El PP mantiene su estrategia de denunciar que el Gobierno está usando la conocida como 'ley de nietos' para influir en las próximas elecciones generales. Aunque su portavoz, Borja Sémper, ha dicho este viernes que no ponen “en tela de juicio” la limpieza del proceso, su jefe de filas ha asegurado poco después que Pedro Sánchez busca “alterar el censo” electoral. “Esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes”, ha espetado el líder de la oposición en un acto de partido en Castellón, mientras la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se preguntaba esta misma semana: “¿Están intentando nacionalizar socialistas?”.

Ante la plana mayor del PP valenciano, inmerso en una pugna por ver quién lidera la candidatura tras la retirada de Carlos Mazón, Feijóo ha denunciado una “nacionalización masiva” y una “alteración del censo”. “Ningún español cree que hay buena fe en el Gobierno”, ha afirmado, para mezclar los datos de solicitudes del proceso de nacionalización y de la regularización extraordinaria de personas migrantes y mostrarlos como si fueran ya permisos concedidos.

Feijóo ha dado una cifra cercana a los ocho millones de personas más “en el censo”, una cifra totalmente falsa. Ha acusado de oscurantismo al Gobierno por “no transparentar cómo se toman las decisiones” y ha puesto en duda que se haga “con limpieza, independencia, garantáis y sin arbitrariedad”.

El líder del PP ha ido incluso un paso más allá al sostener que es “irresponsable que se impulsen cambios sociales sin planificación”. Una frase que ha dicho un día después de denunciar que “no hay país que lo resista desde el punto de vista social, desde el punto de vista de bienestar y desde el punto de vista cultural”.

Este viernes ha afirmado que esta “ingeniería social no tiene objetivos inocentes”. elDiario.es ha preguntado a diferentes portavoces del PP qué significado le dan al concepto “ingeniería social”, sin que ninguno haya querido responder.

Porque el PP intenta, sin éxito, decir a la vez que confía en el proceso electoral español y que no están alertando de un fraude electoral, con señalar al Gobierno por manipular el censo mediante el proceso de nacionalización extraordinario a cuenta de la Ley de Memoria Democrática que terminó el año pasado.

Abrieron fuego a principios de la semana Feijóo y Ayuso en sincronía. El líder del PP aseguró que este procedimiento es “ingeniería electoral” y que era una operación de Sánchez porque “con los actuales votantes no le salen las cuentas”. La presidenta de Madrid fue más allá, como es habitual, y aseguró que “el reparto de escaños es ilegal” y que “obedece a la intención del presidente del Gobierno de cambiar el censo”.

Una línea discursiva que su partido ha mantenido durante toda la semana. Feijóo acusó a Sánchez expresamente de “fabricar dos millones y medio de votantes” con la ley de memoria ante el riesgo de “perder las elecciones”, y pidió detener un proceso que, en realidad, está cerrado desde octubre de 2025. Lo que está haciendo ahora la administración es verificar si los solicitantes cumplen o no los requisitos, pero ya no se puede apuntar nadie más.

“Las encuestas le dicen que va a perder las elecciones con los votantes que tiene actualmente” y, por eso, “lo que va a fabricar son 2 millones y medio de votantes”, ha dicho estos días el líder de la oposición.

Ni el PP ni Vox, que ha hablado directamente de golpe de Estado, alertaron de ningún problema durante la tramitación parlamentaria de la ley, y solo lo han hecho este 2026, cuando ya no hay forma de revertir el proceso.

Y mientras los principales dirigentes del partido azuzan las denuncias de 'pucherazo', sus portavoces intentan reconducir el discurso. Ester Muñoz, por ejemplo, aseguró que el PP “siempre” defendió la nacionalidad para descendientes de exiliados, mientras este mismo viernes, Borja Sémper ha insistido en que creen “que los nietos tienen ese derecho” a recibir la nacionalidad española.

“Otra cosa”, ha añadido en una entrevista en Antena 3, “es que esto se haya convertido en un desbarajuste y se haga sin garantías legales exigibles, con el Gobierno actuando con opacidad y que aumenten el censo en 2,7 millones de personas. Parece razonable que la oposición exija transparencia”.

Una afirmación falaz, porque el censo no va a aumentar en 2,7 millones de personas. Ese es el número de solicitantes de la nacionalidad española, lo que no quiere decir que todos vayan a tener una respuesta positiva. De hecho, desde 2022 hasta ahora se han aprobado alrededor de medio millón de peticiones, de las que poco más de 300.000 han sido anotadas en el Registro Civil, según los últimos datos aportados por el Ministerio de Justicia a preguntas del propio PP en el Senado.

En los últimos días hemos escuchado a dirigentes del PP acusar a Pedro Sánchez de fraude electoral por la ley de Memoria Democrática, que abre las puertas de la nacionalidad a los nietos de los exiliados españoles en la dictadura. Esas personas, si consiguen ese derecho, podrán votar en las elecciones generales. Este discurso de la derecha española contrasta con lo que el propio Feijóo decía hace no tanto tiempo. En 2022, cuando se tramitaba la ley, el PP no hizo mención al asunto. De hecho, algo muy similar llevó en su programa electoral de 2023. Por no hablar de todas las elecciones en las que el PP gallego, con Feijoo y también con Fraga a la cabeza (visitando a Fidel Castro en Cuba para dejarse ver), se benefició del voto exterior.

Ahora, que todo vale para la confrontación, repasamos esa táctica del PP gallego con el periodista de elDiario.es, Luis Pardo y analizamos de qué manera el censo electoral ha sido, históricamente, un campo de batalla, el mayor que ha habido. Lo hacemos con el analista político y profesor en la Carlos III, Lluís Orriols.

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Todo empezó con Trump. Luego, fueron Fujimori, Bolsonaro, Orbán, Abascal… Pero el PP no podía ser menos. Hace tiempo que Feijóo es un habitual de la política de tierra quemada. Por convicción o por imitación, el caso es que ya le vale todo: la deshumanización del adversario, la deslegitimación de las instituciones, la judicialización de la política, la mentira como recurso habitual, la denuncia falsa… Ahora, abraza el stop the steal (detengan ese robo), una vieja teoría de la conspiración de las derechas y ultraderechas globales que empezó en 2020 con Trump sobre un presunto fraude electoral en las presidenciales norteamericanas. 

El objetivo no es necesariamente demostrar una alteración real de los datos, sino sembrar dudas respecto al sistema electoral para socavar la confianza ciudadana y movilizar a su electorado bajo una lógica de polarización afectiva. Las consecuencias de tal infamia son sobradamente conocidas. En EEUU, el asalto al Capitolio. En Brasil, los ataques a las sedes de las instituciones por parte de los simpatizantes de Bolsonaro. En Perú, meses de parálisis política e impugnaciones masivas que retrasaron la proclamación del presidente. En España, aún está por ver. 

Convertido en una mala copia de Abascal, Feijóo ha empezado a construir, con la ayuda de Ayuso y de su sincronizada de guardia, una irresponsable ofensiva contra el Gobierno que alimenta la sospecha de un supuesto pucherazo electoral. La excusa es la llamada ley de nietos, que permite a los descendientes de exiliados del franquismo lograr la nacionalidad española. “Ahí queda el aviso”, afirma la presidenta de la Comunidad de Madrid, que asegura que “el reparto de escaños” será “ilegal, que el presidente del Gobierno pretende cambiar el censo electoral y que la tercera provincia en número de votos en las próximas elecciones será Argentina. Todo, sin pruebas ni datos, pero con un descaro pasmoso. El mismo con el que Feijóo habla también de ”ingeniería electoral“ porque al Gobierno ”con los actuales votantes no le salen las cuentas“.

Según el Ministerio de Justicia, a fecha de abril de 2026, el número de solicitantes de nacionalidad en virtud de lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, ascendía a 2.622.450 mientras que las aprobadas fueron tan solo 557.709. De ellas, se han inscrito en el Registro Civil 306.500. Los demandantes son todos hijos y nietos de gente que tuvo que salir de nuestro país por la dictadura franquista. El Gobierno ha concedido además la nacionalidad española por carta de naturaleza a 117 descendientes de los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales.  Son ya ciudadanos españoles de pleno derecho, pero el proceso administrativo lleva tiempo, si bien el PP juega a confundir y mezclar la ley de Memoria Democrática con la regularización de inmigrantes, un proceso que no otorga en ningún caso el derecho a voto. 

Feijóo, Ayuso, Abascal y toda la derecha no hacen más que seguir a pies juntillas el sobradamente conocido manual de la ultraderecha global de sembrar la duda previa. Lo que, en comunicación política, se conoce como la anticipación del relato. Esto es que, meses antes de las elecciones, partidos y medios afines difunden la idea de un supuesto pucherazo o que el gobierno de turno prepara una alteración de los resultados de tal modo que cualquier victoria del adversario o resultado propio que sea adverso queda automáticamente deslegitimado.

Para que la falsa denuncia resulte creíble, la treta suele poner el foco en tres aspectos técnicos: el voto por correo, el censo de residentes extranjeros y las empresas de soporte tecnológico que centralizan los datos de recuento. Del resto ya se encargan los periodistas afines, las redes sociales y los canales de mensajería. Pero, si con todo esta patraña, resulta que los difusores de bulos resultan los ganadores de las elecciones, como pasó por ejemplo en Extremadura, las denuncias se diluyen y aquí paz y, después, gloria. Si, por el contrario, pierden, aunque sea por poco margen, regresaría a sus pantallas la máquina del bulo.

Si lo que busca Feijóo, en caso de no gobernar en 2027, es un asalto al Congreso, como el que EEUU vivió en el Capitolio, no solo demuestra lo poco que le importan la democracia y la convivencia, sino también lo entrenado que está en violencia política. El “que caiga España, que ya la levantaremos nosotros”, que profirió Cristóbal Montoro en 2011 se quedará corto en comparación con lo que el gallego parece dispuesto a arrasar de nuestro sistema democrático.

Está a un paso de abrazar el terraplanismo, negar la evidencia científica sobre las vacunas y denunciar una conspiración de Pedro Sánchez para ocultar que la verdadera forma de la Tierra no es geoide. Tiempo al tiempo.

La Mesa Electoral del Colegio de Farmacéuticos de Valencia (Micof) ha anulado las elecciones celebrada el pasado 10 de mayo en la entidad y ha acordado la repetición de las votaciones tras el recurso presentado por dos de las candidaturas presentadas por irregularidades en el voto por correo.

La entidad colegial celebró el pasado 10 de mayo las elecciones para escoger a la nueva directiva, unos comicios en los que ganó la candidatura encabezada por Juventino Jiménez (Impulso Farmacéutico) con 853 votos de los 2.417 emitidos, mientras que la encabezada por Sergio Marco (Voz Farmacéutica) obtuvo 772 votos y la de Santiago Riaza (Avanza Micof), 678.

Posteriormente, las candidaturas de Marco y Riaza presentaron recursos de reposición contra el Acuerdo de proclamación de la candidatura electa por un presunto defecto de forma en el envío del voto por correo, información que reveló elDiario.es.

Una resolución de la Mesa Electoral, fechada este jueves, señala que se estiman los recursos de reposición interpuestos por Marco y Riaza, declara la nulidad del Acuerdo de proclamación de candidatura electa y acuerda la repetición del acto de votación.

“Esto es, la fijación de una nueva fecha para la votación en los términos previsto en los Estatutos y el Reglamento Electoral, la remisión de la documentación para el voto por correo y la emisión del sufragio, personalmente o por correo”, añade la resolución.

Por su parte, la candidatura Voz Farmacéutica, encabezada por Sergio Marco, ha valorado la decisión de anular el voto por correo en el proceso electoral del Micof como una “confirmación de las irregularidades denunciadas durante las últimas semanas”.

Desde la candidatura se considera que esta resolución “pone de manifiesto la importancia de garantizar el estricto cumplimiento de las normas estatutarias en cualquier proceso electoral, especialmente cuando están en juego la representatividad y la confianza de miles de colegiados”.

Voz Farmacéutica insiste en que la admisión de votos por correo en condiciones no ajustadas a los estatutos —incluyendo sobres contenedores de múltiples papeletas o sin las debidas garantías de integridad— “comprometía la limpieza del proceso y justificaba plenamente la impugnación presentada”.

Según el escrito de impugnación de la candidatura de Sergio Marco, a la que ha tenido acceso elDiario.es, “los votos por correo de la candidatura de Juventino Jiménez fueron remitidos a la notaría pero no con carácter individual, sino que fueron remitidos en bloque en varios sobres que contenían en su interior una multiplicidad de votos, en algunos sobres hasta 100 votos aproximadamente, y además no fueron enviados por los propios electores sino por miembros de la candidatura del señor Jiménez o por personal a su cargo”.

Eduardo Martos, alcalde del PP en Cogollos de Guadix (Granada) y diputado provincial, tendrá que ir a juicio después de que el Juzgado de Instrucción 2 de Guadix lo haya decidido tras dar por finalizadas las pesquisas que investigan la presunta manipulación de las elecciones municipales de 2023 en su favor. Martos, que es regidor desde 2015, tendrá que responder por un presunto delito de fraude electoral, por el que la acusación, ejercida por Ciudadanos, le pide hasta seis años de cárcel. Si bien la Fiscalía pide el sobreseimiento, el alcalde también se enfrenta a 15 años de inhabilitación por los mismos hechos. De momento, el PP guarda silencio.

La apertura del juicio oral, adelanta por El Independiente de Granada y confirmada por elDiario.es Andalucía, se produce tras casi dos años de instrucción en los que se han analizado los empadronamientos de algunas de las personas que ejercieron su derecho al sufragio a través de correo. De hecho, en el propio auto, al que ha tenido acceso este medio, el juez señala que, pese a que Cogollos de Guadix es un municipio que en las elecciones locales de 2023 no llegaba a los 600 habitantes con derecho a voto, hubo hasta 92 personas que lo depositaron por correo. Un número “inusualmente alto para un pueblo tan pequeño y envejecido”, según el juzgado.

Los hechos por los que se investiga al alcalde Martos, y a una funcionaria del ayuntamiento para la que también se solicitan tres años de prisión, fueron denunciados por Ciudadanos, que logró un edil en los comicios y que, tras tener conocimiento de las presuntas irregularidades, acudió a la vía judicial. En concreto, las sospechas surgieron cuando una mujer de avanzada edad acudió a su colegio electoral para votar y, cuando iba a hacerlo, descubrió que aparecía en el listado como si ya hubiese votado por correo. Al comprobarse, la papeleta quedó anulada.

Los comicios se saldaron con una mayoría absoluta para el PP de Eduardo Martos, en una jornada en la que llegó a participar el 92% del censo. El Partido Popular obtuvo 286 votos y cuatro concejales, el PSOE logró 144 votos y dos ediles, mientras que Ciudadanos sumó 92 papeletas y consiguió un puesto en el ayuntamiento. Precisamente por lo anómalo de la alta participación y porque la formación naranja se quedó a las puertas de obtener dos concejales, desde Cs presentaron una denuncia alegando desde el primer momento que se había producido un “amaño”, tomando como base para la denuncia lo ocurrido con la mujer del voto doble.

Votantes que no residían en el municipio

La denuncia prosperó y el juzgado llegó a solicitar un informe a la Guardia Civil para investigar a parte de las personas que habían votado por correo. Según se desprende de dicho documento, al menos 15 de las 21 personas investigadas por fraude electoral en Cogollos de Guadix no residían en el municipio. Aun así, solicitaron el voto por correo y lo ejercieron en las elecciones municipales de 2023. Entre los investigados que sí vivían en el pueblo y que usaron esa vía para ejercer su derecho al sufragio figura incluso el alcalde Eduardo Martos.

No solo eso, en el auto de apertura de juicio oral también se señala otro hecho que estrecha el cerco sobre el alcalde. El juez apunta a que la señora mayor que se encontró con que ya había votado por correo sin ella haberlo hecho, contaba en ese momento con la ayuda profesional de una asistencia social que trabajaba en el Ayuntamiento de Cogollos de Guadix, puesto al que había accedido directamente, sin proceso de selección previo. Por ello, la asistenta también se enfrenta a una petición de cárcel por parte de Ciudadanos que asciende a tres años. Según consta en el escrito del Juzgado de Instrucción 2 de Guadix, el correo desde el que se habría depositado el voto de la mujer a la que cuidaba era el de su propio sobrino. Un sobrino que también habia estado vinculado laboralmente al Consistorio.

Mientras el PP guarda silencio a las preguntas de este medio, pese a la apertura de juicio oral y a la solicitud de dimisión que hacen los partidos de la oposición, la acusación, ejercida por Ciudadanos, sí muestra su “alegría”. “Este señor se había cogido a estos métodos y así ya llevaba tres legislaturas. A ver si hubiese justicia y se le pudieran parar los pies a este hombre para que no siga con lo mismo”, señalan desde la formación naranja, que consideran que las presuntas irregularidades habrían ido incluso más allá de los últimos comicios.

La Audiencia Provincial de Zamora ha ordenado por segunda vez al juzgado que instruye una causa por supuesto fraude electoral reabrir esa investigación relacionada con el voto de personas mayores de la residencia municipal de Moraleja de Sayago en las elecciones locales de mayo de 2023.

Se trata de la segunda ocasión en el que el tribunal provincial da marcha atrás en la intención del juzgado de cerrar la causa que se instruye por iniciativa del PSOE contra el alcalde de Moraleja de Sayago, Ángel Villamor, que concurrió a esos comicios por el partido Ahora Decide.

Como ya hiciera en abril del pasado año, la Audiencia Provincial de Zamora ha estimado ahora otro recurso del PSOE para que siga adelante el procedimiento judicial, según ha informado este miércoles el PSOE en un comunicado.

El caso fue denunciado en los tribunales por el PSOE de ese municipio zamorano, que ha pedido que se investigue si residentes del centro de mayores que presentaban deterioro cognitivo fueron presuntamente manipulados para votar por correo, lo que podría constituir un delito electoral según el artículo141 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Zamora había decidido por segunda vez en noviembre del año pasado archivar el caso al considerar que los hechos denunciados carecían de relevancia penal.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Zamora ha considerado ahora que existen suficientes indicios de la comisión de un posible fraude electoral, lo que justifica la continuación del procedimiento judicial.

El recurso presentado por el PSOE había sostenido que el auto del juzgado de instrucción carecía de una motivación adecuada y que no se valoraron de manera correcta las pruebas disponibles.

A juicio de la formación denunciante, existen “indicios claros de manipulación del voto”, al haberse solicitado el voto por correo de personas residentes que “no poseían la capacidad suficiente para decidir por sí mismas a quién votar”, ha indicado el PSOE de Zamora en el comunicado.

El pucherazo electoral es un fantasma que la derecha española invoca o entierra en función de si las urnas les benefician o les perjudican. Después de varias citas electorales alertando abiertamente de un posible fraude en las votaciones de elecciones generales, autonómicas y municipales, tanto PP como Vox han dejado de lado sus bulos preventivos después de las europeas en las que ambos mejoraron sus resultados. Ahora es el ultra Luis 'Alvise' Pérez ha cogido el testigo y ha convertido la bandera de la conspiración en el eje central de la campaña que le ha dado tres asientos en el Parlamento Europeo, desarrollando una táctica electoral importada de Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en Argentina o Jair Bolsonaro en Brasil.

Las teorías de la conspiración sobre pucherazos e irregularidades en el recuento de votos suele tener, en primer lugar, una intención preventiva: alertar por adelantado del posible fraude electoral para movilizar al electorado. En los últimos años, tanto el PP de Alberto Núñez Feijóo como Vox se han subido al carro de cuestionar los resultados por adelantado y dejar caer el supuesto escándalo cuando termina la jornada electoral. En las últimas elecciones europeas la estrategia, directamente, ha decaído y en estos comicios no han encontrado motivos para cuestionar el sistema de voto español.

“Sánchez se va a ir como llegó, con un intento de pucherazo”, dijo Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en el acto de cierre de campaña de las elecciones autonómicas de mayo del año pasado. Mes y medio después, a las puertas de las elecciones generales, el PP volvió a la carga, esta vez con el voto por correo. Feijóo llegó a dirigirse directamente a los carteros para que repartieran “todos los votos” pese “a sus jefes”. Una vez pasadas las diversas citas con las urnas de 2023, la derecha abandonó la teoría de la conspiración, basada sobre todo en la operación judicial contra Coalición por Melilla y las sospechas de fraude en el voto por correo en Mojácar que salpicaron a PSOE y PP.

La estrategia no es un invento de la derecha española. En Estados Unidos Donald Trump tiene un largo historial en cuestionar las elecciones, sobre todo si no le gusta el resultado. En la reelección de Barack Obama, en 2012, Trump invitó a sus miles de seguidores de Twitter a “marchar sobre Washington” para protestar contra la “parodia” electoral. En 2020, cuando claudicó ante Joe Biden y tuvo que abandonar la Casa Blanca, lo hizo antes y después de las votaciones: “La única manera de que perdamos estas elecciones es si son amañadas”, dijo. El voto por correo, afirmó en los días posteriores mientras su derrota se hacía cada vez más evidente, era un “sistema corrupto”.

En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro tiene una amplia experiencia en cuestionar los resultados electorales, sobre todo cuando implicaron que su gobierno iba a decaer en favor de Lula Da Silva. El líder político brasileño de extrema derecha ha sido condenado por cuestionar de forma infundada la fiabilidad del sistema electoral brasileño en los comicios de 2022. En Argentina, el presidente Javier Milei denunció un “fraude colosal” en la segunda vuelta de las elecciones argentinas de 2023. Poco después dio marcha atrás y retiró las acciones legales. Desde que preside el país no se han repetido las denuncias de corrupción electoral.

Vox también ha desarrollado esas técnicas en España y hasta fechas recientes. El pasado mes de marzo, los de Santiago Abascal propusieron una modificación de la ley electoral y que cambie el sistema de recuento del voto por Correo. La extrema derecha parlamentaria también lleva años alentando bulos electorales. En mayo de 2019, pocos días después de las elecciones generales, las primeras en las que consiguió representación en el Congreso. “Que se comprueben una a una todas las actas. En las elecciones autonómicas descubrimos un porcentaje muy importante de votos que estaban mal computados a través de las empresas contratadas por el Gobierno”, dijo Javier Ortega Smith.

En las últimas elecciones, un posible pucherazo electoral no formó parte de los miedos de los partidos de la derecha. Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal evitaron agitar el temor a una maniobra del Gobierno para alterar los resultados de las urnas. El mensaje que protagonizó las campañas electorales de 2023 ha decaído ante la amnistía, la investigación judicial a Begoña Gómez y otros asuntos más rentables desde el punto de vista electoral. Y el testigo ha pasado a otras candidaturas y partidos a la derecha de la derecha que llevan años promoviendo este tipo de dudas.

“Seamos claros: ¿Pucherazo en España?”

En el nuevo panorama político español hay un candidato que lleva años alentando estas teorías conspirativas, mucho antes de presentarse a unas elecciones: Luis 'Alvise' Pérez. En su canal de Telegram el hoy eurodiputado electo por 'Se Acabó La Fiesta' lleva varios cursos difundiendo fraude electoral tras fraude electoral, a veces antes de que se celebren los comicios y a veces durante las votaciones, difundiendo fotos o vídeos sin contexto que, según cuenta a su medio millón de suscriptores, prueban maniobras encabezadas por Indra para manipular los resultados de las urnas.

Los ejemplos siguen vivos en su canal. “El PSOE subiendo en escaños. Seamos claros: ¿Pucherazo en España?” preguntó a sus seguidores cuando empezó el recuento de los votos de las últimas elecciones generales. “Las elecciones deben aplazarse y certificar el sistema electoral español con peritos dentro de Indra y sin votos por correo manipulables”, dijo unos días antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo.

Las alusiones a la supuesta corrupción en el recuento de votos, el transporte de papeletas o la gestión del sufragio por correo son algo transversal a años de mensajes en el canal de Telegram de Alvise Pérez, pero el agitador ultra pisó el acelerador hace unos meses, cuando anunció que se presentaba a las elecciones europeas. Su gran reclamo de campaña ha sido aliarse con el perito informático Gabriel Araújo y afirmar que cuenta con algo llamado “Electo-VAR” y un software llamado “Scrutinia” para “controlar a Indra en el recuento de actas electorales”.

Desde el principio de las elecciones, las consignas de Alvise adelantaron por la derecha a cualquier teoría conspiranoica desplegada por líderes políticos a nivel mundial para cuestionar un resultado electoral. Pidió “no votar por Correos, es puro fraude” y centró su campaña en imprimir y repartir papeletas “para evitar el sabotaje electoral”. “Estamos viviendo decenas de delitos electorales en los recuentos electorales. Estamos grabándolo todo para denunciarlo en los tribunales”, dijo durante la jornada de votación.

Las urnas han dado a 'Se Acabó la Fiesta' unos resultados muy por encima de cualquier expectativa: tres eurodiputados y más de 800.000 votos. Pero eso no ha frenado a los colaboradores de Pérez a la hora de cuestionar, en lo que no tiene que ver con su candidatura, los resultados del pasado nueve de junio. Su perito colaborador ha pedido en la red social X que se retiren los escaños de Podemos, Junts y PNV. Pérez afirma, por su parte, que va a forzar el examen del escrutinio en “todos los municipios de este país” y, mientras tanto, ha difundido un pantallazo en el que afirma que el PSOE fue tercera fuerza por detrás de Vox y que su candidatura consiguió dos millones más de votos de los que salieron de las urnas.

El portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Donostia y exalcalde, Juan Karlos Izagirre, ha denunciado este miércoles indicios de “fraude electoral” en los resultados de las elecciones municipales del 28 de mayo, en las que la coalición soberanista sería primera fuerza en Altza, Bidebieta e Intxaurrondo, e “irregularidades” en la conformación de la Junta de Distrito Este, cuya presidencia correspondería, según él, a la coalición soberanista y no al PSE-EE. A su juicio, se trata de un posible hecho “muy grave”, ante el cual no se puede permanecer “callados e inmóviles”. El PNV, que ganó esos comicios y lidera el Ayuntamiento con Eneko Goia en coalición con los socialistas, ha despachado estas críticas señalando que son prácticas “trumpistas” y que ya existen cauces de revisión.

En una rueda de prensa, Izagirre, acompañado del resto de ediles de EH Bildu en la ciudad, ha indicado que el reglamento establece que en el cómputo de votos para la conformación de la Junta de Distrito Este debe tenerse en cuenta toda mesa electoral que abarque “total o parcialmente”. En este contexto, ha señalado que “cuatro mesas en las que EH Bildu fue primera fuerza han sido excluidas del escrutinio, por lo que las proporciones de representación municipal que se anunciaron no se corresponden con lo que debe ser”, informa Europa Press.

Izagirre ha explicado que EH Bildu inició hace semanas una investigación ante “la sospecha de que el PSE-EE no había sido la lista más votada en Altza, Bidebieta e Intxaurrondo, tal como se hizo creer”. En este sentido, ha señalado que se ha podido corroborar que “EH Bildu es el partido más votado en el Distrito Este” y ha asegurado que emplearán “todos los medios para aclarar lo sucedido y las personas a quienes corresponda tendrán que dar explicaciones”. Asimismo, ha denunciado que la “irregularidad” detectada “alimenta la sospecha de un intento de fraude electoral ocurrido en este Ayuntamiento”. “Es muy grave y utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para aclarar los hechos y exigir responsabilidades”, ha insistido.

Según EH Bildu, con base a los datos oficiales que constan en la Junta Electoral, “los resultados que se difundieron en agosto son erróneos, y que los reales y definitivos dan a EH Bildu una ventaja de 158 votos sobre el PSE-EE en el Distrito Este”. “En concreto, EH Bildu obtuvo 5.276 votos (y no 4.830), el PSE 5.118 votos (y no 4.854 votos) y similar con el resto de partidos políticos (PNV 4.619 y no 4.245; Elkarrekin Donostia 1.846 y no 1.769; y PP 1.658 y no 1.455)”, ha puntualizado. Izagirre ha constatado que “los criterios empleados para el recuento no han sido claros”, ya que han dejado “fuera” del recuento para la conformación de la Junta “cuatro mesas electorales, dos limítrofes con Ulía (5-12A y 5-12B) y dos de Intxaurrondo (Zona Ametzagaña 4-14A y 4-14B)”.

En un comunicado, el grupo municipal del PNV ha señalado se realizará un nuevo recuento. Pero interpretan que “las gravísimas acusaciones de EH Bildu, alentando la sombra del fraude electoral, del que responsabiliza a la coalición de Gobierno, van dirigidas, en realidad, contra funcionarios municipales encargados de velar por la limpieza del proceso electoral”. Y añaden: “EH Bildu utiliza tácticas trumpistas cuestionando el funcionamiento institucional, extendiendo una sombra de sospecha sobre el proceso electoral, cuando, precisamente, su normal aplicación ha permitido revisar el recuento, que se ha saldado a favor de sus intereses”.

Por su parte, la portavoz del PSE-EE en el Ayuntamiento de Donostia, Marisol Garmendia, ha manifestado que “hablar de fraude electoral”, como lo ha hecho el portavoz de EH Bildu Juan Karlos Izagirre, es “una acusación muy grave” que los socialistas no van “a tolerar”. “Los resultados electorales son los que son y si, cuatro meses después, habla de fraude electoral, lo que tiene que hacer es denunciar en los tribunales”, ha remarcado.

Garmendia, en un comunicado, se ha referido de este modo a la denuncia realizada este miércoles por Izagirre de “fraude electoral” en los resultados de las elecciones municipales del 28 de mayo, en las que la coalición soberanista sería primera fuerza en Altza, Bidebieta e Intxaurrondo, e “irregularidades” en la conformación de la Junta de Distrito Este, cuya presidencia correspondería, según él, a la coalición soberanista y no al PSE-EE.

Para la portavoz socialista, “acusar a funcionarios municipales de distorsionar voluntariamente los resultados electorales de cara a la configuración de los órganos de gobierno del Distrito Este, con sospechas de recuento irregular, es igual de grave y pone en tela de juicio el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento”.

Garmendia ha subrayado que el PSE-EE “ha ganado claramente en Altza con 2.587 votos frente a los 1.907 de EH Bildu y también ha ganado en Bidebieta”. Por ello, ha pedido a EH Bildu que no “sobreactúe” y que “no dé lecciones de democracia ni arroje dudas sobre la legitimidad de los resultados en el Distrito Este”.

Finalmente, ha afirmado que “serán los servicios jurídicos y técnicos municipales competentes” quienes abordarán esta cuestión y “definirán, siguiendo la normativa municipal vigente, los términos de la representación política y ciudadana de los órganos de gobierno del Distrito Este”.

Vuelven las urnas, y Alberto Núñez Feijóo vuelve a alentar las dudas sobre la limpieza del proceso electoral en España. Lo hizo en 2009 en Galicia, durante todo 2022 y con especial intensidad en la campaña de las municipales y autonómicas del 28 de mayo. Y lo ha vuelto a hacer ante las generales del 23 de julio. Esta vez, como hace una década, Feijóo ha dado pábulo en Murcia a las teorías de la conspiración sobre una empresa que conoce muy bien porque fue su presidente: Correos.

El candidato del PP este 23J ha recordado que este jueves 13 de julio termina el plazo para solicitar el voto por correo. Los estrategas de Feijóo temen que las fechas de la convocatoria y la confianza en su triunfo desmovilicen a sus potenciales votantes. Incluso ha aleccionado a los suyos: “Recordar que si votamos por correo no votemos en urna”.

Pero inmediatamente ha lanzado la sospecha contra una de las empresas públicas más grandes de España. “Le pido a los carteros que trabajen mañana, tarde y noche, y aunque no tengan los refuerzos suficientes que sepan que custodian algo sagrado”, ha apuntado Feijóo, quien dirigió la compañía entre el año 2000 y 2003. 

Ayer mismo, Correos comunicó un refuerzo de personal de más de 19.000 personas. Algo que no impide a Feijóo lanzar el bulo de que el Gobierno de coalición está intentando, de alguna manera, interceder en el voto por correo.

El discurso de Feijóo ha sido muy explícito al respecto, y se ha dirigido directamente a los carteros. “Les pido, con independencia de sus jefes, que repartan todos los votos”, ha asegurado, dando a entender que los directivos de la empresa pública están promoviendo algún tipo de boicot a las opciones del voto por correo.

El historial de Feijóo alentando bulos para poner en duda la limpieza de las elecciones en España se retrotrae a 2009. Apenas unos años después de abandonar la presidencia de la empresa, y en plena campaña electoral para ganar la Xunta de Galicia, el hoy líder del PP pidió a través de su equipo al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero custodiar las sacas del voto exterior a su llegada al aeropuerto de Barajas.

La conspiranoia de Feijóo ha crecido en intensidad desde que asumió el liderazgo del PP en abril de 2022. De la mano de su vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, la oposición lanzó dudas sobre el trabajo de la multinacional Indra en las noches electorales, y relacionó el relevo del presidente del INE con las supuestas intenciones del Gobierno de manipular el censo electoral.

Feijóo también ha extendido la información sin contrastar de que el cambio de la política del Gobierno con Marruecos tiene que ver con el robo de información personal del teléfono móvil del presidente, Pedro Sánchez. Una teoría de la conspiración que volvió a alentar este mismo lunes en el 'cara a cara' con el líder del PSOE.

elDiario.es ha contactado con Correos. La empresa pública ha asegurado que “el pago de las horas extra a sus profesionales ya está presupuestado, y comprometido el pago”. “Asimismo, la compañía vuelve a recordar que desde el pasado 30 de mayo está tomando y tomará todas aquellas mediadas necesarias para garantizar el voto por correo”, han terminado.

Sánchez responde desde la cumbre de la OTAN: “España es mucho mejor”

La réplica del presidente del Gobierno ha llegado desde Vilna, Letonia, a donde se ha desplazado Pedro Sánchez para participar en una cumbre de la OTAN, informa Andrés Gil. “En muchas ocasiones me han escuchado decir que durante estos últimos años hemos sufrido una forma de hacer oposición basada en tres puntos: el primero es la mentira, como vimos el otro día en el debate; el segundo es la manipulación, y lo estamos viendo con este tipo de declaraciones que se hacen para socavar la confianza de la gente en sus instituciones y en la democracia española; y en tercer lugar, maldades”, ha dicho.

Sánchez ha señalado directamente a Feijóo por acusar a Correos de un posible fraude y por “no condenar algunas proclamas que hieren evidentemente a muchas víctimas que sufrieron el zarpazo del terrorismo”, en referencia al eslogan “que te vote Txapote” que ha indignado a quienes fueron objetivo de ETA. “Demuestra qué tipo de oposición hemos tenido durante estos últimos cuatro años. Y ante eso uno se tiene que indignar, porque lo he dicho en muchas ocasiones: España es mucho mejor que esa forma de hacer oposición y que entender la política”.

“El 'sanchismo' y Vox tienen los mismos intereses”

Feijóo también ha sacado tiempo para atacar con dureza creciente a su único posible aliado tras el 23 de julio: Vox. El candidato, arropado por el expresidente José María Aznar y el aspirante a repetir como jefe del Ejecutivo en Murcia, Fernando López Miras, no solo ha insistido en meter a la ultraderecha en el mismo saco que ERC o EH Bildu, algo con lo que ya había coqueteado en el pasado.

El candidato del PP ha asegurado que “el 'sanchismo' es pactar lo que sea con quien sea para llegar al poder como sea y mantenerse en el poder como sea”, además de “mentir en los temas importantes”. “Un Gobierno dividido que se pelea por la mañana, por la tarde y se reconcilia por la noche” y que “pone las instituciones del Estado al servicio de un partido y un Gobierno”.

Feijóo ha repetido, como ya hiciera ayer en Ciudad Real y Cádiz, que hay dos opciones el 23J: “Votar al partido 'sanchista', a Sumar o votar a los que mandan, ERC, Bildu y Puigdemont”. “La última opción”, ha señalado en referencia a Vox, sería “a los que dicen que quieren que gobierne el PP pero no votar al PP”.

“Todos estos facilitan que Sánchez pueda quedarse en el Gobierno”, ha dicho, para afirmar que no se presentará si no gana. Algo que, ha dicho, le “han enseñado en casa”, en el PP. “No ha habido un presidente que se haya presentado después de perder las elecciones”, ha señalado justo a la vez que el PP investía presidente de Canarias a Víctor Clavijo, segundo en los comicios del 28M. Y también después de los pactos de Extremadura y municipios como Toledo, Valladolid o Alcalá de Henares.

Feijóo ha concluido con un duro ataque directo a los de Santiago Abascal: “Si el 'sanchismo' y Vox quieren seguir de aliados, que lo sean. Si el 'sanchismo' y Vox quieren seguir demostrando que teníamos razón y que tienen los mismos intereses, que lo hagan. Si el 'sanchismo' y Vox prefieren que siga el Gobierno 'sanchista', que lo diga. Y si el 'sanchismo' y Vox quieren seguir bloqueando la Región de Murcia, lo pagarán en las urnas el 23 de julio. Pido que cese la irresponsabilidad y hagamos el cambio que nos han pedido los ciudadanos”. Feijóo ha zanjado: “Frente a quien quiere bloquear, el PP. Frente a pinzas y chantajes de la minoría, el PP. Frente a quien quiere dividir, el PP que quiere unir”.

En la misma línea ha insistido Aznar, quien ha acusado a Vox de impedir gobiernos del PP: “Si siguen poniendo palos en las ruedas de las bicicletas, las bicicletas van a seguir adelante y los palos se van a caer. Se equivocan los que ponen esos palos en las ruedas”.

Y López Miras, quien necesita a la ultraderecha para repetir como presidente de Murcia. “Vox exige un precio por no votar junto a Pedro Sánchez y Podemos”, ha lamentado López Miras sobre el voto de Voxen contra de su investidura. “Hemos escuchado que la Región puede ser un laboratorio. No lo es, pero es un espejo en el que puede mirarse España”, ha apuntado el dirigente autonómico. “Lo que pasa en Murcia puede pasar en España”, ha añadido. “Si Vox bloquea en Murcia, puede hacerlo en España”, ha advertido.

López Miras ha defendido que hay una “única papeleta, la del PP”. “Puede pasar que alguien vote a Vox pensando que es para echar a Pedro Sánchez, pero que luego los de Vox voten con Pedro Sánchez para bloquear un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Eso pasa en la Región de Murcia”, ha apuntado, para concluir: “Solo hay dos opciones. Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo. La única garantía es que sean diputados del PP. Otros pueden bloquear”.

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Finalmente, el PP se ha llevado el gato al agua en el municipio almeriense de Carboneras. De esta manera, el candidato popular, Felipe Cayuela, ha sido elegido este viernes nuevo alcalde al obtener siete de los 13 votos de la corporación local gracias al apoyo del único edil de Ciudadanos y exregidor independiente, Salvador Hernández.

Por su parte, José Luis Amérigo (PSOE), que también obtuvo seis concejales aunque menor número de votos en la última cita electoral municipal, pasa a la oposición tras cuatro años de mandato tras un pleno que por fin ha podido celebrarse tras ser aplazado por la interposición de un recurso contencioso-electoral de los socialistas por las presuntas irregularidades en el voto por correo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (TSJA) falló que, sobre la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción 4 de Vera por presunto fraude electoral del PP por compra de votos, debe ser la jurisdicción penal la que “determine la existencia de los graves hechos que se denuncian” y destacó que la “mera interposición de dicha denuncia penal no puede determinar la invalidez del proceso electoral. Trasladó que no se podía ”adelantar ahora su incidencia en el resultado electoral“ y apuntó que los indicios que aportó el PSOE sobre una supuesta venta de votos por correo ”a favor del PP“ no pasan de ser ”meras alegaciones insuficientes para anular el resultado electoral“.

'La muerte tenía un precio'

La sesión plenaria, que se ha iniciado a las 10 horas y ha sido retransmitida por el PP en sus redes sociales, se ha desarrollado en un ambiente tenso, propio del que ha sido un “final de infarto”. A pocas horas de su celebración, Cayuela transmitía “no saber quién” sería el alcalde, y aseguraba que su grupo había hecho “todo lo que consideramos justo, honesto y normal para llegar a un acuerdo beneficioso para todas las partes”, en alusión a Ciudadanos.

Por su parte, el PSOE carbonero se reunió a última hora del jueves en asamblea extraordinaria con un único punto en el orden del día: definir el “posicionamiento político” para el mandato de 2023-2027. Entre ambas formaciones, el concejal de Ciudadanos, Salvador Hernández, quien ha dado su voto finalmente al PP para decidir el duelo con una votación en urna que ha estado amenizada en hasta dos ocasiones con la banda sonora de Ennio Morricone para La muerte tenía un precio sonando en el móvil de uno de los asistentes.

En su primer discurso como alcalde, Felipe Cayuela ha destacado el “apoyo mayoritario” obtenido el pasado 28 de mayo hasta llegar a ser la fuerza política “que más respaldo ha tenido”, y ha afirmado que su mandato estará guiado por “la transparencia, el diálogo y la toma de decisiones buscando el interés general de los carboneros siempre”.

Entre la “humildad” y la “honestidad”

“Seguiremos trabajando por el bien de Carboneras, con esfuerzo y con mucha humildad, para lograr el mayor progreso y desarrollo de nuestro pueblo”, ha trasladado para añadir que su “puerta estará abierta para lo que necesitéis” ya que “esto es un trabajo de toda la corporación”.

Por su parte, el alcalde saliente, José Luis Amérigo, ha defendido el trabajo hecho por el PSOE “siempre desde la honestidad” y ha definido su etapa al frente del Ayuntamiento de Carboneras como una “aventura bonita”.

Ha indicado que, desde la oposición, estarán “vigilantes”, si bien ha asegurado que el “nuevo equipo de gobierno que se conforme tras el pleno nos tendrá a su lado en las decisiones que sean buenas para el municipio”. “Tendremos siempre ánimo de cooperar si actúan con transparencia y para el bien común”, ha finalizado.

Los ayuntamientos almerienses de Mojácar y Carboneras han convocado para este viernes los plenos para su constitución, que fueron aplazados por resolución judicial mientras se investigaban presuntas irregularidades en el voto por correo, un proceso que sigue su vía penal. Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimase los recursos contencioso-administrativos que, presentados por el PSOE, impugnaban los resultados de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, los consistorios han podido dar el paso para que tomen posesión los nuevas corporaciones.

El pleno en el Ayuntamiento de Mojácar se ha convocado a las 20.30 horas de este viernes para la investidura como nuevo regidor de Fran García (PP), quien sustituye a la alcaldesa saliente y actual número 2 de la lista, Rosa María Cano. Los populares ganaron con mayoría absoluta de ocho concejales frente a cinco del PSOE, y la principal novedad en la sesión plenaria es que los dos integrantes de la candidatura socialista que fueron detenidos por agentes de la UCO de la Guardia Civil en el marco de una operación por presunto fraude electoral tres días antes de la cita electoral tomarán posesión de su acta, aunque lo harán como no adscritos.

Así lo ha indicado a Europa Press el candidato socialista, Manuel Zamora, en relación a quien fuera su número 2, Francisco Bartolomé Flores, y su número 5, Cristóbal Vizcaíno. Ambos están siendo investigados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vera por presunta compra de votos por correo. En una pieza separada, el mismo juzgado investiga, con un detenido, hechos similares que habrían favorecido al PP. Zamora ha señalado que se mantiene la suspensión de militancia, aunque el acta “es personal” y ha apuntado que, una vez sean “absueltos” o se archive la causa penal que ahora se dirige contra ellos, “volverían al grupo municipal del PSOE”.

Al hilo de esto, y tras el rechazo del TSJA al recurso contencioso-electoral, ha asegurado que contemplan un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) que, en todo caso, no paraliza los plazos para constituir la corporación. “El objetivo a la larga es que se constituya una gestora en el Ayuntamiento, porque va a ser un gobierno del PP que sale de unas elecciones viciadas”, ha asegurado para remarcar que, de “los 700 votos intervenidos” por la UCO en la jornada electoral en Mojácar, “500 son del PP”. Asimismo, ha subrayado que, en el marco de la investigación que desarrolla la Guardia Civil en esa pieza separada, “se ha llamado a declarar ya a más de 150 testigos”.

Prevalece la conservación del acto electoral

EL TSJA rechazó anular los resultados de las elecciones municipales en Mojácar y Carboneras, tal y como solicitó el PSOE, al considerar que prevalece el “principio de conservación de los actos electorales” sobre la que aún es una “presunta compra de votos” o sobre lo que tilda de “meros indicios o conjeturas.

En el caso de Mojácar, el PSOE pidió la repetición de las elecciones y, de manera subsidiaria, que se suspendiera temporalmente el nombramiento del equipo de gobierno del PP, que obtuvo mayoría absoluta, alegando que se habían “contabilizado” votos por correo “investigados por la UCO” de la Guardia Civil mientras que otros “se habían dejado de contabilizar” al ser incautados. A juicio de los socialistas, esto supone “una restricción de la participación”, a lo que suma que las causas penales abiertas “llevan a plantearse que los votos por correo están viciados por recompensas ofrecidas por el PP, que se habría beneficiado con ocho concejales”.

Pese a ello, el TSJA desestima que las elecciones municipales en Mojácar hayan estado “viciadas” por una “presunta compra de votos por parte del PP”, ya que la existencia de una pieza abierta de investigación en el Juzgado de Instrucción 4 de Vera “no comporta la destrucción de la presunción de inocencia” ni tampoco tiene “consecuencia anudada a la comisión de un delito”. “El principio de conservación de los actos electorales ha de inspirar el juicio de ponderación que haya de llevarse a efecto ante peticiones de nulidad en las que no es posible afirmar que ha quedado comprometida la legalidad del proceso electoral”, concluye.

¿Quién gobernará en Carboneras?

Por lo que respecta al Ayuntamiento de Carboneras, será el municipio más madrugador ya que ha señalado para las 10 horas la sesión para conformar la corporación local para el mandato 2023-2027 y elegir alcalde entre José Luis Amérigo (PSOE), Felipe Cayuela (PP) y Salvador Hernández (CS). El PP, que ganó como la lista más votada, y el PSOE, en el gobierno saliente, cuentan con seis concejales cada uno, por lo que será Ciudadanos y su único edil el que decida la gobernabilidad del consistorio.

Con respecto a Carboneras, el Juzgado de Instrucción 4 de Vera mantiene también abierta una investigación por presunta compra de votos. En este caso, el TSJA señala que debe ser la jurisdicción penal la que “determine la existencia de los graves hechos que se denuncian” y destaca que la “mera interposición de dicha denuncia penal no puede determinar la invalidez del proceso electoral.

Traslada que no se puede “adelantar ahora su incidencia en el resultado electoral” y apunta que los indicios que aporta el PSOE sobre una supuesta venta de votos por correo “a favor del PP” no pasan de ser “meras alegaciones insuficientes para anular el resultado electoral”.

La Junta Electoral Central está investigando los resultados electorales que le dieron la victoria al Partido Popular en Cogollos de Guadix (Granada) el pasado 28 de mayo. Este organismo trata de averiguar qué pudo pasar con varios votos depositados, después de que el grupo municipal de Ciudadanos, que ha logrado un edil y se quedó a las puertas del segundo, haya denunciado unos hechos que consideran “escandalosos” y “fuera de lo normal”. Este municipio tiene algo más de 650 habitantes.

Los comicios se saldaron con una victoria por mayoría absoluta del PP del alcalde Eduardo Martos con una elevada participación del 92% del censo. En total, el Partido Popular se llevó 286 votos a favor y cuatro ediles, el PSOE 144 y dos concejales y Ciudadanos se quedó en 92 papeletas y amarró un puesto en el Consistorio. El problema es que esos resultados están en duda porque se detectó que una persona votó a su vez en persona y por correo.

En concreto, una vecina de la localidad aparecía en el listado de electores que habían depositado su decisión a través del voto telemático, pese a que había acudido el mismo día de las elecciones a su colegio electoral. Al comprobarlo, la papeleta que iba a depositar quedó anulada, pero las sospechas sobre un presunto fraude se dispararon. Fuentes de Ciudadanos aseguran que el “amaño” es un “rumor” que se repite en el pueblo desde hace tiempo y que busca beneficiar al alcalde del PP, Eduardo Martos, motivo por el que decidieron presentar una alegación ante la Junta Electoral de Guadix.

En dicho escrito, al que ha tenido acceso este elDiario.es Andalucía, los naranjas afirman que no sólo se produjo el controvertido voto doble de esta vecina, sino que el elevado porcentaje de papeletas depositadas por correo es sospechoso. Un 17% del censo electoral de Cogollos de Guadix escogieron esta opción, lo que sorprende a Cs al ser una localidad pequeña de algo más de medio millar de habitantes. Entienden que es un resultado “escandaloso” y “fuera de lo normal” que podría haber beneficiado, presuntamente, al Partido Popular.

30 empadronamientos irregulares

Además, desde Ciudadanos también afirman que se han detectado al menos 30 empadronamientos irregulares de “personas sin ningún arraigo ni residencia real en el municipio”. Personas que figuran como residentes en viviendas del propio alcalde, concejales y allegados al PP. Razones por las que la Junta Electoral Central ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido y tomar una decisión.

Este medio se ha puesto en contacto con el Partido Popular para conocer su versión de los hechos, pero fuentes oficiales dicen no tener constancia de que se esté investigando lo ocurrido en las elecciones de Cogollos de Guadix. En todo caso, desde Ciudadanos sí dicen que el alcalde tiene “poder” y lleva “tiempo” urdiendo estrategias para mantenerse en el cargo a toda costa.

El Ayuntamiento de Mojácar, el municipio del Levante almeriense en el que se acumulan las sospechas de fraude electoral, no se constituirá este sábado. El PSOE ha interpuesto un contencioso electoral que impugna el resultado de las elecciones del pasado 28 de mayo, en las que el PP obtuvo ocho concejales, por cinco de los socialistas. La ley suspende automáticamente la constitución de las corporaciones (es decir, la toma de posesión de concejales y alcaldes o alcaldesas) cuando se presenta un contencioso electoral.

La Junta Electoral Central rechazó este jueves el recurso de los socialistas contra los resultados de Mojácar, pero el PSOE ha decidido llevar su protesta hasta el final, ahora con un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Aunque inicialmente se había previsto la constitución del Ayuntamiento para el sábado a las 12.00 horas, fuentes municipales confirman que no ocurrirá.

Le Ley Electoral dispone que los ayuntamientos se constituyen el vigésimo día posterior a las elecciones, este sábado, salvo que se haya interpuesto un recurso contra los resultados, en cuyo caso se constituyen 40 días después. Sería el 7 de julio.

“Agravio comparativo”, según el PSOE: unos votos valen y otros no

La suspensión del Pleno se produce un día después de que la Junta Electoral Central (JEC) rechazara el recurso del PSOE por la “imposibilidad” de comprobar los hechos que denuncian los socialistas y en aplicación del “principio de conservación de los actos electorales”. Los socialistas advirtieron a la JEC de que había indicios de fraude en el voto por correo en Mojácar, debido a las recompensas que habría ofrecido el PP a cambio de sufragios. Estos indicios están siendo investigados por el juzgado de instrucción 4 de Vera en una pieza separada de la causa en la que se investiga, también, la presunta compra de votos por correo para el PSOE.

La JEC admitía la “relevancia y gravedad” de las presuntas irregularidades, pero prefirió no alterar el proceso. Ahora, el PSOE ha interpuesto un recurso en la misma línea, que tiene el efecto de provocar la suspensión automática de la constitución del Pleno.

Los socialistas denuncian la discriminación que se habría cometido entre los electores cuyo voto por correo fue requisado en los registros que realizó la Guardia Civil cuatro días antes de las elecciones, y el resto de quienes sí votaron por correo, hasta 706 personas, cuyo sufragio se contabilizó sin problemas. Los socialistas subrayan que se restringió el derecho al sufragio de varios ciudadanos que entregaron libremente la papeleta. Y creen en todo caso que si el voto por correo está bajo sospecha, deberían haberse requisado todos, y no solo los que encontraron en los registros practicados, entre otros, a dos miembros de la lista socialista. 

Investigación penal paralela y una denuncia histórica del PSOE

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA deberá resolver este recurso mientras en paralelo un juzgado de Vera investiga, por la vía penal, las sospechas de fraude. El recurso contencioso electoral es urgente y prioritario, y en él interviene también la Fiscalía.

La interposición del recurso llevará la constitución del ayuntamiento al 7 de julio, en un contexto marcado por las sospechas cruzadas de fraude. La UCO detuvo el 24 de mayo a siete personas, entre ellas dos integrantes de la lista del PSOE, por las sospechas de que compraban votos por dinero. Les intervino 200 resguardos. Un día después de los comicios, se supo que el juzgado también tenía una pieza separada en la que investigaba la presunta compra de votos por parte del PP, y en la que investigaba a un simpatizante y antiguo apoderado de los populares.

Las denuncias de fraude electoral en Mojácar vienen siendo reiteradas por el PSOE desde hace una década, sin que hayan desembocado en nada hasta ahora. En este pueblo de 7.500 habitantes, uno de cada cuatro votantes en las municipales lo hace por correo, un porcentaje que ha ido creciendo en los últimos años y que multiplica por ocho la media nacional. Los vecinos admiten abiertamente la práctica arraigada de la compra de votos. 

Sus iniciales son L.M.L.R., pero en Mojácar todo el mundo lo conoce por el mote de Luisón. Su detención se conoció el pasado domingo, durante la jornada electoral, en el marco de la operación policial contra una supuesta trama de compra de votos por correo en la que días antes habían sido arrestadas siete personas, dos de ellas pertenecientes al PSOE. El octavo detenido fue el último y el único vinculado al PP, según se supo al día siguiente, cuando sus lazos políticos ya no podían desgastar a un partido que se ha empleado a fondo en la campaña en señalar al PSOE por la presunta compra de votos en Mojácar. La relación de Luisón con el PP es orgánica: fue apoderado del partido en las elecciones de 2019, según ha adelantado El Español y ha podido confirmar elDiario.es. Además tenía antecedentes y no hay noticia de que haya sido puesto en libertad. Toda esta información solo ha trascendido pasadas las elecciones.

Luisón trabaja a sueldo de ese Ayuntamiento del PP: es el sepulturero de un pueblo almeriense de 7.500 habitantes que ha centrado buena parte de la atención de los medios en la reciente campaña electoral. Allí el Partido Popular calcó el domingo pasado la mayoría absoluta (ocho concejales frente a cinco del PSOE) que obtuvo en las elecciones de 2019, esas en las que Luisón fue su apoderado.

Durante la campaña electoral, el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegó a pedir al PSOE que retirara su candidatura en ese Ayuntamiento. Otros dirigentes destacados –Esteban González Pons, Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida y Miguel Tellado– culparon de esta trama al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por haber participado en un mitin con el candidato del PSOE y por veranear en la localidad.

El día 28, mientras todavía había personas votando, las informaciones de un nuevo imputado provenientes de teletipos que citaban fuentes de la Guardia Civil no mencionaban las afinidades políticas de Luisón. Se limitaban a decir que “el octavo detenido” había quedado “fuera del radar” de los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el transcurso de las diligencias practicadas por orden del juez.

En busca y captura desde 2020 por cinco delitos

Cuando Luisón fue arrestado, el juez comprobó que constaban varios delitos previos en sus antecedentes. El que le llevó a la cárcel fue la reventa de un saxofón que había sido robado por terceras personas en un establecimiento hostelero de Mojácar. Posteriormente, como si se tratara del cobro de un rescate en un secuestro, Luisón habría devuelto el instrumento a su dueña a cambio de 250 euros.

La orden de busca y captura la había emitido el Juzgado de lo Penal 1 de Almería en agosto de 2020 tras ser condenado a seis meses de prisión y serle denegada la suspensión de la pena ya que, en el momento de esos hechos, contaba con diferentes antecedentes penales: amenazas, robo con violencia, falsedad en documento público y apropiación indebida. Todos estos detalles solo se conocieron el 31 de mayo. Durante tres años Luisón habría seguido trabajando en Mojácar y a la luz pública a pesar de estar en busca y captura.

Cuando el escándalo de la supuesta compra de votos estalló el día 25, tampoco había conseguido eco mediático una denuncia previa, del martes 16 de mayo, pero en sentido contrario: del PSOE contra el PP. El candidato socialista, Manolo Zamora, denunció ante la Guardia Civil presuntas irregularidades en la tramitación de los votos por correo de algunos vecinos mediante certificado digital.

Una foto de la alcaldesa del PP junto a sobres con votos por correo

Zamora informó a la Guardia Civil que “muchos beneficiarios” de cestas de comida que asignan los servicios sociales y “reparte la alcaldesa y concejales” del equipo de gobierno “personalmente” en Navidad “estarían votando por correo”.

En ese sentido aportó Zamora un documento con la relación de beneficiarios y “una fotografía donde aparece la alcaldesa junto con una beneficiaria de dicha cesta y en la mesa el sobre del voto por correo y otros cinco sobres al lado ya preparados”. La denuncia, a la que tuvo acceso este periódico, se presentó personalmente por Zamora en el cuartel de la vecina localidad de Garrucha, en representación del PSOE.

Ocho días después, la alcaldesa del PP, Rosa María Cano, contraatacó con otra denuncia que, esta sí, desembocó en la detención de siete personas, dos de ellas integrantes de la lista del PSOE. Fue esta última operación la que acaparó mayor atención mediática y la que todos los dirigentes del PP a escala nacional y autonómica utilizaron insistentemente para desgastar a su rival electoral.

Los detenidos el 25 de mayo, en plena campaña, fueron Francisco Bartolomé Flores y Cristóbal Vizcaíno (número dos y cinco de la candidatura del PSOE) y el exconcejal del ya extinto Partido Andalucista Pedro Montoya. También quedaron en libertad provisional los otro cuatro detenidos.

Impugnación de las elecciones

El PSOE está dilucidando si da los pasos para la impugnación en Mojácar. Según ha podido saber elDiario.es Andalucía, representantes del Partido Socialista se disponen a exponer de forma oral una serie de alegaciones ante el presidente de la Junta Electoral de Zona para que tuviera conocimiento de los motivos que llevan a pedir la impugnación, informa Javier Ramajo.

La exposición oral supondría el “pistoletazo de salida” de un procedimiento de “díficil” éxito pero en el que tienen la seguridad de que se han cometido irregularidades, afirman las fuentes, que reconocen que no existen precedentes de que se hayan tenido que repetir una elecciones a nivel local “pero también es verdad que nunca se habían dado unas elecciones con estas características”, anunciando que esa vía contenciosa discurriría “de forma paralela” a la vía penal. En el PSOE aseguran tener “datos suficientes para ir en contra de los números 1 y 2 del PP” en el municipio, añaden.

El PSOE está dilucidando si da los pasos para la impugnación de las elecciones municipales en Mojácar (Almería) a raíz de la presunta trama de compra de voto por correo que investiga un juzgado de Vera y que mantiene a once personas investigadas, entre ellas los números 2 y 5 de la candidatura socialista (Francisco Bartolomé Flores y Cristóbal Vizcaíno) y un funcionario municipal con “vinculación” al PP, identificado como L.M.L.R.

Según ha podido saber elDiario.es Andalucía, representantes del PSOE se disponían a exponer de forma oral una serie de alegaciones ante el presidente de la Junta Electoral de Zona (JEZ), en este caso de Vera, para que tuviera conocimiento de los motivos que llevan al partido encabezado por Manuel Zamora en la localidad almeriense a pedir la impugnación. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). prevé en su artículo 103 que “el escrutinio general se realiza el quinto día siguiente al de la votación, por la Junta Electoral que corresponda, según lo establecido en las disposiciones especiales de esta ley”, momento al que esperaban para presentar las alegaciones.

Sin que pueda confirmar que así haya sido, Zamora explica a elDiario.es Andalucía que “no está decidido aún” la presentación de un recurso electoral pero que se está “perfilando” para dar el paso, asegurando que hasta el mediodía de esta viernes no se había presentado escrito alguno.

La exposición oral supondría el “pistoletazo de salida” de un procedimiento de “díficil” éxito pero en el que tienen la seguridad de que se han cometido irregularidades, afirman las fuentes, que reconocen que no existen precedentes de que se hayan tenido que repetir una elecciones a nivel local “pero también es verdad que nunca se habían dado unas elecciones con estas características”, anunciando que esa vía contenciosa discurriría “de forma paralela” a la vía penal. En el PSOE aseguran tener “datos suficientes para ir en contra de los números 1 y 2 del PP” en el municipio, añaden.

El PSOE denunció al PP por “preparar” votos por correo una semana antes de la detención de dos de sus candidatos. Días después trascendió que el sepulturero de Mojácar se convertía en el octavo investigado en la presunta trama de compra de voto por correo y que había quedado “fuera del radar” de los investigadores de la UCO en el transcurso de las diligencias practicadas por orden del juez.

Más de 700 sobres intervenidos

Cabe recordar que, tras el 28M, nada ha cambiado la configuración de la corporación local de Mojácar con respecto a 2019 tras  la operación policial del 24 de mayo, a cuatro días de las elecciones. El PP ha revalidado la mayoría absoluta aunque ha perdido casi medio punto de apoyo, mientras que las detenciones de los dos candidatos del PSOE no han repercutido en los socialistas ya que incluso se incrementó el apoyo en porcentaje de votos (del 38,64% en 2019 a 40,44% este domingo). En términos absolutos, los populares pasaron de 1.692 votos a 1.596 y el PSOE apenas perdió siete votos, pasando de 1.145 en 2019 a 1.138 en la jornada electoral.

Durante el 28M, según informó Europa Press, agentes de la Guardia Civil intervenieron un total de 701 sobres de voto por correo en las siete mesas electorales instaladas en el municipio en respuesta al escrito presentado ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) por el candidato socialista, Manuel Zamora, quien solicitó que se custodiaran para que se proceda a su “análisis pericial/judicial”.

Así consta en el escrito que Zamora presentó a los presidentes de las siete mesas electorales de Mojácar, al que ha tenido acceso este periódico, y donde consideraba que “teniendo conocimiento del extraordinario número de votos por correo” en estas elecciones en Mojácar con diferencias “notables porcentuales” en ese sentido respecto a las nacionales, autonómicas y locales amén de los “acontecimientos acaecidos”. La custodia de esos votos podrían “constituir una aval para la determinación del esclarecimiento de los acontecimientos” y que hacen que se trate, a juicio de Zamora, de unas elecciones “viciadas”, quien comenta a este medio que la alcaldesa “se llevó rápidamente a una vecina a la que no dejaron votar porque le dijeron que ya había votado por correo y ella lo negaba”.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vera ha ordenado a la Guardia Civil que investigue un presunto caso de delito electoral en el municipio de Carboneras (Almería), donde el PSOE ha denunciado al PP por su supuesta implicación en la compra de votos. El juez ha oficiado a la Policía Judicial para que indague si ha existido un caso de “fraude” en el “sistema de votación” tras la denuncia presentada por “un partido político”, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Al margen de esta denuncia, con la que se aporta una grabación y que el pasado día 25 interpuso el PSOE, la Guardia Civil ha dado trámite a una segunda denuncia interpuesta por Ciudadanos este lunes y en el mismo sentido.

Fuentes del caso han indicado a Europa Press que la denuncia de CS relata un incidente ocurrido en un colegio electoral del municipio en el que una persona, a quien identifica, habría reconocido en presencia de apoderados y candidatos de otros partidos, así como de un agente de la Policía Local y los integrantes de la mesa, que le “habían entregado 50 euros a cambio de su voto”.

Una llamada telefónica

Ambas denuncias, las del PSOE y la de Ciudadanos, apuntan al PP. La grabación que aportan los socialistas carboneros es de una llamada telefónica en la que supuestamente el hermano de uno de los candidatos 'populares', se dirigiría a uno de los concejales del PSOE en el Ayuntamiento “asegurando que el aspirante a la Alcaldía por el PP, Felipe Cayuela, está comprando votos”.

Conforme a la denuncia de la que informó el PSOE, habría sido el pasado 18 de mayo cuando un hermano del candidato del PP --que también aparece en la denuncia de Ciudadanos-- contactó con el concejal socialista a través de mensajería de Facebook. En el contenido de su mensaje, “tras identificarse por su nombre”, le habría ofrecido “tres votos, que se están comprando este año a 100 euros cada uno”.

En un comunicado, los socialistas precisaron que el edil asegura, asimismo, que habría recibido después varias llamadas de esta misma persona a través de la misma plataforma, por lo que le devolvió la llamada esta vez con dos concejalas del gobierno municipal “como testigos y siendo la llamada grabada”.

“El hermano del candidato del PP manifiesta entonces que si el PSOE quiere comprar los votos de su madre, de su hermana y de su sobrino, que otros lo están haciendo y, a pregunta del concejal de qué otros, manifiesta que Felipe”, recogía.

A esta conversación transcrita y grabada, se añadía que habría “otras evidencias” que vendrían a “ratificar los hechos” y aludía a la publicación en la red social Facebook de conversaciones por parte de particulares “denunciando el intento de compra de votos” con 'pantallazos“ adjuntos.

El PSOE informó, asimismo, al juzgado instructor del incremento “en mucho” del voto correo y de que serían “muchas las personas las que nos han trasladado que el PP estaría ofreciendo dinero a cambio”, así como de la detección “de muchos votos por correo que se han concentrado” para recibir la documentación en “dos o tres direcciones”.

La denuncia concluía que “toda esta trama estaría organizada por el hermano del candidato del PP, Felipe Cayuela, acompañado de otros candidatos del PP” y articulada en torno a “sus negocios” y “a su propia casa”.

Mismo instructor que en Mojácar

Por otro lado, los hechos que describe Ciudadanos habían ocurrido la misma jornada electoral, al ir a votar la persona que se identifica. La denuncia, que aporta la identidad de seis testigos que los habrían presenciado, señala que detalló que la “compra de voto” se habría hecho “el 21 de abril” en un hotel de Carboneras y que la persona que “le pagó fue el hermano del candidato del PP a la Alcaldía”, a su vez “gerente” del citado establecimiento.

El juez que ha oficiado a la Policía Judicial para que investigue es el mismo instructor de las diligencias por la supuesta trama de voto por correo el pueblo de Mojácar, que suma once imputados tras la detención de un nuevo sospechoso que, conforme a los indicios, “habría beneficiado al PP y no al PSOE” como supuestamente habrían hecho el resto de implicados, entre ellos, los miembros 2 y 5 de la lista de los socialistas en este municipio costero.

El PSOE y el PP han empatado a concejales, seis, en Carboneras, donde el acta de edil lograda por Ciudadanos (Cs) será determinante a la hora de conformar gobierno. En número de votos, el PP se ha alzado con la victoria con el 42,79% de los votos, lo que multiplica por siete el respaldo obtenido en 2019, con apenas el 6,34%, pasando de 291 sufragios a 1.910.

El PSOE, que hace cuatro años logró un 41,94% por ciento de los votos (1.923), en esta cita con las urnas, baja casi cuatro puntos hasta situarse en el 38,22%. Por otro lado, ha entrado en la corporación local Ciudadanos, con un 8,04% de los votos y un concejal.

El juez que investiga una supuesta trama de fraude electoral ligada al voto por correo en Mojácar (Almería) ha elevado a once el número de investigados tras la detención practicada el pasado fin de semana de un nuevo sospechoso que, conforme a los indicios, “habría beneficiado al PP y no al PSOE” como supuestamente habrían hecho el resto de implicados, entre ellos, los miembros 2 y 5 de la lista de los socialistas en el municipio costero.

Según han informado fuentes del TSJA, el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera ha acordado este martes el alzamiento del secreto de sumario de las diligencias abiertas a raíz del presunto fraude en el voto por correo investigado en el municipio de Mojácar que estalló en la recta final de la campaña con siete detenciones, tres de ellas de hombres de origen latinoamericano, y tres personas investigadas.

Esto supone que las partes personadas en la causa podrán tener acceso a las diligencias instruidas hasta el momento y no sólo el ministerio fiscal, tal como venía sucediendo desde el inicio de la investigación.

Pieza separada

Así, en la causa se encuentran investigadas un total de once personas, ya que a las diez primeras se ha unido otra más que también resultó detenida y que tras su puesta a disposición judicial se negó a declarar. La investigación abierta contra él se ha concretado en la apertura de una pieza separada dentro de las diligencias penales incoadas dado que “su presunta actuación habría beneficiado al PP y no al PSOE”.

De los siete primeros detenidos, seis pasaron a disposición judicial el viernes antes de las elecciones locales y fueron puestos en libertad provisional como investigados después de que se negaran a declarar. El primero de ellos, el exconcejal del ya extinto PA Pedro Montoya declaró el jueves anterior ante el juez y también quedó en libertad provisional. Los tres investigados restantes aún están pendientes de ser citados por el órgano judicial.

Custodia de los sobres de voto

Por otra parte, el titular del Juzgado de Vera 4 acordó en días anteriores la retirada de un determinado número de sobres de voto por correo con el fin de que la Policía pudiera llevar a cabo diligencias de investigación dentro de la causa. Los votos sí fueron depositados en las urnas y únicamente fueron recogidos los sobres vacíos.

La actuación se desarrolló durante la jornada electoral cuando la Guardia Civil intervino un total de 701 sobres de voto por correo en las siete mesas electorales instaladas en el municipio. Previamente, el candidato del PSOE a la Alcaldía, Manuel Zamora, había dirigido un escrito a la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Vera ese mismo domingo para pedir que se custodiaran los sobres de cara a su “análisis pericial y judicial”.

Zamora incidía en su denuncia en el “extraordinario” número de votos por correo en estas elecciones locales en Mojácar, con diferencias “notables porcentuales” con las nacionales y autonómicas, lo que se unía a los “acontecimientos acaecidos”, por lo que consideraba esta medida podía “constituir un aval para la determinación del esclarecimiento de estos hechos denunciados por la alcaldesa”.

La denuncia del PSOE

Cabe recordar que el candidato del PSOE también interpuso una denuncia el pasado 16 de mayo en relación con otro presunto fraude ligado a las votaciones, esta vez, en relación con el PP no solo a través del voto por correo sino también por supuestos beneficios a través de cestas de comida para los usuarios de los Servicios Sociales, conforme al escrito presentado ante la Guardia Civil.

Al respecto, el titular del mismo juzgado, ha acordado remitir al Decanato de los Juzgados de este partido judicial la denuncia presentada por el PSOE contra el PP. La denuncia será adjudicada a un Juzgado de Vera en los próximos días para que continúe la investigación al respecto

Consecuencias electorales

Pese a la gran repercusión que ha tenido el caso, nada ha cambiado en la configuración de la corporación local de Mojácar con respecto a 2019, ya que el PP ha revalidado la mayoría absoluta, aunque ha perdido casi medio punto de apoyo.

Asimismo, el arresto del número 2, Francisco Bartolomé Flores, y del número 5 de la candidatura, Cristóbal Vizcaíno, no ha repercutido en los socialistas, que incluso ven cómo se incrementa el apoyo en porcentaje de votos, pasando del 38,64% en 2019 a 40,44% este domingo.

En términos absolutos, los 'populares' han pasado de 1.692 votos a 1.596 y el PSOE apenas perdido siete votos, pasando de 1.145 en 2019 a 1.138 en esta jornada. Desde el partido socialista aún no se ha determinado si ambos concejales accederán a su acta.

Otra denuncia por fraude en Carboneras

 El Juzgado número 4 de Vera, que sigue en funciones de guardia, también ha recibido una nueva denuncia por otro presunto caso de fraude en el sistema de votación. La denuncia ha sido presentada por un partido político y el juez de guardia ha oficiado a la policía judicial para que inicie la correspondiente investigación sobre estos hechos.

Las democracias en Europa no se terminan de un día para otro, sino que van sometiéndose a un lento desgaste que erosiona su estabilidad hasta hacerlas caer. Es como un acantilado que con el paso del tiempo acaba viendo mermada su presencia por el embate de las olas hasta que cae sobre el mar. Los casos de fraude electoral en España son puntuales, se han dado siempre y la mayoría se identifican, se persiguen y no pasan de ser un problema legal menor. No hay año de elecciones municipales que no se dé esta circunstancia, que hay que perseguir, y que no suele pasar de una nota al pie en las campañas electorales porque como suele afectar a los grandes partidos en mayor medida no se solía tener la desfachatez de usarlo como argumento electoral.

El motivo por el que los dos o tres casos más graves que se dan en cada proceso electoral han pasado a ser el foco de la campaña electoral tiene una explicación que viene de largo tras la llegada a las instituciones de la extrema derecha. También de la importación del modo de actuación de las líneas generales utilizadas por Donald Trump, que beben de todos los procesos históricos de desangre democrático previos a la instauración de Estados totalitarios y antidemocráticos. Las democracias tienen que ser deslegitimadas para dar paso a sistemas totalitarios. El núcleo fundamental de legitimidad de una democracia es la limpieza del proceso electoral, si se consigue instaurar la duda sobre el proceso esta pierde valor ante la ciudadanía y ya es posible atentar contra sus fundamentos y no respetar las reglas del juego. El principio fundamental de este compromiso es la aceptación de la derrota, si un partido se presenta a unas elecciones y pierde, reconoce al ganador. Pero no se acepta al ganador si se le considera ilegítimo y basado en una elección fraudulenta.

Los procesos de deslegitimación son múltiples y variados y la extrema derecha los ha tocado todos. Desde considerar al gobierno ilegítimo a considerar el proceso electoral amañado. La derecha siempre acaba viéndose arrastrada por el desacomplejamiento ultra y se mueve hasta sus marcos, que acaban empapando a cotas de representación que en otras circunstancias se habrían quedado en redes marginales. La reunión de los fiscales con Núñez Feijóo donde el exmagistrado del Tribunal Supremo expresó su preocupación por el amaño de las elecciones a través de la empresa Indra da una buena muestra de cómo funciona este proceso paulatino de deslegitimación democrática que comienza en foros de grupos ultras en internet y termina en las más altas instituciones del Estado con ideología reaccionaria.

La creación de bulos y noticias falsas acaba creando un estado de opinión que obliga a los conservadores a reaccionar a ese estado de demanda de su propio electorado y comienzan a deslizarse hacia esas posiciones. Es lo que le ocurrió a Esteban González Pons poniendo en cuestión todo el sistema hablando de una trama organizada en toda España para la compra de votos. El cinismo del PP en la campaña siempre acaba en Fraga. La memoria nos llevó al dinosaurio gallego con la presencia de terroristas de ETA en las listas y la polémica sobre la presencia de quién era responsable de delitos de sangre haciendo política cuando tiene como presidente de honor a quien ejecutaba comunistas, la memoria también obliga a recurrir a Fraga con la polémica sobre el fraude electoral y la compra de votos.

Manuel Fraga acudía cada campaña electoral a Buenos Aires para acarrear votos de los gallegos en Argentina. El carretaxe siempre le fue fructífero al PP de Galicia y para que fuera efectivo el presidente de honor del PP iba a la metrópoli bonaerense con 400 kilos de pulpo para reunirse con las asociaciones de emigrados. El sistema era sencillo para convencerlos, pulpo y 50 dólares, un bono que había que recoger para depositar el voto por correo. Feijóo no abandonó esa estrategia electoral de cuidar bien a los votantes exteriores y 20 días antes de las elecciones a la Xunta de octubre de 2012 hizo campaña por Argentina en el avión privado de un empresario gallego afincado en Argentina. Ni de cuidar a los emigrados, ni de justificar el carretaxe del PP de Galicia llevando a ancianos a votar el día de las elecciones para asegurarse que votaran bien.

“Se chegamos á conclusión de que unha persoa que non pode andar non pode ir votar, alá vostedes e o seu comportamento ético”, dijo Alberto Núñez Feijóo para excusar a los miembros del PP de Galicia que habían llevado a ancianos a votar en las elecciones de 2014. La Audiencia Provincial declaró acreditado que José Luis Iravedra, presidente del PP de Lugo, había llevado a ancianos afectados por casos de demencia y alzheimer desde el asilo Hermanitas de los Ancianos Desamparados al colegio electoral para votar. La sentencia finalmente declaró que aunque fueran hechos reprobables éticamente no constituían un delito porque no quedaba probado que los ancianos del asilo dedicado a atender a personas con enfermedades mentales y degenerativas tuvieran afectadas sus facultades. El mismo Feijóo que justificaba estas actuaciones ha hecho campaña con casos menos flagrantes para cuestionar nuestra democracia cuando no son los suyos los que acarrean votos. Cómo se pierde un país es el título del libro de la periodista turca Ece Temelkuran y tras haberlo leído es constante la sensación de estar viviendo poco a poco el mismo proceso en España a través del comportamiento de la derecha del “moderado” Feijóo.  

Es profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) e insiste en que su campo es la economía. Pero este viernes, un hilo de Twitter publicado por él, Juan Luis Jiménez (1976), experto en Análisis Económico Aplicado, se convirtió en viral por los datos que aportó sobre casos de presuntos casos de fraude electoral en comicios anteriores. Todo ello en el contexto del final de la campaña electoral de las municipales y autonómicas de este domingo que ha estado marcada por los escándalos por compras de votos en Melilla, Mojácar (Almería) y Albudeite (Murcia). Además, de entre los 8.131 municipios que votan el domingo, en al menos en una decena se han presentado denuncias por presunto fraude electoral, normalmente vinculados a supuestas compras de votos por correo. 

En su hilo, Jiménez, basándose en la tesis doctoral “La corrupción política en España: un análisis descriptivo (2000-2020)”, de José Abreu (doctorando en la misma ULPGC), que está siendo supervisada por el propio Jiménez y por Joaquín Artés, de la Universidad Complutense, explicó como entre 2000 y 2020 se revelaron 72 procedimientos (con investigados) relacionados con fraude electoral en España. Por partidos, PP (49%) y PSOE (22%) acapararon casi el 75% de los casos. 42 de esos casos estaban relacionados con la manipulación del censo electoral (generalmente empadronamientos fraudulentos). Y 30 relacionados con la compra de votos o la manipulación del voto por correo, que es justo lo que ha ocurrido en los casos más sonados de la recién concluida campaña del 28M.

Jiménez también puso de manifiesto que, de todas las causas abiertas entre 2000 y 2020 por los citados motivos, 18 permanecían abiertas hasta diciembre 2020; 24 fueron archivadas, 13 con absolución y 17 finalizaron en condena. El profesor atendió por teléfono a elDiario.es este mismo sábado a primera hora.

Por los datos que usted publicó en Twitter, basándose en la tesis del señor Abreu, es que los intentos de comprar votos no son una práctica nueva ni algo que solo haya ocurrido en esta campaña.

Los datos son de la tesis doctoral de José Abreu. Él tenía planeado hacer su tesis doctoral en el tiempo establecido, que son cuatro años, pero ha tenido que pedir prórrogas porque el primer paso de su tesis era formar una base de datos con todos los casos de corrupción que ha habido en España entre 2000 y 2020. Y jamás pensábamos que iba a tener el volumen de casos que tiene la base de datos.

¿Porque la mayoría de esos casos no se suelen dar a conocer?

Claro, nosotros conocíamos lo que la prensa saca a diario. Pero él se fue a las hemerotecas y comenzó a buscar palabras como 'corrupción', 'corrupto', 'investigado', etc. Y de ahí sacó que en ese periodo de entre 2000 y 2020 en España hubo más de 3.700 casos de corrupción que llegaron con personas investigadas. Es decir, que casos de corrupción que quedaron en chismes o bulos hubo muchos más, pero esos no los investigamos. A partir de ahí fue de donde salió el hilo. Le pregunté a Abreu si había habido casos similares a los de la última semana [vinculados con la compra de votos].

Encontraron 72 entre 2000 y 2020.

Sí, que llegaran a detener a una persona investigada 72. De ellos uno era a nivel provincial y los otros eran todos a nivel local. Entre estos últimos, normalmente solo había un único partido implicado excepto un caso en el que hubo dos.

La mayor parte de veces afectan a PP y PSOE.

Al ser los dos partidos que más representación tienen... Bueno, aunque no tiene por qué ser el partido más grande el que tenga más casos de corrupción.

¿Por qué cree que, principalmente, estos casos de compras de votos ocurren en municipios pequeños o muy pequeños?

Hemos leído mucho sobre corrupción y uno de los argumentos que se utiliza en la mayoría de estudios internacionales es la creación de redes clientelares, que todo el mundo entiende lo que son. Básicamente, se utiliza el Gobierno local para generar una serie de redes que te apoyen en el voto y te sustenten los años que se vaya a estar en la Alcaldía. Con esto no descubrimos la pólvora. Es un comportamiento de los incentivos que tienen cada uno de los malos regidores municipales para mantenerse en el poder.

¿Esto que ha ocurrido en Melilla o en Mojácar podría condicionar las elecciones?

No tengo información para ello. No tenemos ningún dato que haya llevado a decir que ha cambiado el color político por culpa de una compra de votos. Sería un trabajo muy interesante.

¿Cree que hay elementos suficientes como para dejar sin efecto los resultados donde se hayan producido estos casos? ¿Alguien podría ir a los tribunales e impugnar los resultados?

No lo sé. No tengo conocimientos jurídicos para ello.

¿Se deberían tomar medidas de algún tipo por parte de las administraciones para evitar más casos en el futuro? ¿Qué pasos podrían darse?

¿Se debería? Sí. ¿Se podría? No lo sé. Somos economistas, no somos politólogos. Nuestros conocimientos son sobre los efectos de cualquier cosa sobre algo. En este caso los incentivos están claros y lo que habría que hacer es intentar cambiar para que los incentivos no fueran lo que actualmente son. ¿Cómo hacer para que un alcalde o alcaldesa no tenga incentivos para comprar votos? No lo sé.

El 79% de casos de compras de votos se producen en municipios con población inferior a 10.000 habitantes. ¿Las redes clientelares pueden tener más facilidad de propagarse en los sitios más pequeños?

Sí, correcto. Y, de hecho, tenemos un artículo de investigación hablando de propagarse en el que evaluamos hace unos años que la corrupción política local se contagia en España. Si se produce un caso en un lugar es más fácil que en el municipio vecino se produzca también un caso de corrupción política local.

¿La gente legitima esas prácticas si ocurren al lado?

Claro. El problema está en que cuando alguien hace algo mal y nadie hace nada por castigarlo legitima esa acción. Y bueno: 'lo hemos hecho toda la vida'. Y se sigue para adelante. Es mucho más sencillo crear esas redes cuando conoces a todos que en un municipio grande como Madrid o Barcelona.

En los últimos días diversas investigaciones han puesto el foco en supuestos fraudes en el sistema de voto por correo. Son casos que, como en el de Melilla, ya están en manos de un juzgado y que apuntan a posibles compras de sufragios a distancia de cara a las elecciones municipales del próximo domingo 28 de mayo. Los números no permiten generalizar el fraude a nivel estatal pero, en el caso de Melilla, no es la primera vez en que los tribunales detectan ilegalidades similares durante unos comicios.

¿Cuántos municipios se han visto salpicados por posible fraude en estas elecciones?

Los casos más sonados, ya con decenas de detenidos, se encuentran en Melilla, Mojácar (Almería) y Albudeite (Murcia). Pero además, de entre los 8.131 municipios que votan el domingo, en al menos una decena se han presentado denuncias por presunto fraude electoral, normalmente vinculados a supuestas compras de votos por correo. 

En Casares de las Hurdes (Cáceres) un vídeo muestra a un representante del PP presuntamente llevándose en mano sobres con papeletas de un domicilio, en un caso que ya investiga la Fiscalía de Plasencia; en Carboneras (Almería) se ha denunciado una posible compra de votos del PP; en La Gomera la Fiscalía Anticorrupción investiga la emisión de certificados digitales posiblemente irregulares para el voto por correo; en Valverde del Camino (Huelva) se ha ordenado retirar de redes sociales un anuncio del PP animando a votar por correo con sus datos de contacto; en Moraleja de Sayago (Zamora) se investiga un posible fraude en una residencia de ancianos para favorecer al partido Zamora Sí; en Paterna del Campo (Huelva), el PSOE ha denunciado que el PP “ha intentado comprarle el voto a personas con discapacidad”; en Bigastro y Finestrat (Alicante) los socialistas han denunciado que el PP ha tratado de dirigir los votos de personas de movilidad reducida; en Mazarrón (Murcia), hay denuncias cruzadas de compra de votos entre la Unión Independiente (UIDM) y el Partido Popular del municipio.

¿Qué han hecho los partidos salpicados?

Los distintos partidos con integrantes, militantes o cargos implicados en las distintas investigaciones han tomado diversas medidas contra las personas investigadas, pero con una limitación: si alguno de los acusados va en las listas no puede ser expulsado de ellas antes de las elecciones del domingo. En el caso de Melilla, el ejecutivo liderado por Eduardo de Castro ha destituido al consejero de CpM implicado en el supuesto fraude del voto por correo. En Mojácar, el PSOE andaluz ha suspendido de militancia a uno de los implicados. No consta que, por ahora, el PP haya tomado medidas contra el teniente de alcalde de Casares de las Hurdes investigado por la Fiscalía.

¿Dónde empezó todo? 

La respuesta está en Melilla, la ciudad autónoma donde primero se puso el foco y que durante días supuso el 'único' escándalo sobre un posible caso de fraude electoral en esta campaña. De Melilla llamó primero la atención el elevado porcentaje de personas que habían solicitado el voto por correo (casi un 20% del censo frente al 2-3% de la media nacional), y luego empezaron a conocerse informaciones que apuntaban más claramente a algo fuera de la norma.

Tras la denuncia de asaltos a varios repartidores de Correos cuando manejaban documentación de voto postal, la Delegación del Gobierno decidió que estos empezaran a llevar escolta policial. Días después, la Junta electoral ordenó que todos los votantes por correo en Melilla debían identificarse con DNI o pasaporte a la hora de depositar su voto en las oficinas postales. Ahora se sabe que esta medida ha frenado unas 6.000 papeletas de las 11.727 solicitudes de voto por correo que se tramitaron en Melilla. En total, según los últimos datos disponibles, se han ejecutado 5.814 votos a distancia entre los solicitados desde la ciudad autónoma y los solicitados desde el resto del país.

La investigación policial que se lleva a cabo sobre este presunto fraude en la ciudad autónoma se ha saldado con diez detenidos, que a estas alturas ya no son los únicos señalados por posible fraude electoral en esta campaña. 

¿Cuántos detenidos hay y de qué partidos?

La cifra de detenidos se sitúa en la treintena. Este martes se detuvo a diez personas en Melilla, entre ellos el consejero de Coalición por Melilla (CpM) Mohamed Ahmed Al-Lal –ahora cesado– y un yerno del líder de CpM, Mustafá Aberchán. Sobre esta formación recae la mayor parte de la investigación melillense, cuyo líder ya fue inhabilitado por una sentencia del Supremo por una maniobra similar en 2008. Coalición por Melilla tiene una sólida base electoral en la ciudad, principalmente entre la población de origen musulmán, y suele ser la segunda fuerza más votada.  

Además, en las últimas horas se ha conocido que otros dos de los detenidos podrían haber entrado en contacto con el PP para vender sus votos a los 'populares', según una fuente de elDiario.es próxima a la investigación. 

En Mojácar (Almería), donde se ha producido el segundo mayor escándalo por posible fraude esta campaña, la cantidad de detenidos asciende a siete, dos de ellos candidatos de las listas del PSOE en esta localidad. Son Francisco Bartolomé y Cristóbal Vizcaíno, los números dos y cinco de la lista a la Alcaldía, respectivamente, que en las últimas horas han quedado en libertad provisional junto con el resto de detenidos. 

En Albudeite (Murcia), el tercer caso en discordia, 13 personas han sido detenidas por presunta compra de votos. Entre ellas están la candidata a la Alcaldía por el PSOE, Isabel Peñalver, y el número 19 en las listas de los socialistas, Héctor Antonio Martínez. El partido ya ha anunciado su expulsión y su cese si llegaran a ocupar cargos, al igual que en el caso de Mojácar. 

¿Es la primera vez que sucede?

Según las estadísticas facilitadas a EFE por el Ministerio del Interior, en las distintas elecciones generales, municipales y autonómicas que se celebraron en España en 2019 se constataron 65 infracciones penales contra la ley electoral.

La comunidad donde más irregularidades se produjeron fue Andalucía, con 15 delitos contra la Ley Orgánica de Régimen Electoral; seguida de Canarias, con 10; Castilla y León, con 7; y Madrid y País Vasco, cada una de ellas con 6 delitos.

Además, hace cuatro años Interior contabilizó cuatro delitos contra esta legislación en Galicia y Castilla La-Mancha; tres en la Comunidad Valenciana; dos en Aragón y Asturias, y uno en Extremadura. El artículo 146 de la ley de régimen electoral castiga con pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses a quienes soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector por medio de recompensa o promesas.

¿Hay partidos o personas condenadas por estas prácticas?

Los tribunales han estudiado varios casos de voto por correo fraudulento en los últimos años, pero la mayor condena firme del Tribunal Supremo tiene que ver con Melilla y dos partidos: Coalición por Melilla y el PSOE de la ciudad autónoma. Fue en 2021 cuando los jueces confirmaron dos años de cárcel para Mustafá Aberchán, líder del primer partido, y Dionisio Muñoz, líder del segundo, por comprar el voto por correo de decenas de personas a cambio de prebendas una vez estuvieran en el Gobierno. Ocurrió en las elecciones de 2008. Aberchán fue condenado aunque no su partido y ahora Coalición por Melilla vuelve a estar bajo la lupa de los investigadores con dos imputados en la ciudad autónoma vinculados con el partido.

¿Qué porcentaje de papeletas representa el voto por correo? ¿Puede condicionar unas elecciones?

En España, la media nacional de solicitudes de voto por correo apenas alcanza entre un 2% y un 3% del total del censo electoral, con lo cual no tiende a ser decisivo. Precisamente este porcentaje es lo que hizo saltar las primeras alarmas en Melilla, donde casi el 20% de los electores habían pedido votar por correo. 

Si bien la proporción de voto por correo en Melilla suele ser superior a la de la media de España –en 2016 ya superaba el 6%–, esta vez multiplicaba por diez la media nacional: uno de cada cinco melillenses con derecho a voto pidió hacerlo de forma telemática. “Podríamos estar hablando de un tercio de representantes de la Asamblea de Melilla”, advirtió estos días la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Sabrina Moh.

En Mojácar las sospechas también apuntan al anormal porcentaje de solicitudes de voto por correo. En esta localidad almeriense, solo 3.000 personas de entre las 8.000 censadas tienen derecho a voto. De ellas, 543 solicitaron votar por correo –esto es, el 17% del censo–, multiplicando casi por seis el porcentaje de la media nacional. En este caso, ese medio millar de votos sí podría ser decisivo: en las pasadas elecciones municipales, el PP obtuvo 1.692 votos y el PSOE, 1.145.

¿Cómo castiga la ley este tipo de fraudes?

Los delitos electorales no están en el Código Penal sino en la Ley de Régimen Electoral (LOREG), y tiene varios artículos para distintos tipos de fraude electoral. En cuanto al voto por correo, si alguien “vulnera” los trámites para este tipo de sufragio puede ser condenado desde tres meses a un año de cárcel, o a pagar una multa. Y hay condenas desde seis meses hasta tres años de cárcel para quien ofrezca algún tipo de dádiva o recompensa para pedir el voto o la abstención a un elector.

Estos delitos electorales son compatibles, como sucedió en el caso de Aberchán y Muñoz, con otro de falsedad documental si en el proceso de compra del voto, por ejemplo, se ha tenido que falsificar un DNI en el proceso.

¿Se han repetido algunas elecciones por fraude electoral?

Sucedió en Melilla hace ahora más de tres décadas, en un caso que se saldó sin ninguna condena por la vía penal. Los melillenses fueron a las urnas en 1989 en las elecciones generales, pero un año después los tribunales, por la vía de lo contencioso, anulaban los resultados y ordenaban repetir los comicios. En un primer momento la victoria en la ciudad autónoma fue para el PSOE pero pronto empezaron a aflorar las irregularidades: los censos no coincidían, había actas sin firmar e ilegalidades en la actuación de interventores. Por ejemplo, uno del PSOE, según los jueces, fue cazado rellenando sobres con las papeletas del partido.

Los comicios, por orden del Tribunal Constitucional, se repitieron en 1990 y en ese caso la victoria fue para el Partido Popular, que sacó más de 3.000 votos al PSOE en esta segunda cita con las urnas, consiguiendo el escaño al Congreso.

¿Se puede mejorar el sistema de voto por correo?

Cuando los jueces del Supremo confirmaron las condenas del caso de voto por correo fraudulento de Melilla de 2008, la sentencia dejó por escrito su opinión sobre este sistema de sufragio: “Tiene tramites fácilmente manipulables”, dijo el Supremo. Un elector puede pedirlo presentando su DNI pero una vez recibidos los documentos y los sobres ya no es necesaria su intervención. Puede ser otra persona la que entregue el sobre con la papeleta en Correos por el cauce oficial.

En Melilla las alarmas saltaron hace unos días cuando se solicitaron más de 11.700 votos por correo, muy por encima de la media nacional y representando un porcentaje alto del electorado de la ciudad autónoma. La medida que Interior puso en marcha parece haber funcionado: pedir el DNI también en el momento de llevar la papeleta a Correos, y por tanto tener que demostrar que quien lo pidió es la persona que lo entrega. En el caso de Melilla, exigir el DNI ha frenado unas 6.000 papeletas bajo sospecha y de las más de 11.000 que se pidieron solo se han presentado 5.814.