionaran las seis naves al día siguiente junto con agentes del Seprona de la Guardia Civil, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural cerró una de ellas. La empresa que explota la granja se enfrenta a una sanción superior a los 200.000 euros. Además, el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma ha abierto diligencias penales por la presunta comisión de un delito de maltrato animal contra la empresa Avícola Ballester -marca comercial de Avícola Son Perot S.A.-.

“En una sociedad que vive con normalidad explotar animales, utilizarlos en beneficio propio, no esperábamos conseguir un rechazo social mayoritario ni mucho menos institucional”, reconoce Gimeno. El portavoz de Satya Animal reconoce que el caso generó un gran impacto social, pero cree que se debe, sobre todo, al riesgo que todo ello suponía para la salud pública. “Creo que se ha conseguido sensibilizar también, pero al final la conclusión que se saca es ‘yo al final me como ese huevo’, que es lo que ha encendido a la sociedad”, opina.

En una sociedad que vive con normalidad explotar animales, utilizarlos en beneficio propio, no esperábamos conseguir un rechazo social mayoritario ni mucho menos institucional', reconoce el portavoz de Satya Animal

“Las imágenes creo que hablan por sí solas, son dramáticas, y es una vergüenza que esa granja a día de hoy siga abierta”, lamenta Amengual, presidente de Progreso en Verde. El activista de Satya Animal, en la misma línea, coincide en que “las expectativas eran bajas” ya que vivimos en una sociedad que “vive con normalidad” la explotación animal. Las entidades animalistas coinciden que la actuación de la administración es “decepcionante” y que solo se mueven “por la imagen”. 

“Creemos que todo quedará reducido a meras infracciones administrativas”, reconoce Gimeno. Es decir, la multa de poco más de 200.000 euros, pese a que en un principio se enfrentaba a 420.000 euros. Amengual cree que todo se reduce a la “corrupción institucional”. “¿Qué inspecciones se habían hecho?”, se pregunta. “Ha habido alguna dimisión pero no las suficientes. Y la granja debería estar cerrada”, sentencia. Al final, coinciden las entidades animalistas, pierden los de siempre: los animales. “La decisión final es reducir el número de animales (que pasa de 136.000 a un máximo de 40.000 gallinas), por lo que vuelven a perder los animales”. “El sacrificio va a ser masivo”, sentencia.

El Gobierno de Portugal ha iniciado una investigación para esclarecer las graves deficiencias que presenta la macrogranja de patos más grande de Europa, ubicada en el distrito portugués de Santarém, en Benavente, como ha anunciado en un comunicado oficial. elDiario.es, que ha sido el primer medio de fuera de Portugal en sacar a la luz el caso, ha informado este martes de diversas irregularidades en la explotación. Entre ellas, suelos cubiertos de excrementos, aves vivas que conviven con cadáveres en descomposición, métodos de sacrificio ilegales y maltrato animal intencionado por parte de trabajadores.

Las imágenes que documentan esas irregularidades fueron grabadas entre los días 15 y 16 de julio por ARDE —una entidad de protección medioambiental y animal— y de ellas se desprende maltrato animal y suciedad extrema. La Dirección General de Alimentación y Veterinaria (DGVA), dependiente del Ministerio de Agricultura y Mar del Gobierno portugués, considera que las imágenes difundidas son de “máxima gravedad” e implican “prácticas contrarias a las normas de bienestar animal”. Por estas razones, han asegurado que han abierto diligencias para comprobar que corresponden a la explotación que opera bajo el nombre comercial de Marinhave y que gestiona Marinhave Sociedade Agro-vícola S.A.

La Dirección General de Alimentación y Veterinaria ha recordado que la macrogranja que se encuentra en estos momentos bajo el foco por sus presuntas prácticas irregulares no tiene ninguna actividad, debido a que el 5 de septiembre se confirmó un foco de gripe aviar. Así, el organismo público, dependiente del Ministerio de Agricultura y Mar portugués, ha afirmado que la introducción de nuevos patos en la granja solo será autorizada “después de la conclusión de las averiguaciones en curso y siempre que se compruebe el cumplimiento íntegro de los requisitos legales en materia de bienestar animal y bioseguridad”.

En este sentido, el Gobierno portugués ha remarcado que está realizando “acciones de inspección complementarias”, con el objetivo de recopilar información técnica que permita “evaluar la veracidad y el alcance de las situaciones denunciadas”. Por tanto, ha informado que la explotación se enfrentará a las sanciones que establece la ley en caso de que se haya vulnerado la normativa o se confirmara que ha habido maltrato animal. Finalmente, la Dirección General de Alimentación y Veterinaria ha insistido en que se reafirma en su “compromiso con el cumplimiento riguroso de la legislación nacional y europea en materia de bienestar animal, con la protección de la salud pública y con la defensa de la confianza de los ciudadanos”.

Por otro lado, el Servicio de Protección de la Naturaleza y del Medio Ambiente de la Guardia Nacional Republicana (equivalente al Seprona de la Guardia Civil en España) ha confirmado a este diario que hay una investigación en curso aunque ha evitado dar más detalles sobre el caso. Las diligencias se iniciaron después de la denuncia presentada por la asociación de protección medioambiental y animal ARDE.

Dos supermercados retiran el producto

A Marinhave es la explotación que opera bajo el nombre comercial de Marinhave y que gestiona Marinhave Sociedade Agro-vícola S.A. Esta empresa exporta sus productos a 20 países de cuatro continentes. En España, por cuestiones logísticas, es difícil saber en cuántos supermercados venden sus productos. Uno de ellos era Wenzhou supermarkets, que tiene establecimientos en Madrid y Fuenlabrada. Después de que este diario consultara al supermercado si era conocedor de la situación de la granja, ha respondido que la seguridad alimentaria y el bienestar animal “son prioridades para nuestra empresa, por lo que todos nuestros proveedores deben cumplir estrictamente con la normativa europea y con certificaciones de calidad reconocidas internacionalmente”.

Por este motivo, después de haber visto las imágenes y los vídeos, afirman haber pedido explicaciones al proveedor, con la cual han decidido dejar de trabajar, ya que “se aleja totalmente de nuestros principios de calidad, seguridad y bienestar”. A la pregunta sobre si los productos (pato congelado) todavía se podían comprar en el supermercado, la empresa ha respondido que “están retirados de la venta”. “Queda paralizado hasta que el proveedor nos indique cómo devolvemos la mercancía o si directamente procedemos a la destrucción”, han indicado. El producto ya no está disponible en la web.

Este diario también se puso en contacto este lunes por la mañana con Ichigo Market, un supermercado asiático de Lugo (Galicia), sin obtener respuesta en un primer momento. Después de una llamada de este martes por la mañana, en la cual se ponía de nuevo a la empresa en conocimiento de la situación, el supermercado ha informado que “no compra directamente a dicha granja” sino a importadores que “deben garantizar el cumplimiento estricto de las normativas europeas y nacionales en materia de bienestar animal, sanidad y seguridad alimentaria, así como de estándares de calidad reconocidos internacionalmente”. El supermercado, que ha asegurado que no dispone de ninguna unidad del producto de esta marca en sus tiendas, ha indicado que evitará futuras compras de productos de esta granja “hasta contar con total garantía de que se cumplen los estándares exigidos”.

Hay al menos dos empresas más que venden (o han vendido) productos procedentes de esta granja. Uno de ellos es el supermercado Mercaoriental, con tienda en Alcobendas (Madrid), que no ha respondido a las dos consultas realizadas por este diario, en el momento en que se publica esta noticia. Hiperasia es una empresa importadora y distribuidora de productos asiáticos al por mayor que realiza envíos por toda la península, según figura en su página web. Este diario se ha puesto en contacto con la empresa este martes sobre las nueve de la mañana para saber si iban a dejar de comercializar este producto.

“Hemos procedido a analizar el vídeo que nos facilitó y hemos identificado una discrepancia fundamental: los productos donde se grabó en nuestro supermercado, no se corresponden con los de la granja de la marca Marinhave”, ha respondido a este diario. Sin embargo, las imágenes se refieren al interior de la granja, no al de la empresa distribuidora. “El pato deshuesado es de nuestra propia marca Ama Asia y son importados desde China y las patas de pato vienen de otro proveedor de España”, han afirmado. “Lamentamos que se esté atribuyendo incorrectamente esta situación a una marca con la que trabajamos, ya que genera una confusión e imagen negativa injusta para nuestro establecimiento”, han insistido, pese a que esta empresa no es mencionada en el primer reportaje que se publicó.

Después de contactar con la empresa, Hiperasia ha retirado el producto de su web. Sin embargo, este martes por la mañana todavía se podían adquirir 1,9 kilos de pato congelado de dicha marca a través de ella. Este diario ha vuelto a preguntar a la empresa si habían dejado de comercializar el producto. “Efectivamente, hemos tenido ese producto el año pasado pero ya no trabajamos” con él, han respondido. “Nuestra página web activada es https://www.hiperasia.com, donde los clientes hacen el pedido”, han asegurado, mientras que el producto en cuestión estaba alojado en un dominio que acaba en .org y que, según la distribuidora, “es una prueba que está haciendo mi compañero de marketing”.

Las imágenes muestran maltrato animal

De la grabación a la que ha accedido elDiario.es se desprenden irregularidades graves. En el exterior de la explotación se observa más de una decena de cubos llenos de patos muy jóvenes amontonados junto a cadáveres de aves, cáscaras de huevos y enjambres de moscas. En el interior, patos visiblemente heridos, enfermos e incluso agonizando, así como cadáveres que conviven con las aves vivas. Muchos de ellos tienen problemas de movilidad y otros tantos directamente no se pueden mover. La suciedad impera en las diversas áreas de la explotación.

Una de las imágenes más impactantes muestra un gran contenedor de gestión de cadáveres de patos, repleto de moscas y de larvas de gusano, en cuyo interior también hay uno vivo, que apenas se mueve, muy sucio y con el plumaje muy deteriorado. El exterior de una de las naves está lleno de suciedad y plumas que no han sido retiradas. A estas irregularidades y negligencias hay que sumar el desprecio y la violencia que muestran algunos operarios hacia los animales, a quienes dan patadas y golpean contra la pared o el suelo. Otros operarios los agarran del cuello y los lanzan a otros trabajadores para introducirlos en cajas. Los hechos descritos vulneran al menos algunos artículos de una directiva comunitaria y tres reglamentos europeos pese a que son de obligado cumplimiento.

La granja tiene certificado de calidad

La macrogranja, que tiene 12 naves de incubación, otras 39 para engordar a 270.000 patos y un matadero que tiene capacidad para sacrificar a unos 20.000 patos al día, dispone del sello de calidad BRC Global Standard Food Safety (GFSI). El certificado, que fue renovado por última vez por la empresa el 4 de diciembre de 2024, caduca el 21 de diciembre de este año, según la web de la granja.

BRCGS, la empresa que gestiona el sello de calidad, ha enviado un comunicado a este diario en el que ha defendido su labor ya que las auditorías de seguridad alimentaria son realizadas “por una red de organismos de certificación acreditados”. Así, BRCGS proporciona un marco “para ayudar a los fabricantes a cumplir con los requisitos legales y de seguridad alimentaria de los clientes”. La empresa certificadora ha remarcado que las obligaciones legales son responsabilidad de la empresa alimentaria y ha anunciado que “se tomarán las medidas apropiadas y se revisará en consecuencia el estado de su certificación” si se hubieran producido incumplimientos respecto a los requisitos.

En cuanto a Marinhave, la empresa respondió a las consultas de este diario con documentación que muestra las formaciones en bienestar animal que han realizado sus empleados entre 2022 y 2025 y cuyo objetivo es cumplir con la legislación vigente. Además, facilitaron documentación que indica que la empresa inició en mayo de este año el proceso de certificación del sello Welfair de bienestar animal. Una de las empresas certificadoras de Welfair es AENOR. “Creemos que las evidencias anteriores muestran claramente el empeño de la administración de Marinhave en asegurar el bienestar animal de sus animales”, aseguró la empresa que explota la granja.

En cuanto a las malas prácticas e infracciones presuntamente cometidas por la granja y que en España ha desvelado en primicia elDiario.es, explican que la documentación enviada evidencia que “no resultan de una política deliberada de Marinhave, sino de desvíos puntuales de comportamiento de algunos individuos, siendo estos fuertemente repudiados”. No obstante, reconocieron que dado que sus instalaciones son muy grandes “algo pueda escapar a la supervisión de las jefaturas”, por lo que se “estudiará la mejor forma de reforzar la fiscalización de los comportamientos de sus empleados, reduciendo o imposibilitando comportamientos erráticos”. “La videovigilancia interna será posiblemente una solución a adoptar”, aseguraron.

Finalmente, en su comunicado, respondieron que implementarían medidas “con el fin de elevar los estándares de bienestar animal en su explotación, en particular la administración de nuevas formaciones y la implementación de la Certificación Welfair”. En cuanto a la situación actual, han informado que, de forma inmediata, “se llevará a cabo un proceso para intentar encontrar a los responsables de algunas de las malas prácticas” y que “se pondrán en marcha procedimientos de control de las operaciones sin previo aviso”.

AENOR se desvincula de la granja

Respecto a AENOR, una de las entidades certificadoras del sello de bienestar animal Welfair, se ha desvinculado completamente de la macrogranja portuguesa. En un correo electrónico enviado este martes, afirma que “no mantiene ningún certificado con Marinhave Sociedade Agro-vícola S.A ni tiene abierto ningún expediente con esta empresa. De hecho, no tenemos ningún certificado vigente relativo a instalaciones de patos”.

En este sentido, han afirmado que Marinhave solicitó información en enero de 2024 sobre la certificación de bienestar animal, cuando Welfair no tenía vigente el protocolo de certificación relativo a patos. “Se les respondió en este sentido”, han insistido fuentes de AENOR. Cabe aclarar que este diario en ningún momento ha afirmado que AENOR ha otorgado el sello de bienestar animal Welfair a la granja que está en el punto de mira de las autoridades portuguesas por presuntas infracciones administrativas en materia sanitaria y de bienestar animal.

La macrogranja de patos más grande de Europa, ubicada en Portugal, presenta graves deficiencias tanto en su interior como en su exterior. Entre ellas, suelos cubiertos de excrementos, aves vivas que conviven con cadáveres en descomposición, métodos de sacrificio ilegales y maltrato animal intencionado por parte de trabajadores. Esto supone, además, un riesgo para la salud pública por la posible transmisión de enfermedades de animales a humanos. Las imágenes que documentan esas irregularidades fueron grabadas entre los días 15 y 16 de julio por ARDE —una entidad de protección medioambiental y animal— y de ellas se desprende maltrato animal y suciedad extrema, como ha podido comprobar elDiario.es.

En esas imágenes –un vídeo de más de una hora de duración– se puede ver a patos con escasos días de vida amontonados en cubos junto a cadáveres con cáscaras de huevo y repletos de moscas o trabajadores maltratando a los animales —golpeándolos contra la pared o propinándoles patadas—.

A Marinhave es la explotación que opera bajo el nombre comercial de Marinhave y que gestiona Marinhave Sociedade Agro-vícola S.A. La empresa, que exporta sus productos a 20 países de cuatro continentes, vende carne de pato en al menos tres supermercados asiáticos ubicados en España: en Wenzhou supermarkets, donde tiene establecimientos en Madrid y Fuenlabrada; en Ichigo Market, en Lugo (Galicia) y en Mercaoriental, en Alcobendas (Madrid).

La macrogranja, que tiene 12 naves de incubación, otras 39 para engordar a 270.000 patos y un matadero que tiene capacidad para sacrificar a unos 20.000 patos al día, dispone del sello de calidad BRC Global Standard Food Safety (GFSI). El certificado, que fue renovado por última vez por la empresa el 4 de diciembre de 2024, caduca el 21 de diciembre de este año, según la web de la granja.

De la grabacion a la que ha accedido elDiario.es se desprenden irregularidades graves. En el exterior de la explotación se observa más de una decena de cubos llenos de patos muy jóvenes amontonados junto a cadáveres de aves, cáscaras de huevos y enjambres de moscas. En el interior, patos (tanto jóvenes como adultos) visiblemente heridos, enfermos e incluso agonizando, así como cadáveres que conviven con las aves vivas. Muchos de ellos tienen problemas de movilidad y otros tantos directamente no se pueden mover. La suciedad impera en las diversas áreas de la explotación.

Una de las imágenes más impactantes muestra un gran contenedor de gestión de cadáveres de patos adultos, repleto de moscas y de larvas de gusano, en cuyo interior también hay uno vivo, que apenas se mueve, muy sucio y con el plumaje muy deteriorado. El exterior de una de las naves está lleno de suciedad y plumas que no han sido retiradas. 

A estas irregularidades y negligencias hay que sumar el desprecio y la violencia que muestran algunos operarios hacia los animales, a quienes dan patadas y golpean contra la pared o el suelo. Otros operarios los agarran del cuello y los lanzan a otros trabajadores para introducirlos en cajas. Los hechos descritos vulneran al menos algunos artículos de una directiva comunitaria y tres reglamentos europeos pese a que son de obligado cumplimiento.

La empresa “presume” de producto

La marca Marinhave se presenta en su web como “la más antigua y única” del sector avícola en Portugal, dedicada exclusivamente a la producción de aves de corral desde hace más de 30 años. Según la empresa, todas las fases (incubación, engorde, sacrificio, transformación y envasado) se realizan en la misma granja de Santo Estevao, en la villa de Benavente, distrito de Santarém. Esto permite a la explotación “garantizar unos niveles de calidad ejemplares para todos los productos de la Marinhave, tanto alimentarios (carne de pato y derivados) como no alimentarios (plumas y abonos orgánicos)”, aseguran.

Sin embargo, A Marinhave empezó su producción en la granja Quinta da Marinha a finales de los años 60, cuando vendían unos 400 patos a la semana. En 1994 se inauguraron las actuales instalaciones, en Santo Estevao, con las condiciones que permitieron iniciar su proceso de venta de la producción a escala internacional. Asimismo, la empresa muestra su preocupación por la creciente “conciencia medioambiental”, por lo que la explotación decidió poner en marcha la actividad de producción de compost para dar una solución al problema de los subproductos, es decir, al estiércol y las plumas no utilizadas de los animales, lo que les permite conseguir “abonos orgánicos de excelente calidad”. “El posicionamiento da Marinhave en el mercado es y será siempre el de la diferenciación por la calidad y excelencia de sus productos” para satisfacer “a nuestros clientes, que son la razón de nuestra existencia y continuidad”, concluyen en su web.

Un “riesgo grave” para la salud pública

Un informe técnico realizado por la veterinaria Silvia Gimeno Ponce, al cual ha accedido este diario, desgrana varias irregularidades graves en materia de bienestar animal y sanidad en base a la normativa europea vigente. Respecto a las condiciones de alojamiento y cría, la profesional describe que los suelos del interior de la explotación son de cemento o barro, que son húmedos, y que están “cubiertos de excrementos y sin cama adecuada”. En cuanto a los patos, observa que sufren problemas locomotores, heridas y picajes. Algunos de ellos tienen la enfermedad de splay leg, que consiste en que las patas se extienden de tal manera que el ave no puede caminar. Esta condición puede ser resultado de una nutrición deficiente, falta de calor, cama inapropiada o superficie demasiado resbaladiza, de modo que las patas de los patos no pueden agarrarse. Además, la veterinaria describe que algunos animales están en un estado agonizante y que son incapaces de moverse “sin atención inmediata”. El plumaje de algunos de estos patos está sucio y deteriorado, lo cual indica “insalubridad ambiental”.

En lo que se refiere a los animales enfermos y heridos se observa que se encuentran “sin tratamiento ni eutanasia humanitaria”. La veterinaria apunta a la existencia de cadáveres acumulados en contenedores en avanzado estado de descomposición, con moscas y miasis (una infección en la piel causada por las larvas de moscas), en contacto con aves vivas. Del informe se desprende que existen también “prácticas de maltrato intencionado”, es decir, que hay trabajadores que asustan deliberadamente a las aves, las lanzan, las sujetan por el grupo en grupos y golpean a animales enfermos contra diferentes superficies “en un intento de sacrificio”. Según la profesional, se trata a los patos de forma “brusca” durante la carga y descarga y se utilizan “métodos de sacrificio ilegales, ineficaces y dolorosos”.

La veterinaria afirma, en cuanto al modo de sacrificio en el matadero, que los animales están colgados boca abajo por las patas mientras todavía están conscientes, sin que haya un aturdimiento previo inmediato, lo que genera evidentes “signos de miedo, dolor y angustia” en las aves. De la conclusión del informe se desprende la vulneración de los artículos 3 y 4 de la Directiva 98/58 del Consejo de la Unión Europea (UE), relativa a la protección de los animales, que obliga alojarlos en condiciones que no les causen sufrimiento innecesario y que subraya la necesidad de inspección diaria, así como atención inmediata a animales enfermos o heridos.

Del mismo modo la profesional observa un incumplimiento del Reglamento (CE) 1099/2009, relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza, que en su artículo 3 prohíbe causar dolor, angustia o sufrimiento innecesario en cualquier fase de sacrificio. El anexo III prohíbe, afirma la veterinaria, “el colgado de aves conscientes salvo inmediatamente antes del aturdimiento” y establece “métodos de eutanasia autorizados, que no incluyen golpes repetidos contra superficies en aves de este tamaño”.

Por otro lado, la profesional asegura que se incumple el Reglamento (CE) 1/2005, relativo a la protección de los animales durante el transporte, que en su artículo 3 indica que deberán ser transportados sin causarles sufrimiento, así como el Reglamento (CE) 1069/2009, relativo a las normativas sanitarias aplicables a los subproductos animales, que obliga a la recogida y eliminación de cadáveres y que prohíbe su contacto con el de los animales vivos.

“Las imágenes analizadas muestran violaciones sistemáticas, reiteradas y graves de la normativa de bienestar y sanidad animal en diferentes fases de la producción de patos”, concluye la veterinaria, que lamenta que sufren “dolor, miedo y agonía evitables por deficiencias en alojamiento, higiene, manejo y sacrificio”. Asimismo, constata que las imágenes documentan “prácticas de maltrato intencionado” por parte del personal, así como “métodos de sacrificio ilegales e inhumanos”.

En este sentido, la profesional recomienda que se realice una “investigación inmediata” de las explotaciones y matadores implicados; que se apliquen las sanciones administrativas correspondientes y, en su caso, las penales conforme a la normativa vigente. Además, considera que hay que tomar medidas como la mejora de las instalaciones (cama adecuada, ventilación, drenaje, higiene); supervisión veterinaria diaria y eutanasia humanitaria inmediata de animales no aptos; retirada y gestión reglamentaria de cadáveres; eliminación inmediata de prácticas de maltrato y métodos de sacrificio no autorizados y formación obligatoria y certificación del personal en bienestar animal.

Por otro lado, la veterinaria alerta de que la situación en el interior de la explotación no solo comprometen el bienestar de los animales sino que también entrañan un “riesgo grave” para la salud pública. Los cadáveres en descomposición con miasis y en contacto con patos vivos favorecen la proliferación de bacterias, virus y parásitos que se pueden transmitir a las personas. Entre ellas, cita la Salmonella, E.coli y Campylobacter, que pueden causar fiebre, diarrea y gastroenteritis. Las condiciones de insalubridad de la explotación, con suelos húmedos y cubiertos de excrementos, generan “altas cargas microbianas que pueden transmitirse” tanto a trabajadores como al entorno Y los métodos de sacrificio ilegales incumplen los Reglamentos (CE) 852/2004 y 853/2004 sobre higiene de los productos alimenticios.

En respuesta a las preguntas de elDiario.es, la empresa Marinhave ha adjuntado amplia documentación con el objetivo de que sus empleados cumplan con la legislación vigente. En dichos correos electrónicos se han adjuntado las formaciones en bienestar animal que han realizado sus empleados desde 2022 hasta 2025. Además, han facilitado la documentación que muestra que la empresa inició en mayo de este año el proceso de certificación del sello Welfair de bienestar animal, que otorga AENOR. “Creemos que las evidencias anteriores muestran claramente el empeño de la administración de Marinhave en asegurar el bienestar animal de sus animales”, han afirmado.

Asimismo, añaden que esta documentación evidencia que las malas prácticas/infracciones que este diario destapa “no resultan de una política deliberada de Marinhave, sino de desvíos puntuales de comportamiento de algunos individuos, siendo estos fuertemente repudiados”. En cuanto al resto de preguntas enviadas, han indicado que las naves se inspeccionan al menos dos veces al día pero que dado que las instalaciones de la explotación son muy grandes, la empresa ha admitido “que algo pueda escapar a la supervisión de las jefaturas”, por lo que se “estudiará la mejor forma de reforzar la fiscalización de los comportamientos de sus empleados, reduciendo o imposibilitando comportamientos errantes”. “La videovigilancia interna será posiblemente una solución a adoptar”, han asegurado.

Finalmente, en su comunicado, han respondido que implementarán medidas “con el fin de elevar los estándares de bienestar animal en su explotación, en particular la administración de nuevas formaciones y la implementación de la Certificación Welfair”. “Esta última obligará a incrementar procedimientos de control de procesos, realizando su evaluación rutinaria y bajo normas internacionales”, han defendido. En cuanto a la situación actual, han informado de que, de forma inmediata, “se llevará a cabo un proceso para intentar encontrar a los responsables de algunas de las malas prácticas” y que “se pondrán en marcha procedimientos de control de las operaciones sin previo aviso”.

En cuanto a la BRCGS, la empresa que gestiona el sello de calidad, ha enviado un comunicado a este diario en el que defiende su labor. “Los estándares globales de BRCGS son utilizados por más de 35.000 proveedores certificados en más de 130 países y han sido fundamentales para ayudar a los fabricantes de alimentos a producir alimentos seguros y de alta calidad”, han afirmado. Asimismo, han asegurado que las auditorías de seguridad alimentaria son realizadas “por una red de organismos de certificación acreditados” y que BRCGS proporciona un marco “para ayudar a los fabricantes a cumplir con los requisitos legales y de seguridad alimentaria de los clientes” pero que el cumplimiento legal “sigue siendo responsabilidad del operador de la empresa alimentaria”. Finalmente, han resaltado que “se tomarán las medidas apropiadas y se revisará en consecuencia el estado de su certificación” si una empresa incumple con los requisitos.

Los animalistas solicitan iniciar una investigación penal

La entidad de protección medioambiental y animal, ARDE, ha presentado una denuncia por presuntos delitos de maltrato animal e infracciones administrativas de la normativa europea en materia de sanidad animal ante el Ministerio Público de Portugal (equivale a la Fiscalía en España), el Servicio de Protección de la Naturaleza y del Medio Ambiente de la Guardia Nacional Republicana (equivale al Seprona de la Guardia Civil) y a la Policía de Seguridad Pública (equivale a la Policía Nacional). Así, la organización animalista recoge en su denuncia que se incumplen los artículos 387 y 388 del Código Penal portugués, por prácticas sistemáticas de maltrato animal, y que se infringe la normativa europea de salud animal.

“Hemos documentado cómo trabajadores golpean a los patos contra la pared hasta causarles la muerte, cómo los lanzan por los aires y los patean. Estos actos no son casos aislados, sino una muestra de cómo la industria ganadera es responsable de someter a millones de animales al hacinamiento, el dolor y la explotación”, afirma Julia Elizalde, portavoz de ARDE, a elDiario.es, y añade que es necesario “un cambio urgente de sistema alimentario”, así como “el fin de las granjas de los horrores”. La portavoz lamenta que “la impunidad” con la que ocurren estas prácticas es “alarmante”. “En Portugal el Código Penal solo reconoce el maltrato y abandono hacia animales de compañía, dejando desprotegidos a los animales explotados en granjas y a la fauna silvestre”. Igualmente, Elizalde recuerda que la jurisprudencia portuguesa “ha reconocido la protección penal siempre que exista sufrimiento intencionado e injustificado de animales vertebrados, aplicable al caso presente”.

Por estos motivos, ARDE solicita a las autoridades competentes iniciar “una investigación criminal y administrativa, respectivamente, de manera inmediata contra los responsables de la empresa Marinhave Sociedade Agro-Avícola S.A. y sus trabajadores”; identificar y responsabilizar criminalmente “a los empleados involucrados directamente en las prácticas de maltrato y a los administradores de la empresa por negligencia grave y sistemática”; suspender cautelarmente “las actividades de la explotación y del matadero hasta la conclusión de la investigación”; revocar o reevaluar “las certificaciones de calidad alimentaria y bienestar animal de la empresa”, ya que no reflejan la realidad de las prácticas observadas y, finalmente, reforzar “las inspecciones regulares a explotaciones de gran tamaño en Portugal”, con el objetivo de prevenir la repetición de situaciones similares.

Palma acollirà aquest dissabte una protesta de Progreso en Verde i Satya Animal contra l'explotació que consideren que pateixen els cavalls de les galeres a la ciutat.

En concret, l'acte tindrà lloc el dia 20 a les 18.30 hores a la plaça de Porta Santa Catalina, del centre de la capital balear.

La protesta tindrà lloc així després que dos cavalls es desplomessin als carrers de Palma durant aquest estiu per “esgotament”, segons els convocants de la protesta.

Palma acogerá este sábado una protesta de Progreso en Verde y Satya Animal contra la explotación que consideran que sufren los caballos de las galeras en la ciudad.

En concreto, el acto tendrá lugar el día 20 a las 18.30 horas en la plaza Porta Santa Catalina, del centro de la capital balear.

La protesta tendrá lugar así después de que dos caballos se desplomaran en las calles de Palma durante este verano por “agotamiento”, según los convocantes de la protesta.

A Mallorca, la sobrassada no és només menjar: és identitat, memòria i símbol. A l'aeroport de Palma, els turistes porten amb si aquest icònic embotit –al qual només l'ensaïmada és capaç de superar en popularitat– perquè familiars, amics o simples coneguts puguin tastar un dels aliments més coneguts de l'illa. En 2024 el sector va vendre sis milions de peces, la qual cosa va suposar 2.107.363 kg de comercialització en un únic exercici, segons les dades del Consell Regulador de Sobrassada de Mallorca IGP. Cada hivern, als pobles és habitual que les famílies es reuneixin per a fer les matances i convertir el porc en sobrassada, camaiot o botifarrons. No obstant això, en els últims anys, ha emergit una alternativa que pretén conservar el sabor sense sacrificar animals: la sobrassada vegana.

“Parlem d'una opció més saludable i sense antibiòtics ni hormones. I, a més, la producció vegetal contamina molt menys que la ramaderia intensiva”, comenta Marina Sánchez, portaveu de l'entitat animalista Satya Animal, una de les quals va difondre les terribles imatges de la macrogranja de gallines explotades a l'illa. A ella se suma Aitor Sánchez, reconegut nutricionista, autor dels coneguts llibres 'Mi dieta cojea' i 'Mi dieta ya no cojea': “No hi ha cap risc a eliminar la sobrassada tradicional; al contrari, pot aportar beneficis perquè parlem de carn de vermella processada”. I subratlla que, ben formulada, l'alternativa vegetal pot millorar l'alimentació: “Si està feta amb verdures o proteïnes vegetals, guanyem molt. El que caldria evitar són formulacions amb oli de coco o ingredients poc interessants”.

Les empreses que fabriquen aquestes alternatives alimentàries reforcen aquest discurs saludable. Des de Gimme Sabor expliquen que el seu producte estrella, la “Saborsada”, utilitza ingredients com el moniato i la pinya per a aconseguir una textura cremosa, combinats amb oli d'oliva verge extra, farina d'arròs i espècies naturals. “El pebre roig de qualitat és fonamental per a aconseguir el sabor autèntic que recorda a la sobrassada tradicional”, assenyala Víctor García, CEO de la companyia, a elDiario.es. El responsable de l'empresa assenyala que el resultat és un producte “baix en greixos saturats, sense colesterol i amb un perfil nutricional molt equilibrat”.

El nom d'aquest producte vegà que imita el sabor de la sobrassada tradicional juga amb la paraula “sabor”, en referència al propi nom de la marca –les empreses que fabriquen aquest tipus de productes han tingut problemes legals en els últims anys per la denominació que han donat als seus productes, ja que la indústria càrnia i lletera ha denunciat a les companyies d'alimentació vegana per una suposada publicitat enganyosa–. Aquesta nova versió substitueix al seu anterior untable vegetal sabor sobrassada, del qual van arribar a produir més de 10.000 pots. Amb la saborsada, Gimme Sabor s'ha proposat un ambiciós objectiu: aconseguir almenys una tona de producció durant el seu primer any en el mercat.

Ètica enfront d'herència cultural

Davant la perícia de cada empresa per a replicar la sobrassada o qualsevol altre producte d'origen animal, la llibertat de cada consumidor per a triar. “La diferència està en el sabor i la textura: no és el mateix que la carn. Poden acostar-se, però no igualar”. Lola Garcés, carnissera mallorquina, veu amb escepticisme aquesta nova tendència. “El més difícil no és replicar el gust, sinó tot el que envolta a la sobrassada: l'arròs de matances, les reunions familiars, el repartiment de productes entre les persones que ajuden. Això no se substitueix amb una recepta vegana”, assegura.

“Totes dues opcions conviuen perfectament, cadascú que mengi el que vulgui. La vegana no substitueix la tradicional perquè no tenen res a veure”, sentència Cati, veïna de Santanyí que participa en matances des de nena. Per a ella, aquestes trobades són “més que un producte: són una escola de sabers que passa de pares a fills”. “Avui queda poca gent que sàpiga fer-ho bé i cal apreciar-ho”, considera la illenca, que demana no perdre la memòria col·lectiva.

Les matances han suposat, des de fa segles, una expressió cultural en una Mallorca cada vegada més desdibuixada entre el turisme massiu, la globalització i la pèrdua de la identitat mallorquina. Del porc s'ha aprofitat sempre tot i és precisament la seva versatilitat la que l'ha convertit en un producte central en la subsistència de les famílies.

Fins ara. La proliferació d'alternatives plant-based ha arribat al cor central de la gastronomia mallorquina i permet gaudir d'un sabor semblant al de la sobrassada sense necessitat de matar al porc, com subratlla Marina Sánchez: “Darrere de cada sobrassada hi ha un animal que ha sofert. La vegana demostra que és possible mantenir el sabor sense violència ni explotació”. Per a ella, la tradició no pot ser un blindatge etern: “El plaer de menjar no hauria d'estar lligat al dolor d'altres éssers. No parlem de llevar cultura, sinó d'evolucionar cap a una cosa més justa”.

La proliferació d'alternatives plant-based ha arribat al cor central de la gastronomia mallorquina i permet gaudir d'un sabor semblant al de la sobrassada sense necessitat de matar al porc

“Cada vegada més persones entenen que el plaer de menjar no té per què estar lligat al dolor. I aquí comença el canvi”, sosté l'activista, qui recorda que el Comitè de Drets dels Animals de l'ONU ja ha demanat reduir la violència simbòlica en les tradicions. “No volem esborrar la història gastronòmica, sinó obrir una nova pàgina. El consumidor ja no busca sol sabor, també coherència amb els seus valors”, insisteixen des de Gimme Sabor.

Darrere de cada sobrassada hi ha un animal que ha sofert. La vegana demostra que és possible mantenir el sabor sense violència ni explotació

Marina Sánchez — Portaveu de l'entitat animalista Satya Animal

Des del costat empresarial, la visió apunta al futur: “Cada vegada més consumidors busquen opcions que combinin plaer gastronòmic i salut. El nostre repte va ser demostrar que una alternativa vegana pot mantenir el sabor tradicional sense crueltat animal i la resposta del mercat ha estat excel·lent”, afirma Víctor García. “Avui no sols estem a Mallorca, sinó en cinc països europeus, i acabem d'entrar a Àsia: primer Corea del Sud i aviat el Japó”, afegeix.

Cada vegada més consumidors busquen opcions que combinin plaer gastronòmic i salut. El nostre repte va ser demostrar que una alternativa vegana pot mantenir el sabor tradicional sense crueltat animal i la resposta del mercat ha estat excel·lent

Víctor García — CEO de Gimme Sabor

Els defensors de la tradició insisteixen que no hi ha perill real. “Cadascú que triï què menjar”, repeteix Cati, participant en les matances. “Poden coexistir perquè són dues coses distintes”, afegeix. Fins i tot, la carnissera Lola Garcés, malgrat les seves reserves, reconeix que hi ha espai per a totes dues alternatives: “Mentre no es perdi la tradició, no veig problema. En les zones rurals continua viva; a la ciutat, menys”. Tampoc des de Satya Animal consideren que aquestes alternatives siguin “una amenaça cultural”. Per a ells, “són l'evolució”, ja que “demostren que podem conservar el sabor sense perpetuar la crueltat”.

Cadascú que triï què menjar. [La sobrassada de porc i la vegana] poden coexistir perquè són dues coses distintes

Cati — Participant en les matances

2.107.363 kg comercialitzats el 2024

Mentre els activistes i les empreses defensen la sobrassada vegana com un avanç ètic, el Consell Regulador de Sobrassada de Mallorca s'aferra al seu mandat: protegir la recepta original. “La nostra missió és salvaguardar la fórmula tradicional; dins de la Denominació d'Origen no té sentit parlar de sobrassada vegana”, explica a elDiario.es Antonia Torres, gerent i directora tècnica del Consell Regulador de Sobrassada de Mallorca. “No hi ha competència: són públics diferents. Però la nostra obligació és mantenir l'autenticitat”, afegeix. Mentrestant, la indústria convencional no mostra fissures. “En 2024 es van comercialitzar dos milions de quilos de sobrassada amb denominació d'origen”, recorda Torres. “És una xifra estable, amb el 70% venut en la Península i un 4% en exportació”, continua.

El mercat nacional continua sent el principal destí de la sobrassada amb Indicació Geogràfica Protegida (IGP), ja que concentra un 96% de les vendes totals. D'aquest percentatge, el 35% correspon al consum a les Iles Balears, que ha experimentat un lleu augment respecte a 2023. En paral·lel, l'exportació es manté estable en el 4%, amb França com a principal destí, seguida d'Alemanya, Portugal, Lituània i un creixement destacat d'Andorra, que es consolida com un dels cinc principals mercats exteriors, per davant del Regne Unit.

Quant a formats, s'observa un canvi en les preferències de consum: disminueix la comercialització en terrines i guanya terreny la venda de peces mitjanes. No obstant això, la sobrassada elaborada amb porc negre mallorquí —una de les varietats més representatives— continua arrossegant dificultats des de la caiguda de vendes derivada de la crisi de 2021. Malgrat això, el sector confia que l'enfocament estratègic cap a la qualitat, la sostenibilitat i la traçabilitat, al costat de la divulgació dels seus valors nutricionals i culturals, permeti afermar el producte com a símbol gastronòmic de l'illa.

“No busquem imitar, sinó reinterpretar amb respecte”

En el costat vegà, l'horitzó és expansiu. “Volem que la sobrassada vegana sigui accessible per a tots, des de botigues especialitzades fins a supermercats, sense renunciar mai a la qualitat”, asseguren des de Gimme Sabor. “El futur implica oferir opcions que respectin la tradició en el sensorial, però que avancin cap a la sostenibilitat i el benestar animal”, afegeixen aquestes mateixes fonts.

Un exemple de l'expansió de la sobrassada vegana a Mallorca és el restaurant A GoGò Pizzabar de Palma. No és vegà, però té una àmplia oferta de pizzes i altres productes típics de la gastronomia italiana en versió vegana. Lluny del típic –i fàcil– plat d'amanida que ofereixen la majoria dels restaurants no vegans, en aquest local la carta veggie és bastant àmplia: des d'una vegan burrata a un vesuvio –bescuit de xocolata amb nutella i avellanes– també plant-based.

Però, sobretot, abunden les pizzes veganes, entre les quals destaca la pizza Sa Roqueta Vegana, dedicada a Mallorca. Està feta amb sobrassada vegana, tomàquet pelat, mozzarella vegana, ceba i xarop d'atzavara. A GoGò ha creat la seva pròpia versió de sobrassada vegana, juntament amb formatges vegetals i altres adaptacions. “No busquem imitar de manera exacta, sinó reinterpretar. L'important no és només el sabor, sinó la intenció: incloure persones amb diferents maneres de menjar, des dels qui tenen intoleràncies fins als qui han optat per dietes veganes per convicció”, assenyalen.

El restaurant A GoGò de Palma, encara que no és vegà, ofereix la pizza Sa Roqueta Vegana, dedicada a Mallorca. El seu ingredient principal és la sobrassada vegana. 'Si ens acostem al menjar sense prejudicis, hi ha espai per a l'intercanvi cultural, l'aprenentatge i l'evolució', comenten

La recepta de sobrassada vegana va ser ajustada minuciosament a partir de proves amb un ampli ventall de paladars –vegans, vegetarians i omnívors– per a aconseguir una textura i un equilibri de sabor que no defraudi. “Aconseguim aquest toc umami, picant i el color característic gràcies al pebre roig. El més difícil va ser recrear el sabor gras, però creiem que aconseguim un resultat molt satisfactori sense recórrer a ingredients d'origen animal”, comenten els fundadors, una parella amb arrels a Mèxic i Itàlia.

Més enllà del producte en si, l'equip de A GoGò veu en aquesta aposta una oportunitat per a qüestionar uns certs hàbits des del respecte. “No volem imposar res, però sí que obrir la porta a la curiositat. Si ens acostem al menjar sense prejudicis, hi ha espai per a l'intercanvi cultural, l'aprenentatge i l'evolució”, afirmen. “Viure en una illa com Mallorca, amb productes locals tan valorats, ens inspira a retre homenatge a aquesta tradició, però adaptant-la a un públic cada vegada més divers”, afegeixen.

L'impacte ambiental

Més enllà dels aspectes culturals i nutricionals relacionats amb els productes vegans, els arguments mediambientals també entren en joc. “La producció de carn de porc té un cost ecològic altíssim: gasos d'efecte d'hivernacle, desforestació, consum d'aigua... La sobrassada vegetal requereix menys recursos i redueix emissions”, recalca l'activista Marina Sánchez. Un plantejament –reduir el consum de carn perquè és positiu per al planeta– recolzat cada vegada per més organismes i estudis científics.

Segons Troy Vettese, historiador mediambiental, el sector ramader és responsable d'aproximadament el 18% de les emissions globals de gasos amb efecte d'hivernacle atribuïbles a activitats humanes, superant fins i tot al transport en impacte climàtic. D'aquest total, prop del 9% correspon al CO₂ provocat per la desforestació per a pastures o producció de pinsos, entre un 35% i 40% al metà generat per la fermentació entèrica en remugants i al voltant del 64% a l'òxid nitrós derivat del maneig de fems i fertilitzants.

En Mallorca, la sobrasada no es solo comida: es identidad, memoria y símbolo. En el aeropuerto de Palma, los turistas llevan consigo este icónico embutido –a quien solo la ensaimada es capaz de superar en popularidad– para que familiares, amigos o simples conocidos puedan probar uno de los alimentos más conocidos de la isla. En 2024 el sector vendió seis millones de piezas, lo que supuso 2.107.363 kilos en un único ejercicio, según los datos del Consejo Regulador de Sobrasada de Mallorca IGP. Cada invierno, en los pueblos es habitual que las familias se reúnan para hacer las matances y convertir el cerdo en sobrasada, camaiot o butifarrones. Sin embargo, en los últimos años, ha emergido una alternativa que pretende conservar el sabor sin sacrificar animales: la sobrasada vegana.

“Hablamos de una opción más saludable y sin antibióticos ni hormonas. Y, además, la producción vegetal contamina mucho menos que la ganadería intensiva”, comenta Marina Sánchez, portavoz de la entidad animalista Satya Animal, una de las que difundió las terribles imágenes de la macrogranja de gallinas explotadas en la isla. A ella se suma Aitor Sánchez, reconocido nutricionista, autor de los libros Mi dieta cojea y Mi dieta ya no cojea: “No hay ningún riesgo en eliminar la sobrasada tradicional; al contrario, puede aportar beneficios porque hablamos de carne roja procesada”. Y subraya que, bien formulada, la alternativa vegetal puede mejorar la alimentación: “Si está hecha con verduras o proteínas vegetales, ganamos mucho. Lo que habría que evitar son formulaciones con aceite de coco o ingredientes poco interesantes”.

Las empresas que fabrican estas alternativas alimentarias refuerzan este discurso saludable. Desde Gimme Sabor explican que su producto estrella, la “Saborsada”, utiliza ingredientes como boniato y piña para lograr una textura cremosa, combinados con aceite de oliva virgen extra, harina de arroz y especias naturales. “El pimentón de calidad es fundamental para conseguir el sabor auténtico que recuerda a la sobrasada tradicional”, señala Víctor García, CEO de la compañía, a elDiario.es. El responsable de la empresa señala que el resultado es un producto “bajo en grasas saturadas, sin colesterol y con un perfil nutricional muy equilibrado”.

El nombre de este untable vegano que imita el sabor de la sobrasada tradicional juega con la palabra “sabor”, en referencia al propio nombre de la marca –las empresas que fabrican este tipo de productos han tenido problemas legales en los últimos años por la denominación que han dado a sus productos, ya que la industria cárnica y lechera ha denunciado a las compañías de alimentación vegana por una supuesta publicidad engañosa–. Esta nueva versión sustituye a su anterior untable vegetal sabor sobrasada, del que llegaron a producir más de 10.000 botes. Con la saborsada, Gimme Sabor se ha propuesto un ambicioso objetivo: alcanzar al menos una tonelada de producción durante su primer año en el mercado.

Ética frente a herencia cultural

Ante la pericia de cada empresa para replicar la sobrasada o cualquier otro producto de origen animal, la libertad de cada consumidor para elegir. “La diferencia está en el sabor y la textura: no es lo mismo que la carne. Pueden acercarse, pero no igualar”. Lola Garcés, carnicera mallorquina, ve con escepticismo esta nueva tendencia. “Lo difícil no es replicar el gusto, sino todo lo que rodea a la sobrasada: el arroz de matanzas, las reuniones familiares, el reparto de productos entre los que ayudan. Eso no se sustituye con una receta vegana”, asegura.

La proliferación de alternativas plant-based ha llegado al corazón central de la gastronomía mallorquina y permite disfrutar de un sabor parecido al de la sobrasada sin necesidad de matar al cerdo

“Ambas opciones conviven perfectamente, cada cual que coma lo que quiera. La vegana no sustituye la tradicional porque no tienen nada que ver”, sentencia Cati, vecina de Santanyí que participa en matances desde niña. Para ella, estos encuentros son “más que un producto: son una escuela de saberes que pasa de padres a hijos”. “Hoy queda poca gente que sepa hacerlo bien y hay que apreciarlo”, considera la isleña, que llama a no perder la memoria colectiva.

Las matances han supuesto, desde hace siglos, una expresión cultural en una Mallorca cada vez más desdibujada entre el turismo masivo, la globalización y la pérdida de la identidad mallorquina. Del cerdo se ha aprovechado siempre todo y es precisamente su versatilidad la que lo ha convertido en un producto central en la subsistencia de las familias.

Detrás de cada sobrasada hay un animal que ha sufrido. La vegana demuestra que es posible mantener el sabor sin violencia ni explotación

Marina Sánchez — Portavoz de la entidad animalista Satya Animal

Hasta ahora. La proliferación de alternativas plant-based ha llegado al corazón central de la gastronomía mallorquina y permite disfrutar de un sabor parecido al de la sobrasada sin necesidad de matar al cerdo, como subraya Marina Sánchez: “Detrás de cada sobrasada hay un animal que ha sufrido. La vegana demuestra que es posible mantener el sabor sin violencia ni explotación”. Para ella, la tradición no puede ser un blindaje eterno: “El placer de comer no debería estar ligado al dolor de otros seres. No hablamos de quitar cultura, sino de evolucionar hacia algo más justo”.

“Cada vez más personas entienden que el placer de comer no tiene por qué estar ligado al dolor. Y ahí empieza el cambio”, sostiene la activista, quien recuerda que el Comité de Derechos de los Animales de la ONU ya ha pedido reducir la violencia simbólica en las tradiciones. “No queremos borrar la historia gastronómica, sino abrir una nueva página. El consumidor ya no busca solo sabor, también coherencia con sus valores”, insisten desde Gimme Sabor.

Cada vez más consumidores buscan opciones que combinen placer gastronómico y salud. Nuestro reto fue demostrar que una alternativa vegana puede mantener el sabor tradicional sin crueldad animal y la respuesta del mercado ha sido excelente

Víctor García — CEO de Gimme Sabor

Desde el lado empresarial, la visión apunta al futuro: “Cada vez más consumidores buscan opciones que combinen placer gastronómico y salud. Nuestro reto fue demostrar que una alternativa vegana puede mantener el sabor tradicional sin crueldad animal y la respuesta del mercado ha sido excelente”, afirma Víctor García. “Hoy no solo estamos en Mallorca, sino en cinco países europeos, y acabamos de entrar en Asia: primero Corea del Sur y pronto Japón”, añade.

Los defensores de la tradición insisten en que no hay peligro real. “Cada cual que escoja qué comer”, repite Cati, participante en las matances. “Pueden coexistir porque son dos cosas distintas”, añade. Incluso, la carnicera Lola Garcés, pese a sus reservas, reconoce que hay espacio para ambas alternativas: “Mientras no se pierda la tradición, no veo problema. En las zonas rurales sigue viva; en la ciudad, menos”. Tampoco desde Satya Animal consideran que estas alternativas sean “una amenaza cultural”. Para ellos, “son la evolución”, ya que “demuestran que podemos conservar el sabor sin perpetuar la crueldad”.

Cada cual que escoja qué comer. [La sobrasada de cerdo y la vegana] pueden coexistir porque son dos cosas distintas

Cati — Participante en las matances

2.107.363 kilos en 2024

Mientras los activistas y las empresas defienden la sobrasada vegana como un avance ético, el Consejo Regulador de Sobrasada de Mallorca se aferra a su mandato: proteger la receta original. “Nuestra misión es salvaguardar la fórmula tradicional; dentro de la Denominación de Origen no tiene sentido hablar de sobrasada vegana”, explica a elDiario.es Antonia Torres, gerente y directora técnica del Consejo Regulador de Sobrasada de Mallorca. “No hay competencia: son públicos diferentes. Pero nuestra obligación es mantener la autenticidad”, añade. Entre tanto, la industria convencional no muestra fisuras. “En 2024 se comercializaron dos millones de kilos de sobrasada con denominación de origen”, recuerda Torres. “Es una cifra estable, con el 70% vendido en la Península y un 4% en exportación”, continúa.

El mercado nacional continúa siendo el principal destino de la sobrasada con Indicación Geográfica Protegida (IGP), ya que concentra un 96% de las ventas totales. De ese porcentaje, el 35% corresponde al consumo en las Iles Balears, que ha experimentado un leve aumento respecto a 2023. En paralelo, la exportación se mantiene estable en el 4%, con Francia como principal destino, seguida de Alemania, Portugal, Lituania y un crecimiento destacado de Andorra, que se consolida como uno de los cinco principales mercados exteriores, por delante del Reino Unido.

En cuanto a formatos, se observa un cambio en las preferencias de consumo: disminuye la comercialización en tarrinas y gana terreno la venta de piezas medianas (rizadas y semirrizadas). Sin embargo, la sobrasada elaborada con cerdo negro mallorquín —una de las variedades más representativas— sigue arrastrando dificultades desde la caída de ventas derivada de la crisis de 2021. A pesar de ello, el sector confía en que el enfoque estratégico hacia la calidad, la sostenibilidad y la trazabilidad, junto a la divulgación de sus valores nutricionales y culturales, permita afianzar el producto como símbolo gastronómico de la isla.

“No buscamos imitar, sino reinterpretar con respeto”

En el lado vegano, el horizonte es expansivo. “Queremos que la sobrasada vegana sea accesible para todos, desde tiendas especializadas hasta supermercados, sin renunciar nunca a la calidad”, aseguran desde Gimme Sabor. “El futuro pasa por ofrecer opciones que respeten la tradición en lo sensorial, pero que avancen hacia la sostenibilidad y el bienestar animal”, añaden estas mismas fuentes.

Un ejemplo de la expansión de la sobrasada vegana en Mallorca es el restaurante A GoGò Pizzabar de Palma. No es vegano, pero tiene una amplia oferta de pizzas y otros productos típicos de la gastronomía italiana en versión vegana. Lejos del típico –y fácil– plato de ensalada que ofrecen la mayoría de restaurantes no veganos, en este local la carta veggie es bastante amplia: desde una vegan burrata a un vesuvio –bizcocho de chocolate con nutella y avellanas– también plant-based.

Pero, sobre todo, abundan las pizzas veganas, entre las cuales destaca la pizza Sa Roqueta Vegana, dedicada a Mallorca. Está hecha con sobrasada vegana, tomate pelado, mozzarella vegana, cebolla y sirope de agave. A GoGò ha creado su propia versión de sobrasada vegana, junto con quesos vegetales y otras adaptaciones. “No buscamos imitar de forma exacta, sino reinterpretar. Lo importante no es solo el sabor, sino la intención: incluir a personas con distintas formas de comer, desde quienes tienen intolerancias hasta quienes han optado por dietas veganas por convicción”, señalan.

El restaurante A GoGò de Palma, aunque no es vegano, ofrece la pizza Sa Roqueta Vegana, dedicada a Mallorca. Su ingrediente principal es la sobrasada vegana. 'Si nos acercamos a la comida sin prejuicios, hay espacio para el intercambio cultural, el aprendizaje y la evolución', comentan

La receta de sobrasada vegana fue ajustada minuciosamente a partir de pruebas con un amplio abanico de paladares –veganos, vegetarianos y omnívoros– para lograr una textura y un equilibrio de sabor que no defraude. “Conseguimos ese toque umami, picante y el color característico gracias al pimentón. Lo más difícil fue recrear el sabor graso, pero creemos que logramos un resultado muy satisfactorio sin recurrir a ingredientes de origen animal”, comentan los fundadores, una pareja con raíces en México e Italia.

Más allá del producto en sí, el equipo de A GoGò ve en esta apuesta una oportunidad para cuestionar ciertos hábitos desde el respeto. “No queremos imponer nada, pero sí abrir la puerta a la curiosidad. Si nos acercamos a la comida sin prejuicios, hay espacio para el intercambio cultural, el aprendizaje y la evolución”, afirman. “Vivir en una isla como Mallorca, con productos locales tan valorados, nos inspira a rendir homenaje a esa tradición, pero adaptándola a un público cada vez más diverso”.

El impacto ambiental

Más allá de los aspectos culturales y nutricionales relacionados con los productos veganos, los argumentos medioambientales también entran en juego. “La producción de carne de cerdo tiene un coste ecológico altísimo: gases de efecto invernadero, deforestación, consumo de agua... La sobrasada vegetal requiere menos recursos y reduce emisiones”, recalca la activista Marina Sánchez. Un planteamiento –reducir el consumo de carne porque es positivo para el planeta– respaldado cada vez por más organismos y estudios científicos.

Según Troy Vettese, historiador medioambiental, el sector ganadero es responsable de aproximadamente el 18% de las emisiones globales de gases con efecto invernadero atribuibles a actividades humanas, superando incluso al transporte en impacto climático. De ese total, cerca del 9% corresponde al CO₂ provocado por la deforestación para pastos o producción de piensos, entre un 35 % y 40% al metano generado por la fermentación entérica en rumiantes y alrededor del 64% al óxido nitroso derivado del manejo de estiércoles y fertilizantes.

La plataforma Stop Macrogranja Llucmajor va interposar aquest dimecres diverses denúncies davant la Guàrdia Civil per una presumpta infracció penal com a conseqüència de l'abocament de fems registrat molt a prop de l'entrada de la 'macrogranja dels horrors', ubicada a Llucmajor (Mallorca), tal com ha confirmat a elDiario.es Lorenzo Peñas Roldán, advocat expert en dret administratiu i penal que exerceix la representació legal de la plataforma.

L’explotació avícola ha estat durant els darrers mesos en el punt de mira informatiu arran de les imatges publicades en primícia per aquest diari el passat 26 de maig, que es van fer virals per les condicions de manca d’higiene i brutícia extrema de l'interior. A més, de les imatges se’n desprenia una situació de presumpte maltractament animal envers les gallines. Un cop aquestes imatges es van fer públiques, el Govern va decidir obrir una investigació per constatar aquests fets, així com la penosa situació en què viuen les gallines. En concret, després de verificar que les imatges dels grups de protecció mediambiental i animal ARDE i Satya Animal eren certes, va ordenar el sacrifici de gairebé 20.000 gallines, el tancament de la nau 7 i va proposar una sanció de més de 420.000 euros. Finalment, la sanció es va fixar en poc més de 200.000 euros, tal com va informar aquest diari.

Segons un dels atestats del Seprona de la Guàrdia Civil, al qual ha tingut accés elDiario.es, la denunciant afirma que durant el matí de dimecres, mentre circulava d’hora per la carretera, va comprovar que una unitat de bombers s’havia desplaçat cap a la zona a causa “del bolcat d’un camió que transportava fems amb la finalitat d’abocar-lo” a la finca de Sa Llapassa, és a dir, al femer que hi ha a la granja de Llucmajor, propietat d’Avícola Son Perot S.A. (una de les societats que opera sota la marca Avícola Ballester).

A la denúncia es recorda que sobre l’empresa pesen mesures cautelars dictades per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, que dirigeix Joan Simonet (PP), a causa “de les molèsties que genera l’activitat que s’hi du a terme” pel que fa a les males olors i les plagues d’insectes. Una de les mesures cautelars que s’està incomplint, afirma la part demandant, és la “prohibició de transportar restes de fems-gallinassa d’altres finques al lloc”, com poden ser les explotacions de Mirabó i Es Caparó.

Prohibició del transport de fems

La presidenta de la plataforma Stop Macrogranja Llucmajor, Nati García, també ha presentat una denúncia per presumpta infracció penal a les dependències de l’Institut Armat per un presumpte delicte d’“abocament de residus tòxics o perillosos o d’explotació d’instal·lacions amb activitats perilloses”. La denunciant, que afirma desconèixer l’autoria del responsable de l’abocament quan és preguntada pels agents, indica que, com a representant de l’esmentada associació, té coneixement de les mesures cautelars imposades per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural a la granja Son Perot S.A., situada a la finca de Sa Llapassa, que prohibeix “transportar fems d’altres granges”.

Com a veïna de la urbanització de Tolleric —una de les afectades per les activitats de la granja, cosa que s’ha considerat provada en expedients del Govern— assegura que cada dia, entre dos quarts de set i dos quarts de nou del matí, “sent el pas de camions i els veu dirigir-se a la finca (...) transportant fems”. En aquest sentit, denuncia que durant el matí d’aquest dimecres s’ha produït “un abocament de fems a la via pública que va directament a l’entrada de la finca”, fet que ha provocat el desplaçament de diverses dotacions de Bombers de Llucmajor, així com de la Policia Local. A més, afirma tenir tres vídeos i nou fotografies que demostrarien els fets denunciats.

Fonts de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural expliquen a elDiario.es que durant el matí d’aquest dijous una inspectora acudirà a la granja de Llucmajor, propietat d’Avícola Son Perot S.A., per comprovar com s’està gestionant abocador i veure si s’estan complint les mesures cautelars imposades. A més, informen que l’empresa ha presentat un pla alternatiu per tractar els seus residus que encara no ha estat estudiat pel Govern.

Tanmateix, puntualitzen que aquest nou pla que han de presentar tampoc no permetria traslladar els residus i excrements d’altres granges a l’abocador de Llucmajor. “Per ara no farem declaracions”, asseguren fonts d’Avícola Son Perot S.A. després d’haver consultat l’empresa sobre aquest incident ocorregut als voltants de la seva granja.

Irregularitats en la gestió de l'abocador

Els veïns dels voltants de la granja de Llucmajor ja van traslladar una queixa a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural el març de 2023 “a causa de les molèsties per olors” provinents de les instal·lacions avícoles. Aquesta denúncia va començar una investigació que va certificar una sèrie de mancances i irregularitats. Per exemple, en una inspecció del 7 d’agost de 2024, es revisa l’abocador per comprovar “l’origen de la plaga de mosques”. En aquesta visita es verifica que, dins de l’abocador, al voltant de la gallinassa i dels fems, hi ha “una gran quantitat de larves i mosques” que desprenen “una forta olor”.

El mateix dia, es du a terme una segona inspecció per part de dues veterinàries i un agent del Seprona. En aquesta, es comprova la presència de tres contenidors estancs a les naus 3C, 6F i 7G —les tres destinades a gallines camperoles—. Aquests dipòsits estan “plens fins a mitja capacitat de cadàvers aproximadament”. Per aquests motius, la Conselleria sol·licita a l’empresa un nou pla de gestió dels fems i dels residus que garanteixi el compliment de la normativa mediambiental.

Són dos els expedients que posteriorment es van unificar en un mateix procediment. El primer acreditava deficiències en la gestió de l’abocador de les explotacions avícoles, així com la manca d’un pla de producció i gestió dels fems. El segon proposava diverses mesures cautelars: en primer lloc, la suspensió parcial de l’activitat de la unitat de producció i reproducció de les gallines; en segon lloc, la suspensió de la cria de les gallines camperoles de la granja de Llucmajor —on la Conselleria d’Agricultura va acreditar a finals de maig deficiències, cosa que va suposar el tancament d’una de les naus— i, finalment, la suspensió temporal de l’ús de l’abocador de Sa Llapassa. L’empresa utilitza aquest abocador per a les explotacions de la granja de Ses Cisternetes —la de Llucmajor—, així com les de Mirabó i Es Caparó.

Abocaments laterals i males olors

El que conclouen l’informe i l’expedient sancionador que fan referència a la gestió de l’abocador, així com al seu pla de gestió —signats els dies 12 de desembre de 2023 i 26 de setembre de 2024, respectivament—, és que s’hi poden haver comès tres infraccions greus i dues de lleus. Segons el document consultat per elDiario.es, l'abocador presenta vessaments laterals que evidencien que l’empresa no disposa d’un sistema eficaç de recollida de lixiviats —líquids contaminants per filtració— ni s’eviten filtracions superficials, la qual cosa podria ser l’origen de les queixes de les associacions veïnals per les males olors. Aquests fets poden suposar una infracció greu segons l’article 185.3 de la Llei 3/2019, referida a la legislació agrària.

El pla de gestió de l’empresa no s’adapta a la normativa vigent, segons l’expedient, fet que pot suposar una infracció lleu d’acord amb l’article 185.1.f) de la Llei 3/2019. L’explotació avícola no disposa d’un pla de desinsectació, cosa que pot constituir una infracció greu segons l’article 84.21 de la Llei 8/2003, de sanitat animal. L’empresa tampoc no té cobert el sistema d’emmagatzematge de fems, la qual cosa pot suposar una infracció greu, com es desprèn de l’article corresponent. A més, tampoc no disposa d’un pla de gestió ambiental on s’indiquin les mesures de control d’emissions de partícules i d’olors. Això pot suposar una infracció lleu d’acord amb l’article 83.4 de la Llei 8/2023.

Amb aquest informe, del 24 de març de 2023, s’inicia un procediment sancionador, que és signat el 26 de setembre de 2024. Comença arran d’una queixa dels veïns dels voltants de la granja “a causa de les molèsties per olors que provenen d’unes instal·lacions agrícoles”. Avícola Son Perot S.A. va presentar al·legacions el 13 de novembre de 2023 sobre l’informe desfavorable al pla de producció i gestió de fems de les explotacions de Ses Cisternetes —la granja que està sota sospita pel seu estat d’insalubritat i les condicions perjudicials en què viuen les gallines—, Mirabó i Es Caparó. No obstant això, l’11 de desembre de 2023, la cap del Servei de Producció Ramadera informa Avícola Son Perot S.A. que “les al·legacions realitzades no esmenen les deficiències” en relació amb abocador, tal com s’indicava en l’informe del 5 d’octubre de 2023. Per tot això, la Conselleria d’Agricultura va proposar una sanció total de 17.000 euros, d’acord amb el que disposen els articles 88 i 89 de la Llei 8/2003, de sanitat animal.

Reducció de gallines ponedores a 40.000

Pel que fa a l’informe i expedient sancionador —signats els dies 20 i 26 de setembre de 2024, respectivament—, de les seves conclusions es desprèn la necessitat de proposar mesures cautelars. En primer lloc, la suspensió parcial de l’activitat de producció i reproducció de les gallines de l’explotació de Ses Cisternetes —de la qual és titular Avícola Son Perot S.A.—, de manera que es proposa disminuir el nombre màxim de gallines ponedores que pot tenir l’explotació. El màxim es fixa en 40.000 aus en un termini màxim de tres mesos, més tard establert fins al 31 de desembre de 2025.

En segon lloc, la suspensió de la forma de cria de gallines camperoles de l’explotació avícola de Llucmajor, que és la que està sota el focus per les seves condicions d’insalubritat i possible maltractament animal, segons va acreditar una inspecció de la Conselleria d’Agricultura a finals de maig. En tercer lloc, la suspensió temporal de l’ús de l’abocador de Sa Llapassa, ubicat també a Llucmajor, per part de les tres explotacions d’Avícola Son Perot “fins que no es demostri el dret d’ús”. Segons es desprèn de l’informe, “l'abocador ja no forma part de la unitat d’explotació Avícola Son Perot S.A., i Sa Llapassa no és un gestor SANDACH (‘subproductes animals no destinats al consum humà’)”.

Així mateix, es reitera la sol·licitud del 12 de juliol de 2024 de presentar, com més aviat millor, “un escrit on s’indiqui el sistema utilitzat per emmagatzemar els fems”. D’altra banda, es requereix aportar el pla de gestió actualitzat de les tres explotacions en un termini de dues setmanes. Com a explotació, afirma el document, pot disposar d’un abocador permanent “sempre que compleixi la normativa” i així ho traslladi —i hagi estat autoritzat— per part de la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural. A més, se li requereix a l’empresa “el restabliment de les condicions inicials de l'abocador permanent” que fins ara s’utilitzava a Sa Llapassa, entenent per condicions inicials el recinte esmentat lliure fems i gallinàcia —gallines o restes de les mateixes—, així com de qualsevol tipus de plaga.

El document considera provat —després d’una inspecció, el 18 de gener de 2024, de dos tècnics del Servei de Producció Ramadera— que a la nau 6F els animals “no poden accedir de manera ininterrompuda i durant tot el dia a l’espai exterior”, malgrat que els ous s’estaven comercialitzant com a “camperols”. Els sistemes de sortida a l’exterior estan oberts de 17 a 22 hores, a l’hivern i a l’estiu, segons l’informe. A més, els espais lliures dels exteriors de la granja “no estan coberts de vegetació”, malgrat que el reglament europeu obliga a això pel que fa a les gallines camperoles, tal com va publicar elDiario.es.

Plaga de mosques i larves

De la mateixa manera, l’informe assenyala que consten dos burofaxos en els quals es comunica a Avícola Son Perot S.A. que des de l’1 de juny de 2024 “no es prorroga l’autorització per utilitzar l’abocador” situat en els recintes 85 i 91 del polígon 34, parcel·la 9, del municipi de Llucmajor. Per tant, i a efectes de la gestió de les explotacions, “no disposa d’aquest lloc per amuntegar fems”. “I malgrat tot, tenim constància que s’estan realitzant abocaments de gallinàcia a l’abocador esmentat”, afirma l’expedient.

El 7 d’agost de 2024 es duu a terme una nova inspecció al lloc on es troba l’abocador per comprovar “l’origen de la plaga de mosques”. Per això, es desplacen a les instal·lacions dos veterinàries —una del Servei de Producció Ramadera i una altra del Servei de Sanitat i Benestar Animal—. A més, les acompanya un agent del Seprona de la Guàrdia Civil, segons l’informe.

En aquesta visita es comprova que, dins de l’abocador, al voltant de la gallinàcia i de l’abocador hi ha “una gran quantitat de larves i mosques” que desprenen “una forta olor”. Les larves i les mosques s’ubiquen a l’extensió de l’abocador permanent, sobretot a la zona on hi ha els lixiviats i a la part central on “no hi ha cap mena de residu”. A la mencionada ubicació hi ha un treballador de l’empresa que informa que, durant les dues últimes setmanes, s’han introduït en els recintes esmentats vuit camions de gallinàcia i fems. “Aquest fet evidencia que Avícola Son Perot S.A. continua utilitzant aquest abocador per a l’eliminació d’aquests residus”, assenyala el document.

El treballador afirma als inspectors que, en l’últim mes, han sortit entre 40 i 50 camions carregats d’aquests residus. Cada un, tant d’entrada com de sortida, té una capacitat de 18 tones. El mateix dia es realitza una segona inspecció per part de les dues veterinàries i de l’agent del Seprona. En aquesta inspecció es comprova la presència de tres contenidors estancs a les naus 3C, 6F, 7G —les tres destinades a gallines camperoles—.

Eliminació inadequada de cadàvers

Aquests dipòsits estan “plens fins a mitja capacitat de cadàvers aproximadament”. A més, passant per la nau 6F, limitant amb un mur de pedra, hi ha “una fossa d’un metre de profunditat amb dos cadàvers de gallines (restes de potes i plomes), així com terra remoguda recentment per tot el terreny que envolta aquesta fossa”. Del mateix mode, “s’observen restes d’ossos”. Aquests fets van ser documentats mitjançant fotografies i un plànol de la ubicació de la fossa, sosté l’informe.

El 19 de setembre de 2024, el Seprona informa, respecte a l’abocador, que “s’ha apreciat que continua havent-hi acumulació de gallinàcia i que s’havien realitzat moviments” respecte a l’abocador. No es pot precisar si aquests moviments han estat d’entrada o de sortida, o només per canvi d’ubicació o recondicionament dels fems a la plataforma.

A més, segons els arxius del Govern, Avícola Son Perot S.A. ha estat sancionada a causa de les “denúncies de particulars”. Segons el document, per l’eliminació inadequada de cadàvers; per no tenir un sistema de recollida de lixiviats —líquids contaminants per filtració—, per no disposar del pla de gestió dels fems adaptat a la normativa vigent, per deficiències en el Sistema Integral de Gestió de l’Explotació (SIGE), per no tenir cobert el sistema d’emmagatzematge d’excrements i per no disposar d’un pla de gestió ambiental.

A més, l’explotació “no disposa avui dia de l’autorització ambiental integrada”, necessària per a l’activitat ramadera avícola, afirma l’informe, d’acord amb els arxius de l’administració autonòmica. Es tracta d’una “infracció greu” que està en tràmit d’expedient sancionador per part de la Comissió Balear de Medi Ambient, dependent de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat, segons el document.

L’expedient sancionador, unit a aquest últim informe, assenyala que la falta de comunicació del pla de producció i gestió dels fems pot constituir una “infracció lleu”, segons l’article 185.1.h) de la Llei 3/2019 que regula les activitats agràries a les Balears. L’article 194 preveu, per a les infraccions lleus, una multa de fins a 3.000 euros.

D’altra banda, afirma que no aportar la documentació —requerida pel Servei de Producció Ramadera— en relació amb el pla de gestió dels fems, pot suposar una “infracció greu”, segons el punt vuit de l’article 84 de la Llei 8/2003. L’article 88 preveu que les sancions, en cas que siguin infraccions greus, consistiran en una multa de 3.001 a 60.000 euros.

En tercer lloc, l’abandonament d’animals, dels seus cadàvers o de productes o matèries primeres que comportin un risc sanitari per a la sanitat animal, la salut pública o el medi ambient, pot suposar una “infracció greu”. També es considera infracció l’enviament a destinacions no autoritzades. Així ho estipula l’article 84.20 de la Llei 8/2003, i l’article 88 de la mateixa llei preveu, per a les infraccions greus, una multa entre 3.001 i 60.000 euros.

Finalment, es destaca que el fet d’haver estat sancionat anteriorment “indica que és un establiment de major risc”, segons l’article 9.1 del Reglament 2017/625. Aquest reglament europeu es refereix, entre altres qüestions, als controls realitzats per garantir les normes sobre salut i benestar dels animals. L’article esmentat té en compte l’historial de l’establiment, incloent-hi els resultats d’inspeccions passades i si ha complert amb les normes.

Suspensió del segell de benestar animal

A causa de la seva activitat irregular, AENOR va suspendre el segell de benestar animal Welfair a Avícola Ballester. Tot i això, l’empresa ha continuat venent els ous de “gallines camperoles” amb el segell de benestar animal en alguns supermercats de Mallorca, segons va poder comprovar elDiario.es. Welfair, consultada per aquest diari, va donar una versió diferent.

Fonts de l’entitat van assenyalar que la granja de Llucmajor té suspès el segell de benestar animal fins al 31 de desembre de 2025, a l’espera que es presentin mesures correctores. Aquestes fonts van indicar que la suspensió es va fer efectiva l’1 de juliol passat. Per tant, no es poden comercialitzar ous de tipus camperoles amb el segell Welfair. Per recuperar-lo, a més de presentar un pla de mesures correctores, han de passar una nova auditoria anual, a partir del 2026. D’altra banda, fonts d’Avícola Son Perot van negar, telefònicament, que continuïn venent ous de gallines camperoles amb el segell de benestar animal.

Les imatges comprovades per aquest diari mostraven caixes d’ous de gallines camperoles, amb el segell de benestar animal Welfair i el codi sanitari ES 14.003332/IB, que indica la traçabilitat del producte. Quan s’introdueix aquest número de registre a través del cercador de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, dependent del Ministeri de Consum, es comprova que els ous provenen de l’explotació de Llucmajor, coneguda com la ‘macrogranja dels horrors’, que és la que està en el punt de mira de les autoritats.

La plataforma Stop Macrogranja Llucmajor interpuso este miércoles varias denuncias ante la Guardia Civil por una presunta infracción penal como consecuencia del vertido de estiércol registrado muy cerca de la entrada de la ‘macrogranja de los horrores’, ubicada en Llucmajor (Mallorca), tal como ha confirmado a elDiario.es Lorenzo Peñas Roldán, abogado experto en derecho administrativo y penal que ejerce la representación legal de la plataforma.

La explotación avícola ha estado durante los últimos meses en el foco informativo a raíz de las imágenes publicadas en primicia por este diario el pasado 26 de mayo y que se hicieron virales por las condiciones de falta de higiene y suciedad extremas de su interior. Además, de las imágenes se desprendía una situación de presunto maltrato animal hacia las gallinas. Una vez estas imágenes se hicieron públicas, el Govern decidió abrir una investigación para constatar estos hechos, así como la penosa situación en la que viven las gallinas. En concreto, tras verificar que las imágenes de los grupos de protección medioambiental animal ARDE y Satya Animal eran ciertas, ordenó el sacrificio de casi 20.000 gallinas, el cierre de la nave 7 y propuso una sanción de más de 420.000 euros. Finalmente, la sanción se fijó en poco más de 200.000 euros, como informó este diario.

Según uno de los atestados del Seprona de la Guardia Civil, a cuyo contenido ha accedido elDiario.es, la denunciante afirma que durante la mañana del miércoles, mientras circulaba temprano por la carretera, comprobó que una unidad de bomberos se había desplazado hacia la zona debido “al vuelco de un camión que transportaba estiércol con la finalidad de verterlo” en la finca de Sa Llapassa, es decir, en el estercolero que hay en la granja de Llucmajor, propiedad de Avícola Son Perot S.A. (una de las sociedades que opera bajo la marca Avícola Ballester).

En la denuncia se recuerda que sobre la empresa pesan medidas cautelares dictadas por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, que dirige Joan Simonet (PP), debido “a las molestias que genera la actividad en ella” en cuanto a los malos olores y las plagas de insectos. Una de las medidas cautelas que se está incumpliendo, afirma la parte demandante, es la “prohibición de transportar restos de estiércol-gallinácea de otras fincas al lugar”, como pueden ser las explotaciones de Mirabó y Es Caparó.

Prohibición del transporte de estiércol

La presidenta de la plataforma Stop Macrogranja Llucmajor, Nati García, también ha presentado una denuncia por presunta infracción penal en las dependencias del Instituto Armado un presunto delito de “vertido de residuos tóxicos o peligrosos o de explotación de instalaciones con actividades peligrosas”. La denunciante, que afirma desconocer la autoría del responsable del vertido cuando es preguntada por los agentes, indica que como representante de la indicada asociación tiene conocimiento de las medidas cautelares impuestas por la Conselleria de Agricultura a la granja Son Perot S.A., situada en la finca de Sa Llapassa, que prohíbe “transportar estiércol de otras granjas”.

Como vecina de la urbanización de Tolleric —una de las afectadas por las actividades de la granja, algo que se ha considerado probado en expedientes del Govern— asegura que todos los días, entre las seis y media y las ocho y media de la mañana “escucha el paso de camiones y los ve dirigirse a la finca (...) transportando estiércol”. En este sentido, denuncia que durante la mañana de este miércoles se ha producido “un vertido de estiércol en la vía pública que va a dar directamente a la entrada de la finca”, lo que ha provocado el desplazamiento de varias dotaciones de Bomberos de Llucmajor, así como la Policía Local“. Además, afirma tener tres vídeos y nueve fotografías que demostrarían los hechos denunciados.

Fuentes de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural explican a elDiario.es que este jueves una inspectora va a acudir a la granja de Llucmajor, propiedad de Avícola Son Perot S.A., para comprobar cómo está gestionando el estercolero y ver si se está cumpliendo con las medidas cautelares impuestas. Además, informan que la empresa ha presentado un plan alternativo para tratar sus residuos que todavía no ha sido estudiado por el Govern. Sin embargo, matizan que ese nuevo plan que deben presentar tampoco permitiría trasladar los residuos y excrementos de otras granjas al vertedero de Llucmajor. “Por ahora no vamos a hacer declaraciones”, aseguran fuentes de Avícola Son Perot S.A. tras haber consultado a la empresa este incidente ocurrido en las inmediaciones de su granja.

Irregularidades en la gestión del vertedero

Los vecinos de los alrededores de la granja de Llucmajor trasladaron una queja a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ya en marzo de 2023 “debido a las molestias por olores” provenientes de las instalaciones avícolas. Esta denuncia dio inicio a una investigación que certificó una serie de carencias e irregularidades. Por ejemplo, en una inspección del 7 de agosto de 2024, se revisa el estercolero para comprobar “el origen de la plaga de moscas”. En esta visita se verifica que, dentro del estercolero, alrededor de la gallinácea y del estiércol, hay “una gran cantidad de larvas y moscas” que desprenden “un fuerte olor”.

El mismo día, se realiza una segunda inspección por parte de dos veterinarias y un agente del Seprona. En ella, se comprueba la presencia de tres contenedores estancos en las naves 3C, 6F, 7G —las tres destinadas a gallinas camperas—. Estos depósitos están “llenos hasta media capacidad de cadáveres aproximadamente”. Por estos motivos, la Conselleria solicita a la empresa un nuevo plan de gestión del estiércol y los residuos, que garantice el cumplimiento de la normativa medioambiental.

En concreto, son dos los expedientes que luego fueron unificados en un mismo procedimiento. El primero acreditaba deficiencias en la gestión del estercolero de las explotaciones avícolas, así como respecto a la falta de un plan de producción y gestión del estiércol. El segundo proponía varias medidas cautelares: en primer lugar, la suspensión parcial de la actividad de la unidad de producción y reproducción de las gallinas; en segundo, la suspensión de la cría de las gallinas camperas de la granja de Llucmajor —donde la Conselleria de Agricultura acreditó a finales de mayo deficiencias, lo que supuso el cierre de una de las naves— y, por último, la suspensión temporal del uso del estercolero de Sa Llapassa. La empresa utiliza este estercolero para las explotaciones de la granja de Ses Cisternetes —la de Llucmajor—, así como las de Mirabó y Es Caparó.

Vertidos laterales y malos olores

Lo que concluye el informe y expediente sancionador que hacen referencia a la gestión del estercolero, así como a su plan de gestión—firmados los días 12 de diciembre de 2023 y 26 de septiembre de 2024, respectivamente—, es que se pueden haber cometido tres infracciones graves y dos leves. Según el documento consultado por elDiario.es, el estercolero presenta vertidos laterales que evidencian que la empresa no dispone de un sistema eficaz de recogida de lixiviados —líquidos contaminantes por filtración— ni se evitan filtraciones superficiales, lo cual podría ser el origen de las quejas de las asociaciones de vecinos por los malos olores. Estos hechos pueden suponer una infracción grave según el artículo 185.3 de la Ley 3/2019, referida a la legislación agraria.

El plan de gestión de la empresa no se adapta a la normativa vigente, según el expediente, lo cual puede suponer una infracción leve de acuerdo al artículo 185.1.f) de la Ley 3/2019. La explotación avícola no dispone de un plan de desinsectación, lo que puede constituir una infracción grave según el artículo 84.21 de la Ley 8/2003, de sanidad animal. La empresa tampoco tiene cubierto el sistema de almacenaje de estiércol, lo que puede suponer una infracción grave, como se desprende del artículo. Además, tampoco dispone de un plan de gestión ambiental donde se indiquen las medidas de control de emisiones de partículas y de olores. Esto puede suponer una infracción leve de acuerdo al artículo 83.4 de la Ley 8/2023.

Este informe, que se inicia el 24 de marzo de 2023, da lugar al inicio de un procedimiento sancionador, que es firmado el 26 de septiembre de 2024. Empieza a raíz de una queja de los vecinos de los alrededores de la granja “debido a las molestias por olores que provienen de unas instalaciones agrícolas”. Avícola Son Perot S.A. presentó alegaciones, el 13 de noviembre de 2023, sobre el informe desfavorable al plan de producción y gestión de estiércol de las explotaciones de Ses Cisternetes —la granja que está bajo sospecha por su estado de insalubridad y las condiciones perniciosas en las que viven las gallinas—, Mirabó y Es Caparó. Sin embargo, el 11 de diciembre de 2023, la jefa del Servicio de Producción Ganadera informa a Avícola Son Perot S.A. de que “las alegaciones realizadas no subsanan las deficiencias” en relación al estercolero, lo que fue indicado mediante informe el 5 de octubre de 2023. Por todo ello, la Conselleria de Agricultura propuso una sanción total de 17.000 euros, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 88 y 89 de la Ley 8/2003, de sanidad animal.

Reducción de gallinas ponedoras a 40.000

En cuanto al informe y expediente sancionador —firmados los días 20 y 26 de septiembre de 2024, respectivamente—, se desprende en sus conclusiones la necesidad de proponer medidas cautelares. En primer lugar, la suspensión parcial de la actividad de producción y reproducción de las gallinas de la explotación de Ses Cisternetes —de la cual es titular Avícola Son Perot S.A.—, de manera que se propone disminuir el número máximo de gallinas ponedoras que puede tener la explotación. El máximo se cifra en 40.000 de aves en un plazo máximo de tres meses. Más tarde, esta exigencia situó el plazo en el 31 de diciembre de 2025.

En segundo, la suspensión de la forma de cría de gallinas camperas de la explotación avícola de Llucmajor, que es la que está situada bajo el foco por sus condiciones de insalubridad y posible maltrato animal, según acreditó una inspección de la Conselleria de Agricultura a finales de mayo. En tercero, la suspensión temporal del uso del vertedero de Sa Llapassa, ubicado también en Llucmajor, por parte de las tres explotaciones de Avícola Son Perot “hasta que no se demuestre el derecho de uso”. Según se desprende del informe, “el estercolero ya no forma parte de la unidad de explotación Avícola Son Perot S.A., y Sa Llapassa no es un gestor SANDACH (acrónimo de ‘subproductos animales no destinados al consumo humano’)”.

Asimismo, se reitera el requerimiento del 12 de julio de 2024 de presentar, en la mayor brevedad posible, “un escrito donde se indique el sistema utilizado para almacenar el estiércol”. Por otro lado, se requiere aportar el plan de gestión actualizado de las tres explotaciones en un plazo de dos semanas. Como explotación, afirma el documento, puede disponer de un estercolero permanente “siempre que cumpla la normativa” y así lo traslade —y haya sido autorizado— por parte de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Además, se le requiere a la empresa “el restablecimiento de las condiciones iniciales del estercolero permanente” que hasta ahora se utilizaba en Sa Llapassa, entendiendo como condiciones iniciales, el recinto mencionado libre de estiércol y gallinácea —gallinas o restos de las mismas—, así como cualquier tipo de plaga.

El documento considera probado —tras una inspección, el 18 de enero de 2024, de dos técnicos del Servicio de Producción Ganadera— que en la nave 6F los animales “no pueden acceder de manera ininterrumpida y durante todo el día al espacio exterior”, pese a que los huevos se estaban comercializando como “camperos”. Los sistemas de salida al exterior están abiertos desde las 17 a las 22 horas, en invierno y en verano, según el informe. Además, los espacios libres de los exteriores de la granja “no están cubiertos de vegetación”, pese a que el reglamento europeo obliga a ello en lo que se refiere a las gallinas camperas, tal como publicó elDiario.es.

Plaga de moscas y larvas

Del mismo modo, el informe señala que constan dos burofaxes en los que se comunica a Avícola Son Perot S.A. que desde el 1 de junio de 2024 “no se prorroga la autorización para utilizar el estercolero” situado en los recintos 85 y 91 del polígono 34, parcela 9, del municipio de Llucmajor. Por tanto, y a los efectos de la gestión de las explotaciones “no dispone de este lugar para hacer acopio del estiércol”. “Y pese a todo, tenemos constancia de que se están realizando vertidos de gallinácea al estercolero mencionado”, afirma el expediente.

El 7 de agosto de 2024 se lleva a cabo una nueva inspección en el lugar en el que se ubica el estercolero para comprobar “el origen de la plaga de moscas”. Para ello, se desplazan a las instalaciones dos veterinarias —una del Servicio de Producción Ganadera y otra del Servicio de Sanidad y Bienestar Animal—. Además, les acompaña un agente del Seprona de la Guardia Civil, según el informe.

En esta visita se comprueba que, dentro del estercolero, alrededor de la gallinácea y del estiércol, hay “una gran cantidad de larvas y moscas” que desprenden “un fuerte olor”. Las larvas y moscas se ubican en la extensión del estercolero permanente, sobre todo, en la zona donde están los lixiviados y en la parte central donde “no hay ningún tipo de residuo”. En la mencionada ubicación hay un trabajador de la empresa que informa de que, durante las dos últimas semanas, se han introducido en los mencionados recintos ocho camiones de gallinácea y estiércol. “Este hecho evidencia que Avícola Son Perot S.A. continúa usando este estercolero para la eliminación de estos residuos”, señala el documento.

El trabajador afirma a los inspectores que, en el último mes, han salido entre 40 y 50 camiones cargados de estos residuos. Cada uno, tanto de entrada como de salida, tiene una capacidad de 18 toneladas. El mismo día, se realiza una segunda inspección por parte de las dos veterinarias y del agente del Seprona. En ella, se comprueba la presencia de tres contenedores estancos en las naves 3C, 6F, 7G —las tres destinadas a gallinas camperas—.

Eliminación inadecuada de cadáveres

Estos depósitos están “llenos hasta media capacidad de cadáveres aproximadamente”. Además, pasando la nave 6F, limitando a un muro de piedra, hay “una fosa de un metro de profundidad con dos cadáveres de gallinas (restos de patas y plumas), así como tierra removida recientemente por todo el terreno que rodea esta fosa”. Del mismo modo, “se observan restos de huesos”. Estos hechos fueron documentados mediante fotografías y un plano de la ubicación de la fosa, sostiene el informe. El 19 de septiembre del 2024, el Seprona informa, respecto al estercolero, de que “se ha apreciado que continúa habiendo acumulación de gallinácea y que se habían realizado movimientos”, respecto al estiércol. No se puede precisar si estos movimientos han sido de entrada o de salida o únicamente por el cambio de ubicación o reacondicionamiento del estiércol en la plataforma.

Asimismo, de acuerdo a los archivos del Govern, Avícola Son Perot S.A. ha sido sancionada debido a las “denuncias de particulares”. Según el documento, por la eliminación inadecuada de cadáveres; por no tener un sistema de recogida de lixiviados —líquidos contaminantes por filtración—, por no disponer del plan de gestión de estiércol adaptado a la normativa vigente, por deficiencias en el Sistema Integral de Gestión de la Explotación (SIGE), por no tener cubierto el sistema de almacenamiento de excrementos y por no disponer de un plan de gestión ambiental.

Además, la explotación “no dispone a fecha de hoy de la autorización ambiental integrada”, necesaria para la actividad ganadera avícola, afirma el informe, de acuerdo a los archivos de la administración autonómica. Se trata de una “infracción grave” que está en trámite de expediente sancionador por parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente, dependiente de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, según el documento.

El expediente sancionador, unido a este último informe, señala que la falta de comunicación del plan de producción y gestión de estiércol puede constituir una “infracción leve”, según el artículo 185.1.h) de la Ley 3/2019 que regula las actividades agrarias en Balears. El artículo 194 prevé, para las infracciones leves, una multa de hasta 3.000 euros.

Por otro lado, afirma que no aportar la documentación —requerida por el Servicio de Producción Ganadera— en relación al plan de gestión de estiércol, puede suponer una “infracción grave”, según el punto ocho del artículo 84 de la Ley 8/2003. El artículo 88 prevé que las sanciones, en el caso de que sean infracciones graves, consistirán en una multa de 3.001 a 60.000 euros.

En tercer lugar, el abandono de animales, de sus cadáveres o de productos o materias primas que comporten un riesgo sanitario para la sanidad animal, la salud pública o el medio ambiente, puede suponer una “infracción grave”. También se considera infracción el envío a destinos no autorizados. Así lo estipula el artículo 84.20 de la Ley 8/2003 y el artículo 88 de la misma ley prevé, para las infracciones graves, una multa de entre 3.001 y 60.000 euros.

En último lugar, se señala que el hecho de haber sido sancionado anteriormente “indica que es un establecimiento de mayor riesgo”, según el artículo 9.1 del Reglamento 2017/625. Este reglamento europeo se refiere, entre otras cuestiones, a los controles realizados para garantizar las normas sobre salud y bienestar de los animales. El artículo mencionado tiene en cuenta el historial del establecimiento, incluyendo los resultados de inspecciones pasadas y si ha cumplido con las normas.

Suspensión del sello de bienestar animal

Debido a su actividad irregular, AENOR suspendió el sello de bienestar animal Welfair a Avícola Ballester. Sin embargo, la empresa ha seguido vendiendo los huevos de ‘gallinas camperas’ con el sello de bienestar animal en algunos supermercados de Mallorca, según pudo comprobar elDiario.es. Welfair, consultada por este diario, dio una versión distinta.

Fuentes de la entidad señalaron que la granja de Llucmajor tiene suspendido el sello de bienestar animal hasta el 31 de diciembre de 2025, a la espera de que se presenten medidas correctoras. Estas fuentes indicaron que la suspensión se hizo efectiva el pasado 1 de julio. Por tanto, no pueden comercializarse huevos tipo camperos con el sello Welfair. Para recuperarlo, además de presentar un plan de medidas correctoras, deben pasar una nueva auditoría anual, ya a partir de 2026. Por otro lado, fuentes de Avícola Son Perot negaron, telefónicamente, que sigan vendiendo huevos de gallinas camperas con el sello de bienestar animal.

Las imágenes comprobadas por este diario mostraban cajas de huevos de gallinas camperas, con el sello de bienestar animal Welfair y el código sanitario ES 14.003332/IB, que indica la trazabilidad del producto. Cuando se introduce este número de registro a través del buscador de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, dependiente del Ministerio de Consumo, se comprueba que los huevos provienen de la explotación de Llucmajor, conocida como la ‘macrogranja de los horrores’, que es la que está en el punto de mira de las autoridades.

El Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears (COVIB) ha obert un expedient a Jerónimo Roldán Henares, director de ramaderia i veterinari d’Avícola Son Perot S.A., la societat que gestiona la macrogranja de Llucmajor (Mallorca) sota la marca Avícola Ballester. L’explotació avícola es troba en el punt de mira arran de les imatges publicades en primícia per elDiario.es el passat 26 de maig, que es varen fer virals per les condicions d’extrema brutor i falta d’higiene a l'interior, així com per la situació perniciosa de les gallines.

L’obertura del procediment disciplinari, que estudiarà si el veterinari d’Avícola Ballester ha incomplert algun article del codi deontològic de la professió, s’inicia després de la petició de les entitats de protecció mediambiental i animal ARDE i Satya Animal al COVIB, on sol·liciten investigar les presumptes irregularitats. Es tracta del procediment habitual de l’òrgan col·legiat, segons han explicat fonts del COVIB a aquest diari. ARDE i Satya Animal són les associacions que varen enregistrar les imatges difoses, el vídeo de més de tres hores de les quals està dipositat a la Fiscalia de Medi Ambient de les Balears, després de presentar una denúncia contra l’explotació per presumptes delictes contra la salut pública, maltractament animal i estafa. El Jutjat d’Instrucció número 11 de Palma ja ha obert diligències per un presumpte delicte de maltractament animal.

A la sol·licitud s’hi desgranen els fets observats a les imatges enregistrades entre els dies 21 i 29 d’abril. Entre d’altres: cadàvers de gallines en avançat estat de descomposició convivint amb gallines vives; presència de rosegadors (fins i tot cadàvers de rates) i eriçons en contacte amb les gallines; les gallines de la nau 6 —una de les camperoles— varen estar tancades durant almenys sis dies; gallines en mal estat de salut —postrades, amb diarrees, amb crestes caigudes— i algunes mortes pel tancament de portes. A més, hi havia gruixudes capes de pols, plomes i teranyines al sòl, a les parets, al sostre i a les estructures.

Així mateix, recorden que la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural —dependent de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern balear— va constatar l’existència de les irregularitats denunciades a les imatges. Per aquest motiu, es va tancar la nau 7, es van ordenar mesures cautelars i es va proposar una sanció de fins a 420.000 euros per set faltes greus i una de lleu. Finalment, Avícola Son Perot S.A. —una de les empreses que opera sota la marca Avícola Ballester— s’enfronta a una multa de 200.100 euros, segons consta a l’expedient de la proposta final de sanció al qual va accedir elDiario.es.

D’altra banda, l’escrit d’ARDE i Satya Animal, dirigit al COVIB, assenyala que la gestió del veterinari a l’empresa avícola coincideix amb períodes en què les administracions públiques ja havien multat Avícola Son Perot S.A. per irregularitats, o bé havien adoptat mesures cautelars. L'octubre de 2023, l’empresa va rebre una sanció del Govern, de 150.000 euros, per no disposar de l’autorització ambiental integrada. Això contradiu el que estableix el Reial decret legislatiu 1/2016, que delimita els requisits a tenir en compte per regular la contaminació, tal com va informar aquest diari. La multa la va imposar la Comissió Balear de Medi Ambient, un òrgan dependent de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat.

Les entitats animalistes recorden al seu escrit al COVIB que, el setembre de 2024, la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural va iniciar un expedient sancionador i un altre de mesures cautelars “després de detectar deficiències greus a l’explotació”. El novembre de 2024, indiquen, es resol la imposició de mesures cautelars, que inclouen la suspensió de l’activitat de gallines camperoles i es va imposar la presentació d’un pla de benestar animal específic amb un protocol de maneig per a les gallines camperoles. “Aquesta mesura cautelar demostra que el maneig de les gallines camperoles era inadequat i va requerir la intervenció de l’Administració”, afirmen. Aquesta mesura va ser aixecada pel Govern perquè la deficiència va ser corregida, segons es desprèn dels expedients administratius.

Aquest diari ha posat en coneixement del veterinari, a través d’un correu electrònic a l’empresa i un missatge al cap de premsa, la informació que s’anava a publicar. Així, s’ha sol·licitat una entrevista amb Jerónimo Roldán Henares, o que respongués per escrit, sense que hagi estat possible obtenir resposta abans de la publicació d’aquest reportatge.

Les entitats creuen que podria haver ocultat irregularitats

ARDE i Satya Animal argumenten, a més de la sanció, el tancament temporal de la nau 7 i la immobilització dels ous produïts en aquesta, que la inspecció oficial va constatar la presència de rosegadors morts, “fet que indica que les mesures de bioseguretat aplicades no són les adequades”. Per tot això, consideren que l’actuació de Jerónimo Roldán Henares davant aquests episodis d’irregularitats “podria constituir vulneracions del Codi Deontològic per a l’Exercici de la Professió Veterinària, aprovat pel Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya”.

Així, sol·liciten a l’òrgan col·legial balear investigar si el veterinari responsable va actuar amb negligència professional en ometre el seu deure de supervisió i denúncia; verificar el compliment del secret professional, determinar si es varen ocultar irregularitats; avaluar si va existir conflicte d’interès que comprometés la seva independència i informar les autoritats competents (Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient) perquè iniciïn una investigació paral·lela.

En aquest sentit, l’endemà que elDiario.es avancés les imatges en primícia, l’empresa va oferir a alguns mitjans de comunicació —una redactora i un fotoperiodista d’aquesta redacció hi van acudir el dimecres 28 de maig, com va informar aquest diari— entrar a les seves instal·lacions. Al principi, negaven que les imatges corresponguessin a les seves naus. “Nosaltres estem tranquils amb la nostra feina. Som els primers que creiem en el benestar animal perquè expressin la seva màxima producció i rendibilitat. Tenen per menjar i beure, i [espai] per al seu esbarjo”, va dir aquell dia Jerónimo Roldán, gerent ramader i veterinari de l’empresa, en declaracions a l’inici de l’informatiu d’IB3, la televisió pública balear.

S'investigarà si va incomplir el codi deontològic

Ramón García, president del Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears (COVIB), va accedir gairebé immediatament a fer una entrevista telefònica a elDiario.es, en què se li va demanar una explicació general del procediment que segueix l’òrgan col·legial quan s’obre un expedient d’aquest tipus.

“Quan rebem una denúncia s’inicia un procediment. La primera fase és una investigació preliminar. Sol·licitem a la persona denunciada que aporti la seva versió dels fets i tota la documentació que consideri necessària”, afirma García. El COVIB, com que només té competències en matèria disciplinària, investiga únicament si el col·legiat ha complert amb el codi deontològic de la professió veterinària.

En cas que la informació no sigui completa o hi hagi aspectes que quedin per aclarir, el COVIB pot fer un segon requeriment “fins a obtenir tota la documentació necessària”. “Fins i tot, si hi ha altres professionals implicats perquè han tingut algun tipus de participació, també els sol·licitem la seva versió, com a part de la investigació”, afegeix García. El president del COVIB indica que quan l’òrgan col·legial rep tota la documentació, la trasllada a la Comissió Deontològica, formada per sis professionals de prestigi, independents de la junta directiva del COVIB.

La Comissió Deontològica, formada per sis professionals de prestigi, és l’encarregada d’avaluar els possibles incompliments del Codi Deontològic

Es tracta, afirma García, de sis professionals de diferents àmbits de la professió, majoritàriament clínics d’animals de companyia, tot i que també hi ha professionals del sector ramader i d’altres àmbits. La Comissió Deontològica s’encarrega d’avaluar la informació aportada i determinar “si existeix incompliment dels principis del codi deontològic o, com esmentava, dels Estatuts Generals de l’Organització Col·legial Veterinària Espanyola”.

Així, s’elabora un informe o dictamen que indica al COVIB si es considera que hi ha hagut “un incompliment dels principis deontològics” o si, per contra, no es considera així. En funció d’aquest informe, si no s’aprecia cap incompliment, l’expedient s’arxiva. Si es considera que hi ha indicis d’infracció, s’inicia un expedient disciplinari, afegeix García.

En cas que hi hagi indicis i es comenci un expedient disciplinari, el COVIB nomena un instructor, que en aquest cas sí que és membre de la junta directiva, aclareix el president de l’òrgan col·legial. Aquest instructor és l’encarregat, per tant, d’aplicar un hipotètic procediment sancionador “amb totes les garanties legals”. És a dir, formulació de càrrecs, presentació d’al·legacions, proposta de resolució, aportació i valoració de proves… D’aquesta manera, s’assegura el dret a un procés garantista per a l’investigat, com estableix la normativa administrativa, detalla García.

Si a l’investigat se li imputen càrrecs, tindrà l’oportunitat de presentar al·legacions; també pot aportar o proposar proves, que l’instructor valorarà i podrà acceptar o rebutjar. Finalment, quan conclou la fase d’instrucció, l’expedient es remet a l’òrgan resolutori, que és la Junta de Govern. Aquesta junta determina si hi ha hagut una infracció i la seva tipificació, que pot ser lleu, greu o molt greu, segons el que estableixen els estatuts. A partir d’aquí, s’estableix la sanció corresponent.

Les sancions depenen del tipus de falta i de la seva tipificació. Cada infracció té unes sancions específiques associades segons la seva gravetat. Segons l’article 107 del Reial decret 50/2024, de 16 de gener, pel qual es modifiquen els Estatuts Generals de l’Organització Col·legial Veterinària Espanyola, aprovats pel Reial decret 126/2013, de 22 de febrer, les sancions són les següents: amonestació privada; advertiment per ofici; amonestació pública —mitjançant la publicació de la resolució sancionadora ferma al tauler d’anuncis del Col·legi— i multa d’entre 1.001 euros i 5.000 euros; exclusió de les propostes fetes a l’Administració competent.

D’altra banda, hi ha les sancions que fan referència a la suspensió de la col·legiació: la més lleu, fins a un mes; seguida d’una suspensió d’entre un mes i un dia i un any; entre un any i un dia i tres anys, o l’expulsió del Col·legi, cosa que comporta la inhabilitació per a qualsevol col·legiació o incorporació a un altre Col·legi Oficial de la Professió Veterinària.

Les sancions oscil·len des de l’amonestació privada o pública fins a la multa de 5.000 euros i, fins i tot, l’expulsió del Col·legi de Veterinaris

“L’habitual és que els casos es moguin entre lleus i greus”, afirma García. Per tant, faltes molt greus n’hi ha hagut molt poques. Recorda una: un incompliment d’una suspensió d’activitat. “En funció d’això, les sancions van des d’advertiments en els primers casos fins a temes que ja impliquen sancions econòmiques, que ara s’han inclòs en els estatuts, i suspensions de col·legiació”, conclou el president del COVIB.

Irregularitats en la gestió del femer

Jerónimo Roldán, director de ramaderia i veterinari d’Avícola Son Perot S.A., figura en un dels expedients administratius consultats per elDiario.es i que va obrir la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural del Govern balear.

En aquest document, relatiu a la proposta de resolució del procediment sancionador en matèria de sanitat animal, s’hi descriuen una sèrie d’actuacions que finalitzen el 12 de desembre de 2023, després que la cap del Servei de Producció Ramadera emetés un informe sobre les deficiències del femer i del pla de producció i gestió de fems de les explotacions de Ses Cisternetes, Mirabó i Es Caparó.

Anteriorment, el 27 d’abril de 2023, el cap del Departament d’Avaluacions Ambientals va tramitar l’acta del Servei d’Agents de Medi Ambient del 24 de març del mateix any, relativa a una inspecció realitzada arran d’una denúncia veïnal “per les molèsties ocasionades per les olors provinents d’unes instal·lacions agrícoles” de Llucmajor.

El 24 de març, els agents de Medi Ambient van constatar, a la finca de Sa Llapassa, els següents fets: en aquell moment hi havia set naus amb un total de 120.000 gallines; es percebia una forta olor fecal dins la finca i també fora del recinte destinat a les aus, on hi havia una plataforma d’uns 4.835 metres quadrats amb una gran quantitat de fems.

El 8 de setembre, un agent del Servei de Producció Ramadera, acompanyat per un tècnic de l’IRFAP (Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears), va fer una inspecció a les instal·lacions, a petició del Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia Civil. En aquesta inspecció s’hi va presentar Jerónimo Roldán Henares, que segons el document és el gerent i veterinari d’Avícola Son Perot S.A.

Durant la inspecció, es va verificar que a la plataforma de 5.000 metres quadrats amb sòl de formigó hi havia muntanyes de fems d’uns tres metres d’alçada; al camí pròxim, hi havia una séquia sense impermeabilitzar, d’uns 40 centímetres d’ample i uns 15 centímetres de lixiviats (líquids contaminants); les muntanyes de fems no estaven cobertes i hi havia “una gran proliferació de mosques i l’olor de fems de gallina era molt evident”.

La inspecció va constatar aquestes muntanyes de fems de tres metres i “una gran proliferació de mosques i una olor de fems de gallina” que eren “molt evidents”. Els agents van preguntar al veterinari si disposava d’un pla de desinsectació i, segons la inspecció, aquest va respondre que no.

La inspecció va constatar que hi havia muntanyes de fem d'uns tres metres d'altura i 'una gran proliferació de mosques i olor de fem de gallina' que eren 'molt evidents'. Els agents van preguntar al veterinari si disposava d'un pla de desinsectació i va dir que no, segons la inspecció

Segons l’expedient, els agents de control “demanen al senyor Jerónimo Roldán Henares si disposa d’un pla de desinsectació, i manifesta que no”. També se li demana si disposa de superfície agronòmica, i contesta que “la justificarà”. No obstant això, el 5 d’octubre, el tècnic de l’IRFAP va emetre un informe desfavorable al Pla de Producció i Gestió dels fems del conjunt de les explotacions ramaderes de Mirabó, Es Caparó i Ses Cisternetes, ja que “no s’adapten al que preveuen els articles 49 i 50 i a l’annex de la Llei 3/2019, de 31 de gener”, que correspon a la llei agrària balear.

“Es verifica que el femer permanent presenta vessaments laterals que evidencien que no disposa d’un sistema efectiu de recollida de lixiviats, ni s’eviten filtracions superficials, i que no està cobert”, assenyala l’informe.

El 13 de novembre, Avícola Son Perot S.A. va presentar al·legacions contra aquest informe desfavorable. Uns dies abans, el 7 de novembre, la Comissió Balear de Medi Ambient —òrgan depenent de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat— va presentar un escrit, en representació de les associacions de veïns, en què exposaven que des de l’any 2019 es produeixen “episodis d’emissions de gasos i olors insuportables procedents d’una granja de gallines ponedores” situada a la finca de Sa Llapassa de Llucmajor. El 11 de desembre, la cap del Servei de Producció Ramadera va informar l’empresa que les al·legacions no corregien les deficiències del Pla de Producció i Gestió del femer. Per aquests motius, i un cop acreditades quatre infraccions, es va proposar una sanció de 17.000 euros.

En primer lloc, degut a que el femer permanent de les tres explotacions de gallines ponedores —amb una capacitat total de 293.433 gallines— presenta “vessaments laterals que evidencien la manca d’un sistema efectiu de recollida de lixiviats, i que no s’eviten filtracions superficials, provocant greus molèsties” als veïns de la zona; en segon, per no disposar d’un pla de desinsectació; en tercer, per no tenir cobert el sistema d’emmagatzematge dels fems de les explotacions de Ses Cisternetes, Mirabó i Es Caparó i en quart, per no disposar d’un pla de gestió ambiental que indiqui les mesures de control de les emissions de partícules i olors. Aquest acord fou notificat a l’empresa el 26 de setembre de 2024.

El 22 d’abril de 2025, una resolució de la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural va adoptar noves mesures. Entre elles, l’obligació de reduir el nombre de gallines ponedores a 40.000 en un termini màxim de sis mesos, el que la Conselleria d’Agricultura anomena “pla de desescalada”, que prohibeix l’entrada d’animals a l’explotació.

A més, es ratifica la prohibició d’entrada de fems a la finca de Sa Llapassa per part de les explotacions de Mirabó i Es Caparó, ambdues d’Avícola Son Perot. Aquesta prohibició es justifica pel fet que “ja no es poden considerar part de la unitat tècnica econòmica de l’explotació Avícola Son Perot S.A.” i perquè tampoc són un “gestor SANDACH (sigles de subproductes animals no destinats al consum humà) autoritzat”.

Finalment, s’insisteix que no s’ha atès el requeriment de presentar el Pla de Producció i Gestió dels fems de les explotacions d’Es Mirabó i Es Caparó “segons la norma”. “No s’ha dut a terme el restabliment de les condicions inicials del femer de Sa Llapassa, entenent per condicions inicials que el recinte estigui lliure de fems i gallinàcia procedents d’altres explotacions que no siguin la de Ses Cisternetes i segons la norma”.

El Colegio Oficial de Veterinarios de las Illes Balears (COVIB) ha abierto un expediente a Jerónimo Roldán Henares, director de ganadería y veterinario de Avícola Son Perot S.A., la sociedad que gestiona la macrogranja de Llucmajor (Mallorca) bajo la marca Avícola Ballester. La explotación avícola está en el punto de mira a raíz de las imágenes publicadas en primicia por elDiario.es el pasado 26 de mayo y que se hicieron virales por las condiciones de falta de higiene y suciedad extremas de su interior, así como por la perniciosa situación de las gallinas.

La apertura del procedimiento disciplinario, que estudiará si el veterinario de Avícola Ballester ha incumplido algún artículo del código deontológico de la profesión, se inicia después de la solicitud de las entidades de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal al COVIB, en la que piden investigar las presuntas irregularidades. Es el modo de proceder habitual del órgano colegiado, según han explicado fuentes del COVIB a este diario. ARDE y Satya Animal son las asociaciones que grabaron las imágenes difundidas, cuyo vídeo de más de 3 horas está depositado en la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears, tras presentar una denuncia contra la explotación por presuntos delitos contra la salud pública, maltrato animal y estafa. El Juzgado de Instrucción número 11 de Palma ya ha abierto diligencias por un presunto delito de maltrato animal.

En la solicitud se desgrana lo que se veía en las imágenes grabadas entre los días 21 y 29 de abril. Entre otras cuestiones: cadáveres de gallinas en avanzado estado de descomposición en convivencia con gallinas vivas; presencia de roedores (incluso cadáveres de ratas) y erizos en contacto con las gallinas; las gallinas de la nave 6 —una de las camperas— estuvieron encerradas durante al menos seis días; gallinas en mal estado de salud —postradas, diarreicas, con crestas caídas— y algunas fallecidas por el cierre de puertas. Además, había gruesas capas de polvo, plumas y telarañas en el suelo (yacija), las paredes, el techo y las estructuras.

Asimismo, recuerdan que la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural —dependiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear— constató la existencia de las irregularidades denunciadas en las imágenes. Por estos motivos, cerró la nave 7, ordenó la adopción de medidas cautelares, y propuso una multa de hasta 420.000 euros por siete faltas graves y una leve. Finalmente, Avícola Son Perot S.A. —una de las empresas que opera bajo la marca de Avícola Ballester— se enfrenta a una multa de 200.100 euros, según consta en el expediente de la propuesta final de sanción, al cual accedió elDiario.es.

Por otro lado, el escrito de ARDE y Satya Animal, dirigido al COVIB, señala que la gestión del veterinario en la empresa avícola coincide en periodos en que las administraciones públicas ya habían multado a Avícola Son Perot S.A. por irregularidades, o adoptado medidas cautelares. En octubre de 2023, la empresa recibió una sanción del Govern, de 150.000 euros, por no tener la autorización ambiental integrada. Esto va en contra de lo que dictamina el Real Decreto Legislativo 1/2016, que delimita los requisitos a tener en cuenta en estos casos para regular la contaminación, como informó este diario. La multa la recibieron de parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente, un órgano dependiente de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat.

Las entidades animalistas recuerdan en su escrito al órgano colegiado que, en septiembre de 2024, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural inició un expediente sancionador y otro de medidas cautelares “tras detectar deficiencias graves en la explotación”. En noviembre de 2024, indican, se resuelve la imposición de medidas cautelares, que incluyen la suspensión de la actividad de gallinas camperas y se impuso la presentación de un plan de bienestar animal específico incluyendo un protocolo de manejo de gallinas camperas. “Dicha medida cautelar demuestra que el manejo de las gallinas de tipo campero era inadecuado y requirió de la intervención de la Administración”, afirman en su escrito. Esta medida cautelar —la de gallinas camperas— fue levantada por el Govern porque la deficiencia fue corregida, según se desprende de los expedientes administrativos.

Este diario se ha puesto en conocimiento del veterinario, a través de un correo electrónico a la empresa, y de un mensaje al jefe de prensa, de la información que se iba a tratar. Así, se le ha solicitado una entrevista a Jerónimo Roldán Henares, o que en su defecto respondiera a las preguntas por escrito, sin que haya sido posible obtener una respuesta en el momento en que se publica este reportaje.

Las entidades creen que pudo haber ocultado irregularidades

ARDE y Satya Animal argumentan, además de la sanción, el cierre temporal de la nave 7 e inmovilización de los huevos producidos en ella, que la inspección oficial constató la presencia de roedores muertos, “hecho que indica que las medidas de bioseguridad aplicadas no son las adecuadas”. Por todo ello, consideran que la actuación de Jerónimo Roldán Henares frente a estos episodios de irregularidades “podría constituir vulneraciones al Código Deontológico para el Ejercicio de la Profesión Veterinaria, aprobado por el Consejo General de Colegios Veterinarios de España”.

Así, solicitan al órgano colegiado balear investigar si el veterinario responsable actuó con negligencia profesional al omitir su deber de supervisión y denuncia; verificar el cumplimiento del secreto profesional, determinando si se ocultaron irregularidades; evaluar si existió conflicto de intereses que comprometiera su independencia e informar a las autoridades competentes (Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente) para una investigación paralela.

En este sentido, el día después de que elDiario.es avanzara las imágenes en primicia, la empresa ofreció a algunos medios de comunicación —una redactora y un fotoperiodista de esta redacción acudieron el miércoles 28 de mayo, como informó este diario— entrar en sus instalaciones. Al principio, negaban que las imágenes correspondieran a sus naves. “Nosotros estamos tranquilos con nuestro trabajo. Somos los primeros que creemos en el bienestar animal para que expresen su máxima producción y rentabilidad. Tienen para comer y beber, y [espacio] para su esparcimiento”, dijo ese día Jerónimo Roldán, gerente ganadero y veterinario de la empresa, en declaraciones al inicio del informativo de IB3, la televisión pública balear.

Se investigará si incumplió el código deontológico

Ramón García, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de las Illes Balears (COVIB), accede casi de inmediato a dar una entrevista telefónica a elDiario.es, en la que se le pide una explicación general del procedimiento que conduce el órgano colegial cuando se abre un expediente de este tipo.

“Cuando recibimos una denuncia se inicia un procedimiento. La primera fase es una investigación preliminar. Solicitamos a la persona denunciada que aporte su versión de los hechos y toda la documentación que considere necesaria”, afirma García. El COVIB, como solo tiene competencias en materia disciplinaria, investiga únicamente si el colegiado ha cumplido con el código deontológico de la profesión veterinaria.

En caso de que la información no sea completa, o haya aspectos que queden por aclarar, el COVIB puede realizar un segundo requerimiento “hasta obtener toda la documentación necesaria”. “Incluso, si hay otros profesionales implicados porque han tenido algún tipo de participación, también les solicitamos su versión, como parte de la investigación”, añade García. El presidente del COVIB indica que cuando el órgano colegiado recibe toda la documentación la traslada a la Comisión Deontológica, que está formada por seis profesionales de prestigio, independientes de la junta directiva del COVIB.

La Comisión Deontológica, formada por seis profesionales de prestigio, es la encargada de evaluar los posibles incumplimientos del Código Deontológico

Se trata, afirma García, de seis profesionales de diferentes ámbitos de la profesión, mayoritariamente clínicos de animales de compañía, aunque también hay profesionales del sector ganadero y de otros ámbitos. La Comisión Deontológica se encarga de evaluar la información aportada y determinar “si existe incumplimiento de los principios del código deontológico o, como mencionaba, de los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española”.

Así, se elabora un informe o dictamen que indica al COVIB si se considera que ha habido “un incumplimiento de los principios deontológicos” o si, por el contrario, no lo consideran así. En función de ese informe, si no se aprecia ningún incumplimiento, el expediente se archiva. Si consideran que hay indicios de infracción, se inicia un expediente disciplinario, añade García.

En caso de que hubiera indicios, y se iniciara un expediente disciplinario, el COVIB nombra un instructor, que en este caso sí es miembro de la junta directiva, aclara el presidente del órgano colegiado. Este instructor es el encargado, por tanto, de aplicar un hipotético procedimiento sancionador, “con todas las garantías legales”. Es decir, formulación de cargos, presentación de alegaciones, propuesta de resolución, aportación y valoración de pruebas… De esta manera, se asegura el derecho a un proceso garantista para el investigado, como establece la normativa administrativa, detalla García.

Si al investigado se le imputan cargos, tendrá la oportunidad de presentar alegaciones; también puede aportar o proponer pruebas, que el instructor valorará y podrá aceptar o rechazar. Finalmente, cuando concluye la fase de instrucción, el expediente se remite al órgano resolutorio, que es la Junta de Gobierno. Esta junta determina si ha habido una infracción y su tipificación, que puede ser leve, grave o muy grave, según lo establecido en los estatutos. A partir de ahí, se establece la sanción correspondiente.

Las sanciones dependen del tipo de falta y su tipificación. Cada infracción tiene unas sanciones específicas asociadas según su gravedad. Según el artículo 107 del Real Decreto 50/2024, de 16 de enero, por el que se modifican los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española, aprobados por Real Decreto 126/2013, de 22 de febrero, las sanciones son las siguientes: amonestación privada; apercibimiento por oficio; amonestación pública —mediante la publicación de la resolución sancionadora firme en el tablón de anuncios del Colegio— y multa de entre 1.001 euros y 5.000 euros; exclusión de las propuestas efectuadas a la Administración competente.

Por otro lado, están las sanciones que se refieren a la suspensión de la colegiación: la más leve, hasta un mes; seguida de una suspensión de entre un mes y un día y un año; de entre un año y un día y tres años o la expulsión del Colegio, lo cual conlleva la inhabilitación para cualquier colegiación o incorporación en otro Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria.

Las sanciones oscilan desde la amonestación privada o pública a la multa de 5.000 euros e, incluso, la expulsión del Colegio de Veterinarios

“Lo habitual es que los casos se muevan entre leves y graves”, afirma García. Por tanto, faltas muy graves ha habido muy pocas. Recuerda una: un incumplimiento de una suspensión de actividad. “En función de esto las sanciones van desde apercibimientos en los primeros casos hasta temas que ya van desde sanciones económicas que ahora se han incluido en los estatutos y a suspensiones de colegiación”, concluye el presidente del COVIB.

Irregularidades en la gestión del estercolero

Jerónimo Roldán, director de ganadería y veterinario de Avícola Son Perot S.A., figura en uno de los expedientes administrativos consultados por elDiario.es y que abrió la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Govern balear.

En dicho documento, referente a la propuesta de resolución del procedimiento sancionador en materia de sanidad animal, se narran una serie de actuaciones que finalizan el 12 de diciembre de 2023, después de que la jefa de Servicio de Producción de Ganadería emitiera un informe en relación a las deficiencias sobre el estercolero y el plan de producción y gestión de estiércol de las explotaciones de Ses Cisternetes, Mirabó y Es Caparó.

Anteriormente, el 27 de abril de 2023, el jefe del departamento de Evaluaciones Ambientales tramitó el acta del Servicio de Agentes de Medio Ambiente del 24 de marzo del mismo año, en relación a una inspección llevada a cabo a raíz de una denuncia realizada por los vecinos “debido a las molestias por los olores provenientes de unas instalaciones agrícolas” de Llucmajor.

El 24 de marzo, los agentes de Medio Ambiente constataron, en la finca de Sa Llapassa, las siguientes cuestiones: en ese momento había siete naves con un total de 120.000 gallinas; se percibe un fuerte olor fecal en la finca y fuera del recinto de las aves, donde han se encuentra una plataforma de unos 4.835 metros cuadrados con gran cantidad de estiércol.

El 8 de septiembre, un agente del Servicio de Producción Ganadera, junto a un técnico del IRFAP (Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera de Illes Balears), hicieron una inspección en las instalaciones, a petición del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil. En dicha inspección se persona Jerónimo Roldán Henares, quien manifiesta ser, según el documento, el gerente y veterinario de Avícola Son Perot S.A.

En dicha inspección, se verifica que en la plataforma de 5.000 metros cuadrados con suelo de hormigón hay montañas de estiércol de unos tres metros de altura; en el camino cercano a la plataforma, hay una acequia sin impermeabilizar, de aproximadamente unos 40 centímetros y unos 15 centímetros de lixiviados (líquidos contaminantes); las montañas de estiércol no están cubiertas y hay “una gran proliferación de moscas y el olor a estiércol de gallina es muy evidente”.

La inspección constató que había montañas de estiércol de unos tres metros de altura y 'una gran proliferación de moscas y olor a estiércol de gallina' que eran 'muy evidentes'. Los agentes preguntaron al veterinario si disponía de un plan de desinsectación y dijo que no, según la inspección

Según el expediente, los agentes de control “piden al señor Jerónimo Roldán Henares si dispone de un plan de desinsectación y manifiesta que no”. Además, se le pregunta si dispone de una superficie agronómica y manifiesta que “la justificará”. Sin embargo, el 5 de octubre, el técnico del IRFAP emite un informe desfavorable al Plan de Producción y Gestión del estiércol del conjunto de las explotaciones ganaderas Mirabó, Es Caparó y Ses Cisternetes debido a que “no se adaptan a lo que prevén los artículos 49 y 50 y al anexo de la Ley 3/2019, de 31 de enero”, que corresponde a la ley agraria balear.

“Se verifica que el estercolero permanente presenta vertidos laterales que evidencian que no dispone de un sistema efectivo de recogida de lixiviados, ni se evitan filtraciones superficiales y que no está cubierto”, señala el informe.

El 13 de noviembre, Avícola Son Perot S.A. presentó alegaciones sobre este informe desfavorable. Unos días antes, el 7 de noviembre, la Comisión Balear de Medio Ambiente —órgano que depende de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad— entregó un escrito, en representación de las asociaciones de vecinos, donde exponen que desde el año 2019 se producen “episodios de emisiones de gases y olores insoportables procedentes de una granja de gallinas ponedoras”, ubicada en la finca Sa Llapassa de Llucmajor. El 11 de diciembre, la jefa del Servicio de Producción Ganadera informa a la empresa de que las alegaciones no corrigen las deficiencias del Plan de Producción y Gestión del estercolero. Por estos motivos, al haberse acreditado cuatro infracciones, se propone una sanción de 17.000 euros.

En primer lugar, debido a que el estercolero permanente para las tres explotaciones de aves gallinas ponedoras —con capacidad total de 293.433 gallinas—, presenta “vertidos laterales que evidencian que no dispone de un sistema efectivo de recogida de lixiviados, ni se evitan filtraciones superficiales, provocando graves molestias” a los vecinos de la zona. En segundo, por no disponer de un plan de desinsectación. En tercero, por no tener cubierto el sistema de almacenaje del estiércol de las explotaciones de Ses Cisternetes, Mirabó y Es Caparó. En cuarto, por no disponer de un plan de gestión ambiental donde se indiquen las medidas de control de las emisiones de partículas y olores. Este acuerdo fue notificado a la empresa el 26 de septiembre de 2024.

El 22 de abril de 2025, una resolución de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural adopta nuevas medidas. Entre ellas, la obligación de disminuir el número de gallinas ponedoras a 40.000 en un plazo máximo de seis meses, lo que la Conselleria de Agricultura llama “plan de desescalada”, que prohíbe la entrada de animales en la explotación.

Se ratifica, además, la prohibición de la entrada de estiércol en la finca de Sa Llapassa por parte de las explotaciones Mirabó y Es Caparó, ambas de Avícola Son Perot. La prohibición se argumenta debido a que “ya no se puede considerar parte de la unidad técnico económica de la explotación Avícola Son Perot S.A.” y tampoco es un “gestor SANDACH (acrónimo de subproductos animales no destinados al consumo humano) autorizado”.

Por último, se insiste en que no se ha atendido al requerimiento de presentar el Plan de Producción y Gestión de estiércol de las explotaciones de Es Mirabó y Es Caparó “conforme a la norma”. “No se ha llevado a cabo el restablecimiento de las condiciones iniciales del estercolero de Sa Llapassa, entendiendo como condiciones iniciales, que el recinto esté libre de estiércol y gallinácea de otras explotaciones que no sean la de Ses Cisternetes y conforme a la norma”.

L'entitat privada AENOR, que gestiona el segell Welfair, ha suspès el certificat de benestar animal a Avícola Son Perot S.A., l’empresa que gestiona la coneguda com a ‘granja dels horrors’, segons han informat fonts de l’empresa a elDiario.es. L'explotació avícola de Llucmajor (Mallorca) és al centre de l’atenció mediàtica arran de les imatges publicades en primícia per aquest diari el passat 26 de maig, que es van fer virals per les condicions de falta d’higiene i brutícia extrema de l'interior. Aquest diari ha pogut confirmar la informació després de consultar-la també amb Welfair. Avícola Son Perot S.A., en canvi, afirma que no farà cap comentari pel moment.

En un comunicat oficial, l'entitat certificadora explica a aquest diari que el 21 de maig es va dur a terme una auditoria “no anunciada” a les naus de les gallines en sòl (ous de tipus 2). Cal recordar que un dia abans, el 20 de maig, Avícola Ballester va afirmar haver superat l’auditoria anual d’AENOR, tot i que encara calia completar la documentació, per a la qual l’entitat privada havia proposat pactar la data amb la granja. Tanmateix, tot i que la major part de les auditories són anunciades, algunes es realitzen per sorpresa. Així, l’entitat afirma que l’endemà es va tornar a presentar a les instal·lacions avícoles.

En aquest sentit, AENOR destaca que les auditories realitzades a les instal·lacions d’Avícola Son Perot S.A., per a la concessió del segell de benestar animal Welfair, s’han dut a terme seguint rigorosament el reglament que regula aquesta certificació. Cinc de les sis naus de la granja comptaven amb aquesta certificació: la nau 1, de gallines en sòl, i les 3, 6 i 7, de gallines camperoles. La nau 7, però, va ser tancada cautelarment pel Govern, després que dos tècnics de la Conselleria d’Agricultura i agents del Seprona de la Guàrdia Civil acreditessin irregularitats greus, segons un primer informe elaborat el 30 de maig.

Paral·lelament a aquest procés, s’inclou un aspecte de traçabilitat per comprovar que l’ou que es troba en l’envàs amb el segell Welfair “procedeix efectivament de la granja certificada”, segons afirma AENOR. L’entitat privada explica que el certificat té una vigència d’un any i que les auditories són necessàries per a la seva renovació.

Per tant, segons l’empresa que explota la granja i AENOR, hi ha hagut almenys dues visites de l’entitat certificadora l’any 2025: els dies 20 i 21 de maig. Cinc dies després de la segona visita, aquest diari publica en primícia les imatges de les naus de les gallines camperoles (3, 6 i 7), que van ser enregistrades per les entitats de protecció mediambiental i animal ARDE i Satya Animal, entre els dies 21 i 29 d’abril. De les imatges se’n desprèn que les gallines vives conviuen amb aus mortes, amb cadàvers en diferents estats de descomposició (tant de gallines com de rosegadors), així com amb altres animals vius (rates i eriçons), cosa que suposa un risc de transmissió de malalties, segons l’informe aportat per un veterinari a aquest diari.

A més, es va documentar que les gallines camperoles no van tenir accés a l’exterior de les instal·lacions entre els dies 24 i 29 d’abril, com estableix la normativa. ARDE i Satya Animal van denunciar aquests fets davant la Fiscalia de Medi Ambient de les Balears per presumptes delictes d’estafa, contra la salut pública i d’abandonament animal per la manca de supervisió veterinària. Aquesta denúncia es va registrar el 21 de maig cap a les 9 del matí, segons van confirmar fonts del Ministeri Públic a aquest diari.

Així, AENOR afirma en el seu comunicat que, després d’haver tingut coneixement de males pràctiques en matèria de benestar animal, “va activar de manera immediata el protocol de verificació Welfair”. Un dia després de la publicació de les imatges, mentre dos tècnics de la Conselleria d’Agricultura i agents del Seprona de la Guàrdia Civil inspeccionaven les instal·lacions, treballadors d’AENOR i Welfair es van presentar a la granja d’Avícola Son Perot cap a les quatre de la tarda. Segons aquestes fonts, es va tractar d’una auditoria extraordinària de la modalitat “no anunciada”, formada per un auditor d’AENOR i un altre de Welfair.

Un dia després de la publicació de les impactants imatges, mentre dos tècnics del Govern i agents de la Guàrdia Civil inspeccionaven les instal·lacions, treballadors d’AENOR i Welfair es van presentar a la granja d’Avícola Son Perot

El reglament general de certificació en benestar animal Welfair indica, en el seu apartat 15.2, que es “podrà procedir a la cancel·lació immediata del certificat, per part de l’auditor o de l'entitat de certificació, de manera indefinida quan es detectin infraccions molt greus”. A més, s’hi assenyala que és motiu de suspensió del certificat si s’inicia un procediment judicial, o si hi ha un expedient sancionador obert per part de l’administració competent.

En aquest sentit, el Jutjat d’Instrucció número 11 de Palma ha obert diligències contra l’empresa Avícola Ballester (marca comercial d’Avícola Son Perot S.A.) per la presumpta comissió d’un delicte de maltractament animal, després de la denúncia presentada pels veïns afectats per l’explotació, tal com va informar elDiario.es. A més, aquest mateix dimarts, el diari ha informat que els veïns i veïnes, agrupats al voltant de l’Associació Stop Macrogranja Llucmajor, han denunciat també l’entitat privada AENOR —que atorga el segell de benestar animal Welfair— davant el mateix jutjat, per la presumpta comissió d’un delicte d’estafa.

Segons indica AENOR a aquest diari, el 5 de juny l’entitat privada va comunicar a Avícola Son Perot S.A. la seva intenció de procedir a la “suspensió temporal del certificat”, tot i que atorgava a l’empresa 15 dies per presentar al·legacions, com estableix el reglament general dels certificats, “amb l’objectiu de salvaguardar els drets de les diferents parts”. Les mateixes fonts asseguren que l’explotació avícola va presentar diversos escrits amb al·legacions, però que, un cop estudiades, van ser desestimades per AENOR. L’entitat privada conclou que la suspensió afecta els ous camperols i en sòl de la granja de Llucmajor, i que la decisió ha estat comunicada aquest dimarts a Avícola Ballester.

La entidad privada AENOR, que gestiona el sello Welfair, ha suspendido el certificado de bienestar animal a Avícola Son Perot S.A., la empresa que gestiona la conocida como ‘granja de los horrores’, según informan fuentes de la empresa a elDiario.es. La explotación avícola de Llucmajor (Mallorca) está en el foco informativo a raíz de las imágenes publicadas en primicia por este diario el pasado 26 de mayo y que se hicieron virales por las condiciones de falta de higiene y suciedad extremas de su interior. Este diario ha podido confirmar la información tras haberla consultado con Welfair. Avícola Son Perot S.A. no ha respondido a la consulta sobre si quiere hacer algún comentario o valoración sobre esta cuestión en el momento en que se publica esta noticia.

En un comunicado oficial, la entidad certificadora explica a este diario que el 21 de mayo se desarrolló una auditoría “no anunciada” en la nave de las gallinas en suelo (huevos tipo 2), es decir, la nave 1. Cabe recordar que un día antes, el 20 de mayo, Avícola Ballester afirmó haber superado la auditoría anual de AENOR, a falta de completar la documentación, para la que la entidad privada propuso a la granja pactar la fecha. Sin embargo, aunque el mayor porcentaje de las auditorías son anunciadas, algunas se realizan por sorpresa. Así, la entidad afirma que al día siguiente se volvió a presentar en las instalaciones avícolas.

En este sentido, AENOR destaca que las auditorías realizadas en las instalaciones de Avícola Son Perot S.A., para la concesión del sello de bienestar animal Welfair, se han desarrollado siguiendo rigurosamente el reglamento que concede dicha certificación. Cuatro de las seis naves de la granja contaban con esta certificación: la nave 1, de las gallinas en suelo, y las 3, 6 y 7, de las gallinas camperas. La nave 7, sin embargo, fue cerrada cautelarmente por el Govern, después de que dos técnicos de la Conselleria de Agricultura y agentes del Seprona de la Guardia Civil acreditaran irregularidades graves, cuyo primer informe se elaboró el 30 de mayo.

Paralelamente a este proceso, se incluye un aspecto de trazabilidad para comprobar que el huevo que está en el envase con sello Welfair “procede efectivamente de la granja certificada”, afirma AENOR. La entidad privada explica que el certificado tiene una vigencia de un año y que las auditorías son necesarias para su renovación.

Por tanto, según la empresa que explota la granja y AENOR, ha habido al menos dos visitas de la entidad certificadora en 2025: los días 20 y 21 de mayo. Cinco días después de la segunda visita, este diario publica en primicia las imágenes de las naves de las gallinas camperas (3, 6 y 7) que fueron grabadas por las entidades de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal, entre los días 21 y 29 de abril. De las imágenes se desprendía que las gallinas vivas conviven con aves muertas, con cadáveres en diferentes estados de descomposición (tanto de gallinas como de roedores), así como con otros animales vivos (ratas y erizos), lo cual supone un riesgo de transmisión de enfermedades, según el informe aportado por un veterinario a este diario.

Además, se documentó que las gallinas camperas no tuvieron acceso al exterior de las instalaciones entre los días 24 y 29 de abril, como marca la normativa. ARDE y Satya Animal denunciaron estos hechos ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears por presuntos delitos de estafa, contra la salud pública y abandono animal por la ausencia de supervisión veterinaria. Esta denuncia se registró el 21 de mayo sobre las 9 de la mañana, según confirmaron fuentes del Ministerio Público a este diario.

Así, AENOR afirma en su comunicado que, después de haber tenido conocimiento sobre malas prácticas en bienestar animal, “activó de inmediato el protocolo de verificación Welfair”. Un día después de la publicación de las imágenes, mientras dos técnicos de la Conselleria de Agricultura y agentes del Seprona de la Guardia Civil inspeccionaban las instalaciones, trabajadores de AENOR y Welfair se presentaron en la granja de Avícola Son Perot sobre las cuatro de la tarde. Se trató, según estas fuentes, de una auditoría extraordinaria de la modalidad “no anunciada”, formada por un auditor de AENOR y otro de Welfair.

Un día después de la publicación de las impactantes imágenes, mientras dos técnicos del Govern y agentes de la Guardia Civil inspeccionaban las instalaciones, trabajadores de AENOR y Welfair se presentaron en la granja de Avícola Son Perot

El reglamento general de certificación en bienestar animal Welfair indica en su apartado 15.2 que se “podrá proceder a la cancelación inmediata del certificado, el auditor o la entidad de certificación de manera indefinida cuando se detecten infracciones muy graves”. Además, se indica que es motivo de suspensión del certificado si se inicia un procedimiento judicial, o si hay un expediente sancionador abierto por la administración competente.

En este sentido, el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma ha abierto diligencias contra la empresa Avícola Ballester (marca comercial de Avícola Son Perot S.A.) por la presunta comisión de un delito de maltrato animal, después de la denuncia presentada por los vecinos afectados por la explotación, como informó elDiario.es. Además, este diario ha informado este martes que los vecinos y vecinas, agrupados en torno a la Asociación Stop Macrogranja Llucmajor, han denunciado también a la entidad privada AENOR —que otorga el sello de bienestar animal Welfair—, ante el mismo juzgado, por la presunta comisión de un delito de estafa.

Según indica AENOR a este diario, el 5 de junio la entidad privada comunicó a Avícola Son Perot S.A. la intención de proceder a la “suspensión temporal del certificado”, aunque otorgaban a la empresa 15 días para presentar alegaciones, como viene fijado en el reglamento general de los certificados, “con el objeto de salvaguardar los derechos de las distintas partes”. Las mismas fuentes aseguran que la explotación avícola presentó varios escritos con alegaciones, pero que una vez estudiadas, fueron desestimadas por AENOR. La entidad privada concluye que la suspensión afecta a los huevos camperos y en suelo de la granja de Llucmajor, y que la decisión ha sido comunicada este martes a Avícola Ballester.

L'Ajuntament de Porreres ha decidit precintar la fàbrica d'ou líquid l'empresa de la qual està vinculada a la 'macrogranja dels horrors' de Llucmajor (Mallorca), que està en el punt de mira a causa de la situació de brutícia extrema, falta d'higiene i possible maltractament animal que hi havia a l'interior de les instal·lacions. Hi ha almenys dues empreses que treballen sota la marca Avícola Ballester: Avícola Son Perot S.A., que explota la coneguda granja de Llucmajor, i Avícola Ballester S.A., que és propietària de la fàbrica d'ovoproductes de Porreres, municipi que limita amb Llucmajor. Aquesta empresa, que no ha volgut donar la seva versió dels fets a elDiario.es, es dedica al comerç de productes lactis, ous, olis i greixos comestibles, segons figura en el Registre Mercantil.

En aquest cas, les irregularitats se centren en la fàbrica d'ou líquid, que ha estat funcionant -encara que ja ha estat tancada- sense disposar del títol administratiu habilitant, malgrat que és obligatori segons l'article 37 de la Llei 7/2013 de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats de les Illes Balears. Així ho ha constatat un informe de la Policia Local i de la Guàrdia Civil, a data del 28 de maig de 2025, segons es desprèn d'un decret d'alcaldia del 13 de juny, al qual ha accedit elDiario.es. El 28 de maig, agents de la Policia Local es van desplaçar a la fàbrica després d'haver rebut “desenes de crides de veïns afectats” per una intensa mala olor.

L'Executiu local està format per una coalició entre Proposta per les Illes (PI), un partit de centredreta balear (hereu de l'antiga Unió Mallorquina), i el Partit Popular. Joan Obrador (PP), regidor de Llicències d'Obres i Activitats, explica a elDiario.es que l'origen dels problemes es remunta a l'estiu de 2023, arran de queixes de veïns i gent de Porreres “per unes olors molt fortes”. Agents de la Policia Local van comprovar que s’havien produït abocaments il·legals en unes séquies. Arran de la inspecció, es va aixecar acta i es van elaborar informes. Es va paralitzar les obres que l’empresa estava duent a terme perquè no tenien “llicències d’obres o d’activitat”, indica Obrador.

Segons el regidor, l’empresa va demanar per escrit si, almenys administrativament, podien continuar amb la part de gestió, ja que gestionen també altres empreses. Així, afirma Obrador, se’ls va concedir un permís “per executar únicament activitat administrativa, res de producció”. A més, van rebre una sanció, la van pagar correctament i, des de llavors, van intentar presentar propostes per resoldre la seva situació. Durant un any, assegura el regidor, no hi va haver més incidents. Fins a finals de maig de 2025, quan hi va haver “una olor molt forta, insuportable, per tot el poble”. Segons les queixes que va rebre l’Ajuntament, l’origen estava a la fàbrica de Porreres. “Es va tornar a inspeccionar el lloc, amb agents del Seprona de la Guàrdia Civil, i es va detectar que estaven abocant líquid d’ou i restes a la claveguera general”, afirma Obrador. Aquests fets van quedar recollits en un informe.

A partir d’aquí es van prendre “mesures immediates”. “Es va precintar l’activitat, es va tallar la llum i l’aigua”, explica Obrador. L’empresa va demanar recuperar el subministrament elèctric per poder buidar els dipòsits, que estaven plens de líquid. Tanmateix, testimonia Obrador, la fàbrica ara està precintada. A més, Avícola Ballester ha presentat un document en què accepta el tancament i es compromet a no executar cap activitat. “Només falta que presentin un pla amb el temps que necessitaran per buidar els dipòsits”, indica el regidor.

En aquests moments, l’Ajuntament està estudiant la documentació que ha lliurat l’empresa “per veure si es podria legalitzar [la fàbrica], però ja hi ha un informe urbanístic desfavorable, així que és complicat”, aclareix. A més, cal recordar que en el seu moment es van saltar el precinte, i això és un delicte. Des de llavors, indica Obrador, han sol·licitat reunions amb el consistori “perquè volien continuar l’activitat, però se’ls ha dit clarament que no poden”. Tenen l’obligació de presentar tota la documentació perquè els tècnics “puguin estudiar si existeix alguna via legal per continuar”, afirma. “Però amb la situació urbanística que tenen, no sembla viable”, conclou el regidor.

Porreres va decretar la suspensió cautelar de la fàbrica

Fa ja gairebé un any i deu mesos, el 5 de setembre de 2023, l'Ajuntament de Porreres va ordenar la suspensió cautelar de l'activitat industrial, i mitjançant decret de batlia va acordar el tancament de l'activitat de fabricació de productes avícoles fins que es tramitin les autoritzacions administratives necessàries. El 2 d'octubre, l'empresa va presentar al·legacions contra un expedient sancionador i va adjuntar un projecte tècnic d'activitat de la fàbrica, que implicava una activitat d'obra major, segons afirma el document. L'arquitecte municipal, però, va informar desfavorablement el 19 de març de 2024. Aquest informe va ser notificat al promotor, que no va presentar “cap esmena de les deficiències”, ni tampoc nova documentació. Aquest fet suposa “un incompliment de caràcter essencial de la normativa aplicable”, segons l'informe de l'arquitecte municipal.

La declaració responsable presentada per l’empresa, que consta en els arxius municipals amb data del 6 d’octubre de 2023, estableix que només es poden “dur a terme proves i ajustos necessaris per a l’obtenció d’autoritzacions sectorials”. És a dir, no és vàlida per exercir l’activitat com a fàbrica de derivats de l’ou. Per poder iniciar i exercir una activitat major que hagi necessitat la realització d’obres, com és el cas del projecte presentat, la declaració responsable ha d’anar acompanyada de la certificació d’un tècnic que acrediti que les instal·lacions “s’ajusten al projecte d’activitats”, tal com es desprèn de l’article 43.1 de la Llei 7/2013.

La fàbrica incompleix la normativa urbanística

Tanmateix, aquesta certificació no s’ha presentat, segons el decret. “Per tant, en cap cas la documentació estaria completa ni es podria sostenir que es compta amb el títol administratiu habilitant”, sentencia el decret. El document afegeix que el projecte de legalització d’obres no és autoritzable segons l’informe de l’arquitecte municipal, ja que s’incompleix l’article 114 de les Normes Subsidiàries (NNSS), que és la normativa urbanística de Porreres. I no ho és perquè la superfície en què es desenvolupa l’activitat no pot ser superior als 600 metres quadrats.

Les instal·lacions incompleixen la normativa perquè la superfície en què es desenvolupa l’activitat és superior als 600 metres quadrats

El 13 de juny de 2025, l’enginyer tècnic municipal elabora un informe en què constata les irregularitats. En primer lloc, certifica que, en relació amb l’obtenció de les llicències d’obres i activitats sol·licitades per l’empresa, el departament d’Urbanisme va emetre una notificació, el 17 d’abril de 2024, en la qual es requeria a l’empresa corregir les deficiències. No obstant això, aquest informe tècnic no ha estat esmenat, ni s’ha aportat la documentació i les autoritzacions preceptives sol·licitades, segons Urbanisme.

L’article 69.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, indica que si una declaració responsable o comunicació presentada a l’administració inclou dades falses, incompletes o que falten i són importants, o si no es lliura la documentació necessària que justifiqui el que es declara, l’empresa no podrà continuar exercint l’activitat autoritzada en aquell moment. A més, podria enfrontar-se a sancions penals, civils o administratives.

Un cop acreditades aquestes irregularitats, l’Administració podrà ordenar que la situació jurídica torni al seu estat inicial, abans que comencés l’activitat, i prohibir que l’interessat torni a sol·licitar els mateixos permisos per a l’inici de l’activitat durant un temps fixat per la llei, segons el que marquin les normes del sector.

Posteriorment, el 17 de juliol de 2024, l’empresa presenta declaració responsable d’inici d’activitat i aporta certificació d’execució de les instal·lacions i mesures correctores de les activitats, sense haver obtingut el permís d’instal·lació i obres sol·licitat.

Per aquests motius, el 29 de maig de 2025, l’Ajuntament ordena la paralització de l’activitat industrial. La resolució de batlia argumenta que “no es pot donar validesa” a una declaració responsable que conté “un error essencial” pel que fa al compliment de les normes urbanístiques i que no compta amb el permís d’instal·lació i la llicència d’obres necessari per iniciar l’activitat.

La resolució indica que l’empresa pot presentar un recurs de reposició potestatiu davant l’Ajuntament en el termini d’un mes des de l’endemà a haver rebut la notificació; o, en el seu lloc, un recurs davant del Jutjat Contenciós-Administratiu de Palma en el termini màxim de dos mesos.

Agricultura proposa una sanció de 200.100 euros

En l’últim reportatge publicat per aquest diari es va explicar que Avícola Son Perot S.A., l’empresa que explota la ‘macrogranja dels horrors’ de Mallorca a través de la marca Avícola Ballester, s’enfronta finalment a una multa de 200.100 euros per set faltes greus i una lleu, segons consta a l’expedient sancionador. Aquesta sanció es pot reduir en un 20%, és a dir, a uns 160.080 euros, si l’explotació efectua el pagament voluntari abans que finalitzi la resolució del procediment administratiu.

Les faltes greus, segons la llei de sanitat animal, es poden sancionar amb multes d’entre 3.001 i 60.000 euros. Per això, l’empresa s’enfrontava a una multa de fins a 420.000 euros, com va publicar aquest diari. Finalment, la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural proposa una sanció de 28.500 euros per cadascuna de les set faltes greus, és a dir, 199.500 euros. A aquesta sanció cal afegir-hi 600 euros més per una falta lleu. A més, a conseqüència de les irregularitats, es va tancar la nau 7, destinada a les gallines camperes, tot i que continuen en vigor les cinc restants (dues de gallines camperes, dues d’aus en gàbia i una en terra).

El Ayuntamiento de Porreres ha decidido precintar la fábrica de huevo líquido cuya empresa está vinculada a la 'macrogranja de los horrores' de Llucmajor (Mallorca), que está en el punto de mira debido a la situación de suciedad extrema, falta de higiene y posible maltrato animal que había en el interior de las instalaciones. Hay al menos dos empresas que trabajan bajo la marca Avícola Ballester: Avícola Son Perot S.A., que explota la conocida granja de Llucmajor, y Avícola Ballester S.A., que es propietaria de la fábrica de ovoproductos de Porreres, municipio que limita con Llucmajor. Esta empresa, que no ha querido dar su versión de los hechos a elDiario.es, se dedica al comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles, según figura en el Registro Mercantil.

En este caso, las irregularidades se centran en la fábrica de huevo líquido, que ha estado funcionando -aunque ya ha sido cerrada- sin disponer del título administrativo habilitante, pese a que es obligatorio según el artículo 37 de la Ley 7/2013 de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades de las Illes Balears. Así lo ha constatado un informe de la Policía Local y de la Guardia Civil, a fecha del 28 de mayo de 2025, según se desprende de un decreto de alcaldía del 13 de junio, al cual ha accedido elDiario.es. El 28 de mayo, agentes de la Policía Local se desplazaron a la fábrica después de haber recibido “decenas de llamadas de vecinos afectados” por un intenso mal olor.

El Ejecutivo local está formado por una coalición entre Proposta per les Illes (PI), un partido de centro-derecha de ámbito balear (heredero de la antigua Unió Mallorquina), y el Partido Popular. Joan Obrador (PP), concejal de Licencias de Obras y Actividades, explica a elDiario.es que el origen de los problemas se remonta al verano de 2023, tras quejas de vecinos y gente de Porreres “por unos olores muy fuertes”. Agentes de la Policía Local comprobaron que se habían producido vertidos ilegales en unas acequias. A raíz de la inspección, se levantó acta y se realizaron informes. Hubo una paralización de las obras que la empresa estaba llevando a cabo porque no tenían “licencias de obras o actividad”, indica Obrador.

Según el concejal, la empresa pidió por escrito si, al menos administrativamente, podían seguir con la parte de la gestión, ya que llevan otras empresas también. Así, afirma Obrador, se les concedió un permiso “para realizar únicamente actividad administrativa, nada de producción”. Además, recibieron una sanción, la pagaron correctamente y, desde entonces, intentaron presentar propuestas para resolver su situación. Durante un año, asegura el concejal, no hubo más incidentes. Hasta finales de mayo de 2025, cuando hubo “un olor muy fuerte, insoportable, por todo el pueblo”. Según las quejas que recibió el Ayuntamiento, el origen estaba en la fábrica de Porreres. “Se volvió a inspeccionar el lugar, con agentes del Seprona de la Guardia Civil, y se detectó que estaban vertiendo líquido de huevo y restos al alcantarillado general”, afirma Obrador. Estos hechos quedaron recogidos en un informe.

A partir de ahí, se tomaron “medidas inmediatas”. “Se precintó la actividad, se cortó la luz y el agua”, explica Obrador. La empresa pidió recuperar el suministro eléctrico para poder vaciar los depósitos, que estaban llenos de líquido. Sin embargo, atestigua Obrador, la fábrica ahora está precintada. Además, Avícola Ballester ha presentado un documento en el que acepta el cierre y se compromete a no realizar actividad. “Solo falta que presenten un plan con el tiempo que necesitarán para vaciar los depósitos”, indica el concejal.

En estos momentos, el Ayuntamiento está estudiando la documentación que ha entregado la empresa “para ver si se podría legalizar [la fábrica], pero ya hay un informe urbanístico desfavorable, así que es complicado”, aclara. Además, hay que recordar que, según el concejal, se saltaron el precinto en su momento, lo cual incumple la norma. Desde entonces, indica Obrador, han pedido reuniones con el Consistorio “porque querían continuar la actividad, pero se les ha dicho claramente que no pueden”. Tienen la obligación de presentar toda la documentación para que los técnicos “puedan estudiar si existe alguna vía legal para continuar”, afirma. “Pero con la situación urbanística que tienen, no parece viable”, concluye el concejal.

Porreres decretó la suspensión cautelar de la fábrica

Hace ya casi un año y diez meses, el 5 de septiembre de 2023, el Ajuntament de Porreres ordenó la suspensión cautelar de la actividad industrial, y mediante decreto de alcaldía acordó el cierre de la actividad de fabricación de productos ovícolas hasta que se tramiten las autorizaciones administrativas necesarias. El 2 de octubre, la empresa presentó alegaciones contra un expediente sancionador y adjuntó un proyecto técnico de actividad de la fábrica, que implicaba una actividad de obra mayor, afirma el documento. El arquitecto municipal, sin embargo, informó el 19 de marzo de 2024 desfavorablemente. Este informe fue notificado al promotor, que no presentó “ninguna subsanación de deficiencias”, ni tampoco nueva documentación. Este hecho supone “un incumplimiento de carácter esencial de la normativa aplicable”, según el informe del arquitecto municipal.

La declaración responsable presentada por la empresa, que consta en los archivos municipales a fechas del 6 de octubre de 2023, establece que solo puede “realizar pruebas y ajustes necesarios para la obtención de autorizaciones sectoriales”. Es decir, no es válida para ejercer la actividad como fábrica de derivados del huevo. Para poder iniciar y ejercer una actividad mayor que haya necesitado la realización de obras, como es el caso del proyecto presentado, la declaración responsable debe ir acompañada de la certificación de un técnico que acredite que las instalaciones “se ajustan al proyecto de actividades”, como se desprende del artículo 43.1 de la Ley 7/2013.

La fábrica incumple la normativa urbanística

Sin embargo, esta certificación no se ha presentado, según el decreto. “Por tanto, en ningún caso la documentación estaría completa ni se podría sostener que se cuenta con el título administrativo habilitante”, sentencia el decreto. El documento añade que el proyecto de legalización de obras no es autorizable según el informe del arquitecto municipal, ya que se incumple el artículo 114 de las Normas Subsidiarias (NNSS), que es la normativa urbanística de Porreres. Y no lo es porque la superficie en que se desarrolla la actividad no puede ser superior a los 600 metros cuadrados.

Las instalaciones incumplen la normativa porque la superficie en que se desarrolla la actividad es superior a los 600 metros cuadrados

El 13 de junio de 2025, el ingeniero técnico municipal elabora un informe en el que constata las irregularidades. En primer lugar, certifica en relación a la obtención de licencias de obras y actividades solicitada por la empresa que el departamento de Urbanismo emitió una notificación, el 17 de abril de 2024, en la que se requería a la empresa corregir las deficiencias. Sin embargo, dicho informe técnico no ha sido enmendado, ni se ha aportado la documentación y las autorizaciones preceptivas solicitadas, según Urbanismo.

El artículo 69.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas indica que si una declaración responsable o comunicación presentada a la administración incluye datos falsos, incompletos o que faltan y son importantes, o si no se entrega la documentación necesaria que justifique lo declarado, la empresa no podrá seguir ejerciendo la actividad autorizada en ese momento. Además, podría enfrentarse a sanciones penales, civiles o administrativas.

Una vez acreditadas estas irregularidades, la Administración podrá ordenar que la situación jurídica vuelva a su estado inicial, antes de que empezara la actividad, y prohibir que el interesado vuelva a solicitar los mismos permisos para el inicio de la actividad durante un tiempo fijado por la ley, según lo que marquen las normas del sector.

Posteriormente, el 17 de julio de 2024, la empresa presenta declaración responsable de inicio de actividad y aporta certificación de ejecución de las instalaciones y medidas correctoras de las actividades, sin haber obtenido el permiso de instalación y obras solicitado.

Por estos motivos, el 29 de mayo de 2025, el Ayuntamiento ordena la paralización de la actividad industrial. La resolución de alcaldía argumenta que “no se puede dar validez” a una declaración responsable que contiene “un error esencial” en cuanto al cumplimiento de las normas urbanísticas y que no cuenta con el permiso de instalación y la licencia de obras necesarios para iniciar la actividad.

La resolución indica que la empresa puede presentar un recurso de reposición potestativo ante el Ayuntamiento en el plazo de un mes desde el día siguiente a haber recibido la notificación; o, en su lugar, un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palma en el plazo máximo de dos meses.

Agricultura propone una sanción de 200.100 euros

En el último reportaje publicado por este diario se explicó que Avícola Son Perot S.A., la empresa que explota la ‘macrogranja de los horrores’ de Mallorca a través de la marca Avícola Ballester, se enfrenta finalmente a una multa de 200.100 euros por siete faltas graves y una leve, según consta en el expediente sancionador. Esta sanción se puede reducir en un 20%, es decir, a unos 160.080 euros, si la explotación realiza el pago voluntario antes de que finalice la resolución del procedimiento administrativo.

Las faltas graves, según la ley de sanidad animal, se pueden sancionar con multas de entre 3.001 y 60.000 euros. Por eso, la empresa se enfrentaba a una multa de hasta 420.000 euros, como publicó este diario. Finalmente, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural propone una sanción de 28.500 euros por cada una de las siete faltas graves, es decir, 199.500 euros. A esta sanción hay que añadir 600 euros más por una falta leve. Además, como consecuencia de las irregularidades, se cerró la nave 7, destinada a las gallinas camperas, aunque siguen en vigor las cinco restantes (dos de gallinas camperas, dos de aves en jaula y una en suelo).

La parcel·la és un terreny rústic a la perifèria de la ciutat: 10.528 metres quadrats dedicats al secà. Si més no, segons el cadastre. La pràctica no té res a veure amb la teoria. Allà on abans florien els ametllers, ara s’hi amunteguen desenes de cotxes, tres grues amb el nom i les dades d’un taller escrites en vermell sobre una carrosseria blanca, algunes furgonetes de repartiment. També, fustes i metalls escampats entre males herbes, mates i diversos garrofers. Aprofitant l’ombra que projecten les rames dels arbres, dos hòmens fiquen el cap sota uns xassís. Són mecànics suant la cansalada, pareixen figurants d’una pel·lícula rodada per Bigas Luna a les portes de l’estiu. Un cavall observa amb indiferència com fan feina els humans.

Són les set menys quart d’una tarda a mitjan juny. Falta més de dos hores perquè es pongui el sol i el termòmetre encara s’atraca als trenta graus. Un ambient enganxós impregna cada racó d’aquest aparcament sense asfaltar on el cavall –pelatge xocolata, crinera i cua fosques– observa els mecànics que suen la cansalada a la perifèria de la ciutat una tarda a les portes de l’estiu. El partit Progreso en Verde sosté que aquest exemplar és un dels animals que arrosseguen una galera –verd botella, amb seients de sky beix, quatre rodes de fusta, les del darrere de molt més diàmetre que les de davant, una capota negra, un pescant– fàcil d’identificar. Penjada sota un bagul, el maleter del carruatge, hi ha una placa amb un número: el 72. És la matrícula de les calesses que formen part del servei municipal de Palma. Segons Guillermo Amengual, el president de Progrés en Verd, la galera té els seus cavalls en “pèssimes condicions”.

Per a qui viu o fa feina als barris antics de Palma, la calessa, més que una atracció turística, és un element quotidià. Per als turistes, un divertiment que els permet recórrer el centre històric com si fossin burgesos mallorquins del segle XX, a poc a poc, a l’alè d’una bèstia de tir. Per al cavall, una tortura. No per la seua feina, sinó per les condicions en què malviu, com denuncien des de Progreso en Verde. Es troba a la intempèrie. La quadra la delimiten uns llistons. Les parets són d’aire. La teulada, unes xapes, subjectades pel contrapès d’un sac farcit i diversos pneumàtics. Quan apreta la calor, la carn ha de rostir-se. Quan plou, els cascs s’enfonsen en un fangar viscós.

El cavall és a la intempèrie. Les parets són d’aire. Les calesses són més que una atracció turística a Palma: ja són un element quotidià del paisatge mallorquí, malgrat les condicions en què malviuen els pobres animals

La silueta de la galera no apareix en l’enquadrament de les fotos que pren elDiario.es des de l’altra banda de la tanca que envolta la finca. La calessa sí que es veu, juntament amb dos cavalls (també marrons), en molts dels arxius en format imatge que Amengual ha acumulat durant els darrers anys. L’activista afirma que visita sovint aquests camps de cultiu reconvertits en aparcament (de motors d’injecció de combustible, de motors de sang equina). Agafa la moto i la càmera, condueix fins al barri de sa Indioteria: antigues possessions transformades en barri d’al·luvió i polígon industrial quan Palma va conèixer el turisme, va multiplicar els seus habitants i, amb ells, les seves necessitats. En aquest paisatge, Amengual col·lecciona imatges que, quan les bolca a l’ordinador, li posen la pell de gallina:

–Amb les condicions que presenta, és impossible que la finca estigui inscrita al Registre d’Explotacions Agràries del Govern. Si no hi estigués inscrita, estaríem parlant d’un delicte greu perquè allà hi viuen cavalls que participen en una activitat econòmica i presten un servei municipal. Si ho estigués, també tendríem un problema. Com li van poder donar el vistiplau? Hem vist el sòl on trepitja el cavall ple d’excrements: no els recullen. L’abeurador és un bidó metàl·lic que es deixa hores i hores al sol. Hi ha objectes tallants per tot arreu, herbes i materials inflamables que podrien provocar una desgràcia si algun dia s’hi declaràs un incendi. La tanca més propera al cavall són uns palets mig tombats: si li dóna per saltar-los, acabaria al polígon.

Hem vist el terra que trepitja el cavall ple d’excrements: no els recullen. L’abeurador és un bidó metàl·lic que es deixa al sol hores i hores. Hi ha objectes tallants per tot arreu, herbes i materials inflamables. La tanca més propera al cavall són uns palets que estan mig tombats

Guillermo Amengual — President de Progreso en Verde

“Hauria de perdre la llicència”

En la partida d’escacs que Amengual juga amb les institucions, aquest terreny és clau: des d’allà baixa i fins allà puja, com denuncia el seu treball de documentació, la galera que de manera “més descarada” ha desafiat l’ordenança municipal i la Llei de Protecció Animal de les Illes Balears (1/1992). Va estar mesos treballant amb la llicència suspesa. La Policia Local de Palma va denunciar el conductor per circular amb un cavall massa dèbil, massa vell: coix de dos potes, superava els setze anys, l’edat límit per utilitzar l’animal… si no hi ha un informe veterinari que ho autoritzi, tal com va informar Mallorca Diario.

“És flagrant que les institucions no estiguin damunt d’un conductor que, per acumulació d’infraccions, algunes de greus o molt greus, hauria d’haver perdut la llicència. Així ho dicta l’ordenança”, diu Amengual. Les fotografies i els vídeos que ha enviat a elDiario.es –i que coincideixen amb les imatges captades pel fotògraf i el redactor d’aquest reportatge– van arribar –mesos o anys abans– a l’Ajuntament de Palma, a la Conselleria d’Agricultura i Ramaderia i al Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil.

El president de Progreso en Verde explica que en cap de les tres finestretes va obtenir resposta. Quelcom similar li va passar durant la darrera setmana a elDiario.es: informació amb comptagotes, poca concreció en les dades i, especialment per part de l’Ajuntament de Palma, molta reticència a respondre. Hi va haver cridades i intercanvi de missatges amb diferents caps de premsa. A la Regidoria de Mobilitat van remetre a la de Medi Natural, que va retornar la responsabilitat al departament que atorga i retira aquestes concessions. En cap moment va ser possible entrevistar un responsable polític o tècnic.

La resposta, finalment, arribà per correu electrònic. Sense aportar documents que ho provassin, des de l’Ajuntament van assegurar que la revisió veterinària que s’ha fet enguany (entre març i abril) només ha descartat dos animals per a la feina. Que el control és exhaustiu (cada quinze dies a les parades). Que a cap conductor de galeres se li ha imposat una “sanció molt greu”, ni tan sols per reincidència. Això implicaria la retirada definitiva de la llicència. Les repreguntes de elDiario.es han quedat en el limbe. “L’Ajuntament no revisa els llocs on es guarden els cavalls que treballen en el servei municipal de galeres?”, en va ser una.

Les institucions gairebé no proporcionen informació i, quan ho fan, és escassa o poc concreta. Cap responsable de l’Ajuntament de Palma ha volgut ser entrevistat per aquest reportatge i la resposta municipal s’ha basat en un correu electrònic que, sense documents ni proves, ofereix informacions que no responen a totes les preguntes plantejades

Sense resposta del Govern

El Govern tampoc no ha respost a aquesta qüestió. El departament de premsa d’Agricultura i Ramaderia va donar algunes explicacions sobre com funcionen les explotacions equines: “Si n’hi ha més de cinc cavalls, necessita un pla d’actuació elaborat per un veterinari. Si en té menys [com passa al terreny de sa Indioteria], no necessita aquest pla. Normalment, aquest tipus d’explotacions més petites no donen problemes”. També va quantificar el nombre de finques inscrites al REGA que hi ha al municipi de Palma: un centenar. Sense més detalls.

El web de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears promet més transparència: “El Registre d’Explotacions Ramaderes té caràcter públic i informatiu”. La realitat és ben diferent. Quan Guillermo Amengual va clicar a la pestanya del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, on pensava que es podria consultar el llistat, es va trobar amb un cercador que li demanava un codi. “Mai me l’han volgut donar. Diuen que vulnerarien la llei de protecció de dades”, explica. La mateixa justificació que va rebre elDiario.es per part de la Conselleria quan va consultar si la finca on el xofer de la llicència 72 aparca la galera i estiba els seus cavalls –segons els animalistes– figura al REGA.

El Govern balear tampoc no és transparent: no ha volgut respondre si la finca on el conductor de la llicència 72 aparca la calessa i estabula els seus cavalls figura en el Registre d’Explotacions Ramaderes

Progreso en Verde va aconseguir el 2023 que es clausuràs un estable situat al Camí Salard, un altre dels antics camins agrícoles que queden amagats darrere les autovies de la perifèria palmesana. Allà també malvivien cavalls, en quadres sense parets, que després estiraven els carros turístics. Va ser una lluita maratoniana, però hi va haver més feedback amb el sistema públic. Amengual va rebre un missatge amb el segell de la Conselleria d’Agricultura i Ramaderia. Estava firmat, a més, per dos caps tècnics. El document detallava les inspeccions realitzades en aqueixa finca (el 2018 i el 2021) i confirmava l’existència d’un expedient per sancionar-la perquè tenia cavalls sense figurar al REGA. A més, els tècnics concretaven que l’Ajuntament de Palma havia rebut una ordre perquè traslladàs “els èquids a una explotació autoritzada”.

Potser, per aquella victòria passada, l’activista no abaixa ara els braços. El Reial Decret que regula les explotacions ramaderes conté articles contundents. Considera una “infracció greu” “obligar els animals a treballar o a produir en cas de malaltia o desnutrició o a una sobreexplotació que pugui posar en perill la seua salut”. Agafant-se a aquestes paraules, Amengual ha arribat a recórrer al Defensor del Poble. Mentre espera resposta des de Madrid, pensa en anar més enllà: “Si no ens queda més remei, acudirem a la Fiscalia i denunciarem a la Justícia aquesta situació de maltractament animal”.

Progreso en Verde va aconseguir el 2023 que es clausuràs un estable on també malvivien cavalls que després tiraven dels carros turístics

Cavalls desplomats i una norma encallada

Progreso en Verde segueix el rastre de la galera número 72 des de fa gairebé tres anys, després que transcendís aquella denúncia de la Policia Local contra el seu conductor i que l’estiu encengués el debat sobre les galeres palmesanes. Va ser un mes de juliol mogut, el del 2022. El divendres 22, l’edició balear d’elDiario.es va publicar una crònica on s’explicaven les ínfimes condicions en què treballaven els cavalls del servei de galeres: Cort –el nom popular amb què els mallorquins coneixen l’Ajuntament de Palma– reconeixia “dificultats” per modificar l’ordenança que regulava el servei. Data de 2003 i encara està en vigor.

L’endemà, dissabte 23, el regidor de Mobilitat, Francesc Dalmau, es va afanyar a dir que les galeres tirades per cavalls tendrien bateries elèctriques en un termini de dos anys. Va ser un titular efímer. L’actualitat va sacsejar l’agenda política. Unes hores després d’aqueixes declaracions, a les cinc de la tarda del diumenge 24 de juliol, un cavall que tirava d’una galera es desplomava a la capçalera del Passeig del Born. Desenes de mòbils van gravar l’escena, la van publicar i la van viralitzar. Ja havia passat el 2015, provocant la recollida de 14.000 signatures. Però fa una dècada l’algoritme no tenia tanta potència com el 2022, quan internet es va inflamar i el cas va travessar les costes de Mallorca. Televisions, diaris i ràdios nacionals en van fer ressò d’un desmai que va marcar un punt d’inflexió en les protestes per acabar amb les galeres de tracció animal a Palma. Una setmana després, el 30 de juliol, tres-centes persones es van manifestar per reclamar-ho.

El 2023, un cavall que tirava d’una calessa es va desplomar al Passeig del Born, unes imatges que es van viralitzar. Un dia abans, l’Ajuntament de Palma va anunciar que els cotxes de cavalls tindrien bateries elèctriques en un termini de dos anys, un fet que no s’ha complert

L’era digital es mou amb ritmes ràpids, la repercussió incitava a actuar amb immediatesa. S’havia obert una finestra d’oportunitat, els partits semblaven disposats a escoltar la remor del carrer. Va ser així. Es tractava d’una proposta de Ciutadans: el socialista Dalmau i els seus companys d’equip de govern, que també integraven Més per Mallorca i Unides Podem, la van recolzar, aprovant-la en ple, el dijous 28, però mai no la van desenvolupar. La drecera per canviar aquest servei turístic, que va arrencar el 1958, semblava minada.

Els conductors de galeres: “No maltractam els cavalls”

Hi havia gairebé vuitanta galeres circulant per la ciutat. Després del primer estiu pandèmic eren només vint-i-vuit. Tot i que les xifres evidenciaven que el negoci havia viscut temps millors, els conductors no volien evolucionar. L’octubre de 2020, la majoria d’ells havien creat l’Associació La Calesa. “La gent que ens critica ha d’entendre que la nostra feina és absolutament normal. Com la que fa un taxista”, explicava Carlos Cortés, el portaveu d’aquest col·lectiu, segons recollia Última Hora. “Noltros no maltractem els cavalls, al contrari, els cuidem millor que ningú. (...) Ens insulten a diari”, afegia.

Se sentien “víctimes”, com deia Natalio Vargas, d’una qüestió política. Conegut com a Tío Natalio, era un dels calessers més veterans: “D’ençà que començà el turisme, als anys cinquanta, les galeres sempre han estat molt lligades a Palma i ens respectaven. Però des de fa quatre o cinc anys tot ha canviat. Això va coincidir amb l’entrada al poder dels partits polítics Més i Podem”. La Calesa seria molt crítica amb l’alcalde José Hila, del PSIB-PSOE: el 2021 es va queixar de la manca d’ajudes públiques que compensassin els desperfectes del COVID i, un any després, va acusar Cort de no convocar exàmens perquè els fills dels conductors poguessin heretar unes llicències que són vitalícies.

Però el tripartit d’esquerres es va encallar. Ja li va costar prohibir que els carruatges circulessin quan feia massa calor: es va aprovar el 2019, però el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ho va tombar per un defecte de forma i l’ordenança no es va poder refer ni aplicar fins al 2022. Per aconseguir que els cavalls deixassin d’estirar les galeres, es van donar un termini massa llarg. Mentrestant, al maig de 2023, hi hauria eleccions municipals on el Partit Popular i Vox captarien els vots de Ciutadans. Eliminat el partit taronja, van enviar les forces progressistes a l’oposició, les van granar. Ha passat mig mandat i l’equip comandat per l’alcalde Jaime Martínez Llabrés (PP) no ha mostrat interès a rescatar del calaix el projecte de les galeres elèctriques. En aquell ple de juliol de 2022, els populars es van abstenir. Vox va votar en contra. Aritmètica: governant en minoria, la dreta necessitava l’ultradreta per tirar endavant els seus plans de govern..

L’equip encapçalat per l’alcalde Jaime Martínez Llabrés (PP) no ha mostrat interès en rescatar del calaix el projecte de les calesses elèctriques

Denúncies que l’Ajuntament de Palma no respon

A la galera 72, la inacció política li ha anat molt bé. Aquest número apareixia en molts dels requeriments que Progreso en Verde va registrar a l’Ajuntament de Palma entre juliol de 2023 i abril de 2024. “Vam deixar de fer-ho”, diu Amengual, “perquè no ens han contestat a gairebé cap”. “En dos anys, només hem pogut aconseguir una reunió amb Antonio Deudero, el regidor que actualment gestiona el departament de Mobilitat. Va ser simpàtic, cordial, però se’l veia molt ocupat, ens va atendre ràpid i ja ens va avisar que no tenia cap intenció de retirar el servei de galeres tirades per cavalls de la ciutat”. Els animalistes van demanar que en aquella trobada hi fossin també presents l’alcalde Martínez i Llorenç Bauzà, el responsable de la regidoria de Medi Natural. No hi van comparèixer. Acabava l’estiu de 2023. Amengual lamenta que “des de llavors no hi ha hagut més comunicació”.

Els animalistes les han continuat documentant: tot i que Progreso en Verde va deixar de denunciar-les per la via oficial, les presumptes infraccions de la galera 72 continuen, segons els animalistes. Porta més viatgers –cinc– dels permesos. Treballa quan es decreta alerta groga per altes temperatures. El conductor li nega aigua al cavall durant hores. No és, diu Amengual, l’única que comet aquestes irregularitats, però sí la que ho fa amb més freqüència. Sobretot, aparcar fora dels espais que especifica el reglament. Motiu evident: la parada d’un bus turístic és un bon lloc per pescar turistes. elDiario.es va poder captar aquella escena fa uns dies. El xofer –samarreta i pantalons a joc, amb un estampat que recorda el logo de Disney– es gira per xiuxiuejar a uns jubilats que passegen en sandàlies i esportives. La carrossa no és verd ampolla, sinó blanca, amb ribets vermells. Matrícula número 32.

Tot i que Progreso en Verde va deixar de denunciar-les per la via oficial, les presumptes infraccions de la calessa 72 continuen: els animalistes asseguren que carrega més viatgers dels permesos, que treballa quan es decreta alerta groga per altes temperatures i que el conductor nega l’aigua al cavall durant hores

“És l’altra galera que apareix en molts dels nostres requeriments. El seu xofer també comparteix pràctiques amb el de la 72 i guarda els seus cavalls en un terreny situat al Camí Salard: sospitam que tampoc està inscrit al REGA; curiosament, queda molt a prop de l’explotació que es va tancar el 2023. Aquests conductors estan enfrontats amb la resta. Sabem que van arribar a les mans”, diu Amengual. L’enemistat dura fins avui. L’abril passat, el xofer de la galera 72 presumptament va amenaçar de mort diversos companys, segons va reportar Progreso en Verde i en va fer ressò Crónica Balear. Però fa tres anys, la croada dels animalistes contra els únics xofers que no figuren a l’associació no va impedir que La Calesa presentàs una demanda contra el president del partit ecologista. Se sentien injuriats.

Els xofers van demandar els animalistes i van perdre

El judici va ser una cremada causada per l’estiu del 2022. El 26 de juliol –dos dies després de la caiguda viralitzada del cavall, dos dies abans de la votació del ple que va quedar en no res–, els xofers ja plantejaven una demanda per “assetjament” contra Progreso en Verde. “Estan gravant els propietaris de les galeres, n’estam tips, d’això”, va dir Carlos Cortés, el seu portaveu.

El 30 d’agost la van presentar a la Fiscalia, al·legant també “racisme”. Anava a nom de Manuel Vargas Navarro, en representació de l’Associació La Calesa, i interposada contra Guillermo Amengual Cantallops. Van inserir captures de pantalla de comentaris que responien a tuits de Progrés en Verd. En un s’hi ridiculitzava la parla dels gitanos. En un altre se’ls animava a que ells mateixos “tirassin de les galeres” i se’ls qualificava d’“inhumans”. Amengual es va defensar dient que les seues denúncies “no eren per motius ètnics”, que sempre intentaven esborrar els comentaris despectius, que els conductors de les galeres es victimitzaven “perquè mai havien estat tant contra les cordes”. La Justícia –en dos instàncies– va decretar l’arxivament. L’assumpte no es va tancar, però. El futur de les galeres continua sent una incògnita. Potser ara, més que mai.

L’associació de calesses va denunciar Progreso en Verde per “racisme” i “assetjament” i la Justícia va decretar dues vegades l’arxivament

El passat 13 de març hi va haver un gir radical. Vox va demanar eliminar les galeres de cavalls a Palma. Dos anys després de defensar que gaudissin d’una protecció específica, els sis regidors sota les ordres del general Fulgencio Coll Bucher van optar per fixar-se en l’exemple de Màlaga. La segona ciutat més poblada d’Andalusia i la sisena d’Espanya –la capital balear ja és la setena– porta anys amortitzant llicències i s’ha proposat acabar amb les vint-i-cinc que queden en vigor per la via ràpida. Ho farà abans que arribi el 2026, quan el pla era deixar-les caducar al llarg de la propera dècada.

Vox ha canviat d’opinió, fixant-se en el model de Màlaga, i ha demanat eliminar les calesses de cavalls

Per què va canviar de criteri l’ultradreta palmesana? La resposta es pot resumir en tres paraules: Operació Escac i Mat. El 14 de març de 2024 van caure –de colp– els principals caps del narcotràfic mallorquí. Es van intervenir 1.300 quilos de cocaïna, quinze vehicles d’alta gamma i hi va haver seixanta-quatre detencions. Entre els empresonats, un malnom molt conegut, El Charly. Carlos Cortés Radó, el portaveu de La Calesa, el president de la federació autonòmica de col·lectius gitanos, el mateix personatge que, tot just tres anys després d’intentar rehabilitar la seva imatge pública a través de l’associacionisme, tornava a la presó després d’haver complert una condemna de catorze anys per fer negocis amb drogues. En el seu moment, l’havien considerat el gran adversari de Francisca Cortés Picazo, La Paca.

A dia d’avui, El Charly continua en presó preventiva a l’espera de judici. L’atestat de la Guàrdia Civil feia referència a la seva amistat històrica amb membres del PP –com Joan Fageda Aubert, alcalde de Palma entre 1991 i 2003– i, també, a les reunions, molt més contemporànies, que havia mantengut amb regidors de Vox al seu centre d’operacions: son Banya. El rerefons, la captació de vots. A Fulgencio Coll li va sorprendre veure Carlos Cortés entre els detenguts: “Desconeixia la seva altra cara. La seva vida, el seu comportament i la seva gent mai no donaven a pensar que era del que ara se l’acusa”. “El retorn d’El Charly a la presó va ser un abans i un després. Està clar que devia haver-hi algun motiu de molt de pes perquè no se’ls fes complir la llei. Amb la situació actual, el que no entenc és per què no imiten el model d’Alcúdia i es passen a les galeres elèctriques. Allà no poden estar més contents amb el canvi”, raona Amengual.

“No estam disposats a canviar a la calessa elèctrica”

Els membres de l’Associació La Calesa s’estimen no contestar quan se’ls pregunta si l’arrestament i el canvi d’opinió de l’extrema dreta estan relacionats. “El tema de Vox és polític: s’ha fet política amb els cavalls aquí a Mallorca des de fa més de deu anys”, diu Venancio, el fill de Manuel Vargas. A més de ser-ne el secretari, algunes voltes parla en nom de tot el col·lectiu de calers. La relació amb Progreso en Verde, sense ser cordial, no és tan dolenta com abans: s’han reunit i, de tant en tant, Amengual i Vargas fill s’envien missatges per Instagram.

Venancio Vargas desconeix si tots els cavalls de La Calesa viuen en explotacions inscrites al REGA, però defensa l’honestedat del seu servei. És, diu, una cosa molt arrelada. Ell és molt jove. Amb vint-i-tres anys encara li queda molt per jubilar-se i no es veu fent una altra feina: “Noltros volem seguir amb les calesses, no és la nostra feina, és el nostre estil de vida; però si en algun moment de veritat ens volen seure a parlar del nostre futur, ningú estaria disposat a canviar a una elèctrica. Ens pareix una cosa que baixaria el prestigi de la ciutat, com són els tuk-tuk que circulen avui dia de manera il·legal”.

Si algun dia de debò ens volen asseure a parlar del nostre futur, no estaríem disposats a canviar a una elèctrica. Ens pareix una cosa que baixaria el prestigi de la ciutat, com els tuk-tuk que circulen avui dia de manera il·legal

Venancio Vargas — Membre de l’Associació La Calesa

El conductor de galeres nega unes paraules del regidor Deudero: “No sol·licitaran menys de 300.000 euros” per rescatar cada concessió. “Pensam”, diu Vargas, “que [aquesta quantitat de diners] la va demanar alguna de les llicències que no estan a l’associació”. “Noltros, en cap moment, hem demanat doblers. En altres llocs, com a Màlaga, van dir els del PP que volien acabar amb el servei de calesses perquè estaven canviant el centre i no encaixava en la seva nova idea. Els han indemnitzat, per una concessió que els quedaven deu anys, amb 125.000 euros. Si realment volguessin eliminar les calesses aquí a Palma… no ho haurien fet ja? La diferència és que les nostres llicències són vitalícies i hereditàries”.

Vargas remata: “Sí que hem comunicat que fer una conversió de la llicència a taxi no ens semblaria malament, ja que és un lloc similar i sabem que no faltarà el pa a casa: ja hi ha calessers amb llicències de taxi. Hi ha moltes persones al nostre sector que no tornarien la llicència per 300.000 euros perquè no es veuen treballant en una altra cosa. En canvi, en el taxi, sí”. Hi ha un problema, però: sense concurs públic de per mig, els serveis jurídics de Cort consideren il·legal canviar les regnes pel taxímetre.

La parcela es un terreno rústico en la periferia de la ciudad: 10.528 metros cuadrados dedicados al secano. Al menos, para el catastro. La práctica nada tiene que ver con la teoría. Donde florecieron los almendros ahora se amontonan decenas de coches, tres grúas con el nombre y las señas de un taller escritas en rojo sobre una carrocería blanca, algunas furgonetas de reparto. También, maderas y metales tirados entre hierbajos, matojos y varios algarrobos. Aprovechando la sombra que proyectan las ramas de los árboles, dos hombres meten la cabeza bajo unos chasis. Son mecánicos sudando la gota gorda, parecen figurantes de una película rodada por Bigas Luna a las puertas del verano. Un caballo mira con indiferencia cómo trabajan los hombres.

Son las siete menos cuarto de una tarde de mediados de junio. Faltan más de dos horas para que se ponga el sol y el termómetro todavía roza los treinta grados. Un ambiente pegajoso impregna cada rincón de este aparcamiento sin asfaltar donde el caballo –pelaje chocolate, crin y cola oscuras– mira a los mecánicos que sudan la gota gorda en la periferia de la ciudad una tarde a las puertas del verano. El partido Progreso en Verde sostiene que ese ejemplar es uno de los animales que tiran de una galera –verde botella, con asientos de sky beige, cuatro ruedas de madera, las traseras de mucho más diámetro que las delanteras, una capota negra, un pescante– fácil de identificar. Enganchada bajo un arcón, el maletero del carruaje, hay una placa con un número: el 72. Es la matrícula de las calesas que forman parte del servicio municipal de Palma. Según Guillermo Amengual, el presidente de Progreso en Verde, la galera que tiene a sus caballos en “pésimas condiciones”.

Para quienes viven o trabajan en los barrios antiguos de Palma, la calesa, más que una atracción turística, es un elemento cotidiano. Para los turistas, un divertimento que les permite recorrer el centro histórico como si fueran burgueses mallorquines del siglo XX, al trantrán de una bestia de tiro. Para el caballo, una tortura. No por su empleo, sino por las condiciones en las que malvive, como denuncian desde Progreso en Verde. Está a la intemperie. La cuadra la delimitan unos listones. Las paredes son de aire. El techo, unas chapas, contenidas por el contrapeso de un macuto relleno y varios neumáticos. Cuando aprieta el calor, la carne debe achicharrarse. Cuando llueve, los cascos deben hundirse en un fango viscoso.

El caballo está a la intemperie. Las paredes son de aire. Las clasesas son más que una atracción turística en Palma: son ya un elemento cotidiano del paisaje mallorquín, a pesar de las condiciones en las que malviven los pobres animales

La silueta de la galera no aparece en el encuadre de las fotos que toma elDiario.es desde el otro lado de la valla que cerca la finca. La calesa sí se aprecia, junto a dos caballos (también marrones) en muchos de los archivos en formato imagen que Amengual ha acumulado durante los últimos años. El activista afirma que visita con frecuencia estos campos de cultivo reconvertidos en aparcamiento (de motores de inyección de combustible, de motores de sangre equina). Agarra la moto y la cámara, conduce hasta el barrio de sa Indioteria: viejas possessions transformadas en barriada de aluvión y polígono industrial cuando Palma conoció el turismo, multiplicó sus habitantes y, con ellos, sus necesidades. En ese paisaje, Amengual colecciona imágenes que, al volcarlas en el ordenador, le ponen los pelos de punta:

–Con las condiciones que presenta, es imposible que la finca esté inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias del Govern. Si no estuviera inscrita, hablamos de un delito grande porque allí viven caballos que están participando de una actividad económica y prestando un servicio municipal. Si lo estuviera, también tendríamos un problema. ¿Cómo le pudieron dar el visto bueno? Hemos visto el suelo que pisa el caballo lleno de excrementos: no los recogen. El abrevadero es un bidón metálico que se deja al sol horas y horas. Hay objetos cortantes por todos lados, hierbajos y materiales inflamables que podrían provocar una desgracia si algún día se prende un fuego. La valla más cercana al caballo son unos palés que están medio tumbados: si le da por saltarlos, acabaría en el polígono.

Hemos visto el suelo que pisa el caballo lleno de excrementos: no los recogen. El abrevadero es un bidón metálico que se deja al sol horas y horas. Hay objetos cortantes por todos lados, hierbajos y materiales inflamables. La valla más cercana al caballo son unos palés que están medio tumbados

Guillermo Amengual — Presidente de Progreso en Verde

“Debería perder la licencia”

En la partida de ajedrez que Amengual juega con las instituciones, este terreno es clave: de allí baja y hasta allí sube, como denuncia su trabajo de documentación, la galera que de forma “más descarada” ha desafiado la ordenanza municipal y la Llei de Benestar animal de Balears (1/1992). Estuvo meses trabajando con la licencia suspendida. La Policía Local de Palma denunció al conductor por circular con un caballo demasiado débil, demasiado viejo: cojo de dos patas, superaba los dieciséis años, la edad límite para emplear al animal… si no hay un informe veterinario que lo autorice, como informó Mallorca Diario.

“Es flagrante que las instituciones no estén encima de un conductor que, por acumulación de infracciones, algunas graves o muy graves, debería haber perdido su licencia. Así lo dicta la ordenanza”, dice Amengual. Las fotografías y vídeos que ha enviado a elDiario.es –y que concuerdan con las imágenes que captaron el fotógrafo y el redactor de este reportaje– llegaron –meses o años– antes al Ajuntament de Palma, a la Conselleria d’Agricultura i Ramaderia y al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

El presidente de Progreso en Verde explica que en ninguna de las tres ventanillas obtuvo respuesta. Algo similar le ocurrió durante la última semana a elDiario.es: información a cuentagotas, escasa concreción en los datos y, especialmente por parte del Ajuntament de Palma, mucha reticencia para responder. Hubo llamadas e intercambio de mensajes con diferentes jefes de prensa. En la Regidoria de Mobilitat remitieron a la de Regidoria de Medi natural, que devolvió la responsabilidad al departamento que otorga y quita estas concesiones. En ningún momento hubo posibilidad de entrevistar a un responsable político o técnico.

La respuesta, al final, llegó por correo electrónico. Sin aportar documentos que lo probasen, desde el Ayuntamiento aseguraron que la revisión veterinaria que se ha hecho este año (entre marzo y abril) sólo ha descartado a dos animales para la faena. Que el control es exhaustivo (cada quince días en las paradas). Que a ningún calesero se le ha impuesto una “sanción muy grave”, ni siquiera por reincidente. Implicaría la retirada definitiva de la licencia. Las repreguntas de elDiario.es se han quedado en el limbo. “¿El Ayuntamiento no revisa los lugares donde se guardan los caballos que trabajan en el servicio municipal de galeras?”, fue una de ellas.

Las instituciones casi no proporcionan información y, cuando lo hacen, es escasa o poco concreta. Ningún responsable del Ajuntament de Palma ha querido ser entrevistado para este reportaje y la respuesta municipal se ha basado en un email que, sin documentos ni pruebas, ofrece informaciones que no contestan a todas las preguntas planteadas

Sin respuesta del Govern

El Govern no ha respondido tampoco a esa cuestión. El departamento de prensa de la Conselleria d'Agricultura dio algunas explicaciones sobre cómo funcionan las explotaciones equinas: “Si hay más de cinco caballos, necesita un plan de actuación elaborado por un veterinario. Si tiene menos [como ocurre en el terreno de sa Indioteria], no necesita ese plan. Normalmente, ese tipo de explotaciones más pequeñas no dan problemas”. También cifró la cantidad de fincas inscritas en el REGA que hay en el municipio de Palma: un centenar. Sin más detalles.

La web de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears promete más transparencia: “El Registro de Explotaciones Ganaderas tiene carácter público e informativo”. La realidad es distinta. Cuando Guillermo Amengual clicó en la pestaña del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación donde pensaba que se podría consultar el listado, se encontró con un buscador que le pedía un código. “Nunca me lo han querido dar. Dicen que vulnerarían la ley de protección de datos”, explica. La misma justificación que recibió elDiario.es por parte de la Conselleria cuando consultó si la finca donde el chófer de la licencia 72 aparca la calesa y estabula sus caballos –según los animalistas– figura en el REGA.

El Govern balear no ha querido responder si al finca donde el chófer de la licencia 72 aparca la calesa y estabula sus caballos figura en el Registro de Explotaciones Ganaderas alegando 'a la ley protección de datos'

Progreso en Verde consiguió en 2023 que se clausurara un establo localizado en el Camí Salard, otro de los antiguos senderos agrícolas que ocultan las autovías del extrarradio palmesano. Allí también malvivían caballos en unos establos sin paredes que luego estiraban de los carros turísticos. Fue una lucha maratoniana, pero hubo más feedback con el sistema público. Amengual recibió un mensaje con el sello de la Conselleria d’Agricultura i Ramaderia. Estaba firmado, además, por dos jefes técnicos. El documento detallaba las inspecciones realizadas en aquellas cuadras (en 2018 y 2021) y confirmaba la existencia de un expediente para sancionar a una finca que tenía caballos sin aparecer en el REGA. Además, los técnicos concretaban que el Ajuntament de Palma había recibido una orden para que se trasladara “a los équidos a una explotación autorizada”.

Quizás, por esa victoria del pasado, el activista no baja ahora los brazos. El Real Decreto que regula las explotaciones ganaderas contiene artículos contundentes. Considera “infracción grave” “obligar a los animales a trabajar o a producir en caso de enfermedad o desnutrición o a una sobreexplotación que pueda hacer peligrar su salud”. Agarrado a esas palabras, Amengual ha llegado a recurrir al Defensor del Pueblo. Mientras espera que le contesten desde Madrid, piensa en ir más allá: “Si no nos queda más remedio, acudiremos a la Fiscalía y denunciaremos en la Justicia esta situación de maltrato animal”.

Progreso en Verde consiguió en 2023 que se clausurara un establo donde también malvivían caballos que luego estiraban de los carros turísticos

Caballos desplomados y una norma atascada

Progreso en Verde sigue el rastro a la calesa número 72 desde hace casi tres años, después de que trascendiera aquella denuncia de la Policía Local contra su conductor y de que el verano encendiera el debate sobre las galeras palmesanas. Fue movido el mes de julio de 2022. El viernes 22, la edición balear de elDiario.es publicó una crónica donde se explicaban las pésimas condiciones en las que trabajaban los caballos del servicio de calesas: Cort –el nombre popular que recibe el Ajuntament de Palma entre los mallorquines– reconocía “apuros” para modificar la ordenanza que regulaba el servicio. Data de 2003 y aún sigue en vigor.

Al día siguiente, el sábado 23, el concejal de Mobilitat, Francesc Dalmau, se apresuró a decir que las calesas tiradas por caballos iban a tener baterías eléctricas en el plazo de dos años. Sería un titular efímero. La actualidad sacudió la escaleta política. Horas después de aquellas declaraciones, a las cinco de la tarde del domingo 24 de julio, un caballo que tiraba de una calesa se desvanecía en la cabecera del Passeig del Born. Decenas de móviles grabaron la escena, la publicaron, la viralizaron. Ya había ocurrido en 2015, incitando la recogida de 14.000 firmas. Pero, hace una década, el algoritmo no era tan potente como en 2022, cuando internet se inflamó y el asunto viajó más allá de las costas de Mallorca. Televisiones, periódicos y radios nacionales se hicieron eco de un desvanecimiento que pondría un punto y aparte en las protestas para acabar con las calesas de tracción animal en Palma. Una semana más tarde, el 30 de julio, trescientas personas se manifestaron para exigirlo.

En 2023, un caballo que tiraba de una calesa se desvaneció en el Passeig del Born, unas imágenes que se viralizaron. Un día antes, el Ayuntamiento de Palma anunció que los coches de caballos iban a tener baterías eléctricas en un plazo de dos años, un hecho que no se ha cumplido

La era digital se maneja con tempos rápidos, la repercusión incitaba a actuar con inmediatez. Una ventana de oportunidad se había abierto, los partidos parecían dispuestos a escuchar el ruido de la calle. Ocurrió así. Se trataba de una propuesta de Ciudadanos: el socialista Dalmau y sus compañeros de equipo de gobierno, que también integraban Més per Mallorca y Unides Podem, la aprobarán en pleno, el jueves 28, pero nunca la desarrollarán. La senda para cambiar este servicio turístico, que arrancó en 1958, parecía minada.

Los caleseros: “No maltratamos a los caballos”

Hubo casi ochenta galeras rodando por la ciudad. Después del primer verano pandémico eran apenas veintiocho. Aunque los números evidenciaran que el negocio había conocido tiempos mejores, los caleseros no querían evolucionar. En octubre de 2020, la mayoría de los chóferes habían creado la Asociación La Calesa. “La gente que nos critica tiene que entender que nuestro trabajo es absolutamente normal. Como el que hace un taxista”, explicaba Carlos Cortés, el portavoz de este colectivo, según recogía Última Hora.

“Nosotros no maltratamos a los caballos, al contrario, los cuidamos mejor que nadie. (...) Nos insultan a diario”, añadió. Se sentían “víctimas”, decía Natalio Vargas, de una cuestión política. Conocido como Tío Natalio, era uno de los caleseros más veteranos: “Desde que empezó el turismo, en los años cincuenta, las calesas siempre han estado muy unidas a Palma y nos respetaban. Pero desde hace cuatro o cinco años todo ha cambiado. Eso coincidió con la entrada en el poder de los partidos políticos Més y Podemos”. La Calesa sería muy crítica con el alcalde José Hila, del PSIB-PSOE: en 2021 se quejó de falta de ayudas públicas que compensaran los destrozos del COVID y, un año después, acusó a Cort de no convocar exámenes para que los hijos de los conductores pudieran heredar unas licencias que son vitalicias.

Pero el tripartito de centroizquierda encalló. Ya le costó prohibir que los carruajes circularan cuando hace demasiado calor: se aprobó en 2019, el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears lo tumbó por un defecto de forma y la ordenanza no se pudo rehacer y aplicar hasta 2022. Para conseguir que los caballos dejaran de tirar de las galeras, se dieron un plazo demasiado largo. Entre medias, en mayo de 2023, vendrían unas elecciones municipales donde el Partido Popular y Vox capturarían los votos de Ciudadanos. Eliminado el partido naranja, enviaron a las fuerzas progresistas a la oposición, las barrieron. Ha pasado medio mandato y el equipo encabezado por el alcalde Jaime Martínez Llabrés (PP) no ha mostrado interés en rescatar del archivador el proyecto de las calesas eléctricas. En aquel pleno de julio de 2022, los populares se abstuvieron. Vox, votó en contra. Aritmética: gobernando en minoría, la derecha necesitaba a la ultraderecha para sacar adelante sus planes de gobierno.

El equipo encabezado por el alcalde Jaime Martínez Llabrés (PP) no ha mostrado interés en rescatar del archivador el proyecto de las calesas eléctricas

Denuncias que el Ajuntament de Palma no responde

A la calesa número 72, la inacción política le ha venido de perlas. Esas dos cifras aparecen en muchos de los requerimientos que Progreso en Verde registró en el Ajuntament de Palma entre julio de 2023 y abril de 2024. “Dejamos de hacerlo”, dice Amengual, “porque no nos han contestado a casi ninguno”. “En dos años, tan sólo hemos podido conseguir una reunión con Antonio Deudero, el concejal que actualmente gestiona el departamento de Mobilitat. Fue simpático, cordial, pero se le veía muy ocupado, nos despachó rápido y ya nos avisó que no tenía ninguna intención de retirar el servicio de calesas tiradas por caballos de la ciudad”. Los animalistas pidieron que en aquel encuentro estuvieran también presentes el alcalde Martínez y Llorenç Bauzá, el responsable de la concejalía de Medi Natural. No comparecieron. Terminaba el verano de 2023. Lamenta Amengual que “no ha habido más comunicación desde entonces”.

Los animalistas las han seguido documentando: aunque Progreso en Verde dejó de denunciarlas por la vía oficial, las presuntas infracciones de la galera 72 continúan, según los animalistas. Carga más viajeros –cinco– de lo permitido. Trabaja cuando se decreta alerta amarilla por altas temperaturas. El conductor le niega el agua al caballo durante horas. No es, dice Amengual, la única que comete estas irregularidades, pero sí la que lo hace con más frecuencia. Sobre todo, estacionar fuera de los espacios que especifica el reglamento. Motivo obvio: la parada de un bus turístico es un buen caladero para pescar turistas. elDiario.es pudo captar esa escena hace unos días. El chófer –camiseta y pantalón a juego, con un estampado que recuerda al logo de Disney– se gira para chistar a unos jubilados que pasean en chanclas y deportivas. La carroza no es verde botella, sino blanca, con ribetes rojos. Matrícula número 32.

Aunque Progreso en Verde dejó de denunciarlas por la vía oficial, las presuntas infracciones de la galera 72 continúan: los animalistas aseguran que carga más viajeros de lo permitido, que trabaja cuando se decreta alerta amarilla por altas temperaturas y que el conductor le niega el agua al caballo durante horas

“Es la otra galera que aparece en muchos de nuestros requerimientos. Su chófer también comparte prácticas con el de la 72 y guarda sus caballos en un terreno situado en el Camí Salard: sospechamos que tampoco está inscrito en el REGA; curiosamente, queda muy cerca de la explotación que se cerró en 2023. Estos caleseros están enfrentados con el resto. Nos consta que llegaron a las manos”, dice Amengual. Esa enemistad dura hasta hoy. El pasado abril, el chófer de la calesa 72 presuntamente amenazó de muerte a varios compañeros, según reportó Progreso en Verde y se hizo eco Crónica Balear. Pero hace tres años, la cruzada de los animalistas contra los únicos chóferes que no figuran en la asociación no impidió a La Calesa pleitear contra el presidente del partido ecologista. Se sentían injuriados.

Los caleseros demandaron a los animalistas y perdieron

El juicio fue una quemadura causada por el verano de 2022. El 26 de julio –dos días después de la caída viralizada del caballo, dos días antes de la votación del pleno que se quedó en agua de borrajas–, los caleseros ya se planteaban una demanda por “acoso” contra Progreso en Verde. “Están grabando a los propietarios de las galeras, estamos hartos”, dijo Carlos Cortés, su portavoz.

El 30 de agosto la presentaron en Fiscalía, alegando también “racismo”. Iba a nombre de Manuel Vargas Navarro, en representación de la Asociación La Calesa, e interpuesta contra Guillermo Amengua Cantallops. Insertaron pantallazos de comentarios que contestaban tuits de Progreso en Verde. En uno se ridiculizaba el habla de los gitanos. En otro se les animaba “a tirar ellos de las galeras” y se les calificaba de “inhumanos”. Amengual se defendió diciendo que sus denuncias “no eran por motivos étnicos”, que siempre trataban de borrar los comentarios despectivos, que los conductores de las galeras se victimizaban “porque nunca habían estado tanto contra las cuerdas”. La Justicia –en dos instancias– decretó sobreseimiento. El asunto, no. El futuro de las calesas sigue siendo una incógnita. Quizás, ahora, más que nunca.

La asociación de calesas denunció a Progreso en Verde por "racismo" y "acoso" y la Justicia decretó dos veces el sobreseimiento

El pasado 13 de marzo hubo un giro radical. Vox pidió eliminar las galeras de caballos en Palma. Dos años después de defender que gozaran de una protección específica, los seis concejales a las órdenes del general Fulgencio Coll Bucher optaban por fijarse en el espejo de Málaga. La segunda ciudad más poblada de Andalucía y la sexta de España –la capital balear es ya la séptima– lleva años amortizando licencias y se ha propuesto acabar con las veinticinco que quedan en vigor por la vía rápida. Lo hará antes de que llegue 2026 cuando el plan era dejarlas caducar a lo largo de la próxima década.

Vox ha cambiado de opinión, fijándose en el modelo de Málaga, y ha pedido eliminar las galeras de caballos

¿Por qué cambió de criterio la ultraderecha palmesana? La respuesta puede resumirse en tres palabras: Operación Jaque Mate. El 14 de marzo de 2024, cayeron –de golpe– los principales capos del narcotráfico mallorquín. Se incautaron 1.300 kilos de cocaína, quince vehículos de alta gama y hubo sesenta y cuatro detenciones. Entre los esposados, un apodo muy conocido, El Charly. Carlos Cortés Radó, el portavoz de La Calesa, el presidente de la federación autonómica de colectivos gitanos, el mismo personaje que, apenas tres años después de tratar de rehabilitar su figura pública por medio del asociacionismo, volvía a la cárcel tras haber cumplido una pena de catorce por hacer negocios con drogas. Entonces, lo consideraron como el gran adversario de Francisca Cortés Picazo, La Paca.

A día de hoy, El Charly sigue en prisión preventiva a la espera de juicio. El atestado de la Guardia Civil aludía a su histórica amistad con miembros del PP –como Joan Fageda Aubert, alcalde palmesano entre 1991 y 2003– y, también, a las reuniones, mucho más contemporáneas, que había mantenido con concejales de Vox en su centro de operaciones: son Banya. El telón de fondo, la captación de votos. A Fulgencio Coll le sorprendió ver a Carlos Cortés entre los detenidos: “Desconocía su otra cara. Su vida, su comportamiento y su gente nunca dio que pensar que era de lo que ahora se le acusa”. “El regreso de El Charly a prisión fue un antes y un después. Está claro que algún motivo de mucho peso debía haber para que no se les hiciera cumplir la ley. Con la situación actual, lo que no entiendo es por qué no imitan el modelo de Alcúdia y se pasan a las galeras eléctricas. Allí no pueden estar más contentos con el cambio”, razona Amengual.

“No estamos dispuestos a cambiar a la calesa eléctrica”

Los miembros de la Asociación La Calesa prefieren no contestar cuando se les pregunta si la detención y el cambio de opinión de la ultraderecha están relacionados. “Lo de Vox es un tema político: se ha hecho política con los caballos aquí en Mallorca desde hace más de diez años”, dice Venancio, el hijo de Manuel Vargas. Además de ser su secretario, también habla, a veces, en nombre de todo el colectivo de caleseros. La relación con Progreso en Verde, sin ser cordial, no es tan mala como fue: se han reunido y, alguna vez, Vargas hijo ha enviado mensajes por Instagram al perfil del partido animalista.

Venancio Vargas desconoce si todos los caballos de La Calesa viven en explotaciones inscritas en el REGA, pero defiende la honestidad de su servicio. Es, dice, algo arraigado. Él es muy joven. Con veintitrés años le queda mucho para jubilarse y no se ve desarrollando otro oficio: “Nosotros queremos seguir con las calesas, no es nuestro trabajo, es nuestro estilo de vida; pero si en algún momento de verdad quieren sentarnos a hablar de nuestro futuro, ninguno estaría dispuesto a cambiar a una eléctrica. Nos parece algo que bajaría el caché de la ciudad como son los tuk-tuk que circulan hoy en día ilegalmente”.

Si en algún momento de verdad quieren sentarnos a hablar de nuestro futuro, ninguno estaría dispuesto a cambiar a una eléctrica. Nos parece algo que bajaría el caché de la ciudad como son los tuk-tuk que circulan hoy en día ilegalmente

Venancio Vargas — Miembro de la Asociación La Calesa

El conductor de galeras niega unas palabras del concejal Deudero: “No solicitarán menos de 300.000 euros” por rescatar cada concesión. “Pensamos”, dice Vargas, “que [esa cantidad de dinero] la pidió alguna de las licencias que no están en la asociación”. “Nosotros, en ningún momento, hemos pedido dinero alguno. En otros sitios, como en Málaga, dijeron los del PP de acabar con el servicio de calesas porque estaban cambiando el centro y no entraban en su nueva idea. Les han indemnizado, por una concesión que les quedaban diez años, con 125.000 euros. Si realmente quisieran quitar las calesas aquí en Palma… ¿no lo hubieran hecho ya? La diferencia es que nuestras licencias son vitalicias y hereditarias”. Varas remacha: “Sí que hemos comunicado que hacer una conversión de la licencia a taxi, no nos parecería mal, pues es un puesto similar y sabemos que no faltará el pan en casa: ya hay caleseros con licencias de taxi. Hay muchas personas en nuestro sector que no darían la licencia por 300.000 euros porque no se ven trabajando de otra cosa. Sin embargo, en el taxi, sí”. Existe un problema: sin concurso público de por medio, los servicios jurídicos de Cort consideran ilegal cambiar las riendas por el taxímetro.