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El Gobierno aplicará de manera unilateral la subida salarial a los funcionarios, que costará 80 millones

Asegura que retoma las aportaciones a Itzarri "prohibidas" por el Estado en 2012, aunque desde 2014 ya eran posibles precisamente por un acuerdo del PNV con el PP

Los sindicatos lamentan que no se recupere el poder adquisitivo perdido en la crisis y UGT añade que Euskadi ha "tomado el pelo" a los empleados públicos en los últimos años

Andrés Zearreta, con los medios de comunicación tras las reunión de la mesa general

Andrés Zearreta, con los medios de comunicación tras las reunión de la mesa general IREKIA

La mayor capacidad económica con que contará el Gobierno vasco en los presupuestos de 2018 a pesar de la reducción del margen de déficit y del incremento del coste de la deuda permitirá al Ejecutivo de Iñigo Urkullu abordar la mayor subida salarial para los 70.000 funcionarios autonómicos desde el inicio de la crisis, lo que se traducirá en una mejora lineal del 1,5% para todo el personal más un 0,5% en aportaciones a la EPSV Itzarri. La operación tendrá un coste de 80 millones de euros y será asumida de manera unilateral por el Gobierno ante la falta de acuerdo con los sindicatos, que consideran insuficientes estas cifras ya que no revierten todos los recortes y congelaciones de la última década.

Los representantes de Función Pública y los sindicatos se han reunido este jueves en Vitoria en el marco de la mesa general de negociación de la Administración de la comunidad autónoma de Euskadi, cita celebrada en un contexto de protestas sindicales y que se ha saldado sin fumata blanca. Tras el encuentro el viceconsejero de Función Pública, Andrés Zearreta, ha anunciado que se aplicará la propuesta inicial del Ejecutivo y ha criticado que “estas semanas de reuniones y negociación se hayan saldado sin acuerdo sindical". "Creo, sinceramente, que un acuerdo habría sido más beneficioso para el conjunto del personal que trabaja en esta Administración”, ha apuntado.

La mejora retributiva del 1,5% más el 0,5% de Itzarri se incorporarán al denominado capítulo I (gastos de personal) de las cuentas autonómicas de 2018, cuyo proyecto será presentado el próximo martes 24 de octubre tras el Consejo de Gobierno. De estas mejoras se verán beneficiados los alrededor de 70.000 funcionarios autonómicos y tendrán un coste de 80 millones de euros, aproximadamente. 

En relación a la EPSV Itzarri, creada en 2004 como una mejora salarial en diferido, el Gobierno ha señalado que se retoman unas aportaciones "prohibidas" desde 2012 por la normativa estatal. Efectivamente, en ese año, entre otros recortes, el Ejecutivo de Mariano Rajoy decretó la imposibilidad de continuar nutriendo esa hucha de los empleados públicos con el ánimo de limitar el déficit. Sin embargo, en 2013 el PNV anunció públicamente que había pactado con el PP en las Cortes Generales el levantamiento de ese veto

El Gobierno vasco no hizo uso de esa posibilidad en los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017. En paralelo, en 2014 435 de los 474 contribuyentes de Elkarkidetza -la EPSV de las entidades locales vascas- sí estaban cumpliendo sus convenios con los trabajadores públicos, incluidas las Diputaciones de Álava (PP), Bizkaia (PNV) y Gipuzkoa (EH Bildu). De los 80 millones que supondrán las mejoras a las funcionarios, el 0,5% de Itzarri serán 17 millones. Fueron 93 millones de euros, aproximadamente, los que supuso esta partida en el último año en que se aplicó

Por otro lado, según ha informado Zearreta, el Gobierno mantiene en 13.500 el número de plazas de empleo público se sacará a oposición en esta legislatura, lo que "permitirá la consolidación y estabilización del empleo en todos los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía". En este sentido, a pesar de la falta de sintonía con los sindicatos, el viceconsejero les ha hecho un llamamiento para que “en las diferentes mesas de negociaciones sectoriales, se pueda llegar a un acuerdo que permita definir, entre todos y con exactitud en cada sector, el número y tipo de plazas que se van a ofertar”.

Duras reacciones sindicales

La oferta del Gobierno no ha satisfecho a los sindicatos. La central mayoritaria, ELA, ha apuntado que los salarios de los empleados públicos "siguen estando por debajo de lo establecido en el convenio del 2010". Además, insiste en que un incremento del 1,5% no cubre ni de lejos una pérdida de poder adquisitivo "que alcanza el 15%" desde el inicio de la crisis. Asimismo, también considera que la OPE de 13.500 puestos tampoco permitirá la "recuperación de los 17.500 empleos públicos destruidos en los últimos años". LAB ha denunciado, por su parte, la "falta de voluntad para negociar" del Ejecutivo, que "ha hecho oídos sordos" a las reclamaciones de los sindicatos. 

En un comunicado, CCOO ha apuntado también que el Ejecutivo de Urkullu "ha cerrado en falso y sin acuerdo" la negociación laboral con los funcionarios. "[La propuesta que se aprobará el martes] Sigue condenando a este colectivo a seguir perdiendo poder adquisitivo puesto que tan sólo establece una subida salarial del 1,5%, insuficiente para hacer frente a las perdidas acumuladas desde 2010", indica la central ahora dirigida por Mari Cruz Vicente. 

Arantza Agote (UGT) ha querido incidir en que el Gobierno ha "tomado el pelo" a los sindicatos y a la opinión pública en los últimos años cuando negaba mejoras salariales con la excusa de que los presupuestos generales del Estado preveían políticas más restrictivas. "Si quieren, pueden", ha remarcado Agote, que incide en que este año se han puesto ya números sobre la mesa sin que esté claro, ni siquiera, que el Estado vaya a contar con cuentas aprobadas por la crisis de Cataluña.

Finalmente, el sindicato Erne, mayoritario en la Ertzaintza, ha valorado que la recuperación de Itzarri no cubre "ni de lejos" las cantidades que se suspendieron en su momento, del 1,5%. Erne se encuentra "en espera de sentencia" ya que recurrió este asunto ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para reclamar la devolución de esas cantidades recortadas. Según su secretario general, Roberto Seijo, aunque las demandas se refieren a los funcionarios de la Policía vasca, "serían extensibles a los 70.000" empleados del conjunto de la Administración. Con las cifras del Gobierno, si un 0,5% son 17 millones, el 1,5% serían 51 anuales.

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