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El exconseller Rafael Blasco reconoce ante el tribunal que saqueó las ayudas de cooperación del Gobierno de Camps

El letrado de Blasco pedirá la imposición de las costas del juicio a las acusaciones de la Generalitat Valenciana y de la Coordinadora de ONG 

Los letrados de la acusación señalan que el pacto de Anticorrupción y los principales acusados "no satisface los graves hechos contra el erario"

Tina Sanjuán, Marc Llinares, Augusto Tauroni y Rafael Blasco, en el banquillo de los acusados.

Tina Sanjuán, Marc Llinares, Augusto Tauroni y Rafael Blasco, en el banquillo de los acusados.

El exconseller de Solidaridad y Ciudadanía del Gobierno autonómico de Francisco Camps ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía anticorrupción por el que reconoce el saqueo de ayudas a la cooperación. El político del PP, que salió de la prisión de Picassent el pasado mes de febrero, asume un delito continuado de malversación en concurso con un delito continuado de prevaricación y un delito de falsedad documental. Rafael Blasco ha aceptado los hechos del escrito de conformidad y se ha negado a declarar.

El acuerdo con la Fiscalía, que no aceptan ni la acusación popular de la Coordinadora de ONG ni la abogacía de la Generalitat Valenciana, permitirá a Blasco una rebaja de su pena, que pasaría de 16 años de condena a tres años y seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la inhabilitación absoluta por tiempo de ocho años, tal como contó este diario.

Su abogado, el penalista Javier Boix, ha indicado que el acuerdo no afecta al derecho a la última palabra  que previsiblemente ejercerá el ex político del PP. Boix también ha dejado caer que solicitarán la imposición del pago de las costas del juicio a la Generalitat y a la Coordinadora de ONG valencianas que ejerce de acusación popular. 

Anticorrupción, representada por el fiscal Jesús Carrasco, ha llegado a acuerdos parciales con las defensas de los principales acusados: el exconseller Rafael Blasco, los funcionarios Tina Sanjuán y Marc Llinares, los hermanos Arturo y Augusto César Tauroni, la mujer de éste último Alina Indiekina y Maribel Castillo, de la Fundación Hemisferio. En este caso, ni la abogacía de la Generalitat ni la acusación popular, que ejerce la Coordinadora Valenciana de ONG, están de acuerdo con el pacto de reducción de penas.

El letrado de la Coordinadora considera que el pacto "no satisface los graves hechos contra el erario", una afirmación que ha hecho suya la letrada de la Generalitat. A la funcionaria Tina Sanjuán no se le solicita responsabilidad civil. Por su parte, le letrado de Augusto César Tauroni ha explicado que su cliente reconoce los mismos hechos señalados por la acusación popular. 

La Fiscalía anticorrupción ha llegado a acuerdos parciales, con los que coincide la abogacía de la Generalitat, con cinco acusados de menor nivel. Se trata del ex director general de Integración y Cooperación, Josep Maria Felip, de los empresarios Alfonso Navarro Torres, Jesús Urquizu Delgado y Miguel Ángel Climent Estruch, y del cooperante Fernando Darder. Por otro lado, los acusados con un papel menos relevante -Carlos Andrés Just, Rosa María Castillo Otero, Alberto Pampín Bueno, Luis Freire Olías y José Bollaín Pastor- han llegado a un acuerdo total con la Fiscalía. Finalmente, la defensa del empresario Fernando Cañete y la abogacía de la Generalitat también han llegado a un acuerdo. Este último empresario, esposo de Maribel Castillo, sólo estaba acusado por la Generalitat.   

El siete veces conseller Rafael Blasco ofrece los bienes que ya tiene embargados y no ha propuesto ninguna de las obras de arte que decoran su vivienda y que aparecen en el programa de À Punt El Clan BlascoEl documental reveló que su domicilio particular en la Barraca d'Aigües Vives (Alzira) ha estado repleto de cuadros y esculturas de arte moderno que podrían servir para recuperar parte del dinero desviado. Ni Blasco lo ha propuesto ni la Fiscalía se lo ha pedido. Al exconseller también se le ha embargado parte de la pensión.

El tribunal estudia ahora el cronograma de declaraciones para la semana que viene que tendrán que alternarse con las testificales desde el extranjero.  

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