Cuando pensábamos que nada podía superar en incredulidad todo lo ocurrido durante los últimos días, ayer conocimos que un cirujano plástico ha sido detenido y enviado a prisión provisional acusado de haber violado a una paciente mientras estaba anestesiada. Dos enfermeras grabaron la agresión en un hospital de Murcia y lo denunciaron a la Policía. La Justicia investiga ahora si hay más víctimas. Al parecer, ni siquiera estaríamos a salvo sedadas en un quirófano.

Como sabréis, estamos viviendo un año negrísimo en violencia machista, con 45 mujeres asesinadas, una estadística especialmente atroz durante las últimas semanas. En solo quince días, seis mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas. Jennifer, Rosemary, Oriana, María Ángeles, Concha y Victoria. Así se llamaban. 

En paralelo, los de acoso sexual dentro del PSOE están poniendo en evidencia el fallo estructural en los protocolos del partido, pero también cómo de arraigada está la dinámica machista y la deslegitimación de las quejas internas en cualquier estructura de poder, sea o no progresista. Escribía Elvira Lindo el otro día que “hemos aceptado que con soltar de vez en cuando el término patriarcado algunos políticos ya han ganado el aprobado”. Y, efectivamente, muchos se han amparado y se siguen amparando en adargas meramente conceptuales o en el escudo de sus siglas políticas, mientras otros tantos creen que mensajes de profunda consternación son suficientes para tapar evidencias conocidas tiempo atrás.

Adicionalmente, la ministra de Igualdad, Ana Redondo (desaparecida, por cierto, en pleno escándalo de sus compañeros), presentaba la pasada semana los resultados de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, que señala que el 12,7% de las mujeres residentes en España de más de 15 años ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de la pareja en algún momento de su vida. 

Y, mientras todo esto sucede a los ojos de todos, el debate mediático continúa instalado en las denuncias falsas (que suponen un porcentaje cercano al 0,01%) a raíz de la publicación de un libro. Las denuncias falsas existen, joden vidas, son una lacra evidente, pero una cosa es admitir y señalar el terrible problema de las denuncias falsas, otra bien distinta es suponer que sean comunes (no lo son) y otra si cabe más peligrosa es equiparar esta problemática con la violencia de género estructural (y mortal). Pero hay un problema de fondo mucho más profundo: el a veces maniqueísta discurso feminista está sirviendo de pretexto para amparar la victimización y el negacionismo de algunos hombres. 

Pues con todo este panorama ciertamente desolador uno termina naufragando en la gran paradoja de nuestro tiempo: a medida que aumenta la reacción de las mujeres, especialmente en formas que desafían las normas de género, disminuye su simpatía social; a medida que aumenta la reacción de las mujeres aumenta también una especie de incredulidad sistémica hacia ellas. ¿Cuántas mujeres hacen falta para igualar, y ya no digamos superar, la credibilidad de un hombre? ¿Cuántas denuncias, cuántos mensajes, cuántos comentarios, cuántas quejas internas, cuántos datos, cuántas condenas, cuántas pruebas?

En 'Esto no existe', Juan Soto Ivars se aproxima a las denuncias por violencia machista reclamando para sí la posición del observador escéptico, ajeno a las “narrativas oficiales” y guiado por un rigor casi forense. Sin embargo, resulta significativo que el autor deba reiterar una y otra vez que no niega la violencia machista, hasta el punto de que esa aclaración se convierte en un estribillo retórico. Ese subrayado constante, más que un gesto de honestidad intelectual parece una estrategia defensiva frente a una sombra que sobrevuela el texto: la de que su argumentación, por más que se vista de neutralidad, funciona como un cuestionamiento estructural de la credibilidad de las mujeres y, por extensión, de la magnitud del problema de la violencia de género.

Cuando un ensayo necesita reafirmar insistentemente su compromiso con la realidad de la violencia machista, puede ser por una de estas dos razones: porque anticipa una lectura intencionadamente hostil, o porque su planteamiento contribuye objetivamente a desplazar el foco desde la violencia hacia las supuestas distorsiones que genera la denuncia, ofreciendo así un marco interpretativo que, sin negar el fenómeno, lo reduce, lo relativiza o lo pone en suspenso. Este es el caso. 

El planteamiento de Soto Ivars produce un efecto objetivo de relativización de un problema que es gravísimo, contribuyendo a instalar la idea de que las denuncias, el marco jurídico y el relato feminista constituyen un campo hipertrofiado, sobreactuado, peligrosamente ideologizado. El resultado es un tipo de narrativa que no necesita impugnar la violencia machista para contribuir a su minimización: basta con saturar el discurso de excepcionalidades anecdóticas, dudas metodológicas o advertencias sobre los supuestos excesos del feminismo institucional para que la sombra de la sospecha se extienda sobre un problema cuya dimensión está más que sobradamente documentada. Un movimiento discursivo clásico que convierte la violencia real, masiva y sistemática en un telón de fondo casi accesorio, mientras el protagonismo recae sobre las incomodidades o temores de quienes nunca fueron sus principales víctimas.

Esta dinámica no es nueva. Coincide de manera inquietante con el fenómeno que Susan Faludi describió en los años ochenta bajo el nombre de 'backlash': una reacción cultural y mediática frente a los avances feministas que no opera negando frontalmente la desigualdad, sino afirmando que el feminismo ha ido demasiado lejos, que exagera, que distorsiona la realidad o que genera problemas más graves que los que pretende resolver. Faludi mostró cómo este tipo de reacción fue impulsada, en buena medida, por intelectuales varones -como Allan Bloom o Christopher Lasch- que interpretaban los avances feministas como una amenaza a su estatus simbólico y cultural. Merece la pena citar en extenso a la propia Susan Faludi:

“Los expertos que difundieron la reacción entre la opinión pública formaban un grupo muy diverso y había poca cohesión entre sus miembros, de modo que resultaba imposible hacer generalizaciones acerca de ellos desde los puntos de vista político o social, pero es evidente que no habrían obrado de aquel modo de no tener algún motivo. Es posible que su interés por la situación social de la mujer fuera sincero, y que tuvieran una gran curiosidad intelectual. Pero también obraban impulsados por íntimos anhelos y animosidades y vanidades que a veces ni ellos mismos eran capaces de reconocer o comprender del todo. […] Y, como al parecer sucede inevitablemente en los periodos de pugna entre los dos sexos, las ansiedades personales y los intereses intelectuales terminaban fundiéndose con el paso del tiempo hasta hacer de las mujeres un 'problema' que exigía un estudio microscópico y febril, una 'imperfección' en el paisaje nacional que justificaba que pontificaran interminablemente mientras se mesaban la barba”.

No es casual que muchos de los textos contemporáneos que cuestionan la credibilidad del feminismo estén firmados por hombres que escriben desde posiciones de agravio, resentimiento o pérdida de centralidad. A este tipo de figuras cabría denominarlas, no sin ironía, 'incelectuales': una amalgama de 'incel' e 'intelectual' que da cuenta de una producción cultural atravesada por el despecho masculino y revestida de falsa lucidez crítica.

El 'backlash' se sostiene en discursos que adoptan la forma de la racionalidad crítica mientras erosionan, insidiosamente, el consenso social sobre la importancia de la violencia contra las mujeres. El mecanismo es claro: conceder en abstracto la existencia del problema para, acto seguido, subordinarlo narrativamente a una supuesta “exageración” o “distorsión” generada por sus denunciantes, por las activistas o por las instituciones.

Estas estrategias discursivas de minimización son enormemente preocupantes. Estudios sobre percepciones sociales de la violencia contra las mujeres en España muestran que los discursos que cuestionan la fiabilidad del sistema de denuncias tienen efectos medibles en la disminución del reconocimiento social del problema. La investigación seria (consulten la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024) demuestra que la violencia contra las mujeres es un fenómeno masivo y profundamente infradenunciado, mientras que las denuncias falsas representan una fracción ínfima del total. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, entre 2009 y 2023 el porcentaje medio de denuncias falsas por violencia de género se sitúa en el 0,0084 %. Es cierto que esta cifra no refleja el total de denuncias que pudieran ser falsas, sino únicamente los casos en los que hombres denunciados por violencia de género iniciaron posteriormente acciones judiciales por falsedad contra sus parejas o exparejas y obtuvieron una sentencia favorable. Pero esta limitación estadística no parece significativa y afecta de manera análoga y mucho más intensa a la violencia de género en su conjunto, ya que una parte muy significativa de las mujeres que la sufren no denuncia y, por tanto, queda fuera de cualquier registro oficial. Sirva un dato para dimensionar esta infradenuncia: en 2023, solo una de cada cuatro mujeres asesinadas por violencia machista (el 25,9 %) había presentado previamente una denuncia contra su agresor.

Sin embargo, la percepción social no refleja esta realidad y una parte de la población cree que el problema está exagerado o que las denuncias no siempre son fiables. Esta distancia entre los hechos y su reconocimiento social no surge de manera espontánea; está alimentada por discursos culturales y mediáticos que, aun sin negar abiertamente la violencia, desplazan el foco hacia la sospecha, la duda y la excepcionalidad. Los discursos centrados en la manipulación del sistema de denuncias funcionan como verdaderos “mitos culturales” que erosionan la percepción de gravedad del problema. Cuanto mayor es el espacio que ocupan esas dudas en el debate público, menor es la disposición social a reconocer la violencia como estructural y a respaldar políticas específicas para combatirla. Este efecto es especialmente intenso entre la población más joven, donde el cuestionamiento de la credibilidad de las víctimas se asocia a una banalización creciente de la violencia y a una mayor tolerancia hacia conductas de control, dominación o agresión. La sospecha no solo distorsiona la comprensión de la realidad, contribuye activamente a producir subjetividades menos sensibles al daño y más receptivas a narrativas antifeministas.

En este contexto, resulta significativo que se conceda tanta atención a ensayos que siembran dudas abstractas, mientras se ignora sistemáticamente el conocimiento situado que producen las organizaciones de mujeres víctimas y supervivientes de violencia machista. Colectivos como Bizitu Elkartea, entre otros, aportan una experiencia contrastada imprescindible para comprender la violencia en su dimensión cotidiana, institucional y relacional. Escuchar y acompañar a estas organizaciones es una exigencia democrática básica. Prestar más atención a libelos que cuestionan la credibilidad de las víctimas que a quienes sostienen procesos de acompañamiento, reparación y denuncia revela una jerarquía de saberes profundamente sesgada.

'Esto no existe' no es un producto intelectual aislado. Se inscribe en una corriente más amplia de ensayos, columnas y debates públicos que, desde mediados de la década de 2010, construyen una narrativa de “saturación feminista”. Este marco no es neutral: desplaza el problema de la violencia hacia el terreno del malestar masculino y transforma el feminismo en un objeto de sospecha antes que en una herramienta de protección. En un contexto donde cada avance político del feminismo va acompañado de una contrarreacción visceral, obras como 'Esto no existe' deben leerse no como productos intelectuales aislados, sino como piezas que forman parte de un movimiento ideológico más amplio. Y es esa inserción en el clima de 'backlash' lo que hace que su impacto social sea profundamente problemático. No es un libro aislado: forma parte de una corriente de ensayos, columnas y debates públicos que, desde mediados de la década de 2010, construyen una narrativa de “saturación feminista” que es, en sí misma, un mecanismo reaccionario, porque desplaza el problema de la violencia hacia el terreno del malestar masculino y transforma el feminismo en un objeto de sospecha antes que en una herramienta de protección. Sus efectos culturales son claros: contribuyen a reforzar percepciones erróneas, alimentan la desconfianza hacia las víctimas y desplazan el debate desde la violencia comprobada hacia la sospecha hipotética, provocando un ruido sistemático destinado a socavar la legitimidad del movimiento feminista.

Este tipo de planteamientos, por mucho que se cubran con la capa de la moderación, construyen el terreno cultural ideal para el avance del negacionismo, porque generan un ambiente donde el énfasis deja de estar en la urgencia de proteger a las víctimas y pasa a centrarse en la necesidad de “equilibrar” el debate, un eufemismo que en la práctica significa relativizar la gravedad del problema. Aunque el libro no niegue la violencia machista, su marco discursivo sí contribuye a debilitar la percepción social de esa violencia. Al insistir en la necesidad de revisar el relato feminista dominante, sin explicar la dimensión estructural, histórica y estadística de la violencia machista, el libro participa del clima de sospecha que permite que el negacionismo prospere.

En sociedades donde la violencia contra las mujeres es estructural, donde la infradenuncia es masiva y las denuncias falsas constituyen una excepción estadística, cualquier discurso que insista en la idea del abuso del sistema legal contribuye a erosionar el reconocimiento social del problema y a debilitar los marcos de protección de las víctimas. Este es precisamente el mecanismo central de la reacción antifeminista contemporánea: desplazar el foco desde la violencia real hacia la sospecha hipotética, generando un clima cultural en el que la duda pesa más que la evidencia y en el que la credibilidad de las mujeres vuelve a ponerse en cuestión. Y esto es inaceptable.

La alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos Llaneza (PSOE), ha solicitado por escrito al Juzgado de Instrucción de Sanlúcar la Mayor que “investigue e identifique” al autor o autores de las denuncias anónimas que han propiciado una investigación sobre supuestas contrataciones irregulares en su Ayuntamiento. La regidora considera que esas acusaciones podrían constituir un delito de denuncias falsas y calumnias contra su equipo de gobierno.

Desde 2024, tras la victoria del PSOE con mayoría absoluta en las municipales, tanto la alcaldesa de Espartinas como varios concejales y funcionarios de la administración local han sido objeto de una treintena de acusaciones anónimas por supuestas irregularidades. La dirigente socialista ha podido cuantificar esa cifra porque esos escritos han derivado en “continuos requerimientos de documentación” por parte de la Guardia Civil, a instancias de la Fiscalía.

En su denuncia, registrada el pasado martes y a la que ha tenido acceso este periódico, Los Arcos afirma tener conocimiento de que la mayoría de esas denuncias anónimas “se han ido archivando de forma sistemática” por la Fiscalía Provincial de Sevilla, incluida la que finalmente motivó la apertura de diligencias. Esa causa judicial, aún en curso, investiga si responsables del Ayuntamiento incurrieron en posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental.

Denuncias anónimas como instrumento de “desprestigio”

La alcaldesa de Espartinas ha pedido que se rastree el origen de esas acusaciones anónimas después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Sanlúcar la Mayor abriera diligencias a raíz de una de ellas. La jueza que instruye el caso –con 13 imputados, entre ellos concejales y altos funcionarios del Ayuntamiento– archivó en un primer momento la denuncia anónima que dio origen al procedimiento, pero cuatro meses después reabrió la investigación a petición de la Fiscalía tras el primer atestado de la Guardia Civil.

Donde la jueza no apreció indicios delictivos, la Fiscalía sí vio pertinente indagar y autorizó a la Guardia Civil a personarse en la casa consistorial el pasado mes de julio para reclamar decenas de contratos bajo sospecha, firmados entre 2021 y 2024 con empresas locales de construcción, jardinería, catering e iluminación.

En paralelo, la primera edil de este municipio de 16.500 habitantes, situado en el área metropolitana de Sevilla, se ha dirigido a ese mismo juzgado para dejar constancia de que su equipo de gobierno lleva desde 2024 recibiendo acusaciones “indiscriminadas” y “reiteradas”. En su denuncia particular, Los Arcos esgrime que las denuncias apuntan a “aspectos absolutamente dispares”, contra todo tipo de actuaciones del gobierno local, desde la apertura de un pozo a una obra auxiliar en la casa de la madre de un miembro de la corporación. 

Por ello, demanda al juez que promueva una investigación en torno a “la persona o personas” que los han denunciado, a efectos de aclarar si actuaron con conocimiento de su “falsedad”. En ese sentido, la alcaldesa señala que, aunque la jurisprudencia permite las denuncias anónimas, estas pueden ser un instrumento “perverso” e incluso “delictivo”, especialmente cuando –apunta– podrían ser utilizadas por “contrincantes políticos que pretenden conseguir con estas actuaciones lo que las urnas les negaron”, buscando la “demonización” y el “desprestigio social” del contrario.

Interés de “paralizar” los servicios municipales

En su denuncia, la alcaldesa de Espartinas sostiene que la conducta del denunciante anónimo encajaría en el delito de denuncias falsas del Código Penal, al haber “realizando múltiples denuncias sobre la actuación municipal ante órganos jurisdiccionales sabiendo de la inexistencia delictiva de los mismos y con el único interés de mancillar el honor de los responsables públicos que han realizado esas actuaciones”. Añade que la imputación de graves delitos al equipo de gobierno, “hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”, podría constituir también un delito de calumnias.

A ello suma “el interés manifiesto en la paralización o al menos la ralentización de los servicios municipales dedicados a atender los requerimientos de los agentes de la policía judicial”. Lo cual lleva a la regidora a concluir que “la persona o personas que han realizado las reiteradas denuncias son plenos conocedores del funcionamiento del Ayuntamiento”.

Desde el PSOE local ya se había quejado de que la gestión de todas esas acusaciones –que les obligó a entregar contratos y abundante documentación a la Guardia Civil el pasado mes de julio– ha ralentizado la acción de gobierno en el municipio, y acusan a su principal rival en la oposición de orquestar precisamente esta operación con esa estrategia.

La denuncia de la alcaldesa de Espartinas se enmarca así en la sospecha del Gobierno local de que están siendo víctimas de “investigaciones prospectivas” desde que el PSOE arrebató la Alcaldía al PP. Los socialistas gobiernan con mayoría absoluta este municipio sevillano (con nueve de 17 concejales) que fue un bastión histórico del PP hasta 2015. Durante 12 años, Espartinas estuvo dirigida por el popular Domingo Salado, que relevó a su madre, la también alcaldesa María Regla Jiménez. En la pasada legislatura, el PSOE cogobernó con IU y ahora lo hace en solitario.

Según fuentes municipales, antes de las “30 denuncias anónimas archivadas” el Ayuntamiento recibió una primera denuncia firmada por Salado. En el entorno de la alcaldesa creen que el exregidor popular está detrás del aluvión de escritos con el objetivo de “maniatar la acción de gobierno”.

En este contexto, la regidora del municipio sevillano “suplica” al juez que promueva la investigación e identificación de la persona o personas que han realizado las denuncias anónimas contra su equipo de gobierno. Y, una vez identificadas, se abran diligencias para determinar si incurrieron en delitos de denuncias falsas o calumnias.

Con el argumento de que le “importan todas las víctimas”, Vox ha organizado unas Jornadas en el Congreso de los Diputados para desacreditar a las de violencia machista. Bajo el epígrafe ’Ideología de Género y denuncias falsas', la ultraderecha ha reunido en la sala Ernest Lluc a representantes de asociaciones y profesionales –algunos llegados desde Argentina– con el objeto de desmontar la “hipocresía y el relato único” del feminismo pero sin citar una sola vez los datos oficiales, que indican que hay un número casi insignificante de denuncias. 

La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2023 recoge dos sentencias condenatorias por denuncia falsa de un total de 199.282 causas de violencia de género, lo que supone un porcentaje de 0,001%. El promedio entre los años 2009 y 2023 es del 0,0084% e incluso si se suman las causas que están en trámite y que podrían terminar con un pronunciamiento condenatorio el porcentaje total alcanzaría apenas el 0,00945%.

El miércoles los grupos parlamentarios de Esquerra, el Bloque Nacionalista Galego y EH Bildu habían pedido sin éxito al Congreso que impidiera la celebración de las jornadas porque entendían que este debate convocado por la ultraderecha y autorizado por la Mesa de la Cámara Baja “tiene por objetivo la difusión de un discurso negacionista de la violencia machista”. Por eso la diputada Rocío de Meer dedicó la presentación a “los que hacen política con la violencia” para a continuación hablar de la “clara relación de estos delitos con la inmigración”. 

Redoblando la apuesta, la diputada Rocío Aguirre acusó a los grupos políticos de no haber apoyado “a las chicas violadas en Madrid por inmigrantes ilegales”. Fue la tónica de la mañana: daba igual de lo que se hablara, los migrantes acababan siendo los culpables de (casi) todos los males que aquejan al país. 

De las denuncias falsas al por qué no denuncian 

“Muchas de las mujeres asesinadas este año no habían denunciado. ¿Por qué no denuncian?”, se preguntaba Rocío Aguirre en la presentación de una mesa que durante la siguiente hora se iba a dedicar a hablar sobre la “persecución a los hombres”, sobre cómo las mujeres denuncian por dinero, o cómo la perspectiva de género ha “robado la credibilidad” al sistema judicial en el que hay “gente inocente presa solo por lo que dice la supuesta víctima”. 

Según la Encuesta Europea de Violencia de Género, del total de mujeres de más de 16 años que han sufrido violencia física, sexual o psicológica en algún momento de su vida, el 78% no ha denunciado. En el caso de las víctimas mortales, la cifra es similar: el 73% de las mil asesinadas entre 2003 y 2019 no llegaron nunca a policía ni juzgados. 

La dificultad de las mujeres para acudir a la Justicia y para sostener esa denuncia durante el proceso –alimentada sobre todo por el cuestionamiento hacia ellas con argumentos como los que desplegaron los participantes en la jornada– se convirtió gracias a los malabares discursivos de los ponentes en la demostración de que las políticas de género no sirven para proteger a las víctimas sino para crear otras nuevas: los hombres “perseguidos” por ideología. 

El copresentador y organizador del encuentro, Jesús Muñoz, fue incluso más gráfico: “Este país está juzgando a hombres por la sola razón de tener penes”, soltó el vicepresidente de la asociación Anavid ante un auditorio que le aplaudía de pie.

La abogada argentina Patricia Anzoátegui aprovechó su ponencia para cargar contra la llamada Ley Micaela, que impulsó en Argentina la formación en perspectiva de género obligatoria para los miembros de los tres poderes del Estado. “Fue una ley militante, relacionada con una chica que estaba vinculada al Gobierno anterior”, lanzó Anzoátegui. 

Micaela García fue violada y asesinada a la salida de una discoteca en 2017 por un hombre que había sido condenado por la violación de otras dos mujeres y que en ese momento disfrutaba de libertad condicional a pesar de que el informe criminológico recomendaba lo contrario. La joven de 21 años militaba en el Movimiento Evita y participaba del Movimiento Ni Una Menos. La conmoción social tras su asesinato generó en Argentina un intenso debate sobre la falta de formación en violencia contra las mujeres, lo que culminó con la aprobación de la ley en 2019. 

Para Anzoátegui, la ley se convirtió en un “negocio”, un “instrumento para el robo” e introdujo “el sesgo” en el poder judicial. Al menos su primo, el también abogado Rubén Melloni y coautor del libro Hienas, que estaban promocionando, reconoció que “denuncias verdaderas también hay”.  

Rocío Aguirre recogió la experiencia transatlántica para comentar que en España la situación es igualmente dramática: “Lo único bueno es que allí está [el presidente Javier] Milei y ha quitado todo el dinero al Ministerio de Igualdad, pero aquí no tenemos a Milei”, lamentó la diputada de la ultraderecha.

Mofas a la ley: “Soy Francisca Javiera”

Luego llegó el show de Francisco Javier Borrego Borrego, un ex magistrado del Supremo y habitual de los medios de la ultraderecha que comenzó su histriónica alocución gritando, con las manos en alto: “Confieso que pertenezco a la manosfera”.

Borrego hizo un repaso a las leyes españolas sin ahorrarse referencias al Open Arms –“un barco llamado negrero con bastante exactitud”– y a la identidad de género –“Hoy me siento mujer, me llamo Francisca Javiera”– para luego burlarse de José Luis Rodríguez Zapatero por impulsar el matrimonio igualitario y acabar introduciendo, en una voltereta final, al líder de Junts, Carles Puigdemont: “Que ni Pedro-Carles ni Carles-Pedro decidan por vosotros”, soltó en medio de un aluvión de aplausos. “Siempre viene bien un poquito de humor”, justificó Aguirre para intentar volver al tono de seriedad académica con el que se intentó defender que las denuncias falsas en violencia de género es un enorme problema para los españoles.

La abogada Ruth Arroyo habló de “divorcios penales” y de la injusticia que supone que los hombres tengan que pasar una o dos noches en comisaría tras una denuncia. Otro abogado, Daniel Labrador, citó casos en los que la madre asesinó a los hijos asegurando que “no son una excepción”: “Para el feminismo, la realidad social es irrelevante”, sentenció.

“Los homicidios son multifactoriales, pero solo miramos uno”, ha defendido Samuel Vázquez, asesor y portavoz de Vox en materia de Seguridad e Inmigración. Para el policía, el problema es que solo una parte pequeña de las consideradas víctimas realmente lo son y que se ha vuelto difícil distinguir entre unas y otras. “Hemos generado tanto volumen que las verdaderas víctimas no pueden ser protegidas”, aseguró Vázquez, que tampoco eludió el tema que sobrevoló toda la jornada, los migrantes: “Han inundado nuestras calles de personas que vienen de territorios en los que las mujeres no valen nada”.

Al acabar las jornadas, en las que no participó ningún diputado de otro grupo parlamentario además de Vox, la ministra de Igualdad publicó un tuit refiriéndose a las denuncias falsas, desmintiendo las tesis de la ultraderecha. Las jornadas se realizaron por acuerdo de la Mesa, con los votos a favor de PP y PSOE y el voto en contra de Sumar.

Los grupos parlamentarios de Esquerra, el Bloque Nacionalista Galego y EH Bildu han pedido al Congreso que impida la celebración de unas jornadas convocadas por Vox para analizar la “ideología de género” y las “denuncias falsas”. Los tres partidos entienden que este debate convocado por la ultraderecha y autorizado por la Mesa de la cámara baja “tiene por objetivo la difusión de un discurso negacionista de la violencia machista” y solicita que sea suspendido.

Las jornadas fueron convocadas por el partido de Santiago Abascal para este jueves cuatro de septiembre, con la participación de la diputada ultra Rocío de Meer y un representante de la asociación ANAVID, una asociación cercana al partido que ya ha comparecido en el Parlamento de la mano de la extrema derecha en años anteriores.

Las jornadas, con la participación prevista de diversos cargos del partido, estaban previstas para este jueves en la sala Ernest Lluch del Congreso y tiene por objetivo cuestionar la normativa actual contra la violencia machista. “Lleva más de dos décadas considerando al hombre como presunto culpable”, dice Vox sobre un fenómeno criminal que aborda el maltrato del hombre hacia la mujer por el hecho de ser mujer.

Tanto el grupo republicano como EH Bildu y BNG se han dirigido por escrito a la Mesa del Congreso para “suspender de inmediato” estas jornadas. “De celebrarse, el Congreso estará participando en la difusión de un ideario incompatible con la legislación vigente, promoviendo la exclusión y la regresión de los derechos de las mujeres”, explican.

Las jornadas convocadas por Vox con la participación de miembros del partido y de esta asociación, según estos grupos, tienen por objetivo “la difusión de un discurso negacionista de la violencia machista bajo la coartada de la defensa de la presunción de inocencia”.

El naviero Vicente Boluda se sentará finalmente en el banquillo acusado de denuncia falsa. El abogado del Estado José Antonio Morillo Velarde, responsable jurídico en Puertos del Estado, se querelló contra él después de conseguir que la justicia archivara otra querella que le había puesto Boluda. Es un camino que es difícil que prospere, pero el pasado 16 de junio la jueza le abrió juicio oral y le impuso una fianza de 25.000 euros. La cantidad es irrelevante para la fortuna 35 del país según la lista Forbes y supone un coste mucho menor que la foto en el banquillo de los acusados.

En 2020, Boluda jugó fuerte. Una de sus empresas se querelló contra la antigua cúpula de Puertos. Argumentaba que Puertos, dependiente de Transportes, perjudicaba a una empresa suya de remolcadores en Las Palmas. Les acusaba de prevaricación, malversación e infidelidad en la custodia de documentos públicos. Entre los acusados estaba José Antonio Morillo Velarde, un abogado del Estado, y el expresidente de Puertos José Llorca. El caso fue archivado en Las Palmas menos de un año después de haber sido presentado.

Entonces, Morillo Velarde emprendió su revancha contra Boluda. Primero fue contra su abogado, José Antonio Choclán, el penalista de las estrellas, al que llevó, sin éxito, ante el Colegio de Abogados de Madrid por mala fe. Después se querelló contra el naviero por denuncia falsa: “De la valoración conjunta de la querella que interpone el señor Boluda se desprende la manifiesta falsedad de los hechos imputados y su temerario desprecio hacia la verdad, lo que pone de manifiesto, además, el ánimo espurio que guio la conducta del querellado”.

La Fiscalía no apreció delito, porque si la primera querella había sido admitida a trámite es muy difícil probar que no había nada para sustentar que, en opinión de Boluda o sus abogados, había alguna base para defender su postura. Pero la jueza en la que recayó el caso sí mandó al naviero al banquillo. Consideraba que había indicios suficientes para, al menos, valorarlos en juicio.

La defensa de Boluda, que el viernes no quiso comentar la noticia, recurrió a la Audiencia de Las Palmas. Alegaba que la querella de Morillo tenía otro fin que no era hacer justicia: “Lo que sí ha existido y existe, dicho sea con el debido respeto y en estrictos términos de defensa, es un inadmisible intento de extorsión económica por parte del señor Morillo-Velarde con la interposición de su querella, buscando venganza y dinero”.

Boluda alegaba también que él no estaba relacionado con la querella inicial contra la cúpula de Puertos, sino que lo hizo una de sus empresas. La Audiencia de Las Palmas no compró ese argumento. “Ni es lógico, ni es razonable, por muy grande que sea la empresa que administre, que el investigado se dedique a otorgar poderes para interponer querellas, además como la que nos ocupa, de las que no tiene el más mínimo conocimiento, como tampoco parece razonable, a expensas de lo que se pueda explicar, que un letrado o equipo jurídico, interponga una querella en los términos de la que da origen a esta causa sin la más mínima información a un poderdante”.

Por todo, el pasado 16 de junio la jueza del caso dictó auto de apertura de juicio oral contra Boluda y le impuso una fianza “de 25.000 euros para asegurar las responsabilidades de tal naturaleza que pudieran serle impuestas”. Esa es la cantidad que reclama Morillo “como consecuencia de los daños morales sufridos”.

Un reglamento europeo establece que “el organismo gestor del puerto, o la autoridad competente, podrá exigir que los prestadores de servicios portuarios, incluidos los subcontratistas, cumplan unos requisitos mínimos para realizar el servicio portuario correspondiente”. No hay precedentes en el sector portuario de alguien que pierda ese requisito de honorabilidad por una condena para contratar con la Administración. Pero en este caso, en el que nadie frena, ya hay quien ha buscado ese reglamento.

El Tribunal Supremo inadmite cada semana y sin mucho ruido varias denuncias y querellas contra parlamentarios, ministros, jueces y fiscales. La mayoría son presentadas por partidos y organizaciones de extrema derecha contra rivales políticos y otras por ciudadanos particulares. La Sala de lo Penal, en sus últimos autos de inadmisión y rechazo, se queja de que muchas de estas denuncias y querellas son “insólitas y descabelladas” y solo buscan la “criminalización de nuestro sistema político”. La última en irse al cajón, contra los 350 diputados del Congreso por tramitar la amnistía y, precisamente, por la propuesta que busca atajar el abuso de la acción popular en los tribunales.

La Sala de lo Penal del Supremo resuelve una cantidad aproximada de 9.000 asuntos cada año. La inmensa mayoría son recursos contra sentencias de tribunales territoriales que no implican ningún tipo de investigación para sus jueces: se analizan los argumentos, se aplica, cambia o crea la doctrina y se resuelve en firme. Pero también es la sala que investiga, juzga y sentencia a aforados: diputados, senadores, algunos jueces y fiscales y miembros del Gobierno, sobre todo.

En los últimos meses, este departamento del Supremo que está pendiente de que el Poder Judicial renueve su presidencia ha experimentado una afluencia inédita de causas abiertas contra aforados para investigar: el caso Koldo, la causa por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el caso contra el senador Pedro Sanginés y las tres causas en marcha contra el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, entre otras. Una broma recurrente en sus pasillos es que el Tribunal Supremo, cúspide de la jurisprudencia en España, se ha convertido en un juzgado de guardia.

Lo que no se considera ninguna broma en la Sala de lo Penal es el alud de denuncias y querellas infundadas que reciben cada semana contra todo tipo de aforados. Un vistazo a los archivos del Supremo desde 2019 hasta la actualidad revela medio centenar de pleitos fallidos de Vox, Manos Limpias y HazteOir contra miembros del Gobierno, políticos de partidos progresistas o, incluso, jueces que no han sentenciado lo que ellos quieren. También de asociaciones o incluso ciudadanos particulares que acusan de prevaricar a magistrados y fiscales que no les han dado la razón.

Una de las últimas en provocar el enfado del Supremo ha sido la presentada por un particular contra todos los diputados y diputadas del Congreso por tramitar la ley de amnistía y la reforma con la que el PSOE propone, precisamente, limitar este tipo de querellas. “Este Tribunal Supremo no puede convertirse en una suerte de órgano llamado a responder a las más insólitas y descabelladas pretensiones de criminalización de nuestro sistema político”, lamenta la Sala con Javier Hernández como ponente.

“Formular irresponsablemente denuncias carentes del más mínimo sentido contra todos los representantes de la soberanía popular es un buen ejemplo de ejercicio irracional y abusivo del derecho de acceso a los tribunales”, añade antes de inadmitir la denuncia de plano que pretendía encausar a 350 diputados por delitos de prevaricación, coacciones y asociación ilícita. La fórmula que tienen los magistrados de alertar de que algunas de estas denuncias lo que buscan no es perseguir un verdadero delito sino perseguir penalmente la actividad política.

Los lamentos se han acentuado en los últimos meses. Por ejemplo, cuando el Supremo reprochó a Manos Limpias una de sus especialidades: querellarse contra Pedro Sánchez, su esposa y medio Gobierno basándose en “recortes de prensa”. Pero también en otro auto reciente que rechaza una querella de una mujer contra varios jueces de Madrid asegurando que su argumentación “roza lo ininteligible”. Una resolución de marzo rechazó una denuncia masiva que pretendía unificar varios casos contra el Gobierno y el Supremo advirtió: no se puede usar al Supremo “como juzgado de guardia de cualquier asunto mediático” para saltarse al juez que corresponde por ley.

Las querellas de la extrema derecha

Distintas fuentes de la Sala de lo Penal del Supremo, considerada uno de los departamentos clave del tribunal y con la renovación de su presidencia atascada en el CGPJ, explican que esta afluencia de querellantes en su ventanilla ha aumentado en los últimos años. Frente al escaso número de causas abiertas por estos jueces, los autos de inadmisión se amontonan, muchas veces respondiendo a partidos y organizaciones próximos a la extrema derecha.

Las acciones judiciales de Vox son las que acumulan, con diferencia, más fracasos desde 2019. Hasta 25 denuncias y querellas que han sido inadmitidas por el Supremo tras intentar encausar a sus rivales políticos. Desde intentar que Pedro Sánchez se sentara en el banquillo por su tesis, por negociar la amnistía, por negociar con EH Bildu o por presentar su libro hasta acusar a Fernando Grande-Marlaska de gasear manifestantes en Ferraz, pasando por buscar un juicio para Irene Montero por hablar de educación sexual infantil o a Ione Belarra por comparar a Vox con los nazis.

Por detrás en el ránking de denuncias y querellas fallidas se encuentra Manos Limpias. El pseudo sindicato dirigido por el ultra Miguel Bernard, acusación popular en algunos de los casos más mediáticos abiertos por sus denuncias, se ha estrellado 13 veces contra la sala de admisiones del Supremo con denuncias de todo tipo: contra Margarita Robles por criticar a los vocales conservadores del CGPJ, contra los Abogados del Estado que defienden al fiscal general, contra Meritxell Batet por no permitir que Alberto Casero repitiera su voto a favor de la reforma laboral o contra los políticos que han denunciado el 'lawfare'.

La asociación ultracatólica HazteOir también acumula casi una decena de fracasos en el Supremo. Cuando, por ejemplo, intentó involucrar a Batet en el caso Mediador, criminalizar a los diputados que votaron a favor de la amnistía o intentar encausar a Francina Armengol por sus palabras en la comisión de investigación parlamentaria del caso Mascarillas.

Los constantes fracasos de esos y otros satélites de la extrema derecha, tanto en el Supremo como en otros tribunales y juzgados, contrasta con su capacidad para personarse como acusación popular en otros casos o, incluso, propiciar su apertura y desarrollo: el caso contra Begoña Gómez, la causa contra el fiscal general del Estado, contra el hermano de Pedro Sánchez o el caso Koldo. En el caso de Manos Limpias, muñidor de algunas de estas diligencias, pagando fianzas de varios miles de euros mientras todavía debe dinero a abogados por causas judiciales de hace más de una década.

El Tribunal Supremo ha dejado a un paso del banquillo al senador Pedro Sanginés, de Coalición Canaria, acusado de denunciar en falso a un empresario en 2009, cuando el parlamentario presidía el Cabildo insular de Lanzarote. La decisión llega después de que la Fiscalía recurriera el archivo del caso, que ahora está a la espera de que las partes presenten sus escritos de acusación.

La causa contra el senador de Coalición Canaria llegó al Tribunal Supremo en febrero de 2024. Está acusado de acudir en 2009 a dependencias policiales de Costa Teguise y denunciar unas irregularidades en un proceso público de contratación. Unos hechos que, según dijo entonces la Fiscalía, eran falsos: actuó “con ánimo de faltar a la verdad objetiva, y con manifiesto desprecio hacia la misma” y ratificó sus mentiras, según la Fiscalía, en sede judicial después de jurar o prometer decir la verdad.

Ese día, en comisaría, apuntó a un empresario del sector de las reformas como responsable de esas supuestas irregularidades. Un juzgado de Arrecife abrió una causa y el hoy senador ratificó en sede judicial, obligado a decir verdad como testigo, su versión de los hechos. Lo hizo, dice la Fiscalía, “faltando a la verdad objetiva”. Volvió a hacer lo mismo ocho años más tarde, en octubre de 2019, manteniendo sus imputaciones.

Esa causa se terminó archivando en noviembre de ese año, y entonces las actuaciones se dirigieron contra él. En un primer momento, el Supremo optó por archivar el caso pero la Sala de lo Penal instó su reapertura y el último movimiento del instructor ha sido dictar auto de procedimiento abreviado contra él y proponer que sea juzgado después de que prosperaran los recursos de la Fiscalía y la acusación particular.

En su auto de reapertura, el Supremo explicó que las pruebas apuntan a que el hoy senador actuó motivado por “intereses partidistas” al denunciar en falso al empresario hace ahora más de 15 años. El juez instructor entiende que ya no quedan más diligencias por poner en marcha y que el próximo paso, si así lo consideran las acusaciones que han impulsado el proceso, es el juicio: la Fiscalía llegó a pedir en su momento año y medio de cárcel para él.

El proceso judicial contra Sanginés arrancó, una vez archivada la causa contra el empresario que había sido denunciado en falso, por la hija del afectado, hoy fallecido.

Contraataque de Mongolia contra Abogados Cristianos. La publicación satírica se ha querellado por denuncia falsa contra la entidad ultracatólica y su presidenta, Polonia Castellanos, en relación con la querella que los ultras interpusieron por la portada de la revista que se mofaba del belén. Esa denuncia terminó archivada tras constatarse no solo que la portada no suponía un delito contra los sentimientos religiosos, sino que la denuncia de los ultras incluía varios datos no veraces.

La revista enmarca la actuación legal de los ultracatólicos en el uso interesado de la Justicia por parte de asociaciones ultras, que emplean delitos decimonónicos como la ofensa a los sentimientos religiosos (un tipo penal que numerosos juristas consideran desfasado y contrario a la libertad de expresión) para perseguir opiniones contrarias a la suya.

Advierte Mongolia de que en los últimos años, Abogados Cristianos “se ha aprovechado de los instrumentos del Estado de derecho con fines intimidatorios” contra cualquier expresión de disidencia. Abogados Cristianos busca así “imponer por la vía de los hechos su visión del mundo, totalitaria y nacional-católica, a pesar de que la Constitución española consagra la libertad de expresión como uno de sus valores fundamentales”, agrega la revista. 

La portada del belén fue objeto de querellas no solo de Abogados Cristianos sino también del pseudosindicato Manos Limpias. Todas quedaron archivadas al recordar los jueces que la portada estaba enmarcada dentro de la libertad de expresión. Ambas entidades son habituales en los tribunales como acusación particular en causas de marcada connotación política. 

El último anuncio de querella de la entidad ultracatólica ha sido contra el presidente de RTVE y la humorista Lalachus por la estampita de la vaquilla en las últimas campanadas de fin de año emitidas en la cadena pública.

En el caso de Mongolia, la querella de Abogados Cristianos por la portada del belén fue archivada sin admitirse a trámite. La denuncia, además del delito contra los sentimientos religiosos, incluía el de blanqueo de capitales “con notorio desprecio a la verdad”, resalta Mongolia, ya que vinculaba a la publicación con el abogado Gonzalo Boye, sin relación con la revista desde 2017.

Aunque las acciones judiciales impulsadas por Abogados Cristianos acaben en el archivo, “provocan un grave quebranto a los afectados”, recuerda la revista, pues los querellados tienen que dedicar tiempo y dinero a defenderse en los tribunales, en ocasiones durante meses o incluso años. “Este acoso en los tribunales puede acabar teniendo un efecto pernicioso contrario a los principios liberales: la autocensura”, apostilla Mongolia.

Una guerra empresarial y jurídica en Puertos del Estado está a punto de dejar una imagen impactante: Vicente Boluda, mayor naviero de España y fortuna 35 del país, según Forbes, enfila el banquillo para ser juzgado por denuncia falsa. Una empresa de Boluda se querelló en 2020 contra la antigua cúpula de Puertos, por, decía, perjudicar a una empresa suya de remolcadores en Las Palmas. Una vez archivada, uno de los señalados, el abogado del Estado en Puertos José Antonio Morillo-Velarde, se querelló a título personal contra Boluda por denuncia falsa.

Es un camino que rara vez prospera, pero una juez de Las Palmas dice que hay indicios de que el naviero abusó del sistema judicial y ha ordenado terminar el procedimiento, el paso previo a abrir juicio oral. Faltan recursos y la fiscalía ha pedido el archivo, pero pocas veces se ha vivido al poder económico enfrentado así en los tribunales a la alta función pública. Esta vez es personal, y con ramificaciones en el mundo de la abogacía.

En junio de 2020, Vicente Boluda decidió jugar fuerte. Una de sus empresas, Remolcadores y Barcazas de Las Palmas (Repaba), se querelló contra la cúpula de Puertos del Estado del Gobierno de Rajoy. Les acusaba de prevaricación, malversación e infidelidad en la custodia de documentos públicos. Según el escrito, “con la finalidad de facilitar una mayor competencia en algunos servicios portuarios”, estos “han maniobrado o manipulado la tramitación de unos expedientes administrativos”, para que en el servicio de remolcadores en Las Palmas entrase la entidad Odiel Towage, filial del gigante alemán Fairplay, pero lo hizo “en unas condiciones desleales y discriminatorias”.

La querella iba contra José Llorca, expresidente de Puertos del Estado como cara visible, pero también contra otras personas de la cúpula de la entidad, dependiente de Transportes. Entre otros, contra José Antonio Morillo-Velarde del Peso, abogado del Estado desde 1982 y jefe de la asesoría jurídica de Puertos.

A Boluda lo representaba entonces José Antonio Choclán, el penalista de las estrellas, y que ha defendido a Imanol Arias, Cristiano Ronaldo o Víctor de Aldama. En su escrito, Choclán sostenía que las autoridades de Puertos “habían retorcido tanto la ley para favorecer la entrada de un competidor alemán que la final lo han logrado, pero a costa de la libre competencia”.

La querella tuvo un recorrido breve. Fue archivada en Las Palmas en marzo de 2021, menos de un año después de ser presentada. Y ahí fue Morillo-Velarde del Peso, el abogado del Estado señalado por Boluda, el que inició su particular contraataque. Primero llevó a Choclán ante el Colegio de Abogados de Madrid por mala fe: “Soy destinatario y víctima de una querella que, como pocas, se hace acreedora del calificativo de ”catalana“: falsaria, carente de fundamento jurídico y con una finalidad puramente intimidatoria”, argumentó. Fue archivado tras pasar al Colegio de Abogados de Las Palmas.

Pero entonces el asunto ya se había convertido en un pulso personal, casi de egos jurídicos. Tras la queja al colegio de abogados, Morillo apuntó más alto. A título personal, no en representación de Puertos, se querelló contra Boluda: “De la valoración conjunta de la querella que interpone el señor Boluda se desprende la manifiesta falsedad de los hechos imputados y su temerario desprecio hacia la verdad, lo que pone de manifiesto, además, el ánimo espurio que guió la conducta del querellado”.

El delito de denuncia falsa es muy difícil que prospere, y más en el caso de una querella, la de Boluda, que fue admitida a trámite e instruida antes de ser archivada. Pero la juez Luz Calvé, del juzgado de instrucción 8 de Las Palmas, ha visto indicios de delito. El pasado 17 de diciembre dictó un auto en el que se reafirmaba en su decisión de dictar auto de transformación, el paso que supone dar por terminada la instrucción y pedir a las acusaciones que acusen antes de juicio. 

La juez rechaza los recursos de la defensa y de la fiscalía y se limita a señalar: “Una vez practicadas las diligencias de investigación pertinentes entendemos que  si existen indicios de la  posible existencia de un delito de denuncia falsa imputable al querellado, por lo que procede continuar con la tramitación de la causa”. 

La defensa de Boluda recurrirá ante la Audiencia Provincial y da por hecho que allí tumbará el caso. La fiscalía apoya al naviero y ha pedido el archivo de la querella. Pero, de momento, Morillo-Velarde del Peso se va anotando otra muesca en la culata.

Una sentencia del Tribunal Supremo ha abierto la puerta a que un policía local de Jerez de la Frontera, condenado por detener de forma ilegal a un hombre con un montaje por una falsa agresión, evite la cárcel. Los jueces han sustituido por una multa la condena de tres años de cárcel que los tribunales andaluces impusieron al agente por detención ilegal, al entender que la víctima pasó de forma inmediata a declarar ante un juez y que eso permite aplicar una versión atenuada del delito. El Supremo también confirma su condena de un año de cárcel por denuncia falsa.

La resolución del Supremo, a la que ha tenido acceso elDiario.es, explica que este agente de Policía Local de Jerez de la Frontera con antecedentes penales estaba retirando un coche de la vía pública con una grúa que conducía otro hombre. En ese momento la víctima, que salía de desayunar de un bar cercano, advirtió al policía de que el coche que se estaba llevando la grúa estaba sufriendo desperfectos y perdiendo el parachoques.

La respuesta del policía fue espetarle: “Me cago en tus muertos”. Acto seguido fue a por el afectado, le tiró al suelo, le apoyó las rodillas en la espalda y le detuvo afirmando a otros policías que había sido agredido y que le detenía por un delito de atentado. La víctima fue llevada a los calabozos y se sometió a un juicio rápido en el que la Fiscalía, basándose en el testimonio falso del policía, llegó a pedir nueve meses de cárcel para él. El juzgado, finalmente, optó por absolver al transeúnte: el policía mantuvo la mentira durante el juicio, pero numerosos testigos explicaron que su versión era falsa.

La Audiencia de Cádiz y el Tribunal Superior de Andalucía entendieron que el policía de Jerez había incurrido en un delito de falso testimonio en concurso con otro de denuncia falsa, además de otro más de detención ilegal. Por el primer delito se le impuso un año de cárcel y una multa de 1.620 euros. Por el segundo, tres años de cárcel, además de la obligación de indemnizar a la víctima con casi 10.500 euros.

El Tribunal Supremo ha confirmado que el policía local de Jerez cometió todos esos delitos, pero ha modificado la condena que se le impone por el de detención ilegal: de tres años de cárcel a una multa de 1.080 euros, además de ocho años de inhabilitación absoluta. La razón: los jueces entienden que se le debe aplicar una versión atenuada del delito, reservada para cuando el autor de la detención ilegal pone a la víctima “inmediatamente” a disposición de la “autoridad”.

El relato de hechos probados, que el Supremo no modifica, describe cómo el agente llevó al afectado a los calabozos hasta que fue “presentado ante la autoridad judicial” para posteriormente ser juzgado con la mentira del policía como una prueba contra él. El alto tribunal, que reconoce que el policía no estaba “en uno de sus mejores días” y concede que una vez detenido en la calle fue llevado “sin solución de continuidad a las dependencias policiales” de la ciudad. No es lo mismo, explica, que cuando un policía perpetra una detención ilegal para mantener a la víctima “fuera de los circuitos de control institucionales”. En este caso, la detención fue claramente ilegal, pero su privación de libertad se “institucionalizó” rápidamente, quedando fuera del control del policía.

Por eso, entiende el Supremo, debe aplicarse el artículo 163.4 del Código Penal, que castiga este tipo de detenciones ilegales con penas de multa de entre tres y seis meses, considerando dentro de esa versión atenuada su posibilidad más grave. Una multa de 1.080 euros que sustituye a su condena inicial de tres años de prisión por ese delito, que hubiera implicado su entrada obligatoria en prisión.

La nueva sentencia firme del caso, con las multas y una condena de un año de cárcel por denuncia falsa, abre la puerta a que el agente no tenga que entrar obligatoriamente en la cárcel a cumplir condena al tener antecedentes penales pero considerados no computables por el Tribunal Superior de Andalucía. Eso se decidirá posteriormente en la fase de ejecución de la sentencia.

“Nada de eso sucedió”

El Supremo rechaza el resto de argumentos del policía condenado. Confirma su sanción de un año de cárcel por denuncia falsa, al haber mantenido su relato incluso cuando en el juicio estaba obligado a decir la verdad, y rechaza que la actitud de la víctima ante la grúa pudiera, de alguna manera, haber sido mínimamente agresiva para provocar la detención. “Nada de eso sucedió en realidad, ni tampoco pudo ser percibido así por el acusado”.

Lo que pasó, explican los jueces, es que el agente “con seguridad no en uno de sus mejores días, se molestó porque un ciudadano, que no era ni siquiera el dueño del vehículo y se encontraba en el lugar casualmente, se inmiscuyera en su trabajo, haciendo ver que no se estaba haciendo correctamente (fuera esto o no cierto)”. “Efectuada una detención sin causa objetiva alguna, el propio acusado intentó justificar la misma, aduciendo unos hechos, notoriamente falsos, que dieron lugar posteriormente a la existencia de la causa penal referida, obediente solo al artificioso relato del agente”.

En instancias anteriores, los jueces de los tribunales andaluces también rechazaron que el agente pudiera haberse equivocado, en vez de cometer un delito. “No puede aceptarse, tampoco, la existencia de un actuar imprudente, ni la concurrencia de un error vencible, pues ambas posibilidades son antagónicas con el deliberado falseamiento de lo realmente ocurrido”, dijo el TSJ de Andalucía.

Juan Carlos González, cartero de profesión y exconcejal el PP en Mijas, pudo inventarse al personaje Manuel Redondo para interponer una denuncia, pero esta tenía rasgos de verosimilitud, de modo que González, la persona tras el personaje, no puede ser autor de un delito de denuncia falsa. Así ha zanjado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el caso Cartero, del que González ha sido finalmente absuelto tras haber sido condenado en primera instancia.

El TSJA revoca de este modo la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, que hace un año lo había condenado a ocho meses de prisión y 2.160 euros de multa por denunciar bajo seudónimo una contratación del Ayuntamiento, a sabiendas de que no era irregular (según la Audiencia), con la finalidad de perjudicar a Ciudadanos, que por entonces gobernaba el municipio.

Es necesario que “los hechos en sí” sean falsos

La absolución, dictada por el TSJA tras el recurso de apelación de González, se construye sobre la noción de lo que es una “denuncia falsa”. Para que haya tal cosa, y por tanto delito, es necesario que “los hechos en sí” sean falsos, sin que importe cómo los califique el denunciante; que sean delito; y que el denunciante sea “consciente de la falsedad” que imputa. A diferencia de los de la Audiencia, los tres magistrados de la Sala de Apelación del TSJA creen que lo que contaba Redondo (o González) en su denuncia no puede “ser tildado de falso”, de modo que lo que hizo González por medio de Redondo al llevar a Fiscalía las supuestas irregularidades en la contratación de un viaje municipal no fue una denuncia falsa.

La sentencia subraya aspectos indiciarios que armaban la verosimilitud de la denuncia. Así, se resalta que el técnico de contratación de Mijas había firmado un informe proponiendo desistir del concurso público para adjudicar el viaje. También, que el contrato fue adjudicado a un hotel del cual se habían advertido graves deficiencias de higiene y estructurales. Y que se firmó cuando ya se habían realizado dos de los tres turnos de viaje.

El Pleno subsanó la falta de cobertura presupuestaria aprobando el reconocimiento extrajudicial del crédito (algo legal y muy habitual en los ayuntamientos). González lo sabía cuando interpuso su denuncia, pero el TSJA señala que eso no subsana las posibles irregularidades del expediente, ni mucho menos supone que González ya supiera que lo que denunciaba no era delito. “El hecho de que el escrito de denuncia no añadiera que la factura fue finalmente pagada mediante su reconocimiento extrajudicial (…) no troca en mendaz al resto de lo narrado en ella”, aclaran los magistrados.

El TSJA admite que la denuncia fue presentada con un “evidente ánimo de crítica e incluso de descrédito frente a los miembros del equipo de gobierno municipal, entre ellos el Alcalde”. Sin embargo, concluye que su “contenido objetivo” no es falso.  

Es “razonable” pensar que Redondo era González

Todo parte de la contratación para los mayores de Mijas (91.691 habitantes) de un viaje de siete días al Algarve (Portugal) en febrero de 2017. El consistorio adjudicó el paquete a Halcón Viajes por 301.780 euros, a razón de 261,80 euros por cada una de las 1.150 plazas que ofrecía, a pesar de que la técnico se oponía por las deficiencias que había observado en el hotel. En septiembre de 2018, ocho meses antes de las elecciones y un año y cuatro meses después de los hechos, alguien presentó una denuncia ante la Fiscalía por una presunta prevaricación administrativa. La firmaba Manuel Redondo Gámez.

Manuel Redondo Gámez es el nombre que González o el PP mijeño (según creyó siempre Ciudadanos y deslizó la Audiencia Provincial) eligieron para presentar la denuncia, una más en los años de guerra judicial sin cuartel entre las agrupaciones locales del PP y Ciudadanos, liderados por entonces por dos hombres que se profesaban un odio cerval desde que rompieran su coalición de gobierno: Ángel Nozal (PP) y Juan Carlos Maldonado (Ciudadanos), por entonces alcalde.

El ardid saltó cuando la Guardia Civil lo buscó para ratificar el escrito, y comprobó que no había nadie en España que tuviera tal nombre. Manuel Redondo Gámez, jubilado, no existe. Entonces el fiscal archivó la denuncia inicial, se giró y apuntó su acusación contra el presunto autor del engaño.

Como los magistrados de la Audiencia Provincial, los del TSJA no tienen duda de que González fuera Redondo y el autor de la denuncia. “Su autoría se infiere de modo razonable de la prueba practicada”, escriben. González era cartero municipal, y eso lo convertía en elemento indispensable para estar al día de las notificaciones del juzgado a una persona inexistente. Dejó un reguero de pistas que conducían hacia él.

La denuncia del fiscal contra González permitió ver desfilar por los juzgados a Maldonado, aquí como testigo y perjudicado. Cuando el asunto se sentenció, en noviembre de 2023, Maldonado había vuelto a dar muestras de su ya legendaria capacidad para arrimarse a la opción más conveniente para seguir en el poder. Tras abandonar Ciudadanos y siendo único concejal de su nuevo partido, Por mi Pueblo, cambió otra vez de bando: tres meses después de apoyar el gobierno Ciudadanos-PSOE, apoyó la moción de censura de PP y Vox para integrarse como segundo teniente de alcalde de la corporación que ahora lidera Ana Mata (PP).

La defensa del expolítico Íñigo Errejón ha presentado un recurso en el que califica de “falsa denuncia” la acusación de agresión sexual que Elisa Mouliaá ha realizado contra él, afirmando también que la actriz ha retardado la causa de forma “tramposa”. Tal y como ha adelantado La Sexta, la abogada que representa al exportavoz parlamentario de Sumar ha interpuesto un escrito ante la Audiencia Provincial de Madrid combatiendo la decisión del juez de dejar en suspenso toda la causa hasta que la abogada de Mouliaá supere su “incapacitación temporal” por embarazo.

El juzgado de Madrid que asumió la investigación tras la denuncia presentada por Mouliaá ante la Policía citó a ambos esta semana para declarar, Errejón como imputado. Su siguiente decisión fue suspender las comparecencias y, en la práctica, dejar la causa en suspenso. La letrada que defiende a la actriz presentó un escrito explicando que se encontraba en situación de “incapacitación temporal” por su embarazo y el magistrado accedió a su pretensión de no hacer avanzar las diligencias hasta que volviera a incorporarse al trabajo.

Errejón ha decidido acudir directamente a la Audiencia Provincial de Madrid para recurrir esta decisión con un escrito en el que entiende que esta maniobra es una forma “tramposa” de dilatar el procedimiento contra él y prolongar “de forma injusta su pena de banquillo”. Añade que Mouliaá podría elegir “entre decenas de miles de letrados” que podrían representar sus intereses de forma inmediata en el procedimiento.

“La mala fe es indudable y el abuso de derecho indiscutible”, añade la letrada Elena Gimbernat, que también afirma que el exdiputado pretende declarar “cuanto antes” en sede judicial para “exponer la realidad de los hechos”. Una realidad que, según Errejón, no se corresponde con la “falsa denuncia” de Mouliaá.

La actriz y presentadora de televisión acudió a la Policía poco después de que la periodista Cristina Fallarás publicara diversos testimonios que denunciaban actitudes machistas que fueron atribuidas a Errejón. El propio exdiputado reconoció parte de estos hechos a su partido antes de dejar todas sus responsabilidades políticas y dimitir. En su denuncia, Mouliaá relata que coincidió con Errejón en una fiesta en septiembre de 2021 donde el expolítico le practicó diversos tocamientos sin su consentimiento.

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría de Mérida, han esclarecido un falso robo con violencia, tras la denuncia presentada por una mujer, de 33 años, que declaró que le habían sustraído su teléfono móvil.

Según ha informado este viernes la policía la mujer relataba en su denuncia haber sido víctima de un robo con violencia que se produjo cuando caminaba por la calle y, mediante un fuerte tirón, le arrebataron el teléfono móvil que portaba en la mano.

De la investigación se hicieron cargo los agentes de policía judicial, quienes ante las contradicciones de la supuesta víctima, dudaron de la veracidad de los hechos y supusieron que se podría tratar de una simulación de delito.

Tras las gestiones practicadas por parte de los agentes y la toma nuevamente de declaración a la presunta víctima, ésta llegó a confesar que no había sufrido robo alguno, ya que había sido estafada por internet,cuando pretendía vender su terminal móvil a través de una plataforma online y que su intención había sido cobrar una posible indemnización por parte de su compañía de seguros.

Los hechos se han puesto en conocimiento de la autoridad judicial competente.

La Policía Nacional destaca que todas las denuncias falsas, como en este caso, por simulación de delito, son tratadas y perseguidas con idéntica determinación y consecuencia legal que los demás delitos.

La concejal de Junts en Pineda de Mar (Barcelona) Noemí Llorens, que denunció ante el partido al exdiputado en el Parlament y actual senador de la formación Eduard Pujol, ha admitido que le acusó en falso de acoso y ha pedido perdón al político, que ha aceptado las disculpas.

Tal y como ha adelantado El País y ha confirmado este diario, Llorens ha presentado un escrito al juzgado en el que pide disculpas al senador y declara haberse sentido “manipulada” por algunos dirigentes de Junts, que no concreta, pero que según la versión de la edil utilizaron su caso para “hacer daño con finalidades políticas” al político.

El caso del senador de Junts, exdirector de RAC-1 y uno de los independientes que nutrió las listas del partido de Puigdemont en las elecciones de diciembre de 2017, ha dado un vuelco judicial. De presunto acosador ha pasado a víctima de injurias y denuncia falsa de dos mujeres. En noviembre de 2020 fue destituido de forma fulminante, y no fue hasta 2022 que fue restituido ante la inconsistencia de las denuncias que las dos mujeres canalizaron de forma interna en el partido.

La concejala y Pujol mantuvieron una relación sentimental e intercambiaron varios whatsapps “de naturaleza afectiva e incluso erótica” hasta que el exdiputado decidió “distanciarse” de la edil en octubre de 2019, según expuso la jueza que dejó a un paso del juicio a Llorens por injurias al ahora senador.

Al retractarse y haber aceptado Pujol las disculpas, Llorens no tendrá que ir a juicio. Sí tendrá que sentarse en el banquillo la otra mujer a la que Pujol denunció por injurias tras haberle señalado por acoso.

La concejala acudió al Instituto Catalán de la Mujer (ICD, por sus siglas en catalán) para denunciar a Pujol por acoso sexual. Sin embargo el organismo no atendió la denuncia de la mujer ni tampoco le prestó asesoramiento para que lo llevara al juzgado al no darle credibilidad. Luego la edil acudió al partido.

El único nombre de Junts citado en la carta es el de Aurora Madaula, entonces responsable de feminismos del partido. “Madaula me convenció de que esta actuación de Pujol era constitutiva de un delito de acoso y me animó a denunciarlo ante el partido y ante la justicia”, expone Llorens en su misiva, si bien nunca llegó a presentar una denuncia formal. “La situación me superó y con el tiempo me he sentido manipulada”, agrega la carta.

En declaraciones a RAC-1, la abogada del senador, Judit Gené, ha lamentado el daño causado en Pujol por las denuncias falsas y ha confiado en que el perdón emitido por la concejala sea un paso para repararlo. “Su nombre salió en todos los periódicos y las televisiones, causó un impacto contra su honor terrible”, ha valorado la letrada. 

Cada uno pesaba casi 20 kilos. Tenían el mismo aspecto que los fardos que se utilizan para transportar paquetes de cocaína: cinta aislante bajo un plástico impermeabilizante para protegerlos del agua. No les faltaban ni las asas, pero toda la fariña que contenían podía usarse para cocinar. El hallazgo en una playa del concello pontevedrés de Cambados de dos bultos sospechosos movilizó todo un operativo de la Guardia Civil por tierra y aire, por si pudiera tratarse de restos de una descarga de droga. Sin embargo, horas después, todo hace pensar en una broma “de pésimo gusto”. Es la hipótesis con mayor peso, pero no la única: esta línea de investigación convive con otra que explora un posible engaño entre narcos.

“Con ellos nunca se puede descartar nada, cualquier cosas es posible; aquí la realidad siempre supera la ficción”, admite el presidente de la Fundación Galega contra el Narcotráfico. Aún así, a Fernando Alonso todo le suena más a una chanza “sin nada de gracia”. Lo que sí rechaza es que ese supuesto señuelo tuviese como objetivo despistar a las fuerzas de seguridad. “No era tan importante el hallazgo como para que se dejasen de vigilar otras zonas”, apunta en un diagnóstico con el que coinciden fuentes del instituto armado.

Y eso que el despliegue incluyó la movilización de un buen número de patrullas por tierra y hasta un helicóptero para sobrevolar la superficie del agua, por si hubiese más fardos flotando. Pero no los hubo. Fueron sólo los dos bultos que encendieron la alarma entre los vecinos más madrugadores.

Unos dicen haberlos visto flotando en la orilla, otros ya sobre la arena de Tragove, una de las playas del interior de la ría de Arousa a las que la pleamar bien podría haberlos arrastrado si cayesen de una planeadora o tuviesen que ser lanzados al mar. En una zona acostumbrada a acaparar titulares por estas actividades, los residentes no tuvieron dudas a la hora de dar la alerta a la Guardia Civil.

Era primera hora de la mañana y los agentes no tardaron en llegar. Lo primero, una vez comprobado el aspecto familiar, fue tratar de averiguar qué tenían en el interior. Un reactivo químico permitió comprobar que allí no había cocaína, sino poliespán, y que el polvo blanco que lo rodeaba podía encontrarse en cualquier estante de un supermercado. También que los dos fardos habían pasado pocas horas en el agua.

Con esos datos, la posibilidad de una broma gana cuerpo. El buen tiempo de este abril, con temperaturas récord en Galicia, volvió a llenar las playas durante el fin de semana. Una de las hipótesis apunta a un grupo de jóvenes, que prolongó la fiesta en la arena mucho más allá de la puesta del sol –el “follón” que llegaba hasta las casas próximas no dejaba lugar a dudas– y que, quizá, fueron los autores de la bufonada.

Si se confirma esta autoría, Alonso pide que se encuentre y castigue a los responsables. “En Galicia no estamos para estas bromas porque estamos sufriendo a estos sinvergüenzas mucho más de lo que quisiéramos”, algo a lo que añade el “dispendio” de recursos públicos al movilizar a agentes, vehículos y hasta el helicóptero.

“Todo eso no es gratis, estos graciosos –si es que se queda en eso– han jugado con todos y es conveniente que se investigue lo sucedido para evitar tentaciones futuras. No es gracioso, por todo lo que simboliza, y les va a salir muy caro”, concluyó.

Porque en un momento en el que se multiplican las series y películas sobre narcos gallegos, incluso se llegó a barajar la posibilidad de que se tratase de un falso fardo utilizado para un rodaje, al que se quisiese dar toda la autenticidad posible. La Guardia Civil lo descarta porque no se ha notificado ninguna grabación en la zona. Claro que hoy en día cualquier aficionado con cierta creatividad puede hacerse su clip –o su cortometraje– de narcos simplemente con un móvil, una playa y un poco de atrezzo.

La Audiencia de Madrid ha decidido absolver a tres antidisturbios de la Policía Nacional acusados de mentir en un juicio para perjudicar a una manifestante detenida en el 'Rodea el Congreso' de diciembre de 2013. La sentencia reconoce que no hay pruebas de que la mujer pegara patadas y puñetazos a los policías, pero tampoco ve delito en que tres agentes lo afirmaran con rotundidad en sede judicial, en contra de lo que decían en sus propios atestados y de lo que mostraban los vídeos. Las imágenes no reflejan que la mujer pegara a los policías, “pero lo cierto es que tampoco puede decirse que tal acción no se produjera”, especulan los jueces para absolverles.

Las manifestaciones de 'Rodea el Congreso' congregaron a miles de personas en diciembre de 2013 en Madrid para protestar contra el proyecto de la 'ley mordaza'. La concentración desembocó en disturbios, con más de dos docenas de detenidos, y terminó en juicio casi una década después: seis personas fueron finalmente condenadas a penas de hasta cinco meses de cárcel. Pero dos fueron absueltos: no había ninguna prueba de que, como dijeron varios policías en el juicio, hubieran pateado y agredido a los antidisturbios.

Ese proceso desembocó en un nuevo juicio, pero esta vez con tres policías en el banquillo: los antidisturbios que afirmaron, obligados a decir verdad, que una manifestante les había pegado puñetazos y patadas cuando los vídeos no mostraban nada ni remotamente parecido. La Fiscalía y la acusación particular pidieron hasta dos años y medio de cárcel para ellos por falso testimonio y la Audiencia Provincial de Madrid, según ha sabido elDiario.es, ha optado por absolver a los tres policías antidisturbios, uno de ellos ya jubilado.

El relato de hechos probados cierra la puerta a cualquier condena. “No resulta acreditado que faltaran a la verdad con el objeto de justificar la detención y desfavorecer a la mujer, modificando de manera sustancial su relato para perjudicarla, diciendo que ésta agredió a los agentes”, explica la sentencia. Las juezas reconocen que los vídeos desmienten su testimonio sobre la supuesta agresión, y que esa falta de credibilidad sobre su versión llevó a la Fiscalía a retirar la acusación contra la detenida y al tribunal a absolverla, pero eso no implica que, según su criterio, puedan ser condenados por falso testimonio.

Las magistradas, en su sentencia, tienen en cuenta en primer lugar que el juzgado de lo penal que sentenció ese caso y escuchó la versión cuestionada de los policías no dedujo testimonio contra ellos. También apuntan a que ese juez y su sentencia no hicieron “referencia alguna” a esa acusación y a las palabras de los policías más allá de dictar la absolución de la hoy denunciante. Que la mujer fuera absuelta en contra de la declaración de los agentes, añade ahora la Audiencia de Madrid, “no implica necesariamente que los agentes mintieran ni tampoco que la resistencia no existiera, sino tan solo que no hubo prueba bastante para acreditarla”.

La acusación desmentida “no añadía nada”

La Audiencia Provincial de Madrid, incluso, afirma que la mujer fue absuelta, pero que la agresión que denuncian los policías podría perfectamente ser cierta aunque haya sido descartado en firme por la Fiscalía y los tribunales. “En el video no se ve claramente que la acusada propinara patadas o golpes a los agentes, pero lo cierto es que tampoco puede decirse que tal acción no se produjera”, aseguran las magistradas.

Además, según la sentencia, que los policías dijeran que pateó y golpeó a los agentes no afectó en negativo a la detenida, dice. “No añadía nada ni alteraba la situación de la acusada en el procedimiento, agravándola. No añade nada y no agravaba su responsabilidad”. En el juicio, tal y como explicó este periódico, la representación legal de la joven llevada por el letrado Eric Sanz de Bremond, de la Comisión LegalSol, afirmó lo contrario y destacó el papel clave del testimonio de los tres policías para haber llegado a juicio contra ella, hasta tal punto que la acusación fue retirada cuando sus palabras fueron puestas en entredicho por los vídeos aportados a última hora.

“Si no llegamos a encontrar ese vídeo a mi patrocinada la hubieran condenado sin lugar a dudas”, lamentó el letrado, destacando que si la mujer fue juzgada fue por la declaración de los policías. A lo largo del juicio, los agentes negaron haber faltado conscientemente a la verdad y la explicación que dieron a haber añadido en el juicio detalles que omitieron, por ejemplo, en el atestado, pasaron por defender que en esos documentos policiales no se refleja todo lo que sucede. “Ella empieza a gritar, me pega un a patada en la pierna, me agrede en el pecho”, dijo uno de ellos, que ese día de diciembre de 2013 ejercía como superior de más de 400 policías.

La acusación terminó el juicio afirmando que “se ha faltado a la verdad” y que los policías ahora absueltos sí conocían las consecuencias de ir variando su testimonio, añadiendo acusaciones que podrían haber acabado en condena para la mujer de no haber surgido los vídeos: “Tienen la experiencia suficiente para diferenciar entre mover los brazos y acometer con patadas y puñetazos, van engrosando sus declaraciones. Es evidente que faltaron a la verdad conscientemente. No olvidemos una cosa: si no llegamos a encontrar ese vídeo, a mi patrocinada la hubieran condenado sin lugar a dudas”.

Tres agentes antidisturbios de la Policía Nacional han sido juzgados este jueves en Madrid, acusados de mentir ante los tribunales y acusar a una joven de patearles en una manifestación de Rodea el Congreso de 2013 cuando los vídeos no muestran ningún tipo de agresión física por su parte. La Fiscalía y la acusación han hecho definitivas sus peticiones de hasta dos años y medio de prisión para ellos: “Si no llegamos a encontrar ese vídeo a mi patrocinada la hubieran condenado sin lugar a dudas”, ha dicho el abogado de la manifestante, que ha lamentado en el juicio haber estado imputada seis años hasta que fue absuelta. Los tres policías, uno de los cuales no es acusado por la afectada, han negado haber mentido y han alegado que, varios años después, no recordaban bien los hechos. La Abogacía del Estado, que representa en el proceso al Ministerio del Interior, ha pedido que sean absueltos.

El montaje policial que denuncia esta manifestante arranca hace más de una década, en diciembre de 2013, cuando acudió con su pareja a Madrid a una manifestación de 'Rodea el Congreso' que, ese año, centraba sus protestas en la 'Ley Mordaza', por aquel entonces todavía un proyecto salido del Consejo de Ministros de Mariano Rajoy. Los dos vieron cómo otros manifestantes reventaban un coche de Policía Municipal e intentaron abandonar la zona cuando se vieron atrapados por distintas unidades de antidisturbios de la Policía Nacional. Fue detenida, según se le dijo entonces, por llamar “hijo de puta” a uno de los agentes.

El caso llegó a juicio seis años después y la mujer se sentó en el banquillo bajo una petición de tres años de cárcel de la Fiscalía por resistencia y desórdenes públicos. El atestado inicial de la Policía reflejaba los insultos, pero los agentes antidisturbios fueron ampliando las acusaciones durante la investigación y durante el juicio: hablaron de patadas y puñetazos y actitudes violentas. Varios manifestantes fueron condenados por los disturbios pero ella fue absuelta: un vídeo encontrado por su defensa a última hora demostraba que, lejos de haber pateado a un policía, ella había sido objeto de una detención “absolutamente desproporcionada”.

La inexistente agresión se transformó en un juicio contra los tres policías que firmaron el atestado y declararon en el proceso, que este jueves han declarado como acusados. Un juicio en el que las defensas han centrado sus esfuerzos en ensalzar el ambiente de violencia y tensión de la manifestación y en alegar que, tantos años después, es normal que no recuerden todos los detalles. El principal acusado, ahora policía jubilado pero ese día al frente de más de 400 policías como coordinador del operativo antidisturbios, ha insistido en que fue pateado: “Ella empieza a gritar, me pega un a patada en la pierna, me agrede en el pecho”, ha dicho.

Fue él quien elaboró el atestado que no reflejaba las patadas y puñetazos que luego, años después, sí recordó en sede judicial. El atestado, ha dicho, fue una “síntesis”. “Llevo en orden público desde 1992, he recibido muchísimas agresiones y en ningún atestado he puesto que he sido agredido, solo en uno”, ha dicho. La acusación particular, ejercida por el abogado Eric Sanz de Bremond de la Comisión Legal Sol, ha preguntado si conoce la diferencia penal entre resistirse a una detención y agredir a un agente: “Yo no sé la calificación penal que puedan tener esos hechos. Yo digo lo que ocurrió”, ha dicho el policía. Los tres han negado haber mentido.

Otro de los policías acusados, que también firmó ese atestado y luego fue añadiendo las agresiones físicas al relato a medida que avanzaba el proceso judicial, ha reconocido que recordaba los hechos “grosso modo” y que la mujer “lanzó patadas que no sé si impactan o no. Después su compañero se abraza y ella lanza patadas y manotazos, no veo que impacte con nadie”. Si en su primera declaración judicial no mencionó esas patadas, dice, fue porque nadie le preguntó.

La víctima ha comparecido para ofrecer una versión opuesta. Tanto ella como su entonces pareja, también juzgado y absuelto en el proceso penal por los disturbios, intentaron abandonar la zona cuando ocurrieron los disturbios pero quedaron atrapados entre unidades policiales. “Me quedé abrazada con mi compañero, en ningún momento lanzo una patada”, ha dicho. Ha reiterado que en ese momento pregunto dos veces al mando policial por el motivo de su detención y no habló de ninguna patada ni ningún puñetazo: “Me contestó que estaba detenida por llamarle hijo de puta”.

“La motivación era justificar la detención”

Tanto la Fiscalía como la acusación particular han hecho definitivas sus peticiones de cárcel. En el caso del Ministerio Público son dos años y medio de cárcel por falso testimonio para los tres agentes, mientras que la acusación ha renunciado a pedir condena al tercer policía al entender que fue inexacto en sus declaraciones pero no atribuyó una agresión a la afectada, solo una actitud de resistencia.

El fiscal José Luis García Navas ha hecho definitivas sus acusaciones, pero se ha expresado en términos menos contundentes que en su escrito de calificación. Ha abierto la puerta a que la Audiencia de Madrid aplique subtipos atenuados del delito de falso testimonio hasta el punto de que una condena de cárcel se sustituya por una multa, e incluso ha puesto en duda su propia petición de prisión al policía que no es acusado ni por la víctima, lo que ha generado el enfado de la defensa del agente. “Hay que modificar las conclusiones”, le ha reprochado al fiscal.

Para el representante del Ministerio Público, todos faltaron a la verdad en el juzgado y en el juicio. No para perjudicar a la manifestante, sino para reforzar la procedencia de su detención. “La motivación era justificar la detención”, ha dicho el fiscal. “En el vídeo no he visto ni empujones, ni patadas ni puñetazos. En el juicio dan un salto cualitativo para justificar la motivación de esa detención”, ha explicado.

Sanz de Bremond, después de recordar al tribunal que en este proceso no se juzgaba a la víctima del supuesto montaje sino a los policías, ha sido contundente: “Se ha faltado a la verdad. Tienen la experiencia suficiente para diferenciar entre mover los brazos y acometer con patadas y puñetazos, van engrosando sus declaraciones”, ha dicho. “Es evidente que faltaron a la verdad conscientemente. No olvidemos una cosa: si no llegamos a encontrar ese vídeo, a mi patrocinada la hubieran condenado sin lugar a dudas”.

Las defensas han pedido la absolución de los agentes. Después de que sus clientes hayan insistido en que las patadas, efectivamente, se produjeron, los abogados se han limitado a defender que la confusión del momento y el paso del tiempo disculpan las posibles inexactitudes en su testimonio. “Hoy por hoy salvo que seas catalán no rehabilitan a ningún funcionario policial en la vida”, ha dicho el abogado del tercer agente, solo acusado por la Fiscalía. 

El abogado del Estado, en representación del Ministerio del Interior, ha pedido la absolución: “Es normal que pueden entremezclar intervenciones y que falle la memoria, pero ninguno tuvo la intención de faltar a la verdad conscientemente para perjudicar a la querellante”. Incluso, ha explicado cómo podrían haberlo hecho: “Solo hubieran tenido que decir que estaba en el grupo que lanzaba objetos”. 

El Tribunal Supremo ha decidido abrir una causa contra Pedro Manuel Sanginés, senador de Coalición Canaria, por presentar una denuncia falsa cuando era presidente del Cabildo Insular de Lanzarote. La Sala de lo Penal se hace con una causa en la que la Fiscalía ha llegado a pedir un año y medio de cárcel para él por falso testimonio.

Sanginés está acusado de acudir en 2009 a dependencias policiales de Costa Teguise y denunciar unas irregularidades en un proceso público de contratación. Unos hechos que, según la Fiscalía, eran falsos: actuó “con ánimo de faltar a la verdad objetiva, y con manifiesto desprecio hacia la misma” y ratificó sus mentiras, según la Fiscalía, en sede judicial después de jurar o prometer decir la verdad.

Ese día, en comisaría, apuntó a un empresario del sector de las reformas como responsable de esas supuestas irregularidades. Un juzgado de Arrecife abrió una causa y el hoy senador ratificó en sede judicial, obligado a decir verdad como testigo, su versión de los hechos. Lo hizo, dice la Fiscalía, “faltando a la verdad objetiva”. Volvió a hacer lo mismo ocho años más tarde, en octubre de 2019, manteniendo sus imputaciones.

Esa causa se terminó archivando en noviembre de ese año, y entonces las actuaciones se dirigieron contra él. La Fiscalía pide un año y medio de prisión para él.

Coalición Canaria tomó en julio del año pasado la decisión de nombrar a Sanginés como senador de la comunidad autónoma pese a estar investigado en el llamado caso Minutas. De esta manera seguía los mismos pasos que el actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo,  que también se aforó durante la pasada legislatura para afrontar las causas judiciales por las que permaneció imputado, los casos Grúas y Reparos, ambos archivados por el alto tribunal sin que fuera citado a declarar. 

Sanginés está investigado en ese caso por la presunta comisión de hasta seis delitos (pertenencia a organización criminal, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, malversación y falsedad en relación a la contratación y pago de honorarios) vinculados a los contratos y honorarios pagados durante su etapa en la corporación insular a un abogado amigo, Ignacio Calatayud, imputado en la misma causa.

Dicha causa trata de dilucidar si Calatayud y Sanginés actuaron en connivencia para que el abogado se apropiara de “ingentes cantidades de dinero” del erario público aprovechándose de su amistad con el entonces presidente del Cabildo de Lanzarote. Las diligencias se abrieron hace dos años. El Consorcio Insular del Agua y la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa), ambas dependientes del Cabildo, decidieron iniciar acciones judiciales para recuperar las cantidades que, a su juicio, los imputados sustrajeron a las arcas públicas a través de las contrataciones del letrado durante el concurso de acreedores de la sociedad encargada de la gestión del agua en la isla. En concreto, se habría apropiado de más de 800.000 euros en concepto de costas judiciales

Sanginés anunció en noviembre de 2022 que se retiraba de la primera línea política y que no repetiría como candidato al Cabildo de Lanzarote. Sin embargo, en las elecciones del 28 de mayo hizo doblete, concurriendo en las listas de CC al Ayuntamiento de Arrecife y también al Parlamento por la isla de Lanzarote. Unos días después de ser elegido, renunció a su acta como concejal en la capital de la isla, quedándose como diputado en la Cámara regional. 

No es el único senador de Coalición Canaria que se encuentra investigado. El pasado 8 de enero, el Tribunal Supremo decidía asumir una causa contra Javier Armas, senador por El Hierro y de la Agrupación Herreña Independiente (aliada al partido de Fernando Clavijo), por posibles delitos medioambientales cometidos cuando era alto cargo en el Cabildo de la isla. Se trata de una causa en la que la Fiscalía, antes de que fuera designado senador y, por tanto, quedara aforado ante el alto tribunal, llegó a pedir hasta 11 años de cárcel por consentir la actividad de tres vertederos ilegales en la Isla.

La Policía Nacional de Badajoz ha esclarecido durante el último mes cuatro denuncias falsas sobre supuestos robos sufridos y ha advertido de que este tipo de acciones “tienen sus correspondientes consecuencias legales”.

El último caso esclarecido tuvo lugar el pasado miércoles, cuando una mujer de 61 años denunció haber sido víctima de un robo con tirón mientras andaba por la barriada de San Roque y un hombre en bicicleta le había abordado de forma sorpresiva para arrebatarle su bolso de mano, en el que contenía 700 euros, según relata en un comunicado.

Ante “las contradicciones” de la supuesta víctima, los agentes pronto dudaron de la veracidad de los hechos y tras las investigaciones realizadas llegó a confesar que no había sufrido robo alguno. La mujer confesó que simuló el robo con la intención de cobrar una posible indemnización por parte de su compañía de seguros.

La Policía Nacional ha advertido de que aunque puedan parecer una cuestión menor, son perseguidos con igual determinación, con su correspondiente consecuencia legal“.