¿Qué hacer con la inhabilitación especial del exdirector económico financiero del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM)? Es la consulta que ha formulado la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública al Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre la ejecución de la sentencia de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia que condenó a Juan Carlos Lledó, exyerno de la directora del museo, Consuelo Císcar, y condenado como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación administrativa y de un delito continuado de malversación de caudales públicos en el marco de la primera pieza separada del 'caso IVAM', relativa a los viaje por el mundo, abonados con fondos públicos, del artista Rablaci (hijo de Císcar y del exconseller Rafael Blasco, condenado a su vez por corrupción). 

El pacto de conformidad alcanzado entre las partes libró a la exdirectora del museo y a Lledó de una condena más severa, con el pago de una responsabilidad civil de 75.000 euros para ambos y un empresario, a pesar de que el IVAM pagó 143.883 euros para costear las exposiciones de 'Rablaci' en tres continentes, según la Fiscalía Anticorrupción.

La sentencia, que reconoce las circunstancias atenuantes de la reparación del daño y la confesión, impuso a Lledó la inhabilitación especial para empleo o cargo público, “extendiéndose a todos los empleos o cargos públicos a los que pueda accederse por elección o libre designación en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Valenciana” por un periodo de un año y seis meses por el delito de prevaricación y por el mismo periodo a consecuencia de la malversación de caudales públicos. 

Juan Carlos Lledó es funcionario de carrera de la Conselleria de Educación y ya fue condenado a una multa de 1.000 euros por tenencia de pornografía infantil. Actualmente se encuentra adscrito al servicio de justicia gratuita del departamento que dirige la consellera Gabriela Bravo. Sin embargo, esa conselleria ha planteado al CJC si en la pena de inhabilitación impuesta por la sentencia “deben entenderse comprendidos todos los puesto de trabajo independientemente de su forma de provisión, o únicamente aquellos clasificados como eventuales o con forma de provisión libre designación”.

El CJC, en un dictamen con carácter urgente, considera que los magistrados “debieron concretar los empleos y cargos a los que debía extenderse la inhabilitación especial (es decir, al puesto en concreto de directivo del IVAM o, eventualmente, también a su condición de funcionario de la Conselleria de Educación).

Un contrato de alta dirección

“A falta de la necesaria concreción” que exige el Código Penal, “no es competencia” ni puede el Consell Jurídic Consultiu “suplir la función del órgano judicial ni sustituir la competencia de la propia administración en la ejecución de la sentencia”, señala el dictamen. Lledó, recuerda, el CJC, era director económico administrativo del IVAM mediante un contrato de alta dirección decidido por la propia Consuelo Císcar pero para el acceso a ese puesto no era necesario ser funcionario de carrera (aunque en el caso del condenado sí que lo era).

Esa “doble condición” exige que la sentencia hubiera concretado los empleos públicos a los que afecta la inhabilitación especial. Así, las funciones públicas “en cuyo ejercicio se perpetraron los comportamientos delictivos” de Juan Carlos Lledó “no fueron las propias de su condición de funcionario” de la Conselleria de Educación. 

El exyerno de Císcar fue condenado por dos delitos contra la Administración en el ejercicio de funciones de naturaleza pública mediante un contrato de alta dirección, abunda el CJC. Sin embargo, la inhabilitación especial —a diferencia de la absoluta— afecta a un empleo o cargo concreto, “lo cual impone la necesaria concreción” en la sentencia, según el Código Penal. Aun así, matiza el dictamen, existen sentencias similares del Tribunal Supremo (relativas al 'caso Malaya' o al 'caso La Muela') “sin concreción alguna o sin especificar los empleos o cargos públicos a los que se extiende”.

La “condición de funcionario”

Aunque el CJC no alcanza una conclusión definitiva, el dictamen “aconseja evitar cualquier interpretación extensiva del fallo de la sentencia de la Audiencia Provincial que no resulte claramente amparada por ella o por el ordenamiento jurídico”. Por otro lado, “estima dudoso” que el fallo deba extenderse “sin existir previo pronunciamiento judicial, a la pérdida de la condición de funcionario” de la Conselleria de Educación, “lo que, en última instancia, deberían resolver los tribunales”. 

En este caso, reconoce el CJC, la determinación de la inhabilitación especial “no es inicialmente sencilla”. “La privación de empleo o cargo podría no resultar controvertida si el condenado tuviera únicamente un solo empleo identificable, lo que no sucede en el presente caso”, apostilla.

Además, recuerda el dictamen, el auto de liquidación de la condena, que no fue impugnado por el Ministerio Fiscal, simplemente indica como pena impuesta la inhabilitación especial para empleo o cargo público por elección o libre designación en la administración valenciana desde el 30 de julio del 2021 (fecha en que el fallo devino firme) hasta el 23 de julio del 2014. “No consta la comunicación al órgano judicial de la anotación en el registro correspondiente de la Generalitat de la pérdida o baja de la condición de funcionario público”, agrega el CJC.

El dictamen pasa la pelota a otros tejados: “En última instancia, corresponde la interpretación del alcance de la inhabilitación especial al órgano judicial [la Audiencia Provincial de Valencia] y, en su caso, a la administración que ha de ejecutar la sentencia [la Conselleria de Justicia]”.

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto a Consuelo Císcar, exdirectora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), por la compra de las obras póstumas del escultor Gerardo Rueda. José Luis Rueda, heredero del artista, y Juan Carlos Lledó, exdirector económico financiero del museo, también han sido absueltos.

La resolución no ha detectado irregularidades en los contratos por la venta de las esculturas al museo. El tribunal no aprecia en la conducta de los acusados “el requisito del engaño”, pues las obras del citado escultor vendidas a la pinacoteca pública eran auténticas y el precio que se pagó por ellas “fue acertado o en su caso muy beneficioso”.

Esta causa abordaba el presunto fraude perpetrado por la entonces cúpula directiva del IVAM mediante la compra, con cargo a los fondos públicos, de 58 reproducciones de obras del artista ya fallecido Gerardo Rueda.

Así, la Audiencia Provincial de Valencia ha decidido absolver a los tres acusados al no aceptar la concurrencia “del requisito del engaño” y concluir que las piezas en cuestión eran auténticas.

La Fiscalía mantiene la petición de seis años de cárcel para la exdirectora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) Consuelo Císcar por el presunto fraude millonario con la adquisición de reproducciones de obras del escultor fallecido Gerardo Rueda: “Hubo malversación y voluntad de beneficiar a [José Luis] Rueda”, ha asegurado.

Así se ha pronunciado el Ministerio Público durante la exposición de su informe en el juicio por la pieza 2 del caso IVAM, en el que Císcar comparte banquillo junto al ex director económico administrativo del museo Juan Carlos Lledó, y el hijo y heredero del artista, José Luis Rueda.

La pieza principal del procedimiento, centrada en presuntas irregularidades de Císcar para promocionar la carrera artística de su hijo 'Rablaci' (acrónimo de Rafael Blasco Císcar), acabó en septiembre con una conformidad: la exdirectora del museo reconoció que malversó y aceptó la pena de un año y medio de cárcel —frente a los 12 que le pedían—.

En la pieza de Rueda, la Fiscalía ha elevado a definitivas sus conclusiones y reclama para Císcar la pena de seis años de prisión y multa de 144.000 euros por un delito continuado de prevaricación administrativa, de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y malversación de caudales públicos en su modalidad agravada. Para Lledó pide cinco años y seis meses de cárcel y multa de 63.000 euros; y para Rueda, cinco años por un delito continuado de malversación.

Lo que sí ha modificado la fiscal es la indemnización para el IVAM, que ha bajado de 3,4 millones a 1,8. Esto se debe a los últimos informes periciales aportados a la causa que indican que parte de las obras que donó José Luis Rueda al museo sí eran originales y no copias.

Por lo demás, la Fiscalía se mantiene en que hubo delito: “Los objetos que se entregaron al IVAM no se ajustaban a lo que se indicaba en los contratos; en los contratos se ve una voluntad clara de beneficiar a Rueda, y esto es la malversación, puesto que el tipo penal no exige un beneficio propio, sino en favor de un tercero”, ha resumido la fiscal.

El Ministerio Público ha apuntado que el IVAM sigue unas normas de contratación pública y ha lamentado al respecto que no se emitieran informes sobre la idoneidad y el precio de la obra de Rueda. También ha subrayado que el hijo del artista no contaba ni con autorización ni con las debidas indicaciones para reproducir la obra.

“Yo trabajaba sobre el papel, no veo las obras”. Así ha resumido Juan Carlos Lledó, exdirector económico financiero del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), su papel en la adquisición de las obras post mortem del escultor Gerardo Rueda. En la segunda sesión del juicio, la defensa del heredero del artista ha vuelto a desplegar las maquetas de las obras, que decoran la sala en la que la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia juzga los hechos.

Si en su declaración Consuelo Císcar endosó la responsabilidad a los críticos de arte Tomás Llorens y Francisco Calvo Serraller, el exdirector económico financiero ha asegurado que su papel en la compra de las obras se limitó a establecer si había crédito disponible. “Asesorar sobre la naturaleza de la obra y el precio lo hacían los conservadores”, ha dicho Lledó a preguntas de su letrado. Así, la propuesta de gasto “siempre” parte de un conservador, incluyendo el objeto del contrato y el precio, ha declarado el exdirectivo del IVAM. “Yo no veía la obra, era el conservador especialista en arte el que validaba la garantía de la autenticidad”, ha agregado.

El exyerno de Consuelo Císcar ha sacado pecho por la adquisición de las obras de Rueda y ha asegurado que fue un “negocio jurídico muy favorable” para el museo, que le habría reportado 5,1 millones de euros, según los informes de valoración de las obras donadas. Unas cifras que se sitúan en un contexto, tal como se dijo en la primera sesión del juicio, de “fluctuación del mercado del arte”.

El acusado, que se enfrenta a una petición de pena por parte de la Fiscalía de cinco años de prisión como cooperador necesario por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad y malversación, ha mostrado su sorpresa por el hecho de que los peritos rebajaran sustancialmente el supuesto beneficio para el IVAM. “Mi sorpresa es que en 2015 estas mismas personas valoran de forma distinta, como vendrán como peritos podrán aclarar esta cuestión”, ha deslizado Lledó.

Aunque ha asegurado que Consuelo Císcar “prácticamente” no intervenía en la gestión económica y administrativa, sí que ha reconocido que la propuesta “oral” de adquisición de obras la hizo la entonces directora del IVAM en una comisión interna del museo compuesta, entre otros, por los conservadores. “Desconozco las posibles negociaciones de la directora respecto al precio”, ha apostillado. “Los precios de las obras de arte”, abunda Lledó, “los fija el vendedor”. El contrato de suministros de obras de arte, mediante un contrato negociado sin publicidad, incluía la presunción de legalidad, según el exdirectivo del IVAM, teniendo en cuenta que vendedor era el heredero universal del escultor.

En la tercera sesión del juicio declarará José Luis Rueda, hijo adoptivo del artista, cuyo equipo despliega en cada vista las maquetas de las obras en la sala del tribunal. Lledó ha asegurado que conoció a Gerardo Rueda posteriormente a las compras “con motivo de alguna exposición y de alguna llamada” pero ha negado relación de amistad alguna.

El padre de Fernando Capa, Eduardo, era escultor y amigo íntimo de Gerardo Rueda, figura clave en el desarrollo del arte abstracto en España (1926-1996). El artista acudía a la fundición de Capa para hacer realidad sus abstracciones. “Sabía perfectamente todos los intríngulis que Rueda quería para su obra”. Así lo dijo Consuelo Ciscar en su defensa, tal y como informa Lucas Marco para elDiario.es. La exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) se defiende desde este martes ante la jueza de la Audiencia Provincial de Valencia de las acusaciones de presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de caudales públicos debido a que, bajo su mandato, el IVAM adquirió, entre 2004 y 2006, ocho obras de Rueda por 2,9 millones de euros... ocho años después de haber muerto el escultor. La Fiscalía pide para Ciscar una pena de seis años de prisión. Este verano, la exgestora fue condenada por prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por impulsar con dinero de la institución la carrera internacional de su hijo, el artista Rablaci.

Entiende la Fiscalía que el origen de estos posibles delitos se encuentra en la adquisición de obra que Gerardo Rueda no realizó en vida, dando a entender que las obras compradas por el IVAM no son, por tanto, obras originales. De hecho, en su escrito la Abogacía de la Generalitat de Valencia declara como “fraude total” esta práctica post mortem. “Todas se confeccionaron con posterioridad a la muerte del autor por la fundición Capa, sin que el autor interviniera para nada en su fabricación”, alega la acusación pública.

Además de Ciscar, en el mismo banquillo también se sienta otro condenado del caso Rablaci, el exdirector económico administrativo del museo Juan Carlos Lledó, acusado como cooperador necesario, y el heredero del escultor, José Luis Rueda, por haber reproducido las obras de Gerardo después de muerto y “hacerlas pasar por originales”. Ante esto, los abogados de José Luis Rueda han presentado una prueba escrita del artista en la que le concede permiso para reproducirlas y han planteado que, en el mundo del arte, hacer copias de una misma obra es una práctica histórica.

Derecho a reproducirse

Una de las preguntas que tendrá que resolver la jueza en su sentencia es si es ilegal hacer copias de una misma obra. Desde Auguste Rodin (1840-1917) no lo es. La autenticidad de una réplica quedó fijada por ley sobre el tiraje gracias a la práctica del escultor francés. La intención era limitar el número de fundiciones que se podían hacer a partir de un mismo molde. El pensador, posiblemente la figura escultórica más famosa del mundo, tiene siete versiones en el Musée de París. Todas son originales porque todo creador tiene permiso para realizar una edición de hasta ocho versiones de una obra. Cuatro de ellas pueden ser consideradas “pruebas de autor” y las otras cuatro pueden ser reproducciones. Además, lo marca el Ministerio de Hacienda: solo esas ocho tendrán una aplicación del IVA superreducido. Más de ocho se considerará “obra múltiple” y se le gravará con un IVA normal.

Por otro lado, la fiscalía también acusa a Ciscar de haber pagado un sobrecoste por ocho obras de Rueda (Gran relieve, Sin título 1970, Altamira, Polar II, Rotondo, Bodegón con cerradura, Construcción rusa I y Bodegón olvidado), al haberlas comprado por encima de la recomendación de la Comisión de Valoración de Donaciones del IVAM. El informe aportado al sumario por la fiscalía, realizado por esta comisión del museo, valora esas obras de Rueda en casi 300.000 euros aunque el IVAM dirigido por Ciscar pagó casi 3 millones de euros por ellas. Preguntado el museo al respecto del caso por este diario, ha contestado que lo ocurrido “pertenece a otra etapa” y han rehusado comentar más allá.

“No son falsificaciones”, asegura categórico Fernando Capa sobre las ediciones de las obras que realizó por encargo del heredero y por las que cobró 512.524 euros. Dentro de una semana el fundidor tendrá que ir a declarar ante la magistrada, en uno de esos juicios que ya forman parte de la serie en la que los tribunales se ven obligados a definir qué es arte. En este caso, la clave será dirimir entre obras auténticas, legales y válidas y obras falsificadas, ilegales y fraudulentas.

Cada autor y sus herederos son libres de hacer con la obra lo que deseen y, desde luego, cumplir con la totalidad del tiraje cuando quieran. La ley no marca que se deban reproducir las ocho de golpe. De hecho, las esculturas de Joan Miró que conserva y exhibe el Museo Reina Sofía son fruto de una edición póstuma: la familia entregó los derechos a reproducir una tirada para saldar cuentas con Hacienda. Fue una dación en pago. Es el caso de Pájaro lunar, de 1966. Otro caso similar es Gran profeta, de 1933: como explica la jefa de escultura del Museo Reina Sofía, Carmen Fernández Aparicio, Pablo Gargallo (1881-1934) terminó la pieza en yeso y el Estado reprodujo a bronce la pieza muchos años después de muerto. Este museo también tiene esculturas producidas a principios de siglo XX por el heredero de Gerardo Rueda, son ejemplares de edición originales. Una de ellas es Gran relieve, que figura entre las ocho adquisiciones realizadas por el IVAM de Ciscar.

Tampoco la monumental escultura de Alberto Sánchez (1895-1962) que recibe a los visitantes de este museo se hizo en vida del escultor. El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella es el “icono tomémico representativo de las utopías sociales de entreguerras”, pero la versión que hizo Alberto para el Pabellón Español de la Exposición Internacional de París, de 1937, de 12 metros de altura no la conoció su creador. Y a su hijo, Alcaén, le disgustó la que mandó hacer el entonces director del centro, Juan Manuel Bonet, porque la idea de su padre no era policromada, sino de un negro patinado.

El original múltiple es un concepto artístico que las herederas de Julio González (1876-1942) también usaron. “Julio no hizo en vida nada en bronce porque no tenía recursos. Fue después de muerto cuando se fundió a bronce”, explica Fernando Capa. El caso de Julio González, figura clave del IVAM, será el cabo al que se agarrará la defensa de Consuelo Ciscar para hacer entender que esta práctica es habitual desde hace más de un siglo en la historia del mercado del arte. “Queríamos que Rueda fuera otro referente del IVAM como Julio González”, ha dicho Ciscar en el juicio. En aquel momento también recibió de José Luis Rueda, heredero y beneficiario de la venta, una donación de otras 90 obras.

La bolsa o la vida

Tampoco Edgar Degas (1834-1912) vio sus pequeñas bailarinas de menos de un metro de altura en bronce. Los herederos encontraron sus figuras en cera y las reprodujeron a partir de 1922. Vaciaron un total de 27 estatuas de bronce hasta mediados del siglo XX, creando obra que se puede ver en museos como el Metropolitan de Nueva York. Se salvaron de la avaricia 69 esculturas originales en cera. 

Fernando Capa cuenta que el coste de la reproducción de las piezas que ejecuta en la fundición supone aproximadamente el 3% del precio en el que terminan vendiéndose. Fernando trabajó mano a mano con Gerardo Rueda en sus últimos tres años de vida. Conoce sus manías y los guiños, como antes las conoció su padre. Explica que hacen más reproducciones de obras originales que originales, porque “un escultor no puede vivir de sacar solo piezas únicas, porque nadie está dispuesto a pagarla como tal”. 

El precio de una copia

Además, el tribunal deberá dilucidar si el precio de las ediciones que compró el IVAM estaba o no hinchado. Algo sumamante complicado, como aclara Mercedes de Miguel, directora de la casa de subastas Segre, porque el precio de las ediciones escultóricas depende del artista y de su presencia en el mercado. “Cuanto más corta es la serie, más caras. Y si además salen poco a la venta (como Baltasar Lobo o las esculturas de Equipo Crónica) más caras”, indica.

En Segre, como el resto de las casas de subastas, se guían por los precios de mercado publicados en las referencias de las ventas internacionales de artprice o artnet. Sin embargo, la defensa de Ciscar indica que “las obras monumentales de Gerardo Rueda nunca estuvieron en subasta” y que, por tanto, es más complicado determinar el precio real. Al reproducirlas, las obras también aumentaron de tamaño. Las decisiones de adquisición tuvieron el visto bueno de la comisión de compras del IVAM, de la que formaban parte Tomás Llorens y Calvo Serraller, como se indicó en la primera sesión del juicio.

En este juicio también se valorará la idoneidad de este tipo de compras. Lo que le interesa al mercado no debería coincidir con los intereses del museo. “Se valora más un hierro de Julio González que un bronce. O los móviles de metal que hizo Eusebio Sempere, que los que se hicieron después de muerto. El Museo tiene una buena colección de piezas únicas de Oteiza y ”no tiene interés en las réplicas, obras que obviamente tienen una diferente valoración“. ”La Fundación Museo Oteiza ha realizado el catálogo razonado del artista y se recogen todos los ejemplares localizados de forma detallada y exhaustiva y no hay ninguna duda al respecto“, añade Carmen Fernández.

La escena era propia de una obra del surrealismo español. Consuelo Císcar, exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), ha declarado ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia en la primera sesión del juicio por la compra de las obras post mortem de Gerardo Rueda rodeada por las maquetas de las esculturas y por los catálogos del artista. Císcar se enfrenta a una petición de pena de seis años de prisión por parte de la Fiscalía por los presuntos delitos continuados de prevaricación, falsedad y malversación.

En el banquillo de los acusados también se sientan el exdirector económico administrativo del museo Juan Carlos Lledó, que se enfrenta a una petición de pena de cinco años de prisión como cooperador necesario de los mismos delitos y que ya fue condenado por tenencia de pornografía infantil, y el hijo y heredero del artista, José Luis Rueda, al que piden cinco años como cooperador necesario únicamente de un presunto delito de malversación.

Ha sido el letrado Santiago Milans del Bosch, el sobrino del general golpista que ejerce la defensa de José Luis Rueda, quien ha solicitado a los magistrados que se exhibieran las maquetas de las esculturas. La magistrada que preside la vista ha hecho un receso de veinte minutos para que el equipo que acompañaba al hijo del escultor pudiera desembalar las maquetas y colocarlas frente al tribunal. Tras las cuestiones previas, en las que la defensa de Consuelo Císcar ha atacado a la magistrada instructora y la investigación de la Udef, era el turno de la declaración de la exdirectora del IVAM, que se ha limitado a responder a las preguntas de su letrado.

Toda la declaración de Císcar se ha producido rodeada de las maquetas y de los catálogos del escultor Gerardo Rueda en una imagen poco común en los tribunales. De hecho, la presidenta del tribunal ha advertido a la defensa de Rueda de que la Audiencia Provincial de Valencia no cuenta con la “capacidad organizativa” para guardar las obras “con garantía” en la sala. Así, el heredero del artista se ha comprometido a custodiar y desembalar las maquetas en cada sesión del juicio (cuenta con un equipo de “especialistas con guantes de seda”).

La causa pretende dilucidar si la adquisición de las obras post mortem fue por un precio hinchado. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la adquisición de las obras supuso un gasto de 3,4 millones de euros para las arcas públicas. La defensa de Consuelo Císcar, sin embargo, sostiene que las adquisiciones de obras ejecutadas después de la muerte del artista es común en museos de primera línea como el Reina Sofía o la Tate Modern. De hecho, el letrado del heredero del artista, ha pedido en la fase de cuestiones previas que se aporte a la causa el comprobante de adquisición de la venta a un particular de una de las obras post mortem, por valor de 800.000 euros.

Císcar ha sacado pecho sobre su gestión a frente del IVAM, a pesar de su condena anterior mediante un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción en la primera pieza del caso IVAM. La exdirectora del museo considera que su gestión fue “excelente”. Císcar se ha mostrado orgullosa de haber “aumentado el patrimonio de los valencianos” (en donaciones, sostiene, consiguió 100 millones de euros). La declaración de la acusada se ha convertido en una suerte de lección sobre el arte abstracto centrada en la figura de Gerardo Rueda. “Queríamos que fuera otro referente del IVAM”, ha dicho Císcar en referencia al escultor.

La exdirectora del IVAM, en una declaración muy preparada con su letrado, el penalista Juan Molpeceres, ha repetido en varias ocasiones que la adquisición de las esculturas post mortem de Rueda, uno de los artistas favoritos del expresidente Jose María Aznar, fue “auténtica, legal y válida”. “Sabíamos perfectamente que eran obras póstumas, en la escultura se puede tener hasta nueve reproducciones”, agrega Císcar.

La acusada mantiene que el contrato preveía explícitamente que se trataba de obras reproducidas después de la muerte de Rueda. “Fue una operación muy ventajosa para el IVAM, lo decían Tomás Llorens y Francisco Calvo Serraller”, ha dicho Císcar en referencia a sus críticos de cabecera, ya fallecidos. “Se me han muerto todos, lo siento señorías, sólo falta que fallezca yo”, ha apostillado.

La acusada ha remarcado que todos los órganos del museo avalaron la adquisición de las obras sin problemas y sostiene que su papel al frente del IVAM era puramente institucional. “Igual que todos los museos del mundo que tienen obra póstuma de miles de artistas, se consideran auténticas, legales y válidas”, ha abundado Císcar. La exdirectora del IVAM ha ejemplificado su argumentario con las obras post mortem de Julio González, sobre cuya obra el museo construyó su colección permanente.

“El IVAM tiene muchísimas obras póstumas de Julio González y jamás nadie ha dicho que no eran originales, ni válidas”, ha asegurado Císcar, quien también ha incidido en que las herederas de Julio González, a diferencia de José Luis Rueda, no contaban con una “carta del finado” con la autorización y las instrucciones para las reproducciones post mortem. Así, “nunca se han considerado las obras de Julio González ilegales”, ha agregado.

La exdirectora del IVAM ha acabado su lección ante las magistradas con una explicación sobre La mujer cactus, una obra “muy interesante” de Julio González en la que las herederas cambian sus dimensiones tras la muerte del artista, y El hombre cactus, una obra original realizada en vida. Císcar, de 76 años, se ha levantado tras su declaración y, esquivando las maquetas de las esculturas de Gerardo Rueda, se ha sentado junto con su abogado.

El Ministerio Fiscal y la Generalitat Valenciana solicitan una pena de seis años de prisión para, Consuelo Císcar, exdirectora del IVAM, como autora de los presuntos delitos continuados de prevaricación, falsedad y malversación por la adquisición de 96 obras falsas del artista Gerardo Rueda.

En el banquillo de los acusados también se sientan el exdirector económico administrativo del museo Juan Carlos Lledó, que se enfrenta a una petición de pena de cinco años de prisión como cooperador necesario de los mismos delitos, y el hijo y heredero del artista, José Luis Rueda, al que piden cinco años como cooperador necesario únicamente de un presunto delito de malversación. Lledó, funcionario de la Conselleria de Educación, ya fue condenado por tenencia de pornografía infantil.

Consuelo Císcar adquirió en su etapa de directora del museo, por 2,9 millones de euros, reproducciones de esculturas de Gerardo Rueda, uno de los artistas preferidos del expresidente José María Aznar. Además, el IVAM abonó 512.524 euros a una fundación privada para fundir 44 de las obras. Además, algunas de esas piezas fueron promocionadas “de forma indebida” con exposiciones organizadas y sufragadas por el propio IVAM, y que contaron con la intervención directa del hijo de Gerardo Rueda, para “encubrir y extender el engaño”, con un desembolso añadido de casi 720.000 euros, según precisa en el auto de procesamiento de la magistrada instructora de la causa.

En el juicio, que se prolongará durante 13 sesiones, declaran una treintena de testigos y 26 peritos.

3,4 millones de fondos públicos

Las obras, que el IVAM mantiene como originales, no habían sido realizadas en vida por el escultor, sino que fueron reproducidas tras su muerte en la fundición Eduardo Capa, lo que no concuerda “con lo pactado y estipulado en los diferentes documentos” donde se justificaban esas compras, según la instructora.

“Las obras adquiridas por el IVAM (...) con cargo a los fondos públicos de la cantidad total de 3.456.876 euros, son simples reproducciones, lo cual en ningún momento se determinó en los contratos suscritos, y a pesar de lo cual, y a sabiendas de que eran copias post mortem, se adquieren a precio de obra de arte original”, precisa la magistrada.

El heredero del artista usó el IVAM como trampolín para colocar 600 obras falsas por 21 millones de euros, tal como informó este diario.

Consuelo Císcar, que fuera todopoderosa directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), está muy afectada por la causa judicial que la persigue a cuenta de la trama que orquestó en la institución para catapultar la carrera artística de su hijo, el artista Rablaci. Su marido, el exconseller Rafael Blasco, afronta al mismo tiempo los últimos coletazos de sus causas judiciales pendientes después de haber pasado una temporada entre rejas, mientras que su sobrino Sergio, está imputado en el 'caso Osvaldos'. No corren buenos tiempos para el grupo, todo un vértice independiente del poder del PP durante los gobiernos autonómicos zaplanistas y campistas.

La primera pieza de la causa del IVAM, sin embargo, ha acabado relativamente bien para Císcar. Lejos de los 12 años de prisión que solicitaba inicialmente Anticorrupción, la exdirectora del museo ha sido condenada como autora de un delito continuado de prevaricación administrativa y otro de malversación a una pena de un año y medio de prisión, así como a dos años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

Si bien la exdirectora del IVAM negó por activa y por pasiva las acusaciones de la Generalitat Valenciana y de la Fiscalía Anticorrupción, un pacto de conformidad entre las partes ha propiciado que Císcar no entre en prisión y que los condenados abonen una indemnización conjunta y solidariamente de apenas 75.000 euros. De esta responsabilidad civil, 50.000 euros corresponden a los fondos públicos desviados y 25.000 al “daño objetivo causado en la reputación de la entidad pública”.

Los condenados (Císcar, su subordinado Juan Carlos Lledó y el empresario Enrique Martínez Murillo) han reconocido los hechos y ya han consignado 18.974 euros de los fondos públicos desviados. Así, se comprometen a abonar el resto del la responsabilidad civil en el plazo de 20 meses.

La cifra contrasta con los 143.883 euros que gastó el museo para costear las exposiciones de 'Rablaci' en tres continentes, según la Fiscalía Anticorrupción. El joven artista recorrió varios continentes para exponer su obra, tal como desgranó elDiario.es país por país. Portugal, Francia, China, Japón, Cuba, Guatemala, Ecuador, Argentina, República Dominicana, Chile, Uruguay y México fueron los destinos de 'Rablaci'.

El coste del transporte de las obras y del artista y sus familiares ascendió a 143.883 euros, un importe asumido por las empresas de Enrique Martínez, investigado en la causa. Sus firmas, especializadas en la logística en el mundo del arte, obtuvieron adjudicaciones del IVAM por valor de 3,7 millones de euros en total. 

La causa, sin embargo, aún no está cerrada. Císcar se enfrenta a otra pieza por la adquisición de esculturas del artista Gerardo Rueda en la que está procesada, junto con Lledó, por los presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial.

Cultura de la corrupción o corrupción de la cultura... Consuelo Císcar, exdirectora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) nombrada en su día por Eduardo Zaplana, ha sido condenada por prevaricación administrativa y malversación por utilizar fondos públicos del museo para promocionar la obra de su hijo Rafael Blasco Císcar (Rablaci) por todo el mundo, tal y como adelantó elDiario.es el pasado sábado. A pesar de que la Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de prisión de doce años para Císcar, la exdirectora del IVAM ha sido condenada a año y medio de prisión -una pena que ha quedado suspendida y condicionada a que no delinca en el plazo de dos años y a que abone la cantidad impuesta en concepto de responsabilidad civil pendiente- y a dos años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público en la Comunitat Valenciana.

No es esta la única causa judicial que tiene abierta la ex responsable del museo valenciano. Císcar también ha sido procesada por gastar 3,4 millones de euros de dinero público del IVAM en casi un centenar de obras que supuestamente eran de Gerardo Rueda, el escultor de cabecera de José María Aznar. Junto a 40 creaciones auténticas se adquirieron más de medio centenar de reproducciones realizadas tras la muerte del artista en una actuación que sirvió para enriquecer “ilícitamente” al hijo del escultor, José Luis Rueda, también encausado. Las acusaciones piden para Císcar penas de entre 6 y 12 años de prisión, además de enfrentarse a una indemnización millonaria. El juicio se celebra el próximo otoño, a partir del 2 de noviembre.

Consuelo Císcar, hermana del exsecretario de Organización del PSOE Ciprià Císcar y mujer del exdirigente popular Rafael Blasco, condenado por el desvío de fondos que debían haber sido destinados a ayudas al tercer mundo cuando era conseller de Cooperación con Francisco Camps, fue la apuesta del entonces president de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, para la dirección general de Museos, Promoción Cultural y Patrimonio. Posteriormente, fue nombrada secretaria autonómica de Cultura hasta que, con la llegada de Francisco Camps al Gobierno valenciano, fue designada responsable del emblema de la cultura valenciana, el Institut Valencià d'Art Modern, cargo que ocupó entre 2004 y 2014, cuando fue relevada del cargo por el entonces president, el popular Alberto Fabra.

La gestión de Císcar al frente del IVAM se caracterizó por los excesos y las irregularidades. En junio de 2015, ya con Ximo Puig al frente del Ejecutivo autonómico, un informe de la Intervención General de la Generalitat sobre la gestión del museo entre 2009 y 2013 reflejó diferencias de hasta el 1.520% entre el precio de adquisición de las obras de arte y el valor real de mercado. 

Esta más que cuestionable dirección le ha llevado a estar inmersa en dos causas judiciales, una de ellas con sentencia firme en la que ha reconocido las prácticas que se le imputaban. Así, Rablaci (a quien no se le ha imputado ningún delito) y sus obras recorrieron tres continentes con cargo a los fondos públicos del museo valenciano, protagonizando exposiciones en países como Portugal, Singapur, China, Japón, Cuba, Guatemala, Argentina, República Dominicana... unos viajes que según las investigaciones policiales también disfrutó Rafael Blasco. La segunda, por la adquisición de obras falsas de Gerardo Rueda, le llevará a sentarse de nuevo en el banquillo en los próximos meses.

Blasco-Císcar, un clan con gran patrimonio

La familia de Rafael Blasco y Consuelo Císcar ha amasado en los últimos tiempos, en los que ambos han estado muy próximos al poder al ocupar altos cargos en los diferentes gobierno del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, un inmenso patrimonio: 51 propiedades y suman una extensión global de 267.000 metros cuadrados, tal y como desveló hace unos meses un documental de la televisión pública valenciana À Punt sobre la trama de corrupción presuntamente liderada por el exconseller. 

Este más de medio centenar de propiedades, la mayoría bienes inmuebles ubicados en las provincias de València o Castellón, habrían sido fruto de adquisiciones, herencias o donaciones. El reportaje rastrea el patrimonio de uno de los personajes más relevantes de la política valenciana y el de sus familiares más allegados, varios de los cuales están siendo investigados en diferentes tramas de corrupción. 

La sección cuarta de la Audiencia de València ha condenado a la exdirectora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) Consuelo Císcar como autora de un delito continuado de prevaricación administrativa y otro de malversación a una pena de un año y medio de prisión, así como a dos años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público en el ámbito de la Comunitat Valenciana, por la utilización de fondos públicos del museo valenciano para la promoción de la obra artística de su hijo, Rafael Blasco Císcar.

Respecto a la pena de prisión, esta queda suspendida y condicionada a que no delinca en el plazo de dos años y a que abone la cantidad impuesta en concepto de responsabilidad civil pendiente (50.000 euros por los fondos públicos desviados y 25.000 euros por el daño causado en la reputación del IVAM de manera subsidiaria con los otros dos condenados Juan Carlos Lledó, exdirector económico administrativo del museo, y el empresario Enrique Bienvenido Martínez) en el plazo máximo de 20 meses. En el fallo, que es firme y contra el que no cabe recurso, se tienen en cuenta los atenuantes de reparación del daño y confesión.

El auto, en los hechos probados, apunta que el hijo de Císcar, Rafael Blasco Císcar (Rablaci), es escultor y fotógrafo y desde que “la acusada, consciente de las dificultades que existen para alcanzar el éxito en este sector de la cultura, aprovechando sus conocimientos, sus contactos y su posición al frente de una de los museos más importantes de la Comunitat Valenciana, se erigió en la coordinadora del proyecto profesional de su hijo, organizándole exposiciones por distintos países, haciéndolas coincidir con las exposiciones que ella misma proyectaba en el IVAM, a fin de costear, en algunos casos, su asistencia a las inauguraciones de las muestras de su hijo con fondos públicos del museo”.

Esta coincidencia espacio-temporal, prosigue la resolución judicial a la que ha tenido acceso elDiario.es, también le permitió, “tras pactarlo así con el acusado Enrique B. Martínez (el empresario que se encargó de organizar las exposiciones de Rablaci y de facilitar a la acusada la facturación de algún viaje estrictamente personal al IVAM), que las empresas contratadas para realizar los servicios de transporte, montaje y desmontaje de las exposiciones del museo valenciano, se ocupasen simultáneamente del montaje y desmontaje de las exposiciones de su hijo, y los correspondientes desplazamientos de los asistentes hasta el lugar de la muestra”. De este modo, relata el escrito, “gracias a la amistad que les unía, podía facturar al IVAM algún viaje particular, simulando que el desplazamiento obedecía a motivos profesionales”.

Además, añade que Císcar utilizó a sus colaboradores más estrechos dentro del museo “en su propio beneficio”, encomendándoles “todas las tareas dirigidas a la organización de las exposiciones de Rablaci”. Y añade: “Ninguno de los empleados del museo se cuestionó la legalidad de las instrucciones recibidas, en cuanto que derivaban de la máxima responsable de la institución de la que dependían jerárquicamente”. Por el contrario, Rafael Blasco Císcar “siempre se mantuvo al margen de todas las decisiones que su madre iba tomando respecto a su carrera”.

La resolución reseña que la exdirectora del IVAM, entre 2008 y 2014, dispuso “en beneficio propio” de los medios materiales y personales del museo público para “promocionar la carrera artística de su hijo, apartando ilícitamente estos medios del fin público al que se encontraban afectos”. Así, personal del IVAM organizó muestras de Rablaci en Madrid, Portugal, China, Singapur, Vietnam, Japón, Cuba, Guatemala, Argentina, República Dominicana... En total, se calcula que los fondos del IVAM a fines ajenos al público al que servían asciende a 50.000 euros. Los acusados (Císcar, Lledó y Martínez) reconocen su participación en los hechos y han consignados 18.974 euros de los fondos públicos que fueron desviados a fines particulares, “comprometiéndose a abonar el resto en el plazo de 20 meses”. 

El tribunal también condena a Enrique Martínez “como cooperador necesario de un delito continuado de malversación de caudales públicos y como autor de un delito de falsedad en documento mercantil” a una pena de un año de prisión y a un año y seis meses de inhabilitación para cargos públicos en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Y a Juan Carlos Lledó, “como cooperación necesario de un delito continuado de prevaricación administrativa y un delito continuado de malversación de caudales públicos”, a una pena de un año de prisión y un año y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público. Las penas de prisión, tal y como se ha explicado, quedan suspendidas y condicionadas. El fallo absuelve a Pilar Mundina de los delitos de prevaricación y malversación de los que estaba acusada.

Hoteles de cinco estrellas en Shanghai, de cuatro en Roma, habitaciones dobles para toda la familia en Madrid... El matrimonio formado por la exdirectora del IVAM, Consuelo Císcar, y el exconseller condenado por corrupción, Rafael Blasco, vivía a todo trapo. Eso sí, pagaba el museo que dirigía Císcar, según apunta un oficio de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía entregado a la jueza.  

Los investigadores del caso IVAM han obtenido correos electrónicos, documentos manuscritos y facturas de las empresas de transportes que trabajaban para el museo durante la época de Císcar que muestran cómo la pinacoteca financió presuntamente el lujoso tren de vida del matrimonio. En la causa, que investiga el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, también está imputado el artista Rablaci, hijo del matrimonio Císcar-Blasco, y varios antiguos directivos del museo.  

Una trabajadora de una de las empresas de transporte retrató al clan —y a toda una época pasada— en uno de los e-mails: “es una familia complicada, pero son superpoderosos”. La empresa Sakvitur SL reservó habitaciones en marzo del 2009 para el matrimonio “súper VIP” y su hijo, así como para las hijas del primer matrimonio de Císcar, que iba a recoger un premio. 

Durante su etapa al frente del museo, Consuelo Císcar tuvo cierto predicamento y poder en los círculos artísticos pese a sus más bien limitados conocimientos culturales. La directora de una de las más importantes pinacotecas de España, nombrada por el Partido Popular, “siempre duerme en el Palace”, apunta la trabajadora de la agencia de viajes. En esta ocasión, Císcar cambió su alojamiento por otro hotel del Paseo del Prado. “Es maravilloso que, en esta ocasión, que viaja con los que más quiere duerma en vuestro hotel. Sé que no tengo que decir nada más”, señala la mujer. “A ella, por favor, mucho caso”, añade.    

En Shanghai (China), el matrimonio y su hijo Rablaci (acrónimo de Rafael Blasco Císcar) optaron por alojarse en un hotel de cinco estrellas. El hijo del matrimonio, cuya carrera artística atraviesa un periodo sin pena ni gloria tras la caída en desgracia de su madre, había expuesto en el gigante asiático. Durante aquel viaje de marzo del 2009 una de las trabajadoras de la empresa Sakvitur SL tuvo que modificar la documentación porque “el nombre del conseller [Rafael Blasco] no debe figurar en la factura”. “Ayer nos llamó para decirnos que el nombre del conseller no debe aparecer”, cuenta la trabajadora a uno de sus subordinados. En aquel momento, Blasco era conseller de Solidaridad y Ciudadanía y se dedicaba, según confesión propia y sentencia del Tribunal Supremo, a robar los fondos públicos de la cooperación valenciana.

La UDEF cree que la documentación intervenida “sugiere” que Císcar utilizó las empresas contratistas del museo para viajar acompañada por su marido y otros familiares, “todo ello a cargo del IVAM”. 

La situación del clan es enormemente complicada. El Juzgado del caso IVAM mantiene imputados a Císcar y a su hijo Rablaci y ha embargado a la exdirectora del museo bienes valorados en un millón de euros. El exconseller está a la espera de la sentencia por las piezas dos y tres del caso del saqueo de la cooperación valenciana, tras el controvertido pacto que alcanzó con la Fiscalía Anticorrupción del que se desmarcó la Abogacía de la Generalitat. Además, Blasco figura como querellado por Anticorrupción en el caso Osvaldos, una causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia y en la que también están imputados dos sobrinos del exconseller (uno de ellos, Sergio Blasco, exgerente del Hospital provincial) y otro familiar. El otro caso en que Rafael Blasco estaba investigado fue archivado por el mismo Juzgado tras un informe clave de la Intervención de la Generalitat, tal como informó este diario.

Dicen conocidos líderes de la política valenciana que el matrimonio entre Rafael Blasco y Consuelo Císcar era el auténtico eje del mal. Ambos habían desarrollado parte de su vida política en el Partido Socialista y cambiaron su chaqueta y sus siglas por las del Partido Popular. Bajo esta marca fueron creciendo en las instituciones valencianas, sueldo público tras sueldo público, hasta llegar a la cima.

Mientras Rafael Blasco se aupaba como máximo responsable de las consellerías, su esposa, Consuelo Císcar, lo hacía en el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM). Mientras el primero saqueaba los fondos destinados a Cooperación -por lo que ha sido condenado a seis años de prisión-, se investiga si su mujer hizo lo propio con los fondos públicos destinados a la Cultura valenciana.

Císcar fue responsable del museo durante una década, entre 2004 y 2014 y la relación con sus proveedores no fue del todo limpia. Entre los corrillos de artistas y prensa especializada había un rumor constante: para exponer en el IVAM, había que hacerlo primero en las paredes del salón de Císcar. La directora exigía una suerte de impuesto revolucionario, que luego se veía recompensado económicamente y con proyección. Hasta ahora, ningún artista había reconocido en público haber regalado obras a la familia.

El reportaje de À Punt sobre el Clan Blasco, que emite este viernes su segundo episodio, desvela el testimonio de uno de los artistas fetiche del IVAM: Antonio de Felipe. Su representante reconoce a los investigadores que los cuadros que cuelgan en el salón de una de las propiedades de la familia fue un regalo personal del autor.

Antonio de Felipe se considera y promociona como un artista pop “en el más amplio sentido” y sus serigrafías se venden por 500 euros la unidad en su página web. Un conocido artista valenciano, especialmente por sus meninas eclécticas y por la introducción de elementos de mercadotecnia y logotipos en obras de esencia más clásica, admirado por el expresidente Franscisco Camps. Tan admirado que durante su época en la presidencia de la Generalitat parte del gremio de artistas plásticos criticó duramente la adquisición de una decena de sus obras con un sobrecoste de 130.000 euros en el IVAM. Actualmente el artista se encuentra en un litigio judicial con una exempleada de su taller, que asegura que más de 200 cuadros son suyos y no de De Felipe.

El 'caso IVAM'

Císcar está investigada junto a varios subdirectores por varios delitos relacionados con la gestión del museo valenciano; entre ellos, si utilizó fondos públicos para aupar la carrera de su hijo, Rablaci; Rafael Blasco Císcar. En las investigaciones también se pone el foco sobre si la entonces directora utilizó la empresa de transportes del centro para fines personales y si hubo delito en los sobrecostes millonarios que el museo pagó por varias obras.

Uno de los responsables de la investigación es el actual director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares. Llinares fue administrador del IVAM y elaboró un documento con todas las irregularidades que observó en el museo, que más tarde la Fiscalía transformó en un informe para investigar el caso. Llinares, junto a la Intervención de la Generalitat, levantó las alfombras del centro público y encontró sobrecostes de hasta un 900% en algunas obras, comparando precios de mercado.

Otro caso llamativo en la gestión de Consuelo Císcar en el museo es el de las esculturas de Gerardo Rueda. El IVAM compró como auténticas varias esculturas del autor que se realizaron diez años después de su muerte y se pagaron 3,4 millones de euros del centro público. La Abogacía de la Generalitat pidió que se investigara al hijo del artista plástico por este caso.

El escrito de la jueza de Instrucción 21 de Valencia, que investiga el caso, señala que tanto José Luis Rueda -hijo del artista- como Consuelo Císcar sabían tras la firma del convenio de 2006 que el IVAM debía pagar más de medio millón de euros por la manufactura de las obras por parte de la Fundición Eduardo Capa, empresa impuesta por Rueda. “El IVAM compra obra por hacer que no existía cuando se firman los contratos y que debe ser manufacturada y fundida por un tercero ajeno al artista”, concluye la magistrada.

Consuelo Císcar, exdirectora del IVAM, ha visto como el Juzgado de Instrucción número 21 de València ha embargado inmuebles de su propiedad por valor de un millón de euros dentro de las investigaciones por las irregularidades de la gestión del Institut Valencià d'Art Modern. Los muebles son retenidos de esta forma ante la posibilidad de una posible condena para asegurarse la justicia que esta pueda ser pagada y no pueda ser vendida o transmitida.

La información que publica Las Provincias explica que se trata de dos pisos próximos a la avenida Blasco Ibáñez de València, así como otros del área metropolitana de València.

Cabe recordar que la titular del juzgado exigió el pasado mes de mayo una fianza de 4,1 millones de euros a la exdirectora de este museo Consuelo Císcar, al ex director general de Administración y Finanzas Juan Carlos Lledó y a José Luis Rueda, hijo del pintor y escultor madrileño Gerardo Rueda. Esta decisión ya implicaba el embargo de bienes por este importe, se adoptaba tras la petición formulada por el letrado de la Generalitat Valenciana, que ejerce la acusación particular, y que el pasado mes de abril pidió que la investigación se extendiese al hijo de Rueda, al haber detectado que éste pudo vender al Instituto Valenciano de Arte Moderno obras de arte no originales.

El mismo periódico señala que el marido de Císcar, Rafael Blasco, se encuentra en prisión por el caso Cooperación y que su defensa ha llegado a un acuerdo con Anticorrupción para reconocerse culpable en las piezas no juzgadas todavía, pacto que supondría reducir de 17 a 3 años de prisión que se sumarían a su condena; no obstante como condición se impondría que Blasco devolviese el dinero sustraído antes de firmar el acuerdo.

L'exdirectora de l'IVAM imputada per la gestió del museu valencià, Consuelo Císcar, abandona per força el Consell Valencià de Cultura. Císcar, acusada de pagar sobrecostos per algunes obres i utilitzar per al seu benefici i el de la seua família exposicions del museu, tot això amb recursos públics, no serà renovada en aquest organisme en què porta atrinxerada sis anys.

La imputada va ser proposada pel Partit Popular el 2012, poc abans de deixar la gestió del museu d'art modern. Císcar es va acomiadar de l'organisme fa dues setmanes aplaudint-se a ella mateixa, felicitant l'organisme per la seua gestió.

Les Corts Valencianes han aprovat aquest dijous els nomenaments dels nous consellers, seguint el criteri de paritat exigit per una resolució del Parlament valencià. L'organisme consultor renova 14 dels 21 membres. Entre els que romandran figura Santiago Grisolía, president que seguirà en el càrrec. A part de la imputada, ixen també la dirigent d'Esquerra Unida Gloria Marcos, la cantant Sole Giménez i el director d'orquestra Enrique García Asensio.

La composició del ple queda, a proposta de les Corts, de la següent forma: Santiago Grisolía, Irene Ballester, Francisco Caparrós, Amparo Carbonell, Ascensión Figueres, Josefa Frau, Vicente González Móstoles, Jesús Huguet, Ángeles López, José María Lozano, Begoña Martínez, Gerardo Muñoz, José Vicente Navarro de Luján, Ana Noguera, Dolors Pedrós, María Pérez, Isabel Pérez, Ramón Roselló, Francisco José Sanguino, Joaquín Santo, Inmaculada Vidal i Núria Vizcarro. L'exdiputat de Podemos Marc Pallarés, proposat per Ciutadans, ha renunciat.

La exdirectora del IVAM imputada por la gestión del museo valenciano, Consuelo Císcar, abandona a la fuerza el Consell Valencià de Cultura. Císcar, acusada de pagar sobrecostes por algunas obras y utilizar para su propio beneficio y el de su familia exposiciones del museo, todo ello con recursos públicos, no será renovada en este organismo en el que lleva atrincherada seis años.

La imputada fue propuesta por el Partido Popular en 2012, poco antes de dejar la gestión del museo de arte moderno. Císcar se despidió del organismo hace dos semanas aplaudiéndose a sí misma, felicitando al organismo por su gestión.

Las Corts Valencianes han aprobado este jueves los nombramientos de los nuevos consejeros, siguiendo el criterio de paridad exigido por una resolución del Parlamento valenciano. El organismo consultor renueva a 14 de los 21 miembros. Entre los que permanecerán fugura Santiago Grisolía, presidente que seguirá en el cargo. Aparte de la imputada, salen también la dirigente de Esquerra Unida Gloria Marcos, la cantante Sole Giménez y el director de orquesta Enrique García Asensio.

La composición del pleno queda, a propuesta de las Corts, de la siguiente forma: Santiago Grisolía, Irene Ballester, Francisco Caparrós, Amparo Carbonell, Ascensión Figueres, Josefa Frau, Vicente González Móstoles, Jesús Huguet, Ángeles López, José María Lozano, Begoña Martínez, Gerardo Muñoz, José Vicente Navarro de Luján, Ana Noguera, Dolors Pedrós, María Pérez, Isabel Pérez, Ramón Roselló, Francisco José Sanguino, Joaquín Santo, Inmaculada Vidal y Núria Vizcarro. El exdiputado de Podemos Marc Pallarés, propuesto por Ciudadanos, ha renunciado.

La exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) Consuelo Císcar se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar en su comparecencia como imputada por las supuestas irregularidades al frente de la gestión de este museo alegando que todavía se mantiene secreto parte del sumario.

Císcar ha acudido a la Ciudad de la Justicia de Valencia acompañada de su abogado y no ha realizado ningún comentario ni a su llegada ni a la salida.

La de este lunes era la primera citación para declarar como investigada ante la jueza de Instrucción 21, ya que su anterior comparecencia, el pasado mes de marzo, fue en una vista de medidas cautelares, en la que se decretó para ella y su hijo, también investigado, libertad condicional, la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el espacio Schengen por riesgo de fuga.

Esta causa está abierta por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad documental contra diez investigados, entre ellos la exdirectora del IVAM, su hijo -y del exconseller condenado por corrupción Rafael Blasco- y subdirectores y técnicos de diferentes áreas del centro artístico.

El caso IVAM, que se inició en julio de 2015 tras una denuncia de la Fiscalía, investiga los supuestos sobrecostes en la adquisición de obras de arte y en la contratación de publicaciones, además del posible uso de los medios del museo para la promoción artística del hijo de Consuelo Císcar.

12 obras de arte embargadas

El pasado mes de octubre la Audiencia Provincial de Valencia confirmó el embargo de 12 obras de arte (entre las cuales figuran siete piezas de Carmen Calvo y cinco de Ramón de Soto, Francisco Caparrós, Alberto Corazón, Bernardí Roig y Equipo Crónica) a Císcar por no haber aportado los títulos de compra.

La instructora de la causa entiende que “existen indicios de que las mismas han sido adquiridas por la señora Císcar a resultas de la actividad delictiva que se investiga en la presente causa”.

La jueza sospecha también de que la exdirectora del museo forzaba la exposición de las piezas en las muestras organizadas por el IVAM para que se revalorizaran; y mantiene que utilizaba a sus hijas y a su nieta para ocultar que ella era la verdadera titular de las mismas.

Desde el pasado mes de marzo, la exdirectora del IVAM tiene retirado el pasaporte y, por tanto, no puede abandonar el espacio Schengen.

La Audiencia de Valencia ha confirmado el embargo de doce obras de arte de la exdirectora del IVAM Consuelo Císcar y ha ratificado así la decisión de la instructora, que mantiene que Císcar utilizó a sus familiares para que las piezas pudieran ser expuestas en el museo y se revalorizaran.

Según el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, la exresponsable del museo no ha aportado los títulos de compra de pinturas y esculturas que asegura haber regalado a sus hijas, entre las cuales figuran siete piezas de Carmen Calvo y cinco de Ramón de Soto, Francisco Caparrós, Alberto Corazón, Bernardí Roig y Equipo Crónica.

Císcar, esposa del exconseller Rafael Blasco -que cumple condena en prisión por la primera pieza del caso Cooperación-, está investigada por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental por irregularidades en la gestión del museo.

El tribunal rechaza así los recursos interpuesto por Císcar y su hija contra la decisión de la instructora, que el pasado mes de marzo acordó la medida cautelar sobre estas piezas, pinturas y esculturas, para garantizar el decomiso efectivo de las mismas en el caso de que sea condenada.

La instructora entiende que “existen indicios de que las mismas han sido adquiridas por la señora Císcar a resultas de la actividad delictiva que se investiga en la presente causa”.

Ahora, la sala de la Audiencia señala que el embargo “reúne todos los requisitos exigidos legal y jurisprudencialmente” y añade: “Nos encontramos en fase de instrucción en la que se trata de dilucidar, entre otras cuestiones, la legalidad en la adquisición de las obras ahora embargadas, existiendo indicios de la comisión de infracción penal y que justifican por el momento la continuación de la investigación”.

Medida “ajustada a derecho”

Según el auto, la medida adoptada por la jueza “es ajustada a derecho” por cuanto “está por determinar la propiedad y la licitud en la adquisición de las obras, siendo que no existe documentación acreditativa de la donación alegada”.

La jueza sospecha también que la exdirectora del museo forzaba la exposición de las piezas en las muestras organizadas por el IVAM para que se revalorizaran; y mantiene que utilizaba a sus hijas y a su nieta para ocultar que ella era la verdadera titular de las mismas.

Las obras de arte son piezas de las colecciones particulares de la familia Císcar que fueron prestadas para ser expuestas en el IVAM por las hijas de la exdirectora como si fueran las supuestas propietarias.

Cuando la jueza les requirió para que acreditaran la compra de las obras de arte que habían prestado al museo, la exdirectora de la pinacoteca valenciana explicó que fue ella quien las adquirió a través de galerías o directamente a los artistas para posteriormente regalárselas a sus hijas, motivo por el que éstas no disponían ni de títulos ni de facturas de compra.

No consta, según recoge la resolución confirmada ahora por la Audiencia, ningún documento de naturaleza fiscal que acredite tal cesión o donación.

La instructora apreció contradicciones

La instructora apreció contradicciones entre la versión de Císcar y de artistas a los que supuestamente compró o le regalaron algunas de las obras embargadas, hecho que unido a “la falta de documentación justificativa de su lícita adquisición” conduce a estimar “la existencia de indicios de delito”.

La jueza no dio crédito a la versión del supuesto regalo de cuadros y esculturas a sus familiares y consideró que el embargo acordado a instancias de la Abogacía de la Generalitat está justificado ante “la facilidad” con que las obras embargadas “puedan ser ocultadas o transmitidas a terceras personas sin dejar rastro de su lícita transmisión”.

El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que investiga las presuntas irregularidades en la gestión del Instituto Valenciano de Arte Moderno, IVAM, ha desestimado la petición de la exdirectora del centro, Consuelo Císcar, para abandonar el espacio Schengen y asistir a la Conferencia General del Comité Internacional de Museología (ICOFOM), que se celebrará en septiembre en La Habana.

La jueza le retiró el pasaporte a Císcar, y por tanto la posibilidad de abandonar el espacio Schengen, de forma cautelar en marzo de 2017, por los “múltiples contactos de la investigada fuera del territorio Shcengen que le podría servir de ayuda para eludir la acción de la Justicia”. Dos meses después la Audiencia Provincial de Valencia confirmó esta medida.

La instructora rechaza ahora la petición de la exdirectora, de acuerdo con el criterio del Ministerio Fiscal, ya que no considera que la participación de Císcar en el Congreso de Cuba “sea imprescindible” y añade que la investigada sigue teniendo “los mismos contactos internacionales que ya tenía” cuando decidió en marzo de 2017 la retirada del pasaporte.

El “caso IVAM” nació en julio de 2015 a partir de una denuncia de Fiscalía. En la causa, abierta por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad documental, hay diez investigados, entre ellos la propia exdirectora, su hijo, Rafael Blasco, y subdirectores y técnicos de diferentes áreas del centro artístico. En las diligencias se investigan los supuestos sobrecostes en la adquisición de obras de arte y en la contratación de publicaciones, además del posible uso de los medios del museo para la promoción artística del hijo de la exdirectora, que firmaba como 'Rablaci'.

El Juzgado de Instrucción número 21 de València ha acordado una nueva prórroga del 'caso IVAM', causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la gestión del Instituto Valenciano de Arte Moderno.

La instructora estima la petición de la Fiscalía y amplía la investigación hasta el 21 de enero de 2019 en contra del criterio de algunos investigados, que se opusieron a la prórroga. En su auto, la jueza tiene en consideración el número delitos imputados a los investigados así como la cantidad de documentación que se tiene que analizar por parte de la Policía Nacional.

La causa se dirige contra la exdirectora del IVAM, Consuelo Císcar, su hijo con el ex conseller del PP en prisión Rafael Blasco, Rafael Blasco Ciscar 'Rablaci', y subdirectores y técnicos de diferentes áreas del centro artístico. En las diligencias se investigan presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad documental hay diez investigados de los que solo tres han prestado declaración.

Según la resolución, la investigación se amplía con la intención de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, UDEF, examine la “abundante documentación” que consta en la causa, “tanto los correos existentes en las copias informáticas de seguridad intervenidas a varios de los investigados que desempeñaban sus funciones en el IVAM, como la documentación remitida por el Instituto”. “Por último”, detalla la jueza, “se está igualmente analizando los procesos administrativos de adjudicación de servicios realizados por los investigados, siendo del mismo modo abundante la documentación objeto de análisis”.

El “caso IVAM”, que se inició en julio de 2015 tras una denuncia de la Fiscalía, investiga los supuestos sobrecostes en la adquisición de obras de arte y en la contratación de publicaciones, además del posible uso de los medios del museo para la promoción artística del hijo de Císcar, Rafael Blasco.

Prórroga de la F1

Este aplazamiento del cierre de la instrucción del 'caso IVAM' se suma a la prórroga también del 'caso Fórmula 1' que implica al ex presidente Francisco Camps. Así recientemente el TSJCV también anunció la previsión del cierre de este caso para diciembre de 2018.

Con estos aplazamientos se cerraran a las puertas del año 2019, año de elecciones autonómicas, dos casos que afectan la gestión de la Generalitat del PP. No obstante presumiblemente la apertura del juicio tendrá lugar ya en la próxima legislatura.

El Juzgado de Instrucción número 21 de València ha citado a declarar como investigado a Rafael Blasco, hijo de la exdirectora del IVAM, Consuelo Císcar, también imputada por irregularidades en la gestión del museo valenciano.

Blasco, conocido artísticamente como 'Rablaci', está investigado por  usar supuestamente los recursos de la pinacoteca para promocionar su carrera artística. Junto a él, la jueza ha citado a otros tres investigados, entre ellos una jefa de departamento, la asistenta personal de Císcar y un empresario.

Las declaraciones se celebrarán en los meses de septiembre, octubre y noviembre. En concreto, el 27 de septiembre declarará la que era jefa de Departamento de Desarrollo del Museo durante el periodo investigado, María Ángeles Valiente. La asistenta personal de Consuelo Císcar, Pilar Mundina, está citada para el 19 de octubre, mientras que el hijo de la exdirectora comparecerá ante la jueza el día 26 del mismo mes. El calendario se completa el 7 de noviembre, cuando declarará el gerente de la empresa que se encargaba del transporte de las obras de arte.

Malversación, prevaricación y falsedad

Junto a la exdirectora y su hijo, en el 'caso IVAM'  están investigadas (antes imputadas) otras ocho personas por los delitos de malversación, prevaricación y falsedad. Entre ellas se encuentran varios subdirectores generales en el periodo de la investigación y  técnicos. Tres de los diez investigados ya han prestado declaración.

Además del uso de los medios del museo para la promoción artística de 'Rablaci', en las diligencias, iniciadas en julio de 2015 tras una denuncia de Fiscalía, se investigan los supuestos sobrecostes en la adquisición y transporte de obras de arte y en la contratación de publicaciones.