La Formación Profesional se ha convertido en la opción educativa preferida por los jóvenes gracias a sus altas tasas de inserción laboral, según Comisiones Obreras. En Madrid, donde la demanda ha aumentado un 85% entre 2018 y 2025, el crecimiento de la oferta se ha concentrado especialmente en los centros privados.

La comunidad lidera el podio de la privatización, seguido por Catalunya y Euskadi, sostiene el sindicato. “Distinguimos Madrid porque tiene un modelo bastante más privatizador que otras comunidades, así como datos bastante más preocupantes”, aclara la Secretaria General de Enseñanza del sindicato, Aída San Millán Martín.

La oferta privada en la región ha crecido un 122% (más de 50.000 estudiantes) frente al 58% de la pública. La red pública ha pasado de concentrar el 58% de las matrículas a un 49%, mientras alrededor de 60.000 jóvenes se quedaron sin plaza pública durante el curso 2024-2025.

Así lo revela el informe La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud. Diagnóstico sindical y desigualdades territoriales, elaborado por Comisiones Obreras, que alerta de un modelo que deja sin plaza pública a miles de estudiantes madrileños. “La oferta pública ha aumentado, pero no al ritmo que la demanda. Cuando los jóvenes no encuentra los estudios que quieren en la pública, no les queda más remedio que optar por esta opción”, señala la secretaria de enseñanza pública de la Federación de Educación de CCOO Madrid, Inmaculada López.

El sindicato sostiene que Madrid ha “renunciado” a ampliar la red pública, convirtiendo el acceso a la Formación Profesional en “un privilegio condicionado por la renta y el código postal”. El informe llega meses después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara un real decreto para limitar la apertura de centros privados y evitar la “mercantilización sin calidad” de estas enseñanzas.

Esta expansión también ha tenido un impacto económico para las familias. Estudiar un ciclo de Formación Profesional en un centro privado cuesta entre 3.000 y 6.000 euros anuales y algunas titulaciones especializadas pueden alcanzar los 16.000 euros, según el informe. Como consecuencia, el gasto medio familiar se ha duplicado en siete años, pasando de 1.069 euros en 2016 a 2.085 euros en 2023. “Es un problema grave. Se está haciendo negocio de un derecho y que su acceso dependa de la situación económica de las familias”, sintetiza la Secretaria General de Enseñanza del sindicato, Aída San Millán Martín.

La FP a distancia y la dual

El crecimiento no ha sido uniforme entre las distintas familias profesionales, ni en las modalidades. Según el sindicato, la oferta privada se ha concentrado en los ciclos con mayor demanda laboral, como Higiene Bucodental, Imagen para el Diagnóstico o Radioterapia, mientras la oferta pública madrileña no ha aumentado al mismo ritmo. El aumento también se ha trasladado a la modalidad a distancia: la oferta pública ha crecido un 185,4% y la privada se ha disparado un 659%.

Las cifras son todavía más elevadas en los grados superiores, donde la matrícula privada ha aumentado un 664%, frente al 206% de las públicas. El número de centros que imparten en esta modalidad se ha multiplicado por casi cuatro: de 28 en el curso 2018-2019 a 102 en el 2024-2025.

Desde el sindicato aseguran que esta modalidad supone para muchas empresas “coste cero y beneficio 100%”, ya que no requieren centro, ni materiales para su desarrollo. Sin embargo, los alumnos presentan mayor tasa de abandono escolar porque “hay menor conexión con la práctica real, falta el contacto humano y menos orientación para saber qué hacer después”.

La Formación Profesional dual combina la enseñanza en el aula con prácticas obligatorias en empresas. Comisiones Obreras advierte de que este modelo choca con la realidad del tejido empresarial madrileño. Según el sindicato, el 95% de las más de medio millón de empresas activas en la región son autónomos sin asalariados o microempresas de entre uno y nueve trabajadores, una estructura que, a su juicio, aumenta el riesgo de que parte del alumnado termine desempeñando funciones propias de un trabajador en lugar de recibir la formación prevista, convirtiéndose en mano de obra barata o en sustitución de puesto de trabajo.

Madrid, a la cabeza de la privatización

Madrid encabeza el ranking de comunidades con mayor peso de la Formación Profesional privada. Le siguen Catalunya, donde las matrículas privadas representan el 45,58% del total y Euskadi, con un 43,8%. Además, Madrid y Catalunya son las únicas comunidades que cobran por cursar la FP, mientras Castilla-La Mancha (10,85%) y Canarias (8,7%) registran la menor presencia de enseñanza privada.

La tasa de paro juvenil en la Comunidad de Madrid es del 25,33%, según la Encuesta de Población Activa, por encima de la media nacional (23%). Además, el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan se sitúa en el 8,56%.

El informe también foco en la brecha de género. Aunque cuatro de cada diez estudiantes Formación Profesional aseguran no haber recibido orientación sobre esta vía durante la ESO, solo el 4% de las alumnas afirma haber contado con información suficiente, frente al 14% de los alumnos. La desigualdad también se refleja en la elección de estudios; solo el 16% de las mujeres matriculadas en FP en Madrid cursa ciclos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), las ramas con mejores salarios y mayor estabilidad laboral, según el sindicato.

Falta de transparencia de datos

Comisiones Obreras denuncia también la falta de transparencia de la Comunidad de Madrid durante el proceso de admisión a la Formación Profesional. Según explica, este año los centros han dejado de publicar los listados de admitidos y las familias solo pueden consultar el resultado de su solicitud a través de la plataforma Raíces.

Esta decisión impedirá elaborar su habitual informe de escolarización y conocer cuántos estudiantes se quedan sin plaza pública en cada ciclo. “Han sabido retirar esos datos tiempos”, afirma San Millán, que considera que la medida busca evitar que se visibilice el déficit de plazas públicas.

El sindicato anuncia que estudiará acciones legales al considerar que la publicación de estos listados forma parte de un procedimiento de concurrencia competitiva y debe ser accesible para garantizar la transparencia del proceso.

“Es desolador, consciente y dirigido. Creo que tiene que ver con la huelga de octubre. Suficientes datos estamos dando, cifrar cuantos se quedarían fuera, sería otra losa encima”, insiste la secretaria.

Las propuestas de Comisiones Obreras

Entre sus propuestas, Comisiones Obreras reclama un plan plurianual para ampliar las plazas públicas y eliminar las listas de espera, un marco estatal que garantice estándares mínimos de calidad en la Formación Profesional. También solicita un sistema público de datos comparables entre comunidades autónomas, reforzar las garantías de la FP dual e incorporar orientación académica con perspectiva de género.

En el caso de la Comunidad de Madrid, el sindicato exige unificar las instrucciones sobre el Proyecto Intermodular, hacer más transparentes los procedimientos para la captación de empresas, crear la figura estructural del prospector empresarial y establecer acuerdos marco que faciliten la colaboración entre los centros educativos y el tejido productivo.

Cando publiquei Os médicos tamén enferman en abril do 2025, os meus dous mellores amigos, doutores no campo das urxencias hospitalarias, atopábanse de baixa. Reparei niso o día da presentación do libro en Compostela cando os vin entre o público. Nunca antes estiveran nunha situación semellante despois de 25 anos de exercicio profesional na sanidade galega. A sobrecarga permanente que obriga en cada xornada a facer o traballo de varias persoas, as quendas extraordinarias de cada día, o desgaste, o pánico a cometer un erro que poña en perigo algunha vida humana e a sensación de abandono foron algunhas das respostas dadas diante da preocupación dos achegados. Meses despois, o meu entorno presaxiaba para min unha situación análoga polas mesmas razóns que a dos meus amigos, pero iso é outra historia.

Hai seis anos reincorporeime de novo á trincheira da Atención Primaria. Dende ese intre ate hoxe asistín dende a primeira liña asistencial a un deterioro progresivo deste servizo público, provocado polas decisións e omisións dunha Administración gobernada polo PP que non atende a razóns inocentes. Eles son os facilitadores de xerar espazos de negocio e pórlle prezo á saúde da xente. Para constatalo, tan só hai que seguir o rastro do diñeiro no aumento exponencial da contratación de seguros de saúde pola cidadanía na última década, ou nos millonarios convenios asinados polo Servizo Galego de Saúde (Sergas) coa sanidade privada para a prestación de servizos concertados. As consecuencias de todo isto socavan de maneira irreversíbel un modelo corrector das desigualdades sociais, xerando unha situación onde a saúde das doentes (“os recortes matan”) e a das sanitarias están en perigo, mentres os autores intelectuais desta desfeita consolidan pola vía dos feitos consumados a medio prazo un modelo sanitario de beneficencia.

Na década anterior o sistema fixo un axuste nas retribucións da xente do común baixo o lema “a mesmo traballo menor salario” , mentres na década actual o axuste vén da man da carga laboral cun lema que di “a mesmo salario dobre traballo”. Esta dobre volta de porca que afecta a traballadoras de servizos públicos esenciais pódese trasladar á maioría das profesións. Se a iso lle engadimos un encarecemento no custo da vida (vivenda, cesta da compra) e unha sociabilidade limitada polo eco dunha pandemia, podemos concluír que transitamos unha treboada perfecta que afecta á nosa saúde individual mais tamén á colectiva.

Nos últimos meses o goberno Rueda sinalou como prioridade diminuír o continxente das baixas laborais, insinuando unha mala praxe das profesionais dunha saturada atención primaria, e unha posible fraude dunha gran parte dos homes e mulleres que están nesta situación. Dende entón reforzouse o servizo de inspección, falouse de pórlle incentivos ás médicas por recortarlle o tempo de baixa aos seus pacientes e proliferaron as notificacións coercitivas tanto a doentes como a sanitarias. A luva foi recollida hai uns días polo expresidente da Xunta e líder do PP a nivel de Estado nun encontro sectorial con empresarios, onde incidiu na necesidade de reverter esta situación. A posición fixada por ámbolos non é inocente e obríganos de novo a buscar o rastro do diñeiro, nesta ocasión na marxe de beneficios da patronal, e no reforzamento do control das mutuas laborais nas incapacidades temporais.

Rueda e Feijóo viven abonados á frase “que a realidade non estrague un bo titular”, sobre todo porque hai grandes grupos de comunicación públicos e privados dispostos a guionizarlles as mentiras. Se quixeran minorar ou resolver o problema que lles preocupa poderían comezar por exercer as competencias, mais iso evidenciaría gran parte das súas incompetencias ou no peor dos casos, das súas axendas ocultas. O presidente galego, que é quen ten responsabilidades de goberno, faría ben en impulsar políticas públicas que diminúan as insufríbeis listas de agarda nas especialidades hospitalarias, reforzar dunha vez a atención primaria ou actuar nos preocupantes datos da sinistralidade laboral en Galiza, en que o rol das mutuas é cando menos cuestionable. Iso rebaixaría os tempos de recuperación e reparto de cargas, pero tamén suporía recoñecer moitas das eivas e problemas derivados da súa xestión

Cada día pasan moitas pacientes pola miña consulta, algunhas delas en situación de baixa, que agardan unha media de oito meses en ser atendidas na unidade de alxias músculo-esqueléticas, ou outro tanto en acadar unha cita cunha psicóloga nunha unidade de saúde mental. Moitas delas buscan diante da demora unha solución na medicina privada onde gastan ás veces o que non teñen ou non se poden permitir gastar. Mentres iso acontece, o seu presidente chámalles defraudadoras a elas e ás súas médicas de familia que están ao límite. Por iso penso que antes de dar razóns con artigos coma este a quen non opera con elas, ou enumerar evidencias a quen non as ten en conta dende as súas responsabilidades de goberno, rematariamos antes asumindo democraticamente que o raposo non debe coidar das galiñas porque acabará coméndoas, senón o fixo xa.

Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT están molestos y preocupados tras una reunión celebrada el pasado 16 de junio en la que solicitaron información relativa a una posible externalización del servicio municipal de agua en Haro. En dicho encuentro, las formaciones sindicales pidieron respuestas “a diversas informaciones sobre un eventual cambio en la gestión de este servicio público esencial”. La concejala de Personal del Ayuntamiento de Haro “expuso en la reunión haber conocido esta cuestión en la Comisión de Obras a la vez que aseguró no disponer de informes técnicos ni documentación que sustente dicha posibilidad”

Ante esto, los sindicatos exigen al Ayuntamiento de Haro información y que “se garantice la participación de los representantes sindicales y del personal afectado en cualquier proceso que pueda implicar cambios en la gestión del servicio”. Y además han pedido una reunión “urgente” con el concejal de Obras. El malestar crece entre la plantilla municipal y las formaciones sindicales han mostrado su rechazo a una posible privatización de un servicio tan esencial para la ciudadanía. Y además advierten de los riesgos de “una privatización, como el posible desmantelamiento progresivo del servicio, la precarización de las condiciones laborales y una merma en la calidad del servicio público”.

Aseguran que “actualmente hay falta de previsión e inversión por lo que piden que se garantice una prestación adecuada del servicio y se garantice su sostenibilidad en el tiempo”. Y advierten: “Continuaremos vigilantes ante cualquier avance en este proceso”.

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha frenado el acuerdo alcanzado con la Fundación Gerón para cederle la gestión del complejo universitario Flora Tristán, ubicado en las Tres Mil Viviendas de Sevilla. La propuesta, que se esperaba aprobar este lunes en el Consejo de Gobierno convocado la semana pasada para tal fin, ha quedado descartada después de que el Consejo Social de la universidad haya rechazado la concesión demanial planteada por el Rectorado y se haya pronunciado a favor de abrir un procedimiento de licitación pública.

A raíz de ese pronunciamiento, el Consejo de Gobierno ha acordado la creación de una comisión mixta encargada de “explorar todas las alternativas reales y viables” de financiación —pública y/o privada— que permitan ejecutar las obras necesarias en el edificio y garantizar la continuidad del proyecto. Esta nueva medida implica el cierre del inmueble hasta que se lleven a cabo las actuaciones de adecuación requeridas para su funcionamiento.

La resolución del Consejo supone un giro respecto a los planes defendidos durante los últimos días por el Rectorado, que consideraba la colaboración con la Fundación Gerón como la única vía para acometer de forma inmediata la rehabilitación del complejo y mantener la actividad residencial durante el próximo curso académico. Según la documentación presentada por la Universidad, la institución carece de los recursos necesarios para afrontar con urgencia unas obras valoradas en 420.000 euros en una primera fase “imprescindible” para la reapertura, y entre tres y seis millones de euros para la rehabilitación integral del edificio.

Todo ello llega tras una semana de protestas y movilizaciones de estudiantes, trabajadores y vecinos del Polígono Sur, desencadenadas después de que trascendiera la intención de la Universidad de ceder la gestión del complejo a la Fundación Gerón, una entidad privada sin ánimo de lucro especializada en la gestión de centros para personas mayores. Aquella propuesta, promovida de forma unilateral por el Rectorado, generó una fuerte contestación dentro de la comunidad universitaria y del entorno social del barrio.

Oferta de plazas congelada hasta la rehabilitación del inmueble

En un escrito remitido a la comunidad universitaria al que ha tenido acceso este periódico, el rector de la UPO, Francisco Oliva, lamenta no poder “iniciar el curso académico próximo con normalidad” e insiste en que “la única finalidad de la concesión demanial directa era iniciar con carácter inmediato una obra que permitiera retomar la actividad en el curso 2026-2027”. Una vez descartada esa posibilidad a petición del Consejo Social, añade, “para nosotros deja de tener sentido la incorporación de un agente externo”.

Los informes técnicos manejados por la Universidad alertan de deficiencias estructurales y problemas relacionados con la instalación eléctrica, la protección contra incendios, el abastecimiento de agua y el saneamiento. Como consecuencia, el Consejo de Gobierno ha acordado no ofertar plazas en la residencia hasta que se ejecuten las actuaciones necesarias para garantizar “la plena seguridad, salubridad y habitabilidad” del complejo, en el que residen actualmente 148 estudiantes.

En paralelo al desarrollo del Consejo de Gobierno, decenas de ellos junto a vecinos del Polígono Sur y miembros del profesorado del departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales se han concentrado a las puertas del Rectorado para protestar por la propuesta de concesión del complejo a una entidad privada. “Sin residencia, no hay universidad, no hay proyecto y no hay presencia de universitarios en el barrio”, ha recordado una de las residentes, que ha lamentado la “falta de transparencia” del rector con los agentes implicados en el proyecto que “no queremos que Gerón entre en el barrio”.

En la misma línea se han manifestado algunos vecinos del Polígono Sur presentes en el acto: “Los vecinos no queremos que los estudiantes se vayan del Polígono Sur, no queremos empresas privadas, queremos a los estudiantes que colaboran con nuestro barrio”.

Oleada de preocupación y solidaridad

Desde que el pasado jueves trascendió la convocatoria extraordinaria del Consejo de Gobierno, distintos órganos académicos e institucionales de la universidad han expresado públicamente su preocupación por el futuro del proyecto social asociado al complejo Flora Tristán, su rechazo a la propuesta de cesión a la Fundación Gerón y su solidaridad con los residentes.

El Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales pidió expresamente la “cancelación o aplazamiento” de la sesión de hoy, advirtiendo de su “profunda preocupación” por la decisión sobre la gestión del complejo. En los mismos términos se manifestó la Junta de Facultad de Ciencias Sociales, reunida con carácter extraordinario el pasado 19 de junio, ante la propuesta de concesión demanial a una entidad externa y ante el proceso que ha conducido a ella.

También el Consejo de Estudiantes de la UPO manifestó su “disconformidad” con la iniciativa y trasladó su apoyo a las residentes y trabajadoras de la Flora Tristán, así como su compromiso con la continuidad del proyecto social.

Por su parte, el Consejo Social de la universidad ha reconocido el “extraordinario valor académico, social y humano” del proyecto, junto a la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad del edificio. Sin embargo, tras conocer los detalles del informe de la auditoría técnica sobre el estado del inmueble y las condiciones del acuerdo con Gerón, este órgano ha rechazado la propuesta de concesión de la gestión del inmueble Flora Tristán a la fundación, considerando que había otras entidades interesadas en asumir la obra y la continuidad del proyecto de residencia.

Finalmente, el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno deja en el aire el futuro de la Flora Tristán, un proyecto residencial y social considerado clave en el Polígono Sur de Sevilla. La comisión mixta deberá ahora buscar una fórmula de financiación para acometer la rehabilitación del edificio y definir el modelo de gestión con el que se retomará la actividad. La fecha para reabrir sus puertas sigue siendo, por ahora, otra incógnita más.

Durant dècades, les dues cases pageses de s’Espalmador han romàs pràcticament congelades en el temps, envoltades per aigües turqueses, dunes verges i algunes de les praderies de posidònia millor conservades del Mediterrani. A pocs metres de les concorregudes platges de ses Illetes (Formentera), però separada d’aquestes per un pas de navegació conegut com es Pas de s’Espalmador, continua sent un territori fora de l’abast de qualsevol. Vuit anys després que una família belga —a través d’una societat luxemburguesa— comprés l’enclavament per 18 milions d’euros, els seus propietaris es preparen per dur a terme una complexa rehabilitació de les edificacions històriques en un dels espais naturals més protegits de les Balears.

Formentera lidera, juntament amb Eivissa i Marbella, les platges espanyoles més cares per estiuejar, segons un informe elaborat a partir d’una mostra de viatgers espanyols i una anàlisi comparativa dels costos turístics. Abans de l’operació milionària mitjançant la qual s’Espalmador va canviar de mans —al principi l’illot es va posar a la venda per 22 milions d’euros—, aquest tros de paradís pertanyia a la família Cinnamond, que el 1932 havia pagat 42.000 pessetes (uns 250 euros) a Carlos Tur Roig. Una xifra extremadament allunyada del valor que assoliria dècades després. Els Cinnamond consideraven una bona opció que l’illot passés a ser de titularitat pública, una cosa que, en el seu moment, també es va plantejar el Consell de Formentera.

El 2017, la institució insular, presidida aleshores per Jaume Ferrer, de Gent per Formentera, va plantejar al Govern balear, durant el primer mandat de la socialista Francina Armengol (2015-2019), la compra de l’illot. Però la proposta finalment no va fructificar i el Consell, per si sol, no disposava de recursos suficients per afrontar la compra en solitari.

Abans de l'operació milionària mitjançant la qual s’Espalmador va canviar de mans -al principi l'illot es va posar a la venda per 22 milions d'euros-, aquest tros de paradís pertanyia a la família Cinnamond, que el 1932 havia pagat 42.000 pessetes (uns 250 euros) a Carles Tur Roig

Des de s’Espalmador, de 137 hectàrees, fins a la pitiüsa del Sud, s’estén una franja de terra que acaba a la Punta des Càrritx. Cap a l’oest, s’allarga en forma de diminuta península la platja de s’Alga, un arenal verge de postal que es desplega al llarg d’un quilòmetre.

Ha estat la societat propietària qui ha gestionat la tramitació de la llicència urbanística per a la reforma integral de les dues construccions històriques, s’Alga i Majoral, que començarà després de la temporada turística, quan es pugui agilitzar la logística per dur a terme els treballs. La llicència va ser aprovada per la Junta de Govern del Consell de Formentera el passat 12 de gener de 2025. La concessió per a la reforma, que no preveu augmentar la superfície construïda, està subjecta a estrictes condicions de conservació patrimonial, control arqueològic i limitacions pròpies d’un espai protegit.

Una societat amb seu a Luxemburg

Darrere l’empresa luxemburguesa que va adquirir s’Espalmador fa vuit anys hi ha tres germans. L’administrador únic és Michel Jan Cigrang, mentre que Jean Philippe Cigrang i Christian Leon Cigrang figuren com a administradors mancomunats, segons dades del Registre de la Propietat consultades per Newtral.

Darrere l’empresa luxemburguesa que va adquirir s’Espalmador fa vuit anys hi ha tres germans. L’administrador únic és Michel Jan Cigrang, mentre que Jean Philippe Cigrang i Christian Leon Cigrang figuren com a administradors mancomunats

Tot i que pugui semblar una raresa, comprar una illa és legalment possible. A Espanya, aquests territoris poden ser de propietat privada sempre que hagin estat reconeguts històricament com a tals o estiguessin inscrits com a finques abans de l’entrada en vigor de la Llei de Costes, de 1988. Tanmateix, la titularitat no atorga carta blanca als seus propietaris: no permet restringir l’accés a les zones de domini públic (com la servitud de trànsit) ni construir lliurement en espais sotmesos a protecció ambiental i costanera.

Tot i que pugui semblar una raresa, comprar una illa és legalment possible. A Espanya, aquests territoris poden ser de propietat privada sempre que hagin estat reconeguts històricament com a tals o estiguessin inscrits com a finques abans de l’entrada en vigor de la Llei de Costes, de 1988

Això, en particular, està provocant que el projecte de reforma a s’Espalmador no sigui una tasca fàcil, sinó «tot un repte», com assenyala a elDiario.es una font propera al projecte. De moment, s’ha instal·lat un pantalà flotant provisional amb unes fixacions ecològiques que no danyen la posidònia a es Caló de s’Alga per descarregar equips i materials —els mateixos que tenien les cases originals—, fet que ha requerit la tramitació d’una autorització a través de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua. Es tracta d’un moll complementari al ja existent, situat just al costat, però que no té l’amplada suficient per poder efectuar les descàrregues.

Dues edificacions protegides

El projecte, dissenyat per un estudi d’arquitectura de Formentera, se centra a restaurar dues construccions aixecades abans de 1956 i disperses en diferents punts de l’illot. Són dues cases pageses històriques ubicades en dos indrets diferents de l’illot privat: una a la cala de s’Alga i l’altra a es Majoral, a l’interior del terreny insular.

Les edificacions ‘Majoral’ i ‘s’Alga’ es consideren legals dins el marc urbanístic actual i formen part del catàleg de protecció del territori del Consell Insular de Formentera. Les dues cases tenen una sola planta. La primera disposa de quatre habitacions distribuïdes en 174 metres quadrats i annexos corresponents a unes quadres de 82 metres quadrats. La segona és més gran: dotze dormitoris i 468 metres quadrats.

Les edificacions ‘Majoral’ i ‘s’Alga’ es consideren legals dins el marc urbanístic actual i formen part del catàleg de protecció del Consell de Formentera. Les dues cases tenen una sola planta. La primera compta amb quatre habitacions distribuïdes en 174 metres quadrats i la segona, amb dotze dormitoris i 468 metres

La primera finca envaeix la zona de servitud de protecció, tot i que no la zona de servitud de trànsit, segons la documentació. La segona casa també es troba afectada per aquesta limitació i, a més, el mur perimetral ocupa la zona de domini públic maritimoterrestre establerta per la Llei de Costes.

L’autorització, concedida per la institució, no altera els paràmetres urbanístics existents, asseguren les fonts properes al projecte de reforma, que precisen que les obres es limiten a rehabilitar i millorar els edificis ja presents a l’illa sense augmentar volums ni modificar l’estructura de l’enclavament.

El Consell, però, no és l’única administració implicada, sinó que també cal gestionar permisos amb la xarxa Natura 2000, el Govern balear, Costes i Recursos Hídrics, entre d’altres.

L’autorització, concedida per la institució, no altera els paràmetres urbanístics existents, asseguren les fonts properes al projecte de reforma, que precisen que les obres es limiten a rehabilitar i millorar els edificis ja presents a l’illa sense augmentar volums ni modificar l’estructura de l’enclavament

A l’interior d’un parc natural

S’Espalmador es troba al cor del Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera i també compta amb diferents graus de protecció: forma part de la xarxa Natura 2000 i és Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), figures ambdues de protecció ambiental de la Unió Europea (UE) destinades a conservar els hàbitats naturals i les espècies de flora i fauna d’interès comunitari.

És un dels motius pels quals la instal·lació dels pantalans es va fer, en compliment de la normativa ambiental, abans que comencés el període de nidificació de les aus, que finalitza l’1 de juliol vinent. Tanmateix, en aquesta data —en plena temporada estival— tampoc no arrancaran les obres, atès que els treballs requereixen moviment de terres i altres intervencions incompatibles amb la presència turística.

D’altra banda, l’illot està envoltat d’una important extensió de praderies de posidònia oceànica, espècie protegida a totes les Balears i distingida com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. A això s’hi suma el seu patrimoni cultural: el més important és la torre de defensa de sa Guardiola, declarada Bé d’Interès Cultural (BIC) d’acord amb la llei de patrimoni històric. Existeixen, a més, quatre jaciments arqueològics i una altra edificació històrica coneguda com el Pou de s’Alga.

L’illot està envoltat d’una important extensió de praderies de posidònia oceànica, espècie protegida a totes les Balears i distingida com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. A això s’hi suma el seu patrimoni cultural: el més important és la torre de defensa de sa Guardiola, declarada Bé d’Interès Cultural (BIC)

L’actuació d’obra compta amb l’autorització del Consell Insular de Formentera des del passat gener de 2025, després que la institució analitzés diferents informes tècnics i jurídics. L’expedient administratiu va començar el juliol de 2020, quan l’empresa propietària va sol·licitar la llicència per rehabilitar els immobles.

La logística d’operar en un territori extremadament sensible complica l’execució del projecte, que contempla tasques de demolició en alguns volums que desvirtuen la construcció, segons fonts properes consultades per aquest mitjà. D’una banda, a causa de l’estricta necessitat de complir la normativa ambiental i, de l’altra, perquè és molt difícil trobar treballadors disposats a desenvolupar la seva activitat a l’hivern en un illot aïllat. Tot i que la propietat ofereix allotjament, les condicions meteorològiques poden impedir durant dies la connexió marítima amb Eivissa, dificultant tant els desplaçaments com l’avanç de les obres.

Tres illes privades a les Pitiüses

S’Espalmador no és l’única illa privada de les Pitiüses. De la dotzena de territoris amb aquestes característiques a Espanya, tres es troben a Eivissa i Formentera. Entre ells, la coneguda Tagomago, propietat d’un descendent dels Àustries i integrada dins la Xarxa Natura 2000. L’illot, d’unes 55 hectàrees, està inclòs en un entorn marí-terrestre protegit des de finals dels anys 90, amb hàbitats de gran interès per a aus migratòries i espècies com la baldriga balear. 

S’Espalmador no és l’única illa privada de les Pitiüses. De la dotzena de territoris amb aquestes característiques a Espanya, tres es troben a Eivissa i Formentera. Entre ells, la famosa Tagomago, propietat d’un descendent dels Àustries

Tagomago està declarat Lloc d’Importància Comunitària (LIC), Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i Zona d’Especial Conservació (ZEC), cosa que li atorga un alt nivell de protecció pel seu valor ecològic. Tot i així, acull una mansió de luxe que està disponible per llogar turísticament i s’hi han allotjat celebritats internacionals molt conegudes, com Cristiano Ronaldo o el cantant Justin Bieber.

Un altre cas similar és sa Ferradura, una península de dimensions reduïdes que està unida al port de Sant Miquel per un petit tram de terra. El seu propietari és l’oligarca rus Mikhail Prokhorov, una de les majors fortunes del país i rival polític de Vladímir Putin a les eleccions presidencials de 2012.

Durante décadas, las dos casas payesas de s'Espalmador han permanecido prácticamente congeladas en el tiempo, rodeadas por aguas turquesas, dunas vírgenes y algunas de las praderas de posidonia mejor conservadas del Mediterráneo. A apenas unos metros de las concurridas playas de ses Illetes (Formentera), pero separada de ellas por un paso de navegación conocido como Es Pas de s'Espalmador, continúa siendo un territorio no al alcance de cualquiera. Ocho años después de que una familia belga -a través de una sociedad luxemburguesa- comprara el enclave por 18 millones de euros, sus propietarios se preparan para acometer una compleja rehabilitación de las edificaciones históricas en uno de los espacios naturales más protegidos de Balears.

Formentera lidera, junto a Eivissa y Marbella, las playas españolas más caras para veranear, según un informe realizado a partir de una muestra de viajeros españoles y un análisis comparativo de los costes turísticos. Antes de la operación millonaria mediante la cual s’Espalmador cambió de manos -al principio el islote se puso a la venta por 22 millones de euros-, este trozo de paraíso pertenecía a la familia Cinnamond, que en 1932 había pagado 42.000 pesetas (unos 250 euros) a Carlos Tur Roig. Una cifra extremadamente alejada del valor que alcanzaría décadas después. Los Cinnamond consideraban una buena opción que el islote pasara a ser de titularidad pública, algo que, en su momento, también se planteó el Consell de Formentera. 

En 2017, la institución insular, presidida entonces por Jaume Ferrer, de Gent per Formentera, planteó al Govern balear, durante el primer mandato de la socialista Francina Armengol (2015-2019), la compra del islote. Pero la propuesta finalmente no fructificó y el Consell, por sí mismo, carecía de recursos suficientes para afrontar la compra en solitario.

Antes de la operación millonaria mediante la cual s’Espalmador cambió de manos -al principio el islote se puso a la venta por 22 millones de euros-, este trozo de paraíso pertenecía a la familia Cinnamond, que en 1932 había pagado 42.000 pesetas (unos 250 euros) a Carlos Tur Roig

Desde s'Espalmador, de 137 hectáreas, hasta la pitiusa del Sur, se prolonga una franja de tierra que termina en la Punta des Càrritx. Hacia el oeste, se extiende en forma de diminuta la playa de s'Alga, un arenal virgen de postal que se despliega a lo largo de un kilómetro.

Ha sido la sociedad propietaria la que ha gestionado la tramitación de la licencia urbanística para la reforma integral de las dos construcciones históricas, s'Alga y Majoral, que empezará después de la temporada turística, cuando pueda agilizarse la logística para llevar a cabo los trabajos. La licencia fue aprobada por la Junta de Gobierno del Consell de Formentera el pasado 12 de enero de 2025. La concesión para la reforma, que no contempla aumentar la superficie construida, está sujeta a estrictas condiciones de conservación patrimonial, control arqueológico y limitaciones en pleno espacio protegido.

Una sociedad con sede en Luxemburgo

Tras la empresa luxemburguesa que adquirió s'Espalmador hace ocho años hay tres hermanos. El administrador único es Michel Jan Cigrang, mientras que Jean Philippe Cigrang y Christian Leon Cigrang figuran como administradores mancomunados, según datos del Registro de la Propiedad consultados por Newtral.

Tras la empresa luxemburguesa que adquirió s'Espalmador hace ocho años hay tres hermanos. El administrador único es Michel Jan Cigrang, mientras que Jean Philippe Cigrang y Christian Leon Cigrang figuran como administradores mancomunados

Aunque pueda parecer una rareza, comprar una isla es legalmente posible. En España, estos territorios pueden ser de propiedad privada siempre que hayan sido reconocidos históricamente como tales o estuvieran inscritos como fincas antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, de 1988. Sin embargo, la titularidad no otorga carta blanca a sus propietarios: no permite restringir el acceso a las zonas de dominio público (como la servidumbre de tránsito) ni construir libremente en espacios sometidos a protección ambiental y costera.

Aunque pueda parecer una rareza, comprar una isla es legalmente posible. En España, estos territorios pueden ser de propiedad privada siempre que hayan sido reconocidos históricamente como tales o estuvieran inscritos como fincas antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, de 1988

Esto, en particular, está provocando que el proyecto de reforma en s’Espalmador no sea tarea fácil, sino “todo un reto”, como señala a elDiario.es una fuente cercana al proyecto. De momento, se ha instalado un pantalán flotante provisional con unas fijaciones ecológicas que no dañan la posidonia en es Caló de s'Alga para descargar equipos y materiales -los mismos que tenían las casas originales-, lo que ha requerido la tramitación de una autorización a través de la conselleria del Mar y Ciclo del Agua. Se trata de un muelle complementario al ya existente, situado justo al lado, pero que no tiene la anchura suficiente como para realizar las descargas.

Dos edificaciones protegidas

El proyecto, diseñado por un estudio de arquitectura de Formentera, se centra en restaurar dos construcciones levantadas antes de 1956 y dispersas en distintos puntos del islote. Son dos casas payesas históricas ubicadas en dos puntos dispares del islote privado, una de ellas en la cala de s’Alga y otra de ellas en es Majoral,  en el interior del terreno insular. 

Las edificaciones ‘Majoral’ y ‘s’Alga’ se consideran legales dentro del marco urbanístico actual y forman parte del catálogo de protección del territorio del Consell Insular de Formentera. Las dos casas tienen una sola planta. La primera cuenta con cuatro habitaciones dispuestas en 174 metros cuadrados y anexos de unas cuadras de 82 metros cuadrados. La segunda es más grande: doce dormitorios y 468 metros cuadrados.

Las edificaciones ‘Majoral’ y ‘s’Alga’ se consideran legales dentro del marco urbanístico actual y forman parte del catálogo de protección del Consell de Formentera. Las dos casas tienen una sola planta. La primera cuenta con cuatro habitaciones dispuestas en 174 metros cuadrados y la segunda, con doce dormitorios y 468 metros

La primera finca invade la zona de servidumbre de protección, aunque no la zona de servidumbre de tránsito, según la documentación. La segunda casa también se encuentra afectada por esta limitación y, además, el murete perimetral ocupa la zona de dominio público marítimo-terrestre establecida por la Ley de Costas.

La autorización, concedida por la institución, no altera los parámetros urbanísticos existentes, aseguran las fuentes cercanas al proyecto de reforma, quienes precisan que las obras se limitan a rehabilitar y mejorar los edificios ya presentes en la isla sin aumentar volúmenes ni modificar la estructura del enclave.

El Consell, sin embargo, no es la única administración implicada sino que también es necesario gestionar permisos con la red Natura 2000, el Govern balear, Costas y Recursos Hídricos, entre otros.

La autorización, concedida por la institución, no altera los parámetros urbanísticos existentes, aseguran las fuentes cercanas al proyecto de reforma, quienes precisan que las obras se limitan a rehabilitar y mejorar los edificios ya presentes en la isla sin aumentar volúmenes ni modificar la estructura del enclave

En el interior de un Parque Natural

S’Espalmador se encuentra en el corazón del Parque Natural de ses Salines de Eivissa y Formentera y también cuenta con diferentes grados de protección: forma parte de la red Natura 2000 y es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), figuras ambas de protección ambiental de la Unión Europea (UE) destinadas a conservar los hábitats naturales y especies de flora y fauna de interés comunitario.

Es uno de los motivos por los que la instalación de los pantalanes se hiciera, en cumplimiento con la normativa ambiental, antes de que empezara el periodo de nidificación de las aves, que termina el próximo 1 de julio. Sin embargo, en esa fecha -en plena temporada estival-, ta,poco arrancarán las obras dado que los trabajos requieren movimiento de tierras y otras intervenciones incompatibles con la presencia turística.

Por otro lado, el islote está rodeado de una importante extensión de praderas de posidonia oceánica, especie protegida en toda Balears y distinguida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. A ello se suma su patrimonio cultural: el más importante es la torre de defensa de Sa Guardiola, declarada bien de interés cultural (BIC) con base en la ley de patrimonio histórico. Existen además cuatro yacimientos arqueológicos y otra edificación histórica conocida como Pou de s'Alga.

El islote está rodeado de una importante extensión de praderas de posidonia oceánica, especie protegida en toda Balears y distinguida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. A ello se suma su patrimonio cultural: el más importante es la torre de defensa de Sa Guardiola, declarada bien de interés cultural (BIC)

La intervención de obra cuenta con la autorización del Consell Insular de Formentera desde el pasado enero de 2025, después de que la institución analizara distintos informes técnicos y jurídicos. El expediente administrativo comenzó en julio de 2020, cuando la empresa propietaria solicitó la licencia para rehabilitar los inmuebles. 

La logística de operar en un territorio extremadamente sensible complica la ejecución del proyecto, que contempla labores de demolición en algunos volúmenes que desvirtúan la construcción, según fuentes cercanas consultadas por este periódico. Por un lado, debido a la estricta necesidad de cumplir con la normativa ambiental y, por otro, porque es muy difícil encontrar a trabajadores dispuestos a desarrollar su actividad en invierno en un islote aislado. Aunque la propiedad ofrece alojamiento, las condiciones meteorológicas pueden impedir durante días la conexión marítima con Eivissa, dificultando tanto los desplazamientos como el avance de los trabajos.

Tres islas privadas en las Pitiusas

S'Espalmador no es la única isla privada de las Pitiüsas. De la docena de territorios con estas características en España, tres se encuentran en Eivissa y Formentera. Entre ellos, la famosa Tagomago, propiedad de un descendiente de los Austrias e integrada dentro de la Red Natura 2000. El islote, de unas 55 hectáreas, está incluido en un entorno marino-terrestre protegido desde finales de los años 90, con hábitats de gran interés para aves migratorias y especies como la pardela balear. 

S'Espalmador no es la única isla privada de las Pitiüsas. De la docena de territorios con estas características en España, tres se encuentran en Eivissa y Formentera. Entre ellos, la famosa Tagomago, propiedad de un descendiente de los Austrias

Tagomago está declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación (ZEC), lo que le otorga un alto nivel de protección por su valor ecológico. Aún así, alberga una mansión de lujo que está disponible para alquilarla turísticamente y se han alojado en ella celebridades internacionales conocidísimas, como Cristiano Ronaldo o el cantante Justin Bieber.

Otro caso similar es Sa Ferradura, una península de reducidas dimensiones que está unida al puerto de Sant Miquel por un pequeño pedazo de tierra. Su propietario es el oligarca ruso Mikhail Prokhorov, una de las mayores fortunas del país y rival político de Vladimir Putin en las elecciones presidenciales de 2012.

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) votará el próximo lunes la aprobación de un acuerdo para ceder la gestión del complejo universitario Flora Tristán, ubicado en las Tres Mil Viviendas de Sevilla, a la Fundación Gerón, una entidad privada sin ánimo de lucro especializada en la gestión de centros para personas mayores. La propuesta figura como punto único del orden del día de un Consejo de Gobierno extraordinario convocado para el 22 de junio, según la notificación a la que ha tenido acceso este periódico.

La Flora Tristán es más que una residencia universitaria. Se trata de un proyecto social que, según sus trabajadores, funciona desde hace más de 20 años como eje vertebrador de los proyectos de intervención social en el Polígono Sur de Sevilla, uno de los barrios más estigmatizados y empobrecidos de España. Actualmente acoge a unos 150 estudiantes que, además de residir en el complejo a precios asequibles, participan en iniciativas comunitarias, apoyando al tejido asociativo del barrio.

La propia Universidad ha informado este jueves, tras una información del diario Público, que el acuerdo que se prevé firmar con la Fundación Gerón permitirá acometer de forma inmediata las obras de carácter “urgente” que requiere el edificio; asegurar la apertura del complejo residencial durante el próximo curso 2026-2027 y mantener “los proyectos sociales que tienen como base el propio inmueble”, del que la UPO es propietaria.

Este anuncio llega después de varios días de movilizaciones por parte de residentes, trabajadores y colectivos vinculados a la Flora Tristán, que expresan su preocupación por lo que perciben como un “desmantelamiento” del proyecto. Ante la “incertidumbre” por la “falta de información” sobre su futuro, un grupo de estudiantes mantiene desde el lunes un encierro en protesta de lo que consideran “una privatización de un servicio público”, dado el valor social que encierra este “emblema” del Polígono Sur.

Incertidumbre a las puertas del verano

Diversos trabajadores y residentes consultados por este periódico coinciden en que la Flora Tristán arrastra desde hace años un “deterioro progresivo” tanto de las instalaciones como del proyecto comunitario que dio origen a la residencia. Entre las principales quejas señalan la reducción de las becas de colaboración —que, según explican, han pasado de 40 en 2015 a 17 durante el presente curso— y la “dejadez” en el mantenimiento del edificio, que ha ido acumulando deficiencias con el paso del tiempo.

Sin embargo, la preocupación se disparó a finales de mayo. Fue entonces cuando una residente acudió a consultar si, como venía siendo habitual, podría dejar sus pertenencias en la residencia durante el verano para regresar al inicio del siguiente curso académico. “Le dijeron que teníamos que desalojar todo porque el edificio iba a reformarse, fue la primera vez que escuchamos la palabra obra”, relata desde el interior de la Flora Tristán una de las estudiantes que participa en el encierro.

A partir de ese momento comenzaron a circular dudas sobre el futuro de la residencia y de las personas vinculadas al proyecto. La Flora Tristán alberga actualmente a unos 150 estudiantes y da soporte a varios puestos de trabajo, entre personal de la Fundación Universidad Pablo de Olavide (cinco en total) y trabajadores de empresas subcontratadas para tareas de limpieza, mantenimiento y conserjería (ocho puestos ocupados por vecinos del propio Polígono Sur).

“A estas alturas del curso no sabemos dónde vamos a vivir en septiembre”, lamenta la estudiante, señalando que “aquí viven personas en situación de vulnerabilidad, personas migrantes y personas que se ven en la calle de un día para otro”. Más allá de la incertidumbre sobre el alojamiento, quienes participan en las movilizaciones sostienen que está en juego un proyecto con un fuerte arraigo en el barrio. “Nos preocupa no solo qué va a pasar con quienes vivimos aquí, sino también con todo lo que representa la residencia para el barrio”, añaden desde la asamblea contra el cierre de la residencia.

Se refieren a la transformación que ha experimentado la zona desde que los estudiantes se instalaron en esta calle de Las Letanías, que antes de la Flora Tristán no tenía nombre. “Se están cargando el proyecto emblema de la UPO: el barrio tiene mucha vida gracias a la presencia de los estudiantes, si eso desaparece, la marginalización será aún mayor”, advierten.

“¿Con qué precios, bajo qué condiciones y qué proyecto social?”

Por su parte, la Universidad ha tratado de tranquilizar a la comunidad universitaria con un comunicado en el que reafirma el “compromiso de continuidad” de la residencia universitaria, garantizando el mantenimiento del número actual de plazas y de los puestos de trabajo asociados al complejo. El texto no detalla, sin embargo, aspectos clave del acuerdo, como su duración, las contraprestaciones económicas previstas, el modelo de gestión o el alcance concreto de la participación de la Fundación Gerón.

Desde la UPO defienden la necesidad del acuerdo apuntando a que el estado del edificio obliga a una actuación inmediata. “La situación actual del inmueble, que requiere una intervención urgente que proporcione las adecuadas condiciones de habitabilidad y seguridad del edificio, han motivado que la Universidad Pablo de Olavide se haya visto obligada a buscar entidades colaboradoras para asegurar la continuidad del proyecto”, señala la institución en un comunicado previo al de este jueves.

Días después ha confirmado que será la Fundación Gerón la que asuma el desembolso económico necesario para acometer la rehabilitación y, según apuntan desde la Universidad, garantizar la continuidad tanto de la residencia como de los proyectos que se desarrollan en ella. La UPO defiende además la elección de esta entidad por su “compromiso social”. En el comunicado la define como una fundación “nacida en el Polígono Sur en 1994” que gestiona proyectos “en zonas de exclusión social centrados en personas mayores, personas con discapacidad y estudiantes en situación de vulnerabilidad”.

En la misma línea, el rector de la universidad, Francisco Oliva, explicó esta semana que la institución lleva meses buscando la colaboración de entidades sin ánimo de lucro capaces de integrarse en el proyecto y aportar los recursos necesarios para acometer las obras con carácter inmediato. Oliva atribuyó esta fórmula a las dificultades económicas que atraviesa al sistema universitario público: “La situación de profunda inestabilidad financiera que afecta a las universidades públicas andaluzas en general, y a la Universidad Pablo de Olavide en particular, hace difícil poder acometer las obras de acondicionamiento del edificio de manera integral e inmediata”, declaró el rector.

Las explicaciones ofrecidas hasta ahora no han disipado, sin embargo, las dudas de los residentes y trabajadores. Los colectivos movilizados critican la falta de transparencia en torno a las negociaciones y reclaman conocer con detalle las condiciones del acuerdo antes de que sea sometido a votación. “Puede que siga siendo una residencia, pero no sabemos con qué precios, bajo qué condiciones ni qué proyecto social habrá detrás”, cuestionan los estudiantes que participan en el encierro. “Nos dicen que todo va a continuar, pero todavía desconocemos qué garantías existen para preservar el modelo que ha definido a la Flora Tristán durante más de dos décadas”, añaden.

“Ni se cierra ni se privatiza, se defiende”

Tras conocerse la convocatoria del Consejo de Gobierno, los estudiantes acusaron al Rectorado de haber ocultado sus planes durante las últimas semanas. “Llevan días diciendo que no teníamos por qué preocuparnos, pero esto demuestra que teníamos razón desde el principio: quieren privatizar la residencia y nos lo han ocultado hasta el último minuto”, trasladan desde la asamblea.

Los residentes critican además que la decisión se haya adoptado sin participación de la comunidad vinculada al proyecto y cuestionan la idoneidad de la Fundación Gerón para asumir la gestión del complejo. “Se dedica especialmente a la gestión de residencia de personas mayores teniendo más de 15 en todo el país; además, las plazas son privadas y con precios abusivos (más de 2.000 euros mensuales por plaza) que no se alinean en absoluto con los valores de la Flora Tristán, al servicio de un barrio obrero y excluido como es el Polígono Sur”, advierten en un comunicado.

Ante esta situación, la asamblea ha convocado una nueva reunión y mantiene las movilizaciones para exigir la paralización del acuerdo. “La Flora Tristán no es solo nuestra casa, es un servicio público del Polígono Sur que están privatizando”, afirman. El colectivo hace así un llamamiento a la comunidad universitaria, a las entidades del barrio y al conjunto de la ciudadanía sevillana para sumarse a “la lucha contra la privatización de la Flora Tristán”.

Antes de conocer que el Ayuntamiento de Logroño mantenía la Escuela de Verano para personas con discapacidad, los socialistas ya anunciaron su compaerencia públcia para analizar la situación. Ha sido el concejal Iván Reinares quien ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha alertado de la “privatización encubierta” de este servicio. Reinares ha explicado el “cambio radical de modelo que quiere imponer el Gobierno de Conrado Escobar en la Escuela de Discapacidad”. Habla de “privatización de manual que liquida el modelo social, humano y especializado” que se ha venido prestando con éxito durante años en la ciudad, vaciando de contenido la verdadera inclusión.

Así y tras analizar minuciosamente el nuevo pliego de condiciones técnicas que el Ejecutivo local ya ha puesto en licitación para las próximas temporadas ha advertido que el “nuevo contrato no asegura en absoluto el mantenimiento ni la calidad de las actividades adaptadas que se venían realizando”. Es más, “el documento disuelve la atención a la discapacidad en una fría lista genérica de horas del llamado 'Nivel 3', junto a disciplinas comunes y sin un proyecto metodológico especializado”.

Las mentiras del Ayuntamiento

Además, Reinares ha criticado con dureza “las mentiras” del concejal de Deportes, Paco Iglesias, en sede oficial. El pasado 29 de mayo, a preguntas del PSOE sobre el futuro del servicio y el respeto al tejido asociativo de la ciudad, Iglesias aseguró ante el Consejo de Logroño Deporte que el cambio de modelo estaba “totalmente avalado y de acuerdo” con los representantes del sector.

“Nos mintió a la cara para conseguir el voto a favor del grupo socialista”, ha desvelado Reinares. La realidad, tal y como ha constatado el PSOE, es que el contrato se lanzó a licitación a principios de mes de forma unilateral, a espaldas del sector y sin haber iniciado una negociación real. “Se ha hurtado la información a los colectivos implicados. Si esa votación se celebrase hoy, el voto del PSOE sería un 'NO' rotundo ante esta privatización encubierta”, ha subrayado.

Por otra parte, el concejal socialista ha calificado de “auténtico desastre de gestión” los bandazos del Gobierno de Conrado Escobar con la Escuela de Verano de este mismo año. Tras emitirse un correo interno el pasado 8 de junio ordenando la suspensión fulminante de la actividad por “poca afluencia”, el PP se vio obligado a rectificar anoche a última hora ante el escándalo desatado en los medios de comunicación y la presión de la oposición.

“Celebramos que las 22 familias afectadas recuperen su derecho a la conciliación y al deporte adaptado este verano, pero exigimos al alcalde que pida disculpas públicas por la angustia que les ha hecho pasar”, ha reclamado Reinares, quien ha sentenciado que Escobar ha reculado “por puro miedo político al verse acorralado”. Para el PSOE, resulta de un “cinismo insoportable” que se firmara el cierre del servicio solo tres días antes de que el alcalde utilizara al colectivo para buscar la foto en los banderazos de San Bernabé.

Por todo ello, los socialistas de Logroño han registrado una batería de preguntas para el próximo Consejo de Administración de Logroño Deporte para que el Gobierno del PP aclare este caos y rinda cuentas por ocultar los pliegos de privatización del próximo curso. “La inclusión es un derecho de los vecinos, no el negocio de ninguna gran empresa”, ha concluido.

La trayectoria de Elon Musk marcará esta semana un nuevo hito solo al alcance de unos pocos personajes históricos. SpaceX, la compañía espacial en la que cuenta con el 42% del capital social (aunque controla cerca del 85% del poder de voto total) protagonizará el viernes la mayor salida a bolsa de todos los tiempos. Recaudará unos 75.000 millones de dólares y podría convertirle en la primera persona en acumular una fortuna superior al billón de dólares.

Es una entrada más en la histriónica biografía de un empresario acostumbrado a las polémicas y a los titulares, divididos entre su faceta de visionario —como impulsor del primer fabricante de coches 100% eléctricos a escala global o de la empresa que ha inaugurado la era de la privatización del espacio— y la de milmillonario de ideas peligrosas, receloso del poder estatal y los gobiernos.

Sin embargo, el cuento que Musk ha ayudado a trazar sobre sí mismo está lejos de la realidad práctica sobre la que ha construido su imperio. “Es importante entender que Musk no es ni ha sido nunca un libertario. La gente suele asociar Silicon Valley con el libertarismo, pero en el caso de Musk, y en realidad en el del sector tecnológico en general, sus ventajas derivan de una estrecha relación con el Estado”, explica Ben Tarnoff en entrevista con elDiario.es.

En el caso de Musk, y en realidad en el del sector tecnológico en general, sus ventajas derivan de una estrecha relación con el Estado

Tarnoff es coautor, junto al historiador Quinn Slobodian, de Muskismo: Elon Musk y la nueva era posliberal (Editorial Taurus), un libro en el que intentan no solo repasar la trayectoria del magnate, sino como su pensamiento y acciones han contribuido a crear un nuevo paradigma económico al que denominan “muskismo”. Proponen que, del mismo modo que el fordismo (basado en las estrategias de Henry Ford) fue el sistema operativo del capitalismo del siglo XX, el modelo de Musk lo es en el XXI: una visión del mundo que promete la salvación y la soberanía a través de la tecnología, pero que en la práctica hace que los Estados dependan de sus monopolios privados.

“Una de las líneas conductoras de la carrera de Musk es su capacidad para instrumentalizar el sector público como fuente de poder y beneficios”, destaca Tarnoff. “SpaceX es quizá la ilustración más clara de esto”, recalca. Su creación, supervivencia y posterior despegue dependen por entero de los contratos con la administración estadounidense, tanto con la NASA como con el Pentágono.

La “simbiosis con el Estado”

Los autores citan en el libro varios momentos en los que la narrativa agresiva con los poderes públicos del magnate contrasta con su papel fundamental para sus empresas. En el caso de SpaceX uno de los más llamativos sucedió en 2006, cuando la compañía se salvó de la bancarrota gracias un contrato con la NASA.

Entonces SpaceX, que el viernes se convertirá en una de las 10 empresas más valiosas del planeta, no había volado ningún cohete con éxito y había generado menos de 50 millones de dólares en ingresos. Con todo, la agencia espacial le otorgó 278 millones de dólares para construir un cohete nuevo y más grande, el Falcon 9, y una nave de carga, la cápsula Dragon.

Esa relación de dependencia fue clave desde su fundación en 2002. “La empresa despega en el primer año de la guerra global contra el terrorismo prometiendo al Pentágono de Donald Rumsfeld la capacidad de poner en órbita satélites más pequeños, más baratos y de despliegue más rápido, a un coste muy inferior al de los grandes contratistas de defensa entonces dominantes”, describe Tarnoff.

“Esto ilustra bien lo que entendemos por simbiosis con el Estado”, continúa. Es una relación en la que Musk busca “injertarse” en el aparato público, utilizar la financiación institucional, así como aprovechar las tecnologías creadas por el Gobierno de EEUU como un andamio para sus propios proyectos.

SpaceX es el ejemplo más evidente, pero ni mucho menos el único. Al contrario, este modus operandi se repite durante toda su trayectoria. Desde su primera empresa, llamada Zip2, fundada en junio de 1995 cuando Musk tenía 24 años. Zip2 era una especie de páginas amarillas digital con comercios locales de la Bahía de San Francisco, que incluía mapas e indicaciones de cómo llegar a los negocios. La tecnología clave de su sistema era la constelación de satélites GPS construida por el Pentágono, que comenzó a operar en abril de 1995.

Fue el germen del muskismo: los autores cuentan cómo Musk convenció a la empresa proveedora de mapas para que le permitiera usar su tecnología a coste cero hasta que Zip2 diera beneficios, construyendo su primera compañía gracias a la cesión gratuita de una infraestructura militar desarrollada con dinero público. En 1999, Compaq compró la empresa por 307 millones de dólares, de los que a Musk se llevó unos 22.

Zip2 nunca llegó a hacer públicas sus cuentas, pero no hay pruebas de que llegara a obtener beneficios antes de ser disuelta en 2003. El ya millonario Musk invirtió ese beneficio en la creación de X.com, que más tarde se transformaría en Paypal. Es quizá la parte más estudiada de su primera etapa empresarial, donde trazó las conexiones que le convirtieron en un miembro de la Paypal mafia, el grupo de empresarios nacidos en la Sudáfrica del apartheid que hoy pueblan los puestos de poder de Silicon Valley y la Casa Blanca.

Para el desarrollo de esta plataforma de pagos digitales fue indispensable, de nuevo, la cesión gratuita de tecnología pública. Como detalla Tarnoff, sin la privatización a coste cero del proyecto DARPA, la base del primer Internet, ni Paypal ni ninguna otra empresa de la primera explosión digital podrían haber despegado. Paypal fue vendida a eBay en 2002, una operación que reportó otros 180 millones a Musk.

Un capital que sirvió para alumbrar SpaceX, con la que el magnate volvió a abrir un círculo que este viernes se cerrará con los 75.000 millones de dólares que los inversores ingresarán en la compañía.

Ni libertario, ni parásito

Con todo, Tarnoff pide ver las dos caras que la relación de simbiosis que Musk establece entre sus empresas y el estado. “Para nuestro argumento es importante que Musk no sea visto como un libertario, pero es igualmente importante que tampoco sea percibido como un capitalista de amiguismo o un simple parásito, alguien que se limita a extraer valor del Estado sin ofrecer nada a cambio”, destaca en su conversación con este medio.

“En ecología, los científicos distinguen entre interacciones simbióticas y parasitarias: la simbiosis describe una relación de beneficio mutuo. Nosotros sostenemos que, a medida que Musk se ha integrado más profundamente en el Estado, este también ha obtenido ventajas de esa relación. En cierto modo, el muskismo consiste en aumentar la capacidad del Estado a través de medios privados”, prosigue.

Es importante que Musk no sea visto como un libertario, pero es igualmente importante que tampoco sea percibido como un capitalista de amiguismo o un simple parásito, alguien que se limita a extraer valor del Estado sin ofrecer nada a cambio

SpaceX vuelve a ser un ejemplo de ello. “Si eres el Pentágono, SpaceX te ayuda a expandir capacidad y soberanía: en 20 años redujo un 90% el coste de poner masa en órbita, lo que significa que ejércitos y servicios de inteligencia disponen ahora de activos espaciales para vigilancia y guía de munición a los que antes no tenían acceso”.

Los autores sostienen que esa relación en la que ambos obtienen beneficios es precisamente la que ha forjado la alianza entre Washington y Silicon Valley y su fusión entre poder político y poder tecnológico. Un tratado que está tomando un nuevo cariz en los albores de la era de la inteligencia artificial.

“Cuando observamos a Musk y, más en general, la integración cada vez más profunda entre Silicon Valley y el Estado estadounidense —visible de forma particular en el conflicto con Irán, con la dependencia de herramientas de Anthropic y Palantir para la selección automatizada de objetivos y ataques— sostenemos que eso nos lleva a un paradigma que ya no puede describirse limpiamente como neoliberal. No se trata de una contracción de la capacidad estatal. Se trata, en realidad, de una expansión de esa capacidad —coercitiva, sí, vinculada a la guerra— pero expansión al fin y al cabo, canalizada a través de la integración con empresas tecnológicas privadas”, defiende.

Tu dinero, mi monopolio

La relación de beneficios en esa simbiosis no es unidireccional. Pero tiene trampa. Sus características hacen que el Estado sea cada vez más dependiente de las tecnológicas, que pueden convertirse en el proveedor dominante de determinados servicios o, directamente, construir monopolios a través de la privatización de infraestructuras críticas.

“El muskismo absorbió la idea de que las empresas, al participar en esas asociaciones con el Estado, pueden asemejarse a él. El propósito no era eliminar el Gobierno, sino hacerlo vasallo suyo, de modo que solo pudiera ejercer su autoridad si compraba los servicios de un proveedor monopolista”, relatan Slobodian y Tarnoff en el libro.

El propósito no era eliminar el Gobierno, sino hacerlo vasallo suyo, de modo que solo pudiera ejercer su autoridad si compraba los servicios de un proveedor monopolista

En 2025, el 95% de los lanzamientos orbitales en Estados Unidos y de más de la mitad de todos los lanzamientos mundiales corrió a cargo de SpaceX. “El Pentágono, la NASA y otras agencias gubernamentales quedaban en una posición muy dependiente de Musk. SpaceX se convirtió en la puerta que daba acceso de facto al Gobierno a la órbita baja terrestre. En esto consistía la soberanía como servicio: la lógica de la moderna plataforma de internet ampliada a la escala del Estado nación”.

Ahora, Musk ha ampliado el espectro de su compañía espacial. Con la integración de su compañía de inteligencia artificial xAI y la red social X, su negocio va mucho más allá de los viajes espaciales. xAI está construyendo, junto a Tesla, dos gigantescos centros de datos en Tennessee llamados Colossus I y II, que albergarán un supercomputador. SpaceX pretende a su vez explorar la posibilidad de construir centros de datos en órbita, con el objetivo de aprovechar la energía solar ilimitada lejos de las nubes o del ciclo de día y noche.

“Ha demostrado que puede construir centros de datos muy rápidamente, a menudo saltándose regulaciones y levantando centrales de gas metano de altas emisiones contaminantes. Tanto Anthropic como Google han llegado a acuerdos con Musk para arrendar capacidad de computación de sus centros de datos, precisamente porque Grok —el modelo de lenguaje de Musk— no ha tenido una gran adopción: tienen más capacidad de la que necesitan y pueden arrendar esa capacidad a empresas que son técnicamente competidoras, pero que en realidad pueden proporcionarles una muy necesaria inyección de liquidez”, resume Tarnoff.

Esta mutación hacia un gigantesco proveedor de infraestructura física es el motivo real detrás de la colosal salida a bolsa del viernes. Musk, tradicionalmente contrario a ceder parte de la capacidad de decisión a los accionistas, necesita enormes inyecciones de capital para financiar esos centros de datos.

Sin embargo, una vez más, SpaceX es el culmen de su estrategia. Musk no cederá el control: los documentos de la operación blindan su posición como director ejecutivo gracias a que sus acciones cuentan con derecho de voto reforzado. “Se vuelve esencialmente inexpulsable”, señala el investigador. Pero sí externalizará el riesgo.

Una de las cosas que ocurrirá poco después de su salida a bolsa es que se incorporará al Nasdaq 100, el índice bursátil que siguen muchísimos fondos indexados en todo el mundo. Esto significa que las personas que tienen sus pensiones, sus planes de jubilación y sus ahorros invertidos en esos fondos pronto tendrán acciones de SpaceX

“Una de las cosas que ocurrirá poco después de su salida a bolsa es que se incorporará al Nasdaq 100, el índice bursátil que siguen muchísimos fondos indexados en todo el mundo. Esto significa que las personas que tienen sus pensiones, sus planes de jubilación y sus ahorros invertidos en esos fondos pronto tendrán acciones de SpaceX en cartera, lo que convierte a Musk en un actor estructuralmente relevante para los mercados financieros globales, recuerda Tarnoff.

“SpaceX no es rentable: está perdiendo bastante dinero, y tiene una valoración enormemente inflada que se sustenta en toda clase de promesas extraídas de la ciencia ficción: desde centros de datos en órbita hasta la colonización de Marte. En el pasado, Musk ha hecho con frecuencia ese tipo de promesas descabelladas, y los inversores no esperan que las cumpla todas: esperan que cumpla algunas, y eso generalmente es suficiente para mantener la máquina del dinero en marcha. Pero ahora que hay un universo de inversores mucho más amplio, y que como empresa cotizada en un índice de primer nivel está integrada en el sistema de jubilación de mucha gente, creo que eso cambia bastante las cosas y crea un riesgo mucho mayor para el ciudadano de a pie”, concluye.

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria ha denunciado la estrategia de la Consejería de Educación para favorecer el avance de la enseñanza privada en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) a través del aumento de unidades concertadas mientras desatiende la red pública, que sufre falta de inversión, sobrecarga de tareas insostenible para el profesorado y graves fallos de infraestructuras de los centros.

Según ha afirmado el sindicato en un comunicado, “Educación está dando pasos en esta dirección mediante la autorización de nuevas enseñanzas en centros privados que, a corto plazo, pretenden ser financiadas con fondos públicos, como es el caso de un centro de la comarca del Besaya que tiene intenciones de ampliar etapas para acceder al concierto a pesar de tener una matrícula insuficiente según los criterios de la propia administración”.

Tras acceder a los datos de escolarización de este centro, gestionado por una fundación que hasta ahora solo impartía infantil y primaria, el sindicato ha comprobado que cuenta con 41 alumnos y alumnas en 3 unidades de infantil y 113 en 6 de primaria. “Unas cifras insuficientes para justificar el mantenimiento de un concierto educativo según los criterios de planificación de la Consejería, por lo que es incomprensible abrir la puerta a nuevas unidades cuando no existe una necesidad real de escolarización que la escuela pública no pueda absorber”, ha subrayado Conchi Sánchez, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria.

Esta decisión afecta, en consecuencia, a la planificación de los institutos públicos de la zona, especialmente al IES Besaya, “que ve amenazada la continuidad de alguno de sus 15 grupos de ESO”, así como el Ría San Martín de Suances y La Marina de Santa Cruz de Bezana, lo que se traducirá “en una pérdida de puestos de trabajo en la red pública”, ha afirmado Sánchez, quien ha apuntado que “incluso en las comunicaciones de la dirección a las familias hemos comprobado que el objetivo de autorizar la ESO es el futuro pago por parte de la administración”.

Se trata de un ejemplo que, para Sánchez, pone de manifiesto la hoja de ruta diseñada por Educación, autorizando la enseñanza para después buscar el dinero público para sostenerla y, mientras tanto, “el consejero Silva demuestra cuáles son sus prioridades reales, dejando morir proyectos públicos estratégicos, como el Instituto de Energías Renovables de Viérnoles”.

En este escenario, la Federación de Enseñanza ha reafirmado su compromiso con un modelo educativo donde la red pública sea el eje vertebrador, se ha opuesto a la financiación de la privada a costa de las carencias en la pública y ha rechazado la expansión de la concertada, especialmente en FP y ESO, como sustituta de la oferta pública.

Además, el sindicato ha recordado que “existen ejemplos de cómo revertir conciertos educativos salvaguardando los puestos de trabajo del personal de los actuales centros concertados y garantizando una atención completamente pública” y ha instado a la Consejería a “velar por el bienestar de sus docentes y la inversión en sus propios centros en lugar de facilitar el camino a futuros conciertos innecesarios”.

Las familias y personas usuarias del Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura (CADEX) de Cáceres han iniciado una campaña para exigir a la Junta de Extremadura que se mantengan los tratamientos de atención temprana y habilitación funcional que actualmente se prestan en el centro y que, según denuncian, dejarán de ofrecerse para derivar a las personas usuarias a entidades externas.

Advierten de que esta decisión tendrá “un grave impacto” en quienes reciben intervenciones especializadas de fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia, tratamientos que consideran esenciales para preservar la autonomía, la estabilidad funcional y la calidad de vida de personas con patologías neurológicas y neurodegenerativas.

Las terapias de habilitación funcional son un conjunto de tratamientos dirigidos a eliminar o reducir un déficit o disfunción (física, intelectual o sensorial) en personas con discapacidad, con el objetivo de lograr el máximo grado posible de autonomía personal e integración social. También buscan mantener las habilidades ya adquiridas cuando las características de la persona lo requieren.

En el comunicado, recuerdan que la continuidad terapéutica “no es una opción, sino una necesidad sanitaria y social imprescindible”, especialmente en enfermedades donde la intervención temprana y constante resulta determinante para evitar el deterioro.

Las familias expresan también su preocupación por la incertidumbre que genera el traslado a otras entidades, muchas de las cuales acumulan listas de espera de tres o cuatro meses. Alertan de que ese periodo sin atención especializada puede provocar “empeoramientos irreversibles” en numerosos casos.

Asimismo, critican que la respuesta del SEPAD se limite, por ahora, a recurrir temporalmente al copago previsto en la Ley de Dependencia mientras se estudia la continuidad de los tratamientos. A su juicio, esta alternativa “resulta claramente insuficiente” y no cubre ni las necesidades reales ni el coste actual de terapias individualizadas y altamente especializadas.

Recuerdan además que muchas familias no pueden asumir económicamente estos tratamientos de forma privada y que ninguna persona debería ver interrumpida su atención por motivos económicos o administrativos.

Las personas afectadas subrayan que la eliminación de estos servicios contradice el propio Modelo de Atención a las Personas con Discapacidad en Extremadura (MADEX), que defiende una atención “centrada en la persona, continuada, especializada y adaptada a las necesidades individuales”.

Por ello, reclaman con urgencia que no se supriman los tratamientos de habilitación funcional que actualmente se desarrollan en el CADEX de Cáceres y recuerdan que la salud, la autonomía y la dignidad de las personas con discapacidad y enfermedades neurológicas no pueden quedar en suspenso por decisiones organizativas que no garantizan una transición real y segura.

La petición pública ha sido impulsada por Miguel Ángel Paniagua Gregorio y puede firmarse a través de la plataforma Change.org.

Respuesta de la Junta

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales asegura que en el Centro de Atención a la Discapacidad de Cáceres se mantienen íntegramente todos los tratamientos de atención temprana y de habilitación funcional que se estaban prestando hasta ahora. Subraya que ningún usuario quedará sin tratamiento y que ninguna familia verá interrumpida la atención que tiene reconocida, garantizando así la continuidad de los servicios especializados.

Desde el Gobierno autonómico se reconoce que, al inicio de la legislatura, la situación de los centros de valoración de la discapacidad era “desesperanzadora”, “tras años de desatención en los que no se adoptaron medidas para mejorar su funcionamiento”. Ante ese escenario, la Junta afirma estar trabajando “de manera ímproba” en la reorganización de los CADEX, con el objetivo de unificar criterios de actuación y reforzar la estructura de estos servicios dentro del Plan de choque puesto en marcha en el ámbito de la discapacidad.

La Consejería destaca que, tras el primer año de legislatura, se abrió un nuevo CADEX en Mérida, operativo desde marzo de 2025, con dos equipos adicionales de valoración. Paralelamente, se creó una nueva unidad dentro del SEPAD destinada a coordinar los centros, impulsar el desarrollo normativo y fortalecer la estructura organizativa. También se han iniciado procesos de digitalización y robotización que afectan a más de 25.000 expedientes en papel, y se ha incorporado la figura del terapeuta ocupacional a los equipos desde febrero de 2026. Todas estas medidas, afirma la Junta, están comenzando a dar resultados visibles.

La normativa vigente establece que los CADEX deben cumplir dos funciones esenciales: actuar como puerta única de acceso a las plazas concertadas de los servicios MADEX y reconocer, declarar y calificar el grado de discapacidad. La Consejería insiste en que los cambios organizativos que se están aplicando no afectan a los tratamientos ya reconocidos y que ninguna familia dejará de recibir la atención que tiene asignada. El objetivo, recalca, es mejorar la valoración de la discapacidad en Extremadura y garantizar la calidad de los servicios MADEX y la atención especializada a las personas con discapacidad.

La Plataforma por el Agua Pública de Daimiel ha recurrido el segundo intento por parte del ayuntamiento de este municipio de Ciudad Real de privatizar la gestión del agua, después de que el pasado 11 de marzo, la Junta de Gobierno Local aprobase la segunda adjudicación del contrato del servicio público de abastecimiento, saneamiento y depuración del municipio.

La plataforma ha presentado su recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, al considerar que el Ayuntamiento “ha cometido un nuevo error en esta segunda adjudicación al igual que lo hizo en la primera”.

A juicio de este colectivo, que mantiene abierta una batalla abierta desde comienzos del año 2025 frente a la privatización del servicio de agua en el municipio, la adjudicación se ha realizado “sin respetar los principios de igualdad de trato, transparencia y proporcionalidad”. Lo argumenta en el hecho de que no se ha procedido a una nueva valoración y clasificación de las ofertas e incluso cree que se ha vulnerado la correcta aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y la jurisprudencia de la Audiencia Nacional

Según indica la plataforma, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha suspendido la tramitación del procedimiento de contratación hasta la resolución de este recurso.

“Este error no es el primero que el ayuntamiento comete en esta licitación que presenta ya muchas máculas como es el fallo de este mismo tribunal que, en junio del 2025, dio la razón al recurso interpuesto por una de las empresas ofertantes indicando 'graves irregularidades que afectan a la transparencia y validez del proceso' lo que provocó que la primera adjudicación no prosperase”, advierten.

25 años de concesión que, dicen, no se justifica

Desde su punto de vista, “el proceso ha adolecido de otras carencias importantes en fases previas como son la falta de justificación suficiente del plazo de 25 años de concesión y la falta del obligatorio estudio comparativo de modelos de gestión para el servicio. según las leyes que le aplican. En concreto citan la Ley de Contratos del Sector Público y de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

“El Ayuntamiento sigue sin estudiar cual sería el mejor modelo de gestión para Daimiel limitándose a hacer aseveraciones como que notiene recursos o que no salen las cuentas”. Es el argumento que viene manteniendo el consistorio gobernado por el PP desde que se iniciase el proceso.

Desde la plataforma ver contradictoria su postura. “Si salen las cuentas para una empresa, saldrían las cuentas para este Ayuntamiento”. No es tampoco la primera vez que contraargumenta así este colectivo ciudadano. Con un servicio público, aseguran, “el Ayuntamiento, al menos, se ahorraría parte de los impuestos, el reparto de beneficios y la mejora de inversiones vía subvenciones”.

Reclaman que se declare desierta o se desista de la adjudicación

A las pegas que cita la plataforma, se suma también la interposición en septiembre del año pasado de un nuevo recurso por parte de la primera empresa adjudicataria ya excluida de la licitación. “Si este recurso prosperase, el Ayuntamiento tendría que indemnizar a la empresa excluida y firmar con ella este contrato” y en caso de que ya se hubiese suscrito con otra, “tendría que resolverlo indemnizar también a esta segunda empresa y devolverle las inversiones realizadas no amortizadas que en al plazo del contrato ascienden a un total de 12 millones de euros”.

La plataforma pide al ayuntamiento que desista o declare desierta la que considera una “cuestionada licitación” no solo, explican, por “el nuevo error cometido al no realizar una correcta aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y la jurisprudencia de la Audiencia Nacional”, sino por las presuntas “graves irregularidades que afectan a la transparencia y validez del proceso de licitación”, la falta de justificación suficiente del plazo de 25 años de concesión o del “obligatorio estudio comparativo de modelos de gestión para el servicio” que marca la ley.

También lo reclaman apelando a los “posibles perjuicios económicos millonarios” que puede causar a los daimieleños el recurso interpuesto por la empresa excluida si este prosperase. En su opinión, esta es “la opción menos mala que como mucho implicaría asumir las posibles indemnizaciones a las empresas ofertantes”.

Un ciudadano andaluz sufre un golpe muy fuerte que deriva en convulsiones y que, por lo tanto, precisa de una ambulancia que le traslade inmovilizado y con un equipo que le monitorice. La ambulancia llega, pero lo hace tan solo con un técnico y sin que sea un vehículo adecuado para lo que necesita el paciente. Tiene que ser la Policía Local la que ayude al sanitario, lo que no evita que el ciudadano se fracture el cráneo y tenga que recibir tratamiento urgente.

Este es un caso real. Uno de decenas que ocurren semanalmente en Andalucía y que ponen en el foco otro de los problemas que se extienden en la sanidad pública: tampoco hay personal ni recursos suficientes en el transporte en ambulancias. Así lo denuncia Platesa, la plataforma andaluza que aglutina a los técnicos en emergencias sanitarias. Desde hace tiempo, aseguran que la Junta de Andalucía incumple la normativa en esta materia, mientras la externalización del servicio sigue degradándolo al utilizar vehículos inadecuados para los usos que se le dan.

Para entenderlo, hay que partir del hecho de que existen tres tipos de ambulancias para el transporte de ciudadanos: las no asistenciales (A1 y A2), que se utilizan para trasladar a ciudadanos a una consulta programada, y las asistenciales clase B y clase C, que son las de transporte urgente en función de la gravedad y que necesitan, mínimo, de técnico y ayudante o médico. Sin embargo, según Platesa, en Andalucía se utilizan sobre todo las A1 y A2 para las emergencias, pese a que esas por normativa no tienen por qué contar con ningún otro profesional que no sea el técnico que conduce el vehículo.

Es decir, la Junta de Andalucía, que contrata externamente el servicio de ambulancias, incumple la normativa. Al menos, esa es la tesis que sostienen los profesionales que están dentro del sistema. Y lo hacen no sólo desde la percepción, sino con datos. El dossier elaborado por Platesa, y al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, dibuja un patrón que se repite provincia a provincia: en la Red de Transporte Urgente -la que debe atender emergencias- predominan las ambulancias no asistenciales, mientras las unidades que sí cuentan con dotación completa son claramente insuficientes. En Córdoba, por ejemplo, hay 24 ambulancias A1 operando frente a ninguna de tipo B, en Granada, 36 A1 frente a sólo dos unidades asistenciales básicas, en Almería, 31 A1 y ninguna tipo B. La fotografía se repite, con matices y ligeras fluctuaciones numéricas, en prácticamente toda Andalucía.

Situaciones límite

El problema, explican, no es únicamente cuantitativo, sino funcional. Las ambulancias A1 están diseñadas para traslados programados de pacientes estables, sin necesidad de intervención durante el trayecto. Sin embargo, están siendo utilizadas para cubrir avisos urgentes. “Se está usando un argumento malicioso: que el paciente ya está valorado”, explica José David Orihuela, técnico de emergencias y portavoz de Platesa. “Pero eso sólo tendría sentido en un traslado programado. En una urgencia, la situación puede cambiar en cualquier momento”.

Ese desajuste tiene consecuencias directas. El técnico que conduce no puede, al mismo tiempo, atender al paciente en la parte trasera del vehículo. En la práctica, eso implica traslados en los que la persona viaja sola, sin supervisión, incluso en situaciones de riesgo. “Seguimos yendo solos en la red de transporte urgente”, insiste Orihuela. “Y eso no es una excepción, es el modelo que se está aplicando”.

Los ejemplos recogidos en el dossier refuerzan esa idea. Un paciente con insuficiencia respiratoria que se sincopa durante el traslado y broncoaspira sin que haya nadie atendiéndole en ese momento; una mujer con fractura de cadera que sólo puede ser movilizada correctamente porque, de forma excepcional, hay un alumno en prácticas; un traslado en el que una familiar tiene que asumir funciones de vigilancia sanitaria ante la ausencia de personal. En otro caso, un técnico es enviado solo a un accidente de tráfico y tiene que pedir apoyo tras realizar una primera valoración sin respaldo.

La versión de la Junta

Incluso las unidades de mayor complejidad presentan carencias. Platesa denuncia que en varias provincias hay ambulancias de soporte vital avanzado -las conocidas como UVI móvil- operando con un solo técnico, sin el equipo completo que establece la normativa. “Es una vergüenza lo mires por donde lo mires”, resume Orihuela.

La Consejería de Salud rechaza esta interpretación. En respuesta a este medio, asegura que el sistema se organiza conforme al Real Decreto 836/2012 y que las ambulancias A1 se utilizan para pacientes “clínicamente estables, que no requieren atención sanitaria durante el traslado”. Además, sostiene que existe supervisión sobre las empresas adjudicatarias y que cualquier incidencia se analiza de forma individual.

Sin embargo, la distancia entre ese planteamiento y lo que relatan los profesionales es evidente. Mientras la Junta describe cómo debería funcionar el sistema, los técnicos insisten en que la práctica diaria es otra. Y que no se trata de casos aislados. “Tenemos testimonios en las ocho provincias”, recalca Orihuela. “Esto pasa en toda Andalucía”.

El conflicto, en el fondo, va más allá de la organización del servicio. Tiene que ver con el modelo. El transporte sanitario está completamente externalizado y depende de adjudicaciones millonarias a empresas privadas. El último ejemplo se ha producido en Huelva, donde la Junta ha adjudicado un contrato de 100 millones de euros al Grupo SSG, propiedad de un fondo de inversión, desplazando a una unión de cooperativas locales que llevaba más de dos décadas prestando el servicio. La decisión afecta a más de 300 familias.

Para Platesa, este tipo de adjudicaciones no son neutras. “Si reduces costes, ¿dónde recortas? En personal y en recursos”, vienen a señalar. El resultado, según su diagnóstico, es un sistema que funciona por debajo de los estándares que marca la propia normativa. La Junta, por su parte, insiste en que la seguridad del paciente es un “principio irrenunciable”. Pero los profesionales que están en la ambulancia plantean una pregunta más concreta: qué ocurre cuando esa seguridad depende de una sola persona.

Un insólito e injustificado requisito ha hecho saltar por los aires un concurso público de más de 100.000 euros en San Sebastián de La Gomera, municipio de unos 9.500 habitantes. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias ha anulado la licitación de la capital de la isla colombina para contratar un servicio de asesoramiento laboral y gestión de nóminas. ¿El motivo? Los pliegos otorgaban 20 de los 100 puntos en juego a la gestoría capaz de presentarse en el Ayuntamiento en menos de cuatro horas tras recibir un aviso. 

Según el tribunal de contratos, esa exigencia adolece de una “absoluta falta de motivación” en el expediente y no sólo vulnera los principios de “igualdad, transparencia y proporcionalidad”, sino que, además, constituye “una cláusula de arraigo territorial” prohibida, puesto que genera “discriminación” entre las licitadoras.  

El Ayuntamiento capitalino sacó a concurso el servicio el pasado mes de febrero. El gobierno municipal, formado por la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y por Coalición Canaria (CC), justificó la externalización del servicio de asesoramiento laboral y gestión de nóminas en la falta de personal del departamento de recursos humanos. Esta área se sostiene en la actualidad tan sólo con dos auxiliares administrativos y una técnico general, por lo que destinar a uno de ellos en exclusiva a esas tareas mermaría “gravemente” la actividad administrativa diaria del Ayuntamiento, expone la memoria justificativa.

Ese documento incide, además, en que el Consistorio carece de personal con la formación técnica específica para utilizar sistemas telemáticos de gestión laboral y que contratar a un especialista para estas tareas supondría un gasto anual que ronda los 60.000 euros, una cantidad superior a la prevista en la externalización (103.500 euros por tres años).

Una empresa radicada en Sevilla (Gaesa Asesores) recurrió los pliegos ante el Tribunal de Contratos Públicos de Canarias. Esta gestoría sostiene que premiar con 20 de los 100 puntos (los 80 restantes corresponden al precio) a las empresas que tengan la capacidad de llegar a una reunión presencial en el Ayuntamiento en menos de cuatro horas introduce un elemento de “arraigo territorial indirecto no justificado”. Es decir, en su opinión ese criterio favorece “indebidamente” a las asesorías ya instaladas en la isla, “penaliza” a competidores con experiencia equivalente y produce una “restricción artificial” de la competencia. 

Esta empresa remarca que ese requisito no responde a ninguna necesidad técnica y no tiene nada que ver con el objeto del contrato. 

La secretaria municipal tampoco lo entiende

Lo curioso de este caso es que, al verse obligado a responder al recurso de la empresa, el propio Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera acabó entonando el mea culpa. La secretaria general no acertó a encontrar “la justificación, coherencia y necesidad” que fundamentaba ese requisito que exigía la “ineludible presencia” de la adjudicataria en las oficinas municipales en un plazo máximo de cuatro horas. La propia funcionaria calificó la exigencia redactada por su administración de “desproporcionada y no justificada”. 

La secretaria municipal recalca en su informe que toda la gestión de nóminas y los trámites ante la Seguridad Social se realizan mediante plataformas telemáticas. Por lo tanto, el intercambio de expedientes y documentos “no exige la presencia de la adjudicataria” en el Ayuntamiento, sino simplemente garantizar el acceso informático a los archivos. 

Con este contexto de una empresa que recurre y una administración que se allana, el tribunal de contratos anula el requisito de las cuatro horas y, en consecuencia, los pliegos. Sostiene este organismo que no hay ni un solo motivo en el expediente para justificar esa exigencia y que, por tanto, es discriminatoria. El tribunal recuerda en su resolución, dictada el pasado lunes 6 de abril, que los objetivos de comunicación pueden lograrse mediante medios virtuales, por lo que imponer la presencia física de un asesor laboral externo “pierde justificación objetiva y se convierte en un obstáculo injustificado para la libre concurrencia”. 

Esa resolución obligaba al Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera a retrotraer las actuaciones al momento anterior a la aprobación de las bases para formular un nuevo concurso. Tan sólo un día después, el 7 de abril, la alcaldesa, Angélica Padilla (ASG), firmaba un decreto por el que anulaba el concurso y ordenaba abrir un nuevo expediente de contratación con las “modificaciones oportunas”. 

Una de cada tres facultades de Medicina en España es privada y nuestro país ya tiene el mayor número de centros por habitante en el mundo. De los 54 centros, 36 son públicos y 18 privados. Estas cifras explican el aumento de la demanda de unos estudios en auge, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una menor proporción de facultades de Medicina por habitante de las que tiene España. 

El aumento de la demanda de esta titulación está siendo respondido en las universidades privadas, que siguen creciendo de forma vertiginosa. Este 2026 se producirá un sorpasso: en España habrá más universidades privadas que públicas. A lo largo de la última década (2015-2025), se han abierto 16 centros privados, 13 de ellos con sede física en nuestro país. De ellos, seis están en Madrid y tres en Andalucía. Así, en el curso académico 2024-2025 se produjo un nuevo hito: en la Comunidad de Madrid, el número de alumnos de Medicina en facultades privadas superó al de las públicas.

Santiago Cuesta, responsable de Universidades de CCOO, alerta de las dificultades que tienen los alumnos para acceder a una plaza en las facultades públicas de Medicina: “Las comunidades autónomas están dando respuesta a la gran demanda a través de las universidades privadas, y esto afecta de lleno a las familias con menos recursos, que no pueden permitirse pagar un centro privado”, explica.

Los requisitos son otros

Abrir una facultad de Medicina implica exigencias especiales, no es como el resto de grados. Las universidades que las inauguran deben tener, al menos, un hospital general y tres centros de salud (de titularidad pública o privada) de referencia para que el alumnado haga las prácticas. Además, las instituciones sanitarias tendrán que disponer del personal y los recursos necesarios, según lo establezcan conjuntamente los ministerios de Sanidad y Universidades. De esta forma, de los 16 centros privados que se han abierto en la última década, tan solo uno de ellos imparte el grado de Medicina, la Universidad CEU Fernando III.

El auge de las privadas se concreta en el número de plazas que ofrecen los centros que se abrieron hace más de una década y que, poco a poco, se van consolidando en este campo: desde que comenzó este siglo han incrementado su oferta un 258%. Con carácter general, contando todas las nuevas facultades, mientras en 2001 se ofrecían 230 plazas privadas de Medicina en España, en 2024 fueron 2.078. Es un aumento del 803%, según recoge el último informe detallado sobre la demografía médica de la Organización Médica Colegial de España. 

Diferencias entre territorios

Mientras en Galicia o Asturias no hay ninguna facultad privada de Medicina, Madrid es la comunidad autónoma con mayor número, seis, frente a las cuatro públicas. Así, en la región, la Universidad Rey Juan Carlos ofreció 157 plazas públicas para estos estudios (en el curso académico 2024/2025), mientras la Universidad Europea (privada) sacó al mercado 230. 

Las universidades públicas han aumentado su oferta un 68% en las últimas dos décadas: mientras en 2001 se ofrecían 4.000 plazas, en 2024 fueron 6.728. Aunque la mayoría de los estudiantes de Medicina en España cursan sus estudios en las universidades públicas, las privadas luchan por incorporar esta titulación en sus centros, y la tendencia hacia los modelos de pago comienza a coger fuerza.

Tomás Chivato Pérez, vicepresidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina Españolas, manifiesta la importancia de disponer de un registro nacional de profesionales de cada especialidad, ya que “más que aumentar el número de Facultades parece más lógico evaluar correctamente las capacidades de las existentes”, explica.

Ir a la privada, ¿elección u obligación?

Para estudiar Medicina en una facultad pública en España hay que tener en torno a un 13 de media en la prueba de acceso a la universidad, una calificación que sitúa al grado como uno de los más exigentes del sistema público universitario. Y esto genera una presión sobre los estudiantes, para los que el margen de error en esta prueba es ínfimo. “Hay familias que están haciendo esfuerzos titánicos, piden préstamos y se tienen que endeudar para que sus hijos estudien Medicina en la privada”, explica Cuesta. 

El coste de estudiar este grado en centros privados llega a superar, en muchos de los casos, los 20.000 euros anuales. Con una demanda elevada, sumada al valor de sus profesionales, el grado puede ofrecer una gran rentabilidad. La Universidad Europea (con sus diferentes centros por España) y la Universidad Alfonso X El Sabio, ambas con el grado de Medicina en su oferta educativa, hoy están en manos de fondos de inversión.

¿Hay chiringuitos?

Hace unos meses el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó de “chiringuitos” a ciertos centros privados creados en los últimos años, especialmente online. Aunque el grado de Medicina implica presencialidad, y no se puede cursar online, también se verá afectado por la aprobación el pasado mes de octubre del Real Decreto, que tiene el objetivo de poner freno a la apertura de centros privados de dudosa calidad.

Hasta ahora, la apertura de universidades privadas ha estado en manos de las diferentes comunidades autónomas, que han tenido la última palabra a la hora de poner en marcha nuevos centros. La medida, que busca detener la “eclosión” de estos centros, según alegan desde el Ejecutivo, ya ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por el gobierno de la Comunidad de Madrid y la Junta de Extremadura. En el próximo curso académico (2026/2027) Extremadura tendrá su primera universidad privada, UNINDE, que cuenta con un informe negativo por parte del ministerio. La presidenta autonómica, María Guardiola, ya ha iniciado los trámites para aprobar una segunda universidad privada en la región.

Con el Real Decreto, para abrir una nueva universidad privada la comunidad autónoma deberá contar con un informe vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de las agencias de calidad autonómicas. Estas instituciones son, hasta ahora, las encargadas de evaluar la calidad teórica y práctica impartida en las diferentes facultades de Medicina tanto públicas como privadas de toda España, explica Chivato.

El sindicalista Cuesta incide en que el caso de Medicina es distinto al de otros grados. “No los llamaría chiringuitos como tal”, pero señala que “en buena parte de las privadas no se reúnen los requisitos de calidad de la pública”. Esto se observa, cuenta, en cómo la mayoría del alumnado tiene como primera opción la universidad pública, aunque pueda pagar la privada: “La media socioeconómica del alumnado de las facultades de Medicina es media-alta, si la pública no fuera buena se irían directamente a la privada”, apunta el responsable de Universidades de CCOO. 

Se han comenzado a celebrar los actos presenciales de los tres juicios en los que, actualmente, están imputados los gerentes del SAS que dirigieron esta entidad durante y tras la epidemia de Covid 19, Miguel Ángel Guzmán, Diego Vargas y Valle García. Como es sabido, durante los momentos más graves de dicha epidemia, surgida en 2020, existió una Ley de emergencia que amparaba prácticas como la contratación a dedo, debido a la necesaria rapidez en atajar la severidad de la situación.

No obstante, esta Ley caducó cuando la situación mejoró y, de hecho, la Junta de Andalucía recibió una nota expresa de Hacienda el 18 de junio de 2021 para que se dejara de usar este procedimiento. A pesar de ello, la Junta lo siguió utilizando durante casi tres años más, lo que propició una decena de informes de los Interventores del SAS que destaparon, a posteriori, que los contratos que se estaban realizando no tenían cobertura legal.

En marzo de 2023, la OMS declaró el final de la pandemia Covid 19. Por esas fechas, la prensa denunció las prácticas de contrataciones troceadas y a dedo del SAS con clínicas privadas y otras empresas, una práctica que cesó poco después para contrataciones nuevas, aunque adendas de contratos previos extendieron esos pagos hasta mediados de 2024. En base a estos hechos se interpusieron los procesos judiciales mencionados arriba. Aunque un juzgado ha archivado uno de estos procesos, otros han sido potenciados y siguen su curso en el momento actual.

Las razones aportadas en el juzgado y en la prensa por los responsables de la Junta para justificar la prolongada duración de las prácticas de contratación fuera de cobertura legal han sido la existencia de un “problema extremo de salud pública” o “una presión asistencial inédita”. También se ha aducido que la casi exclusiva atención a la epidemia había retrasado la asistencia a otras patologías por parte del SAS, lo que daba lugar a un acúmulo de trabajo que había que afrontar. Y la pregunta es, ¿son estas las razones reales para que se mantuviera esta irregularidad durante un periodo tan prolongado de tiempo? Nosotros creemos que no, como se va a razonar a continuación.

No cabe duda de que la epidemia de Covid 19 fue un problema de salud pública con un importante impacto sanitario que llevó a medidas de aislamiento de la población y sometió a los Sistemas Sanitarios Públicos a un esfuerzo de gran magnitud. Esto fue así durante 2020 y 2021. No obstante, la situación fue controlándose paulatinamente a partir de esa fecha gracias a las medidas tomadas: contratación de veinte mil profesionales sanitarios adicionales y vacunación anti-Covid creciente de la población.

Así, el 1 de marzo de 2022, 38 millones de españoles mayores de 12 años habían recibido la vacunación anti-Covid completa y 2 millones de menores de esa edad estaban camino de alcanzar dicho nivel de vacunación. Por esas fechas el número de personas con Covid que fallecieron o requirieron hospitalización o ingreso en UCI en España y Andalucía se había reducido de forma drástica, alcanzando niveles parecidos a los de las gripes invernales. Es decir, en España, y en Andalucía, la alarma se había reducido claramente, a pesar de lo cual, en Andalucía, las contrataciones irregulares continuaron durante varios años más.

Parece que los responsables del SAS, en medio de una alarma asistencial “inédita”, supuestamente persistente hasta 2024, no veían ningún problema en mantener cifras mínimas de profesionales sanitarios, en comparación con todas las demás comunidades autónomas; pero, sin embargo, sí seguían viendo “peligros” en suspender los contratos irregulares con las clínicas y otras empresas privadas

Pero hay, además, otros datos que cuestionan las explicaciones dadas por los responsables de la Junta: la existencia de una profunda preocupación por la situación asistencial. El análisis de la gestión que hizo la Junta del personal sanitario en ese periodo muestra que, en noviembre de 2021, presuntamente según la Junta, en plena situación de alarma asistencial, se despide a 8000 trabajadores sanitarios; y, a partir de ahí, se somete a los 12000 contratos Covid restantes a una situación continua de incertidumbre laboral, lo que resultó en la pérdida adicional de 8500 de ellos en los años siguientes, según fuentes sindicales.

Esto ocurre cuando, a lo largo de este periodo (desde 2020 hasta la actualidad), y a pesar de las contrataciones extras habidas al comienzo del Covid, Andalucía es la comunidad autónoma que presenta las tasas más bajas de profesionales de medicina y de enfermería hospitalarios, así como de camas hospitalarias por 1000 habitantes de España (datos del Ministerio de Sanidad recogidos por los informes anuales de la FADSP). Parece que los responsables del SAS, en medio de una alarma asistencial “inédita”, supuestamente persistente hasta 2024, no veían ningún problema en mantener cifras mínimas de profesionales sanitarios, en comparación con todas las demás comunidades autónomas; pero, sin embargo, sí seguían viendo “peligros” en suspender los contratos irregulares con las clínicas y otras empresas privadas.

El bajo número de personal sanitario y de recursos no debió parecer alarmante ni digno de ser corregido al gobierno de Moreno Bonilla, puesto que aún hoy persiste este déficit. En este sentido, es interesante destacar aquí como, a finales de 2021, la prensa recoge el éxodo de 600 profesionales de enfermería andaluces a Cataluña, una sangría que ha continuado después.

Por lo tanto, la presunta alarma asistencial “inédita” que, como se ha visto, ya no era tanta en 2021, un hecho, además, constatado y demostrado por la política de personal sanitario de la Junta, no era la razón de prolongar las prácticas de contratación irregular durante tres años más. ¿Cuál fue entonces la causa real?

Nosotros pensamos que, muy probablemente, la decisión de continuar con la práctica de contratación irregular con las clínicas y otras empresas privadas se relaciona con la ideología que dirige la política sanitaria desarrollada por el actual gobierno de la derecha desde su llegada. Esta puede definirse en dos puntos.

En primer lugar, producir un deterioro continuo de la Sanidad Pública mediante una escasa financiación, plantillas mínimas y desinversión paulatina, lo que determina que, al presente, el número de personas en listas de espera inaceptables ronde los dos millones. Simultáneamente, un incesante aumento de la derivación de fondos públicos no solo a las clínicas privadas, sino también a otros sectores privados como por ejemplo la de productos de farmacia, un sector que recibe unos fondos muy aumentados, debido a la reducción de las medidas de abaratamiento y control del gasto (suspensión de las subastas, bajo uso de genéricos y biosimilares, escaso empleo del decreto 512/2015 que permite abaratar la farmacia de los centros socio-sanitarios).

Con este horizonte, las compañías de seguros sanitarios privados prosperan sin cesar, favorecidas no solo por el deterioro de la Sanidad Pública sino, además, por medidas ventajosas emanadas de la Junta, como el pago del “complemento de exclusividad” a todos los médicos del SAS y no solo a los que trabajan exclusivamente en la Sanidad Pública o la eliminación de la incompatibilidad público/privada de los cargos intermedios, medidas curiosamente activas durante toda la pandemia y hasta la actualidad.

En definitiva, lo que el Gobierno de Moreno Bonilla viene intentando desde el principio es cambiar nuestro concepto de salud: hasta ahora la salud era un derecho igual para todos, gracias a una Sanidad Pública potente y bien dotada, financiada con nuestros impuestos; ahora, este gobierno quiere cambiar ese concepto por el de la salud es un negocio, donde cada ciudadano puede elegir, según su riqueza, el nivel de salud que quiere tener, comprándolo en el sector privado.

En este contexto ideológico, es muy posible que la epidemia de Covid 19 fuera vista por el gobierno actual como una oportunidad para cumplir su intención de apoyar la privatización sanitaria mediante la derivación de fondos públicos a dedo (sin control) a las clínicas privadas y a otros sectores privados, tratando de encubrirlo amparándose en la severidad y supuesta persistencia de la pandemia, incluso fuera del marco temporal de la misma. Piénsese que, a finales de 2022, ya se planteó la privatización de la Atención Primaria y el uso de los centros públicos por las empresas privadas (Orden del 25 de febrero de 2023), dos medidas que la oposición de la calle no permitió.

Creemos que estos datos y razonamientos deberían ser considerados en los juicios mencionados al principio.

José Antonio Brieva Romero (exjefe de servicio de Inmunología Clínica; Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; jubilado)

Antonio Vergara de Campos (exjefe de sección de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz, jubilado)

Luis González Sanz (exfacultativo del servicio de Siquiatría, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; exAdjunto a la Secretaría de Acción Sindical de Sanidad Andalucía, CCOO, Sevilla, jubilado).

Manuel Torres Tortosa (exjefe de sección de Enfermedades Infecciosas del Hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz; jubilado)

Son miembros de Marea Blanca y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía.

La externalización de servicios sanitarios públicos en Aragón ha dejado de ser una medida puntual para convertirse en una práctica cada vez más extendida. Contratos recientes en hospitales como el de Teruel y Alcañiz con Ribera Salud y Quirónsalud por más de un millón de euros en total evidencian un incremento del gasto público destinado a empresas privadas, mientras formaciones como el PSOE, Teruel Existe e Izquierda Unida denuncian una “privatización progresiva” basada en mayores costes, menor control público y un debilitamiento de la sanidad pública, especialmente en el medio rural, lo que se une al problema de la cobertura de plazas.

La sanidad pública aragonesa atraviesa un momento de tensión estructural marcado por la falta de profesionales, especialmente en zonas rurales como Teruel. En este contexto, el Gobierno de Aragón ha recurrido de forma creciente a la externalización de servicios médicos, adjudicando contratos a empresas privadas como las citadas, presentada como una solución puntual para garantizar la atención sanitaria, lo que ha abierto un intenso debate político y social.

El PSOE de Teruel lleva semanas alertando de que el modelo privatizador del Gobierno de Jorge Azcón “ya ha llegado al Hospital de Alcañiz” con el contrato que Salud ha sacado a licitación para externalizar parte del servicio de cirugía ortopédica y traumatología durante seis meses por algo más de 428.000 euros. Los socialistas acusan a la consejería de Sanidad de “mala gestión” y afirman que el PP “crea el problema” para justificar la necesidad de la externalización, destacando que la lista de espera para una consulta externa de traumatología ha aumentado en 170 días en los últimos dos años y medio.

Ante las justificaciones del Departamento de Sanidad sobre la “infradotación estructural de la plantilla” y el déficit de traumatólogos “sostenido en el tiempo”, que impiden hacer frente a las largas listas de espera que existen en este momento, tanto en consultas externas como en cirugía, el diputado socialista Rafael Guía asegura que nunca antes había sido necesario un contrato de estas características en el hospital bajoaragonés y en ningún caso haciendo uso de la empresa privada. Además, sostiene que, frente a otros planes de choque que contaban con los propios profesionales de la sanidad pública, Azcón está apostando por “el modelo privatizador del Partido Popular, que externaliza todos los servicios a empresas amigas como Quirón o Ribera Salud”.

Por su parte, Teruel Existe ha denunciado la “privatización programada” de los servicios sanitarios en Aragón, especialmente en los hospitales de Teruel y Alcañiz, y ha reclamado un cambio de modelo basado en el refuerzo de la sanidad pública y de sus profesionales.

En el Hospital Obispo Polanco de Teruel, por ejemplo, se han adjudicado contratos por valor aproximado de 600.000 euros, incluyendo contratos como el adjudicado a Ribera Salud por 199.000 euros para cubrir guardias en ginecología, anestesia y urología, o el de 398.370 euros para servicios como otorrinolaringología, rehabilitación y dermatología. Según estimaciones de Teruel Existe, estos servicios podrían haberse prestado por unos 400.000 euros mediante gestión directa, lo que implicaría un sobrecoste cercano al 30%.

Además, ha denunciado el agravio comparativo entre profesionales, indicando que el personal externalizado llega a cobrar cerca de 98 euros por hora frente a los 29 euros de los especialistas del propio hospital.

Según Teruel Existe, los datos muestran que la externalización no es un fenómeno abstracto, sino una realidad concreta, donde el problema sanitario tiene carácter estructural y afecta a todos los hospitales no ubicados en Zaragoza, como los de Teruel, Alcañiz, Barbastro, Calatayud o Jaca. Problema, además, que se agrava por la gestión de la sanidad realizada por personas que habitualmente tienen escasos conocimientos en materia sanitaria y por las dificultades, en ocasiones, ejercidas por los jefes de servicio de los grandes hospitales de limitar que los médicos de su servicio se desplacen para realizar guardias en los centros hospitalarios de menor tamaño.

El portavoz de Teruel Existe, Joaquín Moreno, ha asegurado que este proceso responde a un modelo que “tiende hacia la privatización progresiva”, poniendo como ejemplo el hospital de Torrejón de Ardoz. “La externalización se presenta como un concurso público, pero en realidad responde a un mercado cerrado dominado por grandes grupos empresariales que se reparten los concursos y zonas de trabajo y su objetivo es maximizar el beneficio”, ha afirmado, señalando directamente a Quirón y Ribera Salud.

Cobertura de plazas

La formación ha criticado la gestión sanitaria del actual Gobierno de Aragón del PP en funciones, al que ha acusado de “no haber sido capaz de cubrir las plantillas de los hospitales en el territorio ni de atraer médicos al medio rural, pero sí de externalizar servicios para generar negocio con la sanidad pública”.

Izquierda Unida de Aragón también ha expresado su preocupación tras conocerse que las 44 plazas médicas ofertadas para los centros de salud del Bajo Aragón Histórico han quedado completamente desiertas. La formación considera que este hecho supone un nuevo episodio del grave deterioro que atraviesa la Atención Primaria en zonas como Alcañiz, Caspe, Andorra, Utrillas, Alcorisa, Maella o Valderrobres.

Desde Izquierda Unida sostienen que esta situación es interesada. El PP, afirman, bloqueó durante toda la anterior legislatura la convocatoria de oposiciones a medicina de familia, acumulando un total de 332 plazas. “El PP ha retrasado esta oposición porque esta legislatura quería reducir plazas de medicina de familia del mundo rural desde una visión reduccionista del número de cartillas por médico y sin tener en cuenta la dispersión territorial, las características de la población a atender o los centros residenciales que abordar. Y ha usado el mantra de que no hay médicos y de que no quieren ir al mundo rural para justificarlo”, afirma María Milián.

A juicio de IU, la cobertura de plazas en el mundo rural es un problema cuando se trata de plazas temporales, pero las plazas fijas sí se cubren ampliamente. Por ello, la formación defiende que la mejor forma de mejorar la atención primaria en el ámbito rural es cubrir definitivamente y cuanto antes todas las plazas estructurales acumuladas. 

Modelos en contraste: Ribera Salud, Quirónsalud y la gestión pública directa

El debate sobre la externalización sanitaria en Aragón se abre en medio de una comparación más amplia entre los distintos modelos de gestión que conviven en el sistema sanitario español. La presencia de empresas como Ribera Salud y Quirónsalud responde a esquemas diferentes de colaboración público-privada, cuyas consecuencias han sido ampliamente observadas en comunidades como la Valenciana o Madrid. Frente a ellos, el sistema público puro sigue siendo el modelo predominante, aunque no exento de dificultades.

El caso de Ribera Salud representa el modelo más ambicioso de privatización sanitaria en España. Su fórmula, como el modelo Alzira, se basa en la gestión integral de hospitales y áreas de salud mediante un sistema de pago capitativo: la administración abona una cantidad fija por habitante, independientemente del uso real de los servicios. Este diseño introduce un incentivo claro a la contención del gasto. Diversos informes y controversias surgidas en la Comunidad Valenciana apuntaron a prácticas orientadas a reducir costes, así como a dificultades de control y transparencia por parte de la administración. A ello se sumaron pagos adicionales y ajustes económicos fuera de las previsiones iniciales, lo que acabó cuestionando la supuesta eficiencia del modelo. La reversión progresiva de estos hospitales a la gestión pública reflejó, en última instancia, las tensiones acumuladas durante años.

Por su parte, Quirónsalud encarna un modelo más vinculado a la lógica de mercado. Como mayor grupo hospitalario privado de España, su actividad se basa en conciertos sanitarios, derivaciones desde el sistema público y gestión de hospitales bajo fórmulas mixtas. En comunidades como Madrid, este modelo ha mostrado una gran capacidad para absorber actividad asistencial y reducir tiempos de espera. Sin embargo, también ha generado un incremento significativo del gasto público asociado, debido a pagos adicionales por actividad y a la captación de pacientes desde la red pública. Esta dinámica ha sido criticada por introducir incentivos a aumentar el volumen de servicios prestados, más que a optimizar su eficiencia global. A ello se añaden cuestionamientos sobre la transparencia de los acuerdos y sobre sus efectos en las condiciones laborales del personal sanitario.

Tampoco escapa la relación entre el grupo sanitario Quirónsalud, la Comunidad de Madrid y la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido en uno de los focos más sensibles del debate político y mediático sobre la sanidad pública y la colaboración con empresas privadas. Según la información publicada por diversos medios, este empresario facturó a Quirónsalud más de un millón de euros en un solo año —2021—, cifra que supone un incremento notable respecto al ejercicio anterior. En concreto, sus ingresos procedentes de la compañía se multiplicaron aproximadamente por cuatro tras el inicio de su relación con Ayuso. Estos pagos, según las versiones conocidas, corresponderían a trabajos de consultoría y servicios profesionales, si bien la naturaleza exacta de algunas operaciones ha sido objeto de escrutinio público.

En paralelo, Quirónsalud ha consolidado su posición como uno de los principales proveedores sanitarios de la Comunidad de Madrid. Durante los últimos años, el volumen de recursos públicos destinados a hospitales y servicios gestionados por el grupo ha alcanzado cifras de varios miles de millones de euros. Este crecimiento no responde a un fenómeno puntual, sino a un modelo sanitario en el que la colaboración público-privada tiene un peso estructural, especialmente en determinadas áreas hospitalarias.

En conjunto, la experiencia de distintas comunidades autónomas sugiere que la colaboración público-privada puede ofrecer soluciones puntuales en contextos de presión asistencial, pero también introduce riesgos estructurales si se convierte en un elemento central del sistema. Entre ellos destacan el aumento del gasto a medio plazo, la pérdida de capacidad operativa del sector público y la creciente dependencia de grandes grupos sanitarios. Estos factores resultan especialmente relevantes en el contexto aragonés, donde la externalización comienza a consolidarse como respuesta a problemas estructurales aún no resueltos.

La Plataforma 'Hospitalito Ya' ha cambiado su nombre por el de 'Residencia Ya' para pedir al Ayuntamiento de Toledo que inste a la Diputación toledana a elaborar un convenio de cesión del edificio del hospital de San Juan de Dios, propiedad de la institución provincial, para que la Junta realice las obras de adecuación oportunas con el fin de que esta infraestructura del Casco Histórico de Toledo se convierta en una residencia para mayores de gestión pública, incluyendo entre sus servicios el de centro de día.

Así reza el manifiesto difundido este jueves por la plataforma, que busca responder al anuncio hecho por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, hace unas semanas “para dar uso al edificio de San Juan de Dios con un modelo de covivienda para mayores, con el anglicismo publicitario de 'cohousing senior'”.

En dicho anuncio, el regidor toledano confirmó que el edificio de San Juan de Dios, ubicado en el Casco Histórico de Toledo, ya no iba a ser un hotel y ahora proyectaba darle uso asistencial, con centro de día y residencia para mayores.

Según la plataforma, lo que ahora propone el alcalde no es el modelo público “amable” de convivencia para mayores donde los residentes pueden tomar decisiones y autogestionar sus prioridades, “sino el modelo de negocio residencial donde una empresa privada busca el máximo rendimiento económico posible teniendo a los mayores como clientes cautivos”.

“No tranquilizan los bandazos del alcalde”

“No es un servicio público, sino un negocio privado donde el ánimo de lucro lo es todo”, afirma la plataforma, que agrega que este “modelo privatizador” de propiedades y de servicios públicos “hace que la empresa que se encargue de la rehabilitación del edificio público por un coste bajo durante decenas y decenas de años, gestione un negocio residencial para mayores en el gran inmueble público de San Juan de Dios, Bien de Interés Cultural”.

El comunicado añade que tanto el alcalde como la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, estuvieron de acuerdo en que este bien público tuviese un uso también público. “Por eso fue sorprendente cómo, poco después, tanto Ayuntamiento como Diputación apoyaron con entusiasmo el proyecto de construcción de un hotel de lujo para turistas en el edificio de San Juan de Dios”.

“Ahora estas instituciones vuelven a mutar y presentan otro proyecto en el edificio donde se combina un negocio hostelero junto con un negocio casi hotelero de alquiler de micro viviendas-estudio con espacios comunes para mayores”, subraya la plataforma, para agregar que desde el punto de vista de las necesidades residenciales y asistenciales del vecindario “no es dato tranquilizador que el alcalde de Toledo siga dando bandazos sobre el uso más adecuado” para este inmueble.

Es por ello por lo que insta a las administraciones competentes a paliar la pérdida de servicios residenciales públicos para mayores en la ciudad y a asumir sus responsabilidades proponiendo espacios que tengan disponibles para garantizar los derechos de los mayores en la ciudad donde residen.

Una residencia pública “es más que necesaria”

“Una residencia pública para mayores es una infraestructura notable para la ciudadanía, porque permite una permanencia económicamente viable del vecindario residente de mayor edad, afianzando un modelo de mantenimiento sostenible de servicios públicos que hace que los barrios sean habitables y habitados”, subraya.

Según 'Residencia Ya', la continua apertura de negocios privados de alojamientos para mayores “demuestra que una residencia pública para mayores es más que necesaria porque los mayores demandan tener como alternativa principal los servicios públicos de residencias y no ser teledirigidos a ser clientes forzosos de costosos negocios de alojamientos privados”.

A preguntas de los medios, desde la plataforma han indicado que este mismo escrito se presentó ya al pleno del Ayuntamiento de Toledo y ha sido aprobado por unanimidad. “No pedimos ni más ni menos que lo que el Ayuntamiento, en pleno y además por unanimidad, acordó en su día cumplir”.

Del mismo modo, sobre futuras acciones a llevar a cabo, han señalado que tienen que reunirse con el fin de “ir diseñando los siguientes pasos”. “Pero que sepan ya las administraciones públicas que no nos vamos a quedar parados porque es una infraestructura muy necesaria y en este barrio más porque está empezando a alcanzar cierta edad”.

La tregua de los eventos privados en el Tierno Galván ha durado poco. Después de que los vecinos celebrasen el pasado mes de diciembre la salida de Naturaleza Encendida del parque, los festivales de música volverán a ocuparlo este verano.

El primero en confirmarlo ha sido La Carbonería del Galván, un nuevo ciclo de conciertos que se celebrará entre el 24 de junio y el 8 de julio. Según ha anunciado la organización, la cita musical nace con el objetivo de convertir el parque en un espacio para habitar la música. Se celebrará en pleno verano en el Parque Enrique Tierno Galván y ya se ha desvelado parte del cartel.

Entre los primeros artistas anunciados para la primera edición de La Carbonería del Galván figuran nombres como Rodrigo Cuevas, Miss Caffeina, Gigantes, Gipsy Kings, Kiko Veneno, Albert Pla o Marwan, aunque a lo largo de las próximas semanas se irán confirmando más nombres. La Carbonería impulsa este nuevo ciclo con la idea de que “cada noche tenga un pulso propio”, apoyado en artistas de trayectoria sólida y directos con personalidad.

El recinto contará además con una propuesta gastronómica pensada para acompañar la experiencia musical, permitiendo que el público pueda “recorrer el espacio, disfrutar del entorno y vivir la noche a su ritmo”, con el objetivo de consolidarse como una de las citas culturales del verano madrileño. Las entradas, que ya se encuentran a la venta, tienen un precio que ronda los 45 euros de media.

El festival nace en un contexto de hostilidad entre los vecinos del barrio de Delicias y el Ayuntamiento de la capital. “Es la primera noticia que tenemos de festivales previstos para este verano”, asegura Manuel Díaz, presidente de la Asociación Delicias para Tod@s, en conversación con Somos Arganzuela. Hasta ahora solo sospechaban que los habría, pero todavía guardaban la esperanza de que este año no volvieran.

La noticia del nuevo festival no ha gustado entre los vecinos, que actualmente tienen un procedimiento judicial abierto con el Consistorio. “Todavía no tenemos sentencia, pero sí es cierto que, aunque no hay una resolución definitiva, el caso del Espacio Delicias y el escrito del Defensor del Pueblo nos son en parte favorables en relación con el recurso sobre el uso del Tierno Galván”, señala el presidente de la asociación vecinal.

Entre otras cosas, el Defensor del Pueblo señala en la carta emitida el pasado mes de septiembre que este tipo de medidas, que afectan a una cantidad importante de vecinos, no se pueden tomar sin informar previamente a los vecinos ni abrir un procedimiento para que puedan opinar y participar en el proceso. “Esa es una de las bases sobre las que se sustenta el recurso que tenemos presentado ante el contencioso”, aclara Manuel. Por esta razón, los vecinos se consideran “moderadamente optimistas”. Aunque todavía no hay una sentencia, esperan “que no tarde demasiado”.

Desde la asociación han presentado un recurso contencioso-administrativo contra el decreto que permite este tipo de eventos, ya que consideran que “la única forma de frenar esto y exigir el cumplimiento de las leyes es en los juzgados”. Para ello cuentan con un equipo jurídico que se ha comprometido en numerosas luchas vecinales y ecologistas, pero no pueden asumir el coste completo, por lo que han creado un crowdfunding con el objetivo de recaudar 7.500 euros. Hasta el momento ya han conseguido más de 6.000.

Desde hace varios años, el Ayuntamiento de Madrid se ha convertido en cómplice de este tipo de eventos privados accediendo a la cesión del espacio público para su celebración, una acción que, según denuncian los vecinos, contraviene la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano. En su artículo 206 se recoge que el parque, por su calificación como bien de dominio y uso público, no puede ser objeto de privatización para este tipo de actos. Sin embargo, el Ayuntamiento se escuda en el artículo 19.1 de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT) para justificar la celebración de estos eventos en el recinto público, una norma pensada para actos especiales y de carácter puntual.

Esta no es la única maniobra municipal que ha puesto en marcha el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida para ampliar este tipo de actividades. En abril de 2025 el Ayuntamiento decidió aumentar el área máxima de ocupación de esta zona verde de Arganzuela dentro del decreto que regula sus condiciones de uso. Con esta modificación se sumaron unos 3.000 metros cuadrados a los límites establecidos en 2024, cuando se reguló por primera vez la explotación comercial de este espacio. El aforo máximo permitido es de 7.488 personas.

En cualquier caso, independientemente de lo que decida el tribunal sobre este decreto, los vecinos aseguran que seguirán defendiendo que, “sea legal o no, es ilegítimo”. “Creemos que ese espacio debe tener el uso que le corresponde, que es el uso para los vecinos”, denuncia el portavoz vecinal.

La asociación ya mantuvo una reunión con el Ayuntamiento sobre este asunto hace aproximadamente un año. En aquel encuentro, explican, desde el Consistorio les trasladaron que ni siquiera tenían por qué haber hecho público el decreto, al tratarse, según dijeron, de un documento de uso interno de los servicios jurídicos. Para Manuel Díaz, sin embargo, hacerlo público fue “simplemente un ejercicio de transparencia”.

Desde el Ayuntamiento también argumentan que este tipo de eventos “vienen de muchos años atrás”. Sin embargo, para los residentes de la zona ese hecho no implica que exista aceptación vecinal: “Que venga de muchos años atrás no significa que sea voluntario ni que los vecinos lo acepten, más bien al contrario”.

El presidente de la asociación adelanta que, como en otras ocasiones, convocarán concentraciones y protestas en las entradas de los espectáculos. “Eso lo tenemos claro”. Los vecinos continuarán movilizándose para intentar expulsar los eventos privados del parque, uno de los pulmones verdes de la ciudad.

Una privatización anunciada

El conflicto por el uso del Parque Enrique Tierno Galván no es nuevo. En los últimos años se han celebrado en este espacio otros eventos como Naturaleza Encendida, el Pompä Open Air o el Alma Festival. En algunos casos, una parte del recinto ha llegado a permanecer cerrada al público durante más de un mes de forma ininterrumpida.

Al mismo tiempo, se han producido situaciones que los vecinos consideran contradictorias. La Policía Municipal llegó a intervenir una clase de zumba que se estaba celebrando en el auditorio del parque alegando el ruido de los altavoces, sin explicar con claridad el motivo de la prohibición.

Durante la celebración de estos festivales, los residentes han denunciado en diferentes ocasiones que generan ruido y molestias en los barrios colindantes. Además, durante el tiempo que duran los montajes y los conciertos, los vecinos no pueden hacer uso de parte del parque, a pesar de tratarse de un espacio público.

Este año, sin embargo, celebraron una pequeña victoria. Naturaleza Encendida, el espectáculo luminoso que se instalaba cada Navidad desde 2023, ha abandonado el parque. La empresa promotora Letsgo explicó entonces a Somos Arganzuela que la decisión no estaba “asociada a ninguna concesión del Ayuntamiento” y que se debía a que la compañía estaba centrada en otros proyectos nacionales e internacionales, insistiendo en que no había “mucho más motivo que ese”, pero los vecinos lo consideran como un logro personal.

La comunidad de vecinos de Puertochico retirará la pancarta que cuelga de la fachada de su edificio contra la decisión de la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), de permitir la apertura de un establecimiento de la cadena McDonald's en el mercado municipal de su barrio, ante la amenaza municipal de multarles por tratarse de un “elemento publicitario no compatible con el planeamiento vigente”.

La Comisión Salvemos el Mercado de Puertochico denuncia haber sufrido la “persecución” del equipo de gobierno del PP, que ha “retorcido” la ordenanza de publicidad “amenazando con multas interminables a los vecinos como chantaje para callarnos en nuestra lucha por defender el servicio público y el patrimonio municipal y común que reviste el Mercado de Puertochico” .

Tras medio año de lucha, esta lona -con el mensaje 'Gema, de Mercado de Barrio a preafter no da Igual'- los vecinos han convocado de urgencia una concentración esta sábado 14 de marzo a las 12.00 horas en el Mercado de Puertochico para retirar la pancarta y para reafirmar “el 'no' al pelotazo y a la privatización de los mercados municipales”.

El día antes, viernes 13, invitarán a la ciudadanía a que acuda a las 18.00 horas para colaborar en una limpieza simbólica de la plaza de la Biblioteca y Centro Cultural Doctor Madrazo, encima del Mercado, donde pretenden colocar la terraza del McDonald's que, según recuerdan, “actualmente es víctima de la desidia del equipo de gobierno, en un estado de lamentable de suciedad y desvencijado, tras años de falta de mantenimiento, limpieza y readecuación”, denuncian.

Los vecinos del número 7 de la calle Andrés del Río de Santander han alegado “contundentemente” en dos ocasiones frente a los que consideran “la arbitrariedad ejecutiva del PP en Santander”. “Además de la persecución y el desgaste que supone tener una posición diferente al gobierno de Gema Igual no podemos sumarle y aguantar sanciones económicas inasumibles”, lamentan los vecinos, que recuerdan que son un grupo de personas que “solo guarda la voluntad de mantener el tejido económico del comercio local y proteger un mercado que es público”.

Los afectados lamentan que valga más el peso de grandes empresas “que pretenden especular y realizar un pelotazo en Santander, que la opinión de los vecinos y el sentido que tenga para los barrios y la ciudad en su conjunto”. Al tiempo, reprochan a las autoridades municipales la falta de transparencia y de diálogo con la ciudadanía “que debería tener voz más aún tratándose de un mercado municipal”.

De hecho, recuerdan que no solo los vecinos del barrio se oponen a este “pelotazo”, sino también la Asociación de Vecinos del Ensanche y más de 15 asociaciones de vecinos (incluida la FECAV) y de comerciantes del casco viejo y todos los grupos políticos en el Ayuntamiento, a excepción del PP.

La Comisión critica que los únicos beneficiados en este caso son Baika (empresa gestora del mercado) “que en unos años podría amasar beneficios millonarios pagando 6.800 euros de canon anual, y McDonald's, que disfrutará de un enclave del que han sido expulsados los comercios locales y típicos del mercado”.

Sin embargo, concluyen los vecinos que “queda por despejar el interés que mueve a Gema Igual a bendecir este pelotazo en pleno Mercado de Puertochico, que supone un abordaje a la Ordenanza de Mercados Municipales, en un proceso que ha expulsado comerciantes y hosteleros de la zona, que no han recibido respuesta a la solicitud de un puesto o se les ha denegado en favor de la multinacional”.