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El recorrido judicial de Rafael Blasco no acaba en el caso Cooperación: está implicado en una trama que afecta a tres miembros de su familia

El exconseller Rafael Blasco a la entrada de la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Los problemas de Rafael Blasco con la justicia no acabarán con la sentencia de las piezas dos y tres del caso del saqueo de la cooperación valenciana en el que el exconseller alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía anticorrupción. El Ministerio Fiscal se querelló contra Blasco en el caso Osvaldos que investiga el Juzgado de Instrucción número seis de Valencia, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia a eldiario.es.

De momento, la prioridad del exconseller es que la sentencia del tribunal acate el pacto con Anticorrupción para reducir al mínimo una nueva estancia del siete veces conseller en el Centro Penitenciario Antoni Asunción de Picassent, donde ya cumplió condena. Blasco reconoció ante el tribunal que saqueó los fondos de la cooperación valenciana. La situación familiar es enormemente delicada: dos juzgados de instrucción de Valencia investigan a sendas ramas del clan. Así, la esposa de Blasco, Consuelo Císcar, y el hijo de ambos, el artista Rablaci, están imputados en el caso IVAM que investiga el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia. Por otro lado, dos sobrinos y un sobrino nieto del exconseller están siendo investigados en el caso Osvaldos mientras que el propio Rafael Blasco figura como querellado por la Fiscalía en esa causa.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional detuvo al ex gerente del Hospital General de Valencia, Sergio Blasco, y a su hermano Francisco. La Fiscalía solicitó una fianza de 80.000 euros y no requirió la retirada del pasaporte del antiguo gerente del Hospital. Así, el sobrino del exconseller pudo seguir trabajando en el Hospital Metropolitano de Santiago de los Caballeros de la República Dominicana, del cual se convirtió en gerente tras su dimisión en el General de Valencia.

El Juzgado de Instrucción número seis de Valencia, que mantiene como investigados a ambos sobrinos del exconseller y a otro miembro de la familia, investiga las adjudicaciones del Hospital General -aproximadamente 30 millones de euros- a un grupo de empresas del sector de la sanidad de las que eran proveedoras empresas de la familia Blasco, según la denuncia. De momento, la instrucción del caso permanece varada y prácticamente no ha avanzado.

Las pesquisas del caso Osvaldos se centran en la actuación de Sergio Blasco pero el mayor contrato de la presunta trama con el hospital público ha acabado salpicando también a su tío. Dos meses antes de abandonar la Conselleria de Sanitat, Rafael Blasco firmó el contrato más importante que obtuvo del Hospital General la red de empresas investigadas. La adjudicación de la gestión integral logística del centro hospitalario, durante un periodo de doce años, recayó en la empresa Out Log SL por 10,5 millones. Además, en 2009, el sobrino de Blasco firmó una ampliación del contrato por el que la empresa se embolsó otros 3,1 millones.

El sobrino del exconseller dimitió, antes de ser detenido, de su puesto de gerente del Hospital General y asumió la gerencia administrativa del Hospital Metropolitano de Santiago de los Caballeros en la República Dominicana, donde reside actualmente. Allí mantiene la sociedad Desha Dominicana SRL, dedicada desde 2015 a “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial”, según la documentación mercantil a la que ha tenido acceso este diario.

La pinacoteca del matrimonio Blasco-Císcar

En el caso que juzga el saqueo de la cooperación valenciana durante el Gobierno autonómico de Francisco Camps, el exconseller alcanzó un pacto con Anticorrupción, del que se desmarcó la Abogacía de la Generalitat, por el que vería reducida su pena de 16 años de cárcel a menos de cuatro. Para la versión final del acuerdo, que pilotó el fiscal Jesús Carrasco, Blasco ofreció bienes que ya están embargados. Lejos de contentar al resto de acusaciones, la Abogacía de la Generalitat, que ejerce la acusación particular, se desmarcó del pacto.

El letrado de la Coordinadora Valenciana de ONGD, que ejerce la acusación popular, sostiene que los bienes que incluye Blasco en el acuerdo con Anticorrupción para abonar la responsabilidad civil, así como la pena reducida, no satisfacen “los graves hechos contra el erario” que supuso el saqueo de la cooperación, una afirmación que hizo suya la Abogacía de la Generalitat durante las primeras sesiones del juicio.

Y es que el fiscal Jesús Carrasco en ningún caso ha planteado incluir en el acuerdo alguna de las obras de arte que conforman la excelsa pinacoteca privada del exconseller y su esposa, la exdirectora del IVAM, Consuelo Císcar. El documental El Clan Blasco de À Punt mostró una parte de la colección que la familia mantiene en su residencia de la Barraca d’Aigües Vives (Alzira). Según la investigación de la cadena pública valenciana, la familia posee además 51 propiedades equivalentes a 57 campos de fútbol.

El ático en Valencia del matrimonio también alberga parte de la colección familiar, tal como contó el periodista y crítico de arquitectura de La Vanguardia, Llàtzer Moix, en una visita al domicilio de Blasco y Císcar que relata en su libro Queríamos un Calatrava (Anagrama, 2016): “El ático es amplio y soleado, y está alicatado de obras de arte hasta el techo. Las paredes lucen colmadas de cuadros. Las repisas rebosan esculturas de pequeño formato. De Miró a Adami, pasando por Navarro y un largo etcétera. No veo un blanco en los muros, pese a estar pintados, creo, de ese color. Hay incluso cuadritos colgados bajo un tramo de escalera, o en techos inclinados a 45 grados. Los propietarios sufren quizás el horror al vacío artístico”.

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Publicado el
7 de junio de 2019 - 21:51 h

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