Las dimisiones en Vox en la Región de Murcia llegan por goteo, pero llegan. Este martes ha dimitido la diputada regional Virginia Martínez, tras sentirse “profundamente decepcionada” con el rumbo de la dirección del partido. De este modo, Martínez pasa a formar parte del Grupo Mixto junto al antiguo líder de Vox, el ya cesado José Ángel Antelo.

Tras esta decisión, el PP, con 21 diputados y a solo dos de la mayoría absoluta, solo necesitaría el apoyo de los dos exmiembros del partido de Abascal para sacar adelante sus proyectos y Vox perdería su papel decisivo en el Parlamento regional.

La configuración de la Asamblea Regional, una vez se incorpore Martínez al grupo Mixto, será de 21 diputados del PP, 13 del PSOE, 7 de Vox, y 4 del grupo Mixto: María Marín (Podemos), José Luis Álvarez-Castellanos (IU-Verdes) y los dos exdiputados del partido de ultraderecha.

“Nos encontramos actualmente con una cúpula que acumula cargos para recibir sobresueldos y que se dedica a expulsar a referentes de talento”, ha denunciado Martínez.

La diputada fue la única que no apoyó el cese de José Ángel Antelo como presidente autonómico del partido y portavoz parlamentario. Pese a su abstención, el partido no movilizó su expulsión: “Está en tierra de nadie”, definieron fuentes cercanas a Vox tras la votación.

A su salida, Martínez ha censurado la gestión de la actual dirección del partido. De acuerdo con la ex de Vox, el partido tiene múltiples “satélites” distribuidos por el país para ejercer su influencia: “Medios de comunicación cuyo máximo financiador es el partido, una fundación -Disenso- a la que se le desvían ingentes cantidades de dinero, o un centro de formación -ISSEP-, que vive de la formación interna”. Todo ello, detalla “pagado con el dinero de los afiliados y con la financiación pública que se recibe a nivel nacional, autonómico y municipal”.

“Los ciudadanos votaron a Vox para que cerrásemos los centros de menas, no para que los abriésemos a las afueras; votaron a Vox para que cerrásemos las televisiones autonómicas, no para que nuestro director de comunicación cobrase un sueldo de una de ellas; votaron a Vox para que frenásemos la inmigración ilegal, no para que cobrasen ayudas a los tres años de haber llegado, y votaron a Vox por ser el único partido verdaderamente liberal en lo económico, no un partido estatalista”, ha defendido Martínez.

A su juicio, “la deriva ideológica reciente y los pactos mal gestionados están dando pie a acuerdos que no son reconocibles por aquellos que nos han votado”. Por ello, ha decidido “dar un paso a un lado y esperar que el partido se recomponga, ya que seguir en él sería avalar las malas actuaciones de unos pocos con mi silencio”.

Cuando la Asamblea Regional admita el traslado de Martínez al grupo Mixto, el PP podría contar con los dos votos de los exdiputados de Vox, lo que le permitiría sacar adelante diversos proyectos, entre ellos la Ley de Vivienda Asequible, bloqueada hasta la fecha por los de Abascal, y a la que Antelo ha dado recientemente su visto bueno.

La diputada del burka

No es la primera vez que esta diputada protagoniza el foco político. Cuando formaba parte de Vox, en diciembre del pasado año, la parlamentaria interrumpió en el pleno de la Asamblea regional con burka para pedir su prohibición en la Región de Murcia. Una acción censurada a izquierda y derecha del hemiciclo: “Una cosa es combatir la opresión y otra muy distinta es convertir a cualquier mujer que lleva un velo en un problema de orden público”, opinó tras lo ocurrido el portavoz del PP, Joaquín Segado.

José Ángel Antelo ha estrenado este miércoles el escaño más solitario del Parlamento murciano. Se trata de su primer día en el Grupo Mixto, después de que el pasado lunes la Mesa de la Asamblea Regional aceptase la segunda solicitud de Vox de expulsarlo y retirarle la portavocía. Ahora, comparte grupo parlamentario con los portavoces de Podemos e Izquierda Unida-Verdes, María Marín y José Luis Álvarez-Castellanos.

Un aislamiento doble, ya que no es solo es espacial, sino también ideológico. En principio, se esperaba que el exportavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional se sentase junto al portavoz de IU-Verdes, Álvarez-Castellanos, en el hueco que con anterioridad ocupaba el diputado de Vox Pascual Salvador. Pero ese asiento ha quedado vacío, y Antelo ha sido trasladado al ala contrario. Una convivencia distante. Salvador, por su parte, ha sido reubicado dos filas más abajo, junto a sus compañeros de grupo, con un semblante más sonriente.

A su entrada en el hemiciclo, Antelo solo ha conversado con el portavoz del PP, Joaquín Segado, aunque él insiste en que ha hablado con más diputados. Sobre su futuro en el Grupo Mixto, Antelo ha reconocido no tener toda la información: “Soy una persona que viene de otro mundo. No soy un político profesional, estoy seguro de que [los políticos profesionales] saben absolutamente cómo funciona, especialmente, el tema econonómico”, ha explicado, al tiempo en el que ha incidido en la idea de que cada partido debería financiarse con medios propios.

Se espera que presente propuestas e intervenga de forma independiente a sus compañeros del Grupo Mixto, aunque no ha desvelado cómo va a gestionar esta nueva etapa política: “Primero voy a ver cómo se desarrollan las cosas”. Sí que ha adelantado que pretende mantener, al menos, parte de la agenda política que tenía con Vox: “Mi idea es que haya un acuerdo presupuestario”, ha señalado.

Por el momento, no tiene despacho ni dotación asignada, algo para lo que, previsiblemente, deberá esperar a la próxima semana. También se desconoce si compartirá despacho con sus nuevos compañeros de Podemos e IU-Verdes: “Es el menor de mis problemas”, apunta.

 34.020 euros menos para Vox

Solo han pasado dos días desde que Antelo y Vox separasen de forma definitiva sus caminos, cuando la Mesa de la Asamblea de la Región de Murcia aceptó la solicitud de Vox de trasladar a José Ángel Antelo al Grupo Mixto. El proceso ha tenido tintes de agonía, al extenderse una semana y no obtenerla a la primera. El pasado miércoles, Vox ya presentó un escrito para el cambio de portavocía, que la Mesa no tramitó porque el Grupo Parlamentario utilizó la firma digital de Antelo para la petición.

A su salida, Vox ha ganado, en sus palabras, una renovación. Pero ha perdido la asignación económica correspondiente al escaño de Antelo, que asciende a 34.020 euros anuales. Esa cuantía ahora la recibirá el Grupo Mixto, pasando de una importe anual de 171.240 euros a uno de 205.260 euros.

Antelo ha aprovechado su comparecencia ante medios para reiterar que se querellará contra todo aquel que ha difamado a su mujer, después de que Vox lo acusase de tráfico de influencias. Ha afirmado que su abogado, el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y aún afiliado de Vox, Juan García-Gallardo, conoce “las malas praxis” del partido: “Lógicamente ya le dije que a todo aquel que me difamase se le enviaría un burofax para que rectifique y que, acto seguido, se le enviaría una querella”, ha advertido.

La diputada del Grupo Mixto en el parlamento asturiano, Covadonga Tomé, ha logrado el respaldo del Grupo Socialista y de IU Convocatoria por Asturies para sacar adelante su proposición no de ley para que el Principado inste al ejecutivo de Pedro Sánchez a considerar la tauromaquia como maltrato animal y lograr así una modificación de la legislación que elimine su catalogación como patrimonio cultural.

Ha sido una votación muy ajustada, ya que de los 45 parlamentarios, 23 han votado a favor -PSOE, IU Convocatoria por Asturies y la propia Covadonga Tomé- frente a los 22 votos en contra de su compañero en el Grupo Mixto, Adrián Pumares portavoz de Foro Asturias, y de los diputados y diputadas de PP y Vox.

El posicionamiento de los partidos de derecha no ha sorprendido. Especialmente el del PP, ya que recientemente el grupo municipal en Gijón protagonizó recientemente una gran polémica.

El PP distribuyó por la ciudad varios mupis para promocionar sus dos años en el gobierno municipal y en uno de los carteles publicitarios incluyó la imagen de un torero acompañado del lema “2 años de libertad”, lo que concitó numerosas críticas tanto desde partidos de izquierdas como de ultraderecha.

Un activismo teórico y práctico

La unión de los partidos de izquierda a la hora de posicionarse en contra de las corridas de toros ha permitido que esta vez Covadonga Tomé pueda llevar adelante su iniciativa parlamentaria.

La diputada siempre ha hecho gala de un activismo antitaurino que no solo practica en teoría, sino que además la ha trasladado a la práctica acudiendo habitualmente a las protestas ciudadanas que se realizan en contra de este tipo de eventos que, para unos, es espectáculo y, para otros, es una aberración.

La proposición

El diario.es Asturias ya publicó en su edición del 12 de junio de 2024 el contenido de esta proposición no de ley que acababa de presentar Covadonga Tomé donde pedía una modificación legislativa.

“El argumento de que los toros son una tradición consolidada no tiene recorrido. Que una acción se haya venido produciendo a lo largo del tiempo sencillamente no ofrece ninguna razón moral para seguir realizándose”, expone en la proposición no de ley.

“Tradiciones que persisten hoy día como la ablación femenina o la esclavitud nos horrorizan -ilustra como ejemplo- y otras en muchas tradiciones manifiestan de forma muy clara el sexismo, el racismo y son formas de discriminación”.

¿Qué es arte?

“La tauromaquia es una tradición que, como cualquier otra, debe analizarse en un contexto actual y valorar si tanto su estructura, como sus actos, pueden considerarse razonables hoy día”, reflexiona.

“A veces se aduce que el toreo es un arte. Pero decir que algo es arte -añade en su 'propuesta ideológica'- no le confiere ningún estatus o valor especial a la actividad en cuestión. Lo que da valor (estético) a un objeto no es, pues, que dicho objeto sea simplemente catalogado como arte, sino el hecho de que se trate de buen arte o arte valioso. Además, igual que una tradición no es, por el hecho de serlo, buena o mala moralmente, tampoco lo es el buen arte”.

Los datos estadísticos

Covadonga Tomé se remite en esta iniciativa parlamentaria a la última Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España (2021-2022), que indica que sólo un 1,9 por ciento de la población asistió al menos una vez al año a algún tipo de espectáculo taurino.

También se refiere en su proposición no de ley a la última Estadística de Asuntos Taurinos del Ministerio de Cultura, según la cual el número de espectadores que asisten a los festejos se ha situado por debajo del millón.

“Esto sucede por primera vez en décadas. Teniendo además en cuenta que una de cada cuatro personas entra en las plazas de toros de manera gratuita”, señala.

Otro dato que da esta Encuesta es el índice de interés que suscita la tauromaquia en el conjunto de la población y que refleja que la gran mayoría (el 65,2 por ciento) dice tener un interés entre 0 y 2 (siendo 10 el máximo).

“En definitiva, en una sociedad regida por criterios de justicia humana y bienestar animal, las corridas de todos tienen que ser parte de nuestra historia, pero no de nuestro presente ni de nuestro futuro”, concluye.

Tomé: “Es una tortura animal”

Para Tomé, con independencia de que la tauromaquia sea un arte o cultura, lo que está claro es que es una “tortura animal” que en el siglo XXI no se puede mantener por ser una costumbre o tradición cuando la sociedad repudia el maltrato y la crueldad como entretenimiento.

La diputada ha asegurado que la tortura de animales tiene que acabar y por tanto tienen que terminar las corridas de toros porque “eso supondrá avanzar hacia una sociedad más justa en la que las leyes tienen que estar a la altura”.

Las reacciones de Foro, PSOE e IU

Adrián Pumares, portavoz de Foro Asturias, se ha desmarcado de la iniciativa de su compañera en el Grupo Mixto y ha recordado que los toros están “excluidos de la Ley de Protección Animal”.

Sobre la polémica por la vuelta de las corridas de toros al coso gijonés, el portavoz forista ha afirmado que “si hay corridas de toros de nuevo en Gijón es por el resultado electoral y fruto de la liberdad de cada uno”. 

Por el Grupo Socialista ha intervenido el diputado Ricardo Fernández, quien ha considerado que en la tauromaquia hay un maltrato animal. En declaraciones recogidas por EFE, el diputado socialista ha dicho en la sesión plenaria que en una sociedad que avanza “hay que trabajar por incluir a todos los animales en la Ley de Protección Animal”.

El portavoz de IU Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha asegurado que es triste que se tenga que seguir hablando de esto, una batalla que se va a ganar, antes o después, porque no se puede negar en ningún caso que la tauromaquia es un ejercicio de maltrato animal y una barbaridad.

Las argumentaciones de PP y Vox

El diputado del PP José Luis Costillas ha indicado en el pleno que lo que se pretende es “borrar una parte esencial de la identidad histórica, artística y social” del país con una propuesta que supone una simplificación que ignora la complejidad cultural, jurídica y social que rodea a esta tradición“, legalmente protegida

Desde Vox, Carolina López ha asegurado que, guste o no la tauromaquia, es un arte y una tradición centenaria que hay que proteger, un espectáculo privado que no se subvenciona desde el Principado, por el que hay que pagar y que además genera actividad económica.

Las 715.606 firmas contra la tauromaquia

Por otro lado, elDiario.es publicaba, en su edición del pasado 17 de febrero, el acto de entrega de las firmas logradas para la eliminación de la tauromaquia como patrimonio cultural.

Los activistas que han impulsado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “No es mi Cultura”, acompañados por representantes de Sumar, Podemos y ERC, acudieron el 17 de febrero al Congreso de los Diputados, como se puede ver en la fotografía que ilustra esta información, para presentar las 715.606 firmas.

Esta es una de las cifras más altas que nunca ha logrado una iniciativa popular en el Estado español.

La comisión de investigación sobre el accidente minero de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en el que murieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos, arranca este viernes con la celebración de la primera sesión en la que se establecerá la hoja de ruta.

La diputada del Grupo Mixto y presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, ha anunciado este miércoles que el viernes propondrá un plan de trabajo que contempla un marco temporal de doce meses y el inicio de las comparecencias a principios del mes de julio.

La propuesta de trabajo

Tomé lo ha trasladado a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces del parlamento asturiano, en la que ha explicado que la idea es “salir el viernes con la propuesta de trabajo debatida y aprobada”.

Según la hoja de ruta propuesta por Tomé, se iniciaría la fase de solicitud de comparecencias en paralelo a la de aportación de información, con el objetivo de “agilizar” la comisión.

Rigor, transparencia y agilidad

El marco temporal propuesto por la diputada es de doce meses, pero con la posibilidad de poderlo ampliar si fuera necesario, en función de cómo se vaya desarrollando, aunque siempre, según ha afirmado, atendiendo “a los principios de rigor, de transparencia y de agilidad”.

Después de la fase de comparecencias se comenzaría a trabajar en la propuesta de dictamen final de la comisión, que será debatida por los grupos, que también podrán realizar aportaciones antes de que el documento final sea sometido a votación en el Pleno de la Junta General, ha indicado.

Con respecto a la habilitación de julio como mes hábil en la Junta General del Principado, algo necesario según la hoja de ruta de Tomé, la portavoz del Grupo Socialista, Dolores Carcedo, ha manifestado que el PSOE es favorable a esta propuesta.

El Gobierno del Principado aportará “rigor y transparencia” a la comisión parlamentaria que investigará el accidente de la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, que el pasado 31 de marzo le costó la vida a cinco trabajadores y dejó heridos de gravedad a otros cuatro. Así lo ha manifestado este lunes el portavoz del Ejecutivo regional, Guillermo Peláez.

La Junta General constituyó el pasado jueves esta comisión especial que estará presidida por la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé y compuesta por diez representantes de todos los partidos políticos.

El compromiso

“Respetamos las decisiones que ha tomado la Junta y nosotros atenderemos a esa comisión parlamentaria con absoluto rigor y transparencia”, ha afirmado Peláez en respuesta a las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El consejero de Justicia y portavoz ha comparecido ante los medios de comunicación junto a la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, para explicar los principales acuerdos.

Peláez ha insistido en que el Ejecutivo asturiano está “comprometido” con las investigaciones en marcha para que “se conozca la verdad y se haga justicia”.

La petición al TSJA

En este punto, ha recordado que el Principado había solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) la posibilidad de establecer un juez de refuerzo en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Cangas del Narcea, si bien el alto tribunal “no va a cursar esa petición porque cree que está bien cubierto en esas fases preliminares de la investigación”.

Al mismo tiempo, el consejero ha destacado el trabajo que está realizando la Inspección General de Servicios en el área de Minas de la administración autonómica y el de la Comisión de Seguridad Minera para “conocer los datos técnicos de la explosión”.

Extracción ilegal de carbón

Las pesquisas apuntan a que el accidente se produjo por una explosión de gas grisú cuando la empresa que gestionaba la mina, Blue Solving, podría estar extrayendo carbón de manera irregular.

Blue Solving tenía desde el pasado verano una licencia para investigar en el nivel uno de la mina de Cerredo usos minerales para hacer grafito, y otra para recuperar viejas estructuras y chatarra en el nivel tercero, en el que tuvo lugar la explosión, pero en ningún caso tenía permiso para explotarla para sacar carbón. 

La comisión

La semana pasada se constituyó la comisión de investigación en la Junta General del Principado y está previsto que a lo largo de esta semana se reúnan sus integrantes -dos por cada grupo parlamentario- para establecer la hoja de ruta, con plazos y criterios.

El accidente minero ocurrió el pasado 31 de marzo cuando los mineros trabajaban en el nivel 3 de la explotación. Según diversas fuentes, podrían estar extrayendo carbón para lo que la empresa carecía de autorización cuando se produjo la explosión de grisú.

Las víctimas mortales fueron Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez. Residían en las comarcas leonesas de Laciana y El Bierzo y tenían entre 32 y 54 años.

Un acuerdo de última hora entre las fuerzas progresistas de la izquierda, que integran FSA-PSOE, IU-Convocatoria por Asturies y Somos Asturies, ha facilitado que la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, asuma la presidencia de la recién constituida Comisión de Investigación parlamentaria que tratará de esclarecer las posibles responsabilidades en el accidente minero de Zarréu.

El siniestro se registró el 31 de marzo en la explotación minera ubicada en el concejo de Degaña y causó la muerte a cinco trabajadores y dejó heridos a otros cuatro.

Los portavoces de los grupos parlamentarios han coincidido en la necesidad de que esta comisión nazca con “transparencia y rigor” y sirva para “esclarecer la verdad”.

Todos han reiterado la necesidad de dejar claro su respeto hacia los mineros y sus familias, pero tanto desde la derecha como desde la izquierda aspiraban a presidir esta comisión para evitar que “se convierta en un circo”.

La constitución de la comisión

La comisión se ha constituido este jueves en el parlamento asturiano y se reunirá a partir de la próxima semana cuando ya se empiece a elaborar una hoja de ruta que incluya plazos y criterios.

El pacto se traducía en la retirada de la candidatura de Delia Campomanes, de IU-Convocatoria por Asturies, para optar a la presidencia. El grupo parlamentario socialista había anunciado hace unos días que daría su respaldo a esta candidata. Hoy se lo han dado a Covadonga Tomé como presidenta y a Delia Campomanes como vicepresidenta.

El acuerdo de la izquierda

Apenas unos minutos antes de la constitución de la comisión -prevista para las doce del mediodía- en la Junta General del Principado, las tres fuerzas políticas de izquierda suscribían un comunicado conjunto donde se reflejaba sin grandes explicaciones que se había alcanzado un acuerdo -sin especificar en qué consistía- para lograr “los objetivos de transparencia y verdad” por la que deberá regirse este órgano.

“En aras a facilitar el proceso de investigación y su desarrollo se fijarán unos criterios comunes de funcionamiento, para lograr el máximo rigor en todo el proceso y que la Comisión sea un instrumento útil y respetuoso en el esclarecimiento del accidente”, exponía ese comunicado.

Repetición de las votaciones

A las doce en punto, el presidente de la Junta General del Principado, el socialista Juan Cofiño, abría la sesión y pedía a los distintos grupos parlamentarios que presentaran a sus candidatos.

En ese momento, se dio a conocer que Covadonga Tomé, que desde un principio se postuló para este puesto, tendría que medirse en la urna con el diputado Gonzalo Centeno, propuesto por Vox.

Uno a uno han sido llamados por orden alfabético a emitir su voto en la urna los diez diputados que formarán parte de la comisión, dos por cada uno de los grupos políticos para elegir la presidencia. En una primera votación, Tomé obtuvo cinco sufragios, frente a los dos que logró Gonzalo Centeno y otros tres fueron en blanco.

Al no haber alcanzado la mayoría ninguno de los dos candidatos se repitió la votación, como viene regulado en el Reglamento, de forma que sus señorías volvieron a votar, pero el resultado fue el mismo, por lo que en ese momento el presidente advirtió que sería la fuerza más votada la que propondría al candidato y el PSOE propuso a Tomé que obtuvo el respaldo socialista y el de IU-Convocatoria por Asturies.

Empates consecutivos

El empate volvió a repetirse hasta en dos ocasiones a la hora de votar por la vicepresidencia de la Comisión de Investigación para la que optaban como candidatos Delia Campomanes y Luis Venta Cueli, este último por el PP.

En la primera votación el resultado fue de cinco votos para cada uno de ellos y, al repetirse de nuevo en una segunda votación el mismo número de sufragios, se procedió a una tercera elección que no varió ni un ápice.

En esa tesitura, nuevamente el PSOE como fuerza más votada fue la encargada de proponer a Delia Campomanes para la vicepresidencia y pasando Luis Venta a ocupar la secretaría.

La composición

De esta forma, la comisión constituida este jueves estará formada por los diputados René Suárez y Jacinto Braña, en representación del PSOE; Luis Venta y Rafael Alonso, del PP; Carolina López y Gonzalo Centeno, de Vox; Xabel Vegas y Delia Campomanes, de IU-Convocatoria por Asturies y también formarán parte de la misma Adrián Pumares y Covadonga Tomé del Grupo Mixto.

PSOE e IU-Convocatoria por Asturies dieron el pasado 23 de abril vía libre a la constitución de esta comisión, propuesta por PP y Foro y con el apoyo de Vox y Tomé, a pesar de considerar que “solo obedece a un interés partidista que será aprovechado por la extrema derecha”, cuestión que comparte el presidente del Principado, Adrián Barbón.

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo se ha roto por segunda vez consecutiva. En diciembre de 2022, el concejal Hugo Huerta abandonó el partido al considerar que “las ideas e incluso las esperanzas” con las que entró y el rumbo que llevaba el partido en Asturias “iban en caminos opuestos”. Este martes, la concejala Elena Figaredo, prima del presidente del partido -José María Figaredo-, ha seguido su ejemplo y ha pasado a ser concejala del grupo mixto tras los fuertes enfrentamientos que ha mantenido en los últimos meses con las otras dos ediles del grupo municipal: Sonsoles Peralta y Alejandra González-Roque.

La tensión interna que se vive en el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha explotado. En un pleno extraordinario celebrado esta mañana, de apenas diez minutos de duración, se ha escenificado la ruptura entre las tres concejales. Elena Figaredo ha anunciado que no renuncia a su acta y ha pasado a ser concejala no adscrita.

Por 25 votos a favor, del PP, PSOE e IU-Convocatoria por Oviedo, y los dos votos en contra de las dos concejalas de Vox, se ha aprobado el reajuste organizativo de la corporación municipal, por el cual Elena Figaredo se integra en el grupo mixto y podrá seguir acudiendo a todas las comisiones municipales.

Las tensiones internas

La portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta, ha espetado a Figaredo que espera que “disfrute de ese camino en solitario” y ha dicho que “a pesar de todo el daño que ha hecho” ella le desea “lo mejor” y espera que “le merezca la pena”.

“Ha traicionado por dinero y por calmar su ego”, ha añadido la portavoz que ha reiterado que ella y su compañera Alejandra González-Roque seguirán trabajando “en equipo”.

Figaredo ha aprovechado el turno de réplica para responder a Peralta: “A mí no me tiene que dar lecciones ni de trabajo, ni de esfuerzo, ni de lealtad, ni coherencia”.

La corporación municipal pasa a partir de ahora a estar integrada por 14 concejales del PP, 7 del PSOE, 3 de IU-Convocatoria por Oviedo, 2 de Vox y la edil del grupo mixto.

Figaredo era hasta ahora la número 2 del partido en Oviedo, pero las relaciones con sus dos compañeras era prácticamente nula. Llevaba apartada de las decisiones del grupo desde hace tiempo e incluso en algunas sesiones municipales eran evidentes sus discrepancias.

“No me siento identificada”, asegura Figaredo

Aunque oficialmente anunció que abandonaba el partido que había fundado por motivos personales, ha llegado a afirmar que no se siente identificada “en absoluto” con el rumbo que estaba llevando Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, si bien sostiene que no se dará de baja en el partido porque es el que le sigue representando.

El pasado sábado anunció que iba a pasar a ser edil no adscrita y defendiendo los intereses de la ciudad y mantuvo que había llegado a tomar esta “dolorosa decisión” tras los “múltiples episodios” vividos en el último año y medio.

También ha anunciado que seguirá compaginando su trabajo como interventora en el Ayuntamiento de Grado con el de concejala, por el cual no cobra “ninguna liberación”. 

La Junta de Portavoces del parlamento asturiano se ha reunido este martes para abordar las dos declaraciones institucionales presentadas por separado, por el PP y los grupos de izquierda, en torno a la reforma de la financiación autonómica y el pacto fiscal alcanzado en Cataluña.

El Partido Popular, primera formación en hacer pública su propuesta de declaración, se ha quedado solo esta mañana, con el único apoyo del diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, lo que obligó a ambas formaciones a apoyar la declaración presentada por la izquierda.

Mientras el PP pedía en su iniciativa el rechazo absoluto de Asturias al pacto catalán, que suponía un “intento de secesión fiscal y una ruptura total del principio de igualdad entre españoles”, la declaración presentada por PSOE, Convocatoria por Asturies-IU y el Grupo Mixto, ratificaba la postura de Asturias, que fue la aprobada por todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, en 2020.

La portavoz socialista, Dolores Carcedo, ha señalado que la reforma del modelo de financiación autonómica debe abordarse cuanto antes, para acabar con la “infrafinanciación” de las comunidades autónomas, y debe hacerse, en el marco del régimen común, basándose en los principios de igualdad, equidad y solidaridad.

Asimismo, ha acusado al PP de “servir a los intereses de Génova en vez de a los de Asturias”. Carcedo ha hecho hincapié en la importancia de fortalecer al gobierno asturiano, a la hora de encarar esta negociación con el resto de comunidades y hacerlo desde el acuerdo alcanzado en 2020.

En este sentido, desde Convocatoria por Asturies-IU, Xabel Vegas, ha aprovechado para recordar el dumping fiscal que ejercen, sobre el resto, las comunidades autónomas gobernadas por el PP, así como el ajuste fiscal para Asturias, cifrado en 156 millones de euros, que supondrá el rechazo del aumento del techo de gasto, por parte del Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya, en el Congreso de los Diputados.

A los factores que afectan de manera específica a la comunidad autónoma, como la dispersión geográfica, la despoblación, el envejecimiento o la baja natalidad, hay que añadir, según explica Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, el coste medioambiental que ha supuesto para Asturias ser, a lo largo de su historia, una comunidad exportadora de energía eléctrica para el resto del país, sin haber recibido nunca financiación adicional por ello, y con los problemas de contaminación y para la salud de las personas que esto ha generado.

Tomé ha propuesto también el impulso de la mesa de financiación constituida en 2019, en la que el gobierno regional informe del transcurso de las negociaciones.

A pesar de su voto afirmativo, el portavoz adjunto del PP, Luis Venta, ha reconocido que no ha habido sorpresas y que la de esta mañana ha sido un “nueva traición de PSOE a los asturianos”. Además ha acusado a Adrián Barbón de ser el decimoséptimo consejero del gobierno de Salvador Illa y ha reiterado que los acuerdos alcanzados hace cuatro años fueron dinamitados por la “secesión fiscal aprobada en Cataluña”.

Mientras, el diputado de Foro, Adrián Pumares, ha explicado que no tenía sentido votar en contra de la declaración aprobada, que se recoge el acuerdo del año 2020, si bien ha acusado a la izquierda de ejecutar “piruetas indignas y humillantes” para no censurar el pacto catalán.

La diputada del Grupo Mixto en el parlamento asturiano Covadonga Tomé, expulsada de Podemos junto a más de una veintena de dirigentes del partido morado, ha confirmado este miércoles que ese sector trabaja ya en la constitución de un nuevo proyecto político con el que concurrir a las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027.

El pasado mes de marzo la nueva dirección de Podemos confirmó su expulsión definitiva del partido y reclamó del parlamento asturiano que tomara las medidas necesarias para que Tomé no utilizase el nombre de la formación con la que fue elegida diputada el pasado mes de mayo tras encabezar su candidatura en las últimas elecciones autonómicas.

Tomé, que asumió su desvinculación “total” con Podemos Asturias y retiró las referencias a ese partido de la cartelería, el correo electrónico o cualquier material relacionado con el trabajo parlamentario, ha defendido que, al igual que otros dirigentes expulsados como Xune Lipe o Laura Tuero y que formaron parte de la candidatura autonómica, siguen teniendo “la misma ideología y la misma propuesta programática”.

“Podemos ya no es una opción”

“Podemos ya no es una opción, necesitamos un barco y está en proceso de construcción para seguir participando en política”, ha señalado la parlamentaria, que ha abogado por continuar “con la misma hoja de ruta” que si no hubiesen sido expulsados y ha avanzado que, para ello, intentarán aunar voluntades “evidentemente progresistas” para ocupar un espacio de cara a futuras confrontaciones electorales.

Aunque no ha descartado la posibilidad de que esa futura formación pudiera incorporarse a Sumar -“todo dependerá de cómo evolucione”, ha apuntado-, Tomé ha advertido de que, en el caso de Asturias y pese a que la plataforma que lidera Yolanda Díaz afirma aspirar “a ser algo más”, parece estar siendo sustituida “por una especie de IU 3.0” como es Convocatoria por Asturias, la coalición electoral formada por Izquierda Unida junto a formaciones como Izquierda Asturiana (IAS) o Más País.

Tanto Tomé como sus dirigentes más próximos fueron expulsados de Podemos por promover un encierro en la sede del partido en Gijón en las jornadas previas a la presentación de la candidatura a las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo que ella encabezaba tras imponerse en las primarias.

Además, la acusaban de haber hecho declaraciones públicas que han sido consideradas contrarias a los estatutos de Podemos y de no haber abonado las cantidades mensuales que, en función de la normativa interna, debería haber donado al partido tras tomar posesión de su cargo como parlamentaria.

Los votos de los grupos parlamentarios de PP, Vox y los dos diputados del Grupo Mixto Adrián Pumares y Covadonga Tomé se unieron ayer, martes, en la Junta General del Principado de Asturias para reprobar al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente por su gestión en materia de infraestructuras en la comunidad autónoma y especialmente por el fiasco en el caso del retraso en la entrega de los trenes Avril.

La 'hoja de ruta' con las demandas del parlamento asturiano al Ministerio de Transportes en materia de infraestructuras, formada por las propuestas de resolución presentadas por los distintos grupos en el pleno extraordinario para abordar los incumplimientos de ese departamento con el Principado, ha incluido finalmente, entre otras medidas, la reprobación del ministro del ramo, Óscar Puente.

La petición, justificada en cuestiones como el retraso de la fecha de entrada en servicio de los trenes Avril para el trayecto Asturias-Madrid anunciada por Puente durante su última visita al Principado, formaba parte de las 21 iniciativas registradas por el PP y ha salido adelante con el respaldo de los diputados de Vox y del Grupo Mixto y con el rechazo de PSOE e IU, los grupos que sustentan al gobierno de coalición,

Además, una de las propuestas aprobadas de las 21 registradas por el PP pide al Gobierno asturiano que inste al Ejecutivo central a establecer a la mayor brevedad posible la gratuidad del peaje de la Autopista del Huerna, cuestión para la que también emplaza a buscar una solución para suprimirlo una iniciativa de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, que también ha salido adelante pese al rechazo de PSOE e IU.

Ambos grupos parte vieron aprobada su única iniciativa, integrada por doce puntos y que incluía uno relativo a la continuidad de las bonificaciones en la AP-66 hasta la supresión del peaje además de reivindicaciones de infraestructuras similares a buena parte de las registradas por el resto de formaciones.

Las infraestructuras pendientes

Así, el pleno aprobó propuestas de resolución relativas a la recuperación de la autopista del Mar, a garantizar para este año la elaboración de la nueva malla horaria ferroviaria; la financiación para las obras de acceso al puerto de El Musel, al avance en las actuaciones del Corredor Atlántico; la implantación de la Obligación de Servicio Público para la conexión ferroviaria entre el Principado y Madrid o la prolongación del ancho internacional desde la Variante de Pajares hasta Oviedo, Gijón y Avilés.

Además, el parlamento asturiano ha solicitado, entre otras cuestiones, la culminación de la A-63 hasta La Espina y que el Ministerio incluya el eje entre La Espina y Ponferrada (León) en la red nacional o impulsar las actuaciones ferroviarias pendientes en Gijón y Avilés y concluir el soterramiento de FEVE en Langreo.

Entre las 36 resoluciones aprobadas -una de PSOE-IU, 17 del PP, 18 del Grupo Mixto y ninguna de las once de Vox- figuraban también cuestiones en las que los socios de gobierno han votado en sentido contrario como ha sido el caso de la iniciativa que Foro ha sacado adelante, pese al rechazo de los socialistas, para conservar la rampa ferroviaria de Pajares como apoyo y complemento a la Variante que socava la cordillera cantábrica y por la que ya circulan trenes de pasajeros y de mercancías.

La iniciativa forista, respaldada por IU y por el resto de grupos, pide aumentar los servicios ferroviarios a través de ese trazado para varias poblaciones entre La Robla y Pola de Lena y plantea además utilizar la rampa como banco de pruebas del material rodante, para labores de formación o con fines turísticos.

Socialistas e Izquierda Unida también han discrepado en relación con la Ronda Norte de Oviedo, cuya construcción se ha incluido entre las reclamaciones al Ministerio al aprobarse una iniciativa del PP que exige su construcción y ante la que se ha abstenido el PSOE mientras IU y Foro votaban en contra a la vez que se rechazaba una propuesta de la ex diputada de Podemos, Covadonga Tomé, que pedía descartar esa infraestructura, postura que ha obtenido el único respaldo de la coalición de izquierdas.

Cruce de reproches entre PSOE y PP

Al igual que en la sesión con la que el pasado lunes se abrió el pleno monográfico sobre los incumplimientos del Ministerio de Transportes con Asturias, PP y PSOE han aprovechado sus turnos para intercambiarse reproches sobre la gestión de los sucesivos gobiernos centrales cuando han estado ocupados por ambos partidos y sobre la respectiva ausencia de críticas de cada uno a los ejecutivos de su mismo color político.

Así, para el diputado del PP Luis Venta, las compensaciones por las que el Gobierno autonómico se ha mostrado satisfecho ante los retrasos en la puesta en servicio de los trenes Avril o antes con los de ancho métrico han hecho pasar “de la Asturias subvencionada a la Asturias compensada” con el asentimiento “cómplice” del Principado a las “tomaduras de pelo” del ministro de Transportes.

“Llevamos demasiados años con esta película para que venga un 'mocín' de Valladolid a reírse en nuestra cara”, ha apuntado Venta tras considerar que la relación de resoluciones aprobadas en la sesión constituye una enmienda a la totalidad a la política de infraestructuras de los gobiernos del PSOE de los últimos años.

Para el parlamentario socialista René Suárez, la actitud del PP corresponde a la de un partido “frustrado por su pasado” y “crispado” después de haber mantenido un silencio “cómplice” y “vergonzoso” con los sucesivos recortes en la inversión en Asturias de los últimos gobiernos del PP

A juicio de Suárez, “queda mucho por hacer, pero mucho se ha hecho” desde 2018 pese a que el PP opte “por negar los avances por el simple hecho de negarlos” y por ignorarlos al no sentirse “partícipes” de unos logros que han permitido que la situación de la infraestructuras sea “mucho mejor” que hace cinco años.

El expresidente valenciano Ximo Puig ha dicho no entender el comportamiento del exministro José Luis Ábalos al negarse a dejar su acta de diputado tras el estallido del denominado 'caso Koldo' que implica su asesor, y de hecho cree que Ábalos también habría exigido esa renuncia si siguiera siendo secretario de Organización del PSOE.

“Una persona que ha sido responsable de la organización de este partido sabe muy bien la responsabilidad que uno tiene en cada momento y la lealtad que debe a su partido”, ha expresado Puig ante los medios este miércoles en los pasillos del Congreso al ser preguntado por la decisión de Ábalos de pasar al Grupo Mixto ignorando la exigencia de “asumir la responsabilidad política” que le pedía el partido tras el estallido del 'caso Koldo'.

Puig, que acaba de ser nombrado embajador delegado permanente de España ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), ha explicado además que el PSOE ha actuado “adecuadamente” en este tema y cree que Ábalos “habría hecho lo mismo”.

El dirigente valenciano ha asegurado además que sintió “mucha tristeza” durante la rueda de prensa que dio este martes el ahora exdirigente socialista para explicar su decisión de pasar al Grupo Mixto. “Yo intento entenderlo todo, y humanamente lo entiendo todo, pero en términos políticos no”, ha incidido.

Al ser preguntado por si ha tenido algún tipo de conversación con Ábalos, Puig ha aclarado que “no” porque “no ha podido” aunque ha dicho que “lo siente” porque es una persona con la que ha tenido “mucha” relación.

“Es su decisión”

El secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, ha rechazado valorar la decisión del diputado por Valencia José Luis Ábalos de irse al Grupo Mixto del Congreso después de que el PSOE le exigiera el acta por el 'caso Koldo'. “No voy a entrar en valoraciones personales, es su decisión y tendrá que ser valorada”, ha zanjado.

En cualquier caso, ha vuelto a defender la “actuación” de su partido en este caso y ha recalcado: “El PSPV está muy bien representado con los diputados que tenemos actualmente en el Congreso, que harán magnífica labor en defensa de los intereses valencianos”.

“Hemos tomado decisiones durísimas y hemos demostrado una vez más que la corrupción es incompatible con el Partido Socialista”, ha proclamado.

Por contra, ha acusado al PP de vivir en una “realidad paralela” con sus críticas por el 'caso Koldo' cuando es el único partido condenado como “banda criminal organizada”. Ha hecho hincapié en que no hay “absolutamente nada” relacionado con el PSPV en este caso y ha denunciado que “es deleznable que el PP intente levantar sospechas sin justificación”.

Hace solo siete días que estalló el escándalo. La Guardia Civil entró en casa de Koldo García en Alicante a media mañana del miércoles para llevárselo detenido al calabozo por su presunta implicación en el cobro de comisiones ilegales en contratos públicos. A esa hora, José Luis Ábalos, el hombre que lo aupó a un alto cargo de responsabilidad en el Gobierno de España, estaba sentado en su escaño en el Congreso. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volaba en viaje oficial destino a Rabat.

Nadie imaginaba entonces las dimensiones de la tormenta política que se cernía sobre el Gobierno y el PSOE. Y nadie calibraba que, en tan solo una semana, iba a desembocar en la abrupta ruptura entre el Partido Socialista y quien fue su ‘número tres’ y todopoderoso ministro de Transportes, desde este martes nuevo integrante del Grupo Mixto. 

La noticia del pasado miércoles cayó como una bomba en la Moncloa, en Ferraz y en el Congreso. Tal fue así que logró sepultar otros temas de actualidad política como la resaca de las elecciones gallegas, la tramitación de la ley de amnistía o el encuentro entre Sánchez y el rey de Marruecos. Y, aun así, las primeras reacciones no dejaron entrever la cascada de acontecimientos que se desataría después. 

El propio presidente del Gobierno descartó ante la prensa durante el vuelo de vuelta de Rabat que el caso pudiera afectar ni penal ni políticamente a Ábalos, con quien el PSOE tenía apalabrada su inclusión en un puesto de salida para la candidatura de las europeas. En esa charla informal, Pedro Sánchez descartó plantear hacia su exministro medidas disciplinarias de ningún tipo, en un intento de encapsular el escándalo en torno a la figura de su asesor. 

“No tengo ni idea, me he enterado ahora, me he quedado estupefacto”, reaccionó el propio Ábalos en los pasillos del Congreso tras ser preguntado por los periodistas a los pocos minutos de conocerse la operación de la Guardia Civil. “Duelen estas cosas, es un golpe y me cuesta creerlo”, añadió tras defender las contrataciones llevadas a cabo por su departamento en el peor momento de la pandemia para hacer frente a la compra de mascarillas. 

Al día siguiente, y aunque nadie en su partido le había siquiera insinuado todavía la necesidad de asumir responsabilidades, fuentes del entorno más cercano al exministro admiten que estuvo a punto de tirar la toalla. “No me encuentro bien. No digo nada más porque ya opinan ustedes”, dijo ante una nube de cámaras, micrófonos y periodistas que le perseguían en busca de reacciones. 

La bola de nieve no había dejado de crecer en aquellas 24 horas y Ábalos, profundamente afectado, llegó a plantearse ese jueves renunciar a su escaño y abandonar definitivamente la política para “cambiar de vida”, según esas mismas fuentes. Sin embargo, esa tarde, la cúpula de su partido volvió a descartar que su compañero de filas tuviera que dar ningún paso. 

Ya en la mañana del viernes, las declaraciones públicas de la persona con más poder orgánico e institucional del partido detrás de Pedro Sánchez, la vicesecretaria y vicepresidenta María Jesús Montero, retumbaron en todo el PSOE y en el móvil de Ábalos. “Sé lo que yo haría”, respondió Montero a la pregunta de si su compañero debía abandonar el acta de diputado. 

El exministro recibió ese mensaje como lo que era: una invitación poco disimulada a que cogiera la puerta y se marchase. Y por eso preguntó en su partido por esas palabras. También según su entorno, la respuesta que recibió fue la de que María Jesús Montero había hablado en su propio nombre y que el presidente no se había pronunciado en esa línea. 

Pero el sábado por la mañana todo cambió. El secretario de organización, Santos Cerdán, contactó personalmente por teléfono con su predecesor en el cargo y le pidió una reunión para esa misma tarde. Ábalos, que había comprometido una entrevista en La Sexta, solicitó aplazar la cita al domingo. Pero, si le quedaba alguna duda, ese mismo sábado a mediodía Pedro Sánchez se la disipó. “La lucha contra la corrupción ha de ser implacable, caiga quien caiga”, dijo el presidente durante su intervención en un acto de la Internacional Socialista. El diputado, exministro y anterior secretario de Organización del PSOE estaba oficialmente sentenciado. 

En su entrevista en la Sexta esa noche esbozó ya los argumentos que ha mantenido hasta el final para retener su escaño. “Se me está planteando que me quede inhabilitado políticamente por confiar en personas que me decepcionaron y que incluso me inhabilita de por vida porque quedo estigmatizado”, sostuvo. 

Ese misma idea, la de la estigmatización, ha sido una de las más repetidas por Ábalos durante las conversaciones con la cúpula de su partido para rechazar un abandono de la política que considera humillante. “No puedo acabar mi carrera como un corrupto, porque soy inocente”, dijo durante su comparecencia, solo, este martes en la sala de prensa del Congreso. 

La cita entre Santos Cerdán y José Luis Ábalos se produjo finalmente el domingo. El secretario de organización llegó a casa de Ábalos con el encargo de su partido de hacerle ver que la situación se había tornado insostenible, que la derecha no dejaría de instrumentalizar el caso para atacar al PSOE y al Gobierno. Y para aclararle que nadie le acusaba de ser un corrupto pero que sí consideraban que debía asumir la responsabilidad política de haber encumbrado a Koldo García hasta asesor principal del Ministerio de Transportes. 

Según fuentes de la cúpula del PSOE, Cerdán tendió la mano a Ábalos y le ofreció el respaldo del partido para defenderlo de cualquier campaña mediática o política que pusiera en tela de juicio su inocencia, que hasta el momento no pone en duda ni la querella ni el auto del caso. Defendió el secretario de Organización socialista en esa conversación la necesidad de diferenciarse del PP respecto a la gestión de casos de corrupción. Y le recordó a su predecesor la razón de ser del Gobierno de Pedro Sánchez que el propio Ábalos trabajó en concretar: la moción de censura a Rajoy como rechazo al escándalo de la Gürtel. También se le advirtió de que, si no daba el paso que le demandaba su formación, cualquier opción de ayuda por parte del Partido Socialista desaparecería automáticamente a presente y también a futuro.  

José Luis Ábalos quedó con Santos Cerdán en reflexionar esa noche sobre los argumentos de su partido y en darle una respuesta durante la mañana del lunes. Sin embargo, en esa reunión ya expuso en varias ocasiones que la renuncia a su condición de diputado, además de considerarla injusta, lo dejaba a los pies de los caballos de cualquier querella que alguien pudiera presentar más allá del ‘caso Koldo’ al perder su aforamiento. Ese argumento, el de la pérdida del aforamiento, ha resultado crucial para la decisión definitiva de Ábalos, según todas las fuentes consultadas por este periódico. 

En la mañana del lunes, Cerdán volvió a llamar por teléfono a Ábalos desde la sede socialista de la calle Ferraz. Estaba a punto de empezar una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal trascendental para el futuro político del exministro y su partido quería saber si ya había tomado una decisión. Pero la postura de Ábalos se mantuvo intacta en su convicción de no abandonar el acta. 

La Ejecutiva del PSOE votó entonces por unanimidad una resolución para exigirle la entrega del acta al Grupo Parlamentario. Y fijó una cuenta atrás de 24 horas. “Sabemos que José Luis Ábalos no está investigado ni señalado ni su nombre figura en la investigación. No nos erigimos en jueces, no juzgamos, pero a pesar de todo consideramos que sí existe una responsabilidad política”, argumentó la portavoz del partido, Esther Peña. 

En realidad, la dirección socialista ya sospechaba que la postura de José Luis Ábalos resultaba a esas alturas inamovible, pero la constatación llegó este martes. “He decidido hacer caso a los que me quieren y me piden seguir adelante con la defensa de mi reputación hasta las últimas consecuencias. He decidido defender mi honor personal y me gustaría estar haciéndolo respaldado por la dirección de mi partido porque me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo, pero no ha sido así”, lamentó Ábalos. 

Ahora, y tras el shock de la ruptura, la instrucción de Pedro Sánchez a los suyos es explícita: dar carpetazo al asunto y evitar cualquier tipo de enfrentamiento con el que fuera su secretario de Organización, ministro y hombre clave en sus primarias de 2017. No obstante, nadie en el Grupo Parlamentario Socialista podía disimular este martes lo traumático que resulta un divorcio de este tipo con alguien que lo fue casi todo en la sede de Ferraz. 

“Me da mucha pena, pero la política es cruel. No es entendible lo que ha hecho, tiene que entender la situación y él tiene una responsabilidad. Y eso nuestra militancia no lo soporta”, planteaba una alta fuente parlamentaria socialista en los pasillos del Congreso. El mismo martes, el PSOE oficializó la apertura de expediente para su suspensión de militancia.  

Cuando acabó su comparecencia, con la voz quebrada y sin admitir preguntas de la prensa, José Luis Ábalos agradeció a sus compañeros diputados y a la militancia los años compartidos y abandonó la sala de prensa del Congreso para dirigirse al registro. Allí cumplimentó la documentación para dar un paso que nunca nadie imaginó: abandonar la bancada socialista para integrar de ahora en adelante las filas del Grupo Mixto. 

“Nunca me imaginé fuera de estas siglas por las que he entregado mi vida desde joven”, había dicho en su última intervención como miembro del PSOE. Al salir del registro los periodistas le preguntaron sobre si pensaba acudir a la sesión de control de este miércoles para sentarse ya frente a los que hasta ahora fueron sus compañeros. “No lo sé, ahora no me debo a ninguna disciplina”, respondió visiblemente afectado, ya camino del parking, para dejar atrás la peor semana de su vida política y una de las más ruinosas para el PSOE de Pedro Sánchez desde que llegó al poder en 2018.

José Luis Ábalos ha anunciado este martes que no renunciará a su acta de diputado y por lo tanto pasará al Grupo Mixto después de que el PSOE le diese el lunes 24 horas para anunciar su dimisión. El parlamentario ha desoído ese ultimátum y ha defendido su inocencia en el caso que se investiga por supuesta corrupción durante la pandemia en el departamento que dirigía. Con esta decisión pasará al grupo del Congreso en el que se integran los diputados que no cumplen los requisitos para tener grupo propio: haber logrado al menos un 15% de los votos en las circunscripciones donde se han presentado o un 5% en el conjunto del Estado. 

¿Qué implica esta decisión para el exministro y ex 'número tres' del PSOE? El diputado pasará a compartir grupo con el parlamentario del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego, la de Coalición Canaria, Cristina Valido; Alberto Catalán, de Unión del Pueblo Navarro; y con los cuatro de Podemos, que pasaron a este grupo en diciembre, tras romper definitivamente con Sumar. La principal consecuencia de este movimiento es que los integrantes de ese grupo tendrán que dividirse ahora los tiempos parlamentarios y los recursos con un diputado más.

La noticia no fue recibida con demasiada ilusión este martes. Cuando todavía era un rumor esta mañana, el diputado del BNG, Néstor Rego, fue tajante preguntado por el tema: “En el Grupo Mixto ya estamos al completo”. “Lo lógico cuando hay responsabilidades políticas aunque no existan judiciales es que se asuman responsabilidades políticas. Lo normal es que deje su cargo. Lo contrario no se entendería”, dijo este martes en una rueda de prensa. Otras fuentes del grupo aseguran sin embargo que no habrá problema para acordar lo que sea necesario.

Habitualmente la primera decisión en estos casos es geográfica. Los diputados ya no se colocan entre sus compañeros de partido sino que pasan al denominado “gallinero”, en la parte superior y centrada del hemiciclo. En este caso, quizá no haga falta esa recolocación puesto que el diputado ya se encontraba al lado de dos parlamentarios del Grupo Mixto. En el último caso ocurrido en esta legislatura, el de Podemos, los parlamentarios terminaron ubicados entre la bancada de su anterior grupo parlamentario y la de Esquerra Republicana. 

Como ocurrió entonces, los diputados del Mixto tendrán que negociar ahora cómo se reparten los tiempos de las intervenciones. Al comienzo de esta legislatura, ese grupo era un plácido espacio integrado por únicamente tres personas de tres formaciones diferentes, pero tras la llegada de Podemos y de Ábalos estas divisiones se complican un poco más. El reglamento del Congreso deja lugar al acuerdo para los discursos en el Pleno del Congreso, pero fija dos requisitos: solo pueden intervenir tres diputados por turno y no podrán extenderse más de un tercio del tiempo reservado para cada grupo. 

Y si no se alcanza ese acuerdo, todo queda en manos de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que “decidirá en el acto en función de las diferencias reales de posición” e incluso podría “denegar la palabra a todos”. El reglamento de la Cámara establece además que todos los turnos generales de intervención los abre precisamente el Grupo Mixto. 

Los diferentes integrantes del Grupo Mixto también tienen que ponerse de acuerdo ahora para volver a repartirse las portavocías de comisiones y también las presidencias que tienen asignadas. Esto es un tema que está todavía en discusión en el caso, por ejemplo, de Podemos. La formación de Ione Belarra contaba antes de romper con Sumar con la presidencia de Derechos Sociales, pero esa comisión hasta ahora no ha vuelto a votar ese cargo, que está pendiente de negociación. 

Lo que reciben los grupos

Todo esto tiene asimismo consecuencias económicas. Las Cámaras reparten una subvención fija al mes igual para todos los grupos: en el Congreso esta ayuda es de 30.346,72 euros. Por lo tanto, ahora UPN, BNG y CC tendrán que repartir esos recursos con un diputado más. Es un nuevo baile de recursos en ese grupo, que hasta hace unas semanas contaba con una diputada más, Lilith Verstrynge, que anunció por sorpresa su dimisión y provocó que el grupo pasase de ocho a siete diputados. Ahora el tamaño del grupo vuelve a ser de ocho, pero Ábalos como diputado no adscrito a ningún partido.

Además, el Congreso otorga una “retribución variable”, también mensual, que depende del número de parlamentarios que tenga cada grupo: 1.746,16 euros por cada diputado. Es una asignación para gastos relacionados con su actividad en el grupo. Son partidas que se deben justificar si así se lo requieren. Esos gastos contemplan desde comidas protocolarias a contratar, por ejemplo, los servicios de una entidad jurídica —nunca a particulares— para que le asesoren a la hora de elaborar iniciativas u otras actividades como parlamentario. ¿Y si sobra dinero de esa cuenta porque el diputado no lo ha gastado? Las fuentes consultadas señalan que debe devolverlo a la Cámara o al grupo, porque no es del diputado. 

Ábalos en cualquier caso seguirán cobrando su sueldo base de 3.142,14 euros mensuales, una retribución que es igual para todos los diputados. El diputado también puede mantener su complemento de 2.018,41 euros para gastos de manutención y pernoctación por haber sido elegido por la circunscripción de Valencia. Y si resulta elegido presidente o vicepresidente de alguna comisión contará con un complemento salarial. El exministro renunció este lunes a la presidencia de la Comisión de Interior precisamente cuando decidió que mantendría su escaño desde el Grupo Mixto. 

José Luis Ábalos no entrega su acta de diputado. El que fuera 'número tres' del PSOE desacata la resolución de su propio partido y se niega a abandonar el Congreso después del estallido de un escándalo de corrupción en el Ministerio de Transportes mientras él estaba al frente de ese departamento.

“He decidido hacer caso a los que me quieren y me piden seguir adelante con la defensa de mi reputación hasta las últimas consecuencias”, ha dicho en una comparecencia en el Congreso de los Diputados en la que ha lamentado no haber contado con el respaldo del PSOE.

“He decidido defender mi honor personal y mi reputación como diputado hasta las últimas consecuencias. Me gustaría estar haciéndolo respaldado por la dirección de mi partido, me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo, pero no ha sido así”, ha lamentado.

Tras su anuncio, el propio Ábalos se ha dirigido al Registro del Congreso para cumplimentar su salida del Grupo Parlamentario Socialista e integrarse en el Grupo Mixto, cada vez más nutrido tras la ruptura de Podemos y Sumar.

Su determinación de continuar como diputado llega después de que la dirección del PSOE decidiera exigirle a su exsecretario de organización la entrega de acta de diputado en un plazo máximo de 24 horas que se cumplían a mediodía de este martes. Una postura contra la que el exministro ha arremetido.

“Creo que tras haber contribuido a la conformación de un Gobierno, tras haber servido a nuestro país como ministro y tras haber colaborado en las primarias socialistas de 2017, me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo y poder haber compartido una reflexión por la senda del sosiego. No ha sido posible”, se ha quejado.

“He decidido hacer caso a quienes aún me quieren”, ha continuado. “Son esas personas quienes me han trasmitido el ruego de que siga adelante en la lucha por defender mi honorabilidad. No estoy acusado de nada ni formo parte de la investigación en curso ni tampoco tengo ningún enriquecimiento ilícito”, se ha defendido.

Ábalos, que ha calificado de “decepcionante y repudiable” el enriquecimiento ilícito que se investiga en el denominado 'caso Koldo' por la presunta implicación de su asesor y hombre de confianza, Koldo García, ha intentado limitar ese “problema” a un hecho puntual del que se ha desligado y sobre el que, en todo caso, ha pedido que sea “la Justicia quien resuelva”.

“Quienes exigen mi expulsión apelan a una cuestión ética. Pero ¿cómo sería la fase posterior a mi sacrificio público? ¿Quién se acordaría de reparar aquello?”, se ha preguntado antes de aseverar: “Si yo renuncio se interpretaría como un signo de culpabilidad que no asumo. Solo provocaría mi estigmatización. Sé lo que es un apestado”, ha dicho.

Quien fuera secretario de organización del PSOE ha anunciado durante su comparecencia sin preguntas que sería él mismo quien cumplimentara el trámite para pasarse al Grupo Mixto sin esperar a la expulsión de su partido por desacatar la resolución de la Ejecutiva socialista que este lunes le reclamó la entrega del acta.

“Puedo asegurarles que es una decisión muy dura, muy difícil en lo personal. Pero no puede acabar mi carrera política como si fuera un corrupto. Defender mi honor desde el Grupo Mixto me permitirá seguir defendiendo mis ideas y asistir al final de esta partida obligando a los que ahora quieren echarme a que tengan que mirarme a la cara”, ha proclamado.

Al final de su comparecencia, a José Luis Ábalos se le ha quebrado la voz al agradecer a sus compañeros y compañeras diputados y diputadas la trayectoria compartida, así como a los militantes que, según ha dicho, le han mostrado su afecto durante tantos años. “Nunca me imaginé fuera de estas siglas por a las que he entregado mi vida desde joven”, ha dicho al borde del llanto.

Tras concluir su intervención, Ábalos ha abandonado la sala de prensa del Congreso en dirección al Registro de la cámara, donde ha procedido a cumplimentar el papeleo para su integración en el Grupo Mixto. Luego, con la sesión plenaria ya comenzada, ha decidido no acudir a su nuevo escaño en el hemiciclo para abandonar la Carrera de San Jerónimo, esta vez ya sí, entre lágrimas.

Poco después de que terminara esa comparecencia, el PSOE ha anunciado la apertura de un expediente disciplinario a Ábalos por negarse a entregar su acta de diputado, y le suspende cautelarmente de militancia. Como consta en la resolución del PSOE, el expediente podría suponer la expulsión de Ábalos del partido.

Podemos ha decidido romper su alianza con Sumar para tener más autonomía. Un repaso a los antecedentes muestra cómo una formación a la izquierda del PSOE que llegó a la vicepresidencia del Gobierno entra en crisis con antiguos aliados políticos. 

Con el periodista de elDiario.es Alberto Ortiz nos detenemos en algunas claves que ayudan a entender mejor las causas y consecuencias de la decisión de los cinco diputados de la formación morada.

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En el inicio de la legislatura, cuando quedó definida la nueva composición del Congreso, los partidos del Grupo Mixto estaban exultantes. Solo tres formaciones con un diputado cada una para repartirse los tiempos en la tribuna y el cupo para registrar iniciativas. Era el más rentable de la democracia: nunca antes ese grupo había albergado un número tan bajo de partidos. Pero esa alegría no duró mucho. Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y el Bloque Nacionalista Galego, tres formaciones de idisioncrasias muy diferentes, tendrán que hacer hueco ahora a los cinco diputados de Podemos tras su repentina salida de Sumar.

El Mixto es el lugar al que van a parar los partidos que no cumplen los requisitos para formar grupo propio, según lo que marca la Constitución o el propio reglamento del Congreso. Y por eso es común que allí coincidan parlamentarios de ideologías dispares e incluso enfrentadas en un espacio que ha llegado a tener hasta 18 formaciones de diferentes partidos. En 2011, por ejemplo, convivían fuerzas como Amaiur o Esquerra Republicana con Coalición Canaria, Foro Asturias o Unión del Pueblo Navarro. 

Lo normal es que allí recalen formaciones de corte nacionalista o regionalista, con un número suficiente para conseguir un escaño en sus circunscripciones pero sin fuerza para llegar a 15 diputados, o bien un mínimo de cinco escaños pero con un 5% de los votos a nivel estatal o un 15% en la circunscripción donde concurrieron. En esa situación han estado habitualmente los nacionalistas gallegos, los independentistas vascos hasta hace pocas legislaturas o partidos muy atados a sus territorios como el PAR aragonés, UPN, CC o en su momento el partido Andalucista. 

Es habitual además que el Grupo Mixto crezca a lo largo de las legislaturas, lo que complica la pluralidad de ese sector del hemiciclo. Ya lo hizo en aquella de 2011, con la incorporación de los tres diputados de Esquerra Republicana; en 2016, cuando Compromís abandonó Unidos Podemos; o en la pasada, cuando la diputada Meri Pita se fue también de ese grupo y Pedro Cambronero el de Ciudadanos. 

Con la llegada de Podemos al Mixto, el grupo tendrá ahora una pluralidad ideológica que va de la derecha de UPN a la izquierda de los de Ione Belarra, pasando por la ambigüedad ideológica de Coalición Canaria o el nacionalismo de izquierdas del BNG de Néstor Rego. Son ocho diputados con los que además el Gobierno tendrá que negociar prácticamente por separado. 

El BNG fue un apoyo más o menos constante durante la legislatura pasada, aunque se desmarcó de algunas votaciones importantes. Coalición Canaria, a pesar de que se autodefine como un proyecto nacionalista progresista, ha sido capaz de apoyar al mismo tiempo la investidura de Alberto Núñez Feijóo y la de Pedro Sánchez. Durante la legislatura pasada, no obstante, fueron habituales los discursos duros de la exdiputada Ana Oramas contra el presidente por diferentes temas. Mucho menos probable será el apoyo puntual de UPN a las leyes del Gobierno, después de la ruptura de sus dos diputados con el Ejecutivo el año pasado tras incumplir el pacto alcanzado para la reforma laboral. 

A partir de ahora, será Podemos quien tenga mayor peso en un grupo que hasta ahora contaba solo con tres escaños y ahora pasa a ocho. Los de Ione Belarra abandonaron la semana pasada Sumar tras denunciar que les habían dejado sin autonomía política ni voz dentro del Congreso. Aunque han asegurado que no pondrán en riesgo el Gobierno, es probable que su posición negociadora complique algunas votaciones delicadas. 

Todo ello en una legislatura en la que el Gobierno cuenta con los apoyos muy justos, incapaz de jugar, como en la anterior, a la denominada “geometría variable”. Entonces, el Partido Socialista trató de amarrar el apoyo de Ciudadanos, UPN o Coalición Canaria en algunas votaciones para evitar la presión de Esquerra Republicana o EH Bildu, dentro del bloque de investidura. 

Pedro Sánchez tiene ahora una frontera de 171 votos en contra (los de PP, los de Vox y el de UPN) que le fuerza a pactar con prácticamente todo el resto de formaciones en el arco parlamentario. El bloque del Gobierno lo forman ahora 147 diputados a los que debe sumar los de ERC, Junts, EH Bildu, PNV, el BNG y ahora también Podemos. Coalición Canaria votó a favor de la investidura, aunque su voto es quizás el menos determinante de todos los del nuevo bloque de legislatura. 

La incorporación de los de Belarra al Grupo Mixto implicará que sus integrantes se tendrán que poner de acuerdo para repartirse los tiempos de intervención en la tribuna. Según el artículo 75 del Reglamento de la Cámara si no hay acuerdo para que uno de ellos tome la palabra en nombre de todos —lo que parece probable dadas sus diferentes sensibilidades—, sólo podrán intervenir tres diputados y no podrán hacerlo por más de la tercera parte del tiempo establecido para cada grupo parlamentario. 

Hasta ahora, ese reparto era sencillo en caso de que no hubiese acuerdo, puesto que el máximo número de intervenciones permitidas por sesión era de tres. Ahora deberán comenzar a rotar y repartirse el tiempo en función de los criterios que vayan decidiendo internamente. En caso de que no se pongan de acuerdo, será la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la que “decidirá en el acto en función de las diferencias reales de posición”. En función de esas circunstancias también podrá “denegar la palabra a todos”.

(“Tu ego extiende cheques que tu cuerpo no puede pagar”, Top Gun, 1986)

Fui apoderado de Podemos en unas elecciones y una señora se me acercó para decirme que era demasiado guapo como para ser comunista; hasta ahí, mis méritos en política. Esperanza Aguirre llegó a decir que eran la mayor amenaza para el sistema, tal y como lo conocíamos, y yo aplaudía con las orejas. Hace unos meses me llegó un mensaje al móvil reclamándome para ir a votar en la consulta a los inscritos, donde llevaba registrado desde el 2014, o 15, sobre si confluir o no con Sumar. Yo voté que sí, ya que me preguntaban, y hacerlo me trajo recuerdos de mi adolescencia política: La Sexta Noche, Los Chikos del Maíz y retuitear a Daniel Seixo con los ojos cerrados. 

Ahora que Seixo se ha transformado en una cuenta fan de Putin, Los Chikos del Maíz están envejeciendo peor que Alfonso Guerra y que, además, Podemos se ha convertido en el brazo político de un podcast miro hacia atrás con algo de sonrojo. Un tiempo después caí en la marmita de Kropotkin y estos debates palaciegos deberían darme igual, pero resulta que Javier Sánchez Serna, el diputado que encabezaba la lista de Sumar en las elecciones, el único de la Región de Murcia que consiguió representación, se ha pasado al Grupo Mixto, por lo que mi voto, que fue a Sumar, ha pasado al Grupo Mixto. Consultan a las bases hasta para elegir el color de la moqueta del chalé, pero se salen de grupo parlamentario como el que lo hace en uno de Whatsapp. Y no lo llaman transfuguismo porque en su caso siempre hay un “pero es que en este caso” que excretar, un salvoconducto político-moral tras que el excusarse de llevar a cabo, casi desde su nacimiento, las mismas prácticas que criticaban al bipartidismo. Pues claro que son tránsfugas.

Cuando Iglesias ponía a Inda y Marhuenda a orinar sangre en los platós de Atresmedia y hablaba de no pagar una deuda ilegítima y del sistema corrupto y de las viviendas vacías yo gritaba hacia la tele como un ultra de fútbol al que no dejan entrar al estadio. El ahora ex vicepresidente del Gobierno, publicó el otro día una exclusiva, escrita, producida, dirigida y protagonizada por él mismo anunciando que Podemos abandonaba el grupo parlamentario de Sumar y a mí no me queda más remedio que aplaudir otra vez porque otra cosa no, pero inventiva para torpedear gobiernos, ni Henry Kissinger. Es el coyote contra el correcaminos progresista. Recuerdo cuando la hija de Peter Lim dijo a la afición del Valencia que el club era de su padre y que iban a hacer con él lo que quisieran.

De hegemonizar la izquierda a montar una pyme. Para lo que se ha quedado esta izquierda nuestra, tan nuestra y a la vez tan de nadie, en constante conflicto. La batalla por el matiz. Somos los que al acabar la charla decimos que más que una pregunta, tenemos una reflexión. Siempre disconformes con la realidad o descontentos con el destino, como Abe Simpson gritando a una nube, con el puño apretado y el ceño fruncido, siendo la noticia del día en la aburrida Springfield. 

Mis expectativas de cambio se esfumaron con el tiempo, y creo que nunca fueron realistas, pero en su momento se vendió aquello casi como la toma del Palacio de Invierno.

Es el problema de emplazar tu discurso en la épica histriónica, porque si prometes asaltar los cielos y no los arrasas como Constantinopla corres el riesgo de que las llamas revolucionarias se diluyan sin remedio porque la máxima aspiración a tu revolución es acabar siendo la muleta del PSOE ad perpetuam. Sumar es más de lo mismo, no nos engañemos, pero ellos parecen tener claro que su papel es el de evitar que el PSOE vire demasiado hacia la derecha. Decía Bertolt Brecht que las revoluciones se producen en los callejones sin salida, cuando la verdad es demasiado débil para defenderse y tiene que pasar al ataque. El momento pasó. No hay más, la revolución -ja, revolución- no triunfó, ahora España cabalga a lomos del Perro Sánchez. Más me jode a mí, que yo sí que soy pobre y participo de un sistema en el que no creo porque no me queda otra.

En junio de 2021, hace prácticamente dos años y medio, escribí un artículo lamentándome por la dirección de la cuarta Asamblea Ciudadana de Podemos, encaminada a ser un congreso a la búlgara o un mero referéndum de aprobación de la sucesora de turno, afirmando que era un problema “que la fuerza de izquierdas que dice buscar una transformación auténticamente democrática de la sociedad tenga primarias internas menos pluralistas y más disfuncionales que las del PSOE o el Partido Popular”. Año y medio después, en febrero de 2022, escribí otro texto, cabreada por los resultados catastróficos de las elecciones en Castilla y León: allí afirmaba, directamente, que si Podemos no asumía “que sus resultados actuales son en buena parte consecuencia de su tóxica y destructora dinámica interna, de sus dinámicas de aparato, de la lenta diseminación de su agotamiento, el proyecto de Podemos estará agotado dentro de no demasiado tiempo”. Ahora, a principios de diciembre de 2023, se consuma el camino recorrido: lo que queda de Podemos, dimisiones mediante, deja la coalición con la que se presentó a las elecciones y a través de la cual obtuvo sus escaños y, rompiendo el acuerdo electoral de Sumar, pasa al Grupo Mixto.

¿Cómo puede ser que quien fuera número dos en su candidatura al Ayuntamiento de Madrid, Carolina Alonso, exprese hoy en Twitter que se acaba de “enterar por Canal Red [de] que [se pasa] al Grupo Mixto”? Lo sorprendente, al final, es que cosas así no sorprendan. Lo que empezó como un ilusionante proyecto transformador para España –cuando Podemos pudo–, un catalizador de las energías y potencias desplegadas a partir del 15M, ha acabado en la grandilocuencia victimista de un búnker replegado sobre sí mismo y en el que cada día cabía menos gente: el «No se acerque más a nosotros» convertido en máxima y estandarte.

Lo que queda de cierto e innegable: la ilusión depositada en el pasado fue real, como lo fueron sus esperanzas, como lo fueron sus aciertos y como lo fue el caudal de energías que Podemos incorporó. Había personas que nunca antes se habían visto representadas y a quienes Podemos confería representación: en la recta final, el discurso de Pablo Bustinduy antes de abandonar el Congreso para una candidatura a las elecciones europeas a la cual acabó renunciado; la tracción de una fuerza política que llegó a ser capaz de disputar la victoria en las elecciones generales de 2015, en los tiempos del sorpasso; Pablo Iglesias hablando para el país que se tomaba muy en serio sus sueños o incluso Irene Montero en la moción de censura de 2017. Durante un instante fue posible todo. Y, para cualquiera que se lo creyera, ver el presente genera una enorme tristeza.

En 2022, al otro lado de los Pirineos, cuando Jean-Luc Mélenchon quedó tercero en las elecciones presidenciales francesas, al mismo tiempo que su retirada de la vida política –luego inverosímil– parecía ya un hecho, lanzó una consigna: hacedlo mejor. Más allá de las hagiografías sobre Podemos, los dramas infinitos sobre lo que de ese espacio queda o se ha desmoronado, las incorporaciones y distanciamientos, creo que el ánimo del análisis y opinión futuras tendría que encauzarse por esa vía: no la del regodeo infinito en los errores o pecados, sino la del aprendizaje genuino. Exigirle a cualquier organización política transformadora futura que nunca más mercadee con las esperanzas de un pueblo. Pedir, como requisito, el respeto a la pluralidad, el cuidado interno, el alejamiento de cualquier voluntad soberbia o suicida.

Hay una verdad peronista que debería ser de utilidad para cualquier movimiento con voluntad transformadora: aquella según la cual, en la escala de valores, primero la patria, después el Movimiento y luego las personas. El mayor error del espacio del cambio ha sido transmitir con todo tipo de señales que esos valores se habían invertido: primero las personas, luego el partido y por último el país. Algo así no puede volver a suceder si se aspira a más que el fracaso, si se conserva ya no una mínima ambición, sino una mínima lealtad. La gente aspira a ver cómo mejoran sus condiciones de vida: no tiene ningún interés en que el espacio del cambio, que venía a ser algo distinto, se vuelva un circo tan bochornoso como el circo bipartidista que en otros tiempos denunciaba. Lo que se impone por necesidad, para no generar más desánimo, para no ahondar todavía más en la desilusión, es mostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera: que se pueden hacer mejor, que se puede tomar la política y las esperanzas de la gente en serio.

Este jueves se ha celebrado la segunda sesión del debate de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras la intervención de los últimos grupos parlamentarios, el líder del PSOE ha revalidado la presidencia del Ejecutivo y afronta ahora su nuevo mandato tras conseguir una amplia victoria en el Congreso con 179 votos en primera votación gracias al apoyo de las fuerzas nacionalistas e independentistas catalanas, vascas y canaria, además de sus socios de Ejecutivo.

Te contamos aquí toda la información de la jornada en directo:

Ciudadanos propone en la Asamblea regional un reglamento equitativo y justo para el Grupo Mixto y una portavocía adjunta rotatoria. La formación liberal defiende la candidatura de sus diputados tanto a la secretaría de la mesa como a la portavocía del grupo “como la más sensata y de consenso”, aunque advierten que bajo ningún concepto serán “dóciles” con ningún otro partido. Además, apuestan por una portavocía adjunta rotatoria, lo que permitiría a todos los partidos participar de forma proporcional y de acuerdo con su propio ideario.

“Nuestra propuesta es un reglamento equitativo y justo para el Grupo Mixto y una portavocía adjunta rotatoria”, ha defendido la coordinadora autonómica de Ciudadanos, María José Ros. “Ya hemos visto suficientes abusos de poder durante este último año y medio en la Asamblea regional y cómo se cambió de forma arbitraria el reglamento que propusieron los servicios jurídicos para dejar a nuestros diputados sin portavocía. No vamos a caer en el mismo error ni a participar en algo similar”.

Asimismo, la negativa de Ciudadanos a cualquier tipo de sumisión o docilidad “es tajante”, ha afirmado. De esta forma, la formación liberal quiere que “no haya ningún resquicio de duda” sobre su postura, que sigue siendo “devolver la dignidad a la Asamblea Regional mediante la única opción sensata para la secretaría de la mesa y la portavocía del grupo Mixto: los dos diputados de centro”.

Ciudadanos ha instado a sus diputados a dialogar con los otros seis que constituyen el Grupo Mixto y trasladarles la propuesta de un reglamento equitativo en el que se repartan los recursos económicos, de espacio y de intervenciones “por igual” entre los diferentes partidos políticos y para que se busque un consenso que, aunque difícil de conseguir, “hay que intentar”.

“Desde Ciudadanos insistimos en que el diálogo, la cordura y la equidad deben volver a la Asamblea Regional a través del Grupo Mixto, y solamente nuestra formación puede actuar como enlace entre el resto de las formaciones para que puedan entenderse y devolver algo de la dignidad que ha perdido esta importante institución durante la presente legislatura”, ha subrayado Ros, que ha recordado que los diputados de Ciudadanos han tenido menos recursos y espacio que los de Podemos y solo han podido formar parte de dos de las ocho comisiones.