La alcaldesa de València, María José Catalá, y la delegada del Gobierno y candidata socialista a la alcaldía, Pilar Bernabé, se han visto las caras este miércoles y no en un acto cualquiera. Ambas han acudido como consejeras a la reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) que preside Mar Chao.

Esta es la primera vez que Catalá y Chao coinciden desde que el pasado 14 de abril se conoció que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación por el presunto amaño de procesos selectivos tanto en la APV como en dos fundaciones del Ayuntamiento para recolocar a personal del Consorcio Valencia 2007, entidad pública que gestionaba la Marina de Valencia y que fue liquidada.

La investigación se ha abierto tras una denuncia de Compromís en la que se achaca los delitos de prevaricación y tráfico de influencias a la alcaldesa, a la presidenta del Puerto, y a las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet como responsables de la Fundación Deportiva Municipal (FDM) y de Visit Valencia, respectivamente. Posteriormente, tanto Compromís como el PSPV ampliaron la denuncia al concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, tras los audios destapados por elDiario.es en los que se aprecia cómo informa a los exempleados de diversas plazas a las que podrían presentarse.

Precisamente, Olano ha sido uno de los grandes ausentes de la reunión del consejo, según han confirmado diversas fuentes consultadas por este diario. Como informó este diario, a pesar de no ser consejero, solía asistir hasta ahora en calidad de “invitado” junto a la alcaldesa.

Sobre la investigación de la Fiscalía, la presidenta de la APV, Mar Chao, ha descartado dimitir de su cargo y ha afirmado que toda la documentación que ha sido requerida a la Autoridad Portuaria ha sido facilitada al procedimiento, sobre el que ha expresado su máxima colaboración y respeto a las decisiones judiciales. En concreto, se investiga si las dos plazas de alta dirección adjudicadas a dos exempleados del Consorcio estuvieron amañadas, como apunta el Informe de la Intervención General del Estado publicado por esta redacción.

Choque entre Catalá y Bernabé

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha pedido a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, información sobre el contenido de las reuniones de la comisión interadministrativa del Puerto y del Ayuntamiento de València sobre el Consorcio Valencia 2007, con el fin de saber si se trató sobre contrataciones.

Bernabé ha anunciado de esta petición tras la sesión del consejo de administración de la APV celebrada este miércoles, que preside Chao, a la que ha reclamado formalmente que le dé constancia de “qué se ha hablado en esas reuniones, si solamente se ha hablado de los edificios y las instalaciones o también de otras cuestiones que tenían que ver con contrataciones”.

La delegada del Gobierno ha señalado que quienes tienen que dar explicaciones son los investigados, y a la pregunta de si Mar Chao debería dimitir, ha afirmado que quien tiene que dar las explicaciones sobre eso es “quien la ha nombrado, es decir, el presidente de la Generalitat Valenciana, ahora Juan Francisco Pérez Llorca.

Bernabé ha recordado que el Gobierno de España condonó una deuda de 400 millones de euros al Consorcio Valencia 2007 y “dejó atrás una etapa de falta de transparencia, de una muy mala gestión que se produjo en esta ciudad, con grandes proyectos que lo único que trajeron fue que este espacio en el que hoy estamos fuera un solar”.

Cuando esa deuda ya no existe, “casualmente otra vez volvemos a tener esa opacidad y esa tela de sospecha que hay en este momento”, ha denunciado Bernabé, que ha pedido “muchas explicaciones” a los responsables políticos que nombraron a la presidenta del Puerto y a la alcaldesa.

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, quien ha llegado con un retraso considerable a la reunión y sin el edil Olano, ha asegurado que están “muy tranquilos” por la gestión realizada por el Ayuntamiento en la liquidación del Consorcio Valencia 2007, y ha rechazado que determinadas circunstancias detectadas por la Intervención en unas plazas corresponden a plazas de promoción interna y no con las investigadas por Anticorrupción.

Catalá ha afirmado, tras el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia al ser preguntada por las investigaciones de la Fiscalía, que ya ha dado “las explicaciones oportunas” y están en disposición de colaboración con la Fiscalía. “Estamos desde luego muy tranquilos por la gestión realizada por el Ayuntamiento de València”, ha manifestado la alcaldesa.

Sobre el informe de la Intervención ha apuntado que lo investigado por la Fiscalía es una plaza de auxiliar administrativo en la Fundación Visit Valencia mientras el informe de la Intervención lo que detecta son “determinadas circunstancias respecto de unas plazas de promoción interna que en ningún caso se corresponden con las plazas o con la plaza finalmente que tiene una persona que viene del Consorcio”.

Respecto a lo informado por la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, de que ha pedido a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia información sobre el contenido de las reuniones de la comisión interadministrativa del Puerto y del Ayuntamiento de València sobre el Consorcio Valencia 2007, con el fin de saber si se trató sobre contrataciones, la alcaldesa ha indicado que en la reunión del consejo del Puerto “no ha hecho ninguna solicitud ni ha hecho ninguna intervención al respecto”. Bernabé ha insistido en que ha realizado la petición a la presidenta y ha recordado que Catalá ha llegado en la recta final del consejo.

El jutge que instrueix la causa contra la presumpta trama de narcotràfic a gran escala en el port de València insisteix que va haver-hi “corrupció” en l’accés a l’ús de l’estiba. L’instructor, en una interlocutòria del 17 d’abril passat a què ha tingut accés elDiario.es, recorda que en les comunicacions interceptades a la presumpta xarxa “s’observa com els investigats, per formar part del sindicat majoritari del port i utilitzar aquest càrrec per a introduir en l’estiba amb pagament previ membres de l’organització, es vanen d’utilitzar aquests guanys per a comprar roba de marques cares i fins i tot l’adquisició de vehicles”. 

En una de les escoltes policials, els investigats, després d’intentar que accedira a una de les cobejades ocupacions el nebot del presumpte narco Onofre G. R., “busquen obtindre beneficis que permeten l’adquisició d’un vehicle marca Lamborghini”, recorda el magistrat. A més, la resolució indica que continuen les perquisicions “referents als delictes detectats en relació amb la corrupció en el si del port de València”.

La interlocutòria al·ludeix a la pretesa “implicació” d’Óscar M., expresident del comité d’empresa de l’estiba, en diversos presumptes delictes en l’àmbit del port de València, “pel fet de ser peça imprescindible per a facilitar l’accés a l’ocupació portuària a diferents individus d’interés” per a Iván T. R. (un dels principals investigats en el procediment), “a través de la seua posició privilegiada com a membre del sindicat Coordinadora”.

La defensa d’Óscar M. va recórrer contra la interlocutòria que va acordar, provisionalment, l’ús policial de dos vehicles propietat seua intervinguts en el marc de l’operació Spider, un Range Rover i una motocicleta BMW. L’exlíder del sindicat Coordinadora, afirma el jutge, “adquireix, transforma i utilitza” els guanys “obtinguts pels delictes investigats”.

L’instructor, que ha desestimat el recurs en sintonia amb la postura del fiscal antidroga, argüeix els “nombrosos indicis” de la participació d’Óscar M. en la presumpta corrupció portuària, “beneficiant-se i augmentant el seu patrimoni amb compres de béns que en tot o en part provenen de l’obtenció de pagaments per facilitar l’accés a l’estiba de membres de l’organització criminal”, indica la interlocutòria.

D’altra banda, la parella d’un altre dels pretesos capos, Ramón B. P., també va recórrer contra la decisió d’atorgar l’ús policial a dos vehicles marca Audi a nom seu. La interlocutòria recorda a la dona, que figura com a investigada per un presumpte delicte de blanqueig de capitals, que les vigilàncies policials van detectar que Ramón B. P. conduïa un dels dos Audi. 

L’altre vehicle estava assegurat a nom del mateix investigat (que figurava com a “conductor habitual”). La pòlissa es pagava des d’un compte a nom seu. “És per això que la possessió i l’ús ha sigut acreditat a la persona de” Ramón B. P.

El juez que instruye la causa contra la presunta trama de narcotráfico a gran escala en el Puerto de València insiste en que hubo “corrupción” en el acceso al empleo de la estiba. El instructor, en un auto del pasado 17 de abril al que ha tenido acceso elDiario.es, recuerda que en las comunicaciones interceptadas a la presunta red “se observa como los investigados, por formar parte del sindicato mayoritario del puerto y utilizar ese cargo para introducir en la estiba previo pago a miembros de la organización, se jactan de utilizar esas ganancias para comprar ropa de marcas caras e incluso la adquisición de vehículos”.

En una de las escuchas policiales, los investigados, después de intentar que accediera a uno de los codiciados empleos el sobrino del presunto narco Onofre G. R., “buscan obtener beneficios que permitan la adquisición de un vehículo marca Lamborghini”, recuerda el magistrado. Además, la resolución indica que continúan las pesquisas “referentes a los delitos detectados en relación con la corrupción en el seno del Puerto de Valencia”.

El auto alude a la supuesta “implicación” de Óscar M., expresidente del Comité de Empresa de la estiba, en varios presuntos delitos en el ámbito del Puerto de València, “al ser pieza imprescindible para facilitar el acceso al empleo portuario a diferentes individuos de interés” para Iván T. R. (uno de los principales investigados en el procedimiento), “a través de su posición privilegiada como miembro del sindicato Coordinadora”.

La defensa de Óscar M. recurrió el auto que acordó, provisionalmente, el uso policial de dos vehículos de su propiedad intervenidos en el marco de la 'operación Spider', un Range Rover y una motocicleta BMW. El exlíder del sindicato Coordinadora, afirma el juez, “adquiere, transforma y utiliza” las ganancias “obtenidas por los delitos investigados”.

El instructor, que ha desestimado el recurso en sintonía con la postura del fiscal antidroga, arguye los “numerosos indicios” de la participación de Óscar M. en la presunta corrupción portuaria, “beneficiándose y aumentando su patrimonio con compras de bienes que en todo o en parte provienen de la obtención de pagos por facilitar el acceso a la estiba de miembros de la organización criminal”, indica el auto.

Por otro lado, la pareja de otro de los supuestos capos, Ramón B. P., también recurrió la decisión de otorgar el uso policial a dos vehículos marca Audi a su nombre. El auto recuerda a la mujer, que figura como investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales, que las vigilancias policiales detectaron que Ramón B. P. conducía uno de los dos Audi.

El otro vehículo estaba asegurado a nombre del mismo investigado (que figuraba como “conductor habitual”). La póliza se pagaba desde una cuenta a su nombre. “Es por lo que su posesión y uso ha sido acreditado a la persona de” Ramón B. P.

La Fiscalia Anticorrupció ha obert diligències d’investigació sobre processos de contractació pública en dos organismes dependents de l’Ajuntament de València i en l’Autoritat Portuària de València (APV). Arran d’una denúncia de Compromís, que apunta a possibles delictes de prevaricació i tràfic d’influències, s’indaga en la convocatòria de processos d’ocupació pràcticament simultanis a què es va presentar personal del Consorci València 2007, l’ens creat per a la gestió de la Copa Amèrica, que estava en procés d’extinció. Tres exempleats del Consorci van superar els processos selectius durant el 2024: dos en el Port de València, que s’havien presentat també a la Fundació Esportiva Municipal, i un en la Fundació Visit Valencia. La denúncia assenyala una quarta persona que se’n va anar com a interina a la Conselleria d’Agricultura i va superar una oposició en la Generalitat Valenciana.

En la denúncia, els valencianistes assenyalen l’alcaldessa de València, María José Catalá, la regidora d’Esports, Rocío Gil, l’edil de Turisme, Paula Llobet i a la presidenta de l’APV, Mar Chao. Compromís i el #SPV han ampliat la denúncia per a incorporar el regidor de Grans Projectes, José Marí Olano, que en una reunió amb treballadors del Consorci explica que eixiran places en entitats públiques municipals, segons ha revelat elDiario.es.

La documentació sobre el procés, que ara està en mans de la Fiscalia Anticorrupció, presenta dubtes sobre la gestió. En el cas del Port, va haver-hi un informe de la Intervenció General de l’Estat que qüestionava processos de selecció de personal en el Port i una acta notarial que ‘va endevinar’ les seleccionades, en un cas judicialitzat pel sindicat UGT, que va denunciar que les places estaven fetes a mida. Pel que fa a l’Ajuntament de València, les ombres estan en la convocatòria de places simultànies en la Fundació Esportiva Municipal —llocs de treball ja existents, però que ixen a convocatòria pública molt seguides—, coincidint amb les de l’APV, llocs de treball que queden deserts en molts casos i dels quals es desisteix després que les candidates opten a l’APV. Així mateix, hi ha dubtes si el funcionari que va ocupar la plaça en la Fundació Visit Valencia ho va fer complint tots els requisits que marca la convocatòria.

La investigació de la Fiscalia se centra així en tres possibles irregularitats: el presumpte tripijoc de les places del Port de València, tal com apunta l’informe de la Intervenció; la convocatòria quasi idèntica a què es presenten les mateixes aspirants en la Fundació Esportiva Municipal (FEM), entitat que desisteix del procés una vegada són admeses en l’APV; i el possible incompliment dels requisits de l’adjudicatari de la plaça de Visit Valencia. Aquestes són algunes claus del procés que investiga Anticorrupció:

Convocatòries consecutives

El 18 d’abril de 2024, la Fundació Esportiva Municipal, presidida per la regidora Rocío Gil, convoca dues places per a cobrir una prefectura d’Administració i una per a dirigir el Servei d’Infraestructures. Aquestes places, que ja existeixen en la relació de llocs de treball, però que estan anys vacants, es publiquen en el Butlletí Oficial de la Província el 2 de maig i hi concorren A. G. i M. #G., treballadores del Consorci. Després d’una rectificació, les bases es publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 4 de juny de 2024, en una resolució signada el 30 de maig de 2024. Aquesta modificació provoca que córreguen els terminis i que coincidisquen el procés en l’FEM amb el de l’APV.

El 29 d’abril, l’Autoritat Portuària de València va llançar dos processos administratius més per a la cobertura de places de subdirector d’Infraestructures i cap de suport de l’àrea econòmica, amb la convocatòria de proves selectives. Processos amb requisits similars als que han eixit en l’FEM, però, en aquest cas, sí que són de nova creació. Són dues places de caràcter fix en la plantilla de personal, fora de conveni, i amb salaris que freguen els 100.000 euros. A aquestes places concorren també A.G. i M.G, que finalment obtenen el lloc. El sindicat UGT els porta al jutjat pel fet de considerar que es creen per a afavorir un personal determinat. A més, s’endevinen davant notari qui seran les seleccionades, abans que es publique la llista d’admesos.

El 15 de maig de 2024, la Fundació Visit Valencia va publicar tres places per a personal que procedira del sector públic o fora funcionari de carrera. A una d’aquestes, la plaça de tècnic jurídic, concorren 15 persones, entre les quals E.M., treballador del Consorci, assenyalat també en la denúncia presentada en la Fiscalia.

Acta notarial que ‘endevina’ les adjudicacions de l’APV

Nou dies després que arranquen els dos processos en l’APV, treballadors del Consorci es van personar en una notaria i registren dues actes en què manifesten els noms dels que creuen que obtindran el lloc. Els documents diuen això: “Que l’Autoritat Portuària de València, amb data 29 d’abril de 2024, ha publicat el procés de selecció per a la provisió d’un lloc de subdirecció d’Infraestructures, Instal·lacions i Conservació de personal laboral fix exclòs de conveni col·lectiu per a l’Autoritat Portuària de València, sent el termini de presentació de sol·licituds fins al 28 de maig de 2024 a les 14.00. Que els ací requeridors volen deixar constància, abans que aquest lloc siga adjudicat en virtut del referit procés de selecció, que tenen el convenciment ferm que aquesta plaça serà adjudicada a la senyora M. G. N.” La segona acta fa referència al lloc de Prefectura de Suport a Gestió Economicofinancera, que, segons els requeridors, s’adjudicaria a la senyora A.G.

L’APV va anunciar la seua llista d’admesos el 29 de maig de 2024, en què figuren A.G. i M.G. Iniciaran la seua activitat laboral en el Port el 16 d’octubre del mateix any. En les actes, van endevinar les places.

Desistiment de les convocatòries

El 10 de juny de 2024, A.G. presenta la sol·licitud per a les places de la Fundació Esportiva Municipal. El 14 de juny, quatre dies després, presenta una carta de desistiment.

El 22 de juliol de 2024, la Presidència de l’OAM Fundació Esportiva Municipal declara deserta la convocatòria a què s’ha presentat M.G. Presenta una renúncia al procés el 5 de juliol.

En una resolució, el consistori indica que, “després de la finalització del termini de presentació d’instàncies, no s’ha fet posteriorment cap actuació per a continuar el procediment, i s’ha requerit des de la mateixa Presidència de l’entitat desistir-ne, per raons organitzatives”.

En la denúncia, Compromís afirma que M.G renuncia al procés i un altre candidat queda no admés. A l’octubre, la regidora Rocío Gil demana que es desistisca del procés per a “dur a terme amb més deteniment una reorganització” dels serveis en la Fundació Esportiva Municipal.

Un informe de la Intervenció contra els nomenaments del Port

La Intervenció General de l’Estat també va plantejar els seus dubtes sobre convocatòries d’ocupació en el Port. El document, publicat íntegrament per elDiario.es, posa la lupa en cinc processos de contractació, entre els quals els dos que Compromís ha portat a Anticorrupció. En l’informe es posa en relleu que “la gestió de les places convocades per a personal exclòs de conveni resulta deficient, amb criteris restrictius que podrien conculcar els principis generals aplicables d’igualtat, mèrit i capacitat”.

“Les places convocades per al personal exclòs de conveni contenen requisits o mèrits que predeterminen d’una manera o una altra el candidat seleccionat. Per tant, podrien no respectar-se els principis constitucionals d’accés a ocupació pública”, apunta la Intervenció en l’informe.

L’APV es va negar a traslladar aquest document, un criteri que va corregir el Consell de Transparència a petició d’un particular.

Les places de l’APV, pendents de judici

El sindicat UGT va denunciar l’APV per les dues places que finalment van ocupar A.G i M.G. Al contrari que en les fundacions de l’Ajuntament de València, que són llocs vacants previstos en l’RLT que es trauen per a cobrir-se, en el Port sí que es creen dues places noves. La secció sindical va considerar que les convocatòries vulneren els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, i que responen a una deriva “restrictiva” i “arbitrària” en la política de personal de l’organisme.

Les bases feien referència a la liquidació del Consorci València 2007, amb perfils molt específics, i en el Consorci València 2007 van considerar que s’assemblaven als de dos alts càrrecs de l’ens, que van resultar ser-ne beneficiàries. UGT va considerar que les places es van crear per a afavorir un personal determinat, i les va portar al jutjat. Les vistes per totes dues places estan previstes per a maig i octubre.

Plaça Visit Valencia, en dubte sobre els requisits

La tercera plaça en qüestió és la de Visit Valencia. En aquest organisme es trauen tres convocatòries diferents per a perfil jurídic, tècnic de promoció i comunicació, i un administratiu, a què només poden concórrer empleats públics. A la plaça de tècnic jurídic es presenten dues persones, però no compleixen els requisits. A la plaça de Comunicació només es presenta un candidat, però no acudeix el dia de la prova, que era el 21 d’octubre, i es declara deserta un dia després. A la tercera plaça, d’administratiu, concorren E.M. i 14 aspirants més, encara que només tres compleixen el requisit de ser empleats públics, segons la resolució del 7 d’agost. Finalment, només E.M. supera la fase d’oposició com a “apte”, segons la resolució de novembre.

Aleshores, E.M. ja no és treballador en actiu en el Consorci València 2007. La liquidació de l’ens es produeix el 16 d’octubre. Per tant, incompliria les bases de la convocatòria pública per tot just unes setmanes.

En els requisits de la convocatòria, s’estableix que “els candidats hauran de reunir, en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre fins al moment de la formalització del contracte de treball, els requisits següents: (...) Ser empleat d’entitats del sector públic amb relació funcionarial de carrera o laboral fixa o indefinida”.

Informes contraris a la subrogació

L’Ajuntament de València, governat pel PP i Vox, i dirigit per María José Catalá, defensa el procés de contractació de l’empleat. L’alcaldessa va apuntar aquesta setmana, en admetre’s la denúncia i publicar-se part del contingut dels enregistraments, que demanarà un informe als serveis jurídics per a acreditar el procés, encara que va avançar que confia que s’haguera fet degudament, ja que va ser “transparent”. Va traslladar així mateix que tot el consistori, tots els grups polítics, tenien voluntat de no deixar al carrer els treballadors del Consorci.

Durant el procés de liquidació del Consorci València 2007, el gener del 2024, es va emetre un informe de l’Advocacia de l’Estat contrari a la subrogació dels empleats, traslladen fonts municipals. En aquest informe, apunten, es concloïa que la liquidació i l’extinció del Consorci suposava l’extinció dels contractes de treball del seu personal i el seu acomiadament mitjançant les tècniques d’acomiadament col·lectiu.

L’Ajuntament es va mostrar en contra de qualsevol subrogació en la mesura en què aquests treballadors no eren integrants d’una entitat adscrita a aquest, sinó a l’Administració general de l’Estat, apunten fonts municipals. Tots els grups amb representació van traslladar la seua voluntat que aquests treballadors no es quedaren al carrer. Amb aquestes limitacions, expressen les mateixes fonts municipals, es va tindre en compte la possibilitat de cobrir vacants que foren necessàries en les entitats del sector públic dels que ja tingueren la condició d’empleats públics, en els procediments de selecció per a persones provinents del sector públic; és a dir, on hi haguera vacants i en règim de dret laboral i sempre en els termes legals que resultaren d’aplicació en cada convocatori. L’Ajuntament afirma que no hi ha cap empleat públic que no haja superat el procediment, acreditat amb documentació.

El jutge instructor de l’operació Spider, que va desarticular una presumpta trama de narcotràfic a gran escala en el port de València, es resisteix que declaren, de moment, els policies encoberts que van tindre un paper clau en l’èxit de les perquisicions i en la confiscació de 3,5 tones de coca. Així consta en una provisió dictada el 15 d’abril passat pel magistrat Vicente Ríos, a què ha tingut accés elDiario.es. La defensa d’un dels pretesos capos de la xarxa va sol·licitar la testifical dels agents amb el nom en codi d’Orca, Iveco i Rande.

El titular de la Plaça número 15 de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància de València es remet a una resolució anterior en què recorda que es tracta de funcionaris que van actuar amb la condició d’agents encoberts, “la identitat real dels quals està en una peça separada secreta”. 

La condició dels agents Orca, Iveco i Rande, argumenta el jutge en la línia del fiscal antidroga, “imposa una cautela especial en l’adopció de diligències que puguen incidir en el règim de protecció legalment previst”.

Per això, l’instructor va sol·licitar a l’advocat del presumpte narco (i als que es van adherir a la petició) que, amb caràcter previ a resoldre sobre la pràctica de la diligència sol·licitada, es concretaren “de manera individualitzada els ”fets o els extrems específics respecte dels quals interessa la declaració de cadascun dels agents, la “rellevància concreta” de la diligència per a l’exercici del dret de defensa i les “raons per les quals la seua pràctica resulta necessària en fase d’instrucció i no pot diferir-se al plenari”, en referència a la fase de judici oral. 

D’altra banda, la provisió accepta que declaren dos agents més de la Unitat de Drogues i Crim Organitzat (Udyco, pel nom en castellà) de la Policia Nacional, anotats amb les seues targetes d’identificació professional. 

Els agents encoberts, amb autorització de la fiscal en cap antidroga, Rosa Ana Morán, es van introduir en la presumpta xarxa que controlava el narcotràfic en el port de València simulant ser camioners disposats a rescatar partides de coca importants, tal com va informar aquest diari. 

Orca i Iveco —els dos agents que més profundament van penetrar la pretesa trama— van assistir a reunions dels presumptes narcos i, gràcies a la seua tasca d’infiltració, van poder establir l’estructura de la xarxa i identificar desenes d’implicats, entre ells treballadors portuaris i dos directius d’una empresa transitària que col·laboraven per a rescatar la cocaïna. 

El sumari de la causa inclou les notes interiors elaborades per la Udyco a manera de diari de bord dels policies encoberts, activats en secret per la Secció d’Activitats Especials de la Policia Nacional.

El juez instructor de la 'operación Spider', que desarticuló una presunta trama de narcotráfico a gran escala en el Puerto de València, se resiste a que declaren, de momento, los policías encubiertos que tuvieron un papel clave en el éxito de las pesquisas y en la incautación de 3,5 toneladas de coca. Así consta en una providencia dictada el pasado 15 de abril por el magistrado Vicente Ríos, a la que ha tenido acceso elDiario.es. La defensa de uno de los supuestos capos de la red solicitó la testifical de los agentes con el nombre en código de Orca, Iveco y Rande.

El titular de la Plaza número 15 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València se remite a una resolución anterior en la que recuerda que se trata de funcionarios que actuaron bajo la condición de agentes encubiertos, “cuya identidad real obra en pieza separada secreta”.

La condición de los agentes Orca, Iveco y Rande, argumenta el juez en la línea del fiscal antidroga, “impone una especial cautela en la adopción de diligencias que puedan incidir en el régimen de protección legalmente previsto”.

Por ello, el instructor solicitó al abogado del presunto narco (y a los que se adhirieron a la petición) que, con carácter previo a resolver sobre la práctica de la diligencia solicitada, se concretaran “de forma individualizada los ”hechos o extremos específicos respecto de los cuales interesa la declaración de cada uno de los agentes, la “relevancia concreta” de la diligencia para el ejercicio del derecho de defensa y las “razones por las que su práctica resulta necesaria en fase de instrucción y no puede diferirse al plenario”, en referencia a la fase de juicio oral.

Por otro lado, la providencia acepta que declaren otros dos agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, anotados con sus tarjetas de identificación profesional.

Los agentes encubiertos, con autorización de la fiscal jefa antidroga, Rosa Ana Morán, se introdujeron en la presunta red que controlaba el narcotráfico en el Puerto de València simulando ser camioneros dispuestos a rescatar importantes alijos de coca, tal como informó este diario.

Orca e Iveco —los dos agentes que más profundamente penetraron la supuesta trama— asistieron a reuniones de los presuntos narcos y, gracias a su labor de infiltración, pudieron establecer la estructura de la red e identificar a decenas de implicados, entre ellos trabajadores portuarios, y a dos directivos de una empresa transitaria que colaboraban para rescatar la cocaína.

El sumario de la causa incluye las notas interiores elaboradas por la Udyco a modo de diario de a bordo de los policías encubiertos, activados en secreto por la Sección de Actividades Especiales de la Policía Nacional.

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación sobre procesos de contratación pública en dos organismos dependientes del Ayuntamiento de València y en la Autoridad Portuaria de València (APV). A raíz de una denuncia de Compromís, que apunta a posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias, se indaga en la convocatoria de procesos de empleo prácticamente simultáneos a los que se presentaron personal del Consorcio Valencia 2007, el ente creado para la gestión de la Copa América, que estaba en proceso de extinción. Tres exempleados del Consorcio superaron los procesos selectivos durante el 2024: dos en el Puerto de Valencia, que se habían presentado también a la Fundación Deportiva Municipal, y uno en la Fundación Visit València. La denuncia señala a una cuarta persona que se fue como interina a la Conselleria de Agricultura y superó una oposición en la Generalitat Valenciana.

En la denuncia, los valencianistas señalan a la alcaldesa de València, María José Catalá, a la concejala de Deportes, Rocío Gil, a la edil de Turismo, Paula Llobet y a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao. Compromís y el PSPV han ampliado la denuncia para incorporar al concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, que en una reunión con trabajadores del Consorcio explica que van a salir plazas en entidades públicas municipales, según ha revelado elDiario.es.

La documentación sobre el proceso, que ahora está en manos de la Fiscalía Anticorrupción, arroja dudas sobre la gestión. En el caso del Puerto, hubo un informe de la Intervención General del Estado que cuestionaba procesos de selección de personal en el Puerto y un acta notarial que 'adivinó' a las seleccionadas, en un caso judicializado por el sindicato UGT, que denunció que las plazas estaban realizadas a medida. En lo que respecta al Ayuntamiento de València, las sombras están en la convocatoria de plazas simultáneas en la Fundación Deportiva Municipal -puestos de trabajo ya existentes pero que salen a convocatoria pública muy seguidas-, coincidiendo con las de la Autoridad Portuaria, lugares de trabajo que quedan desiertos en muchos casos y de los que se desiste después de que las candidatas opten a la APV. Asimismo, hay dudas sobre si el funcionario que tomó la plaza en la Fundación Visit Valencia lo hizo cumpliendo todos los requisitos que marca la convocatoria.

La investigación de la Fiscalía se centra así en tres posibles irregularidades: el presunto amaño de las plazas del Puerto de Valencia, tal y como apunta el informe de la Intervención; la convocatoria casi idéntica a la que se presentan las mismas aspirantes en la Fundación Deportiva Municipal (FDM), entidad que desiste del proceso una vez son admitidas en la APV; y el posible incumplimiento de los requisitos del adjudicatario de la plaza de Visit Valencia. Estas son algunas claves del proceso que investiga Anticorrupción:

Convocatorias consecutivas

El 18 de abril de 2024, la Fundación Deportiva Municipal, presidida por la concejala Rocío Gil, convoca dos plazas para cubrir una jefatura de Administración y una para dirigir el Servicio de Infraestructuras. Estas plazas, que ya existen en la relación de puestos de trabajo pero llevan años vacantes, se publican en el Boletín Oficial de la Provincia el 2 de mayo y a ellas concurren A. G. y M. G., trabajadoras del Consorcio. Tras una rectificación, las bases se publican en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 4 de junio de 2024, en una resolución firmada el 30 de mayo de 2024. Esta modificación provoca que corran los plazos y que coincidan el proceso en la FDM con el de la APV.

El 29 de abril, la Autoridad Portuaria de València lanzó otros dos procesos administrativos para la cobertura de plazas de subdirector de infraestructuras y jefe de apoyo de área económica, con la convocatoria de pruebas selectivas. Procesos con requisitos similares a los que han salido en la FDM, pero, en este caso, sí son de nueva creación. Son dos plazas de carácter fijo en la plantilla de personal, fuera de convenio, y con salarios que rozan los 100.000 euros. A estas plazas concurren también A.G. y M.G, que finalmente obtienen el puesto. El sindicato UGT los lleva al juzgado al considerar que se crean para favorecer a determinado personal. Además, se adivinan ante notario quienes van a ser las seleccionadas, antes de que se publique la lista de admitidos.

El 15 de mayo de 2024, la Fundación Visit València publicó tres plazas para personal que procediera del sector público o fuera funcionario de carrera. A una de ellas, la plaza de técnico jurídico, concurren 15 personas, entre ellas E.M., trabajador del Consorcio, señalado también en la denuncia presentada en Fiscalía.

Acta notarial que 'adivina' las adjudicaciones de la APV

Nueve días después de que arranquen los dos procesos en la APV, trabajadores del Consorcio se personaron en una notaría y registran dos actas en las que manifiestan los nombres de quienes creen que van a obtener el puesto. Los documentos dicen así: “Que la Autoridad Portuaria de Valencia, con fecha 29 de abril de 2024, ha publicado el proceso de selección para la provisión de un puesto de subdirección de infraestructuras, instalaciones y conservación de personal laboral fijo excluido de convenio colectivo para la Autoridad Portuaria de Valencia, siendo el plazo de presentación de solicitudes hasta el 28 de mayo de 2024 a las 14.00 horas. Que los aquí requirientes quieren dejar constancia, antes de que dicho puesto sea adjudicado en virtud del referido proceso de selección, que tienen firme convencimiento de que dicha plaza va a ser adjudicada a doña M. G. N.” La segunda acta hace referencia al puesto de jefatura de apoyo a gestión económico financiero, que según los requirientes se adjudicaría a doña A.G.

La Autoridad Portuaria de Valencia anunció su lista de admitidos el 29 de mayo de 2024, en la que figuran A.G. y M.G. Iniciarán su actividad laboral en el Puerto el 16 de octubre del mismo año. En las actas, adivinaron las plazas.

Desestimiento de las convocatorias

El 10 de junio de 2024, A.G. presenta la solicitud para las plazas de la Fundación Deportiva Municipal. El 14 de junio, cuatro días después, presenta una carta de desestimiento.

El 22 de julio de 2024, la Presidencia del OAM Fundación Deportiva Municipal declara desierta la convocatoria a la que se ha presentado M.G. Presenta una renuncia al proceso el 5 de julio.

En una resolución, el consistorio indica que “tras la finalización del plazo de presentación de instancias, no se ha realizado posteriormente actuación alguna para continuar el procedimiento, habiéndose requerido desde la propia Presidencia de la entidad desistir del mismo, por razones organizativas”.

En la denuncia, Compromís afirma que M.G renuncia al proceso y otro candidato queda inadmitido. En octubre, la concejala Rocío Gil pide que se desista del proceso para “llevar a cabo con más detenimiento una reorganización” de los servicios en la Fundación Deportiva Municipal.

Un informe de la Intervención contra los nombramientos del Puerto

La Intervención General del Estado también planteó sus dudas sobre convocatorias de empleo en el Puerto. El documento, publicado íntegramente por elDiario.es, pone la lupa en cinco procesos de contratación, entre ellos los dos que Compromís ha llevado a Anticorrupción. En el informe se pone de relieve que “la gestión de las plazas convocadas para personal excluido de convenio resulta deficiente, con criterios restrictivos que podrían conculcar los principios generales aplicables de igualdad, mérito y capacidad”.

“Las plazas convocadas para el personal excluido de convenio contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado. Por lo tanto, podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”, apunta la Intervención en el informe.

La Autoridad Portuaria de Valencia se negó a trasladar este documento, un criterio que corrigió el Consejo de Transparencia a petición de un particular.

Las plazas de la APV, pendientes de juicio

El sindicato UGT denunció a la Autoridad Portuaria de Valencia por las dos plazas que finalmente ocuparon A.G y M.G. Al contrario que en las fundaciones del Ayuntamiento de València, que son puestos vacantes previstos en la RPT que se sacan para cubrirse, en el Puerto sí se crean dos plazas nuevas. La sección sindical consideró que las convocatorias vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad, y que responden a una deriva “restrictiva” y “arbitraria” en la política de personal del organismo.

Las bases hacían referencia a la liquidación del Consorcio Valencia 2007, con perfiles muy específicos, y en el Consorcio Valencia 2007 consideraron que se asemejaban a los de dos altos cargos del ente, que resultaron ser beneficiarias. UGT consideró que las plazas se crearon para favorecer a determinado personal, y las llevó al juzgado. Las vistas por ambas plazas están previstas para mayo y octubre.

Plaza Visit Valencia, en duda sobre los requisitos

La tercera plaza en cuestión es la de Visit Valencia. En este organismo se sacan tres convocatorias diferentes para perfil jurídico, técnico de promoción y comunicación, y un administrativo, a las que solo pueden concurrir empleados públicos. A la plaza de técnico jurídico se presentan dos personas, pero no cumplen los requisitos. A la plaza de Comunicación solo se presenta un candidato, pero no acude el día de la prueba, que era el 21 de octubre, y se declara desierta un día después. A la tercera plaza, de administrativo, concurren E.M. y otros 14 aspirantes, aunque solo tres cumplen con el requisito de ser empleado públicos, según la resolución del 7 de agosto. Finalmente, solo E.M. supera la fase de oposición como “apto”, según la resolución de noviembre.

Para entonces, E.M. ya no es trabajador en activo en el Consorcio Valencia 2007. La liquidación del ente se produce el 16 de octubre. Por tanto, incumpliría las bases de la convocatoria pública por apenas unas semanas.

En los requisitos de la convocatoria, se establece que “los candidatos deberán reunir, en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la formalización del contrato de trabajo, los siguientes requisitos: (...) Ser empleado de entidades del sector público con relación funcionarial de carrera o laboral fija o indefinida”.

Informes contrarios a la subrogación

El Ayuntamiento de València, gobernado por PP y Vox, y dirigido por María José Catalá defiende el proceso de contratación del empleado. La alcaldesa apuntó esta semana, al admitirse la denuncia y publicarse parte del contenido de las grabaciones, que pedirá un informe a los servicios jurídicos para acreditar el proceso, aunque avanzó que confía en que se hubiera hecho debidamente, ya que fue “transparente”. Trasladó asimismo que todo el consistorio, todos los grupos políticos, tenían voluntad de no dejar en la calle a los trabajadores del Consorcio.

Durante el proceso de liquidación del Consorcio Valencia 2007, en enero del 2024, se emitió un informe de la Abogacía del Estado contrario a la subrogación de los empleados, trasladan fuentes municipales. En ese informe, apuntan, se concluía que la liquidación y extinción del Consorcio suponía la extinción de los contratos de trabajo del personal del mismo y su despido mediante las técnicas de despido colectivo.

El Ayuntamiento se mostró en contra de cualquier subrogación en la medida en que estos trabajadores no eran integrantes de una entidad adscrita al mismo, sino a la Administración General del Estado, apuntan fuentes municipales. Todos los grupos con representación trasladaron su voluntad de que estos trabajadores no se quedaran en la calle. Con estas limitaciones, expresan las mismas municipales, se contempló la posibilidad de cubrir vacantes que fueran necesarias en las entidades del sector público de quienes ya tuvieran la condición de empleados públicos, en los procedimientos de selección para personas provenientes del sector público; es decir, donde hubiera vacantes y en régimen de derecho laboral y siempre en los términos legales que resultaran de aplicación en cada convocatorio. El Ayuntamiento afirma que no existe ningún empleado público que no haya superado el procedimiento, acreditado con documentación.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, i la presidenta de l’Autoritat Portuària de València (APV), Mar Chao, van anunciar el desembre del 2023 la privatització durant 35 anys de la gestió d’un 47% de la Marina de València (235.000 metres quadrats de superfície), en concret els amarraments i part de la zona sud i nord, perdent així la ciutat el control unitari de l’espai i l’autonomia de què gaudia per a planificar els usos i les activitats. Una tasca que fins aquell moment feia el Consorci València 2007, ens públic amb una trentena d’empleats que estava participat pel Govern central, la Generalitat i l’Ajuntament.

Aquesta decisió política és l’origen de l’escàndol que ara ha esclatat arran de l’obertura de diligències d’investigació per part de la Fiscalia Anticorrupció, en virtut d’una denúncia de Compromís. La coalició valencianista considera en el seu escrit que va haver-hi prevaricació i tràfic d’influències en la publicació i l’adjudicació de diverses places en organismes públics dependents de l’Ajuntament de València i de l’Autoritat Portuària (APV), places que es van convocar al llarg del 2024 de manera pràcticament simultània i que van ocupar tres extreballadors del Consorci València 2007, que estava llavors en procés de liquidació per a donar entrada al nou operador privat. La denúncia apunta a l’alcaldessa, María José Catalá, a les regidores de Turisme, Paula Llobet, i Esports, Rocío Gil, i a la presidenta de l’APV, Mar Chao.

Posteriorment, tant la coalició valencianista com el PSPV van ampliar la denúncia al regidor de Grans Projectes, José Marí Olano, arran de l’escàndol dels àudios destapats per elDiario.es en què ofereix informació als empleats del Consorci sobre les places objecte de la investigació en una reunió de la qual mai es va informar. Per part seua, Catalá descarta qualsevol irregularitat i assegura que aportarà a la Fiscalia tota la documentació que se li requerisca.

Amb la seua decisió, Catalá va trencar el camí que havia iniciat el seu antecessor en el càrrec, Joan Ribó, que va avançar cap a la creació d’un nou ens municipal per a dirigir la Marina en què reubicar la desena de treballadors afectats pels acomiadaments després de la liquidació del Consorci València 2007. La resta, sobretot els encarregats de marineria, van ser subrogats per la nova empresa gestora.

Així es va traslladar l’any 2022 als mateixos empleats, segons han confirmat a aquest diari, una vegada l’Estat va decidir abandonar el Consorci després de condonar el Govern el dubte de 360 milions que pesaven sobre l’ens per a finançar les obres de la Copa Amèrica. La renúncia d’un dels socis va donar lloc al procés de liquidació, per la qual cosa Ribó va iniciar gestions per a la creació d’un nou ens municipal que continuara amb la gestió pública i unitària de tota la Marina, un ens a què es podrien subrogar els empleats afectats.

En aquesta línia, l’agost del 2022 va traslladar una carta a l’APV, a què ha tingut accés aquest diari, en què va sol·licitar “el seu interés de mantindre —tant durant el procés de liquidació del Consorci València 2007 com una vegada aprovada aquesta— la unitat de gestió de la Marina de València per a garantir el seu ús per part de la ciutadania i la continuïtat de les activitats que s’hi desenvolupen”. A més, afig: “Com que en aquests moments està obert el procés de liquidació del Consorci València 2007, i amb la finalitat ja expressada de garantir la continuïtat de la gestió unificada de la Marina de València, et sol·licite que la indicada autorització o concessió demanial gratuïta dels indicats espais portuaris s’atorgue transitòriament a l’Ajuntament de València, fins que es cree una nova entitat pública de gestió”.

Amb la mateixa intenció, Ribó es va reunir al novembre amb el ministeri de Transports, als representants dels quals va sol·licitar la creació d’una unitat de gestió en la Marina de València una vegada quedara definitivament liquidat el Consorci. “Cal buscar una unitat de gestió de la Marina amb la finalitat de garantir la seguretat tant dels treballadors, com dels concessionaris, com de les empreses», va dir l’alcalde.

Tot va canviar quan el PP de Catalá va arribar a l’alcaldia després de les eleccions de maig del 2023. La dirigent popular va optar per la gestió privada de la Marina, que es va acabar atorgant el juliol del 2024 a la unió temporal d’empreses Serveis Marítims Port Eivissa i Ocibar. Amb la seua decisió, es va abocar a l’acomiadament una dotzena d’empleats. Un informe va considerar que no era viable una subrogació.

Els empleats entenen que podien acollir-se a l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors que regula este mecanisme quan es produïx una successió d'empreses. A més, el conveni col·lectiu que van firmar en 2017 la plantilla, els sindicats i els directius del Consorci preveia la possibilitat de subrogació. El conveni es va remetre al Ministeri d'Hisenda, però no es va acabar de validar. Malgrat esta circumstància, diverses fonts jurídiques consultades per este diari afirmen que eixa situació en cap cas impedix que es puga realitzar la subrogació. De fet, consideren que si no existira la possibilitat legal, no s'hauria reflectit en el document.

Tan sols tres van aconseguir recol·locar-se en les places creades tant en l’APV com en organismes de l’Ajuntament de València, en uns processos que investiga Anticorrupció. Una quarta va trobar acomodament en la Generalitat Valenciana. La resta dels empleats, a pesar que van poder presentar-se a algunes places de les que els va informar el regidor Marí Olano, davant els dubtes jurídics, van decidir no fer-ho.

La alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, anunciaron en diciembre de 2023 la privatización durante 35 años de la gestión de un 47% de la Marina de València (235.000 metros cuadrados de superficie), en concreto los amarres y parte de la zona sur y norte, perdiendo así la ciudad el control unitario del espacio y la autonomía de la que gozaba para planificar los usos y actividades. Una labor que hasta ese momento realizaba el Consorcio Valencia 2007, ente público con una treintena de empleados que estaba participado por el Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento.

Esta decisión política es el origen del escándalo que ahora ha estallado tras la apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, en virtud de una denuncia de Compromís. La coalición valencianista considera en su escrito que hubo prevaricación y tráfico de influencias en la publicación y adjudicación de varias plazas en organismos públicos dependientes del Ayuntamiento de València y de la Autoridad Portuaria (APV), plazas que se convocaron a lo largo de 2024 de forma prácticamente simultánea y que ocuparon tres extrabajadores del Consorcio Valencia 2007, que se encontraba entonces en proceso de liquidación para dar entrada al nuevo operador privado. La denuncia apunta a la alcaldesa, María José Catalá, a las concejalas de Turismo, Paula Llobet, y Deportes, Rocío Gil, y a la presidenta de la APV, Mar Chao.

Posteriormente, tanto la coalición valencianista como el PSPV ampliaron la denuncia al concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, tras el escándalo de los audios destapados por elDiario.es en los que ofrece información a los empleados del Consorcio sobre las plazas objeto de la investigación en una reunión de la que nunca se informó. Por su parte, Catalá descarta cualquier irregularidad y asegura que aportará a la Fiscalía toda la documentación que se le requiera.

Con su apuesta por la gestión privada, Catalá rompió el camino que había iniciado su antecesor en el cargo, Joan Ribó, quien avanzó hacia la creación de un nuevo ente municipal para dirigir la Marina en el que reubicar a la docena de trabajadores afectados por los despidos tras la liquidación del Consorcio Valencia 2007. El resto, sobre todo los encargados de marinería, fueron subrogados por la nueva empresa gestora.

Así se les comunicó en el año 2022 a los propios empleados, según han confirmado a este diario, una vez el Estado decidió abandonar el Consorcio tras condonar el Gobierno la duda de 360 millones que pesaban sobre el ente para financiar las obras de la Copa América. La renuncia de uno de los socios dio lugar al proceso de liquidación, por lo que Ribó inició gestiones para la creación de ese nuevo ente municipal que siguiera con la gestión pública y unitaria de toda la Marina, un ente al que se podrían subrogar los empleados afectados.

En esa línea, en agosto de 2022 trasladó una carta a la APV, a la que ha tenido acceso este diario, en la que solicitó “su interés de mantener -tanto durante el proceso de liquidación del Consorcio València 2007 como una vez aprobada la misma- la unidad de gestión de la Marina de València para garantizar su uso parte de la ciudadanía y la continuidad de las actividades que vienen desarrollándose en ella”. Además, añade: “Dado que en estos momentos se encuentra abierto el proceso de liquidación del Consorcio València 2007, y con la finalidad ya expresada de garantizar la continuidad de la gestión unificada de La Marina de València, te solicito que la indicada autorización o concesión demanial gratuita de los indicados espacios portuarios se otorgue transitoriamente al Ayuntamiento de València, hasta que se cree una nueva entidad pública de gestión”.

Con la misma intención, Ribó se reunió en noviembre del mismo año con el ministerio de Transportes, a cuyos representantes solicitó la creación de una unidad de gestión en la Marina de València una vez quedara definitivamente liquidado el Consorcio. “Hay que buscar una unidad de gestión de la Marina con la finalidad de garantizar la seguridad tanto de los trabajadores, como de los concesionarios, como de las empresas”, dijo el alcalde de Compromís.

Todo cambió cuando el PP de Catalá llegó a la alcaldía tras las elecciones de mayo de 2023. La dirigente popular optó por la gestión privada de la Marina que se acabó otorgando en julio de 2024 a la unión temporal de empresas Serveis Marítims Port Eivissa y Ocibar. Con su decisión, se abocó al despido a una docena de empleados. Aunque la alcaldesa esgrime informes jurídicos para justificar que no era viable la opción de la subrogación, es un aspecto judicializado sobre el que en breve se pronunciarán los juzgados.

Los empleados entienden que podían acogerse al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores que regula este mecanismo cuando se produce una sucesión de empresas. Además, el convenio colectivo que firmaron en 2017 la plantilla, los sindicatos y los directivos del Consorcio preveía la posibilidad de subrogación. El convenio se remitió al Ministerio de Hacienda, pero no se acabó de validar. A pesar de esta circunstancia, diversas fuentes jurídicas consultadas por este diario afirman que esa situación en ningún caso impide que se pueda realizar la subrogación. De hecho, consideran que si no existiera la posibilidad legal, no se habría reflejado en el documento.

Durante el proceso de liquidación ejecutado a lo largo del año 2024, tan solo tres empleados se recolocaron en las plazas creadas tanto en la APV como en organismos del Ayuntamiento de València, en unos procesos que investiga Anticorrupción. Una cuarta encontró acomodo en la Generalitat Valenciana. El resto de empleados, a pesar de que pudieron presentarse a algunas plazas de las que les informó el concejal Marí Olano, decidieron no hacerlo ante las dudas jurídicas que les suscitaron los procesos selectivos.

El escándalo que investiga la Fiscalía Anticorrupción en torno a la presunta creación de plazas a dedo tanto en el Ayuntamiento de Valencia como en la Autoridad Portuaria (APV) para recolocar a personal muy concreto del Consorcio Valencia 2007 se fraguó a lo largo de 2024 y varios de los empleados del ente dejaron constancia documental de las irregularidades detectadas.

Fue en abril de 2024, en pleno proceso de liquidación del Consorcio, la entidad pública creada para gestionar la organización de la Copa América y el funcionamiento de la Marina, cuando la APV convocó un proceso para crear dos nuevas plazas fuera de convenio, es decir, de alta dirección, cuyas bases ya apuntaban a que dos cargos del propio Consorcio iban a tener muchas opciones de ser los adjudicatarios.

Tanto es así que hubo quien quiso dejar constancia de sus sospechas. 20 días antes de que finalizara el plazo para presentarse al concurso convocado por la APV se registraron ante notario los nombres de las personas que finalmente fueron elegidas para los puestos, tal y como recogen las actas notariales a las que ha tenido acceso elDiario.es (ver documentos al final de la información).

La primera acta notarial dice lo siguiente: “Me requieren a mí, el Notario, para que deje constancia de las siguientes manifestaciones que libremente efectúan en mi presencia. Que la Autoridad Portuaria de Valencia, con fecha 29 de abril de 2024, ha publicado el proceso de selección para la provisión de un puesto de subdirección de infraestructuras, instalaciones y conservación de personal laboral fijo excluido de convenio colectivo para la Autoridad Portuaria de Valencia, siendo el plazo de presentación de solicitudes hasta el 28 de mayo de 2024 a las 14.00 horas. Que los aquí requirientes quieren dejar constancia, antes de que dicho puesto sea adjudicado en virtud del referido proceso de selección, que tienen firme convencimiento de que dicha plaza va a ser adjudicada a doña Manuela G. N.”. La segunda acta notarial es exactamente igual, pero para la plaza es para un puesto de jefatura de apoyo a gestión económico financiero, que según los requirientes se adjudicaría a doña Alicia G. U.

En ambos casos se cumplieron las predicciones. Tal y como ya informó elDiario.es en el mes de mayo, las propias bases de las plazas para ambos puestos ya hacían referencia a la situación en la que se encontraba el Consorcio como elemento a tener en cuenta en la valoración del concurso de méritos.

También el informe de la Intervención General de Estado destapado por elDiario.es apunta a que ambos procesos pudieron incumplir los requisitos legales en cuanto a la pública concurrencia: “Las plazas convocadas para el personal excluido de convenio contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado. Por lo tanto, podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”, afirma en uno de sus puntos.

En su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, Compromís señala también que entre las plazas creadas presuntamente a dedo en el Ayuntamiento y en la APV se habrían beneficiado, Manuela G., subdirectora de Infraestructuras, Instalaciones y Conservación de la APV; Alicia G., jefa de Gestión Económico Financiera de la APV; Enrique M., administrativo de la Fundación Visit València; y Esther P., funcionaria interina de la Generalitat Valenciana.

Según la denuncia, la Fundación Deportiva Municipal (FDM) del Ayuntamiento de València aprobó casi al mismo tiempo que la APV, el 18 de abril de 2024, dos convocatorias de empleo público para puestos directivos específicamente vinculados a infraestructuras y al área económico-administrativa, es decir, con un perfil muy parecido a las que finalmente se adjudicaron Alicia y Manuela en la APV. De hecho, la FDM desistió del procedimiento al que también se presentaron tras confirmarse que ambas habían sido seleccionadas en la APV.

Como ha informado en exclusiva esta redacción, el concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de València, el hombre fuerte de María José Catalá para resolver problemas, invitó a los trabajadores del Consorcio Valencia 2007 a presentarse a convocatorias de empleo público antes de que el ente se extinguiera para reubicarlos.

En la primavera de 2024, en una reunión, José Marí Olano ofreció a los empleados afectados por el expediente de regulación de empleo una relación de plazas en entidades dependientes del sector local para resolver su situación. Son puestos de trabajo que ya estaban previstos en las entidades públicas y que se sacan a concurso antes del verano del 2024, en el marco del proceso de extinción del Consorcio, de cuya convocatoria se avisa a los trabajadores, según las conversaciones a las que ha tenido acceso este diario.

En la reunión, Marí Olano indicó a los trabajadores que podían que presentarse a otras convocatorias públicas, y los empleados plantearon las dudas sobre la liquidación del ente -que han recurrido en el juzgado- o si se conservará la antigüedad como empleados públicos. Algunos hablan de que trabajadores se van a quedar “fuera” y el edil responde en que él no ha hecho las cuentas: “Yo lo que he conseguido es sacar a provisión en entidades municipales hasta ahora siete plazas”, señala. Fuentes consultadas confirman que el edil insistió en la posibilidad de presentarse a procesos públicos y el consistorio “haría todo lo posible por no dejarlos en la estacada”.

Compromís y el PSPV han anunciado este miércoles que ampliarán la denuncia ante la Fiscalía que presentó la coalición valencianista para que investigue también al concejal de Proyectos y Contratación, José Marí Olano.

Por su parte, la alcaldesa, María José Catalá, comentó sobre las conversaciones entre Marí Olano y los empleados que “había una voluntad política de que estas personas no pierdan su puesto de trabajo dentro de la normativa vigente” y que “el concejal lo que hace es atender a las reuniones que piden sindicatos y trabajadores para hablar de la situación que se iba a generar en el momento de la liquidación del Consorcio y en ese momento surgen las dudas que los trabajadores plantean al concejal como entiendo que se reunieron con Compromís y el PSPV”.

Compromís y el PSPV han anunciado que este miércoles ampliarán la denuncia ante la Fiscalía que presentó la coalición valencianista por la presunta creación de plazas públicas a dedo para personal del Consorcio Valencia 2007 por la que Anticorrupción ha abierto una investigación a la alcaldesa, María José Catalá, a la presidenta del Puerto, Mar Chao y a las concejalas del PP Rocío Gil y Paula Llobet.

Ambas formaciones han anunciado que pedirán al Ministerio Público que investigue también al concejal de Proyectos y Contratación, José Marí Olano, tras la publicación en exclusiva por elDiario.es de la transcripción de unos audios en los que el edil invita a los extrabajadores del Consorcio a presentarse a varias plazas que se ofertaron en el año 2024 en Visit Valencia y en la Fundación Deportiva Municipal.

Tal y como ha avanzado esta redacción, el edil de Grandes Proyectos mantuvo varios encuentros con personal del Consorcio Valencia 2007, en el marco de un proceso de mediación con los liquidadores, al que asistieron también sindicatos, la plantilla afectada y otros trabajadores que finalmente fueron subrogados, el personal de marinería.

En la reunión, Marí Olano indicó a los trabajadores que podían que presentarse a otras convocatorias públicas, y los empleados plantearon las dudas sobre la liquidación del ente -que han recurrido en el juzgado- o si se conservará la antigüedad como empleados públicos. Algunos hablan de que trabajadores se van a quedar “fuera” y el edil responde en que él no ha hecho las cuentas: “Yo lo que he conseguido es sacar a provisión en entidades municipales hasta ahora siete plazas”, señala. Fuentes consultadas confirman que el edil insistió en la posibilidad de presentarse a procesos públicos y el consistorio “haría todo lo posible por no dejarlos en la estacada”.

Al hilo de esta información, la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha anunciado que la formación valencianista, ampliará este miércoles la denuncia “tras conocerse unos audios del concejal José María Olano en los que detalla paso a paso el proceso presuntamente irregular diseñado por el gobierno formado por PP y Vox para colocar a dos personas en entidades públicas valencianas”.

“Lo hemos dicho esta mañana, era muy extraño que Olano no estuviera implicado. Aquí tenemos la prueba que lo demuestra. María José Catalá tendrá que dar muchas explicaciones sobre este asunto. Huele muy mal”, ha resaltado en un comunicado.

Según fuentes del Ayuntamiento, fue un encuentro con 20 trabajadores, lo que refleja en su opinión de la voluntad de trasparencia.

Por su parte, el edil socialista Borja Sanjuan ha remarcado que el Partido Socialista va a pedir que se investigue a Marí Olano, “quien reconoce en audios que estaba generando plazas a medida para colocar a las personas que quería introducir en los organismos públicos del Ayuntamiento de València.

Para Sanjuan, “es un escándalo de corrupción de tal magnitud y tan claro que solo cabe que María José Catalá asuma responsabilidades y cese fulminantemente al concejal Marí Olano, una persona a la que ella misma describió como el señor Lobo”.

El regidor de Grans Projectes de l’Ajuntament de València, l’home fort de María José Catalá per a resoldre problemes, va convidar els treballadors del Consorci València 2007 a presentar-se a convocatòries d’ocupació pública abans que l’ens s’extingira per a reubicar-los. La primavera del 2024, en una reunió de més de dues hores de duració, José Marí Olano va oferir als empleats afectats per l’expedient de regulació d’ocupació una relació de places en entitats dependents del sector local per a resoldre la seua situació. Són llocs de treball que ja estaven previstos en les entitats públiques i que es trauen a concurs abans de l’estiu del 2024, en el marc del procés d’extinció del Consorci, de la convocatòria de les quals s’avisa els treballadors, segons les converses a les quals ha tingut accés elDiario.es.

La Fiscalia Anticorrupció ha iniciat una investigació sobre les places arran d’una denúncia de Compromís, que va posar en coneixement del ministeri fiscal la convocatòria quasi simultània de llocs de treball en l’Autoritat Portuària de València (APV) i dues fundacions municipals: Visit Valencia i la Fundació Esportiva Municipal. Així mateix, el 8 de maig de 2024, 20 dies abans de l’adjudicació de les places en l’Autoritat Portuària de València, els empleats afectats pels acomiadaments van registrar dues actes notarials en què s’apuntava que les dues places de l’Autoritat Portuària serien adjudicades a dues treballadores, amb nom i cognoms, com finalment va ser. Un fet que posa en relleu un informe de la Intervenció General de l’Estat destapat per aquest diari sobre processos selectius en l’APV en alguns dels quals s’hauria incorregut en irregularitats.

Els valencianistes apunten a un possible delicte de prevaricació i assenyalen l’alcaldessa de València, María José Catalá, la presidenta de l’Autoritat Portuària, Mar Chao, i dues regidores, les responsables de la Fundació Visit Valencia (Paula Llobet) i de la Fundació Esportiva Municipal (Rocío Gil). El regidor Marí Olano no figura esmentat en la denúncia, ni és investigat en aquest procés.

L’edil de Grans Projectes va mantindre diverses trobades amb personal del Consorci València 2007, en el marc d’un procés de mediació amb els liquidadors, a què van assistir també sindicats, la plantilla afectada i altres treballadors que finalment van ser subrogats, el personal de marineria. En la reunió, Marí Olano va indicar als treballadors que podien presentar-se a altres convocatòries públiques, i els empleats van plantejar els dubtes sobre la liquidació de l’ens —que han recorregut en el jutjat— o si es conservaria l’antiguitat com a empleats públics. Alguns parlen que treballadors es quedaran “fora” i l’edil respon que ell no ha fet els comptes: “Jo el que he aconseguit és traure a provisió en entitats municipals fins ara set places”, assenyala. Fonts consultades confirmen que l’edil va insistir en la possibilitat de presentar-se a processos públics i el consistori “faria tot el possible per no deixar-los en l’estacada”.

Segons els àudios a què ha tingut accés elDiario.es, l’edil trasllada als treballadors com va el procés de reubicació, que van demanar els sindicats, i parla de les “previsions”. Explica que hi ha dues places convocades ja, unes altres en què ha vençut el termini i no s’ha presentat ningú i poden tornar a eixir, i una tercera tanda prevista per a la mateixa setmana. “En principi es publiquen demà i comença el termini”, diu. L’edil convida els empleats del Consorci, que s’ha de dissoldre, a concórrer al procés per a mantindre la seua condició de treballadors públics, encara que els reconeix que les condicions laborals seran pitjors que les que tenen actualment. Parla d’unes places que eixiran en Aumsa, l’empresa pública d’habitatge de l’Ajuntament de València, encara que assegura que no pot garantir que siga així. “Això és tot el que he pogut aconseguir”, apunta en un moment de la reunió.

Marí Olano subratlla la legalitat del procés en la trobada, en què apunta que “les places han eixit sempre de conformitat amb les plantilles de les entitats que han tret les convocatòries, no hi ha hagut cap ampliació de plantilla de cap entitat, han sigut vacants de les entitats”. Els processos de convocatòria són concordes a la norma, trasllada: “Han eixit sempre de conformitat amb la legislació aplicable a cada entitat i de conformitat amb els procediments interns de cada entitat i amb les condicions laborals previstes en cada entitat”. L’edil de Grans Projectes dona garanties als treballadors sobre el procés i els tranquil·litza: “Hi han intervingut tres secretaris municipals (...) No vull utilitzar la paraula ‘forçat’, però s’ha llegit la llei fins on es podia llegir i fins ací és on jo crec que s’ha pogut arribar”, explica. Són entitats en què “s’han pogut trobar vacants”. “Nosaltres ens hem mogut dins d’on ens podem moure dins del marge que ens permet la llei”, insisteix més endavant.

En un moment de la reunió, una persona pregunta què passa amb les places que no s’han adjudicat, a les quals ningú s’ha presentat. Marí Olano apunta: “Jo he fet l’esforç amb les tres places de Visit Valencia, jo he fet un esforç de traure-les i em va costar molt l’esforç. No s’hi ha presentat ningú en una qüestió absolutament legítima. El que fem és donar les opcions”, expressa el regidor, insistint que són qüestions voluntàries. “Si [en] alguna de les places de Visit que no ha tingut convocatòria continua algú interessat, encara que siga modificant una mica, no en l’essencial, els requisits de la convocatòria, no de la plaça... doncs és una qüestió en què soc tot orelles. Jo crec que és millor que ho parlem en privat, però jo estaré encantat d’intentar solucionar-ho. Us ho reitere: de la convocatòria, no de la plaça”, recalca l’edil, que subratlla que les condicions de la plaça “no es toquen: són les condicions del lloc” i afig que “farà la seua proposta”.

Marí Olano reconeix als treballadors que lamenta la seua situació, que és lògic que a posteriori vulguen acudir als tribunals, i expressa que és una cosa amb què l’actual equip de govern “s’ha trobat”. El procés de liquidació va ser acordat el 2022, amb el Govern del Rialto, després que el Govern central condonara el deute de l’ens creat per a la Copa Amèrica. No obstant això, la idea de l’equip de Govern municipal que presidia Joan Ribó implicava mantindre un ens similar 100% municipal i subrogar els treballadors. Amb l’arribada del PP i de Vox al poder, van prendre la decisió política de privatitzar la gestió de la Marina, per la qual cosa es va optar per l’acomiadament d’una desena d’empleats administratius. El consistori té informes contraris a la subrogació dels treballadors del Consorci València 2007. L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha defensat el procés de l’entitat municipal Visit Valencia, que va ser “transparent” i que posaran a disposició l’expedient complet.

El concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de València, el hombre fuerte de María José Catalá para resolver problemas, invitó a los trabajadores del Consorcio Valencia 2007 a presentarse a convocatorias de empleo público antes de que el ente se extinguiera para reubicarlos. En la primavera de 2024, en una reunión de más de dos horas de duración, José Marí Olano ofreció a los empleados afectados por el expediente de regulación de empleo una relación de plazas en entidades dependientes del sector local para resolver su situación. Son puestos de trabajo que ya estaban previstos en las entidades públicas y que se sacan a concurso antes del verano del 2024, en el marco del proceso de extinción del Consorcio, de cuya convocatoria se avisa a los trabajadores, según las conversaciones a las que ha tenido acceso elDiario.es.

La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación sobre las plazas a raíz de una denuncia de Compromís, que puso en conocimiento del Ministerio Fiscal la convocatoria casi simultánea de puestos de trabajo en la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y dos fundaciones municipales: Visit Valencia y la Fundación Deportiva Municipal. Asimismo, el 8 de mayo de 2024, 20 días antes de la adjudicación de las plazas en la Autoridad Portuaria de Valencia, los empleados afectados por los despidos registraron dos actas notariales en las que se apuntaba que las dos plazas de la Autoridad Portuaria serían adjudicadas a dos trabajadoras, con nombre y apellidos, como finalmente resultó ser. Un hecho que pone de relieve un informe de Intervención General del Estado destapado por este diario sobre procesos selectivos en la APV en algunos de los cuales se habría incurrido en irregularidades.

Los valencianistas apuntan a un posible delito de prevaricación y señalan a la alcaldesa de València, María José Catalá, a la presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao, y a dos concejalas, las responsables de la Fundación Visit Valencia (Paula Llobet) y de la Fundación Deportiva Municipal (Rocío Gil). El concejal Marí Olano no aparece mencionado en la denuncia, ni está siendo investigado en este proceso.

El edil de Grandes Proyectos mantuvo varios encuentros con personal del Consorcio Valencia 2007, en el marco de un proceso de mediación con los liquidadores, al que asistieron también sindicatos, la plantilla afectada y otros trabajadores que finalmente fueron subrogados, el personal de marinería. En la reunión, Marí Olano indicó a los trabajadores que podían que presentarse a otras convocatorias públicas, y los empleados plantearon las dudas sobre la liquidación del ente -que han recurrido en el juzgado- o si se conservará la antigüedad como empleados públicos. Algunos hablan de que trabajadores se van a quedar “fuera” y el edil responde en que él no ha hecho las cuentas: “Yo lo que he conseguido es sacar a provisión en entidades municipales hasta ahora siete plazas”, señala. Fuentes consultadas confirman que el edil insistió en la posibilidad de presentarse a procesos públicos y el consistorio “haría todo lo posible por no dejarlos en la estacada”.

Según los audios a los que ha tenido acceso elDiario.es, el edil traslada a los trabajadores cómo está siendo el proceso de reubicación, que pidieron los sindicatos, y habla de las “previsiones”. Explica que hay dos plazas convocadas ya, otras en las que ha vencido el plazo y no se ha presentado nadie y pueden volver a salir, y una tercera tanda prevista para la misma semana. “En principio se publican mañana y empieza el plazo”, dice. El edil invita a los empleados del Consorcio, que se ha de disolver, a concurrir al proceso para mantener su condición de trabajadores públicos, aunque les reconoce que las condiciones laborales serán peores que las que tienen actualmente. Habla de unas plazas que van a salir en AUMSA, la empresa pública de vivienda del Ayuntamiento de València, aunque asegura que no puede garantizar que así sea. “Esto es todo lo que he podido conseguir”, apunta en un momento de la reunión.

Marí Olano subraya la legalidad del proceso en el encuentro, en el que apunta que “las plazas han salido siempre de conformidad con las plantillas de las entidades que han sacado las convocatorias, no ha habido ninguna ampliación de plantilla de ninguna entidad, han sido vacantes de las entidades”. Los procesos de convocatoria son acordes a la norma, traslada: “Han salido siempre de conformidad con la legislación aplicable a cada entidad y de conformidad con los procedimientos internos de cada entidad y con las condiciones laborales previstas en cada entidad”. El edil de Grandes Proyectos da garantías a los trabajadores sobre el proceso y los tranquiliza: “Han intervenido tres secretarios municipales (...) No quiero utilizar la palabra 'forzado', pero se ha leído la ley hasta donde se podía leer y hasta aquí es donde yo creo que se ha podido llegar”, explica. Son entidades en las que “se han podido encontrar vacantes”. “Nosotros nos hemos movido dentro de donde nos podemos mover dentro del margen que nos permite la ley”, insiste más adelante.

En un momento de la reunión, una persona pregunta qué sucede con las plazas que no se han adjudicado, a las que nadie se ha presentado. Marí Olano apunta: “Yo he hecho el esfuerzo con las tres plazas de Visit Valencia, yo he hecho un esfuerzo de sacarlas y me costó mucho el esfuerzo. No se ha presentado nadie en una cuestión absolutamente legítima. Lo que estamos haciendo es dar las opciones”, expresa el concejal, insistiendo en que son cuestiones voluntarias. “Si [en] alguna de las plazas de Visit que no ha tenido convocatoria sigue alguien interesado, aunque sea modificando un poco, no en lo esencial, los requisitos de la convocatoria, no de la plaza... pues es una cuestión que soy todo oídos. Yo creo que es mejor que lo hablemos en privado, pero yo estaré encantado de intentar solucionarlo. Os reitero: de la convocatoria, no de la plaza”, recalca el edil, que subraya que las condiciones de la plaza “no se tocan: son las condiciones del puesto” y añade que “hará su propuesta”.

Marí Olano reconoce a los trabajadores que lamenta su situación, que es lógico que a posteriori quieran acudir a los tribunales, y expresa que es algo con lo que el actual equipo de gobierno “se ha encontrado”. El proceso de liquidación fue acordado en 2022, con el Gobierno del Rialto, después de que el Gobierno central condonara la deuda del ente creado para la Copa América. Sin embargo, la idea del equipo de Gobierno municipal que presidía Joan Ribó pasaba por mantener un ente similar 100% municipal y subrogar a los trabajadores. Con la llegada del PP y de Vox al poder, tomaron la decisión política de privatizar la gestión de la Marina, por lo que se optó por el despido de una decena de empleados administrativos. El Consistorio cuenta con informes contrarios a la subrogación de los trabajadores del Consorcio Valencia 2007. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha defendido el proceso de la entidad municipal Visit Valencia, que fue “transparente” y que pondrán a disposición el expediente completo.

La Fiscalia Anticorrupció ha obert diligències d'investigació penal pels presumptes delictes de prevaricació i de tràfic d'influències en la creació de places a dit a l'Ajuntament de València i al Port. El ministeri fiscal ja ha designat fiscal instructor perquè inicie les perquisicions, segons la documentació a la qual ha tingut accés elDiario.es.

La investigació ve com a conseqüència de la denúncia que va posar Compromís el passat mes de febrer contra l'alcaldessa María José Catalá, contra la presidenta de l'Autoritat Portuària de València (APV), Mar Chao, i contra les regidores Rocío Gil i Paula Llobet per la creació de diversos llocs de treball en entitats municipals per a personal del Consorci València 2007, tal com ha avançat The Objective i ha confirmat aquest diari.

La portaveu del primer partit de l'oposició, Papi Robles, va posar en coneixement del ministeri públic una sèrie de maniobres administratives que, segons la formació, haurien servit per orquestrar una “subrogació encoberta” de diversos treballadors del Consorci, entitat pública liquidada que gestionava la Marina, cap a altres institucions públiques.

La denúncia assenyala també les persones que s'haurien beneficiat de les places, M.G., subdirectora d'Infraestructures, Instal·lacions i Conservació de l'APV; A.G., cap de Gestió Econòmic Financera de l'APV; E.M., administratiu de la Fundació Visit València; i E.P., funcionària interina de la Generalitat Valenciana.

A més, reflecteix que s'haurien detectat almenys set procediments activats de forma paral·lela i concertada entre l'Ajuntament de València i l'APV per situar persones amb noms i cognoms en llocs directius creats pràcticament a mida. Prova d'això és que en cinc casos les convocatòries van quedar desertes, és a dir, no es va presentar cap candidat.

En concret Visit València i la Fundació Esportiva Municipal, així com el propi Port de València van llançar convocatòries gairebé idèntiques en les mateixes dates per cobrir perfils que van acabar ocupant les mateixes persones que ja havien estat assenyalades en actes notarials fins i tot abans que es resolgueren els concursos, uns actes que va destapar elDiario.es l'octubre de 2024.

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación penal por los presuntos delitos de prevaricación y de tráfico de influencias en la creación de plazas a dedo en el Ayuntamiento de València y en el Puerto. El ministerio fiscal ya ha designado fiscal instructor para que inicie las pesquisas, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es.

La investigación viene como consecuencia de la denuncia que puso Compromís el pasado mes de febrero contra la alcaldesa María José Catalá, contra la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, y contra las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet por la creación de diversos puestos de trabajo en entidades municipales para personal del Consorcio Valencia 2007, tal y como ha avanzado The Objective y ha confirmado este diario.

La portavoz del primer partido de la oposición, Papi Robles, puso en conocimiento del ministerio público una serie de maniobras administrativas que, según la formación, habrían servido para orquestar una “subrogación encubierta” de varios trabajadores del Consorcio, entidad pública liquidada que gestionaba la Marina, hacia otras instituciones públicas.

La denuncia señala también a las personas que se habrían beneficiado de las plazas, M. G., subdirectora de Infrastructuras, Instalaciones y Conservación de la APV; A. G., jefa de Gestión Econòmico Financera de la APV; E. M., administrativo de la Fundación Visit València; y E.P., funcionaria interina de la Generalitat Valenciana.

Además, refleja que se habrían detectado al menos siete procedimientos activados de forma paralela y concertada entre el Ayuntamiento de València y la APV para situar a personas con nombres y apellidos en puestos directivos creados prácticamente a medida. Prueba de ello es que en cinco casos las convocatorias quedaron desiertas, es decir, no se presentó ningún candidato.

En concreto Visit València y la Fundación Deportiva Municipal, así como el propio Puerto de València lanzaron convocatorias casi idénticas en las mismas fechas para cubrir perfiles que acabaron ocupando las mismas personas que ya habían sido señaladas en actas notariales incluso antes de que se resolvieran los concursos, unas actas que destapó elDiario.es en octubre de 2024.

Los 14 extrabajadores del Consorcio Valencia 2007, la entidad pública participada por el Gobierno, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València para gestionar la Marina, que fueron despedidos cuando se procedió a la disolución de la entidad, han perdido el primer asalto judicial relacionado con su cese laboral.

Los exempleados pusieron dos recursos en el juzgado: el primero contra el acuerdo por el que se decidió disolver el Consorcio una vez el Gobierno asumió la deuda de 360 millones y abandonó el órgano de gestión, quedando la administración local y autonómica, que optaron por adjudicar a un operador privado la gestión del recinto y de los amarres; y el segundo, derivado del primero, contra el acuerdo de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) por el que se adjudicó ese contrato mediante una concesión a la unión temporal de empresas Serveis Marítims Port Eivissa SL y Ocibar SA, que ha pasado a gestionar la Marina de Valencia, en sustitución del Consorcio.

El primer caso está pendiente de resolución y sobre este segundo procedimiento, la Sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado el recurso al considerar que los extrabajadores carecen de legitimización para impugnar el proceso de adjudicación. La sentencia, del pasado 25 de marzo, no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Aunque en su recurso los trabajadores vinculan ambos procedimientos, puesto que el segundo viene como consecuencia del primero, el fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es, desvincula la liquidación del Consorcio Valencia 2007 de la adjudicación de la gestión de la Marina a la mencionada empresa, tal y como plantea la representación de la APV, como organismo demandad: “Apreciamos la desviación procesal planteada por la administración. La disolución del Consorcio Valencia 2007 no es objeto del presente recurso. El objeto del mismo es la resolución de 26/09/2024 del Consejo de Administración APV desestimatoria de las alegaciones presentadas por empleados del Consorcio dentro del período de información pública sobre otorgamiento de concesión administrativa para la ocupación de bienes de dominio público portuario para la adecuación y explotación de las instalaciones náutico-deportivas de la zona norte del puerto, así como la resolución de otorgamiento de concesión”.

Al respecto, los extrabajadores alegaron como motivo de impugnación de la adjudicación que “no se hizo público que concurrieron tres empresas” y añadieron: “La referencia a las tarifas máximas a aplicar en los amarres para embarcaciones inferiores o superiores a 12 metros, en el suministro eléctrico, el suministro de agua o parking, son disparatadas y su evaluación es únicamente de 5 puntos de 100. Pudiendo ser incrementadas hasta en un 300% de aquellas que se abonaban al Consorcio, causando graves perjuicios a los usuarios”.

Además, plantearon que “no se especifica las bajas respecto las tarifas máximas ofertadas por la empresa, ni propuesta de estructura tarifaria para el uso de la dársena, política de descuentos ni de volumen de actividad mínimo anual” y que tampoco se indica qué ocurre “con aquellos usuarios que ya tenían concertados acuerdos con el Consorcio Valencia 2007 y si va a haber un cambio sustancial en sus condiciones de uso”.

Sin embargo, la Sala no entra en el fondo de la cuestión al considerar que no queda acreditada la legitimización de los denunciantes: “Rechazamos la legitimación ad causam de los recurrentes. La legitimación activa que contempla el artículo 19.1. a) de la LRJCA es una titularidad que deriva de la posición peculiar que ostenta una persona o entidad frente a un proceso, cuando la decisión que se adopte en el mismo es susceptible de afectar a un derecho o a su interés legítimo, lo que la jurisprudencia determina en forma casuística”.

Los magistrados y magistradas afirman que “la legitimación se debe otorgar a toda persona a la que el proceso representa una utilidad en su esfera jurídica de derechos o intereses, bien sea de forma sustancial o inmediata o de modo indirecto o instrumental, en cuanto que, en esta última hipótesis, la observancia de la legalidad y el mantenimiento o anulación de la actuación administrativa impugnada le pueda proporcionar una ventaja o le pueda evitar un perjuicio”.

Por lo tanto, insisten en que “el objeto del presente recurso versa sobre una concesión de dominio público portuario regulada en el art 85 en relación con el art 86 RDLG 2/2011” y que en este caso no se dan “ninguno de los supuestos en el ordenamiento reconoce legitimación a extrabajadores del CV2007 para ejercer una acción pública o popular por la que cualquiera puede accionar, al margen de su provecho individual, con el simple interés de la defensa de la legalidad”. En definitiva, concluyen que “la resolución de adjudicación de concesión no produce directamente efecto alguno en la esfera jurídica de los extrabajadores cuyo reproche va dirigido al procedimiento de disolución del Consorcio Valencia 2007”.

Después de cuatro años de tramitación y de tres años desde que se adjudicó a Baleària, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) aprobó en noviembre del pasado año la revocación de la concesión otorgada a la naviera valenciana para la construcción y explotación de una terminal de cruceros. Como avanzó elDiario.es, el proyecto quedó paralizado por un conflicto con MSC, que pese a no concurrir al concurso público, solicitó posteriormente otra concesión para otra terminal que podía afectar al funcionamiento de la de Baleària.

Mientras se resuelven los trámites para liberar y adaptar los espacios para que ambas terminales, la de Baleària y la de MSC, puedan convivir con normalidad, la naviera valenciana ha logrado una concesión para construir una terminal de pasajeros similar.

En concreto, el Consejo de Administración del Puerto de Barcelona aprobó el pasado 25 de marzo otorgar la concesión para la construcción y explotación de la futura terminal de pasajeros y carga rodada, de uso particular, al muelle Adosado a la compañía Baleària para poder operar sus propios barcos. La concesión se ha otorgado después de que esta naviera realizara la petición por esta terminal en diciembre de 2024, acompañada del proyecto constructivo y de explotación. Una vez superada el trámite de información pública y después de que no se haya realizado ninguna otra petición para la construcción y explotación de una terminal de estas características, el Puerto ha otorgado la concesión.

El proyecto de futura terminal, con una inversión de la naviera de 25 millones de euros, incluye las obras de urbanización del espacio; la construcción del edificio donde se ubicará la futura terminal para pasajeros, oficinas y servicios, de forma trapezoidal de 5.600 m² de superficie; y la urbanización para las operativas de carga y descarga de pasajeros y tráfico rodado. La explanada de la terminal contará con zonas de espera de camiones y de automóviles. Además, se han proyectado las zonas de circulación interna, el aparcamiento para vehículos ante la terminal, la zona de paradas de taxis y autobuses y las zonas públicas de descanso y servicios.

La nueva terminal, que ocupará una superficie de 75.250 m², empezará a operar en una primera fase el febrero del 2027, en un espacio de 38.000 metros cuadrados, y pasará a ocupar el total de la superficie de su concesión a finales del 2029. En su configuración definitiva, la terminal dispondrá de cuatro puntos de atraque simultáneos para barcos ro-ro. La concesión es por un plazo de 27 años, prorrogables.

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, señaló que “la futura terminal supone un adelanto estratégico para Baleària al Puerto de Barcelona, puesto que nos permitirá concentrar toda nuestra operativa en un único espacio, ganando en eficiencia, fiabilidad y calidad de servicio para nuestros clientes. Esta infraestructura representa un salto cualitativo que mejorará la experiencia de pasajeros y transportistas, optimizará los procesos logísticos y reforzará nuestro compromiso con una movilidad marítima más sostenible”.

Conflicto con MSC en Valencia

El 10 de noviembre de 2022, la APV aprobó el traslado de la terminal de cruceros que se ubicaba en el dique de la ampliación norte, alejada por tanto del casco urbano, a los antiguos astilleros de Boluda, junto a los Poblados Marítimos. Tanto el entonces alcalde, Joan Ribó, como el representante de la vicepresidencia del Gobierno del Botánico de Compromís, Ivan Castañón, votaron en contra en coherencia con su oposición a la ampliación del puerto. Aunque hubo recursos judiciales en contra alegando que la infraestructura no disponía de evaluación ambiental alguna, finalmente no prosperaron y el proyecto salió adelante.

La construcción y explotación de la nueva infraestructura se adjudicó mediante una concesión de 35 años ampliable a 50 a Baleària, asociada con Global Ports Holding (GPH) para la gestión de cruceros, con una inversión prevista de 38 millones de euros.

Sin embargo, las obras no se han llegado a iniciar a la espera de que se resolviera la ubicación de la estación de cruceros solicitada por MSC, así como los accesos a las infraestructuras. Aunque en marzo del pasado año desde Baleària se dieron por solventados todos estos problemas, finalmente no ha sido posible compatibilizar el funcionamiento de ambas terminales y se ha optado por anular la concesión de la naviera de Adolfo Utor y volver a la casilla de salida, de forma que se reconfigurará todo el espacio de los muelles de Poniente y Turia para evitar problemas.

Para ello, se ha aprobado también el traslado al Puerto de Sagunto de una terminal de graneles que funciona en la zona una vez finalice su concesión, en 2027. MSC, adjudicataria de la terminal de la ampliación norte y recientemente asociada con el empresario Vicente Boluda, ha ganado mucho peso en el Puerto de Valencia y ha presionado para no perder protagonismo en el tráfico de viajeros y de cruceros.

Els 14 extreballadors del Consorci València 2007, l'entitat pública participada pel Govern, la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de València per gestionar la Marina, que van ser acomiadats quan es va procedir a la dissolució de l'entitat, han perdut el primer assalt judicial relacionat amb el seu cessament laboral.

Els exempleats van posar dos recursos al jutjat: el primer contra l'acord pel qual es va decidir dissoldre el Consorci una vegada el Govern va assumir el deute de 360 milions i va abandonar l'òrgan de gestió, quedant l'administració local i autonòmica, que van optar per adjudicar a un operador privat la gestió del recinte i dels amarratges; i el segon, derivat del primer, contra l'acord de l'Autoritat Portuària de València (APV) pel qual es va adjudicar aquest contracte mitjançant una concessió a la unió temporal d'empreses Serveis Marítims Port Eivissa SL i Ocibar SA, que ha passat a gestionar la Marina de València, en substitució del Consorci.

El primer cas està pendent de resolució i sobre aquest segon procediment, la secció cinquena de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rebutjat el recurs en considerar que els extreballadors manquen de legitimació per impugnar el procés d'adjudicació. La sentència, del passat 25 de març, no és ferma i contra ella cap recurs de cassació davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem o, en el seu cas, davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Tot i que en el seu recurs els treballadors vinculen ambdós procediments, ja que el segon ve com a conseqüència del primer, la sentència, a la qual ha tingut accés elDiario.es, desvincula la liquidació del Consorci València 2007 de l'adjudicació de la gestió de la Marina a l'esmentada empresa, tal com planteja la representació de l'APV, com a organisme demandat: “Apreciem la desviació processal plantejada per l'administració. La dissolució del Consorci València 2007 no és objecte del present recurs. L'objecte del mateix és la resolució de 26/09/2024 del Consell d'Administració APV desestimatòria de les al·legacions presentades per empleats del Consorci dins del període d'informació pública sobre atorgament de concessió administrativa per a l'ocupació de béns de domini públic portuari per a l'adequació i explotació de les instal·lacions nàutic-esportives de la zona nord del port, així com la resolució d'atorgament de concessió”.

Al respecte, els extreballadors van al·legar com a motiu d'impugnació de l'adjudicació que “no es va fer públic que hi van concórrer tres empreses” i van afegir: “La referència a les tarifes màximes a aplicar en els amarratges per a embarcacions inferiors o superiors a 12 metres, en el subministrament elèctric, el subministrament d'aigua o parking, són disparatades i la seua avaluació és únicament de 5 punts de 100. Podent ser incrementades fins a un 300% d'aquelles que s'abonaven al Consorci, causant greus perjudicis als usuaris”.

A més, van plantejar que “no s'especifiquen les baixes respecte les tarifes màximes ofertes per l'empresa, ni proposta d'estructura tarifària per a l' ús de la dàrsena, política de descomptes ni de volum d'activitat mínim anual” i que tampoc no s'indica què passa “amb aquells usuaris que ja tenien concertats acords amb el Consorci València 2007 i si hi haurà un canvi substancial en les seues condicions d'ús”.

No obstant això, la Sala no entra en el fons de la qüestió en considerar que no queda acreditada la legitimació dels denunciants: “Rebutgem la legitimació ad causam dels recurrents. La legitimació activa que contempla l'article 19.1. a) de la LRJCA és una titularitat que deriva de la posició peculiar que ostenta una persona o entitat davant d'un procés, quan la decisió que s'adopte en el mateix és susceptible d'afectar un dret o al seu interès legítim, cosa que la jurisprudència determina en forma casuística”.

Els magistrats i magistrades afirmen que “la legitimació s'ha d'atorgar a tota persona a la qual el procés representa una utilitat en la seua esfera jurídica de drets o interessos, bé siga de forma substancial o immediata o de mode indirecte o instrumental, atès que, en aquesta última hipòtesi, l'observança de la legalitat i el manteniment o anul·lació de l'actuació administrativa impugnada li puga proporcionar un avantatge o li puga evitar un perjudici”.

Per tant, insisteixen que “l'objecte del present recurs versa sobre una concessió de domini públic portuari regulada en l'art 85 en relació amb l'art 86 RDLG 2/2011” i que en aquest cas no es dona “cap dels supòsits en què l'ordenament reconeix legitimació a extreballadors del CV2007 per exercir una acció pública o popular per la qual qualsevol pot accionar, al marge del seu profit individual, amb el simple interès de la defensa de la legalitat”. En definitiva, conclouen que “la resolució d'adjudicació de concessió no produeix directament cap efecte en l'esfera jurídica dels extreballadors el retret dels quals va dirigit al procediment de dissolució del Consorci València 2007”.

Després de quatre anys de tràmits i de tres anys des que es va adjudicar a Baleària, l'Autoritat Portuària de València (APV) va aprovar al novembre del passat any la revocació de la concessió atorgada a la naviliera valenciana per a la construcció i explotació d'una terminal de creuers. Com va avançar elDiario.es, el projecte va quedar paralitzat per un conflicte amb MSC, que malgrat no concórrer al concurs públic, va sol·licitar posteriorment una altra concessió per a una altra terminal que podia afectar al funcionament de la de Baleària.

Mentre es resolen els tràmits per alliberar i adaptar els espais perquè ambdues terminals, la de Baleària i la de MSC, puguen conviure amb normalitat, la naviliera valenciana ha aconseguit una concessió per construir una terminal de passatgers similar.

En concret, el Consell d'Administració del Port de Barcelona va aprovar el passat 25 de març atorgar la concessió per a la construcció i explotació de la futura terminal de passatgers i de mercaderies rodades, d'us particular, al moll Adossat a la companyia Baleària per poder operar els seus propis vaixells. La concessió s'ha atorgat després que aquesta naviliera realitzara la petició per aquesta terminal al desembre de 2024, acompanyada del projecte constructiu i d'explotació. Un cop superat el tràmit d'informació pública i després que no s'haja realitzat cap altra petició per a la construcció i explotació d'una terminal d'aquestes característiques, el Port ha atorgat la concessió.

El projecte de futura terminal, amb una inversió de la naviliera de 25 milions d'euros, inclou les obres d'urbanització de l'espai; la construcció de l'edifici on s'ubicarà la futura terminal per a passatgers, oficines i serveis, de forma trapezoïdal de 5.600 m² de superfície; i la urbanització per a les operatives de càrrega i descàrrega de passatgers i trànsit rodat. L'esplanada de la terminal comptarà amb zones d'espera de camions i d'automòbils. A més, s'han projectat les zones de circulació interna, l'aparcament per a vehicles davant la terminal, la zona de parades de taxis i autobusos i les zones públiques de descans i serveis.

La nova terminal, que ocuparà una superfície de 75.250 m², començarà a operar en una primera fase el febrer del 2027, en un espai de 38.000 metres quadrats, i passarà a ocupar el total de la superfície de la seua concessió a finals del 2029. En la seua configuració definitiva, la terminal disposarà de quatre punts d'atracada simultanis per a vaixells ro-ro. La concessió és per un termini de 27 anys, prorrogables.

El president de Baleària, Adolfo Utor, va assenyalar que “la futura terminal suposa un avanç estratègic per a Baleària al Port de Barcelona, ja que ens permetrà concentrar tota la nostra operativa en un únic espai, guanyant en eficiència, fiabilitat i qualitat de servei per als nostres clients. Aquesta infraestructura representa un salt qualitatiu que millorarà l'experiència de passatgers i transportistes, optimitzarà els processos logístics i reforçarà el nostre compromís amb una mobilitat marítima més sostenible”.

Conflicte amb MSC a València

El 10 de novembre de 2022, l'APV va aprovar el trasllat de la terminal de creuers que s'ubicava en el dic de l'ampliació nord, allunyada per tant del nucli urbà, als antics varadors de Boluda, al costat dels Poblats Marítims. Tant l'aleshores alcalde, Joan Ribó, com el representant de la vicepresidència del Consell del Botànic de Compromís, Ivan Castañón, van votar en contra en coherència amb la seua oposició a l'ampliació del port. Encara que hi va haver recursos judicials en contra al·legant que la infraestructura no disposava d'avaluació ambiental alguna, finalment no van prosperar i el projecte va tirar endavant.

La construcció i explotació de la nova infraestructura es va adjudicar mitjançant una concessió de 35 anys ampliable a 50 a Baleària, associada amb Global Ports Holding (GPH) per a la gestió de creuers, amb una inversió prevista de 38 milions d'euros.

No obstant això, les obres no s'han arribat a iniciar a l'espera que es resolguera la ubicació de l'estació de creuers sol·licitada per MSC, així com els accessos a les infraestructures. Encara que al març del passat any des de Baleària es van donar per solucionats tots aquests problemes, finalment no ha sigut possible compatibilitzar el funcionament de les dues terminals i s'ha optat per anul·lar la concessió de la naviera d'Adolfo Utor i tornar a la casella d'eixida, de manera que es reconfigurarà tot l'espai dels molls de Ponent i Túria per evitar problemes.

Per a això, s'ha aprovat també el trasllat al Port de Sagunt d'una terminal de granels que funciona a la zona una vegada finalitze la seua concessió, el 2027. MSC, adjudicatària de la terminal de l'ampliació nord i recentment associada amb l'empresari Vicent Boluda, ha guanyat molt de pes al Port de València i ha pressionat per no perdre protagonisme en el trànsit de viatgers i de creuers.

El cas de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del port de València és l’exemple més paradigmàtic de l’abús dels poders polítics i econòmics davant els drets dels ciutadans, a més d’un model clar de legitimació de la política dels fets consumats.

Només així s’entén el canvi de criteri del Tribunal Suprem amb la legalització de l’esmentat recinte logístic la construcció del qual va suposar l’expulsió de quasi un centenar de veïns d’unes terres d’horta productiva que van quedar arrasades.

L'alt tribunal va rebutjar esta setmana l'últim recurs que quedava per resoldre de l'associació ambientalista Per l'Horta posant fi a més de dos dècades de litigis entre l'Autoritat Portuària de València (APV) i l'esmentada entitat al costat de l'associació de veïns la Unificadora de La Punta i l'associació Per l'Horta.

El conflicte social i jurídic de la ZAL es remunta al conveni de cooperació subscrit entre el Ministeri de Foment, la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de València l’octubre del 1997 per a promoure el desenvolupament de la ZAL del port de València. Aquest desenvolupament es va plantejar sobre sòl que figurava en el pla general com a “sòl no urbanitzable d’especial protecció agrícola”. És per això que aquest pla especial va ser recorregut per les entitats esmentades.

D’aquest acord van nàixer successives versions del pla especial que ja van ser anul·lades pel Tribunal Suprem dues vegades, el 2009 i el 2015. La tercera versió d’aquest pla, aprovada per Resolució de 17 de desembre de 2018 de la Generalitat valenciana, és a què finalment el Suprem i va donar el vistiplau en una sentència de març del 2024 que va ser un punt d’inflexió pel canvi de criteri adoptat.

Un canvi de criteri que es va produir després d’amenaçar la multinacional MSC, amb interessos en la ZAL i en l’ampliació del port de València, d’anul·lar les inversions que tenia previstes en l’àrea logística, i després de declaracions públiques de l’alcaldessa, María José Catalá, anunciant la tramitació de diverses llicències abans que es coneguera la sentència.

Prèviament, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va anul·lar novament el pla de 2018 en haver-se tramitat amb una avaluació ambiental simplificada en lloc d'ordinària, que és la que requerix de majors tràmits i garanties.

Tant l'APV com la Generalitat Valenciana van recórrer al Suprem, la qual cosa va donar lloc a una sorprenent fallada que tirava per terra les seues anteriors resolucions. Així, va vindre a dir que malgrat assentar-se el recinte sobre un sòl no urbanitzable ja no era susceptible de ser revertit perquè l'obra de parcel·lació i vials ja s'havia realitzat. I per eixa manyaga motiu, no es requeria una avaluació ambiental ordinària, sinó simplificada. A més, diu la fallada que la urbanització s'havia executat perquè no es van paralitzar les obres cautelarment. Alguna cosa que no es va donar bàsicament perquè no va haver-hi resolucions judicials en eixe sentit. Així, es van legitimar els fets consumats d'una actuació sens dubte il·legal perquè es va finalitzar en 2005, quatre anys abans que el primer pronunciament del Suprem.

Consideren també els jutges que, ateses les circumstàncies especials que concorren en aquest cas, “és evident que a l’Administració ja no li és possible exercir les seues potestats de restauració de l’ordre urbanístic, reposant l’estat del sòl al previst en el pla general d’ordenació urbana de València (sòl rústic amb destinació agrícola), que és el que formalment li correspon després de l’anul·lació del pla especial, perquè la Zona d’Activitats Logístiques del port de València està totalment desenvolupada urbanísticament i té una enorme extensió”.

Aquest canvi de criteri del Suprem va caure com un poal d’aigua en les entitats veïnals i ecologistes. L’associació de la Unificadora de la Punta va qualificar “de sentència política” la part dispositiva del Suprem i va considerar que amb aquesta interpretació es podran emparar accions il·legals en els nostres territoris que podran donar carta blanca a la urbanització il·legal de parcs naturals o zones protegides com en el seu moment era la Punta, “donant via lliure a constructores i governs que posen per damunt l’interés urbanístic abans que la vida i la salut de les persones”.