La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria ha denunciado la estrategia de la Consejería de Educación para favorecer el avance de la enseñanza privada en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) a través del aumento de unidades concertadas mientras desatiende la red pública, que sufre falta de inversión, sobrecarga de tareas insostenible para el profesorado y graves fallos de infraestructuras de los centros.

Según ha afirmado el sindicato en un comunicado, “Educación está dando pasos en esta dirección mediante la autorización de nuevas enseñanzas en centros privados que, a corto plazo, pretenden ser financiadas con fondos públicos, como es el caso de un centro de la comarca del Besaya que tiene intenciones de ampliar etapas para acceder al concierto a pesar de tener una matrícula insuficiente según los criterios de la propia administración”.

Tras acceder a los datos de escolarización de este centro, gestionado por una fundación que hasta ahora solo impartía infantil y primaria, el sindicato ha comprobado que cuenta con 41 alumnos y alumnas en 3 unidades de infantil y 113 en 6 de primaria. “Unas cifras insuficientes para justificar el mantenimiento de un concierto educativo según los criterios de planificación de la Consejería, por lo que es incomprensible abrir la puerta a nuevas unidades cuando no existe una necesidad real de escolarización que la escuela pública no pueda absorber”, ha subrayado Conchi Sánchez, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria.

Esta decisión afecta, en consecuencia, a la planificación de los institutos públicos de la zona, especialmente al IES Besaya, “que ve amenazada la continuidad de alguno de sus 15 grupos de ESO”, así como el Ría San Martín de Suances y La Marina de Santa Cruz de Bezana, lo que se traducirá “en una pérdida de puestos de trabajo en la red pública”, ha afirmado Sánchez, quien ha apuntado que “incluso en las comunicaciones de la dirección a las familias hemos comprobado que el objetivo de autorizar la ESO es el futuro pago por parte de la administración”.

Se trata de un ejemplo que, para Sánchez, pone de manifiesto la hoja de ruta diseñada por Educación, autorizando la enseñanza para después buscar el dinero público para sostenerla y, mientras tanto, “el consejero Silva demuestra cuáles son sus prioridades reales, dejando morir proyectos públicos estratégicos, como el Instituto de Energías Renovables de Viérnoles”.

En este escenario, la Federación de Enseñanza ha reafirmado su compromiso con un modelo educativo donde la red pública sea el eje vertebrador, se ha opuesto a la financiación de la privada a costa de las carencias en la pública y ha rechazado la expansión de la concertada, especialmente en FP y ESO, como sustituta de la oferta pública.

Además, el sindicato ha recordado que “existen ejemplos de cómo revertir conciertos educativos salvaguardando los puestos de trabajo del personal de los actuales centros concertados y garantizando una atención completamente pública” y ha instado a la Consejería a “velar por el bienestar de sus docentes y la inversión en sus propios centros en lugar de facilitar el camino a futuros conciertos innecesarios”.

Las familias y personas usuarias del Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura (CADEX) de Cáceres han iniciado una campaña para exigir a la Junta de Extremadura que se mantengan los tratamientos de atención temprana y habilitación funcional que actualmente se prestan en el centro y que, según denuncian, dejarán de ofrecerse para derivar a las personas usuarias a entidades externas.

Advierten de que esta decisión tendrá “un grave impacto” en quienes reciben intervenciones especializadas de fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia, tratamientos que consideran esenciales para preservar la autonomía, la estabilidad funcional y la calidad de vida de personas con patologías neurológicas y neurodegenerativas.

Las terapias de habilitación funcional son un conjunto de tratamientos dirigidos a eliminar o reducir un déficit o disfunción (física, intelectual o sensorial) en personas con discapacidad, con el objetivo de lograr el máximo grado posible de autonomía personal e integración social. También buscan mantener las habilidades ya adquiridas cuando las características de la persona lo requieren.

En el comunicado, recuerdan que la continuidad terapéutica “no es una opción, sino una necesidad sanitaria y social imprescindible”, especialmente en enfermedades donde la intervención temprana y constante resulta determinante para evitar el deterioro.

Las familias expresan también su preocupación por la incertidumbre que genera el traslado a otras entidades, muchas de las cuales acumulan listas de espera de tres o cuatro meses. Alertan de que ese periodo sin atención especializada puede provocar “empeoramientos irreversibles” en numerosos casos.

Asimismo, critican que la respuesta del SEPAD se limite, por ahora, a recurrir temporalmente al copago previsto en la Ley de Dependencia mientras se estudia la continuidad de los tratamientos. A su juicio, esta alternativa “resulta claramente insuficiente” y no cubre ni las necesidades reales ni el coste actual de terapias individualizadas y altamente especializadas.

Recuerdan además que muchas familias no pueden asumir económicamente estos tratamientos de forma privada y que ninguna persona debería ver interrumpida su atención por motivos económicos o administrativos.

Las personas afectadas subrayan que la eliminación de estos servicios contradice el propio Modelo de Atención a las Personas con Discapacidad en Extremadura (MADEX), que defiende una atención “centrada en la persona, continuada, especializada y adaptada a las necesidades individuales”.

Por ello, reclaman con urgencia que no se supriman los tratamientos de habilitación funcional que actualmente se desarrollan en el CADEX de Cáceres y recuerdan que la salud, la autonomía y la dignidad de las personas con discapacidad y enfermedades neurológicas no pueden quedar en suspenso por decisiones organizativas que no garantizan una transición real y segura.

La petición pública ha sido impulsada por Miguel Ángel Paniagua Gregorio y puede firmarse a través de la plataforma Change.org.

Respuesta de la Junta

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales asegura que en el Centro de Atención a la Discapacidad de Cáceres se mantienen íntegramente todos los tratamientos de atención temprana y de habilitación funcional que se estaban prestando hasta ahora. Subraya que ningún usuario quedará sin tratamiento y que ninguna familia verá interrumpida la atención que tiene reconocida, garantizando así la continuidad de los servicios especializados.

Desde el Gobierno autonómico se reconoce que, al inicio de la legislatura, la situación de los centros de valoración de la discapacidad era “desesperanzadora”, “tras años de desatención en los que no se adoptaron medidas para mejorar su funcionamiento”. Ante ese escenario, la Junta afirma estar trabajando “de manera ímproba” en la reorganización de los CADEX, con el objetivo de unificar criterios de actuación y reforzar la estructura de estos servicios dentro del Plan de choque puesto en marcha en el ámbito de la discapacidad.

La Consejería destaca que, tras el primer año de legislatura, se abrió un nuevo CADEX en Mérida, operativo desde marzo de 2025, con dos equipos adicionales de valoración. Paralelamente, se creó una nueva unidad dentro del SEPAD destinada a coordinar los centros, impulsar el desarrollo normativo y fortalecer la estructura organizativa. También se han iniciado procesos de digitalización y robotización que afectan a más de 25.000 expedientes en papel, y se ha incorporado la figura del terapeuta ocupacional a los equipos desde febrero de 2026. Todas estas medidas, afirma la Junta, están comenzando a dar resultados visibles.

La normativa vigente establece que los CADEX deben cumplir dos funciones esenciales: actuar como puerta única de acceso a las plazas concertadas de los servicios MADEX y reconocer, declarar y calificar el grado de discapacidad. La Consejería insiste en que los cambios organizativos que se están aplicando no afectan a los tratamientos ya reconocidos y que ninguna familia dejará de recibir la atención que tiene asignada. El objetivo, recalca, es mejorar la valoración de la discapacidad en Extremadura y garantizar la calidad de los servicios MADEX y la atención especializada a las personas con discapacidad.

La Plataforma por el Agua Pública de Daimiel ha recurrido el segundo intento por parte del ayuntamiento de este municipio de Ciudad Real de privatizar la gestión del agua, después de que el pasado 11 de marzo, la Junta de Gobierno Local aprobase la segunda adjudicación del contrato del servicio público de abastecimiento, saneamiento y depuración del municipio.

La plataforma ha presentado su recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, al considerar que el Ayuntamiento “ha cometido un nuevo error en esta segunda adjudicación al igual que lo hizo en la primera”.

A juicio de este colectivo, que mantiene abierta una batalla abierta desde comienzos del año 2025 frente a la privatización del servicio de agua en el municipio, la adjudicación se ha realizado “sin respetar los principios de igualdad de trato, transparencia y proporcionalidad”. Lo argumenta en el hecho de que no se ha procedido a una nueva valoración y clasificación de las ofertas e incluso cree que se ha vulnerado la correcta aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y la jurisprudencia de la Audiencia Nacional

Según indica la plataforma, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha suspendido la tramitación del procedimiento de contratación hasta la resolución de este recurso.

“Este error no es el primero que el ayuntamiento comete en esta licitación que presenta ya muchas máculas como es el fallo de este mismo tribunal que, en junio del 2025, dio la razón al recurso interpuesto por una de las empresas ofertantes indicando 'graves irregularidades que afectan a la transparencia y validez del proceso' lo que provocó que la primera adjudicación no prosperase”, advierten.

25 años de concesión que, dicen, no se justifica

Desde su punto de vista, “el proceso ha adolecido de otras carencias importantes en fases previas como son la falta de justificación suficiente del plazo de 25 años de concesión y la falta del obligatorio estudio comparativo de modelos de gestión para el servicio. según las leyes que le aplican. En concreto citan la Ley de Contratos del Sector Público y de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

“El Ayuntamiento sigue sin estudiar cual sería el mejor modelo de gestión para Daimiel limitándose a hacer aseveraciones como que notiene recursos o que no salen las cuentas”. Es el argumento que viene manteniendo el consistorio gobernado por el PP desde que se iniciase el proceso.

Desde la plataforma ver contradictoria su postura. “Si salen las cuentas para una empresa, saldrían las cuentas para este Ayuntamiento”. No es tampoco la primera vez que contraargumenta así este colectivo ciudadano. Con un servicio público, aseguran, “el Ayuntamiento, al menos, se ahorraría parte de los impuestos, el reparto de beneficios y la mejora de inversiones vía subvenciones”.

Reclaman que se declare desierta o se desista de la adjudicación

A las pegas que cita la plataforma, se suma también la interposición en septiembre del año pasado de un nuevo recurso por parte de la primera empresa adjudicataria ya excluida de la licitación. “Si este recurso prosperase, el Ayuntamiento tendría que indemnizar a la empresa excluida y firmar con ella este contrato” y en caso de que ya se hubiese suscrito con otra, “tendría que resolverlo indemnizar también a esta segunda empresa y devolverle las inversiones realizadas no amortizadas que en al plazo del contrato ascienden a un total de 12 millones de euros”.

La plataforma pide al ayuntamiento que desista o declare desierta la que considera una “cuestionada licitación” no solo, explican, por “el nuevo error cometido al no realizar una correcta aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y la jurisprudencia de la Audiencia Nacional”, sino por las presuntas “graves irregularidades que afectan a la transparencia y validez del proceso de licitación”, la falta de justificación suficiente del plazo de 25 años de concesión o del “obligatorio estudio comparativo de modelos de gestión para el servicio” que marca la ley.

También lo reclaman apelando a los “posibles perjuicios económicos millonarios” que puede causar a los daimieleños el recurso interpuesto por la empresa excluida si este prosperase. En su opinión, esta es “la opción menos mala que como mucho implicaría asumir las posibles indemnizaciones a las empresas ofertantes”.

Un ciudadano andaluz sufre un golpe muy fuerte que deriva en convulsiones y que, por lo tanto, precisa de una ambulancia que le traslade inmovilizado y con un equipo que le monitorice. La ambulancia llega, pero lo hace tan solo con un técnico y sin que sea un vehículo adecuado para lo que necesita el paciente. Tiene que ser la Policía Local la que ayude al sanitario, lo que no evita que el ciudadano se fracture el cráneo y tenga que recibir tratamiento urgente.

Este es un caso real. Uno de decenas que ocurren semanalmente en Andalucía y que ponen en el foco otro de los problemas que se extienden en la sanidad pública: tampoco hay personal ni recursos suficientes en el transporte en ambulancias. Así lo denuncia Platesa, la plataforma andaluza que aglutina a los técnicos en emergencias sanitarias. Desde hace tiempo, aseguran que la Junta de Andalucía incumple la normativa en esta materia, mientras la externalización del servicio sigue degradándolo al utilizar vehículos inadecuados para los usos que se le dan.

Para entenderlo, hay que partir del hecho de que existen tres tipos de ambulancias para el transporte de ciudadanos: las no asistenciales (A1 y A2), que se utilizan para trasladar a ciudadanos a una consulta programada, y las asistenciales clase B y clase C, que son las de transporte urgente en función de la gravedad y que necesitan, mínimo, de técnico y ayudante o médico. Sin embargo, según Platesa, en Andalucía se utilizan sobre todo las A1 y A2 para las emergencias, pese a que esas por normativa no tienen por qué contar con ningún otro profesional que no sea el técnico que conduce el vehículo.

Es decir, la Junta de Andalucía, que contrata externamente el servicio de ambulancias, incumple la normativa. Al menos, esa es la tesis que sostienen los profesionales que están dentro del sistema. Y lo hacen no sólo desde la percepción, sino con datos. El dossier elaborado por Platesa, y al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, dibuja un patrón que se repite provincia a provincia: en la Red de Transporte Urgente -la que debe atender emergencias- predominan las ambulancias no asistenciales, mientras las unidades que sí cuentan con dotación completa son claramente insuficientes. En Córdoba, por ejemplo, hay 24 ambulancias A1 operando frente a ninguna de tipo B, en Granada, 36 A1 frente a sólo dos unidades asistenciales básicas, en Almería, 31 A1 y ninguna tipo B. La fotografía se repite, con matices y ligeras fluctuaciones numéricas, en prácticamente toda Andalucía.

Situaciones límite

El problema, explican, no es únicamente cuantitativo, sino funcional. Las ambulancias A1 están diseñadas para traslados programados de pacientes estables, sin necesidad de intervención durante el trayecto. Sin embargo, están siendo utilizadas para cubrir avisos urgentes. “Se está usando un argumento malicioso: que el paciente ya está valorado”, explica José David Orihuela, técnico de emergencias y portavoz de Platesa. “Pero eso sólo tendría sentido en un traslado programado. En una urgencia, la situación puede cambiar en cualquier momento”.

Ese desajuste tiene consecuencias directas. El técnico que conduce no puede, al mismo tiempo, atender al paciente en la parte trasera del vehículo. En la práctica, eso implica traslados en los que la persona viaja sola, sin supervisión, incluso en situaciones de riesgo. “Seguimos yendo solos en la red de transporte urgente”, insiste Orihuela. “Y eso no es una excepción, es el modelo que se está aplicando”.

Los ejemplos recogidos en el dossier refuerzan esa idea. Un paciente con insuficiencia respiratoria que se sincopa durante el traslado y broncoaspira sin que haya nadie atendiéndole en ese momento; una mujer con fractura de cadera que sólo puede ser movilizada correctamente porque, de forma excepcional, hay un alumno en prácticas; un traslado en el que una familiar tiene que asumir funciones de vigilancia sanitaria ante la ausencia de personal. En otro caso, un técnico es enviado solo a un accidente de tráfico y tiene que pedir apoyo tras realizar una primera valoración sin respaldo.

La versión de la Junta

Incluso las unidades de mayor complejidad presentan carencias. Platesa denuncia que en varias provincias hay ambulancias de soporte vital avanzado -las conocidas como UVI móvil- operando con un solo técnico, sin el equipo completo que establece la normativa. “Es una vergüenza lo mires por donde lo mires”, resume Orihuela.

La Consejería de Salud rechaza esta interpretación. En respuesta a este medio, asegura que el sistema se organiza conforme al Real Decreto 836/2012 y que las ambulancias A1 se utilizan para pacientes “clínicamente estables, que no requieren atención sanitaria durante el traslado”. Además, sostiene que existe supervisión sobre las empresas adjudicatarias y que cualquier incidencia se analiza de forma individual.

Sin embargo, la distancia entre ese planteamiento y lo que relatan los profesionales es evidente. Mientras la Junta describe cómo debería funcionar el sistema, los técnicos insisten en que la práctica diaria es otra. Y que no se trata de casos aislados. “Tenemos testimonios en las ocho provincias”, recalca Orihuela. “Esto pasa en toda Andalucía”.

El conflicto, en el fondo, va más allá de la organización del servicio. Tiene que ver con el modelo. El transporte sanitario está completamente externalizado y depende de adjudicaciones millonarias a empresas privadas. El último ejemplo se ha producido en Huelva, donde la Junta ha adjudicado un contrato de 100 millones de euros al Grupo SSG, propiedad de un fondo de inversión, desplazando a una unión de cooperativas locales que llevaba más de dos décadas prestando el servicio. La decisión afecta a más de 300 familias.

Para Platesa, este tipo de adjudicaciones no son neutras. “Si reduces costes, ¿dónde recortas? En personal y en recursos”, vienen a señalar. El resultado, según su diagnóstico, es un sistema que funciona por debajo de los estándares que marca la propia normativa. La Junta, por su parte, insiste en que la seguridad del paciente es un “principio irrenunciable”. Pero los profesionales que están en la ambulancia plantean una pregunta más concreta: qué ocurre cuando esa seguridad depende de una sola persona.

Un insólito e injustificado requisito ha hecho saltar por los aires un concurso público de más de 100.000 euros en San Sebastián de La Gomera, municipio de unos 9.500 habitantes. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias ha anulado la licitación de la capital de la isla colombina para contratar un servicio de asesoramiento laboral y gestión de nóminas. ¿El motivo? Los pliegos otorgaban 20 de los 100 puntos en juego a la gestoría capaz de presentarse en el Ayuntamiento en menos de cuatro horas tras recibir un aviso. 

Según el tribunal de contratos, esa exigencia adolece de una “absoluta falta de motivación” en el expediente y no sólo vulnera los principios de “igualdad, transparencia y proporcionalidad”, sino que, además, constituye “una cláusula de arraigo territorial” prohibida, puesto que genera “discriminación” entre las licitadoras.  

El Ayuntamiento capitalino sacó a concurso el servicio el pasado mes de febrero. El gobierno municipal, formado por la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y por Coalición Canaria (CC), justificó la externalización del servicio de asesoramiento laboral y gestión de nóminas en la falta de personal del departamento de recursos humanos. Esta área se sostiene en la actualidad tan sólo con dos auxiliares administrativos y una técnico general, por lo que destinar a uno de ellos en exclusiva a esas tareas mermaría “gravemente” la actividad administrativa diaria del Ayuntamiento, expone la memoria justificativa.

Ese documento incide, además, en que el Consistorio carece de personal con la formación técnica específica para utilizar sistemas telemáticos de gestión laboral y que contratar a un especialista para estas tareas supondría un gasto anual que ronda los 60.000 euros, una cantidad superior a la prevista en la externalización (103.500 euros por tres años).

Una empresa radicada en Sevilla (Gaesa Asesores) recurrió los pliegos ante el Tribunal de Contratos Públicos de Canarias. Esta gestoría sostiene que premiar con 20 de los 100 puntos (los 80 restantes corresponden al precio) a las empresas que tengan la capacidad de llegar a una reunión presencial en el Ayuntamiento en menos de cuatro horas introduce un elemento de “arraigo territorial indirecto no justificado”. Es decir, en su opinión ese criterio favorece “indebidamente” a las asesorías ya instaladas en la isla, “penaliza” a competidores con experiencia equivalente y produce una “restricción artificial” de la competencia. 

Esta empresa remarca que ese requisito no responde a ninguna necesidad técnica y no tiene nada que ver con el objeto del contrato. 

La secretaria municipal tampoco lo entiende

Lo curioso de este caso es que, al verse obligado a responder al recurso de la empresa, el propio Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera acabó entonando el mea culpa. La secretaria general no acertó a encontrar “la justificación, coherencia y necesidad” que fundamentaba ese requisito que exigía la “ineludible presencia” de la adjudicataria en las oficinas municipales en un plazo máximo de cuatro horas. La propia funcionaria calificó la exigencia redactada por su administración de “desproporcionada y no justificada”. 

La secretaria municipal recalca en su informe que toda la gestión de nóminas y los trámites ante la Seguridad Social se realizan mediante plataformas telemáticas. Por lo tanto, el intercambio de expedientes y documentos “no exige la presencia de la adjudicataria” en el Ayuntamiento, sino simplemente garantizar el acceso informático a los archivos. 

Con este contexto de una empresa que recurre y una administración que se allana, el tribunal de contratos anula el requisito de las cuatro horas y, en consecuencia, los pliegos. Sostiene este organismo que no hay ni un solo motivo en el expediente para justificar esa exigencia y que, por tanto, es discriminatoria. El tribunal recuerda en su resolución, dictada el pasado lunes 6 de abril, que los objetivos de comunicación pueden lograrse mediante medios virtuales, por lo que imponer la presencia física de un asesor laboral externo “pierde justificación objetiva y se convierte en un obstáculo injustificado para la libre concurrencia”. 

Esa resolución obligaba al Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera a retrotraer las actuaciones al momento anterior a la aprobación de las bases para formular un nuevo concurso. Tan sólo un día después, el 7 de abril, la alcaldesa, Angélica Padilla (ASG), firmaba un decreto por el que anulaba el concurso y ordenaba abrir un nuevo expediente de contratación con las “modificaciones oportunas”. 

Una de cada tres facultades de Medicina en España es privada y nuestro país ya tiene el mayor número de centros por habitante en el mundo. De los 54 centros, 36 son públicos y 18 privados. Estas cifras explican el aumento de la demanda de unos estudios en auge, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una menor proporción de facultades de Medicina por habitante de las que tiene España. 

El aumento de la demanda de esta titulación está siendo respondido en las universidades privadas, que siguen creciendo de forma vertiginosa. Este 2026 se producirá un sorpasso: en España habrá más universidades privadas que públicas. A lo largo de la última década (2015-2025), se han abierto 16 centros privados, 13 de ellos con sede física en nuestro país. De ellos, seis están en Madrid y tres en Andalucía. Así, en el curso académico 2024-2025 se produjo un nuevo hito: en la Comunidad de Madrid, el número de alumnos de Medicina en facultades privadas superó al de las públicas.

Santiago Cuesta, responsable de Universidades de CCOO, alerta de las dificultades que tienen los alumnos para acceder a una plaza en las facultades públicas de Medicina: “Las comunidades autónomas están dando respuesta a la gran demanda a través de las universidades privadas, y esto afecta de lleno a las familias con menos recursos, que no pueden permitirse pagar un centro privado”, explica.

Los requisitos son otros

Abrir una facultad de Medicina implica exigencias especiales, no es como el resto de grados. Las universidades que las inauguran deben tener, al menos, un hospital general y tres centros de salud (de titularidad pública o privada) de referencia para que el alumnado haga las prácticas. Además, las instituciones sanitarias tendrán que disponer del personal y los recursos necesarios, según lo establezcan conjuntamente los ministerios de Sanidad y Universidades. De esta forma, de los 16 centros privados que se han abierto en la última década, tan solo uno de ellos imparte el grado de Medicina, la Universidad CEU Fernando III.

El auge de las privadas se concreta en el número de plazas que ofrecen los centros que se abrieron hace más de una década y que, poco a poco, se van consolidando en este campo: desde que comenzó este siglo han incrementado su oferta un 258%. Con carácter general, contando todas las nuevas facultades, mientras en 2001 se ofrecían 230 plazas privadas de Medicina en España, en 2024 fueron 2.078. Es un aumento del 803%, según recoge el último informe detallado sobre la demografía médica de la Organización Médica Colegial de España. 

Diferencias entre territorios

Mientras en Galicia o Asturias no hay ninguna facultad privada de Medicina, Madrid es la comunidad autónoma con mayor número, seis, frente a las cuatro públicas. Así, en la región, la Universidad Rey Juan Carlos ofreció 157 plazas públicas para estos estudios (en el curso académico 2024/2025), mientras la Universidad Europea (privada) sacó al mercado 230. 

Las universidades públicas han aumentado su oferta un 68% en las últimas dos décadas: mientras en 2001 se ofrecían 4.000 plazas, en 2024 fueron 6.728. Aunque la mayoría de los estudiantes de Medicina en España cursan sus estudios en las universidades públicas, las privadas luchan por incorporar esta titulación en sus centros, y la tendencia hacia los modelos de pago comienza a coger fuerza.

Tomás Chivato Pérez, vicepresidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina Españolas, manifiesta la importancia de disponer de un registro nacional de profesionales de cada especialidad, ya que “más que aumentar el número de Facultades parece más lógico evaluar correctamente las capacidades de las existentes”, explica.

Ir a la privada, ¿elección u obligación?

Para estudiar Medicina en una facultad pública en España hay que tener en torno a un 13 de media en la prueba de acceso a la universidad, una calificación que sitúa al grado como uno de los más exigentes del sistema público universitario. Y esto genera una presión sobre los estudiantes, para los que el margen de error en esta prueba es ínfimo. “Hay familias que están haciendo esfuerzos titánicos, piden préstamos y se tienen que endeudar para que sus hijos estudien Medicina en la privada”, explica Cuesta. 

El coste de estudiar este grado en centros privados llega a superar, en muchos de los casos, los 20.000 euros anuales. Con una demanda elevada, sumada al valor de sus profesionales, el grado puede ofrecer una gran rentabilidad. La Universidad Europea (con sus diferentes centros por España) y la Universidad Alfonso X El Sabio, ambas con el grado de Medicina en su oferta educativa, hoy están en manos de fondos de inversión.

¿Hay chiringuitos?

Hace unos meses el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó de “chiringuitos” a ciertos centros privados creados en los últimos años, especialmente online. Aunque el grado de Medicina implica presencialidad, y no se puede cursar online, también se verá afectado por la aprobación el pasado mes de octubre del Real Decreto, que tiene el objetivo de poner freno a la apertura de centros privados de dudosa calidad.

Hasta ahora, la apertura de universidades privadas ha estado en manos de las diferentes comunidades autónomas, que han tenido la última palabra a la hora de poner en marcha nuevos centros. La medida, que busca detener la “eclosión” de estos centros, según alegan desde el Ejecutivo, ya ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por el gobierno de la Comunidad de Madrid y la Junta de Extremadura. En el próximo curso académico (2026/2027) Extremadura tendrá su primera universidad privada, UNINDE, que cuenta con un informe negativo por parte del ministerio. La presidenta autonómica, María Guardiola, ya ha iniciado los trámites para aprobar una segunda universidad privada en la región.

Con el Real Decreto, para abrir una nueva universidad privada la comunidad autónoma deberá contar con un informe vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de las agencias de calidad autonómicas. Estas instituciones son, hasta ahora, las encargadas de evaluar la calidad teórica y práctica impartida en las diferentes facultades de Medicina tanto públicas como privadas de toda España, explica Chivato.

El sindicalista Cuesta incide en que el caso de Medicina es distinto al de otros grados. “No los llamaría chiringuitos como tal”, pero señala que “en buena parte de las privadas no se reúnen los requisitos de calidad de la pública”. Esto se observa, cuenta, en cómo la mayoría del alumnado tiene como primera opción la universidad pública, aunque pueda pagar la privada: “La media socioeconómica del alumnado de las facultades de Medicina es media-alta, si la pública no fuera buena se irían directamente a la privada”, apunta el responsable de Universidades de CCOO. 

Se han comenzado a celebrar los actos presenciales de los tres juicios en los que, actualmente, están imputados los gerentes del SAS que dirigieron esta entidad durante y tras la epidemia de Covid 19, Miguel Ángel Guzmán, Diego Vargas y Valle García. Como es sabido, durante los momentos más graves de dicha epidemia, surgida en 2020, existió una Ley de emergencia que amparaba prácticas como la contratación a dedo, debido a la necesaria rapidez en atajar la severidad de la situación.

No obstante, esta Ley caducó cuando la situación mejoró y, de hecho, la Junta de Andalucía recibió una nota expresa de Hacienda el 18 de junio de 2021 para que se dejara de usar este procedimiento. A pesar de ello, la Junta lo siguió utilizando durante casi tres años más, lo que propició una decena de informes de los Interventores del SAS que destaparon, a posteriori, que los contratos que se estaban realizando no tenían cobertura legal.

En marzo de 2023, la OMS declaró el final de la pandemia Covid 19. Por esas fechas, la prensa denunció las prácticas de contrataciones troceadas y a dedo del SAS con clínicas privadas y otras empresas, una práctica que cesó poco después para contrataciones nuevas, aunque adendas de contratos previos extendieron esos pagos hasta mediados de 2024. En base a estos hechos se interpusieron los procesos judiciales mencionados arriba. Aunque un juzgado ha archivado uno de estos procesos, otros han sido potenciados y siguen su curso en el momento actual.

Las razones aportadas en el juzgado y en la prensa por los responsables de la Junta para justificar la prolongada duración de las prácticas de contratación fuera de cobertura legal han sido la existencia de un “problema extremo de salud pública” o “una presión asistencial inédita”. También se ha aducido que la casi exclusiva atención a la epidemia había retrasado la asistencia a otras patologías por parte del SAS, lo que daba lugar a un acúmulo de trabajo que había que afrontar. Y la pregunta es, ¿son estas las razones reales para que se mantuviera esta irregularidad durante un periodo tan prolongado de tiempo? Nosotros creemos que no, como se va a razonar a continuación.

No cabe duda de que la epidemia de Covid 19 fue un problema de salud pública con un importante impacto sanitario que llevó a medidas de aislamiento de la población y sometió a los Sistemas Sanitarios Públicos a un esfuerzo de gran magnitud. Esto fue así durante 2020 y 2021. No obstante, la situación fue controlándose paulatinamente a partir de esa fecha gracias a las medidas tomadas: contratación de veinte mil profesionales sanitarios adicionales y vacunación anti-Covid creciente de la población.

Así, el 1 de marzo de 2022, 38 millones de españoles mayores de 12 años habían recibido la vacunación anti-Covid completa y 2 millones de menores de esa edad estaban camino de alcanzar dicho nivel de vacunación. Por esas fechas el número de personas con Covid que fallecieron o requirieron hospitalización o ingreso en UCI en España y Andalucía se había reducido de forma drástica, alcanzando niveles parecidos a los de las gripes invernales. Es decir, en España, y en Andalucía, la alarma se había reducido claramente, a pesar de lo cual, en Andalucía, las contrataciones irregulares continuaron durante varios años más.

Parece que los responsables del SAS, en medio de una alarma asistencial “inédita”, supuestamente persistente hasta 2024, no veían ningún problema en mantener cifras mínimas de profesionales sanitarios, en comparación con todas las demás comunidades autónomas; pero, sin embargo, sí seguían viendo “peligros” en suspender los contratos irregulares con las clínicas y otras empresas privadas

Pero hay, además, otros datos que cuestionan las explicaciones dadas por los responsables de la Junta: la existencia de una profunda preocupación por la situación asistencial. El análisis de la gestión que hizo la Junta del personal sanitario en ese periodo muestra que, en noviembre de 2021, presuntamente según la Junta, en plena situación de alarma asistencial, se despide a 8000 trabajadores sanitarios; y, a partir de ahí, se somete a los 12000 contratos Covid restantes a una situación continua de incertidumbre laboral, lo que resultó en la pérdida adicional de 8500 de ellos en los años siguientes, según fuentes sindicales.

Esto ocurre cuando, a lo largo de este periodo (desde 2020 hasta la actualidad), y a pesar de las contrataciones extras habidas al comienzo del Covid, Andalucía es la comunidad autónoma que presenta las tasas más bajas de profesionales de medicina y de enfermería hospitalarios, así como de camas hospitalarias por 1000 habitantes de España (datos del Ministerio de Sanidad recogidos por los informes anuales de la FADSP). Parece que los responsables del SAS, en medio de una alarma asistencial “inédita”, supuestamente persistente hasta 2024, no veían ningún problema en mantener cifras mínimas de profesionales sanitarios, en comparación con todas las demás comunidades autónomas; pero, sin embargo, sí seguían viendo “peligros” en suspender los contratos irregulares con las clínicas y otras empresas privadas.

El bajo número de personal sanitario y de recursos no debió parecer alarmante ni digno de ser corregido al gobierno de Moreno Bonilla, puesto que aún hoy persiste este déficit. En este sentido, es interesante destacar aquí como, a finales de 2021, la prensa recoge el éxodo de 600 profesionales de enfermería andaluces a Cataluña, una sangría que ha continuado después.

Por lo tanto, la presunta alarma asistencial “inédita” que, como se ha visto, ya no era tanta en 2021, un hecho, además, constatado y demostrado por la política de personal sanitario de la Junta, no era la razón de prolongar las prácticas de contratación irregular durante tres años más. ¿Cuál fue entonces la causa real?

Nosotros pensamos que, muy probablemente, la decisión de continuar con la práctica de contratación irregular con las clínicas y otras empresas privadas se relaciona con la ideología que dirige la política sanitaria desarrollada por el actual gobierno de la derecha desde su llegada. Esta puede definirse en dos puntos.

En primer lugar, producir un deterioro continuo de la Sanidad Pública mediante una escasa financiación, plantillas mínimas y desinversión paulatina, lo que determina que, al presente, el número de personas en listas de espera inaceptables ronde los dos millones. Simultáneamente, un incesante aumento de la derivación de fondos públicos no solo a las clínicas privadas, sino también a otros sectores privados como por ejemplo la de productos de farmacia, un sector que recibe unos fondos muy aumentados, debido a la reducción de las medidas de abaratamiento y control del gasto (suspensión de las subastas, bajo uso de genéricos y biosimilares, escaso empleo del decreto 512/2015 que permite abaratar la farmacia de los centros socio-sanitarios).

Con este horizonte, las compañías de seguros sanitarios privados prosperan sin cesar, favorecidas no solo por el deterioro de la Sanidad Pública sino, además, por medidas ventajosas emanadas de la Junta, como el pago del “complemento de exclusividad” a todos los médicos del SAS y no solo a los que trabajan exclusivamente en la Sanidad Pública o la eliminación de la incompatibilidad público/privada de los cargos intermedios, medidas curiosamente activas durante toda la pandemia y hasta la actualidad.

En definitiva, lo que el Gobierno de Moreno Bonilla viene intentando desde el principio es cambiar nuestro concepto de salud: hasta ahora la salud era un derecho igual para todos, gracias a una Sanidad Pública potente y bien dotada, financiada con nuestros impuestos; ahora, este gobierno quiere cambiar ese concepto por el de la salud es un negocio, donde cada ciudadano puede elegir, según su riqueza, el nivel de salud que quiere tener, comprándolo en el sector privado.

En este contexto ideológico, es muy posible que la epidemia de Covid 19 fuera vista por el gobierno actual como una oportunidad para cumplir su intención de apoyar la privatización sanitaria mediante la derivación de fondos públicos a dedo (sin control) a las clínicas privadas y a otros sectores privados, tratando de encubrirlo amparándose en la severidad y supuesta persistencia de la pandemia, incluso fuera del marco temporal de la misma. Piénsese que, a finales de 2022, ya se planteó la privatización de la Atención Primaria y el uso de los centros públicos por las empresas privadas (Orden del 25 de febrero de 2023), dos medidas que la oposición de la calle no permitió.

Creemos que estos datos y razonamientos deberían ser considerados en los juicios mencionados al principio.

José Antonio Brieva Romero (exjefe de servicio de Inmunología Clínica; Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; jubilado)

Antonio Vergara de Campos (exjefe de sección de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz, jubilado)

Luis González Sanz (exfacultativo del servicio de Siquiatría, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; exAdjunto a la Secretaría de Acción Sindical de Sanidad Andalucía, CCOO, Sevilla, jubilado).

Manuel Torres Tortosa (exjefe de sección de Enfermedades Infecciosas del Hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz; jubilado)

Son miembros de Marea Blanca y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía.

La externalización de servicios sanitarios públicos en Aragón ha dejado de ser una medida puntual para convertirse en una práctica cada vez más extendida. Contratos recientes en hospitales como el de Teruel y Alcañiz con Ribera Salud y Quirónsalud por más de un millón de euros en total evidencian un incremento del gasto público destinado a empresas privadas, mientras formaciones como el PSOE, Teruel Existe e Izquierda Unida denuncian una “privatización progresiva” basada en mayores costes, menor control público y un debilitamiento de la sanidad pública, especialmente en el medio rural, lo que se une al problema de la cobertura de plazas.

La sanidad pública aragonesa atraviesa un momento de tensión estructural marcado por la falta de profesionales, especialmente en zonas rurales como Teruel. En este contexto, el Gobierno de Aragón ha recurrido de forma creciente a la externalización de servicios médicos, adjudicando contratos a empresas privadas como las citadas, presentada como una solución puntual para garantizar la atención sanitaria, lo que ha abierto un intenso debate político y social.

El PSOE de Teruel lleva semanas alertando de que el modelo privatizador del Gobierno de Jorge Azcón “ya ha llegado al Hospital de Alcañiz” con el contrato que Salud ha sacado a licitación para externalizar parte del servicio de cirugía ortopédica y traumatología durante seis meses por algo más de 428.000 euros. Los socialistas acusan a la consejería de Sanidad de “mala gestión” y afirman que el PP “crea el problema” para justificar la necesidad de la externalización, destacando que la lista de espera para una consulta externa de traumatología ha aumentado en 170 días en los últimos dos años y medio.

Ante las justificaciones del Departamento de Sanidad sobre la “infradotación estructural de la plantilla” y el déficit de traumatólogos “sostenido en el tiempo”, que impiden hacer frente a las largas listas de espera que existen en este momento, tanto en consultas externas como en cirugía, el diputado socialista Rafael Guía asegura que nunca antes había sido necesario un contrato de estas características en el hospital bajoaragonés y en ningún caso haciendo uso de la empresa privada. Además, sostiene que, frente a otros planes de choque que contaban con los propios profesionales de la sanidad pública, Azcón está apostando por “el modelo privatizador del Partido Popular, que externaliza todos los servicios a empresas amigas como Quirón o Ribera Salud”.

Por su parte, Teruel Existe ha denunciado la “privatización programada” de los servicios sanitarios en Aragón, especialmente en los hospitales de Teruel y Alcañiz, y ha reclamado un cambio de modelo basado en el refuerzo de la sanidad pública y de sus profesionales.

En el Hospital Obispo Polanco de Teruel, por ejemplo, se han adjudicado contratos por valor aproximado de 600.000 euros, incluyendo contratos como el adjudicado a Ribera Salud por 199.000 euros para cubrir guardias en ginecología, anestesia y urología, o el de 398.370 euros para servicios como otorrinolaringología, rehabilitación y dermatología. Según estimaciones de Teruel Existe, estos servicios podrían haberse prestado por unos 400.000 euros mediante gestión directa, lo que implicaría un sobrecoste cercano al 30%.

Además, ha denunciado el agravio comparativo entre profesionales, indicando que el personal externalizado llega a cobrar cerca de 98 euros por hora frente a los 29 euros de los especialistas del propio hospital.

Según Teruel Existe, los datos muestran que la externalización no es un fenómeno abstracto, sino una realidad concreta, donde el problema sanitario tiene carácter estructural y afecta a todos los hospitales no ubicados en Zaragoza, como los de Teruel, Alcañiz, Barbastro, Calatayud o Jaca. Problema, además, que se agrava por la gestión de la sanidad realizada por personas que habitualmente tienen escasos conocimientos en materia sanitaria y por las dificultades, en ocasiones, ejercidas por los jefes de servicio de los grandes hospitales de limitar que los médicos de su servicio se desplacen para realizar guardias en los centros hospitalarios de menor tamaño.

El portavoz de Teruel Existe, Joaquín Moreno, ha asegurado que este proceso responde a un modelo que “tiende hacia la privatización progresiva”, poniendo como ejemplo el hospital de Torrejón de Ardoz. “La externalización se presenta como un concurso público, pero en realidad responde a un mercado cerrado dominado por grandes grupos empresariales que se reparten los concursos y zonas de trabajo y su objetivo es maximizar el beneficio”, ha afirmado, señalando directamente a Quirón y Ribera Salud.

Cobertura de plazas

La formación ha criticado la gestión sanitaria del actual Gobierno de Aragón del PP en funciones, al que ha acusado de “no haber sido capaz de cubrir las plantillas de los hospitales en el territorio ni de atraer médicos al medio rural, pero sí de externalizar servicios para generar negocio con la sanidad pública”.

Izquierda Unida de Aragón también ha expresado su preocupación tras conocerse que las 44 plazas médicas ofertadas para los centros de salud del Bajo Aragón Histórico han quedado completamente desiertas. La formación considera que este hecho supone un nuevo episodio del grave deterioro que atraviesa la Atención Primaria en zonas como Alcañiz, Caspe, Andorra, Utrillas, Alcorisa, Maella o Valderrobres.

Desde Izquierda Unida sostienen que esta situación es interesada. El PP, afirman, bloqueó durante toda la anterior legislatura la convocatoria de oposiciones a medicina de familia, acumulando un total de 332 plazas. “El PP ha retrasado esta oposición porque esta legislatura quería reducir plazas de medicina de familia del mundo rural desde una visión reduccionista del número de cartillas por médico y sin tener en cuenta la dispersión territorial, las características de la población a atender o los centros residenciales que abordar. Y ha usado el mantra de que no hay médicos y de que no quieren ir al mundo rural para justificarlo”, afirma María Milián.

A juicio de IU, la cobertura de plazas en el mundo rural es un problema cuando se trata de plazas temporales, pero las plazas fijas sí se cubren ampliamente. Por ello, la formación defiende que la mejor forma de mejorar la atención primaria en el ámbito rural es cubrir definitivamente y cuanto antes todas las plazas estructurales acumuladas. 

Modelos en contraste: Ribera Salud, Quirónsalud y la gestión pública directa

El debate sobre la externalización sanitaria en Aragón se abre en medio de una comparación más amplia entre los distintos modelos de gestión que conviven en el sistema sanitario español. La presencia de empresas como Ribera Salud y Quirónsalud responde a esquemas diferentes de colaboración público-privada, cuyas consecuencias han sido ampliamente observadas en comunidades como la Valenciana o Madrid. Frente a ellos, el sistema público puro sigue siendo el modelo predominante, aunque no exento de dificultades.

El caso de Ribera Salud representa el modelo más ambicioso de privatización sanitaria en España. Su fórmula, como el modelo Alzira, se basa en la gestión integral de hospitales y áreas de salud mediante un sistema de pago capitativo: la administración abona una cantidad fija por habitante, independientemente del uso real de los servicios. Este diseño introduce un incentivo claro a la contención del gasto. Diversos informes y controversias surgidas en la Comunidad Valenciana apuntaron a prácticas orientadas a reducir costes, así como a dificultades de control y transparencia por parte de la administración. A ello se sumaron pagos adicionales y ajustes económicos fuera de las previsiones iniciales, lo que acabó cuestionando la supuesta eficiencia del modelo. La reversión progresiva de estos hospitales a la gestión pública reflejó, en última instancia, las tensiones acumuladas durante años.

Por su parte, Quirónsalud encarna un modelo más vinculado a la lógica de mercado. Como mayor grupo hospitalario privado de España, su actividad se basa en conciertos sanitarios, derivaciones desde el sistema público y gestión de hospitales bajo fórmulas mixtas. En comunidades como Madrid, este modelo ha mostrado una gran capacidad para absorber actividad asistencial y reducir tiempos de espera. Sin embargo, también ha generado un incremento significativo del gasto público asociado, debido a pagos adicionales por actividad y a la captación de pacientes desde la red pública. Esta dinámica ha sido criticada por introducir incentivos a aumentar el volumen de servicios prestados, más que a optimizar su eficiencia global. A ello se añaden cuestionamientos sobre la transparencia de los acuerdos y sobre sus efectos en las condiciones laborales del personal sanitario.

Tampoco escapa la relación entre el grupo sanitario Quirónsalud, la Comunidad de Madrid y la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido en uno de los focos más sensibles del debate político y mediático sobre la sanidad pública y la colaboración con empresas privadas. Según la información publicada por diversos medios, este empresario facturó a Quirónsalud más de un millón de euros en un solo año —2021—, cifra que supone un incremento notable respecto al ejercicio anterior. En concreto, sus ingresos procedentes de la compañía se multiplicaron aproximadamente por cuatro tras el inicio de su relación con Ayuso. Estos pagos, según las versiones conocidas, corresponderían a trabajos de consultoría y servicios profesionales, si bien la naturaleza exacta de algunas operaciones ha sido objeto de escrutinio público.

En paralelo, Quirónsalud ha consolidado su posición como uno de los principales proveedores sanitarios de la Comunidad de Madrid. Durante los últimos años, el volumen de recursos públicos destinados a hospitales y servicios gestionados por el grupo ha alcanzado cifras de varios miles de millones de euros. Este crecimiento no responde a un fenómeno puntual, sino a un modelo sanitario en el que la colaboración público-privada tiene un peso estructural, especialmente en determinadas áreas hospitalarias.

En conjunto, la experiencia de distintas comunidades autónomas sugiere que la colaboración público-privada puede ofrecer soluciones puntuales en contextos de presión asistencial, pero también introduce riesgos estructurales si se convierte en un elemento central del sistema. Entre ellos destacan el aumento del gasto a medio plazo, la pérdida de capacidad operativa del sector público y la creciente dependencia de grandes grupos sanitarios. Estos factores resultan especialmente relevantes en el contexto aragonés, donde la externalización comienza a consolidarse como respuesta a problemas estructurales aún no resueltos.

La Plataforma 'Hospitalito Ya' ha cambiado su nombre por el de 'Residencia Ya' para pedir al Ayuntamiento de Toledo que inste a la Diputación toledana a elaborar un convenio de cesión del edificio del hospital de San Juan de Dios, propiedad de la institución provincial, para que la Junta realice las obras de adecuación oportunas con el fin de que esta infraestructura del Casco Histórico de Toledo se convierta en una residencia para mayores de gestión pública, incluyendo entre sus servicios el de centro de día.

Así reza el manifiesto difundido este jueves por la plataforma, que busca responder al anuncio hecho por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, hace unas semanas “para dar uso al edificio de San Juan de Dios con un modelo de covivienda para mayores, con el anglicismo publicitario de 'cohousing senior'”.

En dicho anuncio, el regidor toledano confirmó que el edificio de San Juan de Dios, ubicado en el Casco Histórico de Toledo, ya no iba a ser un hotel y ahora proyectaba darle uso asistencial, con centro de día y residencia para mayores.

Según la plataforma, lo que ahora propone el alcalde no es el modelo público “amable” de convivencia para mayores donde los residentes pueden tomar decisiones y autogestionar sus prioridades, “sino el modelo de negocio residencial donde una empresa privada busca el máximo rendimiento económico posible teniendo a los mayores como clientes cautivos”.

“No tranquilizan los bandazos del alcalde”

“No es un servicio público, sino un negocio privado donde el ánimo de lucro lo es todo”, afirma la plataforma, que agrega que este “modelo privatizador” de propiedades y de servicios públicos “hace que la empresa que se encargue de la rehabilitación del edificio público por un coste bajo durante decenas y decenas de años, gestione un negocio residencial para mayores en el gran inmueble público de San Juan de Dios, Bien de Interés Cultural”.

El comunicado añade que tanto el alcalde como la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, estuvieron de acuerdo en que este bien público tuviese un uso también público. “Por eso fue sorprendente cómo, poco después, tanto Ayuntamiento como Diputación apoyaron con entusiasmo el proyecto de construcción de un hotel de lujo para turistas en el edificio de San Juan de Dios”.

“Ahora estas instituciones vuelven a mutar y presentan otro proyecto en el edificio donde se combina un negocio hostelero junto con un negocio casi hotelero de alquiler de micro viviendas-estudio con espacios comunes para mayores”, subraya la plataforma, para agregar que desde el punto de vista de las necesidades residenciales y asistenciales del vecindario “no es dato tranquilizador que el alcalde de Toledo siga dando bandazos sobre el uso más adecuado” para este inmueble.

Es por ello por lo que insta a las administraciones competentes a paliar la pérdida de servicios residenciales públicos para mayores en la ciudad y a asumir sus responsabilidades proponiendo espacios que tengan disponibles para garantizar los derechos de los mayores en la ciudad donde residen.

Una residencia pública “es más que necesaria”

“Una residencia pública para mayores es una infraestructura notable para la ciudadanía, porque permite una permanencia económicamente viable del vecindario residente de mayor edad, afianzando un modelo de mantenimiento sostenible de servicios públicos que hace que los barrios sean habitables y habitados”, subraya.

Según 'Residencia Ya', la continua apertura de negocios privados de alojamientos para mayores “demuestra que una residencia pública para mayores es más que necesaria porque los mayores demandan tener como alternativa principal los servicios públicos de residencias y no ser teledirigidos a ser clientes forzosos de costosos negocios de alojamientos privados”.

A preguntas de los medios, desde la plataforma han indicado que este mismo escrito se presentó ya al pleno del Ayuntamiento de Toledo y ha sido aprobado por unanimidad. “No pedimos ni más ni menos que lo que el Ayuntamiento, en pleno y además por unanimidad, acordó en su día cumplir”.

Del mismo modo, sobre futuras acciones a llevar a cabo, han señalado que tienen que reunirse con el fin de “ir diseñando los siguientes pasos”. “Pero que sepan ya las administraciones públicas que no nos vamos a quedar parados porque es una infraestructura muy necesaria y en este barrio más porque está empezando a alcanzar cierta edad”.

La tregua de los eventos privados en el Tierno Galván ha durado poco. Después de que los vecinos celebrasen el pasado mes de diciembre la salida de Naturaleza Encendida del parque, los festivales de música volverán a ocuparlo este verano.

El primero en confirmarlo ha sido La Carbonería del Galván, un nuevo ciclo de conciertos que se celebrará entre el 24 de junio y el 8 de julio. Según ha anunciado la organización, la cita musical nace con el objetivo de convertir el parque en un espacio para habitar la música. Se celebrará en pleno verano en el Parque Enrique Tierno Galván y ya se ha desvelado parte del cartel.

Entre los primeros artistas anunciados para la primera edición de La Carbonería del Galván figuran nombres como Rodrigo Cuevas, Miss Caffeina, Gigantes, Gipsy Kings, Kiko Veneno, Albert Pla o Marwan, aunque a lo largo de las próximas semanas se irán confirmando más nombres. La Carbonería impulsa este nuevo ciclo con la idea de que “cada noche tenga un pulso propio”, apoyado en artistas de trayectoria sólida y directos con personalidad.

El recinto contará además con una propuesta gastronómica pensada para acompañar la experiencia musical, permitiendo que el público pueda “recorrer el espacio, disfrutar del entorno y vivir la noche a su ritmo”, con el objetivo de consolidarse como una de las citas culturales del verano madrileño. Las entradas, que ya se encuentran a la venta, tienen un precio que ronda los 45 euros de media.

El festival nace en un contexto de hostilidad entre los vecinos del barrio de Delicias y el Ayuntamiento de la capital. “Es la primera noticia que tenemos de festivales previstos para este verano”, asegura Manuel Díaz, presidente de la Asociación Delicias para Tod@s, en conversación con Somos Arganzuela. Hasta ahora solo sospechaban que los habría, pero todavía guardaban la esperanza de que este año no volvieran.

La noticia del nuevo festival no ha gustado entre los vecinos, que actualmente tienen un procedimiento judicial abierto con el Consistorio. “Todavía no tenemos sentencia, pero sí es cierto que, aunque no hay una resolución definitiva, el caso del Espacio Delicias y el escrito del Defensor del Pueblo nos son en parte favorables en relación con el recurso sobre el uso del Tierno Galván”, señala el presidente de la asociación vecinal.

Entre otras cosas, el Defensor del Pueblo señala en la carta emitida el pasado mes de septiembre que este tipo de medidas, que afectan a una cantidad importante de vecinos, no se pueden tomar sin informar previamente a los vecinos ni abrir un procedimiento para que puedan opinar y participar en el proceso. “Esa es una de las bases sobre las que se sustenta el recurso que tenemos presentado ante el contencioso”, aclara Manuel. Por esta razón, los vecinos se consideran “moderadamente optimistas”. Aunque todavía no hay una sentencia, esperan “que no tarde demasiado”.

Desde la asociación han presentado un recurso contencioso-administrativo contra el decreto que permite este tipo de eventos, ya que consideran que “la única forma de frenar esto y exigir el cumplimiento de las leyes es en los juzgados”. Para ello cuentan con un equipo jurídico que se ha comprometido en numerosas luchas vecinales y ecologistas, pero no pueden asumir el coste completo, por lo que han creado un crowdfunding con el objetivo de recaudar 7.500 euros. Hasta el momento ya han conseguido más de 6.000.

Desde hace varios años, el Ayuntamiento de Madrid se ha convertido en cómplice de este tipo de eventos privados accediendo a la cesión del espacio público para su celebración, una acción que, según denuncian los vecinos, contraviene la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano. En su artículo 206 se recoge que el parque, por su calificación como bien de dominio y uso público, no puede ser objeto de privatización para este tipo de actos. Sin embargo, el Ayuntamiento se escuda en el artículo 19.1 de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT) para justificar la celebración de estos eventos en el recinto público, una norma pensada para actos especiales y de carácter puntual.

Esta no es la única maniobra municipal que ha puesto en marcha el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida para ampliar este tipo de actividades. En abril de 2025 el Ayuntamiento decidió aumentar el área máxima de ocupación de esta zona verde de Arganzuela dentro del decreto que regula sus condiciones de uso. Con esta modificación se sumaron unos 3.000 metros cuadrados a los límites establecidos en 2024, cuando se reguló por primera vez la explotación comercial de este espacio. El aforo máximo permitido es de 7.488 personas.

En cualquier caso, independientemente de lo que decida el tribunal sobre este decreto, los vecinos aseguran que seguirán defendiendo que, “sea legal o no, es ilegítimo”. “Creemos que ese espacio debe tener el uso que le corresponde, que es el uso para los vecinos”, denuncia el portavoz vecinal.

La asociación ya mantuvo una reunión con el Ayuntamiento sobre este asunto hace aproximadamente un año. En aquel encuentro, explican, desde el Consistorio les trasladaron que ni siquiera tenían por qué haber hecho público el decreto, al tratarse, según dijeron, de un documento de uso interno de los servicios jurídicos. Para Manuel Díaz, sin embargo, hacerlo público fue “simplemente un ejercicio de transparencia”.

Desde el Ayuntamiento también argumentan que este tipo de eventos “vienen de muchos años atrás”. Sin embargo, para los residentes de la zona ese hecho no implica que exista aceptación vecinal: “Que venga de muchos años atrás no significa que sea voluntario ni que los vecinos lo acepten, más bien al contrario”.

El presidente de la asociación adelanta que, como en otras ocasiones, convocarán concentraciones y protestas en las entradas de los espectáculos. “Eso lo tenemos claro”. Los vecinos continuarán movilizándose para intentar expulsar los eventos privados del parque, uno de los pulmones verdes de la ciudad.

Una privatización anunciada

El conflicto por el uso del Parque Enrique Tierno Galván no es nuevo. En los últimos años se han celebrado en este espacio otros eventos como Naturaleza Encendida, el Pompä Open Air o el Alma Festival. En algunos casos, una parte del recinto ha llegado a permanecer cerrada al público durante más de un mes de forma ininterrumpida.

Al mismo tiempo, se han producido situaciones que los vecinos consideran contradictorias. La Policía Municipal llegó a intervenir una clase de zumba que se estaba celebrando en el auditorio del parque alegando el ruido de los altavoces, sin explicar con claridad el motivo de la prohibición.

Durante la celebración de estos festivales, los residentes han denunciado en diferentes ocasiones que generan ruido y molestias en los barrios colindantes. Además, durante el tiempo que duran los montajes y los conciertos, los vecinos no pueden hacer uso de parte del parque, a pesar de tratarse de un espacio público.

Este año, sin embargo, celebraron una pequeña victoria. Naturaleza Encendida, el espectáculo luminoso que se instalaba cada Navidad desde 2023, ha abandonado el parque. La empresa promotora Letsgo explicó entonces a Somos Arganzuela que la decisión no estaba “asociada a ninguna concesión del Ayuntamiento” y que se debía a que la compañía estaba centrada en otros proyectos nacionales e internacionales, insistiendo en que no había “mucho más motivo que ese”, pero los vecinos lo consideran como un logro personal.

La comunidad de vecinos de Puertochico retirará la pancarta que cuelga de la fachada de su edificio contra la decisión de la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), de permitir la apertura de un establecimiento de la cadena McDonald's en el mercado municipal de su barrio, ante la amenaza municipal de multarles por tratarse de un “elemento publicitario no compatible con el planeamiento vigente”.

La Comisión Salvemos el Mercado de Puertochico denuncia haber sufrido la “persecución” del equipo de gobierno del PP, que ha “retorcido” la ordenanza de publicidad “amenazando con multas interminables a los vecinos como chantaje para callarnos en nuestra lucha por defender el servicio público y el patrimonio municipal y común que reviste el Mercado de Puertochico” .

Tras medio año de lucha, esta lona -con el mensaje 'Gema, de Mercado de Barrio a preafter no da Igual'- los vecinos han convocado de urgencia una concentración esta sábado 14 de marzo a las 12.00 horas en el Mercado de Puertochico para retirar la pancarta y para reafirmar “el 'no' al pelotazo y a la privatización de los mercados municipales”.

El día antes, viernes 13, invitarán a la ciudadanía a que acuda a las 18.00 horas para colaborar en una limpieza simbólica de la plaza de la Biblioteca y Centro Cultural Doctor Madrazo, encima del Mercado, donde pretenden colocar la terraza del McDonald's que, según recuerdan, “actualmente es víctima de la desidia del equipo de gobierno, en un estado de lamentable de suciedad y desvencijado, tras años de falta de mantenimiento, limpieza y readecuación”, denuncian.

Los vecinos del número 7 de la calle Andrés del Río de Santander han alegado “contundentemente” en dos ocasiones frente a los que consideran “la arbitrariedad ejecutiva del PP en Santander”. “Además de la persecución y el desgaste que supone tener una posición diferente al gobierno de Gema Igual no podemos sumarle y aguantar sanciones económicas inasumibles”, lamentan los vecinos, que recuerdan que son un grupo de personas que “solo guarda la voluntad de mantener el tejido económico del comercio local y proteger un mercado que es público”.

Los afectados lamentan que valga más el peso de grandes empresas “que pretenden especular y realizar un pelotazo en Santander, que la opinión de los vecinos y el sentido que tenga para los barrios y la ciudad en su conjunto”. Al tiempo, reprochan a las autoridades municipales la falta de transparencia y de diálogo con la ciudadanía “que debería tener voz más aún tratándose de un mercado municipal”.

De hecho, recuerdan que no solo los vecinos del barrio se oponen a este “pelotazo”, sino también la Asociación de Vecinos del Ensanche y más de 15 asociaciones de vecinos (incluida la FECAV) y de comerciantes del casco viejo y todos los grupos políticos en el Ayuntamiento, a excepción del PP.

La Comisión critica que los únicos beneficiados en este caso son Baika (empresa gestora del mercado) “que en unos años podría amasar beneficios millonarios pagando 6.800 euros de canon anual, y McDonald's, que disfrutará de un enclave del que han sido expulsados los comercios locales y típicos del mercado”.

Sin embargo, concluyen los vecinos que “queda por despejar el interés que mueve a Gema Igual a bendecir este pelotazo en pleno Mercado de Puertochico, que supone un abordaje a la Ordenanza de Mercados Municipales, en un proceso que ha expulsado comerciantes y hosteleros de la zona, que no han recibido respuesta a la solicitud de un puesto o se les ha denegado en favor de la multinacional”.

Parece non moi xusto, ou mesmo non moi axustado aos tempos, falar de organización empresarial, das empresas públicas, sociedades estatais como Correos ou tan sequer de melloras na vida dos/as cidadáns grazas ao papel desempeñado polo Estado español. Alongadas as accións ilexitímas do Estado de Israel e as dos EUA, de modo e maneira que pasan polo ceo de media Europa todo tipo de mercadorías de guerra, e nós aquí, observando como nos vai ou nos podería ir en tempos de paz máis ou menos normais. Mais o inmediato non xustifica que perdamos de vista as melloras en servizos públicos que se poderían acometer. Mesmo somos da crenza que esa é a directriz do Goberno español ao se negar de feito a entregar á industria armamentística ianqui o 5% do gasto equivalente a esa porcentaxe do PIB, e seguir coa senda de utilizar unha gran parte dese gasto en melloras sociais directamente destinadas á vida diaria e económica dos cidadáns.

Dúas novas incitáronnos a botar unha ollada a Correos: unha, a desaparición en Dinamarca do servizo postal estatal de reparto de correspondencia a domicilio. Pasounos como con outras accións dos gobernos dos países nórdicos. Será o inicio de accións semellantes a imitar ou é que no afán dun aforro no límite convertéronse en irresponsábeis? En Dinamarca non podes escreber cartas porque non tes servizo de Correos público que as distribúa. Aquí existe nominalmente pero, por mor da absoluta ineficacia na distribución, acabarase convertendo en inútil totalmente pensar que despois de escreber e enviar vai chegar -en tempo normal na vida- ao seu destino. Así, por exemplo, as cartas e efectos postais do mesmo tipo seguen unha curiosa ruta -non ecoloxicamente sostíbel- que fai que as cartas, antes de chegaren ao seu destino, coñezan moito mundo.

Unha carta de Lugo cidade para Lugo cidade (extensíbel a calquera urbe galega) non se clasifica na cidade e simplesmente se entrega. Primeiro colle camiño ao centro de Correos en Lavacolla (Centro de Tratamento Automatizado, CTA) e logo, alí, visto que non foi suficiente viaxe, son enviadas a Valladolid, a un centro semellante pero mellor dotado -ao parecer- para clasificar e, logo, coa viaxe á contra, distribuír nos respectivos destinos. Así se explica que aqueles que precisan comunicar dun día para outro na propria cidade, sabendo que ese servizo pode demorar 4, 5 ou 10 días, se vexan obrigados a utilizar sevizos postais de compañías privadas co consabido sobrecusto que iso significa. É este modelo de clasificación e final reparto un aviso para que se entenda que Correos non vale como servizo postal de sempre? É por seguir o modelo danés que previamente e con planificación empresarial á mantenta se vai avisando de que non vale como servizo para eses mesteres? Ou é unha maneira basta de incitar ao abandono da relación epistolar tanto entre cidadáns como entre empresas e institucións públicas? Non se pode dicer que hai mal servizo e se envían poucas cartas ou será que hai moi poucas cartas a enviar porque o servizo está en desaparición?.

Non obstante, Correos existe. Mesmo podemos dicer que existe cunha realidade nova. Ou novísima. Nas oficinas de Correos das cidades hai de todo. Ía dicer que menos comida, mais non é certo, porque hai caramelos. Podes atopar das máis diversas mercadorías que pensabas que che venderían nunha oficina postal: bonecos, abanos de vivas cores (non sei se imitando o arco da vella ou a enseña lgtbi), botellas para levar auga nas viaxes, contos de coloríns para nenos, rifas da ONCE, tarxetas de crédito, balizas para autos, seguros dunha compañía privada… Ante tal escaparate, a miña primeira pregunta foi saber se nas xanelas de atención ao público ao cargo de funcionarios de Correos era posíbel adquirir tal diversidade de bens e servizos. A resposta é: si.

Agora, a segunda pregunta. Entraba no exame das oposicións este tema de vendedor de mercachifres? A resposta é: non. Sen previo aviso nen modificación algunha na organización do traballo aparareceron mercadorías para ser traficadas ao mesmo tempo e coa mesma dedicación que os efectos postais. Mais aínda hai segunda parte. No caso dos seguros, compañía AXA, os/as carteiras rurais deben dedicarse a oferecer seguros directamente nos domicilios facendo de axentes gratuítos para a compañía, co que esta acción significa: un abuso por parte da aseguradora da lexitimidade e confianza de que gozan as/os carteiras no rural. Ás veces é o único contacto co exterior que chega ás vivendas en núcleos illados ou en hábitats moi dispersos. Iso si, despois da recollida de todos os dados de interese para unha aseguradora que realizan os empregados de Correos, e se dan asinado unha póliza, reciben unha comisión. Este mecanismo de eficacia empresarial fantástica é desfrutado por unha só empresa cuxa chegada ao convenio con Correos é cuestionada por sindicatos (non dos hexemónicos no Estado) e no Congreso dos Deputados polo BNG. O mesmo cuestionamento de funcionamento dáse nos contratos de patinetes (no mercado de Correos) e o das balizas, por falta de transparencia.

Agora ben, dados os pasos noutras seccións de Correos, non se pode aseverar que estexa en desaparación senón que emprendeu un camiño dunha privatización propria desta época. É sabido o auxe e crecemento positivo do comercio en liña. Consecuencia foi o crecemento moi positivo da distribución de paquetaría. Correos comprou no 2001 Cronopost. Logo converteuno en Correos Exprés que funciona no Grupo Correos mais como empresa privada. A súa vez, os servizos dividíronse en dous: os que son urxentes, para o privado, e os de máis de 48 horas (menos rendíbel) para a parte pública. Claro que a parte urxente, rápida e eficaz para os clientes funciona cunhas eivas laborais semellantes ás da precariedade das empresas privadas: horarios impensábeis, salarios cativos e mesmo falsos autónomos (até na posesión dos vehículos de Correos exprés faise como nas empresas privadas de distribución de paquetaría: os vehículos son responsabilidade dos traballadores). Diciamos privatización do século XXI, mais a mesma constante dos inspiradores liberais/ortodoxos na economía pública: o Estado coa parte menos rendíbel, e onde hai negocio, para as empresas privadas. Socializando perdas e privatizando beneficios.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha convocado este miércoles una Junta de Gobierno local “extraordinaria y urgente” para aprobar el nuevo contrato de limpieza de los colegios públicos, paso previo a su licitación, sin haber alcanzado un acuerdo con los sindicatos en plena escalada del conflicto por la privatización del servicio.

En respuesta, los sindicatos han protagonizado un encierro en la casa consistorial. Horas antes de encerrarse junto a otros representantes sindicales, el presidente del comité de empresa en el Ayuntamiento de Sevilla, Jorge Menacho, avisó de que la plantilla municipal iba a mantener el pulso: “Si ellos aceleran la privatización, nosotros intensificamos la lucha”. La tensión se ha dejado notar desde primera hora de la mañana, cuando un grupo de trabajadores de la plantilla municipal intentó acceder al ayuntamiento, provocando un forcejeo con el personal de seguridad, que cerró las puertas para frenar el acceso.

Con la aprobación de este contrato por la vía de urgencia, el alcalde hispalense da un paso más en su apuesta por externalizar la limpieza en los colegios públicos, enterrando la negociación que los sindicatos reclaman desde que se anunció el plan de privatización a mediados de enero. Fuentes municipales niegan que se haya cerrado la vía del diálogo y señalan que fue el comité de empresa el que se levantó de la mesa en la última reunión (el 6 de febrero) y que han rechazado reunirse continuamente.

Desde el Gobierno local insisten en que siempre han mantenido la mano tendida, y que la decisión de aprobar el plan de urgencia es legítima y no implicará el despido de ningún trabajador. Sobre la urgencia de aprobar el pliego este miércoles, explican que responde a los plazos necesarios para que el servicio esté operativo de cara a septiembre.

Destinar dinero público a externalizar un servicio

Mientras los sindicatos avanzaban en su calendario de movilizaciones, con protestas en los diversos actos del alcalde y una acampada en Puerta Jerez, el Gobierno municipal activó por sorpresa la aprobación del plan para externalizar la limpieza de los colegios públicos, aumentando la tensión con la plantilla.

La Junta de Gobierno local, que normalmente se reúne los viernes, se ha celebrado esta vez de forma extraordinaria el miércoles para “aprobar gasto, pliegos de condiciones y anexos del contrato de servicio de limpieza de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, dependientes del Ayuntamiento”, según consta en el orden del día.

Desde la alcaldía se justifica esta decisión con la puesta en marcha del denominado “Plan Colegios Limpios”, que luego saldrá a licitación. El plan contempla “un mínimo de 387 trabajadores durante el periodo lectivo, distribuidos en distintos lotes y turnos de mañana y tarde, además de personal especialista, encargados y directores de contrato”, según detallan desde el Gobierno local.

El foco del conflicto radica en la respuesta que el equipo de Sanz ha dado al déficit de efectivos en los puestos de limpiadores que los sindicatos denuncian desde hace años. En lugar de reforzar la plantilla cubriendo las vacantes con empleados públicos, el alcalde ha optado por externalizar el servicio, destinando a empresas privadas una partida presupuestaria de “25 millones de euros en dos años”, según el comité de empresa.

Los sindicatos se oponen a esta medida porque, según sus cálculos, afectará a más de 300 trabajadores interinos –temporales que cubren vacantes en la plantilla–, mientras que los empleados con plaza fija serán reubicados en otros edificios municipales. Además, advierten que la externalización podría costar 25 millones de euros adicionales a las arcas municipales. “Gastar más para privatizar un servicio que lleva prestándose 40 años desde lo público no es apostar por lo público”, sostienen los sindicatos, que dicen sentirse “engañados” por el alcalde hispalense.

Detalles del “plan colegios limpios”

El Ayuntamiento ha explicado que el servicio municipal de limpieza cuenta actualmente con 474 empleados distribuidos en 250 edificios, de los cuales 108 son centros educativos. Según el Gobierno local, esto supone una media de 1,9 empleados por edificio, “insuficiente” para cubrir las necesidades específicas de los colegios, donde actualmente solo se realiza limpieza en jornada de tarde.

Según el equipo de Sanz, el nuevo plan –que se aplicará del 1 de septiembre al 30 de junio y continuará en periodos no lectivos como verano, Semana Santa y Navidad–, contempla garantizar la limpieza diaria en todos los turnos, incluyendo mañana y tarde, y establece supervisión mediante directores y encargados de cada lote, así como informes de calidad disponibles bajo demanda.

Además, se incorporarán vehículos para transporte e inspección y una aplicación informática de gestión accesible desde móviles, para registrar diariamente los servicios realizados y asegurar que el contrato se ejecute según lo establecido en el pliego.

Nuevas medidas para frenar la privatización

La convocatoria extraordinaria de la Junta de Gobierno local ha provocado la reacción de grupos municipales como el de Podemos. La líder de la formación morada en Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha coincidido con los sindicatos en señalar su rechazo a la aprobación del plan, que conllevará, asegura, una “privatización” que “afectará negativamente” al servicio y a los trabajadores.

“Es una huida hacia adelante de un alcalde que se ha quedado solo en su decisión, porque es negligente y económicamente insostenible”, ha criticado Hornillo. “Tiene a toda la comunidad educativa en contra, en general a toda la sociedad civil, y a la plantilla municipal manifestándose en las calles porque José Luis Sanz se niega a escucharles”, ha recordado la concejala antes de apostillar que la decisión “va a tener consecuencias para el buen funcionamiento de los colegios de Sevilla y, en general, para todos los servicios públicos municipales”. Por eso, Hornillo se ha sumado al comité de empresa pidiendo al alcalde “que rectifique para evitar el caos que se avecina”.

Por su parte, el secretario de CSIF Ayuntamiento Sevilla, Rafael Román, ha señalado sorprendido la “urgencia” de la convocatoria. “Nosotros seguimos en la misma línea de opinión: el alcalde creó el conflicto, el alcalde pidió una propuesta para la parte sindical, el alcalde nunca respondió esa propuesta, simplemente hizo un anuncio de privatización y, aunque dice en prensa que se sentará, hasta el momento esta es la realidad”, ha aseverado.

A pesar de que las medidas de presión desplegadas por el comité de empresa desde enero no han logrado frenar el plan, los sindicatos mantienen su calendario de movilizaciones y anuncian que adoptarán nuevas acciones –incluidas medidas legales– para intentar revertir la externalización, denunciando que la privatización afectará tanto al personal como al servicio educativo.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha calificado de “ilegales” las acampadas en la ciudad a colación de la concentración que desde este lunes están llevando a cabo trabajadores municipales en la Puerta Jerez contra la propuesta del Ayuntamiento de externalizar la limpieza de los colegios de la ciudad.

“En Sevilla usted no puede montar una tienda de campaña donde usted quiera y dormir ahí, por ley”, ha afirmado este jueves el alcalde preguntado por el tema en una comparecencia ante los medios en la presentación de los nuevos vehículos de la Policía Local.

Asimismo, Sanz ha remarcado que “ha tomado una decisión” y ha señalado que la forma de negociar con los sindicatos sería “sentarse en una mesa”. “El equipo de gobierno tiene como único objetivo mejorar la limpieza de los colegios públicos de Sevilla y reorganizar la limpieza del resto de edificios municipales”, ha afirmado el alcalde.

Concentraciones

El comité de empresa de la plantilla municipal mantiene desde este lunes una concentración en Puerta Jerez. En un primer momento, se instalaron tiendas de campaña en el lugar hasta que el Ayuntamiento notificó este martes a los organizadores un requerimiento para que las retiraran “al no tener permiso para su instalación”.

Fuentes de la Subdelegación de Gobierno en Sevilla confirmaron a Europa Press que la autorización “corresponde únicamente a la concentración” y que “el uso de tiendas de campaña es una utilización de dominio público que tendría que dar en su caso el Ayuntamiento al ser suelo municipal”.

Ante esta situación, el presidente del comité de empresa y secretario general de la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento, Jorge Menacho, confirmaba a Europa Press que iban a retirar “provisionalmente” las tiendas de campaña “aunque iban a continuar con las sillas y mesas en el espacio” hasta el 11 de marzo.

“Trabas”

El sindicato denunciaba este martes “trabas” por parte del Consistorio, que este miércoles notificaba a los manifestantes la aplicación de una tasa por utilización privativa o aprovechamiento espacial.

Según el escrito publicado por el sindicato CSIF en sus redes sociales, la Gerencia de Urbanismo del Consistorio ha indicado que la ocupación del espacio “constituye un hecho imponible la utilización privativa o el aprovechamiento especial de terrenos de dominio municipal, aún cuando se lleve a efecto sin la perceptiva autorización”.

UGT ha asegurado que se trata de una “extorsión democrática”, mientras que el PSOE se ha unido a las críticas y ha calificado la situación de “inaceptable”. Fuentes municipales han asegurado a esta agencia que “cualquier elemento que se coloque en la vía pública tiene que tener autorización y pagar la tasa correspondiente”.

Expulsados del pleno

La acampada en Puerta Jerez forma parte de un intenso calendario de movilizaciones anunciado por los sindicatos que incluye concentraciones frente al Teatro de la Maestranza durante los actos institucionales del 28F y del Pregón de la Semana Santa, el próximo 22 de marzo.

Durante el Pleno del Parlamento andaluz de este jueves, un grupo de manifestantes ha sido desalojado del hemiciclo tras desplegar pancartas y realizar cánticos durante una pregunta formulada a la consejera de desarrollo educativo sobre la externalización.

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha reprendido a los diputados del Grupo Mixto-Adelante Andalucía por “aplaudir” a los trabajadores. “Es una auténtica vergüenza. Cuando usted invita a alguien al Parlamento, que es la casa de todos los andaluces, hay que enseñarles cuáles son las normas de cortesía y respeto. Ustedes no lo cumplen”, ha asegurado Aguirre a los diputados José Ignacio García y Begoña Iza.

CSIF ha asegurado en una publicación en redes sociales, que han “querido hacer visible el sufrimiento de la plantilla municipal”. “Sería necesario tener un arbitraje, una intermediación, puesto que a pesar de que el alcalde dice en los medios de que está en disposición de negociación y de que las organizaciones sindicales nos hemos levantado de la mesa, eso no es cierto”, ha afirmado el sindicato.

Los trabajadores municipales del Ayuntamiento de Sevilla han iniciado este lunes una acampada en Puerta Jerez como “medida de presión” ante la decisión del Gobierno local de privatizar el servicio de limpieza de los colegios públicos.

Este acto de protesta se enmarca en el calendario de movilizaciones anunciado por el comité de empresa, y que arrancó el jueves pasado con una movilización unitaria que reunió a miles de empleados públicos en contra de la privatización.

La acampada está prevista inicialmente hasta el 11 de marzo, pero podrá prorrogarse “en función de la evolución del conflicto y de la respuesta del alcalde a las demandas de la plantilla”, según el presidente del comité de empresa y secretario general de CCOO en el Ayuntamiento, Jorge Menacho.

El representante de los trabajadores asegura que “no ha habido nuevos contactos con el Ayuntamiento” tras la manifestación del pasado jueves, en la que se reivindicó la “retirada inmediata” del proceso de externalización y la apertura de un “diálogo real” que garantice “el mantenimiento del carácter público del servicio”.

En caso de no producirse una rectificación, el comité de empresa adelanta que las movilizaciones se incrementarán en frecuencia e intensidad en las próximas semanas, llegando a afectar al normal desarrollo de las fiestas primaverales, en un momento “de especial relevancia” para la ciudad.

Escalada del conflicto

La plantilla municipal insiste en que la privatización del servicio supone un “riesgo directo” para el empleo público y para la calidad de un “servicio esencial vinculado a la salud y a la educación en la ciudad”.

Desde el comité señalan que las acciones realizadas hasta ahora son solo el principio de un calendario de movilizaciones que incluye concentraciones en los plenos del Parlamento de Andalucía y en el exterior del Teatro de la Maestranza, durante el acto institucional del 28F el próximo sábado y el pregón de la Semana Santa.

“La plantilla está decidida a defender el servicio público con todos los instrumentos a su alcance”, han señalado desde el comité de empresa, que insiste en que la responsabilidad de “evitar una escalada del conflicto recae en el Gobierno municipal”.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha reiterado que la nueva propuesta de externalizar el servicio de limpieza “no destruye empleo”. “Mi responsabilidad es intentar resolver un problema y he tomado una decisión para resolverlo”, afirmó Sanz durante el último pleno municipal, en el que se negó a dar marcha atrás.

La dimisión o cese de la dirección de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid pilló por sorpresa hasta a los más iniciados en el mundo de Isabel Díaz Ayuso. Era difícil de sospechar que la caída del consejero Emilio Viciana tuviera un efecto dominó sobre dos directores generales, otros tres diputados y el que parece ser el padrino de todos: Antonio Castillo Algarra, director artístico del Ballet Español de la Comunidad de Madrid. Este 7x1 ha supuesto extirpar a un clan del PP madrileño, un movimiento que puede acarrear más consecuencias, dada su atracción por las artes escénicas.

Este movimiento se ha querido vincular oficialmente con el deterioro de las universidades públicas madrileñas y la mala relación entre los rectores y Emilio Viciana. La realidad es que el deterioro viene de mucho antes de que asumiera el cargo en junio de 2023, de manera que lleva poco más de dos cursos al frente de la consejería. La infrafinanciación de la universidad pública madrileña se arrastra desde hace años y tiene mucho que ver con los modelos que propugna el PP de Madrid desde la época de Esperanza Aguirre, quien quiso establecer el cheque escolar, que hubiera supuesto dar directamente una cuantía por estudiante a las familias y que estas se lo gastaran en el centro que quisiera, público, concertado o privado.

En 2023, cuando Viciana asume el cargo, las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid registraron un déficit (sin operaciones financieras) de 48,1 millones, que en realidad se concentra en dos: la Universidad Complutense y la Rey Juan Carlos, con pérdidas de operaciones no financieras de 64,5 millones y 43,8 millones de euros, según el Informe La universidad española en cifras 2023-2024 elaborado por la CRUE (Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas), página 178. La situación de estas dos universidades colocó a Madrid como la única región con un sistema universitario deficitario, sus gastos no financieros son superiores a los ingresos, según los datos de 2023, que son los últimos disponibles para el conjunto de universidades.

Esta situación no se debe a que los rectores sean unos manirrotos que gastan sin control. El mismo informe pone de relieve cómo se les ha recortado las aportaciones públicas cuando se compara el gasto con la evolución del PIB, lo que se denomina esfuerzo de financiación real (ingresos no financieros/PIB nominal). “Es especialmente relevante el comportamiento de la Comunidad de Madrid que ha mermado en 23,1 puntos porcentuales la participa­ción de su PIB en la financiación ordinaria de sus seis universidades públicas”, dice el informe de la CRUE página 153. En 2008, destinaba a universidades el 0,88% del PIB y en 2023 lo redujo al 0,68%. Es la Comunidad que más lo ha recortado, la siguiente es Cantabria, un 14,8%.

A las mismas conclusiones, como no podría ser de otra manera, llega el Informe 2025 de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD), institución privada centrada en la promoción de la contribución de las universidades españolas al desarrollo económico y social y que realiza uno de los mejores análisis de la educación superior en España. Según dicho informe, la Comunidad de Madrid es la que efectúa el menor esfuerzo presupuestario en universidades, ya que destina por alumno tan sólo el equivalente al 16,3% del PIB por habitante; la siguiente, Cataluña, destina el 23,5%. Medido en euros, Madrid emplea 6.975 euros por alumno y año, que es la cuantía más baja y con diferencia, ya que no hay ninguna que gaste menos de 8.000 euros por estudiante.

No es casualidad, que al ser la que menos dinero destina también lidere el ranking de las tasas más altas, con una media de 2.052 euros por alumno, el doble de la más barata, Galicia. Si se baja la mirada a las universidades concretas, las más caras son cuatro de las grandes de Madrid (Carlos III, Autónoma, Politécnica y Complutense).

Al analizar el gasto, el Informe de CyD concluye que las universidades públicas madrileñas fueron las segundas que menos destinaron a gastos corrientes, que incluyen los gastos de personal, funcionamiento (bienes y servicios), financieros y transferencias corrientes que realizan los propios centros, con un coste medio de 7.278 euros por alumno, que únicamente supera a Castilla-La Mancha, con 7.250 euros.

En resumen, la infrafinanciación del sistema universitario público de Madrid está obligando a ajustar el gasto a los centros, incluso a endeudarse, y a que las familias hagan un mayor esfuerzo, de ahí que sea el que tiene las tasas más elevadas. La consecuencia es el crecimiento de las universidades privadas de manera exponencial en número de centros y alumnos. En el curso 2024-25 las universidades españolas tenían un total de 1,4 millones de estudiantes, de los que el 23% acudían a centros privados, nueve puntos más que diez años antes. Este crecimiento está muy ligado a la expansión de estos centros en Madrid, donde las universidades privadas ya suman uno de cada tres estudiantes (34% del total de 264.738), con un crecimiento de trece puntos entre 2015 y 2024.

La expansión de la enseñanza y la sanidad privadas son dos caras de la misma moneda. Habrá quien piense que cuántos más madrileños acudan a los centros privados más hueco dejan en lo público y menos cuestan a los presupuestos públicos, que acaparan el 65% (18.000 millones) del gasto total (30.664 millones) de la Comunidad de Madrid para este año. El problema de este modelo es que la infrafinanciación de la educación y sanidad públicas, con centros que literalmente se caen por falta de inversión, conduce al deterioro de la calidad del servicio de manera inapelable.

Este modelo implica en la práctica poner más dificultades a las clases más desfavorecidas. La educación está considerada el mejor ascensor social; donde el mérito y el esfuerzo son la vara de medir. El problema es que el edificio del sistema educativo cuenta con dos ascensores que discriminan por renta. El primero, el de la educación privada, es más espacioso, entran menos, va mucho más rápido y lleva hasta la azotea, donde hay mejores puestos y más remunerados. Es un ardid pensar que este esquema se monta de la noche a la mañana por Los Pocholos y su mentor.

Por segunda vez consecutiva, el Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado este jueves un pleno sin público después de que su presidente, Manuel Alés (PP), ordenara su desalojo al producirse una cuarta interrupción por parte de trabajadores municipales protestando por su situación laboral. El momento que resume lo ocurrido lo ha protagonizado una mujer que se ha negado a marcharse, se ha tumbado en el suelo y ha sido sacada en volandas por la Policía Local.

Esta mujer es Ángeles Casares, delegada sindical de CGT, y pese a lo que parecía inicialmente no estaba allí para protestar por la privatización de la limpieza de los colegios (que capitalizó las protestas de la mañana, con manifestación incluida) sino por la situación del sector de ayuda a domicilio. El colectivo lleva varios años en lucha con el Ayuntamiento, en 2024 llevó a cabo una acampada de 36 días frente a la casa consistorial y, básicamente, reclama la municipalización del servicio para mejorar las condiciones tanto de los usuarios como de los propios empleados.

En la mañana de este jueves, Casares accedió tarde al salón de plenos, primero porque se abarrotó (acudió mucho público por asistir a la aprobación de nuevos nombres en calles de la ciudad) y segundo porque el sistema de acreditación y acceso es premioso. Nada más entrar, y antes de ocupar un asiento, se mantuvo unos instantes en pie para quitarse el abrigo y ponerse la bata de trabajo en la que lucía en la espalda su mensaje: SAD SOS, donde SAD es el acrónimo de servicio de ayuda a domicilio. El presidente del pleno, por cierto, le conminó a sentarse.

El PP endurece su postura

Cuando lo hizo, se encontró con algo que no esperaba. El gobierno de José Luis Sanz (PP) ha decidido endurecer su postura en cuanto a las protestas en el pleno, ya que considera que afectan al normal funcionamiento de las sesiones. Por eso, el miércoles emitió una circular de la que dio cuenta en la junta de portavoces: el presidente, Manuel Alés, se reserva a su criterio el “desalojo íntegro” de todo el público si lo estima oportuno. Cuando Ángeles Casares entró, ya se habían producido tres desalojos de trabajadores clamando contra el gobierno local, y nada más sentarse se produjo un cuarto incidente, por lo que se decretó la expulsión de todos los presentes.

“No me dio tiempo ni a protestar para lo que iba”, señala Casares, que no llevaba ni pancarta porque la portaban compañeras que estaban todavía acreditándose para entrar en el Salón Colón. “Cuando me dijeron que me tenía que ir les respondí que era injusto y me tiré al suelo boca abajo y con los brazos en cruz, para que se viese lo de SAD SOS”, lo que llevó a los agentes a preguntarle si es que había sufrido un desvanecimiento.

“La Policía fue muy respetuosa en todo momento y, cuando les dije que no era un desmayo, me invitaron a levantarme”, a lo que respondió que no porque lo consideraba una injusticia y porque “cada vez se permite menos la protesta en el Ayuntamiento”. Los agentes le advirtieron de que si no se levantaba estaban obligados a transportarla, lo que acabó ocurriendo.

Municipalizar el servicio

Eso sí, cuando la sacaron del salón de plenos (del que se cerró la puerta para que no accediera más el público), volvió a tumbarse en el suelo. Los policías le pidieron de nuevo que depusiera su actitud, porque de lo contrario la tendrían que multar. Ahí ya se levantó, porque dice que la cosa no está para bromas: “Nuestro salario base es de 1.143 euros, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional del año pasado”, algo que a corto plazo no tiene visos de que vaya a cambiar porque el convenio está caducado y se augura una negociación larga.

Casares pertenece a la empresa Zaintzen y reclama que el servicio de ayuda a domicilio vuelva a ser municipal, lo que choca con la realidad de un Ayuntamiento que “contrata con multinacionales” pese a las constantes protestas por las condiciones laborales. De paso, denuncia que el actual alcalde “nos ha engañado”, ya que acabaron con su acampada por la promesa de un estudio de viabilidad de su demanda del que siguen sin tener noticias.

En cuanto a los desalojos, el pleno que aprobó el presupuesto local el pasado 29 de enero fue en el que por primera vez se expulsó a todo el público, ante la sucesión de protestas por la privatización del servicio de limpieza de los colegios. La circular aprobada por el presidente señala que tanta interrupción “hace imposible” que los concejales afectados “puedan articular un discurso y vulneran su derecho a expresar libremente su posición”.

Potestad de “desalojo íntegro”

“Como ha podido comprobarse, la garantía del normal desarrollo de las sesiones plenarias no llega a producirse con la reiteración de las interrupciones motivadas por las intervenciones del público seguidas del correspondiente desalojo”, sostiene el documento. Por ello, ha decidido que esta situación dará lugar al “desalojo íntegro” del público, para lo que Manuel Alés apela al artículo 33,1 e) del Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento del Pleno, que atribuye al presidente “velar por el normal desarrollo de las sesiones plenarias, adoptando cuantas medidas sean procedentes para la consecución de este objetivo”.

El reglamento ya establece que el público asistente no podrá intervenir, hacer manifestaciones o actuaciones, exhibir pancartas, escritos o análogos que alteren el orden de la sesión, pudiendo la Presidencia proceder a expulsarlos. Esto ha sido lo normal hasta la fecha: se advertía y, si continuaba la protesta, se desalojaba al protagonista. Ahora se reserva la opción de proceder igual con todos los presentes, estén quejándose de algo o no.

Ángeles Casares lamenta que, cuando se tiró al suelo, estaba en el uso de la palabra el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa (PP), que ironizó con la situación: “Espero que la señora se recupera, creo que es la segunda o la tercera vez que se desmaya en el pleno”, en referencia a un desvanecimiento que sufrió de verdad hace un tiempo. Y es que su colectivo acude a todos los plenos a denunciar su situación, y Casares asegura que piensan seguir haciéndolo. “Si ahora salen con éstas, tendremos que echarle imaginación y hacer otras cosas, pero vamos a seguir protestando”.

Arrecia la tormenta en torno a la sanidad. En Twitter hace meses que hay fuerte marejada y cada poco se vuelven a reabrir los debates sobre si debería ser pública o privada. Lo que hasta hace muy poco parecía un consenso universal del Estado del Bienestar hoy está en cuestión, se tambalea. 

Viéndolas venir, ayer la ministra de Sanidad, Mónica García, reveló que llevará al parlamento una ley para impedir el modelo de privatización de los hospitales de la Comunidad de Madrid. Ayuso, que nunca pierde comba, no tardó en convertir el tema en arma arrojadiza y anunció que llevará el asunto a los tribunales. La bronca está servida. 

Pero más allá de la enésima batallita –que solo durará hasta que llegue la siguiente– este de la sanidad no es un debate cualquiera. Al contrario, bajo una aparente disputa política se esconde la cuestión económica más importante del siglo (una que no es la productividad): ¿cómo financiamos las cosas que no se pueden comprar y vender en los mercados?. 

Para desentrañarlo tenemos que empezar por explicar que cuando hablamos de “sanidad” estamos mezclando –al menos– tres bienes económicos distintos: 

El primero es la salud pública, que es el bienestar colectivo del que cualquier persona disfruta cuando el conjunto de la población está sana. La salud pública minimiza los riesgos sanitarios y es un bien económico de primer orden. Sin ella, nos contagiaríamos de cualquier cosa, los sistemas asistenciales no darían abasto, no podría haber actividad productiva, ni mercados funcionales, ni siquiera vida social organizada. 

Por esa razón una de las funciones más básicas de los estados es desplegar una batería inmensa de medidas que van desde la vacunación al control de plagas, del saneamiento al mantenimiento de la calidad del agua y del control de fronteras a la educación sanitaria o la vigilancia epidemiológica para reducir al mínimo posible las enfermedades que circulan entre la población.

¿Por qué los estados, y no los mercados? 

Porque la salud pública es lo que en economía se denomina un “bien público”, esto es, un recurso que está a disposición de cualquiera desde el momento en que está disponible para una persona. Si un agente (sea el que sea) erradica la viruela en un territorio, lo está haciendo igual para una persona que para toda la población.

El resultado es un bien que representa un problema insalvable para los mercados porque es imposible cobrar por él: erradicar la viruela es demasiado caro para que un individuo lo pague por su cuenta, pero una vez erradicada, todos se benefician por igual sin que nadie pueda cobrarles individualmente por ello. En economía se dice que son bienes cuyo consumo “no es rival” y que no son “excluibles”.

Adam Smith, que era muy consciente de este problema, fue el primero en plantear que “[el deber] de la comunidad es el de erigir y mantener aquellas instituciones públicas y aquellas obras públicas que, aunque pueden ser del más alto grado ventajosas para una gran sociedad, son, sin embargo, de tal naturaleza que el beneficio nunca podría compensar el gasto a ningún individuo o a un pequeño número de individuos, y por lo tanto, no se puede esperar que ningún individuo las erija o mantenga.”

O, en otras palabras, que el rol principal de los Estados es proveer aquellos bienes que el mercado no puede proveer. Por eso no hay ningún país del mundo, ni lo ha habido en la historia, donde la salud pública se provea desde el ámbito privado.

El segundo de los bienes que conforman eso que llamamos genéricamente “sanidad” es un seguro colectivo. Es la garantía de que, si caemos enfermos, podremos acudir a un hospital y recibir el mejor tratamiento disponible, tengamos o no dinero para pagarlo, sepamos o no dónde acudir y con independencia de lo que nos haya ocurrido.

Para que esta garantía sea real, hace falta mantener permanentemente una red de hospitales, servicios de urgencias y centros de salud que funcionen todos los días del año, tanto si hay pacientes en ese momento, como si no. O lo que es lo mismo: es necesario mantener un sistema que está disponible para todo el mundo desde el momento en el que existe para una persona: otro bien público que los mercados no pueden proveer.

Aunque pueda resultar confuso hay que entender que este bien económico —al que llamaremos “seguro sanitario”— no es lo mismo que el servicio médico que nos atiende cuando efectivamente enfermamos y vamos al hospital. Son dos cosas distintas.

Igual que cuando contratamos un seguro del hogar entendemos que una cosa es pagar la póliza que te cubre todo el año (aunque no te pase nada) y otra muy distinta es el servicio del técnico que viene cuando realmente se te rompe el fregadero, el seguro sanitario es la garantía; el pediatra, igual que el fontanero, es el servicio concreto.

Este último escalón —el de los “servicios médicos”— es el tercero de los bienes económicos de los que hablamos cuando hablamos de sanidad. Y es el único de los tres que sí podría funcionar como una prestación de servicios privados, como un bien excluible y cuyo consumo es rival; que se presta a una persona concreta, en un momento puntual y podría cobrarse directamente a quien lo recibe.

La prueba fehaciente es que existen de hecho multitud de servicios médicos que operan al margen de los seguros sanitarios e incluso sectores enteros (como la salud dental) donde el Estado casi no existe.

Es decir, mientras que la salud pública beneficia a todos por igual (nadie puede ser “excluido” de respirar aire limpio) y los seguros sanitarios necesitan estar disponibles para todos constantemente, el servicio médico individual —la consulta, la operación, el tratamiento— sí es excluible: puedo dártelo a ti y no a otro, y puedo cobrártelo directamente cuando lo usas.

De manera que cuando hablamos de sanidad, estamos colocando tres bienes sobre la mesa: dos que no se pueden prestar desde el ámbito privado y otro que sí.

¿Cómo que no? ¿No existen acaso los seguros privados del hogar? ¿No existen seguros privados de salud?

Existen, sí. Pero se sostienen sobre una trampa: solo cubren el último eslabón de la cadena hecha de una serie de bienes públicos.

Tomemos el caso del hogar. Un seguro privado te indemniza si tu casa arde o si una tubería revienta. Pero solo puede hacerlo porque antes existe todo un entramado colectivo (de bienes públicos) que reduce drásticamente la probabilidad de que eso ocurra. Ese sistema se compone de facultades de arquitectura que forman profesionales y los colegios que los supervisan, normativas que dictan qué materiales pueden utilizarse en la edificación y cuáles no, sistemas de responsabilidad civil para las constructoras, Inspecciones técnicas, cuerpos de bomberos, de policía y juzgados.

Y también existe una suerte de “salud pública” de los edificios. Para proteger tu vivienda hace falta que sean seguras todas las del barrio. Porque si el edificio contiguo se derrumba o arde, tu póliza individual no basta para aislarte del daño.

Sin esa infraestructura preventiva, sin esa red colectiva que distribuye riesgos y responsabilidades antes de que el desastre suceda, ningún seguro privado podría comprometerse a pagarte nada. 

De la misma manera, la iniciativa privada no puede hacerse cargo de prestar un seguro sanitario universal, como pretende el modelo de la Comunidad de Madrid. Porque su mecánica interna dicta que necesita vender y sacar un beneficio de cada paciente. Y esa lógica es incompatible con la prestación de un bien público. Por eso suele ocurrir que cuando una administración obliga a una empresa privada a proveer un bien público, lo que está haciendo es poner a la empresa de turno entre la espada de la prestación del servicio y la pared de los beneficios que esperan sus inversores.

Esto, y no otra cosa, es lo que hemos visto en el caso del Hospital de Torrejón y lo que observamos en muchas otras concesiones: los intereses privados, que son incapaces de proveer un bien público, dan un mal servicio a los ciudadanos.

De manera que, más allá de la disputa ideológica, lo que propone el Ministerio de Sanidad es de absoluto sentido común económico: el Estado debe dedicarse a proveer los bienes públicos porque está mucho más capacitado para ello que el mercado; porque precisamente para eso existen los Estados. 

Con todo, sería también de sentido común no oponerse ideológicamente a cualquier participación de la iniciativa privada. Como hemos visto, en la prestación de servicios médicos (el tercero de los bienes que hemos desglosado) las empresas tienen mucho que aportar. De hecho, cada vez es más habitual que los hospitales privados funcionen como plataformas donde distintos médicos pueden tener su consulta privada. Para dar el mejor servicio público se puede y se debe hacer mucho con las empresas y con los profesionales de la medicina. 

La tarea central de los Estados modernos no debería ser cerrarse en banda en una batalla entre lo privado y lo público, sino aprender a gestionar mejor, a medir mejor, a financiar mejor y a innovar en la provisión de bienes públicos con la misma ambición con la que en el siglo XX se innovó en la producción industrial.

Porque si algo define al siglo XXI no es la expansión del mercado, sino la expansión de lo común. A medida que nos adentramos en la sociedad del conocimiento, cada vez más aspectos de nuestra vida dependen de bienes que no pueden fragmentarse en decisiones individuales ni resolverse con pólizas privadas: la información, la calidad del aire, la ciberseguridad, las infraestructuras digitales, la investigación científica, la prevención de pandemias o la autonomía energética son bienes que solo existen si existen para todos. 

Y la pregunta que debería ordenar la política y la economía ya no será cuánto Estado o cuánto mercado, sino algo más exigente y más práctico: ¿cómo diseñamos, financiamos y mejoramos los bienes públicos de los que depende nuestra vida colectiva?

Primero fue la universidad y tenía sentido que le siguiera la FP. El Gobierno quiere poner coto al desmadre de centros privados en la Formación Profesional y presentará un real decreto en dos meses con medidas para garantizar que la oferta privada cumplen con una calidad mínima, según anunció Pedro Sánchez el pasado miércoles.

Lo que no dijo el presidente es cómo pretende hacerlo. Cuando el Ministerio de Universidades endureció los requisitos necesarios para que una universidad tenga la consideración de universidad (y no sea una academia venida a más o, en palabras de Sánchez, un “chiringuito”) lo tuvo más fácil: lo que hizo fue establecer que una agencia independiente tendrá que realizar un informe obligatorio y vinculante sobre si el proyecto cumple o no lo que se le exige y además tiene los medios para hacerlo. Pero aquello se hizo sobre un proceso ya creado, por el que cada nueva universidad pasaba por el ministerio antes de su aprobación: simplemente se incluyó otro escalón.

Con los centros de FP es más complicado porque, aparte de alguna normativa básica sobre instalaciones y profesorado, no hay mucha normativa para abrir centros nuevos y todo depende básicamente de las comunidades autónomas. El Ministerio de Educación no quiso (o supo) informar de cómo se va a asegurar esa calidad que pregona el Gobierno, habrá que esperar al texto.

Falta parece que hace. La FP se ha privatizado de manera evidente en los últimos años. Es un mundo paralelo a la universidad: en la última década la popularidad de esta etapa se ha disparado, en buena parte apoyada en la gran empleabilidad de muchos de sus ciclos, pero este aumento de la demanda no se ha visto acompañada de una subida equiparable de la oferta pública, sobre todo en comunidades como Madrid o Catalunya, lo cual ha traído inevitablemente una eclosión de lo privado: en la última década larga el estudiantado en centros privados se ha casi duplicado, algunos porque lo prefieren, otras contra su voluntad porque no les ha quedado más remedio y ahora tienen que trabajar para poder pagárselo.

Como en la universidad, los fondos de inversión han visto el negocio y se han tirado al sector, con el ínclito KKR (el de los festivales de música) a la cabeza de todos ellos. La FP privada crece a un 10% anual y en 2023 facturó 1.535 millones de euros.

La Asociación de Centros de Formación Profesional FP Empresas, la más importante del país, valora que la idea es positiva y que lo importante es “que haya plazas suficientes para todos en centros sostenidos con fondos públicos”. La diferencia entre una red y otra es la que va desde la gratuidad (excepto en Madrid y Catalunya) hasta los 9.000 euros que puede costar un año en determinados ciclos biosanitarios de alta demanda.

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“Vamos a poner límites a la apertura de centros privados [de Formación Profesional] que no ofrezcan garantías”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles que, como hizo el pasado mes de octubre con la universidad, el Gobierno quiere atacar ahora la creciente privatización de la FP en España, más concretamente en algunas comunidades autónomas, y más concretamente, aunque no solo, en la de Madrid, pionera en las últimas décadas en abrir las puertas a la iniciativa privada para cubrir lo que su sistema público no ofrece.

Ni el presidente ni el Ministerio de Educación han adelantado qué medidas pretenden introducir en el real decreto que presentará en unos dos meses el departamento que ahora dirige Milagros Tolón. Si la referencia previa de la universidad sirve de algo, la línea elegida en los campus fue imponer un informe vinculante por parte de una entidad independiente y obligar a los centros a ofrecer un abanico amplio y variado de títulos para evitar especializaciones en áreas determinadas de mucha demanda (algo que se da mucho en la FP y que al sector no le parece mal), entre otras medidas más propias de la universidad no trasladables a la FP.

Porque, actualmente, para abrir un centro privado a nivel estatal apenas hay requisitos. Con presentar un proyecto que cumpla la normativa mínima en cuanto a espacio e instalaciones, equipamiento y el profesorado previsto es suficiente, según informa el Ministerio de Educación. El resto depende de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias y deciden, por acción u omisión, qué sector de FP tienen, si abren centros públicos o lo dejan a la iniciativa social. Solo en cinco de las 17 comunidades autónomas (Euskadi, La Rioja, Galicia, Navarra y Cantabria) ha crecido más el sector público que el privado en la última década.

En Madrid y Catalunya los gobiernos han optado, menos la segunda, por abrir la puerta a la privatización e incluso por cobrar en los centros públicos. Son las únicas dos autonomías que lo hacen.

Un sector en expansión

Como sucede en la educación superior universitaria, el sector privado se ha expandido en los últimos años en la FP media (equivalente al Bachillerato) y, sobre todo, la superior (mismo nivel que la universidad), ante la creciente demanda y la falta de respuesta del sector público. En los 12 años que van del curso 2012-13 al 23-24, el estudiantado de esta etapa ha pasado de un total de 639.887 a 1.188.901, una subida del 85%. Pero el crecimiento de las dos redes ha sido desigual: en 2012 los centros privados acogían a un 22% del alumnado; este curso superan el 33%. Dicho de otro modo, en términos absolutos lo privado se ha más que duplicado hasta alcanzar los 400.000 estudiantes mientras lo público ha crecido un 26%.

Además, como sucede en la universidad, una de las principales preocupaciones del Gobierno es la enseñanza online, también disparada. En el curso 2012-13, primero en el que hay estadísticas desglosadas, 45.000 estudiantes cursaban un ciclo formativo a distancia, medio o superior, con una presencia anecdótica de lo privado (3.000 estudiantes). Hoy aquellos 45.000 se han convertido en 213.921, y los 3.000 de lo privado han pasado a ser 118.755 (más de la mitad) en poco más de una década. Pocos sectores crecen a ese ritmo y el negocio marcha: desde 2020, la FP privada crece a un 10% anual hasta alcanzar unos ingresos de 1.535 millones de euros en 2023, según datos del Observatorio sectorial DBK. La FP está cerca de morir de éxito.

Con estos datos en la mano y como sucede en la universidad –son mundos paralelos en los últimos años– el sector ha visto un desembarco reciente de empresas múltiples y fondos de inversión, conscientes de que tienen una clientela cautiva, sin alternativas.

A la cabeza de todos ellos destaca el estadounidense KKR, que compra a compra se ha forjado un imperio educativo en el país con el que facturó 174,5 millones de euros en 2022. El fondo aterrizó en el sector con la compra de Master D, un gigante de la formación de todo tipo (oposiciones, cursos, FP, etc.) que ha más que duplicado su facturación entre 2018 y 2023 hasta los 105 millones el pasado año, con 25 de beneficio. En los seis ejercicios que van de 2018 a 2023, ambos incluidos, esta empresa ha ingresado 452 millones de euros y ganado 87,90.

También están el fondo suizo Crescendo, que adquirió CCC, o el gigante E-magister, que pertenece a Educaedu Group, que, varias empresas mediante, pertenece a Miura Fund III. Otros ejemplos son Investindustrial, que anunció la compra de CEAC, o Linkia Talentia, una empresa de formación online propiedad de Q Impact. El mercado es amplio y diverso.

Trabajar para entrar en un ciclo sanitario

Además, esta iniciativa privada está dirigida a los ciclos de éxito, como señalaba un informe reciente de CCOO sobre la Formación Profesional. Sanidad e Informática, las dos familias con más demanda por parte del estudiantado, están copadas por lo privado, relataba el sindicato. En los estudios sanitarios de la Formación Profesional de Grado Superior, seis de cada diez nuevos alumnos se matriculan en un centro privado, según la estadística de Educación. Si se baja un poco más, en el ciclo de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, uno de los más populares, ocho de cada diez de los 8.036 estudiantes de 1º tuvieron que buscar en lo privado lo que lo público no ofrece.

Esta estadística se concreta en carne y hueso en casos como el de Natalia, de 20 años, que quería hacer este ciclo superior en Diagnóstico de Imagen y Medicina Nuclear. Pero en la Comunidad de Madrid, donde reside, este ciclo se ofrece en tres centros públicos y cuatro concertados frente a 31 privados puros. En la ciudad de Madrid solo hay dos no privados. Natalia se quedó fuera y tuvo que acudir al mercado, donde encontró un centro que le va a costar 6.500 euros que no tiene por dos años. Le ha tocado ponerse a trabajar de camarera para sufragarse los estudios.

“Nos preocupa que haya plazas para todos”

Justo lo que desde Asociación de Centros de Formación Profesional FP Empresas creen que no debería pasar. “Si hay un hilo conductor en la información que ha difundido La Moncloa [en relación a los límites a los centros privados] es que tiene que haber un refuerzo de lo público”, pondera Luis García, director del centro público de Madrid Puerta Bonita y presidente de la asociación. “Y en ese aspecto lo que nos preocupa es que haya suficientes plazas de centros sostenidos con fondos públicos para todos los que lo piden. Que no se tengan que ir a una formación pagada porque no haya plazas públicas. También venimos pidiendo desde hace muchos años que este tipo de enseñanzas sean completamente gratuitas”, explica.

García no valora las intenciones del Gobierno porque realmente no hay mucho que valorar más allá de un anuncio, pero pone el foco en que, se apruebe lo que se apruebe, tenga detrás una inspección educativa que se encargue de velar por que se cumpla lo aprobado. “No nos parece mal que los controles de entrada de nuevos centros de FP sean rigurosos, antes, después y durante. Si se ha detectado que hay centros que dejan que desear, que se hagan los controles. Pero nos preocupa más que haya después músculo suficiente para llevar a cabo las inspecciones correspondientes para todos, públicos, privados y concertados. Nos da la sensación de que las inspecciones de las comunidades autónomas y la alta inspección del Estado no tienen efectivos para llevar a cabo una vigilancia efectiva de que las cosas se están haciendo”, sostiene García, que apunta que los cuerpos de inspección se mantienen básicamente igual desde hace años pese al aumento de centros y alumnado de FP en la última década.

Otro problema que se ha generado en los últimos años con la eclosión de la FP es la escasez de plazas para hacer prácticas. La Formación Profesional exige ahora más horas de prácticas en empresas todos los ciclos para obtener el título y, en algunas familias como la sanitaria, estas son limitadas. En los últimos cursos se ha dado el caso, según han denunciado sindicatos y estudiantes, de que no había para todos. Sindicatos, alumnos y la asociación de directivos de centros de secundaria públicos denunciaban que los centros privados estaban reservando las plazas en centros públicos gestionados por empresas a base de pagarlas a 500 euros por estudiante (que se compensa vía matrículas), una medida que los públicos, sin recursos, no pueden igualar.