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La Audiencia confirma la imputación de nueve jóvenes por el 'escrache' a Ignacio Diego (PP)

Los acusados se enfrentan a 42 años de cárcel por los hechos ocurridos durante una protesta en la Universidad en defensa de la educación pública

El auto de la Audiencia no tiene en cuenta los vídeos aportados como prueba por los acusados al haber sido registrados una vez cerrada la instrucción

La defensa ha presentado otro recurso solicitando al juzgado de primera instancia que valore las imágenes y que redacte un nuevo auto de calificación

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La Audiencia confirma la imputación de nueve personas por el 'escrache' a Diego en la UC en 2014

La seguridad de la Universidad impidió a la mayoría de jóvenes acceder al acto progagonizado por Diego.

El procedimiento judicial que mantiene imputados a nueve jóvenes, a los que se pide un total de 42 años de cárcel por el escrache al expresidente de Cantabria y líder del PP, Ignacio Diego, durante un acto público en la Universidad de Cantabria celebrado en febrero de 2014, ha avanzado esta semana después de llevar casi dos años parado.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha emitido un auto en el que rechaza el recurso presentado por la defensa y ratifica casi en su totalidad lo dictaminado en febrero de 2015 por el magistrado Luis Enrique García Delgado, del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander, que imputa a los acusados delitos por desórdenes públicos, coacciones, daños, injurias y amenazas.

La resolución judicial, que ha sido dada a conocer este viernes por la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, sobrecogió a los nueve jóvenes, que no podían comprender cómo la Audiencia ratificaba el auto de primera instancia cuando han aportado como prueba  dos vídeos en los que se observa claramente que la protesta fue pacífica y que tan solo se vio alterada cuando uno de los guardaespaldas golpeó a uno de los manifestantes después de que el expresidente hubiera abandonado el lugar en coche oficial.

Ese susto inicial ha desaparecido una vez que los afectados han hablado con sus abogados. Según explica uno de ellos a eldiario.es, la Audiencia se pronuncia sobre un recurso que la defensa planteó antes de haber presentado esas imágenes como prueba, por lo que los vídeos no han sido tenidos en cuenta a la hora de elaborar su dictamen.

Tras ese auto, el juez García Delgado ha practicado una providencia en la que requeriere a la Fiscalía que se pronuncie sobre los hechos. El Ministerio Público, que hasta ahora no se ha manifestado al haber considerado que no tenía elementos suficientes para poder calificar, tiene dos opciones: o pedir el sobreseimiento de la causa o presentar acusación contra los jóvenes.

No obstante, sobre esa providencia, la defensa ha presentado un recurso porque entiende que debe ser el juez quien redacte un nuevo escrito de calificación teniendo en cuenta los vídeos presentados tras la instrucción. Las imágenes no pudieran ser aportadas durante esta fase ya que los propios acusados desconocían su existencia y fueron facilitadas por dos testigos con posterioridad.

Los hechos

La versión de lo ocurrido en febrero de 2014 en la Universidad de Cantabria manifestada por los jóvenes -y apoyada por documentos gráficos aportados por dos testigos- y la de las autoridades políticas y policiales es totalmente opuesta.

Según los imputados, acudieron a la jornada 'Tengo una pregunta para usted', organizada por el Consejo de Estudiantes, con la intención de manifestar "pacíficamente" sus reflexiones al entonces presidente de la comunidad autónoma. Sin embargo, se encontraron con un despliegue de la seguridad privada que les impidió entrar al acto "sin aportar ningún tipo de justificación". "Se quedó más gente fuera que dentro. Solo querían afines", afirman.

Por ese motivo, decidieron trasladar su "descontento" a la conclusión del acto y esperaron pacíficamente a Ignacio Diego tras una pancarta y a su salida corearon lemas en defensa de la educación pública sin llevar a cabo ningún tipo de agresión. "Ignacio Diego montó en el coche sin el menor impedimento", han sostenido siempre.

Por su parte, el juez consideró probado que los jóvenes habían sido previamente concertados "con la finalidad de alterar el orden público" y que se colocaron en el exterior del edificio "con el fin de impedir la salida del presidente del recinto, impidiendo que este pudiera acceder a su vehículo oficial". 

El auto añadía que tres de ellos formaron una especie de "cordón" que obligó a los guardaespaldas de Diego a "evacuarle" en un vehículo policial, lo que consiguieron "tras grandes dificultades, luchando denodadamente con los allí congregados".

Como consecuencia de tales hechos -añade el juez-, el capó de un vehículo oficial resultó dañado, sin que conste quién fue el autor de tales desperfectos. Sin embargo, los jóvenes asegura que, tal y como se pueden comprobar en las imágenes, no hubo daño alguno en el coche y subrayan que el propio Diego se desmarcó de esto en su declaración afirmando no haber apreciado ningún golpe.

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