El Tribunal Constitucional ha avalado este jueves, por unanimidad, el cálculo del valor de referencia catastral en la aplicación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales (ITP). El Pleno ha rechazado así que este vulnere el principio de capacidad económica de los consumidores.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había elevado al Constitucional a comienzos de mayo de 2025 una cuestión de inconstitucionalidad sobre el “empleo de un método de cálculo masivo, que se basa en una metodología críptica, inasequible para el contribuyente medio y cuyos parámetros no están contenidos en ninguna ley”.

El valor de referencia catastral, actualizado en 2022, es el parámetro que Hacienda aplica como base imponible para calcular impuestos como el de Transmisiones Patrimoniales (ITP) o el de Sucesiones y Donaciones, y se basa en estimaciones estadísticas realizadas por la Administración.

El Tribunal Superior de Justicia andaluz planteaba la posible ausencia de una justificación objetiva y razonable al haber renunciado el legislador “a la singularización de la valoración de los inmuebles, optando por fórmulas universales y abstractas, que ignoraban las circunstancias individuales de cada inmueble”, indica la nota. A su juicio, el citado valor no respondería al principio de capacidad económica por no ser acorde con el valor real consignado en la operación traslativa realizada.

Sin embargo, los magistrados del Constitucional consideran que la estimación del valor de los bienes inmuebles a través de su “valor de referencia”, fijado por la Dirección General del Catastro, como método indiciario de valoración, “no solo somete a tributación una fuente de capacidad económica, sino que lo hace mediante una adecuada medición de la riqueza gravada”. Existe de este modo una “razonable conexión entre el hecho y la base imponible del impuesto”; por eso, su adopción como método estimativo de valoración “no puede considerarse arbitraria”, al responder a una justificación objetiva y razonable.

Esto implica que su empleo permite simplificar el cálculo, reducir la litigiosidad y evitar el fraude fiscal, y guarda “una estrecha relación con la realidad económica que pretende cuantificar”. Asimismo, en aquellos casos en los que pudiera haberse producido una desviación respecto del valor de mercado, está legalmente prevista su corrección.

Para los magistrados se trata de un sistema de cuantificación objetiva de capacidades económicas potenciales que cuenta con una justificación razonable y suficiente desde el punto de vista constitucional. No solo grava valores medios o potenciales cercanos a los de mercado que son susceptibles de individualización para cada inmueble en atención a sus características específicas, sino que se trata de un sistema “abierto a su contradicción” que permite acreditar, sin límite probatorio de ninguna clase, un valor distinto. De este modo, se puede corregir si fuera necesaria “una más exacta determinación de la base imponible del impuesto”.

No se trata de unas “estimaciones genéricas que desconozcan la necesaria singularización en atención a las características extrínsecas e intrínsecas de los bienes inmuebles objeto de valoración”, considera el Constitucional, por lo que no es un sistema cerrado de valoración que resulte inaccesible a los contribuyentes.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado la puesta en marcha de una medida específica de modificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones dirigida a la continuidad de empresas familiares, incluidas las agrícolas, negocios profesionales y participaciones en sociedades holding.

Se trata de la supresión de este gravamen a través de la bonificación del 99% hasta el cuarto grado de parentesco, extendiéndose además a todos los herederos cuando el fundador esté jubilado.

Así se ha manifestado durante la clausura de la Asamblea General de la Asociación Valenciana de Empresarios donde el jefe del Consell ha destacado que las empresas familiares “suponen más del 90% de la actividad empresarial de la Comunitat Valenciana y generan en torno al 80% del empleo y del PIB” al tiempo que ha señalado que, desde la Generalitat, “estamos fortaleciendo nuestras clases medias trabajadoras bajándoles los impuestos para profundizar en la justicia social de la Comunitat Valenciana”.

En este sentido ha puesto en valor que este año alrededor de un millón de personas con bases liquidables de hasta 60.000 euros en declaración individual o 78.000 euros en conjunta podrán deducir en el IRPF gastos relacionados con dentista, óptica, deporte, enfermedades raras o crónicas y salud mental.

Además, se ha bonificado el impuesto de sucesiones y donaciones al 99% entre hijos, cónyuges y padres, y se aplicará una bonificación del 25% entre hermanos y sobrinos en 2026, que llegará al 50% en 2027. También se ha reducido el tipo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 10% al 9%, y el tipo superreducido para jóvenes menores de 35 años que compran su vivienda habitual ha bajado del 8% al 6% y en Actos Jurídicos Documentados se ha bajado el tipo general del 1,5 al 1,4%.

Estabilidad, continuidad y confianza

Durante su intervención, el president de la Generalitat ha abogado por una política que garantice la estabilidad y la confianza, “conceptos clave para cualquier sociedad moderna y sin los que no hay seguridad, algo clave para la inversión, el crecimiento y la creación de empleo”.

Así, ha incidido en la necesidad de que cada uno de los actores implicados “haga lo que mejor sabe hacer: los empresarios crear riqueza, los ciudadanos vivir de su esfuerzo en libertad y las administraciones garantizar la convivencia de todos”.

Sobre esto, ha destacado que, desde la Generalitat, “se han abierto vías de diálogo, escuchando activamente a los ciudadanos en la calle y llegando a acuerdos con aquellos que han respetado la continuidad del proyecto político de cambio que llegó a la Comunitat Valenciana hace dos años ”.

Asimismo, ha trasladado su apuesta por la construcción de alianzas con la ciudadanía porque “es imprescindible la existencia de una sociedad civil estructurada que canalice demandas sociales de forma independiente, sin más pretensión que mejorar los resultados de lo que es para todos” al tiempo que ha trasladado la importancia de avanzar en la colaboración público-privada para “conseguir una mayor efectividad de la acción pública para asumir los retos de futuro”.

El jefe del Consell ha subrayado el papel de la Asociación Valenciana de Empresarios, “relevante en la sociedad valenciana y buen ejemplo de liderazgo, constancia y compromiso con las distintas reivindicaciones de nuestra tierra como la innovación empresarial, el Corredor Mediterráneo o la exigencia de un modelo de financiación autonómico justo”.

En esta línea, ha manifestado que, el modelo de financiación presentado por el Gobierno de España, “sigue siendo injusto con los cinco millones y medio de españoles que viven en esta tierra, por lo que el Consell no va a ceder al chantaje que se nos ha planteado ya que esta nueva propuesta propone seguir aportando menos a cada ciudadano de la Comunitat Valenciana que la media nacional y no reconoce nuestra infrafinanciación”.

Política útil y gestión eficiente

En su discurso, Pérez Llorca ha incidido en la necesidad de las administraciones de hacer una política útil y una gestión eficiente porque “es compatible bajar impuestos y garantizar unos servicios públicos fuertes”.

Así, ha mostrado su compromiso por “impulsar una economía sin trabas que cree empleo” a través de la reducción de la hiperregulación normativa, la bajada de impuestos, en especial a las clases medias trabajadoras y la defensa de nuestros sectores productivos frente a países que compiten de forma desleal.

El president ha destacado la aprobación del Decreto Ley que ha permitido alcanzar la simplificación de 1.300 artículos de 170 normas legales, gracias al cual se ha introducido una mayor flexibilidad en el calendario comercial en la Ley de Comercio, incrementado la seguridad jurídica, establecido un plazo máximo de un mes para autorizar las acometidas eléctricas de viviendas o polígonos y desbloqueado más de 10.000 expedientes acumulados.

El vicepresident primer i conseller d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern, Antoni Costa (PP), ha assegurat aquest dimecres que el nou sistema de finançament autonòmic no es pot “negociar únicament pensant en una comunitat autònoma i deixant les engrunes a la resta”. Així s’ha expressat Costa després de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), en què el Govern de Pedro Sánchez ha traslladat a les comunitats autònomes el nou sistema de finançament. L’adscripció proposada pel Ministeri d’Hisenda serà “voluntària”, tal com estableix la legislació de 2009, de manera que permetrà a les regions que ho desitgin romandre amb el model que va caducar el 2014.

El conseller del ram, també portaveu del Govern, considera, però, que el procés de reforma del sistema de finançament ha començat “molt malament” com a conseqüència “de la voluntat de la ministra María Jesús Montero”. “Des del Govern de les Illes Balears estem disposats a negociar un nou sistema, però cal fer-ho de manera multilateral i atenent els interessos de tothom”, ha manifestat. Segons Costa, l’Executiu de Pedro Sánchez està prioritzant Catalunya per damunt d’altres comunitats, entre elles, les Balears.

Així, Costa ha advertit que la proposta del Ministeri d’Hisenda “es tanca després de diverses reunions entre el president, Pedro Sánchez, i el líder d’Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras”. “El senyor Junqueras no governa cap comunitat autònoma i no té cap potestat per negociar res en absolut en nom dels ciutadans de les Illes Balears”, ha subratllat el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació.

Fonts del Ministeri d’Hisenda han detallat que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha obert la porta al fet que només s’adscriguin al nou model aquelles comunitats que així ho considerin, cosa que permet que continuïn amb el dissenyat durant el Govern de Zapatero. El Govern central, a més, ha presentat davant l’òrgan que reuneix Hisenda amb els responsables autonòmics del ram la proposta per reformar el model de finançament regional que l’Executiu va tancar amb ERC. El plantejament de Montero suposa gairebé 21.000 milions d’euros més de recursos per a les comunitats, mitjançant una cessió més elevada dels principals impostos (IRPF i IVA) i transferències addicionals per part de l’Estat, a més d’altres mecanismes.

Aquesta proposta, però, no ha agradat al Govern. “No acceptem cap sistema que ens obligui a apujar els impostos, perquè això va en contra del que han votat els ciutadans”, ha dit Costa, que ho ha definit com una “línia vermella”. “No recuperarem l’impost de successions perquè a les Balears és història i volem que continuï sent així”, ha afegit, en relació amb la intenció de l’Executiu de Pedro Sánchez d’establir un mínim de tributació d’impostos a tot Espanya. A parer de Costa, el model proposat per Montero perjudica els interessos de la ciutadania balear.

Costa: “Negociarem”

“Ens diuen que amb el nou sistema tindríem 400 milions més, però si haguessin tingut en compte les reclamacions que fem des de les Balears, estaríem parlant d’una millora de centenars de milions més”. “I des del Govern no estem disposats a renunciar-hi”, ha advertit. No seria la primera vegada que algunes comunitats es despenjen del model en vigor per continuar amb l’anterior. Ja va passar entre 1997 i 2001, quan les comunitats governades pel PSOE (Andalusia, Extremadura i Castella-la Manxa) van rebutjar el dissenyat per l’Executiu de José María Aznar i van continuar amb el que estava en marxa aleshores. De fet, a l’Executiu recorden que és una possibilitat ja prevista a la llei de 2009.

La reunió ha estat merament informativa, ja que el Govern no portarà a votació la proposta fins que tingui dissenyada la llei. L’Executiu convocarà aleshores un nou Consell de Política Fiscal i Financera, que alguns governs autonòmics esperen que se celebri a finals de febrer. Després de la trobada d’aquest dimecres, en què els consellers autonòmics del PP (la majoria) han carregat amb duresa contra la proposta del Ministeri d’Hisenda, l’Executiu iniciarà una sèrie de reunions bilaterals de caràcter tècnic per aprofundir en els detalls del model.

“És cert que [Montero] s’ha obert a la negociació. No sabíem si la proposta era tancada o negociable. En aquest sentit, com és una primera proposta, ens en tornem amb una valoració positiva”, ha matisat Costa. El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació ha avançat que l’Executiu balear entrarà a negociar amb el Govern. “Necessitem les dades. No podem negociar si no tenim tota la informació damunt la taula”, ha argumentat. “Es pot negociar i negociarem. Si s’enceta el meló, sempre hem dit que hi seríem”, ha indicat, en relació amb la futura reforma del sistema de finançament.

El nou model: 21.000 milions més

El nou model dissenyat pel Ministeri d’Hisenda preveu una injecció de 21.000 milions d’euros addicionals, elevant el total del finançament del qual disposaran les comunitats autònomes fins als 224.057 milions el 2027, quan entraria en vigor. Aquestes quantitats provenen d'una cessió més gran dels principals impostos: l’IRPF (del 50% al 55% de la recaptació) i l’IVA (del 50% al 56,5%), així com d’una aportació addicional de l’Estat que Hisenda ha xifrat en 19.000 milions de cara a l’any vinent.

Per al repartiment dels recursos, el Govern ha dissenyat una metodologia que calcula la població ajustada, és a dir, la població resident en un territori ponderada per una sèrie de variables (com l’envelliment o els universitaris procedents d’altres comunitats, per exemple) que haurien d’apropar aquesta xifra a les veritables necessitats d’una regió per cobrir els seus serveis públics.

Hisenda ha projectat també un fons climàtic de 1.000 milions d’euros, del qual dues terceres parts aniran destinades a les comunitats mediterrànies, i un altre ajust addicional de 400 milions perquè cap autonomia no obtingui menys recursos dels que rebria amb el sistema actual. A més, obre la porta al fet que els territoris que ho demanin rebin una part de la recaptació de l’IVA de les pimes que es genera al seu territori. Amb aquest sistema, segons els càlculs de l’Executiu, la diferència entre les comunitats millor i pitjor finançades es reduiria dels 1.500 euros per habitant ajustat actuals fins a l’entorn dels 700 euros, menys de la meitat.

La proposta que va desgranar divendres la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha rebut l’aval de l’agència de qualificació Standard & Poor’s, que valora els majors recursos que rebran les comunitats. Això les acostaria a l’objectiu que persegueix Hisenda: que els governs regionals puguin finançar-se als mercats i sotmetre’s a la seva disciplina. Tanmateix, posa en dubte que tiri endavant, precisament per la precarietat de la majoria que sosté el Govern.

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa (PP), ha asegurado este miércoles que el nuevo sistema de financiación autonómico no se puede “negociar únicamente pensando en una comunidad autónoma y dejando las migajas a las demás”. Lo ha manifestado tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el cual el Gobierno ha trasladado a las comunidades autónomas el nuevo sistema de financiación. La adscripción propuesta por el Ministerio de Hacienda será “voluntaria”, como se establece en la legislación de 2009, por lo que permitirá a las regiones que lo deseen permanecer con el modelo que caducó en 2014.

El conseller del ramo, también portavoz del Ejecutivo, considera, sin embargo, que el proceso de reforma del sistema de financiación ha empezado “muy mal” como consecuencia “de la voluntad de la ministra María Jesús Montero”. “Desde el Govern de les Illes Balears estamos dispuestos a negociar un nuevo sistema, pero hay que hacerlo de forma multilateral y atendiendo a los intereses de todos”, ha manifestado. Según Costa, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está priorizando Catalunya por encima de otras comunidades, entre ellas, Balears.

Así, Costa ha advertido que la propuesta del Ministerio de Hacienda “se cierra tras varias reuniones entre el presidente, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras”. “El señor Junqueras no gobierna en ninguna comunidad autónoma y no tiene ninguna potestad para negociar nada en absoluto en nombre de los ciudadanos de las Illes Balears”, ha destacado el conseller de Economía, Hacienda e Innovación.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han detallado que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha abierto la puerta a que solo se adscriban al nuevo modelo aquellas comunidades que lo consideren, permitiendo que continúen con el diseñado durante el Gobierno de Zapatero. El Gobierno, además, ha presentado ante el órgano que reúne a Hacienda con los responsables autonómicos del ramo, la propuesta para reformar el modelo de financiación regional que el Ejecutivo cerró con ERC. El planteamiento de Montero supone casi 21.000 millones de euros más de recursos para las comunidades, a través de una mayor cesión de los principales impuestos (IRPF e IVA) y de transferencias adicionales por parte del Estado, además de otros mecanismos.

Esta propuesta, no obstante, no ha gustado al Govern. “No aceptamos ningún sistema que nos obligue a subir los impuestos, porque eso está en contra de lo que han votado los ciudadanos”, ha dicho Costa, que ha definido como “línea roja”. “No vamos a recuperar el impuesto de sucesiones porque en Balears es historia y queremos que siga así”, ha añadido, en relación a la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez de establecer un mínimo de tributación de impuestos en toda España. En opinión de Costa, el modelo propuesto por Montero perjudica los intereses de la ciudadanía balear.

Costa: “Vamos a negociar”

“Nos dicen que con el nuevo sistema tendríamos 400 millones más, pero si hubieran tenido en cuenta las reclamaciones que hacemos desde Balears, estaríamos hablando de una mejora de cientos de millones más”. “Y desde el Govern no estamos dispuestos a renunciar a ellos”, ha advertido. No sería la primera vez que algunas de las comunidades se descuelgan del modelo en vigor para seguir con el anterior. Ya sucedió entre 1997 y 2001, cuando las comunidades dirigidas por el PSOE (Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha) rechazaron el diseñado por el Ejecutivo de José María Aznar y siguieron con el que estaba en marcha entonces. De hecho, en el Ejecutivo recuerdan que es algo que ya está en vigor en la ley de 2009.

La reunión ha sido meramente informativa, ya que el Gobierno no llevará a votación la propuesta hasta que tengan diseñada la ley. El Ejecutivo convocará entonces un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que en algunos gobiernos autonómicos esperan que se celebre a finales de febrero. Después de la cita de este miércoles, en la que los consejeros autonómicos del PP (la mayoría) han cargado en tromba contra la propuesta del Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo comenzará una serie de reuniones bilaterales de carácter técnico para profundizar en los pormenores del modelo.

“Es cierto que [Montero] se ha abierto a la negociación. No sabíamos si la propuesta era cerrada o negociable. En este sentido, al ser una primera propuesta, nos vamos con una valoración positiva”, ha matizado Costa. El conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha avanzado que el Ejecutivo balear entrará a negociar con el Gobierno. “Necesitamos los datos. No podemos negociar si no tenemos toda la información sobre la mesa”, ha argumentado. “Se puede negociar y vamos a negociar. Si se abre el melón, siempre hemos dicho que íbamos a estar”, ha indicado, en relación a la futura reforma del sistema de financiación.

El nuevo modelo: 21.000 millones más

El nuevo modelo diseñado por el Ministerio de Hacienda prevé una inyección de 21.000 millones de euros adicionales, disparando el total de la financiación de la que dispondrán las comunidades autónomas hasta los 224.057 millones en 2027, cuando entraría en vigor. Estas cuantías salen de una mayor cesión de los principales impuestos: el IRPF (del 50 al 55% de la recaudación) y el IVA (del 50 al 56,5%), así como de una aportación adicional del Estado que Hacienda ha cifrado en 19.000 millones de cara al año que viene.

Para el reparto de los recursos, el Gobierno ha diseñado una metodología que calcula la población ajustada. Es decir, la población residente en un territorio, ponderada por una serie de variables (como el envejecimiento o los universitarios procedentes de otras comunidades, por ejemplo) que deberían acercar esta cifra a las verdaderas necesidades de una región para cubrir sus servicios públicos.

Hacienda ha proyectado también un fondo climático de 1.000 millones de euros, del que dos terceras partes irá destinado a las comunidades mediterráneas; y otro ajuste adicional por valor de 400 millones para que ninguna autonomía obtenga menos recursos de los que recibiría con el sistema en vigor actualmente. Además, abre la puerta a que los territorios que lo pidan reciban una parte de la recaudación del IVA de las pymes que se genera en su territorio. Con este sistema, según los cálculos del Ejecutivo, la diferencia entre las comunidades mejor y peor financiadas se reduciría de los 1.500 euros por habitante ajustado en la actualidad hasta el entorno de los 700 euros, menos de la mitad.

La propuesta que desgranó el viernes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recibido el aval de la agencia de calificación Standard & Poor’s, que pone en valor los mayores recursos que recibirán las comunidades. Esto las acercaría al objetivo que persigue Hacienda: que los gobiernos regionales puedan financiarse en los mercados y someterse a su disciplina. Pero pone en duda que salga adelante, precisamente por lo precario de la mayoría que sustenta el Gobierno.

El Consejo de Gobierno ha analizado hoy, día 13, una nueva medida fiscal autonómica que entró en vigor ha pasado 1 de enero y que tiene como objetivo fortalecer a la empresa familiar riojana y facilitar el relevo generacional. En concreto, los Presupuestos Generales de la Rioja 2026, vía enmienda parcial, introdujeron un cambio en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que permite adelantar la transición entre generaciones, garantizar una continuidad más ordenada y evitar penalizaciones. Esta medida, junto a la nueva deducción para personas celíacas, profundiza el modelo de bajos impuestos comprometido por el presidente Gonzalo Capellán esta legislatura, en la que ya se han aprobado 14 rebajas e incentivos impositivos que estimulan la actividad económica y configuran un marco fiscal favorable para familias, autónomos y pymes de la comunidad.

La Rioja es en la actualidad la segunda comunidad autónoma de régimen común con el tipo mínimo más bajo del IRPF, lo que la consolida como referencia nacional en fiscalidad orientada a las rentas medias y bajas y a los sectores productivos. En esta línea, la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 2026 ha convertido a nuestra región en la primera comunidad autónoma que incorpora la deflactación automática del tramo autonómico del IRPF cuando la inflación anual supere el 3%, una medida que beneficiará a más de 188.000 contribuyentes y que evitará que la subida de precios reduzca la capacidad económica de los hogares. 

Pero, además, vía enmiendas a los PGLR en su tramitación parlamentaria, se incorporaron dos nuevos incentivos fiscales de carácter social y económico, los decimocuartos que aprueba el Ejecutivo regional, dentro de la batería de medidas fiscales sobre los impuestos en los que la Comunidad tiene competencia y que ha permitido a La Rioja escalar posiciones y situarse como la región que más ha avanzado en competitividad fiscal consolidándose como la tercera CCAA con mejor tratamiento tributario a familias y empresas.

Se trata, por un lado, de la modificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para facilitar el relevo generacional en la empresa familiar. A partir de este año, los beneficios fiscales podrán aplicarse cuando el donante tenga 60 años o más, en lugar de los 65 exigidos hasta 2025, o se encuentre en situación de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Este cambio permite adelantar la transición entre generaciones, evitar penalizaciones y garantizar una continuidad más ordenada en la gestión de las empresas familiares. Además, se creará un grupo de trabajo con la Asociación Riojana de la Empresa Familiar (AREF) para estudiar un futuro paquete legislativo que profundice en esta línea de apoyo.

Y, por otro lado, el 1 de enero entró en vigor la deducción de 250 euros en el IRPF por cada miembro de la unidad familiar con enfermedad celíaca diagnosticada, que pretende aliviar el sobrecoste que soportan estas familias debido a la necesidad de adquirir productos específicos, habitualmente más caros.

El Gobierno de La Rioja destaca que estas medidas refuerzan un modelo fiscal que combina bajos impuestos, protección social y estabilidad presupuestaria, y que sitúa a la Comunidad como un territorio atractivo para vivir, invertir y desarrollar proyectos empresariales.

La riqueza conjunta de los ultrarricos (más de 1.000 millones de dólares) ha alcanzado un nuevo máximo histórico este año, en el que 196 multimillonarios se han incorporado a este grupo, que ahora forman casi 3.000 personas en el mundo, según un informe anual del banco suizo UBS publicado este jueves.

Los 196 nuevos multimillonarios han añadido 386.500 millones de dólares a la riqueza global este año, con lo que su riqueza combinada se eleva a un récord de 15,8 billones de dólares, un aumento espectacular y el segundo mayor registrado en más de una década de existencia de ese informe.

Estos nuevos millonarios están activos principalmente en los sectores como el software de marketing, la genética, la restauración, las infraestructuras y el gas natural licuado (GNL); y los que lideran esta tendencia se encuentran principalmente en Estados Unidos y Asia-Pacífico.

Los multimillonarios españoles vieron incrementadas sus fortunas un 21,5% en 2025, hasta los 213.100 millones de dólares (182.602 millones de euros), al tiempo que ocho personas más adquirieron el estatus de ultrarrico, hasta elevar la cifra a 32. Según el informe, los españoles más ricos añadieron 11.600 millones de dólares (9.940 millones de euros) a la riqueza nacional impulsados por el desempeño de algunos de los principales empresarios del país y una mayor concentración de patrimonio familiar.

Cabe destacar, en concreto, que el patrimonio de Amancio Ortega creció en 21.000 millones de dólares (17.995 millones de euros), hasta los 124.000 millones de dólares (106.254 millones de euros). Esta cantidad equivale al 58,2% de la riqueza total de los multimillonarios de España.

Multimillonarios en el sector tecnológico

Según el informe, los multimillonarios con inversiones en el sector tecnológico vieron crecer su riqueza un 23,8 %, mientras que el sector del consumo y de venta al detalle se desaceleró un 5,3%, ya que la industria europea del lujo perdió impulso frente a las marcas chinas.

La riqueza en el sector industrial registró el avance más rápido (27,1%, hasta 1,7 billones de dólares), con un cuarto de este progreso atribuible a los nuevos multimillonarios; en tanto que la riqueza en el sector de servicios financieros aumentó un 17%, hasta 2,3 billones de dólares, impulsada por mercados sólidos y un repunte de las criptomonedas (80% atribuible a nuevos ultrarricos).

El jefe del área de Clientes Estratégicos y Conectividad Global de UBS, Benjamin Cavalli, ha explicado en rueda de prensa que este año se registró el volumen de transferencia de riqueza más importante en los once años que se produce este informe, con 91 herederos (64 hombres y 27 mujeres) que recibieron un récord de 297.800 millones de dólares.

El ejecutivo también ha asegurado que, aunque las ultrarricas sigan siendo menos con respecto a sus pares masculinos, la riqueza promedio de las mujeres de este grupo creció dos veces más que la de los hombres, una tendencia que se observa desde hace cuatro años.

Pese a ello, las mujeres multimillonarias son apenas un 15% del total, es decir 374, frente a 2.545 multimillonarios hombres.

Cavalli ha afirmado que, con una mayor presencia en puestos de liderazgo corporativo, las mujeres se están convirtiendo en propietarias y gestoras de una riqueza considerable, lo que, a su vez, influye en la forma en que se maneja e invierte la riqueza.

“En promedio, las mujeres son más adversas al riesgo, pero más disciplinadas que los hombres, es decir, no venden en mínimos de mercado, son menos emocionales, y tienen carteras más diversificadas, a menudo priorizando la sostenibilidad, la inversión de impacto y la filantropia”, ha detallado.

Por otra parte, el informe de UBS anota que los multimillonarios siguen trasladándose de lugar y el 36% de los encuestados (entre los clientes del banco con cuentas en Suiza y Europa, Singapur, Hong Kong y Estados Unidos) dijo haberse mudado al menos una vez y el 9% indicó que lo está considerando.

“Una mejor calidad de vida, importantes preocupaciones geopolíticas y la capacidad de organizar sus asuntos fiscales de forma más eficiente fueron las principales razones citadas para una posible reubicación”, según Cavalli.

En cuanto a las prioridades de inversión, pese a la volatilidad del mercado en 2025, el informe anota que Norteamérica sigue siendo el principal destino de inversión, seguida de Europa Occidental y de la Gran China (incluidas sus regiones administrativas especiales).

Donde más multimillonarios hechos a sí mismos surgieron este último año fue en Estados Unidos (92 adicionales, 87 domiciliados dentro del país y acumulando un riqueza de 179.000 millones de dólares) y entre estos figuran Ben Lamm, cofundador de la firma de genética y biociencia Colossal; Michael Dorrell, cofundador y director ejecutivo de Stonepeak, una firma de inversión en infraestructuras; y Bob Pender y Mike Sabel, que cofundaron Venture Global, un exportador de GNL.

También fue un buen año para los empresarios asiáticos: 61 se convirtieron en multimillonarios, acumulando conjuntamente 124.400 millones de dólares.

Aparecen en la lista los hermanos Zhang, fundadores de la cadena de restaurantes de comida rápida Mixue Ice Cream & Tea; Justin Sun, el emprendedor cripto detrás de la cadena de bloques TRON; y Hao Tang, gracias a sus inversiones tempranas en la empresa de software de marketing y videojuegos AppLovin.

El portaveu del PP al Parlament balear, Sebastià Sagreras, ha manifestat que “sempre” que la seva formació estigui al capdavant del Govern “l'impost de successions i donacions seguirà sent història”. Es tracta d'un tribut la 'supressió' del qual, recalca l'Executiu de Marga Prohens, ha beneficiat més de 20.000 famílies a les illes des que en 2023 va impulsar la seva reforma fiscal, si bé són els més rics els qui s'han vist principalment afavorits per aquesta mesura: si durant l'últim any Balears va deixar d'ingressar 460 milions d'euros procedents d'aquest impost, 392 milions han estat deixats de pagar pels 93 declarants més adinerats (l'1% dels declarants). De tots ells, 15 hereus (el 0,1%) s'han estalviat 289 milions que han deixat de destinar-se a la financiació dels serveis públics, segons es desprèn de les dades de l'Agència Tributària a Balears (ATIB).

A roda de premsa, Sagreras ha asseverat que “ni el Govern ni el PP” acceptaran “cap intent de Madrid d'imposar pujades d'impostos”, advertint que defensaran “de totes les maneres possibles que al senyor [Pedro] Sánchez no se li acudeixi i intenti tornar a posar aquest impost a Balears”. El popular ha afegit que “no és de rebut obligar les famílies a pagar dues vegades pel mateix”, una afirmació que no atén a la realitat de l'impost de successions: el gravamen no s'imposa sobre l'immoble en qüestió, sinó que recau en la persona que l'hereta sense contraprestació alguna. Amb això, es busca equilibrar la concentració de patrimoni que es transmet d'una generació a una altra, impedint que les grans acumulacions de riquesa quedin permanentment exemptes de contribuir a l'estat de benestar.

Amb tot, Sagreras ha insistit que la seva formació continuarà defensant una mesura que, ha recordat, va ser aprovada just iniciada l'actual legislatura. En aquesta línia, ha parlat d'“amenaces” per part del president de la Generalitat, Salvador Illa, “en connivència amb el senyor Sánchez”, sobre un suposat replantejament fiscal per part de l'Executiu central a través del nou sistema de finançament. El portaveu popular ha insistit que el seu partit està en contra d'un tribut amb el qual, en la seva opinió, el PSOE “vol penalitzar l'esforç, l'estalvi i el patrimoni”.

Cal recordar que, el passat 28 d'octubre, PP i Vox van rebutjar que els més rics de Balears tornin a tributar per les seves herències en votar en contra d'una Proposició No de Llei defensada pel PSIB-PSOE, que reclamava que el Govern de Prohens restituís l'impost de successions per a qui rebi un patrimoni net superior al milió d'euros i, d'aquesta manera, pugui contribuir al sosteniment dels serveis públics.

Aquest gravamen és, de fet, un dels pocs instruments fiscals dissenyats per corregir la desigualtat hereditària, que tendeix a anar en augment quan els patrimonis més elevats es transmeten íntegres sense haver tributat a penes per ells, consolidant d'aquesta manera la bretxa entre qui hereta i qui no. La bonificació al 100 per cent de l'impost de successions -que abasta les herències entre pares i fills, nets i avis i entre cònjuges- desplaça, d'aquesta manera, la càrrega impositiva cap a qui no hereta ni posseeix béns significatius -donat que la recaptació d'aquest tribut, en deixar-la sense efecte, deixa de destinar-se als serveis essencials- i trenca amb el principi d'equitat vertical del sistema fiscal, segons el qual qui més té ha d'aportar més.

El portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, ha manifestado que “siempre” que su formación esté al frente del Govern “el impuesto de sucesiones y donaciones seguirá siendo historia”. Se trata de un tributo cuya 'supresión', recalca el Ejecutivo de Marga Prohens, ha beneficiado a a más de 20.000 familias en las islas desde que en 2023 impulsara su reforma fiscal, si bien son los más ricos quienes se han visto principalmente favorecidos por esta medida: si en el último año Balears dejó de ingresar 460 millones de euros procedentes de este impuesto, 392 millones han sido dejados de pagar por los 93 declarantes más adinerados (el 1% de los declarantes). De todos ellos, 15 herederos (el 0,1%) se han ahorrado 289 millones que han dejado de destinarse a la financiación de los servicios públicos, según se desprende de los datos de la Agencia Tributaria en Balears (ATIB).

En rueda de prensa, Sagreras ha aseverado que “ni el Govern ni el PP” aceptarán “ningún intento de Madrid de imponer subidas de impuestos”, advirtiendo de que defenderán “de todas las maneras posibles que al señor [Pedro] Sánchez no se le ocurra e intente volver a poner este impuesto en Balears”. El popular ha añadido que “no es de recibo obligar a las familias a pagar dos veces por lo mismo”, una afirmación que no atiende a la realidad del impuesto de sucesiones: el gravamen no se impone sobre el inmueble en cuestión, sino que recae en la persona que lo hereda sin contraprestación alguna. Con ello, se busca equilibrar la concentración de patrimonio que se transmite de una generación a otra, impidiendo que las grandes acumulaciones de riqueza queden permanentemente exentas de contribuir al estado de bienestar.

Con todo, Sagreras ha insistido en que su formación continuará defendiendo una medida que, ha recordado, fue aprobada recién iniciada la actual legislatura. En esta línea, ha hablado de “amenazas” por parte del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, “en connivencia con el señor Sánchez”, acerca de un supuesto replanteamiento fiscal por parte del Ejecutivo central a través del nuevo sistema de financiación. El portavoz popular ha insistido en que su partido está en contra de un tributo con el que, en su opinión, el PSOE “quierre penalizar el esfuerzo, el ahorro y el patrimonio.

Cabe recordar que, el pasado 28 de octubre, PP y Vox rechazaron que los más ricos de Balears vuelvan a tributar por sus herencias al votar en contra de una Proposición No de Ley defendida por el PSIB-PSOE, que reclamaba que el Govern de Prohens restituyese el impuesto de sucesiones para quienes reciban un patrimonio neto superior al millón de euros y, de este modo, puedan contribuir al sostenimiento de los servicios públicos.

Este gravamen es, de hecho, uno de los pocos instrumentos fiscales diseñados para corregir la desigualdad hereditaria, que tiende a ir en aumento cuando los patrimonios más elevados se transmiten íntegros sin haber tributado apenas por ellos, consolidando de este modo la brecha entre quienes heredan y quienes no. La bonificación al 100 por cien del impuesto de sucesiones -que abarca a las herencias entre padres e hijos, nietos y abuelos y entre cónyuges- desplaza, de esta forma, la carga impositiva hacia quienes no heredan ni poseen bienes significativos -dado que la recaudación de este tributo, al dejarla sin efecto, deja destinarse a los servicios esenciales- y rompe con el principio de equidad vertical del sistema fiscal, según el cual quien más tiene debe aportar más.

PP i Vox han rebutjat aquest dimarts que els més rics de Balears tornin a tributar per les seves herències. Ho han fet durant el debat d'una Proposició No de Llei defensada pel PSIB-PSOE, que reclamava que el Govern de Marga Prohens restituís l¹impost de successions per als qui rebin un patrimoni net superior al milió d'euros i, d'aquesta manera, puguin contribuir al sosteniment dels serveis públics.

Es tracta d'un gravamen que l'Executiu autonòmic, amb el pretext d'“alleujar” econòmicament les famílies de l'arxipèlag, va eliminar només arrencar l'actual legislatura en la seva batalla per reduir al màxim la recaptació fiscal. No obstant això, la supressió ha provocat que siguin els ultrarics qui més s'han beneficiat d'ella, tal com es desprèn de les dades de l'Agència Tributària en Balears (ATIB): si en l'últim any les illes van deixar d'ingressar 460 milions d'euros procedents d'aquest impost, 392 milions han estat deixats de pagar pels 93 declarants més adinerats (l'1% dels declarants) de la Comunitat Autònoma. De tots ells, 15 hereus (el 0,1%) s'han estalviat 289 milions que han deixat de destinar-se a la finançament de l'estat del benestar.

En concret, la reforma impulsada pel PP amb el suport de l'extrema dreta bonifica al 100% les herències entre pares i fills, nets i avis i entre cònjuges. Fins aleshores, s'aplicava un 1% de tipus impositiu a les herències inferiors als 700.000 euros i, a partir d'aquesta xifra, gravada amb un 8%, el percentatge anava en augment en funció del valor dels béns llegats: un 11% per a les herències de més d'un milió d'euros, un 15% per a les de més de dos milions i un 20% per als patrimonis de més de 3 milions.

Els socialistes reclamaven que el Govern de Prohens activés de nou aquest gravamen per als hereus d'un patrimoni superior al milió d'euros amb l'objectiu de preservar la progressivitat de l'impost de successos i la “immensa majoria de la recaptació fiscal”, tal com ha posat de manifest, en la defensa de la iniciativa, el diputat Llorenç Pou.

Les “tres mentides” del PP

Durant la seva intervenció en la Comissió de Pressupostos del Parlament, Pou ha al·ludit a les “tres mentides” que, ha al·legat, esgrimeix el PP per defensar la supressió del gravamen. Una d'elles, ha assenyalat, és la que apunta que, a causa d'aquest impost, les famílies es veien obligades a renunciar a les herències. No obstant això, d'acord a les dades del Col·legi de Notaris de Balears, les renúncies s'han vist fins i tot incrementades malgrat l'eliminació del tribut: l'any passat, fins a 1.526 persones van decidir no acceptar rebre el patrimoni dels seus familiars difunts enfront de les 1.485 desistiments que es van produir un any abans. Unes renúncies que, en moltes ocasions, es produeixen com a conseqüència dels deutes i càrregues que pesen sobre l'immoble heretat.

Pou ha rebatut, en aquesta línia, la “segona mentida” que va argüir el PP per retirar l'impost, la que critica el caràcter “confiscatori” del mateix, quan en 2022, en el 98% de les declaracions, es van pagar uns imports que no superaven els 700 euros. “La idea que aquest impost era confiscatori no tenia cap sentit”, ha etzibat el socialista, qui ha apuntat, com a “tercera mentida”, a l'al·legat dels populars que amb la supressió del gravamen “es liberava a la població de la càrrega d'aquest impost”: el 98% de les declaracions al qual ha al·ludit prèviament suposaven un 40% de la recaptació, mentre que les declaracions del 2% dels ciutadans (els més rics) suposaven el 60% de la recaptació.

Per part seva, la diputada del PP Lourdes Cardona ha insistit, en línia d'anteriors discursos dels populars, que la seva formació defensa l'eliminació de l'impost de successions en considerar-lo “injust”, i ha manifestat que “un contribuent normal” que heretés un patrimoni de 1,2 milions d'euros -“dos locals comercials, un habitatge habitual, un apartament d'estiu i un petit fons de inversion”- pagaria 30.600 euros, restant valor a la recaptació que suposaria cobrar-li el gravamen. “És un tema de justícia”, ha recalcat, desviant el debat cap a les inversions que l'Estat “deu a Balears”, com els convenis de carreteres que, ha manifestat, permetrien “millorar les infraestructures”.

74 de les 100 persones més riques a Espanya ho són per herència

Mentestant, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha anat un pas més enllà en recriminar, en línia de nombrosos teòrics, que “la institució de l'herència legitima una desigualtat no causada per la mort de qui la rep”. No debades, ha assenyalat que el 73% de les desigualtats en la distribució de la riquesa deriven de les herències. “74 de les 100 persones més riques a l'Estat espanyol ho són per herència, no perquè siguin unes persones especialment meritòries. El 80% dels nens que neixen pobres moren pobres. I això no es deu al fet que siguin unes persones menys treballadores, sinó perquè el sistema perpetua les desigualtats de moltes formes i d'una forma molt important a través de les herències”, ha subratllat el parlamentari ecosobiranista .

Acte seguit, ha arremès contra el discurs de Vox i del PP en relació amb l'impost de successions: “Per això els pregunto a vostès, que sou liberals i parleu contínuament del liberalisme, de la llei del mèrit i de la llei de l'esforç, quin esforç hi ha darrere d'una herència per part de qui la rep?”. El diputat ha recordat que els qui reben una herència no han tributat mai pel bé heretat.

L'ecosobiranista s'ha referit així a una de les fal·làcies més difoses per la dreta i l'ultradreta, segons la qual s'ha deixat de penalitzar “l'esforç de tota una vida de les famílies”. Un argument que no atén a la realitat, atès que aquest gravamen no s'imposa sobre l'immoble en qüestió, sinó que recau en qui l'hereta en veure incrementada la seva riquesa sense haver-la generat amb el seu propi treball. “Jo quan vaig a una botiga no dic: no em cobri l'IVA perquè el meu sou ja ha tributat l'IRPF”, ha exemplificat Apesteguia, incidint en què “no són els béns els que tributen, sinó les persones”.

Un impost per corregir la desigualtat hereditària

Malgrat els al·legats repetits una i altra vegada per PP i Vox, l'Impost de Successions no busca castigar l'estalvi ni a les famílies, sinó equilibrar la concentració de patrimoni que es transmet d'una generació a una altra. Aquest gravamen és, de fet, un dels pocs instruments fiscals dissenyats per corregir la desigualtat hereditària, que tendeix a anar en augment quan els patrimonis més elevats es transmeten íntegrament sense haver tributat a penes per ells, consolidant així la bretxa entre els qui hereten i els qui no. 

En línia de les paraules d'Apesteguia, el diputat de Més per Menorca Josep Castells ha asseverat que “qui tributa l'impost de successions és qui rep una herència sense haver fet res per a obtenir-la. Per tant, des del punt de vista de la teoria del sistema tributari, lògicament, qui rep uns diners ha de tributar per ells”. El parlamentari ha recriminat, així mateix, l'al·legat de la diputada de Vox Patricia de les Heras, qui ha acusat els grups d'esquerres de “voler tornar a ficar mà a la butxaca de les famílies”, asseverant que aquest gravamen és “un robatori” i “un càstig a l'estalvi, la propietat i la família”. Sobre aquest tema, Castells ha subratllat que “si no hi hagués imposts, no hi hauria societat”. “Dir que és un robatori és un discurs molt passat de moda”, ha afegit.

Castells ha criticat, així mateix, l'enfocament de la “cultura de l'esforç” que ofereixen PP i Vox: “Per a vostès, els grans esforçats són els que han de pagar entre 100.000 i 500.000 euros, però els qui estalvien menys de 1.000 euros són els vagues, els que no havien de fer cap esforç perquè aquests únicament havien de tributar per menys de 1.000 euros”.

Advertiments dels organismes nacionals i internacionals

Es dóna la circumstància, a més, que l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), ens estatal encarregat d'avaluar els comptes públics, carrega en diversos dels seus informes contra les mesures adoptades pel PP a Balears per fiar la seva política econòmica a l'increment de despeses i a la reducció i eliminació d'impostos. En aquest sentit, l'organisme amonesta especialment les illes pel fet de disminuir el mínim exempt en l'Impost de Patrimoni mentre s'encomana a ingressos de menor quantia, com els derivats de l'augment de les tarifes del cànon de sanejament d'aigües.

Del mateix mode, institucions com el Banc d'Espanya, el Banc Central Europeu (BCE) i el Fons Monetari Internacional (FMI) han advertit del risc de baixar impostos i aboguen, a més, per incrementar els gravàmens a les grans fortunes i a les empreses que més s'han beneficiat de la inflació -principalment, els bancs i les energètiques-. Per la seva banda, l'OCDE, que engloba les grans economies del món, recolza especialment el manteniment i increment de l'Impost de Successions en considerar-lo una eina primordial per millorar l'equitat econòmica, promoure la justícia social i reduir les desigualtats estructurals de la societat. “Aquest impost enalteix la igualtat d'oportunitats”, defensa l'organització en un dels seus informes, en el qual assevera que la riquesa mundial és, en una gran part, heretada, per la qual cosa la seva fiscalitat pot ajudar a corregir desigualtats que s'arrosseguen. Sense això, aquestes desigualtats poden prolongar-se al llarg de futures generacions.

PP y Vox han rechazado este martes que los más ricos de Balears vuelvan a tributar por sus herencias. Lo han hecho durante el debate de una Proposición No de Ley defendida por el PSIB-PSOE, que reclamaba que el Govern de Marga Prohens restituyese el impuesto de sucesiones para quienes reciban un patrimonio neto superior al millón de euros y, de este modo, puedan contribuir al sostenimiento de los servicios públicos.

Se trata de un gravamen que el Ejecutivo autonómico, so pretexto de “aliviar” económicamente a las familias del archipiélago, eliminó nada más arrancar la actual legislatura en su batalla por reducir al máximo la recaudación fiscal. Sin embargo, la supresión ha provocado que sean los ultrarricos quienes más se han beneficiado de ella, tal como se desprende de los datos de la Agencia Tributaria en Balears (ATIB): si en el último año las islas dejaron de ingresar 460 millones de euros procedentes de este impuesto, 392 millones han sido dejados de pagar por los 93 declarantes más adinerados (el 1% de los declarantes) de la Comunidad Autónoma. De todos ellos, 15 herederos (el 0,1%) se han ahorrado 289 millones que han dejado de destinarse a la financiación del estado de bienestar.

En concreto, la reforma impulsada por el PP con el apoyo de la extrema derecha bonifica al 100% las herencias entre padres e hijos, nietos y abuelos y entre cónyuges. Hasta entonces, se aplicaba un 1% de tipo impositivo a las herencias inferiores a los 700.000 euros y, a partir de esa cifra, gravada con un 8%, el porcentaje iba en aumento en función del valor de los bienes legados: un 11% para los patrimonios de más de un millón de euros, un 15% para los de más de dos millones y un 20% para los patrimonios de más de 3 millones.

Los socialistas reclamaban que el Govern de Prohens activase de nuevo este gravamen para los herederos de un patrimonio superior al millón de euros con el objetivo de preservar la progresividad del impuesto de sucesos y la “inmensa mayoría de la recaudación fiscal”, tal como ha puesto de manifiesto, en la defensa de la iniciativa, el diputado Llorenç Pou.

Las “tres mentiras” del PP

Durante su intervención en la Comisión de Presupuestos del Parlament, Pou ha aludido a las “tres mentiras” que, ha alegado, esgrime el PP para defender la supresión del gravamen. Una de ellas, ha señalado, es la que apunta a que, debido a este impuesto, las familias se veían obligadas a renunciar a las herencias. Sin embargo, de acuerdo a los datos del Colegio de Notarios de Balears, las renuncias se han visto incluso incrementadas pese a la eliminación del tributo: el año pasado, hasta 1.526 personas decidieron no aceptar la herencia de sus familiares fallecidos frente a a las 1.485 desistimientos que se produjeron un año antes. Unas renuncias que, en muchas ocasiones, se producen como consecuencia de las deudas y cargas que pesan sobre el inmueble heredado.

Pou ha rebatido, en esta línea, la “segunda mentira” que arguyó el PP para retirar el impuesto, la que critica el carácter “confiscatorio” del mismo, cuando en 2022, en el 98% de las declaraciones, se pagaron unos importes que no superaban los 700 euros. “La idea de que este impuesto era confiscatorio no tenía ningún sentido”, ha espetado el socialista, quien ha apuntado, como “tercera mentira”, al alegato de los populares de que con la supresión del gravamen “se liberaba a la población de la carga de este impuesto”. No en vano, el 98% de las declaraciones al que ha aludido previamente suponían un 40% de la recaudación, mientras que las declaraciones del 2% de los ciudadanos (los más ricos) suponían el 60% de la recaudación.

Por su parte, la diputada del PP Lourdes Cardona ha insistido, en línea de anteriores discursos de los populares, que su formación defiende la eliminación del impuesto de sucesiones al considerarlo “injusto”, y ha manifestado que “un contribuyente normal” que heredase un patrimonio de 1,2 millones de euros -“dos locales comerciales, una vivienda habitual, un apartamento de verano y un pequeño fondo de inversion”- pagaría 30.600 euros, restando valor a la recaudación que supondría cobrarle el gravamen. “Es un tema de justicia”, ha recalcado, desviando el debate hacia las inversiones que el Estado “debe a Balears”, como los convenios de carreteras que, ha manifestado, permitirían “mejorar las infraestructuras”.

74 de las 100 personas más ricas en España lo son por herencia

Mientras tanto, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha ido un paso más allá al recriminar, en línea de numerosos teóricos, que “la institución de la herencia legitima una desigualdad no causada por la muerte de quien la recibe”. No en vano, ha señalado que el 73% de las desigualdades en la distribución de la riqueza derivan de los bienes heredados. Como ha apuntado, 74 de las 100 personas más ricas en el Estado español lo son por herencia -de acuerdo a los datos publicados por la revista Forbes-, no porque sean unas personas especialmente meritorias. El 80% de los niños que nacen pobres mueren pobres. Y esto no se debe a que sean unas personas menos trabajadoras, sino a que el sistema perpetúa las desigualdades de muchas formas y de una forma muy importante a través de las herencias“, ha subrayado el parlamentario ecosoberanista .

Acto seguido, Apesteguia ha arremetido contra el discurso de Vox y del PP en relación con el impuesto de sucesiones: “Por eso les pregunto a ustedes, que son liberales y hablan continuamente del liberalismo, de la ley del mérito y de la ley del esfuerzo, ¿qué esfuerzo hay detrás de una herencia por parte de quien la recibe?”. El diputado ha recordado que quienes reciben una herencia no han tributado nunca por el bien heredado.

El ecosoberanista se ha referido así a una de las falacias más difundidas por la derecha y la ultraderecha, según la cual se ha dejado de penalizar “el esfuerzo de toda una vida de las familias”. Un argumento que no atiende a la realidad, dado que este gravamen no se impone sobre el inmueble en cuestión, sino que recae en quien lo hereda al ver incrementada su riqueza sin haberla generado con su propio trabajo. “Yo cuando voy a una tienda no digo: no me cobre el IVA porque mi sueldo ya ha tributado el IRPF”, ha ejemplificado Apesteguia, incidiendo en que “no son los bienes los que tributan, sino las personas”.

Un impuesto para corregir la desigualdad heriditaria

Pese a los alegatos repetidos una y otra vez por PP y Vox, el Impuesto de Sucesiones no busca castigar el ahorro ni a las familias, sino equilibrar la concentración de patrimonio que se transmite de una generación a otra. Este gravamen es, de hecho, de uno de los pocos instrumentos fiscales diseñados para corregir la desigualdad hereditaria, que tiende a ir en aumento cuando los patrimonios más elevados se transmiten íntegros sin haber tributado apenas por ellos, consolidando de este modo la brecha entre quienes heredan y quienes no. 

En línea de lo manifestado por Apesteguia, el diputado de Més per Menorca Josep Castells ha aseverado que “quien tributa el impuesto de sucesiones es quien recibe una herencia sin haber hecho nada para obtenerlo. Por tanto, desde el punto de vista de la teoría del sistema tributario, lógicamente, quien recibe un dinero debe tributar por él”. El parlamentario ha recriminado, asimismo, el alegato de la diputada de Vox Patricia de las Heras, quien ha acusado a los grupos de izquierdas de “querer volver a meter mano en los bolsillos de las familias”, aseverando que este gravamen es “un robo” y “un castigo al ahorro, la propiedad y la familia”. Al respecto, Castells ha subrayado que “si no hubiera impuestos, no habría sociedad”. “Decir que es un robo es un discurso muy pasado de moda”, ha añadido.

Castells ha criticado, asimismo, el enfoque de la “cultura del esfuerzo” que realizan PP y Vox: “Para ustedes, los grandes esforzados son los que tienen que pagar entre 100.000 y 500.000 euros, pero quienes ahorran menos de 1.000 euros son los vagos, los que no tenían que hacer ningún esfuerzo porque estos únicamente tenían que tributar por menos de 1.000 euros”.

Advertencias de los organismos nacionales e internacionales

Se da la circunstancia de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ente estatal encargado de evaluar las cuentas públicas, carga en varios de sus informes contra las medidas adoptadas por el PP en Balears por fiar su política económica al incremento de gastos y a la reducción y eliminación de impuestos. En este sentido, el organismo amonesta especialmente a las islas por el hecho de disminuir el mínimo exento en el Impuesto de Patrimonio mientras se encomienda a ingresos de menor cuantía, como los derivados del aumento de las tarifas del canon de saneamiento de aguas.

Del mismo modo, instituciones como el Banco de España, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han advertido del riesgo de bajar impuestos y abogan, además, por incrementar los gravámenes a las grandes fortunas y a las empresas que más se han beneficiado de la inflación -principalmente, los bancos y las energéticas-. Por su parte, la OCDE, que engloba las grandes economías del mundo, respalda especialmente el mantenimiento e incremento del Impuesto de Sucesiones al considerarlo una herramienta primordial para mejorar la equidad económica, promover la justicia social y reducir las desigualdades estructurales de la sociedad. “Este impuesto ensalza la igualdad de oportunidades”, defiende la organización en uno de sus informes, en el que asevera que la riqueza mundial es, en una gran parte, heredada, por lo que su fiscalidad puede ayudar a corregir desigualdades que se arrastran. Sin ello, estas desigualdades pueden prolongarse a lo largo de futuras generaciones.

Los abuelos de Sandra llegaron a Barcelona a mediados de la década de los 70. Se instalaron en un piso con otras dos familias y, con los ahorros que habían conseguido tras unos años en Alemania, pudieron comprar una vivienda. Cuando se jubilaron, hace unos años, volvieron al pueblo, en Ourense, y su nieta comenzó a vivir en esa casa, que ahora están en trámites de traspasarle. Este tipo de donaciones de inmuebles o dinero de abuelos a nietos o de padres a hijos, conocidas como herencias en vida, se está convirtiendo en la llave de acceso a una casa en propiedad de cada vez más jóvenes y familias, incapaces de ahorrar o de comprar en un mercado inmobiliario, tanto de alquiler como de venta, desbocado. “Si ellos no hubieran hecho ese esfuerzo, estaría en la mierda”, admite la mujer, de 31 años.

Según los datos del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN), en el último año se realizaron una media de 17.000 donaciones al mes. La tendencia, como muestra el siguiente gráfico, es claramente ascendente. Si en 2014 se realizaron 86.000 transmisiones, una década después la cifra se había multiplicado hasta las 200.000.

El incremento experimentado, principalmente, a partir de 2017 supone un “avance significativo”. “Es un dato muy revelador, un reflejo socioeconómico y una imagen del mercado inmobiliario en cuanto a la coyuntura en la que los jóvenes tienen muchas dificultades para acceder a la vivienda”, analiza la portavoz del Consejo General del Notariado (CGN), María Teresa Barea.

Hace unos días, esta institución publicó un informe que indica que las donaciones y herencias “se consolidan como instrumentos de acceso a la vivienda y de redistribución familiar de recursos” en un momento de encarecimiento de las casas y limitada capacidad de ahorro de los hogares jóvenes, ahogados por unas condiciones salariales que no alcanzan los incrementos en los inmuebles, usados cada vez más como activo.

Aunque las transmisiones de fincas —urbanas, pisos, casas o rústicas— de padres o abuelos a hijos o nietos también aumentaron a partir de 2017, el número de donaciones se ha mantenido más o menos estable desde 2021, el pico de la serie que recoge el CGN en su informe. El análisis refleja que “el número de viviendas heredadas en 2024 (403.854) y el número de viviendas donadas (54.735) equivaldría, en conjunto, a aproximadamente el 64% de las operaciones de compraventa registradas ese mismo año (721.042)”.

Según constata Barea, muchas de estas donaciones provienen de lo que se ha venido a considerar estratos medios, con capacidad para transferir a su generación siguiente determinadas ayudas. El profesor del Instituto Complutense de Sociología para el Estudio de las Transformaciones Sociales Contemporáneas, Pedro Uceda, apunta a que hay una cuestión de clase social.

“En términos de volumen de viviendas no es un dato significativo, pero sí lo es en términos de clase”, desarrolla, por el salto que supone “poder ser propietario sin tener, incluso, que pagar hipoteca”. En este sentido, hace una distinción también entre lo que se recibe. No es lo mismo la herencia en vida de la casa del pueblo, que se puede vender para dar la entrada a un piso en una gran ciudad (donde están las oportunidades laborales), que recibir directamente esa casa donde se reside.

Un informe del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) ya mostraba en 2024 un panorama nada halagüeño para la gente sin opción a herencia. El 70% de los inquilinos de Madrid y Barcelona no esperan heredar una vivienda que les permita acceder a una casa en propiedad y el 80% de los que sí lo hacen tendrán que compartirla.

Algunos expertos ya apuntan a esta como una nueva brecha de desigualdad entre quienes tendrán ese ingreso extra y quienes no. “Si tus padres te pueden dejar una vivienda, seguramente te la dejen a los 30 o antes, así que tendrás una capacidad de ahorro que cualquier persona media no va a tener. Esto te permitirá acceder a tener más posibilidades, si quieres, de invertir en una segunda residencia y aumentar tu patrimonio. Son tendencias tan maquiavélicas que acaban reproduciendo la desigualdad del sistema”, explica Uceda.

El profesor publicó un artículo en el que ponía el foco en el esfuerzo que los hogares deben realizar para sufragar su vivienda, especialmente intenso en zonas como el arco sureste de la ciudad de Madrid o en distritos de Barcelona, como Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Nou Barris o Sant Martí: por encima del 35% en todos los casos, pero superando el 40% o, incluso, el 50% de la renta en algunos de ellos, lo que lastra la capacidad de ahorro.

Sandra admite no haber tenido ese problema. “Soy consciente de que tengo muchísima suerte, sobre todo viniendo de una familia obrera y de que, por circunstancias, mis abuelos pudieron comprarse ese piso”, explica.

Ella lleva viviendo en esa casa unos años, tras un acuerdo por el que pagaba todos los gastos, de suministros a posibles derramas, a cambio de ahorrarse la renta. Esto le ha permitido vivir sola, pero también tener la estabilidad suficiente para tomar determinadas decisiones. “Tengo la tranquilidad de que no se acaba el contrato y de que mi casero no me va a querer echar. Eso me da una paz mental espectacular. Además, he podido tomar riesgos profesionales porque tenía esta necesidad habitacional cubierta, como dejar un contrato indefinido porque no me gustaba el trabajo”, relata, consciente de que el alquiler hubiera sido su “ruina, como para cualquier persona joven que tiene un sueldo relativamente precario”.

Clara, de 34 años, lleva unos cuantos viviendo de alquiler. En alguna ocasión había mirado algún piso para comprar, pero las condiciones del crédito que le ofrecían los bancos eran “bastante malas”. “No tenía mucho para la entrada, me financiaban poco y me pedían varios avales e, incluso, tenía que pedir un préstamo personal”, recuerda esta joven.

Era la época previa a la desescalada de los tipos de interés acometida por el Banco Central Europeo, que terminó facilitando el acceso al crédito a partir del segundo semestre de 2024. Ella se resignó a vivir de alquiler, en una casa a su gusto pero con una renta alta, que podía permitirse a costa de sacrificar su capacidad de ahorro. Hasta que sus padres la animaron con una donación. “La decisión de comprar la motivaron ellos, en cuanto me ofrecieron ese dinero lo vi muchísimo más claro. Ya podía acceder a la casa que quería y destinar el dinero a la hipoteca en lugar de pagárselo a otra persona”, explica.

El caso de Clara es un ejemplo de cómo “en condiciones muy duras de acceso al crédito, la familia modera o matiza esa situación, metiendo liquidez para la entrada, los gastos o que la hipoteca no sea tan alta”, explica la portavoz del CGN, que apunta a estas donaciones como un “mecanismo de solidaridad intergeneracional y de planificación patrimonial” que, además, tiene un efecto inmediato. “Los padres constatan lo que están ayudando a los hijos y lo hacen con mucha ilusión. Cuando heredas, el muerto no ve nada”, explica la experta sobre sus experiencias en su notaría, en Granada.

Por comunidades autónomas, los mayores incrementos se han producido en Andalucía, Castilla y León y Murcia. El siguiente mapa muestra tanto el número de donaciones como su incremento respecto a 2014 y el número de transmisiones por cada 10.000 habitantes.

En ese mapa, señala Barea, hay otra lectura: la de la fiscalidad. En resumen, las donaciones de dinero están sujetas al impuesto de donaciones, que paga el beneficiario. Y para las transmisiones de inmuebles, el destinatario debe abonar ese tributo, además de la plusvalía del ayuntamiento donde se ubique la vivienda, mientras el donante deberá incluirla a efectos de venta en su IRPF en la siguiente declaración de la renta. “Esta es la normativa marco, pero las comunidades autónomas tienen competencias para regular los tipos de gravamen, las reducciones y bonificaciones, y ahí es donde entra la disparidad”, explica la notaria.

“Hay un grupo donde las bonificaciones entre parientes directos son muy importantes, como Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla y León, y otros donde no son tan intensas, como podrían ser Catalunya y Asturias”, desarrolla Barea. Si se consulta el número de donaciones por cada 10.000 habitantes, a la cabeza se encuentran Castellón y València, seguidas de Soria, Zamora, Murcia, Alicante, Madrid, León, Salamanca, Granada, Segovia, Almería y Palencia, con más de 50. Precisamente, la Comunitat Valenciana aprobó en 2023 una nueva bonificación sobre el impuesto de sucesiones y donaciones; Andalucía y Castilla y León lo hicieron en 2021 y Murcia inició esa senda en 2018.

Estos cambios en la tributación se aprecian bien en el siguiente gráfico, con salto en estas comunidades, pero también en Cantabria y La Rioja, que hicieron modificaciones en 2018. En el lado contrario, en 2016 Aragón eliminó las bonificaciones del 65% en patrimonios previos que superasen los 402.000 euros y del 100% por encima de los 300.000.

“Si la fiscalidad es muy gravosa, la gente busca otras salidas”, considera la experta. “La primera es no hacer nada. La segunda, optar por préstamos, en los que el dinero se va devolviendo, aunque esto puede generar bolsas de fraude [si el dinero no se devuelve realmente] en las que el ciudadano no debe incurrir, porque Hacienda puede sancionar por una donación encubierta”, advierte.

Sandra lleva tiempo ahorrando para asumir estos importes. “Es cierto que 20.000 o 30.000 euros son dinero y, tal vez, si hubiera estado pagando un alquiler no habría podido ahorrarlo, pero es una cantidad asumible como para pedir un préstamo. Además, estoy de acuerdo con que haya impuestos, así que se paga lo que se tenga que pagar”, razona con el horizonte de una vida sin hipotecas ni alquileres.

La 'supressió' de l'impost de successions i donacions a Balears, aprovada pel Govern de Marga Prohens (PP) amb el suport de Vox tot just arrencar l'actual legislatura, l'últim any ha deixat un forat de 460 milions d'euros a les arques públiques. D'aquesta quantitat, 289 milions deixats de pagar corresponen a 15 hereus (el 0,1% de declarants). Tot i que l'Executiu autonòmic presumeix, sobretot, de beneficiar amb aquesta mesura més de 20.000 famílies, la veritat és que són els ultrarrics els que s'han vist afavorits per la reforma impulsada pels conservadors en la seva batalla per reduir al màxim la recaptació fiscal, la qual cosa ha provocat que les rendes més altes de les illes deixin de contribuir al sosteniment de l'Estat de benestar.

En línia d'altres comunitats autònomes governades pel PP, el Govern va aprovar d'urgència, dues setmanes després que Prohens fos investida presidenta, eliminar de facto l'aplicació d'aquest tribut -ja àmpliament bonificat a tot Espanya- so pretext d'“ajudar les famílies amb més dificultats”, emparant-se, a més, a la fal·làcia, àmpliament estesa, que amb la bonificació del 100% d'aquest tribut -que abasta les herències entre pares i fills, néts i avis i entre cònjuges- s'ha deixat de penalitzar “l'esforç de tota una vida de les famílies”. Tot i això, el tribut no s'imposa sobre l'immoble en qüestió, sinó que recau en l'increment de riquesa que obté qui el rep sense haver generat aquesta riquesa amb el seu propi treball. Tot i els arguments del PP, l'impost de successions no busca castigar l'estalvi ni les famílies, sinó equilibrar la concentració de patrimoni que es transmet d'una generació a una altra.

Es tracta, de fet, d'un dels pocs instruments fiscals dissenyats per corregir la desigualtat hereditària, que tendeix a anar en augment quan els patrimonis més elevats es transmeten íntegres sense haver tributat, consolidant així la bretxa entre els que hereten i els que no. El missatge polític del Govern converteix així un privilegi patrimonial en un dret adquirit, reforçant la idea que la riquesa heretada no ha de contribuir al sosteniment de la despesa pública. La bonificació de l'impost de successions desplaça, d'aquesta manera, la càrrega impositiva cap als qui no hereten ni posseeixen béns significatius --atès que la recaptació d'aquest tribut, en deixar-la sense efecte, deixa destinar-se als serveis bàsics- i trenca amb el principi d'equitat vertical del sistema fiscal, segons el qual qui més n'ha d'aportar més.

La reducció i retallada d'impostos respon, a més, a un dels mantres més repetits pels partits conservadors i per la ultradreta: que “els diners estan millor a la butxaca dels ciutadans”. No obstant, aquesta afirmació omet que no totes les butxaques són iguals: qui hereta qui rep diverses propietats evita pagar sumes que, en alguns casos, superaven els centenars de milers d'euros. Una circumstància, la reducció de la capacitat recaptatòria de Balears, que s'agreuja en un context en el qual les illes afronten importants dèficits estructurals, principalment en matèria d'habitatge.

Les dades

En concret, d'acord amb les dades de l'Agència Tributària a Balears (ATIB) a què ha tingut accés elDiario.es, entre el juliol del 2024 i el maig del 2025 s'han acollit a les bonificacions d'aquest impost un total de 9.338 persones, fet que suposa una quantia de 460 milions d'euros deixada d'ingressar per l'erari públic. Davant l'al·legat esgrimit pel Govern de Prohens que aquest tribut “ofegava” la població, les dades de l'últim any mostren com gran part dels ciutadans (un 43%) s'han estalviat menys de 1.000 euros en acceptar una herència. Això és perquè el tipus impositiu que s'aplicava a les herències inferiors als 700.000 euros era de tan sols un 1%, un percentatge que s'eleva gradualment fins al 20% per als patrimonis de més de 4 milions euros.

Davant d'aquests menys de 1.000 euros que s'han estalviat les classes mitjanes i baixes, els 93 declarants més rics (l'1%) s'han estalviat 4 milions d'euros cadascun, que de manera global suposa una pèrdua de recaptació de 372 milions d'euros, posant en perill l'escut social desplegat en els últims anys tant a nivell estatal com regional i a risc d'incomplir els objectius de rebaixa del dèficit (el desequilibri entre ingressos i despeses públiques) establerts per la Unió Europea.

D'acord amb la informació consultada, en 79 dels casos, les bonificacions han estat superiors als 500.000 euros, que representen el 0,8 del total de contribuents i suposen un estalvi de 367 milions d'euros. De tots, 15 hereus s'han estalviat 289 milions d'euros. Les dades il·lustren, per tant, que els grans beneficiats no són les classes mitjanes i treballadores de les Balears, sinó les ultrarriques.

“Engrunes” per a la major part de la població

“Han estalviat engrunes a la immensa majoria de la població, però han estalviat molts milions d'euros als que tenen més patrimoni, cosa que socialment és un fracàs”, sosté, en declaracions a elDiario.es, el diputat del PSIB-PSOE i professor d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Llorenç Pou, qui subratlla, a més, que un dels aspectes més cridaners és l'allau de declaracions d'herències i donacions que s'estan registrant en vida, fins a 5.730 l'últim any. Una dada que confirma que s'està produint una “enginyeria financera” per part dels que en tenen més per aprofitar-se d'aquestes rebaixes fiscals. La reforma ha incentivat així l'ús dels pactes successoris, una figura molt estesa a les Balears que permet transmetre béns en vida i que, amb l'eliminació de l'impost, ha esdevingut una via de planificació fiscal gairebé exclusiva per a les rendes altes.

D'acord amb les dades consultades per aquest diari, les xifres contrasten, a més, amb les del primer any en què es va començar a bonificar l'impost de successions. Entre el juliol del 2023 i el juny del 2024, les arques públiques van deixar d'ingressar 70,5 milions d'euros davant els 460 milions deixats d'aportar entre el juliol del 2024 i el maig del 2025, multiplicant-se per set el perjudici econòmic per a l'erari dels ciutadans. Així mateix, el primer any dues persones es van estalviar cadascuna 5 milions d'euros. Al segon any, ja són 11 declarants els que han deixat d'abonar aquesta mateixa quantitat. I també han entrat en joc els ultrarics: en tres casos, cadascú s'ha estalviat 55 milions d'euros, en dos casos, 27 milions, i dos més de 10 milions.

Realitzant una comparativa amb l'Impost de Turisme Sostenible (ITS), que grava les pernoctacions hoteleres als establiments reglats per llei a Balears, la recaptació d'aquest últim tribut el 2024 va ser de 164 milions, cosa que suposa menys d'una tercera part dels 460 milions deixats d'ingressar amb l'Impost de Successions. Una quantitat que, assevera Pou, es podria destinar a construir tres centres sanitaris similars al nou Parc Sanitari de Son Dureta, pressupostat en 150 milions d'euros. “Estan buidant la capacitat fiscal del Govern dels propers 20 anys”, afirma.

El socialista crida l'atenció, així mateix, sobre el fet que, en 2.325 casos (el 20% de les declaracions), no s'han aprofitat les bonificacions fiscals i que fins i tot hi ha contribuents que han preferit pagar 800.000 euros, un fet que, segons la seva opinió, “demostra que una part important dels ciutadans continua donant l'esquena al bunyol fiscal” de l'actual equip de govern.

El Govern: “És un impost injust”

Des del Govern, no obstant, defensen com a justa la reforma fiscal implantada. “Sempre hem defensat que ningú ha de pagar per l'impost de successions i donacions perquè és un impost injust, grava l'esforç de les famílies, i a més la seva eliminació permet mantenir el patrimoni dins de la família”, assenyalen a elDiario.es fonts de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació. Subratllen, a més, que 20.646 famílies s'han beneficiat de l'eliminació del tribut i que el 94% de les herències bonificades al 100% són inferiors al milió d'euros, cosa que ha permès un estalvi de 758 milions. Una dada, però, que s'extreu dels dos anys d'aplicació de la mesura i no de l'últim exercici. “Llavors, aquestes 20.646 famílies de les Illes Balears són grans fortunes?”, recalquen.

La supressió de l'impost de Successions se suma, a més, a la rebaixa parcial de l'Impost de Patrimoni, que ha suposat una minva important d'ingressos -entre 60 i 70 milions d'euros anuals- per a la Comunitat Autònoma, afavorint així les fortunes més elevades. Tot i que ni el PP ni Vox parlen d'eliminació d'aquest gravamen, a la pràctica sí que suposa la supressió de la seva aplicació a Balears, atès que la pràctica totalitat dels contribuents estan exempts del pagament: els populars van decidir eximir del pagament d'aquest tribut els que posseeixin un patrimoni inferior de tres milions d'euros -exclosa l'habitatge habitual-, quan fins llavors el límit se situava en els 700.000 euros.

Si l'Executiu hagués eliminat també el tribut per a les fortunes superiors als tres milions d'euros, l'efecte seria nul a l'arxipèlag, atès que aquests patrimonis passarien a tributar al Govern central a través del 'impost de solidaritat de les grans fortunes', el tipus impositiu del qual se situa en l'1,7% per als patrimonis d'entre 3 i 5 milions d'euros; del 2,1% per als que posseeixin un conjunt de béns d?entre 5 milions i 10 milions, i del 3,5% per a aquells que superin els 10 milions d'euros. Les arques de les illes, per tant, no rebrien res d'aquesta recaudació.

Advertiments dels organismes nacionals i internacionals

La reforma fiscal del Govern de Prohens es va dur a terme, a més, contra els advertiments efectuats per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), ens estatal encarregat d'avaluar els comptes públics. En diversos informes, l'organisme carrega contra les mesures adoptades pel PP a Balears per fiar la seva política econòmica a l'increment de despeses ia la reducció i l'eliminació d'impostos. En aquest sentit, l'organisme amonesta especialment les illes pel fet de disminuir el mínim exempt a l'impost de patrimoni mentre s'encomana a ingressos de menor quantia, com els derivats de l'augment de les tarifes del cànon de sanejament d'aigües.

De la mateixa manera, institucions com el Banc d'Espanya, el Banc Central Europeu (BCE) i el Fons Monetari Internacional (FMI) han advertit del risc de baixar impostos i advoquen, a més, per incrementar els gravàmens a les grans fortunes i a les empreses que més s'han beneficiat de la inflació –principalment, els bancs i les energètiques-. Per la seva banda, l'OCDE recolza especialment el manteniment i l'increment de l'impost de successions en considerar-ho una eina primordial per millorar l'equitat econòmica, promoure la justícia social i reduir la desigualtat estructural a la societat. “Aquest impost enalteix la igualtat d'oportunitats”, defensa l'organització en un dels seus informes, en què assevera que la riquesa mundial és, en gran part, heretada i la seva fiscalitat pot ajudar a corregir desigualtats que s'arrosseguen i que, sense això, es poden prolongar en generacions futures.

Amb tot, l'Executiu del PP subratlla que el balanç del compliment de dos anys de l'inici de la reforma fiscal, aglutinant l'estalvi de les bonificacions de l'impost sobre successions, l'impost sobre transmissions patrimonials i les deduccions fiscals aplicades a la campanya de la renda del passat exercici, ascendeix a 835 milions d'euros. Unes mesures que s'han conjugat amb un increment de la despesa no financera de 615 milions d'euros aquests dos anys i amb una reducció d'aproximadament 500 milions d'euros de deute viu. “Vam demostrar que l'equilibri era més que possible”, subratllava recentment el conseller d'Economia i el vicepresident primer de l'Executiu balear, Antoni Costa.

La 'supresión' del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Balears, aprobada por el Govern de Marga Prohens (PP) con el apoyo de Vox nada más arrancar la actual legislatura, ha dejado en el último año un agujero de 460 millones de euros en las arcas públicas. De esa cantidad, 289 millones dejados de pagar corresponden a 15 herederos (el 0,1% de declarantes). A pesar de que el Ejecutivo autonómico presume, sobre todo, de beneficiar con esta medida a más de 20.000 familias, lo cierto es que son los ultrarricos quienes se han visto favorecidos por la reforma impulsada por los conservadores en su batalla por reducir al máximo la recaudación fiscal, lo que ha provocado que el dinero que las rentas más altas de las islas hayan dejado de contribuir al sostenimiento del Estado de bienestar.

En línea de otras Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, el 18 de julio de 2023 el Govern aprobó de urgencia, apenas dos semanas después de que Prohens fuese investida presidenta, eliminar de facto la aplicación de este tributo -ya ampliamente bonificado en toda España- so pretexto de “ayudar a las familias con más dificultades”, amparándose, además, en la falacia de que, con la bonificación del 100% de este gravamen -que abarca a las herencias entre padres e hijos, nietos y abuelos y entre cónyuges-, se ha dejado de penalizar “el esfuerzo de toda una vida de las familias”. Un argumento que no atiende a la realidad, dado que este impuesto no se impone sobre el inmueble en cuestión, sino que recae en quien lo hereda al ver incrementada su riqueza sin haberla generado con su propio trabajo. Pese a los alegatos repetidos una y otra vez por PP y Vox, el Impuesto de Sucesiones no busca castigar el ahorro ni a las familias, sino equilibrar la concentración de patrimonio que se transmite de una generación a otra.

Se trata, de hecho, de uno de los pocos instrumentos fiscales diseñados para corregir la desigualdad hereditaria, que tiende a ir en aumento cuando los patrimonios más elevados se transmiten íntegros sin haber tributado apenas por ellos, consolidando de este modo la brecha entre quienes heredan y quienes no. El mensaje político del Govern convierte así un privilegio patrimonial en un derecho adquirido, reforzando la idea de que la riqueza heredada no debe contribuir al sostenimiento del gasto público. La bonificación del Impuesto de Sucesiones desplaza, de esta forma, la carga impositiva hacia quienes no heredan ni poseen bienes significativos -dado que la recaudación de este tributo, al dejarla sin efecto, deja destinarse a los servicios esenciales- y rompe con el principio de equidad vertical del sistema fiscal, según el cual quien más tiene debe aportar más.

La reducción y recorte de impuestos responde, además, a uno de los mantras más repetidos por los partidos conservadores y por la ultraderecha: que “el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos”. Sin embargo, esta afirmación omite que no todos los bolsillos son iguales: quien hereda un piso modesto apenas obtiene un ahorro simbólico, mientras que quien recibe varias propiedades evita pagar sumas que, en algunos casos, superaban los cientos de miles de euros. Una circunstancia, la reducción de la capacidad recaudatoria de Balears, que se agrava en un contexto en el que las islas afrontan importantes déficits estructurales, principalmente en materia de vivienda.

Los datos

En concreto, de acuerdo a los datos de la Agencia Tributaria en Balears (ATIB) a los que ha tenido acceso elDiario.es, entre julio de 2024 y mayo de 2025 se han acogido a las bonificaciones de este impuesto un total de 9.338 personas, lo que supone una cuantía de 460 millones de euros dejada de ingresar por el erario público. Frente al alegato esgrimido por el Govern de Prohens de que este tributo “ahogaba” a la población, los datos del último año muestran cómo gran parte de los ciudadanos (un 43%) se ha ahorrado menos de 1.000 euros. Esto es debido a que el tipo impositivo que se aplicaba a las herencias inferiores a los 700.000 euros era de tan solo un 1%, un porcentaje que se eleva gradualmente hasta el 20% para los patrimonios de más de 4 millones euros.

Frente a esos menos de 1.000 euros que se han ahorrado las clases medias y bajas, los 93 declarantes más ricos (el 1%) se han ahorrado 4 millones de euros cada uno, que de manera global supone una pérdida de recaudación de 372 millones de euros, poniendo en peligro el escudo social desplegado en los últimos años tanto a nivel estatal como regional y a riesgo de incumplir los objetivos de rebaja del déficit (el desequilibrio entre ingresos y gastos públicos) establecidos por la Unión Europea.

De acuerdo a la información consultada, en 79 de los casos, las bonificaciones han sido superiores a los 500.000 euros, que representan el 0,8 del total de contribuyentes y suponen un ahorro de 367 millones de euros. De todos ellos, 15 herederos se han ahorrado 289 millones de euros. Los datos ilustran, por tanto, que los grandes beneficiados no son las clases medias y trabajadoras de Balears, sino los ultrarricos.

“Migajas” para la mayor parte de la población

“Han ahorrado migajas a la inmensa mayoría de la población, pero han ahorrado muchos millones de euros a los que tienen un mayor patrimonio, lo que socialmente es un fracaso”, sostiene, en declaraciones a elDiario.es, el diputado del PSIB-PSOE y profesor de Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Llorenç Pou, quien subraya, además, que uno de los aspectos más llamativos es el alud de declaraciones de herencias y donaciones que se están registrando en vida, con hasta 5.730 en el último año. Un dato que, asevera Pou, confirma que se está produciendo una “ingeniería financiera” por parte de quienes más tienen para aprovecharse de estas rebajas fiscales. La reforma ha incentivado así el uso de los pactos sucesorios, una figura muy extendida en Balears que permite transmitir bienes en vida y que, con la eliminación del impuesto, se ha convertido en una vía de planificación fiscal casi exclusiva para las rentas altas.

De acuerdo a los datos consultados por este periódico, las cifras contrastan, además, con las del primer año en el que comenzó a bonificarse el Impuesto de Sucesiones. Entre julio de 2023 y junio de 2024, las arcas públicas dejaron de ingresar 70,5 millones de euros frente a los 460 millones dejados de aportar entre julio de 2024 y mayo de 2025, multiplicándose por siete el perjuicio económico para el erario de los ciudadanos. Asimismo, en el primer año, dos personas se ahorraron cada una 5 millones de euros. En el segundo año, ya son 11 declarantes los que han dejado de abonar esta misma cantidad. Y también han entrado en juego los ultrarricos: en tres casos, cada uno se ha ahorrado 55 millones de euros, en dos casos, 27 millones, y dos, más de 10 millones.

Realizando una comparativa con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), que grava las pernoctaciones hoteleras en los establecimientos reglados por ley en Balears, la recaudación de este último tributo en 2024 fue de 164 millones, lo que supone menos de una tercera parte de los 460 millones dejados de ingresar con el Impuesto de Sucesiones. Una cantidad que, asevera Pou, podría destinarse a construir tres centros sanitarios similares al nuevo Parque Sanitario de Son Dureta, presupuestado en 150 millones de euros. “Están vaciando la capacidad fiscal del Govern de los próximos 20 años”, afirma.

El socialista llama la atención, asimismo, sobre el hecho de que, en 2.325 casos (el 20% de las declaraciones), no se han aprovechado las bonificaciones fiscales y que incluso hay contribuyentes que han preferido pagar 800.000 euros, un hecho que, en su opinión, “demuestra que una parte importante de los ciudadanos continúa dando la espalda a la chapuza fiscal” del actual equipo de gobierno.

El Govern: “Es un impuesto injusto”

Desde el Govern, sin embargo, defienden como justa la reforma fiscal implantada. “Siempre hemos defendido que nadie debe pagar por el impuesto de sucesiones y donaciones porque es un impuesto injusto, grava el esfuerzo de las familias, y además su eliminación permite mantener el patrimonio dentro de la familia”, señalan a elDiario.es fuentes de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación. Subrayan, además, que 20.646 familias se han beneficiado de la eliminación del tributo y que el 94% de las herencias bonificadas al 100% son inferiores al millón de euros, lo que ha permitido un ahorro de 758 millones. Un dato, sin embargo, que se extrae de los dos años de aplicación de la medida y no del último ejercicio. “Entonces, ¿estas 20.646 familias de las Illes Balears son grandes fortunas?”, recalcan.

Las mismas fuentes recalcan, además, que el balance del cumplimiento de los dos años del inicio de la reforma fiscal, aglutinando el ahorro de las bonificaciones del Impuesto sobre sucesiones, el de transmisiones patrimoniales y las deducciones fiscales aplicadas en la campaña de la renta del pasado ejercicio, asciende a un toal de 835 millones de euros. Unas medidas que se han conjugado con un incremento del gasto no financiero de 615 millones de euros en esos dos años y con una reducción de aproximadamente 500 millones de euros de deuda viva. “Demostramos que el equilibrio era más que posible”, subrayaba recientemente el vicepresidente primero del Govern, Antoni Costa.

El Ejecutivo del PP sostiene, además, que la bajada de impuestos no compromete la estabilidad financiera de Balears, alegando que las islas son actualmente una de las regiones que más crecen económicamente en España -al cierre de 2024, el Producto Interior Bruto (PIB) del archipiélago aumentó un 4,2 %, según el Instituto Nacional de Estadística-. Asimismo, desde la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, encabezada por Antoni Costa, subrayan que las agencias de calificación crediticia han mejorado en dos ocasiones la nota de la Comunidad Autónoma durante esta legislatura. En concreto, estas firmas de calificación de riesgo se encargan de evaluar la solvencia de las administraciones públicas -aunque no la sostenibilidad social ni la calidad del gasto público- y determinar en qué condiciones pueden éstas endeudarse en los mercados financieros-.

Con todo, que una administración pueda financiarse en los mercados, incluso a tipos más bajos de interés, le permite responder a necesidades financieras a corto plazo, pero no implica la inexistencia de un riesgo fiscal ni evita que el dinero dejado de obtener vía impuestos deje de destinarse a los servicios básicos de la población o a amortiguar futuras crisis.

Advertencias de los organismos nacionales e internacionales

En este sentido, son varias las advertencias lanzadas a Balears por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ente estatal encargado de evaluar las cuentas públicas. En varios de sus informes, el organismo carga contra las medidas adoptadas por el PP en Balears por fiar su política económica al incremento de gastos y a la reducción y eliminación de impuestos. En este sentido, el organismo amonesta especialmente a las islas por el hecho de disminuir el mínimo exento en el Impuesto de Patrimonio mientras se encomienda a ingresos de menor cuantía, como los derivados del aumento de las tarifas del canon de saneamiento de aguas.

Del mismo modo, instituciones como el Banco de España, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han advertido del riesgo de bajar impuestos y abogan, además, por incrementar los gravámenes a las grandes fortunas y a las empresas que más se han beneficiado de la inflación -principalmente, los bancos y las energéticas-. Por su parte, la OCDE, que engloba las grandes economías del mundo, respalda especialmente el mantenimiento e incremento del Impuesto de Sucesiones al considerarlo una herramienta primordial para mejorar la equidad económica, promover la justicia social y reducir las desigualdades estructurales de la sociedad. “Este impuesto ensalza la igualdad de oportunidades”, defiende la organización en uno de sus informes, en el que asevera que la riqueza mundial es, en una gran parte, heredada, por lo que su fiscalidad puede ayudar a corregir desigualdades que se arrastran. Sin ello, estas desigualdades pueden prolongarse a lo largo de futuras generaciones.

La supresión del Impuesto de Sucesiones en Balears se suma, además, a la rebaja parcial del Impuesto de Patrimonio, que ha supuesto una importante merma de ingresos -entre 60 y 70 millones de euros anuales- para la Comunidad Autónoma, favoreciendo con ello a las fortunas más elevadas. Pese a que ni PP ni Vox hablan de eliminación de este gravamen, en la práctica sí supone la supresión de su aplicación en las islas, dado que la práctica totalidad de los contribuyentes están exentos de su pago: los populares decidieron eximir del pago de este tributo a quienes posean un patrimonio inferior de tres millones de euros -excluida la vivienda habitual-, cuando hasta entonces el límite se situaba en los 700.000 euros. 

Si el Ejecutivo hubiera eliminado también el tributo para las fortunas superiores a los tres millones de euros, el efecto sería nulo en el archipiélago, dado que esos patrimonios pasarían a tributar al Gobierno central a través del 'impuesto de solidaridad de las grandes fortunas', cuyo tipo impositivo se sitúa en el 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5 millones de euros; del 2,1% para quienes posean un conjunto de bienes de entre 5 millones y 10 millones, y del 3,5% para aquellos que superen los 10 millones de euros. Las arcas de las islas, por tanto, no recibirían nada de esta recaudación.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que recuerda a Hacienda que no tiene un número indefinido de intentos para reclamar dinero a un contribuyente. Los jueces han estudiado el caso de varios hermanos que llevaron a los tribunales a la agencia tributaria gallega por abrir hasta cuatro liquidaciones contra ellos por la herencia de su padre, cuando la jurisprudencia limita esa posibilidad de repetir una reclamación fallida hasta dos ocasiones. “No es admisible conceder a la Administración una oportunidad indefinida de repetir actos administrativos de gravamen hasta que, al fin, acierte, en perjuicio de los ciudadanos”, reprocha el Supremo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha estudiado el caso de tres hermanos que en 2012, tras el fallecimiento de su familiar, heredaron diversas propiedades: una casa familiar, locales comerciales, viviendas, y una finca rústica en diversos puntos de Galicia. La primera liquidación de la Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA) por el impuesto de sucesiones fue anulada en 2015, la segunda en 2016 y la tercera en 2017. Los hermanos llevaron su caso al Supremo al entender que la cuarta liquidación en camino superaba con creces el número de oportunidades que merecía el fisco.

El Supremo explica que la Hacienda estatal o las autonómicas tienen lo que se conoce como el “doble tiro”: volver a poner en marcha una liquidación sobre la misma infracción si la primera ha sido anulada, por ejemplo porque la acción haya caducado. Pero en casos como este, el “tercer tiro” o sucesivos intentos van más allá de lo que debe permitirse.

Esa capacidad de tener un segundo intento o “doble tiro”, recuerda el Supremo, “no autoriza a reiterar esa actividad y concretarla en un tercer o ulteriores actos de liquidación”. Los jueces son contundentes: “Bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia es lícito que la Administración pueda dictar un tercero y, menos aún, otros subsiguientes actos administrativos”.

Los principios legales que rigen la actividad de las administraciones públicas, en este caso las tributarias, se oponen a esta sucesión infinita de intentos “de manera absoluta” y el límite legal son dos “tiros” o liquidaciones. “No es admisible conceder a la Administración una oportunidad indefinida de repetir actos administrativos de gravamen hasta que, al fin, acierte, en perjuicio de los ciudadanos”.

La documentación del caso revela el volumen de la herencia y del posterior impuesto de sucesiones de estos tres hermanos. En algunas de las liquidaciones fallidas, la hacienda gallega reclamó liquidaciones de unos 140.000 euros por cabeza. El pleito, en total, superaba los 406.000 euros en reclamaciones económicas.

La segunda oportunidad que tiene Hacienda, en primer lugar, tiene que “ceñirse” a la reclamación fallida. Eso deriva en la “imposibilidad” de una tercera liquidación. No existe, añaden los jueces, “un atípico e improcedente derecho al error; o derecho al error persistente; y peor aún, derecho al error impune o gratuito, sin consecuencia alguna para quien yerra”.

El Govern balear del PP donarà suport a diverses esmenes presentades per Vox per incrementar del 50 al 60% les bonificacions fiscals de les herències entre germans així com entre oncles i nebots. Així mateix, preveu augmentar del 25% al 35% les deduccions de les transmissions entre pares i fills.

Així ho han pactat populars i ultraconservadors de cara al debat -i previsible aprovació- dels pressupostos autonòmics del 2025, que tindrà lloc entre dilluns i dimecres de la setmana que ve. En concret, l'esmena presentada per Vox afecta els familiars del grup III de l'impost sobre successions i donacions, que al·ludeix a les adquisicions per part de col·laterals de segon grau (germans) i tercer grau (oncles i nebots), així com d'ascendents i descendents per afinitat, que actualment perceben una bonificació de 8.000 euros.

En roda de premsa posterior al Consell de Govern, el portaveu i vicepresident de l'Executiu, Antoni Costa, ha considerat “francament positiva” aquesta mesura, que va en línia, ha abundat, de la reforma fiscal impulsada durant aquesta legislatura i que ha tirat endavant “amb el suport de Vox”.

Una reforma que, ha subratllat, ha estat “molt intensa durant els primers dos anys” i al voltant de la qual el Govern anirà “adoptant mesures que potser no tenen tant impacte, però que seran molt importants per als ciutadans de les illes”, ha incidit Costa.

Es dona la circumstància que un informe recent dels investigadors Isabel Micó i Roberto Ramos, del Banc d'Espanya, assenyala que l'impost de successions i donacions, cedit des del 1996 a les autonomies, recaptaria el triple sense la competència fiscal a la baixa liderada pels governs autonòmics del PP. En aquest sentit, l'estudi subratlla que si totes les regions retiressin les bonificacions i fixessin els nivells de la llei estatal del tribut sobre les herències, els ingressos augmentarien del 0,23% del PIB (uns 3.000 milions) a gairebé el 0,7% (més de 10.000 milions).

L'informe proposa així diverses reformes de l'impost sobre les herències per augmentar-ne la recaptació. Entre elles, retirar les bonificacions de les quotes tributàries: “L'increment recaptatori de la primera reforma, en termes absoluts, vindria explicat fonamentalment per la Comunitat de Madrid, ja que aquesta regió té bonificada en gran mesura la quota tributària de l'impost de successions”.

Sobre les Balears, el document assenyala que, en un escenari d'harmonització d'aquest tribut a nivell estatal, l'arxipèlag veuria un increment de recaptació addicional si s'implantessin tipus estatals de referència i s'eliminessin bonificacions autonòmiques, encara que l'increment seria més moderat comparat amb comunitats com Madrid.

Per justificar l'increment de les bonificacions fiscals sobre les herències, les diferents comunitats del PP al·leguen que aquest impost impedeix rebre l'herència en molts casos i obliguen a renunciar-hi. Les estadístiques, però, tiren per terra aquest mite, com ho consideren els experts, els que apunten a altres causes com els deutes que acompanyen l'herència.

El Govern balear del PP dará apoyo a varias enmiendas presentadas por Vox para incrementar del 50 al 60% las bonificaciones fiscales de las herencias entre hermanos así como entre tíos y sobrinos. Asimismo, prevé aumentar del 25 al 35% las deducciones de las transmisiones entre padres e hijos.

Así lo han pactado populares y ultraconservadores de cara al debate -y previsible aprobación- de los presupuestos autonómicos de 2025, que tendrá lugar entre el lunes y el miércoles de la próxima semana. En concreto, la enmienda presentada por Vox afecta a los familiares del grupo III del impuesto sobre sucesiones y donaciones, que alude a las adquisiciones por parte de colaterales de segundo grado (hermanos) y tercer grado (tíos y sobrinos), así como de ascendientes y descendientes por afinidad, que en la actualidad perciben una bonificación de 8.000 euros.

En rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz y vicepresidente del Ejecutivo, Antoni Costa, ha considerado “francamente positiva” esta medida, que va en línea, ha abundado, de la reforma fiscal impulsada durante esta legislatura y que ha salido adelante “con el apoyo de Vox”.

Una reforma que, ha subrayado, fue “muy intensa durante los primeros dos años” y en torno a la cual el Govern irá “adoptando medidas que a lo mejor no tienen tanto impacto, pero que serán muy importantes para los ciudadanos de las islas”, ha incidido Costa.

Se da la circunstancia, sin embargo, de que un reciente informe de los investigadores Isabel Micó y Roberto Ramos, del Banco de España, señala que el impuesto de sucesiones y donaciones, cedido desde 1996 a las autonomías, recaudaría el triple sin la competencia fiscal de los gobiernos autonómicos del PP. En este sentido, el estudio subraya que si todas las regiones retirasen las bonificaciones y fijasen los niveles de la ley estatal del tributo sobre las herencias, los ingresos aumentarían del 0,23% del PIB (unos 3.000 millones) a casi el 0,7% (más de 10.000 millones).

El informe propone así varias reformas del impuesto sobre las herencias para aumentar su recaudación. Entre ellas, retirar las bonificaciones de las cuotas tributarias: “El incremento recaudatorio de la primera reforma, en términos absolutos, vendría explicado fundamentalmente por la Comunidad de Madrid, debido a que dicha región tiene bonificada en gran medida la cuota tributaria del impuesto de sucesiones”.

Sobre Balears, el documento señala que, en un escenario de armonización de este tributo a nivel estatal, el archipiélago vería un incremento de recaudación adicional si se implantaran tipos estatales de referencia y se eliminaran bonificaciones autonómicas, aunque el incremento sería más moderado comparado con comunidades como Madrid.

Para justificar el incremento de las bonificaciones fiscales sobre las herencias, las distintas Comunidades del PP alegan que este impuesto impide en muchos casos recibir la herencia y obligan a renunciar a ella. Las estadísticas, sin embargo, echan por tierra este mito, como lo consideran los expertos, quienes apuntan a otras causas como las deudas que acompañan a la herencia.

El impuesto de sucesiones y donaciones recaudaría el triple sin la competencia fiscal a la baja de las Comunidades Autónomas, liderada por los gobiernos del Partido Popular (PP) de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía.

Los investigadores Isabel Micó y Roberto Ramos del Banco de España han publicado este martes un informe en el que señalan si todas las Comunidades Autónomas retirasen las bonificaciones y fijasen los niveles de la ley estatal del tributo sobre las herencias, los ingresos aumentarían del 0,23% del PIB (unos 3.000 millones) a casi el 0,7% (más de 10.000 millones).

“Sigue pendiente en nuestro país una reforma del sistema de financiación autonómica que corrija algunas de las limitaciones que este ha mostrado a lo largo de las últimas décadas”, arranca el documento de la institución. “Dicha reforma debería cumplir con los principios de suficiencia de los recursos disponibles para las Comunidades Autónomas —sobre la base de algún método de cálculo objetivo de las necesidades reales de gasto de las comunidades (entre cuyas competencias está la sanidad, la educación o los servicios sociales)—, corresponsabilidad fiscal de estas en la financiación de sus gastos —entendida esta última como la capacidad de las regiones para generar ingresos que financien su gasto— y transparencia en los distintos parámetros que determinan el funcionamiento del sistema y su evolución”, continúa.

Para aportar a este debate, los economistas Isabel Micó y Roberto Ramos han desarrollado una herramienta analítica del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Un tributo que, desde 1996, está cedido a las Comunidades Autónomas y sobre el que estas tienen capacidad normativa. “En particular, las comunidades tienen la potestad para modificar los parámetros del impuesto establecidos en la normativa de ámbito estatal que actúa como referencia, tales como la escala de gravamen, las reducciones por parentesco o las bonificaciones sobre la cuota, entre otros”, resumen.

La herramienta del Banco de España excluye a Euskadi y a la Comunidad Foral de Navarra, porque estas comunidades no pertenecen al régimen común del sistema de financiación y, por tanto, “carecen de datos del impuesto de patrimonio, necesarios para la simulación”. Asimismo, la herramienta no cuantifica la parte del impuesto asociada a las donaciones.

La recaudación del impuesto sobre sucesiones y donaciones

En 2023, los ingresos correspondientes al impuesto sobre las herencias alcanzaron el 0,23% del PIB en España, lo que sitúa a este tributo —entre aquellos cuyo rendimiento está cedido completamente a las comunidades— como el segundo en términos de recaudación, por detrás del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (0,73% del PIB) y por delante del impuesto sobre el patrimonio (0,11% del PIB).

Desde una perspectiva internacional, la recaudación del impuesto de sucesiones en España en 2023 estuvo por encima de la observada en el promedio de los países de la Unión Europea (UE), un 0,15% del PIB. En particular, fue similar a la de Alemania y Dinamarca, y se situó por debajo de la de Francia y Bélgica (0,8% y 0,6% del PIB, respectivamente), países que lideran la recaudación de la UE en este ámbito.

Desde una óptica regional, los datos de recaudación del impuesto sobre las herencias en España revelan la existencia de diferencias entre comunidades. En 2023, los ingresos más elevados correspondieron a Illes Balears, seguida del Principado de Asturias, Cataluña y La Rioja, todas ellas con una recaudación por encima del 0,3% de su PIB. En el otro extremo, Extremadura, Andalucía y la Región de Murcia obtuvieron los menores niveles de recaudación, por debajo del 0,15% del PIB. Madrid se queda ligeramente por encima de ese último nivel. “Cabe destacar que, a partir de los primeros años de este siglo, los Gobiernos regionales han ejercido activamente su capacidad normativa [a la baja] sobre el impuesto de Sociedades”, según incide el informe del Banco de España.

Propuestas de reforma del impuesto sobre las herencias

Los investigadores del Banco de España proponen varias reformas del impuesto sobre las herencias para aumentar su recaudación. Entre ellas, retirar las bonificaciones de las cuotas tributarias. “El incremento recaudatorio de la primera reforma, en términos absolutos, vendría explicado fundamentalmente por la Comunidad de Madrid, debido a que dicha región tiene bonificada en gran medida la cuota tributaria del impuesto de sucesiones”, observa el informe.

Más allá de la financiación autonómica, la cuestión de las herencias es clave porque es una de las principales causas que explica la desigualdad de riqueza. Según los datos que se presentan en este reportaje, el peso de las herencias en el PIB ha aumentado considerablemente en nuestro país desde finales del siglo XX, hasta superar el 3% —solo teniendo en cuenta la transmisión de propiedades inmobiliarias (viviendas principalmente, y fincas rústicas o solares urbanos)—, un máximo de otra época.

La desigualdad de riqueza se está agravando por la acumulación de propiedades, su financiarización y la revalorización (subida de precios) descontrolada, y esta brecha condiciona las oportunidades y el bienestar de las personas como ocurría en etapas de la Historia muy lejanas. Visto de otra manera, los salarios y el trabajo productivo cada vez son más irrelevantes en nuestra sociedad para garantizar las mismas oportunidades se nazca en la familia en la que se nazca.

¡Buenos días! 

¿Cómo llevas la semana? En plena efervescencia de la geopolítica, un país gobernado por un ejecutivo progresista ha tenido que admitir la realidad. La ministra de Economía británica, Rachel Reeves, anunció este miércoles un panorama sombrío: el aumento del gasto militar al tiempo que confirmó más recortes en prestaciones sociales de aquí al final de la década. La situación económica del Reino Unido no tiene nada que ver con la de España, pero es un aviso claro a navegantes. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó en el Congreso su compromiso para que el incremento del gasto militar no implique recortes sociales. “No hay por qué elegir. Vamos a garantizar a la vez su seguridad, su posición en Europa y su compromiso con la paz, el Estado del Bienestar y la transición ecológica”, sentenció.

No es desconfianza, pero no parece que vaya a haber nuevos presupuestos generales, tenemos reglas de déficit que cumplir con Bruselas y la aritmética parlamentaria no despeja un camino fácil para el consenso político. La situación económica de España es buena, pero hay que decidir en qué nos gastamos un dinero que es finito.

La economía de un país está marcada por las decisiones políticas. Y de esta manera, la desigualdad económica entre las personas está directamente relacionada con medidas tomadas desde el ámbito político. Un claro ejemplo es la vivienda, que ya se ha convertido en un claro elemento de desigualdad. Como ya hemos explicado, la renta de los caseros duplica la de los inquilinos en un mercado como el español, donde hay millones de rentistas que tienen ingresos por viviendas, donde el alquiler de inmuebles es más rentable que tener letras o fondos de inversión. Legislar para controlar el mercado de la vivienda es una necesidad para reducir la desigualdad en nuestro país.

Pero además, ya se ha descubierto que las herencias de la generación de los 'boomers' van a concentrar aún más la riqueza en los que ya son los más ricos por una importante transmisión de viviendas de padres a hijos en las próximas décadas, sobre todo entre las familias más ricas. Si no se ponen medidas legislativas va a aumentar considerablemente la desigualdad. 

De hecho, la bonificación del impuesto de sucesiones, como está haciendo el Partido Popular en las Comunidades Autónomas en las que gobierna, es una medida política que amplía la brecha de la desigualdad. 

Con los datos del Anuario de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que hacen los Registradores de la Propiedad se puede comprobar que ya en 2021 el peso de las herencias en el PIB ha aumentado considerablemente y ya supera el 3%, teniendo en cuenta la transmisión de propiedades inmobiliarias (viviendas principalmente, y fincas rústicas o solares urbanos. Ese porcentaje del PIB es equivalente al peso que tenían las herencias a principios del siglo XX.

La conclusión es clara: la desigualdad se está agravando por la acumulación de propiedades y su revalorización en un mercado donde se han convertido en un producto más con una fuerte subida de precios. Hay que recordar que el acceso a la vivienda es un derecho recogido en la Constitución. Así que son necesarias medidas legislativas para gravar las herencias y regular el mercado de la vivienda. La desigualdad es producto de decisiones políticas. Acabar con la desigualdad también es posible desde la política. Hay que tomar medidas.  

El dato

75%

Se han incrementado las multas por acoso sexual en las empresas. En 2024, la Inspección de Trabajo realizó “1.327 actuaciones” en materia de acoso sexual y protocolos de acoso sexual, que terminaron en 92 infracciones con multas que ascendieron a 388.822 euros. Este fuerte incremento obedece a plantillas más concienciadas, más denuncias, que señalan comentarios a tocamientos o contacto físico no deseado, y a que muchas empresas incumplen la obligación de prevención y protección frente al acoso sexual. Hay que seguir denunciando y creando espacios laborales libres del acoso sexual. Aquí te explicamos cómo “se está denunciando más” y las multas de la Inspección de Trabajo por acoso sexual aumentan un 75%.  

Verde que te quiero verde

La Unión Europea impulsará siete proyectos en España para la extracción de minerales críticos que se han convertido fundamentales para el desarrollo de sectores económicos clave.  La Comisión Europea ha diseñado una estrategia para financiar la apertura de 47 minas en el continente y reducir la dependencia de países como China, dentro del objetivo de ampliar la autonomía estratégica de la UE. En el caso de España, los siete proyectos están en Extremadura, Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha, donde se espera extraer minerales como litio, cobre, cobalto o níquel. Aquí te explicamos los planes de Bruselas para financiar la apertura de minas de minerales críticos.

Hay muchas dudas sobre el impacto ecológico de estos proyectos mineros. Pero también salta la desconfianza al conocer quién está detrás de las explotaciones mineras: dos multinacionales, el mayor fondo del mundo, grandes fortunas españolas y dos directivos sancionados por el regulador bursátil por infracciones muy graves. En este enlace te contamos que las minas que impulsa la UE en España están en manos de gigantes mundiales, ultrarricos y directivos multados por la CNMV.   

Entrepreneur

Alrededor del negocio de la minería de tierras raras están apareciendo entrepreneurs de todo pelaje. Uno de ellos es Javier Merino, polémico empresario  donde los haya. Merino es el presidente de Quantum Minería, compañía que lleva años intentando explotar minerales críticos en Campo de Montiel (Ciudad Real). Ahora bien, en las cuentas de 2023, últimas que ha presentado, Quantum tenía patrimonio negativo y res millones en deudas con firmas de su presidente, contaba con un empleado declarado, cero euros de facturación y cifras propias de una empresa con una situación financiera delicada. Aquí te contamos la delicada situación de la empresa de Javier Merino que quiere buscar tierras raras en Ciudad Real.  

Letras que son un Tesoro

Precisamente esos minerales críticos son fundamentales para el desarrollo de microprocesadores. La geopolítica del chip está en plena ebullición. El coronavirus demostró la vulnerabilidad de los países desarrollados cuando se rompen las cadenas de suministros de los semiconductores. Ya so componentes indispensables en la vida digital y en sectores críticos como el automóvil, las comunicaciones o la defensa. Cómo ha cambiado la industria de los chips y el mundo en los últimos cinco años es lo que Emilio García y Marimar Jiménez explican en Chips y Poder. Una batalla global por controlar la tecnología del futuro (Editorial Catarata). En esta lucha por controlar la tecnología ya hay un derrotado: “La innovación”. Aquí tienes una entrevista con los autores del libro que señalan: “Europa ha fallado totalmente en atraer una fábrica de chips avanzados”. 

El gráfico

No hay muchos productos tan necesitados en las mesas de las casas españolas que haya sufrido un impacto inflacionario tan potente como el aceite de oliva. Solo hay que mirar el gráfico para comprobar una evolución de precios que durante un periodo de tiempo convirtió al aceite de oliva en un artículo de lujo. El precio de la cesta de la compra lleva meses viviendo al son que marca el aceite de oliva, aunque ahora hay otros productos, como los huevos, que están dando más quebraderos de cabeza tras semanas de subidas. La sequía hundió la producción de aceite: “Esta es una campaña excepcional por lo baja”, aseguró entonces el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Afortunadamente, la climatología ha ayudado y la cosecha se ha normalizado. Los precios –al menos en origen– ha vuelto a su punto de partida: lo que se paga a los productores es lo mismo que en otoño de 2022, cuando comenzó su espiral inflacionista. Aquí te contamos cómo el aceite de oliva vuelve a precios previos a su despegue mientras la lluvia augura otra buena cosecha.  

Cada vez que habla sube el pan

Buscaremos un socio que comparta nuestro compromiso con la privacidad de los datos de nuestros clientes y que nos permita continuar con nuestra misión de ayudar a las personas a acceder, comprender y beneficiarse del genoma humano

La empresa 23andMe, en una carta a sus clientes

¿Qué pasa con la información de los clientes de una empresa cuando entra en bancarrota? La pregunta no es baladí. Menos aún cuando esa información es el ADN de 15 millones de personas. La empresa de análisis genéticos 23andMe se ha declarado en quiebra. La compañía fundada en 2006. Atención, llegó a estar valorada en más de 6.000 millones de dólares tras su salida a bolsa en 2021. Un dato a tener en cuenta de las locuras que se han hecho (y se siguen haciendo) en la valoración de empresas: ¿Cómo se pudo valorar en miles de millones de dólares una compañía que no demostró en ningún momento su capacidad para lograr beneficios? Nunca llegó a tener un modelo de negocio rentable. Tras dar un servicio sobre los orígenes de las personas, terminó centrándose en hacer previsiones sobre posibles enfermedades hereditarias. La duda ahora es qué va a pasar con el verdadero activo de la compañía que son los datos genéticos de los más de 15 millones de personas que pagaron por sus servicios. Aquí te contamos la quiebra de 23andMe y el futuro incierto de los datos de ADN de 15 millones de personas.  

Bien Público

En elDiario.es siempre hemos tenido como objetivo contarte quién está detrás de las empresas que funcionan en el mercado español. Especialmente, si se trata de expolíticos que entran en compañías que reciben miles de euros de las Administraciones Públicas en contratos o en subvenciones. Una de estas empresas es Vivo, empresa de servicios de diagnóstico por imagen, con más de 300 especialistas, 50 equipos de alta tecnología diagnóstica y 20 centros especializados en diagnóstico por imagen. El exministro de Justicia con el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, Rafael Catalá, administra a este grupo dedicado al negocio de la sanidad privada. Solo en 2022 y 2023, Vivo recibió 10,6 millones de euros de los servicios de salud autonómicos. En este reportaje de Antonio M. Vélez te contamos como el exministro Rafael Catalá gestiona un grupo de sanidad privada que recibe millones en contratos públicos y otros negocios.  

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En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

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“Olvídate de tu carrera. Hoy lo que importa es la herencia”, sentenció recientemente la revista semanal 'The Economist' en un reportaje en el que demostró que las sociedades de “los países desarrollados empiezan a parecerse” en la desigualdad de la riqueza a las del siglo XIX y principios del XX. Este medio británico calculó el peso de las herencias en el PIB (Producto Interior Bruto) de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania o Italia, y detectó que la importancia de la transmisión familiar de viviendas, dinero o acciones en la economía se ha disparado en los últimos años hasta máximos no vistos desde la Primera Guerra Mundial.

elDiario.es ha realizado un ejercicio similar para España, aprovechando la publicación esta semana del Anuario de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, con los datos de los Registradores de la Propiedad de 2021. Unas cifras que corroboran que el peso de las herencias en el PIB también ha aumentado considerablemente en nuestro país desde finales del siglo XX, hasta superar el 3% —solo teniendo en cuenta la transmisión de propiedades inmobiliarias (viviendas principalmente, y fincas rústicas o solares urbanos)—, como se puede observar en el primer gráfico de esta información.

Las sociedades de hace un siglo y la actual, por supuesto, son muy diferentes en muchos aspectos. Pero lo que nos dicen los datos de los Registradores del peso de las herencias de inmuebles en la actividad económica (medida por el PIB) es lo que vienen advirtiendo muchos expertos desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008: la desigualdad de riqueza se está agravando por la acumulación de propiedades, su financiarización y la revalorización (subida de precios) descontrolada, y esta brecha condiciona las oportunidades y el bienestar de las personas como ocurría en etapas de la Historia muy lejanas.

Visto de otra manera, los salarios y el trabajo productivo cada vez son más irrelevantes en nuestra sociedad para garantizar las mismas oportunidades se nazca en la familia en la que se nazca. “Disponer de activos (una cuenta en el banco, una vivienda en propiedad, etc.) es un colchón muy importante para que muchos individuos mantengan su bienestar, y aquellos que apenas tienen riqueza simplemente no disponen de esa posibilidad. Además, la riqueza se transmite entre generaciones a través de herencias y donaciones, por lo que la desigualdad también influye de forma clara en la movilidad social y la igualdad de oportunidades”, resumen Luis Bauluz, Clara Martínez-Toledano y Miguel Artola en uno de los capítulos del ensayo 'La desigualdad en España' (publicado hace un año por Lengua de Trapo y Círculo de Bellas Artes).

Los datos de los Registradores de la Propiedad nos permiten observar esta realidad hasta 2021, y es complicado añadir al cálculo del peso de las herencias en el PIB las transmisiones de riqueza que no son inmuebles (depósitos bancarios, acciones, derechos sobre negocios...) por la escasez de transparencia y la irregularidad en la recaudación del impuesto de Sucesiones y Donaciones, uno de los tributos cedidos a las comunidades autónomas en España. Este impuesto varía mucho entre los distintos territorios (algunos lo tienen más bonificado que otros, y los límites exentos también son dispares).

El informe más completo sobre las herencias lo publicó la Generalitat de Catalunya en 2016, pero es una excepción en todo en el Estado. En ese ejercicio, el valor de las herencias de inmuebles superó ligeramente los 6.000 millones de euros en la comunidad autónoma, según el documento de la Hacienda catalana. Una cifra que concuerda en relación con el PIB, algo por debajo del 3%, con los datos expuestos en este reportaje de los Registradores de la Propiedad de todo el país. La información extra que ofrece este informe de la Generalitat es que incorpora el valor de las herencias de activos financieros y otros derechos en 2016 en Catalunya, hasta alcanzar las transmisiones los 11.000 millones en total. Un dato que eleva el peso de las herencias en el PIB de la comunidad autónoma a algo más del 5%. Si se asume la importante revalorización de la vivienda y del resto de activos desde entonces, ese peso de las herencias en la actividad económica hay que buscarlo actualmente más cerca del 10%.

“La propiedad de activos pasa a ser más importante que el empleo o los salarios como determinante de la posición de clase [...]. La riqueza y el poder están cada vez más vinculados a la propiedad de activos y menos al trabajo productivo”, señala Javier Gil en el ensayo introductorio del libro 'Vivienda. La nueva división de clase' (publicado en español en diciembre). Inciso antes de seguir: la riqueza se define como la suma del valor de los activos menos las deudas, y en España casi el 80% es vivienda.

'Señoritos' de ciudad

Volviendo a los datos de los Registradores de la Propiedad, otra tendencia que se puede ver es el aumento del valor de las fincas urbanas heredadas frente a las fincas rústicas. La nueva sociedad de 'señoritos' es una economía de 'señoritos' de ciudad, no rurales como hace un siglo.

Aislando las cifras de herencias de fincas urbanas, observamos el récord de transmisiones de viviendas y solares de las ciudades en 2021, tras un incremento absolutamente vertical. La tendencia coincide con los datos que recoge el INE (Instituto Nacional de Estadística), que se extiende hasta 2024, aunque el inconveniente de esta fuente es que arranca en 2007.

El salto hasta el pico de 412.000 fincas urbanas heredadas en 2021, según los Registradores, es excepcional por el exceso de mortalidad a causa de la pandemia. Sin embargo, lo relevante es que la tendencia es clara en ambas estadísticas. Un crecimiento que continuará en los próximos ejercicios porque se están transmitiendo a los hijos 'millennials' “las propiedades que sus padres y madres habían adquirido en los años setenta, ochenta y noventa del pasado siglo”, según afirma Pedro Salas-Rojo en otro capítulo del libro 'La desigualdad en España'.

Por ofrecer contexto a los números, las 400.000 fincas urbanas transmitidas en 2021 son casi 1,7% de los 24 millones de inmuebles que existen, aproximadamente, en nuestro país. Un parque de vivienda que se ha ido concentrando en menos manos en los últimos años, sobre todo con la entrada decidida de los fondos y otros inversores desde 2008 en busca de rentabilidad, tanto con la compraventa, como con el alquiler.

Según este reportaje de elDiario.es con datos del Catastro, un millón de viviendas en nuestro país pertenece a grandes propietarios. Y, según esta otra información de este periódico, una sola persona posee 160 viviendas en Madrid. Por otra parte, según la última Encuesta Financiera a las Familias (EFF) del Banco de España, el 10% de familias más ricas posee algo más de la mitad de la riqueza total en España. Una proporción que solo ha caído ligeramente en la oleada de 2022 (la última realizada), desde la anterior de 2020.

De hecho, el 1% de familias más ricas en nuestro país detentaba el 19,4% de la riqueza total en 2022, apenas 2,5 puntos menos que el máximo de 2020, cuando tenían 22,9%.

Mientras, un estudio reciente del centro de análisis Afi remarca que está por venir una 'gran sucesión' en las próximas décadas, de los padres 'boomers' a los hijos 'millennials', que va a concentrar todavía más la riqueza de lo que ya lo está en las capas más altas. El informe recoge que esta 'gran sucesión' (las herencias) será mucho “más importante cuantitativamente en los tramos de elevada riqueza, lo que podría amplificar la desigualdad en la distribución de riqueza intrageneracional [dentro de la misma generación]”.

Los economistas de Afi utilizan una evidencia. En 2008, entre el 35% y 63% de los hogares mayores de 65 años del quintil más rico de nuestro país habían recibido herencias. En 2022, este rango se marcha a entre el 70% y el 77%. “Una tendencia que continuará avanzando”, según estiman. “Otro factor que podría influir en la futura distribución de riqueza, y sin duda en el sentido de una mayor desigualdad, es el creciente peso de la población extranjera (sobre todo, aquella procedente de países con menor de renta que el nuestro, que es la mayoritaria) en prácticamente todas las cohortes de edad”, prosigue el informe.

“Dos son las vías por las cuales la creciente presencia de población extranjera va a sesgar la distribución de la riqueza hacia una mayor desigualdad: por un lado, porque su posición relativa en la distribución de la renta y riqueza está habitualmente en la parte inferior y, por otro, por el bajo porcentaje de ellos que recibe herencias significativas o transferencias intergeneracionales”, finalizan desde Afi. 

La financiarización de la vivienda

En este contexto, es clave el proceso de financiarización de la vivienda de los últimos años. “Cada vez más, la vivienda se percibe como un medio para generar rentas —estrechamente vinculado a los mercados de capital— y menos como un lugar para vivir. Es un antagonismo irreconciliable, forjado de manera deliberada y con consecuencias dramáticas”, lamenta Javier Gil.

En el último gráfico de esta información, con datos del INE, queda reflejado el crecimiento del valor de las viviendas heredadas y donadas, tanto por el aumento del número de transmisiones como por la escalada del precio. En este ejercicio de aproximación se ha utilizado el precio medio de las compraventas de vivienda libre en cada año, que no es exactamente el valor de las herencias que sí recogen los Registradores, aunque sirve para identificar la misma tendencia hasta 2024.

Nueva división de clases

“Las personas viven, gestionan y planifican sus vidas cada vez más en función de sus activos, estructurando decisiones vitales según la lógica especulativa de su revalorización”, continúa Javier Gil, quien comparte en su ensayo un análisis de clases que identifica “la propiedad de activos como el principal distribuidor e impulsor de las oportunidades de vida. [...] La línea divisoria fundamental se traza entre quienes poseen activos inmobiliarios y quienes no”. Una división que se ha agravado porque los precios de la vivienda se han desvinculado progresivamente de la economía de los hogares, al aumentar mucho más los alquileres o el acceso a la propiedad que los salarios.

En esta estructura, los inquilinos que dependen de los ingresos salariales, aunque estos sean altos y estables, se quedan atrapados en los alquileres caros y “es probable que estén pagando la hipoteca de sus caseros, proporcionando las condiciones de posibilidad para que los inversores aumenten su posesión de activos y las ganancias de capital derivadas de ellos”, añade.

El único factor que interrumpe este proceso empobrecedor es la herencia. “En ciudades como Barcelona o Madrid, heredar una vivienda para vivir en ella, puede llegar a tener el efecto de duplicar, de forma indirecta, el ingreso familiar”, prosigue este experto.

Pedro Salas-Rojo va más allá y comenta que “el efecto de las herencias sobre las oportunidades de los hogares para acumular riqueza es patente mucho antes de que la transmisión de activos tenga lugar. [...] Un joven proveniente de una familia de clase alta sabe que en algún momento heredará una vivienda o parte de ella, además de cierta cantidad de activos financieros. Esa certeza le otorga una mayor seguridad a la hora de tomar cualquier decisión a lo largo de su vida [podrá estudiar más tiempo, arriesgarse con un negocio innovador o invertir en mercados financieros]. Su fracaso no implicará necesariamente su pobreza futura”.

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha el Registro de Especial Vinculación para bonificar y eximir del pago del impuesto de Sucesiones a aquellos contribuyentes que, sin un vínculo legal de parentesco, puedan acreditar que han mantenido una relación estrecha y familiar con la persona de quien reciben una herencia.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha anunciado este viernes en rueda de prensa la puesta en marcha de ese registro con el que se busca “avanzar en esa justicia tributaria” que persigue el Gobierno de María Guardiola.

Manzano ha recordado que desde el 1 de enero de 2024 no se paga impuesto sobre Sucesiones en Extremadura, por lo que de padres a hijos las herencias de hasta 500.000 euros no tributan, ya que se pueden aplicar las bonificaciones del 99%

Con este registro se quiere reconocer ese mismo derecho a quienes han sido criados como hijos biológicos por quienes les otorgan su herencia, como ocurre con muchos hijastros que no tienen la consideración de hijos adoptivos.

Para Manzano, es “necesario reconocer que hay determinadas situaciones que exceden del parentesco y que tienen que ver con esa especial vinculación”. Por ello, a partir de hoy en Extremadura todas las personas que se encuentren en esta situación pueden inscribirse en ese registro autonómico para poder aplicarse los beneficios fiscales de los que disfrutan los grupos 1 y 2 de parentesco, es decir cónyuges y descendientes.

Además de los hijastros, podrán inscribirse también en el Registro de Especial Vinculación quienes “acrediten convivencia efectiva durante los últimos tres años de vida de una persona que ha fallecido”, excluyendo las relaciones laborales.

El registro, según la consejera, está ya disponible en todos los servicios fiscales de la Junta de Extremadura y también de forma telemática a través del portal tributario. Se podrán inscribir en él tanto a instancias de la persona que testa como de los futuros beneficiarios de la herencia.

Se trata de un registro totalmente novedoso que no existen en ninguna otra comunidad autónoma, aunque sí existen regiones que tienen establecidos beneficios fiscales para situaciones de convivencia o especial vinculación.

Elena Manzano ha recordado que estas bonificaciones forman parte del decreto de medidas fiscales que debe ser aún convalidado por la Asamblea de Extremadura el próximo día 27.

La consejera ha precisado que si este decreto no se convalida y no se puedan aplicar las bonificaciones, el Registro de Especial Vinculación se mantendrá para que puedan inscribirse en él y en el futuro puedan beneficiarse de las bonificaciones en cuanto el Gobierno pueda aprobarlas en una norma con rango de ley.

Manzano ha indicado que “con los nuevos modelos de familia se establecen vínculos que quedan fuera del parentesco legal, tenemos que evolucionar y esta es una fórmula para hacerlo”.