El Gobierno vasco va a formalizar este martes un relevo en su tercer nivel de la Administración, aunque de gran trascendencia. Se va a aprobar el cese de Mario Yoldi, alto cargo en el área de Vivienda ahora con el consejero Denis Itxaso pero, con diferentes funciones, siempre detrás de todos los consejeros del ramo de modo ininterrumpido durante las últimas cuatro décadas. Es el arquitecto de las políticas públicas de Vivienda en Euskadi de los últimos lustros, incuyendo el decreto de modificación de una batería de programas que se aprobará también este martes al igual que su salida del organigrama.

Yoldi se jubila. Lo ha explicado este lunes el consejero Itxaso en una rueda de prensa de presentación de la redacción final del decreto, en la que estaba presente a su lado. “Es el artífice de esto y de buena parte de las políticas de este departamento en las últimas décadas”, ha señalado. Y ha agregado que es un “funcionario de carrera” que ha prestado “servicios de alta dirección” y también cargos políticos con consejeros de varios partidos “fundamentalmente por su capacidad, conocimiento y trayectoria”, ha indicado. “Este Gobierno le debe mucho”, según Itxaso.

Licenciado en Económicas por la EHU, tiene también un máster en la materia por la misma Universidad. En 1989 se incorporó ya a Vivienda como jefe de Estudios, Planificación y Presupuestos, un cargo que mantuvo durante dos décadas. Sus consejeros fueron José Miguel Martín Herrera, del PSE a secas, Jon Larrinaga de EE, José Antonio Maturana, del PSE-EE, Patxi Ormazabal, de EA, y Javier Madrazo, de EB-IU. Después, en la primera etapa del socialista Iñaki Arriola ascendió a alto cargo, a director. En la primera legislatura de Iñigo Urkullu, con los consejeros del PNV Juan María Aburto y Ángel Toña, fue de nuevo responsable de Estudios, Planificación y Presupuestos. Arriola regresó a Vivienda y ocupó el puesto ocho años más. En estas dos legislaturas y en la actual, con Itxaso, ha vuelto a ser alto cargo designado por el PSE-EE, en concreto director de Planificación y Procesos Operativos.

En su última comparecencia compartida, Itxaso ha querido comprar una reflexión de Yoldi sobre las políticas de Vivienda y ha asegurado que “Euskadi ha hecho muchas cosas bien” en cuatro décadas y que fuera “se reconoce ese valor distintivo”. “Pero también nos ha superado la demanda” y la carestía de los precios, ha admitido el consejero. Yoldi se va con la Vivienda como principal preocupación ciudadana pero también con Euskadi como primera comunidad que, en 2015, reguló por ley el desarrollo del derecho constitucional.

La consejera de Movilidad Sostenible, la socialista Susana García Chueca, ha pedido a Francia que se “sume al esfuerzo” que están haciendo los Gobiernos vasco y central“ para la llegada de la alta velocidad a Euskadi, cuyas obras arrancaron en 2006 y para las que no hay fecha de finalización. Lo pide ”para que la 'Y vasca' se conecte con Europa“, al tiempo que ha reclamado a la propia Comisión Europea que ”active los mecanismos que tiene en su poder para reclamar a las administraciones francesas que se pongan en marcha“.

García Chueca ha realizado esta petición en el marco de la jornada organizada en Bilbao por Euskal Trenbide Sarea (ETS), el administrador ferroviario autonómico equivalente al estatal Adif, para conmemorar su vigésimo aniversario, en la que la consejera ha puesto en valor los 2.288 millones de euros invertidos en la mejora y consolidación del sistema ferroviario vasco en estos 20 años, informa Europa Press. García Chueca se ha hecho acompañar por tres de sus predecesores al frente de la cartera, Iñaki Arriola del PSE-EE (2009-2012 y 2020-2024) y Ana Oregi (2012-2016) y Arantxa Tapia (2016-2020) del PNV. Nuria López de Guereñu no ha podido asistir por motivos de agenda.

Bajo el lema '20 urte Euskadi saretzen-20 años tejiendo Euskadi', la consejera y presidenta de ETS ha señalado que “Euskal Trenbide Sarea cumple 20 años con una trayectoria que coloca a Euskadi a la cabeza de las regiones que tienen la capacidad de tejer una red de movilidad sostenible pública de calidad”. El Parlamento Vasco aprobó por unanimidad en 2004 la ley de creación del organismo. Ese mismo año, en una primera fase, se constituyó ETS, en base al equipo, la estructura y las funciones de la antigua ingeniería para Metro Bilbao (Imebisa). En una segunda fase, en 2005, se traspasó a ETS la unidad de proyectos y obras de Euskotren. Ya en 2006 se culminó el proceso con el traspaso de personal y medios de Euskotren que a día de hoy forman parte del área de Explotación del ente público.

En todos estos años, ETS ha invertido 2.288 millones de euros que han servido para ampliar y mejorar la red propia, así como avanzar en la expansión de las Líneas 1 y 2 del Metro de Bilbao y la puesta en servicio la Línea 3 del suburbano. Hoy en día construye la Línea 5 y redacta los proyectos que desembocarán en la ejecución de la Línea 4. Además, ha proyectado, construido y puesto en servicio los tranvías de Bilbao y Vitoria y está inmerso en la redacción de los proyectos constructivos para su expansión a Zorrozaurre y Zabalgana, respectivamente. Dos décadas después de su creación, Euskal Trenbide Sarea gestiona y se encarga del mantenimiento de 180 kilómetros de una red ferroviaria que surca Euskadi de este a oeste con 90 estaciones que han sido testigos de 370 millones de viajes.

En este periodo, ETS también ha modernizado las líneas Bilbao-Donostia, el Topo, Txorierri y Amorebieta/Etxano-Bermeo y en 2026 pondrá en servicio las variantes ferroviarias Lugaritz-Easo y Altza-Galtazaraborda, lo que supone, en definitiva, la metrización del histórico Topo en Gipuzkoa. Asimismo, por encomienda del Gobierno central al vasco, el ente público ha ejecutado la plataforma de la 'Y vasca' para el tren de alta velocidad en el territorio histórico de Gipuzkoa, el más rápido de los ramales, y trabaja en la redacción de los proyectos de los accesos a Bilbao y el nudo de Arkaute.

De esta manera, García Chueca ha asegurado que el Gobierno central y el vasco están tratando de “coordinar esfuerzos” para la llegada de la alta velocidad a Euskadi. “Estamos trabajando con esfuerzo y coordinación entre el Gobierno central y el vasco, algo que también reclamamos a Francia para que la 'Y vasca' se conecte con Europa”, ha dicho. En los últimos días, ha señalado, “se están escuchando nuevos requerimientos por parte de la Unión Europea al país vecino para que acelere el paso” y, en ese sentido, ha solicitado a la propia Comisión Europea que “active los mecanismos que tiene en su poder para reclamar a las administraciones francesas que se pongan en marcha”.

Por otro lado, antes de fin de año, ETS iniciará las obras de la variante sur ferroviaria en Bizkaia. En total, estos trabajos realizados por encomienda han supuesto una inversión de 2.000 millones de euros que, al tratarse de infraestructuras de titularidad estatal, el Gobierno vasco descuenta del Cupo a pagar al Gobierno central la parte que adelanta previamente. En este sentido, la consejera de Movilidad Sostenible ha reiterado su compromiso para agilizar “en la medida de lo posible, los trabajos para que el tren de alta velocidad sea un nuevo elemento de la movilidad de Euskadi y suponga tanto un cambio profundo hacia una movilidad más sostenible en trayectos hacia otras comunidades o hacia el resto de Europa, como un plus de competitividad económica”.

García Chueca ha puesto en valor que todo el dinero invertido “no se traduce solamente en la mejora y ampliación de la red de trenes y tranvías, sino que detrás de ella se esconde también un importante trabajo por regenerar espacios, en una comunidad autónoma que por su pasado fuertemente industrial y por su posición estratégica cuenta con muchas y antiguas redes ferroviarias”. “Cuando hablamos de regenerar no solo hablamos de modernizar la red existente, sino de hacerlo con más seguridad y, además, ganando espacios para la ciudadanía”, ha remarcado.

El 6 de febrero de 2020, como el de 2025, era jueves. Hacia las 16.00 horas empezaron a llegar noticias sobre un “desprendimiento” en la autopista que une Bilbao y Donostia, que había quedado cortada al tráfico a la altura de Zaldibar, en la linde entre Bizkaia y Gipuzkoa. Conforme avanzaba la tarde, aquellos avisos infravalorados por muchos adquirieron otra dimensión. Euskadi había sufrido la mayor catástrofe natural posiblemente desde las inundaciones del verano de 1983. Dejó dos víctimas, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, y unas consecuencias ambientales que tardarán décadas en superarse, como mínimo hasta 2050. Ahora, muchas de las derivadas judiciales siguen abiertas, particularmente una nueva causa bajo secreto de sumario que investiga si el Ayuntamiento de Zaldibar accedió a ampliar irregularmente el vertedero.

El alud era en realidad el vertedero ubicado en la montaña, que se había venido abajo. La lengua de 800.000 toneladas de residuos que se desplomó precisaría de 32.000 camiones para su recogida. Puestos en fila, llegarían desde allí hasta Zaragoza. El menor de los problemas, por lo tanto, empezaba a ser ya el de la gestión de la autopista cortada. “Había columnas de humo y fuego y no había manera de apagarlas. Aquello no era normal. 24 horas lloviendo y seguía saliendo humo”, relató a este periódico un agente de la Ertzaintza que intervino aquella jornada.

Los incendios generaron emisiones tóxicas y obligaron a dar la orden de usar mascarillas en la zona pocas semanas antes de la llegada de la COVID-19, que se produjo a finales de aquel febrero negro. Un alto cargo de Salud del Gobierno vasco, en puertas de la mayor crisis sanitaria de la historia, quiso 'tranquilizar' a la población asegurando que los furanos no eran tan peligrosos porque, como se había visto con un opositor ruso envenado, el expresidente de Ucrania Victor Yushchenko, sólo desfiguraban la cara y no eran mortales. Hasta se tuvo que suspender el fútbol de Primera División en Ipurua, el estadio de Eibar, ya en Gipuzkoa pero pegado a la zona cero. Igualmente, aparecieron restos de amianto que se habían mezclados con otros residuos no peligrosos y se generó riesgo para el personal de emergencias. Había unas 16.000 toneladas de esa sustancia.

Pero, sobre todo, dos trabajadores quedaron sepultados. Los restos de Sololuze (Markina-Xemein, 62 años) aparecieron en agosto, medio año después. Pero nunca se encontró a Beltrán (Zalla, 51 años), el hombre que había avisado del riesgo que corría la infraestructura, emplazada en una ladera, sin que la empresa gestora del recinto, Verter Recycling, le hiciera caso. Este periódico publicó informes que probaban que la empresa conocía que días antes del suceso habían aparecido grietas y asentamientos. Lo despachó asegurando que era “lo normal” en vertederos.

Homenaje a las víctimas el domingo

Cinco años después se organiza un acto de recuerdo a las víctimas. Será el domingo a las 12.30 horas en la zona de Eitzaga. Zaldibar Argitu, la plataforma creada para denunciar lo ocurrido, señala que tan responables son los empresarios que realizaron las “barbaridades” en el vertedero durante años -después se descubrió que se estaba llenando a mucha más velocidad de la prevista- como quienes lo “permitieron” teniendo la obligación de “controlarlo”, es decir, el Gobierno vasco.

En 2025, aún muchas de las derivadas judiciales siguen abiertas. Es cierto que más o menos con celeridad, en 2021, los gestores de Zaldibar admitieron su responsabilidad e indemnizaron con elevadas cantidades a las familias de los fallecidos a cambio e evitar la cárcel . Fueron condenados por un delito contra los trabajadores, el equivalente a un homicidio imprudente, el empresario José Antonio Barinaga, su sobrina y administrativa de Verter Recycling, Arrate Bilbao, y el ingeniero-jefe de la planta, Juan Etxebarria.

En paralelo, eso sí, se abrió otra investigación penal por los delitos ambientales asociados a esta catástrofe. Volvieron a ser imputados Barinaga, Bilbao y Etxebarria, pero también tres funcionarios de Medio Ambiente del Gobierno vasco y trabajadores de las consultoras Lurtek y Geyser, de los que se sospecha que llegaron a falsificar documentación para justificar las irregularidades en Zaldibar. En el sumario, que alcanza ya los quince tomos, hay informes variados que señalan anomalías. Por ejemplo, uno de ellos era un peritaje del organismo estatal Cedex que estima que en los días previos al desplome se produjeron movimientos de entre 2,2 y 3,5 metros cuando lo ordinario son desplazamientos de entre 0,1 y 0,3 en el año. También se apunta a que existían problemas de impermeabilización y exceso de líquidos en el vaso de residuos.

La magistrada de la causa es Estefanía Carreño. Llegó al juzgado de Durango, el encargado de la investigación, hace solamente unos meses, en el verano de 2024. En octubre declaró un perito. Es lo último se ha movido en este sumario. En noviembre se acordó la enésima prórroga en la causa. Entre lo pendiente hay un informe de los expertos ambientales de la Fiscalía general del Estado. La nueva fecha final es junio de 2025. Fuentes de las acusaciones quieren “celeridad” porque entienden que ya hay base para celebrar un juicio. “Esto no puede eternizarse. Hay elementos para sentar en el banquillo a unas cuantas personas”, señalan un letrado conocedor de la causa. En el proceso están personados el Ayuntamiento de Zaldibar, la sociedad gestora de la autopista, Interbiak, el Consorcio de Aguas, compañías de seguros y entidades ecologistas y sociales. Los funcionarios de Medio Ambiente tienen abogados proporcionados por la Administración.

La catástrofe de Zaldibar también tuvo un contexto político. El lehendakari, Iñigo Urkullu, se retiró el fin de semana que siguió al alud para reflexionar sobre si convocaba o no elecciones. Finalmente lo hizo el lunes siguiente -pero aquellos comicios nunca se celebraron por el confinamiento de la pandemia- y dijo textualmente a los periodistas que no iría a Zaldibar porque no solía hacer caso a “campañas de Twitter” y que “a pesar de ser un suceso fatífico” no acudía habitualmente a “accidentes laborales”. El vicelehendakari, Josu Erkoreka, retiró una fotografía en aquella red social ahora conocida como X disfutando del fin de semana en el monte. Ese mismo jueves, eso sí, se había constituido una mesa de crisis. Había numerosos cargos y, entre ellos, el diputado foral de Bizkaia de Infraestructuras, el ahora lehendakari Imanol Pradales, y el gerente de Interbiak, Mikel Iriondo, ahora su mano derecha. Medio Ambiente era una de las carteras dirigidas por el PSE-EE en la coalición de Urkullu. El consejero era Iñaki Arriola, natural de Eibar. Él tampoco visitó Zaldibar. El peso de la comunicación pública en las primeras horas recayó en dos viceconsejeros, el de Seguridad, Josu Zubiaga, del PNV, y la de Medio Ambiente, Elena Moreno, socialista. Excepcionalmente, se celebró una comparecencia del lehendakari ante la diputación permanente del Parlamento para dar explicaciones.

La causa secreta

La Ertzaintza, además de liderar el operativo de emergencia, que se mantuvo activo hasta que en 2021 se dio por finalizada la búsqueda del cadáver de Beltrán, asumió las labores también de investigar los hechos. Es precisamente un informe de la Policía vasca el que descubrió que Verter Recycling había ampliado el vertedero “más allá de donde tenía autorización”. El diario 'Berria' informó de que estaba autorizada una zona de 137.000 metros cuadrados en Eitzaga pero que en realidad fueron 65.000 más. Allí se acumularon irregularmente residuos y se levantaron instalaciones auxiliares para la gestión de la planta.

El juzgado de Durango ordenó la apertura de una pieza separada, revelada por este periódico el pasado año. Esa instrucción sigue bajo secreto de sumario y fuentes judiciales solamente apuntan que, en efecto, se está analizando un posible delito de prevaricación en el ámbito urbanístico por parte de las autoridades locales a la luz de los informes aportados por la Ertzaintza. De hecho, aunque la sección de delitos ambientales de la Policía autonómica ha cambiado casi totalmente de agentes en estos años, la Fiscalía solicitó expresamente que los dos funcionarios asignados a Zaldibar siguieran con el caso para no complicar aún más los procesos judiciales.

Medio Ambiente -ahora dentro de una cartera de Industria capitaneada por Mikel Jauregi, del PNV- asegura desconocer la existencia de esta causa. “El Gobierno vasco únicamente tiene conocimiento de un único procedimiento judicial ambiental, para el que ha colaborado con la administración judicial aportando toda la información que dispone. En ese proceso se continúa con la fase de instrucción”, indican las fuentes consultadas.

El laberinto judicial se completa con el proceso contencioso-administrativos. El Gobierno vasco ha iniciado ya la reclamación de cantidades a los gestores de Verter Recycling por el coste de las labores de estabilización y reparación del vertedero. Además, recientemente hubo que acometer nuevos trabajos porque la estabilidad volvió a estar en riesgo en 2023. En su momento se manejaron cantidades próximas a los 30 millones de euros. Siempre se dejó claro que la Administración actuaba porque era urgente hacerlo pero que lo hacía de modo “subsidiario”, es decir, que la factura millonaria la repercutiría. El problema es que la empresa se disolvió. De hecho, hubo un proceso judicial (otro más) en la vía mercantil. Sin embargo, el Ejecutivo ya decidió que actuaría contra el patrimonio personal de sus antiguos gestores y es lo que ahora se persigue en los tribunales.

“Los administradores no han aportado voluntariamente ninguna cuantía. Existe un procedimiento para el apremio de las cantidades debidas que ha sido recurrido en el contencioso-administrativo por los administradores de Verter Recycling. El proceso judicial penal abierto condiciona la recuperación de los costes asumidos por el Gobierno vasco”, explican desde el Ejecutivo.

¿Cuál es la situación actual de Zaldibar? En su momento, un testigo de los hechos describió las labores que hubo que acometer como “un trabajo colosal”. “Se ha movido una montaña palmo a palmo”, narraba. Medio Ambiente indica que, en 2025, “la instalación es objeto de seguimiento para garantizar que no supone ningún problema ambiental ni de seguridad”.

“El vertedero debe disponer de un mantenimiento por parte de sus titulares, que son los administradores originarios de la empresa Verter Recycling. Por su parte, el Gobierno vasco, mediante la labor ordinaria de inspección, fiscaliza ese control y mantenimiento para garantizar las condiciones ambientales y de estabilidad del vertedero. De acuerdo a la normativa, en caso de que se detecte una situación que requiera la actuación sobre el vertedero se requiere a los titulares y, en caso de que sea necesario evitar cualquier contaminación y los titulares no den respuesta, se ejecuta por parte de la administración y por el procedimiento tasado por la ley, que es el procedimiento de emergencia, a cargo de los titulares. Ese fue el caso del sellado temporal ejecutado el año pasado”, explican.

El Ejecutivo deja claro que “no es titular de los suelos” sobre los que en su día operó el vertedero. En todo caso, recalcan que “la Administración garantizará que no se produce ninguna afección ni situación de riesgo”. “Cualquier uso que los titulares puedan prever sobre el vertedero debería ser previamente autorizado y respetar las condiciones de la autorización ambiental integrada”, abundan. En su momento, se aludió a posibles usos industriales, pero se trata de una ladera con fuertes pendientes que lo condiciona casi todo.

Los expertos sostienen que “es previsible” que la “recuperación” de la afección ambiental “sea rápida” en el entorno después de los trabajos realizados. “En todo caso las labores de seguimiento y control del vertedero deberán ser desarrolladas durante 30 años con posterioridad al sellado definitivo del vertedero”, puntualizan. La Euskadi de 2050 todavía seguirá recordando el gran alud de 2020.

El Gobierno, en este caso la parte del PSE-EE, y EH Bildu han tenido un cruce de pareceres (escrito) a cuenta de la externalización en marzo de 2024 del servicio de asistencia jurídica para la declaración de zonas tensionadas por parte del área de Vivienda. La adjudicación es de la pasada legislatura, cuando el responsable de la cartera era Iñaki Arriola, pero sigue vigente hasta el 31 de diciembre. La coalición registró preguntas sobre el contrato, que recayó en el bufete Ekain y que se sustanció de modo directo y sin concurso al ser inferior (por apenas unos euros) al máximo legal de 15.000 euros más IVA. Sin embargo, en su respuesta, el nuevo consejero, Denis Itxaso, apunta a que los ayuntamientos gobernados por EH Bildu también recurren a esta práctica.

“Poco ha de valorarse el conjunto de servicios y asistencias técnicas que presta este personal público en esta área de declaración de zonas de demanda tensionada si se afirma con semejante ligereza que a través de un contrato menor de servicios puede externalizarse tal función pública. Es tan infundado como afirmar que tal externalización de servicios se ha producido a través de la contratación de consultoras privadas que han realzado todos los ayuntamientos que, hasta ahora, muchos de su propio partido, han solicitado tal declaración con el objeto de asistirles en la presentación y formalización de la documentación y planes de acción que requerimos a tal fin”, replica Itxaso como añadido a la solicitud de documentación parlamentaria realizada por Lamia Arcas, de EH Bildu.

“El conjunto de servicios profesionales que se prestan desde mi departamento en el proceso de declaración de zonas de demanda tensionada abarca un conjunto de estudios y análisis de naturaleza socioeconómica y un conjunto de trámites y resoluciones jurídicas que pueden concluir por nuestra parte, en su caso, en la declaración de zonas de demanda tensionada a nivel municipal o en parte del municipio, a instancias siempre de los propios ayuntamientos, y siguiendo una metodología y sobre la base documentada y publicitada de unos análisis previos de determinación de aquellos municipios que cumplen en cada momento con los requisitos fijados en la ley estatal de derecho a la vivienda”, señala Itxaso en un documento parlamentario de alambicada redacción. Y agrega que estas tareas “no han sido objeto de externalización ninguna ni lo van a ser”. “Acudiremos a apoyos externos puntuales cundo lo consideramos preciso para sostener nuestras prestaciones públicas de servicios”, concluye el consejero de Vivienda.

Arcas, en su pregunta, menciona que el expediente recoge una memoria de Paloma Usatorre, alto cargo con Arriola, en la que hacía constar que el trabajo externalizado “si bien se podría llevar a cabo por personal funcionario” no había medios por estar “vacante por jubilación” la plaza del responsable del equipo al que le correspondería. “Hasta su cobertura no hay personal que pueda llevar a cabo el objeto del contrato”, se leía en el expediente del contrato. “La plaza a la que se refiere ha sido finalmente cubierta tras el oportuno proceso de selección y tras dos intentos. También le informo adicionalmente que seguimos teniendo plazas sin cubrir en los servicios jurídicos a los que cita (y en otros de diferente naturaleza), dado que dichas vacantes quedan reservadas para la cobertura por el actual personal interino y futuro personal funcionario, en el marco del proceso de consolidación del personal temporal en curso, por lo que todavía resta un tiempo prudencial para poder completar nuestra plantilla en su totalidad”, explica Itxaso sobre las carecencias del área de Vivienda.

A los pocos meses de haber dejado su cargo como vicelehendakari y consejero del Gobierno vasco, el socialista Iñaki Arriola ha sido recolocado en el consejo de administración de la sociedad pública Renfe Mercancías, según informa Europa Press con datos del Boletín Oficial del Registro Mercantil. Arriola sustituye a Joan Torres, de 81 años y exalto cargo de la Generalitat de Cataluña por el PSC. El secretario de Estado de Transportes es un socialista vasco, José Antonio Santano, quien también ha fichado al que fuera viceconsejero de Arriola, Pedro Marco, como presidente de otra entidad pública de relevancia, Adif. Fuentes del PSE-EE explican que Arriola continuará jubilado, que tendrá un puesto “no ejecutivo” y que será remunerado con dietas.

El nuevo miembro del consejo de Renfe Mercancías tiene 65 años. Fue consejero en tres legislaturas, una con Patxi López (2009-2012) y otras dos dentro de la cuota socialista en los gabinetes de Iñigo Urkullu (2016-2024). En el tramo final de la legislatura, tras la marcha de Idoia Mendia al Parlamento europeo, adquirió también el rango de vicelehendakari. Ha dirigido carteras como Vivienda o Transportes pero también Medio Ambiente. En 2020, de hecho, él era el responsable de ese departamento cuando se desplomó el vertedero de Zaldibar. Esta instalación está en Bizkaia pero justo en la linde con Eibar, la localidad natal de Arriola y de la que fue alcalde desde 1993 hasta 2009. A nivel orgánico ha sido secretario general en Gipuzkoa y presidente del partido en Euskadi, el último con ese rango que ha existido.

Precisamente el otro vicelehendakari de Urkullu, Josu Erkoreka, del PNV, fue también recolocado como asesor en la Diputación de Bizkaia a los pocos días de dejar su cargo. También tiene una edad similar. Según recoge Europa Press, hay más cargos políticos en Renfe Mercancías. Se cita a Teresa Cunillera, exdiputada del PSC, o a Jordi Xuclà, de la extinta CiU.

El ministro Óscar Puente, que tiene como secretario de Estado de Transportes al guipuzcoano José Antonio Santano, ha fichado a otro socialista afincado en Euskadi como nuevo presidente de Adif en plena crisis tras la salida de Ángel Contreras. Es Pedro Marco de la Peña, nacido en Santander en 1969 y que hasta este mismo martes era el 'número dos' de Transportes en Euskadi, ya que fue viceconsejero primero con Iñaki Arriola y desde este verano con la nueva consejera del ramo, Susana García Chueca. Marco de la Peña ya fue director general del equivalente autonómico de Adif, la sociedad ETS (Euskal Trenbide Sarea), durante el Gobierno de Patxi López, entre 2009 y 2013.

Quienes han trabajado con él destacan su “amplísimo conocimiento” del sector ferroviario, tanto desde el punto de vista técnico como de contratación. “Es una persona con una capacidad de trabajo inmensa y que tiene todos los números en la cabeza. También es muy buen jefe”, indican desde su antiguo equipo. Tiene muy buenas relaciones personales con altos cargos del Ministerio trabadas en los últimos años. Habla también inglés.

Como viceconsejero, ha gestionado la puesta en marcha en Euskadi de descuentos del 50% en el conjunto del transporte público de gestión autonómica, foral y municipal, así como los programas de integración de las diferentes tarjetas de pago que existen, la Mugi guipuzcoana, la Bat alavesa y la Barik vizcaína. En materia ferroviaria, acaba de cerrarse la transferencia de la gestión de Cercanías a Euskadi y el proyecto estrella era la creación de una nueva línea en Álava. Marco de la Peña salta al Gobierno central, que deberá tomar la decisión definitiva sobre la conexión de alta velocidad entre la 'Y vasca' y Navarra en pleno debate entre la variante de Vitoria y la de Ezkio/Itsaso, un pequeño pueblo de Gipuzkoa. Este asunto fractura a los partidos en función del territorio.

Marco de la Peña, ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Cantabria y graduado en 1993, ha pasado por importantes contratistas en las que ha tenido diferentes puestos de responsabilidad. Fue jefe de obra en Ferrovial de 1994 a 1999, director técnico en Amenabar de 1999 a 2007 y director gerente de esa misma empresa de 2016 a 2019. También ha estado en Exbasa de 2007 a 2009 y en Balzola de 2013 a 2015. En 2020, justo antes de acceder como viceconsejero al Gobierno de coalición de Iñigo Urkullu con el PSE-EE, estuvo de director general en I-Ingenia y Fhimasa.

La Comisión de Ética, un organismo que analiza las actividades de los altos cargos, revisó una consulta sobre adjudicaciones de Marco a I-Ingenia, de la que fue apoderado. Se trataba de dos contrataciones directas (sin concurso) de 16.819 y 5.080 euros por trabajos de asistencia técnica y dirección de obra, respectivamente, 21.899 euros en total. El dictamen, adelantado por este periódico en 2023, concluyó que no se había producido ninguna irregularidad, aunque recalcaba a los altos cargos en general la obligación de abstención y de delegar la toma de decisiones en caso de colisión con otros intereses.

El Tribunal Constitucional ha emitido ya una primera resolución sobre la ley estatal de Vivienda. Ha resuelto el recurso de Andalucía, gobernada por el PP. Otras comunidades 'populares' también acudieron a la corte garantías, al igual que el Parlament catalán y la parte del PNV del Gobierno vasco. El PSE-EE, que precisamente ha dirigido la cartera de Vivienda con el consejero Iñaki Arriola, ahora vicelehendakari en funciones, se opuso a esta decisión y ha defendido la norma y su aplicación. Los socialistas entienden que, en general, el alto tribunal refrenda sus posiciones.

La sentencia no resuelve el recurso vasco, lógicamente, pero sí valida expresamente seis artículos y disposiciones que también habían sido señalados como invasión competencial por los servicios jurídicos autonómicos, adscritos a la consejera Olatz Garamendi. En concreto, da luz verde a la figura de las zonas tensionadas, es decir, a la declaración de unas áreas como problemáticas para articular políticas de control de precios. Sí anula el artículo 16 sobre vivienda protegida, criticado por Andalucía pero también por Euskadi.

El Gobierno de Iñigo Urkullu, ahora en funciones, anunció en julio de 2023 su intención de acudir al Constitucional contra el criterio del consejero socialista de Vivienda, algo inédito. Dentro de la coalición de PNV y PSE-EE ha sido un claro punto de fricción. El líder socialista, Eneko Andueza, llegó a comparar a Urkullu con Isabel Díaz Ayuso y otros dirigentes de la derecha por este motivo. Los Ejecutivos central y vasco sí negociaron, como permite la normativa del Constitucional y como no se produjo con las comunidades del PP. Existe una comisión bilateral para buscar una interpretación compartida que evitase el pleito, pero no hubo acuerdo.

El Constitucional ha admitido a trámite el recurso vasco y lo resolverá en su momento, pero es evidente que la resolución sobre Andalucía sienta un precedente. Andalucía recurrió, entre otros, los artículos 3, 15.1.e, 16 y 18 y las disposiciones adicional tercera, transitoria primera y final primera. Esos también estaban en la lista vasca y ya están resueltos. Salvo el 16, el resto han sido convalidados. Quedan pendientes de analizar los 10.2, el 15.1.d, el 17 y la disposición final cuarta.

Formalmente, los servicios jurídicos del Gobierno vasco no hace valoraciones. Es el recurso de Andalucía y cuando se resuelva el propio se harán los análisis oportunos, sostiene la parte del PNV. En Vivienda se analizará el fallo en detalle antes de entrar a hacer un pronunciamiento más general pero entienden que los incisos anulados no afectan especialmente a Euskadi, que dispone de una normativa propia sobre viviendas protegidas. Por el contrario, se recalca que “en principio se avalan los aspectos relacionados con las zonas tensionadas”, una de las piezas principales de la normativa estatal.

La resolución, en todo caso, se cuela de lleno en las negociaciones del nuevo Gobierno. El PNV ha formulado duras críticas en la campaña electoral a la ley de vivienda hasta el punto de sostener que es un ataque al autogobierno vasco “sin precedentes” desde la abolición foral, en palabras de la dirigente María Eugenia Arrizabalaga. El PSE-EE, entretanto, la ha defendido y la ha comenzado a aplicar, también en lo tocante a las zonas tensionadas.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado este martes un breve decreto con el cese de Idoia Mendia como vicelehendakari segunda y como consejera de Trabajo y Empleo. Ha sido desde 2020 la cabeza visible del PSE-EE en el Gobierno de coalición liderado por Iñigo Urkullu y ahora irá en las listas socialistas en las elecciones europeas dentro del equipo de Teresa Ribera. Estando en funciones después de las elecciones del 21 de abril a la espera de que Imanol Pradales pueda formar un nuevo gabinete, se ha optado por buscar una solución temporal a esta baja. Javier Hurtado será el responsable de las carteras de Trabajo y Empleo (que incluyen Lanbide o la RGI) además de las propias, Turismo, Comercio y Consumo. Pero el rango simbólico de vicelehendakari será ejercido por Iñaki Arriola, que ha sido el responsable de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes.

“En tanto no se tomen por esta Presidencia las medidas organizativas que sean oportunas, el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes ejercerá las funciones atribuidas a la vicepresidenta segunda del Gobierno. Αsimismo, el consejero de Turismo, Comercio y Consumo ejercerá las funciones atribuidas a la consejera de Trabajo y Empleo”, se puede leer en el anuncio hecho público este martes en el BOPV. No está previsto que se escenifique el cambio en el Gobierno como es habitual cuando éste se produce durante la legislatura.

Arriola completa con este ascenso político fruto de una carambola su currículo en el tramo final de su carrera. El dirigente socialista ya ha anunciado que dejará la primera línea en apenas unas semanas, cuando se produzca la salida de Urkullu y la llegada de Pradales. Arriola, a los 64 años, es el cuarto socialista con el rango de vicelehendakari. Además de Mendia, lo fueron Ramón Jáuregui y Fernando Buesa, asesinado por ETA en 2000, en los diferentes equipos liderados por José Antonio Ardanza, recientemente fallecido.

Arriola es junto con los nacionalistas Josu Erkoreka y Arantxa Tapia el consejero con más legislaturas a sus espaldas. Han sido tres en dos etapas diferentes. Fue miembro del Gobierno de Patxi López con el nombre de consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Tras la firma de la primera coalición entre PNV y PSE-EE fue designado en 2016 Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. En su mandato al frente de Medio Ambiente se produjo el alud en el vertedero de Zaldibar que mató a dos trabajadores y que sigue siendo investigado en los juzgados. Apenas unos meses después, dejó esas competencias y asumió su cargo actual. Fue también alcalde de Eibar desde 1993 a 2009, secretario general de su partido en Gipuzkoa y presidente del PSE-EE.

En el PNV dan por amortizada la etapa de Gotzone Sagardui al frente de la cartera con más presupuesto del Gobierno vasco, la de Salud. Osakidetza es una de las principales preocupaciones ciudadanas y ha sido uno de los temas protagonistas en la campaña electoral hasta el punto de que quien con toda probabilidad será nuevo lehendakari, Imanol Pradales, ha realizado propuestas que enmendaban decisiones adoptadas por Sagardui, como el cierre de algunos servicios en Vitoria como el PAC de San Martín, por ejemplo. Están confirmadas también las salidas de Josu Erkoreka (vicelehendakari primero y Seguridad), Arantxa Tapia (Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente) y Pedro Azpiazu (Hacienda), así como las de Idoia Mendia (vicelehendakari y Trabajo) e Iñaki Arriola (Planificación Territorial, Vivienda y Transportes) en el ala socialista.

No se han pronunciado Olatz Garamendi (Gobernanza Pública y Autogobierno), Jokin Bildarratz (Educación) o Bingen Zupiria (Cultura y portavocía) pero es una constatación que únicamente Nerea Melgosa (Igualdad, Justicia y Políticas Sociales) ha hecho campaña con el PNV de modo activo. Ha sacado escaño, como también Javier Hurtado (Turismo, Comercio y Consumo) del PSE-EE. Se espera, por lo tanto, una profundísima renovación en el nuevo gabinete, que podría estar conformado para después de las elecciones europeas del 9 de junio.

Sagardui llegó a Salud tras las elecciones del verano de 2020, es decir, después de la primera ola de la COVID-19. Relevó a Nekane Murga y se presentó como un cambio para mejorar en comunicación en un área muy sensible en momento muy sensible. Sin embargo, fuentes internas del PNV insisten en que esos problemas de comunicación no solamente no se han resuelto sino que constituyen el principal argumento de la oposición e incluso del socio de Gobierno, el PSE-EE, contra su gestión. Sagardui, la primera euskaldun al frente de la Sanidad vasca, procedía del equipo de Juan María Aburto en el Ayuntamiento de Bilbao, con quien coincidió también en Lanbide, y había sido parlamentaria.

No se han iniciado formalmente las negociaciones entre el PNV y el PSE-EE pero los socialistas ya han explicitado que quieren más peso en la nueva legislatura. Ellos han subido dos escaños y los nacionalistas han bajado cuatro. Sin entrar al detalle de qué carteras desean, están repitiendo que sus “prioridades” son lograr un acuerdo para dar la vuelta a la situación de Osakidetza y devolverla a niveles de “excelencia”, así como los cuidados, vivienda o seguridad.

Erkoreka, Tapia y Azpiazu forman parte de la misma generación de Urkullu, es decir, tienen más de 60 años. El PNV no dejó en las listas de las elecciones a nadie de más de esa edad con la única excepción de Irune Zuluaga, reelegida por Bizkaia. Tener escaño no impide seguir en el Gobierno pero los tres ya han comunicado de una u otra manera que pondrán fin a su trayectoria en la primera línea. También Zupiria y Bildarratz han superado esa barrera. El segundo es algo más joven y no se ha manifestado en ningún momento. Cerró la legislatura con la aprobación de la reforma educativa, un hito en tres décadas. En el pasado, tuvo una gran proyección política. En el lado socialista, Arriola ya ha confirmado su adiós y Mendia está en las quinielas para ser la cuota vasca en las listas del PSOE en España para las europeas. Ambos han participado de modo activo en la campaña.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha manifestado en Radio Euskadi que dejarán “manos abiertas” a Pradales para que conforme su gabinete. “Nosotros al lehendakari le dejamos manos abiertas. Lo hemos hecho con todos los lehendakaris Eso sí, si la persona que va a ser designada no es afiliada nos lo tiene que comunicar. Pero la libertad de elección del lehendakari es es absoluta y yo creo que esa es una buena”, ha señalado. Preguntado también por la renovación de caras, ha dado a entender que se producirá. “La renovación en un partido tiene que ser constante y por supuesto que seguirá”, ha señalado.

¿Una oficina para el lehendakari?

El diario 'El Mundo' ha publicado que el lehendakari Urkullu instalará una oficina en Bilbao. En Euskadi, los lehendakaris tienen derecho a usar de modo vitalicio ese título así como a una pensión si no tienen otros ingresos. También a disponer de un reducido volumen de personal y un local. Fuentes de la Presidencia vasca confirman que se están realizando unas obras de acondicionamiento en un inmueble en Bilbao pero aún no está claro si será ese el destino de Urkullu a partir de la finalización de su mandato. Cumplirá 63 años en septiembre y es maestro de formación. Sí ha verbalizado a su entorno que no desea pasar al sector privado como hiciera en Euskaltel José Antonio Ardanza o en Petronor y Repsol quien le precedió en la presidencia del PNV, Josu Jon Imaz.

Solamente un lehendakari dispone de esa oficina. Se trata de Carlos Garaikoetxea, que cumplirá este 2024 86 años y que mantiene un despacho en Pamplona, donde reside. Ardanza falleció hace unas semanas, Juan José Ibarretxe impulsó el Agirre Lehendakaria Center y el socialista Patxi López continúa su trayectoria en el Congreso. La pensión a la que tienen derecho los antiguos lehendakaris es del 50% del actual salario del inquilino de Ajuria Enea, es decir, unos 4.100 euros mensuales en la actualidad.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha estado rodeado en estos doce años de 23 consejeros. Solamente dos, Josu Erkoreka y Arantxa Tapia, han completado con él las tres legislaturas. Pero el socialista Iñaki Arriola, con dos legislaturas ahora y antes otra con Patxi López, también alcanza los tres mandatos. En cifras, diecisiete de los consejeros han sido propuestos por el PNV y seis por el PSE-EE, que ha gobernando en coalición con los nacionalistas desde 2016 y durante dos legislaturas.

En Ajuria Enea, el palacio presidencial, ha habido siete fotografías diferentes del gabinete. Fueron en 2012 con el equipo original, en 2015 cuando Juan María Aburto se fue a la alcaldía de Bilbao y llegó Ángel Toña, tras las elecciones de 2016, en 2019 por dos veces tras las salidas de Alfredo Retortillo primero y de Jon Darpón después -por la crisis de las oposiciones de Osakidetza-, en 2020 con el inicio de la tercera legislatura y en 2023 por el ajuste de Nerea Melgosa por la marcha de Beatriz Artolazabal. Urkullu, nada amigo de las crisis de Gobierno, solamente ha hecho cambios por exigencias electorales de cualquiera de los dos partidos o entre legislaturas. La única excepción es la de Darpón: no ha habido más casos en los que directa e indirectamente un problema de gestión le haya costado el cargo a un miembro del Gobierno. Con todo, él sigue insistiendo públicamente en la buena gestión de Darpón.

A diferencia de otros lehendakaris o de otros presidentes, Urkullu ha dirigido todos y cada uno de los Consejos de Gobierno que se han celebrado, habitualmente en martes. Habrán sido más de medio millar. Incluso, si ha sido preciso, los ha celebrado telemáticamente desde lugares como Japón o Bruselas con ocasión de alguno de sus viajes oficiales. Urkullu ha visitado también Estados Unidos, Canadá, el Vaticano -se vio brevemente con el Papa Francisco- y otros países. De hecho, solamente suspendió uno en febrero de este año por el fallecimiento de su madre pudiendo haber delegado en el vicelehendakari primero, Josu Erkoreka.

Erkoreka ha sido su 'número dos' desde el inicio. Primero ejerció como portavoz porque, como tal, no existía la vicepresidencia. En 2020 ya adquirió ese rango. Entonces también entró la socialista Idoia Mendia como vicelehendakari segunda. En la tercera legislatura, el portavoz ha sido Bingen Zupiria. El lehendakari también ha tenido otros colaboradores estrechos sin rango de consejero. Txus Peña, hasta su jubilación, fue el secretario general de Presidencia como antes con otros lehendakaris del PNV. El lehendakari ha tenido durante doce años a un mismo núcleo duro con Iñaki Bernardo, Manu Castilla, Marian Elorza, Miren Edurne Erezkano, Luis Petrikorena o Jonan Fernández. Bernardo o Erezkano, por ejemplo, ya ocupaban con él las mismas funciones -Comunicación y Secretaría- cuando era presidente del PNV.

Urkullu cambió dos nombres clásicos, Sanidad e Interior, por Salud y Seguridad nada más llegar al cargo. También ha ido ajustando las denominaciones de las carteras hasta el punto de separar en 2016 Trabajo de Empleo o tener un consejero de Economía y Hacienda y luego de Hacienda y Economía. Aunque ha tenido consejeros no vascoparlantes tanto de PNV como de PSE-EE, buena parte de las reuniones del gabinete se han hecho en euskera. El lehendakari dirige también un Consejo de Gobierno virtual, un grupo de WhatsApp llamado “Eusko Sailburuak”.

El lehendakari podrá argumentar que en su tercer y último mandato (2020-2024) ha tenido una elevada producción legislativa. Ha sacado adelante 59 leyes. Sobrepasan claramente las 28 de la etapa anterior (2016-2020) y las 34 de la primera legislatura (2012-2016). Los tres mandatos han sido diferentes. En el primero el PNV gobernó en solitario y en minoría. En el segundo PNV y PSE-EE formaron una coalición en minoría. Y para la tercera llegó el bipartito con mayoría absoluta.

El próximo martes, 2 de abril, a la vuelta de los festivos de Semana Santa, se activará al fin la pasarela para que todos los actuales perceptores de complementos de alquiler asociados a la renta de garantía de ingresos (RGI) se conviertan en titulares del derecho a la Vivienda. El plan se diseñó hace años, el decreto que lo contempla fue aprobado en otoño y con la llegada del segundo trimestre de 2024 entrará en vigor. Hasta el 29 de febrero, el último dato ofrecido por Lanbide, el gestor de la RGI, eran 25.642 los beneficiarios de los 300 euros de la denominada PCV, concretamente 15.606 parados, 5.139 trabajadores precarios, 3.132 pensionistas y 1.765 con “exención” para acceder al mercado laboral.

La PCV surgió en 2008 con la primera ley reguladora de la RGI. Se trataba de ofrecer un complemento para ayudar a acceder al mercado de la vivienda a los beneficiarios de esta prestación, personas sin recursos o con salarios y pensiones bajas. Se ideó con un tope de 320 euros. Quedó recortada a 250 euros en 2011 y estuvo congelada hasta 2022. Entonces subió a 275 euros y desde 2023 está en 300 euros, como todas las ayudas autonómicas relacionadas con la Vivienda (Gaztelagun o Emantzipa, por ejemplo). En paralelo, en 2015 se aprobó la ley autonómica de Vivienda. En ella se desarrolla por vez primera el derecho constitucional a ocupar una vivienda. La Administración queda obligada a conceder un piso protegido a quien cumpla los requisitos o, en su defecto, a abonar una prestación sustitutoria para ayudarle a entrar al mercado libre. Esa prestación recibió el nombre de PEV e iba a aglutinar a todos los perceptores de la antigua PCV. Sus beneficiarios no llegan a 2.500, es decir, diez veces menos que los de la PCV.

Sin embargo, ambas ayudas han convivido casi una década por el retraso en el desarrollo del decreto regulador del derecho a la vivienda, que finalmente llegó en octubre de 2023. El reglamento fija una pasarela para hacer en varias fases una integración de sistemas de modo que las ayudas al alquiler las centralice el área de Vivienda y no Empleo. Este 2 de abril se superará la primera fase. Textualmente, se indica que ya “no se reconocerán nuevas PCV”. El segundo período transitorio se inicia ahora y acabará el 2 de abril de 2026. El que precise de ayudas de vivienda tendrá que tramitarlas conforme a los requisitos de la normativa de 2015 y no con los de la RGI.

¿Qué ocurrirá con los más de 25.000 beneficiarios actuales de los complementos de la RGI? Cuando vaya tocando renovar su prestación -cada dos años-, pasarán a cobrar la PEV con la misma cuantía y condiciones. El salto se hará “de forma automática y sin interrupción”, promete el Gobierno. También que “el pago se realizará en la misma cuenta bancaria en la que se percibía la PCV”. Esta pasarela se pensó debido a que la RGI era más garantista en su acceso, particularmente para personas extranjeras: Vivienda exigía residencia y Lanbide solamente empadronamiento. Si se hubiera cerrado el grifo de la PCV sin alternativa, se habrían producido grandes recortes sociales en un área muy sensible.

Fuentes del área de Vivienda, que cae en la parte del PSE-EE del Gobierno de coalición de Iñigo Urkullu, insisten en que el “espíritu” del plan es “no dejar fuera a nadie del sistema anterior”. De hecho, el viceconsejero Pedro Jáuregui ha firmado este martes una instrucción para aplicar incluso con más flexibilidad la pasarela de modo que personas que hayan podido no solicitar la PCV desde el 1 de enero de 2024 pero que tendrían derecho a ella serán igualmente incluidos en la pasarela. Explica Jáuregui en la comunicación emitida a las delegaciones territoriales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa que se persigue “facilitar el tránsito de la PCV a la PEV [...] sin que se produzca la pérdida sobrevenida del derecho por razón de la citada transición”.

Eso sí, una vez hecho el cambio, estas personas tendrán doce meses para regularizar su derecho a la vivienda. El consejero del ramo, Iñaki Arriola, estimó en la presentación del decreto que la flexibilización de los requisitos para el reconocimiento de esta prerrogativa podría hacer subir de 8.000 a 18.000 los beneficiarios y que la pasarela, que también se creará para otras prestaciones como las Ayudas de Emergencia Social (AES) de vivienda, podría alcanzar incluso a 45.000 personas.

A comienzos de marzo, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, estampó su firma en un convenio de colaboración con el Gobierno vasco y con la asociación de municipios vascos, Eudel, para dar respuesta a personas y familias vulnerables que puedan sufrir un desahucio. Se trata de la segunda renovación de una línea de trabajo iniciada en 2013 y que continuó en 2019. Ahora, tras la aprobación de la nueva ley estatal de Vivienda, se ha considerado necesario realizar algunos ajustes, aunque la filosofía sigue siendo la misma. El objeto del convenio es disponer de un “protocolo” para que los procesos judiciales con colectivos vulnerables que puedan derivar en un “lanzamiento de vivienda habitual” o desahucio.

Se menciona como referencia una normativa que, por ejemplo, entiende como casos a tener en cuenta los de familias numerosas o monomarentales, las unidades de convivencia con menores, discapacitados, dependientes o enfermos graves, las situaciones de desempleo o de violencia de género y también la realidad de los mayores de 60 años. El CGPJ se obliga a que, cuando una sala conozca un posible desalojo y aprecie situaciones de “especial vulnerabilidad”, tendrá que facilitar a los afectados la información de sus posibilidades y notificarlo a los servicios sociales del municipio correspondiente. A partir de ahí, Eudel se compromete a que el ayuntamiento implicado “formulará una propuesta” al Gobierno vasco para que, en última instancia, pueda ofrecer el acceso a una vivienda protegida o asimilada o tramitar una prestación.

Esa posibilidad tiene algunos topes. Por ejemplo, “no incluye” a personas que hayan “ocupado de manera ilegal” una vivienda y sean desalojadas o que hayan sido adjudicatarias de un piso protegido y tengan impagos de la renta con la Administración. Los beneficiarios, en todo caso, deberán estar inscritos en Etxebide, el registro autonómico de solicitantes de vivienda. En enero se explicó que desde que en 2013 se activó el primer convenio con el GGPJ “se han adjudicado 280 viviendas de protección pública o asimilada a personas de especial vulnerabilidad afectadas por un desahucio en vía judicial” fruto de los sucesivos convenios suscritos.

El protocolo afecta a dos áreas del Gobierno vasco, a Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y a Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. De hecho, el convenio viene firmado por dos consejeros, Nerea Melgosa e Iñaki Arriola. El primer departamento es el que gestiona la Administración de Justicia y el segundo el parque de viviendas públicas y las ayudas. Se ha estipulado una vigencia de cuatro años, es decir, hasta marzo de 2028. Podrá ser prorrogado en ese momento por otros cuatro años adicionales. Por parte de Eudel la firmante es su presidenta, Esther Apraiz, que es también la alcaldesa de Derio.

Se puede leer en el documento firmado que las medidas extraordinarias activadas en España y en Euskadi por la pandemia de la COVID-19 y por el contexto internacional convulso abierto por la guerra en Ucrania han variado “sustancialmente” el tratamiento de estos casos de “especial vulnerabilidad”. Ha habido una “notable reducción” de desahucios si se mide el dato de 2019, el último previo a la emergencia sanitaria, y el de 2021. De 806 bajaron a 659, se resalta. Es un 18,2% de bajada, aunque en España fue del 20,4% en el mismo período. Se incide en que en estos años se ha trabajado para posponer determinados lanzamientos, prorrogar contratos de alquiler o buscar nuevos calendarios de pago de las deudas, así como la fijación de límites a las subidas de las rentas.

Se menciona expresamente en el nuevo convenio la existencia también de medidas arbitradas por la normativa estatal de Vivienda. Se trata de una materia sensible ya que el área la dirige el PSE-EE en el Ejecutivo de coalición de Iñigo Urkullu mientras que el PNV la critica duramente y ha llegado a recurrir al Tribunal Constitucional para tumbarla. La ha llegado a comparar con la abolición foral de 1839. Sin embargo, este protocolo da continuidad a otro activado en otoño por el equipo del consejero Arriola para evitar posibles casos de desahucios en inquilinos de “grandes tenedores”, algo expresamente vinculado a la nueva normativa estatal. Entonces había 166 casos y se comisionó al servicio Bizilagun (Servicio de Mediación Hipotecaria) para atenderlos.

Este lunes, a las 8.00 horas, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha firmado de su puño y letra el decreto con el pone fecha de 21 de abril a las elecciones vascas, como había anunciado la pasada semana. Eso implica que este martes arranca algo conocido como “período electoral” y que deberían desaparecer actos de autobombo o inauguraciones. Si el pasado viernes, ya con el calendario sobre la mesa, fue una jornada particularmente intensa en este sentido, también lo ha sido este lunes. Osakidetza, por ejemplo, ha anunciado la puesta en marcha de la “siguiente fase” de la ampliación de Txagorritxu, el principal hospital de Vitoria, y “los primeros pasos” de un nuevo centro de salud en Sondika. De hecho, han sido trece los proyectos presentados en las últimas dos semanas, casi uno por día.

El propio lehendakari ha participado en dos actos a lo largo de la mañana de este lunes. Urkullu “ha inaugurado” una nueva planta productiva de BIOLID Industrias Gráficas en Basauri acompañado de la consejera Arantxa Tapia. Ha insistido allí en que no se puede “demonizar” la iniciativa privada porque es básica “para mantener y garantizar los servicios públicos”. Ha destacado igualmente la “cultura del esfuerzo”. Esta empresa tiene más de un cuarto de siglo de historia y hace etiquetado para la automoción o bebidas.

Urkullu, sin salir de Bizkaia, ha plantado un nuevo retoño del árbol de Gernika en los jardines del palacio La Puente de Trucios, la última sede del Gobierno de Euzkadi en la Guerra Civil antes de que el lehendakari, José Antonio de Aguirre, iniciara un periplo que le llevó primero a Cantabria y luego por medio mundo pasando por París, Berlín o Nueva York. En sus doce años de mandato Urkullu ya había plantado otros descendientes del roble que simboliza los fueros vascos en lugares tan dispares como el memorial del 11-S, también en Nueva York, o en el Parlamento y en la sede de la Presidencia vasca, en Vitoria. La presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, donde está el principal árbol de Gernika, aunque ya no el original, ha entregado un certificado de autenticidad del nuevo ejemplar.

Este edificio ha sido adquirido recientemente por el Ejecutivo vasco para su preservación y, de hecho, se llegó a celebrar allí un Consejo de Gobierno. Es “patrimonio de Euskadi” y se sumará a la red de espacios memorialísticos de la comunidad autónoma, ha indicado Urkullu. Ha manifestado también que las Encartaciones fueron la última comarca de “resistencia al fascismo y a la barbarie” durante la Guerra Civil.

Con la preocupación por el estado de la Sanidad pública cada vez más alta en las encuestas, en este final de legislatura se ha insistido sobremanera en presentar nuevos proyectos e inversiones. Desde el 13 de febrero, se han anunciado las siguientes noticias: nuevo edificio del hospital de Arrasate-Mondragón, ampliación de los hospitales de Donostia, Basurto y Usansolo, inauguración del nuevo centro de salud de la Parte Vieja de Donostia, ampliación de la plantilla con 379 profesionales, nuevo servicio de medicina nuclear de Cruces, apertura de las unidades para trastornos alimentarios en Vitoria y Usansolo, 7,5 millones para ampliar el plan de atención dental infantil, otras 1.341 plazas más en Osakidetza, un nuevo centro de alta resolución en Zalla y, este mismo lunes, la ampliación de Txagorritxu y los “primeros pasos” del ambulatorio de Sondika.

En la parte del PSE-EE del Gobierno de coalición, el día ha dejado también el anuncio de la construcción de 80 alojamientos dotacionales en alquiler en Ermua -donde gobiernan los socialistas- y que Lanbide está ofreciendo a otras comunidades autónomas su experiencia de gestión del IMV integrado con la prestación propia, la RGI. Igualmente, el consejero Iñaki Arriola ha participado en un acto en la planta de CAF en Beasain donde se ha iniciado la fabricación de nuevos trenes para Cantabria y Asturias tras la polémica porque los anteriores adquiridos no cabían en los túneles. El propio Urkullu iba a asistir, al igual que los presidentes de Asturias, Adrián Barbón, y de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, pero ha preferido participar en las otras inauguraciones. También se ha caído el ministro Óscar Puente y el Gobierno central ha estado representado por su 'número dos', José Antonio Santano, alcalde durante años de Irún.

EH Bildu cree de “suma gravedad” que “la parte del PNV” del Gobierno vasco recurra “por ideología” la ley estatal de Vivienda, que, a su entender, “complementa” la ley vasca y “no invade ni condiciona”. Además, ha calificado de “sorprendente” que “un gobierno en funciones impugne in extremis” esta norma en lo que considera “una enmienda” a su propio socio en el Ejecutivo, el PSE-EE, y a las demandas de la ciudadanía. En una rueda de prensa en Donostia, la portavoz de la campaña electoral de EH Bildu, Oihana Etxebarrieta, y el diputado en el Congreso Oskar Matute han censurado el recurso contra la ley de Vivienda interpuesto por el Gobierno vasco ante el Tribunal Constitucional, al entender que vulnera competencias de Euskadi y tras agotarse este domingo el plazo previo de negociación con el Gobierno central sin haber cerrado un acuerdo.

Etxebarrieta ha destacado que la decisión adoptada por “la parte del PNV del Gobierno vasco” se produce “en los minutos de descuento” del Ejecutivo, ya que Euskadi celebrará sus elecciones autonómicas el próximo 21 de abril. La representante de EH Bildu ha criticado la “desconcertante” forma de actual del Gobierno vasco, en el que “una pata, el PNV, habla y actúa contra la ley de Vivienda y la otra pata, el PSE-EE, la aprueba en Madrid y la implementa aquí”, según recoge Europa Press. En esta línea, ha dicho que entienden el recurso a la ley de Vivienda como “una enmienda” de los jeltzales a “la otra pata del Gobierno”, los socialistas, pero también “a lo expresado por la ciudadanía mayoritariamente en Euskal Herria”.

Tras reiterar el compromiso de Euskal Herria Bildu “para la solución a la problemática de la vivienda”, que “viene de atrás”, ha recordado que el PNV votó en contra tanto de la ley de Vivienda vasca como de la ley estatatal. “Antes nos decían que no podían desarrollar una ley de Vivienda vasca porque faltaba la seguridad jurídica que otorgaría una ley estatal. Y ahora dicen que la ley estatal invade competencias. ¿En qué quedamos?”, ha cuestionado. Para EH Bildu, con su postura, “el PNV demuestra que tiene un problema con las políticas de Vivienda progresistas”. “No le gusta la ley de Vivienda, ni la vasca ni la estatal. Votaron en contra en el Parlamento Vasco y votaron en contra en Madrid, y ahora presentan un recurso contra la ley estatal”, ha criticado.

Matute, que ha destacado el trabajo desarrollado por EH Bildu en las Cortes Generales para “remar siempre en la dirección de dar derechos y certezas” a la ciudadanía vasca, ha recordado que la aprobación de la ley de Vivienda costó “mucho esfuerzo y trabajo”, ya que hubo que “hacer frente a los que priman sus intereses particulares o los intereses de las capas más altas de la sociedad”. El diputado de EH Bildu ha incididio en que, ante el “problemón” existente en materia de vivienda, “era un reto de primer nivel también en Euskal Herria” y, por tanto, ha defendido que “es necesaria su regulación para hacerla efectiva como un derecho” antes que “un bien de consumo o que un bien abierto a la especulación”. “Para Euskal Herria Bildu, la vivienda es un derecho y todo lo contrario son excusas que impiden que la gente pueda acceder a una vivienda digna”, ha señalado Oskar Matute, que ha advertido de que la tasa de emancipación es de las más bajas de Europa y “no es de recibo que jóvenes que quieren emanciparse tengan que emigrar a pueblos colindantes porque no puedan acceder al alquiler o a la compra de una vivienda allí donde han nacido o donde desean residir”. En este marco, ha denunciado que “es de suma gravedad que el PNV decida actuar en nombre de un Gobierno por ideología”. “No se puede actuar en contra de denominar zonas tensionadas a las decenas de ayuntamientos que así lo han hecho o que manifiestan su voluntad de hacerlo”, ha señalado.

“Lo que diga el Constitucional siempre iba a tener influencia”

El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte, Iñaki Arriola, ha mostrado su desacuerdo con el recurso. En declaraciones a los periodistas, en el acto de inicio de la fabricación de los nuevos trenes de ancho métrico para Cantabria y Asturias en la factoría de CAF en Beasain (Gipuzkoa), Arriola ha recordado que el PSE-EE, en el Consejo de Gobierno, ya manifestó su desacuerdo contra este recurso. En su opinión, la ley de Vivienda “no impone”, sino que “facilita y permite que las comunidades autónomas adopten una serie de medidas que no estábamos antes facultados para poder hacerlas”. En ese sentido, ha apelado a ver “qué da de sí el recurso y qué es lo que dice el Tribunal Constitucional”.

El consejero vasco de Vivienda ha destacado que “también hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional, en el caso de las comunidades autónomas se iba a pronunciar sí o sí” porque había recursos de otras comunidades autónomas que “estaban presentados y que, por lo tanto, lo que diga el Tribunal siempre iba a tener influencia”. Finalmente, Iñaki Arriola ha asegurado que en su Departamento van a “seguir trabajando” ya que la ley de Vivienda, “aunque está recurrida, está vigente”.

“Los consejeros socialistas se han opuesto”

Por su parte, el delegado del Gobierno central en Euskadi, Denis Itxaso, ha lamentado que el PNV haya decidido recurrir la ley estatal de Vivienda, una “mala noticia”, que ha opinado, “viene a emparentar al Gobierno vasco, con el Gobierno de Andalucía y el de Madrid, que también han recurrido por las mismas razones”. En declaraciones a los medios en Donostia, Itxaso, preguntado por el citado recurso presentado por el Ejecutivo Vasco, del cual se han desvinculado los socialistas, ha señalado que la formación jeltzale “ni siquiera reúne, ni concita la visión total de su Gobierno de coalición”. “Los consejeros socialistas se han opuesto a recurrir la ley”, ha recordado, al tiempo que ha lamentado que la decisión de los jeltzales “viene a emparentar al Gobierno vasco con el Gobierno de Andalucía, con el de Madrid, que también han recurrido por las mismas razones”.

Itxaso ha señalado que, “cuando el PNV habla de competencias, hay que rascar un poquito más” y ha añadido que “el problema es otro”. “El problema es que no se coincide con la filosofía de esta ley, que está permitiendo que en Euskadi haya ayuntamientos que, de acuerdo con el Gobierno vasco, van a tener más atribuciones”, como el poder declarar las zonas tensionadas de vivienda. “Es iniciativa de los ayuntamientos, pero el Gobierno vasco se va a tener que aceptar, va a tener que aprobarlo, es una labor que se hace entre instituciones, se acompaña mutuamente para que las cosas se hagan con garantías”, ha apuntado.

Itxaso ha criticado que el PNV es “el único” que ve en la ley estatal de Vivienda “problemas de competencias”. “Nadie más los ve”, ha añadido. A su juicio, “sorprende un poco, y no deja de ser contradictorio, que el candidato del PNV haya elogiado hace unos pocos días, efectivamente, los buenos datos de vivienda pública, especialmente en alquiler, en el departamento”, pero luego, decidan, “de forma unilateral”, recurrir la ley, “sin concitar el consenso del conjunto del Gobierno vasco”. El delegado del Gobierno central en Euskadi ha recordado que “todos los problemas” que existen por la “carestía” de la vivienda, como “la incapacidad para emanciparse a tiempo” o que haya que dedicar “mucho más” del 30% de salario al alquiler o al pago de las hipotecas.

Tras subrayar que se trata de una problemática “de carácter social”, ha apuntado que eso es lo que trata de “abordar y atajar” la ley estatal de vivienda. Itxaso ha recordado que el PNV ya estuvo “en contra” de la ley vasca de Vivienda y ahora lo está también de la estatal, “emparentándonos y asociándonos con gobiernos como el de Andalucía o como el de Ayuso”. Frente a ello se ha mostrado convencido de que “la sociedad vasca no comparte esta decisión”, ya que la ley estatal de Vivienda busca “resolver problemas sociales de mucha envergadura” y “regular un mercado que, siendo como dice la constitución la vivienda un bien de interés social, se empieza a convertir en elemento de especulación”, y lo hace, además, “dando atribuciones a las comunidades autónomas”.

Este domingo a mediodía, la parte del PNV del Gobierno de Iñigo Urkullu ha decidido seguir adelante con el recurso de inconstitucionalidad contra la ley estatal de Vivienda, aprobada en 2023 sin el concurso de los nacionalistas, aunque es el PSE-EE el que dirige estas políticas en el bipartito vasco. El PNV sigue así la misma senda que presidentes autonómicos del PP como Isabel Díaz Ayuso. Madrid, Baleares y Andalucía, así como el Parlament catalán, han formalizado también recursos que ya han sido admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional.

El PNV ya decidió emprender esta vía en julio, pero la normativa del Constitucional permite abrir un período previo de seis meses de negociación entre Gobiernos para buscar una interpretación consensuada que evite la judicialización del asunto. En un hecho inédito, los tres consejeros del PSE-EE, entre ellos el titular de la materia, Iñaki Arriola, no apoyaron en verano la decisión del Gobierno de dar este paso y siguen sin hacerlo ahora.

Es más, el área de Vivienda lleva meses aplicando la ley con normalidad, principalmente en lo tocante a la regulación de zonas tensionadas para controlas los precios de los alquileres. Ahora se ha acabado sin acuerdo las conversaciones bilaterales. La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha defendido que han quedado “agotadas todas las posibilidades de negociación” y culpa al Estado de haber “rechazado” las propuestas vascas. Se da la circunstancia de que la noticia llega apenas 48 horas después del acuerdo entre los Gobiernos central y vasco para transferir la gestión de Cercanías (92 millones anuales y 400 en inversiones) y en puertas de un nuevo acuerdo sobre Inmigración, que previsiblemente se cerrará este lunes.

Garamendi argumenta que existe un informe “elaborado por el Servicio Jurídico central” del Gobierno que apunta a que la normativa estatal “vulnera competencias de Euskadi”. En concreto, este dictamen aprecia una invasión en siete artículos y cuatro disposiciones. Uno de ellos es de las zonas tensionadas. Esta interpretación choca frontalmente con la del consejero que dirige el área de Vivienda. El equipo de Arriola ha presentado contrainformes para la aplicación en Euskadi de la ley y, de hecho, el proceso de las zonas tensionadas está en marcha, también en municipios gobernados por el PNV como Donostia. En paralelo, el PNV acató la aplicación de la ley de Vivienda en el acuerdo de Gobierno de Navarra firmado por su coalición, Geroa Bai, con los socialistas y Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre, Berdeak Equo e independientes).

El recurso de Euskadi “solicitará una sentencia que anule la ley estatal en las partes recurridas”. Sin embargo, es redundante con lo ya planteado por las comunidades del PP de Madrid, Andalucía o Baleares, así como por el Parlament (que no por el Govern de Pere Aragonès). Precisamente este último recurso sirvió al PNV para atacar a EH Bildu, que apoyó la tramitación de la norma en las Cortes Generales de la mano de ERC, que luego votó a favor del recurso en la Cámara catalana. En estos otros casos, se desechó ya en septiembre la posibilidad de un acuerdo interpretativo y ya se admitieron a trámite.

Fuentes del PSE-EE aseguran que el PNV sigue “la misma estrategia que el PP”. El propia líder socialista, Eneko Andueza, aseguró en el Parlamento Vasco hace unos meses que Urkullu se estaba comportando como Díaz Ayuso o Moreno Bonilla. Los socialistas mantienen “que no hay invasión competencial” y sostienen que la normativa estatal proporciona “medidas complementarias” a las de la ley vasca de 2015. El PNV insiste en priorizar ahora esa norma propia aunque la criticó duramente hace nueve años cuando se tramitó. De hecho, salió adelante con los votos de PSE-EE, EH Bildu y UPyD y con el rechazo frontal de PNV y PP. Políticamente, el PSE-EE muestra su sorpresa de que “el candidato Imanol Pradales elogie las políticas vascas de vivienda” mientras el PNV “frena” los avances que proporciona la nueva ley.

La normativa impide que se hagan inauguraciones, campañas de autobombo y cualquier manifestación de los logros de gestión con fondos públicos desde el mismo momento en que se convocan unas elecciones. En Euskadi ya es público que las autonómicas serán el 21 de abril, porque así lo ha decidido y comunicado el lehendakari, Iñigo Urkullu, pero no será hasta el martes cuando el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) lo publique y quede disuelto el Parlamento Vasco. Ahí sí se activará, oficialmente, el reloj electoral. Casualidad o no, en el primer día desde que se conociera la decisión de Urkullu se han multiplicado las inauguraciones y presentaciones y continuarán todavía el lunes, apurando el margen que ofrece la ley. También se ha conocido la transferencia de Cercanías, dotada con 92 millones anuales y un paquete de inversiones valorado en 400 millones de euros. Es particularmente intensa la agenda en el ámbito de Salud, una cartera sensible por el desgaste de gestión desde la llegada de la COVID-19 y en la que oposición hará fuertes críticas durante la campaña. Hasta en YouTube, al buscar música, aparece un anuncio del Gobierno vasco recordando que tiene 600 millones de euros en ayudas para empresas.

Informa Irekia, la web institucional del Gobierno, que el todavía lehendakari “ha inaugurado la nueva instalación de resonancia magnética nuclear del CIC Biogune, una de las más relevantes del sur de Europa”. Lo ha hecho en un acto el parque tecnológico de Bizkaia, en Derio. Continúa la información oficial resaltando que Urkullu “ha recordado que se ha logrado alcanzar los 1.800 millones de euros de inversión en innovación, lo que ha permitido que en la actualidad Euskadi forme parte del grupo de 'innovadores fuertes' en el panel europeo de innovación”.

El lehendakari también ha visitado las obras del “nuevo centro de alta resolución de Osakidetza” en otra localidad de Bizkaia, en Zalla. Ni siquiera están terminadas las obras porque se “prevé su apertura en el primer semestre de este año” 2024, indica el Gobierno. Urkullu, siempre según la versión oficial, no se ha quedado en destacar la nueva infraestructura. “Ha enumerado algunos de los objetivos alcanzados: la reducción de las listas de espera comprometidas hace seis meses, la apertura del nuevo centro de salud de primer nivel en la Parte Vieja de Donostia, la presentación de nuevas inversiones para la mejora de la red hospitalaria pública o el anuncio de que Osakidetza aumentará su plantilla con 1.431 nuevas plazas”, se puede leer.

Este último dato fue adelantado por PNV y PSE-EE horas antes de que se aprobara en Consejo de Gobierno, ya que iba a quedar totalmente eclipsado por el anuncio de la convocatoria electoral que es, además, el final de doce años de Urkullu como lehendakari. Sin embargo, hay voces que alertan de que no es una incorporación de nuevos profesionales. El sindicato LAB, por ejemplo, califica de “trileros” a los gestores. Argumenta que “no hay ni un solo trabajador más en los centros de trabajo que antes de crear esos puestos, ya que la función de esos puestos es estabilizar y dignificar mínimamente la plantilla ya existente”, sostiene.

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, se ha sumado a los mensajes optimistas. “Siempre con las personas en el centro. Ése es nuestro lema y ése es nuestro compromiso”, ha señalado. Antes, había dejado otra noticia. “Sagardui anuncia la participación organizada y estable de los y las pacientes en la toma de decisiones de la investigación en salud”, ha titulado Irekia. Igualmente, Salud ha informado que “Osakidetza da los primeros pasos para el nuevo centro de salud de Elgoibar”, que estará ubicado “en un espacio referencial de municipio, un punto central del casco histórico, donde confluyen las tres calles más importantes”.

En Barakaldo, el asesor del lehendakari Jonan Fernández, la directora de Juventud, Miren Saratxaga, y la alcaldesa, Amaia del Campo, “han inaugurado la segunda sede del Servicio GAZ” para la atención juvenil. Euskadi llega a las elecciones con una nueva prestación ideada por la Presidencia vasca llamada Emantzipa para apoyar con 300 euros mensuales durante dos años la emancipación y que es paralela a otra ayuda de 300 euros mensuales para el alquiler de jóvenes llamada Gaztelagun y que depende del área de Vivienda, es decir, de la parte del PSE-EE del Ejecutivo de coalición. Emantzipa se lanzó en diciembre de 2022 y ha sido presentado a lo largo de este tiempo en más de una decena de ocasiones. Esta semana se han abierto ya las solicitudes y ha habido comunicaciones constantes. Hay una actualización diaria de los solicitantes. Fernández “ha animado a las personas jóvenes que quieran iniciar o consolidar su proyecto de vida con autonomía a que soliciten la ayuda”, explica Irekia.

En Vitoria, el consejero socialista de Vivienda, Iñaki Arriola, ha comparecido con la alcaldesa socialista de la capital, Maider Etxebarria, para anunciar la construcción de 960 viviendas para alquiler en el barrio de Salburua, con una inversión “cercana a los 200 millones”. En puridad, esta presentación estaba prevista para hace unos días, pero como no se pudo aprobar en Consejo de Gobierno hasta este jueves se ha ubicado en la agenda este viernes. La regidora ha considerado que este plan de vivienda social es “el más ambicioso de Euskadi”.

La jornada gubernamental ha dejado muchos más titulares. Por ejemplo, el Gobierno tiene nuevas herramientas frente a la tuberculosis animal, mejora la calidad del agua en el río Oka de Bizkaia y desparecen “la totalidad de los vertidos” al Oria en Gipuzkoa, “Euskadi avanza en la innovación alimentaria”, la “revitalización” del yacimiento romano de Iruña-Veleia en Álava -salpicado en el pasado por falsificaciones- “avanza a buen ritmo”, el Ejecutivo “apoya once proyectos tecnológicos de alta creación de empleo”, el barrio Aldaialde de Vitoria tendrá un nuevo colegio en el curso 2024/2025, la comunidad autónoma ha conseguido una “cifra récord” de exportaciones en 2023 y tiene grandes “oportunidades” en “computación cuántica”.

Y el lunes habrá más. Sagardui tiene la “presentación de un convenio para la mejora del uso de la medicación” en Vitoria. Urkullu delegará en el consejero Arriola la visita a la CAF de Beasain, donde el ministro Óscar Puente y su 'número dos', el exalcalde de Irún, José Antonio Santano, presentan trenes que (ahora sí) caben en túneles para Asturias y Cantabria, por lo que se ha invitado a sus presidentes, Adrián Barbón y María José Sáenz de Buruaga. El lehendakari ha optado por inaugurar la nueva planta de Biolid y por “presidir la plantación de un retoño del árbol de Gernika en el jardín del palacio La Puente de Trucíos”. El viceconsejero de Vivienda, Pedro Jauregui, viaja a otro municipio gobernado por el PSE-EE, Ermua, para cerrar “un convenio para construir alojamientos dotacionales en el municipio”. Se espera un nuevo acuerdo con el Gobierno de España para la transferencias de las competencias de Inmigración. El martes, de momento, el volumen de actos cae a solamente dos, un seminario y la reunión del consejo de administración de Lanbide.

En puertas de que Euskadi entre en “período electoral”, es decir, el tiempo previo a unos comicios en el que no está permitido difundir logros o realizar inauguraciones, el consejero vasco de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, y el delegado del Gobierno de España, Denis Itxaso, que será también el candidato del PSE-EE por Gipuzkoa, han comparecido conjuntamente para anunciar que han finalizado las obras del ramal guipuzcoano de la 'Y vasca' de alta velocidad, cuya construcción empezó en 2006. Es un “hito”, en palabras de ambos responsables institucionales, pero ni mucho menos el final del camino.

En Gipuzkoa está terminada la “plataforma” y quedaría la “superestructura” -raíles, catenaria, seguridad o comunicaciones- y en Álava y en Bizkaia continúan las obras de la primera fase. Además, no está el 'nudo de Bergara' que une las tres patas de la 'Y', como tampoco las estaciones de las capitales o sus accesos. Además, están incluso sin definir como serán las conexiones hacia Madrid, hacia Navarra o hacia Francia para que Euskadi no tenga el tren de Cercanías más rápido del mundo. Arriola e Itxaso han apuntado a “finales de 2027” como un plazo razonable para ver trenes en circulación. Antes ya quedaron en papel mojado 2010, 2016, 2017, 2023 ó 2024.

“Por fin vemos la luz al final del túnel”, ha ironizado el consejero Arriola, que ya la fue entre 2009 y 2012, al dar el anuncio de que “se puede dar por finalizado” el tramo entre Hernani y Astigarraga -aunque habrá algunos “remates” en las próximas semanas- y con él “todo el ramal guipuzcoano”. Este último tramo tiene que como símbolo “el viaducto central, de 482 metros de longitud, que es el primer puente atirantado de alta velocidad en España”.

“El camino no ha sido fácil”, ha mencionado sobre una infraestructura cuya primera piedra se remonta a 2006 en las afueras de Vitoria y a 2008 en el caso de Gipuzkoa. Este tramo ha sido construido por empresas contratadas por ETS, el administrador ferroviario autonómico. En su momento se acordó una encomienda de gestión para que, aunque la factura final la abone en todo caso el Estado, en el caso guipuzcoano adelantase el trabajo el Gobierno vasco. Ello ha supuesto plazos algo más ágiles.

El consejero Arriola ha hablado de un gasto de “1.948 millones” de euros para este corredor entre Bergara y los accesos a Donostia, que siguen de obras. No obstante, el informe trimestral sobre la ejecución de estas obras enviado a finales de 2023 al Parlamento Vasco apuntaba a 1.994 millones. Se adjudicaron por 1.729 millones y estaban presupuestadas en 1.885. La diferencia se debe a modificaciones, a ajustes fiscales, a reclamaciones y también a sobrecostes.

La obra en Gipuzkoa, por su orografía, ha sido especialmente compleja. El 80% del camino de hierro irá en túnel, el 13% sobre viaductos y solamente un 7% en tierra firme. En el histórico de la obra pesan amenazas y atentados de ETA -particularmente el asesinato del empresario contratista Inaxio Uria-, denuncias ecologistas por el impacto de las obras e incluso investigaciones por presunta corrupción. En toda España se descubrió que los sobrecostes se permitían a cambio de regalos y sobornos a cargos de Adif. Un tramo en Amorebieta-Etxano formó parte de una denuncia, pero hubo denuncias de irregularidades también en las obras del trazado Beasain Este. Aunque esa causa quedó archivada, la Fiscalía de Álava halló indicios de nuevo de sobrecostes por pagos de servicios que no se habían prestado, como el de una hormigonera que nunca existió. A la denuncia le acompañaban cinco horas de grabaciones, revisadas también por la Guardia Civil, en las que se sugería la existencia de sobornos y comisiones ilegales.

Arriola e Itxaso han aprovechado la comparecencia para hacer un repaso de los pasos pendientes en las obras del AVE. Han confiado en que el 'nudo de Bergara' esté completado en 2025, como también la “plataforma” en Bizkaia y en Álava. En el caso de las estaciones, la peculiaridad es que solamente está construido el armazón de la parada de Ezkio/Itsaso, un pequeño pueblo de Gipuzkoa que iba a ser el punto de conexión hacia Pamplona en el plan original y que ahora, sin embargo, ha quedado en el aire. La de Donostia también va más avanzada, hasta el punto de que ya en 2023 fue polémica la retirada de una estructura de Eiffel por las obras. Son dos las razones: la obra es menos compleja al no ser un acceso soterrado y también se adelantó con una encomienda al Gobierno vasco. Estará en 2025.

Si se llega a 2027 -las pruebas requerirán meses-, será con soluciones “provisionales” para Bilbao y Vitoria. En la primera ciudad, de hecho, el AVE se quedará en Basauri y habrá que terminar el trayecto en Cercanías. 2033 se apuntó como una fecha de referencia para tener listas las nuevas estaciones y entradas soterradas a las dos ciudades vascas más grandes. Más complejo es el tema de las conexiones. Al margen de la indefinición sobre si Vitoria o Ezkio/Itsaso serán el punto de unión hacia Navarra, para ir a Madrid falta la reforma del tramo de Vitoria a Burgos, ahora convencional (ancho ibérico) y no de alta velocidad (ancho internacional). De Burgos hacia el sur ya está modificada la red. Con Francia no hay un horizonte certero. De Donostia hasta la muga hay obras (tercer hilo) para llevar el ancho internacional hasta Irún y Hendaya. Allí hace años que llegan los TGV de SNCF, pero no con su velocidad punta. El lehendakari, Iñigo Urkullu, llegó a activar un 'lobby' para presionar a Europa para acelerar esta interconexión que podría retrasarse hasta 2040.

El delegado Itxaso, que dejará próximamente el cargo, ha asegurado que este Gobierno de España da “velocidad alta” a las obras de la alta velocidad y también que da confianza al autogobierno vasco por haberle cedido la encomienda de gestión de las obras de Gipuzkoa. Euskadi es “el único Gobierno regional europeo que ha ejecutado una red ferroviaria de titularidad estatal”, ha añadido Arriola en este sentido. El nuevo secretario de Estado es vasco, el exalcalde de Irún José Antonio Santano, que se peleó desde su antiguo puesto en esta materia.

Antes de las elecciones está comprometido también el cierre del traspaso al Gobierno vasco de la gestión de Cercanías, que tiene líneas en el área metropolitana de Bilbao y en Donostia. El acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez situó en marzo el final de esas negociaciones -ya muy avanzadas en el pasado- y también la transferencia de materias de migraciones y acogida y de homologación de titulaciones extranjeras.

La Comisión de Ética ha dado a conocer una resolución en la que da carpetazo a una consulta formulada sobre la actuación del viceconsejero de Infraestructuras y Transportes Pedro Marco de la Peña, de la parte del PSE-EE del Gobierno vasco de coalición. Aunque el documento hecho público no da ningún dato, este periódico ha podido saber que se han analizado adjudicaciones del Ejecutivo a una empresa en la que había sido apoderado llamada I-Ingenia. En concreto, se han revisado dos contrataciones directas (sin concurso) de 16.819 y 5.080 euros por trabajos de asistencia técnica y dirección de obra, respectivamente, 21.899. El dictamen concluye que no ha habido ninguna irregularidad, aunque recalca a los altos cargos la obligación de abstención y de delegar la toma de decisiones en caso de colisión con otros intereses.

Este organismo de control había recibido información relativa a estos contratos. El primero se produjo en octubre de 2020. Marco de la Peña accedió al cargo en el equipo del consejero Iñaki Arriola en septiembre de ese año y de febrero hasta entonces había sido apoderado de la adjudicataria. El segundo es de agosto de 2021. Tampoco habían pasado dos años, como fija la normativa de incompatibilidades. La Comisión de Ética estima que “en ninguno de los dos casos” el responsable directo de la contratación fue el viceconsejero. Asimismo, se destaca que otro contrato de más volumen económico (4,7 millones de euros) fue sacado a concurso y que el alto cargo “manifestó su intención de abstenerse” por la “posible existencia de un conflicto de intereses”.

Igualmente, la Comisión de Ética estima que “no corresponde” a sus funciones “determinar si la adjudicación de los contratos [...] vulnera o no el ordenamiento jurídico”. Eso sí, la Comisión de Ética -presidida por la consejera del PNV Olatz Garamendi- “recuerda en todo caso y una vez más la importancia de las cautelas previstas en el Código Ético” para “preservar la imagen de integridad y honestidad de la alta función directiva”. Hay que ser “más exigente” que lo que marcan propiamente las leyes, recalca el dictamen. Se “configura así un plus ético, que no es jurídicamente exigible -en la medida en que no está expresamente recogido en una ley- pero sí forma parte del compromiso político asumido por las personas que se adhieren al Código Ético”. El dictamen remarca que ya han existido precedentes “en relación con los supuestos en los que altos cargos y asimilados que pretenden contratar en nombre de la Administración con sociedades en las que hayan prestado servicios laborales o hayan desempeñado funciones directivas”. “Pueden incurrir en conflictos de intereses y, en consecuencia, se encuentran obligados a adoptar cautelas”, abundan, aunque dejando claro que Marco de la Peña “no ha contravenido” el Código Ético.

La labor de esta comisión ha sido muy criticada por la oposición en esta legislatura, particularmente por EH Bildu. La ha llegado a calificar de “Comisión de Estética”. Son muy escasas las resoluciones en las que ha adoptado medidas y también, al inicio de la legislatura, tuvo un parón que se achacó a la pandemia. Este organismo no guarda ninguna relación con la oficina que regula las autorizaciones para que los excargos puedan saltar al sector privado tras el cese.

La primera línea de AVE se inauguró en España para la Expo de Sevilla, celebrada en 1992. En el caso vasco, las obras de la denominada 'Y vasca' de alta velocidad que pretende conectar las capitales arrancaron en 2006. Hoy, 31 y 17 años después, el consejero de Transportes, Iñaki Arriola (PSE-EE), ha confiado en tener completadas en 2033, dentro de diez, las obras del túnel de acceso a Bilbao, pero aún no hay concreciones sobre la nueva estación en Abando. También está en el aire la llegada soterrada a Vitoria y en obras el 'nudo' de Bergara que conecta las tres ramas de la 'Y', un punto de paso imprescindible. Aunque es evidente que el AVE irá a Madrid por Burgos, no se conoce cómo se hará la conexión de Pamplona y Francia ha pospuesto su TGV hasta la frontera en Irún. Ni siquiera la fórmula provisional de que el tren de Bilbao se quede en Basauri o que a Vitoria llegue en superficie garantiza que se cumpla la última fecha de inicio del servicio que se puso encima de la mesa, la de 2027.

“En esta obra sobran estimaciones”, ha reconocido este martes el consejero Arriola, que ya ocupó ese mismo cargo entre 2009 y 2012 y se despidió dando 2016 como fecha de finalización de las obras. Arriola ha comparecido tras el Consejo de Gobierno para presentar la encomienda de gestión aprobada la pasada semana por el Gobierno central para que sea Euskadi el que ejecute buena parte de las obras de los accesos a Bilbao. Costarán unos 280 millones, de los que cerca de 230 los adelantará el Ejecutivo autonómico. Eso sí, la factura total la abonará la sociedad estatal Adif, con la que se harán liquidaciones trimestrales.

Esto es una novedad. El Gobierno vasco también recibió una encomienda para adelantar las obras de Gipuzkoa, que son las más avanzadas de toda la 'Y vasca' ya que solamente queda en obras un “tajo” -en palabras de Arriola- entre Hernani y Astigarraga. Asimismo, avanzan “a buen ritmo” las obras de la nueva estación central de Donostia. Pero entonces, allá por 2006, se acordó que Euskadi adelantaba la financiación y que luego el equivalente se descontaba del Cupo, la aportación anual de las Haciendas forales al Estado.

Según se ha explicado en la documentación escrita del Consejo de Gobierno, “el convenio [de los accesos a Bilbao] contará con una vigencia de diez años prorrogables otros siete y su cumplimiento será analizado a través de una comisión de seguimiento que se reunirá al menos una vez al año”. Es decir, las obras terminarían en 2033 pero el peor de los escenarios las llevaría a 2040. “Y luego queda lo gordo, la nueva estación de Bilbao. No confundamos. Todo tiene que ver pero no es lo mismo”, ha puntualizado Arriola sobre otro megaproyecto consistente en eliminar la actual playa de vías para soterrar la estación de Indalecio Prieto, que es el nombre oficial de lo que todo el mundo conoce como Abando. De hecho, la Diputación de Bizkaia ni siquiera ha concretado si va a poner financiación para costear parte de esta infraestructura.

En el caso de Vitoria, aunque el PNV ha defendido que “muy pronto” los Gobiernos central y vasco cerrarán una encomienda como la de Bilbao, Arriola ha preferido ser más prudente. El estudio informativo aún está en tramitación, ha dicho. “Nos gustaría que se aprobara cuanto antes. Pero no depende de nosotros. El estudio informativo lo tiene que aprobar el Ministerio [de Transportes] y tiene que tener la declaración de impacto ambiental que hace el Ministerio de Transición Ecológica”, ha apuntado. Eso sí, “para ganar tiempo” se buscó ir avanzando en otra fase, la del proyecto “básico” sin esperar a terminar la primera. Pero es imposible poner fechas.

Arriola, en todo caso, entiende que la red “troncal” puede estar terminada en 2027 y “dar pie a que se ponga en marcha el servicio”. Ha asegurado que ya nadie duda de que esa inauguración será con toda la infraestructural sin terminar, aunque a él en el pasado le cayera un “chorreo” por sugerirlo. Sin embargo, esos plazos no son cerrados. En 2024 sí se espera la finalización de todo el ramal de Gipuzkoa y en 2025 que la estación de Atotxa en Donostia presente ya su nueva cara. Pero el 'nudo' de Bergara son obras que gestiona el Estado directamente y el calendario no está tan claro. Además, desde la finalización de la infraestructura hasta la circulación de los AVE, Ouigo o similares puede haber un gran lapso. Y es que hay que hacer obras para la denominada “superestructura”, esto es, vías, catenarias, elementos de seguridad y otros servicios básicos. Por supuesto, se requieren también pruebas. Y no se descarta que haya que reacondicionar algunos tramos que llevan terminados más de una década y que se han quedado abandonados estos años. De hecho, un cambio en la normativa de seguridad ya obligó a reformar túneles ya finalizados antes de su inauguración.

Lo más tangible de la 'Y vasca' es que hay ya lista una estación en la pequeña localidad guipuzcoana de Ezkio/Itsaso. En un inicio, se pensó en ese punto como conexión hacia Navarra y luego se diseñó una ruta alternativa entre Vitoria y Pamplona. Desde hace unos meses, ante la falta de acuerdo político y las pugnas territoriales, se optó por la decisión salomónica de volver a realizar estudios técnicos de la sierra de Aralar, la que separa Gipuzkoa de Navarra.

Lo que sí parece más próximo en el tiempo es que los Gobiernos central y vasco acuerdo el traspaso de Cercanías. De hecho, el propio Arriola ya presentó el pasado año en el Parlamento un detallado descargo de en qué se estaba trabajando y confirmó que hasta 2028 los trenes de Renfe sí o sí seguirían prestando el servicio. El PNV ha apoyado la investidura de Pedro Sánchez a cambio, entre otras cosas, de que esto esté resuelto en tres meses. Arriola, ante el inicio de un nuevo mandato en el Estado, ha confiado en que el trabajo “avanzado” cuando Raquel Sánchez era ministra siga con Óscar Puente.

El consejero socialista del Gobierno vasco Iñaki Arriola, responsable de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, ha parafraseado a Alberto Núñez Feijóo cuando se le ha preguntado por la ausencia de miembros del PSE-EE en el nuevo gabinete de Pedro Sánchez. “No somos ministros porque no queremos”, ha bromeado Arriola, que en el pasado fue presidente del PSE-EE y secretario general en Gipuzkoa.

Preguntado por si le constaba alguna propuesta rechazada, dado que en las quinielas sí habían aparecido nombres como el de Idoia Mendia, vicelehendakari ahora mismo, Arriola ha seguido con la ironía. “No, no me consta. ”Si a mí me hubiese propuesto, le habría dicho que no“, ha zanjado.

“A todos nos gustaría un socialista vasco, quitando a [Fernando Grande] Marlaska si lo consideramos socialista vasco. Todos tenemos un prurito”, ha confesado en rueda de prensa Arriola. Sin embargo, ha añadido también: “Que haya socialistas vascos no es lo más importante. El presidente ha conformado un buen Gobierno. A mí no me preocupa”.

El juez Grande-Marlaska, responsable de Interior desde el primer Ejecutivo de Sánchez, allá por 2018, es nacido en Bilbao pero no militante del partido. En este lustro, el PSE-EE tuvo a Isabel Celaá como ministra de Educación y portavoz también en una primera etapa. La extitular de Exteriores, Arancha González Laya, también es natural de Gipuzkoa, pero no forma parte de la estructura orgánica del partido en Euskadi, uno de los pocos territorios donde Sánchez sí fue primera fuerza, en este caso por delante no solamente del PP sino también de PNV y EH Bildu.

La experiencia foral de Elma Saiz

En la misma rueda de prensa, el consejero-portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, de la parte del PNV de la coalición, ha indicado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha dado la instrucción a todo su equipo para que contacten con sus homólogos en el Ejecutivo central. Preguntado por un perfil concreto, el de la titular de Seguridad Social, Elma Saiz, se ha destacado que como exconsejera navarra conoce el sistema de financiación foral y se ha confiado en que ello engrase las relaciones de cara a la posible transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social a la Administración autonómica, algo nunca ocurrido en España.

“Por supuesto que felicitamos a la ministra Saiz. La transferencia es una materia recogida en los compromisos del Gobierno español. Lo que desde el Gobierno vasco se espera es que la respuesta al desarrollo completo del Estatuto se cumpla de la forma más satisfactoria posible y en el menor plazo posible”, ha señalado. En todo caso, Zupiria ha enfatizado que los compromisos políticos han de ser independientes de las personas concretas que ocupen los cargos. Eso sí, el PNV mantuvo una relación tensa con su predecesor, José Luis Escrivá, ahora movido a otro asiento en el Consejo de Ministros.

El lehendakari, de su lado, ha enviado ya una felicitación a Sánchez y le ha invitado a retomar la interlocución. Una de las exigencias del PNV al PSOE ha sido que existen al menos reuniones semestrales entre ambos mandatarios.