El presidente regional, Fernando Clavijo, se ha reunido este domingo con el Consorcio de Comunidades de Regantes del Noroeste de Gran Canaria, al que ha informado de que el Gobierno que dirige adelantará la ayuda estatal de ocho millones para el agua de riego “si estos siguen sin llegar” de Madrid, que ya ha anunciado que la transferencia del dinero está aprobada.

Clavijo considera que la administración autonómica puede tener preparada en unos 30 días la convocatoria de ayudas para la captación de agua destinada al riego agrícola (agua alumbrada y desalada), con cuyas bases trabaja ya el Ejecutivo autonómico junto al sector beneficiario de los subsidios.

El presidente ha informado de que desde hace unas semanas “se viene trabajando junto a las organizaciones profesionales agrarias y el resto de los sectores implicados en la convocatoria 2018 de estas ayudas, que están incluidas en el Régimen Económico y Fiscal” recién aprobado.

Clavijo ha anunciado que se han dado “ya instrucciones para que el crédito comprometido con el Estado, que aún no ha sido transferido, sea incluido en los presupuestos de la Comunidad Autónoma y así evitar que ese retraso no afecte a la convocatoria”.

Estas ayudas vienen a promover la eficacia energética en la captación de agua de pozos y galerías destinada a la agricultura y ganadería de las islas (y a la desalada con uso en el sector agrario), “ayuda que debe reflejarse en una disminución del recibo del agua que pagan los profesionales del sector primario, que abonan el doble y en ocasiones hasta el triple que sus homólogos de la Península”, ha dicho, según ha informado el Gobierno en un comunicado.

El presidente de Canarias ha recordado que esa ayuda está incluida en el Régimen Económico y Fiscal y en el Estatuto de Autonomía de Canarias, y ha destacado “el trabajo del sector primario de las islas para arrancar el compromiso del Estado de cumplir ese precepto” con el archipiélago.

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha asegurado este viernes que su partido apoyará las próximas movilizaciones de protesta del sector primario para exigir el cumplimiento de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y del Régimen Económico y Fiscal (REF) en relación, entre otros asuntos, con la ayuda destinada al agua de riego, con ocho millones de euros sin transferir a Canarias con cargo a las cuentas del país de 2018.

La movilización, que contará con tractorada en Las Palmas de Gran Canaria, tal y como ha confirmado COAG-Canarias, está prevista para el 5 de abril próximo, viernes, en las dos capitales provinciales.

Además, el diputado en el Congreso y candidato a la reelección en las elecciones del próximo 28 de abril, Pedro Quevedo, criticó al Gobierno central, del PSOE, “por retener los ocho millones para el agua de riego agrícola y por no haber aprobado aún el Real Decreto para el 100% de bonificación del transporte de mercancías agrícolas producidas en las islas, que incluya el retorno vacío, y con efecto retroactivo al 1 de enero de 2016”. Algo parecido ya se hizo para el plátano canario, con carácter retroactivo a 1 de enero de 2017.

En este sentido, Quevedo reivindicó la necesidad de que haya una “voz canaria” en las Cortes Generales que defienda los derechos de los canarios, para combatir “graves incumplimientos” como los citados anteriormente.

Según informa NC en una nota de prensa, estos planteamientos fueron expuestos por los dirigentes nacionalistas que, junto al coordinador del grupo parlamentario, Fermín Delgado, mantuvieron una reunión con la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas (Fedex).

El Gobierno ha dado orden a los ministerios de que no gasten sin autorización más del 50% de lo estipulado en los presupuestos prorrogados de Mariano Rajoy, aún en vigor, han confirmado a eldiario.es fuentes gubernamentales. Estas fuentes explican que es una consecuencia de la prórroga presupuestaria y que en el momento en el que se quiera incurrir en un gasto superior al 50% de lo comprometido, se tendrá que pedir permiso a Hacienda. Según explican fuentes de este departamento, de hecho ya ha habido varios casos de Ministerios que han solicitado, y se les ha concedido, dicha autorización.

“Siempre que se prorrogan unos presupuestos, se incluye una instrucción para que los Ministerios no puedan gastar mas del 50% de ese presupuesto. La razón es lógica. No es una prorroga para todo el año sino hasta que se aprueben los nuevos. No obstante, es un límite formal. Hacienda puede autorizar superar ese limite hasta el 100, y así lo hace habitualmente”, añaden fuentes del Gobierno.

La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea, Irene Montero, ha sido quien ha dado a conocer públicamente esta medida, al pedir a Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno que confirmara si ha dado la orden “secreta” a sus ministerios de “no gastar más del 50% de lo presupuestado en los presupuestos” prorrogados, aunque el presidente ha eludido responder.

“Quiero que me confirme si esto es así. Esos recortes son lo mismo que hizo Cristóbal Montoro hace un año y por lo que le pusimos la cara colorada, por traer los recortes por la puerta de atrás”, ha dicho Montero. Según insiste Hacienda, no hay tal recorte, puesto que se autoriza que el gasto suba por encima de ese límite de gasto sin control adicional que se impone por ley.

Todavía siguen en vigor las cuentas prorrogadas de 2018, debido a la imposibilidad de aprobar unos Presupuestos para 2019, que la semana pasada fueron devueltos al Gobierno con la aprobación de las enmiendas a la totalidad, una circunstancia que ha acabado precipitando la convocatoria de elecciones anticipadas.

Cuando el Ejecutivo del PP aprobó en enero del año 2018 un una medida de control del 50% sobre los presupuestos prorrogados de 2017, el PSOE tildó la iniciativa de Cristóbal Montoro de “extorsión” y “chantaje”. Tanto este grupo parlamentario, entonces en la oposición, como Unidos Podemos, pidieron entonces la comparecencia del ministro de Hacienda.

Fuentes socialistas matizan que la diferencia ahora es la convocatoria de elecciones: “No es lo mismo limitar el gasto cuando gobiernas que hacerlo cuando se convocan elecciones. Es más, supone respeto institucional para evitar que el nuevo gobierno acceda al poder y se encuentre el presupuesto del ejercicio ya comprometido”, alegan. Añaden además que la instrucción del año pasado era “más restrictiva” y actualmente ya se están firmando autorizaciones para aumentar el gasto.

En las elecciones autonómicas de 2016, celebradas en septiembre, se registraron errores en el escrutinio de Bizkaia. Así las cosas, unos días después de las votaciones en urna, se corrigió el reparto de escaños y EH Bildu arrebató el último asiento al Parlamento Vasco por Bizkaia al PNV. Los nacionalistas, junto a sus socios del PSE-EE, ya no sumaban mayoría absoluta por un solo escaño. La directamente beneficiaria por aquel recuento fue Leire Pinedo, portavoz económica de la coalición abertzale y miembro de la comisión negociadora de los presupuestos de 2019. Su entrada a la Cámara se convirtió en decisiva y lo sigue siendo años después en una negociación con el Ejecutivo de las cuentas que, tras la cita de este martes, sigue viva.

Este pasado mes de mayo, el PNV viró 180 grados su posición política en las Cortes Generales y de apoyar los presupuestos de Mariano Rajoy pasó a apoyar la moción de censura que encumbró a Pedro Sánchez. Como derivada, el PP vasco dio por rotos los puentes en Euskadi, donde los de Alfonso Alonso habían apoyado en 2017 y 2018 las cuentas autonómicas. El secreto a voces de que el PP ya no es el socio económico en Euskadi se ha confirmado esta semana y con Elkarrekin Podemos en las antípodas del Gobierno de PNV y PSE-EE, la negociación con la EH Bildu de, entre otros, Leire Pinedo se antoja la única vía factible para salvar el proyecto presupuestario de 2019, que se ha vuelto a promocionar como el más social de la historia al destinar más del 70% de los 11.000 millones totales a servicios públicos básicos.

Conscientes de su posición de fuerza, en EH Bildu ofrecieron dos abstenciones -nunca ha estado sobre la mesa el 'sí' a las cuentas- a cambio de 420 millones más para políticas sociales, 350 para mejorar la situación de los pensionistas y 70 para planes de empleo. Para el Gobierno esta propuesta siempre ha sido inasumible, pero descolocó a sus interlocutores al ofrecer la pasada semana una contraoferta: una mejora general de la renta de garantía de ingresos (RGI) de un 3,5% en dos años y modular algunos de los recortes introducidos en esta prestación social en el último lustro.

Sin competencias propias en pensiones, la única vía para tocar esa palanca es actuar sobre los complementos que se abonan con cargo a la RGI. Con la propuesta del consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, los pensionistas vascos tendrían garantizados 758 euros en 2019 y 785 en 2020 frente a los 732 actuales y se evitaría el previsible pleito en el Constitucional de adoptar cualquier otra medida que afecte a la competencia estatal en materia de Seguridad Social. 

Rechazar estas mejoras ha complicado el 'no' de EH Bildu, aunque insiste en que reforzar los complementos de pensiones no resuelve “ni de lejos” un problema social que ha motivado, especialmente en tierras vascas, una fuerte movilización ciudadana. Tras la cita de este martes en Lakua, sin embargo, todas las puertas están abiertas. El consejero Azpiazu ha dicho que el Gobierno quiere “hacer un esfuerzo” para acercar posturas con sus interlocutores, por lo que analizará los “posibles márgenes” en materia de pensiones que demanda EH Bildu. La portavoz abertzale, Maddalen Iriarte, ha agradecido el gesto del Ejecutivo y ha indicado que con “voluntad” el camino para el acuerdo “estará abierto” hasta el “último segundo”.

Formalmente, el margen para resolver este laberinto político se agota el 12 de diciembre. Ese día la Cámara celebra un pleno de “totalidad” en el que se debaten las enmiendas globales que registra la oposición. EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP tienen los votos suficientes -si no hay ausencias o sorpresas en las votaciones- para tumbar las cuentas y devolverlas al Gobierno. A Iñigo Urkullu ya le ocurrió en el primer año de su primer mandato, 2013, y optó por evitar la fotografía de la derrota parlamentaria anunciando (desde Bruselas) la retirada de los presupuestos. Ahora el mensaje oficial es que, con un aumento de la recaudación y la legislatura encauzada, la prórroga en 2019 “no sería un drama”. Eso sí, la partida de ajedrez se retomaría en doce meses para encarar las cuentas del último año de la legislatura.

Los Gobiernos central y vasco, en el marco de una “comisión técnica bilateral de cooperación”, han acordado entre la noche del lunes y la mañana del martes que el Estado desista de dos recursos de inconstitucionalidad contra leyes vascas, en concreto contra la normativa que persigue reparar a las víctimas de violencia policial en democracia y contra los apartados de los presupuestos autonómicos de 2018 que contemplaban una subida salarial del 1,5% para los funcionarios vascos que luego quedó superada por una mejora mayor (1,75%) prevista en las cuentas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy antes de la moción de censura. Los equipos de Meritxell Batet y Josu Erkoreka han acordado también desbloquear algunas de las 37 transferencias pendientes para completar el Estatuto de 1979, empezando por las autopistas AP-1 y AP-68.

El punto que mayores debates jurídicos ha motivado entre los equipos técnicos de ambos Ejecutivos ha sido el relativo a la ley aprobada por el Parlamento Vasco en 2016 -también con el apoyo socialista- para reconocer y reparar a unas 400 víctimas de la violencia de actuaciones policiales ilícitas en el marco de la lucha contra el terrorismo de ETA. El Gobierno del PP había presentado un recurso de inconstitucionalidad al entender que Euskadi se arrogaba una competencia para investigar delitos invadiendo las funciones exclusivas del poder judicial -sin procurar garantías a los victimarios, como la presunción de inocencia- y los apartados fundamentales de la normativa estaban en suspenso.

Como adelantó eldiarionorte.es, ambos Gobiernos han acordado el “desestimiento” de ese recurso de inconstitucionalidad a cambio de el Parlamento Vasco modifique la docena de artículos cuestionados por el Estado en busca de una mayor “seguridad jurídica”. Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno de Iñigo Urkullu, Josu Erkoreka, se trata de “modificaciones puntuales y concretas” de redacción que no afectan al espíritu de resarcimiento de la ley de víctimas pero que sí deje claro que “no se sustituirá a los tribunales” ni se producirá “un señalamiento de culpas” a los victimarios. Se trata de ejercer “competencias de asistencia social”, ha enfatizado Erkoreka, que ha asegurado que es “un buen acuerdo”.

El acuerdo político extrajudicial, sin embargo, no está exento de riesgos. Por un lado, el Tribunal Constitucional puede adoptar una “decisión autónoma” de continuar con la revisión de la ley vasca de víctimas a pesar de que el promotor del recurso entienda que ya no hay motivos para ello. Sería una “cierta desconsideración a un acuerdo político” pero “hay precedentes”. Y, por otro lado, los partidos que apoyan al Gobierno vasco, PNV y PSE-EE, no tienen mayoría absoluta en el Parlamento para modificar en solitario la redacción actual de la ley.

El responsable de Derechos Humanos de Urkullu, Jonan Fernández, ya ha iniciado los contactos con la oposición para poder solventar con “rapidez” este trámite. El Gobierno da por descartado el apoyo del PP al entender que está en la línea argumental del recurso de su Gobierno. Sin embargo, no descarta a EH Bildu, aunque ya rechazó en 2016 votar 'sí' por ver insuficiente aquella redacción que ahora se va a modular. La tercera opción sería la de Elkarrekin Podemos. Hay “disposición favorable”, ha asegurado Erkoreka preguntado por las conversaciones con la oposición, sin dar demasiados detalles.

De igual manera, este acuerdo político tendrá que hacer frente a los movimientos de una nueva plataforma que agrupa a sindicatos de todos los cuerpos policiales y a asociaciones de víctimas del terrorismo (SUP, CEP, SPP, UFP, UGC, AUGC, APROG, Aserfavite, ACFSEVT, Erne o Covite). En nombre de todos ellos, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha presentado ya un recurso contencioso-administrativo contra la constitución de la comisión de valoración prevista en la ley para determinar el reconocimiento de las víctimas. Ese pleito se ha residenciado en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y, según las fuentes consultadas, podría derivar en una cuestión de inconstitucionalidad que tumbara la ley. Apoya a este grupo la exjefa de la Abogacía del Estado en Euskadi y autora del recurso, Macarena Olona.

Asimismo, 'El Mundo' ha informado de que Dignidad y Justicia se ha “personado” en el Constitucional para “sustituir” al Gobierno como promotor del recurso si éste desiste. Fuentes del Gobierno vasco, en cambio, indican que es dudoso que un particular tenga “legitimidad jurídica” para sostener un contencioso en la jurisdicción constitucional.

Subida a los funcionarios tras el verano

El Consejo de Ministros formalizará la retirada del recurso este viernes o, como muy tarde, el 3 de agosto. En todo caso, el compromiso es sustanciarlo antes de las vacaciones. Asimismo, ordenará la retirada del recurso contra los presupuestos vascos de 2018 en lo tocante a la subida salarial del 1,5% (más 0,5% en EPSV) a los alrededor de 70.000 funcionarios autonómicos.

Este recursos del exministro Cristóbal Montoro se produjo porque la subida vasca entró en vigor antes de la promulgación de los presupuestos generales, que autorizan las condiciones laborales del conjunto de empleados públicos de España. Pero se dio la paradoja de que el Estado preveía una mejora de hasta el 1,75%, es decir, mayor que la vasca.

Euskadi, una vez retirado el recurso, elaborará los informes jurídicos preceptivos para aplicar la subida a la vuelta del verano. Se articulará en una mejora del 1,5% desde el 1 de enero de 2018 y del 1,75% desde el momento de aprobación de los presupuestos del Estado. La media anual será del 1,65%, aproximadamente. Asimismo, se mejorará la aportación a la EPSV Itzarri del 0,5% al 1% antes de final de año. Fuentes del Gobierno vasco indican que no será necesario retocar la ley de presupuestos para acometer estos cambios porque ya se previó que las medidas propias podrían aplicarse sin perjuicio de las mejoras que pudiera proponer el Estado.

La relación “fluida” del Gobierno vasco con el nuevo equipo de Pedro Sánchez y, singularmente, entre el consejero Erkoreka y la ministra Batet se plasmará también en el desbloqueo de varias transferencias de las 37 pendientes para completar el Estatuto de 1979. En septiembre se firmará ya la cesión de dos líneas menores de ferrocarril en Bizkaia, algo ya cerrado con Soraya Sáenz de Santamaría. Asimismo, se abordará la cesión de las autopistas AP-1 y AP-68 (la primera ya libre de peaje desde noviembre) y un posible acuerdo en torno al puerto de Pasaia, aunque según Fomento es de “interés general” y, por lo tanto, intransferible. Nada ha comentado Erkoreka sobre las dos cuestiones “prioritarias” para Euskadi en este terreno, las Prisiones y el régimen Económico de la Seguridad.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha empleado a fondo en la sesión de control al Gobierno que ha celebrado este viernes el Parlamento vasco ante las duras críticas de la oposición de izquierdas al reciente acuerdo presupuestario en las Cortes Generales entre el PNV y el PP, salpimentadas con referencias a la sentencia por la cual se constata la gravedad de la corrupción en la formación 'popular' conocida el jueves. El lehendakari ha remarcado que “está claro que el presupuesto es positivo para Euskadi y para los vascos”, como también para todos los pensionistas españoles.

“¿Había otra alternativa? La única era el no presupuesto y el no Gobierno. La alternativa era probablemente elecciones”, ha enfatizado el presidente vasco, aunque ha querido matizar que la confianza del PNV “no es un cheque en blanco al PP”. Sobre Catalunya y el incumplimiento de no negociar con el 155 en vigor, se ha mostrado convencido de que la suspensión de la autonomía catalana será más rápida tras este acuerdo.

Se da la circunstancia de que Urkullu traía preparada una referencia a la sentencia del 'caso Gürtel' que señala al PP. Así lo ha explicado a los periodistas cuando, antes de la sesión plenaria, le han pedido un comentario de la resolución judicial y el lehendakari les ha emplazado a sus intervenciones en la tribuna parlamentaria. Sin embargo, el lehendakari ha optado por orillar esas alusiones a la corrupción desde la tribuna. El PP vasco tampoco está haciendo caballo de batalla del juicio por el 'caso De Miguel', el de más relevancia que afecta a excargos del PNV.

Los portavoces de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, Maddalen Iriarte y Lander Martínez, sí han coincidido en destacar que el PNV no sólo ha aprobado una política económica, sino que ha dado continuidad al “partido más corrupto de Europa”. No ha tocado la Gürtel, pero el lehendakari no ha reprimido un comentario sobre la polémica del chalet comprado por Pablo Iglesias e Irene Montero en su réplica al representante morado, que ha cuestionado la eficacia del pacto para mejorar las pensiones incluido como medida estrella del acuerdo presupuestario con el PP. “¿Qué hacen ustedes? Mientras el PNV consigue avances no quiero ni recordarle la gran cuestión sobre la que Unidos Podemos está debatiendo y votando. La elección de prioridades es lo que define a cada partido”, le ha manifestado a Martínez.

El lehendakari, en cambio, sí se ha detenido a comentar la “gravísima” situación política que vive España a su salida del Parlamento. Ante los medios de comunicación, ha pedido a Rajoy que ofrezca explicaciones “de manera pareja” al alcance de la sentencia de la Audiencia Nacional porque hasta ahora no han sido “suficientes”. Preguntado expresamente si se ve cómodo pactando con el PP en estas circunstancias, Urkullu ha querido primero diferenciar el ámbito del “acuerdo entre partidos” frente a la “relación institucional” y, segundo, subrayar que “hay muchos partidos que votan con otros partidos con causas de investigación”, sin especificar en ningún momento a cuáles se refería.

Quien también ha aludido a la crisis abierta por la sentencia de Gürtel ha sido la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, el otro partido del Gobierno vasco y que se ha posicionado con claridad contra los presupuestos de Mariano Rajoy. Mendia, ante los periodistas, ha indicado que “la situación es terrible e intolerable” y ha adelantado que estará detrás de Pedro Sánchez en el caso de que la Ejecutiva dé el paso de activar una moción de censura.

El exministro y exalcalde de Vitoria Alfonso Alonso, ahora líder del PP vasco, ha sido contundente al referirse a la Gürtel. “Se ha hecho justicia. Aquellos que han tenido un comportamiento indebido y han delinquido lo pagan. Aquí el que la hace la paga. Es satisfactorio que la justicia actúe”, ha declarado. Pero sobre la moción de censura ha echado balones fuera: “Pregunten al partido socialista”.

El Parlamento vasco ha reproducido en su sesión de este jueves el debate político del miércoles en el Congreso en el que se aprobaron los presupuestos generales del Estado de 2018. Sin Ciudadanos, PP y PNV no suman mayoría y EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE-EE han aprobado una resolución -sin efecto jurídico alguno- de “rechazo” a las cuentas por su “profundo carácter antisocial”. El morbo en el debate, sin embargo, era conocer el argumentario del PNV y singularmente el de su portavoz en la Cámara autonómica, Joseba Egibar, cabeza del sector soberanista y crítico internamente con la decisión de negociar con Mariano Rajoy con el 155 activo en Catalunya. “No hemos cumplido la palabra dada, es verdad. Si hay que reconocer eso, lo reconocemos”, ha afirmado Egibar, que ha hecho sus reflexiones íntegramente en euskara sin que las radios y televisiones en castellano se hayan llevado estas mismas frases.

Egibar, con un lazo amarillo en la solapa de su chaqueta como es habitual, ha denunciado que haya “una autonomía intervenida” y una “expropiación política” en Catalunya y que el Estado pretenda que “toda una generación de políticos termine en la cárcel”. También ha dejado caer que hablará del asunto “dentro del partido”. Pero ha añadido que el PNV se “autoimpuso” el “compromiso” de trabajar por la desactivación del 155, cosa que “nadie más lo hizo”, para continuar explicando que “el esfuerzo ha sido impresionante” para revertir la situación en Catalunya pero “la capacidad [de influencia ante el PP] limitada”.

Dicho todo eso, Egibar ha lanzado una pregunta al aire: “¿Se puede justificar [el 'sí' a las cuentas de Rajoy]?”. Desde la lealtad hacia el partido y ante la atenta mirada del lehendakari, Iñigo Urkullu, el portavoz parlamentario ha señalado desde la tribuna del Parlamento que “hay argumentos” que justifican la aprobación de los presupuestos. El principal que ha destacado es la subida generalizada de las pensiones. Y, como el miércoles Aitor Esteban, Egibar ha dejado caer que las fuerzas políticas catalanas han sido comprensivas con la difícil decisión del PNV en las Cortes Generales.

El voto favorable al PP ha sido munición para la oposición de izquierdas. Según Miren Larrion (EH Bildu), las explicaciones del PNV son dignas de “un máster en metafísica que ni Cifuentes”. “¿Qué credibilidad tienen en estos momentos?”, ha apostillado Larrion mirando a la situación catalana en todo momento. Igualmente, el parlamentario de IU y de la coalición Elkarrekin Podemos Jon Hernández ha subrayado que el PNV “ha faltado a su palabra dada” y todo porque “comparte con el PP modelo económico y social”. “Díganselo abiertamente a la ciudadanía. No pasa nada”, ha emplazado.

La votación también ha supuesto el desmarque del PNV de su socio de Gobierno, el PSE-EE, cuya portavoz, Susana Corcuera, ha apelado a la “coherencia” de los socialistas al rechazar en las Cortes Generales unas cuentas que “consolidan la desigualdad”. No obstante, para no hacer sangre, los socialistas entienden que “son acuerdos que desde la discrepancia debemos aceptar porque son legítimos”.

El aludido en todo el debate, el PP, ha calificado por boca de Antón Damborenea de “absurdo” que el Parlamento vasco se haya convertido en Cámara de segunda lectura de unos presupuestos ya aprobados y que ha defendido como los más sociales de la historia. La intervención de Damborenea ha coincidido con la sentencia condenatoria en el 'caso Gürtel' pese a lo cual el portavoz económico 'popular' ha asegurado en referencia a su partido que “los españoles saben quién gestiona bien y quiénes son unos manirrotos”, por el PSOE. Damborenea también se ha dirigido al PNV para recordarle que recurrió al apoyo del PP para sacar adelante los presupuestos vascos “con el 155 vigente” y al PSE-EE para remarcar que sus consejeros en el Gobierno también gestionan merced a los “superantisociales” aliados parlamentarios 'populares'.

Equilibrio, según el diccionario de la RAE, es el “estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él se compensan destruyéndose mutuamente”. En política podría asociarse con el logotipo del PNV. El azar o la habilidad política han querido que este miércoles el mismo partido que, en Vitoria, ha aprobado con EH Bildu el que será el preámbulo del futuro Estatuto vasco, un documento netamente soberanista –que habla de Euskal Herria como nación y proclama el derecho a decidir– haya salvado por la tarde, en Madrid, al Gobierno del PP, cuyos presupuestos de 2018 ha apoyado sin que, como había prometido, se hubiese desactivado antes la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya.

Los nacionalistas, para cuadrar el círculo, gobiernan plácidamente en Euskadi, las tres diputaciones forales y los principales municipios vascos, incluidas las capitales, con un PSE-EE que ni respalda ese nuevo Estatuto ni las cuentas de Mariano Rajoy pero que sigue viendo satisfactoria la alianza y está “cansado” de que se cuestione. Como guinda, el diario ABC ha revelado una conversación entre el portavoz peneuvista en el Congreso, Aitor Esteban, y la futura consejera de ERC Teresa Jordá, pendiente del 155, que se mostraba comprensiva con el papel del PNV: “Es una faena para vosotros. Nosotros lo tenemos claro”. “Estoy seguro de que la sociedad vasca lo entenderá perfectamente”, ha asegurado Esteban sobre este ejercicio de equilibrismo.

La mañana “soberanista”

“Tenemos al PNV más soberanista”, coincidían en el Parlamento vasco los portavoces de Elkarrekin Podemos, PSE-EE y PP al analizar el documento aprobado en la ponencia de autogobierno. Lander Martínez, portavoz de la coalición que encabeza Podemos y que había negociado hasta la pasada semana un documento más matizado y transversal, ha ido un paso más allá y ha asegurado que el PNV ha buscado deliberadamente “blanquear” sus pactos en Madrid con esa fotografía con la izquierda abertzale. Pero la sonrisa con la que Maddalen Iriarte ha presentado este pacto pronto se ha transformado en seriedad en la rueda de prensa de la diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia al confirmarse que el mismo partido era capaz de retratarse con el PP... y con Ciudadanos.

En las Cortes Generales, la “agenda vasca” ha pesado más que la “agenda catalana” en la decisión final del PNV de apoyar los presupuestos generales del Estado. No ha sido una decisión sencilla: “Con el 155 no se juega”, clamaba Andoni Ortuzar en el Aberri Eguna o Día de la Patria Vasca de hace un par de meses. Todavía hoy el importante sector soberanista encabezado por el portavoz en el Parlamento vasco y líder de Gipuzkoa Joseba Egibar aseguraba tener “opinión” sobre la arriesgada operación política del Euzkadi Buru Batzar, la sala de mandos del centenario partido con sede en Sabin Etxea. Por una lealtad hacia el Partido (con mayúscula) inexistente en otras organizaciones esas “opiniones” han quedado de puertas para adentro, también entre los cinco diputados del Congreso. Hallarán los matices en los lazos amarillos que los guipuzcoanos –y algunos alaveses– portan en la solapa de sus chaquetas.

La tarde evitando el “desastre” para España

La “agenda vasca” ha pesado, efectivamente, pero también el temor a una nueva “España ciudadana”. No han sido pocas las declaraciones extremadamente duras de Ortuzar y otros portavoces del PNV contra Albert Rivera, curiosamente la tercera pata del acuerdo presupuestario. No es que Ortuzar tenga “miedo” a los extraparlamentarios Ciudadanos –“sería hasta bueno” electoralmente en Euskadi un cuerpo a cuerpo, opina– pero “hay que tener un poco más altura de miras”. Sin presupuestos, en Sabin Etxea no veían otra alternativa que las elecciones anticipadas en España “y el triunfo del partido Ciudadanos y de lo que hoy conocemos como el fenómeno Rivera sería un desastre para Euskadi, pero, sobre todo, para España”. Ortuzar, que viene del periodismo, mantiene con Rajoy una interlocución a la altura de la que el hoy lehendakari, Iñigo Urkullu, mantuvo con José Luis Rodríguez Zapatero, a quien también sostuvo el nacionalismo vasco en su segunda y complicada legislatura.

¿En qué consiste la “agenda vasca” que ha hecho irrechazables las cuentas de Rajoy? El pasado año, con el primer acuerdo, se tradujo principalmente en un calendario de inversiones en infraestructuras y en desatascar dos viejos litigios entre Madrid y Vitoria, la actualización del Concierto Económico y de la aportación vasca a las arcas comunes –“Cuponazo”, lo llama Rivera– y un refuerzo a la condición de “Policía integral” vasca de la Ertzaintza.

En 2018, consciente el Gobierno del PP de la incomodidad para el nacionalismo vasco de repetir una fotografía con el presidente del 155, el proyecto ya recogió una suculenta propuesta en forma de inversiones para Euskadi. De 385 millones en 2017 se proponían 509 millones. La continuidad de la financiación de las obras del AVE –singularmente el diseño de los accesos a las tres capitales– de nuevo era el plato fuerte. Pero, además, en el trámite de enmiendas el denominado Grupo Vasco –aunque sean del PNV sólo cinco de los 18 electos en Euskadi– ha arrancado 70 millones más. Se beneficiarán de ello, por ejemplo, el aeropuerto de Vitoria –referencia en el tráfico de carga pero olvidado hasta hace poco en materia de pasajeros– o la reforma del entorno del Memorial de Víctimas del Terrorismo que el Ministerio del Interior construye en el centro de la capital vasca.

El as en la manga de las pensiones

Sin embargo, el as en la manga del PNV –que rompe la imagen de insolidaridad trasladada por Rivera cuando alude a la “agenda vasca”– ha sido arrancar al Gobierno del PP lo que teóricamente era imposible financieramente: una subida general de las pensiones conforme al IPC y una mejora más profunda de las prestaciones mínimas. Es “para todo el Estado”, ha remarcado este miércoles para justificar su 'sí' a Rajoy el Euzkadi Buru Batzar, ubicado muy cerca de las calles de Bilbao que se han colapsado con las movilizaciones de pensionistas y que han contagiado al resto de España. ¿Habría sido mucho más complicado explicarles a todos ellos que ya no había mejora a final de mes porque Quim Torra aún no tiene 'consellers'?

Estos movimientos se siguen con expectación en Ajuria Enea, sede de la Presidencia vasca. Allí, el lehendakari Iñigo Urkullu acumula en una carpeta con una 'senyera' en el lomo un amplio dossier sobre Catalunya. También varios documentos de asuntos pendientes de tratar con el Estado. Ahora “la estabilidad” permitiría abordarlos tras unos meses en que la crisis catalana ha cerrado los canales abiertos el pasado año tras el primer acuerdo PP-PNV. “Veremos si a partir de ahora se pueden despejar algunas cosas”, indican en el entorno del lehendakari, desde la constatación de que “con una votación en sentido contrario no habría ninguna posibilidad de nada”, más que nada porque se abriría un escenario de incertidumbre e incluso de elecciones anticipadas.

Eso, y que en Euskadi es el PP el que aprueba año a año los presupuestos autonómicos.

La reforma de la estación de tren del pueblo catalán de Sant Esteve de les Roures ha llegado a los Presupuestos Generales del Estado gracias a una enmienda de ERC. Pero esta apuesta política de Esquerra es en realidad un troleo a los PGE: dicha localidad no existe, pero aun así su nombre apareció por primera vez en uno de los informes de la Guardia Civil sobre el 1 de octubre.

En su enmienda, ERC expone que la partida de 5 millones de euros estaría destinada a la “remodelación integral, instalación de ascensores, recrecida de andenes e instalación del sistema de megafonía de la estación”. Y justifica su reclamación asegurando que la reforma es “una larga reivindicación de la población local dado el estado de abandono y deterioro” de la misma.

Desde Esquerra han calificado su acción de “irónica” y han explicado que lo hacen para mostrar cómo el Gobierno central ignora sus demandas. “Tenemos la seguridad de que del resto de las 997 enmiendas presentadas por ERC, que obedecen a demandas, a necesidades ya la exigencia de respuesta ante incumplimientos crónicos bien reales, nos harán exactamente el mismo caso”, han dicho desde el partido a El Mon.

Sant Esteve de les Roures fue noticia hace unos meses tras aparecer en un informe de la Guardia Civil, que aseguraba que en esa localidad que no existe se registraron algunos de los hasta 315 actos de violencia que contabilizaron en Catalunya entre el 1 de septiembre y el 8 de noviembre de 2017. La referencia a esta localidad inexistente en un documento oficial desató multitud de bromas y memes en las redes sociales.

Lo ocurrido con este pueblo recuerda a otro de los errores del Instituto Armado en sus informes sobre la consulta de octubre del año pasado: el del misterio del “Orni”.

Si se aprueban los Presupuestos de este 2018, la subida de las pensiones con el IPC (marcado en el 1,6%) se aplicará de manera retroactiva desde enero. Las pensiones este año se habían incrementado solo en un 0,25%, debido al vigente índice de revalorización de las pensiones que aprobó el Gobierno. Aunque era previsible que el incremento afectara a todo el ejercicio, este punto era uno de los flecos pendientes del acuerdo en materia de pensiones entre el Gobierno y el PNV para que los nacionalistas vascos apoyen las cuentas del Ejecutivo.

Esta precisión ha quedado aclarada en las enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado presentadas por el PNV este viernes en el Congreso. Sus propuestas recogen una revalorización de las pensiones con el IPC este año, al 1,6% aplicable de manera retroactiva desde el 1 de enero. Para la actualización de 2019, el texto precisa que “si no hubiera acuerdo en la Comisión de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo para la revalorización anual”, se volverían a subir al 1,6%.

Es decir, que el incremento de 2019 podría cambiar si la comisión parlamentaria acordara otro sistema de revalorización anual. Tras mucho retraso y posturas muy distantes de los grupos, ese escenario se ve más cercano: esta semana, los partidos han llegado a un principio de acuerdo en el Pacto de Toledo para proponer un mecanismo diferente al índice de revalorización en el que el IPC sea un elemento “medular”.

Las enmiendas del grupo vasco también recogen la ampliación de la base reguladora de las pensiones de viudedad a un 56% este año –en las cuentas presentadas está en un 54%– y al 60% en 2019 y el retraso de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad al 2023. Esa fecha queda como horizonte, pero podría aplicarse antes si hay acuerdo en este punto en el Pacto de Toledo, según se desprende del texto de la enmienda. Recoge que serán los grupos los que definan un acuerdo sobre las “medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema. No obstante y en todo caso, su entrada en vigor se producirá en una fecha no posterior al 1 de enero de 2023”.

El PNV aseguró además esta semana que se mantenían las subidas del 3% de las pensiones más bajas que ya había incluido el Gobierno en los Presupuestos.

La fecha para la aprobación de los presupuestos, si el Gobierno logra los apoyos necesarios, es el 24 de mayo. ¿Cuándo llegarán esos pagos atrasados de la revalorización de los primeros meses del año? Según fuentes del Gobierno aún no se ha definido este punto, pero puede ser a través de una paga compensatoria, que podría coincidir o no con la extra.

1.500 millones este año

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha cifrado este viernes el gasto que supondrán estas mejoras en las pensiones: para 2018, 1.500 millones de euros y para 201, 1.800. Es decir, 3.300 millones en total que se financiarán con intereses de la deuda, impuestos a las tecnológicas y parte del rescate a autopistas, según ha explicado el ministro.

El PP, por su parte, ha enmendado con un aumento de 1.300 millones de euros la partida para pensiones incluida en los Presupuestos, para hacer frente al incremento de estas prestaciones, según ha explicado su diputada de la Comisión de Presupuestos Susana López Ares.

La reforma de las pensiones, sin contenido

El pacto entre Mariano Rajoy y el PNV para apoyar los Presupuestos de 2018 supone de facto vaciar la reforma de las pensiones del Gobierno durante los próximos años. Los nacionalistas vascos han logrado con su acuerdo desactivar sus dos elementos fundamentales: el índice de revalorización (que ocasionó las subidas anuales del 0,25%) y el factor de sostenibilidad, que quedarán pospuestos dos años en el primer caso y cuatro en el segundo.

El Ejecutivo había rechazado una y otra vez subir las pensiones con el IPC como pedía la mayor parte de la oposición y defendía la necesidad de aplicar su reforma del sistema para garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas en los próximos años.

El índice de revalorización calcula con una compleja fórmula la subida anual de las prestaciones teniendo en cuenta el estado de las cuentas de la Seguridad Social. Ante la situación de déficit –de más de 18.000 millones de euros en la actualidad–, el índice establece la subida mínima (0,25%). Las masivas protestas de jubilados en la calle contra esta revalorización ha puesto contra las cuerdas al Gobierno, con continuas proposiciones en el Congreso para modificar su reforma de 2013.

El factor de sostenibilidad iba a entrar en vigor el 1 de enero de 2019. Con este acuerdo, su inicio queda aplazado por el momento hasta 2023. El factor implica añadir la esperanza de vida al cálculo de la prestación de los nuevos jubilados, lo que provocará una reducción de su cuantía inicial. Según las estimaciones de CCOO, el descenso se sitúa en torno a un 0,5% anual (con carácter acumulativo). Por ejemplo: si tu pensión iba a ser de 1.000 euros en 2018 y te jubilabas en 2019, sería de 995 euros debido a este ajuste. Si te jubilabas en 2020, caería a los 990 euros.

Desconfíen cuando se intenta sumergir en planteamientos técnicos y despojar de ideología algo tan aparentemente árido como los Presupuestos Generales del Estado. Nada hay más ideológico que la plasmación en las cuentas públicas de una posición política determinada. Al fin y al cabo los presupuestos determinan qué parte de la población y con qué intensidad va a verse beneficiada por las políticas públicas, cómo se va a repartir parte de la riqueza y la renta que generamos entre todos y todas, y cómo se va a definir e influir en las características del modelo productivo, social y ecológico de nuestro país.

Si algo queda claro con el Proyecto que se somete a tramitación por parte del gobierno del Partido Popular y sus aliados de Ciudadanos es la estrategia de la derecha: quieren un país en el que la importancia del estado social continúe menguando, en el que se mantengan tasas de paro muy superiores a la de nuestros vecinos, en el que la precariedad impregne, si cabe aún más, el mercado laboral afectando especialmente a mujeres y a jóvenes, en el que el nivel de desigualdad siga siendo de los más elevados de Europa, en el que los pensionistas se empobrezcan progresivamente, en el que el modelo productivo se caracterice por un bajo valor añadido y tecnológico, en el que el modelo energético siga anclado al siglo XX, en el que la vivienda sea un lujo y no un derecho, etc. Porque los presupuestos generales no los han diseñado para combatir los enormes desafíos económicos, sociales y ecológicos a los que nos enfrentamos, sino para cumplir reglas fiscales carentes de cualquier fundamento técnico que impone la Unión Europea y que han demostrado de manera evidente su inoperatividad para alcanzar los objetivos que le importan a la inmensa mayoría de la gente. Unas reglas carentes de todo sustento científico y técnico que están siendo utilizadas como excusa para deteriorar los servicios públicos y permitir más espacio de negocio a los agentes privados. No hay otra cosa que ideología detrás del disfraz de ciencia. Lo malo es que esa ideología va contra los intereses de la mayoría social. Los retos que debería abordar un presupuesto que se nos plantea al tiempo que el gobierno presume de “haber salido de la crisis” deberían pasar por abordar la realidad de los casi 4 millones de personas desempleadas, en el millón personas que viven en hogares sin ningún tipo de ingreso, en los casi 8 millones de personas que no llegan a final de mes, en la gente que tiene contratos basura. Tendría que mostrar con claridad para qué sirve la herramienta presupuestaria para la gente que sigue siendo desahuciada de sus viviendas o para los casi 13 millones de personas que viven en riesgo de pobreza.

Pero eso no lo encontrarán en estos presupuestos. No hay medidas para crear empleo, ni para reducir la precariedad laboral, ni para reducir la pobreza o la desigualdad, ni para modernizar nuestro modelo productivo y lograr así la creación de empleos de calidad, a pesar de que son las necesidades más apremiantes e importantes que tenemos. En cambio, sí podrán ver medidas que llevan a que el tamaño del Estado social -medido en gasto público sobre el PIB- sea el más bajo de los últimos diez años. Estos presupuestos consolidan los recortes que en 2010 nos dijeron que serían pasajeros: el presupuesto para educación, cultura y deporte es un 21,6% inferior al año 2010, año en el que comenzaron los recortes; el de sanidad es un 31,2% inferior, el de fomento un 54,7%... Estos presupuestos no resuelven los principales problemas que sufre la mayoría social en nuestro país e ignoran derechos básicos recogidos en la Constitución, como el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, la progresividad del sistema fiscal o directamente el artículo 128, que afirma que toda la riqueza del país tiene que estar subordinada al interés general.

No en vano, estos presupuestos parecen estar redactados por y para las élites, por aquellos y aquellas a las que la crisis no les ha ido nada mal. No solo no hay medidas para combatir el elevado fraude fiscal que cometen, sino que además recogen reducciones de impuestos para las empresas más grandes. Es paradigmático que por primera vez en la historia se recojan bonificaciones fiscales a las Socimis, que son grandes empresas que se dedican a hacer negocio con la vivienda lo que explica en buena medida el repunte de su precio de compra y de alquiler. De hecho, los beneficios fiscales en el Impuesto de Sociedades aumentarán con este presupuesto un desorbitado 62%, dejando claro cuál es la prioridad política de este gobierno: reducir la carga fiscal a empresas y grandes fortunas para trasladarla aún más a las espaldas de trabajadoras y trabajadores y consumidoras y consumidores.

Hay alternativa y pasa por dar prioridad a enjugar el déficit social y ecológico por encima de la senda de reducción del déficit fiscal. Y por eso, desde el grupo confederal Unidos Podemos –En Comú Podem – En Marea, hemos presentado una propuesta profundamente estudiada y perfectamente factible, que ponga a la gente por delante de los intereses de las grandes corporaciones. Nuestra propuesta plantea un giro de timón con respecto a las políticas públicas: el gasto público total sería 1,7 puntos porcentuales del PIB superior a la propuesta actual del gobierno. Estamos hablando de unos 20.000 millones de euros que se repartirían entre políticas sociales, políticas para la modernización económica, cambio productivo y transición energética, y políticas para la igualdad de género y cierre de la brecha salarial. Todo ello tendría además un efecto expansivo sobre la actividad económica que permitiría mayor creación de empleo, lo que unido al combate del fraude laboral y a una nueva regulación del mercado de trabajo, lograría mejorar notablemente la calidad del mismo.

Entre las actuaciones contempladas, destaca un programa de inversiones orientadas tanto al aumento de la eficiencia energética (revisión de los edificios, mejora de la red eléctrica, transporte público, medidas de ahorro energético en la industria) como a la sustitución del consumo de energía proveniente de combustibles fósiles y de centrales nucleares, por energía procedente de fuentes limpias y renovables. Por otro lado, nuestra propuesta recoge tres planes de empleo importantes. Uno para los desempleados de larga duración, otro para los jóvenes y otro para acabar con el empleo precario en las administraciones públicas. Y con la pretensión de contribuir a reducir la brecha salarial de género nuestra propuesta incluye la equiparación del permiso de paternidad con el de maternidad, haciéndolos obligatorios e intransferibles. Las políticas públicas deben orientarse a que las mujeres dejen de tener la etiqueta de “menos disponibles para el empleo”. Otras actuaciones importantes son: un Plan de Renta Garantizada que beneficiaría a aquellas personas que se encuentren con un nivel de renta inferior al umbral de la pobreza; la revalorización de las pensiones contributivas al ritmo del IPC para evitar la pérdida de poder adquisitivo; un importante plan de promoción de parque de vivienda social; un plan de rescate de la ciencia; un importante aumento de las pensiones no contributivas más bajas; la actualización del IPREM para aumentar subsidios de desempleo y otras ayudas públicas; y la aplicación de una prestación por hijo o hija a cargo tal y como recomienda UNICEF.

Se trata de una demostración clara de que una orientación presupuestaria diferente permitiría mejorar las condiciones económicas de la mayoría, con mayor estabilidad en el empleo y mayor retribución, con un avance firme para conseguir la eliminación de la precariedad crónica que caracteriza nuestro modelo de crecimiento. Es imprescindible poner en marcha cuanto antes una alternativa de país al proyecto agotado del Partido Popular.

Solo hace falta voluntad política. Nosotras y nosotros la tenemos.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, acaba de anunciar que Ciudadanos no apoyará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) si Mariano Rajoy concede al PNV “más privilegios”, como la cesión de la gestión de la Seguridad Social, o accede al traslado de los presos etarrras al País Vasco, como pide ETA.

Villegas ha desligado cualquier otro asunto a esa negociación, ya cerrada con el Gobierno, como el escándalo del caso del máster de Cifuentes al considerar que son asuntos que se dirimen en ámbitos distintos.

Villegas he reiterado que esperan que Rajoy obligue a la presidenta regional madrileña a dimitir y pongan a otra persona en su lugar. De momento, su partido sigue sin sentarse a hablar con el PSOE para negociar la moción de censura a la espera de que la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, fijé su fecha.

Sin embargo, considera “muy grave” tanto que el Gobierno pueda ceder “al chantaje” de ETA tras “su declaración trampa” de disolución,  como que esté pensando en “romper la caja única de la Seguridad Social”.

El Pleno sobre el debate a la totalidad de los PGE se inicia este miércoles. El PNV ya ha anunciado que no va a presentar ninguna enmienda a la totalidad, lo que ha hecho suponer al Gobierno y a Ciudadanos que era el primer paso para el apoyo de los nacionalistas vascos al proyecto. Pero ahora Ciudadanos cree que detrás de esa posibilidad se esconden nuevas concesiones al PNV, después de haber cedido al cuponazo, al que los de Rivera se opusieron. 

“Esperemos que no sea verdad que están pactando nuevos privilegios con los nacionalistas vascos porque de confirmarse nosotros estaremos en contra”. “Son dos medidas gravisimas que van en contra de nuestra idea de España”, ha sentenciado Villegas.

El secretario general de Ciudadanos de todas formas ha desvelado que no tienen confirmación aún de que el Gobierno tenga decidido acceder a estas dos exigencias del PNV. “Solo son noticias que hemos oído y leído en algunos medios pero esperamos que no sea así”, ha dicho, por lo que aguardarán a ver qué pasa estos días.

El número dos de Rivera ha justificado el apoyo que dio su grupo al techo de gasto, pese a saber ya que Rajoy iba a aumentar el Cupo vasco, recordando que fue una ley que se tramitó por separado en el Congreso y que contaba con el apoyo previo del PSOE y de Unidos Podemos. No con el beneplácito de Ciudadanos.

Responsabilidades del procés

Además, Villegas ha advertido en su comparecencia que si se demuestra que hubo desvío de dinero público para el procés y para la celebración del referéndum del 1-O por parte de los independentistas, como está apuntado la Guardia Civil e investigan los tribunales, pedirán responsabilidades a Rajoy, sin descartar exigir dimisiones.

“El Gobierno tiene que dar explicaciones y reconocer, si se confirman esas sospechas, que efectivamente Puigdemont les engañó y utilizó el dinero de todos los españoles para intentar romper España”, ha señalado.

Villegas ha apuntado a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, por ser la responsable de la aplicación del 155 en Catalunya, al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al propio Rajoy por el responsable máximo del Gobierno. Pero, ha aclarado que antes de pedir dimisiones también esperarán a ver qué explicaciones dan.

“Los españoles nos merecemos que nos digan la verdad”, ha zanjado.

El Euzkadi Buru Batzar, el máximo órgano ejecutivo del PNV, ha decidido “conceder una oportunidad a la apertura de un nuevo tiempo de diálogo político en el Estado español y Catalunya” y ha acordado no presentar una enmienda de totalidad al proyecto de presupuestos generales del Estado. Los cinco diputados nacionalistas vascos constituyen el último asidero del Gobierno de Mariano Rajoy para salvar las cuentas de 2018 y para continuar gobernando con cierta estabilidad hasta el final de su mandato.

El PNV, que ya acordó los presupuestos de 2017 con el PP, había condicionado la reedición del pacto al fin de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya. Con la suspensión del autogobierno catalán aún vigente, los nacionalistas, en principio -podrían sumarse a la enmienda de otra formación-, no se unirán a otros grupos de la oposición en las Cortes Generales en la primera votación, por lo que el Ejecutivo podrá superar el primer trámite y no ver devuelto su proyecto. 

El partido de Andoni Ortuzar, en cambio, puntualiza que la decisión aún no supone dar por hecho el apoyo de los diputados peneuvistas a los presupuestos en la votación definitiva. Asegura el PNV en su comunicado tras la reunión de la tarde de este jueves del Euzkadi Buru Batzar que el pacto de 2017 fue muy “beneficioso” para el País Vasco pero que “en nada obliga” a mantenerlo en 2018, a pesar de los guiños en forma de 500 millones en inversiones recogidos en la propuesta inicial del Ejecutivo de Rajoy. El “gesto” se limita al primer trámite y, puntualiza la formación vasca, a éste “aún le seguirán dos más”, en comisión y en pleno.

El horizonte es el 24 de mayo. El PNV aspira a que, para entonces, el laberinto catalán esté resuelto. De hecho, apunta a que su decisión “es la mejor para propiciar la desactivación a la mayor brevedad posible” del 155. Matiza además que la decisión sigue a reuniones de Ortuzar e incluso del lehendakari Urkullu con “diversos actores políticos” catalanes y, en concreto, “independentistas”. El portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha visitado también a Jordi Sànchez en prisión.

El PNV reclama al PP que haga política en Catalunya -“ha brillado por su ausencia”- y que se acabe la judicialización de la vida pública. Los nacionalistas aluden a los líderes encarcelados o en el “exilio”, a la ausencia de Govern y a “instituciones intervenidas”. “Ante esta situación de excepcionalidad, hemos decidido asumir un compromiso activo que facilite vías de entendimiento y proporcione el tiempo necesario para revertir esta situación”, concluye la nota del Euzkadi Buru Batzar. 

El delegado del Gobierno de España en el País Vasco, Javier de Andrés, ha pedido un “acuerdo político” en las Cortes Generales que haga “viable” la aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2018. Todas las miradas se posan en el papel decisivo de los cinco diputados del PNV, que tienen en su mano que prospere el proyecto del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Dirigiéndose expresamente a la formación nacionalista, De Andrés ha reclamado que no “bloquee” unas cuentas con muchos guiños a Euskadi -como un incremento del 33% en la inversión directa prevista- y que ha definido como “una oportunidad para todos los vascos”.

En una rueda de prensa para presentar el detalle del proyecto del Gobierno central para Euskadi, el delegado, que forma parte de las conversaciones entre el PP y el PNV, ha subrayado que en 2017 fue posible el entendimiento y que los acuerdos económicos alcanzados el pasado año “se están cumpliendo”, como ha podido constatar la comisión de seguimiento que se reúne trimestralmente. También ha destacado que el PP posibilitó la aprobación de las cuentas del Gobierno vasco de PNV y PSE-EE. “Ojalá se reeditase”, ha deseado para añadir: “No entiendo por qué tendría que afectar Catalunya al País Vasco”. El PNV ha fijado como condición 'sine qua non' no ya para aprobar las cuentas sino incluso para debatir sobre ellas que se suspenda la aplicación del 155 de la Constitución en Catalunya.

Los presupuestos, ha reflexionado De Andrés, “no sólo son las cifras”, sino la “estabilidad” que acarrean. Quizás los proyectos reflejados, especialmente las obras del AVE, no quedarían en el cajón con el 'no' del PNV, pero sí podría haber “retrasos” en su ejecución, ha explicado. Ha apuntado que 509 millones de inversiones suponen la generación de hasta “7.000 empleos” en Euskadi en 2018 y ha sugerido que todo ello podría quedar en el aire ante la falta de entendimiento político.

Cuando se apela a la “estabilidad” también se deduce una cierta inquietud ante un posible escenario de elecciones anticipadas en España en caso de que el PNV deje caer estos presupuestos de Rajoy. En privado, nadie niega que el ascenso de Ciudadanos lastraría al PP, pero también son muchas las voces que entienden que los nacionalistas vascos no desean semejante panorama. Ciudadanos se ha mostrado contrario al Concierto Económico -llama “cuponazo” al acuerdo para rebajar la aportación vasca alcanzado entre PNV y PP en 2017- y la capacidad de influencia de los 'jeltzales' en las Cortes Generales se reduciría a la mínima expresión si el interlocutor fuese el partido de Albert Rivera. Mientras, el independentismo catalán ha insistido al PNV a que haga valer su fuerza en Madrid para no dar aire al Estado mientras siga vigente el 155, como manifestó Eduard Pujol de Junts per Catalunya en el Aberri Eguna de Bilbao.

El AVE, “inaugurado” en 2023

En su rueda de prensa, el delegado del Gobierno ha hecho un recorrido por el detalle de las principales partidas que afectan al País Vasco en los presupuestos generales. En inversiones, Euskadi recibiría de aprobarse estas cuentas 509 millones, casi un 33% más que en 2017. A ello hay que sumar las inversiones del Gobierno vasco que financia el Estado vía Cupo (168 millones este año) y las posibles mejoras derivadas de la negociación hipotética con el PNV, como por ejemplo la reforma del entorno del nuevo Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria.

La letra pequeña del proyecto económico del Gobierno, como adelantó este periódico, muestra que la inversión más importante, las obras del AVE, no estaría lista hasta 2024, mientras que la conexión hacia el Sur se pospondría hasta 2025. Ésa es la fecha oficial recogida en la documentación oficial entregada por el Ejecutivo a las Cortes Generales y enmienda la promesa política del PP de que la alta velocidad esté en Euskadi en 2023.

De Andrés ha insistido en esa fecha. “Queremos inaugurar en 2023”, ha remarcado. Preguntado por más concreciones, ha indicado que la denominada 'Y vasca' que une las tres capitales estará “en 2023”, como también los accesos a las nuevas estaciones de las ciudades. “Está proyectado para 2023. Se mantiene la fecha que hemos venido dando”, ha querido reiterar el delegado del Gobierno.

El Gobierno de España ha entregado este martes en las Cortes Generales el proyecto de presupuestos para 2018, cuya aprobación sigue en el aire entre otros factores por el 'no' del PNV hasta que se suspenda la aplicación del 155 de la Constitución a las instituciones catalanas. Si se territorializan las inversiones, Euskadi es la tercera comunidad en que más crece la aportación estatal hasta alcanzar los 509 millones de euros (por 385 de 2017). La letra pequeña del documento, en cambio, puede generar una nueva tormenta política: la llegada del AVE sufre el enésimo retraso y del últimamente prometido 2023 se pasa a 2024 y 2025.

Ya advirtió el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en una visita a la estación central de Vitoria, que el plazo de 2023 resultaba “ajustado”. Eso fue en junio del pasado año. Pero todavía el pasado mes de marzo se mantenía 2023 como horizonte para la entrada en funcionamiento de la 'Y vasca', como reiteró De la Serna en la presentación del plan para soterrar el ferrocarril en su entrada a Bilbao. En cuanto a la conexión con Navarra, oficialmente se publicitó la misma fecha.

Ahora, el proyecto de presupuestos, además de un calendario de inversiones, recoge como fecha de “fin” de las obras 2024 para la 'Y vasca' y para el enlace con Pamplona, que en principio se realizará vía Vitoria y no por Ezkio. En cuanto a la conexión hacia Madrid vía Burgos, el calendario presupuestario habla de 2025. En ese año habrán pasado ya más de dos décadas desde que se anunciaran estas obras.

Sea como fuere, y fruto del acuerdo del pasado año entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el PNV, la inversión de la sociedad pública Adif crece de manera importante en Euskadi de cara a 2018. Sólo para las obras de los corredores de alta velocidad se destinarán 64 millones a Álava, 112 a Bizkaia y 122 a Gipuzkoa. En total, unos 298 millones. En las cuentas de Castilla y León consta también una partida de 17,4 millones para la unión con Euskadi y en Navarra aparecen otros 26,6. A ello hay que sumar el dinero que se devuelve al Gobierno vasco, que construye gran parte del ramal guipuzcoano y que descuenta el coste de las obras del Cupo que se abona anualmente al Estado. Adif, asimismo, destina otros aproximadamente 35 millones a la red convencional, a los que se suman 16 para Renfe. 

En cuanto a los aeropuertos, Aena reserva casi 18 millones para mejoras en Loiu, 7 para Foronda y unos 2 millones para Hondarribia. Más potente es la inversión prevista en los puertos del Estado: 49 millones en Bilbao y 15,5 en Pasaia. 

Otra partida muy importante son los 24,7 millones destinados a la construcción de la cárcel de Zubieta en Gipuzkoa, llamada a sustituir al viejo penal de Martutene. En total, se estima en 105 millones la inversión total y se prevé la finalización de las obras en 2020. El Ministerio del Interior, igualmente, prevé algunas reformas menores en dependencias de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Finalmente, el futuro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria recibirá 0,9 millones.

Otra inversión del Estado es la partida de 11,2 millones para la subsede de la fuente de neutrones por espalación (ESS Bilbao). Asimismo, son abundantes las partidas para costas, regadíos y otras infraestructuras hidráulicas y agrarias. En Burgos, por cierto, se destinan 4 millones para el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña.

Desaparece, eso sí, la aportación estatal a la reforma de la catedral de Santa María de Vitoria, al menos la partida existente en 2017 del Ministerio de Fomento. Este miércoles el delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, comparecerá ante los medios de comunicación para dar todos los detalles del presupuesto territorializado.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 vuelven a ignorar a la Memoria Histórica. En el proyecto presentado por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro no hay rastro de partidas económicas destinadas a exhumaciones de fosas comunes y otras medidas de reparación a los represaliados tras el golpe de Estado y durante la guerra civil o la dictadura.

La idea del presidente Mariano Rajoy, “cero euros” para la Memoria Histórica, repite como el estandarte que enarbola, un año más, ante las víctimas del franquismo. El Gobierno conservador repite estrategia para dejar en blanco, y sin efecto, la Ley 52/2007 y caminando hacia una segunda legislatura completa de olvido a las víctimas del franquismo.

El presupuesto estatal para Memoria Histórica estaba destinado de forma principal a financiar intervenciones arqueológicas para recuperar a algunos de los al menos 114.226 represaliados que yacen en las más de 2.500 fosas comunes repartidas en suelo español. Hasta la llegada de Rajoy, que ha convirtiendo en una tónica repetitiva la eliminación de estas cuantías económicas.

“Cero euros” a la Memoria

El primer año del Gobierno Rajoy (PP) ya redujo en casi un 60 por ciento la cuantía que destinó el curso anterior el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). El Ministerio de la Presidencia dirigido por Soraya Sáenz de Santamaría redujo el presupuesto, pasando de 6,2 millones en 2011 a 2,5 millones en 2012.

Ese mismo año, el Consejo de Ministros aprobó la supresión de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, el organismo creado la legislatura precedente para coordinar las exhumaciones de fosas franquistas, para integrarla en un departamento más genérico del ministerio de Justicia, la División de Derechos de Gracia y otros Derechos.

Un año más tarde, en 2013, Rajoy directamente suprimió la partida presupuestaria destinada a Memoria Histórica. El presidente del Gobierno ha cumplido una legislatura completa de olvido y camina con paso firme hacia un segundo mandato de ninguneo a las víctimas del franquismo. Con esos “cero euros” que prometió para derogar en la práctica la legislación memorialista.

Programa sobre ‘La Transición’

No hay dinero público para exhumaciones, por tanto. Una tarea recomendada por Naciones Unidas y a la que hacen frente algunas regiones, asociaciones de derechos humanos e incluso la justicia argentina. Como dijo el actual portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, en una frase que ejemplifica la visión conservadora sobre el asunto: las víctimas del franquismo “se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarle”.

La embestida de Hernando cosechó una denuncia de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) aunque el político popular, más allá de pedir perdón, insistió en la acusación. El único punto donde los PGE 2018 tocan de forma tangencial esta cuestión es la actualización de las prestaciones económicas “a las personas de origen español desplazadas al extranjero durante la guerra civil”, al amparo de la Ley 3/2005.

Del mismo modo, la disposición adicional 71 cita la aplicación de beneficios fiscales para poner en marcha el programa ‘La Transición: 40 años de Libertad de Expresión’. Aunque no quedan concretadas las “actividades específicas” a realizar, el apoyo a dicha iniciativa –prevista del 1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2020– está justificada por su consideración de “acontecimiento de excepcional interés público”.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha registrado este martes en el Congreso de los Diputados el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Como lleva ya haciendo unos años en estas clásicas y multitudinarias presentaciones, el ministro ha definido los Presupuestos como “los más sociales de la Historia”. El motivo es que va subiendo el capítulo dedicado al gasto social, tanto por el problema del desempleo como por el envejecimiento de la población. Pero en lo que concierne a este ejercicio, los presupuestos contemplan un crecimiento económico del 2,7% y una subida del techo de gasto del 1,3%. Ello sitúa el gasto público en el 41% del PIB, el más bajo desde 2007. En cuanto al gasto social, aumenta un 2,8%. El gasto social sin la partida de desempleo sube un 3,5%. El PIB nominal, que es con lo que se debe comparar, crece un 4,30%.

Según el Gobierno, precisamente esto permitirá cumplir la previsión de déficit público del 2,2% del PIB, y así salir del procedimiento de déficit excesivo de Bruselas.

“No hay recortes, hay un crecimiento del gasto, aunque menor que lo que crece el PIB”, ha dicho Montoro sobre el techo de gasto, ironizando con los conocimientos de “un doctor en Economía” como el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ya ha adelantado que no prestará los apoyos de su grupo parlamentario para que el Gobierno solvente los problemas por la situación en Catalunya de sus socios del PNV. Por el momento, tan solo Ciudadanos ha anunciado que apoya estas cuentas, y de hecho ha protagonizado un peculiar tira y afloja con el Gobierno para atribuirse las medidas más populares, como la subida de pensiones mínimas o de sueldos públicos.

Precisamente, en la presentación ante los medios, Montoro ha dedicado su intervención inicial sobre todo a llamar a la “responsabilidad” a los grupos de oposición, que de momento no le garantizan la aprobación de la ley. “Son unos presupuestos para los pensionistas y los empleados públicos”, ha afirmado Montoro.

De hecho, estos dos colectivos son los principales receptores de las “zanahorias” del Gobierno, con una subida de las pensiones mínimas y no contributivas del 3% en el primer caso (la subida parte del mínimo del 0,25%). En cuanto a los funcionarios, se incrementan un 1,75% las retribuciones y se inicia la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil. Este anuncio se produce después de las masivas manifestaciones y protestas organizadas por asociaciones de jubilados y sindicatos para protestar por la caída de poder adquisitivo de sus prestaciones.

“La política presupuestaria es la misma que está permitiendo la salida de la peor crisis económica”, ha asegurado Montoro, que ha confiado en que “vamos a mantener una recaudación tributaria creciendo al menos igual que el año pasado”. El Gobierno prevé que los ingresos tributarios aumenten un 6% hasta los 210.015

millones, máximo en la serie histórica, pese a introducir una rebaja del IRPF (se eleva el umbral de tributación de 12.000 a 14.000 euros anuales). En los anteriores presupuestos la previsión de recaudación se desvió en unos 7.000 millones de euros. El ministro ha explicado que la presión fiscal prevista en estos presupuestos es del 38,3%, “suficiente para bajar el déficit público”, según el ministro.

Esta rebaja del principal impuesto ya fue adelantada por Montoro hace un año cuando afirmó que se aprobaría antes de las elecciones generales: “Hay que guardar zanahorias para la negociación”, explicó entonces.

Estos presupuestos, presentados a un año de las elecciones municipales y autonómicas, y con Ciudadanos superando al PP en las encuestas, resultan poco creíbles en sus previsiones de ingresos y gastos para la mayoría de los agentes económicos, desde la patronal CEOE a los sindicatos. Al mismo tiempo, tanto el PSOE como Unidos Podemos ya han advertido de que las medidas anunciadas les resultan insuficientes. Montoro ha asegurado que el “plan A” del Gobierno es aprobar los presupuestos.

Además, las Administraciones Territoriales recibirán un total de 123.250 millones

de euros en concepto de recursos del sistema de financiación, 4.248 millones más que en 2017. De esta cuantía, las comunidades autónomas recibirán 105.020 millones de euros, 4.000 millones más, y las entidades locales 18.230 millones, lo que supone 248 millones más.

En cuanto a la deuda pública, el Gobierno prevé que termine el año en el 97% del PIB, por debajo del 98,4% de 2017. Se prevé también la emisión bruta por parte del Tesoro Público de unos 215.327 millones de euros. Los intereses de la deuda llegarán a 31.547 millones.

El Gobierno ha aprobado un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 del que ha dado algunos detalles, como una subida de las pensiones mínimas de hasta el 3% y una rebaja de impuestos supuestamente compatible con la consecución de los objetivos de déficit público. Los detalles del texto se conocerán el día 3 de abril, por ejemplo si las partidas sociales suben o bajan, aunque el borrador que envió el Gobierno a Bruselas hace unos meses indica lo segundo.

Sí se ha desvelado el escenario macroeconómico en el que basan estos Presupuestos, y que parte del reconocimiento de una gran volatilidad en sus propias previsiones.

En octubre pasado recortaron tres décimas la previsión de crecimiento previsto del PIB, del 2,6% al 2,3%, por el impacto de la crisis catalana, en medio de terribles amenazas sobre el desastre que se cernía sobre la economía. Pero solo seis meses más tarde elevan la subida esperada de PIB al 2,7%. Con este gesto, además, logran cuadrar un presupuesto que pretende cumplir el objetivo de déficit bajando impuestos y con mayor gasto.

Este martes, el nuevo ministro de Economía, Román Escolano, afirmaba que la “recuperación y normalización” de la actividad económica en Catalunya (que achacó a la intervención de la autonomía vía el artículo 155 de la Constitución), junto a factores como el aumento de la inversión empresarial, permitía elevar de un modo tan acusado la previsión de crecimiento. Su antecesor en el cargo, Luis de Guindos, hablaba en noviembre de un impacto del procés de 5.000 millones que este mes de enero rebajó a 1.000.

También el Banco de España recientemente elevó tres décimas, hasta el 2,7% del PIB, su previsión de crecimiento para España por el mismo motivo. Añadían: “aunque se ha percibido recientemente un cierto descenso de la incertidumbre, no se puede descartar un rebrote de las tensiones, que impactaría negativamente sobre la confianza y la actividad”, sobre todo en esta comunidad autónoma. El organismo llegó a prever un eventual impacto de la crisis catalana de 30.000 millones entre 2018 y 2019 en el peor de los escenarios.

Lo cierto es que a pesar de todas las previsiones catastrofistas, el PIB catalán creció en 2017 un 3,3%, dos décimas por encima de la media española (3,1%). En ambos casos se crece dos décimas menos que en 2016. Y ello a pesar de mensajes como el de la ministra Empleo, Fátima Báñez, alertando de los riesgos de “recesión” en la comunidad autónoma.

Otro indicador relevante de la marcha de la economía es el empleo. Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), elaborada por el INE, en el cuarto trimestre de 2017 el número de vacantes en España se situaba en 74.737, el 90,3% en el sector Servicios. Catalunya encabeza el ránking (18.892), seguida de Comunidad de Madrid (18.000) y Comunidad Valenciana (7.586).

Además, el pasado febrero, Catalunya lideraba las altas en la Seguridad Social (24.263, seguida de Madrid, 14.481, y Baleares, 14.034).

Otra de las grandes imágenes de la crisis catalana, la del traslado de sede social de las empresas (llegaron a ser unas 3.000) de momento se ha quedado en un gesto más simbólico que con impacto económico, al menos mientras las sedes físicas se mantengan en aquella comunidad autónoma, como ocurre en la mayoría de los casos.

No obstante, algunos expertos alertan de que los efectos de la crisis política podrían notarse más adelante, y mostrar sus peores efectos en el primer semestre de 2018. Por ejemplo, BBVA Research habla de un crecimiento para el primer trimestre en Cataluña del 0,7%, una tasa menor que el 0,8% del conjunto de España.

De hecho, esta semana el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado que Catalunya registra la mayor caída de las ventas del comercio minorista en febrero respecto al mismo mes del año anterior, con una reducción del 0,8%. Junto a Castilla y León, con el 0,1%, es la única comunidad en tasas negativas. El conjunto de España registra un crecimiento del 2,2%.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó el pasado enero una décima la subida esperada de PIB (hasta el 2,4%), de nuevo por la “incertidumbre” de la situación catalana. Habrá que esperar algunos meses aún para que se calcule el verdadero impacto económico de esta crisis política, aunque por el momento la tendencia parece ser minimizarlo después de haberlo exagerado.

Catalunya ha sido una pieza clave en la negociación de los Presupuestos desde la reinstauración democrática. Tanto Felipe González como José María Aznar necesitaron de los apoyos de Jordi Pujol cuando les faltaban votos para sacar adelante sus cuentas. Dos décadas después del pacto del Majestic, Catalunya está siendo decisiva, pero precisamente para impedir la aprobación de los Presupuestos.

La vigencia de la intervención de Catalunya por la vía del artículo 155 de la Constitución mientras no haya Govern hace imposible el visto bueno del PNV, partido cuyo concurso en la aprobación de las cuentas ha sido recurrente tanto en gobiernos del PP como del PSOE.

El líder del PNV, Andoni Ortuzar, quien tiene una relación “buena y fluida” con el presidente del Gobierno, le ha dejado claro a Mariano Rajoy el por ahora inviable apoyo de los peneuvistas a las cuentas que el Ejecutivo aprobadas este martes en un Consejo de Ministros extraordinario tras pactarlas con Ciudadanos. Ortuzar le ha explicado a Rajoy que el PNV no va a ceder en materia presupuestaria -de hecho, los peneuvistas mantienen su negativa incluso a ponerse a discutir sobre aspectos concretos de las Cuentas de 2018- mientras la espada de Damocles del 155 siga sobrevolando por encima de las cabezas de los políticos catalanes y sus instituciones de autogobierno. “Ya le hemos dicho a Rajoy que vamos a cumplirlo a rajatabla. Nosotros no somos como Rivera, que cambia de opinión cada día. Con la excepcionalidad del 155 sobre Catalunya no es posible empezar a negociar los Presupuestos. No estamos dispuestos a legitimar la aplicación del 155 en Catalunya sumando nuestros votos a los del PP y Ciudadanos”, remarcan las mismas fuentes.

Esos votos, del PP y Ciudadanos, se dan por descontado tras el acuerdo, a pesar de que los dos partidos llevan dos días pugnando por quién se pone la medalla de las medidas sociales acordadas y lanzándose codazos a través de las redes y los medios de comunicación, como el tuit de este martes por la mañana del diputado del PP por Lugo, Jaime de Olano.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha elevado un punto [del 2% al 3%] la subida máxima de las pensiones anunciada ayer por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en la presentación de su acuerdo con el Gobierno para aprobar el presupuesto. Preguntado por la diferencia, Montoro ha insistido en que el proyecto de presupuestos “en democracia es prerrogativa del Gobierno” y no de un grupo político “aunque bienvenido el apoyo”. De lo que habló ayer Rivera era de medias (la subida es de entre un 1% y un 2,5%), y hoy el Gobierno ha desgranado la propuesta. Ayer Montoro fue aún más crítico con el partido de Rivera, que se ha atribuido las medidas más sociales de los presupuestos.

Rivera ofreció el lunes una rueda de prensa para presentar el acuerdo presupuestario con el PP en la que se ha atribuido lograr pactar no solo una rebaja en el IRPF que afectará a más de 7,2 millones de pensionistas, sino una subida de un 2% de las pensiones –por encima del IPC– que beneficiará a los jubilados que ingresen entre 600 y mil euros y también a las pensiones de viudedad más bajas.

“Aquí hemos venido a hablar de la política presupuestaria del PP”, ha zanjado Montoro cuando se le ha preguntado por estas cifras en la rueda de prensa que estaba ofreciendo para presentar la ejecución presupuestaria de 2017. Con tono molesto, ha explicado que “Ciudadanos es un recién llegado a la arena” y que su “aportación al ajuste” por el que España ha conseguido cumplir con los objetivos de déficit y rebajar impuestos ha sido “su apoyo al presupuesto de 2017 y ahora al 2018” y “su apoyo al PP, que lleva desde 2011 gobernando España”, ha recordado. “Esto de que llegaron unos y se bajaron los impuestos... No entiendo este lenguaje”, ha dicho.

Al propio Albert Rivera le ha “invitado” a “hablar de déficit” ya que “nunca” le oye comentar este asunto: “Supongo que Rivera celebrará que se cierre el déficit de 2017 en el 3,07% del PIB”, ha ironizado.

No obstante, ha dado la bienvenida al apoyo comprometido por la formación de Rivera, y ha lanzado un “agradecimiento apriorístico” al resto de los grupos cuyo respaldo necesitan para evitar que les devuelvan las cuentas. “Pretendemos obtener los apoyos de los mismos grupos político que en 2017”, es decir, del PNV, CC, Foro Asturias, UPN, y PAR.

Pero, de momento, los Presupuestos encallan con Catalunya. Y quienes los han pactado pugnan por ponerse la medalla de las medidas más sociales.

El Gobierno de España emitió el 22 de febrero un informe en el que advertía de que las mejoras retributivas previstas en los presupuestos vascos de 2018 -básicamente una subida salarial para los 70.000 funcionarios del 1,5% más aportaciones a la EPSV Itzarri hasta el 1%- superaban los límites fijados por la normativa básica estatal para el personal al servicio de la Administración en toda España. Se da la circunstancia de que pocos días después, el 9 de marzo, el ministro Cristóbal Montoro y los sindicatos pactaron un marco de subidas por encima del 8% entre 2018 y 2020, medidas que se empezarán a concretar este martes en el proyecto de presupuestos generales. Sin embargo, la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales no ha modificado su posición y comunicó el 19 de marzo a Euskadi su intención de acudir al Tribunal Constitucional (TC) -previa apertura de una negociación bilateral con un plazo de seis meses- para bloquear unas mejoras a los empleados públicos que en parte ya se han activado.

El portavoz del Gobierno autonómico y titular de la cartera de Función Pública, Josu Erkoreka, ha calificado la “amenaza” de abrir un contencioso en esta materia como un “gesto inamistoso” por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Ha denunciado que el Estado no permita a Euskadi adoptar medidas que el propio Montoro tiene previstas y ha asegurado, sin vincularlo directamente con una posible negociación de las cuentas del Estado entre el PP y el PNV pero sí de manera colateral, que queda rota la “confianza” y la “amistad” entre instituciones. “No crea un buen clima”, ha repetido el consejero-portavoz en varias ocasiones.

Erkoreka ha añadido que “como es sabido” las cuentas autonómicas que prevén estas mejoras salariales para el personal “fueron ratificadas en el Parlamento con el voto favorable del PP”. Es cierto que el PP firmó un acuerdo económico con el Gobierno de PNV y PSE-EE pero los 'populares' se quedaron en la abstención en la votación definitiva de la ley presupuestaria.

También ha destacado el portavoz que “alguna otra comunidad autónoma tiene previsiones muy parecidas”, en referencia a Castilla y León, en manos también del PP. Hasta la fecha, no consta que esta región haya recibido un aviso semejante desde el Gobierno central. El plazo para que se hiciera efectivo el anuncio de un recurso ante el Constitucional expiraría el miércoles 28 de marzo, a los tres meses de la promulgación de la ley económica.

El Parlamento Vasco -cuyos presupuestos van dentro de la ley del Gobierno pero que no han sido incluidos entre los artículos cuestionados por el Estado- también preveía esas mejoras e incluso elevaba al 3,5% las aportaciones a la EPSV. Fuentes de la Presidencia de la Cámara indican que no les consta que haya habido ninguna advertencia en este sentido. De hecho, existe un precedente de trato diferenciado al Ejecutivo y al legislativo: los alrededor de un centenar de trabajadores de la institución no perdieron su paga extraordinaria en 2012 y el Gobierno central nunca recurrió esa decisión, mientras que los 70.000 funcionarios autonómicos han terminado de recuperar ese dinero en 2017.

Euskadi mantendrá el pago a Itzarri

Según Erkoreka, la “incomprensible” advertencia del Estado genera “inseguridad jurídica” entre los afectados. De momento, la decisión política es continuar con las aportaciones a Itzarri iniciadas en enero. En cuanto a la subida del 1,5%, de momento no estaba aplicada a la espera precisamente de la habilitación estatal, bien en forma de presupuestos o bien mediante un decreto-ley específico. El calendario orientativo marcaba abril como una fecha posible para la mejora retributiva -en 2017 el 1% se aplicó en septiembre-, si bien ahora la intención es reunir a los sindicatos de la mesa general de la función pública para analizar el nuevo escenario.

La normativa del Tribunal Constitucional da un margen de seis meses para que las partes acuerden la interpretación de los artículos recurridos antes de que la corte de garantías analice el fondo del asunto. De agotarse ese plazo sin acuerdo, la admisión a trámite del recurso supondría la suspensión automática de los artículos relativos a las mejoras salariales de los funcionarios.