Sucesiones, un impuesto justo
En Actúa defendemos una fiscalidad justa y progresiva. Es el camino para la defensa de los servicios públicos y la lucha contra las desigualdades, en particular las desigualdades de origen. Por ello defendemos impuestos como el de Sucesiones, porque son impuestos directos (gravan la capacidad económica o el patrimonio acumulado), progresivos (son mayores cuanto mayor es el patrimonio) e igualitarios (reducen las diferencias por origen de cuna).
En los años de la llamada “recuperación”, los gobiernos autonómicos defendieron la rebaja del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ligada al presupuesto, por dos razones fundamentalmente: forzados por la situación de minoría o por el falso convencimiento de que bajar impuestos también es una práctica de izquierdas. Se compraba la estabilidad gubernamental con unas rebajas temerarias que no nos podemos permitir. La sostenibilidad de los servicios públicos, la justicia social y la equidad es lo que nos jugamos.
Defendemos esto precisamente en un momento de desfiscalización, en el que España compite en baja presión fiscal con plusvalías, empresas y patrimonios en favor del IVA y los impuestos indirectos -que pagamos todos por igual-, independientemente de nuestra capacidad económica.
Precisamente cuando vemos cómo las grandes fortunas y la corrupción evaden y defraudan a la hacienda pública y en el mundo las diferencias de patrimonio son mucho mayores que las de renta, en términos de centenas frente a decenas, asistimos a la consolidación de un sistema en el que son los trabajadores y los sectores medios los que pagan la mayor parte de los impuestos con su salario y el consumo.
Es un hecho que la movilidad social está condicionada por el patrimonio familiar, las relaciones de clase (sociales, educativas, culturales) y, en mucha menor medida, por el mérito y la capacidad. Se rompe con el ya viejo principio del progreso meritocrático frente al viejo régimen de la sociedad estamental. Además, en situaciones de estancamiento económico y demográfico, aumentan las diferencias en favor del patrimonio acumulado y la retribución del capital frente a los salarios por la concentración de las herencias en menos manos al reducirse el número de herederos.
Por eso el impuesto de Sucesiones no sólo es el más justo, es que además se constituye en la última compuerta frente a la elusión y el fraude fiscal. Como el impuesto sobre el Patrimonio.
La rebaja sucesiva del impuesto a la herencia está significando, prácticamente, la eliminación del mismo para los herederos directos, después de haberlo bonificado por encima del 98% para las herencias de empresa.
Estamos hablando de que una familia con dos hijos y una herencia de un millón de euros no tendrá que pagar Sucesiones, como tampoco paga ya impuesto de Patrimonio. Ya no es cuestión de clases medias ni de trabajadores. El impuesto que afectaba a una minoría del 5% de los herederos en las CCAA, ahora no llegará a afectar ni siquiera al 1% de los herederos directos. Otro impuesto directo y progresivo que se convierte en residual.
No en vano, la rebaja ha sido rechazada por parte de los sindicatos de clase y por los técnicos de Hacienda, que han visto en ella un beneficio para una absoluta minoría de ricos en detrimento de la mayoría, que verá reducida su expectativa de movilidad social y la financiación de unos servicios públicos ya bastante recortados.
Porque lo que no han dicho es cómo se va a compensar la eliminación de un impuesto directo: si con otros impuestos indirectos puesto que no tocan el de Patrimonio, o con más endeudamiento, que lo pagamos todos y muy caro, o por el contrario, con recortes sociales y privatizaciones. Millones de euros de recorte que afectarán al gasto social actual o limitarán nuevos derechos y nuevas inversiones.
Por eso rechazamos la medida. Porque favorece a una minoría. Porque no forma parte de las preocupaciones de los españoles que son: el paro, la corrupción, la situación económica o la sanidad. Porque supone un recorte de ingresos que no dicen cómo van a compensar y porque incrementa las desigualdades, ya de por sí agrandadas a consecuencia de la crisis.
Y no solo proponemos mantener el impuesto de Sucesiones, mejorar su progresividad y aumentarlo en los tramos mayores de un millón de euros, como acertadamente propone el grupo de estudio World Inequality presidido por Thomas Piketty, sino que además apostamos por una reforma fiscal global que aborde el de Patrimonio, el tramo autonómico de la renta, junto a los impuestos ambientales y los nuevos impuestos para favorecer estilos de vida saludables, así como la lucha contra el fraude fiscal.
El más reciente informe sobre desigualdad global del grupo presidido por el economista francés muestra que en las ultimas cuatro décadas la desigualdad de ingresos ha crecido de forma aguda. De forma que el 1% más rico recibió el doble de ingresos que el 50% más pobre. A la vez, los ingresos de los asalariados y clases medias se redujeron. ¿Causas? La evolución al alza de las rentas especulativas, la reducción de impuestos y las privatizaciones. De seguir así las desigualdades seguirán aumentando y con ellas la inestabilidad, la violencia y la deriva autoritaria en detrimento de la democracia.
Con este panorama desolador, se trata de no agitar la legítima frustración y rabia de sectores amplios de la sociedad para volver a asaltar lo público y entonar un populista sálvese quien pueda. La izquierda que representamos tiene que canalizar la indignación para transformar la sociedad con más justicia y solidaridad, con transparencia y petición de cuentas frente a la corrupción. Y con más calidad y humanidad en los servicios públicos.Ningún nuevo sistema de financiación autonómico podrá basarse en los recortes fiscales ni en la competencia a la baja entre las CCAA. El camino de la desfiscalización corre en paralelo a la insostenibilidad de los derechos sociales y los servicios públicos.
