El presidente de Michelin en España y Portugal ha vaticinado un negro futuro a las cuatro plantas de la empresa de neumáticos en España, incluidas las de Vitoria y Lasarte-Oria. “Ninguna de las plantas tiene el futuro asegurado más de diez años”, ha señalado César Moñux, que ha participado este miércoles en el Foro Capital. Moñux ha apelado a la responsabilidad de todos los que trabajan en la empresa para garantizar la competitividad de la compañía y ha mirado directamente a las altas cifras de absentismo, en línea con lo que defienden en general las diferentes organizaciones patronales. De hecho, ha señalado que en los últimos diez años, las cifras de absentismo en las plantas españolas “se han duplicado”.

Ha afirmado que Michelin España tiene un problema con el absentismo, como lo tiene la industria en general, y al tratarse de una multinacional vive de las asignaciones de la producción de inversiones desde la central. “De forma natural ponemos una etiqueta rápida, y a la industria en España nos están poniendo una etiqueta de absentismo”, ha señalado, insinuando que se pueden perder inversiones que vaya a plantas de otros países sin esa circunstancia.

Muñox ha considerado que se trata de uno de los retos que debe abordarse para asegurar la competitividad, aunque ha reconocido que se trata de un tema complejo que debe analizarse “con rigor y sin simplificaciones”. “Detrás de cada ausencia existe una realidad humana que merece respeto, atención y acompañamiento. Pero también debemos ser conscientes de su impacto sobre la competitividad, el empleo y la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar”, ha señalado. “En Michelin creemos que la mejor forma de reducir el absentismo es actuar sobre sus causas: promover la salud física y mental, reforzar la prevención, mejorar las condiciones de trabajo y acompañar a las personas durante todo su proceso”, ha manifestado Moñux, que ha puntualizado que “no todo el absentismo es fraude”, ya que se contabilizan bajo este parámetro ausencias por enfermedad o permisos de los trabajadores. 

Ha insistido en que el absentismo tiene un impacto directo sobre la competitividad empresarial, por lo que, además de un problema de salud, supone “un problema económico y de sociedad”. Por ese motivo, ha subrayado la necesidad de actuar sobre las “causas” de este fenómeno, abordándolo desde la perspectiva de la salud física y mental, la prevención, la mejora las condiciones de trabajo y el acompañamiento a las personas. “La salud de las personas y la competitividad de nuestras empresas no son objetivos contrapuestos; son dos caras de la misma realidad”, ha indicado, para añadir que “el absentismo no es solo un desafío empresarial”, sino que también es “un desafío colectivo”.

Ha recordado que la producción de neumáticos de la compañía ha caído, en términos de tonelaje, un 20% en cuatro años, lo que ha llevado al cierre de varias plantas de la multinacional en todo el mundo. Por ello, ha subrayado que “preservar” una fábrica como la de Vitoria, sobre la que ha afirmado que “está en el 'top 3' a nivel mundial”, supone ya “un gran desafío”. En este punto, ha advertido de que ninguna de las cuatro plantas de Michelin en España --Vitoria, Lasarte-Oria, Aranda de Duero u Valladolid- “tiene futuro asegurado más de diez años”. “Es muy duro de decirlo, pero esto es lo que dice nuestro patrón cuando viene a visitarnos”, ha afirmado. “El pasado no garantiza el futuro”, ha advertido, por lo que ha apelado a la “responsabilidad” de todas las personas que trabajan en Michelin para garantizar que “la siguiente generación” pueda continuar en la compañía si así lo desea.

Confebask augura un déficit de 240.907 trabajadores para 2035

La competitividad empresarial se ha tratado este miércoles también por parte de la patronal vasca Confebask, que es muy crítica igualmente con lo que considera altos niveles de absentismo, aunque en esta ocasión ha abordado el impulso a la competitividad en una jornada desde lo que ha denominado el “reto demográfico”. Según un estudio elaborado por leteam para la patronal vasca, y que se ha presentado este miércoles en una jornada celebrada en el Palacio Euskalduna de Bilbao, Euskadi podría acumular un déficit de 240.907 personas trabajadoras para 2035 “si no se actúa a tiempo” y la brecha estimada hasta ese año supondría 22.606 millones de euros de PIB no generado.

El estudio señala que el reto demográfico se ha convertido en una “brecha estructural de talento” que condiciona la competitividad de Euskadi y apunta que la disponibilidad de talento en Euskadi está sometida a una “presión creciente” debido a la combinación de “dificultades de contratación, envejecimiento y desajuste de cualificaciones”. Así, si hace diez años el 41% de las empresas tenía dificultades para encontrar perfiles adecuados y ahora la tasa es del 91%. Además, en 2045 una de cada tres personas tendrá más de 65 años y habrá casi 90.000 personas menos activas que en 2025. Por otra parte, el 82% de la demanda de las empresas se sitúa en seis familias de estudios universitarios, pero solo un 38% de los egresados se concentra en ellas.

Confebask considera que la inmigración es una palanca imprescindible para sostener la población activa, aunque considera que los flujos actuales y su inserción laboral aún son “insuficientes”. En este sentido, Confebask plantea desarrollar una “política activa de inmigración para el empleo” con la incorporación de listas dinámicas de ocupaciones de difícil cobertura, con especial atención a las vacantes técnicas e industriales, proyectos piloto de formación y contratación en origen, procedimientos de homologación académica más ágiles y un servicio especializado de información y acompañamiento para las empresas que contraten talento internacional.

Por otra parte, para retener el talento, el estudio considera que “debe mejorar las ofertas laborales para evitar salidas y favorecer el retorno”. En concreto, constata que existe un núcleo de personas cualificadas que sale por motivos profesionales y que podría retornar “ante mejores oportunidades”, de manera que el reto es ofrecer oportunidades profesionales suficientemente competitivas para fidelizar el talento local y facilitar su retorno“.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado este lunes la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre con una promesa ante la patronal familiar en Madrid: “bonificar” a las empresas que reduzcan las bajas laborales médicas de sus trabajadores. “Si la gente no me quiere votar, que no me vote, pero no es razonable el dato de absentismo”, ha sostenido.

Feijóo mantiene así la línea de señalar a los trabajadores y sus ausencias médicas justificadas como uno de los principales problemas de España. El líder del PP ya anunció la semana pasada su intención de que las mutuas privadas colaboradoras de la Seguridad Social puedan dar “altas médicas” en “algunas patologías”, aunque no explicó en cuáles. Ya en julio avanzó que los trabajadores de baja médica podrían perder sueldo y “prestaciones”.

Feijóo ha esbozado así un “modelo de bonus para las empresas porque las empresas también tienen que ser responsables” y que ha explicado levemente: “Si tu empresa tiene porcentaje [de bajas] por debajo de x, con buen servicio médico, atención al trabajador, motivas adecuadamente a la plantilla, creas un clima, podemos hablar de cómo podemos reducir determinadas obligaciones. Esto todo es un puzle que hay que encajar cada pieza”.

Feijóo ha participado este lunes en la primera jornada del evento organizado por el Instituto de Empresa Familiar, en el que ha mantenido un diálogo con el presidente de la Corporación Hijos de Rivera (propietaria de Estrella Galicia), Ignacio Rivera.

El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez ha marcado toda la intervención del líder del PP, quien ha reconocido que está “en el momento más importante” de su vida política. “Sé que muchos españoles que me están mirando. Sé que ganar unas elecciones es difícil”, ha sostenido.

El líder de la oposición ha asegurado que el presidente del Gobierno ha adelantado las elecciones “porque le interesa” a él, no al país. “Hay mucho miedo”, ha sostenido. “Miedo a lo que podamos saber en los sumarios abiertos adicional (sic) a lo que ya sabemos”, ha defendido. En su opinión, Sánchez “va a utilizar el miedo para tensionar, dividir y crispar a la sociedad” con la idea de “si gana otro partido que no sea” el suyo, en referencia a Vox.

Feijóo, Europa y “el seleccionador de fútbol”

La primera jornada del congreso se ha centrado en los retos geopolíticos que afronta España. El empresario que ha entrevistado a Feijóo le ha preguntado por su opinión sobre “el papel de España en Europa, y de Europa en el mundo”.

“Hay un personaje que me parece interesantísimo en la España actual que es el seleccionador de fútbol”, ha arrancado Feijóo, para añadir: “Por tanto, eso de que si gobernamos... podemos hacer una reunión el 30 de noviembre y coger los resultados y entonces hacer las preguntas más concretas. El objetivo fundamental es ganar las elecciones sin mentir a la gente. Pero tienen que darse las dos cosas. Yo no puedo venir aquí a mentir, a decir que voy a hacer no sé cuántas cosas, prestaciones y ayudas. Y después sacar músculo de ellas”.

Feijóo ha proseguido: “Tiene usted un porcentaje de pobreza como la que tiene, debería estar callado hombre. Que España tenga el 25% de la población en riesgo de pobreza y que tengamos la pobreza infantil más alta de Europa, deberíamos ser más prudentes sobre cómo funciona la economía”.

“¿Qué pasa en Europa?”, ha continuado, para añadir: “Yo creo que Europa tiene que concentrarse en el crecimiento económico y perseverar en la defensa de sus principios. Europa es un lugar donde hay libertades, donde hay Estado de derecho. Eso en otros países que económicamente son más competitivos que el nuestro, no se utilizan esos términos, al menos no se utilizan con la intensidad que aquí. Y eso produce una cierta, entre comillas, discriminación desde el punto de vista de la competencia, pero esos principios para nosotros son básicos y manteniendo esos principios debemos centrarnos en la competitividad de Europa”.

Feijóo ha concluido su disertación geopolítica con una referencia al rechazo del PP al tratado de amistad de España con Francia, tumbado la semana pasada por el Senado. “Europa no puede externalizar sus fronteras, no puede externalizar su seguridad y no puede externalizar su energía. ¿Por qué el PP no consideró oportuno el tratado de amistad con Francia, sabiendo que Francia es uno de los países con los que España tiene una relación más estrecha, una relación de absoluta cordialidad. Y es que creíamos que debería especificarse de una forma concreta las interconexiones energéticas, y lo único que se pone es un espantajo de hacer un proyecto de nitrógeno verde entre Barcelona y Marsella, a sabiendas de que no se puede hacer”.

Con las elecciones en el horizonte, ya sea más o menos cercano, la patronal ha recibido esta semana la noticia que lleva décadas esperando: una propuesta de reforma para que las mutuas —entidades que gestionan organizaciones empresariales— puedan dar el alta a trabajadores de baja por enfermedad común. Una línea roja en España, en manos de la sanidad pública hasta que el pasado martes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, asumió ese compromiso si llega a La Moncloa. 

Las declaraciones de Feijóo ante empresarios catalanes no dejan lugar a dudas. “¿Vamos a incrementar las plantillas de los médicos evaluadores? Sí. ¿Vamos a reforzar el papel de las mutuas? Sí. ¿Vamos a facilitar que las mutuas hagan pruebas diagnósticas? Sí. ¿Vamos a facilitar que en determinadas patologías las mutuas puedan dar altas? Sí”, dijo el líder del PP.

Y no es la primera vez que el dirigente gallego aborda una de las reivindicaciones históricas de la patronal. El pasado verano, también ante empresarios, esta vez vascos, avanzó su apuesta por recortar sueldo “y prestaciones” a los trabajadores de baja. Y remachó: “Con o sin acuerdo” sindical.

Es el último de varios anuncios para recortar derechos sociales, especialmente parar modificar el actual sistema de protección de los trabajadores enfermos. Algo que ya está haciendo el PP en Galicia, desde un discurso de un supuesto “fraude” masivo no avalado por datos. 

En el caso de las pensiones, el PP suele hacer gala de una pretendida indefinición, y no aclara su postura sobre el sistema público en cuestiones clave, como la subida anual con el IPC, aunque luego vote en contra cuando llega la hora de la verdad en el Congreso. Pero cuando se trata de las bajas laborales, el equipo de Alberto Núñez Feijóo sí está dibujando un camino de recortes en caso de llegar al Gobierno central. 

El PP justifica su arremetida en el gran aumento de las bajas laborales, sobre todo tras la pandemia. Una realidad estadística que se explica por múltiples motivos: desde las largas listas de espera en la sanidad pública al grave empeoramiento de la salud mental o el envejecimiento de la población, entre otras.

Con esos datos en la mano, el PP está engrasando una intensa campaña pública de cuestionamiento y culpabilización de los trabajadores ausentes por enfermedad con críticas al aumento del “absentismo” y de un supuesto “fraude” masivo, que ni el PP ni la patronal prueba con datos.  

Su gurú económico, Alberto Nadal, ha defendido recientemente subir el límite de horas extra en España, con la excusa de dar “más libertad” a los pactos entre trabajador y empresa ante las actuales “prohibiciones para trabajar”. La ampliación del horario es una de las propuestas recurrentes del PP para salir al paso del debate sobre la conciliación: en resumen, se trata de trabajar las mismas horas distribuidas de forma diferente.

Nadal planteó el pasado mes de julio el absentismo laboral como un problema específico de España, “y especialmente del País Vasco”. “Eso se debe a que desde el Gobierno se mandan señales del tipo, pagar el alquiler es opcional e ir a trabajar es opcional”, aseguró, aunque luego reconoció que “un 70% de los trabajadores no faltan un solo día al trabajo” y que “del 30% restante las habrá claramente justificadas” y “una minoría que se aprovecha del sistema”.

“Quien da las altas y las bajas son los sistemas de salud de las comunidades autónomas, pero quien paga es la Seguridad Social. Esto genera disfunciones”, dijo. “El sistema de control no funciona”, aseguró.

El alta médica en manos de organizaciones empresariales

Ahí se asienta la propuesta de Feijóo. La patronal de mutuas AMAT ha salido en defensa de la propuesta del líder de la oposición y de la profesionalidad de sus sanitarios, que alegan que son médicos como los del Sistema Nacional de Salud. 

Sin embargo, la trascendencia de la medida no hay que buscarla en las consultas médicas de estas entidades. O no solo, sino más bien en sus órganos de dirección. 

Las mutuas son entidades colaboradoras de la Seguridad Social, se financian con dinero público proveniente de las cotizaciones sociales de trabajadores y empresas, pero son organizaciones empresariales, dirigidas como tal. Para ilustrarlo con un ejemplo reciente: el líder de la patronal de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, quien llamó “memos” a los jóvenes de baja por salud mental, es el gerente de una mutua (Solimat). 

“El actual modelo de las mutuas las reconoce como asociaciones de empresarios”, recuerdan en CCOO. “Por tanto, con mayores competencias se incurriría en un claro conflicto de interés al ser organizaciones dirigidas por personas designadas desde las empresas”, advierte el sindicato liderado por Unai Sordo. 

En el mismo sentido se pronuncian en UGT. “Dar a las mutuas la facultad de decidir cuándo termina esa baja es dejar la salud de la persona trabajadora en manos de quien tiene un interés económico directo en que vuelva a su puesto cuanto antes”, sostiene Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT. “Eso no es gestión sanitaria: es un conflicto de intereses”, advierte. 

Cuando los sindicatos mayoritarios se han abierto a dar más competencias a las mutuas, siempre que se las nacionalice —que sean totalmente públicas, también en su gestión—, la patronal se ha negado en redondo a esta opción. 

Más allá de la propia naturaleza de las mutuas, la atención en la práctica de los accidentes de trabajo por estas entidades y el control que ejercen de las bajas por enfermedad o accidente común —“nosotros nos inflamos”, dijo Ángel Nicolás sobre las propuestas de alta a trabajadores enfermos— han labrado a las mutuas una extendida desconfianza entre los trabajadores y trabajadoras. 

Por ejemplo, por altas médicas de accidentes laborales antes de tiempo que al final acaban en las consultas de la sanidad pública, así como por una sistemática negativa a reconocer enfermedades de origen profesional —que enmiendan los tribunales en muchas ocasiones—. También hay casos muchos más graves, en los que directamente se investigan malas praxis al servicio de las empresas, así como sentencias que invalidan por abusos la contratación de detectives por parte de las mutuas para espiar a trabajadores de baja. 

Cuando pueden facilitar las pruebas en mutuas, no lo hacen

Además de las altas, Feijóo afirmó que iba a “facilitar que las mutuas hagan pruebas diagnósticas”, algo que el Gobierno está tratando de impulsar (aunque el alta sigue en manos de la sanidad pública) desde hace más de dos años, con el respaldo de los sindicatos y empresarios. 

Sin embargo, en la práctica el PP no ha firmado los convenios que lo harían posible en la mayoría de las Comunidades Autónomas que gobiernan. Solo se han suscrito cinco de estos convenios: en Castilla-La Mancha, Baleares, Catalunya, Asturias y Cantabria.  

El PP gobierna actualmente 11 comunidades autónomas, cuatro de ellas en coalición con Vox y otra con Coalición Canaria: Andalucía, Madrid, Galicia, La Rioja, Aragón, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, las Islas Baleares, Cantabria y Canarias, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuya administración depende del Estado o de Andalucía.

“Me preocupa que las mutuas no hayan hecho uso de las herramientas que tienen desde 2024 para curar a la gente que tiene incapacidad temporal por traumatología (las más frecuentes), pero que aplaudan que vayan a dar las altas médicas… Parece que las únicas propuestas van encaminadas a restar prestaciones y derechos en lugar de medidas para recuperar la salud de la gente enferma”, lamenta Patricia Ruiz, responsable de Salud Laboral de UGT. 

Galicia: experimento del control fuera de lo sanitario

El líder del PP también está insistiendo en elevar el “control” de los trabajadores de baja. En este sentido, Galicia puede servir de ejemplo de lo que está haciendo ya el Partido Popular donde gobierna. Alfonso Rueda, el sucesor de Feijóo al frente de la Xunta, anunció hace meses una ofensiva para evitar presuntos abusos en las bajas. 

Desde entonces, hay varias medidas sobre la palestra. Desde ofrecer cobrar más dinero a los médicos de familia si acortan las bajas de sus pacientes al reciente anuncio de la creación de una figura de supervisión ajena al ámbito sanitario para los trabajadores que vuelven tras una baja.

Se trata de un plan para limitar las bajas que el Gobierno gallego ha sacado adelante con el apoyo únicamente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y el sindicato UGT, con fuertes críticas de CCOO y CIG, que denuncian “una criminalización” de las incapacidades temporales, que ponen bajo sospecha a quien enferma. 

El líder del PP mantiene así una alineación casi perfecta con la patronal. Una constante que se mantiene desde que aterrizó en Madrid en 2022.  

La Federación de Salud de Intersindical Canaria (IC) ha rechazado este lunes lo que considera como “una infame ofensiva” de la patronal respecto a las bajas médicas y ha instado al Servicio Canario de la Salud a decir qué información comparte con los empresarios sobre incapacidades laborales.

En estos términos se ha expresado en un comunicado la organización sindical, que ha instado a las que sustentan (CCOO y UGT), junto a mutuas, empresarios y Gobierno regional, la, a su juicio, “inútil” Mesa por el Absentismo, a abandonarla, al estimar que “su presencia resulta incompatible con su teórica portavocía de los trabajadores”.

IC entiende que en este mesa no se han abordado las carencias de las relaciones laborales que afectan a los trabajadores canarios: los peores sueldos del Estado, los datos más elevados de siniestralidad laboral, sobrecarga laboral física y psíquica que merma su salud, ausencia de la intervención de la actividad inspectora y empresas que, mayormente, carecen de planes de Prevención de Riesgos Laborales.

El pronunciamiento de este sindicato se produce días después de que el presidente de la patronal tinerfeña (CEOE), Pedro Alfonso, asegurara que tenía detectados aquellos centros de salud “con cierta propensión” a dar bajas médicas en mayor cantidad o las altas más tarde que otros y a trabajadores que las solicitan “por diferentes enfermedades de manera casi consecutiva”, por lo que pidió más control “para ver si es motivo de un mal uso de las bajas o no”.

Para IC, estas “temerarias declaraciones” no se pueden pasar por alto porque incurren en un “discurso falso” sobre el absentismo laboral y una “campaña ofensiva” que “los representantes de la patronal, junto con el actual gobierno de derechas [Gobierno de Canarias, de CC y el PP] y el silencio cómplice de algunas organizaciones sindicales, llevan mucho tiempo normalizando”.

Con él, este sindicato considera que se “pretende demonizar a los profesionales sanitarios que diagnostican la enfermedad laboral y a los trabajadores que la sufren. Todo ello, dentro de una sucia campaña que tiene como fin, también, presionar a los trabajadores para que mantengan la actividad laboral y la productividad, aunque no se encuentren en estado de salud para ello”.

IC entiende que, con este “señuelo”, la patronal pretende “distraer la atención de los efectos de su conducta troglodita en las relaciones laborales que impone a los trabajadores canarios” y acusa a sus “voceros” de haber “cruzado la línea roja” al “especular sobre el número de bajas en las distintas áreas asistenciales y, al parecer, recabar datos acerca de en qué centros de salud, y por ende, qué facultativos emiten más bajas y de mayor duración”.

Por ello, IC exige también “un pronunciamiento público del Servicio Canario de Salud en el que informe de su grado de colaboración en el acceso de los empresarios a datos sensibles relacionados con la incapacidad laboral de los trabajadores”.

Los médicos piden “respeto a su independencia profesional”

La semana pasada, tras conocerse las palabras de Alfonso, el Consejo Canario de Colegios de Médicos manifestó también su “preocupación” por dichas declaraciones.

El Consejo consideró necesario diferenciar con claridad el absentismo laboral de la incapacidad temporal por motivos de salud. El órganonexplicó que una baja laboral es consecuencia de una valoración médica individualizada sobre el estado de salud de una persona y su capacidad para desempeñar su trabajo habitual.

Como recordó recientemente el Consejo General de Colegios de Médicos de España, la incapacidad temporal es un acto médico reglado en el que los profesionales actúan conforme a criterios clínicos, científicos, éticos y legales. Las diferencias que puedan existir en los indicadores de incapacidad temporal entre distintos centros de salud no permiten, por sí solas, concluir que exista una práctica clínica inadecuada ni poner bajo sospecha el criterio de los médicos que trabajan en ellos.

El Consejo trasladó también su respaldo a los médicos de Atención Primaria y reclamó “respeto a su independencia profesional”.

Hay una manera seria de abordar un problema y hay una manera rentable de explotarlo. La patronal española ha elegido la segunda. Desde hace meses, la CEOE repite que el absentismo laboral es un agujero de 33.000 millones de euros, y Alberto Núñez Feijóo ha rematado la faena calificándolo de “cáncer que no podemos pagar” y proponiendo, sin más diagnóstico, recortar la prestación de quienes están de baja. Alarma, brocha gorda y tijera. Lo que merecería un bisturí se despacha con una motosierra.

Empecemos por la brocha gorda. Ese 7,6% de “tasa de absentismo” no mide gente que falta sin justificar: un 6,5% son bajas médicas certificadas por facultativos del sistema público y el resto son permisos reconocidos por ley, como el nacimiento de un hijo o la hospitalización de un familiar. Lo advirtió en julio el Consejo General de Graduados Sociales: bajo la palabra “absentismo” se agrupan realidades distintas, y llamar absentismo a todo por igual pone en peligro derechos laborales. Una baja no es una decisión del trabajador; es una prescripción médica. Quien la rebautiza como fraude no describe un problema: fabrica un culpable.

La cifra estrella merece el mismo escrutinio. Los famosos 33.000 millones no salen de ninguna estadística oficial, sino de estimaciones de AMAT —la asociación de las propias mutuas patronales— y de consultoras con interés comercial en el asunto. Según la fuente, el “coste” baila entre 30.000 y 59.000 millones: no es un dato, es un eslogan. Y su grueso son prestaciones de la Seguridad Social, salario diferido que los trabajadores ya han pagado con sus cotizaciones.

Que las bajas hayan crecido es cierto: según la Encuesta de Población Activa que elabora Eurostat, entre 2018 y 2024 el porcentaje de ocupados ausentes por incapacidad temporal subió un 73% en España, frente al 16% de la UE-27 —un dato de la oficina estadística europea, no de una consultora con intereses en el asunto. Pero antes de gritar “fraude” conviene mirar dónde se concentra ese aumento: solo el 16,6% de los trabajadores acumuló más de una baja en 2023, y ese grupo concentró el 64,5% de las jornadas perdidas. No es un país fingiendo dolores de espalda; es una minoría con procesos crónicos quien carga con la mayor parte, y tiene nombre clínico: dolores de espalda, cuello y articulaciones (32,6%) y salud mental (18,4%), ya primera causa de baja no traumática, mientras cuatro de cada diez empresas ni siquiera evalúan riesgos psicosociales.

El bisturí revela un problema real, que no se llama pereza. Hay más bajas porque las plantillas han envejecido de golpe —los afiliados de 50 a 64 años crecieron un 36,3% entre 2019 y 2025— y un país que celebra trabajar hasta más tarde no puede escandalizarse de que esos cuerpos enfermen más. Y hay bajas más largas porque la sanidad pública acumula 853.509 pacientes en lista de espera quirúrgica, con 121 días de demora media: quien aguarda cinco meses un quirófano no ha elegido su incapacidad; se la han impuesto los recortes sanitarios.

La comparación europea, que la patronal evita, termina de desmontar la premisa. En Alemania, Austria, Bélgica o Noruega, un trabajador enfermo cobra el 100% del salario desde el primer día por mandato legal. En España, el marco legal mínimo hace que pierda tres días completos de sueldo y cobre solo el 60% del cuarto al vigésimo. Feijóo no propone recortar un sistema generoso: propone empobrecer uno de los regímenes menos protectores de Europa occidental. Y el experimento ya se hizo: Alemania recortó esa prestación por ley en 1996, del 100% al 80%. La investigación académica documentó que, aunque redujo las bajas por dolencias no contagiosas, disparó el presentismo entre quienes tenían enfermedades infecciosas, anulando el ahorro en ese terreno. La reforma se revirtió en 1999 y nadie ha vuelto a tocarla.

¿Por qué, entonces, la CEOE elige el alarmismo en lugar del rigor? Porque prefiere controlar antes que prevenir. Es más barato fiscalizar la baja que invertir en que no llegue a producirse, y más barato esperar un recorte legislativo que sentarse a negociar lo que la patronal prefiere no contabilizar: los dos millones y medio de horas extraordinarias semanales que no se pagan, o los casi veinte millones de días perdidos por accidentes de trabajo. La propia posición empresarial delata la impostura: la CEOE no pide menos absentismo, pide dejar de pagar los días 4 a 15 de la baja y trasladar la factura a la Seguridad Social.

El camino serio existe, pero lleva dos años sin recorrerse. La mesa de diálogo social sobre incapacidad temporal se abrió en diciembre de 2024 y sigue sin acuerdo. El Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal, anunciado en febrero para analizar causas en lugar de intercambiar consignas, no ha dado ningún paso más desde entonces. Y del acuerdo de 2023 para que las mutuas aliviaran las listas de espera, solo cinco comunidades autónomas han firmado el convenio. Activar de verdad esas herramientas, reforzar la sanidad pública —porque cada día menos de espera es un día menos de baja— y asumir lo que ya han dictado los tribunales, con el Supremo anulando en 2025 y 2026 las cláusulas que penalizan al trabajador por enfermar, es el camino. Las organizaciones que invierten en la salud de sus plantillas reducen las bajas prolongadas y ganan en productividad: el bienestar no es un gasto, es una inversión.

Un problema con tantas caras exige la paciencia del cirujano, no la euforia del leñador. Exige diálogo social con datos auditables y propuestas que curen. Pero la CEOE no puede disimular que prefiere la comodidad de la motosierra que le ha prometido Feijóo. Con esta actitud, el diálogo social en esta materia se hace imposible.

El Consejo Canario de Colegios de Médicos ha manifiestado su “preocupación” este viernes tras las declaraciones del presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, en las que asegura tener detectados aquellos centros de salud “con cierta propensión” a emitir más bajas médicas o a dar las altas más tarde que otros.

Así se expresó Alfonso este pasado jueves, en la presentación de una nueva edición de la publicación La economía canaria en gráficos 2025, un documento de análisis que evalúa la evolución y los principales retos de los indicadores económicos del archipiélago.

Y uno de los aspectos analizados en este trabajo es precisamente el del absentismo, sobre el cual el director de consultoría y gestión comercial, José Miguel González, ha afirmado: “nos guste o no, está creciendo en toda España pero en Canarias en tasas más aceleradas”.

En esta línea, el Consejo considera necesario diferenciar con claridad el absentismo laboral de la incapacidad temporal por motivos de salud.

El órgano, a través de un comunicado, ha explicado que una baja laboral es consecuencia de una valoración médica individualizada sobre el estado de salud de una persona y su capacidad para desempeñar su trabajo habitual.

Como ha recordado recientemente el Consejo General de Colegios de Médicos de España, la incapacidad temporal es un acto médico reglado en el que los profesionales actúan conforme a criterios clínicos, científicos, éticos y legales.

Las diferencias que puedan existir en los indicadores de incapacidad temporal entre distintos centros de salud no permiten, por sí solas, concluir que exista una práctica clínica inadecuada ni poner bajo sospecha el criterio de los médicos que trabajan en ellos.

La indicación y duración de una baja requieren una valoración individualizada de las circunstancias clínicas y funcionales de cada paciente.

El Consejo detalla que los procesos de incapacidad temporal están sometidos, además, a mecanismos legalmente establecidos de seguimiento y control.

Por ello, advierte que si CEOE-Tenerife dispone de información concreta que considere indicativa de posibles irregularidades, el Consejo entiende que debe trasladarla a los organismos competentes para que pueda ser analizada con rigor y con todas las garantías.

El órgano considera “legítimo” analizar el absentismo laboral y estudiar medidas que permitan mejorar la gestión de las incapacidades temporales.

Además, sostiene que este debate debe desarrollarse con datos, rigor y respeto a las competencias de cada institución, sin convertir diferencias estadísticas entre centros en sospechas generalizadas sobre la profesionalidad de los médicos.

El Consejo traslada su respaldo a los médicos de Atención Primaria y reclama “respeto a su independencia profesional”.

Por último, recalca que “la mejora y el control de los procesos de incapacidad temporal deben realizarse a través de los mecanismos establecidos y con pleno respeto al criterio clínico de quienes tienen la responsabilidad de valorar la salud y la capacidad laboral de cada paciente”, concluye.

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) avisa de que los problemas de absentismo escolar ya no son un asunto marginal, sino que se han convertido en un desafío que afecta a las aulas en casi todos los países desarrollados, aunque en unos más que en otros. En España la tendencia es al alza, sobre todo en la etapa de primaria.

Cada día cuenta. Comprender, prevenir y responder a los problemas de asistencia escolar es el último informe de la OCDE que señala un aumento “constante” entre 2015 y 2023 de las ausencias (al menos una vez cada semana o dos) de los escolares españoles y que se aleja de la tendencia media que muestran el resto de países desarrollados. Aún así, España presenta un 10% de absentismo habitual —dos puntos más que hace una década—, por debajo de la media tanto de la OCDE como de la UE, que están en el 15%.

Pero, en el caso español, la preocupación es la tendencia alcista. “España pertenece a un grupo de nueve sistemas educativos (junto a países como Chile, Finlandia, Italia y Estados Unidos) donde el absentismo nunca descendió y creció sostenidamente durante todo el periodo”, incide este organismo, que señala que Chile y Eslovaquia tienen las tasas más altas y Japón y Corea las más bajas.

Pese a esta tendencia a un mayor abandono, España sí mejora desde hace años en el abandono educativo temprano, uno de los principales debes educativos históricos del país. En 2015, este indicador, que contabiliza a los jóvenes que dejan el sistema al alcanzar la edad mínima legal para hacerlo (16 años), estaba por encima del 30% en 2008 y con la crisis empezó a bajar, para situarse en un 20% en 2015 y caer hasta el 12,8% a finales de 2025.

“Las ausencias indican fracturas”

En su estudio, la OCDE destaca que las trayectorias de absentismo suelen comenzar pronto y tienden a persistir: “Las ausencias previas son uno de los indicadores más fiables de las futuras”. El 36% de los estudiantes que sufrieron ausencias prolongadas en secundaria ya habían presentado este mismo problema durante la educación primaria.

Y los expertos recuerdan que tienen repercusiones muy negativas tanto en el rendimiento académico como en las habilidades sociales del alumno. Las ausencias escolares se asocian con un menor funcionamiento ejecutivo, menor motivación, menor perseverancia y menores aspiraciones educativas; unos factores que pueden mermar aún más la capacidad de aprendizaje.

Las ausencias en primaria impactan en el desarrollo de habilidades fundamentales y en secundaria pueden derivar en problemas de comportamiento al coincidir con importantes transiciones académicas y de desarrollo madurativo.

¿Qué causas provocan el absentismo escolar?

Los problemas de salud física y mental, la desmotivación, las dificultades familiares, la inestabilidad de la vivienda o las responsabilidades de cuidado, son factores críticos, pero también la percepción de falta de relevancia o los conflictos familiares pueden alterar las rutinas.

El acoso escolar y una comunicación deficiente entre la escuela y la familia contribuyen a un mayor número de ausencias, al igual que la escasa coordinación entre los centros educativos y los servicios externos.

La OCDE señala que los alumnos de primaria cuyos padres tienen estudios superiores registran tasas de absentismo más bajas que sus compañeros cuyos padres no los tienen, con una diferencia de hasta 7 puntos.

Otro factor que está creciendo es la tolerancia de los padres hacia las ausencias de sus hijos e hijas por enfermedades leves o por vacaciones durante el periodo lectivo. “Tras la pandemia se ha observado un cambio en las actitudes parentales y una flexibilización de las normas respecto a la importancia de asistir diariamente”, señala el informe.

¿Qué se puede hacer?

Las políticas enfocadas a la inclusión y a dar apoyos específicos contribuye a mejorar la asistencia, mientras que las respuestas rígidas o excesivamente coercitivas pueden reforzar las desigualdades y empeorar la situación.

“Muchos sistemas utilizan medidas punitivas o basadas en multas. Estos enfoques pueden tener efectos a corto plazo, pero es poco probable que reduzcan el absentismo escolar de forma duradera por sí solos”, inciden los educadores.

Para mitigarlo, la OCDE propone ofrecer apoyos de salud física y mental específicos en la asistencia escolar; apoyos directos en las escuelas —como programas de alimentación o transporte— dirigidos especialmente a los estudiantes más vulnerables; establecer legalmente las responsabilidades de las familias y autoridades y compartir datos de forma segura entre instituciones; y flexibilizar el currículo mediante metodologías activas y opciones vocacionales, y evitar la repetición de curso o la expulsión disciplinaria como respuestas automáticas, entre otras cuestiones.

CEOE-Cepyme Cantabria ha lanzado una “segunda parte” de su campaña contra el absentismo laboral que, en este caso, tiene como lema 'Cuando faltan recursos, todos esperamos' y “pone el foco” en las consecuencias y daños que tienen las demoras en las pruebas diagnósticas y en valoraciones por incapacidad para trabajadores, empresas y para el sistema en general.

Sin embargo, la patronal ha negado que ello suponga “una rectificación” después de la polémica que suscitó la primera fase de su campaña, que giraba sobre la idea 'Mientras unos no están, otros esperan' y en la que algunos partidos y sindicatos vieron un intento de “criminalizar” a los trabajadores que no pueden acudir a su puesto de trabajo por estar enfermos o que ejercen derechos laborales como el permiso de paternidad o por hospitalización de un familiar.

De hecho, partidos como el PSOE o la coalición electoral IU-Podemos o sindicatos como CCOO y UGT criticaron la campaña y reclamaron a la patronal que la retirara, a lo que ésta se negó y su presidente, Enrique Conde, tildó de “absurdo” la polémica.

En declaraciones a Europa Press con motivo de esta nueva fase de la iniciativa, CEOE ha aclarado que “no es una rectificación” sino “una segunda parte de la campaña”.

“Nuestra idea es exponer este problema desde los diferentes ángulos que inciden en que el absentismo sea, como ha dicho el presidente de CEOE Cantabria (Enrique Conde) el mayor problema para nuestra competitividad como región. En esta ocasión ponemos el foco en el tiempo, tanto en los diagnósticos como en los tratamientos para la recuperación”, han explicado a esta agencia desde la patronal.

Esta “segunda parte” se desarrolla en redes sociales y en marquesinas de autobuses, con mensajes como 'Esperar no debe formar parte del tratamiento' o 'Esperar una valoración durante dos años no puede formar parte del sistema'.

Con ellos, se quiere incidir en las consecuencias que generar estos retrasos. Según explica en redes sociales la patronal, la demora en las valoraciones de incapacidad “provoca incertidumbre en los trabajadores, repercute en las empresas y daña al conjunto del sistema” y en las pruebas genera “más tiempo sin diagnóstico, sin tratamiento y sin recuperación”, algo que “no afecta únicamente a quien espera” sino que “también repercute en sus compañeros, en las empresas y en el propio sistema púbico de salud”.

“Las bajas laborales son un derecho que debe protegerse; por ello necesitamos un sistema ágil, dotado de recursos y capaz de ofrece respuestas rápidas a quienes realmente lo necesitan”, ha explicado CEOE.

IU-Podemos sí lo ve como una rectificación de la patronal

Sin embargo, y frente a lo que explica la patronal, el candidato a la Presidencia de Cantabria por la coalición IU-Podemos, Israel Ruiz Salmón, ve “una rectificación evidente del enfoque” utilizado por la patronal.

Esta coalición de izquierdas cree que ello no debe recibirse “con celebraciones ni aplausos porque llega después de una campaña que criminalizó injustamente a las personas enfermas y presionó tanto a trabajadores como a profesionales sanitarios”.

IU-Podemos considera que CEOE “ha tardado demasiado en reconocer que el problema son las listas de espera y no las personas trabajadoras”.

“No esperamos que CEOE nos dé la razón, sino que deje de utilizar la enfermedad para enfrentar a trabajadores, usuarios y profesionales. El problema nunca fue que una persona enferma ejerciera su derecho a recuperarse, sino que el sistema sanitario dependiente del Gobierno de Cantabria no disponga de los medios suficientes para diagnosticarla y atenderla dentro de unos plazos razonables”, ha señalado.

Ruiz Salmón ha valorado que la patronal “haya atendido por fin a quienes conocen directamente el funcionamiento del mercado laboral, como los sindicatos y sus representantes en las empresas, en lugar de dejarse arrastrar por las voces más reaccionarias, empeñadas en convertir cada derecho laboral en un privilegio y cada baja médica en una sospecha de fraude”.

IU-Podemos cree que CEOE “ha tardado demasiado en reconocer que el problema son las listas de espera y no las personas trabajadoras” y cree que el “cambio de campaña de la patronal confirma las causas que la coalición y los sindicatos señalaron desde el principio y reclama reforzar la sanidad pública y la prevención laboral”.

Ahora que estamos en este verano que promete ser tórrido, ahora que vamos algo más despacio, vamos a contar mentiras. Concretamente, las mentiras que nos cuentan. Hoy dedicaremos la primera trampa al ojo, la primera ilusión con apariencia de verdad, a un tema muy de moda que vamos a seguir escuchando machaconamente, con o sin insultos, en los próximos tiempos, cual hit del verano y más allá. ¿Por qué mentir? ¿Por qué confundir el absentismo laboral con otras situaciones que no lo son, mezclarlo todo y poner el grito en el cielo?

Es inadmisible confundir el derecho a la salud con el absentismo injustificado. El incremento en la duración de las bajas no es responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras, sino la consecuencia directa del deterioro (¿intencionado?) de la sanidad pública y la saturación de las listas de espera, especialmente en traumatología, lo que prolonga innecesariamente los procesos ante la inacción de administraciones y mutuas.

Lejos de ser un beneficio, la enfermedad acarrea una grave pérdida salarial que puede alcanzar los 2.600 euros en los sectores más precarios, forzando incluso reincorporaciones prematuras que dañan la salud. Resulta interesante observar cómo se ataca a la clase trabajadora mientras la patronal bloquea acuerdos de prevención de riesgos y se niega a gestionar eficazmente los problemas de salud mental y desconexión digital. Que una persona esté enferma nunca será absentismo laboral. A pesar de que lo importante no pasa por combatir el contenido de la mentira, eso nos lo enseñó Derrida, no viene de más repetir la verdad otra vez, otra vez más. El absentismo laboral es únicamente ausentarse del puesto de trabajo sin justificación ninguna. Por lo tanto, no es absentismo laboral y nunca lo será:

Digamos que hablo del valioso trabajo que realizan muchas compañeras y también compañeros de las residencias de mayores que apenas cuentan con 10 minutos para asear, vestir y dar de desayunar a nuestras personas mayores que merecen un tiempo de calidad, sin duda, más digno. ¿Cuánto peso carga cada una estas trabajadoras cada día?

Deberíamos medir y establecer cargas de peso máximas saludables. Recuerdo a aquella compañera que por evitar que una persona mayor se cayera al suelo, salió al quite, evitó su caída, pero se hizo daño. Cuando fue a la mutua y dijo que había sufrido un accidente laboral, le llamaron vieja. Bueno, no así, le dijeron que eso parecía que más que por lo que relataba que le acababa de pasar, pues que “tenía pinta de ser más bien propio de su edad” Y, en otras muchas ocasiones, se añaden frases maravillosas como “la verdad es que con tus años eso no va a mejorar, cada vez va a empeorar. Esto no es por el trabajo”. ¿No hay origen laboral? ¿Algunas condiciones de trabajo actuales no enferman?

Así, por ejemplo, el cáncer es una dolorosa realidad en España, pues es la principal causa de mortalidad laboral, como también en UE. En nuestro país es además una realidad oculta e infradeclarada. Frente a Alemania, donde el cáncer representa el 32% del total de enfermedades profesionales declaradas, en España estamos en valores entre 0,23% y el 0,35%, es decir, se declaran apenas 100 casos de los más de 8000 que se calculan tienen origen laboral.

Alemania tiene una larga trayectoria reconociendo los tumores vinculados a la exposición a agentes carcinógenos (como el amianto o la sílice) como enfermedades ocupacionales. Del amianto nos preocupamos mucho en Toledo, pues tenemos el mayor vertido al aire libre de toda Europa, así con todas las letras. Un problema de salud pública cuyos vertidos están situados a escasos metros de importantes centros de trabajo de la administración regional, habrá que investigar si puede entenderse como un problema de salud laboral enviar a tanta gente a trabajar tan cerca.

Retomando el hilo, esta infradeclaración de enfermedades profesionales en nuestro país supone muchas cosas, tiene consecuencias para las vidas de las personas y también interesan, y mucho, para los cálculos que concluyen que son realidades “que no podemos asumir”.

Me quitan las palabras de la boca, cada vez que una enfermedad profesional o un accidente laboral es derivado como contingencias comunes las personas trabajadoras y la ciudadanía perdemos dinero pues todo cae en la cuenta de la Seguridad Social, que pagamos entre todos.

La verdad es que estamos hartas de que llamen contingencias comunes a enfermedades y accidentes laborales. Y decimos hartas porque, al menos en la Junta de Castilla-La Mancha, enfermamos más las mujeres que hombres, y esto igual tiene que ver con los cuidados, tendríamos que analizarlo mejorando los informes de siniestralidad para que ofrezcan datos más concisos que permitan establecer las causas y programas preventivos eficaces.

La verdad es que estamos hartas de que llamen contingencias comunes a enfermedades y accidentes laborales. Y decimos hartas porque, al menos en la Junta de Castilla-La Mancha, enfermamos más las mujeres que hombres, y esto igual tiene que ver con los cuidados, tendríamos que analizarlo mejorando los informes de siniestralidad

Los fraudes, tanto de las presuntas personas trabajadoras (se calcula que suponen alrededor del 1% y no del 8% que repiten al sumar todo lo que no lo es) como de las presuntas mutuas que derivan algo de origen laboral como contingencias comunes, deben ser todos investigados denunciados y sancionados.

De la misma manera, las personas responsables de condiciones laborales que se demuestren que enferman o matan. ¿Por qué confundirlo todo? ¿Por qué sumar al absentismo laboral con lo que no es? ¿Por qué denominar a un encuentro regional “El absentismo x IT? ¿Por qué hay mutuas con beneficios de más de 7 millones de euros que no los invierten en poner en marcha programas de prevención y promoción de la salud laboral con perspectiva de género y edad?

Poco a poco, tiempo lento para pensar. Hoy, centrémonos en la finalidad de una mentira. ¿Qué se persigue con el hit machacón del verano, otoño, invierno y de cada primavera? Jacques Derrida, el filósofo francés, nos dio la pista que seguiremos hoy: “Lo relevante en la mentira no es nunca su contenido, sino la intencionalidad del que miente”.

¿Qué se busca? ¿Qué se persigue con la psicologización de la precariedad? ¿Estamos caminando hacia un modelo de servicios públicos low cost que permita su privatización? La realidad es que la privatización de los servicios públicos empeora la calidad de los mismos y precariza las condiciones laborales.

Esto significa que nos hacen un juego de trileros que consiste en individualizar, culpabilizar al individuo de las consecuencias colectivas que tienen origen en unas condiciones sociales y de trabajo que enferman, no a uno ni a dos ni a tres, sino a muchos.

¿Qué se busca? ¿Qué se persigue con la psicologización de la precariedad? ¿Estamos caminando hacia un modelo de servicios públicos 'low cost' que permita su privatización? La realidad es que la privatización de los servicios públicos empeora la calidad de los mismos y precariza las condiciones laborales

Ahora que caminamos a nivel global de la democracia hacia otra cosa que no parece mejor , ni de lejos, quizá sea hora de preguntarnos si no es la sociedad la que está dando gritos porque está muy enferma. Seguiremos ahondando en las finalidades que se persiguen y consiguen llenando los espacios de estas cargantes mentiras porque nuestra salud nos va en ello.

Por último, disculpen si notan acaso mi tono un tanto acalorado, todavía recuerdo el día en el que fui a medir las altas temperaturas durante este episodio extremo de calor en las escuelas infantiles y, sin duda, el calor extremo afecta perjudicialmente a la salud si no se toman las medidas adecuadas.

Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, ha sido noticia nacional en las últimas semanas tras proponer bajar el sueldo a las personas de baja para combatir “el cáncer” del absentismo. Unas afirmaciones en las mezclaba incapacidades temporales con absentismo laboral, definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como el hecho de que un trabajador no se presente a su puesto de trabajo “sin motivo justificado”. Un supuesto en el que no entrarían las bajas por enfermedad como afirmó Feijóo en sus declaraciones. Se trata de un discurso en el que lleva tiempo incidiendo la CEOE de Tenerife, por ejemplo, que incide en ello en sus informes y que ha llegado a promover un “buzón de bajas fraudulentas”. Y es además un discurso al que se ha sumado recientemente la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón anunciando una comisión para combatir el “absentismo” pero incidiendo en que se han incrementado con especial atención a las bajas vinculadas a problemas de salud mental leve.

CCOO y UGT remarcan que se vuelve a mezclar absentismo laboral confundiéndose con bajas médicas e incluso permisos de paternidad y maternidad y por otros motivos. “El absentismo en Canarias no llega al 1%”, remarca, mientras insisten en que de lo que no se habla es de salud laboral.

Para Ignacio Hernández, secretario de Acción Sindical de CCOO, “todas estas palabras que hemos escuchado a Feijóo que no son nuevas, y las calificamos de lamentables, surrealistas incluso, y encima es un insulto a la clase trabajadora, pero es que también a los profesionales médicos, porque de alguna manera está diciendo que están prevaricando, que están en un fraude de ley, cuando da baja sin tener que dar esa baja, ¿no? O sea, un despropósito, un insulto, una falta de respeto, y encima habla del cáncer, sabiendo que hay 14.000 procesos oncológicos en este país, y son de origen laboral, o sea, y que en España cada año mueren 6.000 personas, 6.000 fallecimientos son cánceres originarios de trabajo, por tanto, todo esto es un despropósito”.

Hernández añade que se está hablando además con “datos manipulados” haciendo referencia al bajo porcentaje de absentismo que existe realmente. “Hay régimen sancionador, si tú faltas a trabajar se te sanciona, se te descuenta el día”, recuerda.

Considera además que está empezando a calar un relato entre patronales, extrema derecha y derecha que es perseguir las enfermedades comunes. “O sea, tienes un proceso de cáncer, estás con quimio, lo quieren perseguir, quieren recuperar algo que ya puso Rajoy en 2012 con su reforma magnífica, que era el despido por estar de baja, el despido, aunque esté justificada, eso se derogó, pero quieren volver a retomarlo”, lamenta.

Para Héctor Fajardo, de UGT, Feijóo “parece que demuestra su desconocimiento del derecho laboral, de cómo funciona el tema de las bajas laborales, la baja por IT por incapacidad temporal. Algo que no nos sorprende, no nos sorprende demasiado, pero sí nos preocupa, porque, por otra parte, esto ya viene a decir que en su programa de gobierno lo que pretende es recortar derechos a los trabajadores. Hay que recordar a Feijóo también que las bajas, las personas que estén de baja por enfermedad, por IT, en la normativa básica ya cobran menos del 100% de su base de cotización, ya por estar de baja se cobra menos”.

“Otra cosa es que a través de la negociación colectiva, a través de los pactos entre patronal, sindicato o la representación legal de los trabajadores en una empresa, y la empresa se complementa el 100% de la cotización de baja por IT, pero esto cuenta con el acuerdo entre patronal y sindicato o entre empresa y la representación legal de los trabajadores. Entonces, esto que dice él de que aunque haya pacto al contrario, ello aboga por pagar menos a un trabajador que esté de baja, aparte de ser ilegal lo que está diciendo, muestra un desprecio absoluto hacia el diálogo social y la negociación colectiva. Y también muestra un desprecio absoluto hacia la propia patronal, a pesar de que está planteando defender sus decisiones”, agrega Héctor Fajardo.

Fajardo también incide en la idea de que “confundir absentismo con incapacidades temporales, aparte de que vuelve a demostrar su desconocimiento, pero aparte vuelve a hacerle el juego a la patronal con una campaña que está desarrollando a todos los niveles, no solamente a nivel estatal, sino aquí a nivel regional a patronal en Canarias. Están fomentando un discurso que es falaz, que lo que viene es a criminalizar a los trabajadores, dando por hecho no solamente a los trabajadores, sino también a los profesionales, a los facultativos, acusando los de fraude. Que nos parece muy grave”.

A Fajardo le sorprende que el Colegio de Médicos, por ejemplo, “tanto de Las Palmas como de Santa Cruz de Tenerife ”no haya puesto el grito en el cielo, ante las acusaciones de la patronal de estar acusando a los médicos de realizar fraude y de mentir en esas bajas, en esas bajas que las da un facultativo, y precisamente es un facultativo su rigor científico a la hora de establecer si la persona puede trabajar o no, si le está haciendo esas acusaciones“.

Alarma ante la mesa que anuncia la consejera de Sanidad

El vicesecretario General de Organización y Comunicación de UGT añade que otra cuestión que preocupa al sindicato y que no es la primera vez que pasa, es que la administración, el Gobierno regional “le compre también el mismo discurso a la patronal y ahora haya creado una mesa de absentismo vinculada con la ITE, la Consejería de Sanidad, que quiera crear una mesa de absentismo. Oye, si vamos a hablar de bajas, si vamos a hablar de incapacidades temporales, es cierto que hay un porcentaje alto de incapacidades temporales, pero eso tiene que ver con la escasa política de prevención de riesgos laborales, la escasa política de promoción de la salud en los entornos laborales. Esto es responsabilidad única y exclusivamente, bueno, principalmente vamos a decir, de las empresas”, asegura.

“Si hubiera una política fija de prevención de las enfermedades, no solamente de enfermedades de origen laboral, sino de prevención de la salud o de promoción de la salud, seguro que las incapacidades temporales se reducen. También mejorando las condiciones de trabajo, mejorando las sobrecargas laborales que hay, también se reducen las incapacidades temporales”, advierte.

“Entonces, eso es mejor manera de resolver este problema que no mirar a los trabajadores y criminalizarlos. Porque al final lo que están intentando hacer es trabajar enfermos. Y eso, a la larga, aparte de ser una política bastante estúpida, porque lo que va a provocar eso es que bajas se alarguen, se cronifiquen”, agrega.

En este punto, Ignacio Hernández añade que a esa mesa que ha anunciado la consejera de Sanidad no se ha invitado a los sindicatos. “Vamos a hablar, pero vamos a hablar de verdades, de lo que realmente está pasando. Porque están pasando cosas, por ejemplo, ¿por qué no hay inversión en prevención de riesgos laborales? Vamos a buscar el origen de esas bajas médicas, de esos accidentes. El año pasado murieron 30 personas en Canarias, no volvieron a su casa a ver a su familia. Pues no se ha invertido en prevención de riesgos laborales, inviertan en prevención de riesgos laborales, evalúen por qué esas ansiedades, por qué esas hernias, por qué esas intoxicaciones de los bomberos forestales…

Asimismo, apunta que cuatro de cada diez horas extras que se hacen, ni se pagan, ni se cotizan, ni se compensan y pese a ello al Gobierno de Canarias solo le interesa hablar de productividad. “Un informe del BBVA dice que en los últimos 25 años ha aumentado la productividad de las personas trabajadoras un 22%, producimos mejor las personas trabajadoras, mientras que en nuestros últimos 25 años, la productividad de las empresas, que son otros factores que se miden distintos, ha caído hasta un 21%”, apunta. “Entonces, el problema no son los trabajadores, las trabajadoras, el problema es otro”, agrega.

El secretario de Acción Sindical de CCOO pone el ejemplo de la hostelería en Canarias, con jornadas de turnos partidos, salarios más bajos que en el resto de España y muy precarizada. “En Canarias se produce, los trabajadores producen, pero es el sistema productivo canario el que no es eficiente”, sostiene.

La secretaria general de CCOO Canarias, Vanessa Frahija Betancort, también se ha pronunciado recientemente en comisión parlamentaria acusando al Gobierno de Canarias de “comprar el relato a la patronal” sobre el absentismo laboral y de criminalizar a la clase trabajadora mientras se evita abordar problemas como la pobreza, los bajos salarios, la economía sumergida o las horas extra sin remunerar.

Según sus declaraciones, recogidas por EFE, rechazó también que se identifiquen como absentismo las bajas médicas, los permisos de maternidad o paternidad, los accidentes laborales y otros derechos reconocidos legalmente, y ha asegurado que la ausencia injustificada del puesto de trabajo “no llega al 1 %” en Canarias.

Además, afeó al Ejecutivo autonómico asumir el discurso empresarial mientras guarda silencio sobre el fraude derivado de la economía sumergida, las más de 32.000 horas extraordinarias semanales que, según el sindicato, no se pagan ni cotizan, o la derivación de pacientes desde las mutuas al Servicio Canario de la Salud, que contribuye a aumentar las listas de espera.

El presidente del Consello Económico e Social (CES), Manuel Pérez, reprocha al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, que “cáncer” no es “la palabra más adecuada” para referirse al impacto de las bajas laborales en la economía, si bien coincide con él en que es preciso “cortar con el abuso”.

Sin descartar que el CES haga un estudio sobre este tema “en un futuro”, Pérez ha emitido su opinión a preguntas de los medios de comunicación –recogidas por Europa Press– después de entregar al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, la memoria socioeconómica del organismo correspondiente al año 2025.

“Mi opinión como inspector de trabajo jubilado es que el tema del absentismo laboral hay que analizarlo pormenorizadamente y separando los derechos que le corresponden al trabajador, es decir, las bajas que están justificadas, del abuso que se hace por las personas”, ha destacado el que fue alcalde de Vigo por el PP.

En este punto, ha traído a colación un comentario que le hizo “hace bien poco un empresario” sobre una trabajadora que llevaba “de baja dos meses” y que se iba “a una zona de la frontera con Portugal a bailar”. “Lo que hay que procurar es cortar con el abuso”, ha subrayado.

Además, ha hecho referencia a las declaraciones de Núñez Feijóo: “Pienso que eso, además, fue lo que quiso decir el antiguo presidente de la Xunta cuando habló de cáncer, que a lo mejor no fue la palabra más adecuada, pero que en su espíritu estaba tomar medidas”, ha sostenido.

Para el presidente del CES, “no se puede decir a un trabajador que está esperando ser operado y que lleva de baja 10 meses tú estás abusando”. En este caso “lo que hay que hacer es reducir el tiempo de espera”, ha constatado, para volver a incidir en que “luego” deben tomarse “medidas con aquel que realmente abusa”.

Pérez ha aludido a su experiencia profesional al asegurar que un trabajador le preguntó “si tenía derecho a marcharse a su aldea para las fiestas, si la empresa tenía que darle esos días de vacaciones”. “Cuando le dije que no, me dijo: Bueno, es igual, cojo una baja”, ha criticado.

La memoria pide “medidas correctoras”

Manuel Pérez ha destacado que la memoria socioeconómica de Galicia 2025 fue aprobada por unanimidad en el CES y es “fiel reflejo de la situación” de la comunidad.

El CES, ha destacado, “no es un instrumento laudatorio de la acción del Gobierno”, por lo que hace su análisis y también “alguna crítica”. Con todo, sobre la situación de Galicia, Pérez considera que es “buena” y cita al expresidente de la Xunta Manuel Fraga para afirmar que “no hay situación, por buena que sea, que no pueda mejorar”.

En su apartado de consideraciones, la memoria indica que el CES “considera necesario llamar la atención” sobre la “realidad” de los procesos de incapacidad temporal “e insistir en la necesidad de aplicar las medidas correctoras precisas”, ya que “perjudica tanto a las personas afectadas como al empresariado y al erario”.

En concreto, según sus datos, en 2025 “Galicia registra un incremento de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes acompañado de una duración media significativamente superior a la media estatal (casi el doble), que alcanza los 78,85 días frente a los 41,90 días en España, y el número de procesos iniciados en 2025 es superior a los iniciados en el año anterior”.

En este apartado, también constata que el índice de incidencia de accidentes mortales bajó de 5,5 en 2024 a 4,2 en 2025, “pero Galicia sigue muy por encima de la media estatal, que se sitúa en 2,8”. “Esta situación requiere impulsar y reforzar las actuaciones del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia en este ámbito”, subraya.

En otro punto, la memoria advierte de que en Galicia aumenta la duración media de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes y ve “preciso reforzar las medidas que permitan revertir esta situación que impide la pronta recuperación de las personas trabajadoras en un contexto de falta de mano de obra en muchas ocupaciones”.

Prosigue el polémico debate sobre el absentismo laboral que se abrió con motivo de las declaraciones de Ángel Nicolás, presidente de la patronal castellanomanchega (CECAM) llamando “memos” a los jóvenes pedían la baja médica por salud mental y por las que luego pidió disculpas.

Ahora, Manuel Madruga, el secretario general de la Federación Empresarial Toledana (FEDETO), integrada en la CEOE de la comunidad autónoma, se ha referido también a esta cuestión, con algún matiz. Básicamente, insiste en denunciar “fraude” en las bajas laborales, pero añade: “No culpamos a los médicos”.

Concretamente, argumenta que por cada euro destinado a una “baja indebida”, es un euro que “dejamos de destinar a la sanidad, a la educación, a las pensiones, a la dependencia, a servicios sociales o, por ejemplo, a trabajo”.

Según dice, los datos “están ahí”. “Los procesos de incapacidad temporal nos costaron a todos los españoles 34.000 millones de euros en el año 2025”, añade, afirmando además que “lo que nadie quiere saber” es que ese coste se ha disparado desde el año 2015 al año 2026 en un 240%, o que las bajas crecen a un ritmo del 133%.

Tenemos un grave problema y tenemos que analizarlo, controlarlo y de alguna manera investigarlo

También apunta que la OCDE ha avisado a España de los “altos índices” que tiene de incapacidad temporal, representando 4,7% de sus trabajadores, mientras que la media europea es del 2,5%.

“¿Significan estos datos que FEDETO está queriendo trasladar a la sociedad que todos los procesos de incapacidad temporal son fraudulentos? No, no significa eso, ni siquiera que mayoritariamente sean fraudulentos. Lo que significa es que tenemos un grave problema, lo que significa es que ese grave problema tenemos que analizarlo, controlarlo y de alguna manera investigarlo”, subraya.

Manuel Madruga considera “otro dato palmario” que el 25% de las personas que se encuentran en situación de IT concentran el 55% de todos los procesos de incapacidad temporal.

Es en este punto cuando dice no cuestionar “para nada en absoluto” a los médicos. “Sabemos los medios que tienen, las consultas masificadas que tienen y las listas de espera que tienen. Y de estos se valen quienes quieren cometer el fraude”.

Dolencias que “no se pueden medir de una manera objetiva”

A ello añade que hay “determinadas dolencias de carácter físico, por ejemplo el dolor, o determinadas situaciones emocionales” que “no se pueden medir de una manera objetiva y que dependen mucho de lo que sea lo que el propio paciente está trasladando al médico”.

Dicho esto, critica que traten de “desacreditar” a la patronal o de “cancelarnos mediáticamente” como consecuencia de que “hayamos tenido mejor acierto en Toledo, en Barcelona o en Canarias a la hora de referirnos al absentismo laboral”.

“Nuestros datos son datos objetivos, sabemos que son datos que molestan, pero también sabemos que son datos que cada vez están siendo más avalados por organismos nacionales, como el Banco de España o la AIREF, o internacionales como la propia OCDE”.

Afirma que incluso los sindicatos reconocen en los acuerdos nacionales para la negociación colectiva que hay “un problema con el absentismo laboral” que ahora “se niegan a reconocer, diciendo que lo que tratamos es de recortar derechos”. Y concluye afirmando: “Para FEDETO, combatir el fraude no es recortar derechos, es todo lo contrario, es proteger a aquellas personas que sí necesitan coger una baja”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este sábado que le dan igual las críticas y las últimas polémicas que ha suscitado por sus opiniones sobre el absentismo laboral o la 'ley de nietos', y ha puntualizado que estas demuestran que va por buen camino. “¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual porque yo estoy aquí para dar debates valientes y para dejar un país mejor para los jóvenes como vosotros”, ha apuntado en el cierre del XVI Congreso de Nuevas Generaciones del PP.

Que le critiquen ahora, ha añadido, es “razonable” y demuestra que va “por el buen camino”. Estos días, ha relatado, han sido “muy interesantes” y le han criticado, por ejemplo, por cuestionar que millones de personas puedan obtener la nacionalidad de un día para otro “sin las garantías necesarias y por encima de los límites legales que se habían fijado”, ha recordado, en referencia a su opinión sobre la conocida como 'ley de nietos'.

Le han criticado también, ha dicho, por defender una España “en la que el absentismo laboral fraudulento no se consienta sino que se persiga” y por “defender” que el Gobierno pueda ayudar a aquellas personas que vayan a ser padres antes de que un niño nazca. “No llevo toda mi vida dedicándome a la política y al servicio público para llegar al Gobierno de España y conformarme con lo que heredo”, ha apuntado el líder del PP.

Feijóo lleva varios días enlazando polémicas. El pasado martes en Bilbao Feijóo afirmó que el absentismo laboral en España “no se sostiene” y supone “un cáncer que no podemos pagar”, ya que cuesta “más de 30.000 millones de euros y el déficit de la Seguridad Social son 70.000 millones”. Por otro lado, el pasado 29 en una entrevista en EsRadio acusó a Sánchez, de “fabricar” votantes a través de la conocida como 'ley de nietos', que da la nacionalidad a descendientes de españoles.

También la semana pasada informó en una entrevista en Antena 3 que si llega a la presidencia del Gobierno hará una ley nacional para que el concebido no nacido sea reconocido como un miembro más de la familia para recibir ayudas públicas, en la misma línea que la ley promovida por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El presidente de los jóvenes

El discurso de Feijóo ha clausurado el XVI Congreso de NNGG del PP del que sale un nuevo presidente, Ignacio Dancausa, en sustitución de la diputada vasca Bea Fanjul. Un evento con el que Génova busca potenciar el voto joven, en un momento en el que Vox les lleva la delantera. Según el último barómetro del CIS publicado en mayo (el último que desglosa por edad), el 21,1 % de los jóvenes de entre 18-24 años votarían a Vox, frente al 14,1 % al PP.

Feijóo, que ha estado acompañado de varios miembros de su directiva, entre ellos el secretario general, Miguel Tellado, ha apuntado que quiere ser “el presidente de los jóvenes”, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez les ha “fallado”. “Merecéis una política mejor y no me resigno a que seáis la primera generación que viva peor que vuestros padres”, ha apuntado el líder del PP, que ha sido recibido por los jóvenes asistentes al congreso con gritos de “presidente” o “Oa oa oa, Feijóo a la Moncloa”.

El líder del PP ha dicho que no promete “una vida fácil” ni que “todo será gratis” pero sí que “el esfuerzo no será en vano”. “Os prometo una vida justa, no os prometo un país subsidiado, os prometo un país con oportunidades, no os prometo dependencia, me comprometo con la libertad”, ha dicho el líder popular. El presidente del PP les ha pedido a los jóvenes que sean “el altavoz” que recuerde que necesitan el futuro que se merecen.

A sus 25 años, Dancausa se ha convertido en el nuevo líder de las juventudes del PP, puesto al que llega con la confianza de Feijóo, después de cuatro años al frente de la organización juvenil en Madrid, donde llegó avalado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Dancausa, candidato único tras pactar con otras dos personas que anunciaron su precandidatura, ha conseguido el 96,5 % de los votos válidos tras la votación en el XVI Congreso de NNGG que se celebra en Valladolid y que será clausurado por Feijóo.

Hoy no me dirijo a usted desde ninguna sigla política, ni siquiera como votante, sino simple y desgraciadamente como una persona paciente con cáncer desde el año 2018. Hoy le he leído unas declaraciones sobre las bajas médicas que considero profundamente indignas. Si las dejara pasar, sentiría que estoy olvidando a todas las personas que han perdido la vida a causa de esta enfermedad o que, como yo, están librando una dura batalla diaria contra ella.

Me da la impresión de que usted no sabe cómo vivimos nuestro día a día quienes padecemos esta patología. Y si lo sabe, calificar la situación de las bajas laborales como un “cáncer” constituye una ofensa intolerable. No sólo para nosotros, sino también para nuestros familiares. Como bien dicen los míos, esta enfermedad no sólo la sufrimos los pacientes en primera persona; la sufre todo el entorno que nos rodea, nos sostiene y nos ve decaer.

Usted ha querido mandar un mensaje netamente económico a la patronal, pero lo que ha conseguido es pegarnos un puntapié a muchísimas personas enfermas de este país. Le invito a que se pase cualquier mañana por una sala de espera de Oncología o de Hematología de cualquier hospital público. Verá cómo estamos cientos de personas esperando recibir un tratamiento de quimioterapia, inmunoterapia o radioterapia. Cuando usted viera a tantas personas aferradas a esas terapias para poder seguir viviendo, y mirase nuestras caras de cansancio e incertidumbre, se le iban a quitar las ganas de frivolizar con este término de un plumazo.

Le pido que recapacite, que cuide el lenguaje institucional y aprenda a respetar el dolor de los pacientes

Demuestra usted una ignorancia de tal calibre que si revisara las estadísticas de cuántos cánceres se diagnostican en España al año, mediría mucho más sus palabras.

Le escribe alguien que se ha criado y vive entre hospitales. He pasado por tratamientos de quimioterapia, radioterapia, un autotrasplante de médula ósea y más inmunoterapia durante años. Describir mi vida así es mostrar mi realidad con meridiana claridad. Una baja médica para un enfermo grave no es absentismo laboral, ni pereza, ni un fraude; es una prescripción facultativa y un derecho indispensable para intentar curarse sin caer, además, en la ruina económica.

Para aspirar a gobernar, hay que entender que el interés general debe estar por encima de todo, y no hay mayor interés que la vida y la salud. Le pido que recapacite, que cuide el lenguaje institucional y aprenda a respetar el dolor de los pacientes. Lo digo desde el más profundo dolor que me han producido sus palabras.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado que las críticas del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al uso de las bajas laborales son una “demonización de la clase trabajadora”. Así lo ha dicho en la conmemoración en Barcelona de los 50 años de la última asamblea clandestina de CCOO del tardofranquismo. Sordo ha afeado al líder del PP su intención de “recortar derechos de las personas enfermas” y de “irrumpir” en la negociación colectiva impidiendo que los convenios colectivos mejoren las condiciones de las bajas.

En este sentido, Sordo opina que “una parte del poder económico” en España está “preocupado” por la posibilidad de llegar a una situación de pleno empleo porque, según dice, la “capacidad de negociación y de presión de los trabajadores se incrementaría de una forma muy importante”.

En esta línea, el secretario general de CCOO ha recordado la importancia de la organización obrera y, en el marco de la conmemoración de la asamblea de Sant Medir, ha querido insistir en que fue “una intensísima galerna de huelgas” la que “derribó” al régimen franquista. “La España democrática fue producto de una lucha” de trabajadores, movimientos vecinales y estudiantiles.

Parte de esas huelgas y acciones se concibieron en la asamblea del 11 de julio de 1976 en la iglesia de Sant Medir, del barcelonés barrio de Sants, en la que se juntaron más de 600 delegados sindicales de todo el país, cuando la organización seguía siendo ilegal.

En el acto han participado también la secretaria general de CCOO en Catalunya, Belén López y representantes políticos como la vicepresidenta segunda y ministra del Trabajo, Yolanda Díaz; el president de la Generalitat, Salvador Illa; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Yolanda Díaz también ha dedicado su intervención a las declaraciones de Feijóo sobre las bajas laborales y ha recordado que el absentismo laboral no tiene nada que ver con “derechos” como el que permite faltar al trabajo para estar enfermo o acogerse a una huelga. La ministra ha advertido que el PP pretende “acabar con derechos laborales de España con o sin acuerdo”.

“La peor posición de la gente progresista es la de estar quietos”, ha seguido Díaz, que ha reiterado que “la gente trabajadora no puede resignarse”. En esta línea, ha defendido la necesidad de sacar adelante nuevos acuerdos desde el Gobierno que permitan “aumentar la democracia en las empresas, reformar los despidos o resolver la deuda clave de la vivienda en el Estado español”.

Por su parte, Illa ha advertido de que en España existe un “riesgo real de involución” ante la posibilidad de una alternancia política en el Ejecutivo. En este contexto, el president ha situado a los sindicatos como unos “aliados exigentes” para diseñar e implementar cualquier política pública. También ha destacado el “compromiso” del Govern de la Generalitat con el mundo del trabajo con medidas como el aumento de presupuesto para políticas activas de empleo.

Por parte del Ayuntamiento, Collboni también ha criticado las declaraciones de Feijóo diciendo que “banaliza” y “frivoliza” con las bajas laborales, pero ha asegurado que “no es un error” del líder popular: “Es que están mostrando los dientes”, ha remachado.

Para el alcalde, “el trabajo digno sigue siendo la mejor política de igualdad” y ha alabado el papel de los sindicatos en este ámbito ante retos como el impacto de la inteligencia artificial, la transición ecológica o la “precarización” en algunos sectores.

Para este acto de conmemoración, CCOO ha reeditado en un libro los discursos que Marcelino Camacho y Nicolás Sartorius, históricos dirigentes de la organización, pronunciaron en la asamblea de 1976. En sus parlamentos del que fue el último encuentro clandestino del sindicato, Camacho reivindicó a “los trabajadores asesinados, encarcelados y represaliados por el fascismo, por su lucha por la libertad sindical”. Sartorius, por su parte, situó al movimiento sindical como una de las causas de la caída del gobierno de Arias Navarro.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha confirmado este jueves que su departamento estudia la creación de una mesa de trabajo con la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, CEOE Tenerife, para abordar el absentismo laboral en las islas, con especial atención a las bajas vinculadas a problemas de salud mental leve.

Cabe destacar que los sindicatos UGT, USO y CCOO en Canarias han contrarrestado en reiteradas ocasiones las críticas al mal llamado absentismo con el que la patronal incluye las bajas por enfermedad, los permisos y las vacaciones, pues a su juicio sólo un 1% de las faltas al trabajo están injustificadas.

Canarias tiene los segundos sueldos más bajos del país y los costes laborales más bajos de todo el territorio nacional. Además, el 40% del empleo en las islas es generado por el sector servicios, un sector que, según un reciente informe de CCOO, está altamente precarizado, particularmente en la hostelería, donde ha ido restando atractivo hasta pasar a definirse “como low cost, mal pagado, inestable y poco profesionalizado”.

Preguntada por la solicitud de la CEOE de Tenerife a tratar el absentismo de manera coordinada entre administraciones, sistema sanitario y tejido productivo, Monzón ha explicado que la Consejería ya cuenta con un observatorio centrado en las incapacidades temporales (IT) por causas relacionadas con la salud mental y ha considerado “muy interesante” incorporar también a la patronal a este espacio.

La consejera ha indicado que ya ha mantenido conversaciones con el presidente de la CEOE de Tenerife, Pedro Alfonso, y ha defendido que esta iniciativa pueda extenderse también a la provincia de Las Palmas para abordar el problema desde una perspectiva regional.

“Estamos en conversaciones para podernos sentar y hablar de esta comisión para ponerla en marcha lo antes posible”, ha señalado Monzón.

La responsable de Sanidad ha reconocido que el absentismo laboral es “muy alto” tanto en Canarias como en el conjunto de España y ha subrayado que la Consejería de Sanidad “es una parte importante de la solución de ese problema” y puede contribuir a reducir las bajas prolongadas mediante circuitos específicos que agilicen pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.

Según ha explicado, el objetivo es evitar demoras en la atención sanitaria que prolonguen las incapacidades temporales de los trabajadores.

Monzón ha afirmado que el Gobierno canario afronta esta posible mesa de trabajo con “ilusión” y con la voluntad de reunir a todas las partes implicadas para compartir propuestas que ayuden a reducir el “daño” que el absentismo hace a la productividad del archipiélago.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que el enfoque planteado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en torno a las bajas laborales y el absentismo “no es el más acertado” y ha hecho hincapié en que “no podemos renunciar” a hacer las cosas por acuerdo entre sindicatos y empresarios a través del “diálogo social”.

García-Page ha remarcado no obstante que las bajas laborales se han incrementado en España y que “hay un problema de fondo”. Sin embargo, considera que “de todos los enfoques posibles”, el planteado por el PP “no es el más acertado”.

El presidente castellanomanchego opina que “lo que se haga” se tiene que realizar “por consenso” con los sindicatos y con la patronal, porque “a todos nos preocupa y a todos nos afecta”.

Dicho esto, ha argumentado que todo este asunto “tiene que ver con un problema mayor”, y es que “llevamos mucho tiempo”, rebajando “mucho” la “autoexigencia colectiva por la cultura del esfuerzo”.

No prescindamos de nuestra propia capacidad para sacar adelante el país

“En realidad en España hay muchísima gente que se apunta a no pagar impuestos, pero al mismo tiempo que todo lo asuma el Estado, a intentar confundir unas cosas con otras y yo creo que no se puede rebajar ni un milímetro el principio de esfuerzo personal y de esfuerzo colectivo para sacar las cosas.

Tras abogar por que los ciudadanos “no prescindamos de nuestra propia capacidad para sacar adelante el país”, ha insistido en el que el PP ha planteado la cuestión “de manera incorrecta” y ha empezado “la casa por el tejado”.

“Puede haber fraude, pero lo cierto y verdad es que para llegar a la conclusión a la que llegó el señor Feijóo hay que pasar muchas metas volantes primero y sobre todo no podemos renunciar a hacer las cosas por acuerdo entre sindicatos y empresarios”.

La patronal en España lleva tiempo movilizada con el falso relato del fraude del absentismo. Lo venimos escuchando en distintos formatos: “Los vagos que el lunes no vienen a trabajar”, “los jóvenes son unos memos porque cuando les deja la novia se cogen la baja”, “hay que premiar a los que madrugan y se esfuerzan” y así un largo etcétera de despropósitos que llenan cada semana las cabeceras de los medios de comunicación y horas de tertulia. Con ello arriman el ascua a su sardina que no es otra que el beneficio económico.

Ahora es el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien se suma al movimiento contra la protección social y los derechos laborales en España. Pero vamos a intentar poner algo de luz y coherencia a tan mediático asunto.

El actual sistema de protección social en España estipula que, cuando una persona trabajadora tiene una enfermedad común, dolencia o accidente la única persona capacitada para cursar su baja médica es el profesional facultativo del SNS o las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social si se trata de un accidente o enfermedad profesional.

Una vez que el facultativo emite la baja médica el actual sistema de protección en nuestro país reconoce, con carácter general, una prestación económica equivalente al 60% de la base de cotización del mes anterior entre el día 4 y el día 20 de baja, y del 75% a partir del día 21 de baja hasta el alta médica o resolución del tribunal médico en bajas no laborales. En enfermedad profesional o accidente de trabajo, el 75% desde el día siguiente. Recordamos que la persona trabajadora no cobra durante los tres primeros días.

¿Acaso están sugiriendo que los profesionales médicos están estafando y actuando de forma dolosa? Yo afirmo rotundamente que no. También puedo afirmar que, frente al mínimo porcentaje de bajas fraudulentas, son muchas más las personas trabajadoras que renuncian a coger una baja por miedo a ser despedidas o las que sufren la sobrecarga en empresas donde éstas no se cubren. El hecho de que las patronales se olviden de promover la calidad preventiva, de promocionar la protección de la salud mental y, con ello, reducir los riesgos psicosociales tampoco es casual.

El deterioro de nuestro sistema público sanitario viene provocado por las privatizaciones y por la escasa financiación que ha desembocado en el colapso de la atención primaria y el aumento de las listas de espera en la especializada

El deterioro de nuestro sistema público sanitario viene provocado por las privatizaciones, en gran parte con gobiernos del PP, y por la escasa financiación que ha desembocado en el colapso de la atención primaria y el aumento de las listas de espera en la especializada. Ese, y no otro, debe ser el principal reto a abordar hoy.

El sistema de relaciones laborales en España estipula que las bajas injustificadas al trabajo pueden tener efectos negativos para las personas trabajadoras. Las empresas tienen herramientas para sancionar esta conducta, y lo saben.

Lo que el PP y la ultraderecha vienen a cuestionar ahora es todo un sistema democrático basado en las relaciones entre organizaciones empresariales y sindicatos. De ellas depende la negociación colectiva que, en Castilla-La Mancha, ha permitido fraguar 82 convenios sectoriales, más todos los de empresa, que regulan las condiciones laborales de miles de personas asalariadas. Entre todos y todas nos hemos dado un sistema que nos protege cuando caemos enfermos y enfermas. Esa conquista de derechos no ha venido impuesta sino por la concertación social. Y son empresarios y sindicatos los que, en las mesas de negociación, han pactado complementar la merma económica que suponía la incapacidad para trabajar.

Por eso lo que ahora el líder de la oposición ha puesto sobre la mesa es uno de los mayores ataques a la negociación colectiva y a los derechos ya consolidados en este país, por no hablar de la intromisión intolerable en el diálogo social cuando dice que reformará la normativa “con o sin acuerdo”. Recortar los complementos por IT criminaliza a las personas trabajadoras cuando están enfermas sin solucionar la base del problema.

Desde CCOO no lo vamos a permitir. El ejercicio de los derechos no es absentismo. Frente a los discursos demagógicos: rigor, análisis serio y soluciones que protejan la salud de la clase trabajadora con la que no vamos a mercadear.