Soy un enamorado de las canciones de Jorge Drexler. Sus letras me parecen un armónico maridaje de poesía y filosofía. No importa cuando las escuches te parecerá que están escritas para ese momento. En “Milonga de un moro judío” cada estrofa es un lamento que se clava en el corazón. Del suave grito por la paz de “No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida” hasta el antídoto frente al nacionalismo de “No hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido”. 

Sus letras irradian luz que ilumina algunos de los trances de la vida. La canción “Todo se transforma” ayuda a entender procesos que en apariencia —solo en apariencia— nada tienen que ver con la inspiración del poeta. Al escuchar estos días, una vez, “cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da” me pareció entender mejor eso que llaman absentismo laboral. 

En la controversia sobre su dimensión y causas las organizaciones empresariales suelen aportar datos fríos sobre el aumento de los días que las personas trabajadoras se ausentan, dicen injustificadamente, del trabajo. Con una mirada propia del capitalismo 'manchesteriano' meten en el mismo saco desde las horas dedicadas al ejercicio de derechos fundamentales hasta el tiempo en que los trabajadores permanecen en situación de incapacidad temporal bajo la supervisión de los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud. 

La respuesta de las organizaciones sindicales impugna la mayor y ofrece datos y una lectura alternativa de esas horas no trabajadas y sus diferentes y complejas causas. Como hay estudios muy profundos y rigurosos, entre ellos el publicado por Comisiones Obreras bajo el título “Ni un día menos”, no sería capaz de añadir nada nuevo. 

Algunos análisis apuntan a que podría existir una relación de causalidad o correlación (no son lo mismo) entre los ciclos económicos y la intensidad de los procesos de incapacidad temporal. Las patronales lo imputan a que en época de bonanza las personas trabajadoras se “cogen más bajas” -así como el que va al supermercado. Los sindicatos invierten la relación, al constatar que en momentos de elevado desempleo las personas van a trabajar incluso cuando están enfermos por el temor a perder el empleo. Una actitud que se revierte cuando la situación económica mejora y el temor al desempleo decrece. 

En un debate muy intenso, hay una mirada que, hasta donde yo sé, no se ha explorado. Me asaltó al escuchar “Todo se transforma”. “Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da”. Esta estrofa nos puede ser útil para entender cosas que se producen en el ámbito de las relaciones laborales. 

Empresas que continúan abusando del trabajo temporal, o de la rescisión indiscriminada del contrato durante los largos períodos de prueba pretenden recibir de sus trabajadores compromiso de permanencia en la relación laboral. Se sorprenden y denuncian que no encuentran trabajadores para puestos de trabajo vacantes. 

Empresas que imponen largas jornadas de trabajo, en algunos casos con horas extras no retribuidas, y que se niegan al control de la jornada pretenden recibir un compromiso incondicional de parte de sus trabajadores. 

Empresas que aplican ritmos de trabajo deshumanizadores, con control tecnológico de eso que ya se conoce como látigo digital, pretenden recibir de sus trabajadores el sacrificio de continuar trabajando incluso cuando enferman.

Sí, ya sé que hay casos que se podrían calificar de picaresca que no entran dentro de estas explicaciones. No me gusta cerrar los ojos para no ver la realidad y creo no ser cínico. Pero incluso en estos supuestos puede servir -sin explicarlo todo y siempre- las letras de Jorge Drexler. 

El desequilibrio entre lo que se da y lo que se pretende recibir desborda en muchas ocasiones el ámbito de la empresa para ampliar la responsabilidad a la sociedad. Un sistema socioeconómico que ningunea la formación de las personas, incumple las promesas de ascensor social y el imaginario de meritocracia no puede pretender que su ciudadanía le ofrezca a cambio abnegada implicación laboral. 

Una sociedad que acepta que la vivienda no sea un derecho, sino un producto financiero, y que fuerza a los trabajadores a vivir en caravanas o a realizar desplazamientos de muchas horas para acceder al trabajo no puede pretender que esas personas le respondan con compromiso. 

Un mundo que impide que las personas puedan vivir y trabajar en sus países y las obliga a emigrar en condiciones muchas veces inhumanas para después tener que soportar todo tipo de discriminaciones, no puede pretender a cambio recibir una implicación plena y sacrificada. El listado de ejemplos que expresan desequilibrio entre lo que se da y se pretende recibir por parte de las empresas y la sociedad podría ampliarse hasta el “infinitum”.

Me temo que, entre tanto ruido, no se le está prestando atención a un proceso de intensa y creciente desafección emocional de la ciudadanía. Que se produce no solo en relación con las instituciones democráticas, sino también respecto a muchos otros ámbitos comunitarios como el de la empresa. 

En el marco de la pandemia muchos medios llamaron la atención y convirtieron en noticia de portada un fenómeno que se detectó en EEUU, pero que tenía dimensiones globales. Incluso, como sucede en estos casos, se le puso un nombre atractivo. 

La “Gran Deserción” fue el calificativo con el que se describió el abandono voluntario de las empresas por parte de sus trabajadores incluso sin tener otro empleo alternativo. Se vinculó, a mi entender erróneamente, a los efectos psicológicos de la pandemia. Cuando esta se superó, la preocupación y la noticia pasaron a mejor vida como sucedió en otros ámbitos. ¿Recuerdan el amor infinito que nos entró hacia nuestros sanitarios? Pasada la novedad y la noticia no se ha hecho un análisis de lo que puede haber detrás de esa gran deserción, a pesar de que sus causas se mantienen. 

Los empresarios, los dirigentes patronales lúcidos (si los hubiera o hubiese) y el conjunto de la sociedad harían bien en analizar y profundizar en este fenómeno de desafección de los trabajadores con las empresas y el empleo. Es y será una realidad cada vez más creciente y que adquirirá formas diversas, aunque no se exprese con la visibilidad de la “gran deserción”. 

En ocasiones los conflictos sociales no se manifiestan a través de los mecanismos colectivos tradicionales y buscan otras formas más difusas, pero no por ello menos contundentes en sus impactos.

Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Lo canta Jorge Drexler.

El Círculo de Empresarios ha elevado el tono contra el absentismo laboral. Su presidente, Juan María Nin, ha asegurado este viernes que quienes incurren en ausencias injustificadas cometen “un atentado ético y moral” contra el resto de sus compañeros, al tiempo que ha advertido del elevado coste económico que esta práctica tiene para el país.

El directivo ha citado el último informe elaborado por la organización empresarial, que estima que cerca de 1,2 millones de personas se ausentan cada día de su puesto de trabajo en España. Esa cifra, según sus cálculos, supone un coste anual de entre 47.500 y 81.600 millones de euros.

“Hemos perdido el valor del trabajo”

Durante un desayuno informativo organizado por el Grupo Hotusa en Madrid, Nin ha cargado contra lo que ha denominado “absentismo profesional”, una conducta que —según ha sostenido— repercute tanto en la productividad como en el gasto de los servicios médicos.

“Hemos perdido el valor del trabajo, el respeto por el orden, por la dignidad humana”, ha lamentado Nin, que también ha apuntado a la Administración por, a su juicio, justificar o no atajar de forma suficiente esta “afrenta ética y moral”.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de Hotusa, Amancio López, quien ha denunciado que el absentismo no justificado está siendo “bien alimentado por unos dogmas de cierta superioridad moral de aquellos que han estado siempre mantenidos y para los que parece que trabajar es una maldición”.

Críticas a la fiscalidad y a la proliferación normativa

Más allá del absentismo, ambos empresarios han reclamado un entorno regulatorio y fiscal más estable. López ha defendido una fiscalidad “razonable” dentro de un Estado de derecho que, en su opinión, debe situarse en un “término medio” para sostener el Estado del bienestar sin lastrar la actividad económica.

Asimismo, han criticado la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado y la proliferación normativa que, según han señalado, incrementa la burocracia y genera costes para las empresas que, en algunos casos, pueden superar el impacto de las barreras arancelarias.

Nin ha concluido que, aunque la economía española mantiene el crecimiento, el país tiene “deberes pendientes” en productividad y competitividad y necesita reforzar la inversión en capital para consolidar su posición.

El gran aumento de las bajas por enfermedad de trabajadores protagoniza cada vez más estudios, jornadas y debates públicos, muchos de ellos de la patronal y otros organismos económicos. Aunque no se denuncie fraude expresamente, ni se sustente con datos, se está extendiendo un lenguaje que desliza una supuesta voluntariedad de los trabajadores a la hora de ausentarse de su puesto. Desde la propia palabra “absentismo”, que utilizan los empresarios y cada vez más actores para referirse a las bajas, a recientes estudios que denominan “trabajadores repetidores” a aquellas personas que han tenido más de una baja médica en un año.

Algunas de estas expresiones no son nuevas, como advierten desde hace años los sindicatos. Por ejemplo, está muy normalizado decir que los trabajadores “se cogen una baja”. Como si fuera algo que dependiera de ellos mismos, cuando toda incapacidad temporal (IT) está firmada por un médico, que suscribe que esa persona sufre una enfermedad o una dolencia que le impiden trabajar.

Así, cuando hablamos de bajas laborales nos estamos refiriendo a personas enfermas, accidentadas o con alguna dolencia. Sin embargo, la denominación desde la que se está abordando el aumento de las bajas médicas es –cada vez más– el “absentismo”. “Mientras se habla de subir salarios, sin valorar los problemas de las empresas, hay un problema: el absentismo laboral. Nos falta gente en porcentajes escalofriantes”, subrayó esta semana el líder de la patronal CEOE, Antonio Garamendi.

La Real Academia Española (RAE) define absentismo como sigue: “Abstención deliberada de acudir al lugar donde se cumple una obligación” y “abandono habitual del desempeño de funciones y deberes propios de un cargo”.

Es decir, el debate se suele abordar de partida con una denominación que traslada una supuesta voluntariedad o costumbre de los trabajadores de ausentarse de sus funciones.

Estudios que ponen en la diana enfermar más de una vez en un año

A estas expresiones más conocidas, varios estudios recientes están incorporando en el debate público nuevos términos y marcos conceptuales con claras connotaciones negativas por estar de baja médica (es decir, por enfermar) más de una vez en todo un año.

El Estudio socioeconómico de la evolución de la incapacidad temporal y la siniestralidad en España de la mutua Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), uno de los más detallados en su análisis de datos sobre bajas médicas de los últimos años, denomina trabajadores “repetidores” a aquellos que han tenido más de una baja en un plazo de doce meses.

“El porcentaje de repetidores sobre el total de personas en baja por IT no ha parado de crecer, con un aumento de más de 10 puntos porcentuales (pp) en los últimos seis años, es decir, del 27%”, indica por ejemplo el estudio. Esa palabra, personas “repetidoras” de bajas, se está extendiendo en noticias y otros informes, como el que presentó hace unos días la patronal Pimec en Madrid.

El mismo enfoque tiene el reciente informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la incapacidad temporal, que en su caso habla de “reincidencia”. “El porcentaje de trabajadores con más de un episodio anual aumentó del 23% en 2017 al 31,8% en 2024, lo que evidencia una reincidencia creciente”, recoge el estudio del organismo público. Según la RAE, reincidir es “volver a caer o incurrir en un error, falta o delito”.

Entre sus recomendaciones, la AIReF propone “diseñar un sistema de control más intensivo para trabajadores que inicien un segundo episodio de IT o alguno posterior en el mismo año natural”. Es decir, para el organismo fiscalizador de las cuentas públicas, el umbral para extremar la vigilancia de la Seguridad Social es tener más de una baja al año.

Lo que no se puede es culpabilizar a las personas que tienen procesos recurrentes. Pensando que quien cae de baja varias veces en un año, o en años sucesivos, es un defraudador.

Carlos Bravo — CCOO

Por poner un ejemplo práctico: faltar al trabajo por una gripe, que el pasado año arreció con más fuerza en varias Comunidades, y por una gastroenteritis o un lumbago ya sitúa a una persona en este foco de “reincidencia” o bajo la etiqueta de “trabajador repetidor”.

Desde este marco, estos estudios señalan quiénes son las personas que están más de baja, los “perfiles” con más probabilidad de IT o que tienen “más probabilidad” de “repetir”, en el caso del análisis de Umivale y el Ivie. Según su sexo (las mujeres), su edad (las personas mayores), su profesión (cuello azul) o sus patologías (entre las que se suele destacar la salud mental).

“Lo que no se puede es culpabilizar a las personas que tienen procesos recurrentes. Pensando que quien cae de baja varias veces en un año, o en años sucesivos, es un defraudador. Entre otras cosas, porque ahí están todos los enfermos crónicos de este país que tienen un empleo. No parece razonable”, denunció hace unos días Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO.

La AIReF señala también varias situaciones con más derechos laborales –mejores convenios colectivos o contratos indefinidos frente a temporales– por sus mayores cifras de bajas. Las organizaciones de trabajadores piden hacer también el ejercicio inverso: preguntarse y estudiar si las bajas en situaciones de precariedad son las necesarias. “Evidentemente, quien no puede permitirse estar enfermo, va a trabajar enfermo”, denunció Cristina Estévez, secretaria ejecutiva de UGT.

La mirada: la sombra del abuso y casi nunca la salud

En otras ocasiones, el vocabulario de algunos actores públicos es mucho más duro y señala directamente un presunto abuso de las bajas. Es el caso de Lorenzo Amor, presidente de la patronal de autónomos ATA y vicepresidente de la CEOE. “Lunes y viernes no hay baja laboral, hay bajaciones”, llegó a decir Amor al ser preguntado en un desayuno informativo de Europa Press por el problema del absentismo laboral.

En este y otros casos, se ponen bajo sospecha las bajas, sin datos que lo sustenten o con cifras cuestionables. Por ejemplo, el informe de la mutua Umivale y el Ivie alerta del mayor aumento y “repetición” en las bajas por problemas de salud mental y por “algias” (dolores), que cataloga como patologías “más difícilmente objetivables”, sembrando la duda sobre posibles abusos de los empleados.

Lunes y viernes no hay baja laboral, hay 'bajaciones'

Lorenzo Amor — Presidente de ATA y vicepresidente de CEOE

Sin embargo, el mismo informe reconoce que entre los autónomos estas patologías “suponen prácticamente la misma proporción de jornadas perdidas (49%)”, un dato que puede cuestionar ese supuesto fraude o abuso de estos trabajadores, que afectaría a sus propios negocios.

A la vez, el debate sobre el aumento de las incapacidades casi nunca se hace eco de otros datos, estadísticas y contexto sobre la salud, el verdadero trasfondo de la prestación. Por ejemplo, se cuestionan las bajas por motivos de salud mental, que se han disparado tras la pandemia y que suponen un mayor coste por su larga duración, mientras la Encuesta Nacional de Salud que publica el INE nos está dando múltiples cifras del deterioro de estas dolencias, como que se ha triplicado la población con depresión en los últimos tres años.

Otro dato: España es el país del mundo líder en consumo de ansiolíticos, señalado como el que más tomaba benzodiacepinas, el principio activo que contienen la mayoría de los fármacos de esta familia, según un informe de 2019 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Un consumo que se ha disparado aún más tras la COVID. Y otro: España es uno de los países europeos con más trabajadores que señalan el ámbito laboral como causa de estrés, ansiedad o depresión (40%), según una encuesta de la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Hay población trabajadora va medicada a trabajar y no dejan su actividad a pesar de sus dolencias, como reflejó una encuesta en Catalunya, otra realidad muy pocas veces reconocida en los debates económicos sobre bajas médicas. Tampoco que la salud mental apenas está cubierta por la sanidad pública, al contrario de lo que sucede con otras patologías, lo que lleva a la desatención de muchas personas y al retraso en su recuperación.

Además, los múltiples estudios de las patronales sobre “absentismo” ignoran habitualmente una de sus responsabilidades: la salud laboral. Un caso especialmente llamativo, de hace solo unos días, es el de la construcción. Su patronal publicó un informe sobre el coste de las bajas para el sector, sin abordar el impacto de la siniestralidad. “No hemos entrado justamente en esa problemática”, respondieron. Se trata del trabajo más mortal de España, con un aumento del 22% de personas fallecidas en accidentes laborales el año pasado. Murieron 164 de sus trabajadores en 2025.

Los sindicatos CCOO y UGT piden más responsabilidad con los enfoques y estudios sobre este tema, para no estigmatizar ni culpabilizar a personas en una situación de vulnerabilidad, por estar enfermas, y no poner en cuestión la protección de un derecho básico como es la salud. “Nadie tiene que estar de baja ni un día más de lo necesario, pero nadie tiene que estar de baja ni un día menos de lo que necesita”, advierte Bravo (CCOO).

El absentismo laboral sigue creciendo en Aragón y está estrechamente relacionado con los tiempos de espera en la sanidad pública. Así lo refleja el informe 'Evolución del absentismo laboral en Aragón', presentado por CEOE Aragón, que constata que en 2024 la tasa global alcanzó el 7,5% –ligeramente por encima de la media española–, lo que equivale a más de 46.500 trabajadores fuera de su puesto durante el pasado año.

La patronal subraya que el 75% de las ausencias se deben a incapacidades temporales por contingencias comunes (ITCC), cuya duración media superó los 41 días, un 36% más que en 2008. En los últimos cinco años, la prevalencia de estos procesos ha aumentado un 59%, y desde 2008 el incremento acumulado es del 104%.

Según explica Miguel Marzo, presidente de CEOE Aragón, “la prolongación de las listas de espera sanitarias contribuye de forma decisiva a que los procesos de baja duren más y se acumulen”. En 2024, el tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica no urgente en Aragón fue de 139 días, 50 más que en 2017. Traumatología, especialidad directamente vinculada a la mayoría de las bajas laborales, acumula demoras medias de 165 días.

El informe recuerda que las bajas comunes duran ya 3,1 días más de media que hace cinco años en Aragón, y advierte del fuerte impacto económico: más de 862 millones de euros para la sociedad aragonesa en 2024, un 14% más que el año anterior. De ellos, 417 millones correspondieron directamente a las empresas. Como ha apuntado el presidente de CEOE Aragón, “somos conscientes del gran esfuerzo que las instituciones están haciendo para paliar las listas de espera sanitarias, pero ese tiempo prolongado repercute directamente en la mayor duración y prevalencia de estos procesos de ITCC, que acaban afectando negativamente primero al enfermo, pero indirectamente también a empresas, ciudadanos y sanitarios”.

Por sectores, la industria lidera el absentismo con una tasa del 8,3%, por encima de los servicios (7,4%) y la construcción (5,4%).

Informe y propuestas

El estudio cruza datos del periodo 2008-2024 procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE), del Ministerio de Sanidad, de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón, de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) y del Banco de España. Además, para garantizar que los resultados se encuentran debidamente contextualizados y avalados por la experiencia del tejido empresarial aragonés, se creó dentro de la Comisión de Relaciones Laborales de CEOE Aragón un grupo de trabajo especializado formado por 14 profesionales procedentes de grandes compañías regionales, pertenecientes a diversos sectores de actividad, y juristas expertos de reconocido prestigio en Derecho Laboral y Seguridad Social. 

Como ha indicado Miguel Marzo, “se trata de un estudio detallado, que contrasta datos oficiales provenientes de diversos organismos sobre un tema que nos preocupa y nos ocupa por el alto coste social, no sólo empresarial, que está suponiendo y que va a seguir incrementándose si no somos capaces de atajarlo de manera transversal. El informe saca a la luz cifras que demuestran que el absentismo laboral en Aragón y España es un problema grave que afecta a la salud de los trabajadores, a la sociedad y a la productividad de las empresas”. 

CEOE Aragón reclama medidas para atajar un problema que considera “grave y transversal”. Entre ellas, propone aumentar la intervención de las mutuas en patologías traumatológicas, agilizar los procesos administrativos de las bajas y mejorar la eficiencia del sistema sanitario para reducir el tiempo de espera en diagnósticos y tratamientos. Según sus cálculos, estas medidas podrían suponer un ahorro de más de 109 millones de euros anuales en la comunidad.

“Somos conscientes del esfuerzo de las instituciones por reducir las listas de espera, pero su duración está repercutiendo directamente en la salud de los trabajadores y en la competitividad de las empresas”, advierte Marzo.

El Tribunal Supremo ha establecido que los trabajadores contratados a través de una empresa de trabajo temporal (ETT) tienen derecho a la misma retribución que los que han sido contratados directamente por la empresa usuaria, lo que incluye también los complementos por baja médica.

En una sentencia de unificación de doctrina fechada el pasado 27 de mayo a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo social desestima el recurso de Adecco contra un fallo de diciembre de 2022 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que declara firme.

Se trata del caso de un trabajador que, mientras prestaba sus servicios, causó baja por enfermedad profesional, y posteriormente tuvo un accidente laboral que le provocó una incapacidad temporal.

El Supremo recuerda que desde 2008 la directiva europea correspondiente indica que las condiciones esenciales de trabajo y de empleo de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal durante su misión en una empresa usuaria serán “por lo menos, las que les corresponderían si hubiesen sido contratados directamente por dicha empresa para ocupar el mismo puesto”.

Aunque en España se ha venido abonando a los trabajadores de ETT indemnizaciones de menor cuantía, para el Supremo el concepto de remuneración es lo suficientemente amplio como para incluir una compensación a la que los trabajadores cedidos por ETT tienen derecho en caso de incapacidad permanente total en caso de accidente en la empresa usuaria.

De acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), esta mejora voluntaria no se abona directamente como contrapartida de una prestación laboral realizada por un trabajador cedido por una ETT, sino que constituye una gratificación en dinero prevista en el convenio.

Su finalidad es compensar la pérdida de ingresos resultante de la incapacidad para ejercer su profesión, añaden los magistrados. 

El Ayuntamiento de Tarragona ha admitido que contrató a un servicio de detectives privados para controlar el “cumplimiento de las obligaciones laborales” de los trabajadores de la empresa municipal de transportes (EMT). Concretamente, las investigaciones se han centrado en el absentismo laboral, tal como han apuntado en un comunicado.

Desde el consistorio evitan hablar de “espionaje” y asegura que los detectives sólo han llevado a cabo “medidas de seguimiento y verificación” y se escudan en que “en determinados casos y siempre dentro del marco legal vigente, la empresa puede recurrir a profesionales externos para verificar situaciones específicas que puedan afectar al servicio”.

También insisten en que el comité de empresa está al caso de la contratación. De hecho, esta comunicación fue la que destapó el caso, que fue publicado por el medio 'Porta Enrere'. La empresa también asegura que, en el próximo consejo de administración, trasladará oficialmente esta información a todos los consejeros de la empresa municipal.

El grupo municipal de ERC en Tarragona ha pedido explicaciones al alcalde, Rubén Viñuales, y ha hecho una petición de información para saber por qué se ha requerido el servicio. También requieren conocer cuántas veces se han pagado detectives desde el inicio del mandato. “Llevamos dos años y es la segunda vez que oímos hablar de prácticas de espionaje”, ha asegurado la portavoz republicana, Maria Roig.

La primera hace referencia a una trabajadora municipal encargada de la puja del nuevo contrato de limpieza y que también fue seguida por detectives. El caso está actualmente siendo investigado por un juzgado.

El Ayuntamiento ha comunicado que la contratación referente a la ETM se cerró en julio, a través de un contrato menor que no requirió de licitación pública, pero apunta que, a pesar de eso, hará públicos los detalles durante este mes de septiembre.

En 2024, hubo casi 9,2 millones de bajas laborales por enfermedad común en España. Es casi el doble que en 2016, cuando hubo 4,9 millones de procesos de incapacidad temporal iniciados. El incremento se repite en todos los sectores, edades, territorios y patologías, según los datos de la Seguridad Social de los últimos nueve años a los que ha tenido acceso elDiario.es vía Ley de Transparencia. Ciertos sectores empresariales y económicos han intensificado sus discursos contra el fraude y el abuso del “absentismo” de los trabajadores, pero múltiples factores están propiciando este auge de las bajas y dejan huella en las estadísticas. Desde el efecto de la pandemia a la saturación de la sanidad pública, más gente mayor trabajando, el estallido de los problemas de salud mental y cierto cambio generacional, entre otros. 

Antes de analizar su incremento, lo primero es aclarar qué son las bajas laborales, un derecho de los trabajadores a ausentarse de su puesto por estar enfermos o haber sufrido un accidente, remunerada con una prestación cuando han cotizado lo mínimo para ello, y siempre con la acreditación de un médico. 

Es lo que a diario las mutuas, gran parte del sector empresarial y conservador –y cada vez más actores– denominan “absentismo”, que la RAE define como “abstención deliberada de acudir al lugar donde se cumple una obligación”. Un término que los sindicatos piden excluir del debate, ya que condiciona el marco de análisis hacia una supuesta intencionalidad del trabajador. “Las bajas no se cogen, las da un médico. Criminalizar a las personas en incapacidad temporal es muy injusto”, advierte Carlos Bravo, secretario confederal de Protección Social de Comisiones Obreras. 

Los datos son contundentes. Las bajas por enfermedad común de trabajadores están creciendo de manera continuada y mucho en los últimos años, con un salto cualitativo después de la pandemia de coronavirus, como refleja el siguiente gráfico.  

En 2016, hubo 4,9 millones de procesos de baja por incapacidad temporal iniciados. Año tras año, el dato fue aumentando hasta los 6,6 millones de bajas en 2019. Y llegó la COVID, que disparó los procesos al pico registrado en 2022, cuando tuvo lugar la explosión de casos por la variante Ómicron. Tras la pandemia, las bajas descendieron en 2023, pero se quedaron por encima del nivel previo al coronavirus. En 2024, volvieron a aumentar, hasta los mencionados 9,2 millones de bajas médicas. Un 88% más que en 2016. 

Aumentan las bajas y también los días totales de trabajadores en incapacidad por enfermedad. Pero no así la duración media de los procesos, que se ha ido manteniendo, e incluso reduciendo, aunque con un marcado efecto por la pandemia. Los datos de 2024 están infraestimados porque aún hay procesos abiertos.

En este contexto, son continuas las críticas empresariales al abuso del absentismo, como a la supuesta existencia de “bajaciones”, en expresión del presidente de la asociación de autónomos ATA y vicepresidente de la patronal CEOE, Lorenzo Amor, a cuenta del mayor número de bajas los lunes y de altas los viernes. O el foco puesto sobre los “repetidores”, como denomina un estudio de la mutua Umivale a los trabajadores que tienen más de una ausencia por enfermedad en un año. 

Ciertos casos de abusos y de fraude existen, como en cualquier otra prestación o ayuda, indican varias fuentes del diálogo social, que insisten también en que es residual y piden no criminalizar a las personas enfermas. “No hay ningún elemento que nos lleve a pensar que hay un aumento del fraude”, explican fuentes del Ministerio de la Seguridad Social, que está analizando el alza en una mesa de negociación con las patronales y los sindicatos. Todos comparten su preocupación respecto al auge, que ha disparado los costes empresariales y de la Seguridad Social (quienes pagan las bajas), pero hay diferencias a la hora de abordar la cuestión. 

“Se está enfocando más desde la perspectiva económica, del coste, que desde el sanitario, y así no vamos a solucionar el problema, que es de salud”, considera Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral de UGT. Fuentes de la patronal CEOE sostienen que “el problema es primero sanitario, de salud, pero nos genera un problema organizativo y económico enorme”. Por ello ponen el foco en solucionar la saturación del sistema sanitario y la falta de personal en la Seguridad Social, que asume las bajas a partir del año de duración. “Si una persona se tiene que curar en un mes, y lo hace en dos, no es normal”, denuncia la parte empresarial. 

No hay ningún elemento que nos lleve a pensar que hay un aumento en el fraude

Ministerio de la Seguridad Social

La cuestión es, ¿por qué están aumentando tanto las bajas por enfermedad de trabajadores? 

Hay que tener en cuenta que este auge no es exclusivo de España. Está ocurriendo también a nivel internacional, con aumentos en casi todos los países de la Unión Europea en la última década, como recoge el reciente Estudio socioeconómico de la evolución de la incapacidad temporal y la siniestralidad en España de Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), analizando microdatos de las encuestas de población de activa de cada país en Eurostat.

España destaca como el tercer país de la UE con más trabajadores de baja laboral, tras Francia y Portugal, y también por su importante auge, al pasar de un 2% en 2014 a un 4,1% en 2022. Pero el crecimiento es generalizado –salvo las contadas excepciones de Alemania, Países Bajos, Luxemburgo y Bulgaria– y con muchos otros países con alzas muy abultadas: Malta, Estonia, Letonia, Chipre, Irlanda, Lituania, Croacia y Hungría, entre otros, también han duplicado aproximadamente sus registros. 

Salud mental y saturación sanitaria

La dimensión internacional del fenómeno hace pensar que, más allá de los condicionantes nacionales –que los hay–, parecen existir causas transversales que explican este aumento en muchos países del mundo. Entre ellos, en la Seguridad Social destacan “las consecuencias de la pandemia”, cuya magnitud aún está por determinar, consideran. La COVID supuso un salto en las ausencias por enfermedad que ha dejado el nivel mucho más elevado que antes de la crisis sanitaria.  

Si miramos la evolución mes a mes, hemos pasado de entre 400.000 y 500.000 bajas mensuales antes de la pandemia a las 700.000-800.000 actuales. 

Por un lado, se analiza si la pandemia ha dejado un deterioro de la salud en ciertas patologías, como se está viendo de manera clara respecto a la salud mental. Patronal y sindicatos hablan de “problema de salud pública” en este ámbito y denuncian la “insuficiencia de recursos” del sistema sanitario público.

“Después del COVID, la salud mental está muy mal, viene muchísima gente con ansiedad y otros problemas”, explica Amparo Naranjo Álvarez, médica de un centro de salud de Las Rozas y portavoz del sindicato médico Amyts, que reconoce la insuficiencia de recursos especializados para sus pacientes. “Psicólogos hay poquísimos en la Seguridad Social y la oferta es muy limitada, prácticamente se reduce a que te vea un psicólogo cada tres o cuatro meses. Eso no es una terapia psicológica, no es un control de la clínica de una persona con una patología psiquiátrica”, añade la médica de familia. 

Las ausencias por este motivo son más del doble que en 2016. Es la tercera patología que más ha aumentado sus incapacidades, según los datos a los que ha accedido elDiario.es, que permiten ver el diagnóstico de las bajas en grandes capítulos de CIE10, una clasificación internacional de enfermedades. 

Las bajas por salud mental en términos absolutos no suponen tantos procesos (+377.000) sobre los cuatro millones de aumento desde 2016. Pero suelen tener duraciones más prolongadas que otras patologías y suponen un motivo de preocupación por la suma de días de ausencia de los pacientes. En UGT alertan de la falta de especialistas en la sanidad pública, pero también de la escasísima prevención de los riesgos psicosociales en las empresas, a pesar de estar obligadas a ello. “Si hay tanta preocupación por este tema, los empresarios tienen mucho por hacer aquí y se solucionarían muchos problemas”, considera Patricia Ruiz.

Además, el rastro de la pandemia se aprecia también de manera clara en el salto al alza de las “enfermedades respiratorias” y las “enfermedades infecciosas y parasitarias”, con casi 1,2 millones de bajas más en este periodo. Aquí se engloban por ejemplo las gripes y otros procesos infecciosos, como los intestinales, sobre los que todas las fuentes consultadas perciben un cambio social tras la COVID. Es decir, antes se iba a trabajar enfermo y con síntomas, pero tras la pandemia muchas personas han dejado de hacerlo.

“Creo que la gente fue mucho más consciente de la cadena de transmisión. Que, evidentemente si vas al trabajo enfermo, luego van a caer los compañeros, y luego otros tantos y sus familias, que puede haber personas mayores, etc.”, sostiene Paulino Cubero, con una larga carrera como médico de familia y portavoz de la sociedad semFYC. 

El rastro de la pandemia también es clave en el auge de las patologías que más aumentan, que han triplicado sus bajas, con casi 800.000 procesos más en 2024 que en 2016: “Los síntomas, signos y resultados anormales de pruebas sin clasificar”. Los sanitarios contactados explican que esta categoría es “un cajón de sastre”. En él los médicos de Atención Primaria incluyen a muchos pacientes a la espera de que sus dolencias o patologías tengan nombre, una vez pasen por el especialista en cuestión. El problema es que la saturación del sistema sanitario demora las listas de espera y la realización de esas pruebas y sus tratamientos, lo que “está alargando mucho las bajas”, coinciden los médicos Amparo Naranjo y Paulino Cubero. 

Pedimos una resonancia, pero se la hacen dentro de seis meses. Y el hombre sigue mal porque a lo mejor tiene una hernia de disco no diagnosticada

Amparo Naranjo, médica de familia

“Hay gente que está mucho tiempo de baja porque no le hacen la resonancia o la ecografía que le tienen que hacer, y no están para trabajar. Pedimos una resonancia, pero se la hacen dentro de seis meses. Y el hombre sigue mal porque a lo mejor tiene una hernia de disco no diagnosticada”, pone como ejemplo Naranjo. Fuentes patronales y sindicales en la mesa de diálogo sobre incapacidad temporal de la Seguridad Social coinciden en señalar este como el principal motivo evitable del aumento de días de baja y de su “prolongación innecesaria”: la saturación del sistema sanitario. 

Las bajas de más de 365 días se han duplicado en estos años, destacan también en el Ministerio de la Seguridad Social. Estos procesos, aunque suponen solo el 2,4% del total, representan el 34% del total de días de baja, recoge el citado estudio de Umivale y el IVIE. Por ello, son muy relevantes en términos de coste económico, reconocía la mutua. 

“No hay suficientes médicos, tampoco para el control del INSS (Seguridad Social)”, insisten desde la CEOE, que pide que las mutuas tengan “un mayor papel” para solucionar este ‘tapón’ del sistema público, como ha ocurrido con el acuerdo social firmado para que agilicen pruebas y tratamientos en patologías traumatológicas. Casi dos años después, solo lo han suscrito tres comunidades (Baleares, Catalunya y Asturias).

En los sindicatos reconocen el problema, pero muestran muchos recelos a la hora de dar más competencias a las mutuas. Estas, aunque se financian con dinero público y son colaboradoras de la Seguridad Social, también son organizaciones empresariales. “No son neutras, tienen objetivos de reducción de bajas, persiguen a la gente”, denuncia Carlos Bravo. “Si se les quiere dar más protagonismo, cambiemos su modelo, que se refuerce el control público, pero no pueden seguir siendo asociaciones empresariales”, considera el representante de CCOO.

En la mutua Umivale engloban las bajas por salud mental y por “algias” (dolores) como patologías “más difícilmente objetivables” y siembran una sombra de duda de posibles abusos de los empleados. Sin embargo, reconocen que entre los autónomos “suponen prácticamente la misma proporción de jornadas perdidas (49%)”.

El siguiente gráfico muestra cuánto ha contribuido cada enfermedad al aumento del número de bajas en cada grupo de edad. ¿Qué vemos? Que para los jóvenes las enfermedades respiratorias, infecciosas y las enfermedades dentro del “cajón de sastre” de síntomas sin clasificar suponen más de la mitad. Mientras, para los trabajadores con más edad contribuyen más al aumento las enfermedades musculares y de los huesos, que empeoran con el envejecimiento.

Un contexto económico favorable: más trabajadores y menos paro

Más allá de estas enfermedades, el aumento de las bajas es algo bastante generalizado entre las distintas patologías. La mayoría se ha incrementado con porcentajes por encima del 80% y, en muchos casos, venía produciéndose antes de la pandemia. Es decir, otros motivos explican también este incremento de las incapacidades, más allá de ese antes y después de la COVID.  

El gran aumento del empleo de los últimos años, hasta máximos históricos de casi 22 millones de trabajadores afiliados, empuja al alza los datos, aunque no explica el grueso del incremento. Si atendemos a la evolución de las bajas por cada 1.000 afiliados (para marginar los cambios en el empleo), se suaviza el incremento de los datos absolutos. Con una mirada mensual, hemos pasado de las 23 bajas por cada 1.000 afiliados en 2016 a las 36 bajas al mes por cada 1.000 afiliados en 2024.

La mejoría del empleo, y en concreto la reducción del paro, está constatado que también aumentan el nivel de bajas, como recordaba recientemente en su informe anual el Banco de España. “Habría que interpretar si cuando hay bonanza económica se cogen más bajas de las debidas o si cuando no la hay se cogen menos de las necesarias. Esto es muy subjetivo, muchas veces nosotros ofrecemos la baja y el paciente la rechaza porque dice que tiene que ir trabajar”, valora el médico Paulino Cubero. En los sindicatos lo tienen claro: la precariedad es un obstáculo para ejercer derechos, por miedo a quedarse sin trabajo. 

Y no solo ha aumentado el empleo, sino que “el mercado de trabajo ha cambiado radicalmente” en España tras la reforma laboral, destacan en el Ministerio de la Seguridad Social. Con más empleo, pero también de “más calidad”, ante una reducción drástica de los contratos temporales, que se está plasmando también en mejores salarios, especialmente entre los sueldos más bajos. Esto también está repercutiendo en la factura final del coste de la incapacidad temporal que pagan las empresas y las arcas públicas. “De todo el aumento del gasto, casi la mitad, el 40% lo adjudicamos a la mejoría del mercado de trabajo”, cifran en el Ministerio de Elma Saiz. 

El Banco de España destaca también en su informe, que complementará con otro análisis en profundidad más adelante, que el repunte de las bajas ha sido generalizado según “el sector de actividad y la región” del país.

El sector con más bajas laborales son las actividades sanitarias y de servicios sociales, con 1,3 millones de incapacidades en el último año y 655 bajas por cada 1.000 afiliados. Es también el que registra un mayor aumento en el periodo analizado, del 76%. Si atendemos a los incrementos, le siguen el trabajo del hogar, con un 72% más de ausencias, y la Administración Pública, con un 66%. La mayoría de actividades registran incrementos notables, por encima del 50%. 

Por comunidades autónomas, el crecimiento es muy similar en todos los territorios en función de su nivel de trabajadores. Todas ellas tienen incrementos entre el 40% y el 60%.

Aunque el aumento de las bajas es bastante similar en todo el territorio, la incidencia del número de incapacidades temporales por trabajador es mucho mayor en algunas zonas específicas. En el mapa se ve la tasa de bajas iniciadas en 2024 por cada 1.000 afiliados. ¿Cuáles destacan? Catalunya, Euskadi, Navarra, Guadalajara o Canarias. 

A la espera de ese análisis más detallado, el Banco de España ya ha señalado que el hecho de que el repunte de las bajas haya sido tan generalizado “sugiere la prevalencia de determinantes comunes que afectan a todos los trabajadores de forma relativamente similar”.

Un mercado laboral más envejecido y más bajas de jóvenes

Uno de los factores clave, transversal y de fondo, señala al envejecimiento de la población. No solo hay más gente trabajando, sino que cada vez es más mayor. Debido a una pirámide poblacional con menos jóvenes y al progresivo retraso de la edad de jubilación, los afiliados de más de 50 años han pasado de representar el 29% de los trabajadores en 2016 al 35% en 2024. 

¿Se nota esto en las bajas? Sí. Es relevante porque la salud tiende a deteriorarse con la edad, recuerda el Banco de España, y porque los procesos de baja suelen ser de mayor duración y gravedad. En términos absolutos, el grupo de personas de 56 a 65 años es uno de los que más ha incrementado sus bajas por enfermedad y son los que tienen incapacidades más largas, de media 60 días. 

Las ausencias por enfermedad de los trabajadores más mayores explica gran parte del incremento de las “jornadas perdidas por absentismo” que denuncian habitualmente mutuas y patronales. Según el informe de Umivale Activa y el Ivie, y que ha analizado todos los procesos de incapacidad temporal 2016 a 2023, “el grupo de trabajadores de 50 años o más explica el 70% del incremento del indicador”. 

Las cifras por grupos de edad nos revelan otras dos cuestiones relevantes. La primera: que el auge de las bajas laborales va más allá de las personas mayores. Es generalizado, con porcentajes elevados (entre el 50% y el 88%) en todos los grupos. Y la segunda: que los jóvenes son el grupo de población en el que más han crecido las bajas por enfermedad común, tanto en términos absolutos como relativos. Eso sí, sus ausencias son las más cortas. 

“Los jóvenes vienen mucho más a por la baja que antes”, afirma la doctora Amparo Naranjo Álvarez, con 60 años y una larga trayectoria en la consulta. Coincide el médico de familia Paulino Cubero, portavoz de semFYC, que recuerda que “cada generación tiene sus condicionantes”.

“La gente más joven ahora creo que no aguanta lo que aguantábamos antes. Por una parte, está bien porque en nuestra generación hemos ido todos muy enfermos a trabajar”, considera la doctora Naranjo Álvarez, que por otra parte cree que hay casos donde “se acude a la primera de cambio a por una incapacidad al médico”. 

Los datos muestran la brecha generacional: entre los trabajadores más jóvenes, suben más las bajas por “síntomas, signos y resultados de pruebas anormales sin clasificar” (vinculados al colapso del sistema sanitario) y las relacionadas con la salud mental, tal y como se ve en el siguiente gráfico.

Fuentes de la Seguridad Social destacan un “hecho diferencial” de los jóvenes en los últimos años: la estabilidad de sus contratos. Tras la reforma laboral de 2022, los trabajadores temporales se han desplomado y, especialmente entre los jóvenes, pasando de más del 55% al 23,5% entre los menores de 30 años. “Esto también es relevante”, analizan en el ministerio de Elma Saiz, ya que la precariedad impide en muchas ocasiones ejercer ciertos derechos, como faltar al trabajo en caso de enfermedad. “No es lo mismo tener un contrato temporal, que no sabes si te van a renovar, y afrontar una precariedad absoluta a tener un contrato indefinido. La posición es distinta”, subrayan. 

Para algunas patronales y mutuas, este alza de las bajas entre los jóvenes refleja supuestos abusos. “Es inexplicable”, ha denunciado por ejemplo la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas). “En teoría, las personas a cierta edad podemos tener más problemas de salud que los más jóvenes”, afirmó su director general en una rueda de prensa sobre absentismo. En cambio, desde la patronal CEOE reconocen a elDiario.es que hay un “problema muy grave” con la salud mental de los jóvenes. Esto se ha reflejado también en un aumento de suicidios hasta 2022, que ha remitido en los dos últimos años. 

Por sexos, las bajas aumentan entre hombres y mujeres, aunque algo más en el caso de las trabajadoras, que tienen tradicionalmente más ausencias por enfermedad, tanto entre asalariadas como en trabajadoras autónomas. 

El director general de Salud Pública, Pedro Gullón, enfoca el análisis “desde lo colectivo” y con mirada larga. “En los últimos años hemos vivido cambios en salud importantes. Los efectos de la crisis de 2008, la pandemia o el cambio climático y todo lo que se asocia a ello, han generado unos cambios en los determinantes sociales de la salud”, argumenta. Y recuerda que “las condiciones que generan salud y enfermedad” son muy variadas, como “las políticas económicas, sociales, la desigualdad, cómo son nuestros barrios, los contextos ambientales…” 

Gullón considera además que se están dando ciertos cambios culturales. “Procesos que podrían ser bajas por incapacidad temporal y en los que la gente continuaba trabajando ahora se visibilizan. Es decir, existe también un cambio por el cual parte de los procesos de salud que tendrían que generar una incapacidad temporal, ahora al fin lo generan”, considera.

Carmen, de 34 años, ha estado de baja en dos ocasiones en el último año, durante un par de meses, debido a dos operaciones quirúrgicas por una enfermedad. “Me ha pesado mucho la culpa, he reflexionado mucho sobre ello. No hay una presión externa en mi caso para incorporarme, pero se siente una presión como adquirida, por la falta de recursos cuando las bajas no se cubren, te sientes responsable sobre el trabajo, que cargas sobre tus compañeros... Es una presión indirecta”, reflexiona. “Una baja no son vacaciones, sino un proceso de curación y recuperación”, añade. En este contexto de culpa y con discursos constantes que denuncian el “absentismo”, reconoce que se incorporó en cuanto pudo, “incluso teniendo la posibilidad de prolongar” un poco más el reposo. 

Sanitarios y sindicatos advierten precisamente del peligro de estigmatizar a las personas por el simple hecho de enfermar, algo que no está en su mano y ya les está perjudicando en sus vidas. “No hay que estar de baja ni un día más de lo necesario, pero añadimos que tampoco ni un día menos”, subraya Carlos Bravo (CCOO). El catedrático de Economía y presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, pidió recientemente a los empresarios cautela y actuar con “bisturí” en esta materia.  

“Mi preocupación es que desde el ámbito de las empresas se quiere entrar en este tema a martillazos, por así decirlo. Y creo que es un tema que hay que conocer muy bien los datos, de microcirugía, para saber qué hay detrás. De lo contrario podríamos tener la tentación de responder a este aumento, que en principio no es bueno, con el estilo de hacer políticas que siempre es muy malo en un país: cuando la motivación de hacer algo se adelanta a la comprensión de ese algo. Los resultados acostumbran a ser malos”, advirtió Costas. 

Un trabajador recibe una baja médica y, poco después, un detective se planta frente a su portal con una cámara oculta. No es una escena de película, sino una realidad cada vez más habitual en el mercado laboral en España. Desbordados por la avalancha de peticiones, varios profesionales de la investigación privada reconocen que nunca antes habían recibido tantas solicitudes para seguir a empleados de baja por parte de empresas —y también de mutuas— que buscan detectar presuntos fraudes. El incremento, según sus propios datos, alcanza el 80% en apenas cinco años.

La desconfianza hacia los trabajadores ha crecido exponencialmente en los últimos años y, fruto de ello, cada vez más empresas optan por fiscalizar su salud encargando informes y pruebas a profesionales de la investigación privada que puedan acreditar supuestos fraudes. Hace dos años el Supremo advirtió a las empresas de que no pueden enviar detectives a espiar a trabajadores de baja en sus casas. Todo ello, al calor de un discurso azuzado por mutuas y organizaciones patronales que insisten en el aumento del mal llamado “absentismo laboral”.

Y es que el término, que se ha instalado con naturalidad en el lenguaje institucional, mediático e incluso cotidiano, traslada la carga de la culpa directamente al trabajador, sugiriendo una ausencia voluntaria e injustificada del puesto de trabajo. En la práctica, sin embargo, la mayoría de los casos que se computan como absentismo corresponden a bajas médicas por enfermedad, accidentes o procesos de incapacidad temporal plenamente reconocidos por el sistema sanitario y laboral. “Disfrazar los datos estadísticos conlleva directamente a cuestionar y vulnerar los derechos, tanto en enfermedades comunes, como en los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, al objeto de fiscalizar los procesos de recuperación”, denuncian desde CCOO.

Pero, además, dentro de esa categoría difusa y manipulable del absentismo, se incluyen también ausencias justificadas como vacaciones, permisos por matrimonio o pareja de hecho, fallecimiento de familiares, traslado de domicilio o asistencia a exámenes médicos o actividades formativas.

Esa visión simplificada del absentismo ha alimentado un clima de sospecha generalizada, en el que la figura del detective privado ha ganado presencia como herramienta de control. Y es que para las empresas puede ser más rentable investigar que despedir sin pruebas, especialmente cuando el coste de un despido improcedente puede ser alto y pese a que los honorarios de estos profesionales oscilan entre los 70 y los 120 euros la hora.

“Estamos desbordados”, reconocen los detectives consultados por este periódico. Desde Arkos Detectives, entidad que opera en prácticamente todo el ámbito nacional -especialmente en la zona norte de España-, aseguran haber registrado un aumento del 80% en los encargos relacionados con bajas médicas en los últimos cinco años.

Solo en agosto, un mes tradicionalmente tranquilo, llegamos a tener 23 investigaciones abiertas al mismo tiempo. Lo habitual eran tres o cuatro

“Solo en agosto, un mes tradicionalmente tranquilo, llegamos a tener 23 investigaciones abiertas al mismo tiempo. Lo habitual eran tres o cuatro”, añaden. El encargo suele llegar tanto de empresas privadas como de mutuas -que son entidades privadas pero con funciones públicas delegadas por la Seguridad Social-, y se basa en la sospecha de que el trabajador está fingiendo una enfermedad o exagerando su mal estado de salud.

Pero tras ese auge de la fiscalización a los trabajadores se esconde una realidad más amplia y estructural: un contexto laboral marcado por la precariedad, los sueldos bajos en relación al coste de vida, la sobrecualificación o la falta de expectativas profesionales que generan descontento y frustración. Trabajadores que encadenan jornadas extensas, con estrés acumulado, ansiedad o desgaste físico y emocional, acaban solicitando bajas médicas como única vía de escape ante la incapacidad de sostener el ritmo sin quebrarse.

A ello se suma la presión de salarios que apenas alcanzan para cubrir los gastos más básicos de una vida digna: vivienda, alimentación, cuidados o conciliación. La salud mental, aún invisibilizada en muchas empresas, es uno de los factores que más incide en el aumento de estos procesos.

Según los datos facilitados por Arkos Detectives, aproximadamente el 65% de los casos que aceptan acaban arrojando algún tipo de prueba que beneficia a la empresa. Sin embargo, ese porcentaje, aparentemente elevado, requiere matices: corresponde únicamente a una muestra muy concreta y reducida del total de bajas médicas que se producen, y responde a un filtro previo: “Aplicamos un protocolo muy estricto antes de aceptar un encargo”, explica el detective. En este sentido, analizan el historial del trabajador -dentro de las posibilidades que tienen sin vulnerar su privacidad-, posibles reincidencias, circunstancias personales o indicios repetidos de conductas sospechosas. “No cogemos cualquier caso: solo aquellos en los que hay cierta garantía de que pueda haber fraude”, añade.

De baja y trabajando en 'B'

De ese 65% de casos con resultado favorable a la empresa, el detective de la empresa Arko estima que en torno a un 40% corresponden a situaciones en las que el trabajador, estando de baja médica, se encuentra simultáneamente desempeñando otro empleo. Y es que en un contexto como el citado anteriormente de bajos salarios y dificultades para llegar a fin de mes, algunas personas acaban recurriendo a trabajos paralelos que acaban contradiciendo el parte médico que han presentado, incurriendo en un fraude a la Seguridad Social. “Cobran lo que les corresponde por la baja y obtienen otro salario que no declaran”, explica este profesional.

En una línea similar se muestran desde DSR Detectives, despacho que opera también en diferentes puntos del país. “El fraude más común es estar de baja y a la vez estar trabajando en negro”, aseguran en conversación con elDiario.es. Este despacho ha constatado en los últimos tres o cuatro años un aumento notable en la contratación de servicios para investigar bajas laborales, superando con creces a otros servicios habituales del sector, como las investigaciones por infidelidades o custodia de menores.

“La investigación de bajas laborales se ha puesto muy por delante, por goleada”, resaltan, al tiempo que destacan que cada vez son más las empresas pequeñas y familiares que recurren a sus servicios, puesto que “les conlleva un coste tener a una persona cuya baja, por lo que sea, no es real”. “Es un desbordamiento, vienen directamente los dueños de las empresas a pedirnos que hagamos seguimiento”, explican desde DSR Detectives. Aunque no cuentan con un registro formal, el profesional entrevistado estima que en un 80% de los casos se detecta alguna irregularidad, aunque matiza que eso se debe a que los clientes ya llegan con sospechas fundadas. “Cuando el río suena, agua lleva”, añade.

En este sentido, desde Bossman Investigaciones señalan que “cuando una empresa decide contratar a un detective, normalmente ya existen indicios razonables de que puede haber fraude: bajas que se prolongan de forma inusual para el tipo de lesión, testimonios de compañeros que han observado conductas incompatibles con la dolencia o incongruencias en la documentación aportada”. “Por eso el porcentaje de casos en los que se confirman esas sospechas es elevado, te diría que en el 98% de las contrataciones hay algo”, apunta Bosco, director de este despacho cuyo ámbito de actuación se centra fundamentalmente en Euskadi, Cantabria, La Rioja y Navarra.

En su caso, la mayor parte de las investigaciones están relacionadas con bajas por patologías físicas, aunque en los últimos años han detectado “un aumento muy significativo en las asociadas a patologías psicológicas, como la ansiedad o la depresión”. “Estos casos requieren un abordaje especialmente cuidadoso, ya que son dolencias más difíciles de objetivar y los que cometen fraude lo saben”, explica Bosco en declaraciones a elDiario.es. Afirma, además, que contratan sus servicios “empresas de todo tipo y tamaño, desde grandes compañías hasta pymes, e incluso entidades del sector público”, y los sectores que más predominan son aquellos “con mayor exigencia física, como la industria, la hostelería o la construcción”.

Asimismo, desde SANTYANA detectives, despacho que ejerce su actividad en Bilbao y Santander, confirman que la tendencia que observan va en la misma línea que la del resto del sector: “Los servicios para investigar bajas médicas son los más solicitados desde hace años”, sostienen en declaraciones a este periódico. En su caso, la mayor parte de los clientes son pymes -pequeñas y medianas empresas-. “Son los más perjudicados cuando esto sucede y, quizá, al mismo tiempo, los más interesados en demostrar que existe una actividad fraudulenta aunque esto les suponga realizar un esfuerzo económico adicional”, explican.

Privacidad y siniestralidad

Desde los diferentes despachos de investigación consultados sobre esta tendencia subrayan que el proceso que siguen es “minucioso” y “se ajusta estrictamente a la legalidad”, en concreto a la Ley 5/2014 de Seguridad Privada y a la normativa de protección de datos. Así pues, sus trabajos consisten en seguimientos, guardias frente al domicilio y documentación de lo que ocurre en espacios públicos o de libre acceso. En ningún caso, aseguran, se hacen grabaciones en interiores o se captan imágenes en presencia de menores.

“Somos de la vieja escuela: vigilancia presencial, sin invadir la intimidad”, explican desde Arkos Detectives. “Hay que conocer la ley para no violar la intimidad”, sostienen desde DSR Detectives, quienes hacen hincapié en la importancia de “cuidar de que la investigación sea legítima y esté justificada”.

“Trabajamos siempre dentro de unos límites muy claros y garantistas, y aplicamos los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, recogidos también en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de modo que únicamente investigamos aquellos hechos directamente relacionados con el objeto de la investigación y que resulten relevantes para el interés legítimo del interesado”, subrayan desde Bossman Investigaciones.

En paralelo al foco mediático y empresarial centrado en el mal llamado “absentismo”, el mundo del trabajo arrastra un problema mucho más grave y en aumento: la siniestralidad laboral. En 2024, los accidentes mortales se incrementaron un 10% en España, con 796 personas fallecidas, 75 más que el año anterior. Y lo alarmante no termina ahí: en más de un tercio de esos casos, las empresas ni siquiera habían evaluado los riesgos laborales, según un estudio de CCOO. Así, mientras se multiplican los esfuerzos para fiscalizar a quienes están de baja, hay verdaderas deficiencias en prevención que cuestan vidas y que siguen quedando en un segundo plano.

Últimamente estamos viendo cómo se “cuela” en medios de comunicación y en redes sociales el mensaje de que hay un incremento exponencial del absentismo laboral en España y en Andalucía, y de que cada vez son menos las horas pactadas en convenio que se trabajan. Sin embargo, basta ahondar un poco en el mensaje y en las cifras para darse cuenta de que estamos ante “datos manipulados”.

En Andalucía tenemos más de 100 millones de horas de trabajo pactadas al año en el conjunto de los sectores y se trabajan más de 87 millones. El empresariado andaluz se refiere a esas ausencias del trabajo, que afectan al 6,7% de las horas pactadas, como absentismo laboral, cuando la realidad demuestra que más de un 75% de ellas corresponden a horas atribuidas a vacaciones, enfermedad, accidente o incapacidad temporal, permisos por matrimonio o pareja de hecho, fallecimiento, traslado de domicilio, permiso por exámenes prenatales o formación, entre otras. En consecuencia, podemos afirmar que el empresariado busca ofrecer intencionadamente un relato distópico del absentismo cuando en realidad son derechos reconocidos en la Ley General de la Seguridad Social, en el Estatuto de los Trabajadores, en los convenios colectivos o en otras normas legales, fruto de la lucha sindical.

Pero es que además en Andalucía se trabajan muchas más horas de las pactadas. Así lo recoge la Encuesta de Población Activa, que indica que se trabajan 777.460 horas extras a la semana, de las que el 35% no son pagadas. De igual modo, nuestra comunidad es donde menor diferencia de horas existe entre las horas pactadas y las horas efectivas.

Disfrazar los datos estadísticos conlleva directamente a cuestionar y vulnerar los derechos, tanto en enfermedades comunes, como en los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Así que la realidad demuestra que no estamos ante un problema de horas trabajadas ni de absentismo, sino ante la intención clara del empresariado de apropiarse de este concepto entendido como toda “ausencia del trabajo”, independientemente de que la persona trabajadora se haya ausentado de manera voluntaria e injustificada o de que lo haya hecho acogiéndose a un derecho reconocido. El fin, presionar al trabajador o trabajadora por las ausencias al trabajo a las que tiene derecho.

Del mismo modo, disfrazar los datos estadísticos conlleva directamente a cuestionar y vulnerar los derechos, tanto en enfermedades comunes, como en los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, al objeto de fiscalizar los procesos de recuperación.

Para CCOO de Andalucía, tras este discurso hay un intento claro de trasladarle a la sociedad la idea de que se están perdiendo millones de horas productivas y de que, ante esa situación, hacen falta nuevas medidas de control sobre las bajas a cargo de medios afines a las empresas; esto es, las mutuas. Eso sí, quieren que las mutuas tengan el control sobre las bajas y altas, incluidas las de contigencia común, actualmente en manos del servicio publico de salud –que es donde deben estar y queremos que sigan– en lo que se refiere a la parte asistencial, pero no en la económica.

Además, si tanto le preocupan las bajas al empresariado andaluz, debería poner el foco en analizar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas, ya que la mayoría de las bajas por incapacidad temporal de origen común se dan por lesiones musculoesqueléticas y de salud mental con un origen claramente laboral.

Un sistema de registro horario real y eficaz que garantice que las empresas lleven un control riguroso de la jornada laboral y de las horas extras permitiría conocer con mayor exactitud la realidad detrás de los datos manejados por las empresas

La solución a la situación existente no es por tanto externalizar los servicios públicos de salud y dar más control a las mutuas en las contingencias comunes, sino fortalecer la sanidad pública y mejorar las condiciones en las que trabajan las personas.

Además, es importante recordar que hace más de un año se firmó un acuerdo para que las comunidades autónomas hicieran convenios de colaboración de las mutuas con la Seguridad Social para la agilización de determinadas pruebas médicas de diagnóstico por problemas musculoesqueléticos, bajo el control del servicio público de salud y siempre voluntarias para la persona trabajadora, pero a fecha de hoy nada se sabe de ello. Probablemente porque las mutuas no están demasiado interesadas en esta colaboración a coste cero y la patronal tampoco lo considera atractivo al seguir el control de las pruebas y, sobre todo, de bajas y altas, en manos de quien debe tenerlo: el servicio público de salud.

En cualquier caso, desde CCOO de Andalucía tenemos claro que hay que hacerle frente a ese dicurso intencionado y tendencioso sobre el absentismo laboral al que estamos asistiendo y para ello hemos propuesto, entre otras medidas, la creación de un observatorio que permita abordar temas concretos a partir de la recopilación y el análisis de datos detallados y segmentados, como las horas extras, el uso de las incapacidades temporales, las vacaciones y las situaciones de maternidad, entre otros aspectos relevantes. Observatorio que se plantea como una herramienta estratégica que proporcione información precisa y actualizada, facilitando así la toma de decisiones y la implementación de medidas más adecuadas.

De igual modo, la puesta en marcha de un sistema de registro horario real y eficaz que garantice que las empresas lleven un control riguroso de la jornada laboral –que seguimos demandando que se reduzca a las 37,5 horas– y de las horas extras que se realizan permitiría conocer con mayor exactitud la realidad detrás de los datos manejados por las empresas y organizaciones para evitar mensajes que distorsionan la realidad con el fin de debilitar derechos conquistados.

“No me llames absentismo, llámame derechos”. Es la campaña que ha presentado este lunes el sindicato CCOO en Canarias. Con ella pretende desmontar el mal llamado absentismo con el que la patronal incluye las bajas por enfermedad, los permisos y las vacaciones. El sindicato ha recordado que Canarias es de las comunidades donde las bajas duran menos días. En concreto 44.44 días de media, cuando hay comunidades como Extremadura que suman 77,71 días y la media nacional es de 39,49 días.

Carmen Marrero, secretaria de Salud Laboral de CCOO Canarias, ha destacado que con este asunto “hay un ataque tan directo a la clase trabajadora de este país”. “Lo que hay es un sufrimiento humano de personas trabajadoras que están de baja porque están pasando un proceso en el que tienen que recuperar su salud y para nosotros es muy importante que recuperen su salud y que se puedan incorporar a su puesto de trabajo. Por tanto, nosotros no vamos a negar el debate y eso es lo que nos trae hoy aquí. Lo que hemos hecho es una campaña que pretende contrarrestar ese discurso que se ha extendido”, aseguró.

Marrero insistió en que hay que romper ese discurso que está muy manido sobre el absentismo y que la patronal ha llegado incluso a proponer un buzón para que los trabajadores y trabajadores se denuncien entre ellos. “Y hay una cuestión que queremos dejar muy claro aquí. Si realmente existe el absentismo, es el absentismo por la parte empresarial”, destaca.

“Para nosotros el gran absentismo en un centro de trabajo es la falta de una prevención de riesgos laborales real y efectiva que realmente hable de qué condiciones de trabajo está teniendo esa persona trabajadora en su puesto de trabajo”, remarcó Marrero. “Ellos hablan de absentismo en general, cuando una parte importante, como decíamos, son cuestiones como esos derechos conquistados a lo largo de los años y que, por tanto, no vamos a renunciar. Son derechos y, por tanto, no podemos permitir que las personas trabajadoras consideren que no deben de ejercerlos”, agregó.

Grupos parlamentarios han comprado el discurso de la patronal

La responsable de Salud Laboral apuntó que cuando una persona trabajadora tiene una baja, la baja se extiende, no se coge, la extiende un facultativo sanitario y, por tanto, “eso nosotros nunca lo vamos a cuestionar ni vamos a poner en entredicho a un colectivo, a un sector que es la base de la sociedad del bienestar, que son, en este caso, los servicios públicos de salud”.

“Los trabajadores y trabajadoras tenemos derechos que se han conquistado con mucha lucha sindical y no van a ser cuestionados por estos grupos parlamentarios que han comprado, lamentablemente, en relato a la patronal en Canarias para perseguir, criminalizar a la clase trabajadora”, aseguró por su parte Vanesa Frahija, secretaria general de CCOO Canarias.

Lo dijo en referencia a las palabras del vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez (PP), que aprobó crear una comisión sobre productividad que analizará el absentismo laboral tras reunirse con la CEOE. Sobre ello, este martes hay una reunión con los sindicatos, y CCOO asegura que si se relaciona productividad con absentismo, se levantarán de la mesa.

"No vamos a permitir que se cuestione la profesionalidad de los facultativos

“No vamos a permitir que se cuestione la profesionalidad de los facultativos y facultativas médicos y médicas para regalar paguitas y regalar prestaciones y regalar partes de bajas. Eso es incierto, se miente y aquel grupo parlamentario del Gobierno de Canarias que insista en decir que está mintiendo a la población, miente”, dijo.

La secretaria general de CCOO en Canarias remarcó que cuando un trabajador que pierde un familiar y no acude al trabajo no es un absentista; es una persona que “ejerce sus derechos”. “Cuando cogemos un período de maternidad y paternidad, no somos absentistas. Cuando hacemos un uso de una licencia recogida en el convenio, en la normativa, no somos absentistas”, recalcó.

“Ni vamos a permitir que se mienta la ciudadanía, ni vamos a permitir que caiga en el olvido y en la vulnerabilidad los trabajadores y trabajadoras, y sobre todo, le pedimos también un llamamiento a la clase trabajadora de que no caiga en la tentación de criticarnos entre nosotros y comprar el relato de la patronal, porque entonces las empresas ganan”, dijo.

“No he escuchado a nadie del Gobierno de Canarias, ni he escuchado a nadie de la patronal diciendo que se ahorran 2,61 millones de horas extras no pagadas a la semana, en todo el país”, lamentó Frahija.

El dato de absentismo, como tal, que es cuando una persona no acude a su puesto de trabajo sin motivo insistió en que es del 0,7%. “El resto de esa falta de que vaya una persona trabajadora al supuesto trabajo está respaldado por una norma laboral que es que está ejerciendo derechos laborales conquistados durante décadas”, apuntaron las representantes de CCOO.

Asimismo, desde CCOO advirtieron de que las mutuas son entidades colaboradoras de la seguridad social, pero son asociaciones privadas y, por tanto, están más cercanas en vez de a la clase trabajadora (que es para los que se crearon) están más cercanas a aquellos empresarios y empresarias que son las que los contratan.

Vaya despiste semántico, vaya desliz, vaya casualidad de confusión, vaya disparate sin mala intención (nótese el arqueo de ceja mientras escribo estas afirmaciones irónicas). La Mutua Montañesa preocupada por nuestra salud ha confundido sin querer “absentismo” —según la RAE, “[A]bstención deliberada de acudir al trabajo”— con baja laboral —eso a lo que tenemos derecho cuando nos enfermamos—.

Seguro que ha sido un problema de precipitación, o que el día que le pusieron el nombre al Observatorio, o quién sabe, quizá el experto en lengua española de la Mutua Montañesa estaba ese día con bronquitis y se vio obligado a “abstenerse” de trabajar. Aunque, cuando uno profundiza, parece que el error ha sido continuado. Dicho Observatorio insiste al denominar una baja por enfermedad como “absentismo por contingencia común”. El Observatorio del (sic) Absentismo fue presentado este pasado martes —otra casualidad— en el autodenominado como Foro de Absentismo organizado junto a CEOE-Cepyme Cantabria. ¡Vaya por Dios! El experto en el idioma español de CEOE-Cepyme también cogió una baja por enfermedad cuando le tocaba revisar el nombre del Foro que —malditas casualidades— se celebraba mientras en las calles había una respuesta casi unánime al llamamiento a huelga en el sector del metal.

Dice el informe sesudo presentado que, en Cantabria, “en los primeros cuatro meses del año se han perdido 1.400.000 jornadas laborales, de ellas, el 89% son bajas por contingencia común y el 11% por accidentes de trabajo, de lo que se deduce por cada día perdido derivado de accidente de trabajo se pierden casi 8 días por enfermedad común. Entre enero y abril de este año 11.502 trabajadores no han podido acudir cada día al trabajo por incapacidad temporal”. El juego de trileros en el informe —no comprobado por casi nadie— es potente porque si dividimos las 1.400.000 jornadas laborales 'perdidas' por el número mágico de 11.502 pérfidos trabajadores y trabajadoras (que se abstienen deliberadamente de ir a currar) que se pillaron la baja, resulta que cada uno/a faltó al trabajo 121,7 días (lo que parece complicado en los cuatro meses observados y que, si no han cambiado las reglas, suman 120 días en total).

Hay que ser justos. En Cantabria no somos originales. Mientras las instituciones públicas no utilizan el término de marras, las patronales y mutuas varias de todo el país se encargan de martillearnos con el “absentismo”. Quizá sea porque esto va de intereses privados y no de interés general.

Por eso hay que agradecer a la Mutua Montañesa que sea sincera a la hora de determinar al servicio de quien está. Explica que “el Observatorio de Absentismo Laboral surgió del compromiso social de Mutua Montañesa con el tejido empresarial de Cantabria”. ¿Salud? ¿Personas? ¿Impacto de las condiciones laborales en la salud de las personas? ¿Necesidad de cambiar las lógicas que siguen centrando la consecución de plusvalías en el trabajo del asalariado/a? No seamos ilusos. La Mutua habla de temas serios y no de tonterías de sindicatos y de los que no dejan de hablar de derechos sin pensar en las obligaciones (la ceja está arqueada de nuevo).

Yo siempre quedo fascinado ante estas operaciones semánticas que logran alterar el significado de las palabras hasta lograr que sirvan a los intereses de quien escribe. De hecho, el consejero de Educación, Sergio Silva, también trató en febrero de desviar las negociaciones con los docentes hacia el “absentismo” y, un mes después, su jefa, la presidenta de la comunidad autónoma, también se sumó a la moda en una reunión pública con los nada “absentistas” representantes de CEOE-Cepyme.

Estos giros semánticos interesados son posibles porque los medios de comunicación reproducen los comunicados de prensa sin cuestionarlos, porque la mayoría de los receptores de los mensajes cada vez utilizan un repertorio semántico más pírrico, bueno, y por la cara dura de quienes descargan los problemas en el eslabón más débil del sistema: las personas que sufren accidentes laborales o aquellas que están enfermas.

Parecería más importante divulgar que “se ha producido un aumento del 15,12% en patologías psicosociales, con especial incidencia entre el colectivo de jóvenes menores de 30 años”. Eso es un problema más allá que a la patronal le preocupe su productividad. O que en 2024 se registraron en Cantabria 6.250 accidentes en el puesto de trabajo y otros 838 in itinere, y que Cantabria sea la quinta comunidad autónoma con el mayor número de accidentes de trabajo con resultado de muerte. Pero bueno… no debe ser tan grave como el “absentismo”, así que me 'abstengo' de seguir dando la matraca.

Ante numerosos empresarios, y con un discurso muy pensado para ellos, Yolanda Díaz ha afirmado este miércoles que hay “un problema” de absentismo en nuestro país, una de las quejas más reiteradas de las patronales en un contexto de gran aumento de las bajas laborales. La vicepresidenta segunda ha ido más allá y ha ofrecido incluir una “reducción del absentismo” en la ley para rebajar la jornada laboral, sin los apoyos aún para salir adelante en el Congreso, además de “correcciones” para ayudar a las empresas con jornada más largas, ha sostenido en unas jornadas del periódico Cinco Días.

Los dos anuncios de la responsable de Trabajo se enmarcan en la negociación para sacar adelante la ley para reducir la jornada laboral a las 37 horas y media, que no tiene todavía el respaldo suficiente en el Parlamento, debido principalmente a la fuerte oposición y lobby en contra que están ejerciendo las patronales de empresarios. Entre las formaciones reticentes al texto está uno de los socios más inestables del Ejecutivo, Junts, con reclamaciones próximas a las empresas, como ayudas a las pymes.

Por un lado, Yolanda Díaz ha sorprendido sosteniendo que España tiene un problema de “absentismo”, término que utilizan los empresarios para hablar de las ausencias al trabajo (también por enfermedades o permisos laborales) y que rechazan los sindicatos por el sesgo negativo y generalizado hacia las personas que faltan a su puesto por estar enfermas.

Díaz ha matizado que hay un absentismo “involuntario”, relacionado con el envejecimiento de la población trabajadora y con las largas listas de espera de la sanidad pública, pero también ha afirmado que hay otro “voluntario”, un problema que ha situado en el conjunto de la Unión Europea.

“Es verdad que no se pone ninguna medida encima de la mesa”, ha afirmado la responsable de Sumar dentro del Gobierno de coalición, así como que en las mesas de diálogo social en las que se aborda la materia “nadie le pone el cascabel al gato”.

Díaz ha sostenido que “hay margen para actuar” sobre el absentismo, un margen que asegura que ha “aprendido de las empresas españolas” y sus “observatorios de absentismo”. “Podemos buscar formulaciones de la mano de la jornada laboral, de esa norma, para fijarnos un objetivo de reducción del absentismo. Del absentismo del que conceptualmente tenemos que hablar, en nuestro país”, ha anunciado.

Sin denominarlo absentismo, los sindicatos y las patronales pactaron abordar medidas para reducir el aumento de las bajas laborales y su duración en su último acuerdo estatal de negociación colectiva.

Habrá “correcciones” para ayudar a las empresas

Por otro lado, Yolanda Díaz se ha dirigido a otra de las principales quejas de las patronales de empresarios: el coste de la reducción de la jornada laboral. Díaz ha reconocido que “es verdad” que hay un “problema” en las empresas con jornadas laborales más largas, de 40 horas a la semana.

“Aquí es la corrección que vamos a hacer, que estamos haciendo desde el Gobierno de España con las negociaciones que estamos haciendo”, ha afirmado Díaz. La vicepresidenta segunda ha recordado que en la negociación del diálogo social de la que se descolgaron los empresarios había medidas de acompañamientos y más de 300 millones en ayudas directas a pymes.

La ministra de Trabajo ha pedido “confianza” a los empresarios de que aprobarán medidas que ayudarán a aplicar la medida. “Tengan cierta confianza, vamos a hacer las correcciones debidas para acompañar a esas empresas que van a tener que hacer un esfuerzo mayor”, ha asegurado.

“Les pido más, que me acompañen”, ha animado a los empresarios, a la hora de defender las ayudas directas dentro del propio Gobierno y la adaptación de los contratos públicos a la merma de las jornadas máximas, por las “discrepancias” que ha reconocido con la parte socialista del Ejecutivo.

Yolanda Díaz ha insistido en que “no hay marcha atrás” en la reducción de la jornada laboral. “Lo vamos a hacer”, ha repetido, así como defendido que no tendrá efectos negativos sino positivos para la productividad y el mercado laboral español, en contra de lo que auguran las patronales y algunos centros de estudios económicos conservadores.

Además, la vicepresidenta segunda ha pedido “hablar también de los márgenes empresariales”, en aumento muy por encima de los salarios desde la pandemia. “Queremos empresas robustas, que tengan márgenes , pero esto va de democracia, va de repartir un poquito, no decimos mucho, esa productividad”, ha sostenido.

Randstad Research ha presentado el Informe de absentismo del cuarto trimestre de 2024, que destaca que los niveles de absentismo de los empleados en sus puestos de trabajo han repuntado durante el ejercicio y, por lo tanto, se mantienen en tasas elevadas.

Así, la tasa de absentismo en La Rioja aumentó ocho décimas en el cuarto trimestre de 2024, el mayor repunte entre el conjunto de comunidades autónomas, hasta cerrar en el 6,4 por ciento. En el caso del absentismo con incapacidad temporal (IT), el incremento fue de seis décimas en comparación al mismo periodo del año para marcar una tasa del 4,9 por ciento en La Rioja, según el informe elaborado por Randstad Research con datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística. Estas cifras sitúan el absentismo en La Rioja por debajo de la media del mercado laboral español.

Concretamente, en La Rioja se ha registrado una media de 25 horas no trabajadas y algo más de 7,3 horas no trabajadas por IT en el cuarto trimestre de 2025. Estos datos suman cuatro jornadas laborales que los profesionales no se han presentado a trabajar. En España, la media se sitúa en 25 horas no trabajadas y casi 8 horas por IT, es decir, La Rioja se sitúa ligeramente por debajo de los datos nacionales.

En el conjunto del mercado laboral español, el nivel de absentismo se situó al cierre de 2024 en el 6,7 por ciento de las horas pactadas, lo que representa un repunte de una décima respecto a los datos registrados un año antes. En el caso del absentismo por incapacidad temporal (IT) o con baja médica, la tasa del cuarto trimestre fue del 5,2 por ciento, dos décimas superior a la contabilizada en el cuarto trimestre del año pasado.

Estos niveles de absentismo suponen que 1.463.544 personas no acudieron a su puesto de trabajo de promedio diario, de los cuales 1.137.500 se encontraban de baja médica. Es decir, más de 326.000 personas se ausentaron cada día de su puesto de trabajo por razones distintas a una baja médica a lo largo del cuarto trimestre de 2024, un 22,2 por ciento del total de personas que no fueron a trabajar.

“El absentismo laboral, y especialmente aquel no justificado por una incapacidad temporal, se mantiene en niveles elevados, lo que impacta muy negativamente sobre la productividad y competitividad de las empresas”, señala Valentín Bote, director de Randstad Research.

La industria, a la cabeza en absentismo

Entre los tres grandes sectores económicos, al cierre de 2024, la industria es el sector que concentra un mayor absentismo, con el 7,2 por ciento del total de las horas pactadas, seguido del sector servicios, con el 6,7 por ciento, y en tercer lugar la construcción, con un 5,6 por ciento. En el caso del absentismo por IT, se ha situado en el 5,5 por ciento en la industria, el 5,2 por ciento en los servicios y el 4,7 por ciento en la construcción.

El análisis más detallado por actividades expone una diferencia pronunciada, ya que mientras que en algunas los niveles son reducidos otras cuentan con un gran número de horas perdidas. Así, las actividades que presentan un mayor absentismo son Juegos de azar y apuestas (11,9 por ciento), Actividades postales y correos (11,8 por ciento), Servicios a edificios y jardinería (11,2 por ciento), Asistencia en establecimientos residenciales (10,6 por ciento) y Fabricación de vehículos a motor (10,3 por ciento).

Por el contrario, las actividades con menor absentismo son las relacionadas con el Empleo (2,7 por ciento), Jurídicas y contabilidad (2,8 por ciento), Inmobiliarias (3,5 por ciento), I+D (3,6 por ciento) y Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería (3,7 por ciento).

Por comunidades autónomas, País Vasco es la que registra un mayor absentismo al cierre de 2024, con un total del 8,7 por ciento de las horas pactadas, debido en buena parte a la fuerte presencia industrial en la comunidad. Tras el País Vasco, se sitúan Canarias (8,4 por ciento) y Galicia y Cantabria (7,8 por ciento).

Los menores niveles de absentismo se dieron en Baleares (5,7 por ciento), Comunidad de Madrid (5,8 por ciento), Comunidad Valenciana (6,1 por ciento) y Andalucía (6,2 por ciento). Tal y como se puede observar, La Rioja se sitúa en la parte intermedia-baja de las comunidades autónomas en cuanto a absentismo, pero es la que presenta una mayor variación respecto al último ejercicio.

Las comunidades autónomas donde más se ha incrementado el absentismo, además de La Rioja, han sido Cantabria, con un aumento de seis décimas, hasta el 7,8 por ciento, y Murcia, con un avance del absentismo de cinco décimas, hasta el 7,7 por ciento. Solo una comunidad ha registrado un descenso del absentismo, Extremadura, de seis décimas, hasta el 6,4 por ciento, mientras que en tres no ha registrado variación: Cataluña (6,9 por ciento), Andalucía (6,2 por ciento) y Comunidad Valenciana (6,1 por ciento).

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jésica de León, ha respondido este martes en el Parlamento de Canarias que el buzón promovido por la CEOE de Tenerife para denunciar bajas laborales no es sancionable según la ley. Así ha respondido ante una pregunta del diputado socialista Gustavo Santana, que ha cargado contra la medida.

“No me extraña su respuesta, su silencio hasta el momento ha sido atronador ”, ha dicho Santana, que ha señalado que en cuestiones jurídicas muchas veces ha discrepado con Inspección de Trabajo.

Santana había pedido a la Consejería de Empleo que ordene a Inspección de Trabajo incoar un expediente sancionador a CEOE de Tenerife por “atentar contra los trabajadores ante su anuncio de abrir un buzón de denuncias entre el personal ante supuestas bajas médicas fraudulentas”.

La consejera ha respondido que ha consultado a la Inspección de Trabajo y se le ha comunicado que no es sancionable, ni es suficiente para abrir ningún expediente porque no aparece tipificado como contrario a la legislación social. “Nos contesta que es importante que tenga en cuenta que solo se puede sancionar o abrir expediente por parte de la Inspección en lo que está tipificado”, añade.

“Si yo le preguntara a usted cuanto le cuesta a una empresa una falta injustificada del centro de trabajo, no es lo que está diciendo la CEOE, es cero euros porque es causa suficiente para un despido disciplicnario, pero este buzón no solo criminaliza a los trabajadores, no solo cuestiona a los facultativos médicos de la sanidad pública sino que crea un chivo expiatorio y por lo tanto es tan absurdo como inconstitucional y usted como consejera de empleo debe actuar”, respondió el diputado socialista.

Santana hizo referencia a la noticia de que “una kelly seguida por un detective gana a la mutua” y señaló que el presidente de esa mutua es el mismo presidente de la CEOE de Tenerife. “Aquí se están infando hasta datos para meter como absentismo laboral e incrementar artificialmente un discurso”, remarcó.

Asimismo, el diputado ha recordado que se ha adjudicado al exlíder de la patronal tinerfeña un informe precisamente sobre absentismo laboral.

“Yo solo le he citado la ley que tenemos que aplicar, se ha pegado toda la legislatura intentando enfrentar a los agentes sociales pero no solo a los agentes sociales , a los trabajadores y la frustracion debe ser tremenda por su parte porque no hemos dejado de crear empleo y bajar el paro y no hemos dejado de defender a los trabajadores y trabajadoras y bajamos la siniestralidad laboral”, dijo Jéssica de León.

“Vamos a seguir defendiendo a los trabajadores y no me encontrará en el espectáculo y en la vitrina”, ha insistido la consejera.

Cabe recordar que los sindicatos han realizado duras críticas de ese buzón de la patronal. CCOO y UGT han reaccionado acusando a la CEOE de querer instaurar el “chivatazo” y de querer volver a “tiempos oscuros” al promover la creación de un buzón anónimo para denunciar bajas médicas. Asimismo, creen que se está acusando a los médicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) de dar bajas falsas, algo que consideran “una falacia”, e insisten en que la patronal pretende tapar “su explotación” con el buzón. 

La patronal sigue enrocada en el absentismo laboral a la hora de analizar la coyuntura económica de Canarias. En el acto de presentación del último informe, este viernes, el presidente de la CEOE de Tenerife, Pedro Alfonso, hizo hincapié en la necesidad de “mejorar la productividad y reducir el absentismo laboral (desbocado en Tenerife)”, apuntó. Por ello, anunció la creación de un “portal de denuncias fraudulentas de absentismo laboral no justificado, que se trasladará automáticamente a la Inspección de Trabajo, el INSS, las mutuas y el Servicio Canario de Salud”. 

CCOO y UGT han reaccionado este sábado en un comunicado conjunto donde acusan a la CEOE de querer instaurar el “chivatazo” y de querer volver a “tiempos oscuros” al promover la creación de un buzón anónimo para denunciar bajas médicas. Asimismo, creen que se está acusando a los médicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) de dar bajas falsas, algo que consideran “una falacia”, e insisten en que la patronal pretende tapar “su explotación” con el buzón. 

“Lo que el presidente de la patronal canaria parece no haber entendido es que las bajas por enfermedad se combaten con inversión en seguridad, salud y prevención en el entorno laboral”, exponen ambos sindicatos, que lamentan que “estas maniobras de la patronal solo pretenden ridiculizar a los médicos, considerándolos como actores incapaces de distinguir una enfermedad real de otra fingida”. 

En el informe de Coyuntura Económica del Cuarto Trimestre de 2024, la patronal menciona el absentismo laboral en doce ocasiones y expone que “el absentismo justificado equivale a un coste de 1.832,2 millones de euros, y el absentismo no justificado a otro de 357,8 millones de euros, con un crecimiento anual de 15,7% y 12,5%, respectivamente” y que “este aumento de los costes laborales por absentismo laboral ha supuesto un incremento de su peso sobre la economía de la región”. 

No es la primera vez que la patronal insiste en el tema del absentismo. De hecho, en otros informes, la CEOE ha expuesto que entiende el absentismo como “pérdidas de horas pactadas o ausencia del puesto de trabajo, justificada o no de población ocupada”. Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el absentismo laboral como aquella situación en la que la persona trabajadora no se presenta en su puesto de trabajo o acude menos horas de las que tiene por contrato, de forma inesperada; es decir, la empresa estaba esperando al trabajador que no ha acudido. 

Este viernes, Pedro Afonso remarcaba: “Vamos a hacer un seguimiento de esas denuncias para ver cuál es el resultado y qué es lo que está haciendo el gobierno para erradicar esta plaga de absentismo laboral no justificado. Necesitamos buscar soluciones porque lo están pagando las empresas”.

CCOO y UGT insisten en que  Pedro Afonso “vuelva a la senda de la cordura y retire esta medida, que no servirá para nada, solo para fomentar la conflictividad laboral y seguir criminalizando a las personas trabajadoras que sufren una incapacidad temporal”.

Asimismo, señalan que este “en nada propician un clima adecuado para negociar el III Acuerdo Bipartito Interprofesional de Canarias, el cual parece querer boicotear la CEOE”. Exponen que el V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva reitera que los únicos capacitados para dar altas y bajas son los facultativos de la Seguridad Social.

Una campaña reincidente 

Desde hace años, la CEOE ha insistido en combatir el absentismo laboral, mientras que los sindicatos aluden a que desde la pandemia lo que se ha incrementado es la siniestralidad laboral, por lo que piden apostar por medidas que velen por la salud laboral de los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, cabe recordar que hay un porcentaje de población trabajadora mayor de 50 años, por lo que hay bajas justificadas relacionadas tanto con accidentes laborales como por enfermedad común.

El pasado año CCOO llevó a cabo una campaña para desmontar esos mitos alrededor del absentismo laboral que llamó “absentismo de la verdad” y en un informe vinculaba el absentismo al número de bajas por incapacidad temporal y no en que sean mayores que en el resto del Estado.

Esa carga laboral “redunda en mayores riesgos psicosociales que pueden estar afectando al normal desempeño laboral de las personas trabajadoras”, detallaba el informe, donde también se inciden en las altas listas de espera en Sanidad en Canarias, que repercuten en las personas que se encuentran de baja.

Hace justo un mes, Juan Manuel Vieites, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), hacía balance de 2024 en un desayuno informativo del que, más allá de sus críticas a las “ocurrencias” del Ministerio de Trabajo, quedó un mensaje muy claro: el “gravísimo problema” que sufre Galicia con el “absentismo laboral”. Para solucionarlo, entre otras medidas clásicas, proponía fortalecer la inspección médica. Exactamente treinta días después, en la primera reunión del año del Gobierno gallego, la Xunta presentaba el resultado del plan especial con el que los inspectores dieron el alta a 13.000 de las 20.000 personas de baja que entrevistaron entre junio y diciembre. Vieites lo recibía como “un paso necesario que redundará en beneficio de todos”. “Éste es un lujo que no nos podemos permitir”. Pero no todos lo ven así. Sindicatos, médicos de primaria o psicólogos creen que la Xunta se suma a la estrategia de la patronal, criminalizando a facultativos y pacientes en lugar de solucionar los problemas de fondo. Y no sólo eso: detectan mucha más preocupación por las pérdidas económicas de las empresas que por el sufrimiento de las personas.

Vieites, en respuesta a elDiario.es a través de una portavoz, fue muy prudente a la hora de buscar culpables. Como antes lo habian sido, este lunes, tanto el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Unos y otro evitaron en todo momento centrar el foco sobre los pacientes y señalaron la necesidad de aumentar la eficiencia del sistema, agilizar las pruebas clínicas y mejorar la formación de los médicos, sobre todo en lo referente a la normativa. En este aspecto, el presidente de la patronal se limitó a considerar que “los datos que arrojan las inspecciones y en particular el número de bajas injustificadas es muy significativo y precisa ser analizado en profundidad”. 

Sí recordó que Galicia es la segunda comunidad con mayor duración de las bajas. Pese a recortarse la diferencia durante 2024, siguen siendo de 73,66 días frente a los 41,47 de la media estatal. Eso “repercute en los costes de las empresas” y provoca “una merma fundamental en su competitividad”. Si el absentismo supone la pérdida de un 6,7% de horas de trabajo en España, el derivado de las incapacidades temporales alcanza el 5,2%.

Por eso, para el presidente de los empresarios, si se pretende mejorar estos indicadores, las medidas de control “son esenciales”. “Consideramos necesario mantener este seguimiento y sobre todo que la información recabada durante los procesos de inspección pueda ser utilizada para mejorar el funcionamiento del sistema y con ello también la calidad asistencial”.

La “mercancía averiada” de la patronal

“El PP está comprando la mercancía tóxica y peligrosa de la patronal, que sitúa el absentismo laboral en una clase trabajadora perezosa y que abusa de su derecho”. A Paulo Carril, secretario xeral de la CIG —sindicato mayoritario en Galicia— no le sorprende esta postura por parte de una administración que apuesta “por la privatización y la mercantilización de los servicios”.

Carril cree que con esta estrategia se “criminaliza” a quien está de baja “sin atender antes a cuestiones que deberían ser prioritarias”. “En Galicia encabezamos las cifras de siniestralidad laboral, con mayor acento en el resultado de muerte”. Entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo, se produjeron en la comunidad 63 accidentes mortales, prácticamente uno de cada diez de los registrados en el Estado (641).

A esto, Carril suma la edad elevada de la población asalariada —en 2023, un 22,3% de la población activa tenía 55 años o más— y la “evidencia de falta de medidas de seguridad en las empresas”. “Poner el foco en quien está enfermo y querer aparentar que las personas trabajadoras abusan, nos parece gravísimo”. Más, añade, en un sistema sanitario como el gallego, “con carencias tan evidentes”.

El sindicalista alerta también de que la legislación laboral “va en el camino de transmitir más competencias a las mutuas”, algo que le parece “muy grave” y que no frenará ni la alta siniestralidad ni la “penosidad de los trabajadores”.

“Los culpables somos los médicos y los pacientes”

“Es una vieja cantinela de la administración: los culpables somos la población, que abusamos de nuestro derecho a la baja, pero también el médico, que es permisivo y no tiene ni idea”. Manuel Martín, portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública, ve “rechazable” que una de las propuestas del plan de la Xunta pase, precisamente, por “incrementar” la formación a los facultativos. “Es un ataque frontal al colectivo: el médico de familia está perfectamente capacitado para valorar el estado clínico de una persona y si está en condiciones de trabajar”.

“Como siempre, la Consellería evita el fondo de la cuestión”. Martín recoge una afirmación del conselleiro, que la mayor parte de las bajas se deben a “patologías músculo-esqueléticas o psiquiátricas leves”, y le recuerda que los colectivos llevan “mucho tiempo” reivindicando la creación de servicios de fisioterapia y psicología clínica en los centros de salud.

“Se queda con las consecuencias: que hay un problema importante de atención sanitaria de la población y no con que está de baja indebidamente porque faltan dos los elementos importantístimos en primaria”. Para Martín, dotarla de estos dos servicios no sólo reduciría de forma “muy importante” estas incapacidades temporales: también “evitaría sufrimiento” a los pacientes.

Sí coincide con el Sergas en los problemas derivados de la burocracia, por ejemplo, a la hora de conseguir las citas para el seguimiento de las bajas, algo que con el nuevo plan se asignará de forma automática con cada parte. “Lo que tienen que hacer es aumentar el número de médicos y favorecer la consulta presencial, no la telefónica, que hace que sea muy difícil evaluar situación de la persona enferma”.

A partir de ahora, los informes médicos de las mutuas se incorporarán a la historia clínica del paciente. A Martín le parece “muy peligroso” que se recorra también el camino inverso porque “la misión fundamental de las mutuas es el control de las bajas y acelerar el proceso de alta”. “Sería una aberración que la patronal consiguiese su vieja aspiración de que fuesen ellas quienes llevasen el control de las bajas”.

“Si no hay tratamiento efectivo, la baja está justificada”

“Si queremos reducir las bajas, no hay que perseguir a la gente: hay que tratarla adecuadamente”. Pepe Berdullas, vocal del Colexio de Psicólogos de Galicia, sabe por experiencia que los tratamientos funcionan “con unas condiciones y unos tiempos”. Por eso, si no se dan, no considera “adecuado” responsabilizar a pacientes y profesionales del mal funcionamiento del sistema. Aún más: “Dudar de la capacidad de los médicos de familia para dar bajas me parece entrar en una dinámica peligrosa”.

El Colegio de Psicólogos de Galicia ha estado recogiendo datos sobre las listas de espera entre consultas de seguimiento para un tratamiento. En la mayor parte de la comunidad, la lista para la primera consulta es de un año y, después, de entre cuatro y cinco meses. “Una persona, desde que va al médico por primera vez, puede ser vista por el psicólogo como máximo cuatro veces en dos años”. Un tiempo en el que los trastornos ansiosodepresivos no suelen estancarse, sino que empeoran. En esas condiciones, “no hay tratamiento efectivo y, si no lo hay, entendemos que la patología se mantiene. Por tanto, está justificado que se mantenga la baja”.

A Berdullas le llama la atención la utilización por parte del conselleiro de la forma “patología psiquiátrica leve”. “Que la ansiedad y la depresión se consideren a menudo así no quiere decir que no puedan afectar gravemente a la vida de las personas”. Por eso, cree que no se debe “equiparar por síntomas”, sino estudiar cada caso de forma individual. Y recordar que una atención inmediata “o, al menos, accesible” no solo reduciría los costes para el sistema: también el sufrimiento de los pacientes.

El plan especial de inspección de bajas con el que la Xunta trata de “frenar” unas cifras de absentismo laboral “en muchos casos alarmantes”, según el presidente Alfonso Rueda, ha dado como resultado que dos tercios de las 20.000 personas citadas por la inspección entre junio y diciembre fueron dadas de alta, debido a que su incapacidad temporal “no estaba justificada”. Las medidas, implantadas de forma extraordinaria en las tres áreas sanitarias con mayor índice de bajas durante 2023 —Ferrol, Lugo y Santiago— se extenderá ahora a toda Galicia.

El conselleiro de Sanidade presentó en el Consello de la Xunta de este lunes el informe de mejora de la gestión y del control de los procesos de incapacidad temporal. Su principal conclusión, que “mejorando los mecanismos de seguimiento es posible aminorar el número y la duración de los procesos de incapacidad temporal” y hacerlo “con plenas garantías de asistencia para los afectados”, según Antonio Gómez Caamaño.

Sanidade creó una unidad de apoyo para ayudar a los servicios de inspección en las tres áreas que funcionaron como experiencia piloto. Por un lado, estos equipos entrevistaron a los médicos y les ofrecieron formación continuada en la normativa y la gestión de los procesos de incapacidad, su duración o las pruebas complementarias; por otro, “controlaron” las bajas en curso a través de citas con los pacientes. Como resultado, comprobaron que estaban justificadas el 61% de las incapacidades temporales en Ferrol y Lugo mientras que en Santiago el número caía hasta el 44%. En total, 13.684 de los 20.254 pacientes contactados recibieron el alta, un 67,56% del total.

Tanto Rueda como Caamaño evitaron cargar contra los pacientes. El conselleiro se centró en la necesidad de conseguir que la gestión de las bajas fuese más “eficiente”: “Para los pacientes, para los facultativos y para el sistema, que es el que paga”. Para eso se busca acortar tiempos de respuesta, reducir trámites burocráticos o “apoyar la labor de los médicos que prescirben la incapacidad temporal”.

Entre esas medidas, Caamaño destacó la inclusión en la historia clínica del paciente del Servicio Galego de Saúde de los exámenes médicos que realizan las mutuas o fijar de forma automática la siguiente cita en cada parte de baja, lo que evita que haya que pedirla de nuevo y se prolongue así de forma “innecesaria”. Los pacientes oncológicos, por su parte, pueden obtener los partes directamente por la app e-saude.

Desde este mes de enero, el objetivo es que los servicios de admisión de los hospitales emitan ya los partes de baja para cirugías programadas, lo que evitará acudir al médico de cabecera. Además, se crearán unidades asistenciales para controlar procesos como los derivados de patologías músculo-esqueléticas o de psiquiatría menor, que son los que provocan la mayor parte de las incapacidades temporales. Se integrarán además en el sistema los partes específicos de Muface.

Los Alcázares ha celebrado la primera reunión de la mesa de absentismo en la que se han sentado las bases y las estrategias que se van a poner en marcha durante el curso 2024/2025 en los centros educativos para luchar contra el absentismo escolar, entre las que destaca la nueva unidad del agente tutor, señalan desde el Consistorio en una nota de prensa. 

En este primer encuentro se ha determinado la composición de la mesa de absentismo que estará integrada por representantes de los diferentes centros educativos de Los Alcázares, inspectores educativos, representantes de las AMPAS y representantes de la administración para tratar de establecer una estrategia común para acabar con uno de los problemas más importantes a los que se enfrentan los centros educativos: el absentismo escolar, es decir, la falta de asistencia reiterada por parte de un alumno.  

Durante la mesa se presentó la unidad del agente tutor formada por los agentes de Policía Local Alberto y Pablo, que este curso contará con un teléfono disponible las 24 horas y un horario de mañana y de tarde que permitirá atender más ampliamente a los alumnos y alumnas que los necesiten. 

“Tenemos que agradecer a los agentes su compromiso con esta unidad y su disponibilidad para ayudar a los alumnos que lo necesiten dentro y fuera del horario laboral. Ellos, gracias a su forma de trabajar y de conectar con los alumnos, se han convertido en un instrumento esencial para luchar contra el absentismo escolar en nuestro municipio”, destaca la concejal de Educación del Ayuntamiento de Los Alcázares, Jose Lajara. 

Desde el Ayuntamiento de Los Alcázares agradecen también a los centros educativos su estrecha coordinación con esta unidad del agente tutor, así como su implicación para acabar con uno de los mayores problemas que enfrenta la educación. 

“Por último hay que destacar también la labor que desempeñan las AMPAS de los centros educativos que de manera altruista trabajan para conseguir lo mejor para los alumnos y alumnas de los diferentes centros educativos del municipio”, concluye la concejal Jose Lajara.

Recientemente el que hasta ahora ha sido presidente de la patronal alavesa SEA, Pascal Gómez, se ha despedido del cargo. Y se ha despedido a lo grande, argumentando que el absentismo laboral está detrás de una nueva crisis y que es mucho más, porque se relaciona con la pérdida de valores que subyace en el subconsciente de la clase trabajadora y acaba por hundir empresas. En esto de la pérdida de valores y a quién afecta en mayor medida ahondaremos ahora.

Sus palabras fueron por cierto corroboradas por el lehendakari Iñigo Urkullu. Dos días después el electorado apeó a su partido, el PNV, a la tercera plaza en los resultados de las elecciones europeas en Euskadi. Uno no es revanchista, pero en ocasiones gusta ver cómo la clase trabajadora marca el paso a la clase política.

Nuestras patronales llevan mucho tiempo relacionando absentismo con el problema que en realidad quieren reflejar sin nombrarlo: las bajas médicas. Y no lo nombran porque se les caería el invento y el relato en sí, debido a que estar de baja médica no es absentismo. Según la definición que da la Organización Internacional del Trabajo, el absentismo es no presentarse a trabajar cuando desde la empresa se esperaba que acudiera. Estando de baja médica la empresa ya sabe que la persona trabajadora no tiene que presentarse a trabajar, o al menos debería saberlo, así que no le tiene que estar esperando. Ergo no es absentismo. Y lo mismo podríamos decir de otros muchos conceptos igualmente justificados que empresas y patronales meten en el saco del absentismo.

Que lo sigan llamando así si quieren, que en CCOO seguiremos llamándolo derecho a la recuperación de una patología. Porque estar de baja es algo tan absolutamente legal que lo que nuestras patronales pretenden hacer ver no tiene un pase. Implica que una o un profesional sanitario certifica dos cosas: que tenemos una patología, la que sea, y que nuestras condiciones de trabajo, las que sean, interfieren de forma negativa en el proceso de recuperación. Y por eso nos prescribe una baja médica, para aislarnos de esas condiciones de trabajo. Para protegernos.

Llegados a este punto sí que toca abordar la pérdida de valores, pero que no afecta precisamente a la clase trabajadora, sino a las empresas. Y no diremos que a todas porque hay que huir de las generalizaciones, pero existen empresas (no pocas) en las que las medidas preventivas que estas tienen la obligación de implantar para que las condiciones de trabajo no dañen la salud brillan por su ausencia. Porque requieren una inversión económica básicamente.

Hay un número indeterminado (pero grande) de procesos de baja que son por enfermedad común, pero que en realidad derivan de las condiciones de trabajo y tendrían que ser considerados de origen profesional. Si esto es así es porque las mutuas son las entidades que tienen en primera instancia legalmente atribuida la capacidad de reconocer lo que es un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y lo que no lo es, y derivan a la contingencia común del sistema público de salud estas dolencias que están originadas por las condiciones de trabajo para que no computen como tales. Esto afecta especialmente a patologías relacionadas con la salud mental y los riesgos de tipo músculo-esquelético.

Hablamos pues de derechos. Derecho a aislarse del trabajo si se está sufriendo acoso moral por un encargado o un superior y esto está deteriorando nuestra salud mental, por ejemplo. O derecho a recuperarse de las patologías osteomusculares originadas por mover cajas de 25 kg en un almacén o por tener que arreglar un número imposible de habitaciones de hotel en un tiempo record, por hablar de situaciones igualmente habituales. ¿Qué se hace en no pocas empresas para prevenir todo esto? Nada, y eso que estarían legalmente obligadas a ello. No es un problema sólo de pérdida de valores, que también, sino que lo es de incumplir la legislación.

Tampoco se les ocurre pensar a muchas empresas que la carga física o mental de trabajo sea causa de todo esto. En el informe “Precariedad laboral y salud mental” que ha editado el Ministerio de Trabajo y Economía Social en 2023 se recoge que a la semana se realizan en el conjunto del estado 2,89 millones de horas extras, que equivalen a 72.430 empleos a jornada completa. Estas serían sólo las no remuneradas (no se preocupan ni de pagarlas, como para que se preocupen de prevenir los efectos que generan en la salud), con lo que habría que añadir las remuneradas para un cálculo de esa carga total de trabajo. No disponer del tiempo suficiente para el ocio, no tener una vida familiar normalizada o no poder atender debidamente a un familiar dependiente genera situaciones de ansiedad, estrés y enfermedad mental que están detrás de algunas de estas bajas.

Cuando desde empresas y patronales se lanzan discursos similares a lo escuchado en la última asamblea general del SEA podemos estar ante varios objetivos. El primero sería criminalizar a las personas que están de baja médica y disfrazar de fraude situaciones de enfermedad. Querer instalar esta idea en la cabeza de la gente es una atrocidad que va contra el derecho a defender nuestra salud. Detrás de este objetivo hay un segundo, consistente en enfrentar a las personas trabajadoras. Si la empresa va mal y hay que “tomar medidas” es porque hay mucho vividor y mucha vividora que son el lastre de esta gran familia y de esta trainera en la que todas y todos tenemos que remar en la misma dirección, que es la empresa. Esta estrategia no es nueva, existe desde que las empresas son empresas y las patronales, patronales.

Tercera cosa que se pretende, aprovechando la coyuntura: cuestionar la labor de las personas que trabajan en la atención primaria del sistema público de salud, Osakidetza en nuestro caso, que es donde está residenciada la atribución de prescribir bajas médicas en los casos de contingencia común. El Gobierno Vasco se ocupa de degradar el modelo y el discurso patronal de cuestionar las funciones. Pues igual hasta resulta que hay más implicados de los que pensábamos en un primer análisis.

Sobre el cuarto objetivo ya hemos hablado. Ocultar la incompetencia o el desinterés, según el caso, para aplicar medidas preventivas para que las condiciones de trabajo no dañen la salud de las personas. Si la gente está trabajando y en su puesto de trabajo, señal de que todo el mundo está bien y las condiciones de trabajo son dignas del primer mundo. Pero no, el problema a veces es el contrario, la genta aguanta sufriendo.

Pongamos además el caso de las personas que están de baja médica por enfermedad común, que es el más habitual, aunque muchas de esas enfermedades comunes están, como ya se ha explicado, originadas por el trabajo. Estas personas están sometidas al control del personal facultativo de atención primaria, que es quien prescribe la baja y la posterior alta médica. El control del sistema público se completa con el de las inspecciones médicas de la propia Osakidetza y del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

En la parte privada tendríamos las citaciones a revisión para el control de la baja médica que pueden efectuar las mutuas en las empresas en las que gestionan la prestación económica por contingencias comunes.

Y el artículo 20.4 del Estatuto de los Trabajadores amplía este control al hecho de que el empresario pueda verificar el estado de salud del trabajador mediante reconocimiento a cargo de personal médico a través de empresas privadas de controles médicos. 

No referimos todos, pero hay hasta ocho pares de ojos vigilando a las personas de baja médica por enfermedad común. Hay criminales de guerra que han pasado por el Tribunal Internacional de la Haya que están menos vigilados.

Pero se acabó la fiesta. Nos suena porque es el invento a través del cual un indefinible, distópico y muy peligroso agitador neofascista se ha colado en el Parlamento Europeo. Pero también parece la idea que nuestras patronales quieren trasladar a la opinión pública en relación a lo que es estar de baja médica: una fiesta que tiene que acabarse en favor del bienestar de la sociedad. Y esta fiesta pasa por reflejar la imagen de un sistema público de salud semejante a un zoco o un mercadillo, en el cual las bajas médicas son poco más o menos que un artículo apto para el regateo, y que luego encima acaban regalándose.

Qué triste paralelismo en torno a una fiesta que tiene que acabarse. Y no es el único que podría hacerse, porque de la misma manera que la ultraderecha hace con otros muchos temas, parece que hay quien tiene interés en meter las bajas médicas en el espacio de lo que se conoce como batalla cultural.

Desde CCOO vamos a seguir informando a las personas sobre la necesidad de estar de baja médica si hay que proteger la salud. Quien quiera seguir llamándolo absentismo que lo haga, nos da igual, que bienvenido sea para aliviar el sufrimiento de la clase trabajadora.

En Canarias se ha instaurado en el debate social la palabra “absentismo”, en relación a las personas que faltan a su puesto de trabajo. Se trata de una cuestión en la que insiste la patronal, que liga este discurso a la productividad empresarial. Paralelamente, CCOO ha impulsado una campaña para tratar de desmentir este discurso en la que insiste en otras cuestiones que sí que atañen a la productividad canaria como el “factor región”, la organización en el trabajo, la negociación colectiva, las dificultades para la conciliación o la especialización de la economía canaria en el turismo. 

El último informe de la CEOE de Tenerife que habla de absentismo hace referencia a que uno de los obstáculos a los que se enfrentan para abordar este tema es que la Encuesta de Población Activa (EPA) no aborda las razones de esas “faltas justificadas” al trabajo. A su juicio, “la ausencia al trabajo por enfermedad, accidente e incapacidad temporal pueden estar justificadas administrativamente o no y, si es este último caso, pueden ser ciertas o no, pero no hay constatación de ello”. En otros informes, la patronal ya había aludido al absentismo como  “pérdidas de horas pactadas o ausencia del puesto de trabajo, justificada o no de población ocupada”. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el absentismo laboral como aquella situación en la que la persona trabajadora no se presenta en su puesto de trabajo o acude menos horas de las que tiene por contrato, de forma inesperada; es decir, la empresa estaba esperando al trabajador que no ha acudido. Por tanto, aquí no entrarían bajas por enfermedad, por accidente laboral, los permisos por maternidad o paternidad… 

“Desde las patronales incorporan al absentismo laboral la ausencia al trabajo sin distinción alguna”, apunta CCOO Canarias, que defiende que esto “no es ni debe ser así, por el simple hecho de que no refleja la realidad del absentismo laboral sino que engrosa las cifras para luego achacarlo a la ausencia de capital humano y/o incumplimiento de los tiempos de trabajo y, posteriormente, elegirlo como culpable y principal factor explicativo de la baja productividad”.

CCOO ha publicado esta semana en Canarias un informe titulado #AbsentismoDeLaVerdad en el que señala que “el debate acerca de la productividad y el absentismo laboral en Canarias requiere de un análisis más profundo que identifique factores explicativos y sus causas, y reparta la responsabilidad que los agentes sociales y la administración pública tienen al respecto”. Insiste en que para ello ha de tenerse en cuenta las diferencias de la realidad canaria como el hecho de ser región ultraperiférica, el tener un Régimen Económico y Fiscal (REF) específico o el hecho de tener una economía vinculada al turismo, con actividades “más intensivas en el empleo del factor trabajo y con menores posibilidades de automatización”. 

El informe del sindicato remarca que si se tienen en cuenta otro tipo de actividades, los niveles de productividad en las islas son muy superiores a la registrada por el conjunto nacional. “No vemos relación entre el absentismo y la productividad. El País Vasco, por ejemplo, cuenta con el mayor índice de absentismo laboral pero a su vez es la economía regional que presenta los mayores ratios de productividad aparente del factor trabajo, deduciendo por tanto que las causas de los niveles de productividad registrados en Canarias residen en otras cuestiones que hemos ido aflorando a lo largo del presente documento”, detalla el estudio.

El trabajador pierde ante las bajas

CCOO recuerda que la principal persona perjudicada ante las bajas por incapacidad temporal es el propio trabajador o trabajadora: por el deterioro de su estado de salud y por la disminución retributiva, siendo además Canarias la comunidad con peores salarios. El informe añade que “las condiciones laborales influyen negativamente en los procesos de IT, tal y como se desprende de la última Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (ENCT) del 20156 , y del Informe de Jornada y Horarios de Trabajo realizado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en el que se especifica que una prolongación de la jornada es también una exposición a riesgos físicos, químicos o biológicos durante mayor tiempo” y “también puede influir en la fatiga y en las alteraciones osteomusculares y, por tanto, puede tener repercusiones indirectas sobre otros factores como el rendimiento, errores, distracciones, etc”

El sindicato indica que el 25% de los y las trabajadoras tienen problemas para conciliar el trabajo con sus compromisos sociales y familiares y el 37% de las personas trabajadoras considera que su trabajo afecta de forma negativa a su salud. En promedio, por cada 100 días de baja médica al año, “32 días serían atribuibles a problemas de salud relacionados o empeorados por el trabajo, siendo mayor en mujeres y en las actividades de Educación y Salud”

Así mismo, el sindicato hace alusión al “presentismo”, es decir, a la cantidad de trabajadores y trabajadoras que acuden a su puesto de trabajo pese a estar enfermos o en estado no óptimo de salud. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo del año 2015, el 41% de las personas trabajadoras afirmaron que, en los últimos 12 meses, habían trabajado estando enfermas. 

Mejorar las condiciones de trabajo, la clave

El informe aporta datos para mejorar los casos en los que se produzca absentismo laboral. Destaca, por ejemplo la importancia de la negociación colectiva y de la organización del trabajo. “Somos de las Comunidades Autónomas que peores datos registra en términos de acuerdos entre empresa y sindicatos, registrando el menor porcentaje de población asalariada con cobertura efectiva de un convenio colectivo, un 31% al tercer trimestre de 2023 en comparación con el 56% que presenta la media nacional”, recuerda. 

Por ello, propone una mayor influencia en las tareas a desempeñar por parte de las personas trabajadoras, aumentando la eficiencia en las labores; mejor gestión de los horarios laborales que faciliten la conciliación laboral, contribuyendo así a reducir el absentismo laboral o mejores salarios, “que permitan afrontar el encarecimiento de las condiciones de vida, trayendo más estabilidad a las personas, redundando así en mejores condiciones personales para el desempeño de la actividad laboral, y reduciendo el absentismo laboral por causas de baja por estrés o situaciones análogas”.

“Si las personas trabajadoras perciben rentas suficientes para mantener un nivel de vida digno, esto redunda en un menor estrés y, por consiguiente, mayor capacidad productiva en las empresas y menor riesgo de absentismo laboral, al margen de su mayor aportación al crecimiento económico vía consumo final”, destaca el informe. 

Del mismo modo, hace alusión a que “el absentismo laboral inducido por los contextos laborales precarios aumenta la carga de trabajo a compañeros y compañeras, afectando al rendimiento y, por consiguiente, a la productividad de las empresas”. Así mismo, indica que “un buen entorno laboral redunda en una mayor productividad y previene el absentismo laboral”. 

Sobre la falta de trabajadores para cubrir vacantes

Ya un informe del Servicio Canario de Empleo alertó recientemente de qué hay detrás del “no encuentro camarero” o “electricista”. Las personas que rechazan ofertas empleo suelen aludir a problemas de conciliación, a las ofertas poco atractivas o a dificultades de movilidad que existen en las islas, sobre todo teniendo en cuenta los horarios de la hostelería, normalmente partidos y hasta bien entrada la noche, sin que haya transporte público para desplazarse. 

CCOO alerta de que la existencia de vacantes sin cubrir “es otra de las cuestiones recurrentes que el empresariado canario viste con las telas propias de una cuestión problemática sin percatarse que su existencia obedece al movimiento natural de todo mercado de trabajo, máxime si consideramos que nos encontrarnos en un momento de crecimiento y recuperación económica”. No obstante, incide en que no se observa en Canarias un patrón de comportamiento fuera de lo común en cuanto al número de vacantes.