La fiesta de la democracia ha dejado a todos contentos en el PP de Cantabria. 'Dieguistas' y 'buruaguistas' salen satisfechos del resultado de un proceso que, aunque no hay que olvidar es nacional y sirve para elegir al sucesor o sucesora de Mariano Rajoy, tiene una segunda lectura en clave autonómica debido a la peculiar situación de división interna que atraviesa en partido desde hace más de un año en nuestra comunidad.

Soraya Sáenz de Santamaría, la candidata de Íñigo de la Serna y de buena parte de la dirección regional, ha logrado una victoria holgada: 752 votos (53%) frente a los 412 de Pablo Casado (29%) y los 213 (15%) de María Dolores de Cospedal. El resto de los candidatos han obtenido un respaldo residual, tal y como era de esperar. 

“El apoyo de Ignacio Diego y los senadores a Cospedal y ese resultado tan pobre demuestra que están (políticamente) muertos”, dice con rotundidad un destacado miembro de la dirección que encabeza María José Saénz de Buruaga, quien cree haber salido reforzada. 

No obstante, esta misma fuente señala que este proceso “no era la reedición del Congreso regional”, sino para elegir al presidente del partido y “la gente, en líneas generales, se ha movido en esos registros”. “Ahora bien, los que creyeron que esta elección era la última oportunidad para reivindicarse, se han pegado un batacazo absoluto”, continúa exponiendo. 

“Teniendo en cuenta que han perdido el juicio y que su candidata es la que ha quedado excluida de la carrera por la Presidencia, se puede decir abiertamente que se acabó esta historia”, subraya en relación al movimiento crítico que aún mantiene activo un destacado sector que apoyó al expresidente Ignacio Diego en el Congreso Regional celebrado en marzo del año pasado y que tiene entre sus principales apoyos a nueve de los 13 diputados, así como a los tres senadores.

Los oficialistas aseguran que los 'dieguistas' “no se han movilizado porque no tienen nada que movilizar”. “Donde han podido lo han hecho, como en Cabezón de la Sal”, consideran. Solo Esther Merino ha logrado que la militancia del municipio respalde mayoritariamente a Cospedal. Según su versión, “la gente que en su día apoyó a Ignacio Diego ha ido viendo que esto una locura, que es una carrera que no conduce a ningún sitio, y por eso se han ido desmarcando de ese movimiento”. 

“Al final queda un reducto de tres talibanes que podrán ellos seguir con esta guerra pero que no les sigue nadie, y en esta votación se ha demostrado”, concluye. 

“No es para echar flores”

Sin embargo, los 'críticos' hacen una lectura bien diferente. En su opinión, “partiendo de la base de que no nos hemos movilizado nada y ellos han trabajado a destajo, el resultado no es para echarse flores”. “Soraya solo ha sacado un 53%, cuando lo lógico hubiera sido un 80 a 20. Con el apoyo de la dirección, del Ayuntamiento [de Santander], de Íñigo de la Serna, lo razonable hubiera sido un apoyo muchísimo mayor”, insisten. 

De este modo, y tras apuntar que este resultado no les ha pillado por sorpresa, resaltan que los afiliados no han seguido “masivamente” las directrices de la cúpula regional y recuerdan que por su parte no ha habido ningún tipo de llamamiento al voto para un candidato en particular. “Viendo los resultados, si lo hubiéramos hecho, igual alguno se llevaba una sorpresa. La cosa hubiera sido diferente”, afirman.

En esta misma línea, señalan como uno de los datos más destacados de todo este proceso la baja participación, que ha sido la mitad que en el Congreso regional, lo que achacan a que muchos militantes “están desencantados” De cualquier modo, también coinciden en que el sistema de inscripción no ha sido el mejor. 

Por otro lado, recuerdan que este resultado no es definitivo. “Ya veremos a ver qué pasado con los compromisarios. Si los de Cospedal se decantan por Casado puede darse la vuelta”, avanzan. En Cantabria, participarán 46 compromisarios electos y diez natos. 

¿A quién 'pertenecen' los votos de Casado?

Pablo Casado ha sido, junto a Soraya Sáenz de Santamaría, el gran vencedor de las primarias. Pese a que el gran duelo parecía librarse entre Cospedal y la exvicepresidenta del Gobierno, ha logrado situarse en segunda posición a una escasísima diferencia de la ganadora, apenas 1.500 votos.

¿Con quién simpatizan los militantes que en Cantabria han apoyado al joven dirigente popular? Miembros del sector crítico suman ese 29% al 15% de Cospedal para señalar que la diferencia con Soraya, la candidata oficiosa de Sáenz de Buruaga, no es tanta, un cálculo que desde la dirección regional ven descabellado. 

“Pero, ¿en qué cabeza cabe. ¿Quiénes han sido los hombres de Pablo Casado en Cantabria: Diego Movellán, que está en el Comité de Dirección, y Juan Corro, que está en el Comité Ejecutivo. Que hagan las lecturas que quieran. Si les quedaba alguna chispa de esperanza que pasaba porque Cospedal ganara el Congreso extraordinario, esa chispa se ha apagado. Es un fenómeno pasado, están muertos”, insisten.

Soraya Sáenz de Santamaría ha conseguido una victoria agridulce en las primarias en las que se disputaba el liderazgo del Partido Popular. La escasa diferencia con la que se ha impuesto a su principal adversario, Pablo Casado, y el enrevesado sistema de elección que estableció el PP para dirimir este proceso, con una segunda vuelta, dejan abierta una posibilidad que ya tiene un antecedente en Cantabria: que el favorito de los militantes no sea ratificado por los compromisarios y asalte el poder la segunda opción en las urnas.

Y es que las primarias que se celebraron en el seno del PP cántabro en marzo de 2017 tienen muchas similitudes con lo ocurrido en las últimas semanas en el partido a nivel nacional, ya que ambos procesos han estado envueltos en la polémica y la batalla abierta entre distintas facciones de la formación conservadora han saltado a la luz pública después de muchos años larvadas y pendientes de resolver. Ahora, además, la guerra fratricida podría tener un final muy parecido, con un candidato que no ha obtenido el apoyo mayoritario de los afiliados dando la vuelta a los resultados.

Sáez de Santamaría, incluso, puede conocer todos los detalles de este precedente de la boca de alguien muy implicado en el proceso: el exalcalde de Santander y exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, integrado en su equipo, fue una de las figuras clave para que la actual presidenta del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, consiguiera imponerse en el pulso que mantenía con el hasta entonces líder del partido en la comunidad, Ignacio Diego, que había sido su padrino político y aspiraba a la reelección.

Diego, como candidato a revalidar el cargo, obtuvo en aquellas primarias del PP de Cantabria un total de 1.558 votos, 136 más que los 1.422 logrados por Buruaga, que había sido su vicepresidenta durante una legislatura en el Gobierno autonómico y su secretaria general en el partido durante más de una década. La diferencia entre ambos en la elección de los militantes rondó el 3%, una cifra coincidente a su vez con el resultado que separa a Santamaría de Casado en el cónclave nacional.

Acusaciones de pucherazo

Aquel proceso estuvo plagado de advertencias, sospechas, descalificaciones, denuncias, acusaciones de pucherazo y llegó incluso a los tribunales. De hecho, los afines al expresidente judicializaron el Congreso Regional después de constatar que altos cargos y familiares de Buruaga realizaron cuantiosos ingresos para abonar las cuotas de otros afiliados a través de una “cuenta pantalla” y probar que hubo 511 transferencias, algunas realizadas desde la propia sede del partido, a nombre de un militante con discapacidad que reconoció no haberlas hecho.

Aunque los tribunales no han ratificado esta teoría, los miembros de la candidatura de Ignacio Diego siempre han sostenido que esos ingresos de cuotas a militantes, -que de no estar al corriente de pago no hubieran podido participar en un proceso en el que votaron unas 3.000 personas-, fueron claves para evitar una derrota aún más contundente de Buruaga.

Si se llega a haber producido una diferencia superior a los 15 puntos en las primarias, Diego seguiría siendo ahora el presidente del PP de Cantabria. Sin embargo, hubo segunda vuelta en el Congreso Regional... y los compromisarios dieron la victoria a Buruaga por tan solo cuatro votos. Desde entonces, la nueva líder del partido se ha tenido que enfrentar a acusaciones de todo tipo y el sector crítico que sigue activo no reconoce aún su legitimidad, al considerar que se contradijo la decisión soberana de los afiliados.

Grave división interna

La posibilidad de diseñar una lista de integración de cara al Congreso Regional que evitara el choque de trenes nunca se llegó a valorar de forma seria, dado que el enfrentamiento entre los dos bandos en disputa era más personal que político y se acusaban mutuamente de “traición”, lo que desembocó en un cara a cara en el que todas las figuras relevantes del partido tuvieron que tomar posición.

Más de un año después de aquel proceso interno, las heridas siguen sin cicatrizar y la división es muy patente, por ejemplo, en el grupo parlamentario, donde Buruaga ni siquiera puede ser portavoz ya que 9 de los 13 diputados del PP en la Cámara regional son partidarios de Diego y lo han impedido reiteradamente.

Además, la presidenta no ha podido ratificar todavía su candidatura como cabeza de lista del PP cántabro en las próximas elecciones autonómicas de 2019 y se han escuchado voces desde dentro del partido que claman por la imposición de una gestora que pilote una transición pacífica.

También en el ámbito municipal ha habido destacados alcaldes que han mostrado su rechazo a Buruaga y han especulado con la posibilidad de presentarse el año que viene como independientes o dar el salto a Ciudadanos, un camino que ya han emprendido algunos militantes.

Como muestra de la debilidad interna que acecha al PP de Cantabria destaca un dato por encima del resto: en las primarias autonómicas de 2017 participaron unos 3.000 afiliados, mientras que solo 1.400 lo han hecho en el proceso para elegir al próximo líder del partido a nivel nacional un año después. Precisamente, alrededor de 1.400 fueron los votos que obtuvo María José Sáenz de Buruaga cuando perdió en primera instancia frente a Ignacio Diego.

El juzgado de Primera Instancia Número 3 de Santander ha desestimado las demandas de nulidad del XII Congreso del PP de Cantabria presentada por supuestas irregularidades, con lo que avala la cita en la que María José Sáenz de Buruaga fue elegida como presidenta de los populares en la comunidad autónoma tras vencer por cuatro votos al hasta entonces líder del partido y expresidente regional, Ignacio Diego.

En una sentencia fechada el 12 de junio, la jueza Eva Aja concluye que no concurren los requisitos para declarar la nulidad del Congreso, celebrado el 25 de marzo de 2017. Además, desestima algunas de las peticiones de nulidad o impugnaciones hechas por los demandantes respecto a algunos acuerdos o resoluciones adoptadas durante el proceso congresual por el Comité Organizador u otros órganos internos del partido al considerar que la acción está “caducada”.

La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial dentro de un plazo de veinte días contados desde la notificación.

En la resolución judicial se resuelven dos demandas presentadas pidiendo la nulidad del Congreso, que se acumularon. Una de ellas fue de tres afiliados del PP de Laredo, y la otra por afines al exlíder del PP y expresidente de Cantabria, Ignacio Diego, -que perdió el Congreso ante la que hasta el momento del congreso era su número 2- y que tenía entre los firmantes al diputado Santiago Recio o a la teniente alcalde del Ayuntamiento de Valdáliga, Lorena García.

El juicio por la demandas de nulidad del Congreso se celebró el pasado 15 de mayo y en él declararon, entre los testigos, 'Miguelín', el afiliado del PP de Laredo desde cuya cuenta se abonaron las cuotas de más de 500 militantes para poder participar en la elección -y que según los denunciantes era discapacitado intelectual- o la que fue gerente del partido y presidenta del comité organizador del congreso, Jesusa Sánchez, además de otros miembros y cargos públicos del partido.

Pago masivo de cuotas

Respecto a 'Miguelín', la juez sostiene que “no tiene datos suficientes” para pronunciarse sobre la capacidad intelectual de este afiliado pero, al margen de ello, señala que, además de no estar incapacitado judicialmente, “lo cierto es que se vale por sí solo para gestionar su patrimonio y su vida personal”.

Así, recuerda que en la vista, este aseguró que vivía solo, paga sus recibos y efectúa sus propias gestiones, por lo que la juez cree que “no existe atisbo de incapacidad de obrar”.

Y en cuanto a la actuación de 'Miguelín', señala en la sentencia que este afiliado corroboró en el juicio que había abierto la cuenta desde la que se efectuaron el pago de las cuotas de ese medio millar de afiliados y destaca que lo hizo con el ánimo de colaborar con la candidatura de una de las partes. La juez otorga “mayor valor probatorio” a esta afirmación en el juicio que a la que, en otro sentido, realizó en una grabación aportada en el juicio.

Además, respecto a la colaboración de 'Miguelín' con la candidatura de Sáenz de Buruaga, la juez señala que otro de los testigos en el juicio reconoció haber colaborado con la otra candidatura realizando “idéntica labor” que el anterior: abriendo una cuenta y cediendo las claves.

Sin embargo, a diferencia de 'Miguelín', en la sentencia se reconoce que este testigo se encargó también de contactar con las personas que no estaban al corriente de pago de las cuotas y procedió a abonar las cuentas de estos en la cuenta del PP con la autorización de aquellas para que pudieron votar.

De forma “más adecuada” actuó, según la juez, la exalcaldesa de Los Corrales de Buelna y diputada autonómica, Mercedes Toribio, al recabar por escrito la autorización de quienes iba a abonar las cuotas.

Valida los pagos a terceros

Además, en la sentencia, la juez considera “válidos” los pagos efectuados a favor de terceros. De esta manera, muestra su desacuerdo con el argumento de los demandantes de que algunos de estos pagos no pueden admitirse porque no fue nominativo al no indicarse en el ingreso el nombre y apellidos de los afiliados por los que se hizo el abono y tildar de “insuficiente” la identificación por DNI.

“No se puede mostrar conformidad con tal alegación, pues en España no existe documento alguno más especiífico que el DNI para poder identificar a una persona”, dice la juez.

Tampoco admite el argumento de los demandantes de que no podían considerarse pago a terceros algunos de estos pagos porque habían sido hechos por personas cercanas a Sáenz de Buruaga, como su marido, y “en beneficio” de la candidatura de esta, llegando incluso a afirmar que con dinero procedente del propio PP.

En este sentido, la juez concluye, por una parte, que tampoco “existe prueba alguna sobre la procedencia del dinero más allá de conocer quién efectuó algunos de los pagos, ”que no todos, por lo que se entiende que la afirmación de que el dinero procedía del PP es algo “carente de prueba”.

Y en cuanto a si los pagos hechos por personas cercanas a Buruaga pueden considerarse o no pago por terceros, la juez entiende que las personas que realizaron los pagos son terceros de quienes fueron beneficiados por el abono, que, según la sentencia, no fue la candidata sino los afiliados a los que se les pagaron las cuotas que debían, permitiéndoles participar así en el Congreso.

Se sostiene que ni Buruaga fue la perceptora de esas cuotas ni los pagos se efectuaron para solventar impagos de esta por lo que, a juicio de la juez, “no se puede afirmar” que la beneficiaria fuera ella.

Además, respecto al interés que tenían las personas que abonaron las cuotas de terceros, la juez entiende que esto no “invalida” que el sea correcto el abono ni que se trate de un pago por tercero.

“Actuaciones caducadas”

Respecto a otra de las justificaciones de la sentencia para avalar el Congreso, como es la caducidad de algunas de las acciones de anulabilidad llevadas a cabo por los demandantes, en la resolución se pone como ejemplos las efectuadas respecto al acuerdo de designación de los compromisarios natos o las adoptadas en cuanto a la decisión de dejar participar a dos compromisarios que, a juicio de los demandantes, no debían serlo o la falta de inclusión de cinco personas como compromisarios.

Además, en la sentencia avala algunas de las resoluciones y acuerdos adoptados por los órganos internos del partido respecto a algunas reclamaciones efectuadas. Pese a ello, y en contra de lo que sostenía el PP en algunos de los casos, la juez reconoce la legitimación activa de los demandados para realizar algunas de sus reclamaciones.

Protección de datos

En la sentencia, la juez también hecha abajo otros argumentos de los demandantes para pedir la nulidad del Congreso, como la vulneración de la Ley de Protección de Datos que, a su juicio, “no ha quedado acreditada” porque, con la prueba practicada en el juicio, “no consta prueba alguna de la realidad de la cesión de datos por parte del partido demandando o de las personas encargadas de la protección de sus ficheros a terceras personas”.

Además, señala que la infracción de tal nomativa “no conlleva como sancion la nulidad radical sino la imposicion de importantes multas”.

Por otra parte, tampoco entiende la juez que hubo la “indefensión” alegada por los promotores de una de las demandas, al no ser informados correctamente, según dijeron, de los plazos de impugnación de las resoluciones y acuerdos que se iban adoptando en el Congreso.

En este sentido, la juez considera que “no es admisible que se hable de indefensión cuando los demandantes, como afiliados del PP, ”debían conocer los reglamentos y estatutos del partido“ y pudieron consultarlos en la web.

Marcos Martínez, Silvia Angulo, Guillermo Díaz, Raquel Cifrán, Mario Pardo y Diego San Gabriel pueden respirar tranquilos por fin. Cuatro años después de la protesta que protagonizaron en la Universidad de Cantabria en defensa de la educación pública durante un acto del entonces presidente autonómico, Ignacio Diego (PP), estos jóvenes pueden seguir adelante y continuar con sus vidas sin la losa de un proceso judicial que pudo llevarles incluso a la cárcel.

Ha pasado mucho tiempo desde aquel 17 de febrero de 2014. Un evento estudiantil convocado bajo el formato de 'Tengo una pregunta para usted' en el que pretendían trasladar sus quejas al jefe del Ejecutivo por los constantes recortes en el sistema educativo o por las políticas universitarias que venían asociadas al Plan Bolonia desembocó en algo mucho más grave y preocupante, sobre todo para su futuro.

La seguridad privada de la Universidad de Cantabria, donde se celebraba el acto, decidió impedir la entrada a muchos de los asistentes, lo que aumentó el nivel de la protesta y animó a algunos de ellos a quedarse fuera esperando la salida de Ignacio Diego, que pese a abandonar el edificio por la puerta de atrás no pudo impedir que un grupo de estudiantes mostrara su descontento e indignación con gritos y proclamas durante su marcha.

“Personalmente, nunca pensé que aquello fuera a llegar a nada, porque lo que ocurrió allí fue una de tantas, una protesta sin ningún incidente considerable, dejando de lado las agresiones que hubo por parte de sus escoltas”, relata Guillermo, que era estudiante de Física cuando se produjeron aquellos hechos y que reconoce la “sorpresa” que le causó descubrir un tiempo después que se había abierto una causa penal contra ellos.

Y es que Guillermo, Silvia o Marcos, en conversación con eldiario.es, cuentan ahora su experiencia con un punto de incredulidad, pero con la certeza y la seguridad que les da una sentencia que les absuelve de todos los cargos. Una absolución que en algunos momentos del proceso no vieron tan cercana, a pesar de que han defendido pública e insistentemente su inocencia, porque las “trabas” y las “mentiras” que han tenido que combatir no se lo han puesto fácil.

“Hubo un tiempo en el que pensé seriamente en la posibilidad de ir a la cárcel, que siempre está ahí como una espada de Damocles. Eso es real y es duro, más todavía sabiendo que éramos inocentes y que no habíamos hecho nada para ser condenados”, recalca Marcos, para el que pedían entre 5 y 9 años de prisión por un delito de atentado agravado, entre otras cosas, porque estaba acusado de haber intentado entrar al coche del presidente de Cantabria, algo que quedó totalmente desacreditado con la aparición de unos vídeos de la protesta.

Precisamente esas grabaciones, que han sido vitales en el desarrollo del proceso judicial, permitieron que los desórdenes públicos, coacciones, daños, injurias o amenazas que se esgrimieron como los principales agravantes por los que se pidieron 42 años de cárcel en total, junto a las elevadas sanciones económicas para las nueve personas implicadas en la fase de instrucción, se fueran reduciendo hasta dejar solo seis imputados con delitos mucho menores y penas que finalmente han quedado en nada.

“Menos mal que aparecieron los vídeos, porque hasta entonces lo teníamos crudo, siendo nuestra palabra contra la de agentes de la policía que cuentan con presunción de veracidad ante el juez. A partir de ahí te entra el miedo, te ves indefenso. Hubo muchos momentos en los que temí por lo que me podía pasar. Yo tenía planes para irme de España y trabajar fuera, y con la acusación de un delito eso es casi imposible”, explica Silvia durante la conversación.

Apoyo y movilización social

Este caso, rebautizado como 'Preguntar No Es Delito' por el nombre con el que se constituyeron en asamblea para defender sus derechos, ha tenido muchos focos y ha causado una gran expectación mediática desde el primer momento. La protesta ocurrió en plena ebullición de los movimientos sociales, en la resaca de la lucha social que se trasladó a las calles con el 15M, durante el mayor apogeo de la marea verde de la educación, la marea blanca de la sanidad o las reivindicaciones de los colectivos antidesahucios.

Es en ese contexto en el que sitúan los afectados lo ocurrido con un proceso judicial que tachan de “persecución” o “farsa”. “Durante la vista oral, el objetivo del fiscal no era hacer justicia, sino tomar represalias por nuestras ideas y nuestra participación en los movimientos sociales”, lamenta Silvia.

Marcos, integrante como el resto de sus compañeros de varios movimientos sociales y destacado dirigente de Podemos durante su nacimiento en Cantabria, va más allá: “El sesgo político e ideológico del montaje policial que hemos sufrido es clarísimo”, remacha. A su juicio, “una de las cosas que buscaron con nuestra imputación era afectar al funcionamiento de los movimientos sociales y políticos que no estaban dentro de su arco de tolerancia”.

“Utilizaron nuestras militancias con el objetivo de desacreditarnos y como una especie de agravante de lo que supuestamente habíamos hecho, como si por el hecho de tener una adscripción política nuestros actos fueran más graves”, insiste Marcos, que recuerda además que entre los acusados había activistas de colectivos y organizaciones como Regüelta, Edup, STEC, Cantabria No Se Vende, CNT o el Partido Comunista de los Pueblos de España.

Todos ellos consideran que más allá de que Preguntar No Es Delito siga, no siga o para qué siga, una vez resueltos sus problemas con la justicia, “lo que se ha creado en estos casi cuatro años es un cierto ambiente en la sociedad cántabra de concienciación o conocimiento de que ocurren este tipo de casos y cómo hay que responder ante ellos”. “Hemos tenido nuestros errores, pero también podemos servir de ejemplo sobre cómo buscar apoyo social y cómo eso puede servir para el futuro, más en el contexto en el que estamos actualmente en España”, certifican.

Manifestaciones, concentraciones, paros estudiantiles, huelgas, ruedas de prensa, conciertos solidarios y diferentes actos públicos han servido para mantener el nivel de tensión y apoyo a estos jóvenes, que están convencidos de que “tarde o temprano volverá a ocurrir y se repetirán casos similares en el futuro, por lo que la movilización social es indispensable y hay que estar preparados para combatir la represión”.

Montaje policial

Todos ellos coinciden también en los efectos que ha tenido para sus vidas estar inmersos en un proceso judicial que se ha prologando durante casi cuatro años y que, finalmente, se ha demostrado como falso.

“Está claro que la denuncia policial contra nosotros corresponde más a una actuación preventiva porque se habían pasado de la raya y sus agresiones fueron totalmente desproporcionadas. Por eso, y tras la absolución, nos gustaría que la Fiscalía actuase de oficio para denunciar el falso testimonio de los agentes de la autoridad y los testigos que han llevado al juicio, así como la falsedad documental en todo lo relativo a los daños de los coches que nunca se llegaron a producir”, reflexiona Marcos.

En su caso, por ejemplo, la situación de imputado le llevó a renunciar a concurrir en las últimas elecciones autonómicas de 2015 dentro de las listas al Parlamento de Cantabria con Podemos, partido en el que ocupaba un cargo destacado y formaba parte del primer Consejo Ciudadano Estatal junto a Pablo Iglesias como único representante cántabro.

“Que la imagen pública que trascienda de ti sea como la de un energúmeno, la de alguien agresivo, que insulta, que escupe, que intenta agredir a alguien, es complicado de llevar, porque hasta que no llega el juicio tú no puedes demostrar que nada de eso es así. Incluso llegamos a pensar que dentro del juicio tampoco nos iban a permitir demostrar que eso no ocurrió como estaban contando”, protesta Guillermo, que reconoce haber sentido “auténtica indefensión” durante estos años.

“Nos gustaría que hubiera consecuencias para los que han mentido en el juicio, porque no entendemos que les pueda salir gratis, mucho menos a agentes de la autoridad que han tenido a nueve chavales envueltos en un proceso judicial porque sí, sin motivo ninguno. Cuando se demuestra que es todo mentira y se nos absuelve, no entendemos que no pase nada y que no paguen por lo que han hecho, así que lo vamos a intentar”, concluye Marcos.

El Juzgado de los Penal Número 3 ha notificado este jueves la absolución de los seis jóvenes acusados por el escrache al entonces presidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP), en un acto celebrado en la Universidad en 2014. Los seis jóvenes han sido exculpados de los delitos de coacciones y de diferentes faltas contra el orden público tras el juicio celebrado en una primera vista el pasado mes de octubre, marcada por las movilizaciones en apoyo a los acusados, y en una segunda en diciembre cuando quedó visto para sentencia.

El fallo no es firme y cabe interponer recurso de apelación contra él en la Audiencia Provincial en el plazo de diez días hábiles. A través de Twitter, la cuenta de este mediático caso conocido como Preguntar No Es Delito ha dado a conocer la noticia de la absolución de los jóvenes “injustamente acusados”. “Como defendimos desde el principio”, han recordado con satisfacción.

La magistrada considera en el escrito que no se ha acreditado que estas personas cometieran un delito de coacciones y tampoco el delito de daños que se atribuía a una de ellas, referentes al coche oficial del expresidente. No obstante, sí que constata en los insultos que tres de ellos profirieron contra Ignacio Diego una “falta contra el orden público” en la modalidad de falta de respeto y consideración a la autoridad. Sin embargo, la juez les absuelve al considerar que ha quedado prescrita.

Este caso ha despertado en los últimos años, y más concretamente según se iba aproximando la fecha del juicio, una oleada de solidaridad por parte de la comunidad educativa a través de actos y manifestaciones denunciando lo que consideraban como “un montaje policial” y una “injusticia”.

Versiones contradictorias y vídeos que desmontaban las versiones de los escoltas del expresidente sobre lo ocurrido aquel día encendieron a la opinión pública y se generó un movimiento de apoyo a los estudiantes durante este proceso que ha durado cuatro años.

Los jóvenes activistas acudieron al acto de Ignacio Diego en la UC bajo el título 'Tengo una pregunta para usted' donde se manifestaron de forma pacífica en favor de la Educación Pública y contra la política de recortes en esta materia que llevaba a cabo el Gobierno del PP. En ese momento fueron identificados y acusados de “indicios racionales de criminalidad” y de haber tratado de impedir la salida del recinto al presidente mediante “un cordón”.

Sobre este asunto, la magistrada entiende que existen “discrepancias en los testimonios” de ambas partes fruto de la “distinta percepción que cada uno de los afectados e implicados tuvieron de un mismo hecho”. A su juicio, aunque los manifestantes no permitieron que los coches accedieran al túnel de salida dado que se colocaron en la salida del mismo, “no queda en modo alguno acreditado que lo hicieran para impedir el paso del presidente regional a los vehículos, y no para mostrarle la pancarta y hacerle llegar sus protestas, con la repercusión pública que además suponía la nutrida presencia de medios de comunicación”.

“Pese a su posición inicial, ninguno de ellos se aproxima ni tan siquiera al pasillo lateral por el que el presidente avanza en su trayectoria hasta la llegada al vehículo de reacción, sin haberle obstaculizado el paso”, recalca la jueza. Más adelante, insiste en el mismo sentido al señalar que el tumulto “no fue estrictamente violento frente a la figura presidencial, contra quien no se ejerció fuerza física, o coerción”.

Asimismo, apunta que “no se aprecia un grave atentado contra la libertad y la seguridad del presidente regional, puesto que la finalidad perseguida aparece más dirigida a la protesta y a la crítica política, amparada en el derecho a la libre expresión y derecho de manifestación”.

42 años de cárcel inicialmente

Desórdenes públicos, coacciones, daños, injurias y amenazas fueron las principales acusaciones por las que se les pidieron inicialmente 42 años de cárcel y elevadas sanciones económicas. Finalmente, las penas se redujeron a multas de 4.400 euros para cada uno de las que ahora han quedado absueltos.

Los jóvenes defendieron en todo momento su inocencia, señalando que no quisieron impedir la salida del expresidente y que sus escoltas les “empujaron y agredieron”. Aseguraron, apoyándose en las imágenes, que la protesta fue pacífica frente a la “hostilidad, insultos y amenazas” que denunciaron los escoltas de Diego, quienes no fueron capaces de concretar en sus identificaciones durante la vista oral.

La única acusación partió del Ministerio Fiscal ya que el expresidente solo se presentó como testigo. A pesar de que se le veía sonriendo durante los acontecimientos que se juzgaban, declaró que es una persona “muy feliz” y que los jóvenes mostraban una actitud “agresiva”. Estos, por su parte, se defendieron afirmando que en ningún momento opusieron resistencia y denunciaron agresiones en forma de puñetazos por parte de los escoltas.

El juicio por el presunto amaño en el Congreso Regional del Partido Popular de Cantabria, que investiga las supuestas irregularidades llevadas a cabo por parte de la candidatura de María José Sáenz de Buruaga en el cónclave interno en el que consiguió la victoria por tan solo cuatro votos de diferencia frente al entonces líder del partido, Ignacio Diego, ha quedado visto para sentencia dejando “serias sospechas” sobre la “limpieza” y la “transparencia” en la que se produjo ese proceso.

En la vista oral celebrada el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Santander a raíz de dos demandas que piden la nulidad de ese Congreso celebrado el 25 de marzo de 2017 han participado como testigos cerca de una docena de afiliados y cargos del PP, que han relatado distintas incidencias y han expuesto su experiencia como miembros activos del partido, trasladando ante la jueza situaciones “excepcionales” que pueden llevar incluso a tumbar a la actual dirección.

Sin embargo, y pese a la expectación creada, el testigo estrella del caso ha declarado a puerta cerrada para preservar su intimidad. Así lo ha solicitado el abogado que representa al Partido Popular, con el visto bueno de todas las partes, lo que ha impedido que los medios de comunicación estuvieran presentes mientras prestaba testimonio Miguel López Miguel, conocido popularmente como 'Miguelín'.

Este militante de Laredo se convirtió en un personaje relevante de esta investigación después de que los partidarios del expresidente Ignacio Diego denunciaran mediática y judicialmente que “había sido utilizado de forma vergonzosa” para abonar el pago atrasado de las cuotas de 511 personas en total, permitiendo de esta forma que esos afiliados estuvieran al corriente de sus obligaciones como exige el reglamento y pudieran participar por tanto en las votaciones, “algo que habría podido decantar la balanza dado lo ajustado del resultado final”, según los demandantes.

Lo que ha quedado acreditado en el juicio, -aunque su declaración no haya sido pública, sí por las conclusiones de los letrados- es que Miguel López, que tiene una discapacidad, no realizó esas transferencias llevadas a cabo desde una cuenta bancaria abierta a su nombre para tal efecto, que él no aportó esos más de 9.000 euros que se pagaron al PP en concepto de cuotas atrasadas y que tampoco conocía a la inmensa mayoría de las personas a las que se imputaron esos pagos a través de su DNI.

Al tiempo, los abogados de la acusación han revelado que ese dinero llegó a la cuenta de 'Miguelín' no por parte de los militantes a los que posteriormente se consideró aptos para votar en las primarias, sino desde diferentes transferencias bancarias o ingresos en metálico realizados por altos cargos del PP cercanos a Buruaga o familiares directos de la ahora presidenta, como su marido o su hermano.

Entre las personalidades públicas que hicieron aportaciones económicas a esa cuenta está la actual secretaria general del Partido Popular de Cantabria, María José González Revuelta; el diputado y portavoz de la actual dirección de los populares cántabros, Íñigo Fernández, o la diputada y presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP de Cantabria, Isabel Urrutia, así como el marido de esta última, íntimamente ligados todos ellos a Buruaga.

Además, los letrados de la acusación, basándose en los informes aportados por el Banco Santander y por Telefónica, han considerado relevante que muchos de estos pagos se realizaran desde lugares tan dispares como la propia sede del PP de Cantabria, la sede del PP de Madrid o el Parlamento de Cantabria, además de mediante algunos ingresos en metálico en los que detectan “falsificación de firmas” y “suplantación de identidad”, extremos todos ellos que descartan que fuera el propio Miguel López quien manejara esa cuenta.

“Ha sido una maniobra urdida por miembros de la candidatura ganadora de forma burda y grosera. Se trata sencillamente de un contubernio en el que se ha utilizado a Miguel López como mera comparsa, como una persona manipulable y vulnerable, como una pantalla, como él mismo ha reconocido. Con estas maniobras se alteró el resultado electoral y la finalidad estaba clara”, ha sostenido durante su última intervención uno de los abogados de la parte demandante.

En esta misma línea se ha pronunciado el otro abogado de la acusación, que ha recordado que la comisión organizadora del Congreso descartó tomar ninguna medida como consecuencia del pago masivo de cuotas a través de esa cuenta basándose en un supuesto informe de los Servicios Jurídicos de Génova que, sin embargo, “no se ha aportado como prueba en este juicio ni se ha hecho público en ningún momento”.

También ha detallado que de los 511 pagos realizados por la cuenta atribuida a 'Miguelín', tan solo 193 eran de afiliados de Laredo, donde reside el testigo, mientras que había representantes de 25 municipios distintos, se realizaron 4 pagos duplicados y 16 cuotas de personas que ni siquiera militaban en el Partido Popular. Del total, casi un centenar fueron compromisarios y participaron en la votación final que dio una pírrica victoria a Buruaga, en una elección en el que participaron alrededor de 900 personas.

Otras irregularidades

Al margen de este “pago por terceros”, como lo define la defensa del Partido Popular, considerando esta práctica “legítima, normal, común y muy numerosa”, el resto de testigos que han pasado por Las Salesas han relatado otros episodios más o menos controvertidos, pero que se han visto eclipsados por 'Miguelín' y esa cuenta fantasma con la que se ingresaron más de 9.000 euros sin justificar su procedencia.

Entre otros, ha testificado Rodolfo Canal, portavoz del PP de Medio Cudeyo, que ha insistido en que “reunía los requisitos” para ser compromisario nato en base a este cargo, condición que se le denegó por comunicarlo “fuera de plazo”, aunque él entiende que es “inherente” a su puesto, que “no tiene que ser solicitado”.

Este afiliado, que participó finalmente como electo, ha considerado que la Junta Local del municipio -en su mayoría partidaria de Ignacio Diego- se vio “perjudicada” al ser “privada” de un voto. También ha denunciado que el listado con los compromisarios natos “se modificó para meter con calzador a tres personas en tres listas distintas”, cosa que no ocurrió en su caso pese a que los estatutos del partido ratificaban su posición.

Al hilo, uno de los compromisarios en el proceso, Antonio Montoro, ha declarado, tal y como denunció en comisaría el día de las votaciones del Congreso, que en dos de las mesas -de un total de seis- había personas que estaban “anotando a mano” en las listas a otras, a las que se “permitió votar”, extremo que puso en conocimiento del Comité de Derechos y Garantías sin obtener respuesta.

Además, Carlos Percha, afiliado de Medio Cudeyo, ha resaltado que cuando fue a recoger la documentación para las elecciones de compromisarios a la sede del PP “se produjeron retrasos”, mientras que María Ángeles Pérez ha afirmado que afines a Buruaga “entraron sin hacer cola”, sugiriendo un trato de favor por parte de la organización del Congreso en favor de una de las listas en liza.

“No aceptan la derrota”

La defensa del Partido Popular ha tenido dos estrategias bien diferenciadas. Por un lado, minimizar el impacto de ese pago masivo de cuotas y la posible utilización de una persona con discapacidad psíquica para llevarlo a cabo, y por otra, deslegitimar los testimonios de los declarantes en el juicio por no haber trasladado las incidencias que han relatado a los órganos pertinentes del partido o llevarlo a los tribunales.

En esta línea de defensa, el abogado que representa a la dirección autonómica ha indicado que 'Miguelín' decidió “libremente” apoyar a Buruaga como afiliado de Laredo ofreciéndose a abrir una cuenta y cediendo las claves de la misma, tal y como supuestamente ha mantenido este testigo durante su declaración.

También ha indicado que la información de datos “fluyó entre los afiliados” de uno y otro bando, sin cesión “ilegal” de ningún censo, y ha recordado que el voto fue “secreto y libre”. Su conclusión ha sido que los afines a Diego “no han sabido perder” y “pretenden conseguir en sede judicial lo que no han conseguido con votos”.

Además, los argumentos más potentes de la defensa se han basado en la declaración de la gerente del PP de Cantabria y presidenta de la comisión organizadora del XII Congreso Regional del partido, Jesusa Sánchez, que ha insistido en la “legalidad” de los pagos de cuotas a terceros, de modo que los que así se efectuaron fueron “mayoritariamente aceptados” por los miembros del órgano colegiado y admitidos como “lícitos” a pesar, ha admitido, de que en los estatutos de la formación no aparece regulado expresamente ese procedimiento.

En la sesión, la gerente ha señalado que se realizaron “muchísimas” operaciones de este tipo -“más de 1.300 por parte de ambas candidaturas”- por lo que considera “legítimo” y “válido” el pago denunciado como irregular de 511 cuotas efectuado desde la cuenta del militante laredano que supuestamente tiene una discapacidad. “Es un afiliado más. Tiene derecho a hacerlo, como lo han hecho otras personas”, ha sostenido Sánchez, para quien “lo contrario hubiera sido discriminatorio”.

Durante la vista han declarado también militantes del PP en municipios como Cabezón de la Sal, Castro Urdiales o Los Corrales de Buelna, que si bien han reconocido haber realizado pagos múltiples en nombre de otros afiliados, diferían sustancialmente en el procedimiento llevado a cabo: en ventanilla en el banco, con una autorización previa firmada por el afectado y con el dinero entregado por estos, como ha explicado detalladamente la también diputada y exalcaldesa Mercedes Toribio, en una intervención que ha subrayado lo mantenido a su vez por el también parlamentario Luis Carlos Albalá, miembro de la comisión organizadora del Congreso y que ha tachado de “claramente irregular” lo ocurrido en esos días.

Ahora, el juicio ha quedado visto para sentencia, por lo que la jueza deberá estudiar si estima las demandas y se inclina por la nulidad del proceso o bien da carpetazo al asunto, otorgando una legitimidad que María José Sáenz de Buruaga ha tenido muy discutida desde el mismo día en el que se alzó con la victoria.

En cualquier caso, al tratarse de una primera instancia siempre existe la posibilidad de un recurso que lleve el conflicto hasta las puertas de las elecciones autonómicas y municipales y alargue una agonía que mantiene al PP de Cantabria en vilo y con el riesgo de una escisión que rompa por la mitad a la formación conservadora.

El Partido Popular de Cantabria se juega su futuro en los tribunales. Más de un año después de la celebración del Congreso Regional en el que María José Sáenz de Buruaga arrebató el poder a su mentor, Ignacio Diego, por tan solo cuatro votos de diferencia, las dos sensibilidades de la formación conservadora se verán las caras y tendrán que pasar por el banquillo de los acusados para esclarecer el presunto amaño, calificado incluso de “pucherazo”, que ha sobrevolado sobre la actual dirección desde que fue elegida el 25 de marzo de 2017.

El tiempo transcurrido desde entonces no ha apaciguado los ánimos y la posibilidad de una escisión sigue en el aire, en la rampa de lanzamiento de una precampaña electoral que se prevé intensa y en la que los populares temen desangrarse tanto por las heridas producidas en sus batallas internas como por el auge de Ciudadanos, que amenaza su hegemonía en las filas de la derecha.

Además, el juicio por las demandas de “irregularidades” en el XII Congreso Regional del PP cántabro que se celebrará este martes 15 de mayo, a partir de las 9.30 horas, en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Santander, puede provocar un auténtico terremoto político de consecuencias difíciles de calibrar.

Los derrotados en ese proceso interno reclaman el cese de la actual dirección encabezada por Buruaga, la imposición de una gestora, la anulación del resultado y la repetición de las votaciones, algo que no parece probable, sobre todo porque Génova ha hecho todo lo posible para acallar a las voces críticas, pero que de ver apoyadas sus tesis por una sentencia judicial dejaría al PP cántabro en una situación insostenible.

Frágil liderazgo

Todo ello mientras Buruaga no consigue hacerse con las riendas del partido, donde sigue fuertemente cuestionada por una mayoría de diputados del grupo parlamentario que rechazó convertirla en portavoz y varios alcaldes de peso cuestionan su poder. Con este escenario, su oportunidad de ser cabeza de cartel en 2019 está cada vez más lejana. Los continuos rumores sobre el aterrizaje como candidato del PP en Cantabria del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, no hacen más que ensombrecer su liderazgo.

No obstante, pase lo que pase, aquel Congreso ha dejado una profunda herida en el seno del PP que se torna difícil de cicatrizar, porque va más allá de lo político y se ha convertido en algo personal. Algunos dirigentes entregarán las armas ante la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales, pero otros muchos mantendrán el pulso aunque haya una resolución judicial desfavorable, que sería recurrible a una instancia superior.

También los hay que ya han pasado a las filas enemigas, como el exdirector general de Cultura, Joaquín Solanas, que ha desembarcado en Cs, o los que han abandonado el barco, como el presidente de Nuevas Generaciones de Cantabria, Javier Fernández Soberón, lo que plantea un panorama difícil de afrontar si no se detiene a tiempo la hemorragia.

Pago masivo de cuotas

En el juicio que se celebra este martes declararán como testigos el afiliado del Partido Popular de Laredo desde cuya cuenta se abonaron las cuotas de 491 militantes para poder participar en la elección -y que según los denunciantes es discapacitado intelectual y fue utilizado por el equipo de campaña de Buruaga- y la que fue gerente del partido y presidenta del comité organizador del Congreso, Jesusa Sánchez.

Las demandas, que se han acumulado, fueron presentadas una de ellas por tres afiliados del PP de Laredo, y la otra por afines al exlíder del PP y expresidente de Cantabria, Ignacio Diego, -que perdió el Congreso ante la que hasta ese momento era su número 2- y que tenía entre los firmantes al diputado Santiago Recio.

Una de las pruebas que se verá en el juicio es la información solicitada al banco sobre cómo se realizaron las transferencias para el pago de las cuotas de esos 491 afiliados, así como la no inclusión de algunos compromisarios natos o supuestas irregularidades sobre las papeletas, además de la consignación a mano por parte de algunos miembros de las mesas de nombres de personas en calidad de compromisarios que, supuestamente, no venían previamente incluidos en las listas.

Eduardo Van den Eynde (Santander, 1959) no es de los que se callan. Habla muy claro, incluso a la hora de cuestionar las decisiones de su propio partido. Seguramente, la cercanía de su retirada política, el sentimiento de traición y la grave enfermedad a la que ha plantado cara han hecho que se agudice aún más la franqueza con la que habitualmente ya se expresaba este diputado rebelde, apasionado del debate parlamentario y amante del rock.

A pocas horas para que se celebre el juicio por la demanda presentada por un grupo de militantes afines a Ignacio Diego pidiendo que se anule el Congreso regional que ganó María José Saénz de Buruaga por tan solo cuatro votos de diferencia entre acusaciones de “pucherazo”, el portavoz parlamentario del grupo popular atiende la llamada de eldiario.es para analizar la situación interna del PP y cuál puede ser su futuro tras el fallo judicial.

Este martes el PP de Cantabria afronta una cita clave que marcará el futuro próximo del partido. ¿Cómo están viviendo los días previos al juicio? ¿Hay nerviosismo?

Hay expectación más que nerviosismo. Por un lado, por el resultado que pueda haber y, por otro, por cómo se va a gestionar políticamente la sentencia, lo cual puede ser más complicado de lo que a priori parece.

¿Por qué?

Primero por las vías de recurso que caben y luego porque dependerá muchísimo del fallo. En una sentencia, independientemente de que se falle en un sentido u otro, hay un apartado de hechos probados. Imagino que en función de ese tratamiento las reacciones políticas pueden ser unas u otras y ahora mismo está abierto cualquier escenario.

Buruaga se ha defendido de las acusaciones afirmando que la candidatura de Ignacio Diego también pagó masivamente cuotas a afiliados. ¿Son los mismos hechos?

No, no. Entiendo que eso es una salida que se le quiere dar a este tema, pero no es cierto –y esto imagino que quede demostrado en el juicio– que se haya hecho por parte de la candidatura de Ignacio Diego un pago masivo de cuotas. Los pagos que hay que no son de carácter unipersonal son muy poquitos y están plenamente justificados porque los ha hecho una persona que es presidenta de una Junta de Gobierno local. No es lo mismo que tú centralices el cobro de unas cuotas, fundamentalmente para no generar trastorno a los militantes, y luego hagas los ingresos y des unos recibos que realizar un pago masivo hecho desde determinadas IPs –a través de banca electrónica- con una cuenta interpuesta que abarca a toda Cantabria. Los hechos son muy diferentes aunque se quiera vender una especie de empate en irregularidades.

¿Cuál cree que será el sentido del fallo?

Conozco los hechos porque los he vivido y creo que el resultado que cabe esperar en justicia es la anulación del Congreso y entiendo que el nombramiento de una gestora que se encargue del partido hasta una nueva cita congresual próxima que se haga con todas las garantías. Eso sería lo esperable. Si luego de ahí se derivan otro tipo de responsabilidades, eso lo determinará el juez.

En cualquier caso, como usted mismo ha apuntado, el caso está en un Juzgado de Primera Instancia, con lo cual cabe la posibilidad de que cualquiera de las partes presente un recurso. ¿Puede darse el caso de que la sentencia sea recurrida y se prolongue la incertidumbre dentro del partido?

Pensé en principio que el fallo en primera instancia debería poner una solución a este tema porque el efecto político que va a tener sobre el PP en Cantabria y que ya está teniendo es importante, pero cuando vino aquí el coordinador nacional, Fernando Martínez-Maíllo, y dijo que él no veía que esto se fuera a solucionar en el proceso judicial, pues me queda la duda de pensar si la estrategia del partido es recurrir el fallo en caso de que fuera contrario a la actual directiva.

En mi opinión, la vía del recurso cabe en el ámbito jurídico; en el ámbito político si la sentencia es clara en su exposición de los hechos, creo que tendría que tener repercusiones políticas de carácter inmediato.

Independientemente del sentido del fallo, ¿la fractura interna en el partido es reconducible?

Creo que sobre todo lo que hace que la situación sea difícilmente reconducible no ha sido tanto el desarrollo del Congreso y la denuncia de una serie de irregularidades, sino la propia política que ha llevado la dirección regional contra quienes han formado parte o se han significado con la candidatura de Ignacio Diego.

Ignacio Diego está claro que abandona la política, lo ha dicho por activa y por pasiva, y está absolutamente descartado que incluso en el caso de que se anule el Congreso vaya a volver a presentarse. Es decir, ahora mismo ya no es tanto hablar como se vende muchas veces de 'dieguistas' y 'buruaguistas'; yo no lo entiendo así, sino como personas que se han sentido estafadas o han sentido vulnerados sus derechos como afiliados por parte de quienes han organizado el Congreso.

La parte oficialista se hizo con la victoria de ese Congreso, una victoria que es pírrica en los datos, de forma ilícita, que no se hubiera producido en ningún caso sin esas irregularidades. Ignacio Diego habría ganado claramente en el voto de los militantes y no hubiéramos llegado a esa segunda vuelta un poco surrealista que tienen nuestros estatutos de luego pasar el voto de los militantes por el filtro de los compromisarios.

Si el Congreso no se anula y Buruaga es ratificada como presidenta, ¿hay posibilidades de una escisión en torno a ese grupo denominado Lealtad Popular?

No creo que esté en la voluntad de nadie. Lo que imagino es que si Buruaga es ratificada haya mucha gente que se pueda sentir defraudada y simplemente se vaya apartando. Unos se acercarán a otras formaciones, otros abandonarán la política y otros me imagino que hagan otros planteamientos. Por ejemplo, a nivel local incluso candidaturas independientes.

La salida de muchos militantes del PP hacia otras formaciones es algo que se viene constatando sin esperar a la sentencia. Lo que puede hacer el fallo es agravar ese proceso o al revés, pararlo.

Cuando habla de otras formaciones se refiere a Ciudadanos.

Es un hecho constatable. Joaquín Solanas, por ejemplo, que fue director general de Cultura. Javier Soberón, que era el presidente de Nuevas Generaciones, se ha apartado ahora de la militancia del PP y creo que de una manera plenamente justificada porque lo que se ha hecho con él no tiene nombre. No sé qué tendrá en mente, pero a mí me da la sensación de que en un momento determinado puede formar parte de otra opción como es Ciudadanos porque a mí me parece que es la más próxima y la más razonable.

¿Cree que este conflicto se pudiera haber solucionado sin necesidad de llegar al extremo de acabar en los tribunales?

Sí, simplemente aplicando el sistema que acabamos de ver en las elecciones de Podemos, con el hecho de conformar un comité ejecutivo en el que se hubiese respetado como mínimo la proporcionalidad de los resultados. Aunque no estemos de acuerdo con ese resultado porque es ilícito, si se hubiese respetado esa proporcionalidad, no estaríamos hablando de la situación actual.

Hace justo ahora un año que a usted y a otros ocho diputados se les abrió expediente por negarse a votar a favor del relevo en la portavocía del grupo parlamentario. ¿Es normal que todavía no se haya resuelto ese expediente?

No, muy normal no es. Era un expediente informativo y, como has dicho, abierto hace un año… Nosotros sabemos que tenemos un expediente abierto pero no hemos recibido una comunicación en ningún sentido y tampoco se nos ha contestado a los argumentos jurídicos que presentamos.

¿Cree que están esperando al fallo judicial para resolverlo?

Da un poco esa sensación, ¿verdad? No se me ocurre otra explicación.

¿Se siente defraudado con Génova?

El comportamiento de Génova con Ignacio Diego ha sido lamentable como mínimo. Ignacio Diego podrá gustar más o podrá gustar menos, pero lo cierto es que tiene una trayectoria política. Ha ganado una importante alcaldía, que además tradicionalmente estaba vinculada a la izquierda, con mayoría absoluta durante tres legislaturas. Luego, ha ganado las elecciones autonómicas por mayoría absoluta, lo que tampoco había un precedente. Hombre, yo creo que es una persona a la que se debería haber tenido otro tipo de reconocimiento. A la gente no se le puede tirar a la papelera de reciclaje cuando no te conviene sin mediar un mínimo de afecto y de ser recibido y de buscar vías de salida y de acuerdo.

Fue maltratado. De hecho, yo diría más: si algo hace que Ignacio Diego se presente a ese Congreso fue el empujón que le dimos muchísimas personas porque sentíamos que la salida que le estaban dando era absolutamente indigna. Él llega un momento en que por una situación psicológica, cuando la gente en la que tú siempre has creído te da una patada de ese calibre, tu primera reacción es derrotarte. Y fuimos otros los que realmente dijimos: “Así no puede ser, así no puedes salir de la política, ni tiene ningún derecho el partido a nivel nacional a tratarte así”. Creo que el partido va muy mal desde que personas como Maíllo tienen las responsabilidades que tienen.

Algunos compañeros suyos han apuntado a Íñigo de la Serna como el “gran cerebro” de la candidatura de Buruaga ¿Cree que ella no hubiera dado un paso adelante si no hubiera contado con el apoyo del ministro?

Yo es que no creo que ella haya contado con el apoyo del ministro, creo que ella ha sido el instrumento del ministro. Es decir, Buruaga jamás hubiera dado un paso al frente para competir con Ignacio Diego si no es porque detrás ha habido un movimiento que yo tengo la convicción profunda de que ha sido una maniobra de Íñigo de la Serna para descabalgar a Ignacio Diego, y lo hizo precisamente a través de la persona que podía hacerlo y que además, desgraciadamente, asumió el papel de hacerlo, cosa que no se entiende cuando ha sido la mano derecha de Ignacio Diego durante tantos años. No se puede decir ahora que discrepas con una línea política cuando has estado muchos años aplaudiendo con las orejas.

¿Qué interés puede tener De la Serna cuando él antes del Congreso ya estaba en Madrid como ministro?

Bueno, a veces uno se mueve por sentimientos positivos y a veces por sentimientos negativos. El rencor es un sentimiento muy potente para hacer las cosas. También el control de la organización, independientemente de que te postules o no como candidato, y el hecho de que personas a las que no consideras tus afines e incluso consideras tus rivales queden fuera o fulminadas del partido.

Ese tipo de cosas son las que pueden haber influido más que el hecho de postularse como candidato, porque curiosamente lo que quería Ignacio Diego era llevar la dirección del partido hasta las elecciones autonómicas. Él sabía que ya no era un candidato competitivo y el candidato razonable y el que él tenía en la cabeza siempre fue Íñigo de la Serna.

Esta semana el CIS publicaba un sondeo en el que nuevamente Ciudadanos recorta distancia con el PP en intención de voto. ¿Puede haber sorpasso?

No sé si sorpasso, pero creo que el escenario político futuro va a ser aún más fragmentado que el actual y con un equilibrio de fuerzas bastante más parejo. La sensación que da si hablamos de elecciones autonómicas es que el PP, Cs y PRC se pueden mover en resultados similares y casi diría que el PSOE tampoco estaría lejos. El PP, tal y como están las cosas, da la sensación de que está en una tendencia a la baja, Ciudadanos al alza y el PRC no creo que aguante los resultados que tuvo en las últimas elecciones y puede ir un poco a la baja, aunque no tanto como nosotros, y el PSOE creo que tendrá que recuperarse de unos resultados que fueron muy malos.

En este contexto, ¿entendería que el PP llegase a un pacto con el PRC?

[Suspira]. Bueno, para los que hemos estado trabajando como oposición al Gobierno del PRC y el PSOE se nos hace muy difícil. No hemos tenido grandes acuerdos, entonces no parece lógico. ¿Qué se pueda producir? Hay síntomas, señales y manifestaciones de unos y de otros que parece que no quieren en ningún caso cerrar esa puerta y se ve claramente.

Miguel Ángel Revilla es especialmente hábil para abrir escenarios de negociación antes de unas elecciones porque va a todos los caladeros de votos. La estrategia del PP siempre fue cerrar esa posible vía para garantizar que tu electorado permanezca fiel a tu proyecto, pero ahora mismo eso no es así. Revilla sabe que tiene la posibilidad de negociar prácticamente con todas las fuerzas políticas que hay en el Parlamento, incluido el PP, con lo cual a quien realmente estamos haciendo capitán general en este escenario es a un Revilla en horas bajas.

¿En horas bajas?

Electoralmente sí, aunque tiene la posibilidad de ser el árbitro a muchas bandas.

¿Cree que el PRC va a perder votos? Los regionalistas se están frotando las manos con un PP y una derecha dividida y un PSOE que parece que no termina de recuperar. Están convencidos de que esta vez Revilla ganará las elecciones.

No es descartable que las gane, pero puede hacerlo incluso con un resultado a la baja. En todo caso, ojo con Ciudadanos, que nadie se piense que está recogiendo a personas descontentas del PP, que por supuesto, también del Partido Regionalista en más medida de lo que circula por ahí.

¿María José Sáenz de Buruaga será la candidata del PP?

Todo dependerá de la carne en el asador que quiera poner el partido. Sinceramente, como cabeza de cartel no le encuentro un especial atractivo. Creo que que el más competitivo que podría tener el PP es Íñigo de la Serna. [Silencio]. No he dicho que sea el que más me guste, he dicho que es el que creo que puede aguantar un mejor resultado.

Su constante presencia en Cantabria es interpretada por muchos como una prueba de que será el candidato. Siendo ministro, ¿cree que él tiene interés por regresar a Cantabria?

Él dice que no. Su presencia aquí se puede interpretar de dos maneras: puede ser un impulso a su candidatura personal o puede ser un impulso al propio partido para mantener un resultado digno. Personalmente creo que el PP tendrá muy mal resultado sin un cabeza de cartel del impacto político que puede tener Íñigo de la Serna, lo que no quiere decir que fuera a ganar las elecciones autonómicas porque realmente tiene una papeleta difícil con un partido tan fracturado, con una competencia que nunca existió en Cantabria de una derecha como Ciudadanos y con un escenario tan fragmentado.

No es habitual escuchar a un cargo de un partido, y menos del Partido Popular, manifestar tan abiertamente su opinión. Lamentablemente estamos más acostumbrados a escuchar una y otra vez un mismo argumentario. ¿Se considera un diputado díscolo?

Se me suele encajar ahí, pero lo cierto es que mucho antes del Congreso, en temas concretos que considero que afectan a mi conciencia, me salgo de la línea del partido.

Por ejemplo, estos días ha cuestionado públicamente la posición del PP sobre la regularización de la eutanasia que se ha debatido en el Congreso.

Sí, claro. Es que… En fin… La posición del partido ha sido absolutamente impresentable y lo que ha dicho nuestra portavoz es absolutamente insostenible en el siglo XXI. Estamos negando a la gente el derecho a tener calidad de muerte.

Creo que hay posiciones que están muy contaminadas por un cierto espíritu religioso. Yo no soy creyente aunque respeto que la gente crea en lo que quiera, pero la eutanasia jamás se aplicaría a una persona que no lo quiera.

En mi familia he vivido muertes duras, largas y agónicas que no han aportado nada y me da lo mismo lo que diga el partido, lo que diga la Iglesia, lo que diga el sursum corda… Tengo clarísima mi postura.

Pero además de esas creencias personales, usted tampoco se corta en otros temas como cuestionar el liderazgo de la presidenta de su propio partido. ¿Estar más cerca de la retirada política le hace ser más libre?

Sin duda eso me hace ser más libre, pero yo ya había anunciado que me iba de la política antes de que hubiera un conflicto en el partido. Tres legislaturas me parecen más que suficientes. De hecho, me viene sobrando la tercera.

También es cierto que llego al partido a través de una amistad con Ignacio Diego, pero yo he cuestionado el liderazgo de María José Sáenz de Buruaga por cómo lo ha obtenido, no por ella. Yo era el portavoz de Sanidad del grupo parlamentario y he tenido una relación absolutamente de cercanía y de colaboración muy alta, con lo cual me siento especialmente decepcionado.

También ha sido muy crítico con la reacción generalizada de la sociedad con la sentencia del caso de 'la Manada'. ¿Por qué?

No, a ver. En las redes sociales no se puede explicar nada, son como un acto de fe donde todo el mundo jalea lo que quiere jalear. En el caso de la sentencia de 'la Manada' yo mantengo una posición muy clara: no tengo los elementos de juicio que tuvo el tribunal, entonces no me atrevo a valorar su decisión. Lo que me preocupa de este tema es que toda la sociedad nos convirtamos en tribunales. Yo no comparto esa presión sobre un tribunal, esos juicios de valor, algunas barbaridades que he leído… Una sociedad no se puede mover solo por razones emocionales. Y desde el punto de vista institucional, en la calle cada uno está en su derecho de manifestarse, pero un ministro como el de Justicia o un Parlamento no pueden hacer ese tipo de valoraciones por una razón de principios democráticos porque pone en solfa la separación de poderes.

Independientemente de eso me parecería perfectamente razonable que hubiera una reforma del Código Penal donde se tipifique con mayor claridad ese tipo de delitos e incluso se pudieran aumentar las penas.

Para ir acabando, ¿qué cree que ha hecho mejor este Gobierno autonómico con respecto al anterior y qué ha hecho peor?

Hacer nada, lo que sí creo es que se ha encontrado una coyuntura mucho más favorable. El Gobierno actual dispone de muchos más recursos de los que disponía el anterior y eso ha hecho que no haya tenido que acudir a políticas tan desagradables. A mí lo que me da miedo es que nos hagamos una burbuja política y otra vez nos creamos que esto es jauja y empezamos con una política de gasto desmedido en cosas que realmente no son necesarias.

Es decir, no tengo una valoración especialmente positiva del Gobierno actual, para nada, pero entiendo que han gestionado una situación mucho mejor y, sin embargo, tengo una mejor valoración de nuestro Gobierno aunque realmente fue un Gobierno antipático ante la opinión pública porque tuvo que tomar decisiones incómodas.

Respecto a lo que comentaba con el ascenso de Cs y el descenso del PP. En su opinión, ¿es más mérito de Cs o demérito del PP?

Creo que es más mérito de Ciudadanos, aunque aquí se conjugan muchas cuestiones. Primero, el PP, aunque no ha ocurrido en Cantabria, de lo cual me enorgullece y si no yo no estaría aquí, ha tenido unos problemas con la corrupción muy graves. Por otra parte, creo que Ciudadanos presenta ahora un mensaje de una derecha donde se puede identificar mucha gente que ve la política desde unas posiciones más laicas, más modernas… Su discurso me parece más el de una derecha del siglo XXI que el del PP, que representa también a grupos de edad mayores y que por tanto no se aparta de determinados tics que en cierta manera son excesivamente conservadores. Por eso creo que el discurso de Cs es más atractivo. Aunque por supuesto que tampoco suscribo al cien por cien de su discurso, entre otras cosas porque a veces dicen so y arre al mismo tiempo. Todavía tienen que articular un discurso con más credibilidad y desde luego menos cambiante en función de la opinión pública.

¿Qué conclusiones saca de su paso por la política?

Ha sido una experiencia muy interesante. Sobre todo me ha gustado muchísimo la actividad parlamentaria. Si hubiese estado en responsabilidades de gobierno, seguramente hubiese pasado peores ratos. El debate parlamentario me gusta y me gusta mucho más ahora porque es mucho más plural. Creo que la entrada de Ciudadanos y de Podemos al Parlamento ha sido como abrir las ventanas, pero no lo digo por ensalzar esas fuerzas, sino por el hecho de que el debate político es de verdad un debate político. Antes las posiciones estaban prefijadas de antemano y se podía esperar poco del debate. Hoy hay que tener más cintura, se puede llegar a acuerdos puntuales con diferentes fuerzas y eso me parece enriquecedor y me parece también que acerca el legislativo al ciudadano. En este sentido creo que vamos a ir a mejor, ese pluralismo se va a consolidar y el equilibrio de fuerzas va a ser más inestable y en eso van a salir ganando los ciudadanos y va a salir ganando la política.

Un año y medio después de la puesta en marcha de la comisión de investigación de Ecomasa, y tras escuchar a medio centenar de comparecientes, que han desfilado a lo largo de todo este tiempo por el Parlamento de Cantabria, los partidos políticos con representación en la Cámara han llegado a las mismas conclusiones que traían de casa: todos ellos -con la excepción lógica del PP- culpan a Ignacio Diego y a su equipo económico de la pérdida de 18 millones de euros de dinero público, “dilapidados” en el fallido proyecto empresarial de Andrés de León y Jesús Lavín.

Mientras PRC, PSOE, Podemos, y en menor medida, Ciudadanos, señalan al expresidente de Cantabria y a algunos de sus cargos políticos más cercanos bajo su Gobierno de la “estafa” y la “malversación de fondos” que se produjo en la ruinosa fábrica de estufas de Maliaño, el PP considera “intachable” la actuación pública en esta operación y pide “el mismo grado de responsabilidad que se aplicó a Revilla en el caso GFB, Racing, Cantur o Nueva Papelera del Besaya”.

Es decir, que todos se mantienen en sus posiciones iniciales, pero dejan en manos de la justicia que depure las responsabilidades de cada uno de los actores de este culebrón que marcó la pasada legislatura, y que tiene como víctimas principales a los trabajadores que aportaron a través de las indemnizaciones por el despido de Teka cerca de 3,2 millones de euros que acabaron o en la basura o en los bolsillos de los empresarios, con la falsa promesa de asegurarse así un puesto de trabajo que nunca llego a ser tal.

Los que más dureza han empleado en sus conclusiones han sido los regionalistas, que han llegado a exigir la dimisión del anterior líder del PP, Ignacio Diego, como máximo responsable político del fallido proyecto, así como la de la exconsejera de Economía, Cristina Mazas, de los cargos públicos que ostentan en la actualidad, es decir, que entreguen sus actas de diputados.

También pretenden que la Fiscalía investigue los hechos para conocer el destino del dinero inyectado en esta empresa con el objeto de que sea devuelto, y depurar responsabilidades penales si se apreciase la comisión de algún delito, ya que consideran que la de Ecomasa fue una “operación fraudulenta” perpetrada por los dueños de la sociedad con la “connivencia” del Gobierno del Partido Popular.

El PRC sostiene que el anterior Ejecutivo dio 18 millones de euros a un proyecto “inexistente” porque Ecomasa “carecía de plan de negocio, ni estudio de mercado, ni petición formal de aval ni de crédito, ni soporte documental”, y su gestión estuvo caracterizada por “la improvisación, falta de clientes y mala administración”.

Los regionalistas consideran “acreditada” la participación y vinculación directa del Gobierno de Cantabria, a través de la figura del gerente del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), Jorge Gómez de Cos, “en el entramado financiero urdido para obtener la financiación pública y beneficiar a De León y Lavín”, que fueron descritos por Diego como “empresarios de éxito” y “con garantías”.

Además de a todos los citados, el PSOE incluye en su crítica al exconsejero de Industria y máximo responsable de Sodercan durante la pasada legislatura, el también popular Eduardo Arasti, al tiempo que solicita que el dictamen de la comisión de investigación se eleve a la Fiscalía para que investigue “el paradero de los 12 millones de euros que se pierden en el entramado empresarial”, lo que, a juicio de los socialistas, “sería de vital importancia para intentar recuperar el dinero publico”.

En sus conclusiones, el PSOE considera que ha quedado demostrada la implicación del Gobierno de Cantabria y que “la aventura empresarial de Ecomasa fue una decisión política, que no estaba planificada y con un elevado riesgo para la recuperación del dinero publico, que no se tuvo en cuenta por parte del ICAF ni de Sodercan”.

Compensaciones para la plantilla

Por su parte, Podemos pide en sus conclusiones que se reconozca a los trabajadores del fallido proyecto empresarial la condición de “afectados por un funcionamiento anómalo de la administración” y se les abonen las indemnizaciones a quienes no la hayan obtenido a través del Fogasa.

El partido morado, que impulsó la comisión de investigación, entiende que se debe reconocer que los 3,2 millones de euros que Teka aportó al proyecto provenían de las indemnizaciones por despido de los trabajadores que se incorporaron posteriormente a Ecomasa, algo que en vía judicial se ha desestimado.

José Ramón Blanco, que ha actuado como portavoz de Podemos en la comisión, responsabiliza del fracaso al entonces presidente por autorizar y promover “un proyecto basado en ilusiones y esperanzas”, cuando “justamente por ello, debería haberse preocupado de exigir toda clase de informes financieros, de mercado y de viabilidad”. “Sin embargo, hipotecó la vida de muchos trabajadores por un power point de 15 páginas”, señala la formación morada en sus conclusiones.

Desde Podemos también se considera necesario una revisión de las normas jurídicas y administrativas para garantizar la devolución de las ayudas económicas que conceden organismos públicos como Sodercan y el ICAF a empresas, una línea en la que también incide Ciudadanos, que llama la atención acerca del “negligente control” que se llevó a cabo y señala la “carencia de controles por parte de la administración”.

“Actuación intachable”

Las divergencias en las conclusiones extraídas en esta comisión de investigación surgen únicamente desde la bancada popular, donde no se escatiman adjetivos para salvar la cara y defender la gestión del anterior Gobierno, que llegan a ensalzar sin ningún tipo de autocrítica: “La actuación pública ha sido intachable, ajustada a derecho, sin ningún tipo de irregularidad, sujeta a las normas y prácticas comunes en este tipo de operaciones, no existiendo ni tan siquiera el carácter de excepcionalidad en ninguna de las actuaciones”, refleja el PP en sus conclusiones.

De hecho, su portavoz, Eduardo Van den Eynde, ha solicitado que se aplique al expresidente cántabro, Ignacio Diego, “el mismo grado de responsabilidad política que se aplicó a Miguel Ángel Revilla por el caso GFB, Racing, Cantur y Nueva Papelera del Besaya”, actuaciones todas ellas muy cuestionadas sin embargo desde sus filas durante años.

El PP entiende que no existen más responsabilidades que las de carácter político, y que estas deben ser matizadas en función del contexto en que se gestó y se puso en marcha el proyecto. “La responsabilidad política ha sido plenamente reconocida por los miembros del Gobierno, en virtud de sus competencias y sus efectos han sido depurados en las urnas, como corresponde a cualquier acto político desarrollado dentro de la absoluta legalidad”, recalca Van den Eynde.

En esta estrategia de minimizar el fracaso empresarial y político de Ecomasa, el PP llega a defender que la cuantificación de la pérdida de la aportación pública a raíz de la quiebra de la sociedad “ha sido magnificada por intereses políticos” y señala que cuando se habla de 18 millones de euros de dinero público “no se tiene en consideración” que existió una actividad empresarial durante varios años, “con el consiguiente retorno de una parte sustancial de la aportación pública”.

Íñigo de la Serna ha vuelto a colocar a María José Saénz de Buruaga como hipotética cabeza de lista del PP en las próximas elecciones autonómicas. El ministro de Fomento ha asegurado que Buruaga es la persona “idónea” para encabezar la lista, ya que, según ha resaltado, tiene “experiencia en puestos de responsabilidad” y lo está haciendo “francamente bien” al frente del PP.

En su intervención en el Foro Ser Cantabria, a preguntas de los asistentes, el exalcalde de Santander ha dejado claro que no entra entre sus planes regresar a la comunidad autónoma para ser el candidato a la presidencia del Gobierno regional, como se está rumoreando en las últimas semanas. “Tiene cualidades más que suficientes y probadas”, ha aseverado sobre las posibilidades de Buruaga.

Así, De la Serna ha reiterado que la exconsejera de Sanidad y vicepresidenta autonómica en la pasada legislatura cuenta con su “apoyo” para dar el paso y ser ella quien se bata el cobre con Revilla y compañía por recuperar el espacio perdido por los populares en los comicios de 2015.

Sin embargo, desde Génova no descartan que el flamante ministro de Fomento tenga que aterrizar en Cantabria a modo de paracaidista, como ya tuvo que hacer el exministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en 2016, cuando regresó a la política vasca para ser candidato a lehendakari.

En los nueve meses que lleva como presidenta del PP, Buruaga ha sufrido un desgaste considerable, principalmente por la oposición que tiene dentro de su partido. Una parte importante de los conservadores cántabros, entre ellos nueve de los trece diputados, creen que su victoria en las primarias es ilegímita y no dudan en cuestionar una y otra vez su liderazgo, tanto de forma privada como pública.

Ante esta tesitura, la dirección nacional que encabeza Mariano Rajoy entiende que un candidato alternativo como Íñigo de la Serna, con un cartel más destacado y aprovechando su vitola de ministro, podría ser más favorable para sus intereses. No obstante, la decisión no se tomará de forma inmediata. En ella también jugará un papel importante la resolución del conflicto judicial por la impugnación del resultado del Congreso que desbancó a Ignacio Diego por tan solo cuatro votos de diferencia y entre denuncias de “pucherazo”.

“Ahora todo son elogios”

La posibilidad de que De la Serna sea candidato a presidente de la Comunidad Autónoma ya había sido apuntada por el expresidente de Cantabria y del PP, Ignacio Diego, quien recientemente anunció su retirada de la política al acabar esta legislatura: “Cualquier otro candidato, en las circunstancias actuales, podría ser dramático”.

Para De la Serna, las palabras de su compañero de partido, con el que nunca ha mantenido una buena relación, son un dardo envenado. Al ministro le “resulta un poco curioso, por no decir gracioso, que algunas personas que hasta hace apenas una semana, pues decían cosas no del todo agradables” de su persona, “ahora se deshagan en elogios y sean todo virtudes”.

El responsable de Fomento ha enmarcado la invitación hecha por Diego, y suscrita por otros cargos destacados del partido, dentro de un “contexto de ataques” hacia Buruaga “y por extensión al PP”. Por ello, ha instado a estas personas a que se dediquen a trabajar “con lealtad” a la presidenta.

La tormenta política desatada en Cantabria por el expresidente autonómico y exlíder del PP, Ignacio Diego, anunciando su retirada en 2019 y proponiendo como candidato del partido en las próximas elecciones autonómicas al actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ante lo que califica como “escaso atractivo” de María José Sáenz de Buruaga como cabeza de lista, ha provocado una catarata de reacciones, incluida la negativa del propio De la Serna a regresar a la comunidad autónoma.

Y es que la petición de Diego, que ha mantenido siempre una relación muy tensa con el exalcalde de Santander, era un regalo envenenado, que pretendía dañar al mismo tiempo en su despedida a sus dos máximos enemigos políticos: por un lado, porque De la Serna lleva poco más de un año como ministro y no tiene interés real en volver; y por otro, porque evitaría que Buruaga fuera candidata en 2019, a pesar de ser la presidenta del PP de Cantabria tras derrotarlo en el Congreso Regional por tan solo cuatro votos de diferencia.

Sin embargo, el movimiento estratégico de Diego a través de Facebook, donde ha anunciado de manera consecutiva tanto su renuncia como su preferencia por De la Serna como futuro candidato, ha quedado desactivado prácticamente de forma inmediata, porque el propio ministro se ha descartado como cabeza de cartel y ha cargado contra Diego, al que ha pedido que sea “leal” con la actual dirección que encabeza Buruaga desde el mes de marzo.

“Mi papel está en el Ministerio de Fomento, cumpliendo con las responsabilidades como ministro del Gobierno de España y tratando de no defraudar la confianza del presidente Mariano Rajoy”, ha subrayado De la Serna como respuesta tras un acto público en la sede de su departamento en Madrid.

En esta misma línea, el dirigente popular ha asegurado que “cualquier otra decisión” que tome el PP “tendrá que ser fruto de un debate de los órganos de Gobierno del partido” y considerando la opinión y decisiones que tome la actual presidenta del partido en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. “Es una gran presidenta que está haciendo una extraordinaria labor”, ha recalcado al respecto.

“Al resto de afiliados lo que nos corresponde es ponernos a disposición de la presidenta para ver en qué forma podemos aportar al partido y de qué forma podemos trabajar también con lealtad política para conseguir un proyecto que ilusione a los cántabros”, ha remachado Íñigo de la Serna. “De momento, es todo lo que tengo que decir”, ha zanjado.

Reacción en cadena

Que el ofrecimiento de Ignacio Diego no era casual y formaba parte de una estrategia de más largo recorrido ha quedado claro a lo largo de la jornada, con la reacción en cadena de dirigentes del PP muy cercanos en lo político y en lo personal al expresidente popular, como el actual portavoz parlamentario, Eduardo Van den Eynde, o los diputados José Manuel Igual y Santiago Recio.

Todos ellos, en declaraciones a Europa Press, han manifestado que consideran que el ministro de Fomento y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, debe ser el candidato del partido a la Presidencia de la comunidad autónoma en las elecciones autonómicas de 2019.

Por ejemplo, José Manuel Igual, que además de diputado es alcalde de Arnuero, también es partidario de que De la Serna sea el candidato en 2019 puesto que “es un”valor de primerísimo orden“ en el partido, a nivel nacional o regional. ”Si el entrenador del Barcelona o del Madrid tiene un partido importante no se le ocurre dejar a Messi o Ronaldo en el banquillo“, ha defendido empleando este símil futbolístico.

Sin embargo, muy distinta es la opinión de su hermana, la actual alcaldesa de Santander, Gema Igual, que también se ha pronunciado públicamente al respecto y que ha afirmado que no le parece bien que Diego “ensombrezca” la gestión de la nueva dirección del PP, encabezada desde marzo por quien fuera la mano derecha del expresidente y número dos del Ejecutivo que presidió la pasada legislatura.

“Tener a Íñigo en el Gobierno de España es una oportunidad para Santander y para Cantabria. Me parece que Íñigo está muy bien donde está”, ha resumido Igual para zanjar el tema y pedir respeto la decisión de De la Serna de no ofrecerse como candidato a las elecciones autonómicas de 2019, una teoría que había cobrado fuerza en las últimas semanas dada la intensa agenda en Cantabria que está desplegando el ministro con continuos anuncios de inversiones y actos públicos con él como protagonista.

Ni la Navidad ha conseguido que María José Saénz de Buruaga e Ignacio Diego acerquen posturas. Las dos familias del PP, la oficial y la crítica, han celebrado por separado este fin de semana sus respectivos actos navideños visibilizando que el paso del tiempo no ha conseguido apaciguar los ánimos entre ambos dirigentes y que a día de hoy están lejos de encontrar una solución que ponga fin a la ruptura provocada a comienzos de este año con motivo de la celebración de primarias. 

Cerca de 750 personas acudían el viernes al Palacio de la Magdalena para participar en el evento convocado por la dirección actual, al que asistieron entre otros el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna; el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y los expresidentes Gonzalo Piñeiro y José Joaquín Martínez Sieso. 

Menos de 24 horas después, unas 250 personas afines al exlíder de la formación se daban cita al mediodía del sábado para celebrar una comida de “amigos del PP”, la cual ha tenido lugar en el habitual cuartel general de los populares, el Hotel Santemar. Además de Ignacio Diego han asistido numerosos cargos públicos como los tres senadores del PP por Cantabria Javier Fernández, Blanca Martínez y Esther Merino; y el exconsejero Miguel Ángel Serna y los que fueran sus directores generales Joaquín Solanas y Javier Soler.

También han participado el portavoz parlamentario Eduardo Van den Eynde y el diputado regional Santiago Recio; varios alcaldes (Gastón Gómez de Santa María de Cayón, Lorenzo González de Valdáliga, Agustín Saiz de Cieza o Fernando Fernández de Udías), así como números 'uno' de agrupaciones locales.

Ambos actos han estado marcados por la situación que atraviesa el partido desde que Ignacio Diego perdiera el bastón de mando a manos de quien había sido durante años su número dos, María José Sáenz de Buruaga, a quienes los críticos acusan de haber ganado las primarias gracias a un “auténtico pucherazo”. De hecho, el resultado del proceso interno sigue en los tribunales, que ya han desestimado dos intentonas aunque aún queda una denuncia pendiente de resolverse.

“Un año duro”

En su intervención, Sáenz de Buruaga reconocía que para el PP ha sido un “año duro” y “meses díficiles”. Sin embargo, cree que “ha merecido la pena” para emprender un nuevo camino para “ganar mejor” y que “ganar sirva para gobernar tanto en nuestros ayuntamientos como en la comunidad”. “Vamos en la dirección correcta y volveremos a ser esa máquina de ganar elecciones”, afirma.

La presidenta también hacía alusión a uno de los principales reproches que ha recibido del bando contrario: la mano tendida a alcanzar gobiernos de coalición. En estos momentos “ya no basta con ser los primeros” y “tenemos que acostumbrarnos a abrir vías de diálogo y a tender puentes con otras fuerzas políticas” porque, desde hace tiempo, los resultados electorales equivalen a un mandato ciudadano de “diálogo y entendimiento”. “Diálogo sí y entendimiento también, pero sin entreguismos, sin dejar de ser fieles a nuestros planteamientos éticos y políticos”, ha dicho.

“Confianza, respeto y lealtad”

Por su parte, Diego ha asegurado que sigue “creyendo en el Partido Popular” y ha deseado que el partido “vuelva a regirse por los principios de confianza, respeto y lealtad”. Entre los “amigos del PP” que han hablado en el acto, uno de los más críticos ha sido Eduardo Van den Eynde, quien se ha referido al “congreso más indigno que se ha podido vivir, que ganó por amplia mayoría Ignacio Diego y en el que se produjo un engaño”.

A pesar de la situación de división que atraviesa el partido tras aquel congreso, el portavoz del Grupo Parlamentario del PP ha asegurado que “siempre” mantiene “la esperanza de que las cosas vayan a mejor, porque ya hemos tocado fondo y solo queda recuperar los valores que tenía este partido”.

Van den Eynde también ha asegurado que le “entristece mucho” que personas que “han trabajado tanto por el PP” como Carlos Bedia tengan abierto un expediente por el partido. “Parece que ahora llegan otras formar de hacer política, de arribistas sin compromiso”, ha añadido.

Al hilo, Bedia ha asegurado que creía que hoy sería “mi último día como afiliado del PP tras 33 años” porque “pensaba que la única cosa que nos quedaba que era la vía judicial pues no iba a parar esta deriva que está teniendo el partido”.

“Afortunadamente, los tribunales nos pueden volver a dar una luz de esperanza, que es lo que yo creo, que nos van a dar a la razón y volveremos a ser un partido limpio y honrado”, ha afirmado, y ha insistido en que la Ejecutiva encabezada por Sáenz de Buruaga “no es legítima”. “Nuestro presidente creo que es Ignacio Diego”, ha enfatizado Bedia.

También ha intervenido el diputado Santiago Recio, que ha esperado que todos los que se han reunido en la comida “nos volvamos a ver el año que viene y muchos más en mejores circunstancias por el bien del PP, por el bien de Cantabria y por el bien de España”.

Cantabria No Se Vende (CNSV) denuncia públicamente la condecoración concedida al escolta de Ignacio Diego (PP), el policía nacional César Gómez, que estuvo implicado en los incidentes con el expresidente en la Universidad de Cantabria en el caso 'Preguntar No Es Delito' y cuya versión fue desacreditada en el juicio tras la aparición de varios vídeos que desmontaban su testimonio contra los acusados.

Este colectivo critica que la Delegación del Gobierno haya condecorado la semana pasada al agente con la Cruz de Plata de la Orden del Mérito Civil y considera que esta decisión a favor de uno de los participantes en el “montaje policial” que provocó imputaciones y peticiones de cárcel para un grupo de jóvenes, según insisten, pone de relieve una vez más el “carácter político del caso”.

Y es que en la víspera del aniversario de la Constitución española, coincidiendo con la semana posterior a que quedara visto para sentencia el juicio por la protesta en favor de la educación pública, se concedió esta distinción al agente por “su afán por que los cántabros vivamos seguros y en paz, su vocación de servicio público y su compromiso con la Ley y con España”, en palabras del delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz (PP).

Para Cantabria No Se Vende, de lo que no se informó por parte de las autoridades es del protagonismo de dicho policía en el caso 'Preguntar No Es Delito', que decenas de movimientos sociales cántabros calificaron de “montaje” y llegó a amenazar a nueve jóvenes con hasta 42 años de cárcel en total.

“Sustancialmente, dicho agente de la autoridad, cuyo testimonio goza de presunción de veracidad, relató ante el juez que en todo momento la gente que se encuentra en el lugar intentó agredir a la personalidad (en referencia a Ignacio Diego), que golpearon con patadas el vehículo policial e incluso que dos personas se subieron encima del coche intentando acceder”, relata el colectivo en una nota de prensa.

Según recuerdan, pese a que “se ha ido desmontando la acusación inicial” y ya no se pide cárcel, el policía se ratificó en sus declaraciones, en un juicio en el que se pudieron contrastar las declaraciones oficiales con las imágenes de lo ocurrido, gracias a unos vídeos aparecidos posteriormente. “Esta condecoración, que no se justifica públicamente más que en generalidades, parece así un premio o compensación por la exposición y los servicios prestados”, subrayan.

“Imagen grotesca”

“Conociendo a los protagonistas, resulta especialmente grotesca la imagen de las condecoraciones. En ella, un delegado del Gobierno que ostenta de forma destacada el récord estatal de sanciones en aplicación de la Ley Mordaza a la población y un jefe de la Policía Nacional indultado de una condena por tortura y detención ilegal, condecoran en nombre de la 'democracia ejemplar' a un policía que presuntamente alteró la realidad de los hechos con sus declaraciones en sede judicial, y de cuyas palabras se podía derivar una incriminación grave contra unos jóvenes por unos actos que no cometieron”, critican desde CNSV.

También recuerdan en su exposición cómo el fiscal del juicio por la protesta en favor de la educación pública y en contra de los recortes llevados a cabo por Ignacio Diego en 2014 utilizó la militancia en Podemos de uno de los siete acusados para cuestionar la legitimidad de la citada reivindicación social. Concretamente, el representante del Ministerio Fiscal hizo hincapié en que había que tener en cuenta el contexto de estos hechos porque “toda protesta se consideraba legítima en aquella época” e incidió en “la permisividad” que había entonces.

“Estas evidencias vienen a confirmar las motivaciones políticas de la persecución a los jóvenes, así como los graves déficits en igualdad y garantías que deja entrever cada vez más el sistema judicial español. Lejos de amedrentarnos, no hacen sino poner de manifiesto la necesidad de que nuestro pueblo se organice para cambiar esta y otras realidades”, argumentan desde CSNV, para lo que han convocado un concejo abierto el martes a las 20.00 horas en el centro social L'Asubiu de Santander.

María José Sáenz de Buruaga (Suances, 1968) es presidenta del Partido Popular de Cantabria desde el mes de marzo de 2017, cuando consiguió imponerse por tan solo cuatro votos de diferencia al que fuera su padrino político, Ignacio Diego, en un polémico Congreso Regional que todavía está pendiente de ser ratificado en los tribunales. Esta batalla por el poder entre dos personas que habían mantenido una relación profesional y personal tan estrecha durante más de una década abrió un cisma entre los populares cántabros que aún mantiene muchas heridas abiertas casi nueve meses después.

Tras una etapa en la que ha tenido que estar más centrada en resolver cuestiones internas y reforzar su liderazgo en el partido, esta licenciada en Derecho que se dedica a la política activa desde hace más de dos décadas trata de recuperar el pulso de la oposición al Gobierno de Cantabria que preside Miguel Ángel Revilla (PRC), al que dedica duros reproches por apoyarse en un diputado tránsfuga de Ciudadanos para sacar adelante los que previsiblemente serán los últimos presupuestos de la legislatura. Ha sido concejala, diputada, vicepresidenta de Cantabria y consejera de Sanidad, y aunque no desvela su futuro inmediato, reconoce que el siguiente paso sería encabezar la candidatura del PP en las próximas elecciones autonómicas.

Empezamos por lo más reciente: bronca y pleno muy tenso esta semana en el Parlamento de Cantabria como consecuencia de la situación que se ha generado por la escisión de Ciudadanos y el protagonismo de un diputado tránsfuga en la Cámara. ¿Cómo está viviendo esta situación el Partido Popular?

Diga lo que diga el reglamento de la Cámara, digan lo que digan los informes jurídicos de los letrados del Parlamento, lo que es innegable es que la conducta del diputado Carrancio es propia de un tránsfuga de libro y, desde nuestro punto de vista, merece un reproche político, ético y social, un reproche que no ha tenido en el Parlamento de Cantabria. El transfuguismo es una lacra y una anormalidad democrática, un fraude a la voluntad de los electores expresada en las urnas y es un atentado contra ese principio de la regeneración democrática de la que tanto hablamos y, a veces, tan mal ejemplo damos.

Lamentablemente, lo que hemos visto es una constatación de lo que está haciendo el Gobierno de Cantabria y de la hipocresía con la que se está moviendo muy especialmente el PRC. Hemos visto que Miguel Ángel Revilla ha hecho todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer, que era no hablar y pactar con tránsfugas. Hemos visto a un portavoz del grupo parlamentario regionalista que parece que distingue entre tránsfugas buenos y malos, entre tránsfugas corruptos o no corruptos en función de a quién apoyen o quién se beneficie de ellos. Es una actitud de una hipocresía tremenda.

Hubo además un enfrentamiento muy duro de uno de sus diputados, Francisco Rodríguez Argüeso, con la presidenta del Parlamento, la socialista Lola Gorostiaga, que llevó incluso a parte de su bancada a abandonar el hemiciclo. ¿Por qué no dejó su escaño junto a sus compañeros de partido?llevó incluso a parte de su bancada a abandonar el hemiciclo

El pleno fue muy tenso, bronco y crispado como pocas veces recuerdo que haya ocurrido en el Parlamento de Cantabria. Los nervios o las emociones están a veces a flor de piel, pero lo que ocurrió en la Cámara en lo que respecta a mi grupo parlamentario no tiene nada que ver con ningún tipo de discrepancia política o ningún tipo de debate de fondo. La postura del Partido Popular respecto al transfuguismo es única, inequívoca y rotunda, de profundo rechazo.

Lo que se produce es una discrepancia sobre cómo estaba ordenado el debate, una discrepancia sobre si el diputado Carrancio podía hacer uso o no del turno de palabra. Ahí no había ninguna postura prefijada, sino que fue algo espontáneo en ese momento, en el que cada uno hizo lo que creía que tenía que hacer. Hubo diputados que salieron cuando tomó la palabra y yo permanecí dentro porque entendí que, por mi condición de miembro de la Mesa, debo de tener un comportamiento más institucional.

Además, entiendo que ese tipo de debate, ese tipo de discrepancias, se deben de producir en Junta de Portavoces y en Mesa, que es donde todas las semanas se ordenan los debates. No debemos fijarnos ni poner el acento o el énfasis en la anécdota, de quién salió o quién permaneció, sino en lo verdaderamente importante, que es que una mayoría del Parlamento dejó en un muy mal lugar la calidad democrática de Cantabria.

¿Cree que es irremediable que el Gobierno de Cantabria saque adelante los presupuestos con el voto de un tránsfuga?

Todo apunta a que es algo que está hecho. El paso decisivo fue cuando él tenía en su mano la devolución de esos presupuestos al Gobierno para empezar de cero y no lo hizo. Luego hemos visto cómo se han producido reuniones con miembros del Gobierno, públicamente y no tan en público, porque aunque el Gobierno lo niegue, lo reconoce el propio diputado tránsfuga. Estamos asistiendo a una burda escenificación, donde nunca ha existido una voluntad de negociación con los grupos parlamentarios, sino como una puesta en escena para un lavado de cara.

A nosotros no se han dirigido en ningún momento con una intención negociadora, sino que desde el primer momento estábamos excluidos porque el Gobierno había elegido a su compañero de viaje. El problema no es lo que vote un diputado tránsfuga, el problema fundamental es con quién negocia, con quién pacta, a quién ayuda y qué intereses hay detrás de esa negociación.

Hablamos del Parlamento de Cantabria, pero hay una situación similar en el Ayuntamiento de Santander, en este caso con el PP como protagonista, donde el equipo de Gobierno también se ha apoyado en dos concejales tránsfugas de Ciudadanos para sacar adelante las cuentas municipales de 2018. ¿Por qué no mantienen el mismo discurso en ambas instituciones?el equipo de Gobierno también se ha apoyado en dos concejales tránsfugas de Ciudadanos

Yo tengo que negar la mayor, y lo tengo que hacer con contundencia porque está muy extendido ese razonamiento. Los detalles son muy importantes en política. Para tratar de exculpar un determinado comportamiento se dice que todo es igual. La situación del Parlamento de Cantabria y la del Ayuntamiento de Santander no es igual ni por asomo.

Yo no tengo ninguna duda: tanto Juan Ramón Carrancio como los dos concejales escindidos de Ciudadanos del grupo municipal en el Ayuntamiento de Santander son tránsfugas. Son tránsfugas con total contundencia y total claridad, sin ningún tipo de ambages. Ahora, el tratamiento y la sanción que se les ha dado en un ámbito y en otro es muy diferente, porque en el Ayuntamiento de Santander han pasado a la condición de no adscritos, y tienen restringidos y limitados al máximo sus derechos políticos y económicos, no tienen ningún tipo de privilegio, sino que han sido reprobados y sancionados.

En cambio, en el Parlamento de Cantabria es distinto. El diputado Carrancio sigue formando parte del grupo mixto, sigue manteniendo por ese hecho su posición privilegiada en la Mesa del Parlamento y tiene un trato de favor, un trato diferenciado con más derechos políticos del que ha tenido un diputado nunca en el Parlamento de Cantabria. En el Ayuntamiento se ha penalizado y desincentivado ese comportamiento, mientras que en el Parlamento se está premiando e incentivando ese tipo de comportamiento.

Creo francamente que, con independencia de que esto sea legal, merece un durísimo reproche desde el punto de vista ético, político y social. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que, si las normas nos conducen a esto, no sigan haciéndolo. Tendremos que poner en marcha la reforma del reglamento, e incluso, la reforma de la legislación para ser capaces de trasladar a los parlamentos autonómicos el pacto antitransfuguismo. Tenemos que buscar cualquier resquicio legal para limitar los derechos económicos y los derechos políticos a gente que defrauda a los electores y que son una lacra y una anormalidad en el sistema democrático.

En relación a los presupuestos de Cantabria para 2018, ¿cree que hay margen para mejorarlos vía enmiendas parciales o teme el rodillo?vía enmiendas parciales

[Ríe] Yo creo que es verdaderamente difícil a estas alturas mejorar los presupuestos vía enmiendas parciales. El presupuesto ya está planteado en su capítulo de ingresos. Cuando hemos defendido una enmienda a la totalidad lo hacíamos porque creíamos que era un presupuesto que nacía muerto y de imposible ejecución, porque era absolutamente irreal en sus previsiones de crecimiento, en los gastos, porque estaba infradotado en partidas esenciales para el sostén de nuestros servicios públicos, y también era irreal en el capítulo de las inversiones, que van a ser las primeras en caer víctimas de los recortes. Un presupuesto así es difícil de subsanar.

Lo ideal hubiera sido tumbar ese presupuesto. Ahora que están fijados los ingresos, ahora que están fijados los gastos, lo único que podemos hacer es parchear. No podemos redefinir políticas, no podemos redefinir prioridades, pero sí podemos intentar mejorar ese presupuesto. Lo importante para mi grupo parlamentario es cumplir con nuestra obligación e intentar estar a la altura de nuestra responsabilidad. Es lo que hemos hecho planteando 317 enmiendas parciales para tratar de mejorar ese presupuesto dentro de ese escaso margen en el que nos movemos.

Tenemos fundamentalmente tres prioridades: anular y dejar sin efecto la subida de impuestos que va a recaer sobre las familias y las empresas cántabras,a través de una reforma fiscal que pretende recaudar 25 millones de euros. Queremos plantear una contrarreforma fiscal para seguir aplicando nuestra política en este ámbito. Nosotros creemos que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos o de las empresas para que puedan consumir, para que puedan invertir, para que puedan ahorrar, y de esa manera, generar más ingresos económicos para nutrir a la administración. Trataremos de conseguir una nueva bajada del IRPF, sobre todo a aquellas rentas más bajas, trataremos de seguir avanzando en las deducciones, y seguir marcando nuestras prioridades políticas, que pasan sobre todo por mejorar la gestión de los servicios públicos esenciales y hacer un presupuesto mucho más justo y equitativo.

El bipartito justificó el año pasado el retraso en las cuentas de 2018 en que no había presupuestos del Estado, un argumento que no se ha utilizado en esta ocasión. ¿Cuándo podremos conocer los planes del Gobierno de Rajoy? ¿Confía en que haya avances dentro de un plazo razonable?

No es algo que me corresponde decir a mí, pero lo que sí sé es que el Gobierno de la Nación está trabajando para que así sea. Evidentemente, hay un hito en la agenda política que nos está condicionando a todos, porque es una cuestión prioritaria en nuestro país, que es lo que va a ocurrir el próximo 21 de diciembre en Cataluña. A partir de ahí habrá que retomar otros asuntos pendientes en España, como son los presupuestos del Estado para el año 2018, y otros temas que tienen tanta importancia o más, como el modelo de financiación autonómica.

El Ministerio tiene marcado en su agenda la negociación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y sería muy importante que desde Cantabria trabajásemos en hacer entender al líder del Partido Socialista, a Pedro Sánchez, la importancia que tiene para todas las comunidades autónomas que el presupuesto salga adelante. Somos un Gobierno del Partido Popular en minoría en Madrid y necesitamos los apoyos necesarios para sacarlo adelante.

¿Ese mismo criterio no hubiera servido para que el PP apoyara los presupuestos de Cantabria? Es decir, ¿no hubiera podido su partido brindar un apoyo al bipartito para sacarlo del atolladero del voto tránsfuga que tiene encima?

El PP está dispuesto a tender la mano, a poner su proyecto a disposición del Gobierno, a sentarse para hablar de las cosas que necesita Cantabria, y el presupuesto es vital para Cantabria. Si el Gobierno nos hubiera llamado en su momento, y hubiera existido una verdadera vocación de diálogo, el Partido Popular se hubiera sentado a hablar de un presupuesto para Cantabria, pero hemos sido excluidos de esa negociación.

A nosotros se nos llamó después de haber formalizado una enmienda a la totalidad y después de haber amarrado el voto del diputado 18 [en referencia al tránsfuga Juan Ramón Carrancio]. Nos hubiéramos sentado, claro que sí, para hablar de este y de cualquier otro asunto que sea importante para Cantabria.

Sobre el proyecto de la mina de Reocín y todo su entorno que se presentaba oficialmente la semana pasada. ¿Qué opinión tiene?el proyecto de la mina de Reocín y todo su entorno

Es prematuro. A mí en estas cosas me gusta ser cauta y ser prudente, y creo que tengo la obligación de serlo. Desde luego, es una magnífica noticia. Estamos muy necesitados de esperanza industrial en esta comunidad autónoma, y más en una zona que está sufriendo tanto como la comarca del Besaya. Nosotros hemos hecho hasta ahora todo lo posible por favorecer el proyecto, por favorecer su implantación, a través de esa reforma de la Ley del Suelo que hace posible la explotación de la misma. Pero creo que debemos de ser muy cautos y prudentes. El Gobierno tiene que disponer de toda la información, tiene que compartir toda esa información con los grupos parlamentarios, para que podamos garantizar su solvencia y su viabilidad.

Creo que también tenemos que ser muy rigurosos y estar muy vigilantes a todos esos controles que tiene que llevar aparejados. Estamos hablando de un ámbito muy sensible, muy cercano a Altamira, y de una actividad también muy sensible. En principio, es una buena noticia, con el Partido Popular colaborando para que esos proyectos sean una realidad, pero también con una actitud vigilante, demandando información y seriedad.

Como exconsejera de Sanidad y responsable también de firmar ese contrato público-privado que sirvió para acabar las obras del Hospital de Valdecilla, ¿cómo ve su desarrollo y las tensiones que están surgiendo continuamente entre los trabajadores, el propio Gobierno y la empresa concesionaria? ¿Volvería a tomar esa decisión?ontrato público-privado que sirvió para acabar las obras del Hospital de Valdecilla

Sin lugar a dudas. Una y mil veces. Lo primero que me gustaría decir al respecto es que, efectivamente, yo fui la responsable de tomar una decisión política que permitió terminar las obras del hospital. Si no hubiera sido por esa decisión, las Tres Torres hoy seguirían siendo una estructura de hormigón; la Residencia sería un edificio en muy malas condiciones, sobrecargado asistencialmente; y probablemente Valdecilla un hospital decadente en vez de a la vanguardia… Pero tengo que aclarar que esa decisión no conlleva, como mucha gente ha querido hacer creer, un cambio en el modelo de gestión del hospital.

Valdecilla sigue manteniendo el mismo modelo de gestión. Yo lo único que hizo fue refundir en un mismo contrato la prestación de 12 servicios no asistenciales, no clínicos, que ya llevaban muchísimos años en manos de las empresas privadas. Antes de ese contrato, toda la gestión de los servicios no clínicos ya estaban gestionados por empresas privadas. Uno de los ejemplos más importantes es el de la limpieza, que está en manos de la empresa privada desde el año 2004, en una decisión que no fue tomada por el Gobierno del Partido Popular, sino por un Gobierno del PRC y el PSOE, como lo está la limpieza de otros hospitales del Servicio Cántabro de Salud.

Quiero decir que fue importante, que fue un hito histórico para el hospital, que nos permitió terminar las obras en plazo, en tiempo récord, sin un euro de sobrecoste, cuando veníamos padeciendo muchos, y creo que debemos disfrutar del valor añadido y poner en valor lo que ese contrato ha reportado. Lo que está ocurriendo ahora, fundamentalmente con las movilizaciones contra la empresa, no tiene nada que ver ni con este contrato ni únicamente a Valdecilla. Yo creo que es una cuestión de carácter estrictamente laboral. A la administración sanitaria le corresponde velar por el adecuado funcionamiento de ese servicio y por el cumplimiento de ese contrato del hospital.

Las inversiones del Estado en Cantabria son uno de los principales caballos de batalla del Ejecutivo PRC-PSOE y, sobre todo, del presidente Miguel Ángel Revilla, que clama contra lo que considera un abandono por parte del Gobierno de España hacia la comunidad autónoma. ¿Se pueden acercar posturas o es imposible en un escenario preelectoral?clama contra lo que considera un abandono por parte del Gobierno de España

Estamos asistiendo a una estrategia, a una escenificación. La estrategia que caracteriza mucho al presidente Revilla del “yo no he sido” para eludir las responsabilidades que tiene al frente del Gobierno de Cantabria, para encubrir las incapacidades propias o para tratar de justificar su fracaso. Y también la estrategia del enemigo exterior. Es muy fácil de entender, el enemigo exterior es el Gobierno de España porque gobierna otro partido distinto.

Estamos asistiendo a un discurso permanente del victimismo, muy propio de los populismos, un discurso erróneo que no ha dado ningún tipo de resultado, que es en lo que nos tenemos que fijar, que es absolutamente inútil para nuestra comunidad autónoma, y que encaja muy mal con la defensa de la capacidad de autogobierno que quieren arrogarse los regionalistas. Es también un camino peligroso e irresponsable, un camino del enfrentamiento, con un discurso que cada vez se va pareciendo más al del separatismo. Dicen que nos quieren arruinar, ocultando sus propias carencias.

Yo daría tres datos muy concretos que desmontan este discurso por completo: Cantabria es la comunidad autónoma que más financiación recibe de toda España para la prestación de sus servicios básicos. En segundo lugar, en dos años, en dos presupuestos, Cantabria dispone de 250 millones de euros más para atender sus necesidades en los presupuestos de ese enemigo exterior que se nos dice que es el Estado. La tercera cuestión es que la voluntad del Gobierno de España con Cantabria es la de atender y dar respuesta a esas necesidades históricas de nuestra región, muy especialmente en el ámbito de las infraestructuras desde el Ministerio de Fomento.

En estos momentos hay más de 230 millones en licitación en Cantabria, que es 20 veces superior a lo que había el año pasado y 30 veces superior a lo que ha licitado el propio Gobierno de Cantabria en nuestra comunidad autónoma. La ejecución del presupuesto de 2017 ha sido del 40%. Han ejecutado 63 millones de 160, por lo que me parece que el enemigo no está fuera de la comunidad autónoma, sino que es un Gobierno que presupuesta mal, que funciona peor y que no cumple con sus obligaciones.

A mí lo que me gustaría es ver que se alegran, que no se ofenden tanto, que no les sienta tan mal cada vez que el ministro de Fomento viene a Cantabria a anunciar una infraestructura. Se han anunciado obras muy importantes, que llevan su tiempo, pero el BOE es el BOE, y eso es innegable, aunque algunos quieran utilizar el discurso de “España nos roba, España nos maltrata, España tiene la culpa de todo”.

La presencia permanente del ministro Íñigo de la Serna en Cantabria, con cerca de 30 actos públicos en poco más de un año, también ha dado pie a especulaciones y rumores sobre su futuro como posible candidato del PP en Cantabria, con polémicas continuas con el presidente Miguel Ángel Revilla. ¿Le preocupa que ensombrezca su labor de oposición o como líder del partido?

Yo creo que es una fortuna inmensa para Cantabria tener a un cántabro como Íñigo de la Serna desempeñando de una manera tan brillante una responsabilidad tan compleja en un momento tan importante al lado de Mariano Rajoy como ministro de Fomento. Está trabajando por la vertebración de España y lo hace con una sensibilidad, con un cariño, con una cercanía y una mirada muy encima de Cantabria. Creo que es un lujo y una fortuna para los cántabros, una bendición para esta comunidad autónoma, y a mí y al Partido Popular nos encanta que venga y yo me siento muy orgullosa de ello.

Es una de las cosas de las que más afortunada me siento, de contar con la confianza, con el respaldo, el apoyo y la colaboración de una persona como Íñigo de la Serna, que ha demostrado tener una capacidad en política y una trayectoria que le permiten ser lo que quiera. Creo que para él está muy claro el compromiso, que es un compromiso como ministro de Mariano Rajoy, y él lo ha dejado muy claro, pero tanto él, como yo, como el resto, tenemos claro que somos unos instrumentos, unas herramientas, unos peones al servicio de un objetivo y que cada uno ocupará el lugar en el que sea más útil, en el que aporte más, en el que sea más necesario. Esa es una cuestión en la que Íñigo de la Serna y yo vamos a estar de acuerdo siempre.

Tengo que preguntarle por la situación interna del Partido Popular, que ha vivido momentos convulsos con la celebración de unas primarias y un Congreso Regional muy cuestionado. ¿Ve ya el horizonte despejado?la situación interna del Partido Popular

Pues sí,, pero creo que hemos avanzado mucho. Cuando me preguntan cuál es el balance o cómo describo la situación actual, como me gusta ser realista, siempre digo que mejor que hace tres meses, mejor que hace un mes, mejor que ayer, pero espero que peor que mañana y que dentro de un mes. Creo que a pesar de las situaciones internas que hemos vivido, el Partido Popular ha sido capaz de no trasladar sus problemas al funcionamiento de las instituciones en las que estamos presentes.

¿No cree que esa situación interna haya tenido efecto en su actividad parlamentaria, por ejemplo?efecto en su actividad parlamentaria

Francamente, no. Yo me he marcado el objetivo de hacer funcionar el grupo parlamentario, de que cada cual cumpla con sus obligaciones, de hacerlo de una manera coordinada, de hacerlo funcionar, y creo de verdad que lo hemos conseguido. Es cierto que los últimos años fueron difíciles en el grupo parlamentario. Al principio estuvimos dormidos, después estuvimos muy pendientes, muy centrados y desgastándonos en la lucha interna, pero creo que desde este mes de septiembre, desde el principio de este curso político, nos hemos volcado en nuestra prioridad, que es Cantabria y que son los cántabros.

Creo que hemos recuperado espacio, creo que hemos recuperado capacidad de influencia, creo que hemos recuperado el liderazgo en la oposición y estamos presentes en los grandes debates, en lo que preocupa a la gente. No estamos en el chascarrillo ni en la anécdota mediática, porque somos gente seria, pero sí hemos estado ahí todos los días ocupándonos del crecimiento económico y la generación de empleo, la sostenibilidad de los servicios básicos esenciales, de la subida de impuestos, de la financiación autonómica…

Yo estoy satisfecha de haber sido capaces entre todos de no trasladar esos problemas internos, que nunca han sido discrepancias o disputas políticas, esas cuestiones de carácter personal no las hemos trasladado a las instituciones en las que estamos presentes, algo que no pueden decir otros. También me siento especialmente satisfecha a lo largo de los últimos meses duros y difíciles de que, con muchísima cordura, con muchísima responsabilidad, también hemos sido capaces de trasladar que en el Partido Popular todo el mundo es necesario, todo el mundo cuenta, todo el mundo tiene su lugar y hay una puerta abierta para todos aquellos que quieren sumar, crecer, unir y seguir construyendo.

Su relación, tanto personal como profesional, con el expresidente Ignacio Diego era estrechísima. ¿En qué momento se encuentra actualmente?

[Piensa] Pues, mi relación ha pasado de ser de profunda admiración y de estrecha colaboración… a una relación básicamente de respeto. Yo trato de ser una persona respetuosa. Trato de ser, y creo que soy, una persona colaboradora, y soy muy consciente de cuál es mi responsabilidad en este momento, que es la de tratar de mantener la normalidad con todos mis compañeros y con el expresidente del Partido Popular. Trato de sacar lo mejor de todos ellos, y a eso es a lo que me dedico fundamentalmente, a trabajar. Con una relación normal, que procuro que sea de respeto.

Habla de la importancia del respeto, pero sin embargo son públicas las faltas de respeto que ha sufrido la presidenta del PP de Cantabria por parte de algunos de sus compañeros que perdieron el Congreso, con insultos y descalificaciones de todo tipo en las redes sociales o en entrevistas y declaraciones públicas a los medios de comunicación. ¿Por qué ha preferido mirar para otro lado y no tomar decisiones más drásticas?

Hombre, todas esas cosas duelen en el ámbito personal. Como todo el mundo, aunque algunos se deben de pensar que no, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos amigos, tenemos cierta honorabilidad y trayectoria, y estas cosas se llevan mal, la verdad. Se llevan mejor cuando uno piensa en el equipo, piensa en el interés colectivo, piensa en el proyecto y se olvida de los personalismos y de uno mismo. Yo lo he dicho muchas veces y lo repito: me siento orgullosa de donde estoy y no estoy aquí para saldar cuentas personales, sino para hacer evolucionar al Partido Popular.

Por lo tanto, procuro ser una persona a la altura de mi enorme responsabilidad, que he contraído voluntariamente, y trato de hacerlo con generosidad. Lo prioritario es colocar al Partido Popular en las mejores condiciones posibles para ser capaces de ganar las próximas elecciones municipales y autonómicas y ser capaces de gobernar. Y todo lo demás es secundario. Lo menos importante en este proyecto es el papel que juegue, el papel que ocupe o cómo se sienta la presidenta del Partido Popular.

No solo quiero cambiar el liderazgo del Partido Popular, sino también la forma de ejercerlo. Es muy importante que las cosas se basen en la confianza y no tanto en el principio de autoridad. Es importante que las cosas se basen en el trabajo en equipo y no tanto en los personalismos, y creo que es muy importante que se basen en la implicación, en hacer sentir que esto es de todos. Como creo que lo estamos consiguiendo, estoy muy satisfecha.

Sin embargo, se trasladaron hace meses una serie de expedientes al Comité de Derechos y Garantías del PP a nivel nacional para tomar medidas contra la mayoría de los diputados del grupo parlamentario, que votaron en contra de convertirla en portavoz en la Cámara y que se consideran afines al expresidente Ignacio Diego. ¿Esos expedientes han quedado en el cajón?expedientes al Comité de Derechos y Garantías del PP a nivel nacional

Pues… no. Hay distintas obligaciones, hay distintos ámbitos competenciales y hay distintas responsabilidades. El Partido Popular de Cantabria y sus órganos han cumplido con sus obligaciones, marcadas por los estatutos, y han hecho lo que tenían que hacer. Entre otras cosas, trasladar una serie de expedientes a Madrid porque afectaban a varios miembros del grupo parlamentario.

En Madrid siguen su curso, siguen sus tiempos, dentro de su autonomía y su responsabilidad, y ahí yo no tengo absolutamente nada que decir. Insisto: no es lo prioritario para mí. Lo prioritario no es el curso que sigan esos procedimientos, sino hacer funcionar el grupo parlamentario popular al menos como está funcionando en estos momentos.

En el frente judicial solo queda una causa abierta por presuntas irregularidades en la celebración del Congreso Regional en el que consiguió la victoria por cuatro votos ante Ignacio Diego. ¿Cómo valora la sucesión de sentencias a su favor que se ha producido hasta ahora?solo queda una causa abierta por presuntas irregularidades

Todo el mundo ve cómo se están desarrollando los acontecimientos. Creo que la vía judicial es una vía que entre compañeros de partido que no debe abrirse, que ha dado lugar a una situación a la que no debería haberse llegado, más aún antes de agotar todas las vías internas. Se han dicho cosas y se han hecho juicios paralelos muy duros y muy injustos, y los tribunales han hablado. Lo han hecho tribunales de instrucción, la Audiencia Provincial, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, para decir que no había nada que enjuiciar desde el punto de vista penal porque no tenía ninguna relevancia.

Ahora queda abierta la vía civil, que lo que busca es otra cosa, que lo que pretende es la nulidad de ese Congreso, pero creo que estamos un poquito más cerca del final. Cuando esa resolución judicial se produzca, se van a desinflar las expectativas de algunos núcleos cada vez más residuales y más pequeños, afortunadamente. Tranquilidad absoluta, porque creo que el Partido Popular ha hecho bien las cosas, ha respetado la normativa que tenía que respetar, que ha facilitado siempre la participación de los afiliados, que es lo más importante. La votación se produjo de una forma libre y voluntaria y creo que la labor de la comisión organizadora, que es la que se está enjuiciando, que ha sido el árbitro, ha sido impecable desde el punto de vista jurídico. Pero eso no lo tengo que decir yo. Esa es la confianza que yo tengo en la organización en la que llevo militando muchos años, pero lo tiene que decir un juez, y espero que así sea.

¿Para cuándo la renovación de las agrupaciones locales que todavía sigue pendiente?

La renovación de las juntas locales es algo que, efectivamente, sigue pendiente. Lo lógico hubiera sido afrontarlo a continuación de ese proceso de renovación del PP regional, pero siempre hay que acometer estos procesos pensando en que sirvan para fortalecer a la organización y ponerla en las mejores condiciones de cara a los próximos retos de futuro, que son esas elecciones de 2019.

Evaluada la situación, y visto que aún siguen algunas cuestiones pendientes de resolver por el camino, como estas acciones judiciales, es algo que queda pospuesto. Lo hemos decidido posponer a la espera de que esté mucho más clarificada la situación, porque no tiene ningún sentido y creo que no es conveniente ni responsable solapar procesos cuando no se ha sellado todavía definitivamente el Congreso Regional del Partido Popular.

¿Descarta también ser portavoz del PP en el Parlamento de Cantabria en lo que queda de legislatura?ser portavoz del PP en el Parlamento de Cantabria

Es algo que no me preocupa en absoluto. Además, ejerzo de portavoz, y así lo perciben los ciudadanos, en aquellos debates en los que creo que debo de hacerlo. Y lo hago con la colaboración de todos mis compañeros. De todas formas, mi misión es facilitar las cosas, facilitar el trabajo, ayudar a reducir tensiones, y es lo que estoy haciendo. Por tanto, es una decisión que se trasladó al Comité de Derechos y Garantías del PP nacional y sobre él se tienen que pronunciar todavía.

Y una pregunta obligada: ¿Será candidata a la Presidencia de Cantabria en 2019?

[Ríe] Es obligada su pregunta y es obligada mi respuesta. No está en estos momentos sobre la mesa. Lo que tengo muy claro, y para eso me presenté a la Presidencia del PP de Cantabria, es cuál es mi obligación, cuál es mi compromiso, que es coger a mi partido y llevarlo en las mejores condiciones a esas elecciones del año 2019. Después, cuando llegue el momento, ya lo veremos. Yo he sido una persona que ha estado siempre donde mi partido me ha necesitado. Soy una persona que estaré donde pueda aportar, donde pueda sumar, donde sea más útil, donde sea más necesaria, y eso lo decidiremos entre todos.

¿Pero le gustaría ser candidata? 

No lo descarto, evidentemente, porque cuando una asume la responsabilidad de ser presidenta del PP de Cantabria y da este paso, es una obligación que tiene que contemplar, pero las circunstancias dirán cuál es la mejor solución para el Partido Popular de Cantabria y yo estaré a disposición de mi partido como siempre.

El juicio por la demandas de nulidad del XII Congreso regional del PP de Cantabria, en el que resultó elegida como presidenta del partido María José Sáenz de Buruaga, se celebrará el 15 de mayo de 2018, a partir de las 9.30 horas, en el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Santander.

Declararán como testigos el afiliado del Partido Popular de Laredo desde cuya cuenta se abonaron las cuotas de 491 militantes para poder participar en la elección --y que según los denunciantes era discapacitado intelectual-- y la que fue gerente del partido y presidenta del comité organizador del congreso, Jesusa Sánchez, según han confirmado a Europa Press fuentes implicadas en el proceso.

Así lo ha decidido el titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Santander en la vista previa celebrada este jueves en relación a estas dos demandas, una presentada por afines al exlíder del PP de Cantabria Ignacio Diego --que perdió el Congreso ante la que hasta el momento del congreso era su número 2-- y que tenía entre los firmantes al diputado regional Santiago Recio y otra por interpuesta por tres afiliados del PP de Laredo.

En la audiencia previa, a la que han asistido abogados y procuradores de cada parte implicada han podido plantear sus pruebas.

Una de las pruebas solicitadas ha sido la información solicitada al banco sobre cómo se realizaron las transferencias para el pago de las cuotas de esos 491 afiliados.

También en relación al tema de estas transferencias, uno de los argumentos en los que más se incide en ambas demandas de solicitud de nulidad del Congreso, se llamará, a petición de los querellantes, al afiliado del PP a través de cuya cuenta se realizaron las trannsferencias.

Fuentes de la parte demandante han asegurado que los representantes legales del PP, que son la parte demandada en este proceso judicial, han intentado “a toda costa” sustituir la declaración en juicio de este afiliado por una declaración ante notario del mismo, petición que ha sido “inadmitida” por el juez.

Además, esta misma fuente ha señalado que la parte demandada defiende la “plena capacidad” de este afiliado para realizar las transferencias, algo que no comparte los demandantes, que insisten en que precisó la ayuda de un tercero.

También declararán otros testigos, entre ellos afiliados y miembros de los órganos del partido, si bien el juez ha inadmitido parte de las solicitudes de pruebas presentada por las partes.

Buruaga guarda silencio

Sobre esta vista previa ha sido preguntada la presidenta del PP de Cantabria y del grupo parlamentario popular, María José Sáenz de Buruaga, quien se ha negado a hacer declaraciones sobre este tema por estar en manos de los tribunales.

Solo ha opinado que se trata de un asunto en el que “los ciudadanos ni piensan hace tiempo, ni están ocupados ni están preocupados en eso”. “Yo creo que lo que preocupa en estos momentos a los ciudadanos de Cantabria es que el Gobierno les va a subir los impuestos y lo que les importa es lo que el Gobierno va a hacer con todo ese dinero de los contribuyentes en beneficio de Cantabria, que parece ser que va a ser muy poco”.

Precisamente, Sáenz de Buruaga ha realizado estas declaraciones realizadas tras registrar las enmiendas a la totalidad de su partido al proyecto de ley de Presupuestos autonómicos para 2018 y al de la 'ley de acompañamiento' que incluye la reforma fiscal que pretende el bipartito PRC-PSOE.

Una causa con dos demandas

En el procedimiento judicial del que este jueves se ha celebrado la vista previa, hay unificadas dos demandas.

La primera, que es la que tiene entre sus firmantes a Recio, que fue director general de Turismo durante el Gobierno de Ignacio Diego, y a la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valdáliga, Lorena García, se interpuso a primeros de mayo y fue admitida a trámite el día 24 de ese mismo mes.

Fue presentada a través del abogado asturiano Manuel Estrada, quien consiguió anular en los tribunales el Congreso del PP de Gijón celebrado el 18 de octubre de 2014, en el que obtuvo la mayoría de los votos David González Medima, lo que supuso la celebración de un congreso extraordinario, que también recurrió ante la Justicia.

El escrito se basaba en diversas “irregularidades” que habrían resultado decisivas para el resultado del Congreso del PP cántabro celebrado el 25 de marzo, dado el escaso margen de votos -cuatro- entre los candidatos, Buruaga y Diego.

Entre ellas, figuran las transferencias realizadas desde una cuenta de un afiliado de Laredo, que según se señalaba es discapacitado psíquico a una a nombre del PP para el pago de cuotas de 491 militantes, la no inclusión de algunos compromisarios natos o supuestas irregularidades sobre las papeletas, además de la consignación a mano por parte de algunos miembros de las mesas de nombres de personas en calidad de compromsiarios que, según se señala, no venían previamente incluidos en las listas.

Por dichos pagos supuestamente irregulares, el exconcejal del PP de Laredo Ramón Arenas había presentado una demanda que fue archivada por la Audiencia de Cantabria.

Y, por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander admitió a trámite la demanda interpuesta por tres afiliados al PP en Laredo contra el PP, en la que piden la nulidad por supuestas “ilegalidades” en el proceso congresual.

Fechada el 23 de junio y admitida el día 30, en la demanda de estos tres afiliados de Laredo se mantiene que el proceso de elección llevado a cabo para presidir el PP en Cantabria y renovar su Comité Ejecutivo Regional ha estado “pergeñado” de un “cúmulo de irregularidades e ilegalidades”.

En opinión de la parte demandante, éstas “contravienen” las “más elementales o esenciales principios de democracia y transparencia interna y el derecho a participar en la elección del presidente del partido a través de un proceso electoral limpio, sin triquiñuelas o manipulado”. Así, los promotores consideran que se han “vulnerado” la Ley y los estatutos del propio partido.

Además, creen que dichas “infracciones” no han sido “debidamente solucionadas de una forma justa” por los órganos internos del PP, razón por la que decidieron acudir a los tribunales.

Entre estas infracciones citan la “adulteración o manipulación arbitraria del proceso electoral mediante el pago fraudulento de 491 cuotas de afiliados y compromisarios que no se encontraban al corriente de dicho pago, sin haberse prestado el preceptivo consentimientoexpreso por los mismos a dicha cesión de datos a un tercero afiliado al partido”.

Al margen de esos abonos de cuotas, también se cita en la demanda la supresión “sin motivación legal alguna” de determinados compromisarios electos en el proceso electoral de 8 de marzo dentro de la circunscripción de Laredo, “sin haberles notificado, tampoco, resolución alguna con la razón de su eliminación de la lista de compromisarios al Congreso del 25 de marzo”.

Y se alude también “la inclusión arbitraria” de otros afiliados no electos como compromisarios en el proceso de primarias del 8 de marzo y que, sin embargo, ejercieron el voto en el Congreso celebrado el 25 de marzo. Además, consideran que no se ha respetado el derecho a impugnar con las debidas garantías legales y con la preceptiva transparencia aquellos acuerdos y actuaciones contrarios a la Ley y a los Estatutos del partido.

María José Sáenz de Buruaga comienza a disfrutar de su victoria en el Congreso Regional del Partido Popular de Cantabria casi siete meses después de que se produjera ese ajustado recuento que le permitió arrebatar el poder interno en el partido a Ignacio Diego por tan solo cuatro votos. La presidenta de los populares cántabros empieza a respirar tranquila y reivindica su legitimidad como líder ante los críticos que le han llevado a los tribunales denunciando “irregularidades”.

Y es que tras desestimarse la recusación de dos magistrados en la causa que investiga un “pucherazo” en el Congreso del PP en el mes de marzo, tal y como adelantó eldiario.es, Buruaga ha recordado a los militantes afines al que fuera su padrino político y ahora enconado rival que, una vez tras otra, los jueces están dando la razón a la dirección que ella misma preside.

“Este asunto fue llevado al Juzgado de Primera Instancia de Laredo, y nadie les dio la razón. Fue recurrido ante la Audiencia Provincial, y no se les dio la razón. Después fue presentado también ante el Comité Nacional de Derechos y Garantías del partido, y nadie les dio la razón. Posteriormente, se puso una querella ante el Tribunal Superior de Justicia, que fue inadmitida y nadie les dio la razón. Ahora se suma el rechazo de la recusación. Yo creo que cuando nadie te da la razón, probablemente es porque no la tienes”, ha subrayado Buruaga este jueves.

El auto al que tuvo acceso este periódico, y que ha provocado la reacción de la también diputada autonómica, hace referencia a la querella presentada por los derrotados en ese cónclave interno contra la propia Buruaga, actual presidenta de los populares cántabros tras el polémico proceso congresual; así como contra su secretaria general, María José González Revuelta, y la tesorera del partido, Jesusa Sánchez, a las que se acusaba de un supuesto “amaño” para llegar al poder.

Esa querella fue presentada por Joaquín Solanas, Miguel Ángel Serna y Carlos Bedia, -tres altos cargos en la etapa de Ignacio Diego como presidente y con distintas responsabilidades políticas en el Gobierno y el Parlamento de Cantabria durante la pasada legislatura-, y fue desestimada de forma exprés por la sala en la que estaban tanto la jueza Paz Hidalgo como el magistrado y presidente del TSJC, José Luis López del Moral, a los que han intentado recusar sin éxito.

“Todo este periplo judicial, todos estos asuntos judiciales son ya tan viejos, tan antiguos, como el Congreso del Partido Popular. Y lo digo porque el Partido Popular ha pasado página. El Partido Popular hace ya muchos meses que está en otra cosa, que está centrado y ocupado en lo importante, que es Cantabria”, ha expresado Buruaga.

De esta forma, con los caminos judiciales prácticamente cerrados para los que han ejercicio de oposición interna durante todos estos meses dentro del PP cántabro, Buruaga busca recuperar la normalidad e imponer su criterio en la dirección del partido, tras una etapa marcada por el bloqueo institucional y político: “Lo único que puedo hacer es llamar a una reflexión y, si es posible, a una rectificación que será muy buena y provechosa para todos”, ha concluido.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado la recusación de los magistrados José Luis López del Moral y Paz Hidalgo en la causa que investiga las presuntas “irregularidades” cometidas durante la celebración de las primarias y el posterior Congreso Regional del PP de Cantabria, en el que el expresidente Ignacio Diego salió derrotado por tan solo cuatro votos por María José Sáenz de Buruaga, que había sido su número dos durante más de una década.

El auto al que ha tenido acceso eldiario.es hace referencia a la querella presentada por los derrotados en ese cónclave interno contra la propia Buruaga, actual presidenta de los populares cántabros tras el polémico proceso congresual; así como contra su secretaria general, María José González Revuelta, y la tesorera del partido, Jesusa Sánchez, a las que se acusaba de un supuesto “pucherazo” para llegar al poder.

Esa querella fue presentada por Joaquín Solanas, Miguel Ángel Serna y Carlos Bedia, -tres altos cargos en la etapa de Ignacio Diego como presidente y con distintas responsabilidades políticas en el Gobierno y el Parlamento de Cantabria durante la pasada legislatura-, y fue desestimada de forma exprés por la sala en la que estaban tanto la jueza Paz Hidalgo como el magistrado y presidente del TSJC, José Luis López del Moral.

Ante este escenario, los 'críticos' del PP cántabro intentaron maniobrar y formularon una petición para que se apartara a ambos del caso, alegando una supuesta falta de imparcialidad y al considerarlos “afines” a la actual dirección del partido dada su trayectoria laboral.

A López del Moral se le recusaba por su “adscripción política” al haber sido director general de Justicia de la Comunidad de Madrid, nombrado en 2001 bajo el mandato de Alberto Ruiz Gallardón. Las causas que motivaban la recusación de Hidalgo eran “haber sido propuesta por el Partido Popular para ser magistrada de esta Sala, su afinidad con el Partido Popular y con varios de sus dirigentes y su entorno”.

“El asunto penal no debe ser resuelto por magistrados tan significados políticamente a favor de las querelladas, que ostentan cargos relevantes en el Partido Popular de Cantabria y por ende con el Partido Popular nacional”, sostenía la acusación. Como pruebas, entre otras cosas, aportaba dos informaciones de infoLibre y unas fotos de Paz Hidalgo en la fiesta de los Limones Solidarios de Novales acompañada por algunos dirigentes del PP.

Sin embargo, el auto fechado el 23 de octubre de 2017 y que tiene como ponente a la jueza María Esther Castanedo desestima por completo las solicitudes de recusación, al considerar que “no hay pruebas” para dudar de la profesionalidad de ambos magistrados, en una resolución contra la que no cabe recurso.

“Ni siquiera sospechas”

“Las alegaciones se han realizado de manera difusa y abstracta y sin probar ninguna conexión que permita tener, siquiera, sospechas de apariencia de parcialidad que indicaría un interés directo o indirecto en el proceso, o amistad íntima, enemistad manifiesta, causa legal de recusación”, sostiene el escrito consultado por este periódico.

También añade que “las meras sospechas de afinidad con un partido político no pueden fundamentar ninguna resolución estimatoria de la petición de recusación” e insiste en que “todas las alegaciones de los promotores del incidente están huérfanas de prueba”, por lo que censura que no hayan cumplido con la carga procesal que les impone la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El auto recuerda asimismo que el hecho de estar ostentando o haber ostentado algún cargo de designación discrecional o a propuesta de mayorías parlamentarias, como es el caso de ambos magistrados, “no significa más que se ha seguido el cauce legal de nombramiento en esos casos, sin que ello presuponga, por sí sólo, y sin más argumentación, causa de pérdida de la imparcialidad”.

Además, sobre Paz Hidalgo añade que las fotografías aportadas como prueba en su contra no exteriorizan dudas de la actuación de la magistrada recusada con relación a este proceso penal, “máxime cuando el acto noticiado es una fiesta de un pueblo de Cantabria al que suelen acudir personalidades por razón de celebrarse actos benéficos”.

Finalmente, se pregunta retóricamente “por qué las sospechas relatadas en el escrito iniciador de este incidente han de suponer una causa de recusación con respecto a las querelladas por ser del Partido Popular, y no se puede aplicar la misma consecuencia a los querellantes, del mismo partido político”.

El juicio contra los acusados de #PreguntarNoEsDelito se ha celebrado este miércoles marcado por las muestras de apoyo que han recibido por parte de familiares, amigos y estudiantes que se han concentrado a las puertas del juzgado desde primera hora de la mañana.

Alrededor de 200 personas han querido arropar a los jóvenes y denunciar lo que califican como “montaje policial” contra los acusados. Para ello, portaban pancartas y gritaban consignas como 'nada, nada, nada, ni un euro a la privada', 'solo el pueblo salva al pueblo', 'su represión nuestra solidaridad' y la más sonada 'preguntar no es delito'.

El juicio no ha quedado visto para sentencia en esta sesión -que ha durado más de cinco horas- puesto que faltaban las declaraciones de una periodista y de un perito, testigos fundamentales para los letrados de la defensa, por lo que se retomará el próximo 1 de diciembre.

Los jóvenes han manifestado ante la jueza que no quisieron impedir la salida del entonces presidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP), tras el acto celebrado en la Universidad de Cantabria. “Los escoltas salieron a empujones y me dieron un puñetazo”, ha subrayado uno de ellos.

En primer lugar, han recalcado que no se les permitió entrar al evento organizado para realizar preguntas al expresidente “sin ninguna explicación” , hecho que desencadenó su “indignación”, por tratarse de un acto público. Como consecuencia de ello, tal y como han asegurado, decidieron acudir a la salida trasera de la universidad -por donde habían visto que iba a salir Ignacio Diego- para cuestionarle “qué clase de acto público era ese”.

Una vez allí, los seis jóvenes a los que se les ha tomado declaración han hecho hincapié en que se trató de “una protesta pacífica”. Han asegurado que la pancarta no estaba delante del coche del presidente y que pudo salir del recinto y acudir al mismo “con normalidad”. “Si hubiésemos querido bloquear su salida nos hubiésemos puesto delante de la puerta, tenían seis o siete metros para pasar”, ha argumentado uno de los acusados.

Al mismo tiempo, todo ello apoyándose en los vídeos aportados por las defensas y aceptados como prueba por la jueza, han negado rotundamente que impidieran que el vehículo arrancase situando la pancarta en el parabrisas del mismo, tal y como han señalado los escoltas. Han relatado que, fruto de los “empujones” de la seguridad, quisieron cruzar al otro lado de la calle con la pancarta y que cuando pasaron frente al coche, este arrancó y tuvieron que soltarla para que no les atropellara.

Por otro lado, los seis jóvenes han incidido en que “en ningún momento” opusieron resistencia y han denunciado dos puñetazos propinados por parte de los escoltas, siendo el acusado Marcos Martínez víctima de uno de ellos en su cabeza, el cual lo ha calificado de “bastante fuerte”. Asimismo, han negado, tal y como afirman el fiscal y los escoltas, que se organizasen previamente, que insultaran a los policías y que golpearan los coches y trataran de entrar en ellos.

Por su parte, los tres policías interrogados como testigos han señalado que no hubo “ninguna agresión”, que hubo “empujones por ambas partes” y que recibieron “amenazas e insultos”. “Su actitud fue hostil”, han recalcado, a pesar de que los vídeos desmienten su versión. Uno de ellos ha calificado la “resistencia” de los jóvenes como de “oposición pasiva”, concretamente cuando, tal y como se observa en el vídeo, empujan a uno de los acusados, Diego San Gabriel, cuando disponía sus manos en alto.

Ninguno ha podido identificar a los acusados como autores de las patadas que se denuncian. “Todos gritaban, todos empujaban y todos escupían”, ha llegado a decir el jefe de los escoltas, desatando la indignación y las reacciones de desaprobación de la sala, con su consecuente llamada de atención por parte de la jueza.

“No entiendo qué hacían allí”

El expresidente, Ignacio Diego, ha declarado en calidad de testigo que algunas personas tenían una actitud “agresiva, algunos de ellos muy salida de tono” y que fue una situación “violenta”. “Los escoltas tienen solo la función de protegerme y no se dedicaron a otra cosa”, ha subrayado cuestionado por las supuestas agresiones de su seguridad.

Asimismo, ha explicado que en el vídeo sonríe porque es una persona “muy feliz” y que “procura serlo”. No obstante, ha expuesto su desconcierto ante lo sucedido. “No entiendo qué hacían allí, por qué querían llegar al coche y para qué”, ha resaltado.

Por otro lado, no ha sabido concretar si la pancarta llegó a tocar la cristalera o cayó sobre el capó. También ha afirmado que los jóvenes “estuvieron a escasos centímetros” del lateral del coche. “No creo que lo llegaran a tocar”, ha puntualizado el expresidente. En todo caso, ha asegurado que fue “un incidente al que no quiso dar mayor importancia”.

Por su parte, Arsenio de la Vega, el entonces jefe de gabinete del expresidente, ha relatado que ese día se reforzó la seguridad porque tenían conocimiento por las redes sociales de la convocatoria de un escrache con motivo de la presencia de Ignacio Diego en la Universidad.

“Hay un momento en el que tengo miedo, esa gente con esa agresividad no sé a dónde puede llegar”, ha declarado, llegando a decir que “hay gente que le quiere parar -al coche- a costa de que sea atropellado”.

El Ministerio fiscal, única parte que ejerce la acusación, considera que los acusados son autores de un delito de coacciones y de una falta contra el orden público por falta de respeto y consideración a la autoridad, por los que pide para cada uno de ellos multas de 4.400 euros.

Y a uno de ellos le considera, además, autor de un delito de daños en el vehículo de reacción policial en el que se subió Ignacio Diego a la salida del acto, y le pide un año de cárcel, multa de 3.600 euros e indemnización de 740 euros a la empresa de renting propietaria del mismo.

Desde que ocurrieron los hechos, el 17 de febrero de 2013, se han sucedido constantes muestras de apoyo por parte de colegios, institutos y plataformas sociales y educativas, quienes han convocado huelgas en defensa de #PreguntarNoEsDelito. “Es una injusticia desde el primer minuto que nos sentaron, desde la primera acusación que era falsa”, denunció Mario Pardo, uno de los imputados a este medio.

El próximo miércoles 25 de octubre se celebrará el juicio contra los siete jóvenes acusados por el “escrache” en febrero de 2014 al entonces presidente de Cantabria y líder del PP, Ignacio Diego, durante una intervención en la Universidad de Cantabria. El acto, denominado 'Tengo una pregunta para usted', consistía en una rueda de preguntas pública en la que se impidió la entrada de numerosos estudiantes.

El proceso judicial derivado de la protesta en defensa de la educación pública se ha caracterizado desde el principio por ser especialmente polémico, lo que ha levantado muchas voces críticas dentro y fuera de la comunidad educativa. Las asociaciones de profesores, FAPA y estudiantes pertenecientes a la Plataforma por la Educación Pública se han manifestado en numerosas ocasiones en solidaridad con los afectados. La última, el pasado 3 de marzo durante los parones que tuvieron lugar en Universidad e institutos de la comunidad autónoma.

El Colectivo de Estudiantes de Cantabria y el Frente de Estudiantes han manifestado su total solidaridad con lo que califican como “vergüenza democrática”. “No podemos permitir que estos jóvenes sean condenados por defender la educación pública”, ha subrayado a través de una nota de prensa Julia Gutiérrez, portavoz del ColEst, que insiste en que “este asunto es a todas luces un montaje judicial y político hacer que nos quedemos calladas mientras algunos tratan de acabar con la educación pública”.

La huelga estudiantil convocada por estos colectivos estará acompañada de una manifestación que comenzará junto al Edificio Ministerios de Santander a las 12.00 horas. Además, han hecho un llamamiento público para acudir en solidaridad al juicio que tendrá lugar a las 9.00 horas en los juzgados de la calle Alta.

Desde los colectivos convocantes han señalado que “el único final posible a este proceso es la absolución total de los compañeros acusados”. “Hay que derogar cuanto antes la Ley Mordaza para impedir que este tipo de atropellos puedan repetirse en el futuro”, ha concluido su portavoz.

El juicio contra los siete jóvenes acusados por el 'escrache' en febrero de 2014 al entonces presidente de Cantabria y líder del PP, Ignacio Diego, durante un acto en la Universidad de Cantabria (UC), se celebrará el próximo 25 de octubre.

El juicio tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal número Tres de Santander, según han informado a Europa Press fuentes judiciales. El Ministerio fiscal pide un año de cárcel y sanción económica para uno de los imputados y multas económicas para los otros seis.

A juicio de la fiscal, los siete acusados son autores de un delito de coacciones, por los que pide para cada uno de ellos una multa de 4.200 euros, y de una falta contra el orden público por falta de respeto y consideración a la Autoridad, por la que pide una multa de 200 euros para cada uno de ellos.

Y a uno de ellos le considera, además, autor de un delito de daños, por propinar “intencionadas patadas” al turismo de renting en el que se subió Ignacio Diego a la salida del acto. Por este delito, es por el que pide un año de cárcel y una multa de 3.600 euros, además de solicitar que éste indemnice con casi 740 euros a la empresa propietaria del vehículo.

El fiscal solicitó la apertura del juicio oral contra los siete acusados por esta causa y así fue acordada por el juez instructor Luis Enrique García Delgado en un auto de 8 de febrero, por un delito de coacciones para cada uno, además de por un delito de daños para el joven para el que la Fiscalía pide el año de cárcel, y por falta de orden público contra tres de ellos.

Además, en dicho auto de apertura de juicio oral se llama la atención sobre la falta de inclusión por parte del Ministerio Fiscal de la calificación de atentado agravado para tres de los imputados, que era la más grave que inicialmente planteaba durante la instrucción.

Vídeo esclarecedor

Durante este tiempo, los jóvenes, respaldados por la comunidad universitaria, han llevado a cabo distintas campañas para defender su inocencia, entre ellas, el visionado de dos vídeos que dejan en entredicho la versión de Diego y de sus asesores y que ponen de manifiesto que no hubo ningún intento de agresión ni daños al vehículo del presidente de Cantabria durante la protesta en la Universidad contra los recortes en educación.

Las imágenes muestran como un grupo de jóvenes a los que se prohíbe la entrada al acto 'Tengo una pregunta para ti' esperan pacíficamente en el exterior de la Universidad, junto al coche oficial del presidente, portando una pancarta en defensa de la educación pública. Al ver salir a Ignacio Diego comienzan a corear: “Universidad pública y de calidad”, ante lo cual la seguridad privada y los escoltas se abalanzan sobre ellos sin mediar palabra, mientras el presidente y su entonces jefe de gabinete se montan cada uno en un vehículo sin mayores dificultades.