El maltrato económico o abuso financiero hacia las personas mayores puede manifestarse de formas muy diversas: uso no autorizado de cuentas o tarjetas, presiones para firmar documentos, apropiación de pensiones o ayudas, cambios forzados en poderes o testamentos, o engaños a través de estafas telefónicas o digitales. A menudo no aparece como un robo evidente, sino disfrazado de ayuda, cuidado o gestión “por su bien”, lo que dificulta su identificación y hace aún más importante la prevención. Además del perjuicio económico, este tipo de maltrato puede provocar miedo, vergüenza, aislamiento, deterioro del bienestar y pérdida de autonomía.

Uno de los muchos casos que recientemente ha llegado al Colegio Notarial del País Vasco es el de una mujer con un patrimonio importante y dos hijos que aparentemente llega con una libertad para otorgar un testamento, por lo que llega con un abogado y crean un testamento que favorece solamente a uno de sus hijos. No se trata de una señora con edad muy avanzada, por lo que los notarios no perciben nada que les haga pensar que pueda llegar a haber una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, tiempo después, llega el otro hijo al despacho con un abogado y cuenta que su hermano tiene a su madre en una situación de intimidación. “Se destapó una situación muy delicada porque no podíamos dar por hecho que existiera esa intimidación porque la señora la negaba. Con esto quedó claro que no podemos dar por supuesto que sabemos identificar la vulnerabilidad de una persona mayor”, ha aclarado Carmen Velasco Ramírez, vicedecana del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco y delegada de la Fundación Notarial Aequitas en Euskadi, una de las participantes de la jornada “Maltrato económico y abuso financiero a personas mayores” que ha tenido lugar este viernes en Bilbao.

La jornada, que ha reunido a representantes institucionales y a voces expertas de distintos ámbitos para abordar este fenómeno desde una mirada amplia y coordinada, ha contado con el objetivo de abrir un espacio de reflexión, sensibilización y trabajo compartido en torno a una realidad muchas veces invisible, pero con graves consecuencias para la vida y el bienestar de las personas mayores. “¿Cuántas veces las personas mayores no quieren reconocer que en su familia hay un problema? Sucede también en los casos de discapacidad. Muchas veces hace daño identificar las cosas evidentes. Entonces debemos acompañar a las personas para que puedan verbalizar lo que pasa y, para ello, debemos ponernos a su lado para que vean que somos apoyos. No somos personas ajenas, distantes o difíciles de acceder. Debemos hacernos comprender. Esto puede parecer que no tiene nada que ver con ser notario y, sin embargo, es la base de ser notario”, ha subrayado Velasco Ramírez, sobre la función de los notarios en este tipo de casos.

Según ha explicado, en muchas ocasiones, además de la vulnerabilidad que lleva consigo la edad, también existe una vulnerabilidad que tiene que ver con el contexto y el entorno. “Pensemos en todo lo que supone la digitalización. La brecha digital que se ha abierto para las personas mayores genera un desamparo enorme. Ahora mismo hay muchísimos consentimientos que se prestan por el uso de una app en un teléfono móvil, que para la mayoría de personas mayores es algo absolutamente imposible de comprender”, ha lamentado.

Otro de los puntos de vista aportados durante la jornada ha sido el de Aida Lozano Pascual, fiscal delegada de Civil y coordinadora de la Sección de Discapacidad y Mayores de la Fiscalía Provincial de Álava, quien ha detallado los casos de maltrato que por su gravedad han escalado hasta Fiscalía. “Ninguno de nosotros puede resolver este problema en solitario. Ni la Fiscalía, ni los servicios sociales, ni la autoridad judicial, ni el sistema sanitario, ni los notarios, ni los bancos. Pero juntos sí podemos construir un entorno que haga más difícil que estos abusos puedan llegar a prosperar. La protección de las personas mayores es una responsabilidad compartida. A la Fiscalía llegan sospechas y llegan también abusos consumados. Nosotros somos el último eslabón de una cadena que interviene normalmente cuando los servicios sociales, el ámbito jurídico, el ámbito económico, el ámbito familiar, ha devenido bien insuficiente o bien ineficaz, y se requiere una intervención más intensa, o bien en ocasiones incluso una actuación para poder concretar esa sospecha y decidir si efectivamente hay un abuso o no hay abuso”, ha aclarado.

Sin embargo, Lozano Pascual ha lamentado que “en muchas ocasiones estos procedimientos penales no siguen adelante porque las personas mayores por miedo, vergüenza o por no querer dañar a ningún familiar no quieren continuar con el proceso” dejan a los fiscales “huérfanos de prueba para acreditar que ese abuso económico realmente era constitutivo de delito”.

Para evitar que esto ocurra, desde el departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco han presentado este viernes una 'Guía de prevención, detección e intervención ante situaciones de maltrato económico y abuso financiero a personas mayores', que se distribuirá entre asociaciones de personas mayores, servicios sociales y entidades bancarias que así lo deseen, y además estará disponible en la página web del Departamento, para facilitar su consulta y difusión. “Con esta iniciativa, el Departamento refuerza su compromiso con la protección de los derechos de las personas mayores y con la promoción de una cultura de respeto, buen trato y autonomía en todos los ámbitos de la vida”, detallan desde el Ejecutivo.

El contenido de la guía parte de una idea fundamental: necesitar apoyo “no significa perder la capacidad de decidir”. Por eso, subraya la importancia de ofrecer acompañamiento respetando siempre la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona mayor, así como de no normalizar conductas de control o desposesión que pueden quedar ocultas en el entorno familiar, social o relacional. También insiste en la necesidad de actuar de forma temprana, guardar información útil, buscar apoyo profesional y activar, cuando sea necesario, la colaboración de servicios sociales, entidades bancarias, asesoramiento jurídico o fuerzas policiales

El ex director general del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer de Avilés, Natalio Grueso, ha firmado su consentimiento para ser entregado por las autoridades portuguesas en un control fronterizo a sus homólogas españolas para ser trasladado a un centro penitenciario para cumplir la condena de ocho años de cárcel que le fue impuesta por las irregularidades detectadas durante su gestión al frente del complejo cultural avilesino.

Natalio Grueso fue declarado responsable de los delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil y societario.

La entrega se hará efectiva el próximo día 15 en el Centro de Cooperación Policial y Aduanera (CCPA) de Caya Elvas, en Badajoz. En octubre de 2022, el ministro del Interior español, Fernando Grande- Marlaska y el ministro de Administración Interna de Portugal, José Luís Carneiro, acordaron perfeccionar sus mecanismos de cooperacion policial transfronteriza entre ambos países.

Cumplir la pena en Madrid

Natalio Grueso se fugó de la justicia española hace más de dos años cuando el Tribunal Supremo (TS) declaró la firmeza de la sentencia condenatoria impuesta por el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo.

Como medida cautelar, se le había retirado el pasaporte por lo que había dos opciones: por un lado, podría haber huido a un país donde no hiciera falta este tipo de documentación o bien que se hubiera refugiado en un país donde estuviera utilizando un pasaporte con identidad falsa.

Finalmente se resolvió la duda: el ex gestor cultural fue detenido el pasado 4 de diciembre en la localidad portuguesa de Olhão, un pueblo costero situado en la región del Algarve, en el extremo sur del país luso, tal y como adelantó elDiario.es Asturias.

Orden de detención europea

En ese momento, las autoridades portuguesas solicitaron oficialmente la comunicación de la orden europea de detención al Tribunal da Relacao de Évora, que lleva la causa, así como que “no cese la alerta hasta que la entrega se haya hecho efectiva y el reclamado haya sido puesto a disposición judicial”.

Natalio Grueso mostró su deseo de que el cumplimiento de los ocho años de cárcel por su autoría en los delitos de  malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y societario se realizara en una prisión de Madrid, ya que alegó a las autoridades portuguesas que es “en la capital española donde se encuentra su vida personal”, como se recoge en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

Dos años en busca y captura

Entre esta documentación también figura el auto de audiencia del Tribunal da Relação de Évora Secção Criminal - 2º Subsecção ante el que compareció Natalio Grueso en calidad de detenido, tras verificar su identidad y constatar que era la misma persona sobre la que pesaba una orden de detención europea.

Esta orden fue dictada a raíz de su fuga después de que los intentos de la Policía Judicial de la Guardia Civil para localizarle resultaran infructuosos. Ante la falta de constancia oficial sobre su paradero, el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias acordó extender la petición de búsqueda al ámbito internacional.

De la detención a la cárcel

Fuentes solventes han confirmado a este diario que en el caso de que Natalio Grueso sea ingresado en una prisión madrileña, como ha expresado que es su deseo, en vez de ser trasladado al Centro Penitenciario de Asturias, donde ya estuvo internado, la prisión elegida es Soto del Real.

Esta prisión madrileña es el destino al que han ido, entre otros políticos acusados de corrupción, el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y recientemente abandonó una de sus celdas el ex secretario general de organización del PSOE, Santos Cerdán. Por esa cárcel también han pasado el exministro Rodrigo Rato o el que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas.

La trama

El 'caso Niemeyer' da nombre a la trama sobre la emisión de facturas falsas o manipuladas durante la gestión de Natalio Grueso al frente de la Dirección General del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, ubicado en la localidad asturiana de Avilés.

La Audiencia Provincial declaró probado que Natalio Grueso generó gastos ajenos a los fines de la institución cultural durante todo el tiempo que duró su relación laboral, “disponiendo de sus fondos en beneficio propio, de sus familiares, amigos y terceros de su entorno, como si de su propiedad fueran, en detrimento de la Fundación Niemeyer”.

Viajes y hoteles con familiares

El Tribunal Supremo ratificó la pena de dos años de prisión impuesta al exsecretario de la Fundación, el abogado José Luis Rebollo, por delito continuado societario, y rebajó de siete años y seis meses a seis años de prisión la condena impuesta al tercer imputado en la causa, José María Vigil, exagente de Viajes El Corte Inglés, por malversación falsedad y estafa.

Para la Audiencia, no había duda alguna de que Natalio Grueso, con el apoyo de Vigil, a quien unía una relación de amistad, también ocultó gastos de desplazamientos y estancias hoteleras de familiares y allegados con facturas falsas o alteradas a nombre de trabajadores de la Fundación o por conceptos ficticios.

Proteger su vida

Tras el juicio celebrado a lo largo de seis meses en el año 2019, la Audiencia Provincial absolvió a la exmujer de Natalio Grueso, Judith Pereiro, y al exjefe de Producción del Centro Niemeyer, Marc Martí, de un delito continuado de malversación en concepto de cómplice y un delito de malversación, respectivamente.

El abogado de Natalio Grueso, Francisco Miranda, concedió una entrevista a este diario en octubre de 2023 donde mantuvo que su cliente no comparecía ante el tribunal que ordenó su inmediato ingreso en prisión para cumplir la condena de ocho años de cárcel porque, debido a su delicado estado de salud, “está protegiendo su vida”.

La petición de indulto

Además, explicaba que su representado merecía el indulto que tiene solicitado con el apoyo de importantes personalidades de la cultura nacional e internacional por sus logros profesionales, entre otros, al posicionar a la Fundación Niemeyer dentro del circuito internacional de centros culturales de referencia.

Entre estos apoyos figuraban desde el cineasta neoyorkino Woody Allen al cantautor catalán y premio Princesa de Asturias de las Artes 2024 Joan Manuel Serrat.

Suspensión de la ejecución de la pena

Tanto la petición de indulto presentada ante el Ministerio de Justicia como la solicitud de suspensión de la ejecución de la pena ante la Audiencia Provincial -ambos escritos a los que también tuvo acceso este diario- vienen a resaltar “la innegable y esencial contribución de Don Natalio al desarrollo y el impulso de la esfera cultural española”.

En ambos escritos se hace un exhaustivo repaso por la trayectoria profesional del ex director general, tanto antes de ser investigado y condenado por estos hechos como con posterioridad a la notificación de la sentencia firme.

Una indemnización satisfecha

Asimismo, inciden en que Natalio Grueso ya ha abonado la indemnización de 78.819 euros; cantidad en la que los tribunales de justicia han cuantificado el delito de malversación de caudales.

“Un perjuicio ciento de veces menor que el impacto derivado de la gestión global realizada por Don Natalio -exponen- si consideramos solamente el valor de marca internacional generado, según una consultora especializada, o las derivadas del incremento de afluencia turística derivado de las actividades culturales llevadas a cabo una vez inaugurado el Centro Niemeyer”.

La Fiscalía, en contra

La Fiscalía de Asturias se opuso a la concesión del indulto solicitado por Natalio Grueso al no apreciar “razones de justicia, equidad o utilidad pública que lo pudieran justificar”.

De momento, la petición del indulto está sin resolver. Lo más inminente es la entrega a España del prófugo asturiano y su posterior ingreso en la cárcel, previsiblemente en Soto del Real.

El ex director general del centro Niemeyer de Avilés, Natalio Grueso, ha sido detenido en Portugal. El ex gestor cultural permanecía fugado de la justicia española desde 2023 cuando se declaró firme la sentencia por la que fue condenado a ocho años de cárcel por su autoría en los delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y societario durante su gestión al frente del complejo cultural avilesino.

Las autoridades portuguesas han solicitado oficialmente la comunicación de la orden europea de detención al Tribunal da Relacao de Évora, que lleva la causa, así como que “no cese la alerta hasta que la entrega se haya hecho efectiva y el reclamado haya sido puesto a disposición judicial”.

La detención

Natalio Grueso, de 55 años, fue detenido ayer jueves, a las seis de la tarde, en Olhão, un pueblo pesquero portugués, según ha podido confirmar elDiario.es Asturias.

Las autoridades portuguesas detuvieron al ex gestor cultural “a través de la vigilancia en colaboración con la información facilitada por las autoridades españolas”, tal y como han comunicado a la Oficina Sirene, una unidad especializada dentro de la Policía Nacional de España e integrada en la Dirección General de la Policía, División de Cooperación Internacional que gestiona las alertas del Sistema de Información Schengen (SIS) para la cooperación policial y judicial transfronteriza, coordinando información sobre personas buscadas.

En esta comunicación, a la que ha tenido acceso este diario, las autoridades portuguesas piden que, con carácter urgente, se remita la orden de detención europea original y su traducción al portugués al Tribunal de Apelación de Évora.

La orden de detención europea

Su detención también ha sido anunciada al tribunal sentenciador integrado por los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo.

Este viernes, la letrada de la Administración de Justicia adscrita a este tribunal ha emitido una diligencia de ordenación por la que se da cuenta de la documentación remitida por el Sirene España donde se comunica la detención de Natalio Grueso Rodriguez en Portugal y se solicita la comunicación de la orden europea de detención al Tribunal da Relacao de Évora. Una diligencia que se une a los autos del procedimiento seguido contra el ex director general del Centro Niemeyer.

Contra esta diligencia de ordenación, que no es firme, cabe interponer un recurso de reposición.

La trama del 'caso Niemeyer'

El caso Niemeyer da nombre a la trama sobre la emisión de facturas falsas o manipuladas durante la gestión de Natalio Grueso al frente de la Dirección General del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, ubicado en la localidad asturiana de Avilés. Unas irregularidades contables por las que el Tribunal Supremo (TS) le condenó a ocho años de cárcel por los delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad documental y societario, ratificando así la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias.

El tribunal de la Sección Tercera hacía pública la sentencia en 2020: imponía una pena de ocho años de cárcel a Natalio Grueso, de los que cinco años eran por un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial mercantil y oficial y otros tres años de prisión por un delito continuado societario.

Además se acordaba su inhabilitación para la contratación con las administraciones públicas o entidades del sector público durante ocho años.

El 'modus operandi'

A través de 355 páginas, la Sala relataba, paso a paso y factura a factura, cómo operaba. La sentencia ratificaba como hechos probados que Natalio Grueso, director general de la Fundación de 2006 hasta 2012, generó gastos ajenos a los fines de la Fundación Niemeyer durante todo el tiempo que duró su relación laboral, “disponiendo de sus fondos en beneficio propio, de sus familiares, amigos y terceros de su entorno, como si de su propiedad fueran, en detrimento de la Fundación Niemeyer”.

Con el apoyo del coacusado José María Vigil, a quien unía una relación de amistad, también ocultó gastos de desplazamientos y estancias hoteleras de familiares y allegados con facturas falsas o alteradas a nombre de trabajadores de la Fundación o por conceptos ficticios.

Los otros coacusados

Tras recurrir en casación, el Tribunal Supremo (TS) confirmó el relato de hechos. Ratificó la pena de ocho años de prisión impuesta en 2020 a Natalio Grueso, los dos años de cárcel impuestos al exsecretario de la Fundación, José Luis Rebollo, por delito continuado societario, y rebajó de siete años y seis meses a seis años de prisión la condena que le había sido impuesta al tercer condenado en la causa, José María Vigil, exagente de Viajes El Corte Inglés, por malversación, falsedad y estafa.

La Audiencia Provincial absolvió a la exmujer de Grueso, Judith Pereiro, y al exjefe de Producción del Centro Niemeyer, Marc Martí, de un delito continuado de malversación en concepto de cómplice y un delito de malversación respectivamente.

Del indulto a la suspensión de ingreso

Con la sentencia firme, Vigil decidió ingresar voluntariamente en el Centro Penitenciario de Asturias. Rebollo logró la suspensión de la ejecución de la pena durante tres años y Natalio Grueso emprendió una nueva batalla judicial para evitar su prisión por una doble vía: por un lado, presentó una petición de indulto ante el Ministerio de Justicia refrendado por numerosas personalidades del ámbito cultural y por otro empezó a recurrir ante la Audiencia Provincial para pedir la suspensión en tanto se resuelva el indulto.

En su recurso de apelación, argumentaba que tenía “razones de peso” entre las que resaltaba la “utilidad y conveniencia pública y la protección de la vida e integridad física y mental” dado que la inmediata ejecución de la pena “haría ilusoria la finalidad perseguida por la gracia solicitada”.

Su contribución a la cultura

En este recurso de apelación, al que también ha accedido elDiario.es Asturias, la defensa incidía en la “contribución al desarrollo y el impulso de la esfera cultural española” de Natalio Grueso y recordaba que ya había hecho frente a la responsabilidad civil y a las multas.

Además, aseguraba que el perjuicio económico ocasionado a la Fundación Niemeyer ascendía a 78.819 euros, que ya había abonado y que, según la defensa, “supone el 0,17 por ciento del gasto total gestionado” por el exdirector general, que superó los 50 millones.

Una cantidad económica –78.819 euros– que apenas es significativa, para su letrado defensor, frente al “impacto positivo” de su gestión a nivel nacional e internacional.

El organigrama de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias se va completando con el nuevo equipo que encabeza el fiscal superior Gabriel Bernal del Castillo.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en su edición de este viernes el decreto del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, del pasado 31 de octubre, por el que se nombra fiscal delegado de Delitos Económicos de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias al fiscal Javier Marqués Ouviaño.

Su nombramiento responde a la propuesta de designación efectuada por el fiscal superior para que ocupara el cargo que él mismo había desempeñado hasta su nombramiento al frente de la Fiscalía.

Era el candidato al cargo

Una vez que la plaza quedó vacante, el fiscal superior comunicó a todos los miembros de la plantilla que quien estuviera interesado debería formular la correspondiente solicitud. La única solicitud presentada fue la de Javier Marqués Ouviaño.

El 7 de octubre, Gabriel Bernal presentó la propuesta de designación para que el fiscal Javier Marqués ocupara el cargo tras constatar que reunía los requisitos necesarios y teniendo en cuenta “sus acreditados y extensos méritos, capacidad y competencia en la materia”, según ha confirmado la Fiscalía asturiana.

Mediante un informe, fechado el pasado 21 de octubre, el fiscal de Sala de la Unidad Especializada de Delitos Económicos de la Fiscalía General del Estado no formuló objeción a su designación e informó en el mismo sentido el Consejo Fiscal.

Un amplio currículo

Javier Marqués Ouviaño (Oviedo, 1977) ingresó en la carrera fiscal en 2005 y está destinado en Asturias desde el año 2007, adonde llegó tras una estancia de dos años en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Entre otras funciones, desde su llegada al Principado desempeñó la labor de fiscal adjunto de Medio Ambiente y Urbanismo (entre 2007 y 2016), ha estado adscrito a la jurisdicción social y a varias especialidades de la jurisdicción penal, entre ellas menores, familia e incapacidades, y colaboró en la sección de Delitos Económicos. 

Especialidades

Es, además, miembro de la Sección de delitos contra la Administración Pública y fiscal delegado de Memoria Democrática y Derechos Humanos del Principado de Asturias.

Javier Marqués forma parte del Comité Técnico de la comunidad autónoma para la recuperación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

La tarde del miércoles 6 de marzo de 2024 me llamó José Precedo y recuerdo perfectamente sus palabras: “Lo tengo todo”. Habíamos hablado del tema, intentado confirmar algunas de las pistas que nos habían llegado, mirado el registro, las cuentas, etc. Ese día supimos que estaba todo atado: el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, había cometido fraude fiscal por valor de 350.000 euros.

El jueves, ya en la redacción, montamos un equipo de investigación con varios periodistas de diferentes secciones, como ya habíamos hecho en alguna otra ocasión: Tribunales, Madrid, Economía, Política… Les informamos de lo que había. Lo principal en aquel momento era leer, entender y traducir a lenguaje llano un extenso informe de la inspección tributaria que recogía todos los detalles de la operativa del fraude. Mientras los redactores cerraban sus temas para el fin de semana —que el periódico sale todos los días— ese fue mi trabajo: elaborar un índice del documento de más de 200 páginas, pensar en posibles enfoques y plantear las dudas y cuestiones a resolver.

El lunes 11 de marzo, a primera hora, nos reunimos, repartimos tareas y pautamos las primeras entregas. Algunos periodistas elaborarían la pieza principal, otros se ocuparían de investigar las empresas que colaboraron con el fraude e indagarían en el negocio que le había proporcionado a González Amador tan altos beneficios. Mandamos periodistas a diversos puntos de Madrid a obtener información complementaria. Había también que contactar con fiscalistas y juristas para entender las posibles consecuencias para González Amador, elaborar montajes y gráficos para ilustrar las noticias, empezar a plantear las piezas laterales y estar preparados para las reacciones políticas.

Un despliegue de este calibre solo es posible en una redacción como la de elDiario.es, donde todos sus periodistas, da igual la sección a la que pertenezcan, se ponen a colaborar entre ellos para sacar el trabajo adelante. He tenido la suerte de verlo en más ocasiones, como cuando publicamos la investigación sobre el falso máster de Cristina Cifuentes o durante la pandemia del Covid-19.

En la tarde de ese lunes ya teníamos preparada la primera información: “La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla”. Fue esa misma tarde cuando contactamos tanto con Alberto González como con Miguel Ángel Rodríguez. Hubo debate con el titular, pese a las advertencias de Miguel Ángel Rodríguez: “Vosotros veréis…”. La noticia se publicó a primera hora del martes 12 de marzo con la palabra fraude en el titular.

Entre medias de todo ese despliegue, del estudio de la ingente documentación que manejó el equipo, surgió otra derivada: el piso en el que vivía González Amador, y por tanto, Ayuso.

A primera hora del lunes no sabíamos siquiera en qué parte de Madrid residía Ayuso; en menos de 24 horas ya podíamos acreditar que era una vivienda de lujo en Chamberí de 200 metros cuadrados que el empresario había comprado tras el fraude fiscal. Entre medias, un chivatazo, consultas en las bases del registro mercantil que se cruzaron con los datos del informe tributario y más trabajo de campo.

Y entonces, otra nueva pista: había un segundo piso. El 13 de marzo, mientras las primeras exclusivas sacudían la política española, pudimos acreditar que la presidenta madrileña y su pareja disfrutaban del ático del edificio, otro piso de lujo. Los tres días de investigación previa sirvieron para descubrir un elemento nuevo: esta vivienda estaba a nombre de la sociedad de un fiscalista que había representado a González Amador durante la investigación de la Agencia Tributaria.

En aquellos tres días frenéticos el equipo de investigación publicó la exclusiva del fraude, descubrió que el dinero venía de una comisión por intermediar en la compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia, elaboró un mapa con las conexiones entre las empresas usadas para las facturas falsas, localizó una sociedad pantalla en Panamá y, además, destapó que Ayuso vivía en un piso de lujo comprado tras el fraude y en otro a nombre de una sociedad interpuesta.

Esa última noticia se cerró y lanzó justo cuando El Mundo publicaba la noticia sobre el ofrecimiento de pacto de la Fiscalía, que luego se demostró falso. Hubo que ponerse con esa nueva vía aquella noche de miércoles 13, que contradecía parte de la documentación en nuestras manos, y continuar el jueves.

Pero aquello no impidió que siguiéramos publicando informaciones exclusivas del caso. Tampoco frenaron la investigación las amenazas directas del jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez —su “os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”—, o que la propia presidenta tratara de desprestigiar nuestras informaciones en público.

Descubrimos una nueva sociedad de González Amador en Florida, desgranamos el papel de un directivo de Quirón en el caso, uno de nuestros redactores localizó y habló en un pueblo de Sevilla con los empresarios que colaboraron en el fraude y profundizamos en el pelotazo fallido de la pareja de Ayuso que intentó vender vacunas muy por encima de su precio en Costa de Marfil. Elaboramos piezas de contexto para ayudar a entender la complejidad del caso, seguimos todas las reacciones y grabamos varios podcast con el equipo de Un tema al día. Todo eso en una misma semana.

Lejos de “tardar en publicar”, como han dicho tanto el magistrado instructor Ángel Hurtado, la Sala de Apelación del Supremo y siguen insinuando algunas acusaciones en el juicio contra el fiscal general del Estado, lo que ocurrió aquellos días en la redacción de elDiario.es fue un trabajo periodístico excepcional que permitió dar una enorme cantidad de información exclusiva en un corto espacio de tiempo. Si en algún momento las redacciones se parecen, aunque sea mínimamente, a esas series americanas que creen saber reflejar el trabajo diario de los periodistas, este fue uno de ellos.

Ninguna de aquellas informaciones ha sido desmentida. Nunca Alberto González Amador ni Isabel Díaz Ayuso han podido recriminar a elDiario.es nada de lo que publicamos, porque todo era cierto y estaba contrastado hasta eliminar la más mínima duda. Nadie pudo denunciarnos, tal y como anunciaban aquellas amenazas.

Miguel Ángel Rodríguez nos llamó esta semana ante el Tribunal Supremo mentirosos, escandalosos y agresivos, pero nunca jamás ha sido capaz de ponerle un pero a nuestros textos. De ahí nace la frustración y la rabia acumuladas a las que dio rienda suelta primero en sus amenazas contra nosotros y luego en la declaración como testigo ante el tribunal. No puede hacer otra cosa, solo le queda el insulto.

La justicia ha ido confirmando todas y cada una de nuestras exclusivas hasta dejar a González Amador a las puertas del banquillo por aquel fraude fiscal que destapamos la mañana del 12 de marzo de 2024. Este mismo viernes ha avalado su procesamiento por fraude y falsificación de documentos.

PD: Este texto no es solo un reconocimiento a los periodistas que intervinieron directamente en aquellas noticias. También a todos los que trabajan en elDiario.es y que, con su esfuerzo, permiten que en un medio pequeño, como el nuestro, unos compañeros se desliguen de la asfixiante actualidad para investigar mientras ellos sacan adelante la enorme carga diaria de trabajo desde Sociedad, Portada y Redes, Cultura, Economía, Internacional, Datos, Diseño, Podcast, las ediciones regionales o desde donde sea. Es un orgullo trabajar aquí.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento de la pareja de Ayuso por dos delitos de fraude fiscal en concurso con otro de falsificación documental. Los jueces de la instancia superior confirman la decisión de la anterior magistrada del caso de dictar el fin de la instrucción y proponer que el empresario y comisionista Alberto Gonzalez Amador sea juzgado, según el auto de la Sección Tercera al que ha tenido acceso elDiario.es.

En otro auto de la misma sección, los magistrados rechazan la práctica de diligencias que había pedido la defensa de González Amador y que ya había denegado el juzgado que lo investiga. Estas decisiones de la Audiencia Provincial abocan a juicio a la pareja de la presidenta madrileña ya que el siguiente auto que debe dictar el juez del caso, el de apertura de juicio oral, no es recurrible. La Fiscalía y la Abogacía del Estado (en representación de la Agencia Tributaria) piden cada una 3 años y 9 meses de cárcel para la pareja de la presidenta madrileña.

Se trata de la pieza principal del caso. Mientras, el mismo Juzgado, el de Instrucción número 19 de Madrid, sigue investigando a González Amador por presunta corrupción en los negocios y administración desleal. Se trata de una pieza separada que indaga en la compra de una sociedad por parte de la pareja de Ayuso que podría estar encubriendo el pago encubierto a su socio de un porcentaje por la comisión de mascarillas que está en el origen de las dos investigaciones. Su socio es Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, división del gigante de la sanidad privada que recibe casi mil millones de euros anuales de la Comunidad de Madrid.

La defensa de González Amador alegaba que iba a llegar a juicio sin haber prestado declaración en fase de instrucción. La Audiencia de Madrid le recuerda que, cuando fue citado, se acogió a su derecho a no declarar, en contra de lo que hizo en la pieza por corrupción en los negocios.

La pareja de Ayuso también había solicitado tras su procesamiento la declaración de testigos y la presentación de una pericial, algo que había evitado proponer durante toda la instrucción. “Las testificales solicitadas no resultan estrictamente necesarias ni útiles para esclarecer los hechos objeto de investigación, habiéndose propuesto para completar el informe pericial tributario aportado extemporáneamente (...)”, recoge el auto de la Sección Tercera.

En el auto destinado específicamente a rechazar las diligencias propuestas por Gabriel Rodríguez Ramos, abogado de González Amador, los jueces de la Audiencia rechazan la declaración de unos testigos con los que el acusado pretendía demostrar que había viajado a Costa de Marfil a realizar un trabajo cuyos gastos declaró y que la Agencia Tributaria consideró una factura ficticia.

“Sin prejuzgar en absoluto, a los efectos de esta resolución, su testimonio tiene escasa virtualidad práctica para neutralizar los indicios que se indican por la Agencia Tributaria”, establecen los jueces. La magistrada ya había advertido de que no pone en duda el viaje, pero constata que la empresa de González Amador nunca gastó 922.585 euros en el país africano. Esa factura falsa fue declarada por González Amador el 1 de octubre de 2021, después de que trascendiera su relación con la presidenta madrileña.

La factura falsa de Maxwell Cremona SL, la empresa de cabecera de González Amador, “ya era conocedora de que la operación de venta [en Costa de Marfil] no se iba a producir dado que se había publicitado quienes eran los adjudicatarios de contrato con las autoridades sanitarias del País”, añaden los magistrados sobre el engaño de González Amador.

Sobre la incorporación de la pericial presentada por la defensa, los jueces recuerdan que no se presentó durante la fase de instrucción, que ha durado más de un año y medio. “El derecho a la prueba no es absoluto ni incondicionado”, recuperan los magistrados de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Debe ser, añaden, pertinente, al tiempo que indican al acusado que siempre podrá presentarlo durante el juicio.

El Juzgado de lo Penal número 15 de Madrid ha suspendido la condena a tres meses de cárcel impuesta al expresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, Máximo Antonio González Jurado, por su autoría en un delito continuado de administración desleal condicionada a que no delinca durante los próximos dos años.

El acuerdo se recoge en la diligencia de ordenación dictada por la letrada de la Administración de Justicia, H.V.S., el pasado 11 de septiembre y a la que ha tenido acceso este periódico.

Más de una docena de facturas

La magistrada-jueza Sonsoles Lloría Gómez, titular del Juzgado de lo Penal número 15 de Madrid, declaró probado que Máximo Antonio González Jurado incurrió en un delito continuado de administración desleal al cargar más de una docena de facturas de gastos personales al órgano colegial sin que tuvieran relación alguna con el cargo que ostentaba. No obstante, el juzgado le aplica las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas, ya que la causa estuvo paralizada desde abril de 2023 a febrero de 2025, y de reparación del daño.

El perjuicio económico

El expresidente ya consignó los 23.012,81 euros en que se cifra el perjuicio total ocasionado; una cuantía que el juzgado ordena que sea devuelta al órgano colegial. En el procedimiento contra Máximo Antonio González Jurado estaban personados la Fiscalía en ejercicio de la acción pública, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España como acusación particular y el Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Asturias como acusación popular.

Entre octubre de 2010 y noviembre de 2015, González Jurado "abusando de su condición" como presidente, acordó el pago de gastos de naturaleza personal "ajenos por tanto a los fines del Consejo General que presidía, con cargo a los fondos de éste". Se pagaron con cargo a los fondos del órgano colegial una docena de facturas que se debían en realidad a gastos de celebraciones familiares, como la boda de un hijo o la adquisición de billetes de AVE, así como la cena anual de la Orden de los Caballeros de Yuste y la cena de investidura de la Imperial Orden de Carlos V

Los hechos probados

Máximo Antonio González Jurado fue presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Enfermería de España desde el 29 de noviembre de 1987 hasta el 5 de octubre de 2017. El Consejo agrupa, coordina y representa a la profesión de enfermería y a todos los Colegios Profesionales de España. En sus estatutos generales se recoge, entre las funciones asignadas al presidente, la de “ordenar los pagos y expedir conjuntamente con el tesorero los libramientos para la disposición de fondos”.

El juzgado ha declarado probado que, desde el mes de octubre de 2010 y hasta noviembre de 2015, González Jurado “abusando de su condición” como presidente, acordó el pago de gastos de naturaleza personal “ajenos por tanto a los fines del Consejo General que presidía, con cargo a los fondos de éste”.

En concreto, se pagaron con cargo a los fondos del órgano colegial una docena de facturas que se debían en realidad a gastos de celebraciones familiares, como la boda de un hijo o la adquisición de billetes de AVE. Entre otras facturas, también se incluyen la cena anual de la Orden de los Caballeros de Yuste y la cena de investidura de la Imperial Orden de Carlos V.

Un almuerzo con 98 invitados

La primera factura fue emitida el 20 de septiembre de 2010 por la mercantil Golf y Restauración S.L.por importe de 3.532,13 euros y se correspondía a un almuerzo al que asistieron 98 invitados para la celebración de su tesis doctoral. El 16 de enero de 2013, la agencia de viajes Viajera emitió una factura de 794,70 euros correspondientes a billetes de AVE de ida y vuelta Madrid-Puente Genil y el alojamiento para el desplazamiento del entonces presidente y varios de sus familiares con motivo del funeral de su padre.

Zapatos enviados desde Nueva York

En el procedimiento también se analizaron las facturas, fechadas el 18 de abril de 2013, por gastos de envío de zapatos de la marca Allen Edmonds, desde Nueva York a través de aduana, por una cuantía económica que ascendía a 319,77 euros.

Las celebraciones de boda

El juzgado también considera probado que González Jurado pagó con cargo al Consejo el importe de una moqueta para la boda de un hijo, celebrada el 15 de junio de 2013, que costó 491,52 euros y fue adquirida en el Leroy Merlín de Las Rozas (Madrid). El 30 de junio de 2015, “De Tinto a Blanco” emitió una factura por un pedido de bebidas que costó 794 euros y se sirvieron en el domicilio de González Jurado con ocasión de la celebración de su aniversario de boda.

Los viajes en AVE de Madrid a Córdoba

Un mes más tarde, la misma empresa “De Tinto a Blanco” suministró un pedido de champán de 59.220 euros que iba destinado a la boda del hijo del acusado, que se iba a celebrar en Córdoba el 4 de septiembre de 2015; un dinero que en definitiva salía de los fondos colegiales.

Para los gastos generados por esa misma boda se volvió a contratar a la agencia de viajes Viajera para que cubriera los deslazamientos en AVE de Madrid a Córdoba, así como el alojamiento en esta ciudad andaluza de varios allegados al entonces presidente que iban a acudir a la ceremonia del enlace matrimonial. En esta ocasión las facturas, de 10 de septiembre y 20 de noviembre de 2015, supusieron un desembolso de 4.939,16 euros que fue sufragado por el Consejo.

Las comidas y cenas

La misma dinámica aparecía en otras facturas que se habían emitido anteriormente. Así, el 6 de marzo, el 22 de mayo y el 4 de junio de 2012 figuran facturas por un importe total de 835 euros, correspondientes a la confección por las Monjas Jerónimas de San Pablo de un traje de Doctor de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo para el acusado, así como para el pago de una comida de celebración en esa Cofradía.

El juzgado también hace referencia al pago a cargo del Consejo Oficial de Enfermería de la cena anual de la Orden de los Caballeros de Yuste, de fecha 26 de julio de 2016 por importe de 468 euros, así como la de la cena de investidura de la Imperial Orden de Carlos V, de fecha 17 de octubre de 2011, por importe de 220 euros.

Mensajería al extranjero

Hay además facturas por servicios de análisis y contramedidas electrónicas y digitales realizadas en las oficinas de la mercantil SERPROCOL SL los días 17 y 18 de mayo, por importe de 2.000 euros.La última factura que está incorporada a la causa y por la que ha sido condenado es la que contiene los gastos de mensajería al extranjero por importe de 170 euros, de fecha 30 de julio de 2012, correspondientes a un envío realizado por un empleado doméstico de González Jurado.

A lo largo de los años 2014 a 2017 abonó diversos gastos personales con cargo a una tarjeta de crédito de la que era cotitular con el Consejo General de Diplomados en Enfermería de España por su condición de presidente

Según consta en la sentencia, a lo largo de los años 2014 a 2017, el acusado, “actuando con un ilícito ánimo lucrativo”, abonó diversos gastos personales en 'tunes Store, en El Corte Inglés, en Hermés, o entradas a espectáculos de ocio, gasolineras y restaurantes. Todos estos gastos ascendieron a 7.825,89 euros, que se cargaron a la tarjeta de crédito Bussines Card Oro de BBVA de la que el entonces presidente era cotitular con el Consejo General de Diplomados en Enfermería de España.

Una sentencia firme

La sentencia ya es firme al haber manifestado en el acto de la vista las partes y la Fiscalía su voluntad de no recurrir. La magistrada-jueza ha acordado la suspensión de la condena a la vista de que González Jurado no cuenta con antecedentes penales en el momento de cometer los hechos condicionada a que no vuelva a delinquir durante dos años, así como al pago de la responsabilidad civil que ya ha sido abonada con la consignación del dinero que reclamaba el Colegio Oficial de Diplomados de Enfermería.

La Fiscalía Anticorrupción investiga la participación de 19 personas, entre líderes sindicales, constructores y arquitectos, en la trama del denominado caso Hulla para esclarecer su grado de implicación en las presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de las obras de construcción de la residencia de mayores del Montepío de la Minería, ubicada en la localidad de Felechosa, en el concejo asturiano de Aller, que fueron financiadas con cargo a los fondos mineros.

Entre los investigados figuran el ex líder minero José Ángel Fernández Villa, de 82 años, si bien la propia Fiscalía reconoce que la jueza instructora sobreseyó su causa por razones médicas y varios familiares a los que atribuye su presunta autoría en delitos de blanqueo de capitales.

El ex secretario general del Sindicato Obrero Minero de Asturias (SOMA-UGT), entre 1979 y 2013, se acogió en 2012 a la amnistía fiscal del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la etapa de gobierno del PP con Mariano Rajoy, donde afloró un patrimonio oculto de 1,2 millones de euros y cuyo origen se investiga si estaba vinculado a los presuntos sobrecostes de esta obra.

El estado de salud de Fernández Villa

No obstante, tras someterse a varias pruebas médicas, los forenses determinaron que su deteriorado estado mental “le imposibilitaba” comparecer y participar en el procedimiento “con las debidas garantías y en condiciones de igualdad y sin indefensión”.

Los peritos sostienen que Fernández Villa sufre una patología “crónica e irreversible” que le inhabilita para declarar, según se recoge en el informe que remitieron al Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo.

En su informe, los forenses advierten que el que fuera secretario general del SOMA-UGT durante 34 años sufre un deterioro cognitivo, así como “dificultad para recordar hechos concretos y fechas con exactitud”, según han confirmado a eldiario.es asturias fuentes jurídicas.

Los delitos investigados

La jueza ha dado traslado a las partes de sendos escritos de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, a los que ha tenido acceso este periódico, en los que se concretan los delitos para 17 personas investigadas como presuntas autoras de delitos, en calidad de presuntas autoras o partícipes, y a otras dos familiares de Postigo como investigadas a título lucrativo.

En el primer escrito, la fiscal incluye a Fernández Villa, recuerda que el caso está archivado penalmente para él, pero considera que habría cometido delitos de malversación de caudales públicos con la alternativa de delito continuado de fraude de subvenciones, falsificación continuada de documentos públicos, mercantiles y oficiales, así como sería presunto autor de un delito de blanqueo de capitales.

Anticorrupción estima que a estos delitos, en concepto de presunta autoría, se sumaría, en calidad de partícipe en delitos de prevaricación, tráfico de influencias y delito contra la ordenación del territorio, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias.

En el segundo, que es posterior, la Fiscalía le excluye de la lista de investigados debido a su enfermedad.

Los principales investigados

La Fiscalía estima que, entre las 19 personas investigadas, hay al menos cinco que tendrían un mayor protagonismo en la trama. Anticorrupción destaca especialmente al exlíder del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa, al expresidente del Montepío de la Minería Asturiana José Antonio Postigo, a los responsables de la empresa constructora Alcedo de los Caballeros, Juan Antonio Fernández y su socio Juan Carlos Riera, y al arquitecto Manuel Sastre.

La Fiscalía atribuye, en menor medida, la participación en distintos delitos al resto de los investigados tanto en calidad de autores, como de cooperadores necesarios o partícipes en los delitos. Entre otros, figuran familiares de Fernández Villa, por su presunta autoría en un delito de blanqueo de capitales y familiares de Postigo a título lucrativo.

Diez días para alegaciones

También se investiga al asesor fiscal y al asesor jurídico del Montepío, a los que acusa de su presunta participación en delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias.

En la lista de investigados continúan los exalcaldes de Aller Gabriel Pérez Villalta y David Moreno, a quienes se investiga por su supuesta participación en delitos de malversación, prevaricación y un delito contra la ordenación del territorio.

Las defensas tienen un plazo de diez días para pronunciarse sobre los dos escritos de la Fiscalía Anticorrupción.

La investigación de Anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción abrió la investigación en 2017 a raíz de que Fernández Villa y Postigo se acogieran a la amnistía fiscal del año 2012 para regularizar 1,2 millones y 436.000 euros, respectivamente, dinero que se sospecha que pudieron derivar de la obra del geriátrico, financiado con cargo a los fondos mineros después de que modificase el decreto que regulaba su concesión. 

Hace justo un año, en abril de 2024, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juzgado de Asturias que, entre otras medidas, mantuviera el embargo del capital presuntamente desviado por el exlíder minero asturiano José Ángel Fernández Villa.

La fiscal Carmen María García Cerdá basaba esta petición en su convicción de que estaba inmerso en el procedimiento en calidad de investigado porque “formó parte de la trama”.

Así lo puso de manifiesto en el recurso de reforma que interpuso contra el auto de la magistrada-jueza María Begoña Fernández, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, por el que se acordó, por razones médicas, el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones relativas a Fernández Villa en la causa del denominado caso Hulla.

Alberto González Amador pagó 77.665 euros a tres directores de Insumos Médicos del Pacífico, empresa en el paraíso fiscal de Panamá que Fernando Camino, el presidente de Quirón Prevención, creó en 2013, y que la pareja de Isabel Díaz Ayuso administró mientras defraudaba a Hacienda.

Las transferencias constan en la documentación remitida al juzgado que investiga a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid por sus delitos fiscales de los ejercicios 2020 y 2021, por los que ha sido citado a declarar el próximo 7 de febrero. En total los pagos de González Amador a esos cuatro ex miembros (todos españoles) del directorio de esa empresa panameña, disuelta en 2022, ascendieron a 603.501,92 euros.

El 87% de esa cifra, 525.836,92 euros, fue para el primer ejecutivo de Quirón Prevención, su principal y casi único cliente, y ese dinero se transfirió en 2019 y 2020. En las facturas aportadas también figuran otros 30.000 euros en pagos por “asesoramiento” de un empresario condenado por estafa en 2018. Y 25.000 euros a un contratista habitual del PP de Mariano Rajoy.

La parte mollar es el medio millón (499.836,92 euros) que González Amador desembolsó en diciembre de 2020 por Círculo Belleza SL. Esta micropyme sin activos, dedicada a tratamientos de estética, estaba a nombre de la esposa de Fernando Camino. González Amador la compró tras el pelotazo de dos millones que dio por intermediar en la compra de mascarillas para una empresa gallega, Mape, que entonces ya administraba su jefe en Quirón. 

Ante el desproporcionado importe que pagó por Círculo Belleza SL, la jueza ya investiga esa operación con el apoyo de la Fiscalía, que aprecia una presunta “corrupción en los negocios” y apunta a posibles sobornos con esa posible “comisión encubierta”. La corrupción en los negocios, delito adicional a los ya confesados por González Amador, está penada con hasta cuatro años de prisión.

Tras iniciar su relación con Ayuso, la pareja de la presidenta madrileña multiplicó por cuatro los ingresos que recibía de Quirón, líder de la sanidad privada en España y gran beneficiaria del modelo sanitario de “colaboración público-privada” en Madrid. El empresario utilizó Círculo Belleza SL para seguir defraudando a Hacienda en 2021, según determinó la Agencia Tributaria. Y antes de adquirirla por esa elevada cifra, le pagó 20.000 euros por recibir “asesoramiento” mientras realizaba auditorías de calidad para Quirón Prevención.

González Amador también abonó al menos 6.000 euros a otra firma de Fernando Camino, Inversiones Random SL, por poner propaganda a un yate de su propiedad. Los primeros pagos los pactaron tras echar a andar en 2017 la consultora de la pareja de Ayuso, Maxwell Cremona, por lo que la cifra final que entregó a Camino podría superar esos 525.836,92 euros.

Esta suma no incluye los 6.500 euros que la pareja de Ayuso abonó por el renting de un BMW a nombre de la esposa del ejecutivo de Quirón, la farmacéutica de León Gloria Carrasco, durante todo el ejercicio 2021, último investigado por Hacienda.

Las transacciones a exdirectores de esa empresa en Panamá, que González Amador ha asegurado que “jamás” utilizó, no acaban en Camino. La pareja de Ayuso también pagó otros 30.000 euros en marzo de 2020 por “asesoramiento en la comercialización de servicios de consultoría estratégica” a Curramba SL, aparentemente inactiva desde hace años.

El administrador único de esta empresa es José Antonio De la Cerda Rosillo, uno de los primeros directores de Insumos Médicos del Pacífico. De la Cerda fue tesorero de esa firma panameña, junto a Fernando Camino, que figuraba como secretario. En 2014 cedió los amplios poderes que tenía en ella a González Amador. 

Curramba se dedica (o dedicaba) al ámbito inmobiliario o “importación y exportación de todo tipo de productos alimenticios, y objetos de regalo y hogar”, según sus últimas cuentas, de hace ya siete años. Esa factura de 30.000 euros (más IVA) por “consultoría estratégica” de Curramba a González Amador está fechada el 25 de marzo de 2020: en lo peor de la pandemia de coronavirus que convirtió en millonario al empresario gracias al pelotazo con las mascarillas que propició su jefe en Quirón.

Para entonces, Curramba SL llevaba ya años sin presentar cuentas. En las últimas disponibles en el Registro Mercantil, de 2017, declaró una facturación de poco más de 35.000 euros.

Su administrador único, José Antonio de la Cerda, fue condenado en 2017 por el Juzgado de la Penal 2 de Terrassa por un delito de estafa continuada mediante la entrega de pagarés sin fondos a tres empresas. La Audiencia Provincial de Barcelona ratificó en 2018 la estafa de mayor importe, 14.145,49 euros. 

Fue un caso de poca monta: “Con la intención de enriquecerse ilícitamente”, De la Cerda compró a través de Curramba SL a una empresa de Lleida “50 jamones por valor de 14.145,490 euros por los cuales entregó pagaré con fecha de vencimiento 20/8/2005 que fue devuelto por la entidad Deutsche Bank por falta de fondos”, dice la sentencia.

Vinculación con Vox

El nombre de José Antonio de la Cerda remite a un candidato de Vox en las últimas elecciones municipales en Sepúlveda (Segovia). De esta formación de ultraderecha es Vicente Brisa, concejal en Boadilla del Monte (Madrid) y directivo de la empresa de aeronáutica Aciturri. En la contabilidad remitida al juzgado no figuran pagos de González Amador a Brisa o sus empresas.

Sí constan a la mercantil Aerofalcon, también vinculada al sector aeronáutico y propiedad de Juan Carlos González Pérez, otro ex director de Insumos Médicos del Pacífico. En mayo de 2021 Aerofalcon emitió una factura de 17.500 euros a la consultora de González Amador, Maxwell Cremona, por el alquiler de una oficina entre el 1 de abril de ese año y el 31 de diciembre de 2022. 

Y del último día de 2019 consta otra factura de 7.500 euros de Aerofalcon en concepto de “asesoramiento técnico en sector Aeronáutico ISO 9100”, una norma de sistemas de gestión de la Calidad en la industria aeronáutica. En mayo pasado, elDiario.es publicó, basándose en el informe de la Agencia Tributaria, que correspondía a servicios prestados a González Amador.

Pero en realidad el pagador fue la pareja de Ayuso, como muestra esa factura remitida al juzgado. Aerofalcon se declaró en concurso de acreedores el pasado 6 de febrero, cuatro días después de que el abogado de González reconociera por escrito que cometió dos delitos fiscales para evitar el juicio.

Esas facturas de Aerofalcon y de Curramba no figuran entre las que Hacienda tachó de “falsas o falseadas” en la trama de empresas pantalla que usó González Amador para defraudar 350.951 euros a Hacienda y que adelantó elDiario.es en marzo.

El dueño de Aerofalcon, González Pérez, recibió decenas de pequeños contratos de la empresa pública Renfe en la etapa de Rajoy. Fue nombrado presidente de la panameña Insumos Médicos del Pacífico poco después de crearla Fernando Camino. Y figuró en su directorio hasta 2022 junto a González Amador.

Ambos fueron también directores de la sucursal panameña de Aerofalcon, que fue vetada en noviembre de 2023 por el Gobierno estadounidense por participar “en actividades contrarias a los intereses de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos” al “eludir supuestamente las sanciones estadounidenses y suministrar a los representantes de [Nicolás] Maduro piezas de aviones de origen estadounidense”. 

Ayuso ha acusado a la Fiscalía de actuar “a la venezolana” en el caso de fraude fiscal confesado por González Amador. Asegura que España va camino de ser una “dictadura” y ha hablado de conspiración de todos los poderes del Estado por ser su pareja “alguien relacionado con un adversario político”. 

Panamá, Usera y Florida

El cuarto director de Insumos Médicos del Pacífico que recibió fondos de González Amador es César Nieto, uno de sus colaboradores en sus auditorías de calidad para Quirón. Constan facturas por “asesoramiento” de Nieto de 11.956 euros en 2019 y 7.000 euros en 2020 (como “experto técnico en el sector salud”), y otras por asistencia a cursos o billetes de avión. En total, los pagos alcanzan 22.665 euros.

La relación entre González Amador y César Nieto abarca varios continentes y está muy vinculada a inversiones inmobiliarias. En marzo de 2022, dos días después de iniciarse los trámites para liquidar Insumos Médicos del Pacífico, ambos montaron una empresa de alquiler de alojamientos turísticos en Madrid, October Twelve Accomodation SL. 

Con ella compraron en abril de 2022 sin hipoteca dos locales comerciales en el barrio de Usera, muy cerca del Hospital 12 de Octubre, que reformaron para alquileres de corta estancia. En el portal de reservas Booking, el alojamiento para el primer viernes de febrero se ofrecía el pasado jueves a 86 euros la noche.

González Amador y César Nieto también montaron una empresa en Florida (Estados Unidos), Burnet & Brown, que administra un agente inmobiliario allí. La crearon a finales de 2022, en plena investigación fiscal y la misma semana en que Hacienda notificó que ampliaba su inspección a la pareja de Ayuso.

Las inversiones en ladrillo del empresario tras su fraude fiscal comprenden el piso de lujo que adquirió en julio de 2022 en Chamberí. Allí vive junto a Ayuso y ambos disfrutan de una segunda vivienda en la planta superior a nombre de una empresa que administra un abogado de León muy cercano a Fernando Camino, representante de González Amador durante la inspección de Hacienda. La dueña de ese ático, Babia Capital, lo compró al contado tras recibir 955.000 euros de un tercero cuya identidad es por ahora la gran incógnita de esta trama.

Ni Isabel Díaz Ayuso ni nadie de la Comunidad de Madrid han respondido nunca a la pregunta sobre quién paga y por qué ese ático ubicado encima de la vivienda que compró González Amador, en uno de los barrios más caros de la capital.

La panameña Insumos Médicos del Pacífico, de actividad desconocida y ajena al grupo Quirón, según el gigante sanitario, estuvo años inactiva por no pagar las tasas que cobra la administración panameña. Esto implica la suspensión de esas sociedades, que no pueden inscribir ningún acto corporativo. Al estar en situación de “morosidad” tres años consecutivos, llegó a estar inhabilitada por el Gobierno panameño, que en 2021 también vetó a una filial de Quirón allí durante diez años por prácticas corruptas. 

La sociedad panameña que administraron González Amador y Fernando Camino, César Nieto o José Antonio de la Cerda se reactivó el 5 de mayo de 2022, un día después de protocolizarse el acta de disolución de la sociedad. “Pagó todas las tasas únicas pendientes y se requiere reactivar”, indica un documento depositado en el registro mercantil de Panamá por esas fechas.

Justo después de esa “reactivación”, Insumos Médicos del Pacífico se disolvió, en paralelo a la apertura de la inspección de Hacienda a Maxwell Cremona, notificada a González Amador el 12 de mayo de 2022.

El chiste se hacía solo. Los titulares previos a la declaración de Miguel Ángel Rodríguez en el Tribunal Supremo destacaban que lo hacía con la obligación de decir la verdad. Ja, ja, ja. Como todos los testigos a diferencia de los imputados a los que no se puede perseguir legalmente si intentan escaquearse. En el caso de Rodríguez, era casi una experiencia nueva. Pues bien, MAR, como se le conoce, no pasó del todo esa prueba. Hay que admitir que era complicado. 

El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso declaró el miércoles ante el juez del Supremo que investiga al fiscal general. Nueve meses después de los hechos, finalmente confirmó que fue él quien envió a los medios de comunicación un email del fiscal que investigaba al novio de Ayuso. No es que no se supiera, pero se había abstenido de reconocerlo en público para intentar negar que promovió un bulo, con la inestimable colaboración de El Mundo y otros medios, con el fin de vender una supuesta conspiración política contra la presidenta de Madrid. En ese email difundido, como declaró en el Supremo unos días atrás el fiscal Julián Salto, según contó El País, este daba por recibido un mensaje anterior del defensor del novio de Ayuso –que incluía la oferta de negociar un trato en el que reconocía al menos dos delitos fiscales de su cliente– y “por cortesía” se mostraba abierto a iniciar la negociación. 

Ese no era el único email que se intercambiaron fiscal y abogado defensor. Y ahí es donde MAR, como testigo, no alcanzó los niveles de excelencia que exigen los jueces. Había un email anterior donde el abogado de Alberto González Amador hacía esa oferta de admisión de dos delitos. En su declaración, Rodríguez afirmó que desconocía su existencia. Declaró que Amador no le avisó de que había más correos. Tanto descaro en esta respuesta sólo se podría premiar invitándole a beber media botella de whisky. Con algo de picar. Alegó desconocimiento, que es la forma inteligente de no contar toda la verdad ante un juez. Sabe que ni el novio ni la presidenta ni el abogado le van a desmentir.

En un tuit, había denunciado que “órdenes de arriba” impidieron al fiscal negociar con el letrado de González Amador. Es decir, del Gobierno. Eso era una falsedad que apareció en los titulares propiciados por la filtración de Rodríguez. No podía reiterarla ante un juez –por esa cosa tan molesta de tener que decir la verdad para que no te metan un puro–, así que le dijo que se lo inventó. Trucos de la política. En un intento de embellecer el testimonio, afirmó que era una deducción basada en sus años de experiencia. También podía haber dicho: es lo que habría hecho yo si hubiera estado en el Gobierno. 

Ante el juez, Rodríguez mintió de forma casi innecesaria al decir que nadie de eldiario.es se puso en contacto con él para invitarle a dar una respuesta a la primera información sobre Amador. El magistrado ya cuenta con las pruebas documentales que confirman que esa parte de su testimonio es falso. Veremos qué hace al respecto. 

Los principales acontecimientos de toda esta trama tan propia de la política madrileña se produjeron el 12 y el 13 de marzo de 2024. Fue entonces cuando Ayuso decidió convertir el presunto fraude fiscal de su pareja en una confrontación al más alto nivel. Era coherente con todo lo que le ha funcionado en su carrera política. Lanzar una ofensiva brutal contra sus adversarios, no hacer prisioneros y al mismo tiempo presentarse como víctima con un halo de santidad. 

El fiscal envió el email el 12 de marzo al abogado. La noche anterior, elDiario.es había informado por primera vez de que el novio de Ayuso estaba siendo investigado. Ya no había forma de guardar el secreto con la esperanza de que se resolviera antes de que apareciera en los medios. Tocaba reaccionar y poner en marcha la máquina de triturar. El primer ataque en público lo lanzó la presidenta de Madrid en persona en una rueda de prensa en Leganés. Y fue como un huracán: Amador no debía dinero a Hacienda, sino que era al revés. Era una operación de “los poderes del Estado” contra él por ser su pareja. Se trataba de una “inspección salvaje”. 

En paralelo, MAR ya se estaba moviendo ese día y había llamado a Esteban Urreiztieta, de El Mundo. Al juez le dijo que se limitó a ponerle en contacto con González Amador. Esto último no hay que descartarlo, pero Rodríguez no ha llegado a donde ha llegado dejando que sean otros los que se ocupen del trabajo sucio. 

Este miércoles, publicó un tuit para dar a entender que él fue el último en difundir información en la noche del 13. Antes lo hicieron este diario, El Mundo y La Sexta, dijo. En realidad, llevó la iniciativa desde el primer minuto. Horas antes, ya estaba difundiendo su versión entre varios medios. La decisión del fiscal general de responder con un comunicado a esta operación de desinformación fue un regalo inesperado que Rodríguez también se ocupó de rentabilizar. Siempre tiene balas de reserva. 

Toda la defensa de Amador formaba parte de la misma operación lanzada en menos de 48 horas. Había una pata jurídica y otra política. La segunda tenía prioridad. Tras recibir el email del fiscal en la mañana del 12, el equipo de Díaz Ayuso ya sabía que había llegado el momento de actuar.

Tratándose de Rodríguez, hay que entender que no iba a dejar que las noticias sobre su declaración en el Supremo condicionaran la versión del entorno de Ayuso. A pesar de que en general había evitado las entrevistas desde que fue nombrado para ser el principal asesor de la presidenta, inició un desfile por varios medios (COPE, Antena 3 y Cuatro) para volver al mensaje que había construido el 12 y el 13 de marzo. Con una novedad. Él defiende a Ayuso y por tanto a su novio. Por eso, no tiene inconveniente en presentar al abogado de Amador como un incompetente. El letrado recibirá una cuantiosa minuta y su reputación profesional no está entre las cosas que hay que proteger. 

“Alberto González Amador nunca se ha declarado culpable de nada”, dijo en la COPE. Así, sin intentar que pareciera un chiste. Como si estuviera diciendo la verdad. En el email que Rodríguez ocultó a los medios el día 13, el abogado había escrito la frase definitiva: “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”. Lógico desde su punto de vista si pretendía negociar con el fiscal. No negocias nada si no aceptas que se haya cometido un delito. Vas a juicio para defender la inocencia de tu cliente y punto. 

“Es el abogado el que negocia. En esa negociación hablarán de lo que hablen”, continuó. Hace falta valor para sugerir que el letrado tomó una decisión tan importante como esa contra los intereses de su cliente y sin obtener antes su visto bueno. Eso sería motivo suficiente como para despedirlo en ese mismo instante. Cosa que, como sabemos, no ha ocurrido. 

La entrevista en el programa 'Espejo Público' ofreció momentos desopilantes. “Alberto González Amador es un hombre honorable, un directivo de empresa de mucho prestigio desde hace años”, dijo. Un poco más y exige que se le conceda el Premio Princesa de Asturias de las Humanidades. Al hacerse conocido, el Gobierno madrileño hizo saber que era un “técnico sanitario”, con independencia de lo que signifique eso, aunque sus antecedentes eran los de un asesor de riesgos laborales. En realidad, es un comisionista que se hizo rico a partir de sus contactos con el Grupo Quirón, la corporación favorecida por Ayuso en la sanidad de Madrid. El salto definitivo lo dio con un pelotazo en una compra de mascarillas cuyos ingresos millonarios son los que intentó ocultar a Hacienda.

Ya totalmente metido en el papel que ha jugado toda su vida, Rodríguez fue más lejos y negó todas las evidencias conocidas: “Ni ha hecho fraude, ni se está aprovechando de su empresa. En su Hacienda personal, y le han investigado no sé cuántos años, nada de nada de nada. Impoluto”. Y volvió a insistir en el bulo de las “órdenes de arriba”. El fiscal Salto lo había negado en el Supremo de forma terminante: “A mí nadie me ha dicho que puedo llegar a un acuerdo o que no puedo llegar a un acuerdo. A mí nadie me ha dicho nada ni me ha presionado absolutamente”.

Horas después en Cuatro, Rodríguez mintió como sólo él sabe hacerlo. “No hay empresas pantalla”. Falso. “No hay facturas falsas”. Falso. Lo contó elDiario.es en la primera información de este caso. El informe de la Agencia Tributaria estableció que hubo una “intencionalidad querida y buscada por Maxwell Cremona SL (propiedad de Amador) de solicitar y utilizar las dos facturas que claramente son falsas o falseadas con la finalidad concreta de conseguir la pretendida reducción fiscal en los ejercicios en que incrementa de forma significativa los beneficios”. 

En total, 15 facturas falsas con las que el novio de Ayuso se desgravó 1,7 millones de euros por gastos inexistentes. La Agencia Tributaria le cazó y dictaminó que tenía una deuda con la Hacienda pública por valor de 350.951 euros. A partir de ese momento, estaba obligada a comunicarlo a la Fiscalía, porque la cantidad defraudada superaba el mínimo para que se pueda hablar de delito fiscal.

La influencia de la declaración de Rodríguez en el caso contra el fiscal general es discutible. A fin de cuentas, lo que se investiga es la actuación de Álvaro García Ortiz desde el momento en que el jefe de gabinete de Ayuso montó su operación. Lo que sí permite comprobar es que el número de personas que tenían acceso al email del fiscal del caso es muy alto. No es sólo que muchos fiscales lo conocieran. Además, hay que sumarles un alto número de periodistas a los que Rodríguez mantuvo informados para que favorecieran al novio de Ayuso. El magistrado del Supremo necesita indicios muy claros de que el responsable de la filtración fue García Ortiz para poder enviarlo a juicio. 

Es cierto que todas las mentiras que Ayuso y su entorno han prodigado en este caso no son las que están siendo investigadas en el Supremo. Sencillamente, revelan cuál es la forma de hacer política que ha permitido a Ayuso y su consigliere ganar varias elecciones en Madrid. Otro asunto diferente es la forma de ganar dinero que ha permitido a González Amador comprarse un piso de un millón de euros y un Maserati que disfruta Ayuso en calidad de consorte. Con facturas falsas, es más fácil acumular un patrimonio. Hasta que te pillan. 

En un fragmento de una entrevista de abril de 2024 que ha circulado estos días, Rodríguez expone su código de conducta. “En la vida personal y profesional, siempre trato a los demás como me tratan a mí. Si quieren guerra, hay guerra”. Pero, por favor, parece una frase lacrimógena de una TV movie de los sábados en Antena 3. Se ha pasado media vida amenazando a políticos, periodistas de a pie y directivos de medios. Él vive en estado de guerra cada minuto del día. Siempre dispara a matar. Y luego quiere un magistrado del Tribunal Supremo que cuente la verdad. Pero venga ya. ¿Con quién se cree que está hablando?

Drones monárquicos

Una de las noticias más divertidas de estos días, o escandalosas según se mire, tuvo lugar en Abu Dabi. Primero, el titular de El Español: “Casa Real pide discreción a Juan Carlos en su 87º cumpleaños: ha invitado a Marta Gayá y Los del Río a una fiesta flamenca”. Fiestorro con las hijas y otros invitados que llegan de España, una antigua amiga entrañable que no le ha abandonado, no como la pérfida Corinna, y una actuación musical. Bueno, es una fiesta privada en su mansión de 2.000 metros cuadrados. Qué le vas a hacer. Es su cumpleaños. El hijo ya había empezado a sudar. Y lo que le quedaba.

Llega la fiesta ¡y toma discreción! Por todo lo alto. Centenares de drones formaron sobre el cielo nocturno distintas imágenes, como la cara de joven de Juan Carlos y otra más actual, una paloma y las palabras “feliz cumpleaños”. Esto sólo podría haberse superado con un mensaje formado por los drones con el mensaje: “Mira, Felipe, discreción como la que tengo aquí colgada”.

El influencer y policía en excedencia Juan Faro ha sido detenido por posibles delitos fiscales y fraude en los sorteos de coches de lujo que realiza en su canal de Youtube y redes sociales. La detención ha sido fruto de una operación conjunta de la Agencia Tributaria y la Policía, según ha adelantado ABC y ha podido confirmar elDiario.es.

Al expolicía se le atribuyen presuntos delitos fiscales y un fraude millonario a Hacienda, según ABC. Este es el quinto año que sortea coches de lujo con 1.000 euros de gasolina y seguro a todo riesgo: “Ellos [los ganadores] simplemente vienen a recoger las dos llaves y se lo llevan. El coche y el seguro estará a su nombre, yo doy todas las facilidades para que el coche les salga prácticamente gratis un año”, explicaba en el vídeo del sorteo de 2024.

Faro, nacido en Pontevedra en 1987, es un policía en excedencia que ahora se dedica al culturismo y que se convirtió en influencer después de la pandemia. En su sorteo anual de coches de 2024 ofrecía dos lamborghinis y un Porsche Cayenne. En las ediciones anteriores, que se pueden ver en su canal de Youtube, ofreció un Ferrari 488 y un Mercedes-Benz GBrabus; un Audi R8 y Porsche Macan; un Porsche 718 o un Mercedes clase C Coupe.

El presunto fraude millonario estaría precisamente relacionado con estas rifas. En 2022 subió un vídeo en el que contaba a sus seguidores las ganancias que obtenía mediante la venta de papeletas titulado “Cuánto dinero gano con mis sorteos. Casi pierdo todo”. Ahí negaba que se estuviera “haciendo de oro”, decía que lo hacía porque le “gusta” y que todo era “un jaleo que alucináis”.

“Este año [por 2022] es el que más he vendido (...) Más o menos facturé unos 500.000 euros”, decía. A esa cifra le restó 105.000 de IVA, 45.000 euros de “los impuestos que generan los coches”, 50.000 de otros servicios como la pasarela de pagos, salarios y alquiler de servidores y 7.000 euros de comisiones de bancos. Según sus cuentas, le quedaban 293.000 de beneficios y, tras el pago de impuestos, 218.000 euros. Los coches le habían costado 220.000 euros. “¿Qué hago? Intento dar de gastos para pagar lo mínimo para llegar a final de año y no dar 293.000 euros de beneficio. Intentar dar gastos relacionados con la empresa para dar lo mínimo beneficio posible y pagar el 25% de lo mínimo. No es lo mismo el 25% de 100.000 que pagar el 25% de 300.000”, decía.

Según ABC, el influencer está bajo custodia policial y durante el registro se ha intervenido una cantidad indeterminada de dinero, así como numerosos coches de lujo.

“Nos mueve la defensa del interés general en cuanto que estimamos que exigen delitos contra la Hacienda Pública que vulneran no sólo los preceptos del Código Penal que invocaremos sino también los principios de igualdad y solidaridad, además de obligaciones legales y éticas, exigibles especialmente a aquellas personas que ostentan cargos públicos de relevancia constitución, en este caso, la Jefatura del Estado”.

Con estas palabras arranca la querella que un grupo de juristas e intelectuales presentan este lunes ante el Tribunal Supremo contra el rey Juan Carlos I, a quien acusan de cinco delitos de fraude fiscal, y que también impugna la regularización ante Hacienda realizada en 2021, que la fiscalía dio por buena y que sirvió para cerrar la investigación al rey emérito.

Entre los firmantes del escrito que pretende ejercer la acusación popular están los exfiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, los exmagistrados del Supremo José Antonio Martín Pallín y Clemente Auger, juristas como Javier Pérez Royo, Blanca Rodríguez Ruiz, Joaquín Urías y Eduardo Ranz Alonso, intelectuales como Josep Ramoneda y Pilar del Río y el periodista Miguel Mora.

A lo largo de 20 páginas, la querella dirigida al Tribunal Supremo va desgranando los cinco delitos que atribuyen al anterior monarca entre 2014, la fecha de su abdicación y 2018, y que consideran que no están prescritos, y a la vez trata de desmontar los criterios que llevaron a la Fiscalía a dar por buena la regularización ante Hacienda que hizo Juan Carlos I en 2021 cuando ya sabía que se le estaba investigando por eludir impuestos.

Los hechos denunciados guardan relación con el uso de instrumentos opacos, entre los que se citan las fundaciones Zagatka y Lucum (con sedes den Liechtenstein y en Suiza) para “ocultar o dificultar la cuantía de la cantidad defraudada”. Alegan los querellantes que esa conducta debería tipificarse como un fraude fiscal agravado con pena de entre dos y seis años de prisión y que no prescribe hasta una década después. Así que según sus cuentas, ninguno de los cinco ejercicios denunciados, ni siquiera el de 2014, cuyo plazo para declarar finalizó el 1 de julio de 2015 estarían prescritos.

La querella recuerda cómo en 2018, cuatro años después de su abdicación se iniciaron sendas investigaciones sobre el patrimonio de Juan Carlos I y que en 2020 la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ordenó remitir a la Fiscalía del Supremo una investigación iniciada por Anticorrupción un año antes sobre supuestas tarjetas de crédito vinculadas a fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, por parte del rey emérico y otros familiares, y un supuesto cobro de comisiones ilegales en las obras del Ave a la Meca y por la existencia de sociedades en paraísos fiscales.

La acusación popular recuerda que la regularización fiscal que hizo el rey Juan Carlos tuvo lugar después de que se le hubiera notificado desde la fiscalía en dos ocasiones que estaba siendo investigado. Fue entonces, entre diciembre de 2020 y febrero de 2021 cuando el rey emérito depositó 4.416.717,46 euros para cumplir con las obligaciones fiscales que no había cubierto en las declaraciones ante Hacienda correspondientes al quinquenio 2014-2018, cuando el monarca ya no gozaba de inviolabilidad tras haber legado la Corona a su hijo Felipe VI. Entre las declaraciones complementarias se incluye una para hacer frente a los impuestos derivados de los pagos realizados por la fundación Zagatka, que gestionaba un primo del rey -Álvaro de Orleáns-, para sufragar viajes y otros servicios que disfrutó Juan Carlos I, entre ellos armas de caza por un importe superior a 100.000 euros.

Son esas regularizaciones ante Hacienda las que impugna la querella presentada ante el Tribunal Supremo y la que lleva a la acusación popular a considerar que se debe juzgar al rey emérito por cinco delitos contra la Hacienda Pública. La querella lo sostiene con estas palabras: “La regularización de las defraudaciones tributarias se produce después de haber tenido conocimiento formal de la existencia de unas diligencias de investigación de la Fiscalía que le advirtió de la existencia de irregularidades en las declaraciones tributarias, con anterioridad a su regularización. En todo caso, su representación legal tuvo la oportunidad de personarse y conocer el contenido de las diligencias de investigación, aunque sin duda era conocedor de las irregularidades que se había cometido en las declaraciones correspondientes al IRPF correspondiente a los años 2014 a 2018”.

Por eso, incide la denuncia, “no concurre la aplicación del principio de íntegra y espontánea regularización que contempla el Código Penal” para el delito de fraude fiscal. A juicio de la acusación popular, el argumento que manejó entonces la fiscalía para considerar que la regularización se hizo en tiempo y forma y que se basaba en que en las dos notificaciones no se detallaban pormenorizadamente los hechos que se imputaban, “resulta incongruente”. El representante legal del rey emérito, señala la denuncia, “procedió a la regularización con los datos que le había facilitado la fiscalía y más específicamente la fiscalía anticorrupción”. “El Código Penal descarta los efectos despenalizadores si se regulariza después de tener un conocimiento formal, no necesariamente pormenorizado, de la iniciación de diligencias”, subrayan los denunciantes, que citan jurisprudencia del Tribunal Supremo para avalar su tesis de que esa regularización nunca se debió dar por buena.

Su conclusión por tanto es que el Supremo debe investigar los delitos fiscales y para ello piden la declaración en calidad de imputado del rey Juan Carlos I, y que comparezcan como testigos su primo, Álvaro de Orleans, que sufragó vuelos privados y armas al anterior monarca, el abogado que ha representado al emérito en su investigación tributaria, Javier Sánchez-Junco, y algunos de los nombres que han manejado las finanzas del rey en Suiza como Arturo Fasana y Dante Canónica. También se pide citar como testigo al empresario mexicano Allen Jesús Sanginés-Krause, que supuestamente abonaba parte de los gastos del rey emérito y familiares, además de representantes de bancos suizos, empresas y agencias de viajes.

El grupo de juristas e intelectuales que firman la querella solicita al Supremo que se fije una fianza simbólica de un euro, ya que su propósito es el de “potenciar el valor superior de la Justicia, los principios generales del Estado de Derecho y la igualdad ante la ley”.

En el último punto, la querella propone que, cuando llegue el momento procesal oportuno, en caso de que haya condena, se fije el mínimo posible en la pena privativa de libertad “teniendo en cuenta la edad del querellado, pero que la multa sea de la cuantía máxima fijada por ley”.

Este 2024 se cumplen veinte años del Premio Nobel 2004, concedido a Elfriede Jelinek (Mürzzuschlag, Austria, 1946). Un galardón rodeado de polémica desde el principio: la autora, que siempre se ha definido como feminista radical, ha cultivado una obra de una brutalidad psicológica nada complaciente, con un fuerte compromiso político, incómoda e indómita, ligada a la herida de sus antepasados, que sufrieron la persecución durante el Holocausto. Hija de padre judío, como buena parte de su familia, desde la infancia tuvo conciencia del mal en la naturaleza humana, una huella que canalizó, no con la narrativa testimonial al uso, sino con una obra audaz, compleja, de estilo seco, incisivo y duro.

Nunca pretendió ser amable, ni con las palabras ni con su persona. Con La pianista (1983), su novela más aclamada, adaptada al cine con gran éxito por Michael Haneke en 2001, se atrevió a desentrañar los entresijos de una relación entre madre e hija décadas antes de que la última ola del feminismo pusiera estos temas, y a las escritoras en general, en primera fila. La obra, que narra una relación de poder en la que la progenitora sigue sometiendo a una hija que ya ha cumplido los cuarenta, se adentra en territorios hasta entonces prácticamente inéditos en la creación literaria, como la autolesión, el voyeurismo o el sadomasoquismo.

La crudeza del libro, junto con su fuerte carga sexual, le valieron calificativos como “pornografía roja” y “antiartística”. Ella tampoco ha intentado resultar simpática: lleva una vida retirada, entre Múnich y Viena, rara vez concede entrevistas y un trastorno de ansiedad la mantiene recluida en casa. Ni siquiera acudió a la ceremonia de entrega del Nobel, para la que leyó un discurso por videoconferencia. Esta naturaleza, junto con la densidad de su literatura –no es una autora “fácil” de leer, ni por los temas ni por la complejidad formal–, la han mantenido en los márgenes, incluso después de recibir el reconocimiento literario más preciado.

Ella admite el dolor que le causó el rechazo de los suyos –la crítica alemana la juzgó sin contemplaciones e incluso tras la concesión del Nobel ha continuado cuestionada–, pero no reniega de su activismo político y achaca esa repulsa en parte al hecho de que el país no ha asumido aún su culpa por el genocidio perpetrado bajo el régimen nazi. Se sabe del lado de los oprimidos, también cuando pone en jaque a la burguesía acomodada con sus planteamientos atrevidos y extremos; y esa identidad de escritora terca no se diluye ni con trofeos ni con ventas.

El regreso a las librerías españolas

Jelinek no es la primera ni la última en no ser profeta en su tierra, pero lo sorprendente de su caso es que tampoco cuenta con un gran seguimiento en otros países, entre ellos España. Desde la ya lejana concesión del Nobel, sus novedades en castellano han ido menguando, a pesar de que ella no ha dejado de publicar; y, de los títulos que editaron en su día sellos como Pre-Textos, El Aleph o Literatura Random House, apenas están disponibles algunas ediciones de bolsillo. Por eso, la publicación de un nuevo libro tras nada menos que 16 años de ausencia en el mercado español, esta vez de la mano de la joven editorial independiente Temporal, constituye un verdadero acontecimiento.

Un acontecimiento, y un reto, porque, como ya se ha dicho, Jelinek no es una escritora sencilla, ni de leer, ni de promocionar, ni de, por supuesto, traducir. Para ello, la editorial ha confiado en un veterano del oficio, José Aníbal Campos, a quien debemos, entre otros, las voces en castellano de Ingeborg Bachmann, Hans Magnus Enzenberger, Gregor von Rezzori, Karl Schögel y Peter Stamm. El texto elegido es Declaración de persona física, publicado en alemán en 2022, una obra difícil de catalogar que surge de una experiencia reciente y se trenza con el pasado, con ese trauma colectivo heredado.

En los últimos años, la autora fue víctima de una investigación judicial por una supuesta evasión fiscal de la que resultó absuelta. Era una acusación infundada, lo que no impidió que el fisco alemán registrara sus viviendas en busca de pruebas para condenarla. De la vulnerabilidad que sintió al verse expuesta, con su vida de pronto en el punto de mira y su intimidad saqueada, nace Declaración de persona física, un libro que empieza como una confesión para enseguida ramificarse en reflexiones intelectuales que se acercan al ensayo, sin perder nunca la voz personal, el estilo literario que todo lo condensa con una admirable capacidad para relacionar ideas y bailar con la lengua.

Junto con este nuevo título, Temporal recupera, en un pequeño volumen, el discurso de aceptación del Premio Nobel, titulado Al margen, con traducción de Adan Kovacsics, que firma además un texto complementario, Cita, que ilumina algunas de las claves del parlamento y de la literatura de Jelinek en general, y que sirve de faro para los lectores no iniciados en su narrativa. En concreto, la autora hace hincapié en el uso de la lengua, herramienta básica de todo escritor, una lengua que siente que se le escapa cuando se pone a escribir y que siempre surge de un yo único de vivencias, pero asimismo de páginas leídas, de cultura popular absorbida y de, en fin, el aire de una época y un lugar.

Un grito de rabia

¿Qué cabe esperar de un título como Declaración de persona física? Se presenta desde la perspectiva de un individuo, ella, atropellado por una máquina, el Estado y sus leyes; escribe como el cuerpo que habla, que se expresa en su propio lenguaje, que se defiende frente a unos códigos que no entiende, que le imponen, que revuelven su existencia. En este combate desigual, con la conciencia de saberse perdedora a pesar del triunfo legal, la posibilidad de abrir la boca es lo único que le queda; abrir la boca como persona, y por lo tanto con su mirada propia, sin doblegarse ante las fórmulas de la autoridad.

Este desahogo recorre su vida y alcanza a sus ancestros, aunque sin llegar a equiparar los abusos del sistema actual con el régimen nazi. Más bien se trata de mostrar, con esa voz viva, ese desahogo enfurecido, cómo el poder ha sometido al ser humano a lo largo de la historia reciente. En Alemania, pero también en Europa, en Occidente en conjunto. Los autoritarismos son su ejemplo más feroz, pero en la burocracia actual, la enredada jerga jurídica y, por supuesto, el capitalismo que maneja los hilos por detrás, yace también una sutil telaraña que va cercando sin que uno se dé cuenta.

En un torrente de palabras lleno de alusiones, unas más explícitas que otras, se funden una caricatura de la neutralidad de Suiza, el imperio de Estados Unidos, la mancha del pasado de Alemania, la corrupción contemporánea y su propia soledad ante el sistema apisonador. Nombres de políticos, empresarios y deportistas, de multinacionales y redes sociales, encabalgados con Freud, Heidegger y Nietzsche, sus pensadores de referencia

Porque no solo se trata de su caso particular; o, mejor dicho, todo parte de ella, sí, pero en lo que vive hay mucha indignación, mucho malestar compartido: desde los fraudes fiscales, con alusiones a casos sonados en Alemania, como Boris Becker (“yo sí pago, otros en cambio no pagan, de ese modo todo se compensa”), a la coacción tecnológica, con la consiguiente indefensión de algunos grupos sociales (“Yo nunca uso el teléfono móvil, nunca, pero él quiere usarme a mí para pagar”), pasando por crímenes como el del periodista Jamal Khashoggi, el auge de la extrema derecha, las perversas políticas de inmigración o la emergencia climática de la que los más responsables salen indemnes.

En un torrente de palabras lleno de alusiones, unas más explícitas que otras, se funden una caricatura de la neutralidad de Suiza, el imperio de Estados Unidos, la mancha del pasado de Alemania, la corrupción contemporánea y su propia soledad ante el sistema apisonador. Nombres de políticos, empresarios y deportistas, de multinacionales y redes sociales, encabalgados con Freud, Heidegger y Nietzsche, sus pensadores de referencia. “Lo saco todo fuera, a berridos”; y, aunque su discurso puede resultar enredado, bajo sus múltiples capas late una denuncia aguda y clara de los grandes males del presente: la desmemoria, el blanqueo, la mentira, las desigualdades, la manipulación, la inseguridad.

El sistema es el auténtico lobo

“Nadie nos conoce, pero a pesar de todo nos reconocerán. Nos entregan a otros que, sencillamente, nos tiran a la basura”. Esta afirmación se aplica tanto a los discriminados por su etnia, género o religión como a quienes se sienten violentados por la intrusión del algoritmo. Esta conciencia de la fragilidad del ser humano que se sabe presa frente a las garras depredadoras de un poder que quizá no tiene rostro pero está ahí, disfrazado de diferentes formas más o menos tenues de violencia, se acrecienta por el contexto en el que fue escrito, la pandemia. La incertidumbre por el futuro, pero también el temor de que, bajo el pretexto de proteger la salud, se perpetren exclusiones y otros abusos.

Si hubiera que distinguir un leitmotiv, ese podría ser el miedo: “A partir de ahora, si el Estado te echa mano, ya nadie te creerá”. Miedo al poder, miedo a quien se alía con él por miedo. Miedo a la soledad, o más bien al desamparo: “Me falta tiempo incluso para cometer un gran crimen: me falta incluso para intentar echar una ojeada a mi alrededor y ver si alguien se fija en mí, saber si alguien se fija en mí. […] pero aun así ocurrió, por desgracia, se fijaron en mí, el Estado me echó el ojo, y yo debería sentirme halagada, ¡por lo menos alguien se fija en mí!”. Miedo al sistema que solo valora al ciudadano por su capital productivo, a la vez que lo despoja de su ganancia abocándolo al consumo.

La escritura, intertextual y llena de juegos de palabras, puede leerse como una extensión de la conciencia colectiva, del enfado, de la impotencia, de la desconfianza que caracteriza estos tiempos. Ridiculiza las jergas burocráticas y las ínfulas de los neologismos en inglés, el vocabulario que cuantifica y mide y cataloga frente a la desnuda verdad poética

Con la muerte omnipresente, abunda en la idea de que son los vivos quienes infunden un verdadero pavor, no los seres del más allá de los cuentos populares. En Occidente se invisibiliza la muerte, pero lo desconocido no daña; solo daña aquello que nos conoce demasiado, que sabe dónde morder: “A los muertos uno no puede comérselos, pero a los vivos sí”. Recordar a los muertos, tanto en la intimidad como en una reivindicación de la memoria, es un ejercicio de rebeldía y consuelo, de libertad. No pueden borrarle los recuerdos; y devolverlos al presente es una forma de no olvidar la injusticia, el rastro de sangre de ese Estado hipócrita que no está en condiciones de aleccionar a nadie.

La escritura, intertextual y llena de juegos de palabras, puede leerse como una extensión –o, mejor, una canalización en lenguaje literario– de la conciencia colectiva, del enfado, de la impotencia, de la desconfianza que caracteriza estos tiempos. Ridiculiza las jergas burocráticas y las ínfulas de los neologismos en inglés, el vocabulario que cuantifica y mide y cataloga (“A Gúgel, Ápol y a las Amazonas no podemos interrogarlos, pero a usted sí”) frente a la desnuda verdad poética (“¿Qué es la verdad?; ¿dónde la encuentro? Cuando dices la verdad, te creen menos que nunca. ¿No es raro eso? La verdad es mentira, del mismo modo que para el hombre la cercanía es lo más lejano”).

Mordaz, astuta, maliciosa, se expresa con esa lengua viperina, culta y correosa que no se apiada, no da tregua, pero es consciente de su pequeñez. Habla desde el lado de los perdedores, un discurso pesimista que nunca pretendió lo contrario. “Nada se puede hacer”, concluye. “Todavía no se ha inventado nada que podamos hacer contra ellos. Ellos, en cambio, lo pueden todo”. Solo nos queda la pataleta, la rabia. Unos la vomitan con malas palabras; ella la convierte en un artefacto literario exigente y afilado, la sacudida del pez que se resiste a la captura; un libro para leer y releer, para pensar y repensar, para subrayar de cabo a rabo. Una suerte de literatura de la reparación, del pasado que fue y de la memoria que seremos.

La Fiscalía de Navarra ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia del Gobierno foral y con la Administración tributaria para que los fiscales puedan recurrir a técnicos de Hacienda para la investigación de delitos de corrupción y de delincuencia económica. Se trata de una petición que realizó el fiscal general de Navarra, Jaime Goyena, a la comisión de Justicia del Parlamento de Navarra el año pasado, ante la “complejidad técinca” con la que se encuentran los fiscales al investigar determinados delitos económicos. Ha sido el propio fical general quien este martes ha anunciado en comisión parlamentaria el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo navarro.

“Esperamos que el acuerdo se formalice por escrito próximamente. El mes que viene hay una reunión de la comisión mixta entre el Ministerio Fiscal y el Gobierno de Navarra y este es uno de los temas que se va a tratar”, ha apuntado Jaime Goyena. De esta forma, cuando sea necesario, los fiscales de la sección de investigación podrán recurrir a funcionarios de Hacienda para que les “auxilien” en las indagaciones de la delincuencia económica.

Se trata en definitiva de que los funcionarios de Hacienda puedan colabroar con los fiscales en la investigación de delitos económicos al igual que lo hace un médico forense cuando se trata de un homicidio o de un policía foral en una investigación por un delito medioambiental. “Son delitos muy técnicos, profundos y sofisticados en los que a veces entran en juego normas del derecho tributario españolas, de otras autonomías o incluso europeas, por lo que esta ayuda se antoja necesaria”, señaló el fiscal superior el año pasado en una conversación con este periódico.

“Va a ser un instrumento muy valioso y esperamos que sea eficaz para la lucha contra la delincuencia económica. Además, va a ser pionero en el ámbito de las fiscalías de España, ya que solo la Fiscalía contra la corrupción y la criminalidad organizada cuenta a nivel nacional con un instrumento similar a través de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria”, ha celebrado el fiscal superior.

Nueva plaza de fiscal en Navarra

Durante su comparecencia en comisión parlamentaria en la que ha presentado la memoria de la Fiscalía del 2023, Goyena hainformado que en el último año se ha creado una nueva plaza de fiscal en Navarra, que por el momento es provisional, por la creación de un nuevo juzgado de violencia contra la mujer en Pamplona, el número dos.

Con todo, Jaime Goyen ha lamentado que la comunidad foral sigue siendo el territorio de España con la ratio de fiscales más baja. En la actualidad Navarra cuenta con 23 fiscales (más uno provisional), de los que 19 se encuentran en el juzgado de Pamplona y cuatro en el de Tudela. “Seguimos siendo la Fiscalía más infradotada de España”, ha criticado el fiscal superior.

La Asemblea Republicana de Vigo ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado y la Agencia Tributaria (AEAT) al rey emérito y las infantas Elena y Cristina por presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales. La entidad considera que la constitución en Abu Dhabi, por parte de Juan Carlos de Borbón, de una fundación con fondos multimillonarios para asegurar la herencia de sus hijas demuestra que posee fondos en el extranjero que ha escondido a la hacienda española, incluso tras dos regularizaciones fiscales. Su fortuna estimada por Forbes y el New York Times -según información de El Confidencial incluida en la acusación- alcanza los dos mil millones de euros.

La denuncia, presentada este mediodía en los juzgados de la ciudad, recuerda que el emérito realizó una primera regularización fiscal en diciembre de 2020 por valor de 678.393 euros y otra, dos meses después, por importe de 4,4 millones de euros para la que, según su testimonio, tuvo que pedir dinero prestado a sus amigos y convenció así a la AEAT de que no le quedaba dinero. “Ni por el concepto ni por su cuantía quedó regularizado patrimonio oculto en el extranjero”, argumenta.

En su acusación, recogen numerosas informaciones periodísticas, entre ellas la citada de El Confidencial donde se asegura que ninguna de las infantas recibe asignación económica de los Presupuestos Generales del Estado desde que dejaron de formar parte de la Casa Real en 2014. Elena “trabaja en la Fundación Mapfre y percibe un salario de unos 300.000 euros anuales” mientras Cristina “ingresa unos 400.000 euros de la Fundación Aga Khan, con sede en Ginebra”. Se trata de sueldos “considerables”, pero el emérito “teme que pierdan esos empleos cuando él falte”. No es su único ingreso ya que ambas “se han nutrido tradicionalmente de los fondos sin declarar que su progenitor guardaba en el extranjero y que periódicamente le entregaban sus asesores en efectivo en el Palacio de la Zarzuela”.

La fundación, presidida por el Borbón, de 87 años, y con sus hijas en el patronato, funciona así como un “vehículo sucesorio” en el que no ha participado ni figura como futuro beneficiario el rey Felipe VI. Los trámites se han realizado con discreción para evitar otro escándalo, tras el archivo de las investigaciones contra el Rey emérito de la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía del Cantón de Ginebra (Suiza). La creación de la entidad responde a la inquietud de Juan Carlos I, que cumplirá 87 años en enero, por la situación en la que podrían quedar sus dos hijas tras su muerte.

“Ahora, sabiéndose impune, ofende a la ciudadanía española aflorando su patrimonio oculto, incluso sin tener la delicadeza de esperar a la prescripción del derecho a comprobar los períodos y tributos regularizados” que, según recuerda la Asemblea Republicana, se produciría en diciembre de este año y febrero de 2025, respectivamente.

La entidad considera que “la pertenencia al Patronato de una institución sucesoria opaca, nutrida con fondos defraudados a la Hacienda Pública y de origen probablemente ilícito”, convierte a las infantas en “encubridoras” de uno o varios delitos fiscales y “autoras” de un delito de blanqueo, a lo que se sumaría una infracción tributaria o un delito contra la hacienda pública por percibir sin declarar fondos del extranjero, por cuenta de su padre, para financiar su “alto nivel de vida”.

“La ciudadanía española queda nuevamente atónita con las conductas de la anterior casa real. La estupefacción que causan estas recurrentes noticias no tiene parangón con otros casos de corrupción púbilca. Las dos administraciones interpeladas tienen el deber jurídico de esclarecer y perseguir las conductas que puedan deducirse de los hechos informados. Se trata de un deber terminante, de una cuestión de legalidad insoslayable pero también de moralidad pública, políticamente perturbada por la indecencia de tales conductas”, concluye la denuncia de la Asemblea Republicana.

“Los próximos pasos para que no se duerma la denuncia serán contactar con todos los grupos parlamentarios de la investidura para que presionen al gobierno para que las actuaciones de investigación comiencen lo antes posible”, dada la proximidad de la fecha en la que prescriben las “complementarias” presentadas por el emérito. Así lo explicó, a las puertas del juzgado, Antón Beiras, fiscalista y uno de los firmantes del texto. “Si no se inician antes las actuaciones, no hay nada que hacer”.

Beiras explicó que optaron por esta vía y no por una querella porque “la anterior la inadmitió el Tribunal Supremo por su doctrina: que las querellas no se pueden fundamentar en recortes de periódico, excepto cuando son dirigidas contra Begoña Gómez”.

Cuestionados por el carácter republicano de su actuación, Beiras repreguntó: “¿No es un escándalo? ¿Acaso un monárquico no se puede sumar a esta iniciativa? Un fraude de dos mil millones de euros cometido por la más alta magistratura del Estado no es perseguido, pero cualquiera de nosotros puede acabar con una multa. No es una cuestión de república o monarquía, es un problema de ciudadanía”, concluyó.

Este mes de agosto se cumple un año desde que Natalio Grueso, exdirector general del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer de Avilés, está declarado oficialmente en paradero desconocido. Sobre él pesa una orden internacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión para cumplir los ocho años de condena que le impuso la Audiencia Provincial de Asturias por delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y societario cometidos durante su gestión en la institución cultural asturiana.

El tribunal de la Sección Tercera lleva más de un año intentando ejecutar la sentencia condenatoria, que confirmó el Tribunal Supremo (TS). Al cumplirse un año desde la fuga, Interpol ha obtenido la autorización de la Audiencia Provincial de Asturias para incluir en su Notificación Roja las fotografías que constan en los archivos y fichas policiales del gestor cultural. Se incorpora así a la lista de 'los más buscados', que actualmente se compone de 6.752 personas con orden de búsqueda internacional a petición de algún país miembro.

A través de esta nueva vía, los magistrados intentarán hacer efectiva la reclamación judicial para que se pueda verificar, sin género de dudas, la identidad de Natalio Grueso y que se proceda a su detención si se le localiza.

De la fuga a la petición de indulto

La Sala, que preside el magistrado Javier Domínguez Begega, había librado un oficio a la Guardia Civil para que entregara personalmente a Natalio Grueso la notificación de esa ejecutoria, pero los agentes de la Unidad Adscrita de la Policía Judicial de la Guardia Civil comunicaron que les había resultado imposible contactar con el exdirector general.

Adujeron que no atendía a las llamadas efectuadas a los números de teléfono facilitados, ni estaba localizado en los domicilios que había registrado en sede judicial. Tampoco habían prosperado los intentos de dar con su paradero a través de su círculo personal más íntimo, ni a través de su abogado defensor, Francisco Miranda.

El letrado había solicitado al tribunal la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad mientras se tramitaba y resolvía la petición de indulto que se había remitido al Ministerio de Justicia.

La solicitud de esta medida de gracia estaba encabezada por el cantautor catalán Joan Manuel Serrat -Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024- y apoyada por personalidades nacionales e internacionales de distintos ámbitos profesionales.

En esa petición, presentada ante la División de Derechos de Gracia y otros derechos de la Subsecretaría de Justicia, en Madrid, la defensa argumentaba la “innegable y esencial contribución de Don Natalio al desarrollo y el impulso de la esfera cultural española”.

Sin embargo, los magistrados desestimaron sus pretensiones y rechazaron igualmente el recurso que interpuso su representación procesal. En unas declaraciones a elDiario.es Asturias, Francisco Miranda, negó tajantemente que su representado estuviera fugado: “No está huido, está protegiendo su vida”.

Asimismo, argumentó que su cliente merecía el indulto por su aportación a la cultura y alegó que ya estaba rehabilitado socialmente por delitos que se remontaban a más de una década.

El impacto de su gestión

La defensa recalcaba que ya había hecho frente a la responsabilidad civil y a las multas. Además, aseguraba que el perjuicio económico ocasionado a la Fundación Niemeyer ascendía a 78.819 euros, que ya ha abonado y que, según la defensa, “supone el 0,17 por ciento del gasto total gestionado” por el exdirector general, que superó los 50 millones.

Una cantidad económica –78.819 euros– que apenas es significativa, para su letrado defensor, frente al “impacto positivo” de su gestión a nivel nacional e internacional. Tras esta entrevista, la Audiencia trasladó al abogado la posibilidad de que facilitara su localización, en caso de conocerla, pero esta vía tampoco prosperó.

En agosto de 2023, al declarar oficialmente que se encontraba “en ignorado paradero”, el tribunal decretó la búsqueda, detención e ingreso en prisión del exdirector general y remitió las correspondientes requisitorias y las órdenes a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.

La petición de Interpol

El pasado 15 de febrero, se produjo un nuevo giro en esta causa. El tribunal dictó un auto a través del cual acordaba la emisión de una orden europea de detención y entrega de Natalio Grueso. En este auto, anunciaba que se remitiría a las oficinas Sirene España y OCN- Interpol para su introducción, en el primer caso, de la descripción de Natalio Grueso como reclamado en el Sistema de Información Schengen. Asimismo, se remitió copia de la Orden a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional.

Desde la Oficina Central Nacional de Interpol se pusieron en contacto con la Audiencia Provincial de Asturias para solicitar autorización para el uso y difusión de imagen “del reclamado”.

Un requisito “indispensable”

Esa autorización era “un requisito indispensable” y necesario para su inclusión en la Notificación Roja. Se trata de una solicitud dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega, o de una acción judicial similar.

Las personas son buscadas por el país miembro solicitante o por un tribunal internacional. Los países miembros aplican su propia legislación nacional para determinar si pueden detener a una persona. La mayoría de las notificaciones rojas solo pueden ser consultadas por los organismos encargados de la aplicación de la ley.

A petición del país miembro interesado, se pueden publicar extractos de una notificación roja si se considera necesaria la ayuda de los ciudadanos para hallar el paradero de una persona buscada o si esta plantea un peligro para la seguridad pública.

En su comunicación a la Audiencia Provincial de Asturias, la Oficina Central Nacional de Interpol ya exponía que las imágenes de identificación obrantes en “los ficheros, archivos y bases de datos policiales”, se utilizarían “a los solos efectos de comprobación de identidad de la persona reclamada judicialmente”. No obstante, matizaban que esa imagen sería visible “por los servicios policiales miembros de la red de Interpol”.

El pasado mes de mayo, la Sección Tercera respondía afirmativamente a esta petición de Interpol. A través de una providencia, acordó la autorización del uso de imágenes de identificación obrantes en ficheros, archivos y bases de datos policiales para su inclusión en la Notificación Roja de Interpol “a los solos efectos de comprobación de la identidad de Natalio Grueso, reclamado judicialmente -señala- para el cumplimiento de pena de prisión en esta ejecutoria penal”. Una resolución de la que se dio traslado a la autoridad policial solicitante.

La trama del 'caso Niemeyer'

Natalio Grueso ostentó el cargo de director general de la Fundación Niemeyer desde el año 2006 hasta 2012. La Audiencia Provincial de Asturias declaró probado que durante su gestión al frente del complejo cultural de Avilés generó gastos ajenos a los fines de la Fundación Niemeyer durante todo el tiempo que duró su relación laboral, “disponiendo de sus fondos en beneficio propio, de sus familiares, amigos y terceros de su entorno, como si de su propiedad fueran, en detrimento de la Fundación Niemeyer”.

Los magistrados también constataron, según consta en la sentencia condenatoria, que ocultó gastos de desplazamientos y estancias hoteleras de familiares y allegados con facturas falsas o alteradas a nombre de trabajadores de la Fundación o por conceptos ficticios.

La ratificación del Supremo

Tras recurrir en casación, el Tribunal Supremo (TS) confirmó el relato de hechos. Ratificó la pena de ocho años de prisión impuesta en 2020 a Natalio Grueso. El tribunal además impuso una pena de dos años de cárcel al exsecretario de la Fundación, José Luis Rebollo, por delito continuado societario, y rebajó de siete años y seis meses a seis años de prisión la condena que le había sido impuesta al tercer condenado en la causa, José María Vigil, exagente de Viajes El Corte Inglés, por malversación, falsedad y estafa.

La Audiencia Provincial absolvió a la exmujer de Grueso, Judith Pereiro, y al exjefe de Producción del Centro Niemeyer, Marc Martí, de un delito continuado de malversación en concepto de cómplice y un delito de malversación respectivamente.

Con la sentencia firme, Vigil decidió ingresar voluntariamente en el Centro Penitenciario de Asturias, donde cumple actualmente la condena. Rebollo logró la suspensión de la ejecución de la pena durante tres años.

Por su parte, Natalio Grueso emprendió una nueva batalla judicial para evitar su prisión por una doble vía: por un lado, presentó una petición de indulto ante el Ministerio de Justicia refrendado por numerosas personalidades del ámbito cultural y por otro empezó a recurrir ante la Audiencia Provincial para pedir la suspensión en tanto se resuelva el indulto, extremo éste último que ya desestimó el tribunal.

Un año después de su fuga, la Audiencia Provincial ha activado de nuevo los mecanismos legales para tratar de detener e ingresar en prisión a Natalio Grueso, como ocurrió en agosto de 2023 cuando fue declarado en paradero desconocido.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la pena de un año y medio de cárcel para el expresidente del Consejo General de Colegios de Enfermería de España, Máximo Antonio González Jurado, por excederse en sus funciones y desviar fondos colegiales para cubrir el pago de gastos personales en acontecimientos familiares como la boda de su hijo o los bautizos de dos nietos. Unos hechos totalmente ajenos a su actividad al frente del órgano colegial que le han llevado hasta el banquillo de los acusados por un delito continuado de administración desleal.

Los magistrados de la Sección 23 consideran probado que el expresidente emitió ocho facturas, entre los años 2013 y 2019, que cargó al órgano colegial a pesar de que su finalidad era exclusivamente particular. Entre otros gastos, figuran el pago del menaje de los bautizos de una nieta y un nieto, así como el pago al cocinero, al ayudante de cocina y a los camareros que participaron en el banquete de la boda de su hijo. La reparación del coche de su madre, cuyos arreglos ascendieron a 861 euros, también fueron facturados a nombre del órgano colegial que en esa fecha permanecía totalmente ajeno a su actividad al margen de la presidencia.

Pero no ha sido el único. Su hermano Julio, gerente de Cofunsalud S.A., ha sido condenado a la misma pena de cárcel por haber actuado de común acuerdo con él para el pago de gastos que, según la Audiencia Provincial de Madrid, eran “de naturaleza privada”. En su caso, realizó una transferencia de 12.000 euros a Máximo Antonio con el concepto “anticipo” que, según el tribunal, carecían de justificación y no tenían relación alguna con las funciones de su cargo.

El juicio por apropiación indebida y administración desleal

Los dos hermanos fueron juzgados por sendos delitos de apropiación indebida y administración desleal en primera instancia por el Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid en una causa en la que se personaron como acusación particular tanto Cofunsalud S.A. como el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España. En este procedimiento también se personó el Colegio de Enfermería del Principado de Asturias (Codepa), bajo la asistencia letrada de Alejandro Riera, en calidad de acusación popular.

La sociedad Cofunsalud S.A. había sido creada el 13 de septiembre de 1995 por el Consejo General de Colegios de Enfermería de España. Al frente del consejo de administración estaba Máximo Antonio González Jurado, siendo el secretario su hermano Julio. El primero ostentó este cargo hasta su renuncia en octubre de 2017.

Durante el ejercicio de su cargo, el entonces presidente emitió varias facturas que fueron abonadas con cargo a Cofunsalud S.A. a través de transferencias entre 2013 y 2019.

Las facturas

Las tres primeras facturas, emitidas entre los meses de junio y septiembre de 2013, se correspondían con pagos a El Trust Hotelero y a Workhotel ETT por el menaje destinado a la boda del hijo del expresidente, así como en concepto de cocinero, camareros y ayudantes de cocina para este evento. El monto total de estas tres facturas ascendió a 9.573, 91euros.

El menaje destinado al bautizo de la nieta, celebrado también en 2013, supuso un desembolso de 871,04 euros que tampoco pagó el expresidente de su propio bolsillo, sino que el dinero salió de Confusalud S.A., que seguía ajena a esta forma de proceder de su directivo.

La reparación del vehículo de su madre fue abonada a Ascauto y la factura, emitida en 2015, se pagó al contado. También a cargo de la fundación.

Desde el 10 de enero de 2018 al 31 de mayo de 2019 se emitieron facturas con el concepto “dieta pronokal” por un importe total de 1.705,39 euros que se abonaron a través de tarjeta de crédito o al contado.

Las dos últimas facturas que han constatado esta actividad ilícita de proceder del expresidente, según el tribunal, se emitieron ambas en 2018 y eran gastos relacionados con el bautizo de un nieto. En un caso era para pagar el menaje y en otro al cocinero, camareros y ayudantes de cocina.

La reparación del daño

Los hermanos fueron juzgados por los delitos de apropiación indebida y administración desleal. Con carácter previo a la celebración del juicio en el juzgado de lo penal, el expresidente procedió a transferir las sumas de 16.685,91 euros en julio de 2020 y 12.993,90 en noviembre de 2020 a Cofunsalud S.A, como una forma de atenuar el daño causado en su patrimonio.

El juzgado les condenó a ambos a una pena individual de un año y seis meses de cárcel por un delito de administración desleal con la atenuante de dilaciones indebidas y la atenuante de reparación del daño. La primera circunstancia atenuante se les aplicó al haber estado la causa paralizada entre el 18 de octubre de 2022 y el 16 de noviembre de 2013 por motivos ajenos a los acusados.

Los argumentos de la Audiencia de Madrid

Ambos interpusieron un recurso de apelación contra la sentencia del juzgado que ha sido desestimado ahora por la Audiencia Provincial de Madrid. El tribunal rechaza que los hechos hubieran prescrito. Afirma que existe “una conexión subjetiva y de homogeneidad de acción, de medios comisivos, de bien jurídico afectado, de identidad material de precepto infringido, de unidad de injusto personal”, así como un efecto “abrazadera” por el aprovechamiento de una idéntica ocasión, unos hechos “encadenados aunque hayan transcurrido importantes lapsus de tiempo pero que quedan enlazados entre sí -asegura- por la argamasa de la homogeneidad comisiva”.

En cuanto a los hechos delictivos, la sentencia considera probado que los hermanos Máximo Antonio y Julio “se excedieron en el ejercicio de sus funciones, realizando pagos de naturaleza privada con cargo y perjuicio al patrimonio ajeno, incurriendo en la comisión de un delito de administración desleal del artículo 252 del Código Penal”.

Los magistrados sostienen que en la causa existe suficiente prueba para enervar la presunción de inocencia de los acusados. Resaltan el hecho de que Máximo Antonio era el presidente del Consejo General de la Enfermería Española y formaba parte de Cofunsalud, mientras que su hermano Julio era el secretario y gerente de ésta última entidad, por lo que la relación fraternal entre ambos, cada uno en una posición de poder distinta en la fundación, “facilitaba la comisión de los hechos delictivos por los que han sido condenados”.

La circular a todos los Colegios de Enfermería

A la vista de esta sentencia, el propio Consejo General ha emitido una circular a los presidentes de los Colegios Oficiales de Enfermería del país para comunicarles el fallo.

En esta circular, a la que ha tenido acceso eldiario.es Asturias, el presidente actual, Florentino Pérez Raya, y el secretario general, Diego Ayuso Murillo, señalan que esta nueva sentencia confirma las acciones que la actual Comisión Ejecutiva ha puesto en marcha “en defensa de los intereses de la institución y de su patrimonio”. Una resolución judicial que, según expone, “refuerza el compromiso ineludible de dejar en el pasado formas de actuación inaceptables en esta organización colegial”.

El recurso ante el Tribunal Supremo

Julio González Jurado presentó un escrito, el pasado 17 de julio, ante la Audiencia Provincial de Madrid donde anuncia la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

El recurso se apoya en la posible prescripción, al menos parcial de los hechos, al advertir que existió un “amplio periodo de inactividad” que, a su juicio, tiene suficiente entidad para producir “la quiebra de la perspectiva unitaria de continuidad delictiva” por el tiempo que la causa permaneció paralizada.

El Supremo tiene en sus manos la decisión de imputar al fiscal general del Estado por la querella de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, acusando al Ministerio Público de revelar información confidencial sobre su caso. El juez ha elevado una exposición razonada en la que apunta a Álvaro García Ortiz como máximo responsable del comunicado obviando, tanto en el auto como a lo largo de toda la instrucción, el origen de todo: un mensaje de WhatsApp que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, envió a media docena de medios con detalles sesgados de las negociaciones que mantenían González Amador y la Fiscalía. Negociaciones para evitar la cárcel a cambio de reconocer su doble fraude fiscal.

La exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid arranca su relato el jueves 14 de marzo cuando, a las diez de la mañana, el equipo de prensa de la Fiscalía de Madrid remitió un comunicado a más de un centenar de periodistas. Una nota en la que se informaba de cómo la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, había ofrecido un pacto a la Fiscalía para reconocer su doble fraude fiscal de 350.000 euros a cambio de pagar sus deudas y no exponerse a entrar en prisión.

Para el juez Francisco José Goyena, del Tribunal Superior madrileño, ese comunicado incurre en un posible delito de revelación de secretos al hacer públicos “datos e información que no puede ser revelada a terceros”. Pero el relato del instructor –que bebe en lo esencial de la querella inicial que puso la pareja de Ayuso– omite el mismo dato que ha pasado por alto a lo largo de las diligencias: que la primera información sobre ese pacto no había salido de la Fiscalía. Había salido del número de teléfono de Miguel Ángel Rodríguez doce horas antes. El mismo con el que días después amenazó a elDiario.es.

“Es la Fiscalía la que ofrece el acuerdo, en principio. Después, recibe órdenes ”de arriba“ y retira la propuesta de acuerdo... todo sucio”. El jefe de gabinete de Ayuso rebotó este mensaje a varios periodistas después de copiar el contenido íntegro de uno de los correos que el fiscal Julián Salto había enviado al abogado de Alberto González Amador.

El objetivo de Rodríguez era dar a entender que las cosas habían sucedido al revés de como habían ocurrido en realidad: que había sido la Fiscalía la que había ofrecido el pacto, cuando había sido al contrario. Ese correo del fiscal contestaba a uno en el que el abogado de la pareja de Ayuso se ofrecía a confesar y pagar sus deudas a cambio de evitar la cárcel.

Varios medios se hicieron eco del bulo, empezando por el diario El Mundo. Otros le siguieron e incluyeron la afirmación falsa de que las altas instancias de la Fiscalía habían paralizado la propuesta de pacto. Lo hicieron, entre otros, El Debate, Vozpopuli o Libertad Digital, algunos de los cuales difundieron pocos días después otro bulo de Miguel Ángel Rodríguez: que periodistas encapuchados de elDiario.es habían intentado entrar en casa de la presidenta. En las horas siguientes otros medios publicaron la relación completa del cruce de correos electrónicos y ya al día siguiente, a las diez de la mañana del 14 de marzo, la Fiscalía de Madrid emitió su comunicado.

La exposición razonada del Tribunal Superior madrileño obvia todo esto: que el primero en difundir un correo entre el fiscal del caso y el abogado de Alberto González fue el entorno más cercano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, seguido de distintos medios de comunicación. Ninguna alusión se hace a ese hecho alegado en varias ocasiones por la Fiscalía en sus escritos y recursos, ni a que el comunicado buscaba precisamente desmentir esas falsedades.

El balance de un bulo

En su escrito, el juez que deja el caso en manos del Supremo reconoce que “parte de estos contenidos ya habían sido objeto de difusión por algunos medios de comunicación horas antes”. Ningún razonamiento sobre las consecuencias que eso pueda tener sobre la acusación de revelación de secretos ni sobre el hecho de que la primera información partiera de la mano derecha de la pareja de Alberto González Amador, el denunciante.

La exposición razonada no es el primer escrito del Tribunal Superior de Madrid que obvia este factor. En un auto reciente, el mismo tribunal explicó que cualquier implicación de personas ajenas a la Fiscalía en esta filtración debía ser investigada, algo que no ha sucedido a la espera de lo que haga el Tribunal Supremo cuando reciba el caso.

Hace un mes, el propio juez instructor se refirió a este asunto. “Si el Ministerio Fiscal tiene un mayor conocimiento de circunstancias relevantes, no dudamos que lo pondrá en nuestro conocimiento, pues es su obligación”. En su último escrito, que por el momento queda sin respuesta y sin validez tras la exposición razonada, la Fiscalía pedía que Alberto González Amador y su abogado declarasen para explicar de dónde habían salido esas primeras filtraciones, previas al comunicado de la Fiscalía.

Son diligencias que el Ministerio Público podrá volver a pedir ante el Tribunal Supremo si la sala que preside Manuel Marchena decide abrir una causa contra el fiscal general por este comunicado. El juez del TSJM, por el momento, ha dejado fuera del caso al fiscal Julián Salto, que denunció a Alberto González Amador, y mantiene las diligencias abiertas contra Pilar Rodríguez, su superior.

Cuatro meses después, el mensaje de Miguel Ángel Rodríguez ha llegado hasta el Tribunal Supremo, publicado y amplificado por los mismos medios que difundieron sus bulos sobre elDiario.es y ocultaron o minimizaron sus amenazas a este periódico.

En un comunicado, el fiscal general ha insistido en que ordenó publicar ese comunicado –del que se ha responsabilizado por escrito– para combatir un “bulo” y defender al fiscal Salto de esas primeras acusaciones de bloquear un pacto para no ahorrar ni un minuto de proceso penal a Alberto González Amador por un fraude fiscal que él mismo había reconocido. A día de hoy, la pareja de Ayuso sigue buscando un pacto con la Fiscalía para evitar la cárcel.

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Sobre lo poco que importa la ciudad y sus habitantes a los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Gijón ha versado esta mañana casi toda la comparecencia de la alcaldesa, Carmen Moriyón, solicitada precisamente por PSOE, IU y Podemos para que la regidora diese explicaciones sobre la sentencia del Tribunal de Cuentas que, a mediados del mes de junio, condenaba a la máxima autoridad gijonesa por uso “indebido y no justificado” de dinero público.

Lejos de dar explicaciones, Moriyón convirtió sus dieciocho minutos de intervención, en dos turnos, en un verdadero ejercicio de victimismo del “conmigo o contra mí”.

Arrancó la regidora la “máquina del fango”, a la que ella misma hizo referencia en varias ocasiones durante su intervención para referirse a la actitud de la oposición en este asunto, para acusar a la bancada de la izquierda de haber puesto en marcha una campaña de acoso y derribo contra ella y su partido, con el único objetivo de desacreditarla a ella y también a su gobierno.

En el tintero se han quedado nueve de las diez iniciativas presentadas por la oposición, que el gobierno local se negó a incluir en el orden del día del pleno, alegando que con la comparecencia de la regidora los motivos que llevaron al Tribunal de Cuentas a condenarla quedaban de sobra explicados. Y en el tintero se han quedado, por tanto, las explicaciones sobre los motivos que la llevaron a cobrar del grupo municipal 1.000 euros al mes en dietas durante un año, siendo alcaldesa de Gijón. Cargo éste por el que percibía de las arcas públicas un sueldo de 64.945,02 euros, más su sueldo por las intervenciones quirúrgicas realizadas como cirujana en la sanidad privada

Tampoco ha querido responder la primera edil gijonesa a si considera estos cobros un sobresueldo, tal y como se refieren a estas dietas los denunciantes, según refleja la sentencia del Tribunal de Cuentas, ni a los gastos cargados a la tarjeta de crédito VISA, del grupo municipal de Foro, como por ejemplo, 500 euros para pagar los tickets de acceso al funicular la Bulnes.

“¿De verdad quiere hacernos creer que usted pensaba que subir en el funicular de Bulnes tenía algo que ver con la vida municipal?”, le espetaba el portavoz socialista, Luis Manuel Flórez 'Floro', quien instaba a la regidora a dimitir de su cargo porque “es un peligro para usted misma y para quienes la rodean”.

Mientras la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, preguntaba a la regidora, durante su intervención, cuál es su definición de un “error contable”, desde Izquierda Unida, Javier Suárez Llana se cuestionaba cuál es el error contable de pagar con una tarjeta de crédito vinculada al grupo municipal gastos sin justificar, por valor de 8.463,54 euros, o qué error contable supone abonar honorarios de una procuradora por un procedimiento judicial estrictamente personal.

Carmen Moriyón, quien no ahorró calificativos para referirse a la oposición, les acusó de utilizar el pleno para verter todo su “odio y frustración”, y para ganar la repercusión que no están obteniendo con su labor diaria. Una enfadada alcaldesa aprovechaba también para recordar la persecución a la que, según sus palabras, fue sometida por el Partido Socialista cuando llegó al ayuntamiento en 2011. “Pusieron serenos a vigilarme para comprobar cuándo iba a operar”, aseguró.

Ante la actitud de la alcaldesa y su falta de explicaciones, los tres grupos de la bancada de la izquierda abandonaron el salón de plenos del Ayuntamiento de Gijón en cuanto Moriyón finalizó su último turno de intervención. Posteriormente, y en declaraciones ante los medios de comunicación, los portavoces del PSOE, IU y Podemos aseguraron que la verdadera cara de Carmen Moriyón es “odio antidemocrático”, e hicieron hincapié en que la compareciente utilizó sus dos intervenciones para atacar, injuriar y mentir bajo la premisa del “presuntamente”.

La realidad, han asegurado, es que la alcaldesa de Gijón “está condenada por robar dinero público y utilizarlo para gastos personales”, y hoy ha quedado claro que ni ella ni su partido están acreditados para seguir al frente de la alcaldía, remarcaron.

José Ángel Fernández Villa, de 81 años, sufre una patología “crónica e irreversible” que le inhabilita para declarar en el caso por el presunto enriquecimiento ilícito de su patrimonio. Así lo han determinado los forenses en el informe que han presentado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo que trata de determinar si el dinero que ocultó a Hacienda e intentó regularizar en la amnistía fiscal de 2012, cuantificado en 1,2 millones de euros, tenía su origen en las obras de construcción de la residencia geriátrica ubicada en la localidad de Felechosa, en el municipio asturiano de Aller, que fue financiado con cargo a los fondos mineros.

En su informe, los forenses advierten que el que fuera secretario general del Sindicato Obrero Minero de Asturias (SOMA-UGT) entre 1979 y 2013 no está en condiciones de prestar declaración en el procedimiento ya que aprecian que sufre un deterioro cognitivo que le impide declarar.

En su exploración, han podido apreciar que Fernández Villa tiene “dificultad para recordar hechos concretos y fechas con exactitud”, según han confirmado a eldiario.es asturias fuentes jurídicas.

Las conclusiones del informe

Durante los 35 años que permaneció al frente de la Secretaría General del SOMA-UGT, Fernández Villa estaba considerado como “el hombre fuerte e intocable” del sindicalismo asturiano. Pero su gran liderazgo se vino abajo a raíz de que se destapara el denominado caso Hulla.

Villa se había acogido a la amnistía fiscal de 2012, puesta en marcha por el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro durante la etapa de gobierno de Mariano Rajoy y el juzgado abrió diligencias de investigación.

El caso recayó en la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, María Begoña Fernández, quien se hizo cargo de la causa en 2017 para analizar el origen de ese patrimonio. Fernández Villa rechazó cualquier origen ilícito de ese dinero que atribuyó a una herencia familiar.

Su abogada, Ana García Boto, reclamó en varias ocasiones el sobreseimiento de la causa debido a su enfermedad y desde el juzgado se solicitaron informes médicos que lo avalaran o lo descartaran.

Los forenses emitieron un informe donde ya hacían constar que Fernández Villa presentaba un deterioro en su estado y han vuelto a ratificarlo. Consideran que el ex líder sindical presenta en la actualidad pocos cambios con respecto a las exploraciones que realizaron hace cuatro años.

Este nuevo informe, que se incorpora a la causa, mantiene las mismas conclusiones, es decir, que Fernández Villa sufre “un deterioro cognitivo” que le imposibilita para declarar porque tiene “dificultad para recordar hechos concretos y fechas con exactitud”.

Bajo su criterio, continúa la “dependencia grave” que sufre Villa, quien precisa disponer de la ayuda de terceras personas para realizar las funciones básicas. Los forenses describen las distintas enfermedades que tiene a día de hoy y concluyen que en su estado no puede abordar un procedimiento judicial ya que su patología tiene un carácter “crónico e irreversible”.

El sobreseimiento provisional

La propia magistrada-jueza ya había sobreseído provisionalmente la causa relativa a Fernández Villa por el progresivo deterioro que presentaba en su estado mental. El pasado mes de abril, dictó un auto donde recogía expresamente las dificultades que presentaba y reconocía que, a la vista del informe emitido por el médico forense, era “meridianamente claro” que debido al deterioro de su estado mental “carecería de capacidad para ser justiciable”.

La titular del juzgado indicaba que esa situación hacía “inviable” su comprensión sobre el desarrollo del proceso con las garantías descritas“, según hacía constar en el auto.

No obstante, la magistrada-jueza puntualizaba que el sobreseimiento sería provisional. Esta circunstancia facilita que pudiera en un futuro reabrirse la investigación sobre su persona en el caso de que el exsecretario general del SOMA-UGT pudiera recuperar la capacidad necesaria de comprensión de cara al juicio.

No obstante, en el supuesto de que esto no fuera factible, como parece que será lo más probable, a la vista de este nuevo informe, porque su situación fuera irreversible el sobreseimiento sería definitivo.

Este nuevo informe ha ratificado el anterior. El Montepío de la Minería, que ejerce la acusación particular, ya anunció en ese momento su respeto a la decisión del juzgado de sobreseer provisionalmente la causa e indicó que no iba a recurrir la resolución judicial.

La investigación judicial

La investigación del caso Hulla afecta a una veintena de personas entre las que se encuentra el expresidente del Montepío, José Antonio Postigo que, al igual que Fernández Villa, se acogió a la amnistía fiscal de 2012. En su caso, la cantidad que trató de regularizar ascendía a 436.000 euros.

La Fiscalía Anticorrupción abrió la investigación en 2017 a raíz de que Fernández Villa y Postigo se acogieran a la amnistía fiscal ante sus sospechas de que el patrimonio de ambos pudiera proceder de la obra del geriátrico, financiado con cargo a los fondos mineros después de que modificase el decreto que regulaba su concesión.

Con el sobreseimiento provisional, el juzgado atendió a la petición de la defensa de Fernández Villa, que aportó informes forenses que constataban el deterioro de su estado mental; unos informes que han vuelto a ser confirmados.

En 2021, la Audiencia Provincial de Asturias ya determinó la suspensión del ingreso en prisión de Fernández Villa ante el deterioro generalizado de su estado de salud tras haber sido condenado a tres años de prisión por apropiarse de 234.462 euros del sindicato que dirigió durante 35 años.

La sentencia determinó que, entre 1989 y 2001, Fernández Villa se quedó con las dietas que Hunosa pagaba mediante cheques a los miembros del sindicato por asistir al comité intercentros y que, a partir de esa fecha y cuando la empresa pasó a abonar estas cantidades mediante transferencia bancaria, abrió una cuenta a nombre del SOMA-UGT desde la que transfería ese dinero a otra, también del sindicato minero.

Además, hasta 2012 se le abonaron diversos gastos, aparte del kilometraje y de las dietas que le correspondían como secretario general del sindicato como la adquisición, mantenimiento y reparación de dos coches Mitsubishi a su nombre; consumo de su teléfono móvil, comidas, puros, sombreros, productos dietéticos y farmacéuticos o maletas por importe de 173.932 euros.